EN CIRCULACIÓN

LA EDICIÓN Nº 20

DE LA REVISTA

UNIDAD Y LUCHA

ÓRGANO

DE LA CONFERENCIA

INTERNACIONAL

DE PARTIDOS Y

ORGANIZACIONES

MARXISTA - LENINISTAS

Alegrar a los sectores populares con pequeñas cosas es la línea de conducta del gobierno. Así

hace creer que en el país se están pro-duciendo cambios, que al fin alguien se acuerda de los pobres. En medio de tanta pobreza y miseria acumula-da por culpa del inhumano sistema en que vivimos, que alguien se acer-que a obsequiarle un foco o que le entreguen unos pocos dólares con la denominación de Bono del Desarro-llo Humano provoca, sin duda algu-na, agradecimiento.

Así Rafael Correa se contenta tam-bién, porque ello le permite mante-nerse con altos índices de aceptación y respaldo -según dicen las encues-tas- y continuar hablando de una su-puesta revolución en marcha. Ficción y no revolución es lo que vivimos. El asistencialismo llega a algunos secto-res, pero durante los tres años de “re-volución ciudadana” quienes más se han beneficiado han sido los grandes empresarios industriales, agrícolas, banqueros. Estos últimos en el 2008 tuvieron utilidades superiores al 20%, el 2009 fueron del 13%, y para tener una idea de lo que eso significa basta conocer que durante el auge de la es-peculación financiera la banca en los EEUU tuvo utilidades del 6%.

Los principales grupos económi-cos del país, entre los que se encuen-tran La Favorita, Banco del Pichincha, El Juri, Exportadora Bananera Noboa, General Motors, Consorcio Nobis, Proinco, Pronaca…, el año pasado declararon al Servicio de Rentas Inter-nas ingresos por alrededor de 9.800 millones dólares, equivalentes a 1.4 veces más que todos los ingresos tri-butarios recibidos por el Estado. El 3% de las empresas concentran el 70% de ingresos empresariales totales, el 73% de los activos totales y el 80% del patrimonio. Es decir, la concentra-ción de la riqueza en pocas manos es por demás evidente y no se ha hecho absolutamente nada por combatirla. No es raro, pues, que los empresarios estén contentos con la propuesta de un Código de la Producción en el que se establecen grandes beneficios para la empresa privada.

Opulencia por un lado y miseria por otro. ¿Puede alguien negar que existe una revolución en marcha?

Ficción, no revolución

1501 del 20 al 26 de agosto de 2010 pcmle@journalist.com / www.pcmle.org/EM

/Precio 0,20 ctvs.

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Alberto Dahik para quien el presidente Rafael Correa acaba de pedir la am-nistía a la Asamblea Nacional fue el

vicepresidente del gobierno de Sixto Durán Ballén que gobernó el Ecuador (1992-1996), y consolidó “la arremetida neoliberal” en la historia económica del Ecuador, con políti-cas que buscaban privatizar sectores estraté-gicos como telecomunicaciones, hidrocarbu-ros y el sector eléctrico.

En 1995 Alberto Dahik Garzozi renunció al cargo de vicepresidente tras ser acusado de corrupción por manejo indebido de 21 527 millones de sucres de una cuenta que era utilizada para los llamados gastos reser-vados. Dahik salió airoso de un juicio polí-tico que le siguió el Congreso pero la Corte Suprema de Justicia, presidida por Carlos Solórzano Constantini, le instauró el juicio. Desde aquel entonces ha permanecido en Costa Rica en calidad de asilado político. Este caso como tantos otros ha estado sujeto a los vaivenes de la política coyuntural tanto de los ejecutivos de turno como de quienes

han ejercido funciones directivas en la ad-ministración de justicia. En el gobierno de Lucio Gutiérrez cuando Guillermo Castro Dáger ejerció la Presidencia de la Corte de Justicia Dahik “salió liberado de toda sospe-cha”. Posteriormente en la administración de justicia de Jaime Velasco se reabrió el caso, reiniciándose las acciones legales corres-pondientes. De tal manera que el pedido del presidente de la República Rafal Correa para que la Asamblea Nacional tramite una am-nistía en favor de Alberto Dahik, evidencia la certeza del giro a la derecha del gobierno de la “revolución ciudadana”, y su afán por esconder los casos de corrupción en el país. No es posible que quien habla de las conse-cuencias de la “larga noche neoliberal” hoy se incline por la amnistía para un neoliberal que en el gobierno de Sixto Durán Ballén fue el cerebro gris para la toma de decisiones a favor de las privatizaciones. Pero además el

pedido de amnistía de Correa ha puesto en evidencia una vez más los despropósitos que fundamentan su gobierno y lo desconcertan-te de las medidas que toma y pretende tomar en función de mantenerse en el poder pac-tando con tirios y troyanos, sin importarle que de por medio está la acusación ante los tribunales de un caso más de corrupción en la historia política nacional.

El pedido de amnistía es imposible jurídi-camente porque de por medio está la prohi-bición a los asambleístas de pedir y extender amnistías por delitos comunes ya que solo es factible por infracciones de carácter político, que como se sabe no es el caso de Dahik.

Si bien puede cursar la solicitud de indul-to que si lo faculta la Constitución y lo pue-de hacer la Asamblea Nacional, por razones humanitarias, ésta solo puede llevarse a cabo cuando el Ejecutivo lo haya determinado y el caso requerido tenga sentencia ejecutoriada, lo que tampoco es aplicable para el ex vice-presidente.

Con el pedido de amnistía para Dahik que realizó Correa en su Informe de Labores ya señaló con claridad que su gobierno preten-de tener una nueva mayoría en próximas jor-nadas lo cual significa que la amnistía para Dahik no será la única.

Se pretende amnistiar a los corruptos en tanto que se mantiene en la cárcel a Marcelo Rivera, líder indiscutible y honesto de la ju-ventud universitaria del Ecuador por luchar por una Ley de Educación Superior que ga-rantice los derechos y conquistas estudianti-les, de docentes, empleados y trabajadores. Se pretende amnistiar a un corrupto en tanto que se persigue, se procesa, insulta y lanza ofensas en contra de dirigentes populares, de los educadores, de indígenas y campesi-nos que se atreven a exigir una vida digna para sus agremiados, para sus comunidades y pueblos del Ecuador.

La aprobación de la Ley de Servicio Público es sin duda

un importante paso en la defensa de los derechos de los trabajado-res que laboran en las institucio-nes del Estado y un golpe para las intenciones del gobierno de Rafael Correa que con su pro-puesta de Ley presentada en ju-nio de 2009, pretendía conculcar algunas garantías constituciona-les, pues, en su proyecto incluía elementos como: la figura del despido intempestivo para los servidores públicos, la obliga-ción de retirarse del servicio a los 65 años; la derogatoria ex-presa de aspectos fundamentales de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que ampara a los educadores del país, el desconocimiento de la autono-mía universitaria al considerar a los docentes como servidores públicos negando el principio constitucional de que las Uni-versidades deben regirse por su propia norma en los aspectos ad-

ministrativos, financieros y aca-démicos.

El trabajo desarrollado por los asambleístas del MPD, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, fue de vital importan-cia para cambiar la esencia del proyecto. Linder Altafuya, asam-bleísta emepedista y miembro de esta comisión, señala que junto a la bancada de izquierda plurina-cional y contando siempre con la participación activa de los secto-res involucrados se logró cons-truir una propuesta que recoge las aspiraciones de los servido-res públicos. Es así que los ele-mentos de inconstitucionalidad enunciados anteriormente fueron desechados para dar paso a un texto alternativo que en realidad regule el servicio público.

