exclusion procedimiento mas para website

8/17/2019 Exclusion Procedimiento MAS PARA WEBSITE

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En las contrataciones administrativas del sector público nicaragüense

Exclusiones de

procedimiento ycontrataciones

simplificadas


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En las contrataciones administrativas del

sector público nicaragüense

Exclusiones de procedimiento y

contrataciones simplificadas


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DIRECCIÓN EJECUTIVAClaudia Pineda

COORDINADORA DEL PROGRAMA

DE GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIALClaudia García Rocha

INVESTIGADORADayra Karina Valle Orozco

ASISTENTES DE INVESTIGACIÓNMireya Zepeda RiveraTamara Hernández

COLABORACIÓNKeving López

EDICIÓNInés Izquierdo

DISEÑO GRÁFICOwww.markanica.com / Lenín Membreño Gudiel

ISBN: ISBN 978-99964-22-46-1

MANAGUA, NICARAGUADiciembre, 2012

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas PúblicasLomas de San Juan, casa No. 152

Apartado Postal: LM202

TELÉFONO: (505) 2270 5104www.ieepp.org

CON EL AUSPICIO DE LA EMBAJADA DE FINLANDIA.

Ieepp es el único responsable por el contenido y las opiniones expresadas en esta publica-ción, los cuales no necesariamente, reflejan los puntos de vista de quienes auspician estetrabajo.

N351.711V181 Valle Orozco, Dayra Las exclusiones de procedimiento y las contrataciones directas y simplificadas en el sistema de contrataciones

públicas nicaragüense / Dayra Valle Orozco. -- 1a ed. --Managua: Ieepp, 201250 págs.

ISBN 978-99964-22-46-1

1. ADMINISTRACION PUBLICA-NICARAGUA2. CONTRATOS DE SERVICIOS3. COMPRAS4. POLITICA DE GASTOS PUBLICOS5. PRESUPUESTO


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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO

4. LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO Y SU TRAMITACIÓN

4.2. LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO EN CIFRAS

4.3. CAUSAS QUE MOTIVARON LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO

4.4. CONSECUENCIAS DEL USO EXCESIVO DE LAS EXCLUSIONES

4.5. ESTUDIOS DE CASO

Las exclusiones de procedimiento en el Consejo Supremo Electoral

Las exclusiones de procedimientos en la Alcaldía de Managua

5. LAS CONTRATACIONES SIMPLIFICADAS

5.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

5.2. PROCEDIMIENTO PARA APROBAR LAS CONTRATACIONES SIMPLIFICADAS

5.3. LAS CONTRATACIONES SIMPLIFICADAS EN CIFRAS

5.4. CAUSAS QUE GENERAN LA UTILIZACIÓN DE ESTOS PROCEDIMIENTOS

5.5. ASPECTOS POSITIVOS Y POSIBLES PELIGROS DE LAS CONTRATACIONES SIMPLIFICADAS

6. RECOMENDACIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ANEXOS

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Exclusiones de procedimiento y contrataciones simplificadas en las contrataciones administrativas del sector público nicaragüense

INTRODUCCIÓN

El Estado tiene como fin último la satisfacción

del interés general. La actividad del Estado

tiene que cumplirse, ya sea de forma inmedia-

ta1 o mediata2. Las adquisiciones o compras

del Estado son una herramienta esencial para

lograr esa finalidad, por ser el mecanismo natural que tiene

la Administración Pública3 para nutrirse de los elementos

necesarios que le permiten su propio funcionamiento para

satisfacer las necesidades de la colectividad.

Dado que las compras públicas se han convertido en unade las principales actividades del Estado, por la importan-

cia que reviste su finalidad, por el creciente volumen de

adquisiciones y las altas proporciones de recursos que

alcanzan dentro de los presupuestos nacionales, la Admi-

nistración Pública le ha otorgado una atención prioritaria,

razón por la cual se le ha dotado de un marco jurídico que

las sustenta, el cual está conformado por leyes nacionales

y normativas internacionales, algunas provenientes de los

bancos multilaterales.

Nicaragua cuenta con un marco jurídico en materia de

contrataciones públicas desde la década de los 80, que

ha sufrido cambios sustanciales y se ha venido fortale-

ciendo con el transcurso de los años, con el apoyo técni-

co y financiero de instituciones de cooperación. A la fecha

se cuenta con leyes en la materia que tratan: las generali-

dades, los procedimientos administrativos, los tipos con-

tractuales, desde su elaboración hasta su terminación,

entre otros aspectos.

Uno de los temas claves en el sistema de contratacio-

nes se refiere a los procedimientos administrativos para

la selección del oferente idóneo, es decir aquel que se

ajuste o se acerque en mejor medida a los requerimientos

planteados por el órgano contratante, la Administración

Pública.

Tanto la anterior Ley de Contrataciones Administrativas

(Ley 323) como la actual Ley 7374, establecen estos pro-

cedimientos, su determinación y la manera como se desa-

rrollan. No obstante, ambas leyes estipulan también que

en algunos casos, taxativamente señalados por la Ley, se

considerará la no aplicación de la misma, lo que se conoce

como materias excluidas. Esto es relevante, en vista que

uno de los temas que interesa abordar en este estudio es

lo que en la Ley 323 se conoció como las exclusiones de

procedimiento (EP) que se aplicaban ante casos de mate-

rias excluidas, en especial el señalado en el inciso “k” del

art.3 que aborda las situaciones de urgencia y emergencia.

Por su parte, en la actual Ley 737 esta misma causal y otras

más fueron extraídas del ámbito de las materias excluidas

y serán realizadas bajo el procedimiento de contratación

simplificada (CS).

1 Un ejemplo de satisfacción inmediata del interés general de la sociedad es cuando un ciudadano se acerca a un hospital público y el Estado le

presta la atención adecuada para su problema de salud.

2 Un ejemplo de satisfacción mediata es cuando ese mismo Estado adquiere o compra los equipamientos necesarios para luego poder brindar laatención adecuada a los ciudadanos.

3 La que ejerce el Estado por medio de los órganos de la Administración del Poder Ejecutivo, de acuerdo con sus propias normativas; la Administración de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica y de las municipalidades; las instituciones gubernamentales autónomas odescentralizadas y las desconcentradas; las instituciones de creación constitucional y, en general, todas aquéllas que de acuerdo con sus normasreguladoras realizaren actividades regidas por el ordenamiento jurídico administrativo y la doctrina jurídica y, en todo caso, cuando ejercierenpotestades administrativas. Art. 2. Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.

