ficha constitucional 50

7/25/2019 Ficha Constitucional 50

1/13

15 de septiembre de 2012 N 50

L E Y DE SE G U R I DA D C I U DA DA NA

WALDOALBARRACN

CONTENIDO

1

C O NS I DE R A C I O N E S P R E V I A S 1

2

E L F E N M E N O DE L A DE L I N C U E NC I A E N B O L I V I A 3

3

C A U S AS Q U E G E N E R A N I N S E G U R I D A D C I U DA DA N A 4

3.1 L A P OB R E Z A Y A SI M E T R A S S OC I A L E S 43.2 L A S E G U R I DAD CI U DA DA N A CO M O U N PR I V I L E G I O 53.3 L I M I T A C I O NE S I N ST I T U C I O NA L E S D E L A P O L I C A 53.4 A US E NC I A D E P O L T I C A S DE R E I NS E R C I N S OC I A L E N E L S I ST E M A

P E N I T E N C I A R I O 6

3.5 I N E F I C I E NC I A , B UR O C R A C I A , C O R R U PC I N J UDI C I A L Y DE L M I N I ST E R I OP B L I C O 6

3.6 G L O B A L I Z A C I N DE L D E L I T O 7

3.7

7 R O L N E G A T I V O DE L O S M E DI O S DE DI F US I N 7

4

L A L E Y D E D E L S I S T E M A N A C I O N A L D E S E G U R I D A D C I U D A D A N A P A R A U NA V I D A S E G U R A 8

4.1 A N T E C E D E N T E S 84.2 E S T R U C T U R A DE L A L E Y D E L S I ST E M A NA C I O NA L D E S E G U R I D A D

CI U DA DA N A PA R A U NA V I DA S E G U R A 95

R E F L E X I N F I N A L 13

1

CONSIDERACIONES PREVIAS

La Declaracin Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 porla Asamblea General de las Naciones Unidas, estableci un trpode de derechos sobre cuyabase se deben materializar los dems, se enfatiza que toda persona tiene derecho a la vida, a lalibertad y la seguridad, en la idea de que, sobre la fortaleza e importancia de estos tres, sedesarrollen y efectivicen el conjunto de derechos que los Estados y la comunidad internacionalle reconocen a las personas. No tiene sentido los derechos humanos sin la persona viva, lavida de cualquier individuo debe materializarse resguardando la libertad en sus diferentesdimensiones y desarrollar una vida libre de todo mecanismo de presin, coaccin y


2/13

Pgina 2

sometimiento. El tercer pilar que completa esta triloga de derechos se refiere precisamente ala seguridad, es el correlato de las dos anteriores, en el entendido de que las personas no debenestar sometidas a una serie de amenazas, agresiones fsicas o psicolgicas, amedrentamientos,coacciones, extorsiones y un abanico de acciones de violencia que pongan en riesgo la vida,integridad fsica, la tranquilidad, la propiedad y el derecho a vivir en paz que se merece todo

ser humano.En el contexto del derecho insoslayable a la seguridad que le asiste a todo ciudadano,advertimos precisamente que una asignatura pendiente que el Estado boliviano no supo cubrir,es precisamente el problema de la seguridad ciudadana. Las diferentes gestionesgubernamentales, incluida la actual, demostraron no slo incapacidad para aplicar unaverdadera poltica de Estado que allane esta problemtica, sino que se advierte la ausencia deconviccin y voluntad poltica para cumplir el rol de proteccin. Afrontar el problema comouna labor que debe ejercerse por simple obligacin o temor a la crtica pblica, es comorealizar una tarea de mala gana, sin importar los resultados. Esa es la situacin que estamosexperimentando, toda vez que, los rganos de seguridad creados precisamente para cuidar a lagente, son utilizados en otros fines, es el caso de la Polica que si bien desarrolla un trabajo deseguridad ciudadana, ste se torna insuficiente porque en las esferas de poder poltico seasume que esa institucin debe estar expresamente al servicio de las instanciasgubernamentales, descuidando el sentido original de su creacin.

En la necesidad de verificar que estas afirmaciones individuales guarden relacin con elsentido comn y el punto de vista de la sociedad en su conjunto, resulta importantecompatibilizar estos criterios con el pensamiento y opinin del colectivo humano. Al respectoes necesario referirnos a la encuesta realizada por la empresa DIAGNOSIS SRL, la misma quepor encargo del peridico Los Tiempos, efectu un sondeo de opinin sobre percepcinciudadana en relacin a la situacin del pas. En el tema que estamos abordando, cabe resaltarel criterio de la poblacin, tomando como parmetro la opinin de la gente en el mbito de lo

que comnmente denominamos el el eje central, es decir las cuatro ciudades con mayorpoblacin, Santa Cruz de la Sierra, La Paz, El Alto y Cochabamba. La informacin data delmes de julio del ao en curso. Se entrevistaron a 800 personas entre 16 a 60 aos. Lasafirmaciones realizadas en los prrafos anteriores respecto a la ineficiencia estatal en relacina la lucha contra la delincuencia y la ausencia de polticas serias sobre seguridad ciudadana,encuentran su correlato en los resultados de la mencionada encuesta.

