SeguridadPública

año 1/no.1/junio - agosto 2009

PresentaciónLic. Enrique Peña NietoGobernador del Estado

de México

EditorialLic. Ricardo Aguilar Castillo

Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI

La reforma constitucionaldel sistema penal de justicia

Dip. César Camacho Quiroz Presidente de la Comisión

de Justicia de la Camara de Diputados en la XL Legislatura

Ensayo centralLa política de seguridad

pública en el Estado mexicano

Dr. Enrique Burgos GarcíaEx Gobernador de Querétaro

Expresión. Órgano Teórico del PRI Estado de MéxicoPublicación electrónica, Año 1, Número 1, Junio - Agosto 2009.Toluca, Estado de México.Comité Estatal Editorial y de Divulgación.

Tel. 01 722 236 09 00 / Ext. 105.www.priedomex.org.mxISBN electrónico e Index en trámite.

Partido Revolucionario Institucional. Estado de México.

Se permite la reproducción de cualquier material, con cita de la fuente y observancia de las disposiciones vigentes en materia electoral, en todo caso debiendo solicitar autorización al Comité Estatal Editorial y de Divulgación sobre su publicación en otros medios de comunicación.

Los autores de los artículos son responsables del contenido, respetándose así la libertad de expresión. Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 38, inciso H.

c

Directorio

Sumario

Ricardo Aguilar CastilloPresidente del PRI

Yetzabel Ximénez EsparzaSecretaria General

Edgar González MoralesCoordinador General del ComitéEstatal Editorial y de Divulgación

Francisco Javier Estrada ArriagaDirector General

Alejandro Amaro MontielDirector Editorial

Enrique Tinajero MarínDirector de Arte y Diseño

Alejandro Castillo ChávezJefe de Página Web

PresentaciónLic. Enrique Peña NietoGobernador del Estado de México

EditorialLic. Ricardo Aguilar CastilloPresidente del Comité Directivo Estatal del PRI

La política de seguridad pública en el Estado mexicanoDr. Enrique Burgos GarcíaEx Gobernador de Querétaro

La reforma constitucional del sistema penal de justiciaDip. César Camacho QuirozPresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión

La reforma del sistema estatal de justiciaDip. Eruviel Ávila VillegasCoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LVI Legislatura del Estado de México

El derecho de todos a una vida segura y libre de violenciaDip. Jesús Alcántara NuñezDiputado Federal integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión

Procuración de justiciaLic. Alberto Bazbaz SacalProcurador de Justicia del Estado de México

Acciones y compromisos en seguridad públicaLic. Germán García MorenoComisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública del Estado de México

Cooperación internacional y crimen organizadoExcmo. Señor Luis Camilo Osorio IsazaEmbajador de Colombia en México

Derechos humanos y derecho a la seguridadLic. Jaime Almazán DelgadoOmbudsman de la CODHEM

Ensayo Central

Posiciones

Compromisos

Reflexiones

Gaveta Cultural

Presentación

l diálogo es un ejercicio que nos permite intercambiar

opiniones, enriquecer nuestros planteamientos y,

sobre todo, encontrar coincidencias. En un espacio

abierto y plural, como lo es el PRI, el diálogo también permite

encauzar de manera constructiva las múltiples ideas y

propuestas de miles de militantes y simpatizantes. Facilitar

este diálogo es el principal objetivo de Expresión, la revista

electrónica del PRI en el Estado de México.

Este proyecto editorial inicia con reflexiones sobre Seguridad

Pública, tema que preocupa a la ciudadanía y ocupa a las

autoridades. Sin duda, brindar una mayor Seguridad Pública

es un compromiso de gobierno que exige la modernización y el

fortalecimiento de nuestras corporaciones, así como nuevos

esquemas estratégicos que permitan salvaguardar la vida y el

patrimonio de las familias.

Participan en este número militantes distinguidos de nuestro

Partido en el estado, servidores públicos mexiquenses,

además de destacados miembros de la comunidad

internacional y de nuestros cuadros políticos nacionales,

como el Dr. Enrique Burgos García, quien justamente

comparte los componentes de una política de seguridad para

el Estado mexicano.

Tengo la certidumbre que este esfuerzo editorial cumplirá su

objetivo, fomentando el intercambio de ideas y el debate

práctico sobre los grandes retos que enfrentamos en la

actualidad.

Enrique Peña Nieto,

Gobernador del Estado de México

Editorial

a política es pensamiento que se hace acción, palabra que se vuelve realidad. Cumplir es posible gracias a una reflexión práctica de los asuntos

públicos y un diálogo plural con la sociedad; ejemplo de nuestro Gobernador, Enrique Peña Nieto.

El Comité Directivo Estatal del PRI Estado de México a través de la publicación electrónica de su revista Expresión, asume el compromiso con el libre debate de las ideas y la responsabilidad de proponer soluciones a los desafío del nuevo tiempo mexicano.

Iniciamos nuestra reflexión con el tema de la Seguridad Pública. La percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos, debilita la confianza en las instituciones del Estado. Aquí hay voces de militantes, funcionarios públicos y actores de la sociedad civil comprometidos con las libertades, los derechos humanos y la estabilidad política del país. A todos ellos, nuestro agradecimiento por enriquecer el debate de la actualidad y pensar el futuro de los mexiquenses.

Los aspectos a debate en materia de Seguridad Pública deben ser ampliamente revisados por todos los sectores, incluidos los ciudadanos; quienes finalmente son los actores más importantes del proceso legislativo, lo que implica hacer participe a la sociedad civil en el diseño de la agenda nacional.

Consideramos que los tres órdenes de gobierno deben trabajar con una postura responsable tanto de inteligencia y coordinación interinstitucional entre las distintas corporaciones. Ser estridente pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas; no tener una cooperación interinstitucional viola la autonomía de los estados y daña el pacto federal.

En el PRI nuestro apoyo es total a las instituciones del Estado mexicano en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Rechazamos a quienes descalifican a sus adversarios con este delicado tema, sin elementos de prueba; polarizando a la sociedad, mezclando la procuración de justicia con el proceso electoral, dejando fuera de la agenda pública temas como el desempleo y la inflación; deteriorando con sus ataques el ambiente de respeto, necesario para el debate con quienes sí firmamos y cumplimos compromisos.

Ricardo Aguilar CastilloPresidente

La política de seguridad pública en el Estado mexicanoEnrique Burgos García*

*Ex Gobernador de Querétaro

Introducción.

Antes de expresar un punto de vista, conviene recordar algunos referentes obligados sobre el estado contemporáneo, éste, el estado, es esencialmente un ente de cultura tanto que representa la síntesis de un milenario proceso de evolución social que dio forma y esquema a una sociedad políticamente organizada. El inicio de nuestro tercer milenio, empeñado en ganar espacios para una democracia más elevada, asimila sistemas presidenciales o parlamentarios, monárquicos o republicanos, pero sus

elementos constitutivos son los mismos.

El tema no se agota en sólo dar vida y forma jurídica a sus instituciones sino en asegurar la eficaz y eficiente funcionalidad de estas instituciones. Cuando la sociedad elige a su gobierno éste asume la responsabilidad de garantizar que el poder público conduzca de manera equilibrada las distintas tareas que le son propias, como si fuese la maquinaria de un reloj en donde cada pieza está relacionada con el resto, si una falla el reloj también falla.

Estado y política pública.

El estudio sobre el desempeño institucional del Estado debe de situarse en esta perspectiva de análisis, pues si las políticas sociales no operan porque sus instituciones no operan, o las fórmulas de la economía estrechan el poder adquisitivo de la gran mayoría de los mexicanos, o no se atraen inversiones ni se generan empleos, o la seguridad social es insuficiente, o la educación y la investigación científica no son como deberían ser, factores de transformación social, entonces es obvio que las instituciones no están en sintonía con los tiempos actuales y sus exigencias.

Pero habría que puntualizar que dentro de todas las responsabilidades del gobierno, la más directa y la más sensible es la referente a la seguridad y a la integridad física de las personas y de sus bienes, es, además, una responsabilidad indelegable e indeclinable. Es verdad que el constituyente permanente reformó recientemente diez artículos de la Constitución General de la República, todos en materia penal, pero aún aceptando sus convivencias no será suficiente. Bien decía el autor Argentino J. Manuel de Estrada: “La Ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política.” De los recursos económicos ni hablar, pues se han asignado de manera manifiesta.

Lo evidente es que el Estado y sus instituciones se estrechan ante la impunidad patológica de grupos facciosos y delincuenciales que desde la clandestinidad, sin responsabilidad ante nadie, estrujan a la sociedad que debe ser protegida por el poder público y sus instituciones, no es sólo la sociedad y cada uno de sus miembros los que sufren el amago permanente, o muchísimos los que han sufrido daño patrimonial o peor aún, la muerte de familiares o amigos de la forma más ruin y cobarde, no, también las instituciones están en

entredicho. La sociedad no puede ni debe por sí substituir al estado del que sin duda forma parte esencial y cuyo bienestar es el fin último del estado mismo, ello no significa la marginación o ausencia del pueblo, al contrario, su contribución es insustituible. Esperamos que el gobierno defina nítidamente, el camino a seguir. Bien dice el proverbio: “Nunca hay viento favorable para el que no sabe a donde ir”.

De ahí que ante la presencia de hechos graves que revelan la vulnerabilidad a la que está expuesta la sociedad ante la delincuencia, es comprensible que se generen planteamientos en torno al cómo encarar la grave inseguridad, entre otros el relativo al endurecimiento de las penas para los responsables. Frente a la indignación del crimen alevoso y artero se recurre a la propuesta de que la norma general eleve la sanción a que se hará acreedor quien incurra en esa conducta. En este tiempo, ante el condenable homicidio, tortura y secuestro de inocentes, jóvenes o no, mujeres, hombres, policías y militares incluso de alto rango, diversos voceros han reintroducido a la discusión nacional diferentes temas, entre ellos el de la pena de muerte para los responsables de diversos ilícitos particularmente ofensivos para la sociedad toda.

