frente amplio - resumen programático 2015
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ResumenProgramático2014
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ResumenProgramático2014
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Uruguayno se detiene
Presentación
Pilar 1: Un país de derechos
I. EducaciónII. Sistema de cuidados III Salud IV Vivienda y Hábitat V. Convivencia y Seguridad Ciudadana VI. Política en materia de drogasVII. Cultura y Deporte VIII. Infancia y AdolescenciaIX. Juventud X. Envejecimiento y Vejez XI. DiscapacidadXII. AfrouruguayosXIII. Género XIV. Diversidad sexual XV. Memoria, verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición
Pilar 2: Crecimiento y Distribución
I. Política macroeconómicaII. Política tributariaIII. Política de endeudamiento IV. Inversión y Gasto Público V. Política monetaria y cambiaria VI. La estrategia productiva VII. Micro, pequeñas y medianas empresasVIII. Economía Social y Solidaria (ESyS)IX. Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales
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Pilar 3: Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad Ambiental
I. Innovación, Ciencia y TecnologíaII. Banca de DesarrolloIII. Agro IV. IndustriaV. Minería – Recursos Naturales no Renovables VI. Turismo VII. Políticas de Infraestructura1. Energía 2. Transporte y logística 3. TelecomunicacionesVIII. Sustentabilidad Ambiental
Pilar 4: Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano
I. Para avanzar en la descentralizaciónII. Para generar un Estado más cercanoIII. Medios de comunicaciónIV. Una concepción artiguista de la Defensa Nacional
Pilar 5: Un país integrado a la región y el mundo
I. Uruguay y el mundoII. Fortalecimiento de capacidades para el comercio e inversiones III. Uruguay y la regiónIV. Compatriotas en el exteriorV. Mejoras institucionales
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Presentación
El Frente Amplio asumió por primera vez el gobierno en el año 2005,
con un país devastado por la peor crisis económica y social de nuestra
historia contemporánea.
Recibimos el gobierno con uno de los niveles de endeudamiento per
cápita más altos del mundo, con un aparato productivo estancado, una
economía extremadamente débil, con la más alta desocupación en dé-
cadas, y con los índices de pobreza e indigencia en los niveles más altos
de la historia. Dos quintos de la población se encontraba en situación de
pobreza y más de 150.000 uruguayos estaban en situación de indigencia.
Luego de dos períodos de gobierno, Uruguay ha cambiado radicalmente,
y lo ha hecho para bien de todos: se redujo a la tercera parte la pobreza,
casi se eliminó la indigencia, el desempleo disminuyó a niveles históri-
cos, se mejoró la distribución de la riqueza, vivimos con más equidad y
mejora en todos los indicadores económicos y sociales.
Hoy Uruguay es otro Uruguay.
Esta nueva realidad nos permite soñar con un Uruguay aún mejor, y crear
las condiciones para que nuestro país entre en una dimensión de desa-
rrollo que nunca antes tuvo. Este sueño es con la mirada en el futuro y
con los pies en la tierra, y en base al sacrificio y al esfuerzo conjunto de
todos, es perfectamente alcanzable.
Uruguay debe prolongar el ciclo virtuoso de crecimiento con mayor
equidad que ha venido generando en los últimos años. Debe crecer más,
con el imperativo ético de hacerlo con mayor equidad y cohesión social.
Debemos tener presente que sólo aquellas sociedades que logran hacer
partícipes a todos sus miembros de los frutos del progreso son capaces
de sostener tasas de crecimiento por períodos prolongados. Pero es
igualmente cierto que sólo las sociedades que lograron crecer por períodos
prolongados han sido capaces de alcanzar mejoras sostenibles de su
cohesión social y han logrado asegurar condiciones de vida equitativas
entre sus habitantes.
Incrementar los niveles de prosperidad y desarrollo de nuestro pueblo, y
hacer posible la igualdad de oportunidades para todos y todas, implica un
esfuerzo que incluye además generar una democracia de mejor calidad,
más libertad y un mejor ejercicio de derechos.
La construcción de cohesión y justicia social demanda la legitimación
de un marco de convivencia que se reafirme permanentemente, aun en
estadios avanzados de desarrollo y equidad, ya que siempre existen
conflictos e intereses diversos en la sociedad. Las desigualdades
económicas se potencian y reproducen a partir de las desigualdades de
género y étnico-raciales, que dibujan una geografía de inequidades entre
áreas territoriales, intergeneracionales, entre otras. No hay desarrollo sin
abatimiento sustantivo de estas desigualdades. La justicia social requiere
igualdad, reciprocidad, y que el compromiso comunitario vaya más allá
de las lógicas de mercado y el individualismo, promoviendo valores de
cooperación e integración.
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Este resumen programático se nutre del Programa de nuestra fuerza política
y presenta esquemáticamente los principales compromisos de nuestro
futuro gobierno. El Programa fue elaborado con un nivel de participación
y legitimación política que no ostenta ninguna otra organización política
en nuestro país. El Frente Amplio no ofrece promesas, ofrece certezas,
cumplimos con los programas propuestos a la ciudadanía en el pasado.
Los compromisos honrados son nuestra carta de presentación.
Un tercer gobierno no es igual al primero ni al segundo. La realidad cambió
y también las prioridades y los desafíos.
Vamos por más, que entre todos es posible.
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Pilar 1:
Es evidente que el contexto social para el período 2015–2020 es muy dife-
rente que cuando el Frente Amplio accedió al gobierno. En los años trans-
curridos se alcanzaron mejoras sustanciales indiscutibles en los niveles de
ingreso de las familias y en la distribución de la riqueza nacional. El acceso
al empleo y a diversos servicios sociales, asociado al crecimiento de los
salarios y las jubilaciones en términos reales, y el fortalecimiento del siste-
ma de seguridad y protección social han tenido un potente impacto en la
mejora de la calidad de vida de toda la población, y muy especialmente de
aquellas personas de los estratos más bajos.
La finalidad política del Frente Amplio es asegurar el pleno ejercicio de los
derechos de todas y todos los habitantes del Uruguay en condiciones de
igualdad, en especial de aquellos que se encuentran o pueden sufrir situa-
ciones de vulnerabilidad social; garantizar igualdad de oportunidades en el
acceso a trabajo digno, servicios sociales universales y prestaciones socia-
les de calidad; y promover la integración social. Nuestro objetivo es un país
de derechos en el marco de una sociedad más justa y solidaria.
Ello requiere políticas para todos, en todos los rincones del país, recono-
ciendo a las ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a sus particularidades:
género, generacionales, raza, orientación sexual y discapacidad.
Vamos por más, que entre todos es posible.
Un país de derechos
Pilar 1: Un país de derechos
EDUCACIÓN
Desde el comienzo de su gestión de gobierno,
el Frente Amplio definió la educación como
un derecho, ubicando de vuelta a la educación
pública como pilar de nuestra democracia.
Este compromiso se reflejó en una asignación
de recursos inédita: el presupuesto educativo
creció más del doble en valor real. Se desarro-
llaron en el período un conjunto de iniciativas
para enfrentar el profundo deterioro en el que
se encontraba el sistema educativo.
Se amplió la cobertura de la educación ini-
cial, universalizándola a partir de los 4 años.
Se incrementó la matrícula en enseñanza
media (30.000 estudiantes más) y terciaria
(50.000 estudiantes más). Se crearon pro-
gramas de apoyo a la inserción educativa y al
aprendizaje (Aulas Comunitarias, Compromi-
so Educativo, etc.) y nuevas figuras y cargos
educativos para responder a nuevos desafíos
(maestros comunitarios, tutores, educadores
referentes). Se mejoró el salario docente, en
promedio, más del 50%. Se implementó el
boleto gratuito para los estudiantes de todo
el país. El Plan Ceibal fortaleció la inclusión
digital mediante una computadora con co-
nexión a internet por alumno y docente en
todos los institutos de enseñanza primaria y
media. Se realizó un plan de obras inédito en
los últimos cuarenta años y se crearon nue-
vas instituciones educativas, como el Institu-
to Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
y la Universidad Tecnológica (UTEC). Creció,
se diversificó y se expandió territorialmente
la cantidad de opciones de formación univer-
sitaria y terciaria.
Pero somos conscientes de que aún falta mu-
cho por hacer para lograr un país educativo
que asegure educación de calidad para todos
y durante toda la vida. Por eso, se continua-
rán atacando las diversas formas de exclusión
educativas que hoy se hacen presentes, me-
jorando la inversión en educación y desarro-
llando un sistema educativo integrado desde
los 3 a los 18 años, dando continuidad peda-
gógica y de evaluación, facilitando el tránsito
entre ciclos educativos, utilizando estrategias
pedagógicas que fortalezcan el trabajo cola-
borativo y el trabajo por proyectos en todas
las etapas, estableciendo programas de apo-
yo al aprendizaje y mejorando la oferta edu-
cativa a nivel terciario en todo el territorio y
su vinculación con el mercado de empleo.
Para avanzar en educación inicial
y primaria:
• Universalizaremos la enseñanza ini-
cial para niñas y niños de 3 años, con centros
de educación inicial de 8 horas y a través de
diferentes formatos educativos.
• Desarrollaremos escuelas de peque-
ño y mediano porte que garanticen vínculos
interpersonales entre docentes, alumnos, fun-
cionarios y familias, y promuevan proyectos
pedagógicos adaptados a su contexto, en el
marco de la currícula nacional.
• Dispondremos la universalización del
aprendizaje del inglés para todos los niños,
utilizando los docentes existentes y la plata-
forma de inglés del Plan Ceibal.
Para avanzar en educación media:
• Ampliaremos el tiempo pedagógico
en todo el ciclo básico, ciclo de verano y apo-
yo personalizado a estudiantes a través de la
formación de equipos especializados, con én-
fasis en matemática y lenguaje.
• Ampliaremos la oferta de bachille-
ratos tecnológicos y desarrollaremos moda-
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lidades de estudio y trabajo en acuerdo con
empresas estatales y privadas
• Definiremos un examen de acredita-
ción de ciclo básico y bachiller general habili-
tado a todos los ciudadanos.
• Desarrollaremos una oferta ampliada
de educación para adultos preparatoria del
examen de acreditación en centros de prima-
ria y secundaria.
• Aseguraremos el acceso al Plan Cei-
bal de todos los estudiantes de ciclo básico.
• Estableceremos como meta nacional
que la totalidad de los estudiantes puedan
culminar el ciclo básico y que el 75% egrese
de la enseñanza media.
Para avanzar en educación superior
• Fortaleceremos el Sistema Nacional
de Educación Terciaria Pública (SNETP), es-
tableciendo fondos centrales para el uso con-
junto por parte de varias instituciones de edu-
cación superior.
• Fomentaremos mediante financia-
miento la creación de cinco campus regiona-
les de educación superior y terciaria integra-
da, con adecuada dotación de equipamiento
colectivo y servicios (ej., transporte).
• Financiaremos mediante fondos
centrales para el sistema educativo la contra-
tación en el interior del país de personas con
dedicación total por parte del SNETP, para
que sean utilizadas en conjunto por las orga-
nizaciones integrantes del sistema.
• Continuaremos potenciando el peso
de la educación técnica y tecnológica en el ni-
vel terciario, a través de modalidades como la
Formación Profesional Básica, los Bachilleratos
Tecnológicos y Profesionales y las tecnicaturas.
Para avanzar en formación docente:
• Promoveremos el desarrollo de una
carrera docente en condiciones de mayor es-
tabilidad y ascensos por concurso.
• Diseñaremos una política de postgra-
dos que impacte en la calidad de las prácticas
de enseñanza, e incluya líneas de investiga-
ción y extensión aplicadas.
• Estableceremos estímulos para que
los docentes no titulados puedan obtener la
titulación mediante programas presenciales
y/o a distancia.
Para avanzar a nivel educativo:
• Continuaremos con el proceso de me-
jora salarial, recuperación edilicia y transforma-
ciones institucionales mediante un incremento
presupuestal acorde a las nuevas realidades
educativas, pudiéndose exigir presupuestal-
mente ir hacia el 6% del PBI.
