Los roles del estado en la economa

Fred Block1

El rol del estado en la economa ha sido, por si-glos, un tema central en la teora social y poltica. Tanto en el enfrentamiento entre los regimenes liberales y absolutistas como en el conflicto entre socialismo y capitalismo, el interrogante acerca del rol apropiado del estado en la economa ha sido central. Consecuentemente, la enseanza sobre el tema ha estado fuertemente influenciada por estas disputas normativas. Al mismo tiempo, la literatura sobre el tpico es enorme, precisamente por la ex-traordinaria diversidad de las actividades econmi-cas asumidas por el estado. Es difcil, en los he-chos, pensar en cierto tipo de actividad econmica que en algn lugar o en algn momento no haya estado sujeta a regulaciones directas por parte de las autoridades gubernamentales. La combinacin de tal compleja y debatida historia y la amplia va-riedad de asuntos que deben ser cubiertos hace de esto un tema inapropiado para un capitulo de ex-tensin limitada. Sin embargo, pueden argumentarse dos considera-ciones para hacerlo aceptable. Primero, el captulo se limitar a cubrir la experiencia del estado mo-derno la forma que emerge en la temprana Eu-ropa moderna y que subsecuentemente se hace universal a travs del desarrollo de un sistema in-ternacional competitivo de estados que cubre todo el globo. (Ver las discusiones sobre Estado mo-derno y premoderno en : Giddens,1987; los ensa-yos de Hintze en Gilbert, 1975, pp 159-215; Mann 1986; Poggi 1978; Tilly, 1990;los anlisis sobre ex-pansin global del sistema de estados europeos en Wallesrtein, 1974,1980 y 1989. Vase tambin Hirschman, 1977). Segundo, trabajos recientes en sociologa econmica y disciplinas afines hacen posible conceptulizar el tema del rol del estado en la economa por un camino diferente. Este trabajo llama a cuestionar los caminos utilizados para de-finir el rol del estado en la economa que hemos he-redado de los cientficos sociales del siglo XIX. Por lo tanto, es posible tener un panorama del tema mediante el anlisis comparativo entre un viejo y un nuevo paradigma . La primera seccin del captulo dibujar un mapa de las diferentes posiciones teri-cas del viejo paradigma. All se sugieren algunas de las razones acerca de por que este ordenamiento terico es insatisfactorio. En la segunda seccin se elabora el nuevo paradigma y se sugieren algunas de las lneas de investigacin que as se abren.

EL VIEJO PARADIGMA El viejo paradigma est estructurado alrededor de dos supuestos bsicos. El primero establece que el estado y la economa son dos entidades analtica-mente separables, cada una de las cuales opera de acuerdo a sus propios principios axiales (sobre este concepto de principios axiales ver Bell 1983, pp 3-30). Este supuesto hace posible conceptualizar di-ferentes niveles de interferencia del estado en el funcionamiento de la economa. El segundo su-puesto indica que cada uno puede simplemente ubicar a una sociedad existente o imaginaria en un continuo. En un extremo de este continuo est el minimalista estado guardin, que vigila durante la noche del liberalismo clsico; en el otro extremo existe una sociedad en la que el estado absorbe las actividades econmicas bsicas de la produccin y la distribucin, eliminado la posibilidad de transac-ciones de mercado.( Fig. 1)

Nivel de autorregulacin del mercado BAJO ALTO Estado Estado Estado de Estado de Estado de Socialista Desarrollista derechos estabilizacin bienes Sociales macroeconmica pblicos ALTO BAJO

Control estatal de la economa Figura 1. Viejo Paradigma para el estudio del Rol del Estado en la Economa Los debates normativos dentro del viejo paradigma se centran sobre cual es el lugar ideal en este con-tinuo. Evidentemente asumen al continuo como un paralelo exacto de un continuo poltico de izquier-da-derecha. Cuando uno se mueve hacia la dere-cha se supone que esta a favor de un pequeo rol del estado , un movimiento hacia la izquierda supo-ne un rol fuerte del estado1. Pero, actualmente es mas til analizar las diferentes posiciones dentro del viejo paradigma con el tipo de argumentos que utilizan para justificar la intervencin del estado en la economa. Si bien los argumentos en la prctica se superponen, es posible identificar cinco tipos ideales de argumentos. Dichos tipos ideales pue-den ser plausiblemente ordenados desde el mas derechista hasta el ms izquierdista. Tipo 1: El estado de bienes pblicos La ms derechista de las justificaciones para la in-tervencin del estado en la economa es la idea de que el estado slo debe proveer bienes pblicos, aquellos que el mercado no puede proveer. Los bienes pblicos puede definirse como mercancas o servicios que siendo ofrecidos para una persona pueden ser aprovechados por otras sin costos adi-cionales (Pearce 1986,p.347) . Esta caracterstica

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crea dificultades para la produccin de dichos bie-nes para ser ofrecidos en el mercado, de manera

que el empresario que provea estos bienes est t-picamente imposibilitado de obtener un pago por parte de la mayora de los usuarios . Adan Smith, hace mucho tiempo, argument que los tres temas significativos para la soberana eran: la defensa nacional, la previsin de justicia y la creacin y mantenimiento de aquellas instituciones y trabajos pblicos que son altamente ventajosos para una gran sociedad, siendo, sin embargo, de tal natura-leza que el beneficio nunca podra cubrir el gasto de un individuo o un pequeo nmero de indivi-duos (1776) (1976, 2:244). La primera categora importante de bienes pblicos son aquellos bienes y servicios que no pueden ser rentablemente producidos por empresas privadas que acten por si mismas. Un ejemplo obvio son los parques pblicos, donde el objetivo de obtener ganancias es imposible debido a la dificultad para poder cobrar un derecho por su utilizacin. Otros casos estn referidos a bienes mixtos constituidos por una combinacin o mezcla de bienes pblicos puros y bienes privadas puros. En estos casos, los beneficios de una mayor provisin de estos bienes son mayores de lo que razonablemente puede ser cobrado a los usuarios. El peaje en rutas y canales son los ejemplos clsicos: en teora estos pueden ser construidos por empresas privadas que cobra-ran un peaje.. Sin embargo en principio el peaje debera exceder el costo de las formas de transpor-te existentes, de manera que la rentabilidad del emprendimiento estara amenazada por la falta de voluntad de los usuarios a un sistema de transporte de un costo mayor. Sin embargo la mayor eficiencia de las nuevas vas de transporte puede proveer beneficios considerables, en el rea geogrfica, a muchas personas que no son sus usuarios. Por lo tanto, el financiamiento pblico ser necesario para asegurar que los beneficios puedan ser realizados. El caso de la investigacin cientfica bsica es muy similar. Una segunda categora importante de bienes pbli-cos son las acciones gubernamentales para reducir las externalidades negativas que resultan de la ac-tividad econmica privada. Estas externalidades que incluyen contaminacin, condiciones de trabajo inseguras, productos adulterados pueden ser de-nominadas males pblicos ( Roemer,1992). Un caso clsico se encuentra en la discusin desarro-llada por Marx en El Capital, referida a la extensin de la jornada de trabajo.(/1867/ 1930, Cp.13) La competencia entre empresas ofrece - a cada una de ellas - un incentivo para extender la jornada de trabajo, pero ello crea un mal pblico: la destruc-cin de la salud de la clase obrera. Se pueden es-tablecer argumentos similares para otras males p-blicos, tales como los productos adulterados, la contaminacin ambiental y el control de ciertos mercados por oligopolios o monopolios.

Finalmente, otra categora esta integrada por aque-llos bienes pblicos, o bienes mixtos, en los cuales el consumo individual crea externalidades positivas importantes, aun que- debido a la distribucin del ingreso existente - el consumo privado de dichos bienes es empujado por debajo de niveles ptimos. Este ha sido frecuentemente el argumento a favor de la educacin pblica; una fuerza de trabajo edu-cada crea beneficios econmicos positivos pero si slo el mercado provee educacin , muchas per-sonas no estarn en condiciones de pagarla. (este argumento fue tambin sugerido por Adam Smith ( /1776/ 1976 2:305). Se puede argumentar de la misma manera respecto del cuidado de la salud; vivienda, alimentacin; las externalidades positivas que emergen de una poblacin sana, bien alimen-tada y con viviendas adecuadas hacen ineficiente el hecho de dejar estos servicios totalmente en ma-nos del mercado.. Existen, por supuesto, mltiples formas para produ-cir los diferentes tipos de bienes pblicos o mixtos. La produccin a cargo del gobierno es una alterna-tiva, subsidiar a productores privados es otra, la asociacin entre agentes pblicos y privados es otra opcin2. Pero, cualquiera que sea la forma es-cogida, la consecuencia ser extender el rol del es-tado hasta el nivel mnimo que permita mantener el orden pblico. En la literatura sociolgica este tema ha sido incorporado mas explcitamente en trabajos que exploran el desarrollo histrico de las funciones del estado, por lo que la capacidad del estado para abastecer varios bienes pblicos ha variado signifi-cativamente en el tiempo. (Huntington, 1968; Skocpol,1979;Skoweonck,1982; Tilly 1975). La concepcin del estado proveedor de bienes p-blicos no sugiere una respuesta determinante acerca de donde debe posicionarse el rol del esta-do en la economa en el continuo existente entre el estado guardin (nocturno) y el completo control de la economa.3 Por ejemplo, teniendo en cuenta que las externalidades ambientales crecen es evidente que los bienes privados puros son la excepcin mas que la regla. La compra por parte de un con-sumidor de un automvil, un refrigerador; o incluso un alimento sofisticadamente elaborado incluyen externalidades en trminos de la seguridad de otras personas, consumo de energa, y la produccin de desperdicios.(Daly y Cobb 1989). La retrica de los bienes pblicos y externalidades puede ser fcil-mente utilizada para justificar un rgimen altamente extendido de regulacin gubernamental. Sin em-bargo, muchos de aquellos que estn atados al lenguaje de los bienes pblicos se agarran firme-mente a la idea de que habiendo competencia entre unidades privadas se consigue el optimo, y la pro-visin pblica debera mantenerse en un mnimo.