Consideraciones para una nueva política de seguridad en México.

La pregunta salta de inmediato: ¿la pena capital incidirá en la disminución de las conductas que la tengan como sanción? En México se abolió, primero de facto y luego de jure, la pena de muerte para delitos distintos a los militares durante todo el siglo XX y en los albores de la presente centuria incluso para el fuero castrense. No hemos practicado esa sanción. ¿A ello se deberá la incidencia y alza de determinados ilícitos penales? Francamente me resisto a pensarlo así. Sociológicamente la causa de la presencia y proliferación de las conductas delictivas no es la falta de una sanción suficientemente disuasiva, sino la conciencia del delincuente de la impunidad de su comportamiento.

El conflicto que como comunidad enfrentamos ante los delitos de alto impacto social no es la normatividad o la sanción que la misma implica, sino la incapacidad –por diferentes causas- para investigar los ilícitos, compilar las pruebas necesarias, presentar acusaciones sólidas y lograr sentencias condenatorias que acrediten a la sociedad y a los delincuentes que su proceder ha encontrado la medida de la ley. En realidad no

deberíamos reclamar una sanción agravada, sino una mayor eficiencia en las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Resulta incuestionable la indignación de nuestra sociedad por el injusto asesinato del joven Martí, de la joven Vargas, o el reciente atentado contra la escolta del Gobernador de Chihuahua, cuya alta exposición en la comunidad propicia una mayor reflexión colectiva, así como de otras personas que en nuestro país han sido víctimas de delitos de la misma naturaleza. No hay justificación alguna posible. Ese sentimiento y exaltación sociales se acrecienta al tomar conocimiento de que los probables responsables de esos ilícitos son personas con nombramiento y funciones en instituciones de seguridad pública (policías preventivos) o de persecución del delito (policías ministeriales). Lo más grave es la subversión de los valores y las funciones: quien debe enarbolar la salvaguarda de la ley y los derechos de las personas, se convierte en el sujeto que utiliza su preparación para delinquir acariciando la posible hipótesis de la impunidad.

Es imperativo que exista una cruzada decidida, robusta y programada con un horizonte de corto y mediano plazos. Para que los procesos de selección, capacitación y evaluación permanente -incluida la solvencia ética- del personal a cargo de una función relacionada con la seguridad pública sean de carácter estricto, y sujetos a controles transparentes para la sociedad.

El Estado de Derecho, como conquista civilizatoria y espacio privilegiado para promover las libertades y derechos de las personas, no es el ámbito para que la muerte se sancione con la muerte. Nuestra indignación contra la delincuencia y el crimen no debe atenderse con apresuradas demandas de la pena capital, sino con un trabajo serio y decidido de formación de las instituciones policiales y la disminución al máximo de la impunidad reinante. Lo fácil es incrementar las penas e incluso establecer de la muerte; lo difícil es elevar la calidad de las instituciones policiales y el combate a la impunidad.

Es una nota de distinción para la Nación contar con un Ejército, fuerza aérea y armada disciplinados, comprometidos y leales con las Instituciones que en voz del General Secretario Galván, “seguirán escoltando a la Nación”. Si bien es cierto que su participación en el complejo escenario nacional actual es, hoy por hoy insustituible, también lo es que esa tarea no corresponde a su naturaleza constitucional. De ahí el imperativo de dar prioridad a una nueva organización policial y a los órganos de inteligencia. El gobierno es el responsable directo de conducir alternativas frente a la delincuencia organizada, pero el Estado Mexicano somos todos, es decir, la sociedad políticamente organizada. Frente a esa delincuencia, la posición popular debe ser de ferra unidad.

La reforma constitucional del sistema penal de justicia

Al fundamentar el Dictamen de reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal Federal.

Es evidente que el tejido social se ha visto afectado sensiblemente, producto de la criminalidad y la violencia creciente, lo que obliga a todos, más allá de afiliaciones partidarias, a trabajar en el restablecimiento de la confianza.

Confiar es; depositar en manos de otro lo que se tiene en alta estima. Y si la gente de este país ha depositado en los 628 legisladores, el cuidado, el resguardo de los bienes jurídicos más apreciados: la vida, la libertad, el cuidado del patrimonio, la integridad física; es nuestro deber no sólo jurídico, sino ético, hacer que el Estado mexicano esté a la altura de las expectativas ciudadanas.

Es evidente que hay una crisis en todo el sistema de seguridad, entendiendo por ello la policía, la P r o c u r a d u r í a o l a s procuradurías, el sistema judicial y el de carácter penitenciario.

Por eso, creo que será un extraordinario mensaje el que esta tarde dé la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a los mexicanos, que más que argumentos, esperan resultados.

Haber logrado, después de un i n t e n s o t r a b a j o e n l a s comisiones dictaminadoras, y ahora en el pleno de la Cámara d e D i p u t a d o s , r e f o r m a s trascendentes como la de seguridad, la del Sistema de Seguridad Pública y las que discutiremos y, seguro estoy que, votaremos en los siguientes minutos, harán que el conjunto

demuestre que más allá de filias y fobias, más allá de militancias partidarias, estamos, como ya lo sugería Otero, a la mitad del siglo XIX, unidos en lo fundamental. Por eso estas reformas adyacentes, estas reformas vinculadas próximamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, me parecen de la mayor importancia.

Es hacer que el sistema se vea como un todo. Es no perder la integralidad en el enfoque. Es hacer que haya tipos penales mejorados o tipos penales nuevos que sancionen de manera severa a quienes en un ejercicio abusivo del depósito de confianza que les dio la ciudadanía al haberles

*Ex Gobernador del Estado de México y actual Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión; discurso pronunciado el día jueves 4 de diciembre de 2008. Publicado en César Camacho, Diputado Federal, Discursos [México].Disponibilidad en línea: http://www.cesarcamacho.org/site/content.php?idContent=12966. Fecha de consulta: 12 de marzo 2009.

Dip. César Camacho Quiroz*

permitido servirla en las posiciones de policía, agente del Ministerio Público, perito, pudieran, con esos conocimientos, de algún modo ventajosos y privilegiados, usarlos en perjuicio de la sociedad mexicana.

Por ello, la idea de este paquete de reformas al Código Penal es castigar con la mayor severidad a quienes bien podríamos no sólo tratar de criminales, sino de traidores, a la gente que tuvo acceso a la información policial, a la gente que pudo portar una insignia o pudo echar mano de un vehículo oficial, y que comprobadamente fue o peor aún es integrante de las fuerzas de seguridad pública.

Por ello, después de un importante, respetuoso y edificante debate en la Comisión de Justicia, hemos aprobado un dictamen que ahora está a la consideración de la asamblea para completar, para culminar un proceso legislativo. Éste será un

instrumento útil para las policías, para la Procuraduría, la federal y las de los estados, y para los jueces, para hacer que como instituciones del Estado mexicano podamos estar a la altura de la confianza que han depositado en nosotros.

Les pido a todas y a todos mis compañeros diputados, su voto aprobatorio, a fin de que cuanto antes pase a la Cámara de revisión y de esa manera estemos en condiciones de dar un instrumento más a la sociedad mexicana, a las instituciones públicas, para hacer que las posiciones del Congreso de la Unión vayan al terreno de lo concreto, al mundo cotidiano y hacer que la imposición de penas a quienes lo merecen, deje de ser parte del exceso retórico y forme parte de un asunto de todos los días.

La reforma del sistema estatal de justicia

*Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LVI Legislatura del Estado de México

Benítez Treviño, V. Humberto, “La justicia humanitaria”, en Filosofía y praxis de la Procuración de Justicia, 2ª. ed., México, Porrúa, 1994, p. 163.

“Un pueblo puede perdonar no tener algunos servicios públicos … lo soporta, pero lo único que no perdona el habitante … es la falta de un servicio oportuno y eficiente de … justicia, lo que es imperdonable es la práctica de lo injusto … si bien es cierto que la deshonestidad es lo contrario sensu de la honradez, la ineficacia provoca agravio social y la falta de un trato profundamente humanitario crea resentimiento y desconfianza en sus autoridades”.

El objetivo de este breve ensayo no constituye de manera alguna abordar aspectos de forma o de fondo de la génesis de cualesquiera de los artículos constitucionales que enseguida se abordan, menos aún, su exégesis, sino que, merced a la última reforma constitucional ha resultado propicio realizar algunos comentarios en torno a ellos. No obstante, es conveniente aclarar que sólo acotaremos los aspectos que, según nuestro punto de vista y para los afanes de este trabajo, son los que nos interesan.

Las reformas, en sí, no conllevan una denominación específica, sin embargo, el Artículo Tercero Transitorio del entramado de las reformas dilucida tal circunstancia toda vez que en la parte primera de la norma en comento determina que se está en presencia de un “Sistema Procesal Penal Acusatorio”.

En efecto, el 18 de junio de 2008 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y adiciones a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, debido a los aspectos cualitativos que abordan resulta imprescindible, aunque sea brevemente, referenciar en qué consisten esas reformas y adiciones para, enseguida, determinar cómo ha alineado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México sendos mandatos constitucionales.

PRIMER ASPECTO. Un tópico de la reforma constitucional privilegia de manera espléndida los aspectos relativos al principio general del derecho que tiene que ver con la presunción de inocencia de los inculpados, esto es, cuando cerrada la

Dip. Eruviel Ávila Villegas*

ins t rucc ión, emi t idas las conc lus iones correspondientes por parte del inculpado y del ofendido, el juez procede a emitir la sentencia de la causa penal en cuestión, previo análisis armonioso de los medios de convicción que le fueron aportados por las partes en la secuela procesal.

El caso es que, ahora, cuando se evidencia que el ofendido no aportó pruebas fehacientes que demuestren la culpabilidad manifiesta del inculpado, se actualiza a favor de este, de manera inmediata, la presunción de inocencia. La prueba confesional que otrora se había venido constituyendo en la prueba reina contra el inculpado ha dejado de serlo, como también ha quedado en el olvido el prejuzgar. Más aun, el otro principio general del derecho conocido más comúnmente con la frase “in dubio pro reo”, está cobrando una fuerza inusitada en los procesos penales a favor de los inculpados, pues como bien es sabido la frase define que “en caso de duda el juez de absolver al reo”. Mejor veamos en qué consten las reformas alusivas al principio ha que hacemos alusión.

