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NECROPOLÍTICA, VIOLENCIA Y EXCEPCIÓN

EN AMÉRICA LATINA

Antonio Fuentes Díaz (Editor)

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ÍNDICE

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N*'#$+$,-"('.: L$/ .+$#"*/ %* M0*10* +.#. *!"*!%*# ,. 2($,*!'(. '$!"*1+$#3!*. Andrea Ivanna Gigena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

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M. F$&'.&,": B($+$,-"('., T.!."$+$,-"('. 4 R.'(/1$ %*/%* *, '$!'*+"$ %* 6$0(*#!$ Myrna Edith Bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

L. +$,("(9.'()! %* ,. 2($,*!'(. Natatxa Carreras Sendra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

E, #*'$!$'(1(*!"$ '#&*, '$1$ "8'!('. %* /&07*"(2(%.% Mónica Zuleta Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

B($+$,-"('. 4 2(%.. L*'"&#. *! ',.2* %* C$,$!(.,(%.%/D*/-'$,$!(.,(%.% Pablo Farneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

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NECROPOLITICA Y EXCEPCIÓN. APUNTES SOBRE GOBIERNO, VIOLENCIA Y SUBJETIVIDAD

EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

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El presente artículo hace una lectura sobre la proliferación de la vio-lencia en México, Guatemala y El Salvador. Se enfocará en tres ca-sos especí!cos de la violencia, presentes en la región, para sustentar transformaciones en la subjetividad y en la regulación poblacional, bajo el contexto del neoliberalismo y la acumulación "exible. La dis-cusión tomará como eje la noción de necropolítica y la pertinencia de su uso para analizar el ejercicio del poder, la violencia y la goberna-bilidad de los sistemas políticos aludidos. Se sostiene que la violen-cia muestra la mutación de las formas de la gobernabilidad !ncada en un modelo de subjetivación disciplinario del trabajo (fordismo), hacia la gerencia de riesgos propio de las sociedades de control (neo-liberalismo). Señala que la atrocidad sobre el cuerpo puede leerse como un vaciamiento político de la vida.

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En México y Centroamérica, a las anteriores formas de violencia ta-les como la desaparición forzada, la guerrilla y el paramilitarismo, se aúnan nuevas, como la violencia colectiva, el sicariato, la violencia de las maras y del narcotrá!co; todas ellas, utilizando la vejación cor-

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poral y la atrocidad en dimensiones muy naturalizadas. Estas nuevas violencias presentan un carácter difuso y ubicuo. De las atrocidades producidas por los métodos de contrainsurgencia en los periodos de guera civil –El Salvador y Guatemala– hoy se tienen violaciones a los derechos humanos y vejaciones corporales más difusas y en es-cenarios aparentemente menos politizados. La violencia así banali-zada induce a pensar en transformaciones en la subjetividad y en las formas en que se ejercía la mediación de las relaciones sociales en etapas previas. Para desarrollar esta perspectiva voy a mencionar tres fenómenos presentes en la región: el trá!co de sustancias ilegales, la violencia colectiva y la violencia ejercida por las organizaciones juveniles denominadas “maras”. Es de resaltar que una de las caracte-rísticas comunes a este tipo de violencia es su atrocidad espectacular.

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En México, a partir de 2006, con el arribo de Felipe Calderón al gobierno de la República, se implementó la llamada “Guerra contra el narcotrá!co”, en la cual han perdido la vida cerca de 47 mil 515 personas durante el sexenio (#$%, 2012). La producción de tales muertes estaba pre!gurada desde el inicio de esta política.

En diciembre de 2006, en la toma de posesión del Poder Ejecu-tivo, Felipe Calderón sostuvo: “restablecer la seguridad no será fácil, ni rápido, […] tomará mucho tiempo, […] costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas” (Presidencia de la Repúbli-ca, 2006).

Uno de los indicadores del nivel de violencia en el país es la tasa de homicidios. De acuerdo con las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (&'($&), así como por el Sistema Nacional de Seguridad Pública ()')#) para los últi-mos doce años, se muestra una contratendencia al comportamien-to presentado en este rubro a partir de 2008 (Grá!ca I). Los datos constatan un incremento del doble de homicidios registrados para

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años previos a partir de esta fecha. De acuerdo con algunas investi-gaciones (Escalante, 2011), el incremento notable en el número de homicidios tiene una correlación directa con los operativos militares implementados durante la llamada “Guerra contra el narcotrá!co”.