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Tipo 2: El estado estabilizador macroeconmico.

Una segunda concepcin generalizada del estado centra su rol en mitigar el impacto de los ciclos co-merciales. Dado que las economas de mercado estn caracterizadas por la alternancia de perodos de auge y depresiones, existe un fuerte conjunto de argumentos para que el gobierno intente nivelar o atenuar el ciclo. Esto significa por una parte conte-ner a la economa en tiempos de auge y prevenir cadas en un espiral fuera de control. Mientras este rol del gobierno puede ser descrito como la produc-cin de un bien pblico - la mayor estabilidad y pre-dictibilidad en la economa - la estabilidad macro-econmica es generalmente analizada con diferen-tes sentidos. En los hechos, en los Estados Unidos los conservadores se oponen firmemente a un am-plio rol del gobierno en la estabilizacin de la eco-noma. Ellos argumentan que lo que el gobierno debe proveer para un crecimiento estable es la oferta monetaria, esto es ms efectivo que inter-venciones ms amplias. En sntesis, los monetaris-tas se han opuesto a la estabilizacin macroeco-nmica argumentando que todo lo que el gobierno debe hacer es proveer el bien pblico de una mo-neda estable (Friedman and Schwartz,1963). Si bien la concepcin de la estabilizacin macro-econmica es generalmente asociada con el as-censo de la economa Keynesiana, ella surgi an-tes de Keynes. En el siglo XIX, las crisis peridicas del sistema financiero intensificaron los ciclos eco-nmicos e impulsaron a una variedad de esfuerzos para intentar estabilizar la economa. Los gobier-nos, bajo presiones populares, trataron de encon-trar formas para apoyar la firme disponibilidad del crdito, establecindose, como ltimo recurso, co-mo entidad prestamista, regulando el sector banca-rio y desalentando las salidas de oro. ( Polanyi (1944) 1957,pp. 195-200). En los Estados Unidos la tasa de cambio del dlar fue un tema principal en el ltimo tercio del siglo, cuando particularmente los granjeros lucharon contra las consecuencias eco-nmicas de un dlar fuerte y escaso acceso al cr-dito. En los hechos, la legislacin estableciendo el Banco de la Reserva Federal en 1913 tiene su ori-gen en el Plan propuesto por los Populistas (San-ders,1990). Mucho antes del momento en que pu-blic su Teora General (1936) Keynes haba argu-mentado (1925) contra la decisin de fijar el valor de la Libra Esterlina inglesa al nivel de la preguerra (primera guerra mundial) Sostena que la tasa de cambio slo poda ser defendida mediante polticas nacionales deflacionarias, que debilitaran la eco-noma Britnica y crearan mayor desempleo. En una palabra, la idea acerca de que las polticas monetarias y crediticias del gobierno pueden redu-cir el impacto de los ciclos de negocios fueron bien elaboradas antes de que Keynes estableciera las bases tericas de un rol activo del gobierno para sostener la demanda agregada.

A pesar de estos antecedentes intelectuales, el es-tado estabilizador es usualmente asociado con la Revolucin Keynesiana la aceptacin generaliza-da, en los 1930 y los 40, de la idea de que el gasto del gobierno puede ser utilizado para contener el impacto del ciclo comercial (Lekachman, 1966; Hall 1989; Shonfeld,1960). Quiz la menos controverti-da idea de Keynes se refiere a la operacin de es-tabilizadores automticos tales como los gastos de seguro de desempleo, que funcionan para sostener el poder de compra del consumo an cuando se contrae el empleo. Mas controversia genera ac-tualmente la idea de que un crecimiento deliberado del dficit gubernamental es un mecanismo para estimular una economa debilitada. Se supone que la reduccin de impuestos incrementa el poder de compra en manos de los consumidores, y que el aumento del gasto gubernamental aumenta la de-manda agregada y fomenta el aumento de la inver-sin privada para revertir una economa en baja. Sin embargo, muchos economistas contempor-neos rechazan ahora la eficacia del gasto deficita-rio. Un argumento es que el incremento del endeu-damiento del gobierno simplemente compensar reducciones futuras en las compras de los consu-midores.(Barro 1990,pp. 213-35). La idea de los intentos del gobierno para estabilizar la economa por la compensacin del impacto del ciclo de negocios puede justificar una amplia varie-dad de acciones gubernamentales desde modifica-ciones en las tasas de cambio exterior (precios de las divisas), ajustes en los cdigos tributarios, ex-pansin de los derechos de los sindicatos4, creci-miento o decrecimiento de los gastos gubernamen-tales en infraestructura y bienes pblicos, expan-sin o contraccin de las transferencias y los pro-gramas sociales, etc. Tambin aqu la concepcin del estado estabilizador no ofrece una conclusin definitiva sobre cuan grande debe ser el rol del es-tado en la economa. Tipo 3: El estado de derechos sociales El tercer tipo ideal argumenta que la expansin del rol del estado en la economa puede ser entendido como una derivacin del significado de ciudadana. Este argumento integra dos de los fenmenos dis-cutidos por los analistas de los bienes pblicos: el rol del estado en la regulacin de las transacciones privadas y el rol del estado en la provisin de cier-tos bienes y servicios a todos los ciudadanos. El argumento de mayor peso en esta lnea ha sido el anlisis de T. H. Marshall (1950) acerca del desarrollo progresivo de la ciudadana en las de-mocracias occidentales. En la formulacin de Marshall la ciudadana surge en el siglo dieciocho, pero estaba limitado a los derechos civiles que pro-vean proteccin a los individuos del ejercicio arbi-trario del poder del estado. En el siglo siguiente , estos derechos civiles fueron utilizados como fun-

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damento para obtener derechos polticos. Esto contribuy, en el siglo veinte, al desarrollo de los

derechos sociales por los que los ciudadanos con-quistaron la proteccin sobre el resultado del libre juego de las fuerzas del mercado, incrementndose las regulaciones estatales de la economa y la pro-visin pblica para atender la enfermedad, los da-os y la vejez. En el esquema de Marshall, el desarrollo de los de-rechos sociales forz al estado a jugar un rol ms activo para cubrir las consecuencias distributivas del funcionamiento del mercado. La accin del es-tado sirvi parcialmente para desmercantilizar el trabajo.(Esping-Andersen,1987/90;Offe,1984, 1985) proveyendo a los trabajadores otras fuentes de in-gresos diferentes de las que provea el mercado. Si bien el marco de Marshall ilumina el desarrollo general del moderno estado de bienestar, sirve po-co para explicar las dramticas variaciones de los derechos sociales en las sociedades de mercado5. Por que algunas sociedades han reconocido des-de tiempo atrs el derecho universal para acceder a la atencin de la salud y otras, como los Estados Unidos, han demorado en hacerlo ? Tampoco est muy claro donde estn los lmites de los derechos sociales .Ha sido muy debatido, por ejemplo, si los ciudadanos deben tener derecho al em-pleo.(Weir,1992). Como se respondan estas pre-guntas tendr un importante impacto en la visin de cuan intensivo puede ser el rol del estado en la economa. En sntesis, tal como en los otros con-ceptos, el concepto de derechos sociales tampoco nos determina una respuesta acerca de donde se debe ubicar el rol del estado en el continuo. Tipo 4: El estado desarrollista Esta es, en cierto sentido, la ms antigua y a la vez la ms reciente de las diversas maneras de con-ceptualizar el rol del estado en la economa. Es el mas antiguo en las economas modernas, surgien-do como una critica a los estados mercantilistas que jugaban un rol activo en el desarrollo de la ri-queza de sus naciones. Mucho del poder de Adam Smith para abogar por el mercado libre descansa en su clamor acerca del que los estados mercanti-listas estaban comprometidos con acciones auto-destructivas, sus esfuerzos para contribuir al creci-miento econmico finalmente llevaran a producir resultados perversos. Pero, a pesar de la gran in-fluencia intelectual de Smith, sus argumentos fue-ron directamente desafiados por tericos econmi-cos de otros pases, quienes insistieron en la idea de que la nica va para que sus naciones pudie-ran alcanzar a Inglaterra sera a travs de un esta-do que desarrolle polticas activas para el creci-miento industrial. Desde Alexander Hamilton hasta Friederich List, los tericos del estado desarrollista argumentaron por un rol activo del estado mediante la creacin de tarifas, construccin de infraestructu-

ra, y proveyendo financiamiento a las empresas privadas (Para una revisin del debate en el siglo XIX sobre poltica comercial ver Hudson, 1992). Durante el siglo veinte ha habido dos corrientes principales sobre la idea del estado desarrollista. La primera ha sido el esfuerzo por tener en cuenta la experiencia de pases que han sido exitosos para ser desarrollados tardos (late developers). El trabajo seminal es Economic backwardness in his-torical perspective (1962)( El atraso econmico en perspectiva histrica) de Alexander Gerschenkron , en el cual el autor muestra que la exitosa industria-lizacin tarda de Europa esta vinculada con un es-tado activo, que reemplaz roles que fueron ocupa-dos por empresarios privados en el caso ingls (vase tambin Sylla and Toniolo,1991). No hace mucho, un creciente cuerpo de investigadores ha insistido sobre el hecho de que el xito de Japn en el perodo de posguerra (segunda guerra mundial), as como los de Corea del Sur, Taiwan y Hong Kong ms recientemente, pueden estar vinculados con las actividades de un estado desarrollista que ha apoyado exitosamente la creacin de nuevas industrias y ha mejorado el flujo financiero para mantener altos niveles de inversin productiva. (Jonson,1982; Wade 1990). Este cuerpo de literatura ha comenzado a conver-ger con una segunda corriente de trabajos que en-fatizan que el nivel de inversin privada en las eco-nomas de mercado puede ser crnicamente insufi-ciente, de manera que la intervencin estatal es permanentemente necesaria para asegurar un nivel de inversin adecuada. Este fue uno de los temas ms radicales que Keynes elabor en su Teora general cuando sugiri que la funcin de inversor podra ser realizada, en ltima instancia, por el es-tado. Keynes tema que los empresarios no quisie-ran asumir inversiones a la escala necesaria para mantener el crecimiento de la economa, cuando se enfrentaban al riesgo y la incertidumbre. Slo socia-lizando la funcin de inversin se puede asegurar el pleno empleo de los recursos econmicos. Este argumento es analticamente diferente de la concepcin del estado-estabilizador que tambin es presentada por Keynes. Mientras el argumento de la estabilizacin sugiere la necesidad de inter-venciones peridicas del estado para sobrellevar los ciclos, el argumento de la socializacin de la in-versin sugiere la necesidad de una permanente expansin del rol econmico del estado. La versin de Keynes acerca del estado desarrollis-ta esta directamente vinculada con las propuestas que emergieron en Europa del Norte para socializar la funcin de inversor. La lgica de un fondo de los asalariados propuesta por los Socialdemcratas Suecos implicaba que una parte de las ganancias deberan ser acumuladas en un Fondo especial pa-ra ser utilizadas para que la sociedad pueda apro-