El artículo 16, constitucional, párrafo segundo, en su parte segunda, precisa a la letra lo siguiente:

“Artículo 16. (…)No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

Esta misma frase se la puede leer en el artículo 19, constitucional, párrafo primero, parte segunda:

“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos ahoras, a partir de que el indiciado sea puesto sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se le impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.”

En relación con los numerales referidos, se encuentra también otra reforma en el artículo 20,

apartado “B”, fracción I, que a la letra indica lo siguiente:

“Artículo 20. (…)B. De los derechos de toda persona imputada:I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; (…)”

Dispositivo que tiene correlación con otro de la misma relevancia, que precisa:

“Artículo 20. (…)A. De los principios generales: (…)VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; (…)”

Este bien entramado mosaico de normas desencadena y vivifica la esencia más pura del principio que hemos venido analizando al afirmar, ahora no, ahora sí, que ”toda persona es inocente hasta que se demuestre plenamente su culpabilidad”.

SEGUNDO ASPECTO. Otra de las reformas que considera nuestra Carta Magna está relacionada con los mecanismos alternativos de solución de controversias, circunstancia que quedó perfectamente plasmada en el artículo 17, párrafo tercero. Dice así:

“Artículo 17. (…)Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias . . .”

Esta institución jurídica ya había sido considerada en el Estado de Derecho que prevalece en la entidad mexiquense. Ello es así debido a que en noviembre de 2007 se emitió el decreto por el cual se reformó el artículo 155 del Código de Procedimientos Penales a efecto de incorporar la mediación y conciliación para aquellos delitos que se persiguen por querella, por lo que consecuentemente es de reconocerse que el Estado de México se constituye en vanguardista de esta reforma constitucional.

TERCER ASPECTO. La creación de un servicio de defensoría pública es otra de las brillantes reformas consideradas por los legisladores en nuestra Ley Fundamental. Pasemos revista al artículo 17, párrafo sexto, que la considera.

“Artículo 17. (…)La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

El 26 de noviembre de 2005 fue publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, por parte del Lic. Enrique Peña Nieto, la Ley de la Defensoría del Estado de México. Iniciando su vigencia al día siguiente de su publicación.

A través de esta ley se crea el Instituto de la Defensoría de Oficio. El cual se constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno con autonomía técnica y operativa, cuyo objetivo es proporcionar obligatoria y gratuitamente defensa jurídica en materia penal, civil, familiar y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten (Artículo 3, de la ley de la materia).

CUARTO ASPECTO. Lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad (Artículo 18, párrafo segundo de la CPEUM). La norma determina lo siguiente:

“Artículo 18. (…)El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir . . .”

En la memoria legislativa del Estado de México se tiene registro de que fue en julio de dos mil siete, precisamente en la LVI Legislatura cuando se emitió el Decreto 76 mediante el cual se reformaron diversas disposiciones legales como el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad.

De esta forma se crearon penas alternativas a la de privación de la libertad, como son: el trabajo a favor de la comunidad, el beneficio de la libertad condicionada y el sistema de localización y rastreo a través de brazaletes electrónicos.

Más aún, en la ejecución de sanciones se implementaron como alternativas: el beneficio de la pre-libertad y la remisión parcial de la pena. Privilegiándose de esta forma el externamiento, hasta donde sea posible, a efecto de que los sentenciados se reincorporen a la sociedad. De nueva cuenta puede observarse que la reforma acaecida en nuestra Carta Magna ya se consideraba en la legislación mexiquense.

QUINTO ASPECTO. La reforma constitucional relativa a los juicios orales quedó consagrada en el artículo 20, constitucional. Esta clase de juicios, conforme a este dispositivo se regirá por los pr incipios de publ ic idad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

El esclarecimiento de los hechos, la protección del ofendido, la no impunidad del inculpado y la garantía de la reparación del daño están debidamente indicados en el apartado “A”, fracción I, de la norma señalada en líneas anteriores.

El principio de inmediatez, que significa que las audiencias deben estar presididas por un juez viene a constituir un verdadero fortalecimiento a los procesos judiciales penales (Art. 20, apdo. “A”, fracción II, de la CPEUM), sin embargo, el juez de la causa no deberá haber conocido el caso

previamente (Art. 20, apdo. “A”, fracción IV, primera parte, de la CPEUM),

Los medios de convicción que serán considerados en la sentencia por el juzgador, serán aquellos que fueron desahogados en la audiencia de ley atendiendo a los principios de contradicción y oralidad (Art. 20, apdo. “A”, fracción IV, segunda parte, de la CPEUM).

El principio general del derecho que indica “el que afirma tiene que probar”, así como la igualdad procesal de las partes en el juicio, quedaron consagrados en el (Art. 20, apdo. “A”, fracción V, de la CPEUM).

El principio de inocencia (Art. 20, apdo. “A”, fracción VIII, de la CPEUM); y los medios de convicción obtenidos por medio de la violencia: física o verbal (Art. 20, apdo. “A”, fracción IX, de la CPEUM) son, entre otras, atingentes y muy bien delineadas reformas que realzan la trascendencia de esta importante reforma penal.

En el Estado de México, tales consideraciones relativas a los juicios orales iniciaron su vigencia en noviembre de dos mil cinco, cuando la LV Legislatura adicionó al artículo 102 de la Carta Local la implementación de los juicios orales para delitos no graves.

Aunque vale la pena subrayar que los estados de Nuevo León, Chihuahua y Oaxaca ya contemplaban sendas reformas en sus respectivos sistemas de justicia.

SEXTO ASPECTO. Se contempla en la reforma, la extinción de dominio o pérdida de derechos sobre bienes, para impactar al crimen organizado en la parte más sensible, que es la de carácter material-financiero. A través de esta figura, el Estado podrá disponer, mediante un procedimiento expedito, de los bienes que son objeto o producto de hechos criminales (Art. 22, párrafo segundo, parte última, de la CPEUM).

Si bien esta reforma resulta una extraordinario avance en el sistema de justicia penal, no está por demás apuntar que las entidades federativas y los municipios del país, por sí y de manera conjunta hacen su parte por combatir a la delincuencia, luego, la reforma no consideró dirigir de manera proporcional y equitativa parte de esos bienes -a los que hemos hecho alusión,- ni a los estados ni a los municipios.

Lamentamos que en esta reforma no se haya contemplado que esas entidades federativas y los municipios, pues ello incidiría en inversión para incrementar la fuerza de policías y la del propio equipamiento de esa corporación.

En breve el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propondrá a la Legislatura del Estado de México un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de a Unión a que en la legislación secundaria, contemple la distribución de los bienes con extinción de dominio, entre la federación, los estados y los municipios.

Adicionalmente, buscaremos que la Legislatura Local, haciendo uso de su derecho de iniciar leyes federales, promueva una iniciativa ante el Congreso Federal, para que las Legislaturas de los estados tengan voz al interior de las comisiones que analicen una posible reforma o adición a la Constitución Federal y así se puedan escuchar y considerar sus opiniones y necesidades. Circunstancia, ésta, que no está considerada en nuestra Carta Magna.

SÉPTIMO ASPECTO. Otro aspecto de la reforma que estamos analizando lo constituye sin lugar a dudas la reestructuración de los delitos graves (Art. 19, párrafo segundo, de la CPEUM).

Procedamos, ahora, en el orden de prelación anterior, a los comentarios pertinentes relativos a la forma mediante la cual el Estado de México ha atendido cada uno de estos mandatos constitucionales que hemos apuntado con anterioridad.

Es así como en el Estado de México esta reforma fue incorporada al código de la materia en julio de dos mil siete, a través del Decreto 76 emitido por la LVI Legislatura Local.

Como hemos podido observar una gran parte de las reformas incorporadas por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de dos mil ocho, ya habían sido consideradas en el Estado de México, cuando menos, con un año de antelación en algunos casos y, en otros, con más de un año a la fecha de publicación de la reforma.

BIBLIOGRAFÍA

Benítez Treviño, V. Humberto, Filosofía y praxis de la procuración de justicia, 2ª. ed., México, Porrúa, 1994.Código Penal (2009).Código de Procedimientos Penales (2009).Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México (2009).Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009).Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (18 de junio de 2008).Ley de la Defensoría del Estado de México (2009).Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México (2009).Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México (2009).

Ello es importante aclararlo porque por decenas de años el Estado de México se ha convertido en el vanguardista por excelencia de creación de instituciones jurídicas en nuestro país, cumpliendo así con el acercamiento que debe prevalecer por parte de las autoridades a favor de los justiciables.

El derecho de todos a una vida segura y libre de violencia

*Diputado Federal integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión

Cuando hablamos de compromiso nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones que manifiestan la entrega y el trabajo legislativo que, como tales, dejan huella permanente en el país y en nuestro Estado de México.

No solamente se ha cumplido con responsabilidad en cada una de las comisiones legislativas en las que estamos participando: Seguridad Pública, Transportes, Función Pública, o como secretario en el caso de la Cuenca Lerma-Chapala.

Una de las actividades destacadas ha sido nuestra participación en el tema de la Seguridad Pública, estando presente en el foro realizado en Palacio Nacional con la presencia del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el grupo de mexicanos hartos de la inseguridad y de las muertes, secuestros y ejecuciones.

En esa ocasión fue muy significativo el “Ya basta” de los asistentes que no solo era un lamento, sino, una exigencia dirigida al primer mandatario y un anhelo de vivir un México sin sobresaltos y en paz.

Por eso desde la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura he sido unos de los más decididos impulsores de la Nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública destinada a reforzar los procedimientos policiales, a fin de garantizar, a las familias mexicanas y mexiquenses, una mejor, más honesta y capacitada policía.