Fuente: Elaborado en base a datos del &'($& y de la )')#

En este escenario de confrontación armada contra algunos grupos vinculados a organizaciones criminales, se generó un incremento de violencia que se puede interpretar como síntoma de una redistri-bución del poder entre grupos de crimen organizado y agentes del Estado en la regulación del ilegalismo, así como del establecimiento de nuevos equilibrios comerciales para la colocación de productos ilegales en el mercado transnacional.

Algunas de las respuestas provenientes de los grupos vinculados al trá!co de sustancias ilegales, tanto por el embate de las fuerzas gubernamentales como por su competencia interna por mercados, estuvieron signadas por la atrocidad: cuerpos mutilados en plazas y avenidas, cadáveres colgados de puentes peatonales, cabezas cerce-nadas colocadas en los exteriores de edi!cios públicos que pertene-cían a las instituciones de seguridad, entre otros.

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No obstante, sostengo que la emergencia de estas prácticas atro-ces y su espectacularidad, rebasan el contexto del combate al trá!-co de sustancias ilegales, y que se encuentran difuminadas en otros ámbitos y con otros actores. Se puede a!rmar que estas prácticas preexisten al fenómeno desatado por la “Guerra contra el Narco-trá!co”, y que, más bien, esta se anidó en una sensibilidad de alta tolerancia a la violencia previamente establecida y difuminada en espacios íntimos. Esto no debe obviar el fenómeno de profesionali-zación en el ejercicio de la violencia, como sería el caso de los grupos de exmilitares guatemaltecos y mexicanos1 que se han incorporado a las organizaciones criminales, aportando el adiestramientro mi-litar para la e!cacia en dichas actividades, sino más bien permitir entender que se trata de un fenómeno que va más allá de una mani-festación de coyuntura, que constituye una “estructura del sentir”2 (Williams, 1980) que implica una alta tolerancia a la violencia y una desvalorización corporal.

Para explayar más esta tesis, me voy a referir a dos fenómenos presentes en la región centroamericana y México, el caso de la vio-lencia colectiva conocida como linchamiento y la violencia ejercida por las maras.

1 El grupo conocido como Los Zetas se formó de la incorporación de exmilita-res guatemaltecos pertenecientes a los grupos especiales adiestrados en con-trainsurgencia conocidos como Kaibiles. Varias de las técnicas en la ejecución de víctimas rivales de Los Zetas tienen el sello de la “daga Kaibil”. También en años posteriores se incorporaron exmilitares mexicanos pertenecientes a los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales, $*+(), élite entrenada para combate antiguerrillero.

2 Para Raymond Williams, la estructura del sentir hace referencia al tono, la pulsión o el latido de una época. No solo tiene que ver con su conciencia o!-cial, sus ideas, sus leyes, sus doctrinas, sino también con las consecuencias que tiene esa conciencia en la vida mientras se la está viviendo. Un sistema vívido de signi!cados y valores. Algo así como el estado de ánimo de toda una socie-dad en un período histórico.

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En México, desde la década de los 80 del siglo ,, hasta el año 2011, han ocurrido cerca de 785 linchamientos (Grá!ca II); en Guatema-la, de acuerdo con las cifras reportadas por la -&'.$.* (2004) y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (2011), entre 1996 y 2011 ocurrieron 1,117 linchamientos. En ambos paí-ses los linchamientos se han convertido en un procedimiento natu-ralizado y recurrente para sancionar acciones consideradas delitos o violaciones graves a valores comunitarios. Sancionan principal-mente ofensas en contra de bienes y propiedades; en segundo lugar, ofensas en contra de la integridad física de las personas; y por últi-mo, valores comunitarios (Fuentes Díaz, 2008). En sus despliegues, pueden ser eventos multitudinarios y altamente ritualizados, o es-pontáneos y con escasos participantes. En ambos casos, la víctima es numéricamente inferior a los sancionadores. La consumación de los linchamientos presenta innumerables vejaciones corporales: gol-pizas, ahorcamientos, laceraciones, lapidaciones e incineraciones, entre las más comunes. De acuerdo con la literatura referida a este fenómeno, aparecen en sectores con una alta vulnerabilidad social y en contextos signados por una elevada descon!anza en los sistemas de justicia, por la incertidumbre y el miedo (Fuentes Díaz, 2001, 2006, 2008; Vilas, 2001).