4 La Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 213 del 8 de noviembre de 2010.


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El interés de abordar ambos procedimientos radica en que

han sido frecuentemente utilizados aun cuando fueron con-

cebidos como excepcionales. Además, la idea del legislador

fue que las contrataciones simplificadas vendrían a sustituir

a las exclusiones las que no se encontraban bien reguladas

y en su constante utilización estaban acarreando una serie

de distorsiones.

Es así, que a lo largo de los últimos años, las entidades pú-

blicas están utilizando de manera más habitual estos tipos

de procedimientos, apelando a causales establecidas en la

ley, como por ejemplo situaciones de urgencia o emergen-

cia, generadas o no por desastres naturales, pero que enalgunas situaciones no tienen relación con las verdaderas

causas que las originan. En la mayoría de casos, en su de-

terminación se vislumbra el exceso de discrecionalidad por

parte de los funcionarios públicos.

Además, estos procedimientos por su carácter de excep-

cionalidad tienen algunas particularidades importantes de

analizar, relacionadas por ejemplo a quién los autoriza, los

términos para su ejecución, la publicidad, el rol de las enti-

dades que se encargan de la fiscalización de las contrata-

ciones públicas y la presencia o ausencia de ciertos requisi-

tos en relación a los procedimientos ordinarios.

Dada la importancia del flujo de las contrataciones que se-

gún estimaciones para el 2012 alcanza aproximadamen-

te los C$15,343 millones de córdobas, equivalente a casi

US$653 millones de dólares5 y en vista de que de las contra-

taciones simplificadas que se realizaron en el 2012 alcanza-

ron las 1,161; casi el doble de las realizadas en el 2011 quefueron un total de 651 y por lo antes expuesto, se consideró

medular su abordaje. También interesa analizar la Ley 737,

en cuanto a las contrataciones simplificadas, en especial

por el corto tiempo de implementación que esta lleva.

El objetivo de este estudio es mostrar el comportamiento,

las causales taxativas aducidas y las causas que genera-

ron las exclusiones de procedimiento, cuando la Ley 323

se encontraba en vigencia, de igual forma en relación con

las contrataciones simplificadas según la Ley 737. A partir

de esto establecer algunas recomendaciones vistas como

desafíos que tiene el sistema de contrataciones públicas en

cuanto a este tipo de procedimientos.

5 Dato extraído de la Revista Transparencia y Probidad No.3. Serie 1. Año 1. Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).


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6 Esto se encuentra establecido en el art.2 de la Ley 323 y en el art.3 de la Ley 737.

7 El equipo en mención, estaba conformado por la investigadora a cargo, dos asistentes de investigación y un colaborador.

8 A la fecha de elaboración del estudio no se contó con la entrevista al Director de la Dirección General de Contrataciones del Estado, José MaríaSaravia. Para esta solicitud fueron enviadas cartas, se realizaron llamadas y contactos a través de e mail sin obtener una respuesta positiva.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

El ámbito temporal en que se circunscribe el

estudio, en el caso de las EP, es el periodo

comprendido de 2003 a enero del 2011y para

las CS de febrero del 2011 al 20 de diciembre

del 2012. Esto desde luego se encuentra rela-

cionado con los periodos de vigencia de ambas leyes y el

acceso a la información obtenido.

En cuanto al ámbito espacial, se tomó en cuenta lo que

ambas leyes establecen como instituciones que son parte

del Sector Público6. En el caso de las EP se incluyó a losgobiernos municipales, en cuanto a las CS se excluyó a

estas últimas por cuanto la Ley de Contrataciones Muni-

cipales (Ley 622) no contempla esta figura, no obstante la

nueva ley en esta materia que operará a partir de enero del

2013 sí incluye este procedimiento de contratación.

La recolección de información se realizó de fuentes prima-

rias y secundarias. Este proceso fue realizado por el equi-

po del Ieepp7, que contó con guías de trabajo y formatos

para el llenado de la información requerida. Con respecto a

la recolección se realizaron las siguientes actividades:

n Ejercicio de solicitud de acceso a la información y ex-

ploración de páginas web de 37 instituciones del Sec-

tor Público. Esto se realizó en un período de 2 meses

(Agosto- Septiembre del 2012). En el anexo 1 se en-

cuentra un listado de las instituciones sujetas a este

ejercicio.

n Exploración del portal electrónico www.nicaraguacom-

pra.gob.ni en la búsqueda de documentos publicados

por las entidades del Sector Público. Esta revisión se

realizó hasta octubre del 2012.

n Entrevistas a diversos actores involucrados (especia-

listas en el tema, representantes de cámaras empre-

sariales) en la temática del estudio8.

n Grupo focal con responsables de áreas de adquisicio-

nes, analistas de adquisiciones y de áreas solicitantes.

n Revisión de informes de la Contraloría General de la

República (CGR) en cuanto a las EP y CS.

n Recopilación bibliográfica y documental.

n Revisión del marco normativo relacionado al tema de

estudio.


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El Estado ha nacido para cumplir ciertas finalida-

des, lo que justifica su existencia según señala

Jorge Flavio Escorcia9. En tal sentido, la Cons-

titución Política nicaragüense reconoce como

uno de los fines del Estado el de “promover

el desarrollo integral del país, y como gestor del bien co-

mún…” para lo cual “… deberá garantizar los intereses y las

necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales

de la nación…”10.

Este precepto constitucional avala una de las actividades

del Estado, la contratación administrativa, la cual como se-

ñala Juan Bautista Arríen tiene por finalidad cualquier activi-

dad que la Administración desarrolla como necesaria para

satisfacer el interés general11.

Para efecto de este estudio consideraremos el contrato ad-

ministrativo como:

“La actividad que realiza la Administración Pública con

un particular (persona natural o jurídica) o con otra enti-

dad u órgano del sector público, que deviene en un acto

jurídico voluntario y bilateral denominado contrato admi-

nistrativo, donde se establecen derechos y obligaciones

para ambas partes con la finalidad de la satisfacción de

una necesidad pública a través de la adquisición de bie-

nes, servicios y obras”.