Nuestra actividad como diputado federal comprometido con las causas sociales ha sido incansable. La posición sostenida en la revisión del sistema nacional de justicia penal siempre ha estado relacionada con la defensa sólida de los principios y postulados del Partido Revolucionario Institucional, que promueven el respeto absoluto de las libertades civiles y de los derechos humanos así como una pronta y expedita impartición de justicia.

En el PRI estamos por una mayor seguridad sin violentar la Constitución. Reconocemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos es un fundamental para la democracia. Por esta razón, hemos estado muy cerca de los ciudadanos con respuestas prontas y oportunas, en un ejercicio cotidiano de vinculación para escuchar, estimular, dialogar y propiciar los consensos y el compromiso, de todos, para un México seguro.

Dip. Jesús Alcántara Núñez*

Procuración de justicia

*Procurador de Justicia del Estado de México

1. ¿Cómo se encuentra el Estado de México en el área de Seguridad Pública?

Como parte integrante de la Federación, está cumpliendo el reto que le corresponde con liderazgo y tecnología de punta, asumiendo a

cabalidad los compromisos derivados de los Acuerdos que a nivel nacional se han suscrito en materia de Seguridad Pública, Justicia y Legalidad, prueba de ello, lo constituye la aprobación por parte del Congreso del Estado, de un nuevo Código de Procedimientos Penales y una nueva Ley Orgánica para la Procuraduría General de Justicia, así como la Creación del Centro Estatal de Control de Confianza. Acciones que evidencian una tarea

responsable para dar respuesta a la demanda social, al tiempo que nos sitúan a la vanguardia en esta materia; Aún así, nos queda claro que faltan muchas cosas por hacer para consolidar la confianza y seguridad en nuestras instituciones.

2. ¿Cómo son los problemas que acarrea el

crecimiento demográfico en la entidad con respecto a la Seguridad Pública?

Son multifactoriales y difíciles de atacar desde un solo frente, sin embargo, es preciso destacar que los resultados que arrojan los indicadores y la información demográfica son homogéneos, en cuanto a que: "A menor planeación urbana, mayores conflictos se presentan en términos de gobernabilidad, admin is t rac ión públ ica y seguridad"; en ese sentido, no es casualidad que en los sitios en que mayores índices de delincuencia hay, se cuente con una menor prestación de servicios públicos, mayor marginación y crecimiento desordenado. Por el contrario, en lugares donde existe planeación urbana, los niveles d e s e g u r i d a d s o n m á s aceptables; por lo que, uno de los aspectos fundamentales para disminuir los índices de inseguridad es una adecuada y cuidadosa planificación del crecimiento urbano: Tomemos en cuenta que en el cinturón que rodea al Distrito Federal, e s t a m o s v i v i e n d o l a s c o n s e c u e n c i a s d e u n crecimiento desordenado y, esas consecuencias repercuten en otros ámbitos del quehacer gubernamental tales como el a m b i e n t a l , i n d u s t r i a l y económico, entre otros, pero son más impactantes en materia de seguridad,

Una entrevista aAlberto Bazbaz Sacal*

3. ¿Qué complejidad ocasiona el dirigir un área como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado de México?

El servicio público de procuración de justicia, siempre ha sido una tarea complicada y sensible, que nosotros asumimos con el ánimo y responsabilidad suficiente para enfrentar el reto que ello implica y rendir cuentas claras a la ciudadanía mexiquense, conducida por el Gobernador Peña Nieto. El Procurador de Justicia como integrante de un equipo, comparte el esfuerzo con los demás servidores públicos, todos orgullosos de pertenecer a ella, muchos honrados

y profesionales, que dan lo mejor de sí para servir de forma efectiva a los mexiquenses; convencidos como estamos de que el recurso humano es la fuerza más importante que tienen las instituciones, lo que se traduce en entendimiento reflexión y acciones objetivas y concretas.

4. ¿Se puede hablar de modernización / eficiencia en las labores de la Procuradur ía en los últimos años para mejorar la Seguridad Pública?

Nos queda claro que el camino que debemos segu i r es m o d e r n i z a r n o s constantemente, basados en la p r o f e s i o n a l i z a c i ó n , capacitación, especialización y ap rovechamien to de las

tecnologías en el tema, pues efectivamente, la actividad de procuración de justicia no puede quedar estática ante la dinámica criminal. Nuestro compromiso es otorgarle a la ciudadanía un servicio más eficaz y eficiente; y para esto, el profesionalismo, sin duda, tiene como presupuesto la honradez, y como requisito la capacitación, cuyo ejercicio requiere de la aplicación de las mejores herramientas tecnológicas.

5. ¿Se puede decir que el Estado mantiene su vigencia y autoridad ante la falta de Seguridad Públ ica que sufren los mexiquenses?

Si, el Estado como organización social es garantía para la convivencia humana, de donde dimana la autoridad que la sociedad le otorga para cumplir con sus fines, siendo uno de estos, la Seguridad Pública.

Hoy por hoy, el tema de Seguridad Pública está en la mente de todos los mexicanos y mexiquenses, quienes han intervenido, atinadamente, para que se establezcan políticas públicas a largo plazo en la materia, en este sentido, el Estado de México no sólo conserva su vigencia y autoridad, sino que además, la demuestra ganando batallas en su lucha contra la delincuencia organizada, y en la confianza que estamos logrando de la sociedad,

colocándonos a la vanguardia y a la altura de sus reclamos, reconociendo, desde luego, que ésta, es una tarea de coordinación entre las diferentes dependencias involucradas en la Seguridad Pública, es decir, que no sólo es tarea de la Procuraduría, o de la Agencia de Seguridad Estatal, o de la Policía Preventiva Municipal, o las autoridades federales y por supuesto al Ejército Mexicano, sino que somos todos juntos, al trabajar sistemática y concertadamente.

Acciones y compromisos en seguridad pública

Preámbulo.

Vivimos épocas inéditas en materia de seguridad, la delincuencia se ha extendido de manera creciente por todo el país y el Estado de México no es la excepción, la inseguridad es un problema muy complejo que obedece a factores económicos, sociales y culturales que no respeta demarcaciones políticas, ideológicas o grupos sociales.

El fenómeno se ha agudizado derivado del enorme poder económico que la delincuencia organizada detenta lo que le da acceso a corromper conciencias, infiltrarse en las estructuras policiales y a disponer de tecnología de punta y armamento de alto poder.

De aquí que el tema de la seguridad pública sea una de las mayores prioridades en la agenda de gobierno en la administración del Lic. Enrique Peña Nieto y nuestro único objetivo en la Agencia de Seguridad Pública Estatal (ASE).

Los esfuerzos de la ASE están encaminados a recuperar el clima de confianza y certidumbre a la

que estamos acostumbrados todos los mexiquenses y que se ha convertido en un reclamo reiterado de la población por que a todos nos afecta y a todos nos agravia.

La inseguridad limita a la ciudadanía en el desarrollo normal de sus actividades, además amenaza su integridad física y su patrimonio, y vulnera la tranquilidad y la sana convivencia.

El concepto de eficiencia y rapidez en la batalla contra la delincuencia en el Estado de México.

Una de las líneas estratégicas del nuevo modelo de seguridad pública que estamos implantando en la Agencia se orienta a que las medidas preventivas y disuasivas en el combate a las actividades delictivas resultan más efectivas.

En este sentido se han reorganizado y replantado los operativos policiales con una mejor distribución y localización estratégica a lo largo de la entidad en puntos de mayor incidencia delictiva y buscamos hacer un mejor uso de los recursos para que con menos hagamos más.

*Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública del Estado de México

Germán García Moreno Ávila*

Estamos concertando esfuerzos con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, los gobiernos del Distrito Federal, el estado de Michoacán y de los municipios para atender tramos carreteros federales y estatales libres, vialidades urbanas, plazas públicas, sitios de convivencia social y centros comerciales, destacando el blindaje realizado a los límites con Michoacán y Guerrero.

En las zonas limítrofes con el Distrito Federal, paraderos de autobuses, avenidas y cruces conflictivos, en colonias y vialidades de mayor afluencia vehicular.

Estamos reforzando el equipamiento de nuestro Estado de Fuerza para que ésta tenga un mejor desempeño. El Titular del Ejecutivo Estatal autorizó una partida extraordinaria por 50.0 Millones de pesos para la adquisición de armas de uso exclusivo del Ejército, chalecos antibalas y equipo antimotín.En la presente administración se adquirieron 1,390 vehículos de seguridad de los cuales 353 se destinaron a los municipios.

Hemos avanzado en la tecnificación de nuestras operaciones, contamos con un Centro de Mando y Comunicación que dispone de tecnología de punta y promueve la implementación de ésta en las operaciones de la Agencia a fin de contar con las herramientas más modernas que permitan dar una respuesta cada vez más contundente a la delincuencia y atender con toda oportunidad cualquier situación de emergencia o crisis que se presente en la Entidad.

Estamos instalando, como parte del Programa Mi Escuela Segura, botones de emergencia los cuales son dispositivos que al ser accionados emiten una señal de alerta que es captada en el servicio de emergencia 066 y se transmite al cuerpo de seguridad pública para su atención.

La meta es instalar 5,040 botones, de los cuales ya operan en 3,586 planteles que cuentan con línea telefónica y para las restantes 1.454 el botón operará a partir de este mes en base a una red inalámbrica de telefonía celular.

Adicional a lo anterior se trabaja en cada una de las áreas funcionales de la Agencia, en el desarrollo profesional del personal para que esté debidamente capacitado, en el mejoramiento de la ca l idad de los p rocesos y func iones administrativas o fin de que el servicio que se presta a la sociedad esté a la altura de sus expectativas.

Participación ciudadana y seguridad pública.

La participación ciudadana es fundamental, para conformar un frente común y consolidado en el combate a la delincuencia.

En este punto el Gobernador Enrique Peña ha sido muy preciso por que al sumar los esfuerzos de todos podemos hacer mucho más que si actuamos aisladamente.

Da cuenta de esto el llamado realizado por el Titular del Ejecutivo Estatal a los tres poderes de gobierno y a los diferentes sectores de la sociedad para suscribir el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses.