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piarse gradualmente del stock privado de capital. (Poutusson,1992). La propuesta consideraba que

la disposicin a invertir de las empresas sera cre-ciente, debido a que los fondos seran ms sensi-bles a las externalidades positivas producidas por altas tasas de nuevas inversiones. Propuestas para moverse en esa direccin fueron desechadas en Suecia en 1980, sin embargo la concepcin Keynesiana del estado desarrollista re-surgi de otra manera: la defensa de elevados nive-les de gasto estatal en infraestructura como un me-dio para alentar la inversin privada y para incenti-var el niveles global de inversin. Para ser francos, la provisin de infraestructura por parte del estado puede ser vista como un retorno a la concepcin de los bienes pblicos. Sin embargo, la escala de las prcticas actuales en pases como Alemania, Fran-cia y Japn esta lejos de la concepcin del estado productor de bienes pblicos. Gastos masivos del estado en transportes, comunicaciones, abasteci-miento de energa e investigacin y desarrollo son diseados para facilitar la inversin privada, acele-rar los avances tecnolgicos y mejorar la competiti-vidad internacional.6 A fines de los 1980 esta ver-sin infraestructural del estado desarrollista haba ganado gran popularidad incluso en los Estados Unidos (Reich 1991;Thurow 1992,pp.160-61). Tipo 5: El estado socialista El argumento central del quinto tipo ideal se refiere a que el rol del estado en la economa debe am-pliarse a fin de eliminar las injusticias producidas por la asignacin de los recursos en el mercado. En la tradicin marxista, el mercado y la propiedad privada son considerados como los productores de inequidades y alineacin que slo pueden ser eli-minados mediante la abolicin de la propiedad pri-vada.7 Sin embargo Marx y Engels imaginaron que cuando la propiedad privada de los medios de pro-duccin fuera abolida sera posible que los miem-bros de la sociedad organizar y controlar las activi-dades econmicas sin el desarrollo de un poderoso aparato estatal. En la prctica, sin embargo, los re-gmenes marxistas construyeron estados muy fuer-tes cuya participacin en las actividades econmi-cas podran representar el ejemplo extremo del es-tado desarrollista (Skocpol 1979). El fracaso eco-nmico del modelo sovitico en los 70 y los 80 no necesariamente debe oscurecer la realidad hist-rica que signific el desarrollo econmico bajo el rgimen sovitico en un nmero de pases. Existe una tensin fundamental en el marco del es-tado socialista acerca de como es que el mercado produce injusticias inaceptables. Una corriente en-fatiza que el mercado arrastra a una desigual divi-sin de la sociedad entre pobres y ricos que hace inalcanzable la justicia para los pobres. Otra co-rriente enfatiza que las transacciones en el merca-do son inherentemente deshumanizantes, someten

a la actividad humana al clculo instrumental for-zando a los humanos a abandonar o poner en jue-go sus principales creencias y necesidades.(Vase tambin Simmel 1907- (1978). Las diferencias en-tre dichas corrientes reflejan el nfasis principal del concepto de explotacin en el marxismo cientfico y el nfasis principal de la alineacin en el marxismo crtico (Gouldner 1980). Pero ambas corrientes pro-veen argumentos que fueron histricamente utiliza-dos para justificar la accin del estado para abolir o limitar el alcance de las transacciones de mercado.8 Evaluacin del viejo paradigma Lo que es ms llamativo, en todo el rango de visio-nes del viejo paradigma, es su extremada indeter-minacin. Por ejemplo, uno puede fcilmente ima-ginarse argumentando a favor de cierta iniciativa de poltica pblica digamos una propuesta de refor-ma laboral con argumentos basados en cualquie-ra de las diferentes posiciones, por que es posible justificar un enorme rango de diferentes preferen-cias segn como se considere de extensivo el rol del estado en la economa. El problema es que las diferentes posiciones exis-tentes al interior del viejo paradigma ofrecen muy poca respuesta analtica al nivel que hoy se le pue-de reclamar. Como argumentar mas adelante , es-to se debe a que dichas posiciones estn basadas en premisas equivocadas respecto de la materia a que se refieren. Ms an, la aparente coherencia de tales posiciones surgen de un conjunto de pre-juicios que slo ocasionalmente obedecen a argu-mentos serios. El primer conjunto de prejuicios se refiere a la ac-cin del estado. El estado es mostrado como par-sito y despilfarrador: se lo ve como poseedor de una tendencia a sacar mas recursos a la sociedad de lo que su actividad puede justificar; a la vez se considera que es incapaz de utilizar los recursos eficientemente. Cuando producen bienes pblicos se asume que los empleados del estado son menos productivos que los empleados privados y que su influencia poltica ser utilizada para distorsionar las prioridades estatales (Buchanan y Wagner 1977; Hayek 1914; Stigler 1975) . El segundo con-junto de prejuicios, en la visin del estado socialis-ta, son aquellos que afirman que es inherente al mercado la produccin de inequidades y deshuma-nizacin. Es justo describir estas creencias como prejuicios, debido a que se los presenta generalmente sin re-servas, sin identificacin del conjunto especfico de circunstancias bajo las cuales estos resultados ne-gativos pudieran ocurrir. Sin embargo, lo importante es que muchas de las aparentes coherencias de las cinco posiciones de-vienen de prejuicios especficos de sus proponen-

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tes. Por ejemplo, a los tericos de los bienes p-blicos gustan mostrar un enorme prejuicio respec-

to a la accin del estado y un mnimo prejuicio res-pecto a los resultados de los mercados. Por lo tan-to, ellos tendern a resistir a toda expansin del rol del estado. En contrate, cuando uno se mueve ha-cia la izquierda en el continuo, la oposicin al esta-do tiende a disminuir mientras que la oposicin a los mercados tiende a crecer. Lo que es sorprendente es ver que muy pocas in-vestigaciones actuales tratan de confirmar la com-probacin de dichos prejuicios. Obviamente es enorme la variacin, en tiempo y lugar, de la inefi-ciencia y el parasitismo del estado, pero relativa-mente son muy pocos los trabajos que se han he-cho para comprender tales variaciones ( las ex-cepciones incluyen Levi,1988; Lindblon 1977 y North 1990). Similarmente, se han hecho pocos es-fuerzos para evaluar el rol del mercado como pro-ductor de inequidad y deshumanizacin.(ver Lane 1991 como reciente excepcin). El hecho de que esto aparezca ahora como omisiones de las agen-das de investigacin del viejo paradigma es un cla-ro indicador de que el viejo paradigma est exhaus-to. EL NUEVO PARADIGMA El nuevo paradigma comienza rechazando la idea de la intervencin del estado en la economa. En cambio, se empea en demostrar que la accin del estado siempre juega un rol importante en la for-macin de las economas, de manera que no es conveniente considerarlo fuera de la actividad eco-nmica. En lugar de poner el foco en la variacin cuantitativa del grado de intervencin estatal, como lo hace el viejo paradigma, el nuevo paradigma se concentra en las diferencias cualitativas de la acti-vidad estatal. El nfasis del nuevo paradigma es puesto sobre importantes aspectos comunes entre los estados, que son ampliamente oscurecidos por el viejo paradigma. Muchos estados postulan o proponen normas que regulan el uso de activos productivos; establecen reglas para las relaciones entre empleadores y empleados; proveen medios de pago para las transacciones econmicas; y ad-ministran los lmites de las relaciones entre su terri-torio y el resto el mundo. Las diferencias existentes en las formas de que estas propuestas son llevadas a cabo tienen importantes consecuencias, que proveen mas relevancia analtica que los conceptos del viejo paradigma. Mientras el viejo paradigma fue estructurado por dos conjuntos de prejuicios desconfianza en el estado o desconfianza en el mercado- el enfoque del nuevo paradigma es muy diferente. Este reco-noce que la actividad econmica siempre contendr alguna combinacin entre mercados y accin del