Los cambios introducidos tie-nen que ver con el respeto a la estabilidad, el derecho a la jubi-lación, pues, se eliminó la obli-gatoriedad de acogerse a ésta a

los sesenta y cinco años como estaba planteado en la propuesta presidencial, se respeta la auto-nomía universitaria, los educa-dores del país continúan regi-dos por la ley de Escalafón del Magisterio, norma el ingreso al servicio público al establecer el concurso de méritos y oposición como mecanismo idóneo; se ga-rantiza el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, las instituciones públicas tiene la obligación de incorporar en su planta de servidores el 5% de personas con discapacidad, pero además estas deben adecuar y brindar las facilidades para que estos ciudadanos desempeñen su trabajo, se establecen sanciones para los funcionarios que incum-plan con esta norma; la jubila-ción o supresión de partidas se dará previo a una compensación equivalente a los siete salarios básicos unificados; se establece un año para la lactancia mater-na; las personas que tienen bajo

su ciudadano a una persona con enfermedad catastrófica o disca-pacidad fuerte tendrán un hora-rio especial recibiendo la misma remuneración. En lo relacionado con la evaluación que según la propuesta del Presidente tenía la finalidad de sancionar, en la Ley aprobada ésta se convierte en un instrumento para mejorar la cali-dad del servidor público ya que junto a la evaluación también se establece la obligatoriedad de desarrollar procesos de capaci-tación.

Linder Altafuya señaló que a pesar de que la ley fue elaborada con la participación de todos los sectores involucrados y aproba-da con un importante apoyo de 109 asambleístas es necesario estar vigilantes ya que al cam-biar la propuesta del ejecutivo, Correa con su tozudez y su ego podría vetar la Ley y maniobrar para echar abajo los derechos y aspiraciones de los servidores públicos.

Pedido de amnistía para Dahik confirma defensade la corrupción en el país

Ley regula y respeta los derechos de los servidores públicos

Se pretende amnistiar a un corrupto en tanto que se persigue, se procesa, insulta y lanza ofensas en contra de dirigentes populares, de los educadores, de indígenas y campesinos que se atreven a exigir una vida

digna para sus agremiados, para sus comunidades y pueblos del Ecuador

La noticia de que el electo presi-dente de Colombia, Juan Ma-

nuel Santos, entregó “personalmente” al presidente Correa los discos duros de las computadoras, supuestamente encontradas tras el criminal bombar-deo a territorio ecuatoriano donde asesinaron a 25 personas, entre ellas al comandante Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, abre un segundo capítulo de este caso en el que el gobierno ecuatoriano ha baja-do el tono y da el beneficio de la duda a toda la basura que difundió el go-bierno de Uribe en torno a los correos electrónicos “encontrados”.

Según el ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, se trata de “copias espejo”, es decir de copias que supuestamente contendrían todo lo existente en los mentados discos duros. Como recor-daremos, en torno al supuesto con-tenido del computador, el gobierno de Álvaro Uribe levantó todo tipo de acusaciones que pretendían justificar lo actuado y, de paso, involucrar a funcionarios del gobierno de Correa que en ese entonces asumieron una posición correcta.

La veracidad de dichos correos y videos fueron descalificados por conocedores del tema informático y por los propios funcionarios guberna-mentales, ya que, entre otras cosas, se rompió la cadena de custodia de di-chos computadores, lo que permitió al gobierno colombiano manipular y modificar la información original, si ésta hubiera existido.

La “agresión y ultraje” de la in-vasión militar colombiana a territo-rio ecuatoriano en la que participó la embajada gringa, la CIA y miem-bros de la inteligencia ecuatoriana al servicio del imperialismo, pasa a se-gundo plano. Ahora lo que buscan es “confirmar” si los documentos “ultra secretos” que la policía colombiana sacó del computador y los reprodujo y difundió a su antojo, para despres-tigiar a gobiernos como el de Chávez y del propio Correa, contienen alguna información valedera, a pesar que el informe de Interpol, en su momento, confirmaba que funcionarios de la unidad anti terrorista de la Fiscalía colombiana accedieron directamente a los archivos de la señalada compu-tadora, que supuestamente encontra-ron intactas tras el desquisiado bom-bardeo.

De acuerdo a la nueva posición que está asumiendo el gobierno fren-te al electo presidente, parece olvidar toda la política criminal que éste im-pulsó como Ministro de Defensa de Uribe; ahora dice “que el Gobierno valora el gesto político de Santos por-que representa una ratificación de su voluntad para avanzar en el proceso de normalización plena de las relacio-nes diplomáticas con el Ecuador”.

Las “pruebas” presentadas por elementos capaces de montar opera-tivos como los de los falsos positivos o atentados, como el ocurrido la se-mana pasada contra las instalaciones de Caracol Radio para inculpar a la insurgencia no son confiables; en el caso del atentado, el propio gobierno señala la posibilidad de que este sea ocasionado por “sectores retardata-rios” que no están de acuerdo con su propuesta de reactivar las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Un suboficial en servicio activo habría sido que denunció el robo del carro utilizado en la explosión.

Entrega de discos duros

Segundaparte del show

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Apoyándose en una ma-yoría que contó con los votos de partidos de

derecha, las fuerzas del gobier-no aprobaron en la Asamblea Nacional el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Descentralización y Autonomía, COOTAD, que provocará un cambio en la estructura territo-rial y administrativa del país, instituirá las Circunscripciones Territoriales Indígenas, dotará de más recursos económicos a las juntas parroquiales y otor-gará atribuciones a los gobier-nos autónomos seccionales para elevar y crear nuevos impuestos, así como para entregar el control de los servicios públicos al sec-tor privado, bajo la figura de la delegación de funciones, entre otros aspectos.

El establecimiento de las Circunscripciones Territoriales Indígenas y el incremento de recursos para las juntas parro-quiales rurales son aspectos positivos, que inclusive fueron utilizados por las fuerzas del go-bierno para arrancar el respaldo a la ley de parte de sectores del campo, sin que éstos adviertan el contenido neoliberal de otros acápites. La creación de las CTI ha sido una exigencia del movi-miento indígena y tiene corres-pondencia con el carácter plu-rinacional del país reconocido en la Constitución; sin embargo el presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, asegura que las CTI generarán el riesgo de que se rompa la organización de los pueblos y nacionalidades

indígenas, y no está claro el res-peto a los gobiernos autónomos comunitarios. “Puede que el in-terés del Gobierno sea simple-mente para dar mayor énfasis y apoyo a las parroquias con autoridades de su tendencia po-lítica. Así se puede desarticular nuestra estructura milenaria”, dijo. Por ello sostiene que para la aprobación de las CTI debió realizarse una consulta prelegis-lativa.

Jorge Escala, jefe de la Ban-cada Plurinacional y de Izquier-da, coincide con esos reparos y denuncia que el COOTAD gene-raliza el cobro de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones es-peciales por mejoras, por reco-lección de basura, agua potable, control de alimentos, pavimen-tación, alcantarillados, sistemas de agua, relleno de quebradas, etc. El asambleísta del MPD ma-nifiesta su acuerdo con que los gobiernos autónomos descentra-lizados contribuyan en la infra-estructura educativa y de salud, como ya lo establece la Consti-tución en el art. 261, pero recha-za que la prestación de estos ser-vicios pase a responsabilidad de los municipios, como ahora fija el art. 138 del COOTAD. “Estas políticas neoliberales, dice, pre-tenden que la población, urbana y rural, asuma el financiamiento de los servicios mediante el in-cremento de tasas municipales, ya que estos se convertirán en mercancía de difícil acceso, de las que solo se beneficiarán los que tengan para pagar nuevos tributos”.

Con la lucha de las masas

Impedir la aplicación del contenido antipopular del COOTAD

Con el pretexto de financiar las obras en la ciudad de Quito,

el Alcalde Augusto Barrera y los concejales de Alianza Pais, preten-den cargar con mayores impuestos a los habitantes de la capital. Ba-sándose en la nueva Ley del Có-digo de Ordenamiento Territorial, que fue aprobada en la Asamblea Nacional buscan afectar los intere-ses de los sectores populares con los impuestos existentes relacio-nados a alcantarillado, recolección de basura, seguridad, bomberos y otros que se puedan crear.

Con esta propuesta el aumento de los precios de la gasolina súper y extra, en Quito es un hecho en un 14% (¢28) y 7% (¢10), respectiva-mente, con lo cual obtendrán 117 millones de dólares anuales que serviría según el municipio para el pago de las obras que constan en el plan para mejorar la circulación vehicular, e incluso se invertirían en mejoras del transporte público urbano y la construcción del me-tro de la capital, aunque con ello se agrave mucho más la precaria situación de los quiteños.