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos construida

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Para el caso de México, es de notar la correlación entre el aumento en el número de linchamientos (Grá!ca II), con el aumento en el número de la tasa de homicidios (Grá!ca I) a partir de 2008. Tal despegue en los datos nos hace suponer un aumento generalizado en las condiciones de violencia social en el país, exacerbada por la política de “Guerra contra el narcotrá!co”.

La explosividad en las relaciones sociales previamente existente tuvo lugar por la intensi!cación en las condiciones de vulnerabilidad de amplios segmentos a partir de las modi!caciones macroestructu-rales, ocasionadas por el modelo de acumulación "exible (apertura neoliberal desde 1982), lo que arrojó a condiciones de incertidum-bre a millones de personas. Sobre dicha circunstancia se erigió la po-lítica de la “Guerra contra el narcotrá!co”, obviando el terreno frágil y poroso de la fragmentación social existente.

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De la misma manera, la violencia ejercida por las bandas juveniles conocidas como “maras” ha asolado a El Salvador, Guatemala y el sur de México. Las dos principales maras son la Mara Salvatrucha y la Mara 18 st., formadas originalmente por jóvenes centroameri-canos que vivían en Los Ángeles, Estados Unidos. Estos grupos son constituidos principalmente por hombres jóvenes de sectores popu-lares, agrupados en unidades barriales llamadas “clikas” desde donde controlan una parte de su territorio.

Conocidos por su alto nivel de violencia –por ejemplo, el in-greso a la mara o “brinco” exige de un asesinato–, las maras han es-tablecido controles paralelos en importantes zonas de El Salvador y Guatemala; este control se usa en parte para atentar contra propie-dades (robos) o bien en contra de personas (asesinatos y violacio-nes). Abundantes son los casos de extorsión a comercios y hogares que estos grupos ejercen bajo sentencia de muerte en caso de no “cooperar” con ellos.

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Es difícil medir el número de integrantes de las maras pero al-gunos estudios realizados los calculan en varios miles de jóvenes (Cruz, 2001). Las maras se han tornado una expresión que ha im-pactado la opinión pública, enfocándolas en últimos años como un problema de seguridad interna en Centroamérica y México (Zúñi-ga, 2008). En 2004, el entonces presidente de Guatemala, Oscar Berger, planeó una reunión con la Mara Salvatrucha y la 18 para un diálogo conjunto, con la !nalidad de establecer un alto a los asesinatos intestinos entre ambas bandas así como a los daños co-laterales al resto de la población. En dicha ocasión, Berger declara-ba la incapacidad de las fuerzas o!ciales de contener las relaciones con"ictivas y los controles territoriales que estos grupos ejercían en Guatemala hacia aquellos años (Rodríguez, 2004). Recientemente, se han vinculado con el trá!co de sustancias ilícitas y con el trá!co ilegal de personas hacia los Estados Unidos, lo que ha potenciado su reactividad (Pérez, 2006).

Para Zúñiga (2008), la violencia juvenil en El Salvador es un problema estructural que se revela generacionalmente; los datos so-bre la cantidad de homicidios en el país muestran un ascenso impor-tante para los grupos de edad entre 15 a 24 años durante el periodo de 2001 a 2006 (Grá!ca III). Mientras que para 2001 la cantidad de personas asesinadas entre 20 y 24 años fue de 585, para 2006 fue de 924 (incremento de un tercio). Por otro parte, el número de per-sonas asesinadas entre los 15 y 19 años pasó de 309 en 2001 a 598 en 2006 (incremento duplicado).