estado. La accin del estado es inevitable por que los estados son necesarios para constituir las eco-nomas. Pero, los mercados son tambin rasgos inevitables de las organizaciones sociales por que, cuando los individuos deben tomar decisiones, los mercados representan un mecanismo lgico y exi-toso de la suma de tales decisiones. Sin embargo, los mercados pueden ser estructurados de diferen-tes maneras. Las variaciones significativas en las reglas producirn resultados muy diferentes. El te-ma es que todo depender de la forma especfica en que se articulen la accin del estado y los mer-cados. De ah que los prejuicios se transforman en enigmas empricos- Que combinacin de estado y mercado resultan en estados depredadores ? Que combinacin produce inequidades profundas ? El nuevo paradigma ha surgido durante la ltima dcada (1980/90) y an no ha hay acuerdo sobre su denominacin. El trmino que usaremos aqu ser reconstruccin de mercados debido a que el nuevo paradigma enfatiza el grado de eleccin po-sible en la reconstruccin de los mercados y la po-sibilidad de reconstituir mercados para lograr mayor eficiencia, mayor equidad u otros objetivos.( las contribuciones al nuevo paradigma incluyen a Bar-ber 1977; Block 1990,1992; Etzioni 1988; Granovet-ter 1985; D.Kennedy 1985,1991; Klare 1988,1991; Kuttner 1984,1991; Piore y Sabel 1984; Roemer 1991,1992; Sabel y Zeitlin 1985; Simon 1990,1991; Somers 1986; Szelenyi y Manchin 1987; Szlenyi 1991; Unger 1987; Zelizer 1988).Como un impor-tante movimiento intelectual, la perspectiva de re-construccin de mercados est asentada sobre un nmero importante de antecedentes histricos. Es fundamental a ello la crtica a la economa poltica de Marx. Aun cuando gran parte de la tradicin marxista pertenece inequvocamente al viejo para-digma, existe una corriente del pensamiento mar-xista que se coloc fuera de el. Es la tendencia que refut la universalidad de las leyes econmicas que haba elaborado la economa poltica clsica. Al cuestionar esta afirmacin, por parcial y distor-sionada, Marx puso en evidencia el poder de las ideologas para lograr hacer que ciertos hechos econmicos parezcan naturales e inevitables. Esta misma crtica a las ideologas econmicas est presente en la perspectiva de reconstruccin de mercados. En el siglo XX, hay a lo menos tres im-portantes corrientes intelectuales que han hecho avances importantes en la crtica del viejo paradig-ma La primera es la tradicin de la economa insti-tucional (Ver Commons (1924) 1974; y Hodg-son,Cap.3 de ste Handbook ) que han elaborado una poderosa crtica a los supuestos de la econo-ma neoclsica. Esta tradicin institucionalista ha puesto repetidamente en claro las limitaciones de considerar a la accin del estado como algo ex-terno a la economa. La segunda es la tradicin del legalismo real, en los Estados Unidos. En los 1920,30 y 40, los estudiosos de esta tradicin ela-boraron una crtica de los supuestos econmicos

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que hicieron girar la poltica pblica en los Estados Unidos una crtica centrada en la idea de la natu-

ralidad de los mercados autorregulados.(Cohen 1927; Hale 1943; Singer 1988). Ms recientemente, el movimiento de estudios legales crticos ha hecho una contribucin sustantiva al nuevo paradigma buscando extender concientemente las perspecti-vas del realismo legal (D.Kennedy 1991;Singer 1988). Finalmente, el exiliado intelectual hngaro Karl Polanyi, produjo un cuerpo de trabajos en los 1940 y 1950 que han influido de manera significati-va en las ciencias sociales a fin de estimular los desafos al viejo paradigma.(Dalton 1968; Polanyi (1944) 1957; Block y Somers1984). El argumento central de Polanyi indica que no es posible admitir que el siglo diecinueve sea conside-rado como el momento en que se produjo el creci-miento de la sociedad de mercado. Tanto el libera-lismo como el marxismo comparten la misma con-clusin: el ejercicio del poder del estado, en la temprana Europa moderna, limit el desarrollo de economas de mercado. Cuando ese estado cons-treidor fue finalmente desmantelado por cambios evolucionarios en Inglaterra y cambios revoluciona-rios en Francia una dinmica economa privada pudo finalmente emerger. Polanyi vio esta narrativa como una especie de mito heroico de la emergen-cia del mercado. En resumen, los tericos del siglo diecinueve y sus contemporneos han exagerado enormemente la discontinuidad entre la sociedad capitalista y la precapitalista. En ambos casos, los estados jugaron roles importantes en promover las actividades econmicas; en ambos la economa es-taba estructurada por la accin del estado. Construida sobre estos fundamentos intelectuales, la perspectiva de reconstruccin de mercados se ha concretado en aos recientes esforzndose por encontrar el sentido de la crisis y colapso del socia-lismo sovitico. Los tericos de la reconstruccin de mercados argumentan que en su intento por susti-tuir a la planificacin centralizada por los mercados los soviticos fallaron en comprender que los acto-res econmicos deben estar capacitados para to-mar decisiones (Nove 1983;Roemer 1992). Los empleados deben decidir cuan duro quieren traba-jar y los gerentes de plantas pueden decidir cuanto esfuerzo pueden hacer para lograr los objetivos puestos en el Plan- Ambos conjuntos de actores tambin podan tener oportunidades de participar en actividades econmicas informales o ilegales ta-les como comprar y vender en el mercado negro o cambiar favores . El problema fue que en el sistema sovitico estas decisiones individuales evidente-mente operaron para socavar y debilitar el sistema de planificacin. Considerando que es necesario reconocer que los individuos quieren tener cierta funcin significativa en las decisiones econmicas, aun en los regime-nes polticos ms represivos, parece necesario en-

contrar mecanismos que efectivamente puedan sumar (agregar) tales decisiones individuales. Esto nos llevara directamente a expandir el mbito leg-timo de actividades de mercado de manera que los actores individuales tengan incentivos para tomar decisiones que contribuyan a mejorar la eficiencia de la economa. Sobre tales fundamentos algunos tericos de la reconstruccin de mercados han sugerido varias versiones de socialismo de merca-do.(Nove 1983; Roemer 1991) Los tericos de la reconstruccin de mercados tienden a dar una sola respuesta a aquellos que sostienen que la nica va para los antiguos pases socialistas es adoptar el capitalismo de libre mer-cado. Su respuesta tiene tres partes. Primero, no existe una entidad coherente denominada capita-lismo de libre mercado, las sociedades de merca-do existentes varan significativamente en las for-mas en que sus instituciones econmicas estn es-tructuradas. Las versiones de texto de las econo-mas de mercado no existen, en la prctica, en nin-gn lugar y , en los hechos, no pueden existir. Se-gundo, en el proceso de transicin hacia un nuevo tipo de economa el estado debe jugar un rol abso-lutamente central en la formacin de nuevos dere-chos de propiedad y nuevos mercados. Tercero. Las sociedades tienen un amplio rango de eleccin para encontrar los caminos para combinar los mer-cados y la accin del estado, y de hecho existen mltiples combinaciones que pueden producir ra-zonables niveles de rendimientos econmicos . Por esas razones las sociedades deben sopesar tanto la eficiencia econmica como los temas de equi-dad, democracia y derechos individuales cuando reestructuran sus instituciones econmicas (Block 1990,1992). Uno de los aportes mas importantes de la perspec-tiva de la reconstruccin de mercados es acerca de que es simplemente incorrecto como lo hacen el liberalismo y el marxismo- ver a la modernidad co-mo un proceso de apertura de mas y mas activida-des a las fuerzas del mercado. (Block 1990, pp. 46-74; Zelizer 1985). Por lo contrario, en los ltimos cuatro siglos algunos mercados han sido cerrados y otros han sido abiertos. La Reforma Protestante hi-zo cerrar la prctica de la iglesia catlica de vender indulgencias al mejor postor. El movimiento anties-clavista finalmente fue exitoso para lograr el cierre del mercado internacional de cuerpos humanos. Al final del siglo diecinueve el trabajo infantil fue nota-blemente restringido en muchas de las economas de mercado desarrolladas. El crecimiento de la de-mocracia ha eliminado la venta de puestos polticos y ha restringido notablemente la venta de influen-cias polticas. Estas prohibiciones han sido deno-minados intercambios bloqueados ( blocked ex-changes ) por Michael Walter (1983), quien ha en-fatizado que la sociedades siempre requieren un elaborado conjunto de reglas que definan que transacciones son legitimas y cuales no lo son.

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Reconstruccin del mercado: los roles que juega el estado

Los trabajos realizados en el viejo paradigma evi-dentemente dan vueltas alrededor del problema de reconciliar dos conjuntos de categoras. El primer conjunto se refiere a las tipologas de las diferentes vas de la organizacin econmica, tal como el fa-miliar esquema marxista que distingue a las socie-dades segn tres tipos diferentes de relaciones de propiedad feudal, burguesa y socialista. El se-gundo conjunto esta compuesto por tipologas que categorizan diferentes tipos de regimenes, tal como las distinciones entre regimenes liberal, democrti-co, socialdemcrata, fascista y autoritarismo con-servador. El problema de reconciliacin se produce debido a que se dan arreglos econmicos similares bajo regimenes polticos dismiles. Una estrategia para superar estas tensiones ha sido la creacin de ms y ms subcategoras diferentes, con la inten-cin de capturar pequeas variaciones en los tipos de economas y los tipos de regimenes polticos. Muchos de los recientes trabajos con dicha estrate-gia han intentado elaborar con gran detalle los arreglos institucionales en sociedades especficas o creando tipologas intermedias de las complejas va-riaciones entre sociedades9. Sin embargo, y aun-que los argumentos sobre tales subcategoras son altamente persuasivos, el peligro consiste que se pueden crear categoras para cada caso, eliminado la posibilidad de comparaciones generales. La perspectiva de reconstruccin de mercados su-giere una estrategia de anlisis diferente. Dado que las economas y los estados son profundamente interdependientes, el esfuerzo por categorizar am-bos independientemente parece ftil. La alternativa es enfocar en alguna de los caminos especficos en los que el estado y las economas se interceptan y comenzar a analizar las variaciones en dichas in-tersecciones a travs del tiempo y el espacio. Esta estrategia tiene varias ventajas. Primero, muestra que la cuestin central del viejo paradigma donde el mercado es colocado al margen del estado es sin duda el tema de mayor importancia. Segundo, nos muestra el alto grado de continuidad entre las formas feudales, burguesas y socialistas de propie-dad, generalmente oscurecida por el viejo paradig-ma. Tercero, apunta a la posibilidad de desarrollar tipologas ms efectivas que capturen las variacio-nes histricas segn las vas en que dichas inter-secciones se han producido. Las reas de intersec-cin que se deben examinar son los roles del esta-do para gobernar el control sobre los activos pro-ductivos , establecer la naturaleza de las obligacio-nes y responsabilidades en relaciones recurrentes, provisin de medios de pagos y el manejo de los lmites entre el territorio y el resto del mundo. Aun-que esta lista de reas no pretende ser exhaustiva, captura muchos de los ms importantes temas.