• Generaremos una Estrategia Nacional
de Respaldo al Aprendizaje que articule los
diferentes programas de apoyo a los estu-
diantes de los diversos ciclos.
• Crearemos un Sistema Nacional de Be-
cas integrando los diversos mecanismos existen-
tes con diversas modalidades de financiamiento.
SISTEMA DE CUIDADOS
Vamos a impulsar un modelo solidario de
cuidados a través de la creación y desarrollo
del Sistema Nacional Integrado de Cuidados,
que ampliará y completará la matriz de pro-
tección social, coordinado por el Ministerio de
Desarrollo Social. Pondremos en marcha una
transformación política, social y cultural en la
que el cuidado y el cuidar se entiendan como
derechos, y que asegure:
• el ejercicio del derecho al cuidado de
niñas y niños y de aquellas personas que se
encuentran en situación de dependencia per-
manente o transitoria;
• el ejercicio de los derechos y respon-
sabilidades de las personas que cuidan de
manera remunerada o no;
• el cambio hacia una cultura de la
corresponsabilidad en los cuidados entre Es-
tado, mercado, comunidad y familia, y entre
varones y mujeres.
Nos proponemos:
Un país que cuida y promueve el desa-rrollo de sus niñas y niños
• Ampliar las licencias por maternidad
y paternidad de acuerdo a las recomendacio-
nes de la OIT y extender el medio horario de
cuidados con corresponsabilidad de padres y
madres.
• Caminar hacia la universalización de
los cuidados en niños y niñas de 2 y 3 años, y
avanzar fuertemente en la atención de niñas
y niños de 1 año en situaciones de vulnerabi-
lidad social.
• Crear centros de cuidados para la
primera infancia en centros de estudios y de
trabajo, y promover el horario extendido a 8
horas, así como ampliar los servicios de cui-
dado a contra-horario escolar ya existentes.
Un país que promueve la autonomía de las personas dependientes por discapa-cidad y apoya a sus familias
• Asegurar la inclusión de los niños y
niñas con discapacidad en las prestaciones
previstas para el cuidado en la primera infan-
cia.
• Extender el programa de asistentes
personales, ya en marcha, para el apoyo a los
cuidados tanto fuera como dentro del hogar
en situaciones de dependencia severa.
• Regular y fortalecer los centros de
día existentes y crear nuevos, así como apo-
yar la creación de viviendas asistidas.
• Generalizar los servicios de telea-
sistencia en el hogar entre las personas con
discapacidad.
• Profundizar la adecuación normativa,
a la luz de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, principal-
mente en la revisión del instituto de la cura-
tela.
Un país que no deja en soledad a sus personas mayores
• Implementar un Programa Nacional
de Cuidados Domiciliarios para personas ma-
yores que, en situación de dependencia seve-
ra, viven solas o acompañadas de otra perso-
na.
• Impulsar la creación de centros de
día ubicados en municipios del país.
• Promover la construcción de dos
centros regionales de larga estadía en el inte-
rior del país.
• Avanzar en el nuevo modelo de regu-
lación y supervisión de residenciales y hoga-
res de larga estadía.
• Generalizar los servicios de teleasis-
tencia en el hogar entre las personas mayores.
SALUD
Las políticas de salud han sido una prioridad
sustantiva en los gobiernos del Frente Am-
plio. En 2007 se creó el Sistema Nacional In-
tegrado de Salud, que transforma la atención
en nuestro país, fortaleciendo el rol rector del
MSP y destacando a ASSE como prestador de
salud, con mayor cobertura, más prestaciones
y mejores servicios.
La creación del Seguro de Salud y del FONA-
SA ha permitido mayor justicia social (paga
más quien tiene más) y solidaridad entre ge-
neraciones y entre sanos y enfermos. Se am-
plió la cobertura de salud llegando a quienes
no la tenían y se redujeron costos de tiques y
órdenes, mejorando el acceso a los servicios
para amplios sectores. Se implementó el pago
por cumplimiento de metas como un fuerte
incentivo para mejorar las prestaciones.
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Se creó el Plan Integral de Atención a la Sa-
lud, que incluye todos los programas de salud
prioritarios. El control del niño/a y la embara-
zada, del adolescente y del adulto mayor son
hoy una exigencia para el sistema de salud.
La garantía de derechos sexuales y repro-
ductivos, las prestaciones psicosociales y de
psicoterapia, el Plan Nacional de Prevención
del Suicidio e implementación de políticas
integrales de drogas y de salud ocular, con-
solidando el Hospital de Ojos, han sido funda-
mentales para la mejora de las condiciones de
salud de la población.
Para avanzar en salud:
• Continuaremos jerarquizando la sa-
lud en la infancia y se abatirán aún más las ci-
fras de mortalidad infantil, bajo peso al nacer,
prematurez, anemia infantil y materna, malnu-
trición por desnutrición crónica y obesidad.
Se priorizará la promoción de un desarrollo
adecuado.
• Profundizaremos la atención a la sa-
lud en el medio rural.
• Ampliaremos la atención brindada a
la salud sexual y reproductiva y a la preven-
ción de enfermedades de transmisión sexual.
• Seguiremos profundizando la aten-
ción a la salud mental con énfasis en la afec-
tación de los trastornos mentales severos y
recurrentes, las problemáticas de violencia y
muerte violenta y el consumo problemático
de sustancias y las adicciones.
• Desarrollaremos la atención univer-
sal e integral a la salud bucal incluyendo la
promoción, prevención, tratamiento y reha-
bilitación, ampliando el cumplimiento de las
prestaciones incluidas en el Plan Integral de
Atención a la Salud.
• Continuaremos reduciendo progresi-
vamente los valores de las órdenes y tiques.
• Aseguraremos la disponibilidad de
personal de salud en cantidad, calidad y di-
versidad, así como su distribución adecuada
en el territorio.
• Profundizaremos el cambio de las
condiciones de trabajo del personal de salud
para lograr abatir el multiempleo, consolidar
el trabajo en equipos multiprofesionales y la
formación continua.
VIVIENDA Y HÁBITAT
Los gobiernos del FA han avanzado en ma-
teria de hábitat y vivienda mediante la utili-
zación de una batería de instrumentos tales
como: la priorización de los mecanismos de
autoconstrucción y las cooperativas; los pro-
gramas multisectoriales de inclusión socio
habitacional con enfoque integral; la acción
del MEVIR en el medio rural; las garantías y
subsidios de alquiler; la conexión a servicios;
la reestructura y refinanciamiento de deudas;
los créditos para refacción y mejoramiento de
viviendas; la recuperación y adjudicación de
unidades vacantes; los programas para pasi-
vos; la regularización y relocalización, en su
caso, de asentamientos; la búsqueda de di-
ferentes fuentes de inversión; los programas
para sectores de ingresos medios.
Para seguir avanzando en vivienda
y hábitat:
• Desarrollaremos un Plan Nacional de
Vivienda que atenderá de forma prioritaria a
las 38.000 familias más vulnerables que resi-
den en espacios donde hoy no cubren las ne-
cesidades básicas habitacionales.
• Extenderemos la Cartera de Inmue-
bles para Vivienda del MVOTMA para hacer
posible el acceso al suelo urbanizado de los
sectores de menores recursos y generaremos
medidas para intensificar el uso del stock
existente, tanto a nivel de suelo como de edi-
ficaciones.
• Elevaremos los topes de ingresos
para ser sujeto de crédito del Plan de Vivien-
da, considerando la integración del núcleo
familiar y tomando como parámetro el ingre-
so por persona. Se ajustarán las exigencias
de ahorro para facilitar el acceso.
• Evaluaremos los resultados de la Ley
18.795 (Vivienda de Interés Social) para ex-
tender el régimen de exoneraciones fiscales a
otros programas habitacionales.
• Ampliaremos y reforzaremos las lí-
neas de crédito para refacción y mejoramien-
to de vivienda.
• Estableceremos un sistema de al-
quiler con opción a compra para la franja de
población que tiene capacidad de pago sin
subsidio pero no de ahorro mientras paga
alquiler.
• Efectivizaremos la aplicación de la
Canasta Energética (conexiones internas,
tarifas, uso) para mejorar las condiciones de
habitabilidad de la vivienda y facilitar la per-
manencia.
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
El Frente Amplio priorizó la seguridad pública
en la gestión de gobierno, alcanzando y cum-
pliendo un acuerdo con todos los partidos
políticos que definieron una hoja de ruta para
la transformación en esta área. Se han proce-
sado cambios significativos en el sistema de
gestión policial, la dignificación de la Policía
Nacional a través de un aumento relevante
de salarios, mejora de equipos y tecnología.
Se promovieron nuevos instrumentos lega-
les para adaptarse a las nuevas realidades y
se avanzó en una política hacia las personas
privadas de libertad, destacándose la fuerte
disminución del hacinamiento en cárceles a
través de la construcción de nuevas plazas y
los programas de reinserción sociolaboral.
La Estrategia por la Vida y la Convivencia
representa un enfoque integral que orienta
las políticas de seguridad pública a partir de
tres ejes: el ejercicio de la autoridad –que im-
plica el uso de los instrumentos legales para
hacer efectivo el derecho a la protección de
las personas ante la violencia y otras formas
de abuso, dentro del marco de la Constitu-
ción y la Ley–; la práctica de la reciprocidad
–que supone el reconocimiento de derechos
y obligaciones– y el desarrollo de la convi-
vencia como garantía de una sociedad más
segura. El problema no es sólo el delito, sino
también la cultura de intolerancia, crispación
y violencia cotidiana que ha ganado espacios
en la sociedad uruguaya en las últimas déca-
das. A su vez, este enfoque presta especial
importancia a los niveles de violencia en el
espacio interpersonal y familiar, que inter-
pelan la convivencia y la seguridad de una
sociedad.
Para avanzar en el combate a
la delincuencia
• Profundizaremos el combate a la de-
lincuencia y trabajaremos con la misma firme-
za sobre las causas que la producen, promo-
viendo un Plan Integral de Convivencia y Se-
guridad que integrará políticas sociales, edu-
cativas, laborales, carcelarias; preventivas y
represivas, con el uso masivo de la tecnología.
• Enfatizaremos el combate frontal al
narcotráfico y la pasta base.
• Profundizaremos las políticas de
proximidad, priorizando la participación co-
lectiva institucional y social en el territorio,
jerarquizando los mecanismos comunitarios y
la resolución informal de conflictos.
• Desarrollaremos iniciativas de inter-
vención focalizada e integral priorizando los
territorios que concentran mayores niveles de
vulnerabilidad social y urbana con altas tasas
de delitos, orientándolas a construir ciudad y
ciudadanía a través de la profundización de
los programas sociales, planes de impacto de
infraestructura para la convivencia y un mo-
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delo de cercanía para garantizar la seguridad.
• Promoveremos acciones de fomen-
to de una cultura ciudadana que refuerce la
convivencia y el disfrute como un tema cen-
tral, particularmente en espectáculos cultura-
les y eventos artísticos y deportivos masivos.
• Fortaleceremos las Mesas Locales de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, la Po-
licía Comunitaria y el Centro de Asistencia a
Víctimas del Delito.
Para avanzar en el combate a la violen-
cia doméstica y de género
• Instalaremos un Sistema Integral de
Respuestas hacia un País Libre de Violencia
de Género y Generaciones, con prevención y
atención tanto a las víctimas como a los agre-
sores, integrando con igual énfasis los distin-
tos tipos de violencia de género: domésti-
ca, sexual, trata y tráfico, explotación sexual
comercial y no comercial de niños, niñas y
adolescentes, acoso sexual, violencia simbó-
lica, violencia contra los derechos sexuales y
reproductivos, violencia institucional, entre
otras, profundizando la coordinación, capaci-
tación permanente y financiamiento para una
aplicación efectiva de las medidas de preven-
ción ya legisladas.
• Promoveremos la investigación y ac-
tuación de los hechos de violencia doméstica
y de género a través de mejores capacidades
institucionales de las instancias judiciales, po-
liciales y de las fiscalías, destinando mayores
recursos humanos y financieros.