Al momento los costos referen-ciales del combustible son de $2, la gasolina súper y $1,45, la extra, con lo cual piensan financiar el plan de vialidad previsto para los próximos cuatro años, que abarca

12 proyectos por un monto aproxi-mado de 600 millones de dólares.

Pero la propuesta del munici-pio no solo se queda en la eleva-ción de los combustibles, buscan también la creación de peajes ur-banos y el cobro de tasas para ve-hículos antiguos y nuevos.

Como medida adicional, Au-gusto Barrera insiste en solicitar las competencias de la matricula-ción vehicular para obtener más recursos, aunque en un futuro no muy lejano se de paso a la conce-sión que en otras palabras significa privatización.

Ciro Guzmán Aldaz, director de Pichincha del Movimiento Po-pular Democrático, MPD, mani-festó que los anuncios realizados por diversos funcionarios y auto-ridades del Concejo Metropolitano de Quito, evidencian que el Alcal-de Augusto Barrera ha decidido se-guir el mal ejemplo del Presidente de la República, de dejar atrás el proyecto democrático de cambio con el que se comprometió y, por el contrario, anunciar la aplicación de una serie de medidas tributarias de claro corte neoliberal, que gol-pearán duramente a quienes habi-tamos en el Distrito.

Además indicó que a los innu-merables impuestos, contribucio-nes de mejoras, tasas por servicios

que en muchos casos no se pres-tan o se lo hace mal como las de seguridad, recolección de basura y otras que el municipio ya co-bra en este momento se sumarán, ahora, las mal llamadas tasas a la circulación urbana, al consumo de gasolina y a los vehículos nuevos; implementándose una política en la que los ciudadanos tendremos que pagar hasta por el aire que res-piramos.

Por su parte Luis Villacís Maldonado, Director Nacional del MPD, precisó que el objeti-vo fundamental del municipio es el incremento en el costo de los combustibles que repercutirá di-rectamente en la elevación de los precios de otros bienes y servicios, lo cual es inaceptable porque el sa-lario básico se mantiene en los 240 dólares y desde el régimen no se han dado señales de cumplir con el salario de la dignidad que recoge la Constitución.

Por esta razón el llamamiento a todas las organizaciones sindica-les y populares para enfrentar esta arremetida neoliberal que pretende ser impuesta por el gobierno de la revolución ciudadana. Solamente con la movilización en las calles y plazas de la capital los quiteños y no quiteños impediremos la impo-sición de este nuevo paquetazo.

Paquete neoliberal en Quito

Los sectores populares aún no tienen conciencia plena del carácter antipopular del COOTAD, pero lo entenderán a medida que se aplique su contenido neoliberal. Hay por delante todo un período de lucha popular en su contra.

Entre los elementos que mayo-res implicaciones negativas

para los sectores populares con-tiene el COOTAD es la atribu-ción que otorga el art. 283 para “delegar la prestación de servi-cios públicos de su competencia a la iniciativa privada”. Esto, se-ñala la presidenta de la CUBE, Natasha Rojas, “significa privati-zar los servicios que la población requiere para subsistir e implica-continuar con modelos de gestión neoliberales como el aplicado por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien privatizó el agua, la recolección de basura, etc.”

La dirigente barrial denuncia que uno de los proyectos anterio-res del COOTAD entregaba a los gobiernos seccionales la facultad

para crear tasas sobre tasas; sin embargo, debido a la denuncia de las organizaciones barriales eso fue descartado, pero en la ley aprobada, mañosamente, se man-tiene la misma figura ahora bajo la denominación de “contribucio-nes especiales de mejora genera-les y específicas”. Nunca antes se dividió las contribuciones de mejora en generales y específi-cas, lo que significa crear nuevos impuestos.

En la misma línea se inscri-be el art. 179, que permite a los gobiernos autónomos regionales “fijar un monto adicional referido a los impuestos a los consumos especiales y al precio de los com-bustibles… Esta facultad tributa-ria es extensible a los gobiernos

autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos.” En Quito ya está en curso, por parte de Augusto Barrera y el Conce-jo Municipal, una propuesta para elevar el precio de los combusti-bles y establecer peajes internos en la capital. Con ese artículo, en el futuro los paquetazos econó-micos se aplicarán regionalmente y su responsabilidad la cargarán los gobiernos locales, salvando la imagen del presidente Correa.

El COOTAD se inspira en el neoliberalismo. A pesar de que Correa y PAIS pregonan que pondrán fin a la larga noche neo-liberal, lo cierto es que se están mostrando como neoliberales vergonzantes, sostiene la presi-denta de la CUBE.

Neoliberales vergonzantes

Dejamos atrás el neoliberalismo, ya no nos dictan la política económica desde el Consenso de Washington, en el que no

participaba ningún latinoamericano, para nuestra vergüenza…”, El pasado 10 de agosto no fue la única vez que Rafael Correa señaló que su gobierno ha dejado atrás al neoliberalismo, este tema es un estribillo que lo repite una y otra vez para engañar a los ecuatorianos y convencerlos de que vivimos un proceso revolucionario; pero los hechos demuestran lo contrario, Correa dio un giro a la derecha y continua aplicando políticas neoliberales encubiertas con frases progresistas y hasta nacionalistas. Veamos algunos ejemplos:• Continúa aplicando las medidas del Fondo Monetario Internacional al priorizar el pago de la deuda externa inmoral e ilegal, para ello toma los recursos del IESS y renegoció los bonos Global 2012 y 2013. Esto lo justificó señalando que los recursos ahorrados por esta negociación se destinaron a la inversión social.• Al igual que los gobiernos neoliberales del pasado, Rafael Correa ha entregado desde el 2007, 362 concesiones mineras; impulsó la ley de Minería para dar paso a la explotación industrial o a gran escala. • El petróleo sigue en manos de las transnacionales. Millonarios contratos petroleros, siguen vigentes la renegociación solo ha ratificado el saqueo, las empresas privadas se llevan el 80% de la producción mientras para el Estado le queda apenas el 20% ; para beneficiarlas aún más, el gobierno aprobó por el ministerio de la ley, las Reformas a la Ley de Hidrocarburos. Correa y su gobierno no han dejado atrás la larga noche neoliberal, su política lo acerca más a los intereses del imperialismo y lo aleja del proyecto de cambio que impulsan los pueblos del Ecuador.

“Dejamos atrás la noche neoliberal”

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El informe de Correa, tanto en su forma como en el contenido fue una réplica de sus enlaces sabati-

nos, salvo por ser más largo que de cos-tumbre y ostentar el lujo y parafernalia de un acto diplomático. No escatimó tiempo ni palabras para resaltar los lo-gros en inversión pública y política so-cial, en especial, en materia de vialidad, educación, salud y vivienda; la supuesta “renegociación soberana” de la deuda ex-terna; la disminución de la pobreza y de los índices del desempleo; justificó, con mucho énfasis y abundantes –diríamos que demasiados- argumentos, su política petrolera así como las leyes cuya aproba-ción impulsa. Como no podía ser de otra manera, utilizó su habitual tono agresivo e insultador al referirse a los sectores de izquierda, al movimiento indígena y a las organizaciones ecologistas, estigmati-zando la lucha social. No se refirió para nada a los hechos de corrupción en varios ministerios y dependencias del gobierno, cuyas denuncias duermen el sueño de los justos. La sorpresiva solicitud de amnis-tía para Dahik, por sí sola explica el lado al que se orienta el contenido de su frase “es momento de la reconciliación”, pues, mientras profundiza la ruptura son los sectores sociales que lo respaldaron, su acercamiento a fuerzas de la derecha es cada vez más fuerte.

Es innegable que en materia de in-versión pública – según dijo, el 13% del PIB- el gobierno se apunta un logro sig-nificativo; las obras en vialidad, en in-fraestructura y equipos hospitalarios; el bono de la vivienda son elementos que se han desarrollado y ameritan profun-dizarse. Sin embargo, precisamente en la ejecución de obras de este tipo han salido a la luz una serie de denuncias de sobre-precios, adjudicaciones a dedo, sobornos y otras modalidades de corrupción, prác-ticas amparadas por las reiteradas decla-ratorias de emergencia que las facilitan y frente a las cuales el Presidente se ufana en poner las manos al fuego por todos sus colaboradores, sin dar paso siquiera al beneficio de la duda pese a hechos bo-chornosos y tangibles como el caso del traga cheques del Ministerio del Deporte.