Es importante hacer notar y reflexionar respecto al hecho de que, el 67 % de las personasentrevistadas considera que el fenmeno de la delincuencia se increment en demasa en subarrio durante los ltimos tres aos, lo que pone en evidencia que la mayora de los barrios delas principales ciudades del pas, se encuentran desprotegidos. Es decir que, adems deadolecer de servicios elementales como iluminacin en las calles, se advierte una ostensible

ausencia del Estado, sometiendo a la ciudadana a una crtica situacin de desproteccin,circunstancia que es aprovechada por la delincuencia para realizar asaltos, atracos, robos ainmuebles u otro tipo de delitos. Otro dato preocupante que devela la encuesta se refiere alhecho de que el 85% de las personas encuestadas considera que la delincuencia se incrementde forma contundente en su ciudad. Cmo evala la ciudadana la actuacin de las diversasentidades del Estado en funcin de otorgar seguridad ciudadana y combatir la delincuencia?,llama la atencin la calificacin otorgada al gobierno Nacional, a la Polica, as como al


3/13

Pgina 3

sistema judicial, en la lucha contra la delincuencia , en una escala del 1 al 7, prcticamentetodas se aplazaron, ninguna aprob la evaluacin ciudadana.

Podemos realizar nuevas encuestas y el resultado probablemente sea peor, cuanto mstranscurra el tiempo se incrementar la delincuencia. Esta cruda realidad debe impulsarnos arealizar una autocrtica colectiva, el Estado no desarrolla su trabajo con eficiencia ycompromiso social, sus instituciones como la Polica, Fiscala o el rgano Judicial, perdieronel rumbo, sus funcionarios estn ms empeados en el enriquecimiento ilcito que en servir ala poblacin, no existe una qumica entre Estado y sociedad civil. Se requiere una reflexinprofunda y un redimensionamiento del rol del Estado, menos activismo poltico en elGobierno y mayor vocacin de servicio puede ser un punto de partida ideal.

2

EL FENMENO DE LA DELINCUENCIA EN BOLIVIA

El delito como conducta humana, as se trate de un acto no violento o en su manifestacinagresiva, naturalmente genera una sensacin de temor en la potencial vctima, sentimiento quese hace ms extenso en la medida que el Estado no adopte los recaudos necesarios para otorgarla debida proteccin a la ciudadana, circunstancia ante la cual el colectivo humano sedesenvuelve en una peligrosa situacin de desamparo ante las mltiples formas que adquiereel delito. A su vez, el aumento de la violencia delictiva provoca mltiples efectos sociales yeconmicos, adems de institucionales. La delincuencia expande el temor en la sociedad,provocando que algunos grupos no integrados plenamente al Estado o excluidos social yeconmicamente, aparezcan como sospechosos o culpables de la inseguridad pblica.

Es menester enfatizar que la violencia delictiva provoca severos daos en el tejido social y enla vida econmica de cualquier colectivo humano. Su impacto alcanza a las personas, bienes,economa e instituciones. En lo concerniente a las personas particulares, segn el textoDelincuencia y Seguridad Ciudadana en Bolivia 1, los efectos de determinados delitos ,

como los robos y los hurtos crean una especie de impuesto forzado cuya transferencia derecursos de personas ricas y pobres desplaza hacia los delincuentes. Este impuesto forzadoafecta ms a los pobres porque degrada su calidad de vida, debido a que lo poco que tienenconstituye todo su patrimonio. Enfatizan los autores del indicado texto que el delito produceun nivel de endeudamiento a las personas de escasos recursos, precisamente porque lo nicoque tienen muchas veces es objeto de la apropiacin indebida en que incurre el delincuente, enese sentido la violencia delictiva priva a las personas de sus potencialidades productivas,consecuentemente frena su desarrollo humano y disminuye su ejercicio ciudadano.

Se hace notar que, la inseguridad provoca mayores costos para las personas en general, losque, lejos de garantizar sus bienes materiales, estn obligados a proteger sus vidas cambiandopuertas, contratando servicios de vigilancia o participando ellos en la vigilancia de los barrios.

La preocupacin e inquietud ciudadana es permanente frente a la posibilidad fctica de que encualquier momento o circunstancia puedan ser vctimas de un hecho delictivo, la poblacinest consciente adems que el Estado no cuenta con los mecanismos y medios efectivos paraotorgar la correspondiente proteccin frente a este fenmeno. Independientemente de la

1Delincuencia y Seguridad Ciudadana en Bolivia, cuyos autores son: Mary Rocabado Rodrguez y

Rolando Caballero Romano- la Paz-junio 2005.


4/13

Pgina 4

condicin de la persona sta se encuentra expuesta bajo un alarmante grado de inseguridad alaccionar del delincuente que muchas veces se pasea como Pedro por su casa en los las callesy recintos pblicos, incluso en los privados para incurrir no solo en la conducta delictiva, sinoque como efecto de ese hecho antijurdico, precede la vulneracin de un derecho humanocomo la vida, integridad fsica propiedad, dignidad, etc.

En estas circunstancias queda claro que la poblacin boliviana se mueve en un escenario deostensible inseguridad ciudadana y es esta asignatura pendiente del Estado la que pretendemosanalizar, encontrar sus causas y por ende intentar identificar algunas alternativas de solucin, apartir del anlisis riguroso que realizaremos ms delante de este nuevo instrumento jurdicopromulgado por el Estado, me refiero a la Ley de Seguridad Ciudadana.