Para avanzar en la mejora de
la Policía Nacional
• Promoveremos una nueva Ley Orgáni-
ca Policial que haga énfasis en una Policía pro-
fesional y disciplinada, que actúe en beneficio
del Estado de Derecho, de las instituciones y
en defensa de la población.
• Profundizaremos la reforma organiza-
tiva de la Policía Nacional, orientada a la ges-
tión basada en el conocimiento y la inteligen-
cia aplicada, con auditorías como herramienta
de monitoreo y control de la calidad de los
servicios.
• Fortaleceremos el Sistema de Infoma-
ción de Seguridad Pública. Implementaremos
un sistema de información criminal y amplire-
mos las facultades del Ministerio del Interior
para el control y la información relacionada al
registro de armas de fuego.
• Implementaremos una reforma inte-
gral de los planes de capacitación de la Poli-
cía Nacional a través de una nueva currícula
educativa en todos los escalones de promo-
ción y formación policiales.
Para avanzar en el sistema carcelario
• Trasladaremos el sistema penitencia-
rio desde la órbita policial hacia la civil y se
consolidará un nuevo modelo de gestión de
prisiones, con una visión de inclusión y segun-
da oportunidad para las personas recluidas.
• Fortaleceremos los programas de
formación, trabajo, empleo y educación para
promover un modelo carcelario que contri-
buya a la reinserción social y laboral de las
personas, profundizando los acuerdos públi-
co-privados (PIT-CNT, UdelaR, CETP, etc.).
• Continuaremos con el fortalecimien-
to de la infraestructura carcelaria, actualizan-
do el diseño con espacios seguros que facili-
ten la aplicación de programas adecuados.
• Profundizaremos la intervención
post-penitenciaria, asociada al rol del Patro-
nato Nacional de Encarcelados y Liberados.
• Fortaleceremos los instrumentos que
permitan la aplicación de las medidas alter-
nativas a la prisión, realizándose las modifi-
caciones legislativas correspondientes.
POLÍTICA EN MATERIA DE DROGAS
En el año 2005 incorporamos una visión in-
tegral de las políticas que profundizó la pers-
pectiva de la gestión de riesgos en el campo
de la reducción de la demanda e incluyó una
mirada diferente sobre el control de la oferta.
Acentuamos y complejizamos la persecución
al narcotráfico, desde la persecución al mi-
cro-tráfico a mayores investigaciones y ope-
raciones contra la acción de organizaciones
criminales instaladas en el país pero respalda-
das con la logística e infraestructura de gran-
des capitales, y desarrollamos una decidida
política de prevención y lucha contra el lava-
do de activos. Otorgamos mayor relevancia
a la Junta Nacional de Drogas (JND) como
órgano rector de la política y la fortalecimos
significativamente con recursos presupuesta-
les, incorporando la perspectiva de los DDHH
como marco ético para normas y acciones en
materia de políticas de drogas.
Para seguir avanzando en política
de drogas:
• Consolidaremos la Red Nacional de
Atención y Tratamiento en Drogas (RENA-
DRO), generando dispositivos de control y
evaluación del cumplimiento de las metas y la
calidad de la atención de los servicios públi-
cos y privados.
• Fortaleceremos los dispositivos de
coordinación y articulación a nivel departa-
mental, municipal, local y barrial de la políti-
ca de prevención y tratamiento en drogas.
• Fortaleceremos las políticas de pre-
vención y represión al tráfico ilícito de dro-
gas y los delitos conexos, especialmente la
delincuencia organizada, delitos de “cuello
blanco”, tráfico de armas y personas, y lava-
do de activos.
• Diseñaremos nuevos mecanismos de
control y fiscalización de expendio de sus-
tancias psicoactivas en el marco de modelos
de regulación de mercados como alcohol,
marihuana y tabaco.
CULTURA y DEPORTE
La cultura uruguaya venía saliendo de una
situación de emergencia generada duran-
te décadas. Nuestros gobiernos lograron la
recuperación de infraestructuras culturales,
en particular en el interior, así como la finali-
zación de las obras del Auditorio Adela Reta
y la reapertura del auditorio Nelly Goitiño, la
creación de más 120 “Centros MEC” y la ins-
talación de Usinas Culturales territorializadas,
lo que entre otras realizaciones comenzó a
revertir la desidia en cuanto al desarrollo cul-
tural.
También a nivel del deporte ha habido avan-
ces sustanciales, logrando la universalización
de la educación física escolar; la expansión
en todo el territorio nacional de las políticas
deportivas generando nuevos escenarios, po-
tenciando torneos y competencias, y el forta-
lecimiento de las infraestructuras deportivas.
Para avanzar en cultura y deporte:
• Reforzaremos la infraestructura y la
oferta cultural en todo el país implementando
un Plan Nacional de Cultura, y proponiendo
una Ley Nacional de Cultura que sistematice
todas las normas jurídicas existentes.
• Concretaremos la profesionalización
de gestores y actores específicos de la cultu-
ra, con la Ley de Fondos de Incentivo Fiscal
para la cultura, el fortalecimiento del Institu-
to del Cine y Audiovisual (ICAU) y el Instituto
Nacional de Artes Escénicas (INAE).
• Promoveremos la exportación de
los productos artístico-culturales como una
muestra de valor agregado de exportación y
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el apoyo a los artistas nacionales mediante el
Fondo de Estímulo a la Creación y a la For-
mación Artística (FEFCA) y la difusión de los
valores culturales en ferias, bienales y even-
tos internacionales.
• Crearemos laboratorios de cultura
para formar artistas jóvenes que se focalicen
y especialicen en producciones para la infan-
cia, que se inserten en el territorio y se nutran
de trabajos y experiencias previas.
• Cambiaremos el modelo deportivo
hacia un modelo moderno y profesionalizado
del deporte de competencia; profesionaliza-
ción y reestructura de la gestión en las orga-
nizaciones federativas.
• Crearemos un Sistema Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo.
• Promoveremos el acceso universal a
los diversos deportes, desarrollando progra-
mas y competencias nacionales con financia-
miento público-privado, dirigidos al conjunto
de las y los ciudadanos de toda edad, género
y condición, con particular énfasis en los jó-
venes.
• Extenderemos y perfeccionaremos el
modelo de Plazas de Deporte Siglo XXI y de
un nuevo Modelo de Gestión del Deporte Co-
munitario.
INFANCIA y ADOLESCENCIA
Al llegar el Frente Amplio al gobierno Uru-
guay mantenía una deuda histórica con sus
niñas y niños, que representan el núcleo de
población más afectado por la pobreza y la
exclusión. El conjunto de políticas desarrolla-
das ha tenido un impacto sustantivo, logran-
do que la pobreza infantil en menores de 6
años haya disminuido del 53,4% en 2006 al
24, 5% en 2012. Varias políticas sociales tam-
bién estuvieron directamente enfocadas a
esa población, entre las que se destaca el
aumento de la inversión educativa y el incre-
mento del 20% de la atención a niñas y niños
menores de 3 años de sectores populares a
través de los centros CAIF y centros diurnos
del INAU, así como el desarrollo del Programa
Uruguay Crece Contigo, orientado a la aten-
ción de embarazadas y niños en riesgo sani-
tario, que apoya a más de 6.500 niñas y niños,
promoviendo el desarrollo integral mediante
un vínculo de cercanía.
Se ha mejorado el sistema de adopciones, con
un aumento en 2013 del 40% de niñas y niños
integrados en familias adoptivas y el desarro-
llo del programa de Familia Amiga como re-
des de apoyo para cuidados transitorios.
También se ha fortalecido el sistema de aten-
ción de adolescentes infractores, logrando un
cambio estructural con la puesta en marcha
del Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-
cente (SIRPA). Hay menos fugas, se mejoró la
infraestructura y se desarrollaron programas
de educación y trabajo, acompañamiento al
egreso, capacitación de recursos humanos.
Por primera vez se ha comenzado a trabajar
frente a los problemas de abuso, explotación
sexual y trata infantil y adolescente, gene-
rándose un sistema interinstitucional de ac-
tuación. Pero la mejora de la situación de la
infancia aún exige que sea considerada una
prioridad nacional.
Para seguir avanzando en infancia:
• Garantizaremos la atención a niñas y
niños de 0 a 3 años a través de acciones coor-
dinadas en salud, alimentación, cuidado, edu-
cación y trabajo.
• Aseguraremos el fortalecimiento del
vínculo de los niños, niñas y adolescentes con
el sistema educativo y sus logros, con pro-
puestas educativas adecuadas a la población
a la que se dirigen, con un aumento de los
tiempos pedagógicos, flexibles y compatibles
con las nuevas realidades familiares y sociales.
• Implementaremos programas espe-
ciales de prevención y atención de las con-
ductas de riesgo de los adolescentes: consu-
mo problemático de sustancias, accidentes,
intentos de autoeliminación, formas violentas
de resolución de conflictos.
• Erradicaremos las situaciones de
calle; el trabajo infantil, así como el trabajo
adolescente peligroso e informal. En los ca-
sos que corresponda, ayudaremos a compa-
tibilizar el estudio y el trabajo formal de los
adolescentes mayores de 15 años.
• Profundizaremos el enfoque socioe-
ducativo de responsabilización de los adoles-
centes infractores, desde una perspectiva de
derechos, priorizando las medidas socioedu-
cativas sin privación de libertad.
• Ampliaremos las experiencias de
inserción educativo-laboral como la de
INAU-SIRPA y el PIT-CNT con adolescentes
en conflicto con la ley.
• Profundizaremos las políticas de
prevención y atención en torno al maltrato,
abuso, explotación sexual y trabajo infantil.
JUVENTUD
Uruguay debe apostar por sus jóvenes, invir-
tiendo en políticas de juventud, promoviendo
cambios culturales para que el resto de la so-
ciedad no les tenga miedo, sino que piense en
ellos como posibilidad de desarrollo.
Las políticas en materia de educación, em-
pleo, deporte, salud y vivienda deberán
contemplar las realidades y necesidades
específicas de las y los jóvenes, para el cum-
plimiento de sus derechos, prestándose par-
ticular atención a las brechas entre varones y
mujeres jóvenes y las asociadas a la pobreza.
Nos proponemos:
• Promover políticas de participación
que fortalezcan el protagonismo, la moviliza-
ción y capacidad de incidencia del movimien-
to juvenil uruguayo.
• Desarrollar un Sistema de Infor-
mación para el acompañamiento de las
trayectorias educativas, un Sistema Integra-
do de Formación Profesional, una política
de Primera Experiencia Laboral Juvenil, la
universalización del sistema de tutorías, la
extensión de la orientación vocacional y del
programa Compromiso Educativo y Más
Centro en los centros educativos de educa-
ción media.
• Mejorar las oportunidades de inser-
ción y continuidad laboral bajo condiciones
de trabajo decente, a través de un Sistema
Integrado de Formación Profesional y la con-
solidación de la Política de Primera Experien-
cia Laboral Juvenil.
• Incorporar facilidades, criterios flexi-
bles y acciones afirmativas para jóvenes en el
conjunto de políticas habitacionales desarro-
lladas por el MVOTMA, el BHU y la Agencia
Nacional de Vivienda.
• Aumentar el número de Espacios
adolescentes en los distintos efectores de
salud. Policlínicas abiertas a los adolescentes.
Campañas de reducción de daños desde los
centros de salud fomentando el consumo
responsable.
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
El país avanzó en una nueva concepción del
envejecimiento y la vejez a través de la puesta
en marcha del Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores así como del primer Plan
Nacional en esta temática. Resulta estratégi-
co el enfoque de derechos, la ampliación de
la matriz de protección social y la priorización
de los colectivos más vulnerables.
23
Para seguir avanzando en temas
de vejez:
• Integraremos al Sistema Nacional de
Cuidados a las personas adultas mayores de-
pendientes.
• Avanzaremos en la eliminación de las
barreras físicas en el espacio público, en los
edificios y en el transporte público.
