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Explotación de Petróleo y Desarrollo en la Amazonía Colombiana: el Caso de Orito

Roberto Ramírez M.

1. Introducción

En el presente trabajo nos proponemos hacer una revisión de los efectos sociales y ambientales de la explotación petrolera en la localidad de Orito en el departamento del Putumayo, parte de la Amazonía occidental colombiana, que se inició en la década de los años 60 del pasado siglo.

En la primera sección, se examina el contexto histórico de la producción energética y minero–energética en Colombia, para lo cual se construye una periodización a través de la cual se van mostrando los cambios de políticas públicas, los sectores que se van incorporando y el tipo de emprendimientos que se realizan.

En la segunda sección, se considera la limitada vinculación de la región amazónica en dichos sectores productivos, señalando que el desenvolvimiento de la explotación petrolera en una franja del piedemonte amazónico resultó un caso excepcional por la importancia temporal de las reservas encontradas. La escasez de recursos gasíferos y carboníferos, lo mismo que de iniciativas y recursos para el impulso a energías alternativas, además del relativo aislamiento de la Amazonía colombiana han sido factores que han propiciado el escaso desarrollo de estos sectores en la región. Para el caso de la distribución eléctrica, fue mediante la movilización y presión de diferentes sectores sociales que se logró la ampliación del servicio hacia las principales formaciones urbanas de la Amazonía occidental colombiana.

En la tercera sección, se analizan los diversos procesos de colonización hacia el piedemonte amazónico, auspiciados o apoyados por el Estado colombiano, que en el caso del Putumayo se vieron favorecidos por el desarrollo de la industria petrolera; de otra parte, se muestra como algunas de las políticas estatales para la región han resultado contradictorias, que al mismo tiempo que intentan resolver problemáticas sociales exógenas también producen efectos sociales y ambientales perjudiciales en las zonas recién incorporadas al desarrollo nacional.

En la cuarta sección, inicialmente se establece una caracterización de lo que ha sido la explotación petrolera en el área de Orito durante un poco más de cincuenta años de haberse iniciado. A continuación se presentan los efectos sociales contradictorios de la explotación petrolera: mientras que las comunidades indígenas asentadas en la zona se desintegraron parcialmente, al tiempo se conformaron nuevos sectores sociales, tanto urbanos como rurales, en la zona del Bajo Putumayo. Además, se discute el establecimiento de otras dinámicas sociales asociadas con la explotación del hidrocarburo, como fueron los procesos organizativos y de movilización social de nuevos actores que surgieron en la zona, ya fueran asociados a la explotación petrolera o de manera indirecta generados por ella.

Para finalizar esta sección, se establecen las características de las afectaciones ambientales que han resultado de la explotación petrolera en el Putumayo, las soluciones parciales que se han desarrollado por la empresa Ecopetrol después de los años 80, lo mismo que la acción tardía, parcial y limitada del Estado en la preservación y recuperación de los recursos naturales.

La hipótesis que ha sido sometida a examen es que la Amazonía colombiana ha sido vista por el Estado exclusivamente como una fuente de recursos económicos y como posibilidad de solución a la problemática social generada en otras zonas de la geografía nacional. Podríamos afirmar que la hipótesis ha sido relativamente confirmada, pues es evidente que en el caso de Orito se obtuvieron importantes recursos energéticos y se contribuyó

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a solucionar el problema de descomposición social de resguardos indígenas y minifundios campesinos del departamento de Nariño; sin embargo, los efectos sociales y ambientales que se produjeron en la zona de extracción petrolera se han convertido en una nueva fuente de conflictividad social, al tiempo que los recursos se han ido agotando y se han producido efectos ambientales contraproducentes.

2. Producción energética nacional: periodización y caracterización

Para la caracterización general de la producción energética en Colombia se ha construido una periodización con base en tres aspectos fundamentales como son: los cambios en las políticas públicas para el sector energético, las fuentes energéticas que se han desarrollado, y, el carácter de la iniciativa e inversión empresarial. Estos aspectos nos permiten definir tres períodos de análisis a partir del inicio de la industrialización energética y minero-energética, cuyas particularidades presentaremos de manera sucinta.

2.1. Primer período: concesiones privadas

Los primeros emprendimientos para la producción energética y la explotación minero–energética en Colombia surgieron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, realizados por sectores privados a partir de concesiones gubernamentales.

La generación eléctrica empezó a establecerse en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla), desde 1890, por parte de inversionistas nacionales y extranjeros que recibieron concesiones de los gobiernos municipales para lapsos que oscilaban entre 30 y 50 años. La corriente eléctrica se obtenía mediante la implementación de tecnologías de pequeña escala que aprovechaban caídas de agua, o mediante plantas de combustión. En 1930 ya contaban con servicio eléctrico 19 ciudades en todo el país (Manrique et. al., 2004).

Respecto de la exploración y explotación petrolera, en 1905 el gobierno colombiano hizo las primeras concesiones a empresarios nacionales, pero sólo en 1927 empezó la extracción en el departamento de Norte de Santander, en la zona nororiental del país limítrofe con Venezuela, por parte de la Compañía del Petróleo Colombia S. A. – Colpet. Esta empresa asociaba una compañía de Estados Unidos con los concesionarios nacionales, quienes alegaron la necesidad de “conseguir el fuerte capital” requerido como justificación para el traspaso de la concesión (Concha, 1981).

2.2. Segundo período: estatización y planificación centralizada

El inicio de esta etapa se puede fijar alrededor de 1930, en buena parte asociado a la crisis capitalista mundial; fase que se prolonga hasta fines de los años 80, cuando el Estado colombiano define involucrarse en una política plena de apertura económica.

La característica fundamental de este período es que se va estatizando paulatinamente la producción energética y minero-energética, con diferencias según el sector y el momento, lo mismo que con matices en la forma de intervención estatal.

Los cambios en las políticas del sector eléctrico muestran estos matices: durante los años 30 se declararon de propiedad pública las caídas de agua y se decretó la municipalización de las empresas generadoras existentes (Manrique, 2004)9. Para aumentar la cobertura del servicio, en 1946 el Estado creó el Instituto de Aprovechamiento 9 Desde 1918 el Municipio de Medellín había comprado la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, configurando los primeros visos de «estatalización de la infraestructura eléctrica»; esta adquisición fue la base para convertirla más adelante en Empresas Públicas de Medellín – EPM, que actualmente es “la primera compañía de la electricidad en Colombia” (Ramiro et. al., 2007).

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de Aguas y Fomento Eléctrico – Electroaguas, que posteriormente se encargó de conformar las empresas electrificadoras departamentales (Ramiro et. al., 2007).

En los años 60, el Estado central asumió directamente la articulación y prestación del servicio de generación y distribución eléctricas, pues se habían conjugado algunas situaciones como: el inusitado crecimiento urbano, la descoordinación de las empresas eléctricas locales y regionales, y, el desperdicio de esfuerzos y recursos Por lo tanto se conformaron las empresas estatales Interconexión Eléctrica S. A. – ISA, e, Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL (que sustituyó a Electroaguas), y se creó la Junta Nacional de Tarifas que unificó el sistema tarifario (Manrique et. al., 2004).

En los años 70 y 80, el Estado colombiano se comprometió en la ampliación del sistema de generación hidroeléctrica mediante un “intenso programa de inversiones” financiado por la banca multilateral. Se argumentaba, en medio del ímpetu teórico desarrollista, que la construcción de grandes infraestructuras era “la solución para […] la pobreza” en los países del Sur10 y por ende para America Latina (Ramiro et. al., 2007).

Con respecto al sector petrolero, desde 1930 se ampliaron el número de concesiones a empresas multinacionales (entrando a competir empresas de matriz europea con las estadounidenses), en la mayoría de ocasiones a través de la intermediación de empresarios nacionales (Avellaneda, 1998). En 1948 se conformó la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol que, aunque contemplaba participación del sector privado, se constituyó exclusivamente con capital estatal. Ecopetrol empezó a funcionar en 1951 en la localidad de Barrancabermeja (Santander), en las primeras concesiones que fueron revertidas al Estado por terminación del período contratado (Torres, 1975).

En 1974, ante la disminución de la producción petrolera nacional y el aumento del precio internacional, el gobierno colombiano cambió la forma de contratación para la exploración y explotación de las reservas petroleras, pasando de la concesión de territorios en los que se presumían reservas del hidrocarburo a la asociación entre Ecopetrol y las diferentes compañías extranjeras. Las compañías anteriormente concesionarias fueron las que predominantemente obtuvieron los contratos de asociación, lográndose una reactivación de la explotación. Además, durante esta década, Ecopetrol expandió sus actividades, incursionando en la industria petroquímica, negociando la reversión anticipada de otras concesiones, adquiriendo y ampliando plantas de refinación y oleoductos, y participando más activamente en la exportación del hidrocarburo (Ibíd.).

Pese a todos estos cambios en la política petrolera, en 1975 Colombia empezó a importar el hidrocarburo, momento en que se había cuadruplicado el precio en el mercado internacional; situación que se mantuvo hasta 1985, cuando empresas multinacionales localizaron reservas por más de 3.200 millones de barriles en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela (Ramiro et. al., 2007). Paradójicamente, cuando Colombia vuelve a convertirse en país exportador del hidrocarburo, el precio internacional había bajado ostensiblemente.

En los años 80, se empezó a impulsar la explotación industrial del carbón, para abastecer básicamente el mercado externo. En este renglón la iniciativa estaba monopolizada legalmente para el Estado, pero se conformaron asociaciones con, o se hicieron concesiones a, empresarios privados extranjeros.

La explotación se inició en la mina El Cerrejón (en la Guajira, al norte del país) mediante contrato de asociación entre la compañía estatal Carbones de Colombia – Carbocol y la empresa privada Intercor (filial de Exxon). De otra parte, a fines de esa década se hizo entrega en concesión de la explotación del yacimiento La Loma (departamento del Cesar, al nororiente del país) a la multinacional Drummond (matriz en USA), por un período de 30 años (Silva, 1989).

10 El sistema de embalses construidos en el centro del país ha sido considerado como una obra de carácter ‘faraónico’ (Ramiro et. al., 2007).

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Con respecto a la industria del gas natural, ésta surge en los años 7011 con la explotación de promisorios campos por parte de la compañía Chevron al norte del país (en la Guajira) y la construcción del primer gasoducto entre las ciudades de la Costa Atlántica, por parte de empresarios privados, para abastecer los consumidores urbanos de esta región del país (Guerrero y Llano, 2003).

Sólo hasta fines de los años 80, el Estado a través de Ecopetrol, asumió la iniciativa de la explotación y comercialización de gas natural, extraído de nuevos campos descubiertos en el nororiente del país, en el piedemonte orinoquense y en la cuenca del río Magdalena. Para ello se conformó la empresa Gas Natural. En 1986 se formuló el Plan Nacional de uso general del gas natural, pero el bajo volumen de reservas y la coyuntura energética limitaron su implementación (Ibíd.).

2.3. Tercer período: liberalización y regulación estatal

En el período actual que se inicia en los años 90, podemos diferenciar dos tendencias: de una parte, la producción energética y minero-energética convencional es sometida a procesos de privatización y expansión, aunque el Estado conserva algunas actividades en los diferentes sectores; de otra parte, en la presente década se da impulso al nuevo renglón energético, los agrocombustibles para la mezcla con los derivados de hidrocarburos, en el cual incursionan empresarios privados y Ecopetrol, ahora constituida como empresa mixta.

2.3.1. La producción energética convencional En esta fase se da la recuperación de la iniciativa privada en los diferentes renglones de producción energética y minero-energética, para lo cual el nuevo marco constitucional incluyó esta definición política. Además, en 1993 el gobierno nacional estableció la necesidad de consolidar una matriz energética más eficiente mediante la sustitución de energéticos de alto costo (Guerrero y Llano, 2003).

En este momento de privatización, aparecen nuevos inversionistas extranjeros en forma de ascendentes empresas multinacionales del sector (fruto de la globalización) que adquieren del Estado colombiano las empresas de explotación o de generación, lo mismo que las infraestructuras de distribución y comercialización, que brinden mayor rentabilidad, o logran nuevos contratos de concesión para explotar los recursos energéticos.

La actual Constitución Política colombiana expedida en 1991 mantuvo la propiedad estatal del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Añade el texto constitucional que, cuando las empresas estatales no puedan asumir directamente la explotación del subsuelo o de los recursos, podrán hacerlo los particulares quienes pagarán regalías al Estado, cuyo monto fijará el legislador. Para el caso de los servicios públicos [como la distribución de energía eléctrica y de gas natural] se definió que también pueden ser ofrecidos por particulares o por comunidades organizadas, y se mantuvo bajo potestad del Estado la regulación, el control y la vigilancia en su prestación (ESAP, 1992).

Las nuevas posibilidades constitucionales establecidas para la inversión privada en la prestación de los servicios públicos, sumadas a la profunda crisis del servicio eléctrico en 1992 (que implicó un fuerte racionamiento diario durante varios meses), sirvieron como marco de las reformas en el sector eléctrico. Dichas reformas tuvieron tres ejes fundamentales: 1) separación plena de las actividades de generación, transporte, distribución y comercialización, que en adelante pueden ser prestadas por diferentes operadores; 2) privatización de la nueva inversión en el sector; y, 3) favorecimiento al acceso de las empresas privadas a las redes de transporte y distribución (Ramiro et. al., 2007).

11 Aunque desde años anteriores, en las grandes ciudades se abastecía gas licuado propano por compañías privadas de alcance local.