3

CAUSAS QUE GENERAN INSEGURIDAD CIUDADANA

El delito no es un fenmeno casual que aparece en el entorno social circunstancialmente, laCriminologa durante mucho tiempo se encarg de estudiar las causas de las conductascriminales atravs de una investigacin emprica, la prevencin del delito y el tratamiento deldelincuente2, se trata de identificar adems los elementos reales del delito, el comportamientodel delincuente y sus consecuencias en el mundo exterior.

Pero as como resulta necesario para toda sociedad desarrollar un estudio e investigacinrigurosa acerca de las causas de las conductas criminales, es de suprema importancia intentardiagnosticar el fenmeno de la inseguridad ciudadana, como consecuencia de las obligacionespendientes que an tiene el Estado para con la sociedad civil, en ese sentido haremosreferencia a las causas o factores que generan y dan lugar a la referida inseguridad, son variaspero identificaremos las ms emblemticas.

Segn el texto titulado Informe Especializado sobre la situacin de la Seguridad Ciudadana enBolivia3, se identificaron entre otras, nueve causas que generan inseguridad ciudadana o que

constituyen una traba para que el Estado pueda materializar de manera efectiva su tarea deproteccin a sus sbditos. De las referidas causas, a travs del presente documentoexpondremos algunas de ellas:

3.1

LA POBREZA Y ASIMETRAS SOCIALES

Se hace nfasis en que ms del 60% vive en situacin de pobreza, de los cuales un 40% estbajo el umbral de la extrema pobreza, situacin que se traduce en un conjunto de privaciones,especialmente en el mbito de los derechos econmicos y sociales. La exclusin social generaotro tipo de secuelas, entre ellas el incremento de la delincuencia por falta de fuentes detrabajo, implcitamente a travs de la pobreza estructural se est incentivando de manera

indirecta el surgimiento de bolsones de inseguridad, tras la consolidacin de grupos de

2Criminologa. Introduccin al estudio de la conducta antisocial. Jorge Lpez Vergara Mxico 1997,

pg.20.

3Informe Especializado sobre la situacin de la Seguridad Ciudadana en Bolivia, publicado por la

ONG Comunidad en Derechos Humanos, investigacin a cargo de Waldo Albarracn Snchez. LaPaz-2009.


5/13

Pgina 5

delincuencia que actan poniendo en riesgo la seguridad y la vida de las personas, es ms, conel transcurso del tiempo los delitos y protagonistas de los mismos, dejaron los mtodos noviolentos para incursionar en hechos delictivos que se caracterizan precisamente por la actitudviolenta.

3.2

LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO UN PRIVILEGIOEn el contexto de una sociedad asimtrica y ante la insuficiencia e ineficiencia estatal, seadvierte que la seguridad ciudadana se convirti en al privilegio de unos cuantos. Se podradvertir que, especialmente en las principales ciudades capitales del pas, particularmente enaquellos barrios donde habitan familias con respaldo econmico, no es el Estado el que prestael servicio de seguridad, sino que son empresas de seguridad privada las que se encargan deesta labor de proteccin, incluso cerrando el ingreso a la zona de manera ilegal, como si setratara de recintos particulares. Por el contrario gran parte del territorio nacional, tanto en laszonas rurales, as como en los barrios perifricos de las ciudades, evidencian la ausencia delEstado y especialmente de la Polica, circunstancia ante la cual, tienes a una poblacin que en

su mayora vive totalmente desguarnecida. No est presente el Estado y peor no cuenta con losrecursos para suplir esta acefala con servicios privados.

3.3

LIMITACIONES INSTITUCIONALES DE LA POLICA

La entidad policial muestra una peligrosa debilidad institucional, a partir de la falta derecursos para cumplir eficientemente su labor de proteccin. No se abastece para prestar entodo el pas el servicio de proteccin y vigilancia, situacin que dio lugar a la inseguridad,especialmente en diferentes barrios donde no se encuentra una sola posta policial.Generalmente se atribuye este problema a los insuficientes recursos que le asigna el Estado ala mencionada institucin. Tambin es menester hacer notar que, adems de los limitados

recursos y de una infraestructura que no est acorde a las necesidades y naturaleza de sutrabajo, se advierte que, parte de esta limitaciones se identifica en la formacin de su personaly la falta de conviccin respecto al tipo de servicio que deben prestar, lo hacen ms porobligacin que por una motivacin altruista. Por otro lado, la mentalidad represiva parece estarpresente con mayor contundencia, que la idea de servir al pueblo.

Adems de los factores antes sealados, corresponde tomar en cuenta la desventaja bajo lacual acta la polica frente a la delincuencia organizada, la misma que cuenta con recursos,tanto tcnicos como econmicos, es el caso del narcotrfico que cuenta con dinero, armasmodernas y sofisticadas, informantes pagados, muchas veces insertados en la propiainstitucin policial, o los grupos de contrabandistas que anticipadamente se enteran de losoperativos policiales. En esas condiciones desventajosas, la labor institucional no resulta fcil.