Escorcia también señala que el logro de las finalidades

que tiene el Estado, solo es posible mediante una serie

de operaciones, actos y procedimientos encaminados a

la consecución de los fines que el Estado se asigna12. En

este sentido define el procedimiento administrativo comoel conjunto de formalidades que preceden y preparan el

acto administrativo y da origen también al expediente ad-

ministrativo.

El fundamento de estos procedimientos está en dos he-

chos. Por una parte, constituyen garantía que los intereses

públicos son satisfechos mediante un orden de actuaciones

regulares y determinadas de previo por las leyes y por otra

parte, como garantía para los administrados, ya que éstos

deben tener la seguridad jurídica de que la administración

actúa mediante un procedimiento que posteriormente es

revisable en la vía judicial13. Además agrega que el proce-

dimiento tiene por objetivo facilitar el control interno de los

órganos superiores y la necesaria fundamentación que es

exigible cuando se trata de actividades que satisfacen inte-

reses de la colectividad14.

MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO

Según la Ley 737 el contrato administrativo es elacuerdo de voluntad que crea o modifica derechos yobligaciones contractuales y que tiene como partes aun órgano o entidad perteneciente al Sector Público

y a un contratista particular. (Art. 2)

9 Escorcia, Jorge Flavio. (2009). Derecho Administrativo. Primera parte. Editorial Jurídica S.A. Página 33.

10 Establecido en el art. 99 de la Cn.

11 Arríen, Juan Bautista. (2009). Derecho Administrativo. Manuales Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Centroamericana (UCA). Página 173.

12 Escorcia, Jorge Flavio. (2009). Derecho Administrativo. Primera parte. Editorial Jurídica S.A. Página 33.

13 Ídem. Página 169.



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Lo anterior, está estrechamente vinculado con el princi-

pio de legalidad en vista de que la función administrativa

está sometida a éste, que consiste según Escorcia en que

ningún órgano del Estado puede tomar una decisión in-

dividual que no sea conforme a una disposición general

anteriormente dictada15. Es así que la actividad de la admi-

nistración y por ende del funcionario público, se encuentra

sometida a la Constitución Política y al resto del marco ju-

rídico vigente.

Para el desarrollo de los contratos administrativos, se rea-

lizan una serie de procedimientos regidos por un marco

jurídico. En Nicaragua, ese marco jurídico está integradopor la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector

Público (Ley 737) y su Reglamento y la Ley de Contrata-

ciones Municipales (Ley 622) y su Reglamento (esta fue

reformada por la Ley 801 que entra en vigencia a partir de

enero del 2013) y una serie de disposiciones de carácter

administrativo.

Se deben adicionar a este marco jurídico, las normas y po-

líticas establecidas para los casos de la utilización de fon-

dos internacionales, por ejemplo los otorgados a través de

préstamos por los bancos multilaterales como el Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Aunque tanto en la Ley 323 como en la 737, se establecen

taxativamente una serie de procedimientos, también se

estipula la posibilidad de establecer ciertas materias de-

nominadas excluidas que, como su nombre lo indica, se

excluyen de la aplicación de los procedimientos que la Ley

señala. Aunque de una ley a otra estas materias variaronun poco en cuanto a las situaciones que establecen. Lo

que sí es importante hacer notar es que para la aplicación

de estas materias en la Ley 323 se establecía un proce-

dimiento para autorizar su utilización, denominado de ex-

clusión, que era aprobado por la CGR. Más adelante se

profundizará sobre este tema.

Por otra parte, haciendo referencia a los procedimientos

de contratación, podemos decir que el procedimiento por

excelencia es la Licitación, en especial la pública. Esta es

una forma de competencia cuyo resultado debe ser la es-

cogencia del “oferente idóneo”, basado en criterios pre-

viamente definidos en el Pliego de Bases y Condiciones

(PBC) que deben responder a lo que se denomina la oferta

económica más ventajosa. Es así, que luego de la deter-

minación del proveedor, se establece, entre el Estado quepasa a ser el contratante y el contratista, una relación jurídi-

ca que implica derechos y obligaciones para las partes, lo

que se encuentra establecido en el contrato administrativo.

La Licitación como el resto de procedimientos de contra-

taciones deben responder a principios que son conside-

rados pilares fundamentales, entre ellos: transparencia,

publicidad, libre competencia, eficiencia, control, debido

proceso, entre otros.

Cabe señalar, que la Ley 737 estipula además de la Lici-

tación en sus diferentes expresiones, pública y selectiva,

las que se encuentran al igual que la contratación menor

en función de la cuantía del bien, servicio u obra a adqui-

rir, otras formas de contratación que son determinadas por

circunstancias especiales, tales como el concurso para el

caso de servicios de consultoría y la contratación simplifi-

cada considerada como excepcional y por tanto ajustada

a ciertas causales taxativamente señaladas.



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ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS

La Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE)

es la entidad responsable del Subsistema de Contratacio-

nes Públicas. Esta dirección es una dependencia del Minis-

terio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) que se encarga

del Sistema de Administración Financiera y Régimen Presu-

puestario del Estado nicaragüense.

La DGCE tiene entre sus diversas funciones la de desarrollar,

administrar y operar el Sistema de Contrataciones Adminis-trativas Electrónicas (SISCAE) y mejorar el Sistema en sus

aspectos administrativos, técnicos y económicos, mediante

la emisión de normas administrativas, así como, proponer

políticas públicas y evacuar las consultas en materia de su

competencia16.

La función de fiscalizar las contrataciones administrativas le

concierne a la Contraloría General de la República (CGR)17

que cuenta con la Dirección General Jurídica. Con la Ley

323 esta área se encargaba de elaborar el informe ejecutivo

que luego era sometido al Consejo Superior de la CGR para

su decisión sobre aprobar o no la exclusión solicitada por la

entidad pública.

El procedimiento a seguir en estos casos se encontraba es-

tablecido en el manual de procedimientos de la CGR.

Con la Ley 737, a la CGR le corresponde recibir todos los

soportes que forman parte del expediente administrativo de

la aprobación de la contratación simplificada, como parte

de la función de control a posteriori que debe realizar.

Actualmente, la Ley 737 establece que los casos de mate-

rias excluidas se llevarán a través de lo que se conoce como

contratación simplificada y las solicitudes serán aprobadas,

ya no por la CGR, sino a través de resolución administrativa

de la máxima autoridad del órgano contratante. Sobre este

funcionario y otros que hubiesen estado relacionados con

el proceso, recaerá la responsabilidad de la contratación18.