El cual no es exclusivamente una respuesta al incremento de la violencia, sino la propuesta de un cambio estructural en la relación de la población con las instituciones gubernamentales que tienen por obligación salvaguardar la convivencia social y preservar el estado de derecho.

Se reconfiguró el Comité de Participación Ciudadana para que en una nueva etapa, se amplíe como espacio de análisis de la problemática de seguridad y de propuestas de solución, que sea en primera instancia, la recepción de las demandas concretas de seguridad de la población.

También se busca que en este foro, integrado por personas de reconocida trayectoria y verticalidad se evalúe los programas que instrumentamos en la Agencia y se obtenga propuestas para su redireccionamiento y apunten hacia compromisos específicos que atiendan puntualmente las demandas de la sociedad.En el marco del Programa de Prevención Social del Delito, entre otras acciones, hemos conformado 6,374 comités "Mi Escuela Segura", en los cuales los padres de familia y autoridades escolares participan para que las escuelas públicas de la entidad cuenten con un ámbito de seguridad al interior y en su entorno inmediato.

En este año ampliaremos la red de vigilantes voluntarios de casi 31 mil a 200 mil VI-VOS a fin de consolidar su funcionamiento a lo largo de la entidad, concretar una alianza efectiva con la comunidad y contar con observadores directos de probables actos delictivos y/o riesgos a la seguridad pública.

Adicionalmente se concertan acciones en materia de segundad pública con organizaciones sociales,

con asociaciones de industriales, cámaras de comercio y empresas, y el sector académico.

Así mismo, se lleva a cabo ferias municipales de prevención del delito en coordinación con los ayuntamientos para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad.

Nos hemos propuesto alcanzar una cultura de corresponsabilidad en materia de seguridad pública entre las autoridades y la ciudadanía, para que la participación de ésta última sea activa, sistemática y continua.

Modernización de la policía estatal.

Contamos con una fuerza pol ic ia l de aproximadamente 13,500 agentes de seguridad que constituye el elemento sustantivo en las tareas para enfrentar las actividades delictivas.

Por ello estamos impulsando el desarrollo policial, por decreto del Titular del Ejecutivo Estatal se creó el Instituto de Profesionalización a fin de mejorar el perfil de personal, contar con elementos técnicamente preparados, conscientes de su función frente a la sociedad y respetuosos de los derechos de los demás.

Se busca, así mismo, ampliar la capacitación para hacer más competente a la actividad.

En el 2008 se capacitó a la totalidad de los agentes operativos que integran la policía estatal y en el 2009 ofreceremos nuevos cursos a todo el personal operativo.

Se impartió por primera vez el curso de formación básica a 884 cadetes de los cuales reforzarán las unidades antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y las áreas de Inteligencia y Análisis Criminal, éstas últimas de la ASE. Además, personal de la ASE ha recibido Capacitación en Colombia, Chile, Guatemala, España y Francia y de otros países han venido a impartir sus conocimientos y compartir experiencias.

Seguiremos adquiriendo equipo moderno y más efectivo para que nuestros elementos tengan mayor seguridad en el desempeño de sus funciones, como lo son el contar con armas automáticas, equipo de protección y la renovación del parque vehicular entre otros.

La tecnología es una herramienta básica de la modernización y es necesaria para hacer más eficientes las operaciones policiales y ofrecer mejores resultados, instalaremos cámaras de videovigilancia y contaremos con equipo para el cobro de infracciones del tránsito en el lugar y momento en que se cometan.

Hemos ampliado las funciones de inteligencia policial y análisis criminal para que la operatividad de la corporación tenga una mejor dirección, se concentren los esfuerzos y su efecto no se vea debilitado o disperso y seamos más efectivos.

Se lleva a cabo una rigurosa selección del personal operativo para que cumpla con los procedimientos de confianza establecidos y se prevenga la incorporación de elementos que no cuenten con el perfil ético requerido y se eviten conductas contrarias al proceder profesional y se servicio de calidad.

Se realizan evaluaciones permanentes del desempeño policial a fin de prevenir actos de corrupción y evitar la intromisión de grupos delincuenciales a la corporación.

Acciones que en conjunto van dirigidas a cumplir el compromiso de garantizar la seguridad integral de todos los mexiquenses.

Cooperación internacional y crimen organizado

* Comentarios realizados dentro del marco de la conferencia sobre la Independencia de Colombia impartida por el Excelentísimo Señor Embajador de Colombia Luis Camilo Osorio, en el Recinto de la Revolución del Comité Directivo Estatal del PRI, el día 5 de febrero de 2009.

La droga es lo que se piensa una panacea a través de la cual hay dinero, negocios, se abre la economía, es un mal que desafortunadamente agobia a los pueblos porque su inmensa rentabilidad de la riqueza que genera generalmente se va para m á s c r i m i n a l i d a d , desafortunadamente los dineros que penetran en dinero de activo y negocios lícitos es mínimo y el resto se dedica al tráfico de a rmas , de pe rsonas , a l contrabando, las empresas criminales que organizan los secuestros, que organizan toda clase de criminalidad y desde luego que penetra también la posibilidad de que los gobiernos en las administraciones la corrupción de las autoridades; nada bueno trae el narcotráfico, definitivamente quienes piensan que puede ser un alivio al legalizar la droga realmente la equivocación es grande, lo que trae es dolor, lo que trae es violencia, lo que trae es criminalidad.

Nosotros lo que hemos hecho es combatirla con mucha serenidad y especialmente hacer una denuncia que ha tenido eco, desde luego en México y en sus gobiernos. Y es que la cuestión de las drogas representa un problema mundial que afecta a toda la humanidad.

Hay países realmente productores, hay países realmente consumidores, hay países tránsito, hay países que están solamente en una parte del negocio, pero lo que es verdad es que hoy lo decían los presidentes de Colombia y de México, hace ocho días que se reunieron, hace un mes y medio que se volvieron a reunir en Cartagena; que desafortunadamente ya no puede decirse que hay países exclusivamente productores, exclusivamente consumidores, exclusivamente tránsito; tenemos el fenómeno de que los países europeos, los países de Norteamérica están produciendo droga y no están produciendo exclusivamente marihuana, sino que están produciendo las anfetaminas, las pastillas y están invadiendo los mercados porque Colombia, México, Latinoamérica es a la par los países productores, los países tránsito, los países consumidores; tenemos el problema en la juventud y la niñez que la está agobiando y que le hacen mucho daño, podemos decir hoy que nadie está exento de ese grave flagelo que agobia a la humanidad, lo que hemos hecho

*Embajador de Colombia en México

Excmo. Señor Luis Camilo Osorio Isaza*

La experiencia de Colombia

es combatirlo con mucha responsabilidad es una lucha difícil, no es fácil, la criminalidad no se va a contentar con decirnos están combatiendo vamos a bajar la guardia, al contrario, lo que han hecho es aumentar la violencia y crear más dificultades, pero ese es un mal que tenemos que erradicar y no se puede convivir ningún país si quiere tener una juventud, una niñez, una sociedad exenta de dificultades, sino se combate con mucha oportunidad la criminalidad y el narcotráfico.

Colombia hace 35 años era un paraíso donde no sabíamos que existía lo que es la droga, no teníamos ni idea de que había otras culturas de más atrás que venían cultivando una hoja que se volvía maldita cuando se le hacía tratamiento de laboratorio y se convertía en cocaína,

Nadie estaba involucrado. Colombia era un país pastoril, tenía dos mares como los tiene México, unos paisajes bellísimos, una zona tropical, mucha música, mucha buena literatura y crecíamos, no nos hemos ganado ninguna lotería, no tenemos riquezas naturales que tienen otros países, todo ha sido a pulso y cuando menos pensamos fue inicialmente un país tránsito, era un cruce de caminos que allá llegaban por nuestras extensas selvas, por nuestras inmensas praderas, era muy fácil camuflar una pista de aterrizaje para tránsito, y cuando menos pensamos, nos vimos invadidos no solamente en el tránsito de las drogas sino también en que allí las tierras eran propicias para producir y también era propicia la mano de obra para elaborar la droga.

Los colombianos nos metimos en un laberinto en donde todo se invadió por la droga al punto de que la misma política fue tocada muy fuertemente contra ella, fue en ese momento donde el estado colombiano, su sociedad, sus comunidades tuvieron que hacer una reflexión, un alto en el camino y decir “Si seguimos por donde vamos no vamos a ser un estado real y vamos a ser una narco-democracia” y que pasó, salimos a combatir el cártel de Pablo Escobar, salimos a combatir el cártel de los Rodríguez Orihuela, de Rodríguez Cacha alías “El Mexicano”, salimos a combatir el cártel del norte del valle y hoy prácticamente esos cárteles se extinguieron, no existen; hay droga mucha droga y desafortunadamente tenemos otro mal muy grave que es la guerrilla que lleva

incrustada cuarenta años y que hoy monopoliza el negocio de la siembra, del cultivo, de la recolección y el laboratorio; aún tienen pactos con organizaciones criminales que las comercializan, noso t ros p rác t i camen te hoy t enemos completamente aniquilados los grandes cárteles, sin embargo, droga sigue habiendo, lo que quiero decirle es que, los esfuerzos que ha hecho Colombia, los muertos que ha puesto nuestro país, la violencia que se ha generado ha sido muy grande dentro de esta cuota universal que padece la comunidad internacional universal por el problema de la droga.

Yo me haría una pregunta: ¿Qué pasaría si no hubiera tránsito de los países, qué pasaría si no hubiera consumidores? Estamos hablando solamente de quienes la ofertan y quienes la producen, pero nos preguntamos ¿Quiénes la consumen, quiénes la transportan, quiénes la trasladan y quiénes tienen la penetración a comunidades mucho más abundantes en precio y demás? El problema es universal y es solidario, nosotros de nuestra parte lo que hemos hecho son esfuerzos inmensos por poner la cara, poner nuestra muy alta cuota de dolor y buscar que la sociedad vuelva a tener paz y tranquilidad y aniquilar estos males.