Otro elemento que debemos aadir como problema an no resuelto en lo concerniente a laslimitaciones de la polica, guarda relacin con la burocracia y corrupcin institucional, lasinvestigaciones suelen demorar y no se realizan con la debida celeridad y eficacia, en generallos diversos casos que se presentan, carecen de un tratamiento adecuado, incluso desde elmomento de la recepcin de una denuncia. La institucin policial no se apropia del caso ni seidentifica con la vctima y si los interesados en el esclarecimiento no incentiva o impulsan lainvestigacin respecto a un hecho delictivo, ste jams se esclarecer. Por ejemplo, si quien


6/13

Pgina 6

sufri un robo, un asalto no aporta con dinero a la investigacin, no solventa los costos de lamisma apara el cumplimiento de determinadas diligencias, stas no se desarrollarn. Dichanegligencia, combinada con corrupcin y burocracia se hace extensiva hacia el MinisterioPblico, es decir los fiscales asignados al caso.

3.4

AUSENCIA DE POLTICAS DE REINSERCIN SOCIAL EN EL SISTEMAPENITENCIARIO

No obstante las tres dcadas de vigencia de sistemas democrticos, queda claro que hastaahora ningn gobierno en los treinta aos de restitucin o vigencia de regmenesconstitucionales, tuvo la iniciativa o sensibilidad humana para implementar polticas estatalesserias que viabilicen programas de reinsercin social, a tal extremo se siente esta estaasignatura pendiente que, las personas que ingresan a un recinto penitenciario por mandato deun juez en materia penal, cuando obtienen su libertad, lo hacen impulsados por una fuerteinclinacin a la reincidencia en el delito, porque no saben hacer otra cosa que no sea delinquir,cumplindose muchas veces la frase perversa de que ms se tarda en salir que en retornar.

Una persona que jams se benefici con polticas de readaptacin y/o reinsercin social, tieneenormes posibilidades de reincidir. Por otro lado, los sistemas progresivos previstas en lanorma penitenciaria no se cumplen en la prctica porque no se clasifica a nadie bajo losregmenes abierto, semi cerrado y cerrado, en nuestros recintos carcelarios estn todosmezclados, independientemente de qu delito se haya cometido. Lo que determina laseparacin de los reclusos y el tipo de celda en que vivan, no es su situacin jurdica, sinofundamentalmente su estatus social, los medios econmicos con que se cuenta, de tal maneraque el que tiene ms recursos tendr una celda muy cmoda, mientras hay personas presas queviven en situacin de indigencia.

Este problema afecta de manera efectiva a la seguridad ciudadana porque llegamos a la triste

conclusin de que, como emergencia de la aplicacin de sentencia penales, el nmero depersonas que delinquen no se reduce, sino que por el contrario se incrementa.

3.5

INEFICIENCIA, BUROCRACIA, CORRUPCIN JUDICIAL Y DEL MINISTERIOPBLICO

Genera inquietud generalizada y profunda preocupacin en la ciudadana, el grado deburocracia e ineficiencia de los juzgados encargados de administrar justicia, as como delMinisterio Pblico, instituciones donde prcticamente desaparecieron los referentes altruistasy ticos, emergiendo en su lugar el comportamiento pracmtico, vinculado a lo econmicotiene mayor relevancia, importa ms la preservacin del cargo con fines estrictamente

lucrativos, ello implica que ms que el sueldo interesa en gran manera la captacin irregular dedinero que tiene como fuente el litigante, la vctima de un delito o el acusado del mismo. Estaforma tan anmala de funcionar por parte de la fiscala y los estrados judiciales, especialmenteen materia penal, contribuye de manera indirecta pero efectiva a la inseguridad ciudadana.

Vale la pena mencionar el reiterado incidente que se produce cuando los vecinos de un barrioo de alguna comunidad intentan justificar el porqu de los linchamientos, si bien muchos deellos estn conscientes que no es el mtodo correcto y adecuado para combatir el delito, sinembargo su reclamo se concentra en el hecho de detener a un delincuente infraganti, lo


7/13

Pgina 7

entregan a la autoridad y al poco tiempo se enteran que el fiscal o el juez otorg libertad alpresunto autor del delito, con la agravante de que el liberado retorna al mismo lugar areincidir en el hecho delictivo. Se suele escuchar como argumento injustificable en lasautoridades que, como nadie present denuncia, tuvieron que liberar al detenido, sin tomar encuenta que no se tratan de delitos de orden privado.

3.6

GLOBALIZACIN DEL DELITO

Este fenmeno se materializa en la sociedad, en la medida que se advierte la presencia deagrupaciones de delincuentes que se instalan en otros pases para allanar su campo de accin,toda vez que en su propio medio ya tienen antecedentes y estn bajo la mira del Estado,consecuentemente optan por trasladar sus operativos a otros pases, preferentemente vecinos,donde posteriormente coordinan sus actuaciones con grupos nacionales, transmitiendo susconocimientos y tcnicas en materia delincuencial, sus mtodos renovados y sofisticados,contribuyendo al mejoramiento de la tcnica delictiva. Es as que en Bolivia tenemos gruposque actan en diversas regiones del pas cometiendo distintos tipos de delitos, muestran cierta

especialidad en lo que concierne a crmenes violentos. La globalizacin del delito tienetambin como consecuencia la presencia de agrupaciones de diversas nacionalidades alinterior de las crceles.