16 Establecido en el art.9 numeral 4 de la Ley 737. Este mismo artículo entre otras de las funciones de esta dirección le delega la de desarrollar elalcance de la Ley 737 y su Reglamento.

17 Esto se encuentra establecido en el art. 9, numeral 24 de la Ley Orgánica de la CGR.

18 Establecido en el art. 58 de la Ley 737.


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La exclusión es aquel procedimiento que permi-

te la obtención de la autorización para excep-

tuar a una institución del procedimiento ordina-

rio de contratación legalmente previsto por la

Ley, en este caso por la Ley 323 en el art.3 que

establecía las razones que se podían argumentar para su

solicitud, siendo estas: urgencia, seguridad u otras consi-

deradas de interés público.

Un elemento fundamental que se debía considerar cuando

se utilizaba este tipo de procedimientos es que debía ser

excepcional ajustado a causales taxativas y respetando

los principios generales de las contrataciones, los requisi-

tos previos, los derechos y obligaciones de las partes, los

controles, régimen de prohibiciones, sanciones y demás

aspectos19.

Este procedimiento podía ser solicitado por las institucio-

nes sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 323. La máxi-

ma autoridad de la institución, entidad u organismo del

Estado estaba autorizada en cualquier momento para rea-

lizar la solicitud lo que se hacía mediante petición motivada

acompañada de documentación anexa que sustentara la

casual que se estaba alegando.

El art. 3 del Reglamento de la Ley 323 establecía que la de-

terminación de los requisitos de prescindencia, es decir la

decisión de solicitar la exclusión alegando ciertas circuns-

tancias, era responsabilidad exclusiva de organismo con-

tratante, aunque también señalaba como forma de susten-

to de la decisión se dictara una resolución debidamente

motivada que se anexaría al expediente de la contratación.

Sobre los puntos antes expuestos, algunos entrevistados

señalaron que en ocasiones la causal que se alegaba no

era la circunstancia real alegada, sino que era la que per-

mitía disponer de este procedimiento de forma expedita.

La causal más aducida era la del inc. K del art. 3 que seña-la: “Cuando existan razones de urgencia, seguridad u otras

de interés público…”

Asimismo, mencionaron que en algunos casos la solicitud

que se elaboraba era más una carta de solicitud que no

estaba bien motivada y no se anexaban documentos para

sustentar lo argumentado.

Quien se encargaba de aprobar o rechazar las solicitudes

de exclusión era la CGR a través del Consejo Superior. No

obstante, participaban también en cuanto a la ejecución

del procedimiento y su revisión y actualización, la Dirección

General Jurídica, específicamente la Dirección de Contra-

taciones y Licitaciones con su responsable y asesores. De

esta dirección se generaba el informe ejecutivo que servía

al Consejo Superior para tomar su decisión y fundamentar

sus razones.

En el siguiente diagrama se muestra el procedimiento quese estableció a lo interno de la CGR para resolver sobre las

solicitudes de exclusión. (Ver Diagrama 1).

19 Estos aspectos son señalados en el art. 3 del Reglamento de la Ley 323.

LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO Y SU TRAMITACIÓN

La exclusión es el procedimiento que permite la

obtención de la autorización para exceptuar auna institución del procedimiento ordinario decontratación legalmente previsto por la Ley.


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Diagrama 1: Procedimiento de aprobación de las exclusiones de procedimiento

Fuente: Extraído del Manual de la Dirección General Jurídica de la CGR.

ATENDER SOLICITUD DE EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO

Departamento de Registro,archivo, notificación

e información

Recibe expediente

Fin

Recibe carta

Inicio

Recibe del Consejo Superior

Procedimientosolicitud de exlusión de

Registra en el cuadernode correspondencia

Registra en el cuaderno decorrespondencia y notifica

Recibe la documentación

institución

requerida por parte de la

Recibe carta de notificación yproyecto de acuerdo firmada

Registra en el cuaderno decorrespondencia y notifica

Entrega copia para CEDOC, OPY OECG, el original de la

notificación al DCE

Dirección decontrataciones

del Estado

Revisión por el Director

Recibe la documentación

Revisión porel responsable

Elabora carta solicitud de

Recibe la solicitud

Remite expediente

Recibe resolución emitido

Recibe original dela notificación

prudencialque conteste en el plazoestudios necesarios, para

documentación, ampliacióno

de la instituciónla requerida por parte

por el Consejo Superior

Deparatamento decontrataciones

Revisión por elResponsible

Elabora informeejecutivo

Elabora carta denotificación y

Se asigna el caso a

Revisión por elAsesor Legal

DocumentaciónCompleta

No

Sí

proyecto de acuerdo

un Asesor Legalpara su revisión

Dirección GeneralJurídica

Remite de la secretaria de Actas

Recibe de la Secretaría de actas

Recibe Carta de notificación y

Remite de la secretaria de Actas

Recibe de la secretaria de Actas

Recibe Carta


Firma la Carta


Firma el informe ejecutivo

aprobación de los Miembros delConsejo Superior

y acuerdos la resolución delconsejo superior

proyecto de acuerdo

y Acuerdos informe ejecutivo parafirma del Consejo Superior

y Acuerdos documento firma porel Consejo Superior


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Como ilustra el diagrama anterior, el procedimiento para la

aprobación requería de numerosos pasos y la intervención

de diferentes instancias de la CGR, como el Departamento

de Registro, Archivo, Notificación e Información (DRANI),

la Dirección General Jurídica y el Consejo Superior, órgano

máximo.

El procedimiento en conjunto debía realizarse según el

mandato del art. 3 de la Ley 323 en un plazo de 10 días,

sino lo hacía se entendería que se podía aplicar el silencio

administrativo positivo, es decir una respuesta favorable al

solicitante.

Según los entrevistados las respuestas a las solicitudes

que se presentaban tomaba más tiempo del fijado, en par-

te porque en algunos casos la documentación que acom-pañaba la solicitud no estaba completa, ante lo cual se

tenía que proceder a elaborar cartas solicitando a la enti-

dad completarla y esta se tomaba también su tiempo para

completar el requisito.