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Grá!ca III. Número de homicidios en El Salvador por año,

según grupos de edad de las víctimas (2001-2006)

Fuente: Elaborado en base a los informes o!ciales del Instituto de Medicina Legal de El Sal-vador para los años 1999, 2001, 2002, 2003, 2004,2 005 y 2006. Tomado de Zúñiga, 2008

En un estudio sobre las tasas de homicidio realizado por Santacruz (2005), se determinó que para poblaciones jóvenes, sobre todo en el rango de los 20 a 24 años, la tasa alcanzaba 114 homicidios por cada 100,000 habitantes, diez veces más que la tasa mundial.

De acuerdo con la investigación de Zúñiga (2008: 97), las maras re!eren a una identidad formada en entornos comunitarios donde privan la descon!anza, el miedo y la frustración, elementos caracte-rísticos de comunidades que viven en la exclusión. Para estos secto-res de jóvenes, la violencia es una parte normalizada de las relaciones sociales, que atraviesa desde la propia corporalidad (el marcaje por tatuajes) hasta la eliminación del contrincante como única media-ción con el Otro. En San Salvador, en junio de 2010, miembros de una mara incendiaron un ómnibus con pasajeros a bordo, fallecien-do calcinados 11 de sus ocupantes (Iraheta, 2010).

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Sostengo que estos hechos –las ejecuciones de los grupos del trá!co de sustancias ilegales, la política de “Guerra contra las dro-gas” del gobierno mexicano, la violencia colectiva, y la violencia de las maras– revelan un nuevo tipo de subjetividad, que es producto de una mediación diferente de las relaciones sociales, subjetividad que no solo se expresa como crisis, sino que tiende a hacerse perma-nente y que presenta di!cultades para ser explicada en términos de una regulación política de la vida.

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Un aspecto que resalta en este nuevo tipo de violencia –linchamien-tos, ejecuciones de los grupos de trá!co de sustancias ilegales, las eje-cuciones de las maras–, es la reaparición de las vejaciones corporales como espectáculo. ¿/ué revela la necesidad de castigar públicamen-te, o de exhibir restos humanos en calles y plazas públicas? De acuer-do con Foucault (1993), el cambio del castigo desde el suplicio a la benignidad disciplinaria, fue parte importante de la extensión del Estado y de la construcción de la hegemonía en la Europa moderna.

La desaparición del sufrimiento como espectáculo y la asepsia de violencia en el espacio público fueron procesos vinculados con esta conformación estatal, lo que signi!có la construcción de una mediación en términos de disciplinamiento. En esta constitución se hallaron !guras como la individualidad y la ciudadanía, sobre las cuales se articuló la mediación del estado burgués. Durante este pro-ceso el castigo tendió a ocultarse dentro del proceso judicial penal, lo que llevó a retirarlo de la exhibición pública y a volverlo parte de una conciencia abstracta !ncada en la interiorización del código legal. Dicho proceso se correspondió con el surgimiento y estableci-miento de formas de sensibilidad distintas, vinculadas a ese proceso de construcción estatal (Spieremburg, 1984), lo que permitió, en términos de organización administrativa y control, legitimar el mo-nopolio de la violencia (Weber, 1979).

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Ahora bien, el mantenimiento y emergencia de las vejaciones cor-porales en los ajusticiamientos públicos, en los asesinatos selectivos de las maras y en las ejecuciones vinculadas a los grupos del narco-trá!co en México y Centroamérica, quizá digan algo acerca de los matices del poder del Estado, la manera en cómo se constituyó y la forma en que opera funcionalmente.

Desde la perspectiva que se argumenta en este trabajo, y ha-ciendo una lectura desde los fenómenos expuestos, en los Estados estudiados se estableció un sistema de relaciones sociales que no se constituyeron subjetivamente dentro de los cánones disciplinarios liberal burgueses, generándose sociedades sin la totalización panóp-tica de las relaciones sociales. No es casual que la fuerza y el control autoritario hayan prevalecido como un fuerte componente de sus sistemas políticos y que se hayan constituido en una forma –cultural también–: lo popular autoritario (Fuentes Díaz, 2008). El control de poblaciones en tales Estados se ejerció a través de la fuerza, y en algunos casos, del terror –como en Guatemala–, más que a través de la subjetividad disciplinaria. Se podría hablar de la emergencia de Estados bifurcados (Mahmood, 1998).