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En 1995, el gobierno nacional separó las fases de generación y comercialización de energía que realizaba ISA, creando la empresa mixta ISAGEN S.A.. Mientras tanto, ISA se mantuvo como responsable de la transmisión de alto voltaje y de la red del sistema interconectado nacional. En 1999, el ICEL se transformó en Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas –IPSE, para estructurar y promover las soluciones y el desarrollo de la infraestructura energética en las zonas no interconectadas del país.

En el año 2007, las empresas operadoras en las diferentes actividades del sector eléctrico (UPME, 2008) se distribuían de la siguiente manera:

- 44 generadoras (55% capital privado y 45% capital público) - 75 comercializadoras (68% privado y 32% público) - 32 distribuidoras (36% privado y 64% público) - 11 transportadoras (24% privado y 76% público).

Los cambios de políticas energéticas propiciaron una mayor vinculación de empresas multinacionales (con matrices en Estados Unidos, España y Chile) en la generación eléctrica, empresas que a principios del actual siglo controlaban el 64% del total de capacidad eléctrica instalada en el país (Manrique et. al., 2004).

Como gran parte de la crisis eléctrica de 1992 se había derivado del hecho que la proporción entre generación hídrica y térmica en Colombia estaba en 80:20 respectivamente, se dio impulso a iniciativas privadas de construcción o instalación de plantas térmicas, por lo que dicha proporción en 2002 llegó a ser de 65:35 (Guerrero y Llano, 2003).

Sin embargo, en esta relación de nuevo va a aumentar el peso de la generación hídrica, pues en 2008 se ha definido emprender seis grandes proyectos hidroeléctricos que van a aportar alrededor de 3.069 megavatios a partir del 2019, mientras que los proyectos termoeléctricos previstos sólo aportarían 352 MW (UPME, 2009a). Las obras serán ejecutadas por empresas tanto públicas como privadas y se financiarán mediante el mecanismo de ‘cargo por confiabilidad’12 (Londoño, 2008b).

Mientras tanto, durante este período las fases de transmisión y comercialización eléctricas mantienen una presencia importante de empresas estatales (tanto ISA y la Empresa de Energía de Bogotá - EEB en la primera actividad, como varias electrificadoras departamentales en la segunda). Hay que señalar que en ISA se ha dado impulso a un proceso de “privatización social” 13, capitalización que le ha permitido entrar a competir en el mercado internacional de construcción de infraestructura eléctrica14 (Manrique et. al., 2004).

El Estado sigue avanzando en la política de venta de los activos eléctricos: en el segundo semestre de 2009 se ha definido la venta de su participación accionaria mayoritaria en ISAGEN S. A., mientras que en marzo de ese mismo año vendió la parte que mantenía en varias electrificadoras departamentales (Piraján, 2009). No obstante, algunas de estas últimas fueron adquiridas por consorcios públicos, organizados entre EPM y los gobiernos departamentales.

12 Mecanismo financiero de subasta, con el cual los generadores se comprometen a construir nuevas centrales eléctricas para generar energía firme en condiciones criticas de abastecimiento; para obtener el recurso monetario se estipula un cobro mensual a los usuarios del sistema de energía (UPME, 2009a). 13 Por ‘privatización social’ se ha denominado el proceso mediante el cual los ciudadanos colombianos o los fondos privados de pensiones y cesantías, pudieron adquirir en el mercado bursátil una cantidad limitada de nuevas acciones de la empresa ISA (hasta el 5% de la composición accionaria). 14 ISA ha sido contratada por el Estado brasilero para construir y operar líneas de interconexión hacia la región amazónica; además, junto con la EEB “tendrán la responsabilidad de expandir la red eléctrica peruana” (Londoño, 2008a). También cuenta con subsidiarias en estos países y en Bolivia, e inversiones significativas en América Central (Bohórquez, 2009).

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De otra parte, el Estado colombiano ha ido trazando una serie de medidas para la racionalización del consumo energético, como es el reemplazo de bombillos incandescentes por fluorescentes (que consumen sólo un 20% de energía). En Colombia se requieren 13 billones de bombillos al año, por lo que el ahorro de energía puede incidir en menor presión para la construcción de nuevas centrales eléctricas (Sabogal, 2007).

En el sector petrolero, dentro de la política predominante se tomaron decisiones importantes a nivel de la compañía estatal: el decreto 1760 de 2003 decidió la escisión de Ecopetrol, creando dos nuevas compañías: a) la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para administrar la exploración y explotación de las reservas petroleras del país; y, b) la Promotora Energética, encargada de gestionar las inversiones de Ecopetrol en otras empresas del sector energético.

Desde ese año, Ecopetrol se ha dedicado específicamente a las actividades industriales y comerciales del sector, también ha sido sometida al proceso de “privatización social” (ley 1118 de 2007)15 y en asocio de multinacionales ha pasado a competir tanto en el mercado nacional, ante la ANH, como en el internacional16. Además, está adquiriendo infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país, lo mismo que activos de filiales colombianas de multinacionales europeas (Ecopetrol, 2009).

Otro cambio de política petrolera se dio en los contratos de asociación que ha mantenido Ecopetrol desde los años 70, que en algunos casos estaban a punto de revertir a la nación como en el caso del contrato con la OXI en Arauca, y ahora se han prorrogado “hasta el limite económico de su explotación” (Sánchez, 2009).

La empresa Terpel, conformada desde fines de los años 60 para hacer la distribución y comercialización regional de derivados del petróleo, como subsidiaria de Ecopetrol, dejó de ser propiedad estatal desde 1993 (Hernández, 2007).

En lo relativo a la refinación, se ha previsto la expansión y modernización de las dos grandes refinerías que tiene el país (Barrancabermeja y Cartagena) con inversiones que superan los 7.000 millones de dólares; en el caso de Barrancabermeja esa inversión se hará exclusivamente por parte de Ecopetrol (Gómez, 2008).

En el 2006 Ecopetrol vendió a la suiza Glencore el 51% de la propiedad en la Refinería de Cartagena; sin embargo, a raíz de la reciente crisis en el sector financiero internacional que ha dificultado la obtención de los recursos necesarios para el proyecto de expansión, la empresa suiza ha acordado con la petrolera nacional la reversión de esta transacción (Ecopetrol, 2009).

Con el aumento del precio del petróleo durante los años recientes y el nuevo marco regulatorio, en la actual década ha repuntado la actividad exploratoria: las inversiones en exploración petrolera han pasado de US$449 millones en 2002 a un monto cercano a los US$1.500 millones en el 2006 (Ramiro et. al., 2007). La producción anual ha venido repuntando lentamente y se proyecta alcanzar la cifra promedio de 650.000 barriles diarios en el 2009 (Londoño, 2009b). Aparte de las multinacionales estadounidenses y europeas, en este período empiezan a posicionarse otras con matrices en países de reciente industrialización (como Canadá, Brasil, España, China, India, Corea del Sur).

En el renglón del carbón, a partir del año 2000 el Estado e Intercor dejaron de ser socios en la explotación de la mina El Cerrejón, compañía que pasó a ser propiedad de un consorcio de empresas europeas y australianas, convirtiéndose en una de las empresas más importantes a nivel mundial (Chomsky et. al., 2007).

15 En el caso de Ecopetrol, se colocaron en el mercado accionario hasta el 10% de nuevas acciones. 16 Según información empresarial (Ecopetrol, 2009), hasta ahora se han hecho importantes inversiones en Brasil, Perú y Estados Unidos.

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Con la expedición de la ley 685 de 2001, en el sector minero se volvió a adoptar la modalidad de contratación por concesión a particulares para la explotación de estos recursos; además se facilitan las sucesivas prorrogas del contrato de explotación, por lo que el recurso se podrá explotar hasta su extinción (Ministerio de Minas, 2001).

El Ministerio de Minas ha previsto que las expectativas de crecimiento del sector implican un aumento de la explotación carbonífera de 87 millones de toneladas en el 2008 a 115 millones para el 2009. En el año 2008, varias empresas brasileñas (Gerdau, MPX, Vale) hicieron considerables inversiones (alrededor de US$400 millones) para adquirir importantes reservas del mineral en los departamentos del Cesar y la Guajira (Lozano, 2009).

En cuanto al gas natural, en 1991 se estableció el programa para la masificación del consumo de gas, que facilitó las concesiones a inversionistas privados que construyeran gasoductos en los centros urbanos; además, en 1994, se conformó el sistema de áreas de servicio exclusivo para la distribución domiciliaria de gas, que se otorgaron en las principales ciudades y municipios a empresarios privados (Guerrero y Llano, 2003).

El sector gasífero actual esta mayoritariamente privatizado en las fases de explotación y distribución: en 2005, sólo el 10,8% de los campos en explotación estaban en manos de Ecopetrol, mientras que los restantes eran explotados directamente por empresarios privados o en asociación con la estatal (UPME, 2005); desde 1997, la empresa estatal Gas Natural E.S.P. fue adquirida por inversionistas españoles, a través de filiales nacionales (Ramiro et. al., 2007).

La empresa Chevron ha anunciado una expansión de la explotación de gas natural hasta 700 millones de pies cúbicos diarios en el 2009, en los campos ubicados costa afuera en la Guajira, que son las mayores reservas gasíferas del país (Benjumea, 2009). Recientemente, la compañía Drummond que explota los yacimientos carboníferos en el Cesar, ha reportado el hallazgo de reservas de gas metano por el orden de 2,3 trillones de pies cúbicos, asociadas a los depósitos de carbón; la declaración de comercialidad se esperaba cumplir en el primer semestre de 2009 (Amat, 2008).

Mientras tanto, en lo referente a la conducción, en 1997 el Estado conformó la Empresa Colombiana de Gas - Ecogas para administrar, operar y explotar comercialmente los sistemas de gasoductos en el país (Guerrero y Llano, 2003); desde 1996, esta empresa opera la red troncal de gasoductos, que para 2005 comprendía 3.882 kilómetros que conducían el hidrocarburo al 42% de hogares colombianos (UPME, 2005).

Desde 1999, se ha dado impulso al Programa Gas Natural Vehicular – GNV para sustituir derivados del petróleo en el sector transporte. Hay que señalar, que según la prospectiva del sector, a partir de 2012 Colombia será importador de gas venezolano (Ibíd.).

2.3.2. Energías alternativas17 En la presente década, con la nueva situación suscitada por los cambios en el valor del petróleo y la notoria disminución de las reservas, la producción de agrocombustibles en Colombia ha pasado a ser tema de interés en las políticas públicas energéticas.

La adopción de medidas gubernamentales (Ley 693 de 2001) para fomentar la producción de alcoholes carburantes y para establecer su combinación con la gasolina, cuya proporción actualmente es del 10% en las ciudades mayores de 500.000 habitantes, constituyeron incentivo importante al nuevo sector de producción energética.

17 Este aparte se trabajó con base en el estudio de la Contraloría General de la República (2005); cuando se tomaron otras fuentes se hace la cita respectiva.

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La inversión respectiva se está haciendo preferentemente por parte de empresarios privados nacionales en varias regiones del país; en el Valle del rio Cauca, región vinculada previamente a la agroindustria azucarera, los cinco principales ingenios han montado plantas de destilación de etanol (con capacidad para 1.050.000 litros/día), para lo cual han contado con apoyo fiscal y financiero del Estado colombiano18. La producción actual en estas plantas es de 700.000 litros/día; para el año 2010 se proyecta ampliar la capacidad hasta 1’450.000 litros/día (UPME, 2009b).

Un nuevo renglón de producción de agrocombustibles se está implementando en el departamento del Meta (Llanos Orientales) con la plantación inicial de 2.000 hectáreas de yuca amarga, la cual no es comestible, y la construcción de una planta para destilar 20.000 litros diarios de etanol. La producción comercial se inició en mayo del 2009. A mediano plazo se tiene proyectado sembrar 45.000 hectáreas del tubérculo y el montaje de tres plantas para destilar un millón de litros día (Londoño, 2009).

Respecto al biodiesel, hay que decir que es un sector incipiente en Colombia, aunque el país es un importante productor de palma aceitera en el mundo. Según el estudio de la Contraloría General de la República, en el 2005 se requería la producción de 100.000 hectáreas de esta palma para poder reemplazar el 10% del consumo de diesel.

Entre 2000 y 2004, se presentó un acelerado ritmo de siembras de palma en el país, casi 95.000 hectáreas, pero por lo menos en el caso del Chocó (Pacífico norte) se ha documentado la fuerte injerencia del narcotráfico y el paramilitarismo en el desplazamiento de comunidades negras y el despojo de sus propiedades colectivas, para el establecimiento de dicho tipo de cultivos (Molano, 2008).

La producción industrial de biodiesel se inició en 2008, con una capacidad de 965.000 litros/día, en plantas extractoras en Cesar, Magdalena y Cundinamarca (en cercanías de la capital del país); para fines de 2010 se aspira a ampliar la capacidad de producción en 790.000 litros/día. En este sector incursionan empresarios nacionales asociados con inversionistas de Estados Unidos, lo mismo que en sociedad con la empresa Ecopetrol, en nuevas plantaciones y plantas destiladoras en los departamentos de Bolívar y Santander (UPME, 2009b).

2.4. Producción energética en Colombia

La Tabla 1 presenta la matriz de producción energética y minero-energética en Colombia para el año 2007.

Tabla 1:. Balance energético consolidado. Energía primaria19. Colombia, 2007

Recurso o Fuente Energética

Producción Exportación Reservas

Hidroenergía 53.665,7 GWh 612 GWh** Gas natural 277.035,0 MPC 7.078,0 GPC. Petróleo 193.950,0 KBls 88.472 KBls 1.668,0 MBls** Carbón mineral 69.902,0 Kton 64.575 Kton 7.063,6 Mton Alcohol Carburante 1.713,4 KBls Leña* 5.945,0 Kton Bagazo* 10.566,0 Kton Residuos industriales* 3.093,0 Tcal

Fuentes: UPME, 2008; UPME, 2009a.