El control de activos productivos El mito del siglo XIX acerca de la heroica emergen-cia de la sociedad de mercado se basa en una con-cepcin Lockeana de la propiedad: los propieta-rios de los activos existan antes de que se produje-ra la constitucin de la sociedad mediante un con-trato social. La existencia de la propiedad privada fue una condicin humana natural, y los arreglos sociales fueron simplemente realizados para codifi-car y proteger estos derechos naturales de propie-dad. Esta condicin de la naturaleza de la propie-dad fue una extraordinaria y poderosa herramienta para permitir a las monarquas absolutistas la regu-lacin del ejercicio de los derechos de propiedad ( Poggi 1978; Sewell 1980). Sin embargo,, la doctrina ha servido fundamentalmente para oscurecer las bases histricas con que se ha continuado la orga-nizacin de los derechos de propiedad. En ambas sociedades, la socialista y la feudal, es evidente que los arreglos sobre la propiedad se de-rivan de la relacin de las personas con el ejercicio del poder poltico. Ambos, el Seor Feudal y el ad-ministrador del Plan sovitico ejercen un elevado control sobre el manejo de los activos productivos, pero ellos ejercen dicho poder dentro de una com-pleja red de relaciones polticas y sociales que po-ne diferentes lmites sobre que pueden hacer con esos activos. Pero eso es precisamente lo que ver-daderamente ocurre con un gerente ejecutivo de una firma capitalista contempornea , la discrecin que el o ella tiene est claramente limitada por una compleja estructura de leyes y acuerdos, particu-larmente incluida la relacin entre el Gerente Ejecu-tivo, el cuerpo de directores y las agencias estata-les reguladoras. Por supuesto, ha sido el capitalismo familiar del si-glo XIX el que ha dado la apariencia de una discon-tinuidad radical en la naturaleza de la propiedad. En tanto la sociedad feudal restringa ostensible-mente el control de los activos productivos a perso-nas que presentaban ciertas caractersticas ads-criptas, la propiedad de una fbrica en la Inglaterra industrializada parece estar abierta a quienquiera que tenga el apropiado talento para ello. Mas an, el capitalismo familiar parece estar libre de una compleja red de relaciones sociales, su control au-tnomo sobre la propiedad parece ser ilimitado. Sin embargo, mirando retrospectivamente, la dis-continuidad ha sido exagerada. La aparente apertu-ra al talento oscurece la realidad de que muchas de las familias capitalistas tienen similares anteceden-tes sociales, religiosos y tnicos. Mas an, la ilimitado discrecin de las familias capi-talistas es tambin una exageracin. Las empresas familiares operaban, hacia afuera, en una red de interrelaciones con proveedores, banqueros y em-presas competidoras que ponan severas limitacio-

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nes a la autonomas de la empresa (esto es parte de lo que Durkheim (1893)/1964 pp. 149-65/ tenia

en mente en la discusin de las bases no contrac-tuales de los contratos). Uno slo necesitara pen-sar en las dificultades que enfrentara una familia capitalista que intentara desafiar las normas locales del trato a los empleados para reconocer que inclu-so esas formas de propiedad estaban tambin im-pregnadas de extensas relaciones sociales.(Reddy 1987). En cuanto un empresario se desve ver, sin duda, que su fuente de crdito y sus mercados han desaparecido rpidamente. Mas importante, sin embargo, es comprender que - si bien algunas islas de capitalismo familiar persistieron hasta hoy da - el momento histrico en el que las pequeas em-presas familiares fueron dominantes en la econo-ma fue relativamente breve. La tradicin marxista ha captado - pero tambin ha fallado en captar la centralidad de la poltica res-pecto a las relaciones de propiedad. En un famoso prrafo Marx escribi: Que es un esclavo Negro? Un hombre de raza negra. Una explicacin es tan buena como la otra. Un Negro es un Negro. Slo deviene esclavo bajo ciertas relaciones. Una mquina de hilar algodn es una mquina de hilar algodn. Se transforma en capital slo bajo ciertas relaciones. Fuera de esas relaciones no es mas capital que el oro en si mismo es dinero o el azcar el precio del azcar. (/1849/ 1972, p.176).

Esta es una expresin extremadamente clara del argumento de que la propiedad incluida la propie-dad en la sociedad burguesa es siempre parte de una relacin social y poltica. Sin embargo, esta misma perspicacia se perdi en la tradicin Marxis-ta. En el esfuerzo por comprender como las rela-ciones entre las clases dentro del capitalismo difie-ren del feudalismo, Marx y sus seguidores han en-fatizado el ejercicio del poder coercitivo extraeco-nmico en la sociedad feudal (Anderson 1974). Que el siervo sea forzado a trabajar por tres das semanales en las tierras del seor, es visto como una coercin extraeconmica o poltica. Sin embar-go, cuando el obrero fabril produce plusvalor para el empleador en la segunda mitad de su da de tra-bajo, la fuente de la coercin es debida al mercado capitalista una forma pura de coercin econmi-ca. Esta lnea de argumentacin niega el anterior enfoque comprensivo acerca de que las relaciones de mercado son relaciones sociales y, como todas las relaciones sociales, estn constreidas al poder poltico. En toda sociedad compleja, una de las tareas in-eludibles del Estado es establecer un rgimen de derechos de propiedad. Construir un rgimen con una concepcin Lockeana de la propiedad privada, en el que los derechos de los individuos son abso-lutos, no es ni posible ni deseable (Horwitz 1977). Por una parte, las externalidades positivas y nega-

tivas incluidas en cualquier forma de produccin re-quieren de un rgimen regulatorio que restrinja las formas en que los activos productivos puedan ser utilizados.10 Por otra parte. Actualmente la produc-cin depende de la cooperacin entre personas que controlan diferentes activos empleados con capi-tal humano, gerentes con capitales fsicos, inverso-res con capital financiero y poseedores de propie-dades intelectuales.11 Una definicin absolutista de derechos de propiedad dara poca luz para saber como maximizar la cooperacin productiva de los diferentes tenedores de activos. En los hechos, existen mltiples posibilidades caminos para definir los derechos de propiedad de cada uno de tales grupos. La investigacin comparando los efectos econmicos de diferentes conjuntos de normas de propiedad recin ha comenzado, pero se puede an-ticipar que la confirmacin de la aparente superiori-dad de las reglas Lockeanas angloamericanas es altamente problemtica.(Dore 1986). Estos temas acerca de los derechos de propiedad son actualmente analizados en trminos de las re-laciones entre principal y agente (Pratt y Zeckhau-ser 1985) Si bien los propietarios de una empresa son los principales - en teora son los poseedores de los derechos de propiedad - para conseguir sus objetivos dependen de sus agentes ( los gerentes / administradores de la empresa ). Y se da all ,actualmente, un intenso debate acerca de cuales son los arreglos institucionales e incentivos apro-piados para que los agentes logren - en los hechos - los objetivos de sus principales. Un aspecto clave de este debate consiste en comparar las normas institucionales de la gobernancia corporativa en las economas de mercado desarrolladas. Aun cuando en dichos pases los arreglos institucionales centra-les son bsicamente indistintos, existen diferencias significativas en las formas en que la relacin prin-cipal-agente es manejada. Ms aun, tales diferen-cias surgen directamente de acciones legislativas que tratan de ayudar la estructura de las vas parti-culares por las que las empresas se vinculan con los mercados financieros (Zysman 1983, Porter 1992). Estas diferencias crticas sirven de recorda-torio para ver hasta donde, el estrecho foco sobre la propiedad, empaa nuestra visin analtica. La estructura de relaciones recurrentes La regulacin estatal, vinculada con la estructura de propiedad, se observa en diversos tipos de relacio-nes recurrentes. Las ms importantes de ellas son: las que existen entre los miembros de una familia, las de los empleadores con los empleados y las de los arrendatarios (tenent) con los propietarios de la tierra. Es necesario insistir en que el conjunto es-pecfico de reglas para estructurar estas relaciones recurrentes tiene importantes consecuencias. La diferencia entre sistemas de progenitura y las re-glas que determinan la divisin de la propiedad en-tre los hijos tienen importantes implicaciones res-