La economía en el ejercicio del poder tendió a la centralidad de la fuerza como forma fundamental de las relaciones sociales. Por ello sostengo que el modelo de análisis biopolítico no da cuenta de la complejidad de las relaciones sociales en formas estatales y socie-dades poscoloniales.

Desarrollaré con mayor detalle lo antes dicho. La estructura productiva en México y Centroamérica durante el periodo colonial (economía de hacienda o plantación), hacía de la compulsión física de la fuerza de trabajo el eje de la valorización. Esto irradió al res-to de las sociedades una cultura política autoritaria y una subjeti-vación no disciplinaria en el ejercicio del poder, que permitía una estructura de sentimiento de alta tolerancia al dolor y a la violencia. Por ello, puede sugerirse que, a diferencia del modelo foucaultiano, en los Estados estudiados –México, Guatemala y El Salvador–, la

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construcción de la mediación no se vertebró en los parámetros de abstracción burguesa (individualidad, ciudadanía), sino en formas particulares en las que el eje autoritario, necesario como forma pro-ductiva, hizo de la corporalidad blanco del ordenamiento y control social. El cuerpo subalterno siempre fue el objeto de la intervención violenta, porque dicho cuerpo contenía en potencia su valor latente como fuerza de trabajo.

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Se tiene entonces, un primer eje para explicar la emergencia de la violencia espectacular y atroz, ubicado en las prácticas articuladas en un proceso de larga duración de origen colonial, en donde no se constituyó la mediación burguesa a través de la !gura del ciuda-dano, sino a través de otra forma que resultaba funcional tanto a la organización productiva y como a la interpelación diferenciada de segmentos de población dentro de esos marcos estatales. Esta forma de mediación incorporaba el recurso de la fuerza, tornándola indis-pensable en la organización productiva de las economías coloniales, lo que derivó en la conformación de subjetividades socializadas en el ejercicio del poder no disciplinario, de manera especial en aquellos segmentos subalternos que no tuvieron una cobertura histórica bajo el techo estatal –población nativa y afrodescendiente.

Estas prácticas no biopolíticas, históricamente conformadas, son reforzadas en el contexto actual por las abruptas transforma-ciones provocadas por los cambios en el régimen de acumulación, y por la implementación de políticas estatales para adecuarlo. Aquí radicamos el segundo eje para explicar la emergencia de las nuevas violencias en la región.

Este segundo eje enfoca la emergencia de la violencia contem-poránea como resultado de las transformaciones macrosociales que afectaron la reproducción social de amplios segmentos poblacio-nales, con la implementación del modelo de acumulación "exible

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(Harvey, 1998). Desde esta perspectiva, la nueva violencia responde a la ruptura de las formas en que la acumulación capitalista y el mo-delo de Estado social habían intentado mediar la fuerza de trabajo, con las particularidades de cada caso, en México y los países Cen-troamericanos.

El planteamiento que discuto aquí se acerca al propuesto por Murillo (2001, 2004), para quien se han generado grandes periodos de “estabilización” social en la modernidad, cada periodo ha sido sig-nado por una forma de mediación especí!ca. El primero sería el pacto de sujeción del siglo ,0&&, que asumió el “estado de guerra” como un proceso permanente que debía ser limitado a través de la fuerza; este sería el momento teorizado por Hobbes. Un segundo momento fue el largo proceso de la abstracción soberana depositaria de derechos, el argumento roussseauniano del “pacto de unión”, del consenso, de la “voluntad general”. Este momento genera las grandes claves de la me-diación contemporánea: ciudadanía, soberanía, derecho, igualdad, libertad, democracia, estado, progreso, representación.

Dentro de esta forma de la mediación podemos ubicar, en las primera décadas del siglo ,,, el surgimiento del Estado benefactor.3 El Estado benefactor fue la gran mediación bajo la cual se estabili-zó la con"ictividad social –contradicción capital-trabajo–, a través de jornadas laborales reguladas, salario mínimo, derecho a huelga, organización sindical y demás prestaciones sociales que buscaron canalizar-disciplinar el trabajo a partir de la trama estatal.