En política social destacó la amplia-ción e incremento del bono de desarrollo humano, elemento con el cual, afianza su política asistencial y le asegura una base social de respaldo en el seno de sectores pobres y deprimidos. No obstante, esta práctica paternalista está lejos de resol-

ver el problema de la pobreza, pues, en general el manejo económico del gobier-no apunta a favorecer una mayor con-centración de la riqueza en manos de los tradicionales grupos de poder, como por ejemplo los banqueros, cuyo porcentaje de utilidades en el 2009 duplicó al regis-trado por la banca de EEUU en los me-jores tiempos de especulación financiera.

Un significativo tiempo de su alocu-ción lo utilizó para justificar las reformas en materia petrolera, la ley minera y la naturaleza extractivista de su política económica. Precisamente el énfasis pues-to en este tema es un reconocimiento tá-cito de que el entreguismo a favor de las empresas petroleras privadas deteriora su imagen pese a que trata de minimizar el impacto con la firma del fideicomiso del proyecto ITT, sin descartar desde luego que, eventualmente, pueden ser explota-dos dichos campos.

El segmento final del informe lo de-dicó a fustigar a la izquierda y sus orga-nizaciones sociales y políticas y señalar que, finalmente, no se trata de ideologías de derecha o de izquierda sino de “prin-cipios” y que hay buenos y malos en las dos tendencias. Más claro que esto ni el agua. La brecha con los sectores de la tendencia que lo respaldaron es cada vez más grande.

Al final, el anuncio de la amnistía para Dahik explicó por dónde se orientan sus acercamientos y el verdadero sentido de su frase “es el momento de la reconcilia-ción”.

Informe con sabor a derechizaciónNelson ErazoPresidente Nacional de la UGTE

Rafael Correa afecta losderechos de los trabajadores

Una vez más el 10 de agosto el Presiden-te de la República Rafael Correa se ratificó en la mentira, la burla y el engaño hacia los trabajadores y sectores sociales y populares, cuando establece que en país vivimos bien, que las leyes aprobadas benefician a los tra-bajadores y a los pueblos del Ecuador.

En los sectores eléctrico, petrolero, te-lecomunicaciones, de los consejos provin-ciales y de los municipios los trabajadores

han sido despedidos masivamente. En el Oriente ecuatoriano, pro-vincia de Sucumbíos, en estos días cerca de 120 trabajadores que laboraban en mantenimiento de equipo pesado fueron despedidos de Petroproducción.

Esto quiere decir que la política de desgobierno del Presidente Rafael Correa afecta preferentemente a los trabajadores y sectores sociales. Rafael Correa señala que los trabajadores respaldan su acción, pero lo hace sobre la base de asaltar la dirección de las organizaciones sindicales, por ejemplo, en la Empresa de Teleco-municaciones CNT, se desconoce a una dirección que tuvo la ma-yoría de votos y se da paso a una minoría ligada a Alianza Pais, se pretende comprar las direcciones de las organizaciones sindicales para ponerlas a su servicio. Esto también ocurre en las empresas eléctricas y petroleras, se trata de la creación de un sindicato de los servicios de las áreas estratégicas organizados desde el Ministerio de Coordinación de la Política para afectar la presencia de la clase obrera.

Se planteó que el sueldo de los trabajadores en este año sea de 320 dólares, pero en la realidad es de 240 dólares y la canasta se encuentra sobre los 540 dólares. Se establece que una empresa para que pague las utilidades debía ser una empresa productiva, y si esto no ocurre se deja a discreción de los empresarios para que lo hagan, esto es, si ellos quieren pagan las utilidades y si no lo quieren no lo hacen, convirtiéndose en una política que afecta a los derechos de los trabajadores.

Mery ZamoraPresidenta de la UNE Nacional

La educación no tiene la atención que debe tener

Es un infor-me que prácti-camente desdice mucho de lo que esperaban escu-char los pueblos del Ecuador.

Es un gobier-no que en ma-teria educativa

dice haber invertido más de 5 mil millo-nes de dólares y sin embargo se ha qui-tado el almuerzo escolar para los niños, el desayuno escolar ha desaparecido, la cobertura de los textos en vez de ampliar-la ha disminuido, el estado de los locales escolares es deplorable.

En el tema de la autogestión los 25 y los 30 dólares no son entregados ni a tiempo ni completos, para este año en la costa ecuatoriana los redujeron y lo mis-mo sucederá en la sierra.

En cuanto al acceso a la educación, vemos en los padres y madres de familia a nivel nacional la angustia y la deses-peración por no encontrar un cupo para sus hijos. La educación no es para todos

ni para todas, el Presidente Correa dice que para el acceso a la educación que la Constitución garantiza, tienen que ser ni-ños que tengan una meritocracia, y para él no es el esfuerzo, no es el deseo del niño de querer educarse, querer estudiar, sino que tengan 19 y 20 y no sabemos en la universidad cuánto tuvo él.

Dentro del presupuesto general del Estado constan 468 millones de dólares para la educación, de ellos 240 millones están destinados para el aumento salarial de los docentes, sin embargo, hasta la fe-cha solo se han invertido 62 millones de dólares, ¿dónde están los 406 millones de dólares restantes? Por eso es que la educación no tiene la atención que debe tener.

En definitiva, está presupuestada la elevación de los sueldos de los maestros, pero todo depende de la predisposición de la Asamblea Nacional para su aproba-ción, caso contrario seguiremos siendo relegados de los beneficios que por ley nos corresponde.

Por estas razones el informe no se compadece con las aspiraciones de cam-bio de los pueblos del Ecuador, ni tam-poco con su realidad. Estamos viendo como el proceso de derechización de este gobierno se viene implementando, más bien en su informe dijo que iba a traer a los mayores atracadores, asaltantes de las esperanzas de cambio de los pueblos del Ecuador, como Gallardo, Mahuad, Dahik, solo falta al llorón de Bucaram.

Giovanny AtarihuanaSubdirector delMovimiento Popular Democrático MPD

Izquierda cuestiona elproceso de derechización del gobierno

El Presidente de la República en su informe a la nación ratificó su proceso de derechización. La izquierda en este país ha cuestio-nado el cambio de la política del gobierno, el proceso de derechiza-ción que se viene afirmando de un tiempo para acá, es el Presidente de

la República el que abandonó todo el proyecto de cambio, si antes decía defender posiciones de soberanía e integración, hoy se declara que no es ni anticapitalista ni antiimperialis-ta, implementa una política que cada vez retoma elementos neoliberales, todas las leyes enviadas por Correa están he-chas, no precisamente en función de apuntar a las mayorías populares, generar empleo, sino favorecer a grupos mono-pólicos como Pronaca, Eljuri, Nobis que gozan de buena salud y siguen acumulando grandes cantidades de dinero por la política que está empujando este gobierno.

El pueblo votó para que se destierre definitivamente el neoliberalismo, por la soberanía, por su participación y el gobierno hace todo lo contrario; en vez de participación hay represión, en vez de soberanía hay mayores acuerdos mi-litares con los Estados Unidos, hay un silencio cómplice frente a la presencia de las bases militares norteamericanas en Colombia y otros países de América Latina.

Al final del informe fustigó a la izquierda y sus organizaciones

sociales y políticas y señaló que, final-

mente, no se trata de ideologías de derecha o de izquierda sino de “principios” y que hay buenos y malos en las

dos tendencias

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¿Cuál es la transcendencia que tienen las próximas elecciones de la UNE?Es la fiesta democrática que vive la Unión Nacional de Educado-res cada tres años, según lo es-tipulan las reformas al estatuto de la UNE aprobados en el Con-

greso realizado en Loja en el año 2008. En este evento se ratifica la vigencia de los principios de-mocráticos dentro de nuestra or-ganización.Se ha llevado adelante un pro-ceso de consulta a las bases conformadas por maestros y maestros afiliados y no afilia-dos a la UNE. En esta consul-ta, que se llevó a cabo en todas las provincias, se preguntó a los docentes sobre quienes debían ser los maestros que representen los anhelos del magisterio y que los representen en las próximas elecciones y una vez alcanza-da la victoria en la dirección de nuestro gremio.El resultado de esta consulta para escoger a los mejores dirigentes del magisterio para presentarlos como candidatos en la próximas elecciones de la UNE fue que mi persona vaya a la Presidencia y las tres vicepresidencias regio-nales las ocupen los compañe-ros William Pazmiño, Rosana Palacios y Mario Montes para la costa, sierra y oriente respecti-vamente. Con ellos hemos conformado el equipo básico de la lista de Van-guardia del Magisterio con elcual la izquierda revolucionaria participará en las próximas elec-ciones del gremio docente.