Otro elemento que señalan los entrevistados como clave

es el rol de la CGR, que desde su punto de vista resultaba

ser juez y parte, ya que por una parte aprobaba la contra-

tación, que no se realizaría a través de los procedimientos

ordinarios sino a través de otro tipo de contratación y luego

tendría que fiscalizar a posteriori las contrataciones que se

realizaran.

En este sentido, sería muy difícil que investigara posibles

irregularidades cometidas en contrataciones que esta ins-

tancia había autorizado de previo. Esto desde luego, le

resta valor a la función de fiscalización que tiene el órgano

contralor.

LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO EN

CIFRAS

Un primer punto importante a mencionar es que las exclu-

siones de procedimiento se encontraban permitidas según

la Ley 323, para situaciones excepcionales y no como regla

general, tal y como en la práctica ocurrió a lo largo de los

años, lo que quedó reflejado en los informes de gestión que

la CGR elaboró y remitió a Asamblea Nacional anualmente.

Gráfico 1. Comportamiento de las exclusiones de procedimiento del 2003 a enero del 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión de la CGR 2003 - 2011 remitidos a la Asamblea Nacional.* Las exclusiones de procedimiento llegan hasta enero 2011 por la entrada en vigencia de la Ley 737.

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero 2011

Aprobadas

Denegadas

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24

27

8

6

12

3

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202

266

373

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184

233

26


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Como es posible observar en el gráfico 1, la mayoría de las

exclusiones eran aprobadas, lo que oscilaba entre el 90-

98% del total de las solicitadas en el año. (Ver Gráfico 1).

Los entrevistados identifican principalmente dos motivos que

explican el alto número de exclusiones de procedimiento

aprobadas en el período: el primero relacionado al escaso

personal en la Dirección General Jurídica de la CGR con re-

lación a la cantidad de solicitudes que se atendían, que no

lograba atender en tiempo y forma los requerimientos y apro-

baban sin realizar una revisión exhaustiva. El segundo está re-

ferido al momento cuando se solicitaban, ya que en algunos

casos las instituciones utilizaban esta modalidad para ejecu-tar el presupuesto asignado de forma rápida, lo que genera-

ba un estado de necesidad que era esencial satisfacer.

Por otra parte, resulta llamativo que años en los que aumen-

taban las solicitudes, coincidían con años electorales o pre-

vios al mismo. El caso más marcado se presenta en el 2007.

Más adelante se detallan los ministerios que solicitaron el

procedimiento y el tipo de contrataciones.

INSTITUCIONES QUE MÁS SOLICITARON

EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO

Aunque son diversas las instituciones que solicitaron las ex-

clusiones de procedimiento, es importante destacar la recu-

rrencia de algunas de ellas año con año y las cantidades de

solicitudes realizadas. La siguiente tabla destaca algunas

instituciones que más recurrieron a este procedimiento. (Ver

Tabla 1).

Una de las instituciones que más recurrieron con solicitudes

de exclusión fue el Ministerio de Salud (Minsa). En su mayo-

ría las adquisiciones de esta institución por esta modalidad

fueron de bienes tales como: insumos médicos y medica-

mentos, ambulancias, reactivos para laboratorios, equipos

médicos y vehículos.

De igual forma, se solicitó exclusión para la ejecución de

proyectos de construcción, y rehabilitación de hospitales,

centros y puestos de salud.

Algunos entrevistados opinaron que lo recurrente de las

solicitudes de exclusión por parte de algunas instituciones

como el Minsa se debía a situaciones de urgencia que se

generaron, ya sea producto de desastres naturales o la pre-

sencia de enfermedades o epidemias que afectaban la sa-

lud de la población.

LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO

EN MONTOS

Es importante señalar que la fuente de los recursos utiliza-

dos para las contrataciones de las que se solicitaron exclu-

sión provenían tanto de recursos propios, como de externos,

estos últimos en moneda dólar o euro. La tabla 2 muestra el

monto total en dólares de las contrataciones en las cuales

se solicitó exclusión. Como se puede observar existe una

relación directa entre el número de solicitudes aprobadas

y el monto que representan, siendo mayor en el 2007. No

obstante, aunque en el 2008 la cantidad de solicitudes dis-

minuye en relación al año anterior, el monto no disminuyó

considerablemente. (Ver Tabla 2).

Como es posible observar las exclusiones de procedimiento

representan montos significativos en relación al gasto total

(corriente y de capital) del PGR del 2006- 2011, en algunos

años en menor medida que en otros. Destacan con mayo-

res montos porcentuales el 2007 y 2008. En el caso del 2011

que cuenta con el menor valor se debe a que la Ley 323solo estuvo en vigencia hasta febrero de ese año, por tanto

las exclusiones aprobadas fueron muy pocas en relación al

resto de años.

Algunas instituciones del sector público que solicitaron ex-

clusiones con fondos sustanciales fueron:


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Tabla 1. Listado de instituciones que realizaron más exclusiones de procedimientosen el período 2007- enero del 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión de la CGR 2007 - 2011.

2007 2008 2009 2010 ENERO

2011

Ministerio de

Gobernación

(Mingob) (18)

Minsa (26) AsambleaNacional (16)

Minsa (20) Mined (5)

Empresa

Nicaragüense de

Electricidad

(ENEL) (14)

Universidad

Nacional Agraria

(17)

Ministerio de

Relaciones

Exteriores (12)

ENATREL (17) Asamblea

Nacional (4)

Empresa

Administradora de

Aeropuertos

Internacionales

(EAAI) (13)

Mingob (13) Instituto

Nicaragüense

de Deportes

(16)

Ministerio de Salud

(Minsa) (12)

ENEL (12) ENEL (12)

Ministerio de

Educación

(Mined) (11)

Empresa Portuaria

Nicaragüense

(EPN) (11)

Universidad

Nacional

Agraria (11)

Empresa Nacional de

Transmisión Eléctrica(ENATREL) (10)


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18


n Para el 2009 se encuentra en primer lugar al Minsa

con US$ 7,101,736.75(14.60%), seguido del Ministerio

Agropecuario y Forestal (Magfor) con US$ 6608,522.26

(13.58%)y ENATREL con US$ 6264,650.82 (12.88%).

Entre las tres instituciones señaladas alcanzan aproxi-

madamente el 41% del monto total de las exclusiones

de ese año.