Ahora bien, estamos ante el agotamiento de la mediación !n-cada en esa forma de construcción del lazo social. Los cambios en

3 Para Negri la instauración del Estado de bienestar representó un proceso de adaptación del capital hacia el poder que el movimiento laboral había alcan-zado hacia !nes del siglo ,&, e inicios del siglo ,,, por ello retoma como sím-bolo de este fenómeno el mes de octubre de 1917. Comenta: “El formidable salto adelante que la ciencia del capital opera con Keynes consiste en el reco-nocimiento de la clase obrera como momento autónomo dentro del capital... En efecto –parece reconocer Keynes– el sistema funciona no porque la clase obrera esté siempre dentro del capital, sino porque puede estar también fuera; porque siempre amenaza de nuevo con estar fuera” (Negri, 1986:31).

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la acumulación de capital, desde el fordismo hasta la acumulación !exible (Harvey, 1998), han implicado cambios en las relaciones so-ciales que mediaban el antagonismo entre capital y trabajo. En ese sentido es que se puede argumentar que la proliferación de violencia banal es un síntoma de la mutación de la mediación, producida por el desplazamiento de un régimen de acumulación a otro. De mayor resonancia y explosividad en formas sociales que no tuvieron una cobertura estatal amplia en la protección política de la vida.

Planteo así dos ejes para entender la vulnerabilidad de la vida en sociedades poscoloniales y en contextos de "exibilidad. En di-cha situación, ante la fractura de la mediación por consenso, ante el vaciamiento provocado por la desestructuración de un régimen de acumulación que se orientaba limitadamente a la regulación poblacional a través de mediar la vida bajo esquemas de capital productivo, hoy día, la nueva forma de acumulación articula otras regulaciones poblacionales que no pasan necesariamente por el fomento a la vida en tanto fuerza de trabajo. En dichos escenarios inciertos, el cuerpo regresa como único resquicio de in"exión: de ahí que su destrucción o su marcaje sea espectacular.

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La transformación estructural, traída por los procesos de "exibili-zación económica en la morfología estatal de los estados latinoame-ricanos, modi!có la mediación social y la forma de administrar el con"icto. Para las sociedades estudiadas, la tendencia actual no ra-dica en la biopolítica (Foucault, 1995), entendida como el conjunto de saberes y estrategias sobre las características vitales de los seres humanos, la que quizá no existió como forma de control guberna-mental generalizada en Latinoamérica y en otras sociedades posco-loniales (Mbembe, 2001); sino en un manejo técnico administrativo de gerencia de riesgos, que erige el control a través de dispositivos

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tecnológicos de vigilancia, y que contiene por la fuerza, no ya por medio de la subjetivación disciplinaria de los sistemas panópticos.

La mutación en la nueva mediación recorre desde la política sustentada en la subjetivación disciplinaria hacia el gerenciamiento de lo desechable,4 generando la emergencia de vidas desnudas y la proliferación de estados de excepción (Agamben, 2003), como forma normalizada en el ejercicio de gobierno.

La noción de nuda vida apela a la condición de la vida carente de los marcos legales, en un estado de indeterminación entre vida social y silvestre. Para esa indeterminación el derecho romano acuñó la noción de sacer, que apela a una vida sin derecho a ser vivida, a la que se puede poner !n desde el ámbito del poder soberano. Esta noción es útil hoy para entender una tendencia contemporánea de la gubernamentalidad, que recurre en mayor medida a la forma de la excepción, interregno en donde se produce nuda vida: vida a la que se puede eliminar sin cometer homicidio. Siguiendo dicho razo-namiento, podemos sostener que el recurso constante a la vejación corporal y a la banalización de las manifestaciones violentas en la región, se encuentra en dicho proceso.