¿Cómo se enfrentará el proceso electoral en el contexto político actual?Fortaleciendo la identidad de los maestros con su organiza-ción. Los docentes defienden a la UNE por encima de cual-quier situación. Considero que el gobierno seguramente apoya-rá a alguna lista, pero lo hará de manera camuflada; los maestros que la apoyen no querrán apa-recer como parte del gobierno debido a que en el conjunto del magisterio existen serios cues-tionamientos al proceder del Presidente de la República, con sus expresiones que maltratan a las personas, ha generado resen-timiento en su contra en el ma-gisterio.

¿Qué planteamientostienen para los maestros?La Plataforma de Lucha que Vanguardia del Magisterio pone a consideración de los profeso-res del país es amplia, la hemos dividido en tres grupos: fortale-cimiento de la UNE, derechos del magisterio y educación para la emancipación.Dentro del fortalecimiento de nuestro gremio planteamos inte-grar a la vida unionista a todas la organizaciones del sistema edu-cativo nacional como son do-

centes jubilados, Ansede, Andej, Arecise, educadores populares, militares, municipales, bilin-gües, trabajar por la unidad en-tre maestros, padres de familia y estudiantes por el cambio verda-dero de la educación, la unidad de la UNE con las organizacio-nes de trabajadores, estudiantes y pueblo.En lo referente a los derechos planteamos la elevación del sa-lario básico, el respeto de los concursos de méritos y oposi-ción, cambio de los contratos anuales por concursos para lle-nar las vacantes, pensión jubilar con el último sueldo vigente, in-tegración de los educadores po-pulares al a la carrera educativa con plenos derechos.La sociedad tiene derecho de contar con una educación de calidad. Esto lo recogemos y lo planteamos en lo que difun-dimos como Educación para la Emancipación que contempla la difusión de nuestra propuesta pedagógica de Educación para la Emancipación, evaluación integral del sistema educativo, universalización efectiva de la educación eliminando las escue-las unidocentes, educación de calidad y calidez para todos, un docente por cada 25 estudiantes.

La magister Mariana Pallasco después de una intensa consulta al magisterio ecuatoriano ha

sido candidatizada por Vanguardia del Magisterio a la Presidencia de la UNE, actualmente es Secretaria de Actas de la Directiva Nacional de la Unión Nacional de Educadores, autora del documento “Análisis, crítica de los modelos pedagógicos, propuesta pedagógica ‘Educación para la Emancipación”. La entrevistamos para conocer algunos de sus criterios.

Las contradictorias cifras de empleo y desempleo

que emite el INEC (Institu-to Nacional de Estadísticas y Censos) que el Presidente Correa desecha o utiliza a conveniencia siguen causan-do controversia.

El Presidente de la Con-federación Unitaria de Co-merciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE, Carlos Castellanos, señaló que “El Presidente Rafael Correa pretende engañar a los ecuatorianos, cuando se-ñala que ha disminuido el desempleo en un 2%, pasan-do de 9,1% a 7,7%. Si esto fuera así, quiere decir que el

índice de desempleo bajó”Efectivamente, es poco

creíble que la tasa de des-empleo se haya reducido en un ambiente laboral donde el gobierno no tiene dinero para invertir como se lo pro-puso y los propios empresa-rios señalan que no invierten como se espera de ellos.

Se abre entonces la polé-mica sobre la veracidad de la cifra. Otro factor de aná-lisis es la conformación de la PEA (población económi-camente activa) que sirve de base de cálculo para estimar los índices que tienen que ver con la actividad laboral, entre ellos el desempleo.

Quizá la forma más fácil

de entender lo que técnica-mente es la PEA sea a través del concepto de PEI (pobla-ción económicamente inacti-va) que “son todas aquellas personas de 10 años y más que no están ocupadas, tam-poco buscan trabajo y no es-taban disponibles para traba-jar.”, concepto aplicado por el INEC. Es decir aquellas personas como jubilados, es-tudiantes, rentistas, incluso amas de casa son tomadas por el INEC como económi-camente inactivos.

Adicionalmente basta conocer dos datos más y se puede obtener la PEA: po-blación total y población menor de diez años. A la po-blación total se restan la po-blación menor de diez años y la población económicamen-te inactiva. El resultado es la PEA.

El INEC presenta una PEA de 4 millones 450 mil personas, que viene de restar un millón 545 mil menores de diez años y 3 millones 409 mil inactivos a una po-blación de nueve millones 406 mil ecuatorianos.

¡Oh sorpresa!, el propio

INEC proyecta una pobla-ción al 2010 de 14 millones 204 mil ecuatorianos, pero solo incluye en el cálculo a nueve millones seguramente por la migración, no se inclu-ye en el cálculo a casi cinco millones de personas, lo cual obviamente incide enorme-mente en el cálculo.

A esto se añade las defi-ciencias en conocer qué per-sonas de la PEI efectivamen-te no desean trabajar. Mu-chos de ellos, seguramente cansados de buscar, termi-naron por decidir no seguir en una brega sin resultados y contestan que no buscan, pero no se les pregunta si quieren trabajar, cuya res-puesta generaría otros resul-tados.

Queda claro que la eco-nomía ecuatoriana no está en capacidad para absorber el nivel de oferta laboral. El Presidente de la República, efectivamente miente cuan-do oculta esta información y se basa en información inexacta pero favorable para “convencer” a la gente que su gobierno marcha por buen camino.

Correa las utiliza a su conveniencia

Entrevista a

Fortaleciendo la identidad de los maestros con su organización

Mariana Pallasco

Candidata por Vanguardia del Magisterio a la Presidencia de la UNE

Cifras estadísticas

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Inseguridad, asesinatos, persecu-ción y despojo vive la población campesina en la frontera con Co-

lombia. El Decreto Ejecutivo 433 emi-tido por Correa, vigente desde 2007, facilita este hostigamiento y persecu-ción y se enmarca dentro de los linea-mientos del Plan Colombia

A pretexto de garantizar el control de la frontera norte del país el gobier-no ha reforzado la presencia de las Fuerzas Armadas (hombres y puestos de control), de policía y material de guerra que ha traído consigo un gran hostigamiento a los campesinos del lugar, impidiendo su movilidad y el paso de víveres e insumos agropecua-rios. Los campesinos de las fronteras ecuatoriana y colombiana afirman que 67 trabajadores del campo han sido asesinados por los ejércitos de los dos países y por paramilitares.

El propio ejército ecuatoriano está acusado del asesinato de 3 campesi-nos de la comunidad 18 de Noviembre – Río San Miguel, el día 18 de enero del año 2010, cuando navegaban por el río San Miguel. En torno a este caso, hay un juicio en los tribunales penales de Sucumbíos para que se investigue, juzgue y sancione a los responsables de estos crímenes y a quien dio la or-den para cometerlos; la acción penal involucra también al general Hugo Vi-llegas. Sin embargo, hasta el momento, se le ha dado largas y dilaciones a este proceso de enjuiciamiento, con la com-plicidad del juez Revelo, por lo que fa-miliares de los demandantes junto a las comunidades, anuncian que continua-rán con las movilizaciones, la denuncia pública y la exigencia de justicia.