18 Los subsidios a estos industriales incluyen deducción en el impuesto sobre la renta, créditos ‘blandos’ y otros incentivos (Robledo, 2007). 19 Convenciones usadas: GWh (Gigavatios hora), MPC (Millones de pies cúbicos), GPC (Gigapies cúbicos), KBls (Miles de barriles), MBls (Millones de barriles), Kton (Miles de Toneladas), Tcal (Teracalorías), MW (Megavatios).

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* Datos correspondientes a 2006. ** Datos correspondientes a 2008.

Las exportaciones hidroenergéticas en Colombia se iniciaron en el año 2003, constituyendo en 2007 el 1,6% del total de la producción20; en este mismo año, en el renglón petrolero las exportaciones representaron el 45,6% y en el carbonífero fueron el 92,4% del total producido.

Tabla 2: Capacidad de generación eléctrica. Colombia, 2007

Tipo de Combustible

Capacidad MW.

%

Hidráulica 8.994 66,9 Carbón 700 5,2 Gas 3.702 27,5 Eólica 18 0,1 Otros 26 0,2 Total 13.440 99,9

Fuente: UPME, 2009a.

Con las políticas de sustitución de fuentes energéticas y de racionalización del consumo, en la década 1995–2005 se ralentizó el crecimiento del consumo energético y se evidenciaron cambios en las fuentes: a nivel residencial se avanzó en el reemplazo de la leña por gas natural; en el transporte se avanzó en la sustitución de gasolina por diesel y gas natural; en la generación térmica se reemplazó carbón por gas natural (UPME, 2005). Con la introducción de los biocombustibles también se ha evidenciado cierta disminución en el consumo de los combustibles derivados de hidrocarburos: en el caso del alcohol carburante, “la demanda total de gasolina ha venido disminuyendo” lo cual ha permitido incrementar la cobertura geográfica de dicha mezcla (UPME, 2009b).

A continuación, la Tabla 3 sintetiza las políticas energéticas en Colombia, según periodo y fuente energética.

20 Las exportaciones hidroenergéticas, en parte se han visto afectadas por las tensiones políticas con las repúblicas de Ecuador y Venezuela; en 2008 disminuyeron 30,2% con respecto al año anterior. De otra parte, en ese año se importaron 85,3 GWh desde dichos países.

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Tabla 3: Cuadro comparativo de políticas energéticas en Colombia, según periodo y fuente energética.

Periodo 1890 – 1930: Concesiones Privadas

Periodo 1930 – 1990: Estatización y planificación centralizada

Periodo 1990 – actual: Liberalización y regulación estatal

Energía eléctrica • En 1890 se hacen las primeras concesiones a empresarios nacionales y extranjeros, para establecer el servicio en las principales ciudades.

• Uso de tecnologías de pequeña escala.

• Estatización paulatina del sector, con matices. • Años 30: municipalización de las empresas

generadoras. • Años 60: el Estado asume plenamente la

generación y la distribución eléctricas. • Regulación estatal de las tarifas. • Años 70 y 80: ampliación del sistema de

hidroeléctricas.

• Privatización de los activos eléctricos estatales. • Priorización de la nueva inversión privada. • Separación de las actividades en el sector y conformación de

empresas según actividad. • Impulso a centrales térmicas a raíz de la crisis de 1992. • Prospectiva hidroeléctrica en próxima década. • Racionalización y eficiencia del servicio.

Petróleo • En 1905 se definen las primeras concesiones a empresarios nacionales.

• Asociación de los concesionarios con multinacionales e inicio de la explotación.

• Ampliación y aumento de las concesiones hasta la década de los años 60.

• Formación de la empresa estatal Ecopetrol, para explotar yacimientos concesionados que revirtieran al Estado.

• Política de asociación entre Ecopetrol y multinacionales, a partir de los años 70.

• Escisión de Ecopetrol, Agencia Nacional de Hidrocarburos y Promotora Energética.

• Privatización social de Ecopetrol. • Cambio en las políticas de asociación. • Restablecimiento de la política de concesiones. • Ingreso de nuevas multinacionales en el mercado nacional.

Carbón

• Años 80: inicio de la explotación industrial para el mercado externo.

• Se combinaron políticas de asociación (Estado – empresarios privados) y de concesión a empresas multinacionales.

• Privatización plena del sector. • Adopción exclusiva de la política de concesión a particulares. • Política de explotación privada del recurso hasta su

agotamiento. • Incursión de empresas brasileñas.

Gas natural

• Años 70: inicio de la explotación industrial para el mercado nacional, mediante concesiones.

• Construcción de gasoductos privados. • Años 80: formación de la empresa estatal Gas

Natural, para impulsar el uso general en el país.

• Política de masificación del consumo. • Privatización de la empresa Gas Natural. • Concesión a particulares de la construcción y operación de

gasoductos urbanos. • El Estado conserva la operación de la red troncal de

gasoductos, a través de ECOGAS. • Prospectiva de importación de gas venezolano.

Agrocombustibles

• Adopción de políticas de fomento a los cultivos para la destilación de etanol y biodiesel.

• Inversiones privadas (nacionales y extranjeras). • Participación estatal marginal mediante asociaciones

empresariales.

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3. Las políticas energéticas y la región amazónica colombiana

El desarrollo de las diversas políticas públicas energéticas en Colombia sólo ha involucrado parcialmente a la región amazónica colombiana. En la medida que en la región se ha presentado la oportunidad de obtener recursos energéticos importantes para la nación colombiana y las empresas multinacionales, no se ha dudado en proveer los recursos financieros, técnicos y humanos para lograr su rápida explotación, como ha sucedido en el Putumayo y lo examinaremos para el caso de la extracción petrolera en Orito. Cuando esta explotación estuvo en auge, en 1975, llegó a representar el 27% de la producción nacional de crudo.

Al disminuirse los recursos ostensiblemente, las grandes empresas multinacionales simplemente se han retirado de la región. Aunque la explotación continuó a cargo de Ecopetrol, en la zona también va quedando pobreza, contaminación, deforestación y otras afectaciones sociales y ambientales. En 1990, cuando la explotación petrolera del Putumayo ya se había asumido por la empresa estatal, sólo representaba el 3% del crudo obtenido en Colombia.

Desde el siglo pasado, en el Caquetá, se han hecho diversas exploraciones por compañías internacionales de posibles yacimientos en cercanías de los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, lo mismo que sobre el piedemonte sur del departamento (Sinchi, 2000), pero las características y el volumen del petróleo encontrado no justificaron el inicio de la explotación en ese momento.

Mientras tanto en el Putumayo, además de continuarse con la explotación de los campos que formaron parte de la concesión Texas, se han puesto en producción una serie de pozos menores por parte de diversas empresas extranjeras, en algunos casos asociadas con Ecopetrol.

Con la nueva organización empresarial del sector petrolero, entre 2003 y 2008, la ANH ha establecido una serie de contratos de exploración (doce), explotación (nueve) y de estudio y evaluación (catorce) a lo largo del piedemonte amazónico, que incluye áreas de Putumayo, Caquetá y la Bota Caucana.

Por eso, aparte del oleoducto transandino, se ha extendido una red de oleoductos en la Baja Bota Caucana y en el Medio y Bajo Putumayo que confluyen hacia los tanques de almacenamiento en Orito, para su posterior conducción hacia el puerto en el Pacífico. Los “tubos”21 han sido construidos por la compañía estatal Ecopetrol, y por las compañías privadas Argosy Energy (USA), Petrobank (Canadá), Occidental Petroleum (USA) y Encana (Canadá). Estos dos últimos conducen hidrocarburo desde la Amazonía ecuatoriana (Entrevista No. 122).

Respecto a otras posibilidades energéticas, la Amazonía colombiana no ha significado mayor interés para el Estado o para los inversionistas privados. Solamente en el caso de los recursos gasíferos, Putumayo aparece como una de las cuencas actualmente en producción (UPME, 2005), que se presentan asociados con la extracción petrolera.

En la región amazónica occidental colombiana (Figura 1) no hay indicios de la existencia de recursos carboníferos aprovechables. Una reserva potencial de carbón se ha reportado en el área de Condagua, cercana a Mocoa, pero según los análisis efectuados los carbones no son de buena calidad, por el alto contenido de ceniza y el valor calorimétrico (BID, 2008).

21 Denominación coloquial que los pobladores locales le han dado a los oleoductos. 22 Entrevista a la Ingeniera Doris Vásquez, Coordinadora del Departamento de Responsabilidad Integral, Superintendencia de Operaciones Putumayo de Ecopetrol S.A., Orito, 3 de septiembre de 2008.

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Figura 1: Amazonía Occidental Colombiana

En cuanto a planes de generación eléctrica, algunos dirigentes políticos y sociales regionales, lo mismo que algunos sectores sociales, han insistido por muchos años en la construcción de hidroeléctricas en áreas cercanas a Florencia y Mocoa, para aprovechar los cauces fluviales que provienen de la cordillera andino-amazónica. Incluso, movimientos políticos locales en el Putumayo, durante los años 80 y 90, la incluyeron como “una de [sus] banderas” (Ramírez M. C., 2001).

De todas formas, se han construido Pequeñas Centrales Hidroeléctricas – PCH, por lo menos en dos sectores de la cordillera andino-amazónica: en el Caquetá se construyó una en el sector de Guacamayas en el alto río Caguán, en el año 2002, con potencia de 62,5 kW, aunque según técnicos de Electrocaquetá se encuentra subutilizada. Otras dos PCH se construyeron en el valle de Sibundoy, Alto Putumayo: una en la localidad de San Francisco con capacidad de 500 kW y otra en el municipio de Colon de 75 kW. Actualmente están fuera de servicio pues la zona se encuentra interconectada al sistema eléctrico nacional.

En 1986, se aprobó el inicio de la construcción de la PCH sobre el río Mocoa, con capacidad para generar 22 MWh. Aunque se destinaron algunos recursos para el estudio de factibilidad y el diseño, en los años 90 ya se había perdido el interés de los sectores que la impulsaban pues con la interconexión eléctrica del departamento este proyecto perdió vigencia, y, finalmente el predio donde se iba a construir fue invadido por desplazados del conflicto armado en el Putumayo (Entrevista No. 223).

23 Entrevista al Ingeniero Ferney Lucero, Coordinador de Operación Empresa de Energía del Putumayo, Mocoa, 2 de septiembre de 2008.

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En los actuales proyectos de generación inscritos en la Unidad de Planeación Minero – Energética - UPME del Ministerio de Minas y Energía, está prevista la construcción de la central hidroeléctrica Andaquí en el Alto Caquetá, con una capacidad de 705 MW. El proyecto es promovido por ISAGEN S. A., al frente de un consorcio de empresas privadas (EPSA) y públicas (EMCALI, IPSE), inundaría una superficie de 1.330 hectáreas y aún no se ha fijado fecha de inicio de las obras (UPME, 2008). Son conocidas las consecuencias ambientales de este tipo de obras: alteración de los cursos de agua, afectación de la cadena trófica fluvial, disminución de la fauna íctica; de lo cual resultan consecuencias sociales desventajosas.

En el caso de la distribución y comercialización de energía eléctrica, generada en las centrales hidroeléctricas de los valles interandinos, sólo mediante la presión social ejercida por los pobladores, a través de paros cívicos y movimientos sociales, fue posible la interconexión al sistema eléctrico nacional de los principales centros urbanos de la Amazonía occidental colombiana:

• La escasa cobertura y el racionamiento diario en el servicio de energía eléctrica propiciaron un paro cívico en Florencia en julio de 1977, cuya solución se entendía únicamente como la interconexión al sistema eléctrico nacional; el servicio interconectado en la capital del Caquetá se inicio en 1978, a cargo de la Electrificadora del Caquetá - Electrocaquetá (Artunduaga, 1994).

• El paro cívico departamental del Putumayo, en octubre de 1982, obtuvo el compromiso gubernamental de iniciar el trabajo de interconexión eléctrica; posteriormente, a principio de 1995, otro paro cívico en la zona petrolera del departamento, nuevamente logró que en los Acuerdos con el gobierno nacional se incluyera el compromiso para la terminación de la interconexión eléctrica a Mocoa y los municipios petroleros (Ramírez M.C., 2001). Finalmente, el fluido eléctrico interconectado a Mocoa se completó en 1997.

Sin embargo, aún se mantienen dos cabeceras municipales del departamento del Caquetá sin interconexión eléctrica: Solita y Solano. En estos municipios y en otras zonas urbanas menores, el fluido eléctrico se genera con plantas diesel de distinta capacidad suministradas por IPSE, por lo que el servicio sólo se presta durante algunas horas del día.

En el departamento de Putumayo (Figura 2), una cabecera municipal no está interconectada: Puerto Leguizamo. En este departamento se han constituido tres empresas de distribución: Empresa de Energía del Valle de Sibundoy – Emevasi, para la zona del Alto Putumayo, Empresa de Energía del Putumayo – EEP, para la zona del medio Putumayo, y, Empresa de Energía del Bajo Putumayo; las dos primeras empresas son de carácter mixto, y la restante es inversión de capital privado (Entrevista No. 2).

La interconexión de los departamentos amazónicos occidentales constituye la denominada coloquialmente “cola del sistema eléctrico”; además, en el Caquetá las redes de distribución externa están bastante deterioradas por su antigüedad. Por estas situaciones se presentan continuas interrupciones y bruscas oscilaciones del fluido, ocasionando daños en aparatos electrodomésticos de pobladores y comerciantes locales.