La seguridad vista como una política pública dentro de un Estado democrático de derecho

*Ombudsman de la CODHEM

1. El ciudadano del Estado de México y su percepción sobre la seguridad pública.

El binomio justicia y seguridad pública es inseparable, pues está compuesto por dos elementos intrínsecos en cualquier estudio crítico del tema, en virtud de que en ocasiones su contraparte “la impunidad y la inseguridad pública” es consecuencia de su corrupción influida por la incapacidad del Estado para incentivar medios idóneos en una convivencia humana justa.

Los motivos por los cuales se corrompe dicho binomio son variados, no obstante, los actos delictivos percibidos por la sociedad son los más sensibles, por lo tanto es menester retomar las observaciones de Gabriel Zaid, quien pudo resumir el sentir popular, al considerar que hay tres tipos de asaltantes en México: las autoridades, los socios de las autoridades y los aficionados.

El ejercicio de las libertades y los derechos humanos relativos a la justicia y a la seguridad pública, se ven amenazados cuando existen actos u omisiones de las autoridades que distorsionan el servicio público en contra de la ciudadanía, favoreciendo, ayudando, o simplemente omitiendo ejercer con probidad y honradez su función.

En este orden de ideas, la f u n c i ó n p ú b l i c a i n c i d e directamente en la percepción de la sociedad en el tema de inseguridad, ya que se basa en experiencias personales de vida, pues de ellas se forma un criterio que fundamenta sus reclamos, tales como: el robo a casa habitación, a transeúntes, comercios, familiares o amigos, en fin, a su círculo más cercano, en relación con la eficiente vigilancia policial o la respuesta del Estado en la persecución del delito y del delincuente mismo.

Jaime Almazán Delgado*

En el Estado de México, cuando una víctima de la delincuencia ve invadido su círculo de seguridad por algún delincuente, recurre a todos los medios a su alcance para defender sus bienes materiales o personales, estos medios comienzan desde los escritos más humildes a las autoridades más cercanas, la instalación de sistemas de seguridad en automóviles, locales comerciales, y casas habitación, entre otros, hasta las más sentidas manifestaciones sociales en contra de la impunidad.

El consenso en la sociedad para su solución no ha sido alcanzado, porque hay quienes sólo ven medidas aisladas o injustas promoviendo aumentar las penas, incrementar el sueldo de los policías, mejorar equipamiento policíaco, militarizar la seguridad pública, reimplantar la pena de muerte o algunas otras acciones fuera de la ley.

No obstante, el debate debe ir aún más allá, debe subir del plano de las acciones aisladas al nivel de las políticas públicas, porque la seguridad pública no es un elemento sitiado o un concepto autónomo a otros principios o valores como el “Estado de Derecho”, éste se debe concebir integralmente en el marco de una responsabilidad común de ciudadanos y gobiernos, en el que los primeros puedan participar en la toma de decisiones para defender su propio derecho a la seguridad pública y los segundos estén en disposición de contribuir coordinadamente a cualquier escrutinio público.

La seguridad pública es un elemento derecho humano que forma parte de una estructura estrechamente vinculada con los anhelos de una sociedad democrática que desea como fin último la tranquilidad de todos sus integrantes en comunidad; este es un principio fundamental de justicia social, que permite vivir con tranquilidad.

2. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la atención de los derechos de los ciudadanos.

Oportuno es mencionar que si bien la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es un organismo autónomo de Estado, encargado de la defensa y protección de los derechos humanos, su misión no es gubernamental, y por lo tanto no puede encargarse del funcionamiento y ejercicio de programas relativos a la seguridad pública, sólo le corresponde actuar como autoridad moral, convertir sus observaciones, experiencias derivadas de las quejas que se le presentan, los estudios y opiniones, en sugerencias públicas que inspiren y desarrollen la cultura del respeto a los derechos humanos en dos ejes principales: concientizar a los servidores públicos en cuanto a la importancia del respeto a la sublime dignidad humana en el ejercicio de su función, ya sea ejecutiva, legislativa o de procuración de justicia, así como fomentar en la sociedad una cultura de respeto, orden y sana convivencia, para que a través de su conocimiento se haga efectivo el derecho humano a la seguridad pública.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha participado en cuenta reunión o estudio se le convoca, lo mismo a nivel municipal que en ámbitos estaduales o como vocal del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial, lo que ha permitido que el organismo protector de los derechos humanos haga llegar oportunamente el sentir de la sociedad y sus propuestas de solución a las autoridades competentes.

Aunado a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México formula recomendaciones a las autoridades que violan algún derecho humano relativo a la seguridad pública, sin descuidar la atención en la prevención por medio de su participación en organismos de coordinación institucional, tales como el Subcomité Sectorial para la Seguridad Pública del Estado de México, en el que participan la ASE, la PGJEM y el Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado de México, o dentro de la conferencia Permanente de

Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos en materia de seguridad pública, en los que se han propuesto la implementación de análisis, programas y políticas públicas, tales como:

a) El diseño de una evaluación en materia de procuración de justicia, pues en la medida en que se obtengan elementos suficientes análisis en este rubro, se podrá generar estrategias especificas.

b) La creación de la Red Nacional de Atención a Víctimas del Delito, así como una legislación especializada para el Estado de México.

c) La elaboración del Censo Nacional de Delitos no denunciados, para conocer datos reales de victimización y delincuencia.

d) La profesionalización de los servicios públicos y la creación de centros de control de confianza para el mejor desempeño de sus funciones.

e) La contribución en el Desarrollo del Programa Nacional contra la impunidad y renovación integral del sistema penitenciario. Y

f) El fortalecimiento institucional y respeto a la cultura de la legalidad, a través de la capacitación y difusión de los derechos humanos.

Adicionalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, y por ende, de los Consejos Coordinadores de Seguridad Pública Municipal, desde cuyo seno ha aportado propuestas específicas que definen las políticas en materia de seguridad pública.

En este sentido, representantes del Organismo acuden a sesiones de los consejos para destacar la transcendencia de un eficaz y eficiente servicio en materia de seguridad pública, exponen la visión general de esta Comisión en materia de seguridad pública y la particular de los ciudadanos en cuestiones prácticas, y se sugiere la adopción de medidas especificas que permitan a las autoridades mejorar su tarea en beneficio de la comunidad.

3. Las víctimas del delito y el derecho de acceso a la justicia. Los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos como lo es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, consagran el derecho de las personas a

la vida, la libertad, la seguridad y la integridad, así como el derecho de acceso a la justicia.

Adicionalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son parte del sistema jurídico mexicano conforme lo establece el artículo 133 de la Constitución federal, es decir, son Ley Suprema de toda la Unión, consagrando derechos imprescriptibles e irrenunciables, para todas las personas sin distingo alguno.

Bajo esta perspectiva normativa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solamente vigila que quienes han ofendido a la sociedad mediante actos delictivos no sufran torturas o ataques a su elemental dignidad humana, y a que tengan un debido proceso legal para que compurguen las penas que les corresponden. La función de la CODHEM no es proteger o defender delincuentes, para eso existen los defensores particulares y los defensores de oficio que paga el Estado.

Ahora bien, para garantizar los derechos humanos de los ofendidos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se ha preocupado por las victimas del delito, por ello, propuso a la LVI Legislatura del Estado de México una iniciativa de Ley a favor de éstas, ya que las víctimas del delito durante mucho tiempo han carecido de un tratado digno frente al delincuente, de acceso a la justicia plena, y a la reparación del daño, bajo la premisa de que la situación de las víctimas requiere de una comprensión integral del sufrimiento, y que sus c o n s e c u e n c i a s t r a u m á t i c a s m o d i f i c a n sustancialmente las relaciones familiares, sociales o culturales, que antes de sufrir la Comisión del delito, le sustentaban.

Para mitigar esos desfavorables efectos, el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión, procura la protección a las víctimas de los ilícitos mediante una red interinstitucional médica y psicológica, de procuración de justicia y asistencia social, a través del compromiso institucional de servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno y de la sociedad civil organizada.

Asimismo, se ha creado un Fondo de Auxilio Emergente a favor de personas que, como consecuencia directa e indirecta del delito, se encuentran en condiciones urgentes de pobreza y desamparo, sin embargo, el monto que se ha

pretendido para este Fondo siempre será insuficiente en tanto no exista la participación solidaria de actores obligados públicos y privados.

4. Valoración ciudadana de la situación que vive el Estado de México con respecto a la protección de los derechos humanos.

En el mes de septiembre del año pasado, la sociedad mexiquense había expresado su legítimo reclamo a disfrutar de una seguridad pública eficaz, ante su preocupación por los hechos delictivos reiterados que afectaban su tranquilidad.

En ese entonces, a iniciativa del Gobernador Enrique Peña Nieto, se suscribió el Acuerdo por la Seguridad Pública Integral de los Mexiquenses, en el que se comprometieron los poderes cons t i tuc iona les , los p res iden tes municipales y los representantes de la sociedad civil.

En esa fecha, se reiteró que la política de seguridad Pública es una Política de Es tado; que so lamente con una coordinación integral se podía garantizar este servicio, así como la procuración y administración de justicia a corto, mediano y largo plazos; que los compromisos asumidos tendrían responsables, metas y tiempos convenidos; y que los ciudadanos y sus organizaciones más representativas deberán observar, vigilar y supervisar las distintas acciones tendentes a combatir la inseguridad, hasta lograr rest i tuir completamente el imperio de la ley y el combate frontal a la delincuencia e impunidad.

Desde entonces, se ha venido cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos contraídos de parte de los sectores públicos, social y privado, sin embargo, es necesario reconocer que la inseguridad sigue prevaleciendo y que los delitos se siguen incrementando en toda la entidad.

Independientemente del cumplimiento cabal que se está dando al gran número de compromisos contraídos, es recomendable establecer metas de actuación concretas y eficaces sobre las cuestiones siguientes:

- Reducción de la incidencia de secuestros en un 50% al nivel de 2005, que según estadística

oficial fue la más baja en 15 años, y con vistas a erradicarlo en el 2012.

- Cumplir la totalidad de órdenes de aprehensión de secuestradores.