Adicional a esto se aplica por par-te del ejército el decreto ejecutivo 433 expedido por el gobierno de Rafael Correa, el 21 junio del 2007 que, entre otras cosas dispuso aplicar un censo poblacional en la zona fronteriza, lue-go de lo cual se realizó un listado de más de 440 campesinos, a los que, por

pedido del general Villegas, Coman-dante de la IV División Amazonas, el INDA no debe legalizar la propiedad de las tierras, es más, se dispone pro-ceder a su desalojo con el argumento y acusación de que los campesinos rea-lizan actividades de narcotráfico y co-laboración con las fuerzas insurgentes colombianas.

Los campesinos que se encuentran asentados en esas riberas por más de 20 años son ecuatorianos y colombianos que poseen hijos ecuatorianos, algunos ya son nacionalizados, otros tienen fa-milias a un lado y otro de la frontera, situación que es común y característi-ca generalizada en los pueblos de cual-quier límite fronterizo.

La comunidad campesina de la zona fronteriza también pide que las ONG´s aclaren su verdadera actividad, pues su labor causa desconfianza; la acción y presencia de las mismas son catalo-gadas como intromisión e injerencia en el que hacer de las organizaciones campesinas, pues allí están la OIM, ACNUR, Cruz Roja, la HIAS (de re-fugiados hebreos?) y otras que nada tienen que hacer allí.

A más de esto se creó una franja de 20 kilómetros desde la línea de frontera

donde los militares son los encargados de la seguridad, no obstante, a juicio de los campesinos para lo único que ha servido es para continuar con los atro-pellos a la población civil. Mirando el conjunto de las acciones implementa-das en la zona, el objetivo es desalojar pobladores, tomar todo el control del área y alistar el terreno para futuras acciones del Plan Colombia, versión Ecuador.

Ante esta situación, los campesinos han hecho llegar las denuncias corres-pondientes a miembros de la Asamblea Nacional, Derechos Humanos y me-dios de comunicación para impedir el hostigamiento militar y exigir que el presidente Correa deje de aplicar el Plan Colombia.

Corresponsal

Campesinos luchan por justicia

Los campesinos que se encuentran asentados en esas

riberas por más de 20 años son ecuatorianos y colombianos que poseen hijos ecuatorianos, algunos ya son nacionalizados, otros tienen familias a un lado y otro de la frontera, situación que es común y característica generalizada en los pueblos de cualquier límite fronterizo.

La revista Unidad y Lucha número 20 trae en sus pági-

nas el artículo “Revolución y la alianza obrero campesina en Ve-nezuela”, escrito por el Partido Comunista Marxista Leninista de Venezuela, cuyo objetivo es ratificar la vigencia que tiene la alianza obrero campesina en el proceso revolucionario tanto a nivel mundial, en países en don-de existe un alto porcentaje de población campesina y, sobre todo, en Venezuela a pesar de que el 93% de su población es urbana.

En su artículo los camaradas hacen énfasis en la necesidad de

trabajar y mejorar el nivel orga-nizativo de este sector, toda vez que en el proceso de construc-ción socialista el campesinado, a pesar de su pequeño número, sigue siendo el primer aliado del proletariado. Pero además señalan que este sector cobra un papel importante porque en las condiciones de Venezuela la producción de alimentos es un elemento fundamental que hay que desarrollar, toda vez que se requiere superar la gran debilidad que el imperialismo ha generado al convertirlo en un país importador de alimentos debido a la constate destrucción

de la producción agrícola y a la principalización de la explota-ción petrolera. Esto no solo ha convertido a Venezuela en un país dependiente, sino que abrió a su vez un nuevo mercado de importación y de consumo que deja importantes tasas de ganan-cias para quienes manejan este sector.

Esta situación, señalan, es una gran debilidad para cual-quier perspectiva revolucionaria que deberá enfrentar las medi-das represivas del imperialismo como un posible bloqueo econó-mico en el proceso de confronta-ción revolucionaria, e incluso de

profundización de la crisis agrí-cola a nivel internacional

Vale mencionar que el cam-pesinado en Venezuela, al igual que en otros países dependien-tes, sufre las mismas condicio-nes de abandono, las mejores tierras están en manos de los monopolios industriales y co-merciales y la dependencia tec-nológica se convierte también en obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo.

Las condiciones antes men-cionadas hacen que el campe-sinado sea el aliado estratégi-co del proletariado, por lo que

el trabajo en este sector forma parte de la línea política del PCMLV. La comprensión cien-tífica de su realidad se convierte en una tarea principal a cumplir, pues, eso permitirá construir una verdadera dirección política en estrecha relación con las masas rurales, para lo cual es necesa-rio estructurar organizaciones combativas que entiendan que su papel no es solo producir alimentos sino resguardar los territorios y cumplir la función estratégica para contiendas que están por venir, en el camino que se abre para la revolución y el socialismo.

“Revolución y la alianza obrero campesina en Venezuela”

Revista Unidad y Lucha Nº 20

Los trabajadores y el pueblo financian la

lucha revolucionaria

El Comité Provincial de Guayas se encuentra impul-

sando una campaña financiera en su provincia con el propó-

sito de recaudar fondos para la actividad revolucionaria. Esta es una aplicación con-creta del principio del auto sostenimiento material y la

búsqueda por incorporar a los trabajadores y el pueblo al fi-nanciamiento de la lucha por

su propia liberación.La campaña consiste en la

venta de un bono que incluye un CD que contiene obras de

Marx, Engels, Lenin, Stalin; música popular y revolucio-naria y videos sobre nuestro Partido y la vida del c. Jaime

Hurtado.

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El pasado martes 10 de agosto se reunieron en Cartagena, Colombia,

los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías y de Co-lombia Juan Manuel Santos con el objetivo de analizar la relación entre las dos nacio-nes y restituir plenamente la vía diplomática interrumpida hace poco.

Como consecuencia de la reunión mantenida se produ-jo una declaración conjunta de los dos mandatarios y la creación de cinco comisiones bilaterales que serán las en-cargadas del estudio de varios aspectos.

En la Declaración de Prin-cipios los dos presidentes, re-unidos en la ciudad de Santa Marta, acordaron relanzar la relación bilateral, restable-ciendo las relaciones diplo-máticas entre los dos países, directas, respetuosas y privi-legiando la vía diplomática.

Este diálogo se llevó a cabo buscando garantizar la perma-nencia y estabilidad de la re-lación bilateral, dando estric-to cumplimiento al derecho internacional, y aplicando los principios de no injerencia en los asuntos internos y de res-peto a la soberanía e integri-dad territorial de los Estados. Decidieron avanzar en la inte-gración bilateral, en beneficio

del desarrollo de los dos pue-blos y particularmente de las zonas y comunidades fronteri-zas donde acordaron impulsar programas conjuntos en mate-ria social y económica.

Acordaron igualmente la creación de cinco comisiones de trabajo: Comisión para el pago de la deuda y reimpulso de las relaciones comercia-les. Comisión para trabajar un acuerdo de complementación económica entre ambos paí-ses. Comisión para desarrollar un plan de trabajo e inversión social en la zona de frontera. Comisión para el desarrollo conjunto de obras de infraes-tructura y Comisión de Segu-ridad.

Chávez hizo hincapié en el hecho de que hay que cui-dar el restablecimiento de re-laciones mediante esfuerzos muy sensibles. “No permita-mos –señaló- que los chismes,

los informes y las supuestas coordenadas nos distancien de nuevo. Hemos creado co-misiones para comunicarnos, bien sea de Venezuela hacia Colombia o viceversa”, agre-gó.

Por su parte, Juan Manuel Santos, valoró la importancia de este relanzamiento de las relaciones que “llega lento pero a paso firme (...) Vamos a construir una relación que sea perdurable en el tiempo, esta-ríamos traicionando la fe del pueblo si volvemos nueva-mente al punto cero”, destacó.

Sobre los acuerdos co-merciales, también tratados durante el encuentro, el presi-dente Santos recordó las obras conjuntas en materia de infra-estructura como vieja aspira-ción de que Venezuela tenga una salida al pacífico a través de Colombia.

“En materia de seguridad,

el presidente Chávez ha dicho de todas las formas, que no permitirá la presencia de gru-pos armados colombianos en su territorio”.

Finalmente Santos citó una frase de la Carta de Jamaica: “La unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos muy sensibles y efec-tos bien dirigidos”.