Dentro de las actuales políticas privatizadoras, las empresas multinacionales del sector eléctrico no han manifestado interés alguno por establecer actividades en el sur oriente colombiano, por cuanto es considerado un mercado disperso y pequeño (Ramiro et. al., 2007).

Respecto a la implementación de las recientes políticas de uso de biocombustibles, en diciembre de 2008 se dispuso su abastecimiento en los departamentos amazónicos, debido a la existencia de excedentes de producción (UPME, 2009b), pese a que todas las cabeceras municipales de estos departamientos tienen poblaciones menores a 500.000 habitantes que es la exigencia contemplada en la ley.

El fomento estatal a las iniciativas privadas para el cultivo y transformación de agrocombustibles se están realizando y proyectando en los departamentos del país que tienen agroindustria cañera o palmícola (C.G.R.,

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2005). Aunque en el departamento de Caquetá hay cultivadas 540 hectáreas con palma aceitera, estas no son fundamento para pensar en contribuir a la producción de biodiesel.

Figura 2: Departamento del Putumayo

Sin embargo, organizaciones campesinas del Putumayo han dejado entrever que en cierta manera el accionar de grupos paramilitares en ese departamento tiene explicación por el interés de ir acumulando un área destinada a futuros cultivos de palma aceitera.

Solamente para mencionar, en algunas instancias del actual gobierno departamental del Caquetá se introdujo la discusión acerca de las posibilidades para el cultivo de Jatropha curcas24, aunque no se ha tomado decisiones al respecto; esta es una planta oleaginosa (familia Euforbiácea) originaria de Centro América, de la cual se pueden obtener altos rendimientos de biodiesel (los frutos contienen hasta 40% de aceite) aplicando tecnología desarrollada en Europa, cuyo aprovechamiento se ha difundido en Perú, Panamá, Filipinas, Madagascar, Indonesia e India, entre otros países (Domínguez J. C., 2008).

4. La colonización de la Amazonía occidental colombiana

El piedemonte amazónico constituye una zona de transición entre la cordillera andina y las altillanuras amazónicas. Aunque Brücher (1974) llegó a advertir que los profundos valles de los ríos andino-amazónicos podían resultar adversos para la colonización, es en esta zona donde se han desarrollado los más recientes procesos de colonización y se encuentra la más alta densidad de población en la Amazonía colombiana.

En particular, el piedemonte putumayense (Figura 3), tradicional e históricamente, ha sido región de tránsito, comunicación e intercambio de bienes entre las zonas andina y amazónica. Los trabajos etnohistóricos han considerado a los grupos indígenas originarios del Putumayo como ‘etnias bisagra’ puesto que desarrollaban la actividad de trueque de productos atravesando largas distancias (Santos, 1992).

24 Producto nombrado como ‘pinhão manso’ en países de habla portuguesa.

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Figura 3: Putumayo Occidental

En el período colonial se hicieron diversos intentos de ocupación (por lo menos uno de carácter militar y otro de carácter misionero), de los cuales la única fundación española que se mantuvo en la Amazonía occidental fue Mocoa (1563), capital del actual departamento de Putumayo. Durante la mayor parte del siglo XIX – el período republicano se inicio en 1810 - no se produjeron mayores esfuerzos por avanzar hacia la región amazónica colombiana.

4.1. Las fases o etapas de colonización en el siglo XX

Solamente desde fines del siglo XIX empiezan a consolidarse procesos estables de colonización y poblamiento en la Amazonía occidental colombiana, por parte de formaciones empresariales y sectores sociales provenientes de la región andina.

De manera sucinta, haremos una caracterización de las situaciones más notorias que influyeron en la definición de dichas etapas y de algunos de los procesos que se presentaron en su desarrollo.

La primera etapa (a partir de 1870) combinó el extractivismo quinero y cauchero (caracterizado por el poblamiento inestable) y la acción misionera (centrada en establecer poblados para la reducción de indígenas con el fin de prepararlos para la civilización y la cristianización). Los objetivos encargados por el Estado a la

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Misión religiosa, tenían que ver con la defensa de la soberanía nacional, y, el impulso a la colonización. Muchos de los poblados que se fundaron en esta época corresponden al esfuerzo paralelo, mas no articulado, de empresarios caucheros y de los misioneros católicos25.

En la segunda fase de colonización, el conflicto fronterizo con el Perú en 1932 precipitó una serie de acciones de parte del Estado colombiano para ratificar la soberanía sobre el extenso territorio de la Amazonía colombiana.

De una parte, se procedió a la ampliación de instalaciones militares y su transformación en bases permanentes en Puerto Leguízamo sobre el río Putumayo (antes de la guerra se nombraba Caucayá), la Tagua en el río Caquetá, Venecia en el alto río Orteguaza, y, Florencia, capital del Caquetá; además, se dispuso la creación de la base aérea de Tres Esquinas en la desembocadura del Orteguaza al río Caquetá.

De otra parte, se definió la construcción de una infraestructura vial terrestre para la “defensa nacional”: la carretera que va desde Altamira, en el Alto Magdalena, hasta Florencia (1932) para conectar con los ríos Orteguaza – Caquetá, y la vía que enlaza a Pasto (en la altiplanicie andina) con Mocoa (1932) y desde esta ciudad hasta Puerto Asís (1957) para unir con el río Putumayo.

Asimismo, se encargó al Ministerio de Guerra apoyar la colonización en las zonas fronterizas, por lo cual se definieron incentivos para la colonización en Florencia y sus alrededores, a los militares que, una vez en retiro, se establecieran en la zona. En la misma tónica, en 1934 una empresa militar abrió la ruta de navegación a vapor por el río Putumayo, de Puerto Asís a Puerto Leguízamo, con el objetivo de apoyar la colonización ribereña.

Dos ciclos extractivos que se perfilaron desde este período, en los años 40, fueron la extracción de pieles de animales exóticos, coloquialmente conocido como el “tigrilleo”, y, la explotación maderera, o “desflore del cedro”; estas formas extractivistas se prolongaron hasta mediados de los años 60, pues las medidas de protección terminaron con el tigrilleo, y las reservas naturales de cedro ‘desaparecieron’ (Sinchi, 2000).

A mediados de los años 50, la colonización amazónica cobró inusitada importancia, marcando el inicio de la tercera etapa de colonización. En el Caquetá, el impulso a la colonización durante los primeros años de este período estuvo asociado a la mitigación del conflicto socio-político bipartidista en el centro del país, que originó miles de campesinos desplazados, muchos de los cuales fueron convocados por el gobierno nacional para establecerse en esta zona.

Para el Putumayo, la migración durante este período se asocia con la insuficiencia reproductiva del minifundio campesino y la disolución de resguardos indígenas en la región andina de Nariño, las cuales fueron causas para expulsar pobladores hacia el territorio amazónico. Hay que señalar que en el Putumayo, desde mediados de los años 60 la explotación petrolera favoreció la dinámica de colonización, como lo detallaremos más adelante.

A partir de 1961 cuando se conformó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, en la Amazonía occidental colombiana se desarrollaron programas de apoyo a la colonización espontánea, con fomento ganadero y construcción de infraestructura vial y de servicios sociales. En años anteriores, en el Caquetá se habían iniciado algunos planes puntuales de colonización dirigida, fomentando los cultivos de caucho y de palma africana.

A fines de los años 70, fue evidente la crisis del modelo de colonización implantado durante los años 60 y la declinación de la explotación petrolera, situaciones que propiciaron una cuarta fase de colonización, con la aparición de corrientes endógenas de migración. Dichas corrientes fueran constituidas por colonos que habían perdido sus mejoras iniciales e iniciaron nuevas etapas de colonización, hacia zonas más al oriente de las 25 Las fundaciones de poblados fueron mayoritarias en el territorio correspondiente al actual departamento del Caquetá.

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anteriores, ahora asociadas a los cultivos ilícitos (inicialmente la siembra de marihuana y después la ‘bonanza cocalera’). En el Caquetá, la colonización avanzó hacia el río Caguán, mientras que en el Putumayo este proceso se enrumbó por las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo.

Por último, desde 1996, la más reciente etapa de colonización en los departamentos del piedemonte amazónico se ha caracterizado por constituirse como una “migración de retorno”. Tal migración fue causada en buena parte por el desarrollo de diversos planes militares de lucha antisubversiva y de erradicación de cultivos ilícitos (conocidos en términos generales como Plan Colombia), lo cual ha propiciado el desplazamiento de cientos de familias colonizadoras y campesinas. Las familias han migrado hacia las cabeceras municipales, con especial énfasis hacia las capitales departamentales del occidente amazónico: Mocoa y Florencia, en donde han invadido terrenos para establecer sus precarias viviendas. En algunos casos, las familias desplazadas han salido de la región amazónica.

4.2. Algunas políticas de desarrollo para la Amazonía colombiana

En general, se puede afirmar que algunas de las diversas políticas públicas que se han determinado para la Amazonía colombiana, o que han involucrado de alguna manera a la región, han resultado contradictorias.

Mediante la ley 2ª de 1959 se declaró la totalidad de la Amazonía colombiana como reserva forestal; pero en diversos años posteriores se han elaborado leyes para extraer partes del territorio de reserva natural, con el fin de dedicarlas a la colonización tanto en el piedemonte putumayense como en el caqueteño.

Además, “entre los años 50 y 90, instituciones gubernamentales colombianas, con ayuda y aporte de la banca internacional multilateral, favorecieron la deforestación a través de la construcción de carreteras e infraestructura y de créditos para la tala del bosque” (Ruiz, 1992).

La política de fomento a la ganadería como apoyo a la colonización, que ha tenido mayor desarrollo en el Caquetá, ha contribuido de manera irrefutable al agotamiento de los recursos del bosque por la tala generalizada que se ha hecho, lo mismo que por la afectación severa de los recursos hídricos y del suelo.

El extractivismo petrolero en el Putumayo sirvió como justificación para levantar la reserva forestal en un área bastante amplia para fomentar la colonización que se vio favorecida por la infraestructura vial construida por las empresas que recibieron las concesiones.

Sin embargo, el interés y la actitud conservacionistas de algunas instituciones hacia la región se ha mantenido, por lo que el 60% del territorio amazónico colombiano se conserva en su estado natural con base en protecciones legales; a partir de los años 60, se han ido definiendo los territorios de resguardos para etnias amazónicas que abarcan más de 18,4 millones de hectáreas. En el Sistema de Parques y Reservas Nacionales Naturales están comprendidos un poco menos de 6,1 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana. Algunas de las áreas de resguardos indígenas y de reservas naturales se superponen, legitimando que los indígenas mantengan el uso tradicional de los recursos naturales (Ruiz, 1992).

Además, la presencia y acciones de las diferentes organizaciones guerrilleras en la Amazonía occidental colombiana (desde los años 60 en el Caquetá y desde fines de la década de los 70 en el Putumayo) lo mismo que la adopción y difusión de cultivos cocaleros (desde fines de los años 70), ha llevado a dos situaciones: el desarrollo de planes militares que, como lo hemos señalado, inciden en la disminución del avance de la colonización rural, y, que diversas políticas del gobierno central y los gobiernos seccionales tengan que sujetarse a los requerimientos de la estrategia militar (Ibíd.).

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5. Impacto social y ambiental de la explotación petrolera en Orito (Putumayo)26

La cuenca sedimentaria del Putumayo se ubica en el sector suroriental del país y tiene aproximadamente 87.000 km². Al noreste está la subcuenca del Caguán, separada por el arco del Caquetá; hace parte del sistema de cuencas subandinas orientales que separan la cordillera de los Andes de los escudos de Guayana y Brasil (Corpoamazonia, 1994).

El Putumayo es considerado una ‘provincia’ petrolífera y gasífera importante por sus reservas y por la perspectiva de nuevos descubrimientos (Devia, 2004). Durante los años de mayor explotación ha contribuido con fracciones importantes de la producción petrolera en Colombia.

Foto 1: Panorámica en donde se vislumbra la cabecera municipal de Orito y los tanques de almacenamiento. Fuente: TEXACO: Opus. Cit.

26 Para la presente sesión fue de bastante utilidad el trabajo de Devia (2004); en algunos párrafos que no aparece referencia bibliográfica, se entiende que se recurrió a dicha monografía.

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En el periodo pre-colonial, los indígenas de este departamento se untaban petróleo en el cuerpo con fines medicinales, aprovechando que el hidrocarburo “fluía libremente”. Los colonos más antiguos lo usaban “para alumbrarse en las noches y para calafatear sus canoas de madera”. Estos relatos llegaron a oídos de las compañías petroleras que desde los años 20 del pasado siglo enviaron geólogos a comprobar su existencia (Corpoamazonia, 1994).

5.1. Historia de la explotación petrolera en Orito

La explotación petrolera en esta localidad del piedemonte amazónico ha tenido dos periodos claramente definidos: un primer momento entre 1963 y 1981 en que la actividad extractiva fue realizada por la Texas Petroleum Company27 cuando se caracterizó como un periodo de bonanza petrolera en el Bajo Putumayo; un segundo momento a partir de la reversión de la concesión a la empresa estatal Ecopetrol, período en que la producción ha disminuido notablemente.

En mayo de 1969, cuando el Presidente de la República inauguró el oleoducto Transandino, el “aseveró que el petróleo sería la salvación para esta región tan deprimida” (citado por Devia, 2004); en posteriores intervenciones, el alto dignatario señalaba que las regalías por la explotación del petróleo en Orito, pactadas en nuevas condiciones consideradas ventajosas para el país, iban “a beneficiar de manera muy notable a la Intendencia del Putumayo y, [… permitirían] dedicar recursos cuantiosos a la construcción de la carretera que va a Mocoa y a la mejora de la carretera Pasto – Puerto Asís” (Presidencia, 1969).