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pecto de las pautas de la propiedad inmueble. Los derechos de propiedad de las mujeres al enviudar

y las carencias que podran existir, tienen significa-tivos efectos tanto para la definicin de estrategias familiares como para las actividades de las mujeres (para una mayor discusin de la importancia del Es-tado en la constitucin de la familia vase Olsen 1985) . An el viejo paradigma reconoce la extraor-dinaria diferencia que existe cuando los empleados o los arrendatarios de tierras tienen la libertad para desligarse de relaciones de explotacin. Pero, el viejo paradigma tambin ha exagerado el contraste entre las relaciones capitalistas y precapi-talistas de empleo. Considera que las relaciones precapitalistas de empleo pone al empleador en una situacin difusa respecto al empleado, no muy diferente de las obligaciones difusas de los padres respecto a sus hijos. En contraste, las relaciones capitalistas de empleo se consideran basadas en un contrato entre iguales, que especifica nada ms que el intercambio de ciertos servicios por un sala-rio. La vieja relacin se ve cercanamente vinculada al ejercicio del poder poltico, por lo tanto el Estado es el responsable de hacer que los empleados se sometan a la autoridad del empleador. Por su parte, la relacin capitalista ha sido considerada como pu-ramente econmica; todo lo que el Estado debe hacer respecto de ella es forzar al cumplimiento de los trminos de los contratos (un enfoque clsico ver Maine /1861/ 1960 pp.-99-100. Actualmente, se advierte que proceder a diferenciar entre tipologa de status versus contrato es clara-mente problemtico. Relaciones de empleo profun-damente paternalistas son cosa comn en las so-ciedades industriales (Burawoy 1985). Es ms, el sistema de becas que contemplan las leyes labora-les de los Estados Unidos evidencia las continuida-des de los supuestos normativos de las sociedades preindustrial e industrial respecto a la relacin entre empleadores y empleados (Arleson 1983) Por otro lado la justicia ha reconocido consistentemente la validez de las demandas de los empleadores res-pecto a una amplia autoridad gerencial. No es que la autoridad gerencial est limitada a lo que esta-blece el contrato de trabajo, por lo contrario, el con-trato debe ser interpretado de modo que garantice y conceda amplia autoridad residual a la gerencia (para comprender la importancia de esta autoridad en la teora econmica ver Bowles 1985; Wi-lliamson 1975). El alcance de tal autoridad est cla-ramente demostrado por las dificultades que tienen los empleados para conseguir proteccin legal res-pecto de los abusos de la autoridad gerencial. Solo en aos recientes, en los Estados Unidos, los em-pleados han logrado avances legales respecto de la hostilidad o acoso racial o sexual en sus lugares de trabajo o de la exposicin a condiciones extrema-damente peligrosas de trabajo. En pocas palabras, tanto en el sistema feudal como en el capitalista y el socialista los derechos bsicos

de empleadores y empleados son establecidos por la accin del estado. Pero esto es slo una parte de la historia. La accin del estado, mediante otras po-lticas, influye tambin las relaciones de trabajo. Las formas en que se asiste a los pobres tiene una influencia fundamental sobre las relaciones de tra-bajo. Polanyi seala que la Nueva Ley de Pobres de Inglaterra de 1834 fue absolutamente esencial para crear un moderno mercado de trabajo por que los pobres fueron literalmente forzados a trabajar en las fbricas, subsecuentemente ,un importante nmero de investigadores han analizado el impacto de las polticas de bienestar sobre el mercado de trabajo ( Cloward y Piven 1987; Espin-Andersen 1990;Ya Polanyi ( /1944/ 1957 pp.86-94) dio a co-nocer que la conexin entre la accin pblica y la constitucin de relaciones laborales se pueden ras-trear hasta los tiempos Isabelinos. En el modelo sovitico, el eje del sistema de previsin pblica fue garantizar el empleo. Sin embargo, garantizar el empleo debilita significativamente la autoridad de los empleadores sobre los empleados, aun cuando existan normas que refuercen la autoridad del em-pleador. (Sabel y Stark 1982).12 Las polticas fiscales del estado tambin han esta-do relacionadas con la creacin y definicin del empleo en los ltimos cinco siglos. El tema es obvio si se tiene en cuenta el desarrollo de la educacin pblica y el complejo sistema de acreditacin esco-lar (Collins 1979). Pero incluso antes, la accin gu-bernamental respecto a los sistemas de aprendiza-je mediante el cual se acceda a las habilidades se-cretas. La naturaleza de tales normas as como las variaciones en el acceso a las oportunidades edu-cativas y formativas influyen sobre la oferta de de-terminados tipos de capacidades/habilidades y es-to, al mismo tiempo, modifica el poder relativo de diferentes categoras de empleos ( sobre el empleo profesional ver Larson 1977). Por otra parte, estas acciones se articulan con otros esfuerzos de diferentes tipos de personas con la intencin de incorporarse a grupos cerrados rela-cionados con ciertas posiciones ocupacionales. Weber recalca que virtualmente todo atributo de grupo raza, lengua, religin. origen puede ser utilizado para monopolizar especficamente ciertas oportunidades econmicas (Parkin1979,p.44; Cf. Weber /1922/ 1978,pp.341-44). Tales esfuerzos de monopolizacin de posiciones econmicas por gru-pos particulares tendr un profundo impacto sobre el poder relativo de diferentes grupos de empleos. Los gobiernos estn tambin implicados tanto por su apoyo a la formacin de dichos grupos como por su decisin de mirar para otro lado o por sus es-fuerzos para eliminar todo tipo de discriminacin ocupacional o una combinacin de tales polticas. Finalmente, los Estados tambin estn implicados en la regulacin de las acciones colectivas de em-pleadores y empleados Incluso cuando los emplea-

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dores utilizan medios extralegales de violencia pa-ra aterrorizar a los empleados como en algunas

situaciones de trabajo coercitivo la decisin de no intervenir representa una poltica que es ajena a la relacin de trabajo. Similarmente, tanto la prohi-bicin de la actividad sindical como una regulacin que proteja a tales organizaciones tienen profundas consecuencias en las relaciones de trabajo. Medios de pago: moneda y crdito Es ampliamente aceptado que la capacidad de acuar monedas y emitir dinero, as como la bs-queda de metales preciosos que sirvan de dinero, han sido un aspecto central de la historia econmi-ca de los ltimos quinientos aos. ( Vilar 1976; We-ber /1922/ 1978; pp. 166-92). Tambin es amplia-mente reconocido que las acciones de los gobier-nos han sido centrales en el desarrollo de una gran variedad de formas de crdito. Los bancos y los gobiernos han sido interdependientes mucho antes de la aparicin de los modernos Bancos Centrales y las regulaciones de las instituciones bancarias. Los Gobiernos recurren a los banqueros para obte-ner prstamos a la vez que los ayudan con formas decisivas de proteccin incluida, de manera im-portante, la ayuda en la recuperacin de deudas incobrables. El hecho de que los gobiernos estn ntimamente vinculados en la provisin de dinero y crdito, y que con ello se facilite el funcionamiento de una compleja economa, ha sido ostensible-mente ignorado por aquellos que estn aferrados a la idea de que el gobierno es algo externo a la eco-noma13 Adems, los actores polticos han sabido por siglos que la escasez o abundancia relativa de dinero y crditos, en una determinada economa, permite determinar el poder relativo de los diferentes gru-pos econmicos. La escasez de dinero pone a los acreedores en una posicin extremadamente fuerte respecto de quienes tienen deudas o de los que so-licitan dinero prestado, mientras que la abundancia en la oferta de dinero tiene efectos contrarios. Simi-larmente, el impacto de la oferta de dinero sobre el nivel de precios tiene consecuencias distributivas. De manera que es muy claro: en este tema no hay posibilidades de polticas gubernamentales que puedan ser consideradas neutrales. La accin esta-tal inevitablemente influir sobre la oferta de dinero y del crdito as como sobre el nivel y tendencia de los precios.14 Es posible que, a menudo, las accio-nes gubernamentales deliberadas para influir sobre cualquiera de dichas variables se vean frustradas. Los esfuerzos para contraer la oferta de dinero pueden ser compensados con el incremento de la velocidad de circulacin; un sistema de control de precios puede ser anulado por operaciones de mercado negro y/o el aumento disimulado de los precios. La razn de ello es que las diversas accio-nes y polticas pblicas suelen, a menudo, tener propsitos contradictorios. Si bien la evidencia his-

trica nos debera hacer sentir escpticos sobre la posibilidad de que algn gobierno pueda lograr ajustes de la economa en el corto plazo, existe una amplia evidencia de xitos obtenidos por los go-biernos manipulando su influencia sobre la oferta y demanda de dinero o del crdito, a fin de lograr ob-tener objetivos econmicos particulares. En los hechos, existen frecuentes instancias de in-novacin sobre las polticas gubernamentales per-mitiendo cambiar la capacidad de algunos gobier-nos para conseguir ciertos objetivos influyendo so-bre las ofertas de moneda y el crdito. Si bien la efectividad de algunas de esas innovaciones puede declinar con el tiempo, no existen razones para creer que existe un lmite al stock potencial de in-novaciones. La perspectiva de reconstruccin de mercados puntualiza que an admitiendo las posi-bilidades de los gobiernos para influir sobre las ofertas de moneda y crdito, dado que existe un potencial de innovacin y que no existen polticas monetarias o crediticias neutrales, es posible que las sociedades tengan un considerable espacio pa-ra decidir cuando prefieren ms estabilidad de pre-cios o crecimiento econmico ms acelerado. No obstante, el poder relativo de acreedores y deu-dores es un tema igualmente importante. Kornai (1986) ha remarcado el crtico rol del soft budget constraints ( restriccin presupuestaria de mano blanda ) en el modelo Sovitico los administrado-res de las empresas saban que an cuando la em-presa cayera en dficit, el Estado enviara los fon-dos para cubrirlo. El estado haca eso para proteger a los empleados y los niveles de produccin, pero las consecuencias eran la significativa disminucin de los incentivos para que los administradores de las empresas cuidaran sus recursos. Esa era una instancia en que los deudores tenan poder frente a los proveedores del crdito. La instancia opuesta, en la que los acreedores son poderosos frente a los deudores, tambin tiene se-rias consecuencias negativas. Cuando la posicin de los acreedores es relativamente fuerte, pueden definir los trminos de los prstamos de tal manera tal que desalienten nuevas inversiones de riesgo. Imponiendo altas tasas reales de inters, los acreedores hacen que el financiamiento sea slo accesible para aquellos proyectos en que la incerti-dumbre es sumamente baja. En un clima as, es poco probable que haya propuestas de incorpora-cin de nuevas tecnologas o se exploren nuevos productos. El tema del poder relativo de acreedores y deudo-res esta ntimamente ligado al tema del acceso al crdito. En el modelo sovitico, los administradores de las empresas estatales eran virtualmente el ni-co grupo con acceso al crdito. En otras socieda-des la interseccin entre las polticas gubernamen-tales y las decisiones de las instituciones financie-