3.7 7 ROL NEGATIVO DE LOS MEDIOS DE DIFUSIN

Se advierte que la mayora de los medios de difusin no cumplen una labor orientadora haciala poblacin, priman otros intereses, especialmente econmicos, comerciales, la obsesin porel reiting. En este escenario se identifica una permanente intencin de sobredimensionar loshechos, mostrando escenarios de violencia. Muchos estudiosos de esta problemticacoinciden en sealar que los medios ofrecen una imagen distorsionada de la delincuencia,

exagerando la frecuencia y preponderancia del crimen violento sobre otro tipo de accionescriminales.

La presencia de la violencia en los medios, da lugar a que sta se vuelva como algo muynatural, que ya no extraa ni sobresalta su materializacin. La exposicin prolongada a laviolencia mostrada por los medios, tiende a generar una falta de sensibilidad humana de lossujetos, tanto en el potencial victimario y las vctimas, tal es as que , hechos que en otrascircunstancias hubieran generado rechazo en la poblacin, son asumidos como cotidianos ynormales. No en vano en pases de marcada violencia delictiva como el Brasil, Argentina,Colombia, Venezuela o Mxico, hay casos de secuestros o muerte de personas que aparecencomo cotidianos y se los asume con cierta naturalidad.

A travs de los medios de difusin, se va creando una especie de pedagoga de la delincuenciay un estado de nimo dependiente de la violencia, tal es as que existen pelculas que seexponen en los canales de televisin, las mismas que son evaluadas o valoradas de acuerdo algrado de intensidad con la que la violencia se hace presente, al extremo que si sta no se hacepresente se la califica de aburrida o mala, en ese contexto los medios de difusin actan comoperfectos y eficaces transmisores o portavoces del delito, la delincuencia y su promocin. Secrean las condiciones para que los personajes favoritos del pblico se constituyan en dolosprecisamente por ser buenos ejecutores de la violencia.


8/13

Pgina 8

Los medios contribuyen a la inversin y distorsin de valores, tanto en las noticias quedifunden, as como en los programas distractivos que promocionan. Al respecto es pertinentehacer notar que a travs de este rol negativo desarrollado por los medios, se est vulnerando elmandato establecido en el Art. 107 de la Constitucin Poltica del Estado, el mismo que a laletra reza: I Los medios de comunicacin social debern contribuir a la promocin de los

valores ticos. Morales y cvicos de las diferentes culturas del pas, con la promocin ydifusin de programas educativos plurilingues y en lenguaje alternativo paradiscapacitados. II La informacin y las opiniones emitidas a travs de los medios de

comunicacin social, deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos

principios se ejercern mediante las normas de tica y de autorregulacin .

4

LA LEY DE DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNAVIDA SEGURA

4.1 ANTECEDENTES

Frente a la insuficiencia normativa en relacin a la problemtica de la seguridad o inseguridadciudadana, se fue forjando una especie de clamor popular, interpelando al Estado para que steadopte un conjunto de iniciativas tendientes a resolver este agudo problema que atinge al pas.Una verdadera y seria poltica estatal, adems de incluir un abanico de medidas que ayuden adar una respuesta convincente desde el Estado hacia la sociedad civil, involucra la tarealegislativa, en la idea de llenar ese vaco jurdico que afecta negativamente porque impide alEstado actuar y adoptar medidas orientadas a combatir la delincuencia.

Ante esa circunstancia, advertidos de esta tarea incumplida, desde el rgano Ejecutivo seimpuls la redaccin de un proyecto de ley que aborde la problemtica de la seguridadciudadana. Dicho proyecto es el resultado de un trabajo conjunto entre diferentes instituciones

relacionadas con el tema. Asimismo, podramos afirmar que el susodicho proyecto fue elproducto de consensos y aportes de los Gobiernos Departamentales y Municipales, desdeluego, de una entidad protagonista en la lucha contra la delincuencia, me refiero a la PolicaBoliviana, adems de representantes de la empresa privada, as como de actores polticos yorganizaciones vivas representativas de la sociedad civil.

El esfuerzo conjunto de esta gama de entidades pblicas y privadas permiti contar con unproyecto que al ser consensuado no encontr escollos en la instancia legislativa para sutratamiento y posterior aprobacin, as como la subsecuente promulgacin, hecho que se dio el31 de julio de 2012.4

4La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Para una vida Segura, fue aprobada en la

Asamblea Legislativa Plurinacional, el 13 de julio de 2012. Una vez que pas al rgano Ejecutivopara su promulgacin, el Presidente Evo Morales promulg la citada norma el 31 de julio del mismoao.


9/13

Pgina 9

4.2

ESTRUCTURA DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDADCIUDADANA PARA UNA VIDA SEGURA

Se trata de una norma que contiene siete ttulos y 72 artculos, 6 disposiciones transitorias, unaabrogacin y derogacin, adems de cuatro disposiciones finales, las que se refieren a la

modificacin de los Arts. 180 y 261 del Cdigo Penal y la modificacin del Cdigo deProcedimiento Penal a travs de los Arts. 247, 235 bis y251, la coordinacin institucionalentre algunas reparticiones pblicas, as como el accionar conjunto entre las entidadesterritoriales de base con la Polica Boliviana.