• Ampliaremos los servicios de abor-
daje integral del abuso y maltrato hacia las
personas mayores.
• Promoveremos el enfoque del enve-
jecimiento activo, fomentando el acceso a las
tecnologías así como el combate a la soledad
en la vejez, para lo que se garantizará una ta-
blet a cada jubilado/a del BPS.
DISCAPACIDAD
En Uruguay, las personas con discapacidad
son una de las poblaciones más expuestas a la
desigualdad social. Sin embargo en el período
2005–2013 se aprobaron un conjunto de leyes
que resultan en un avance al reconocimiento
de derechos y orientan la formulación de po-
líticas públicas Se destaca la aprobación de la
Ley 18.651, la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad –
Ley 18.418– y el Protocolo Facultativo de esta
Convención –Ley 18.776–.
Nos proponemos:
• Diseñar medidas de incentivo a la in-
clusión laboral y el cabal cumplimiento de la
cobertura del 4% de las vacantes del Estado
con personas con discapacidad.
• Garantizar la accesibilidad universal
de los servicios públicos a través de un Plan
Nacional de Accesibilidad con énfasis en el
transporte y la vivienda.
AFROURUGUAYOS
Se consolidaron formalmente asesorías hono-
rarias, direcciones, unidades y principalmente
herramientas para la transversalización en el
Estado de las políticas públicas en materia
de Derechos Humanos y afrodescendencia
así como se afirmaron los principios públicos
de combate al racismo y al sexismo, especial-
mente a través de la sanción de la Ley de ac-
ciones afirmativas para afrodescendientes.
Nos proponemos:
• Garantizar el acceso y la permanencia
de la población afrodescendiente en todos
los niveles educativos, principalmente incen-
tivando la permanencia en los niveles educa-
tivos técnicos y universitarios. En el mismo
sentido en lo referente a la salud y vivienda.
POLÍTICAS TRANSVERSALES
PARA LA IGUALDAD
GÉNERO
Se destaca la consolidación del Instituto de la
Mujeres como institución rectora de las polí-
ticas públicas para la igualdad entre las mu-
jeres y los hombres, y la creación del Consejo
Nacional de Género; la aprobación de un Plan
de Igualdad de Oportunidades y Derechos; el
avance de las políticas de prevención y aten-
ción a la violencia de género y la protección
de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres y varones; las políticas de inser-
ción en el mercado de trabajo y de protección
en materia laboral.
Nos proponemos:
• Profundizar las políticas hacia la equi-
dad de género y ejercicio de derechos, pro-
moviendo una cultura de igualdad y no dis-
criminación, avanzando en acciones en los
ámbitos educativos, laborales, del deporte
y tiempo libre, garantizando los servicios in-
tegrales de salud sexual y reproductiva y de
prevención y atención a la violencia basada
en género.
• Incorporar al Sistema Nacional Inte-
grado de Cuidados un enfoque de equidad de
género, que permita equilibrar la dedicación
en las tareas de cuidados familiares a mujeres
y hombres y el desarrollo de condiciones de
trabajo decente para las y los trabajadores del
sector, mediante procesos de capacitación y
mejora de las condiciones laborales.
• Promover la participación política
paritaria de las mujeres como objetivo de
profundización democrática e impulsar la
ampliación de la vigencia de la Ley Nº 18.476
de participación equitativa de ambos sexos,
incluyendo al tercer nivel de gobierno.
DIVERSIDAD SEXUAL
Desde el triunfo del Frente Amplio en 2005,
existe una clara inclinación hacia la refor-
mulación de la legislación de familia en tér-
minos de reconocimiento y protección de la
diversidad. La aprobación de la Ley de Unión
Concubinaria, la Ley de Modificaciones a las
disposiciones relativas a la Adopción, poste-
riormente la Ley de Derechos Sexuales y Re-
productivos, y la reciente aprobación de la
Ley de Matrimonio Igualitario colocan al Uru-
guay a la cabeza de la región en términos de
consagración legal del amparo a la diversidad
de familias. Sumamos al balance la aproba-
ción de la Ley de Identidad de Género en el
camino hacia la eliminación progresiva de las
barreras que excluyen a la población trans de
los circuitos formales de empleo, educación,
salud, vivienda, etc.
• Desarrollo de políticas educativas y
culturales dirigidas a promover el respeto a la
diversidad sexual y garantizar el derecho a la
libre orientación sexual e identidad de género.
• Combate a las diferentes modali-
dades de abuso, maltrato y discriminación,
priorizándose los centros educativos y los
ámbitos laborales, desarrollando programas
de sensibilización y capacitación, y de apoyo
psicológico y social.
• Consolidación de un sistema gratuito y
eficiente de cambio de nombre y sexo registral.
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
La gestión del FA en lo que refiere a la me-
moria, verdad y justicia respecto a los críme-
nes de la dictadura comenzó con la creación
de la Secretaría de Seguimiento de la COPAZ
en el ámbito del Poder Ejecutivo, que elabo-
ró un informe. La sociedad civil entró a los
cuarteles, se realizaron excavaciones y se ha-
llaron los restos de Ubagesner Chávez Sosa
y de Fernando Miranda. Al mismo tiempo, el
Poder Ejecutivo denegó el amparo en la Ley
de Caducidad, habilitando a que por primera
vez en la historia del país los mandos milita-
res responsables de dichos crímenes fueran a
prisión.
Paralelamente se impulsó la creación de la
Institución Nacional de Derechos Humanos
(INDDHH) y la Defensoría del Pueblo y se
promulgó la Ley nº 18026 de cooperación
con la Corte Penal Internacional tipificando
los crímenes de lesa humanidad.
En el segundo gobierno del FA se continuó
la misma línea y se encontraron los restos de
Ricardo Blanco Valiente y de Julio Castro; se
continuó trabajando en la organización del
banco genético de los desaparecidos; y dan-
do cumplimiento a la sentencia de la CIDDHH
en el caso Gelman, se creó una coordinación
interinstitucional con el MDN, el MINT, el MEC
25
y el MRREE. Desde la Presidencia se revoca-
ron los actos administrativos de los gobier-
nos anteriores que amparaban en la Ley de
Caducidad a los criminales de lesa humani-
dad. En materia legislativa, se aprobó una ley
restableciendo la pretensión punitiva del Es-
tado; dos de sus artículos fueron declarados
inconstitucionales por la Suprema Corte de
Justicia, contrariando normas nacionales e
internacionales sobre imprescriptibilidad de
crímenes de lesa humanidad.
Reconociendo los avances conseguidos,
los desaparecidos siguen siendo una he-
rida abierta para nuestra sociedad. De los
178 ciudadanos desaparecidos sólo se han
encontrado los restos de 25. El próximo
gobierno del Frente Amplio realizará todos
los esfuerzos a su alcance para dar con la
información y ubicar los restos de los desa-
parecidos.
Para avanzar en derechos humanos:
• Democratizaremos el sistema jurídi-
co, expandiendo la agenda con nuevos de-
rechos y garantizando el alcance de todos y
todas a los derechos ya conquistados, pro-
fundizando las políticas de acceso universal,
especialmente de los más vulnerables.
• Asumiremos por parte del Estado las
numerosas investigaciones pendientes, faci-
litando todos los archivos de la represión y
toda la información vinculada a las violacio-
nes de derechos humanos cometidas en el
marco del terrorismo de Estado.
• Fortaleceremos la institucionalidad
en materia de derechos humanos y profundi-
zaremos las prácticas de la memoria a través
de espacios museísticos en sitios vinculados
a la represión.
• Colaboraremos con la Justicia, aten-
diendo con la mayor celeridad posible sus
requerimientos en el marco de las causas por
graves violaciones a los derechos humanos.
• Implementaremos un programa de
acompañamiento y asistencia psicológica a
testigos y víctimas de violaciones a los Dere-
chos Humanos.
• Avanzaremos en el cumplimiento de
las obligaciones internacionales referidas a
los derechos humanos y en la aplicación de
los tratados correspondientes.
26
27
Pilar 2:
Crecimiento y DistribuciónLas políticas implementadas por los gobiernos del Frente Amplio permitieron
logros macroeconómicos relevantes y tuvieron un rol decisivo, junto con las
políticas sociales y laborales, en el aumento del empleo, en la mejora de las
condiciones de vida de la población y muy especialmente en la reducción de
la pobreza, la indigencia y la desigualdad social.
El PBI creció de 13,7 miles de millones de dólares (2004) a 55,7 (2013), pero
al mismo tiempo la pobreza que en 2004 rondaba el 40% del total de la
población, en 2013 se ubicó en el 12%; y la indigencia se redujo del 4,7% al
0,5%. Esto quiere decir que gracias al esfuerzo de todos los uruguayos y a
las políticas públicas desarrolladas, nuestra economía logró crecer al tiempo
que redistribuyó la riqueza generando mayor equidad.
Alcanzamos el récord histórico del promedio de la tasa de desempleo: 6%.
Creamos 35.000 nuevos puestos de trabajo por año. Pasamos de 1.272.150
trabajadores formales (2004) a 1.584.444 (2013). El salario real aumentó
45,4% entre 2004 y 2013.
Se han creado pues las condiciones para dar un renovado impulso al proceso
de desarrollo sustentable con mayor grado de libertad, igualdad y justicia.
El desarrollo productivo consiste en un proceso de transformación,
especialización y diversificación de las estructuras productivas.
La estrategia de desarrollo de largo plazo implica una fuerte apuesta a los
sectores con mayor potencial de incorporación de tecnología, trabajo e
inteligencia, mayor generación de puestos de trabajo decentes y de calidad,
cuidado del medio ambiente y dinamización económica y social del entorno.
29
Pilar 2: Crecimiento y Distribución
Se convocará a un diálogo para un gran
acuerdo económico y social
I. Política macroeconómica
Continuará garantizando condiciones de es-
tabilidad adecuadas a los objetivos de creci-
miento, la creación de empleo y la distribución
del ingreso. El cuidado de las cuentas públi-
cas ha sido un rasgo distintivo de la política
económica del Frente Amplio y lo continuará
siendo, en el entendido de que es una platafor-
ma indispensable para impulsar el crecimiento
con equidad.
II. Política tributaria
Debe mantener y profundizar los objetivos de
eficiencia, equidad y estímulo a la inversión
productiva y generación de empleo.
• Se disminuirá la carga tributaria glo-
bal, avanzando en la reducción de los impues-
tos indirectos para favorecer prioritariamente
a quienes más lo necesitan.
• Se remitirá al parlamento un proyec-
to de ley que dispondrá que el pago del IRPF
para aguinaldos y salarios vacacionales se
realice de manera separada al resto de las re-
tribuciones, generando así una mejora en los
ingresos de los trabajadores.
• El sistema tributario debe seguir
siendo consistente con los diversos mecanis-
mos de promoción de inversiones con que
cuenta el país, beneficiando el desarrollo de
emprendimientos generadores de empleo
de mayor calidad o privilegiando a grupos
vulnerables, de mayor valor agregado, de
innovación tecnológica, de mejor calidad de
procesos y productos, de producción limpia,
y de descentralización con énfasis en zonas
de menor desarrollo relativo.
• Se generalizará la base del Impuesto
a Primaria, aplicando este tributo a los pre-
dios rurales y manteniendo los mínimos exis-
tentes.
III. Política de endeudamiento
El servicio de la deuda pública deberá seguir
siendo administrado con los mismos criterios
de estos períodos de gobierno. Se procurará
continuar reduciendo las vulnerabilidades y
el costo del financiamiento.
IV. Inversión y gasto público
La política de gasto público es un instru-
mento poderoso para mejorar la eficiencia y
eficacia de la gestión pública. Se fortalecerá
el papel de las oficinas públicas dedicadas a
evaluar la calidad del gasto y de los proyec-
tos de inversión, y se extenderá el uso de in-
dicadores de desempeño y compromisos de
gestión como herramientas fundamentales
para lograr los objetivos deseados en mate-
ria de calidad y cantidad de servicios brinda-
dos a la población.