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ras determinan cuales son los diferentes grupos que estarn habilitados para endeudarse. El acce-

so de los productores rurales, pequeos comercian-tes, cooperativas de trabajo, solicitantes de prsta-mos hipotecarios para vivienda familiar y agencias sin fines de lucros al mercado de crdito ha sido un tema clave de la poltica de muchos pases y una variedad de iniciativas gubernamentales se pusie-ron en vigencia para facilitar el crdito y desalentar varios tipos de seales rojas (redlining) que pue-den impidir sistemticamente el acceso al crdito a ciertas categoras de deudores. Parte de las razones de por que el tema del acceso al crdito es tan importante se debe a que el mer-cado del crdito no funciona simplemente mediante las leyes de la oferta y la demanda. Las institucio-nes financieras racionan el crdito; continuamente toman decisiones para denegar crditos aun cuan-do los deudores estuvieran dispuestos a pagar una tasa de inters superior a la prevaleciente (Stiglitz y Weiss 1981) Estas decisiones de racionamiento siempre tienen una racionalidad econmica; un deudor en particular puede no tener antecedentes, o tal vez sus garantes o le falta un plan de negocios slido para justificar el prstamo. Para tomar estas decisiones los acreedores tratan, no obstante, de obtener alguna seal de sus potenciales deudores. El uso de estas seales lleva a los acreedores a gastar poco tiempo en obtener informacin sobre la situacin de sus deudores. Esto podra llevar a que los acreedores nieguen sistemticamente el crdito a personas por que tienen carencias organizaciona-les, o le falta acceder a las conexiones sociales o polticas, o por que pertenecen a cierto genero, ra-za, o grupo tnico o religioso. Una vez ms, los go-biernos estn implicados en estos procesos del ra-cionamiento del crdito, al admitir los procedimien-tos utilizados por los acreedores o cuando promue-ve su modificacin. En sntesis, se ve que es muy necesaria una so-ciologa de las finanzas que pueda examinar sis-temticamente cmo y por que ciertos tipos de acti-vidades son financiadas y otras no, y las formas en que las polticas estatales influyen sobre esos he-chos. Trabajos recientes han comenzado a dedi-carse a estos temas (Hamilton 1991; Hooks 1991; Stearns 1990; pero muchos ms sern necesarios. Administrando la frontera internacional Mantener la integridad territorial y la unidad de la nacin ha sido desde hace tiempo una tarea central del Estado. En los hechos, los gastos militares y de seguridad han sido histricamente las partidas mas importantes del presupuesto estatal, y el desarrollo de su capacidad para obtener ingresos se relaciona con esta necesidad presupuestaria del Estado (ver Schumpeter /1918/ 1991, The Crisis of the Tax State ; Mann 1986). No debera ser necesario re-cordar que ambas polticas -, el crecimiento del

gasto militar y el aumento de los impuestos - tienen una extraordinaria implicancia econmica. Equivo-carse en el monto adecuado de la inversin militar , tanto por razones estratgicas como por los obs-tculos que puedan haber para obtener los ingre-sos necesarios, puede llevar a una derrota militar y la destruccin de de una parte sustancial de la in-fraestructura econmica. Pero sobreestimar la in-versin militar tambin tiene malas consecuencias, tanto por las consecuencias negativas de la poltica impositiva como por el deterioro o descuido de la industria civil. Una importante corriente de recientes investigaciones exploran la cuestin de cuando y como la sobreexpansin militar inevitablemente lle-va al debilitamiento de las capacidades econmicas del poder dominante mundial. (P. Kennedy 1987). Adems de tales casos extremos, una gran diversi-dad de otras variables necesitan ser investigadas. Los gastos militares pueden ayudar al desarrollo de las industrias nacionales o contribuir a trastocar las energas empresarias y administrativas fuera de las actividades productivas. Por otra parte, e indepen-dientemente del nivel del gasto pblico, la estructu-ra especfica del sistema impositivo inevitablemente tender a impulsar algunas ramas de la actividad econmica y a desalentar otros (Weber /1992/ 1978, pp.193-201). Por ejemplo, diferentes siste-mas impositivos impondrn diferentes niveles de cargas sobre la agricultura, la industria o servicios. Una segunda dimensin de las fronteras es el rol de cada Estado al regular el flujo internacional de dinero, mercancas y trabajadores. Este es el caso clsico en el que los contrastes evidencian desde estados que dejan que dichos flujos ocurran como respuestas a las fuerzas del mercado y aquellos que intervendrn en los flujos bloqueando los mer-cados mediante medidas administrativas. Sin em-bargo, una vez ms, el asunto es ms complicado que lo que el viejo paradigma sugiere debido a que es muy difcil saber cuan posible puede ser un sis-tema sin interferencias gubernamentales. Si, por ejemplo, uno observa el tema de la movili-dad laboral, rpidamente puede confirmar que slo unos pocos pases tienen realmente abiertas sus fronteras para el ingreso ilimitado de extranjeros. Aun cuando haya estados que alienten fuertemente la inmigracin no por ello podemos esperar que pueda existir un mercado global totalmente libre pa-ra los trabajadores que no este vinculado con cier-tos objetivos domsticos tal como un fuerte creci-miento econmico. Similarmente, aquellos estados que dejan en libertad de emigrar a su poblacin lo hacen usualmente solo en caso de situaciones criti-cas; el despoblamiento generalmente representa una amenaza sobre la territorialidad de la nacin. En sntesis, el privilegio de los ciudadanos propios respecto de los extranjeros es parte constitutiva de los estados modernos.

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Es ms. Respecto a las transacciones a travs de las fronteras internacionales, las polticas estatales

oficiales son slo el comienzo del asunto. En el ca-so de los flujos laborales, es importante continuar con el nivel que sigue, respecto de la naturaleza y fortaleza del control y cumplimiento de las polticas. Las variaciones en esto pueden crear enormes di-vergencias entre las polticas oficiales y lo que realmente sucede. (Calavita 1992). Un importante ejemplo consiste en comprender que los desvos sistemticos en el cumplimiento de las polticas pueden hacer que la sociedad este abierta a cier-tos tipos de migraciones y cerrada a otras. Final-mente, mucho depender del comportamiento de los actores no estatales. La situacin de los ne-gocios se muestra impaciente o renuente a la lle-gada de los emigrantes ? Cuando estas dimensio-nes se toman en consideracin al mismo tiempo, el resultado tiene complejas diferencias, en el sentido en que diferentes sociedades puedan asimilar el ingreso o egreso de trabajadores. Sin bien las migraciones humanas deben conside-rarse ms complejas que los flujos de mercancas, existen complicaciones tambin en este caso. El comercio internacional no consiste simplemente en el intercambio de mercaderas que son percibidas de manera idntica que en su lugar de origen. Al-gunas mercancas conservan su descripcin, pero muchas otras estn impregnadas de significancias culturales, de manera que su lugar de origen es re-levante para las decisiones de los consumidores. Vase Sahlins 1976, Frenzen, Hirsch y Zerrillo, ca-pitulo 16 sobre sociologa del consumo y temas re-lacionados en este mismo Handbook). El resultado puede llevar a que empresarios y consumidores realicen tipos de selectividades no relacionadas con el precio, que se den independientemente de res-tricciones tarifarias o de otro tipo que pueda impo-ner el gobierno.(por ejemplo ver Kuttner 1991, pp. 158-91). Diferencias entre pases y tipos de selecti-vidades hacen crecer los problemas para evaluar como debe verse un rgimen de libre comercio. Requiere el libre comercio internacional que los gobiernos tomen medidas para eliminar esas for-mas de selectividad cultural en las decisiones de compra de comerciantes y consumidores? Otra grupo de problemas se centran en las diferen-cias entre pases respecto a las salvaguardas am-bientales y en sus polticas sobre derechos huma-nos y laborales. Puede un rgimen de libre co-mercio permitir que las mercaderas producidas con el trabajo de nios o el de esclavos puedan compe-tir libremente con mercaderias producidas por tra-bajadores con plenos derechos sindicales?. Simi-larmente: pueden las mercaderas proveniente de pases con dbiles normas ambientales, competir libremente con mercaderas producidas en pases con estrictas normas ambientales?

Estos dilemas son particularmente significativos cuando implican movimientos de capitales a travs de las fronteras. Sin duda que puede llegar a ser dramtico el conflicto entre los roles asignados al gobierno, tendientes a asegurar una oferta local adecuada de dinero y crdito, y la idea de que los capitales deben ser capaces de moverse libremen-te a travs de las fronteras internacionales en res-puesta a las fuerzas del mercado. Polanyi ( /1944/ 1957, pp. 192-200) argumenta que los estados co-menzaron en el siglo diecinueve a buscar medios para prevenir los flujos de capital desestabilizado-res, e incluso algunas medidas de poltica han sido usadas en el siglo veinte tendientes a limitar o res-tringir los flujos de capitales. Este conflicto se ha intensificado en los aos recientes debido al explo-sivo crecimiento de las transacciones financieras internacionales acompaado de presiones sobre los estados en el sentido de desrregular a las mismas.(Eatwell 1993). Muchos gobiernos han res-pondido a dichas presiones desmantelando algunos controles sobre el movimiento internacional de capi-tales, previamente establecidos. El resultado es que al comienzo de los 90 se repli-can algunas conductas que existieron a principios de los 30. Muchas de las economas de mercado desarrolladas pasan por una fase de depresin y alto desempleo, pero los estados estn refrenados respecto a tomar acciones compensatorias de re-cuperacin. Si un pas estuviera tentado a estimular su economa asumiendo polticas fiscales y de ex-pansin monetaria seguramente experimentara una gran salida de capitales y fuertes presiones es-peculativas sobre su moneda. Mas an, los fondos disponibles para tales acciones especulativas f-cilmente superaran las reservas disponibles por el gobierno. Y el problema es que, aun cuando el es-tado estuviera dispuesto a devaluar sustancialmen-te su moneda, las presiones especulativas xxxx ... (Goodman 1992). En los 30 la situacin cambi slo cuando los estados deliberadamente abando-naron el patrn oro , pusieron limites a los flujos de capitales, y aplicaron polticas nacionales expansi-vas. Queda por saber si los 90 llegarn a ser una quiebra comparable de las reglas que gobiernan las finanzas internacionales. Un estado, aisladamente, no tiene la capacidad de elegir libremente un conjunto de polticas para regu-lar los movimientos de trabajo, mercancas y capita-les a travs de las fronteras internacionales. Es necesario formalizar una serie creciente de acuer-dos internacionales que establezcan reglas que de-finan ciertas acciones del estado en este campo, as como legitimar algunas y deslegitimar otras.(Block 1977; Keohane y Nye 1977; Wood 1986). Aun cuando la severidad del respecto a los controles varia con el tiempo, los estados que tra-tan de romper tales reglas pueden ser sometidos a severas presiones econmicas y polticas. Una in-terpretacin sobre el prolongado conflicto entre el