TTULO I.-Describe el objeto de la norma haciendo nfasis en su Art. 1, sobre la necesidadde garantizar la seguridad ciudadana, promoviendo la paz y la tranquilidad social en el mbitopblico y privado, principio que tambin est ratificado en el siguiente artculo al hablar de losfines de la norma, junto a la tarea de prevenir la inseguridad ciudadana, as como la labor deestructurar el Sistema de Seguridad Ciudadana a travs de un Plan Nacional y PlanesDepartamentales, Municipales e Indgena Originario Campesino. Se consagra tambin a laSeguridad ciudadana como una prioridad nacional, en aras del libre ejercicio de los derechos y

garantas individuales y colectivas. El mencionado Ttulo contiene 14 principios:Responsabilidad, Solidaridad, Compromiso, Transparencia, Priorizacin de la Vctima,Celeridad, Respeto a los Derechos Humanos, Equidad de Gnero y Generacional,Interculturalidad, Igualdad, Oportunidad, Sostenibilidad, Vivir Bien y Lealtad Institucional.

TTULO II.- Define el marco institucional a travs de tres captulos, el primero se refiere alSistema Nacional de Seguridad Ciudadana y al conjunto interrelacionado de polticas, planes,estrategias, procedimientos y funciones en esta materia y sus fundamentos basados en lacorresponsabilidad institucional, participacin ciudadana y control social. Se describeasimismo el abanico de instituciones que integran el sistema Nacional de Seguridad Ciudadanacomo el Ministerio de Gobierno y las Entidades Territoriales Autnomas.

Se establece el deber de los servidores pblicos de colaborar y prestar la asistencia posible yadecuada a las entidades pblicas, a la Comisin, a los Consejos de Seguridad Ciudadana y ala Polica Boliviana, en las tareas de prevencin, mantenimiento y restablecimiento de laseguridad ciudadana. Dichos servidores debern requerir de los particulares su colaboracin,siempre que no implique riesgo personal para los mismos.

Se identifica al Ministerio de Gobierno como la mxima autoridad responsable de laformulacin, planificacin, aprobacin, gestin de las polticas pblicas, coordinacin ycontrol de la seguridad ciudadana, respetando el derecho a la ciudadana plena y se asigna aeste Portafolio de Estado 6 responsabilidades: Formular, aprobar y ejecutar las polticaspblicas a favor de la seguridad ciudadana, aprobar y ejecutar los programas, planes,proyectos y estrategias para la prevencin y restablecimiento de la seguridad ciudadana,aprobar y ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, dirigir a la Polica Boliviana,gestionar la cooperacin internacional, as como articular con la poblacin las polticaspblicas de prevencin y vigencia de la seguridad ciudadana.

Por otro lado, se establecen las responsabilidades de las entidades Territoriales AutnomasDepartamentales, Municipales, Regionales e Indgena Originario Campesinas.

El Captulo III del mencionado Ttulo II, hace referencia a la Comisin Interministerial deSeguridad Ciudadana, integrada por los Ministerios de Gobierno, Defensa, justicia, Salud y


10/13

Pgina 10

Deportes, Educacin y Comunicacin, presidida por el primero, debiendo coordinar laejecucin efectiva de las diversas polticas, programas, planes y proyectos definidos al efecto.

El Art. 15 de la norma de marras, hace referencia al Consejo de Coordinacin Sectorial deSeguridad Ciudadana, integrado por el Ministerio de Gobierno, la fiscala General del Estado,el Comando General de la Polica Boliviana, las nueve gobernaciones departamentales, losrganos Ejecutivos de las Autonomas Regionales, las alcaldas de las nueve capitales dedepartamento ms la de El Alto, Representacin de las Asociaciones de Municipios,Representacin de las Autonomas Indgenas Originario Campesinos, as como laRepresentacin Nacional de organizaciones sociales y juntas vecinales. El mencionadoConsejo estar presidido tambin por el Ministerio de Gobierno.

Los artculos 20, 21 y 22, se refieren a los Consejos Departamentales, Municipales e IndgenaOriginario Campesinos de Seguridad Ciudadana, respectivamente, con atribuciones similares aser ejecutadas en sus mbitos especficos.

TTULO III.- Este tercer sector del instrumento jurdico objeto de anlisis, se refiere a lacreacin del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, prevista como una entidad

desconcentrada del Ministerio de Gobierno, con dependencia funcional del Viceministerio deSeguridad Ciudadana. Esta entidad recopila, procesa, analiza e interpreta la informacin sobreseguridad ciudadana, los delitos y otras conductas directa e indirectamente relacionadas conlos delitos, utilizando esos datos para el diseo de polticas pblicas, planes programas yproyectos en materia de prevencin, mantenimiento y restablecimiento de la seguridadciudadana, en esa perspectiva se le asignan 11 funciones especficas y relacionadas con elobjeto de su creacin.