En el caso de ENATREL parte del monto de las exclusiones

se utilizaría en la adquisición de: repuestos para el sistema

SCADA; construcción de una cerca perimetral en la subes-

tación Matiguás; contratar una empresa especializada enmontaje electromecánico, por el periodo de 6 meses; sumi-

nistro de equipos y materiales para la conexión de las plan-

tas generadoras de León II, Nagarote y Subestación Sandi-

no; renovación del contrato de servicios de licencia soporte

técnico del programa Oracle, entre otros.

n Para el 2010 nuevamente se tiene al Minsa con US$

12,104,672.85, (12.13%), a continuación a ENATREL

con $4,797,213.10 (4.81%), seguido por el Mingob con

US$ 3,615,633.45 (3.62%). El monto de las exclusiones

de estas tres instituciones es de cerca del 21% en rela-

ción al total para este año.

Por ejemplo, en el caso del Minsa este monto era para algu-nas de las siguientes contrataciones: instalación y servicio

anual de intranet a las clínicas médicas previsionales del

20 El gasto total por año fue extraído del presupuesto actualizado que contienen los informes de liquidación presupuestaria. Disponibles en: http:// www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/informes

21 El tipo de cambio promedio anual utilizado corresponde al proporcionado por el BCN, disponible en:http://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercado_cambios/tipo_cambio/cambio_historico/index1.html?&val=0

Tabla 2. Montos en dólares de las contrataciones a través de exclusión de procedimientoy % en relación al gasto total según PGR del 2006 a enero del 2011

Año Monto total enUS$ de las EP

Gastos total según

PGR actualizado

% de las

EP en relación

al gasto total

2006 72,375,424.06 1,307,011,647.11 5.54

2007

190,872,201.82 1,383,106,828.86 13.80

2008

172,059,214.60 1,533,602,788.84 11.22

2009

48,650,539.20 1,554,919,281.53 3.13

2010 99,800,828.34 1,555,289,275.21 6.41

ene -11

17,429,815.20 1,700,086,260.98 1.03

Total

US$ 601,188,023.23

Fuente: Elaboración propia a partir de informes mensuales de gestión de la CGR 2006 – 2011 e informes de liquidación presupuestaria 2006- 20011. * El total por añocorresponde a la sumatoria de córdobas y euros en relación al tipo de cambio promedio por año del dólar en relación al córdoba y al euro.21

(US$)

20


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20


Esto claramente es lo que sucede en los conceptos seña-

lados en el inciso “k” lo que da paso al uso de la discrecio-

nalidad administrativa con límites difusos establecidos en la

misma Ley y su Reglamento, los cuales son abordados en

el acápite “c” de este capítulo.

B) PROBLEMAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS

CONTRATACIONES

La Ley 323, establecía la obligatoriedad de la elaboración

del Programa Anual de Contrataciones (PAC) y la publica-

ción del mismo en el primer mes del año presupuestario, es

decir en enero. Esta planificación presentaba y aún presentavarios problemas que van desde su elaboración hasta su

implementación.

Funcionarios de las áreas de adquisiciones señalan que

para elaborar el PAC se hace necesario contar con los re-

querimientos de las áreas solicitantes, pero estas, en algu-

nos casos, no entregan lo solicitado ni en tiempo ni forma, o

no remiten en su totalidad la información. Esto genera, que

el personal del área de adquisiciones en ocasiones tengan

que planificar con información incompleta o tomando como

referencia lo planificado el año anterior que desde luego se

ajusta menos a lo que se requerirá durante el año.

Situación similar ocurre con el requerimiento que realizan las

áreas de adquisiciones en relación con el área financiera,

quien debe enviarles información relacionada a la disponibi-

lidad presupuestaria de la institución. Sin este dato no tienen

claridad sobre si pueden introducir en el PAC la contratación

o si cuentan con una parte o la totalidad de los recursospara realizar la misma.

Todo lo anterior tiene un efecto directo, en vista que se ten-

drán que realizar mucho más modificaciones al PAC que lo

que se esperaría, ya que no fueron contempladas inicial-

mente varias de las contrataciones que son necesarias.

Esto genera a su vez una acumulación de trabajo para las

áreas de adquisiciones que en la mayoría de los casos no

están dotadas de suficiente personal para hacer frente a la

carga de trabajo. Esto último, se agudiza si se piensa en la

rotación de los funcionarios de las áreas, que genera que el

personal nuevo tenga que pasar por un proceso de apren-

dizaje que conlleva cierto tiempo y genera una inversión de

recursos del Estado para su formación.

De la carga de trabajo se deriva que los procesos por reali-

zar van formando una cola a la que no la favorece el factor

tiempo, ya que hay que ejecutar en el año presupuestario.

Sumado a esto, algunas contrataciones al transcurrir eltiempo o dada una situación que las genera considerada

de urgencia, seguridad o de interés público se tienen que

desarrollar de manera mucho más expedita en relación a

los términos que en la realidad conllevan los procedimientos

ordinarios.

Los entrevistados señalaron que era frecuente que en el

último trimestre del año los procedimientos rezagados

se tuvieran que realizar con rapidez, para lo cual se re-

curría a las exclusiones de procedimiento. Manifiestan,

que si no se realizaba de esta forma no iba a ser posible

culminar con el procedimiento y que esto acarrearía la

no satisfacción de la necesidad y la subejecución pre-

supuestaria.

Otro factor que originaba retrasos en el cumplimiento de la

planificación es la gestión de los desembolsos de los re-

cursos, en especial de los fondos externos. Esto se debía

en gran parte, a que los sistemas de presupuesto y el decompras no se encuentran integrados, lo que impide que

a la par de la marcha del procedimiento necesariamente

se dé la solicitud de desembolso. En el caso de los fondos

externos, se debe recordar que son considerados materia

excluida, por tanto se aplica lo establecido en el instrumento

normativo en el que se fundamentan.


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21


En cuanto a los recursos disponibles para las contratacio-

nes, los entrevistados señalaban que la falta de comuni-

cación efectiva entre el área de adquisiciones y la finan-

ciera, generaba que se realizaran mucho más exclusiones

en vista que eran solicitadas con urgencia, cuando el área

financiera había detectado que tenía disponible recursos

que no habían ejecutado.