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rgimen sovitico y los otros poderes desarrolla-dos fue precisamente que los Bolcheviques viola-

ron normas de varios regimenes econmicos inter-nacionales. Sin embargo, esos regimenes internacionales no han emergido de procesos democrticos en los que todos los ciudadanos del globo estuvieran igual-mente representados. Por el contrario, los regime-nes internacionales reflejan el balance del poder militar y econmico global. Los poderes dominantes han tenido una influencia desproporcionada para establecer las reglas internacionales del juego que gobiernan las transacciones econmicas. No obstante, los poderes dominantes han intentado ocultar ese ejercicio del poder invocando a la cien-cia econmica a fin de justificar un conjunto particu-lar de reglas como productoras del mejor resultado posible. Esto es la fuente de muchas confusiones. Quienes abogan por un rgimen internacional especfico in-vocan que el rgimen es un paso al libre comercio y a la libre movilidad de capitales, y han hecho re-ferencia a las ideas dominantes de la economa pa-ra argumentar que es un rgimen que beneficia a todos. Esto pone en el debate en un estilo que es caracterstico del viejo paradigma son tales afirmaciones ciertas, o ellas benefician a ciertas so-ciedades en particular a los efectos de lograr un mayor rol del estado en el manejo de las transac-ciones internacionales ?. Pero este debate olvida el problema principal: el concepto de libre comercio o libre movilidad del capital no tienen un nico signifi-cado. El argumento a favor de un rgimen particular de libre comercio es un argumento para el que cier-tas reglas y practicas son universalmente acepta-das. Por ejemplo, podran ser defendidos como regime-nes de libre comercio uno el que no se especifiquen standards de derechos humanos o ambientales u otro en el que se impongan severos standards para tales cuestiones. El argumento econmico conven-cional en defensa del libre comercio no especifica cual es mas eficiente de tales opciones. El caso es sumamente claro para la movilidad de capitales. Dado que la viabilidad del dinero y el crdito de una nacin requiere de una estructura regulatoria na-cional, por ende no puede darse una total movilidad internacional del capital. El tema central para es-tructurar un rgimen internacional es fijar el lugar en el que se debe trazar la lnea entre que formas de regulacin son legtimas y cuales no lo son. A pesar de la actual moda por desregular, el argu-mento de los intelectuales tendiendo a ajustar el control internacional de las transacciones financie-ras es muy poderoso. (Block 1992).

CONCLUSIONES Esta discusin acerca de los roles del Estado en las sociedades complejas, tal como son miradas desde la perspectiva de la reconstruccin de mercados, facilita entender cuan inadecuadas son las cinco concepciones de Estado descriptas al principio. La definicin de los controles sobre los activos produc-tivos; el establecimiento de los derechos y respon-sabilidades en las relaciones recurrentes; la provi-sin de moneda y crditos; la seguridad de las fron-teras nacionales pueden ser todos descriptos en el lenguaje de los bienes pblicos. Pero precisamente debido a que dichos roles pueden ser jugados de maneras muy diferentes es que se evidencia por que el concepto de bienes pblicos provee de po-cas palancas analticas. La concepcin Marshallia-na del estado de derechos sociales tambin es im-perfecta por que evita reconocer que el rol de los estados para delinear los derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales preceden al capi-talismo Similarmente, la idea del estado estabiliza-dor niega el continuo rol del estado respecto a la forma en que puede manipular los precios mediante su influencia sobre la moneda y el crdito.. Final-mente, existen razones para creer que muchos es-tados aspiran a ser estados desarrollistas ; el tema central es sobre las diferencias respecto a su real capacidad y efectividad de dichas polticas. La perspectiva de la reconstruccin de los merca-dos ofrece a la sociologa econmica una rica y compleja agenda. Si bien han existido sustanciales divergencias entre el viejo paradigma y las prcti-cas de la sociedad en los pasados cincuenta o cien aos, hay aun mucho trabajo por delante para in-vestigar tales prcticas, compararlas en el tiempo y entre regiones, e incorporar los resultados en un nuevo marco terico.

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NOTAS

1 Este supuesto es ocasionalmente interrumpido por la aparicin de regmenes autoritarios de derecha o movimientos anarquistas de izquierda. Sin embargo esta forma de pensar ha persistido a pesar de sus obvias limitaciones. 2 Existe una amplia literatura sobre los meritos relativos de los diferentes enfoques (para referencias ver Osborne y Glaeber 1993; Hirschman 1970 incluye una importante discusin sobre el tema) 3 Una importante variante de la concepcin del rol del Estado respecto de los bienes pblicos son los trabajos de Douglas North (1981, 1990) sobre costos de transaccin y derechos de propiedad. El argumento de North es que el ritmo de las activi-dad econmica puede acelerarse dramticamente mediante la reduccin de los costos de transaccin 4 Klare (1978) ha recalcado que parte de la justificacin para la aprobacin del Acta Wagner en 1935 fue para redistribuir el in-greso a fin de incrementar el consumo de la clase obrera. 5 Adems, cuestiones importantes estn vinculadas con la rela-cin entre ciudadana y gnero ; ver Orloff 1993. Para un anlisis del desarrollo del estado de bienestar en los Estados Unidos en una perspectiva comparativa ver Skocpol 1992. 6 OConnor (1973) desarrolla el argumento acerca de la impor-tancia del gasto estatal para capital social, en relacin al actual entusiasmo por el gasto en infraestructura 7 La teora marxista argumenta que el estado, en las sociedades capitalistas, sirve antes que nada a los intereses de la clase do-minante. Esta propuesta ha dado motivo para un rico e intenso debate sobre los precisos mecanismos que utiliza el Estado para servir a la clase dominante y el grado de autonoma que goza dicha clase. Para las discusiones ver Alfor y Friedland 1985; Block 1987; Carnoy 1984; Jessop 1990; van der Nerg 1988. 8 Para una discusin mas profunda sobre las dificultades de las sociedades de mercado ver Hirsch 1976. 9 Trabajos del primer tipo incluyen a Esping - Andersen 1985 sobre la socialdemocracia; Caplan 1993 sobre el estado Nazi; Katzenstein 1985 y Schmitter 1979 sobre el estado corporativo; Nee y Stara 1989 sobre los estados socialistas; y Evans 1989, Evans y Stephens 1988, Rueschemeyer, Stephens y Stephens 1992 sobre los estados del Tercer Mundo. Trabajos del segundo tipo intentan distinguir entre diferentes tipos de sociedades capi-talistas. Trabajos importantes incluyen a la escuela Francesa de Regulacin (Boyer 1990); Burawoy 1985; Campbell, Ho-llingsworth y Limdberg 1991; Gordon,Edwards y Reich 1982. 10 El teorema de Coase (1960) sugiere lo contrario. El productor y el consumidor de una externalidad pueden llegar a un acuerdo que les traiga un beneficio mutuo. Sin embargo el teorema de Coase asume la ausencia de costos de transaccin. 11 El tema de la propiedad intelectual resulta un buen ejemplo de lo que aqu se esta tratando. Bajo que condiciones pueden los individuos y las empresas garantizar sus derechos sobre ideas? Algunas sociedades han adoptado un rgimen en el que las ideas artsticas, cientficas, ingenieriles y comerciales son trata-das de manera diferente, pero los limites entre dichas categoras son cada vez ms problemticos. Ms an, el hecho de que mu-chas de esas ideas pueden actualmente expresarse en diferen-tes medios electrnicos ha hecho ms difcil la diferenciacin entre difusin apropiada o inapropiada (Block 1990, pp.208-12; Office of technology Assessment, 1986) . 12 Iguales referencias se pueden hacer acerca de la centralizad de la accin estatal al normar la relacin entre arrendatarios y propietarios de tierras. Para estudiar la importancia de la tensin que se da en las variaciones de esta relacin ver Moore 1966 y Paige 1975.

13 Esta es parte de la razn por las que el patrn oro y las nocio-nes de metas fijas para el crecimiento monetario han sido temas centrales en el pensamiento sobre las economas de libre mer-cado. Estas son dos xxx que ayudan a eliminar cualquier dis-crecin en las polticas econmicas gubernamentales. Existe un reconocimiento tcito xxxx 14 Para un revisin del debate sobre el rol del gobierno como causante de la inflacin ver M.Smith 1992. Un importante tema que Smith desatiende es la creciente importancia del rol de la accin del estado en relacin a la inflacin en los precios de los activos. Un excelente y clsico ejemplo es el gran incremento de los stocks y los precios de la tierra en Japn de los 1980. Las regulaciones gubernamentales y las polticas impositivas jugaron un rol crtico tanto en los episodios de la inflacin como en los de la deflacin de los precios de los activos.

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REFERENCIAS

Control estatal de la economaTipo 1: El estado de bienes pblicos