TTULO IV.- Se refiere bsicamente al rol de la Polica Boliviana, a la cual,independientemente de las atribuciones sealadas en la Constitucin Poltica del Estado y suLey Orgnica, se le asigna varias funciones como el de Ejecutar el Plan Nacional de Seguridad

Ciudadana, disear el sistema informtico y tecnolgico de prevencin, inteligencia,identificacin criminal, archivo y registro de antecedentes penales, disear procesos deformacin, capacitacin y actualizacin, implementar el Modelo de Polica Comunitaria, encoordinacin con la sociedad civil, elaboracin a travs del Comando General, de planesoperativos anuales estratgicos en aras de la seguridad ciudadana, apoyar las tareas de control,expendio y consumo de bebidas alcohlicas, realizadas por los Gobiernos Municipales, ascomo presentar informes peridicos al Ministerio de Gobierno.

En este Ttulo tambin se hace referencia a la Universidad Policial y los institutos deformacin y capacitacin de la Polica, priorizando las temticas de seguridad ciudadana,derechos humanos, polica comunitaria y participacin ciudadana, tica y relaciones humanas.Asimismo se instituye el Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana, para jvenes que

deseen apoyar a la comunidad. Tambin se crea el Servicio Areo de Seguridad Ciudadana, enaras de desarrollar tareas integrales de prevencin y mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Un aspecto tambin novedoso como los anteriores, se refiere a la Especializacin en RgimenPenitenciario, asignando a la Polica la misin de fortalecer la Direccin Nacional deSeguridad Penitenciaria, promoviendo la especializacin en esta rea, como una prestacin deservicios exclusivos en los recintos penitenciarios, no pudiendo ser destinados a otros mbitos.


11/13

Pgina 11

Cabe resaltar la creacin de las Estaciones Policiales Integrales, escenarios en los cualesactuarn en forma coordinada el Ministerio Pblico, los Juzgados Contravencionales y losServicios Policiales de Seguridad Ciudadana, en una misma infraestructura. Por otro lado, esmenester hacer mencin a la Polica Comunitaria, prevista en el Captulo III de este Ttulo,bajo el objetivo de interactuar permanentemente con la vecindad, comunidad y las

organizaciones vecinales.TTULO V.-Est referido bsicamente a los recursos financieros. En el Art. 38 de la Ley, sedefinen las fuentes respectivas que solventen las actividades, haciendo referencia alpresupuesto del Ministerio de Gobierno, las Entidades Territoriales AutnomasDepartamentales, con un aporte mnimo de 10%, provenientes de recursos del IDH.Asimismo se prev el aporte de los municipios y comunidades indgenas, de acuerdo a sudensidad poblacional, en este caso dichos recursos sern utilizados especficamente en suregin.

El Art. 46 de la norma objeto de anlisis, hace referencia al armamento, municin y equipos, afavor de la Polica Boliviana, asignando esta tarea al Ministerio de Gobierno. El Art. 47

establece la obligacin de dotar a la institucin policial de Tecnologa Preventiva Pblica, parael control y prevencin de delitos, faltas y contravenciones, a travs de sistemas de monitoreoy vigilancia. Por su parte el Art. 50 prev la instalacin de sistemas de Cmaras de Seguridady Monitoreo Electrnico.

TTULO VI.-Regula el funcionamiento de las empresas privadas de vigilancia, otorgando alComando General de la Polica la atribucin de extender las respectivas autorizaciones, la cualdeber ser homologada por el Ministerio de Gobierno a travs de la Resolucin pertinente, deacuerdo a un reglamento elaborado por dicho Portafolio de Estado. Similar procedimiento seaplicar para las renovaciones de licencias.

TTULO VII.-Este acpite est destinado a normar las tareas de prevencin, elaboracin de

planes y programas educativos, estableciendo que en la currcula de formacin escolar ydocente, se incorporen temas de seguridad ciudadana y seguridad vial. Asimismo se defineque las empresas pblicas y privadas, deben apoyar tcnica y econmicamente, las iniciativasde prevencin del delito y de seguridad ciudadana. Por su parte el Art. 66 de la norma hacereferencia a los Programas de Reeducacin, Rehabilitacin y Reinsercin Social, dirigidos anios, nias y adolescentes, en situacin de riesgo social. Tambin se hace referencia a laimplementacin de Centros de Rehabilitacin y Reinsercin Social en las ciudades capitalesde departamento, bajo un modelo formativo-educativo (Art. 67). De la misma manera sedefine la creacin de los Centros de Capacitacin Laboral Productiva al interior de los centrospenitenciarios, con la finalidad de promover el trabajo remunerado y la reinsercin laboral(Art.68). Por otro lado, vale la pena ponderar lo previsto en el Art. 70 del citado instrumento

legal, al institucionalizar el control social, a efecto de que la sociedad civil organizada ejerzala fiscalizacin respectiva a todos los medios de comunicacin social, pblicos y privados,pudiendo realizar la correspondiente denuncia ante la Autoridad de Regulacin yFiscalizacin de Telecomunicaciones y Transportes, en caso de advertir el incumplimiento dela ley.