La evaluación de los resultados de los pro-
gramas constituirá un instrumento funda-
mental para la toma de decisiones respecto a
la asignación de nuevos recursos públicos.
El Estado deberá garantizar que los servicios
que brinda, mercados que regula, infraestruc-
turas, procesos en que interviene, aseguren
que los actores del sector privado encuentren
una palanca y no un freno para su desarrollo.
El Estado debe entrar decididamente en la
economía y gestión digital del siglo XXI.
V. Política monetaria y cambiaria
Las políticas monetaria y cambiaria también
serán compatibles con los objetivos inflacio-
narios y el mantenimiento de la competitivi-
dad de la producción nacional, así como con
las metas de largo plazo en cuanto a la pro-
moción de la inversión, del empleo y del cre-
cimiento sostenible, y con una eficiente admi-
nistración de las reservas internacionales y el
endeudamiento interno y externo.
• Se tomarán las medidas pertinentes
para controlar férreamente la inflación, man-
teniendo el rango meta entre 3% y 7% y ubi-
cándose en el eje del mismo en un plazo de 18
meses.
Por los impactos que tiene la inflación, so-
bre todo para la población con ingresos fijos
como salarios y pasividades, combatirla es
defender a los más desprotegidos.
VI. La estrategia productiva
El cambio estructural en curso se basa en la
dotación de recursos naturales como platafor-
ma, y en el surgimiento de nuevas actividades
que están en condiciones de crecer con una
perspectiva exportadora y de innovación. Se
procura reducir la exposición a mercados que
presentan los mayores problemas de acceso;
diversificar la estructura de bienes y servicios;
ampliar el porcentaje de esa estructura pro-
ductiva que encuentra oportunidades de cre-
cimiento en los mercados regionales e interna-
cionales; impulsar la transformación tecnoló-
gica de los sectores exportadores tradiciona-
les (especialmente de aquellos más asociados
históricamente a la ventaja en la dotación de
recursos naturales); y promover nuevas activi-
dades con perspectiva exportadora.
La potencialidad de introducir mejoras tecno-
lógicas está presente en todos los sectores,
pero hay que atender a aquellos que permiten
introducir las nuevas tecnologías, con mayor
agregación de conocimientos y eslabones
hacia atrás y hacia adelante en la cadena de
valor. Transitaremos hacia una economía es-
trechamente vinculada al desarrollo científi-
co-técnico, para avanzar en una industrializa-
ción en profundidad, con participación de las
universidades, la ANII y las EP.
Para alcanzar los resultados esperados se in-
tensificará el esfuerzo para desarrollar las in-
fraestructuras necesarias con una perspectiva
de mediano y largo plazo. Para ello se requie-
re el impulso de la logística y las infraestruc-
turas portuarias, así como de las plataformas
tecnológicas de proyección regional con base
en acuerdos de complementación productiva.
Por último, es imprescindible llevar adelante
inversiones potentes en I+D vinculando el co-
nocimiento con la producción y asociando las
empresas, el Estado y la academia. Las pers-
pectivas de desarrollo en áreas tales como la
minería y la extracción de petróleo requieren
preparar al país para esos desafíos.
VII. Micro, pequeñas y medianas
empresas
Se promoverá que estas empresas tengan una
actividad productiva permanente y sosteni-
ble, dispongan de recursos físicos y una ca-
lificada gestión humana acordes a los reque-
rimientos de desarrollo del país y que operen
bajo la figura de personas físicas o jurídicas
formalizadas, en actividades industriales, co-
merciales, de servicios o artesanales.
También se desarrollarán acciones de forma-
ción, capacitación y desarrollo empresarial
para apoyar a las Mipymes, desde los ámbi-
tos públicos, universitarios y de organismos
especializados.
31
VIII. Economía Social y Solidaria (ESyS)
La Agencia Nacional de Desarrollo contribuirá
a definir objetivos, líneas estratégicas e ins-
trumentos específicos para guiar la acción
política de la próxima administración de go-
bierno. Se procurará alcanzar un real avance
del sector en su conjunto dentro de la eco-
nomía y de la sociedad, contribuyendo a que
las unidades de la ESyS se consoliden y de-
muestren autonomía, viabilidad y capacidad
de crecimiento y desarrollo.
IX. Trabajo, empleo y relaciones
laborales
Los dos gobiernos del Frente Amplio desa-
rrollaron una verdadera reforma laboral. Esta
implicó diversos avances en materia de dere-
chos, reducción de la pobreza y disminución
de la desigualdad, así como una mejora de los
niveles de empleo y desempleo -que se ubicó
en mínimos históricos- y un aumento del sa-
lario real y el empleo formal. Se destaca una
amplia legislación laboral de protección y am-
pliación de derechos dirigidos tanto a traba-
jadores privados como públicos, con especial
atención a mujeres, jóvenes y jubilados. Se
destaca el diálogo social tripartito en materia
salarial -negociación colectiva-, como en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo.
El objetivo del Frente Amplio es la profundi-
zación de los avances para lograr más desa-
rrollo y equidad. En este sentido, se profun-
dizarán las políticas dirigidas a los colectivos
con mayores dificultades de empleo: mujeres,
jóvenes, hombres mayores, poco calificados,
en situación de pobreza, discapacitados, afro-
descendientes y personas trans.
Se visualiza con preocupación la brecha sa-
larial y techo de cristal por género y la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo,
así como la compatibilización entre estudio y
trabajo de los jóvenes.
Debe combatirse a la informalidad, que es he-
terogénea y que si bien ha sufrido una dis-
minución importantísima -20,3% en el primer
trimestre de 2014-, lesiona los derechos de los
trabajadores y genera situaciones de compe-
tencia desleal en el mercado laboral. Por ello,
se profundizarán herramientas como el Ámbi-
to por la Inclusión y Formalización del Traba-
jo; la fiscalización y la interoperabilidad de los
organismos del Estado.
Se fomentará el emprendedurismo, que ade-
más incida en la generación de trabajo decen-
te. Se brindará especial apoyo a compatriotas
que resuelven volver a radicarse en el país. Se
promoverán los temas de participación de los
trabajadores en la gestión empresarial y de la
autogestión en empresas recuperadas, conti-
nuando los avances logrados en este período.
En los gobiernos del Frente Amplio se actua-
lizó el listado de enfermedades profesionales,
se cuenta con una estadística de siniestrali-
dad y se reglamentó el Cit 161 –Servicios de
Salud en la Empresa–, entre otras normas es-
pecíficas. En ese sentido, se continuará per-
feccionando la política nacional en materia de
seguridad, salud y medio ambiente en el que
se desempeñan los trabajadores, para profun-
dizar el descenso de la siniestralidad laboral y
las enfermedades profesionales.
La formación profesional y la capacitación de
los trabajadores y empresarios tendrá un nue-
vo impulso, incluyendo valores como la cul-
tura del trabajo y el respeto a la organización
de trabajadores. En este sentido, se propon-
drán incentivos a las inversiones nacionales y
extranjeras que generen empleo de calidad y
alta calificación de trabajadores.
Se consolidará el Sistema Integrado de For-
mación Profesional, articulando los recursos
y esfuerzos de todas las instituciones públi-
cas de capacitación, a los efectos de ofrecer
una amplia cobertura para la calificación de
trabajadores y ex trabajadores desvincula-
dos del sistema educativo formal y prove-
nientes de sectores de menores ingresos.
Se profundizarán las acciones para prevenir el
trabajo infantil y la protección del adolescente
trabajador. También se ofrecerán mayores in-
centivos para la incorporación de las mujeres
al mercado de trabajo; se buscará erradicar
brechas salariales y barreras para su acceso a
cargos jerárquicos.
Se trabajará para eliminar todas las formas
de acoso y discriminación en el trabajo; en
particular hacia afrodescendientes, mujeres
y personas trans. Se llevarán adelante ac-
ciones afirmativas hacia estos sectores de la
población.
Constituye un objetivo destacado avanzar
en formas de conciliación de familia y tra-
bajo; cláusulas de género en la negociación
colectiva, compatibilidad entre cuidados pa-
rentales y trabajo, con énfasis en apoyar la
lactancia materna y cuidados en la primera
infancia. A su vez, se ampliarán los progra-
mas de conciliación entre trabajo y estudio
para los jóvenes.
Se llevarán adelante acciones para un desa-
rrollo más eficiente y ético del empleo en la
“función pública”. Se actualizará y fortalece-
rá la formación y capacitación de los funcio-
narios en todas las dependencias y niveles,
impulsándose la utilización de herramientas
como la planificación. Se velará por la perma-
nente ética y transparencia de la función.
33
35
Pilar 3:
Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad ambientalUruguay ha dado pasos importantes en la generación de condiciones para
avanzar hacia el desarrollo de una manera inteligente, innovadora y con el
debido respeto por la sustentabilidad de nuestro medio ambiente.
A partir de 2005 se ha dado un fuerte impulso a las políticas en materia de
innovación: 1. se creó el Gabinete Ministerial de Innovación; 2. se elaboró el
primer Plan Estratégico de CTI (PENCTI) para el período 2010–2030; 3. se
dio prioridad a fortalecer las capacidades institucionales creando la ANII
y redefiniendo el CONYCIT; 4. se implementaron programas con fondos
sectoriales para I+D en áreas estratégicas; 5. se generaron incentivos fiscales
(por ej. para biotecnología).
En materia de políticas sectoriales, nuestra matriz productiva se ha
potenciado, transformándose tecnológicamente en cuanto a los sectores
tradicionales, y a su vez se ha diversificado, con el surgimiento de nuevas
actividades que están en condiciones de crecer con una perspectiva de
innovación y exportadora hacia los mercados regionales e internacionales.
También hemos mejorado aspectos infraestructurales que le permitirán a
nuestro país una mucho mejor plataforma de desarrollo. Por ejemplo, con
una inversión público-privada del entorno de los 7 mil millones de dólares,
la matriz energética de Uruguay superó el 40% de fuentes renovables. Por
otro lado estamos llevando la fibra óptica a todos los hogares uruguayos,
haciendo de Uruguay el país con la conexión a internet más expandida y
rápida de la región.
Todo esto ha ocurrido mejorando las capacidades de control respecto al
cuidado del medioambiente. En materia de legislación se concretaron
significativos avances mediante la aprobación de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Sostenible y la Ley de Política Nacional de Aguas.
Asimismo se destaca la implementación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), herramienta fundamental para la conservación de la
biodiversidad del país.
37
I. Innovación, Ciencia y Tecnología
Innovación como concepto global
En el camino al desarrollo, Uruguay deberá
apostar por mayor innovación y sofisticación
de sus sistemas, mercados y actores
económicos, impactando a través de fuertes
procesos de innovación en tres ámbitos
interrelacionados: sector privado, sector
público y sector social.
En lo referente al sector público, el concepto
de innovación no solamente debe abarcar a
las instituciones e instrumentos para apoyar
la innovación directamente, sino también
a los cambios que deben realizarse para
entregar a nuestros ciudadanos servicios e
infraestructura de calidad. El Estado deberá
garantizar que los servicios, mercados que
regula, infraestructuras y procesos en los
que interviene garanticen que los actores del
sector privado encuentren una palanca y no
un freno para su desarrollo.
Institucionalidad para la competitividad
y la transformación productiva: un
Estado funcional a los objetivos del
Uruguay Productivo e Innovador
Nuestro país ha avanzado mucho estos
últimos años en cuanto al fomento a la
innovación y el emprendedurismo, pero sin
dudas es un área donde el camino a recorrer
es enorme si queremos preparar al Uruguay
para dar un verdadero salto de calidad.
Pilar 3: Desarrollo inteligente, Innovación y Responsabilidad ambiental
Se fortalecerá la articulación entre los sectores
público y privado, que explica la limitada
aplicación de los conocimientos generados
en el ámbito científico en el sector productivo.
Creemos que la innovación no es un problema
meramente científico. Está fuertemente
vinculado al emprendedurismo y el desarrollo
de nuestras empresas, y por eso éstas deben
tener un rol más activo.