La incertidumbre global por las condiciones objetivas de repro-ducción social, la orientación a la rentabilidad no productiva, las crisis !scales, los recortes al gasto social, la morfología estatal que no da cuenta de la contención poblacional, etcétera, han llevado a la generación de políticas de administración dentro de parámetros de exclusión, a la proliferación de la fuerza como modo de reorga-

4 La desechabilidad alude a la noción marxista de ejército industrial de reser-va, re!riendo a determinantes económicas que minan los derechos políticos ciudadanos (una mediación fundamental en el desarrollo del capitalismo). Los desechables son aquellos segmentos poblacionales que "uctúan entre el empleo y desempleo dentro de los ciclos económicos de demanda de trabajo asalariado. Son desechables porque a diferencia de los desempleados del ejer-cito industrial de reserva cuya superpoblación relativa tenía como destino el ser reclutado de nueva cuenta para el servicio activo, ahora el desempleo no re!ere a una condición pasajera, sino a una permanencia ordinaria, a una con-dición de “super"uidad”.

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nización administrativa poblacional; no es casual que algunos ana-listas hablen de la emergencia de sociedades de control y de estados policiales (Garland, 2005; Wacquant, 2000). Es en ese sentido que en los sistemas políticos contemporáneos la excepcionalidad vuelve a indiferenciarse del ordenamiento jurídico normal; no es fortuito que se violenten garantías y derechos de población desprotegida en nombre del Estado de Derecho, y que se criminalice la protesta de los grupos que actúan en contra de la desposesión, caracterizándoles como peligrosos para la democracia y la gobernabilidad actual. De esta manera, la violencia se erige acentuadamente sobre el derecho, como forma necesaria del mantenimiento de este nuevo orden jurí-dico neoliberal, constituyéndose en la forma necesaria de la guber-namentalidad liberal-global, a través de la prevalencia de la fuerza. Así, la violencia ocupa un lugar preeminente en la mediación social, cuando la excepción se convierte en regla (Benjamin, 2007).

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La indistinción excepcional del espacio político, a diferencia de las orientaciones biopolíticas, genera un énfasis mayor en la adminis-tración de la muerte. Esto lo constatan, entre otras cosas, las mo-di!caciones en materia penal realizadas en la región en las últimas décadas: disminución de la edad de los imputados de delitos (Mé-xico, Argentina), modi!cación de delitos de fuero común a federal, tipi!cación de nuevos delitos, criminalización de la protesta, !gu-ras legales diseñadas para decretar Estados de emergencia (Salvador, México, Honduras, Ecuador), militarización de la seguridad pública, combate a la delincuencia organizada con Fuerzas Armadas, cons-trucción de cárceles de máxima seguridad, control electrónico de los espacios públicos (teléfonos móviles, cámaras de vigilancia), etc.

Difícilmente podemos hallar, en el contexto estudiado, algo pa-recido a la gran tecnología de poder que retenía la vida en el margen soberano a través de la administración de cuerpos y la gestión cal-

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culada de la población. Más bien, como sugiere Mbembe (2003), la forma de operar de la política hoy día se basa en el cálculo instru-mental sobre a qué población se puede dejar morir, constituye una necropolítica, la administración de la muerte al interior del topos político.

Los procesos de quiebre que se han mencionado –reestructura-ción económica en la región, las coyunturas de guerra civil–, soca-varon a nivel de política social la orientación a la mediación salarial y redistributiva del Estado. Este hecho fue central porque implicó vulnerar a poblaciones que históricamente habían sido débilmen-te mediadas, a la vez que englobó a nuevos sectores. Esto sugiere que lo que se conformó como nueva gubernamentalidad dentro de los procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), no puede garantizar pisos estables para asegurar la vida de segmentos poblacionales, sino que los torna desechables; la necropolítica del Estado neoliberal y su régimen de acumulación deja al desecho en los márgenes residuales; la !gura no es el regreso al mercado laboral que medie la vida, su !gura es la expulsión, y su lugar, el vertedero (Bauman, 2005).

En este manejo se puede entender la actual regulación de las po-blaciones en el ejercicio de gobierno, como una forma racionalizada de la muerte,5 y la reproducción naturalizada de esta trama desde diversos segmentos poblacionales en el espacio social, a partir de una reactivación autoritaria desde lo popular (Fuentes Díaz, 2008).