Este acpite instituye los sistemas de informacin, tanto el relacionado con la necesidad decontar con un sistema integrado de antecedentes judiciales, que registre informacin sobreimputaciones, sobreseimientos, acusaciones, sentencias y otros datos a efecto de prever


12/13

Pgina 12

peligros procesales para la aplicacin de medidas cautelares, as como un sistema nacional deregistro de informacin de los antecedentes penales, policiales, judiciales y migratorios depersonas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-Son siete, la primera se refiere al trmino de 120 dascalendario para la elaboracin de la reglamentacin correspondiente de la citada norma,computable a partir de la promulgacin de la misma. La segunda define que las empresasprivadas de vigilancia, en el plazo de 90 das, deben regularizar su registro, cumpliendorequisitos establecidos. La tercera define que la transferencia por parte de la Aduana Nacional,en favor de la Polica, de por lo menos 200 vehculos decomisados definitivamente por eldelito de contrabando, dentro de 15 das. La cuarta dispone la redistribucin de funcionariospor parte de la Polica en todo el territorio nacional, dentro los siguientes 90 das. La quintaestablece que en 90 das las entidades territoriales autnomas municipales, deben aprobar elReglamento para la implementacin de la Tarjeta de Identificacin del Conductor y elRegistro de Vehculos de Transporte pblico de Pasajeros. La Sexta se refiere al plazo de 120das otorgado a las entidades territoriales autnomas municipales, para la implementacin depuntos de control de servicios de radio taxi autorizados, en los lugares de mayor concurrencia,dichos puntos debern contar con una central telefnica. La sptima establece que laAutoridad de Regulacin y Fiscalizacin de Telecomunicaciones y Transportes, en el plazo de120 das debe dictar el Reglamento sobre los mecanismos, procedimientos y requisitosadministrativos y operativos para el uso de vehculos de transporte pblico.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS.-Se abroga la Ley No. 2494 del Sistema Nacional deSeguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003, as como cualquier disposicin contraria.

DISPOSICIONES FINALES.- Se establecen cuatro disposiciones finales. La primera serefiere a la modificacin del Cdigo Penal, en sus artculos 180 y 261, referidos a la Evasin yal Homicidio y Lesiones Graves y Gravsimas en Accidentes de Trnsito, respectivamente. Enel primer caso se impone una sancin penal de 3 a 5 aos de reclusin, con una agravante de 5

a 8 aos en caso de utilizarse violencia. En la segunda, se impone una pena de 1 a 3 aos dereclusin, con una agravante de 5 a 8 aos, en caso de que el autor est bajo influencia dealcohol o estupefacientes.

La segunda disposicin incluye la modificacin del Cdigo de Procedimiento Penal, a travsde sus Arts. 247, 235 bis y 251, relacionados a la revocatoria de las medidas sustitutivas, elpeligro de reincidencia y el recurso de apelacin, respectivamente. En este ltimo caso, sedispone un plazo de 72 horas para apelar en efecto no suspensivo ante las resoluciones demedidas cautelares.

La tercera disposicin final establece que la Direccin General de Migracin, en coordinacincon la Unidad Policial de Apoyo al Control Migratorio (UPA- COM), el Ministerio Pblico e

INTERPOL, realicen operativos de control migratorio.La cuarta disposicin define que las entidades territoriales autnomas departamentales,coordinarn con la Polica Boliviana, el control de registro de hoteles, moteles, alojamientos,hostales y residenciales, para coadyuvar a la seguridad ciudadana.


13/13

Pgina 13

Tel: 591 2799673

Fax: 591 2 2117326

Calle 21, Calacoto, N 8227, Torre Lydia

Piso 2, Oficina 201

[email protected] www.institutoprismo.org

5

REFLEXIN FINAL

La norma objeto de anlisis intenta allanar todas las asignaturas pendientes que fueronadvertidas en el presente documento, puesto que se busca integrar tanto a las entidades delEstado, as como a las organizaciones de la sociedad civil, en un mismo objetivo, combatir la

inseguridad ciudadana, en aras de lograr que la poblacin a mediano plazo pueda advertir consatisfaccin que sus ms elementales derechos, especialmente aquellos relacionados con suvida, integridad fsica, seguridad, propiedad, tranquilidad, salud, dignidad, libertad y otros,puedan verse protegidos por un efectivo sistema tanto jurdico como operativo. Que evidencieque el Estado por fin se logr identificar con sus sbditos y stos se constituyen en verdaderosprotagonistas del accionar conjunto que acta combatiendo la delincuencia,fundamentalmente adoptando medidas preventivas, en la idea de que, es ms importante evitarel delito antes que lamentarlo cuando ste se consum.

La promulgacin de la norma evidencia la voluntad poltica de las autoridades, en sentido deresponder al clamor ciudadano, sin embargo hacia adelante queda un gran desafo, y stecorresponde tanto a la autoridad pblica en todas sus esferas, as como a la sociedad civil

organizada, me refiero a lograr que lo que est escrito en la ley, se plasme en la realidad.Necesitamos generar una cultura de cumplimiento de la norma. En tanto no se efecte unseguimiento riguroso y militante acerca de las tareas de ejecucin de la ley, sta seguir siendouna ms de las tantas normas jurdicas promulgadas en el pas, cuyo cumplimiento seconvierte en una misin irrealizable. Ese es el desafo y debe asumrselo con conviccin.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

ficha constitucional 50

Documents