Con la definición y diseño de las políticas
establecido a nivel ministerial, y con el nivel
de coordinación en el Gabinete productivo
y de innovación, se hace necesario contar
con una respuesta ágil y transparente en
materia de implementación y ejecución de
esas políticas. Para ello se debe contar con
agencias capacitadas, ágiles, transparentes y
dotadas de recursos desde donde se ejecuten
las políticas.
El proceso de cambio y construcción
institucional que se viene procesando en
los últimos años impulsará la presencia
de agencias transversales directamente
vinculadas con las políticas de mejora de
competitividad en el país:
1- Instituto Uruguay XXI
2- Agencia Nacional de Investigación e
Innovación
3- Agencia Nacional de Desarrollo
Económico
4- Corporación Nacional para el
Desarrollo
5- Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional.
6- Instituto Nacional del
Cooperativismo (INACOOP)
• Con esta base, crearemos un Sistema
Nacional de Competitividad, del que formen
parte los ministerios correspondientes y
las agencias, intentando cubrir el universo
de políticas activas del sector público
relacionadas con el desarrollo productivo,
y en conjunto con el sector privado para
impulsar aún más la innovación y el desarrollo
productivo en todo el territorio nacional.
• Se promoverá la masificación del uso
de las TICs de forma de lograr la promoción
a todos los niveles de la utilización de estas
tecnologías.
II. Banca de Desarrollo
La utilización eficiente del ahorro nacional es
un debe que requiere solución, por lo tanto
se fomentará la creación de una Banca de
Desarrollo, dentro del Banco de la República
o en un ámbito al que ésta se integre como
protagonista central. Será una herramienta
fundamental para promover y financiar
las energías renovables, tecnologías de la
información y comunicación, minería, turismo,
explotación de yacimientos de petróleo y gas,
y obras de infraestructura como el puerto
de aguas profundas y la construcción de la
planta regasificadora.
III. Agro
El principal desafío para mantener una
dinámica sectorial como la experimentada
en la última década es desarrollar políticas
de orientación de las estrategias productivas
agropecuarias, integrando la dimensión
ambiental en el diseño de los proyectos y
planes del sector, así como la adaptación
al cambio climático. De esta manera, se
procurará la implementación de prácticas
productivas sustentables, que promoverán la
protección de los sistemas naturales, ya que
estos son los que generan las condiciones
para el crecimiento. A su vez, los recursos
naturales identificados como bienes sociales
(suelos, cursos de agua, recursos genéticos)
al servicio del desarrollo sostenible serán
objeto de regulaciones soberanas, para
asegurar su uso sustentable y a través de la
gestión de riesgos, controlar, mitigar o reducir
los impactos asociados al crecimiento, la
concentración o extranjerización.
La visión estratégica de desarrollo requiere
el potenciamiento de políticas de desarrollo
rural inclusivo, para atender a la producción
familiar y asalariados rurales, sectores
estratégicos y tradicionalmente postergados,
mediante la colonización, el fortalecimiento
de las organizaciones sociales y facilitando
el ingreso a las cadenas de valor. Se
buscará mediante estas acciones la mejora
acumulativa de las condiciones de vida y de
trabajo de toda la población del territorio rural
y rururbana, con énfasis en los asalariados y
los productores familiares.
Otros desafíos relevantes son: la permanente
promoción y generalización del trabajo
de calidad, la gestión y manejo del agua
–especialmente del riego multipredial–,
el crecimiento agroindustrial con valor
agregado creciente, la búsqueda de un nuevo
equilibrio territorial a lo largo y ancho del
país en población y calidad de vida; todo
ello, en el marco de políticas e instrumentos
participativos.
Se profundizará y mejorará la oferta de bienes
públicos en: a) el acceso igualitario al sistema
público de enseñanza; b) ampliar y fortalecer el
sistema de innovación agraria y de desarrollo
rural, incluyendo a la investigación científica
39
y tecnológica; c) el sistema de Extensión
Rural; d) el acceso a nuevos mercados; y e)
el suministro de información de mercados,
tecnológica, etc.
Las políticas públicas estimularán las
inversiones con agregado de valor en las
cadenas agroalimentarias e impulsarán
el desarrollo de sectores intensivos en
conocimientos y sectores de media y alta
tecnología. Permitirán generar empleos
de mejor calidad y capturar el valor
generado en nuestro país por producción
de energías renovables, alimentos
procesados, biotecnología, electrónica y
telecomunicaciones.
IV. Industria
Uruguay consolidará durante las próximas
décadas una profunda transformación de su
estructura económica, social y productiva,
a través del fortalecimiento de sus cadenas
productivas e integrando técnica y
económicamente la producción agraria, la
minería, la energía y la industria farmacéutica,
biotecnología, naval, electrónica, diseño y
automotriz.
En este enfoque tendrán un papel relevante
el Gabinete Productivo y los Consejos
Sectoriales, trabajadores, empresarios,
academia y gobierno, quienes, en forma
conjunta, diseñarán planes de desarrollo
productivo al 2020 para las cadenas de valor
priorizadas.
Los principales objetivos serán:
• Sostener y promover el crecimiento
industrial y de infraestructura.
• Propulsar la articulación de la ciencia
y la tecnología con el aparato productivo.
• Potenciar la integración productiva
en el Mercosur.
La política comercial procurará diversificar
mercados y productos alineada con la
estrategia de cambio de matriz productiva.
El rol de las empresas públicas es clave en
el apuntalamiento del sector productivo
y tecnológico nacional. La definición de
grandes obras de infraestructura será
analizada desde esta perspectiva estratégica.
Se promoverá la Inversión Extranjera
Directa (IED) buscando el fomento de
encadenamientos en industrias y servicios de
base nacionales que incorporen crecientes
niveles de valor agregado y que contribuyan
a la generación de empleo calificado.
V. Minería – recursos naturales
no renovables
Nuestro país tiene una segura potencialidad
en recursos que hasta el momento no
participaban sólidamente en la matriz minera,
concretamente los minerales metálicos y
los energéticos (gas, petróleo, esquistos
bituminosos). Esta potencialidad asegura
que la minería dejará de ser una actividad
productiva marginal para consolidarse como
uno de los pilares del futuro Producto Interno
Bruto. Eso viabilizará la diversificación de
nuestra matriz productiva.
VI. Turismo
El turismo, como actividad económica, ha
contribuido a mejorar el bienestar general
de los ciudadanos del país, al descenso de la
pobreza y los niveles de desocupación, siendo
a la vez un vehículo para la capacitación, la
formación y la canalización de inversiones
que demandan más y mejores calificaciones
y regulaciones.
Los principales objetivos estarán
vinculados a:
• Desarrollar el turismo de calidad, el
cual constituirá un objetivo estratégico fun-
damental.
• Desarrollar el turismo y la recreación
para lograr el acceso de toda la sociedad, fa-
cilitando los desplazamientos y vinculándolos
a nuevos productos y destinos.
• Profundizar y actualizar de forma
participativa el Plan Nacional de Turismo
Sostenible 2020.
• Promover el turismo inserto y con-
sistente con el modelo de desarrollo sos-
tenible del país, que promueva la cohesión
social y la integración regional.
• Incentivar y capacitar a los peque-
ños actores y empresarios turísticos locales.
• Se expandirán los exitosos progra-
mas de turismo social, los que tendrán una
función sinérgica con otros programas: terce-
ra edad, quinceañeras, niños y niñas, jóvenes,
trabajadores y trabajadoras, ciudadanos de
bajos recursos, y otros grupos con baja per-
cepción o acceso.
VII. Políticas de infraestructura
La mejora de las capacidades infraestructu-
rales no solamente será un motor del creci-
miento de la economía y la competitividad de
las empresas, sino también un poderoso ins-
trumento de cohesión económica y social, de
vertebración del territorio, integración espacial
y mejora de la accesibilidad y la descentrali-
zación, contribuyendo así a la inclusión social.
Si nos planteamos como objetivo preparar al
Uruguay para dar un nuevo salto cualitativo
en su camino al desarrollo, debemos dotar al
país de las capacidades infraestructurales ne-
cesarias para que estas no sean un cuello de
botella sino un motor impulsor del desarrollo.
1. Energía
Por primera vez en nuestra historia Uruguay
cuenta con una política energética global con
una mirada de 20 años hacia el futuro que
integra una visión multidimensional del tema
energético.
Los objetivos y principios rectores de la po-
lítica energética a llevar a cabo el próximo
gobierno son:
• Soberanía y autosuficiencia energéti-
ca, con una apuesta firme a las energías au-
tóctonas y renovables.
• Diversificación de las fuentes de la
matriz energética.
• Inclusión social y acceso equitativo.
• Investigación, innovación y desarro-
llo nacional de las fuentes y los insumos ne-
cesarios.
• Integración regional y complementa-
riedad.
• Por otro lado, en el próximo período
se pondrá en funcionamiento la terminal re-
gasificadora de gas natural licuado y a partir
de ello se consolidarán los instrumentos para
el desarrollo de la cadena del gas natural en
nuestro país, tanto en el sector residencial
como industrial y del transporte.
• Asimismo, durante el próximo go-
bierno habrá culminado una etapa relevante
en la exploración de gas y petróleo, tanto en
nuestra plataforma como en tierra firme, por
lo que deberemos generar las condiciones
para una eventual explotación del recurso:
diseño institucional, definiciones ambienta-
les, definición de un mecanismo para que las
futuras generaciones también puedan bene-
ficiarse de los ingresos obtenidos durante los
años de explotación, etc.
41
2. Transporte y logística
Se promoverán acciones para consolidar a
Uruguay como Centro de Distribución Re-
gional y Hub Logístico de calidad (costo–
tiempo).
Con este fin se continuará promoviendo más y
mejores inversiones en el país, tanto públicas
como privadas, y asociaciones público-priva-
das, mejorando el control efectivo a estas, a
través del desarrollo de normativas claras que
permitan una mayor transparencia.
Los objetivos estratégicos estarán dirigidos
a establecer la complementariedad entre los
diversos modos de transporte, y generar un
efectivo sistema Intermodal que vincule las
carreteras, los pasos fronterizos, vías férreas
y fluviales, puertos y aeropuertos, e impulse
puertos secos, terminales multimodales y pla-
taformas logísticas. Para ello se priorizarán:
• Carreteras y caminos: Se realizará la
rehabilitación necesaria y el mantenimiento de
la red vial nacional y departamental, buscando
duplicar el actual nivel de inversión, principal-
mente en los corredores de producción.
• Desde ANP y DNH, se continuará for-
taleciendo el Sistema Nacional de Puertos
(S.N.P.) que trabaje de continuo en la mejora,
promoción y desarrollo de los puertos comer-
ciales, deportivos, turísticos y pesqueros, tan-
to estatales o en régimen de concesión.
• Puerto de Montevideo y Puntas Sa-
yago. Deben acelerarse las obras de infraes-
tructura necesarias. Se continuará con el dra-
gado para superar los 12 metros de profun-
didad, pensando siempre en alcanzar, en su
momento, los 14 metros. Se buscará mejorar
la productividad de los muelles. Se concre-
tarán nuevos accesos, tanto carreteros como
ferroviarios.
• Puerto de Nueva Palmira. Se impul-
sarán nuevos muelles y áreas de depósito. Se
concretarán propuestas de nuevas terminales.
Se tenderá a disminuir los tiempos de espera.
Se avanzará en nuevos accesos.
• Se promoverá el transporte flu-
vio-marítimo, profundizando el dragado del
canal Martín García, así como el dragado del
Río Uruguay hasta Paysandú y Salto, priori-
zando el canal hasta Fray Bentos.
• Se continuará con el desarrollo de
un Puerto de Aguas Profundas (PAP), como
plataforma logística tal como se ha progra-
mado, avanzando en etapas, sin que esto se
contraponga con lo mencionado para las de-
más terminales. Se pondrá particular atención
a los efectos medioambientales del empren-
dimiento y al modo de aminorarlos. Al mismo
tiempo deben definirse y concretarse los ac-
cesos terrestres.