Esta reunión de los dos presidentes y sus resultados es una respuesta clara de Hugo Chávez a la política y prácti-ca guerrerista de Álvaro Uribe Vélez y un intento por parar en seco el interés del imperia-lismo de los Estados Unidos de una posible intervención armada en Venezuela. Pero a su vez es una doble postura de Santos que pretende limpiar su pasado, mitigar interna-mente la presencia guerrerista de Uribe Vélez y consolidarse políticamente.

El 6 de agosto de 1945, la ciu-dad japonesa de Hiroshima,

situada en Honshu, la isla princi-pal del Japón, sufrió la devasta-ción de un ataque nuclear. A las 8:15, el bombardero B-29, “Enola Gay”, al mando del piloto Paul W. Tibblets, lanzó sobre Hiroshima a little boy, nombre en clave de la bomba de uranio. Un ruido ensor-decedor marcó el instante de la explosión, seguido de un resplan-dor que iluminó el cielo. En minu-tos, una columna de humo color gris-morado con un corazón de fuego (a una temperatura aproxi-mada de 4000º C) se convirtió en un gigantesco “hongo atómico” de poco más de un kilómetro de altura. Uno de los tripulantes de “Enola Gay” describió la visión que tuvo de ese momento, acerca del lugar que acaban de bombar-dear: “parecía como si la lava cu-briera toda la ciudad”.

La primera bomba atómica destruyó casi completamente la ciudad y mató inmediatamente a 80.000 personas. En los días pos-teriores, decenas de miles de per-sonas fueron falleciendo a causa de su exposición a la radiación y, a fines de 1945, las víctimas mor-tales superaban las 140.000 per-sonas.

Tres días más tarde del ataque a Hiroshima, un segundo bom-

bardero B-29 lanzó otra bomba atómica sobre la ciudad de Na-gasaki, a 700 kilómetros al oeste de Tokio, matando a por lo menos 40.000 personas, según informes de la cadena BBC de Londres.

El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció al país la rendición incondicional de Japón, durante un discurso pro-nunciado por radio en el que re-conoció del devastador poder de una “nueva y cruel bomba” esta-dounidense.

La segunda Guerra Mundial estaba casi terminada, no existía razones para utilizar esa arma ya que la guerra estaba ganada y lo único que se pretendía era dejar

un precedentes para el futuro, se encontraban liquidados Hitler y Mussolini cuando el presiden-te Harry Truman dio la orden de arrojar las bombas atómicas sobre las poblaciones civiles de Hiros-hima y Nagasaki.

Según Truman, el objetivo fue una base militar japonesa y los resultados producidos no habían sido pronosticados. En realidad, la bomba, amarrada por tres paracaí-das especiales, explosionó a 500 metros del suelo, en pleno centro de Hiroshima, una ciudad que te-nía 250.000 habitantes y provocó la muerte instantánea a por lo me-nos 180.000 civiles inocentes que no eran soldados ni formaban par-

te de un objetivo militar; además el imperialismo norteamericano relegó la opinión de científicos como Albert Einstein que seña-laron que las investigaciones del Proyecto Manhattan -durante tres años habían realizado en el la-boratorio secreto de Los Alamos en el desierto de Nuevo México- sean utilizadas para fabricar la bomba nuclear.

Los objetivos, del lanzamiento de la bomba nuclear, no solo sig-nificaron la rendición del ejérci-to japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino sobre todo dejar sentado el poder destructivo del imperialismo norteamericano y amenazar a los países que se oponían a la dominación imperia-lista.

Hay que recordar que al culmi-nar la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética salió reforza-da, se amplió el campo socialista al que pertenecía un tercio de la superficie del mundo y un cuarto de la población mundial, a la vez el movimiento comunista interna-cional se mostró también fortale-cido.

El dominio del imperialismo se mostraba amenazado y los Estados Unidos se vieron en la obligación de utilizar las bombas nucleares para dejar sentado su poderío.

65 años del primer ataque nuclear

Al presidente Evo Morales le toca enfrentar, a los seis años

de su mandato, una huelga y blo-queo de caminos por parte de los pobladores de Potosí, sector consi-derado como su bastión político y en el que ganó las elecciones pre-sidenciales de 2005 con el 56% de apoyo y con el 78% en los comicios de 2009.

El paro del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) es en exigencia a que se solucione el conflicto que mantienen con Oruro por sus lími-tes y la propiedad sobre una zona rica en minerales y piedra caliza, además de la construcción de un ae-ropuerto y una fábrica de cemento, prometidos años atrás por el gobier-no.

Al pedido de la presencia de Morales para discutir salidas al conflicto, funcionarios del gobierno tratan de condicionar estos diálogos con la suspensión de las protestas. Las maniobras de estos funciona-rios y las declaraciones que trata-ban, desde un inicio, de minimizar el conflicto aduciendo que, tras el paro se encuentra “un pequeño grupo de personas que impulsa la movilización por intereses políticos personales” ha indignado a la po-blación y habitantes de varias pro-vincias de este departamento que se pliegan progresivamente a esta me-dida. A estas protestas y moviliza-ciones que cada día se radicalizan, incluso se han sumado senadores y diputados del MAS.

En esta pugna, manifestantes y gobierno dan sus razones: los poto-sinos han demostrado al gobierno que de nada sirve ser sus grandes aliados, pues su jurisdicción sigue siendo el departamento más depri-mido y postergado del país, a pe-sar que con sus recursos mineros enriquecen las arcas del Estado y los bolsillos de las transnacionales mineras, sufren el descuido gu-bernamental y representan, según Naciones Unidas, el mayor índice de pobreza del país, que bordea el 80%; con un índice de mortalidad infantil que alcanza a 135 por 1000 y un analfabetismo del 30,8%. Por su parte el gobierno insiste en que jamás olvidó a Potosí y recuerda que aprobó inversiones por más de 500 millones de dólares “para fomentar el desarrollo y el mejora-miento de la calidad de vida de los potosinos”; que en 2006 entregó in-genios y equipos a las cooperativas mineras y que comenzó la construc-ción de un aeropuerto internacional en Uyuni, a más de tramitar un fi-nanciamiento para construir la plan-ta de cemento.

La reactivación de la planta me-talúrgica, la fábrica de cemento, el aeropuerto internacional, la preser-vación del Cerro Rico de Potosí, en riesgo de desmoronarse y el mejo-ramiento de la red vial son nece-sidades a las que el gobierno debe dar atención y no asumir prácticas características de gobiernos autori-tarios que exigen “levantar las pro-testas” a la par que difunden “las pérdidas” que las medidas de hecho ocasionan.

Estas acciones de los poblado-res de Potosí son una clara demos-tración que solamente la unidad y acción de las masas garantiza que sus aspiraciones se concreten, in-cluso si cuentan con un gobierno progresista. El pueblo de Potosí pide dialogar con su Presidente, sus reclamos no son contrarios al inte-rés nacional y menos intentos de desestabilizar al gobierno.

Potosí negocia, pero mantiene

paro Debilita intentos guerreristasReunión de Chávez y Santos

Esta reunión de los dos presidentes y sus resultados es una respuesta clara de Hugo Chávez a la política y práctica guerrerista de Álvaro Uribe Vélez y un intento por parar en seco el interés del imperialismo de los Estados Unidos de una posible intervención armada en Venezuela.

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PCMLE, integrante de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas

La burguesía y su sistema de explotación capita-lista imperialista lanzan permanentemente com-

pañas mediáticas con el objetivo de confundir y engañar a las ma-sas de trabajadores explotados del campo y la ciudad, señalando que igual da hablar de socialismo que de comunismo. Que el fracaso del socialismo y el comunismo quedó “oleado y sacramentado” con la caída del “Muro de Berlín”, por lo que la humanidad no tiene otra alternativa que vivir en el seno del capitalismo, con algunos cambios y modificaciones que lo convier-tan en un sistema con rostro “más humano” y acorde a la satisfacción de las necesidades de la gente.

Estas campañas mediáticas tienen su efecto si de por medio los comunistas marxista leninis-tas no aclaramos en qué consisten el socialismo y el comunismo y, sobre todo, la necesidad que la humanidad tiene de llegar a ellos para poner punto final a la explo-tación del hombre por el hombre, acabar con la desigualdad social, los altos índices de analfabetis-mo, pobreza, miseria, prostitu-ción, delincuencia y todos los males sociales que tienen como causa precisamente a la explota-ción capitalista.