Sin embargo, la carretera Pasto–Mocoa sigue siendo una de las más peligrosas del país (por lo menos en el trayecto entre el valle de Sibundoy y la capital del departamento), pues mantiene el trazado realizado en los años 30 del pasado siglo, cuando aún no existía una planificación gubernamental acertada, y no hay un solo tramo asfaltado. La carretera Mocoa–Puerto Asís sólo en los últimos años se ha pavimentado en algunos trayectos. Lo que se anunció como la ‘salvación’ del Putumayo por parte del gobierno nacional, con motivo del inicio de la explotación petrolera, sigue siendo una esperanza fallida.

En 1959, el Estado colombiano y la Texas realizaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de petróleo en una zona al occidente del Putumayo, por un lapso de 30 años, conocido como la Concesión Orito. Desde 1955, el gobierno nacional había pretendido estimular la inversión en el sur del país al reducir el porcentaje de las regalías que las empresas petroleras debían pagar a la Nación (Texaco, 1991).

En 1963, las exploraciones dieron resultados favorables, por lo que la Texas decidió iniciar el montaje industrial para la explotación en los pozos descubiertos y la conducción del hidrocarburo al puerto de Tumaco, sobre el Océano Pacífico, junto con su asociada la Colombian Gulf Oil Company encargada de los trabajos prácticos en el terreno (Brücher, 1974)

El área total de esta concesión, estaba repartida en varios campos que abarcaban 940.000 ha. Hasta 1971, la Texas perforó 62 pozos encontrando varios de menor potencial. Según la compañía, las reservas recuperables del campo Orito-Pungo fueron calculadas en 350 millones de barriles de crudo, que en ese momento (1963) fue considerado el más grande hallazgo petrolero en Colombia. En 1968 se inició la explotación en estos pozos, una vez se construyó la infraestructura necesaria (Ibíd.).

En 1971, año en que se produjo el pico máximo de explotación, de este campo se extraían 71.436 barriles diarios en promedio. Durante el período que se mantuvo la concesión (hasta 1980), la Texas extrajo más de 183 millones de barriles (Devia, 2004).

27 En adelante, la nombraremos como ‘la Texas’.

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De acuerdo con Devia, las compañías Texas y Gulf también se vieron beneficiadas por algunas medidas de política tributaria, expedidas con anterioridad al inicio de la explotación en la concesión Orito, puesto que las exenciones contempladas para la inversión extranjera en Colombia, les permitían deducir sumas superiores a las que pagaban por regalías.

En 1979, la Texas traspasó el 50% del contrato en el “Distrito Putumayo” (tal como lo denominaba la compañía multinacional) a la compañía Petrolera del Río, con sede en Panamá. En abril de 1980, le cedió el restante 50%. De acuerdo con lo informado por dirigentes sindicales, esta compañía fue formada por la misma Texas en una maniobra empresarial para evadir compromisos legales y fiscales (Entrevista No. 3 28).

Para la explotación y conducción del hidrocarburo, lo mismo que para la dirección y administración empresariales, la Texas construyó diversas obras de infraestructura. De una parte, para el traslado del personal directivo y supervisor de la nueva explotación, se amplió la pista de aterrizaje en el municipio de Puerto Asís, al suroriente de los campos que empezaban a producir. Así mismo, se construyeron pequeñas pistas aéreas en las localidades que contaban con las reservas más importantes, como fueron El Tigre, La Hormiga y Orito.

Foto 2: Trabajadores encargados de ir abriendo trochas y construyendo puentes para trasladar la infraestructura básica para iniciar la explotación. Fuente: TEXACO: Opus. Cit. 28 Entrevista al señor Duván Vélez, Presidente seccional Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo - USO, Orito, 2 de septiembre de 2008.

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En 1967, la compañía completó la construcción de la carretera que comunica desde Santa Ana (20 kilómetros al norte de Puerto Asís) con el campo Orito-Pungo, en una extensión de 46 kilómetros, siguiendo el trazado de la trocha por la que entró el primer equipo de perforación. Según información que publicó la compañía, se utilizaron 250.000 troncos para la empalizada que se uso como base para el carreteable (Texaco, 1991). Es indudable que el mal estado actual de esa carretera tiene que ver con esta acción: después de 40 años de haber colocado miles de troncos como base de la carretera, estos se han podrido por la acción del agua y del peso de los vehículos que la transitan.

Después se construyó la vía que conecta Orito con el río San Miguel (en la frontera con Ecuador), atravesando diversos campos de exploración, y en los años siguientes se fueron abriendo los ramales que conducen a los pozos en explotación. Las carreteras se construyeron considerando fundamentalmente los intereses de la petrolera, sin tener en cuenta otras posibilidades de desarrollo regional (Devia, 2004).

Para el afirmado y la reparación de estas vías, se ha utilizado el crudo recogido después de los derrames y el agua contaminada, como “material ligante en la mezcla” (PGN, 1994). Precisamente este es uno de los factores que ha producido mayor contaminación hacia los afluentes de la zona.

Foto 3: En varios tramos del oleoducto se construyeron carreteras aledañas. Fuente: TEXACO: Opus. Cit.

Foto 4: Tramo sinuoso del oleoducto y la deforestación aledaña. Fuente: TEXACO: Opus. Cit.

Para la conducción del hidrocarburo se montaron oleoductos desde los diversos campos de explotación hacia los tanques de almacenamiento en Orito. Con el fin de transportarlo para su exportación, en 1969 se completó la construcción del Oleoducto Transandino entre Orito y Tumaco, puerto en el Pacifico colombiano, Con una extensión de 310 kilómetros, el “tubo” asciende desde 328 metros de altitud en Orito hasta la cima de la cordillera andina en el sitio Alisales a 3.505 metros de altura, para descender seguidamente al nivel del mar en

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Tumaco (Texaco, 1991). Por las condiciones escabrosas y selváticas del terreno por donde cruza el oleoducto, el transporte de personal, equipos y materiales, lo mismo que el apoyo para el montaje se hizo con helicópteros, suceso dado “por primera vez en la historia de la producción de petróleo”, y por ello el oleoducto fue considerado como un “monumento de la ingeniería” en la época (Brücher, 1974).

Mientras que en 1969, cuando se inauguró el oleoducto se transportaban 60 mil barriles por día (Presidencia, 1969), en abril de 2008 se transportaban 20.400 barriles diarios (UPME, 2008).

Los tanques de almacenamiento del hidrocarburo que se construyeron en Orito y en el terminal de Tumaco, tienen capacidad para 240 mil y 900 mil barriles respectivamente. La capacidad de bombeo del oleoducto es de 120.000 barriles diarios, cuenta con cuatro estaciones de bombeo y cuatro de reducción de presión.

En Orito también se montó una pequeña refinería que procesa 3.000 barriles diarios, pese a lo cual en la zona no se cuenta con el suficiente abastecimiento de combustibles (Ramírez R., 1998). Además, su estado de deterioro y la ineficiente tecnología usada la han convertido en causante de problemas ambientales.

Además, se construyeron el campamento de Santa Ana (desde donde se coordinó el ingreso de la maquinaria, la construcción de la trocha inicial hacia el Campo Orito y demás labores relacionadas), lo mismo que las instalaciones de la empresa en Orito.

En 1981, la compañía Petrolera del Río “renunció al contrato y cedió todos sus derechos” a la compañía estatal Ecopetrol. Pese a que el contrato de concesión se había estipulado por 30 años, la ‘heredera’ de la Texas prefirió revertirlo antes del plazo final. Indudablemente, el agotamiento del recurso y la presión social fueron factores claves en esta decisión29.

Cuando Ecopetrol recibió el campo petrolero organizó el ‘Distrito Sur de Producción Orito’, conformado con un total de 225 pozos en toda la zona del Bajo Putumayo (Corpoamazonia, 2004). Durante los años siguientes la producción siguió disminuyendo: mientras en 1981 se extraían 20.100 barriles/día en promedio, a mediados de la década de los 90 sólo se extraían 13.225 barriles/día promedio en Orito (Ramírez R., 1998). Con la entrada en explotación de nuevos pozos a lo largo del piedemonte amazónico, el promedio de producción, para el año 2006, en el área correspondiente al Distrito Sur era de 26.000 barriles/día.

Las labores de Ecopetrol, al revertir la concesión de la Texas en el Putumayo, se enfocaron en lograr detener la declinación de lo extraído en todos los campos en producción, a la vez que se buscaban nuevas reservas del recurso petrolero.

Al decir de funcionarios de la empresa estatal, Ecopetrol no solamente recibió la labor industrial sino que además recibió un creciente conflicto social en la zona por el aumento del desempleo y la irresponsabilidad administrativa de los gobiernos locales, al tiempo que se presentaba el agudizamiento del conflicto armado con la creciente presencia de la insurgencia en las áreas petroleras, entre otros aspectos (Entrevista No. 1).

Esta empresa ha procurado disminuir la construcción de vías hacia las nuevas explotaciones petroleras, haciendo adecuaciones menores para acceder a los pozos cercanos a los más antiguos campos. Al momento de la reversión las vías construidas por la Texas fueron entregadas al Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, aunque buena parte de los arreglos y mantenimiento los sigue haciendo Ecopetrol (Ibíd.).

29 La declinación de la producción en el Putumayo colombiano coincidió con el aumento de la extracción del hidrocarburo en la región amazónica ecuatoriana, en donde se localizaron sustanciales reservas petroleras; al terminar la construcción de las obras de infraestructura en Orito, la empresa Texas desplazó maquinaria, equipos, técnicos y campamentos por vía aérea y terrestre al vecino país.

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5.2. Efectos sociales por la explotación petrolera en Orito

A continuación examinaremos las consecuencias sociales del establecimiento de la explotación petrolera en la franja del piedemonte putumayense. Es indudable que estas han tenido un carácter contradictorio: mientras las poblaciones indígenas se vieron sensiblemente afectadas llegando a una situación de descomposición social a la que resistieron muy pocas familias nativas, de otra parte se produjo la conformación de un intenso poblamiento urbano y rural en torno a las áreas de extractivismo del hidrocarburo, además que se propició la construcción social de nuevas formas organizativas que llegaron a legitimarse como interlocutores del Estado y de las empresas petroleras.

5.2.1. Cambios severos entre la población indígena30 En el área general que la Texas empezó a operar, se encontraban asentadas por lo menos comunidades de dos etnias originarias:

• los Sionas, una comunidad ubicada a orillas del río Orito–Pungo, en inmediaciones de las zonas en donde se localizaron los pozos que pusieron en explotación en primer término, y

• los Kofanes, comunidades dispersas que se extendían desde el río Guamuez (al sur del Orito–Pungo) hasta el río Napo en territorio ecuatoriano, en cuyas zonas se ejecutaron diversas obras de infraestructura para la explotación petrolera, como la carretera desde Orito a la frontera con Ecuador y el oleoducto necesario para conducir el crudo obtenido en nuevos pozos.

El caserío de los Siona en el Orito–Pungo fue conformado como poblado de reducción por los misioneros capuchinos y se había establecido una cuasi-parroquia, según el Informe Misionero de 1934 (Monconill). Era el núcleo más importante de esa etnia en el Putumayo y se había mantenido aislado de la acción colonizadora por lo menos hasta fines de los años 40. Allí se hacia la transmisión intergeneracional del conocimiento tradicional de los curacas, para lo que se contaba con la maloca del yagé.

Aparte de las comunidades Siona y Kofán, a fines de los años 60 se presentó una importante migración de grupos Awá, provenientes del departamento de Nariño, que se establecieron en zonas selváticas cercanas a los ríos San Juan y Orito. Ellos llegaron a esas zonas por la existencia previa de algunas familias de esa etnia, sin que tuvieran información alguna sobre el inicio de la explotación petrolera (Entrevista No. 431).

En 1963, los indígenas se vieron sorprendidos por una serie de hechos que cambiaron sensiblemente sus vidas: los continuos sobrevuelos de helicópteros; la llegada de numerosos contingentes de personas extrañas; la tala indiscriminada de la selva; el montaje de casas e instalaciones prefabricadas; la apertura de trochas y carreteables; la operación de maquinaria de perforación; el uso continuo de vehículos ligeros, entre otros.

Alguna parte de las familias Sionas de Orito–Pungo y de los Kofanes del Guamuez, abandonaron sus espacios tradicionales y migraron hacia otros asentamientos de sus propias etnias, parcialmente inaccesibles a los colonos. Aunque los indígenas pretendieron alejarse de la explotación petrolera y la colonización para preservar la cultura propia, éstas nuevamente los alcanzaron y la situación se tornó cada vez más crítica. Una vez pasó la bonanza petrolera, en los años 80, en la zona de Orito–Pungo sólo se mantenían cuatro familias Sionas.

30 El presente aparte se realizo con base en los textos de Lucena, 1977, y de Chaves y Vieco, 1987; cuando se han utilizado otras fuentes se señalará expresamente. 31 Entrevista al señor Carlos Agreda, Coordinador de la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP, Orito, 2 de septiembre de 2008.

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Fue hasta 1968 que el INCORA constituyó las primeras reservas indígenas en el Putumayo, en vista del peligro de desintegración social de esas comunidades que implicaba la explotación del hidrocarburo y la construcción de obras que atravesaban sus territorios, como había sucedido en la reserva de Santa Rosa del Guamuez en particular. Por esta razón, otros Kofanes prefirieron permanecer en sus territorios y buscar el reconocimiento legal de las reservas aunque, contrario a lo esperado, esto no impidió el avance de la colonización sino que por lo contrario se hizo más intenso. A fines de los años 80, el 70% de los territorios de reserva indígena Kofan estaban invadidos por colonos; además, en inmediaciones de la vía se habían construido nuevas instalaciones para uso de la compañía Ecopetrol.