• Transporte ferroviario: Se desarrolla-
rá fuertemente el transporte ferroviario, dan-
do un fuerte impulso en el área de carga. El
Estado asumirá el rol principal en la recupe-
ración de su infraestructura, como condición
para dinamizar el modo.
• Transporte carretero de cargas: Se
continuará avanzando en la profesionaliza-
ción del sector, a partir de un rol más activo
del Estado. Se planificará e implementará el
desarrollo de un Sistema Integral de Trans-
porte, como herramienta para la integración
de nuestro país con la región.
• Transporte de pasajeros: Se seguirá
priorizando el interés de los usuarios, tanto
con relación al costo como a la calidad de los
servicios.
• Se pondrá en funciones el Consorcio
de Transporte Metropolitano (ya aprobado)
para atender mejor los requerimientos de los
usuarios del área con los recursos materiales
disponibles. Se estudiarán nuevas alternativas.
• Se promoverá la regulación en todo
el país de los servicios departamentales e in-
terurbanos.
• Se defenderá el nivel de servicio del
transporte interdepartamental de corta, me-
dia y larga distancia e internacional, exigiendo
reciprocidad a los que llegan desde otros paí-
ses a Uruguay.
VIII. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Tenemos que recurrir a nuestras fuentes de ri-
quezas para vivir y desarrollarnos. Es impres-
cindible para mejorar las condiciones de vida.
Será con avance científico y tecnológico; con
metodología y los mejores estándares; con ri-
gurosidad y conservación del medio ambiente
que debemos preservar para las generaciones
futuras.
Junto a los planes de desarrollo económico
y social, se diseñarán los correspondientes
planes de ordenamiento y gestión ambiental
del territorio, que generen las orientaciones y
medidas concretas para asegurar que los sis-
temas naturales sigan funcionando adecuada-
mente, que se genere un mejoramiento sos-
tenido de la calidad de vida de la población
y se profundicen los procesos de integración
social en el territorio y de redistribución de la
riqueza.
• Se avanzará en la asignación de recur-
sos destinados al fortalecimiento de las capa-
cidades de control, monitoreo y producción
de información ambiental y territorial, junto a
la promoción de la participación ciudadana.
• La gestión de la calidad de las aguas
es un desafío a enfrentar mediante un abor-
daje integral, teniendo en cuenta los aspec-
tos ambientales, sociales y económicos. En
ese mismo sentido es fundamental enfrentar
el reto de la contaminación derivada de todos
los tipos de emisiones y residuos así como el
tratamiento y disposición final de estos.
• Se promoverá la formulación de un
Plan Nacional Ambiental que profundice y
articule el conjunto de aspectos sectoriales
hoy dispersos en su concepción y gestión, de-
finiendo políticas explícitas, así como planes y
programas para su implementación articulada
y consistente.
• Se ponderará la efectiva incorpora-
ción de la dimensión ambiental y territorial en
los planes y programas de educación formal y
no formal.
• Se promoverá la aplicación de tecno-
logías sustentables en los distintos sistemas
productivos del país.
• Continuará la implementación del Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas.
• Se conformará el Sistema Nacional de
Gestión Integral de Residuos.
• Se consolidará el actual proceso de
formulación, implementación y seguimiento de
los instrumentos de ordenamiento territorial.
43
45
Pilar 4:
El Frente Amplio tiene un compromiso activo con la creación de un Estado
democrático, moderno, eficaz y eficiente, que se convierta en una estructura
al servicio del ciudadano, en una palanca del desarrollo productivo y en
un escudo de los débiles, y con la descentralización, entendida como la
transferencia de poder y atribuciones a las autoridades locales, que amplíe
las oportunidades de participación y distribuya la acción pública en todo el
territorio.
En estos dos períodos de gobierno se ha plasmado ese compromiso en
avances concretos.
El Estado ha entrando en un proceso de transformación que comprende la
creación de nuevos organismos respondiendo a nuevas realidades (como
Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano
el MIDES o la ANII), la generación de políticas que enfrentan problemas
pendientes (como las reformas tributaria y de salud), planes y programas que
satisfacen necesidades acuciantes (transferencias monetarias, asignaciones
familiares) y la integración de acciones públicas en el territorio (gabinetes
sectoriales, desconcentración de ministerios).
Avanzamos en la reforma y mejora de la gestión y el sistema de recursos
humanos. Desde 2009 existe un decreto que regula los compromisos de
gestión, y se aprobó, por primera vez en más de setenta años, un nuevo
estatuto del funcionario público, que regula el ingreso a través de un sistema
único y mediante criterios técnicos, establece un período de prueba y
determina el ascenso por concurso.
Se generaron espacios de negociación (como los Consejos de Salarios) y se
ampliaron y crearon espacios para la participación de la población, como lo
demuestra la participación de los trabajadores, empresarios y usuarios en
organismos como el BPS o en sectores como la salud y la educación.
La descentralización avanzó por la ampliación de los niveles de gobierno,
la articulación entre gobierno nacional y gobiernos departamentales con
acuerdos concretos y la ampliación de los recursos centrales volcados a los
territorios.
En un cambio histórico, en 2010 se eligieron por voto popular 89 municipios
que representan la presencia de un tercer nivel de gobierno y una ampliación
de la representatividad democrática en todo el territorio. Los ministerios
desarrollaron estructuras territoriales que abarcan por primera vez todo
el país, dando prioridad a que el Estado llegue a todos los ciudadanos, e
instalaron espacios de participación a nivel local para adecuar las políticas
públicas a las necesidades de cada medio.
47
Desde el gobierno central, se buscaron acuerdos con los gobiernos
departamentales que resolvieran de forma equitativa y con beneficios para la
población problemas históricos, como la creación del SUCIVE, que significó
que por primera vez en mucho tiempo exista una patente única a nivel
nacional, y permitió que 6 de cada 10 vehículos se beneficien con rebajas.
En el último quinquenio presupuestal el gobierno acordó una propuesta
consensuada con el Congreso de Intendentes donde se contempla la
entrega de fondos centrales conforme al cumplimiento de los Compromisos
de Gestión.
Pilar 4: Más descentralización, más ciudadanía y un Estado más cercano
I. Para avanzar en la descentralización:
• Profundizaremos y ampliaremos el
cambio de calidad histórico en la relación Po-
der Ejecutivo-Congreso de Intendentes, de-
sarrollando un nuevo acuerdo quinquenal con
los gobiernos departamentales, mejorando
los indicadores de distribución de los fondos
para mejorar su precisión y equidad.
• Ampliaremos el Fondo de Desarrollo
del Interior (FDI) y se incluirán compromisos
de gestión como contrapartida del uso de los
fondos, mejorando los criterios de evaluación
de los proyectos.
• Definiremos transferencias de recur-
sos económicos desde el gobierno central a
las ciudades capitales que presten servicios
al país en general.
• Consolidaremos la Comisión Secto-
rial de Descentralización, en tanto ámbito
especializado de interacción entre el Poder
Ejecutivo y los gobiernos departamentales,
para definir actuaciones en los territorios.
• Mejoraremos la legislación y regla-
mentación para fortalecer la institucionalidad
de los municipios, aumentando la capacidad
de gestión de las autoridades locales y su
poder de decisión sobre los distintos tipos
de recursos, consolidando la coordinación
vía el Plenario de Municipios.
• Fomentaremos la mayor asignación
de competencias locales a los municipios, y
los recursos presupuestales necesarios para
su ejecución.
• Reglamentaremos el uso de recursos
nacionales destinados a los municipios, ge-
nerando incentivos para que la gestión más
eficaz y eficiente obtenga estímulos concre-
tos en materia de disponibilidad de recursos
adicionales, y fortaleceremos los mecanis-
mos que aseguren la llegada efectiva de los
recursos a los lugares y poblaciones destina-
tarias.
• Los distintos ministerios y entes del
Estado realizarán, en el próximo Presupues-
to Nacional, una apertura presupuestal para
actividades de desarrollo vinculado con los
cometidos de nivel municipal.
• Avanzaremos en modificaciones le-
gales en materia de gobiernos departamen-
tales y municipales.
• Para alentar la regionalización, pro-
fundizaremos la utilización de los mecanis-
mos regionales previstos en la ley 18.093
como instrumentos de desarrollo regional y
de sustitución de aportes provenientes del
presupuesto nacional a las intendencias.
II. Para generar un Estado más cercano:
• Continuaremos avanzando en la mo-
dernización de la administración pública en
instalaciones, equipamiento, infraestructura,
comunicaciones y nuevas tecnologías.
• Crearemos un Sistema de Compras
Públicas que incluya la Administración Cen-
tral, Empresas Públicas y Gobiernos Depar-
tamentales y Municipales, convirtiéndolo en
un instrumento de desarrollo productivo y
social.
• Continuaremos la mejora de los sis-
temas y la gestión del Estado a través de la
concreción del gobierno digital, utilizando
49
plenamente las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.
• Concretaremos la racionalización de
los trámites burocráticos, eliminando rigide-
ces, superposiciones y demoras que perjudi-
can a los usuarios, incorporando el expedien-
te electrónico y trámites y servicios on line.
• Instrumentaremos un sistema de
capacitación y educación permanente adap-
tado a las realidades de los diferentes ser-
vicios, acordando metas cuantitativas para
cada trabajador y fomentando la apertura a
la innovación y a la investigación.
• Promoveremos, en el marco de la ley,
la movilidad horizontal y vertical, comenzan-
do por las empresas públicas a fin de aprove-
char del mejor modo posible las disponibili-
dades de personal.
• Fortaleceremos las funciones de di-
rección y conducción incluyendo en forma
más amplia la fijación de metas por desem-
peño.
• Crearemos Centros Cívicos en todo
el territorio nacional, con énfasis en regiones
más alejadas, para reunir de manera eficiente
los servicios de atención al público de unida-
des de la Administración Central, Entes Au-
tónomos y Servicios Descentralizados.
• A nivel del Poder Judicial, generare-
mos las condiciones para asegurar la efectiva
aplicación de los nuevos códigos aprobados
y en trámite de aprobación; todo ello man-
teniendo el respeto por la independencia de
dicho Poder y las debidas garantías para los
jueces en el ejercicio de su función.
• Dentro del marco constitucional pro-
moveremos la reforma de la Ley Orgánica de
la Judicatura que establezca un sistema claro
y transparente de nombramientos, ascensos y
movilidad de los jueces, brindando garantías
de imparcialidad e independencia.
• Promoveremos la reforma del Minis-
terio Público y Fiscal de forma de garantizar
la carrera profesional de los magistrados fis-
cales, desde su convocatoria y selección, a su
capacitación y especialización por materia,
así como en lo referente al régimen de as-
censos y traslados y al régimen disciplinario.
• Apoyaremos la aprobación del nuevo
Código del Proceso Penal -actualmente en
debate en el Parlamento- y aseguraremos
su aplicación efectiva y eficiente, ya que se
trata de un instrumento imprescindible para
esta reforma. Se incorporará la figura del
querellante al proceso judicial de manera que
el denunciante sea parte del proceso, pueda
ser informado y actuar en la causa.
III. Medios de Comunicación
Los gobiernos del Frente Amplio han realiza-
do cambios inéditos en el campo de la liber-
tad de expresión, el derecho a la información
y la regulación de los medios de comunica-
ción, y lo han hecho en un sentido democra-
tizador a través de la aprobación de diversas
normas.
Las políticas de comunicación aprobadas
desde el Poder Ejecutivo incluyeron diversos
mecanismos y procesos de participación ciu-
dadana y han sido un punto de inflexión en el
país para garantizar la diversidad y la máxima
libertad de expresión. Entre ellas se destacan:
nuevos procedimientos para el otorgamiento
de frecuencias de radio y TV, que ya no se en-
tregan en forma arbitraria sino por concursos
públicos y transparentes, con control ciuda-
dano y audiencias públicas; reconocimiento
legal del sector comunitario con un centenar
de radios regularizadas; reparto equitativo
del espectro para el sector comercial, público
y comunitario; uso no político de la publicidad
oficial a diferencia de anteriores gobiernos;
lenta pero firme actualización tecnológica y
profesional de la radio y la TV estatal.