- Investigar, a través de una agencia autónoma, y especializada, con observador ciudadano confiable, delitos en los que se encuentren involucrados policías y miembros de seguridad pública.

- Establecer programas obligatorios de prevención del delito.

- impulsar la red de atención integral a víctimas de delito. Y

- Desarrollar un programa de lucha contra la impunidad, para evitar que los servidores públicos que vulneren la ley continúen laborando en instituciones de seguridad pública.

La criminalidad es un fenómeno que está vulnerando implacablemente a la sociedad mexiquense; un alto porcentaje de la población considera que la criminalidad ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades; de cara a esta situación, la lucha por la defensa de los derechos humanos y por una seguridad pública eficiente y profesional es una tarea insoslayable que nos corresponde a todos.

Esta encomienda requiere, ser depositarios del concepto de rectitud y compromiso de quien gobierna y de los propios gobernados; también se requiere de una información y formación relacionada con los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales en derechos humanos y de justicia que oriente las acciones de quienes hacen y aplican el derecho y de quienes siendo destinatarios se apeguen a la norma. Estos atributos facilitan la convivencia y la colaboración social pertinentes en cada grupo y entorno cultural.

L a s e l e c c i ó n , i n g r e s o y evaluación de permanencia de los agentes encargados de hacer cumplir la ley es un pilar esencial en la lucha contra la inseguridad pública, pero además se deben s u m a r a c c i o n e s p a r a l a conformación y sistematización de datos, d iagnóst icos y escenarios para el combate eficaz del delito mediante información y coordinación de los agentes de inteligencia en los tres ámbitos de gobierno.

El Estado debe apostar por la prevención de los delitos, pues si solo se convierte en una autoridad reactiva estará perdida de antemano la batalla. La proactividad del estado debe conducir, sin lugar a dudas, a la formación de políticas públicas acordes con cada región de la entidad federativa.

El ex presidente de Brasil, Fernando Cardoso, decidió publicar en inglés sus memorias sobre su visión de la política en su familia, de su país, y su relación con América Latina. No es un relato sobre cómo sucedieron cada uno de los hechos históricos de Sudamérica sino su percepción de los mismos. No es la observación de un improvisado vaquero venido a político de ocasión, ni el recuento vanaglorioso de hechos tergiversados para tratar de paliar las deficiencias de su gobierno, ni mucho menos un gracioso anecdotario de vicisitudes en la militancia política de un brasileño. Se trata de un muy bien presentado ejercicio autocrítico de las memorias de un sociólogo y profesor universitario que, como modestamente lo señala, se convierte en un “Presidente por accidente” de su país.

El libro está presentado en doce capítulos y un prólogo del ex presidente norteamericano Bill Clinton. En los primeros cinco capítulos parece recorrer el árbol genealógico de la familia Cardoso, pero lo que realmente hace es narrar los principales acontecimientos históricos como realmente los vio, como recuerda los vivió. Recuerda su primer contacto con la política a los seis años de edad, cuando una llamada telefónica interrumpió las vacaciones en la playa y obligó a su padre a vestir el uniforme militar, tomar su arma y salir a la capital para evitar un golpe de Estado de un grupo de corte fascista financiado por Mussolini e inspirados por Hitler. Desde entonces, tuvo conciencia de que la política estaba cerca de su familia, aunque dice no confiar en que su destino le haría permanecer en “el negocio familiar”, aunque eso le costara vivir exiliado y perseguido por la dictadura militar que veía en él a un militante opositor de riesgo disfrazado de académico.

Decidió ser sociólogo porque eso le permitía estudiar de cerca economía, política, cultura, la vida social. Lo hizo en la Universidad de Sao Paulo, pero su interés estaba realmente en la actividad social “la mayoría de nosotros éramos de izquierda, quizá más interesados en ser socialistas que sociólogos” (p. 47). Su primer trabajo fue como profesor universitario a los veintiún años y así se inició en la vida política universitaria que lo a los treinta y tres años lo llevó al exilio en distintos países.

Salud y educación en la agenda de las drogas

Fernando Henrique Cardoso, The Accidental President of Brazil: A memoir (New York: Public Affairs: 2006).

El profesor exiliado no vivió encerrado en un cubículo, estrechó lazos con Salvador Allende, Neruda, Sartre, viajó y realizó estancias en París, Berkeley y Cambridge. No dejó de hacer política, no dejó de escribir, y tampoco dejó de soñar en cómo lograría cambiar la realidad política y social de su país, sumido en la pobreza y el subdesarrollo. Este último se convertiría en una de sus principales preocupaciones y su Teoría del Desarrollo, una de las más importantes aportaciones a la ciencia social del siglo XX.

Volvió a Brasil decidido a participar en la transformación de su país. Cardoso participó al lado de Luiz Inácio Lula Da Silva en las movilizaciones a favor de elecciones directas en 1978. Ninguno de los dos pensó entonces que veinte años después serían enemigos políticos, ni

Lecciones desde Brasil

que ambos se convertirían en Presidentes de Brasil y que el primero entregaría el poder al segundo.

La narrativa del libro es ágil, amena, provocadora y en ocasiones divertida como cuando se enteró por las noticias y por un reclamo de su esposa que había sido nombrado Ministro de Finanzas de Brasil por el Presidente Itamar Franco (p. 176-177). La descripción de sus gestiones como Senador, Canciller, Ministro de Hacienda o Presidente está lejos de ser autoelogiosa. No celebra sus resultados ni deja pasar la oportunidad para presentar lo que él considera más destacado de su obra como Presidente.

Uno de los problemas más graves que enfrentó Cardoso como gobernante fue la seguridad pública y el tráfico de drogas, sobre todo la criminalidad de los barrios marginados y la venta de drogas entre los jóvenes, que aunado a la evidente corrupción en todos los niveles de gobierno, impedían el ejercicio de las funciones del Estado. Por ello, su estrategia fue en tres sentidos: combate a la pobreza a través del empleo, ataque a la corrupción en todos los niveles del gobierno y nuevas políticas sanitarias y culturales. Su estrategia fue exitosa pero inacabada, ya que como buen sociólogo entendió que los problemas sociales no se resuelven con ametralladoras sino con un cambio profundo en las percepciones y actitudes que favorecen la atracción por las drogas y estimulan la corrupción en las autoridades. Quizá por ello no sorprenda que Cardoso forme hoy parte de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que propone una estrategia renovada, enfocada más en políticas de salud y educativas (dirigidas al control sanitario, la prevención y rehabilitación) que en la represión policiaca o militar para el combate a las drogas en el mundo.

Vale la pena leer el texto de Fernando Henrique Cardoso, el Presidente que mejores resultados en materia económica y social ha entregado a su país, después de un siglo XX convulso y con periodos de crisis repetitivas, dice Cardoso: “mi Presidencia se trató, a su nivel más básico, de hacer de Brasil un país estable” (p. 204). Alcanzó ciertos acuerdos de apoyo económico con el Fondo Monetario Internacional pero su eficaz gestión de política exterior no tuvo tanto éxito como su gestión interna que le hizo perder votaciones clave en el Congreso, pero no por ello culpa a otros de sus propios fracasos. Cardoso tuvo éxito, logró la estabilidad pero como él mismo lo afirma, en su nivel más básico.

Las memorias del sociólogo convertido en “Presidente accidental”, deben ser leídas por cualquier interesado en la política. Si, además, el lector se interesa por América Latina y la democracia, tendrá en sus manos un revelador testimonio que no tiene desperdicio. No es un listado de acciones “bien hechas” que necesitan ser justificadas, pues como bien lo afirma en su epílogo, será hasta dentro de cincuenta años cuando conozcamos el lugar que la historia tiene reservado para Fernando Henrique Cardoso, de lo único que podemos estar seguros con su lectura es que Brasil es un país que “es mucho más que futbol soccer, café o la chica de Ipanema” (p. 256).

Khemvirg Puente Martínez El Colegio de México

Jorge Ibargüengoitia, Las muertas

“No es la historia de Las Poquianchis, sino la historia de unas señoras que yo inventé, a las que les pasaron las mismas cosas que a Las Poquianchis”

Jorge Ibargüengoitia

Los escritores tienen muchas veces un gran talento con el lenguaje, sus descripciones atrapan al lector desde la primera línea, pero en México existió un escritor que no sólo era talentoso al narrar alguna historia, sino que no sacaba una carcajada al leerlo, su mordacidad era a prueba de todo y su sarcasmo no se comparaba con ningún otro, lamentablemente su vida fue truncada por un accidente en 1983, me refiero a Jorge Ibargüengoitia. Sus libros son reconocidos y admirados como Los relámpagos de agosto donde retrata la vida de los pos revolucionarios en México y Los pasos de López, donde nos muestra a un cura Hidalgo más humano, que el que hemos leído en los libros de historia.

Las muertas, fue escrito por Ibargüengoitia en 1977 y se basó en los hechos reales sucedidos en Guanajuato con las poquianchis, consideradas mujeres asesinas seriales por las muertes de jóvenes mujeres a las que a cambio de casa y comida, se prostituían en los centros nocturnos a los que eran llevadas.

En una entrevista realizada a Ibargüengoitia un año después, se le preguntaba qué le había llevado a escribir sobre ellas, contestó que el tema le interesó casi por repulsión, pues la historia era terrible y los periódicos habían hecho de este evento todo un circo y su interés fundamental era darle al lector una realidad que fuera comprensible y encontrar una manera de poder mirarlo. No entrevistó a las poquianchis, porque consideró que era el momento menos oportuno para hacerlo y además no le gustaba entrevistar a la gente, por lo que utilizó los datos que tenía, lo que los periódicos decían y las acatas del proceso, con toda esta información volvería a inventar esta historia. En la primera página del libro Las muertas su autor nos advierte: “Algunos de os acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios.