Es decir, la necropolítica supone relaciones sociales !ncadas en el ejercicio de la fuerza y en el giro autoritario de las prácticas, no debe entenderse como un ejercicio exclusivo de los órganos guber-namentales, sino más allá. Se constituye como una “estructura del sentir” que se irradia a todos los segmentos sociales; es un sentido común que moldea conductas e induce gozos, y es más e!ciente en términos de reacción, en sistemas legales ambiguos y laxos. Su pre-

5 La declaración del Presidente de México en el arranque de la política de “Gue-rra contra el Narcotrá!co”, de que se perderían vidas humanas, es un claro ejemplo de dicha gestión de riesgos (véase Presidencia de la República, 2006).

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sencia entrelaza los ethos coloniales de larga duración con las condi-ciones de super"uidad y nuda vida contemporánea.

Es aquí donde ubico la política gubernamental de la “Guerra contra el narcotrá!co” y la violencia social difuminada en los lin-chamientos y en los asesinatos de las maras. No hablamos de sub-jetivaciones para el retorno a un supuesto cuerpo social, pieza clave en el modelo de capital productivo, que formaba trabajadores para el mercado, sino de políticas, prácticas y formas de subjetividad que se entrelazan en la denegación/expulsión de la población excedente, super"ua.

La espectacularidad de la violencia, su atrocidad, se encuentran en relación con esta forma de denegación del necropoder, que hace énfasis en la desvalorización de la fuerza de trabajo vivo. Hoy día el objetivo del castigo no es ya la recti!cación de conciencias, que suponía la conducción disciplinar del trabajador dentro de la lógica de incremento del capital variable, sino la contención en un afuera, o su eliminación. En esta nueva etapa se comprende la ideología de la Seguridad, con todas sus características, desde la gestión milita-rizada de la seguridad pública, las guerras preventivas, la vigilancia electrónica, hasta la construcción de nuevas !guras del enemigo. La destrucción del cuerpo, su retención en el dolor o su mutilación, nos hablan de procesos de desechabilidad y producción de nuda vida propios del régimen de "exibilidad.

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Retomando las nociones de necropolítica, desechabilidad y vida nuda, se puede proponer una lectura de las condiciones sociales de fragmen-tación social que generan grandes segmentos de población bajo la !-gura del desecho, cuya desvalorización en tanto fuerza de trabajo en los circuitos de valorización del capital, los subsume en la disminución de su estatus en tanto sujetos de derecho. La anterior relación per!la las bases para su exposición a la vida desnuda, a decir de Lewkowicz:

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La relación social ya no se establece entre ciudadanos que com-parten una historia sino entre consumidores que intercambian productos […] los no consumidores pierden la condición humana (2004: 35).

Es aquí en donde radicamos la tendencia al retorno corporal y al sufrimiento, que estaría en correlación con una sensibilidad de alta tolerancia al dolor en las relaciones sociales históricamente confor-madas en la subalternidad y potenciadas actualmente, bajo el mode-lo de acumulación capitalista por despojo (Harvey, 2004). Se puede decir que el retorno corporal se hace inminente en contextos en que la vida ha tenido frágiles mediaciones políticas6 y en donde el tra-bajo vivo se desvaloriza a partir de las condiciones de "exibilidad. La necropolítica, como tecnología de poder, se vincula con la excep-cionalidad de la gubernamentalidad contemporánea. Los sistemas políticos en México, El Salvador y Guatemala, no generaron techos estatales que revistieran políticamente la vida de vastos sectores de su población, y esta vulnerabilidad permanente se agrava ante la acu-mulación "exible, que obligó a reducir y refuncionalizar al estado social en América Latina desde la década de los ochenta. En este escenario, la desechabilidad genera vidas desnudas; la banalidad de la vida expuesta genera, como acción social, la respuesta atroz y la forma inmediata del sentido y de la sensibilidad. La necropolítica de lo desechable y la nuda vida se producen en el horror banal del go-bierno contemporáneo.

6 Un ejemplo, en otro plano, de este retro-corporal se puede hallar en la utiliza-ción y en el debate sobre la legalización de la tortura en los Estados Unidos en 2005, como método utilizado contra prisioneros bajo la estrategia de la lucha contra el “terrorismo”.