Todo ello se ha realizado en el marco de un
gobierno ampliamente respetuoso de la li-
bertad de expresión y de prensa, que ubica
a Uruguay en los primeros lugares en los ran-
kings de transparencia y libertad de expresión
de la región.
• Continuaremos protegiendo y pro-
moviendo el pleno ejercicio de la libertad de
expresión e información.
• Garantizaremos la diversidad y el
pluralismo en los medios de comunicación,
promoviendo y equilibrando la existencia de
tres sectores en la comunicación (público,
privado-comercial y social-comunitario), con-
firmando el establecimiento de reservas para
el sector comunitario.
• Fortaleceremos e impulsaremos la
diversificación de los medios de comunica-
ción públicos.
• Promoveremos y fortaleceremos los
medios de comunicación comunitarios.
• Apoyaremos e impulsaremos la pro-
ducción nacional audiovisual.
• Promoveremos la participación ciu-
dadana en la comunicación.
IV. Una concepción artiguista de la De-
fensa Nacional
La Defensa Nacional se debe basar en la con-
cepción y en los valores artiguistas, que nos
llevan a elaborar una nueva doctrina en mate-
ria de Defensa Nacional que destierre, defini-
tivamente, la Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal. Es competencia de la sociedad en su con-
junto la defensa de la soberanía económica,
social, cultural, política y militar de la nación.
Se piensa en la perspectiva de ser víctima de
una agresión y jamás en la condición de agre-
sores o de aliados de agresores.
Nuestras Fuerzas Armadas son el elemento
profesional y permanente del factor militar y
deben tener por tanto la capacidad y la doc-
trina necesarias para integrarse con el pueblo
para una auténtica defensa militar, bajo el en-
cuadre y la conducción que el poder político
democráticamente elegido determine.
Aunque las posibles hipótesis de conflicto son
muchas, las principales se basan en las ame-
nazas extra regionales a nuestros recursos
naturales y estratégicos, sean del Uruguay o
compartidos con otros países de la región.
La integración de las FF.AA. se hará en el
marco de su nueva doctrina, con personal al-
tamente calificado y dignamente remunera-
do. El número y formación de los efectivos,
materiales, equipos y presupuesto asignados
surgirán de las exigencias planteadas por la
nueva Política de Defensa Nacional y su Políti-
ca Militar de la Defensa, siendo los necesarios,
suficientes y acordes al cumplimiento de las
misiones asignadas.
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52
53
Pilar 5:
Un país integrado a la región y el mundo“En este mundo tan globalizado no hay destino en soledad. No hay país que
pueda subsistir sólo. Tenemos la necesidad y la aspiración de integrarnos
más aún, primero con nuestros vecinos y América del Sur y también con
nuestros hermanos de América Central y el Caribe, en la construcción de esa
Patria Grande que soñaron nuestros próceres…”
Tabaré Vázquez, discurso en San Luis, enero de 2014
Los gobiernos del FA han llevado adelante una política exterior en línea con los
objetivos de desarrollo económico, social, político y cultural comprometidos
con la ciudadanía. Las acciones realizadas han permitido que nuestro
país tome parte activa en los esfuerzos de la comunidad internacional en
búsqueda de la paz, de la autodeterminación de los pueblos, en defensa de la
democracia, en contra de la violencia, la guerra y toda forma de dominación
e imperialismo, por un nuevo orden económico más justo y equilibrado.
Uruguay es un país con voz propia, que cumple con sus obligaciones y que
promueve el diálogo como medio de solución de conflictos.
Nuestro país ha contribuido activamente a la consolidación de las instancias
regionales y continentales como el Mercosur, con su importancia estratégica,
UNASUR, como el espacio más ambicioso de concertación política de nuestro
subcontinente y CELAC para incluir a Centroamérica. Durante este período
se ha favorecido un bilateralismo activo que ha fortalecido el mecanismo
de las Comisiones Mixtas y las Reuniones de Alto Nivel, como forma de
consolidar y sistematizar las relaciones bilaterales políticas, comerciales,
culturales y de cooperación, en especial con los países de nuestro continente
Esta conducta y accionar político, sumados a la reconocida estabilidad
económica, política y social y la seguridad jurídica que brinda nuestro país
en crecimiento, han sido una base fundamental para las negociaciones
comerciales -imprescindibles en un mundo sembrado de barreras y
proteccionismo- desarrolladas por el Gobierno Nacional. Esta auténtica
política de Estado ha dado como resultado un notable incremento de nuestro
comercio exterior, la multiplicación de sus destinos, el aumento del volumen
físico, así como en precios. Los siguientes datos son expresivos: en dólares
corrientes, en 2004 las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron
los 4.395 millones, mientras que en 2013, aumentaron a 13.385 millones.
También hemos reducido la dependencia de la región; entre 2000 y 2004
las exportaciones al Mercosur representaron el 35% del total, mientras que
entre 2005 y 2003 representaron el 27%.
Este esfuerzo (que implica especialmente coordinar los recursos económicos
y humanos dispuestos para el comercio exterior) ha sido sostenido desde la
Cancillería y distintos organismos y ámbitos del Poder Ejecutivo: Gabinete
Productivo, los Consejos Sectoriales, la Comisión Interministerial para
Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), el Instituto Uruguay XXI, así como
también desde el sector privado.
55
Se ha avanzado decididamente en la transformación institucional en
los ámbitos de la cooperación internacional a partir de las propuestas
programáticas formuladas por nuestra fuerza política. Es así que la creación
por ley de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)
pauta un punto de inflexión trascendente, entre otros objetivos, a la hora
del establecimiento de un verdadero Sistema Nacional de Cooperación
Internacional, que articule los diversos ámbitos desde donde se ejecutan
acciones en esta materia.
La Dirección General Para Asuntos Consulares y de Vinculación mejoró
la comunicación con la diáspora a través de diferentes medios entre los
que se pueden destacar las redes sociales, una nueva página en internet,
las videoconferencias, etc. La comunicación con quienes residen en el
“Departamento 20” es una de las prioridades de la Dirección de Vinculación
dado que permite recoger insumos para seguir mejorando las políticas
públicas dirigidas a nuestra diáspora y al mismo tiempo logra que las y los
compatriotas se sientan parte de nuestro país.
I. Uruguay y el mundo
• MERCOSUR: Negociación de acuer-
dos comerciales en el ámbito del MERCOSUR
con otros bloques y países, contemplando
formatos alternativos. Negociación de la ex-
tensión del Régimen de Admisión Temporaria.
• Promoción: Desarrollo de centros
de promoción de inversiones e inteligencia
comercial en los mercados estratégicos para
nuestro país, y localización de centros de
información en inversiones, comercio exte-
rior e inteligencia comercial en el interior del
país.
• Infraestructura de integración a la re-
gión y al mundo: Continuar con el desarrollo
del modo de transporte multimodal, seguir
consolidando la infraestructura portuaria y
vial. Implementación del Puerto de Aguas
Profundas en Rocha, alineado al desarrollo
de los modos antes mencionados.
• Marca País: Continuar con el fortale-
cimiento de la imagen y marca país.
• Propender a una mayor presencia de
países del Sur en la gestión de los organismos
multilaterales, y la búsqueda de instancias
institucionales que fortalezcan la democracia
en la gestión de los problemas económicos y
sociales que enfrenta la humanidad.
II. Fortalecimiento de capacidades para
el comercio e inversiones
• Se fortalecerá la institucionalidad en
lo referente a la inserción, promoción e inteli-
gencia comercial. Se diseñará un plan estraté-
gico para su ejecución, optimizando la articu-
lación de los recursos materiales y humanos.
• Se confeccionará un Mapa de Merca-
dos para clasificar los mercados meta según
su conocimiento, prospección, desarrollo,
consolidación y monitoreo.
• Se profundizará la implementación
de la Plataforma de Inteligencia Comercial, y
se continuará con la implantación del Siste-
ma Integrado de Comercio Exterior (SICEX)
y la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE)
• Se apoyará la instrumentación de
proyectos de internalización de Mipymes y
formas de economía social a través de finan-
ciamiento, estrategia de marketing interna-
cional, promoción e inteligencia comercial.
• Se apoyará la internacionalización de
empresas lideradas por mujeres y jóvenes,
fomentando la cultura exportadora.
• Se priorizará la atracción de inversio-
nes que aumenten la oferta exportable, que
propendan a potenciar el desarrollo local en
el interior del país y que demuestren sosteni-
bilidad del medio ambiente.
• Se fomentarán las exportaciones
de servicios a través de los ajustes que sean
necesarios en la normativa y se focalizará en
servicios globales de exportación, (Tics, logís-
tica, administración y negocios, audiovisual).
III. Uruguay y la región
• Uruguay deberá participar activa-
mente en la UNASUR y contribuir a su conso-
lidación institucional y al diseño de un nuevo
modelo de relacionamiento regional e inter-
nacional.
• En el marco de la UNASUR se debe
tener una política proactiva de cooperación
con las conversaciones y los esfuerzos de
paz en la región.
Pilar 5: Un país integrado a la región y el mundo
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• Se propondrá adecuar la estructura
institucional del MERCOSUR a la nueva reali-
dad.
• Se procurará relanzar la institucio-
nalidad del MERCOSUR y restituir el respeto
a la normativa, mejorando el mecanismo de
solución de controversias que implica: 1) un
sometimiento a la normativa exclusivamente;
2) un tribunal de alzada para la correcta in-
terpretación de la normativa y su aplicación;
3) un sistema de penalización efectiva para
el cumplimiento de sus laudos o sentencias.
• Se seguirán impulsando las negocia-
ciones que vinculen al MERCOSUR cada vez
más con el mundo, para permitir a nuestro
país las mejores posibilidades de acceso a
los mercados que la búsqueda de su desa-
rrollo con equidad requiere.
• Se impulsará el avance en temas ta-
les como el de las asimetrías existentes, que
incluya el reforzamiento de los mecanismos
de financiación, re-direccionando parte del
financiamiento del FOCEM hacia prioridades
sociales y productivas.
• Es necesario concretar a corto plazo
el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR,
permitiendo la libre circulación de trabaja-
dores y la igualdad en el reconocimiento al
derecho y el acceso a la salud y la educación,
entre otros derechos básicos.
• Debe profundizarse el mecanismo
de las Comisiones Mixtas y las Reuniones de
Alto Nivel como forma de consolidar y sis-
tematizar las relaciones bilaterales políticas,
comerciales, culturales y de cooperación.
IV. Compatriotas en el exterior
• Se presentará una Ley de Sufragio en
el Exterior, propendiendo a la reglamentación
del artículo 77 de la Constitución de la Repú-
blica, y se avanzará en la solución de la agili-
zación de los trámites de identificación de los
uruguayos que residen en otros países.
• Se continuarán realizando Consula-
dos Móviles con el fin de seguir acercando el
Estado a nuestros compatriotas.
• Se adecuarán los servicios y progra-
mas que brindan las instituciones públicas
a los uruguayos que se encuentran en el
exterior o a aquellos que desean retornar, al
tiempo de exigir el mayor compromiso de los
jerarcas designados en dichos ámbitos.
• Se facilitará el acceso al mercado de
empleo a los compatriotas que retornan a
través de la Unidad de Coordinación de Mi-
grantes y Retornados.
V. Mejoras institucionales
• Se priorizará la gestión por resulta-
dos, incluyendo un renovado sistema de in-
formación sobre el gasto del MRREE para
asignar personal presupuestado en las misio-
nes, así como sobre las actividades que estas
desarrollan.
• Se analizará una revisión integral del
cuerpo normativo que rige las asignaciones
de gastos y beneficios de las representacio-
nes, y se actualizará el reglamento de califi-
caciones del personal no diplomático.
• Se implantará un sistema de gestión
documental electrónico que abarque la to-
talidad de las vías (expediente, nota, memo,
circular, resolución ministerial, etc.) y la tota-
lidad de las misiones.
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