Las historias de estos crímenes es abordado con cierta morbosidad por el mexicano, pues la nota roja es la mas leída en los periódicos, así como aquellos que hacen negocio de estas tragedias para vender revistas que muestran imágenes de asesinatos. Por ello la narrativa policíaca tiene un rasgo distintivo, que es precisamente la irrupción de una muerte violenta en la vida diaria, la comisión de un crimen cuya resolución constituye un misterio; es decir este género se mueve entre el misterio y la evidencia; el asesino y el investigador.

(México: Joaquín Mortiz: 1977)

Se ha considerado que las muertas, es quizá la novela más completa de Ibargüengoitia, por su hechura y complejidad, pero cabe aclarar que también es la menos humorística de todas sus obras.

La mezcla de realidad y ficción se pone de manifiesto desde le primer capitulo donde los nombres de las poquianchis (Delfina, María de Jesús y Eva González Valenzuela) son este libro muy distintos, el autor habla de las hermanas Balandro (Serafina, Arcangela y Eulalia), las cuales abren burdeles (como el México Lindo, el de las poquianchis se llamaba Guadalajara de Noche), en el Estado del Plan de Abajo y son protegidas por gente cercana a l poder, como sucede en el Capitulo seis de esta novela, cuando las hermanas Balandro inauguran el Casino del Danzón, entre sus invitados aparecen los secretarios particulares de dos gobernadores (de los Estado del Plan de Abajo y de Mezcala, en la historia real son Guanajuato y Jalisco), un diputado, un líder ferrocarrilero, dos lideres campesinos y dos presidentes municipales. Según el propio Ibargüengoitia decía que su libro o era la historia de las poquianchis, sino la historia de unas señoras que yo inventé, a las que les pasaron las mismas cosas que a las poquianchis.

Violencia y mito: el envés del poder.

René Girard, La violence et le sacré(Paris: Grasset :1993)

“El ritual es la regulación originaria de una “crisis sacrificial” que se va repitiendo periódicamente cuando, en un grupo, tras una temporada relativamente en calma, pugna por desembarazarse y salir a flote un nuevo período de violencia mimética. Entonces el rito brinda la solución siguiente: la elección unánime de una víctima para ofrecerla a la divina violencia.”

René Girard

René Girard es un autor sugerente. En La violencia y lo sagrado busca con su escritura penetrar en la cultura, desprender la cáscara moral y jurídica de la sociedad para pensar directamente en las hendiduras oscuras del hombre. Incansable lector de Mauss, Derrida, Freud, Stendhal, Cervantes, Flaubert y Shakespeare, notable profesor en la Universidad de Stanford, miembro de

y unas de las mentes más brillantes de Occidente, René Girard busca ir directamente al origen de lo que Kant llamó el mal radical. El fascinante trayecto intelectual de Girard encara a la violencia sin más referentes que la violencia misma: el sacrificio. ¿Cómo pensar el acto violento sin adjetivarlo? ¿Cómo mirar la escena original sin quedar ciegos como Edipo? ¿Cómo presenciar la muerte del chivo expiatorio sin sentir culpa? ¿Cómo asistir al hundimiento de la institución sin exponerse a la propia muerte? Girard responde que la violencia sólo puede ser pensada en todo su horror trágico desde el mito.

El mito es un límite entre lo posible y lo imposible, una línea entre la vida y la muerte, el origen de las distinciones culturales desde las cuales se crea la identidad y se instituyen las prohibiciones y las jerarquías sociales. Girad recurre al mito fundador de Roma para ilustrar su idea sobre la violencia. Los gemelos descendientes de Eneas, hijos del dios Marte y Rea Silva, son expuestos a la muerte en el río Tíber, pero sobreviven al ser cuidados por una loba, emergen desde lo indistinto de la naturaleza y trazan una línea con un arado para delimitar el espacio de la civitas de lo otro, de aquello que no es humano. Cuando Remo cruza la frontera que separa la ciudad de la naturaleza, transgrede los límites humanos, se convierte en un dios o en un animal, y abre el espacio público a la ? ? ñéò, al caos, a la violencia indiferenciada. Su muerte sacrificial repara el límite roto, devuelve el

la Académie Française

poder a las distinciones entre el adentro y el afuera. Adentro lo que tiene significado y forma, la política; afuera lo que no se comprende y es absoluto, es decir, lo sagrado.

Lo sagrado es un simulacro, una representación de lo absoluto de una violencia fundacional, histórica, real, escribe Girard en La violencia y lo sagrado que se olvida, cubierta de misterio, en el mecanismo inconciente del rito. La vida en común es posible gracias al ritual que trae al presente

nuevamente esa violencia original pero en forma de conmemoración, de fiesta, de gasto simbólico. Las celebraciones fundacionales del Estado nacional, son en ese sentido, la representación cívica de una crisis sacrificial: la Revolución Francesa, la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana, todas, son conflictos violentos mimetizados por el rito. Así surge el horizonte metapolítico de las instituciones, así surge el sentido común de la noche oscura de la memoria.

La indagatoria antropológica de Girard no para ahí, señala que una vez Instituida la sociedad, señalados los límites y prohibiciones, la fuerza del mito permite asegurar su continuidad y vigencia. Cuando el mito pierde fuerza, el límite se borra, la institución se hunde en el devenir. Aparece lo peor, retorna el absoluto y el hombre se vuelve el lobo del hombre como decía Hobbes. La peste de la violencia se propaga, devora las diferencias y jerarquías establecidas. Las calles están salpicadas de sangre. Es necesario para la sobrevivencia de la sociedad señalar a una víctima propiciatoria que condense todos los odios, que represente el mal radical, para ser perseguida, para ser sacrificada y poder purificar de nuevo la vida y restablecer el sentido común. Sólo así el delirio persecutorio da paso a la razón; cura al hombre de su propio pesar.Girard encuentra que cuando la modernidad se pone así misma a la crítica, provoca que el mito ilustrado pierda poder para sostener los fundamentos metapolíticos del Estado. De ahí que el procedimiento electoral, coincidiendo con Roberto Esposito, sea debilitado por una diversidad de intereses que no pueden o no buscan ser representados en el símbolo de la deliberación política. Al colocar su interés particular por encima del interés común, erosiona las instituciones democráticas, rompen lo público. Se disemina entonces la violencia por todo el cuerpo de la sociedad. Sin poder suficiente para sostener un consenso basado en el discurso de la razón, se lleva la toma de decisiones al extremo. Atavismos, fundamentalismos y particularismo engullen lo público. La guerra a cualquier cosa es el último

argumento. Provocando que se avecine así una violencia total, aún peor, sin cura, sin catarsis; que puede destruir el horizonte biológico de la vida, que nuble el sentido de la responsabilidad política en la victimización generalizada, que logre monopolizar el debate y neutralizar la capacidad del Estado para recrear lo social.

La actualidad de la escritura de Girard es indiscutible, lo mismo puede decirse del impecable prologo de Sartre que abre la lectura de La violencia y lo sagrado. Volver a la lectura de sus obras es una tarea necesaria en estos tiempos indigentes donde la realidad concreta de la violencia consume lo que queda de nuestro sentido común e imaginación política.

Oscar Juárez DomínguezUNAM

José Antonio Ortega,El secuestro en México

El autor José Antonio Ortega, realizó este libro bajo una acuciosa investigación; en la actualidad es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. Fue el primer convocante a la marcha contra la inseguridad del 27 de junio de 2004, además ha sido abogado defensor de las víctimas de plagio por más de una década. En sus propias palabras muestra la terrible descomposición de las fuerzas de seguridad: “México hoy está en crisis de seguridad. Hoy México vive una de los peores épocas de la historia en ese tema”. “No hay partidos políticos una vez que uno es electo. Nuestro único partido es México.” Esta descomposición de la que habla es que pese a que los rescates han sido pagados, las víctimas de secuestro en su mayoría fueron asesinados, mostrando que los secuestradores muestran cada vez más mayor crueldad con las víctimas, pues las torturan y mutilan con gran sevicia y sadismo.

El autor nos advierte que los secuestros considerados en su investigación no son todos los que han ocurrido desde la década de los setenta y hasta el 30 de agosto de 2008, pues en el libro sólo están los nombres de las personas que aparecieron en la prensa y los reportados en documentos a los cuales tuvo acceso. Los más impresionante del libro es la enorme lista de 833 personas secuestradas y asesinadas; la hija, de alguien, la madre de alguien, el padre y el hijo de alguien, nombres reales que nos dejan una terrible sensación de impotencia por las víctimas y tristeza por todos aquellos que han sufrido una desgracia semejante.

¿Cómo se erradica el secuestro en nuestro país? La propuesta específica del autor es que mientras más se demore la desarticulación de las bandas, “más proliferará el secuestro, no sólo porque sus integrantes cometen más crímenes, sino porque su impunidad alienta a otros delincuentes.” Lo que exige la ciudadanía no es un imposible, según los datos del autor el 80% de las naciones de mundo no sufren secuestros; “hasta 1970, el secuestro en México era casi inexistente; otras naciones como Colombia han tenido éxito en abatir el secuestro. En tan sólo cinco años, en ese país el plagio se redujo 92%, simplemente porque hubo voluntad política y se aplicó toda la fuerza del Estado.”

Ante una pregunta realizada al autor, sobre el por qué realizar un libro sobre el secuestro y no sobre otro delito, José Antonio Ortega respondió lo siguiente: “Son 16 años de estar estudiando y luchando contra el crimen organizado y la vida me ha llevado a conocer el dolor de las familias en el secuestro. La razón de escribir este libro es porque quiero que se empiece a escribir la historia del secuestro desde el lado de las víctimas, rescatando a todos aquellos que fueron privados de su libertad, torturados, mutilados, violados y asesinados, conocer su antes y después, su plan de vida, su familia y hacer un luto público para tener otros líderes en la sociedad civil que le digan en su cara a las autoridades "si no pueden, renuncien" o "no tienen madre", estos dos hombres nos sacudieron a todos pero hay otras 854 familias que perdieron un ser querido en un secuestro y ni siquiera sabemos sus nombres, creo que es el momento de acompañarlos, de rescatarlos y no dejar que sigan sumidos en la depresión con un luto privado, para que haya sanación tiene que haber luto público.”

(México: Planeta: 2008)

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