Para las comunidades indígenas de la zona en que se ha desarrollado la explotación petrolera, los efectos sociales han sido de diverso orden:

• desalojo de gran parte de sus territorios ancestrales, ya fuera por la acción directa de la compañía petrolera o por la presencia de aserradores y colonos;

• conflictos de tierras con colonos por la invasión de territorios de reserva, quienes en muchos casos usurpaban y destruían las chagras y cultivos indígenas;

• los lugares de caza se vieron reducidos por la tala de la selva y la construcción de carreteras, por lo que los animales silvestres ya no estaban a su alcance;

• la pesca disminuyó ostensiblemente, situación que se acentuó cuando trabajadores de la empresa y colonos empezaron a usar dinamita en esta actividad;

• algunas mujeres indígenas jóvenes se prostituyeron, inducidas por el personal de la compañía, lo que incidió en el aumento de enfermedades venéreas entre las comunidades;

• roces inter-generacionales, pues los jóvenes ahora “no [querían] ser indios”, por lo que rechazaron lo tradicional y chocaron con los ancianos;

• pérdidas culturales pues varios de los sitios míticos y los cementerios propios fueron ocupados por los colonos y la empresa;

• cambios culturales en la vida cotidiana, en el vestir y en el consumo (por ejemplo, dejaron de beber ‘chicha’ para tomar cerveza enlatada); y

• desbordado consumismo, pues con los pagos obtenidos compraban mercancías que después no usaban (botas de caucho, frascos de plástico, maquinas de coser, etc.).

Paradójicamente, con la presencia de la empresa petrolera y de los trabajadores pioneros (en especial los extranjeros), los indígenas encontraron nuevas fuentes de trabajo y de ingresos, aunque ello implicó ahondar la quiebra cultural de la comunidad: en el trazado de las trochas para las carreteras, la compañía contrató comunidades indígenas para la tala del bosque, contratación que se realizó por intermedio de los caciques-gobernadores; mientras tanto, los operarios que deseaban conseguir “souvenirs” para llevar de regreso a sus países o ciudades de origen, se interesan por adquirir arcos y flechas emplumadas, por lo que los indígenas destinaron más tiempo y esfuerzo a la producción de tales artesanías, labor que no era tradicional en estas etnias.

Pese a que se destaca la agresividad de los colonos contra las comunidades indígenas, Chaves y Vieco (1987) señalan que por lo menos en una de las reservas, algunos colonos se acercaron a la cultura indígena, especialmente en torno del conocimiento chamanístico en busca de remedios y plantas medicinales para sus propias enfermedades.

En los años 80, las comunidades indígenas empezaron a organizarse por etnias agrupadas en la Organización Zonal Indígena del Putumayo – OZIP; con ello empezaron a gestionar recursos y apoyo ante Ecopetrol, que limitó su acción a las comunidades que están en la zona de influencia de los pozos en explotación. Sin embargo, a los grupos Awá les han negado gran parte de la ayuda, argumentándoles que ellos llegaron con posterioridad al inicio de la actividad petrolera (Entrevista No. 4).

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Según la Constitución Política de 1991, los grupos indígenas ubicados en zonas de explotación petrolera deben ser consultados previamente al inicio de las labores de sísmica. Esto ha incidido en la reorganización de las comunidades que ahora mantienen funciones para gestionar la concertación con las empresas petroleras. Sin embargo, a los indígenas se les sigue menospreciando en las medidas de acción social empresarial. Por ejemplo, para ellos sólo se brinda un cupo de trabajo por cada contrato de sísmica, exploración o explotación, que debe ser rotado mensualmente entre las diversas agrupaciones étnicas (Ibíd.).

Por su parte, Ecopetrol señala que la consulta previa sólo se puede hacer con las comunidades indígenas organizadas, porque aunque estas mantienen la tradición oral, los acuerdos sobre explotación petrolera cuando se hacen de forma verbal no son respetados. Señalan además que concertar con las comunidades no originarias de la zona ha resultado mas dificultoso. El apoyo a los grupos étnicos se ha orientado a procesos de recuperación cultural, participación en empleo y en proyectos productivos (Entrevista No. 1).

La invasión de territorios indígenas y el desplazamiento de los pobladores nativos se mantiene de parte de nuevas compañías de explotación petrolera en el Putumayo: tal como se ha denunciado en la prensa nacional, territorios de grupos Sionas y Kofanes han sido invadidos por la empresa Argosy Energy (USA), al tiempo que grupos paramilitares se han encargado de su desplazamiento o de su exterminio (Cepeda, 2007).

5.2.2. El poblamiento urbano propiciado por la explotación petrolera Aunque la influencia que tuvo la Texas en la conformación urbana en el piedemonte putumayense involucra la aparición de varios poblados en torno a la explotación petrolera (como Orito, La Hormiga, La Dorada y San Miguel, entre otros), para efectos de este trabajo vamos a considerar básicamente el proceso en Orito, por ser este el primer campo que se puso en explotación, y, por que se convirtió en “la capital petrolera” del Putumayo pues allí se concentraron las labores administrativas y técnicas de las diversas compañías.

El inicio de la actividad petrolera en el campo Orito-Pungo significó la llegada de numeroso personal, encargado de las labores técnicas propias de la explotación, lo mismo que para las labores complementarias como montaje de infraestructura, construcción de instalaciones, apertura de trochas y helipuertos, dirección y administración de las obras. Además, se generó una buena cantidad de empleo indirecto, en el sector de servicios a la misma industria extractiva y a los trabajadores petroleros.

Lucena (1977) destaca las diferencias étnicas y sociales de buena parte de los migrantes iniciales: los ‘blancos’ o ‘texas’32 que llegaron a dirigir la obra en general y la perforación en particular; los negros tumaqueños33 que fueron contratados para desarrollar los trabajos más pesados; los ‘rolos’ 34 que venían a desempeñar oficios técnicos o profesionales especializados, y, los ‘interioranos’35 quienes llegaban en busca de oportunidades (desde obreros y colonos hasta vagos, delincuentes y prostitutas).

Según cálculos de la época, la compañía llegó a emplear más de 1.000 personas en forma directa, dedicadas a la construcción de obras de infraestructura, las labores de perforación y explotación, lo mismo que para el transporte de personal y maquinaria entre los sitios de explotación y los campamentos.

En los primeros años de actividades, la población de Puerto Asís se convirtió en el principal centro de operaciones de la Texas, por lo que dicho sector urbano creció en forma desordenada, lo que llevó a Brücher (1974) a calificarla como una típica “boom town”.

32 El calificativo de blanco se refiere a características de la piel y al origen extranjero; en muchos casos, los indígenas y colonos los identificaban como los “texas”. 33 Originarios de Tumaco, puerto en el Pacífico colombiano. 34 Denominación coloquial para los originarios de la capital de la República y sus alrededores. 35 Denominación coloquial para las personas oriundas de los departamentos de la franja central del país.

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Desde 1968, la dirección, supervisión y apoyo de las operaciones de explotación se trasladaron a las instalaciones construidas por la Texas en el espacio circundante del campo Orito-Pungo. Durante varios meses, se mantuvo la prohibición de construir “ranchos” en las inmediaciones a las instalaciones de la empresa. Cuando se levantó la prohibición de construir vivienda en dicha zona, los pobladores debían inscribirse en un registro que llevaba la Inspección de Policía.

Según el testimonio de uno de los primeros habitantes de Orito: “Las Fuerzas Armadas llevaban el cuaderno de control de entrada de colonos. Además eran encargados por la empresa del control de su espacio, por lo que sacaban por la fuerza a los colonos e incluso derribaban los cambuches que habían construido, argumentando que el suelo era de la empresa.” (Citado por Devia, 2004).

Durante los meses que se mantuvo la prohibición, y eludiendo la acción de las autoridades, sobre la trocha de entrada a las instalaciones de la empresa se fueron construyendo ranchos en yaripa, paja y madera, caserío que empezó a ser conocido como “Filo de Hambre”, el cual se considera el inicio del sector urbano del actual municipio de Orito. Desempleados y migrantes en espera de “enganche” para un contrato temporal o “veintiocho”36, eran principalmente quienes vivían en el nuevo caserío. La expectativa por lograr dicha vinculación reforzó el interés por permanecer viviendo en ese sector, aunque muchos de estos habitantes empezaron a desarrollar otras actividades mientras se lograba el contrato temporal, como: comercio minorista; oficios varios; pesca de subsistencia; explotación maderera; servicios de alojamiento, restaurantes y bares; jornaleros rurales, entre otros.

Los profesionales, técnicos y trabajadores calificados, necesarios para la explotación, se alojaban en las viviendas construidas dentro de las instalaciones de la empresa. Las construcciones modernas y la amplia dotación de servicios en estos lugares, contrastaba con las precarias viviendas y la carencia de servicios en “Filo de Hambre”.

Sin embargo, en 1972 la Texas construyó un nuevo barrio por fuera de las instalaciones empresariales, para que fuera ocupado por sus trabajadores, con lo que también se proponía fijarle un nuevo ordenamiento al poblamiento urbano desorganizado que llevaban a cabo los pobladores ya establecidos en Orito.

En los años posteriores, parte de los nuevos migrantes llegaron apoyados por los familiares ya presentes en el área. La solidaridad entre los habitantes ya establecidos y los recién llegados se prestaba en alimentación y vivienda especialmente.

El sector de servicios y actividades comerciales en Orito se formó y fortaleció durante la primera etapa de explotación, debido a la intensa circulación monetaria derivada de la actividad petrolera. Según lo afirma ostentosamente la Texas (1991): “Fue una época de gran prosperidad para los trabajadores, que vieron recompensados sus esfuerzos. Ganaban altos salarios. [Así…] veían modificado su destino, libres al fin de las penurias y azares de su vida de colonos”.

Pasados algunos años del inicio de la explotación, buena parte de la población urbana quedó cesante, puesto que muchas labores se automatizaron, además que la producción petrolera había disminuido; por lo tanto, el tiempo de espera para obtener un nuevo “veintiocho” era mayor, la rotación de trabajadores era más amplia, e incluso se formaron acuerdos entre los capataces para la asignación de los contratos (Lucena, 1977).

5.2.3. La colonización rural favorecida por la explotación petrolera Si bien en un primer momento la Texas rechazó categóricamente la legitimidad de las primeras ocupaciones rurales y utilizó varios medios para evitarlas, tuvo que conformarse con el fenómeno, pues uno de los 36 La denominación de ‘veintiocho’ se originó porque la contratación temporal de la mayoría de trabajadores se hacia por ese número de días.

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argumentos del Estado colombiano para justificar el inicio de la explotación petrolera en la región era que la empresa y su infraestructura vial construida permitirían la colonización de una zona de frontera, con lo que se atenuarían los problemas territoriales con los países vecinos, e indirectamente se aplazaría la realización de una reforma agraria en el país.

Mientras tanto, aserradores interesados en extraer maderas de alto valor en el mercado, campesinos empobrecidos y colonos provenientes de otras regiones del país, en especial del departamento de Nariño, empezaron a abrir fincas a los costados de las vías y en las riberas de los afluentes de la zona. Según lo planteó un trabajador de la empresa petrolera, mientras que “una gente llega a los campos petroleros, otros llegan directo a colonizar”; en los años 70, la colonización contigua a la explotación petrolera había adquirido “dinámica propia” (Ramírez R., 1998)

En 1966 y 1968, el INCORA sustrajo de la reserva forestal de la Amazonía, el área de influencia de la explotación petrolera en el Putumayo para destinarla a un plan de colonización especial. En dicha zona se prohibió la adjudicación y titulación en predios ubicados en inmediaciones de pozos e instalaciones, y se estableció el pago, por parte de la Texas, de las mejoras en las parcelas a los pobladores y colonos que se hubieran instalado con anterioridad al inicio de la explotación. En todo caso, la empresa podía hacer uso del derecho de expropiación en las zonas de interés para ella.

Con base en lo ordenado legalmente, la Texas publicó en los periódicos locales un aviso referente a que en “las fincas donde hubiera petróleo no pagaba sino los cultivos y que en los lugares selváticos no pagaría nada”, añadiendo que la empresa fijaría los valores a indemnizar. Esto afectaba tanto a los colonos que hubieran constituido mejoras en los terrenos de explotación, como a las comunidades indígenas que permanecían en las zonas boscosas pese a la expulsión originada con el inicio de la explotación (Ramírez R., 1998).

En la medida que el ritmo de contratación temporal en la petrolera fue disminuyendo, algunos de los nuevos desempleados urbanos optaron por la colonización rural.

De acuerdo a la información agrupada en la Tabla 4, se puede afirmar que tras 30 años de colonización favorecida por la infraestructura vial construida por la Texas, en Orito se ha conformado una estructura de distribución predial de carácter marcadamente minifundista (predios menores de 50 hectáreas), mientras que el sector intermedio (predios entre 50 y 200 hectáreas) paulatinamente va consolidando un área significativa37.

Tabla 4: Distribución predial rural, Municipio de Orito, 1992

Rangos de Área

(Hectáreas)

Cantidad de Predios Superficie Abarcada Promedio Has./predio # % Has. %

Menos de 50 1299 85,2 19598,4 46,2 15,1 50 – 200 220 14,5 16453,1 38,7 74,8 Más de 20038 6 0,3 6412,4 15,1 1068,7 Total 1525 100,0 42463,9 100,0 27,8

Fuente: IGAC: Boletín Predial Rural, 1993. Elaboración: Roberto Ramírez M.