C) MALA FE DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS

PÚBLICOS PARA OBVIAR LOS PROCEDIMIEN-

TOS CON EL OBJETIVO DE GENERAR TRÁFICO

DE INFLUENCIA PARA BENEFICIO PERSONAL

O DE SUS ALLEGADOS

Algunos funcionarios con poder de decisión, actuando de

mala fe impiden la realización de los procedimientos licitato-

rios, según lo establecido. El origen de esto podría ser para

adjudicar al oferente con quien tienen una relación de colu-

sión para cometer un hecho de corrupción. Esto en ocasio-

nes se ve amparado en la discrecionalidad administrativa,

que aunque permitida, puede generar excesos que hacen

que se presente una arbitrariedad. Sobre este punto cabe

preguntarse sobre los órganos de fiscalización de las contra-

taciones en especial sobre la CGR que por mandato de Ley le

corresponde tal tarea. El inconveniente al respecto es que la

intervención de la CGR es ex post lo que limita su actuación.

Por otra parte, cabe preguntarse sobre el rol en este tema

de la DGCE como ente encargado del sistema de contrata-

ciones públicas. En este sentido, su función se ha limitado

más a ser un ente normativo, de asesoramiento y en temas

puntuales de seguimiento, por ejemplo en cuanto a la pu-blicación en el SISCAE, no así en cuanto a la utilización de

ciertos procedimientos como éste, que tienen carácter de

excepcional.

Tal como señala Rodolfo Pérez, la discrecionalidad es ne-

cesaria ante la realidad que el legislador no puede prever

todo lo que ocurre en el desenvolvimiento de las labores

propias de la Administración, es así que se hace necesario

cierto margen de movimiento en la toma de decisiones. No

obstante, señala Pérez, no se puede dejar al arbitrio de los

funcionarios este tipo de decisiones, para ello debe existir

una normativa que trate de regularlas, en caso de no existir

se corre el riesgo de utilizar el poder y sus potestades para

fines distintos del interés público24.

En el caso de la Ley 323 el abuso de esta causal encontró

su respaldo por una parte en la falta de determinación deesta solución única con los conceptos jurídicos indetermi-

nados, lo que llevó a que los funcionarios hicieran uso de

la discrecionalidad administrativa, aunque el art. 3 del Re-

glamento de la Ley 323 sí estableció ciertos límites que en

algunos casos quedaron claros, como por ejemplo que la

actividad de contratación se debía ajustar a los principios

generales, los requisitos previos, a los derechos y obliga-

ciones de las partes y los controles, pero en otros casos se

permitió un margen de maniobra muy amplio para los fun-

cionarios. Un ejemplo de esto último, cuando se estableció

en el mismo art. 3 que las materias excluidas podían ser

objeto de negociación directa entre el organismo adqui-

riente y el proveedor.

D) FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE NO CUMPLEN

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

En algunos servidores públicos no impera el cumplimiento

del principio de legalidad, el cual no ha sido incorporadocomo un paradigma en la cultura de las organizaciones pú-

blicas nicaragüenses. Esto se debe en gran medida, a que

el funcionario no siente el poder coercitivo de un órgano

24 Pérez García, Rodolfo. (2007). Las contrataciones del Estado: entre la discrecionalidad y la corrupción. Editorial Universitaria UNAN- León. Páginas20 y 23.


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de control y de la aplicación de responsabilidades no solo

administrativas sino también penales y civiles.

El cumplimiento estricto de lo que mandata la ley para el

funcionario no es una obligación para él, parece ser un as-

pecto dominado por la discrecionalidad. En consecuencia,

el funcionario no aplica de manera estricta la ley, sino según

su conveniencia.

E) DÉBIL INSTITUCIONALIDAD DE LAS ENTIDADES

DE CONTROL

Como ya hemos mencionado, la DGCE y la CGR tienenun rol fundamental, la primera en cuanto al cumplimiento

del marco legal en materia de contrataciones y la segunda,

como órgano fiscalizador del manejo de los recursos públi-

cos. Ambos órganos, tanto por falta de recursos (humanos

y financieros) y por la falta de independencia que en ellos

prima, no realizan a cabalidad sus funciones.

Un estudio realizado por el Instituto de estudios estratégi-

cos y políticas públicas (Ieepp) en el 2009, sobre el com-

portamiento de las exclusiones del 2008- 2009 señala que

“una debilidad fundamental que ha persistido en el sistema

nacional de contrataciones públicas, a pesar de la imple-

mentación del Programa de Modernización del BID, es la

ausencia de un liderazgo institucional consolidado más allá

de los gobiernos25.”

A su vez, el mismo estudio cita a Jorge Claro, especialista

en el tema y consultor del BID, quien en un estudio que rea-

lizara en el 2007 señaló que: “La DGCE es una institucióndébil por la falta de apoyo político a su gestión, un presu-

puesto operacional exiguo, y un personal aun en etapa de

formación. Su futuro depende de la incorporación de funcio-

narios competentes, de la exhibición de logros operaciona-

les concretos, y de la capacidad de articular iniciativas y ac-

tores diversos, que le ganen el respeto como ente normativo

de las operaciones de compras y contrataciones públicas, y

como entidad responsable de la capacitación del personal

en este terreno26”.

Aunque han pasado cinco años desde lo planteado por Cla-

ro, aún persisten algunas de las debilidades mencionadas,

en especial cuando la Dirección se enfrenta a un cambio

normativo como el experimentado a partir de este año. No

obstante, uno de los avances que ha tenido está relaciona-do con la utilización del portal electrónico www.nicaragua-

compra.gob.ni, que le permite monitorear y dar seguimiento

a los procesos que realizan las entidades públicas que se-

gún la nueva ley tienen la obligación de publicarlos en dicho

portal.

Por otra parte, en el documento evaluación del sistema de

contrataciones publicado en el 2010, que se realizó bajo la

metodología de la Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE- CAD), donde se evaluaron

12 indicadores ordenados en 4 pilares: marco legal y regu-

latorio, adquisiciones y prácticas de mercado, integridad y

transparencia del sistema y marco institucional y capacidad

de gestión, éste último obtuvo la más baja calificación con

1.3, siendo que 3 es el nivel óptimo.

Entre las debilidades detectadas, que se derivan de los in-

dicadores con la más baja calificación, se encontraban las

siguientes: carencia de capacidades para el desarrollo insti-tucional, problemas de integración del sistema de contrata-

ciones con el sistema de gobernabilidad del sector público;

25 Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (Ieepp). ¨Contrataciones sin control¨. Managua, Nicaragua. 2009. Página 14.Disponible en www.ieepp.org.