El socialismo es una fase in-ferior y transitoria de la socie-dad comunista que es parte de un proceso histórico concreto regido por leyes. De ahí que la sociedad no puede llegar al comunismo sin antes pasar, en su desarrollo, por el socialismo como fase de tran-sición y en la cual van gestándose de modo gradual las condiciones para la construcción de la socie-dad comunista. Por ello es que Lenin subraya en su trabajo “Ta-reas del proletariado en nuestra revolución” que el “Socialismo debe, necesariamente, transfor-marse de un modo gradual, en comunismo”

Cuando se hace referencia a la aplicación de las leyes económi-cas del socialismo se debe com-prender que éstas tienen un ca-rácter superior, por lo que abren las puertas a una ampliación de las fuerzas productivas las que en el marco de la transformación

planificada de la sociedad, esta camina de socialista a sociedad comunista.

Al consolidarse el socialismo, en cada uno de los países del sis-tema socialista mundial, entran en el camino del paso del socia-lismo al comunismo como meta última a la cual han aspirado los trabajadores del mundo mediante sus diferentes formas de lucha y organización.

En la fase socialista de transi-ción superviven aun rezagos del régimen capitalista pese a que el socialismo se instaura sobre las cenizas del régimen de explota-ción. Los medios de producción se han socializado, pero física-mente quedan las clases sociales dominantes que ya no explotan como antes y que deben trabajar,

como todos, para poder subsis-tir. En el socialismo quedan aún los malos hábitos y costumbres, el egoísmo, la mezquindad y el individualismo propios del capi-talismo que deben ser superados mediante la nueva educación y la cultura socialistas. En este senti-do la educación aportará inmen-samente en conjunto con la cultu-ra y la ética para la formación del hombre nuevo que desbrozará el camino hacia la sociedad comu-nista.

El fin de la producción bajo las nuevas condiciones del socia-lismo es la elevación del bienes-tar general de la gente y el medio para hacerlo posible es la amplia-ción y el perfeccionamiento cons-tantes de la producción sobre la base de la técnica avanzada, la

que presupone el auge continuo de la productividad del trabajo.

Pero, a su vez, la fase supe-rior del comunismo que supera al socialismo demuestra nuevas características que la hacen dife-rente de la anterior. Es más alta y nueva en cuanto a su desarrollo económico, técnico y cultural.

A diferencia del capitalismo la sociedad socialista basa su producción bajo el principio “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, lo que significa que cada persona aportará con trabajo a la sociedad según sus capacidades y obtendrá los objetos para el consumo de acuerdo al trabajo aportado; por lo que, si no trabaja, no come.

Este proceso se encaminará a la instauración del comunismo que basará la producción de bie-nes materiales bajo el principio “de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesi-dad”. Las fuerzas productivas que han llegado a un altísimo grado de desarrollo estarán en condi-ciones de producir todo lo que los seres humanos en sociedad requieren para vivir con dignidad y comodidad, según lo requieran sus necesidades.

Una vez que la sociedad llega al comunismo en la que no hay clases sociales, pierde sentido la necesidad de la existencia del ins-trumento represor que es el Esta-do, por lo que se extingue dando paso a la administración de las cosas y de las personas.

Del socialismo al comunismoEl socialismo es una fase inferior y transitoria de la sociedad comunista que es parte de un

proceso histórico concreto regido por leyes. De ahí que la sociedad no puede llegar al comunismo sin antes pasar, en su desarrollo, por el socialismo como fase de transición.

El propósito de la comunicación históricamente es garantizar la

supervivencia de los seres huma-nos, en toda etapa histórica per-sigue legitimar el desarrollo de la sociedad. La comunicación es un proceso social y natural, sin embar-go, con el aparecimiento de las cla-ses sociales y la lucha entre ellas, adquiere una connotación clasista de acuerdo a los propósitos y con-tenidos que cada clase la imprime.

Esta comunicación, que se de-sarrolla en medio de la lucha de clases, es conocida por muchos teóricos como comunicación po-lítica. Para los marxista leninistas la propaganda es la comunicación política que desarrollan las clases sociales en la lucha por el poder, es así que

en una sociedad divida en clases sociales las leyes de la comunica-ción son las mismas leyes de la pro-paganda y las leyes de la propagan-da son la leyes de la guerra.

Por ejemplo la burguesía y el imperialismo dan una gran impor-tancia a la propaganda y la comu-nicación, despliegan sus mejores y más grandes contingentes. Tienen sus expertos en esta área y conciben

ataques que aparecen en primera plana, cuyo impacto es magnifica-do mediante la utilización de todos los medios de difusión posibles. Sa-ben que un ataque mediático puede causar tanto daño como un ataque militar.

En la lucha de clases, la burgue-sía no se ha limitado a la utilización de la estrategia militar para atacar a los sectores que se levantan contra su poder, también utilizan la guerra psicológica, la propaganda y los medios de comunicación.

Para el imperialismo las ope-raciones psicológicas designan un conjunto muy amplio de activida-des que van de la propaganda radial a la tortura. Las fuerzas terrestres estadounidenses definen a la guerra psicológica como: “el empleo de medios físicos o morales diferentes a las técnicas militares ortodoxas, medios que buscan: Destruir la vo-luntad y la capacidad combativa del enemigo, privarlo del apoyo de sus aliados, acrecentar entre las tropas y las de los aliados la voluntad de vencer”.

En varias ocasiones el imperia-lismo ha utilizado esa línea para atacar a sus detractores, esos mis-

mos mecanismos ha desplegado para destruir la imagen de los gru-pos vascos, iraquíes, palestinos, colombianos. Siguiendo esa táctica esgrimió una intensa campaña pre-via al ataque de Angostura en la que se le acusó a las FARC de terroris-tas y criminales, para justificar así cualquier operación militar, sea de la intensidad que sea.

En el Ecuador, siguiendo esa misma estrategia propagandística, la burguesía y el imperialismo, en contubernio con el gobierno y los grandes medios de comunicación, han dirigido intensas campañas contra los grupos, organizaciones y partidos revolucionarios.

El gobierno ha impulsado una intensa y desmesurada propaganda en contra de los sectores populares, tenemos que desde enero de 2007 se han producido más de 155 enlaces presidenciales y adicional a ello Co-rrea a protagonizado más de 782 ca-denas nacionales, de hasta tres horas de duración, los cuales son reprodu-cidos por dos canales de televisión nacionales oficiales, la radio públi-ca y 120 emisoras. Junto a ello, la estructura propagandística del régi-men se ha sustentado en una red de

medios de comunicación oficialistas que incluye a un canal, una radio estatales y el diario El Telégrafo, un periódico digital, una recién creada agencia de noticias, y diez medios que fueron incautados a los banque-ros como los canales GamaTV, TC Televisión y Cable Noticias.

El gobierno no ha medido gasto alguno en la construcción de una propaganda violenta y con la fina-lidad de destruir la imagen de los dirigentes y lideres de los pueblos, negar la existencia y el rol de las or-ganizaciones sociales y populares.

La propaganda del gobierno comprende cual son sus enemigos, sabe que sus blancos de ataques lo constituyen la izquierda revolucio-naria y principalmente los comu-nistas.

Su propaganda busca desmovi-

lizar, romper la voluntad de acción y la moral de ataque de los traba-jadores, la juventud y los pueblos. Intenta fracturar la disciplina y ais-lar a las organizaciones sociales de sus aliados, para ello pretende des-figurar lo que es un revolucionario, romper la imagen del izquierda y responsabilizar a las organizacio-nes sociales y populares de la crisis que se vive en las distintas áreas del Ecuador.

En esa misma lid, Correa im-pulsa en su propaganda criterios para afianzar su base social y ganar aliados, señala que el no es antica-pitalista, antiimperialista, antinada y con ello conseguir la confianza de los sectores de la derecha, la con-fianza de los banqueros, de los gru-pos pro imperialistas y la embajada norteamericana.

Las leyes de la propagandason las leyes de la guerra