37 A diferencia de lo que ha sucedido en la mayor parte del Caquetá, en donde el modelo ganadero ha consolidado una estructura de distribución predial de carácter latifundista y con un sector medio bastante importante. 38 En este rango se encuentra un predio de 5129,6 has.; este predio corresponde al terreno que se le entregó a la Texas, por resolución 168 de 1968 del INCORA, como parte de la concesión, y dentro del área sustraída a la reserva forestal amazónica; dicho predio ahora es propiedad de Ecopetrol.

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5.3. Organizaciones y movilizaciones sociales en Orito

Tal vez, la primera y más amplia lucha social se dio por la conversión de la Inspección de Policía de Orito en un nuevo municipio, separándolo del de Puerto Asís, en la cual se involucraron todos los sectores sociales conformados en el territorio delimitado administrativamente La petición de separación ante la Presidencia de la República, se sustentaba tanto en la cantidad de población correspondiente a la inspección, como en la ineficacia de la inversión de regalías a cargo del municipio de Puerto Asís mientras que la extracción petrolera se realizaba fundamentalmente en el territorio correspondiente a Orito. En 1978 se conformó el municipio de Orito por medio del Decreto Ejecutivo 2891, que empezó a regir el 1° de julio de 1979 (Devia, 2004).

En otro ámbito social, desde 1972, los trabajadores permanentes y temporales de las empresas contratistas de la Texas en Putumayo y Nariño habían fundado el sindicato SINTRACONTEXAS. La organización alcanzó a reunir en un principio 200 afiliados. De igual manera los trabajadores de los casinos conformaron su propia organización y otro personal de la Texas conformó una subdirectiva de la organización nacional de trabajadores de la multinacional. Las primeras reivindicaciones solicitadas por estas organizaciones se resumen en: la mejor prestación de servicios médicos, el aumento salarial, y, sobre todo, la continuidad laboral (Ibíd.).

La organización sindical de los trabajadores petroleros tomó fuerza debido a las irregulares negociaciones en el traspaso de la concesión, puesto que se veían comprometidas las garantías laborales adquiridas. Para ello, se fusionaron los sindicatos conformados en el período de explotación de la Texas y procedieron a crear una subdirectiva de la Unión Sindical Obrera - USO en Orito; según directivos sindicales, la USO dio la pelea por la reversión durante once meses, entre 1979 y 1980 (Entrevista No. 3).

La convención colectiva entre los trabajadores petroleros, alrededor de 500 personas, con la nueva administración de Ecopetrol se firmó en octubre de 1980 (Devia 2004). Algunos beneficios que se obtuvieron en ese momento para la comunidad oritense tenían que ver con: transporte urbano gratuito, lo mismo que entre Orito y Puerto Asís; energía eléctrica para el hospital de Orito; y, la contratación de un bacteriólogo por parte de Ecopetrol para adelantar programas de salud pública (Entrevista No. 3).

Sin embargo, a decir de algunos pobladores, las reivindicaciones sociales enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los oritenses fueron desapareciendo de los pliegos petitorios del sindicato petrolero y en las convenciones con la empresa estatal no se ha logrado alguna reivindicación especifica para la población, pese a que muchas veces ésta participa activamente en las movilizaciones. Por dicha razón, entre varios oritenses se percibe el sindicato petrolero como una organización elitista, que “solo negocia para los sindicalizados”. Además, plantea Devia (2004) que, los trabajadores petroleros parecen haberse distanciado de la participación en la política local, en parte por el hecho de mantener una seguridad laboral y económica que influye en la despreocupación hacia el entorno social.

Por lo contrario, los dirigentes sindicales afirman que siempre han estado vinculados con la comunidad local en la lucha social y política, lo cual se refleja en el hecho de que las comunidades siempre invitan a la USO a participar en sus movilizaciones. Afirman que la organización sindical petrolera ha trabajado durante toda su existencia por diversas reivindicaciones sociales como: disminución de las tarifas de servicios públicos; asegurar que las empresas contratistas vinculen mano de obra residente en las zonas petroleras; capacitación a la comunidad en derechos humanos; negociación para la capacitación de los jóvenes oritenses a través del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; asesoría jurídica a las organizaciones sociales locales; vinculación con las organizaciones de desempleados; intervención ante las comunidades que se oponen a la explotación petrolera; capacitación a las comunidades para reclamo de las regalías petroleras; asesoría en la reclamación de reparaciones por daños ambientales; reclamación de obras de infraestructura; participación política junto a las comunidades contra la política neoliberal; conformación de frentes electorales locales; y, charlas sobre la situación política nacional e internacional (Entrevista No. 3).

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De otra parte, los “vecinos” en las veredas rurales y en los barrios urbanos se han ido organizando a través de la conformación de Juntas de Acción Comunal - JAC, para la realización, con ayuda del Estado, de obras de interés general como escuelas, puestos de salud, caminos, calles, puentes, parques; o, para tramitar la vinculación temporal de profesores en las instituciones educativas locales.

Las JAC en Orito interactúan en dos niveles: de una parte ante las autoridades departamentales y municipales para solicitar obras y recursos, lo mismo que para definir y supervisar las inversiones hechas con las regalías; de otra parte, ante la empresa Ecopetrol39 han adelantado movilizaciones con el fin de buscar mayor acción social local de la empresa, o para obtener contratos de trabajo colectivo en determinadas labores, como ha sido el caso de la limpieza de zonas contaminadas por el derrame de petróleo.

La reversión de la concesión a la empresa estatal propicio entre los pobladores de Orito el interés por adelantar procesos organizativos que les permitieran acceder al manejo de las regalías petroleras. Sin embargo, el acceso y manejo de los recursos de las regalías han originado conflictos entre las mismas organizaciones comunales.

En algunas ocasiones en las que organizaciones comunales y sociales rurales han tenido que recurrir a la movilización social para lograr alguna atención estatal a sus peticiones, se han realizado acciones de ‘fuerza’ contra instalaciones, equipos e infraestructura de Ecopetrol. Los daños más graves a la infraestructura, de parte de pobladores locales, se produjeron en enero de 1995: ante la negativa gubernamental a negociar con los manifestantes del paro cívico en la zona petrolera del Putumayo, algunos exaltados prendieron fuego a una batería de Ecopetrol en la Hormiga, como forma de presionar la negociación. En los acuerdos firmados, se estableció que la empresa estatal aseguraría el pago de regalías, adelantaría programas de desarrollo comunitario, y haría mantenimiento a las carreteras de la zona petrolera (Ramírez M. C., 2001).

La respuesta de Ecopetrol a las movilizaciones sociales ha sido preferentemente en proyectos de inversión social: en los años 80 y 90 se enfatizó en la construcción y dotación de escuelas y polideportivos, lo mismo que en programas de salud pública, para las veredas y barrios que lo exigían. En la actual década se han focalizado en programas educativos, formación microempresarial y proyectos productivos, para que los pobladores locales (sean o no contratistas de la empresa estatal) no dependan totalmente de la industria petrolera (Entrevista No.1).

Hay que señalar que la difusión de los cultivos de coca se convirtió en obstáculo a los procesos organizativos y reivindicativos de las comunidades en el sector rural durante los años de bonanza coquera (fines de los 80 y principios de los 90), pues ante el aumento de recursos monetarios entre colonos y campesinos, ellos podían adquirir lo necesario sin tener que recurrir a la atención del Estado40 (Ramírez R., 1998).

Es destacable que las organizaciones sociales y comunitarias de la zona petrolera del Putumayo, al calor de las movilizaciones conformaron un movimiento político regional que participó en la elección de administraciones y legisladores locales, durante los años 80 y 90. En particular, en Orito este germen político arrojó resultados positivos pues se logró el acceso a la Alcaldía Municipal, en las elecciones de 1988 y de 1996, desde la cual se proponía como acción fundamental lograr el cumplimiento de los acuerdos obtenidos con el Gobierno Nacional en las anteriores movilizaciones sociales (Ramírez M. C., 2001).

Una particular forma de organización social que se ha conformado tanto en Orito, como en otras cabeceras municipales asociadas a la extracción petrolera, es la de los trabajadores petroleros calificados que han quedado desempleados en los períodos de disminución de la producción (Entrevista No. 541).

39 Aunque durante el período de la Texas se conformaron 16 JAC rurales y 6 JAC urbanas en el municipio de Orito, no hubo interés ni posibilidad entre las comunidades por plantear algún tipo de exigencia a la empresa. 40 Así lo plantearon dirigentes sindicales de la USO en Orito, en 1992. 41 Toda la información referente a este tipo de organizaciones se logró en la entrevista al señor Bayardo Villota, Presidente de la Corporación de Desempleados de Oficios Varios Integrados del Putumayo – Cordovip, Orito, 3 de septiembre de 2008.

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Desde mediados de los años 80, trabajadores petroleros cesantes se preocuparon porque las escasas oportunidades de trabajo eran cubiertas con nuevos trabajadores especializados provenientes de otros lugares del país, contratados por las empresas que se vinculaban a las diferentes labores petroleras en asocio de Ecopetrol.

Ante tal situación, en mayo de 1988 se conformó la Corporación de Desempleados de Oficios Varios del Putumayo - Cordovip, que desde ese momento lideró la movilización de este sector social para lograr que las empresas petroleras tuvieran en cuenta a los trabajadores calificados ya residentes en Orito, algunos de los cuales habían logrado acumular experiencia desde el período de operación de la Texas.

En años posteriores, a partir de las subdirectivas de Cordovip que se establecieron en otros municipios petroleros del Putumayo se han ido conformando diversas organizaciones, y en Orito se han conformado otras por parte de trabajadores más especializados. Con la lucha social emprendida, estas organizaciones han logrado legitimarse ante Ecopetrol y las demás empresas petroleras hasta llegar a acordar que la convocatoria para vincular trabajadores en las labores de exploración y explotación en toda la cuenca del Bajo Putumayo se haga a través de dichas asociaciones, priorizando los trabajadores residentes en las zonas petroleras del departamento.

Para los actuales dirigentes, la memoria gremial les hace evocar la movilización ante la compañía Anson Drilling, que no solamente trajo sus propios trabajadores sino que ellos venían organizados sindicalmente, de modo que la lucha fue ante la empresa y la organización sindical; el apoyo del pueblo y las autoridades locales le permitió a Cordovip obtener sus propias reivindicaciones, pero meses después fue asesinado el presidente del gremio por los grupos paramilitares.

Actualmente estas organizaciones han acordado que los puestos de trabajo se roten cada cuatro meses entre sus afiliados, rompiendo el esquema anterior de vinculación por 28 días. Como la afiliación se ha ampliado con trabajadores no calificados y las esposas de los trabajadores, han presentado un proyecto de capacitación empresarial en confección de ropa industrial para atender la demanda local.

Por último, hay que señalar que Cordovip mantiene relaciones con todas las demás organizaciones sociales de la zona, especialmente con la USO para efectos de asesoría organizacional, jurídica y sindical.

De otra parte, aunque no es una organización legal, es necesario anotar que las FARC a su manera han ejercido presión sobre Ecopetrol y las distintas compañías extranjeras mediante acciones como ataques a los pozos y la voladura del oleoducto Transandino: por lo menos entre 1986 y 1996 se produjeron 69 atentados dinamiteros contra esta infraestructura (Devia, 2004). De acuerdo al planteamiento de un dirigente local de la insurgencia, esta organización ha planteado por lo menos tres reivindicaciones: la nacionalización del petróleo, el incremento del precio que pagan las empresas multinacionales por el barril, y, la inversión obligatoria en obras sociales a nivel local (Silva M. C., 1991).

Otro aspecto a resaltar por las implicaciones sociales es que organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC y las mismas Juntas de Acción Comunal, en ocasiones han promovido la invasión de terrenos de reservas naturales y de los resguardos indígenas, lo cual ha llevado a enfrentarlos política y jurídicamente con las organizaciones indígenas (Ramírez R., 1998).

5.4. El impacto ambiental de la explotación petrolera en Orito

Al considerar los efectos ambientales de la explotación y transporte petroleros en Orito, hay que destacar la diferencia entre lo poco que hizo la Texas por reparar y recuperar dichas afectaciones, frente a lo que ha tratado de hacer Ecopetrol, tanto por el interés empresarial como por las exigencias gubernamentales y sociales.

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Durante la explotación hecha por la Texas, en Colombia no se había dado la “magnitud requerida” a la importancia de la dimensión ambiental, razón por la cual los efectos ambientales directos e indirectos, inmediatos o tardíos, de ese periodo revirtieron en deterioro ambiental. En contraste, desde 1988, Ecopetrol conformó un Comité de Ahorro de Energía y Control de Perdidas, el cual se orientó a favorecer la protección ambiental. En 1992, conformó la Unidad Ambiental en el Distrito Sur, la cual procedió a legalizar la situación ambiental de las instalaciones existentes y a gestionar las licencias para los nuevos proyectos (Procuraduría, 1994).

Según funcionarios de Ecopetrol en Orito, cuando esta empresa asumió la explotación petrolera, de la Texas recibió notorios pasivos socio-ambientales entre otros resultados. Pocos años después, empezaron las exigencias sociales y ambientales de las comunidades afectadas (Entrevista No. 1).

Algunas operaciones realizadas en la actividad petrolera, tanto en el período en el que operó la Texas como en el que la extracción ha sido asumida por Ecopetrol, han ocasionado efectos ambientales peligrosas, como son las siguientes:

• arrojo de desechos contaminantes provenientes de los pozos y de los insumos utilizados para hacer pruebas al hidrocarburo,

• disposición inadecuada de lodos tóxicos, • inapropiado uso de las “aguas de formación”, • explotación desordenada de otros recursos (como la gravilla del río), • quema del gas asociado, • derrame de combustóleo para mantenimiento de carreteras, • abandono de las instalaciones viejas, y • escape continuo de gases en las perforaciones, nocivos a la salud humana,

Los efectos ambientales más notorios tienen que ver con:

• tala indiscriminada de la selva en diferentes zonas, • alteración de las fuentes de agua, • contaminación con el agua de lluvia que arrastra “una pasta negra y brillosa” en dirección al río mas

cercano, • contaminación aérea por óxidos y clorofluorcarbonados, • desecación o intervención de quebradas y riachuelos, • represamiento de aguas contaminadas en diferentes sectores, • disminución y ahuyentamiento de la fauna terrestre, • reducción notoria de la fauna acuática, • desaparición de especies vegetales originarias, • fragmentación de algunas zonas usadas para la caza y la pesca, y, • alteración de ciclos y redes tróficas.

Incluso, los trabajadores vinculados con la explotación petrolera y los colonos también depredaron fauna silvestre para satisfacer sus propios gustos y necesidades.

Las consecuencias adversas para la comunidad, y la irresponsabilidad empresarial de Texas, quedaron patentes en el resguardo de Santa Rosa del Guamuez, donde según Avellaneda (1994) se encontraron cantidades

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importantes de lodos tóxicos que estaban contaminando, desde 1970, la única fuente de agua de la etnia Kofán42.

Con la entrega de la concesión Orito a la empresa Ecopetrol se introdujeron algunos controles ambientales, “que además de aplicarse a la producción actual, han pretendido subsanar los efectos ambientales de la anterior explotación” (Devia, 2004). Para ello, se establecieron algunas medidas en cuanto a la disposición de las aguas industriales, al tiempo que se dispuso la creación de comités y coordinaciones ambientales en la actividad empresarial.

Las acciones de protección ambiental de mayor importancia para Ecopetrol actualmente, son: los controles de diferentes tipos de emisiones, la construcción de instalaciones para vertimientos, el embellecimiento de pozos (encierro, jardinería, andenes), la prevención del robo de crudo y de gasolina (usada para ‘cocinar’ hoja de coca), la recolección del crudo derramado, apagar incendios provocados por acción insurgente, entre otros. Dos veces por año se hace evaluación in–situ de las actividades de protección y recuperación ambiental (Entrevista No. 1).

Sin embargo, las consecuencias sociales de los daños al el medio ambiente siguen siendo preocupantes, puesto que indígenas y colonos de las zonas adyacentes a la explotación petrolera se enferman continuamente, en especial por la contaminación del aire y las aguas.

Sobre los suelos descubiertos por la tala hecha por las petroleras “se han derramado […]desechos tóxicos de las perforaciones” 43. El efecto más perjudicial se presenta en las llamadas “piscinas de desechos petroleros”, en las cuales se acumulan lodos lubricantes usados en las perforaciones, aguas de formación subterránea que surgen de los pozos perforados (que contienen sales, sulfatos, bicarbonatos, cianuro, metales pesados y otros elementos altamente peligrosos), y desechos de la explotación petrolera. Esas piscinas se desbordan con las lluvias o se comunican con el nivel freático, contaminando ríos y quebradas, cuya agua deja de ser potable (Domínguez C., 1999). Por la falta de cerramiento de las “piscinas” y su cercanía a viviendas y zonas de recreación se han presentado accidentes, como la caída de animales domésticos.

De otra parte, los derrames de petróleo originados en el daño de los oleoductos, ya sea por el deterioro propio de los materiales, por los atentados que han hecho los grupos insurgentes, o por los acciones de fuerza que han sucedido en algunas de las movilizaciones sociales también han contribuido a la severa afectación de los suelos y los cauces fluviales.

Cuando estos derrames suceden en el piedemonte, en donde las corrientes fluviales son altamente torrenciales, se dificulta la utilización de barreras de contención del crudo, por lo que toca desplazarlas en tres o más ocasiones (Corpoamazonia, 1994);. Parte de ese crudo se recoge en canecas para llevarlo a las instalaciones de la empresa, aunque en algunas oportunidades es quemado en el sitio del derrame.

Sin embargo, la falta de conocimiento de los campesinos y la improvisación de la empresa, llevan a que en ocasiones ellos tapen el crudo con arena, por lo que este se ha dispersado al suelo y al agua. Estas labores además exponen la salud de los campesinos, que trabajan en la recolección del crudo derramado, a altos riesgos por no contar con la capacitación suficiente ni con un equipo de protección adecuado para la labor encomendada.

42 Este autor afirma que la cantidad de lodos tóxicos corresponde a ‘100.000 barriles’ [‼], aunque no hay una sustentación de cómo pudo verificar tal cifra. 43 En este caso, Domínguez afirma que estos desechos llegaron a ser “millones de toneladas”, aunque no se indica la manera en que se verificó tal eventualidad.

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La empresa estatal por su parte da a conocer que ha constatado que en los meses de mayo y diciembre aumentan los daños en las instalaciones y la infraestructura productiva. La explicación que ellos proveen es que en esos meses asociados a festividades sociales (celebración a las madres y navidad respectivamente) los pobladores desarrollan esas acciones para obtener empleo temporal en las reparaciones y con ello asegurar ingresos para la compra de regalos (Entrevista No. 1).

Otro efecto preocupante de la explotación petrolera en el Bajo Putumayo tiene que ver con el fenómeno del “oscurecimiento global”, producido por los altos niveles de contaminación resultantes de la actividad extractiva y de refinación que incrementa localmente el efecto invernadero, alterando la vida vegetal y animal en la zona, además que incide colateralmente en el aumento de enfermedades tropicales entre los habitantes (Pantoja, 2009).

5.5. La acción estatal frente al efecto ambiental de la explotación petrolera

Hay que anotar que desde 1963, el Ministerio de Minas estableció algunas normas para las actividades relacionadas con la perforación, producción, terminación y taponamiento de pozos petroleros, y con la disposición y reinyección de fluidos asociados a esta explotación, de acuerdo a estándares industriales internacionales, que sin proponérselo constituían medidas de protección ambiental. Sin embargo, señala Devia (2004) que la Texas en la explotación de Orito no tuvo en cuenta dichas disposiciones.

Desde 1974, en Colombia existen normas ambientales sobre vertimientos y contaminación. Hasta ese año, las industrias petroleras no hacían uso adecuado de los recursos naturales, mientras que las autoridades ambientales no tenían capacidad para exigir correctivos y supervisar esta actividad (Corpoamazonia, 1994).

En diciembre de 1983 el gobierno nacional conformó la Corporación Autónoma Regional del Putumayo – CAP, que entre otros propósitos tenia el de “regular y ordenar el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente” lo mismo que fomentar el desarrollo minero y “la explotación de los recursos en armonía con la preservación y utilización adecuada del medio ambiente”. En diciembre de 1993, fue transformada en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonia, con jurisdicción en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Caquetá.

Desde este año, para los proyectos de extracción petrolera se exige la presentación de programas de recuperación, adecuación, compensación, corrección y mitigación de efectos ambientales, lo mismo que planes de educación ambiental para las comunidades asentadas en el área de influencia de los pozos. En algunos casos puntuales en la Baja Bota Caucana, al norte del departamento del Putumayo, el Ministerio del Medio Ambiente a través de Corpoamazonia no permitió que se abrieran nuevas vías ni se construyeran instalaciones para explotar nuevos pozos (Corpoamazonia, 1994).

Los documentos e informes de las instituciones a las que les corresponde actuar frente a la problemática ambiental permiten mostrar que varias de las comunidades de indígenas y colonos afectadas por los derrames de hidrocarburo en las diversas explotaciones del Putumayo han recurrido a ellas para buscar soluciones y obligar a las empresas petroleras a asumir las consecuencias de los daños provocados (PGN, 1994; Corpoamazonia, 1994). Recordemos que según testimoniaron dirigentes sindicales de la USO, ellos también procuran asesorar a las comunidades locales para presentar las quejas por daños ambientales y exigir las reparaciones respectivas.

6. Conclusiones

A través del artículo se han evidenciado diferentes procesos sociales y ambientales resultantes de la explotación petrolera, con carácter transitorio, en una localidad del piedemonte amazónico colombiano.

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La implementación de las políticas energética y minero–energética en Colombia ha variado a través del siglo XX: su inicio se colocó en manos de empresarios privados, después de 1930 se asume por parte del Estado en buena parte de la gestión y operación, y a partir de 1990 pasa nuevamente a ser controlada por la iniciativa privada, aunque el Estado mantiene la ejecución de algunas labores que no resultan atractivas ni rentables para la empresa privada.

De otra parte, a través del siglo XX se evidencia una ampliación notoria de las fuentes energéticas que son utilizadas para proveer las necesidades energéticas industriales, comerciales y residenciales. A tono con los cambios suscitados por el encarecimiento de los energéticos convencionales y los efectos ambientales perjudiciales socialmente, en Colombia se ha dado impulso en la presente década a la instauración de la producción agroenergética, con la obtención de etanol y biodiesel, para combinarlos con los hidrocarburos.

Las políticas energéticas en Colombia han involucrado marginalmente a la región amazónica: en la medida que aparecieron recursos petroleros importantes estos fueron puestos en explotación, constituyendo un aporte significativo durante las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo; aunque la explotación del hidrocarburo en la zona del piedemonte putumayense ha continuado, actualmente es una producción marginal.

La modernización del servicio de energía eléctrica en los departamentos de la Amazonía occidental colombiana sólo se logró tras la movilización social de los pobladores, que en su momento tuvo la respuesta represiva del Estado, pero que no encontró otra vía para lograr la resolución de esta sentida necesidad. Sin embargo, sigue siendo un servicio irregular y con frecuentes interrupciones.

En la prospectiva energética se tiene proyectada la construcción de un embalse en la cuenca alta del río Caquetá, con capacidad para 705 MW, que entraría a reforzar la oferta en las zonas más importantes del mercado energético en Colombia: la cordillera andina y los valles interandinos. Las características de la demanda energética en la Amazonía occidental (dispersa y limitada) nos permiten afirmar que esta obra no está destinada para atender propiamente a la región.

Las políticas públicas para la Amazonía colombiana han enfatizado el impulso a la ocupación territorial y el poblamiento estable, aunque éste ha resultado contradictorio con la preservación legal de la selva húmeda tropical; los programas de apoyo a la colonización y de fomento ganadero han significado la disminución del área reservada para la conservación natural; sin embargo, la mayor parte de la Amazonía colombiana se mantiene como áreas de resguardos indígenas y de parques naturales.

La explotación petrolera en Putumayo durante los 50 años recientes si bien ha tenido continuidad histórica, también revela un notorio contraste: mientras la Texas inicio y mantuvo la extracción del hidrocarburo no tuvo que atender preocupaciones sociales y ambientales, al tiempo que la empresa y la población ligada a la actividad vivían un período de ‘bonanza’. Cuando Ecopetrol recibe la reversión de la concesión entonces también se precipitan las exigencias sociales de los pobladores, lo mismo que las preocupaciones ambientales del Estado y la sociedad local.

Dicha explotación ha generado diversos y significativos impactos sociales y ambientales tanto a nivel local como a nivel regional; de todas formas, hay que señalar que por encima de esos impactos se ha impuesto la necesidad social y empresarial de la explotación de hidrocarburos en la zona.

Los impactos sociales tienen que ver con la colonización (urbana y rural) de una amplia franja del piedemonte amazónico en el Putumayo y la Baja Bota Caucana, favorecida por las carreteras construidas por las empresas petroleras; este apoyo indirecto a la colonización favoreció el interés del Estado colombiano por impulsar la colonización amazónica como formula para descongestionar las regiones andinas afectadas por el conflicto político entre los partidos tradicionales y por la insuficiencia del minifundio campesino y el resguardo indígena.

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La conformación de nuevos poblados que aumentaron significativamente su población desde los años 70, propiciaron la conformación de nuevos sectores sociales que han ido organizándose para exigir, tanto del Estado como de las empresas petroleras, atención y soluciones a sus problemáticas particulares.

Las movilizaciones de los sectores sociales organizados han propiciado la obtención de algunos beneficios locales, pero han sido los sectores de técnicos petroleros organizados en Asociaciones de Desempleados y los pobladores rurales agrupados en Juntas de Acción Comunal, en vecindades de las explotaciones petroleras, los que han podido obtener mayores beneficios tanto a nivel de empleo como de ayudas económicas y sociales por parte de Ecopetrol.

Un efecto social desfavorable ha sido la descomposición social de comunidades indígenas nativas e inmigrantes. Aunque actualmente las compañías petroleras ofrecen algunas medidas de alivio a la situación de los reducidos grupos indígenas que aún mantienen sus lazos comunitarios ancestrales, éstas no son suficientes para detener el proceso de descomposición que se inicio en los años 60 cuando se presentaron las primeras comisiones de técnicos y trabajadores petroleros.

A nivel ambiental son también notorios los impactos y desajustes: durante los primeros 20 años de explotación petrolera realizados por la Texas, las consecuencias desastrosas a nivel ambiental no fueron preocupación de esta empresa y se les prestó mínima atención por parte del Estado; desde los años 80, y con mayor énfasis a partir de la Constitución de 1991, la preocupación estatal y social por los efectos ambientales de la explotación petrolera ha ido aumentando y han generado movilizaciones y protestas para su atención y solución.

Respecto a la hipótesis que se adoptó en el presente trabajo, es indudable que la Amazonía colombiana ha sido, y lo seguirá siendo por un buen período, una reserva de recursos naturales y de su aprovechamiento para sectores sociales y regionales del resto del país; sin embargo, si bien los procesos de colonización han servido para disminuir la tensión social y atenuar la descomposición de sectores sociales andinos, después de cincuenta años de migración y poblamiento, en la Amazonía occidental colombiana se presentan conflictos sociales tan graves y difíciles como los que se creía que se estaban solucionando.

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