26 Ídem.


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ineficacia de los sistemas de control y auditoría y operacio-

nes y prácticas del país que se relacionan con adquisicio-

nes eficientes.

Aun cuando se ha señalado la debilidad de la CGR, quien

tiene la facultad conferida por el art. 9 numeral 24 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República

y del Sistema de Control de la Administración Pública y

Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado (Ley

681) de:

“Fiscalizar toda contratación que entrañe ingresos o

egresos, u otros recursos del Estado y/o de la Admi- nistración Pública; y cuando las contrataciones no se

ajusten a las disposiciones legales sobre la materia se

aplicará el procedimiento de denuncia de nulidad, así

como la determinación de las respectivas responsabi-

lidades a que hubiere lugar, referido a las materias ex-

cluidas cuando existan razones de urgencia, seguridad

u otras de interés público (...)”.

Esta institución a través de su contralor presidente, Gui-

llermo Argüello Poessy señaló en un diario de circulación

nacional que: “La Contraloría ha enviado en reiteradas oca-

siones a todas las entidades del Estado sus consideracio-

nes sobre lo correcto que es planificar las compras de todo

el año, para someterlas a los procesos de licitación que

establece la Ley de Contrataciones”27. No obstante, esta

entidad siguió aprobando las solicitudes de exclusiones.

CONSECUENCIAS DEL USO EXCESIVO DE

LAS EXCLUSIONES

Hacer uso excesivo de las exclusiones de procedimiento

sin mediar causa previamente establecida y demostrada

puede conllevar a:

i) Violación de ciertos principios de las contrataciones

administrativas tales como: transparencia y publici-

dad, igualdad, libre competencia y eficiencia.

Para realizar estos procedimientos no se requería en todos

los casos dar amplia publicidad a través de los medios fi-jados para tal fin28, por ejemplo: diario oficial, diarios de

circulación nacional o el portal Nicaragua compra.

Las invitaciones eran giradas de manera directa a uno o

más proveedores, lo que también limita la libre competen-

cia y la igualdad entre los posibles oferentes participantes.

La pregunta clave es: ¿qué criterios utiliza el funcionario

a cargo de la escogencia de estos proveedores? La res-

puesta está dada por la discrecionalidad que posee el fun-

cionario en estos casos.

La imposibilidad de la participación de un mayor número

de oferentes impide que entre ellos se genere más com-

petencia, la que a su vez posibilitaría ofertas que permitan

precios más favorables, es aquí donde debería entrar el

juego de la oferta y la demanda.

ii) Los funcionarios tienen excesiva discrecionalidad que

puede generar nichos de corrupción en el manejo delos recursos públicos.

27 El Nuevo Diario (2008). CGR autoriza millonaria compra directa a CSE. Octubre.

28 El art. 146 del Reglamento de la Ley 737, establece como se deben dar las invitaciones en las contrataciones simplificadas.


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24


Esto, como ya hemos mencionado, se genera por la facul-

tad que se le confiere al funcionario para que escoja del Re-

gistro Central de Proveedores a aquellos a quienes invitará

a participar.

Aunque el funcionario debe actuar apegado a la ley (prin-

cipio de legalidad) y bajo el cumplimiento del principio de

integridad cuya observancia se basa en principios y valores

de la ética y en pro de evitar prácticas corruptas y fraudulen-

tas, se sabe que las contrataciones públicas son nichos de

corrupción, donde los funcionarios se pueden coludir con

los privados para cometer hechos delictivos que originan la

malversación y desviación de recursos públicos.

iii) Encubrimiento de deficiencias técnico administrativas.

Obviar los procedimientos aduciendo causales como emer-

gencia o urgencia cuando no aplican, podrían estar encu-

briendo problemas de gestión institucional.

Estos problemas podrían estar asociados a la poca relación

entre los subsistemas de la Administración Pública, inade-

cuada planificación, poco personal o carencia de calificacio-

nes técnicas, ausencia de procedimientos pertinentes para

la gestión de desembolso, entre otros, los que por no ser

detectados debidamente no se les daría la real atención ni

solución.

iv) Pérdida de confianza en la gestión de las entidades

públicas por parte de la ciudadanía en general, de los

donantes y de otorgadores de préstamos.

La denuncia de irregularidades cometidas en la aplicación

excesiva de las exclusiones puede generar en la ciudadanía

la idea de que las entidades públicas no están generando el

valor público que deben producir. Debemos recordar que el

valor público es creado por el Estado a través de servicios,

leyes, regulaciones y otras acciones.

En una democracia, el valor público es determinado por las

preferencias ciudadanas expresadas a través de una varie-

dad de medios y reflejados a través de las decisiones de los

políticos electos. La legitimidad del Estado en su conjunto

generalmente depende de cuán bien crea valor29.

En el caso de Nicaragua, gran parte del PGR en lo que se

refiere a los ingresos proviene de diversas fuentes, por unaparte los tributarios, pero un gran flujo proviene de los prés-

tamos de los bancos multilaterales y donaciones de la coo-

peración internacional.

Un hecho que puede ejemplificar las consecuencias que

puede generar la pérdida de confianza de los cooperan-

tes es citado en el ya mencionado estudio del Ieepp que

señala:

“El Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) retiró US$63

millones de donaciones al Presupuesto General de

la República del 2009 debido a la pérdida de confian-

za en el gobierno y fue uno de los primeros en mostrar

su alarma sobre el volumen de exclusiones de proce-

dimiento, a pesar de que no contaban con información

oficial sobre el tema. El GAP se pronunció en palabras

de la entonces embajadora de la Unión Europea, Fran-

cesca Mosca, quien en una reunión con representantes

del gabinete económico y del Canciller de la República,Samuel Santos, externó su preocupación por las recu-

rrentes exclusiones de procedimiento aprobadas por la

29 Para leer más al respecto ver: Traducción realizada por C. Gustavo Gutiérrez de parte del texto de Kelly, G. y S. Muers (2003) CreatingPublicValue: Ananalyticalframeworkforpublicservicereform. StrategicUnit, Cabinet Office. Página 1. Disponible en: www.strategy.gov.uk

30 Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). ̈ Contrataciones sin control¨. Managua, Nicaragua. 2009. Página 23.Disponible en www.ieepp.org.


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25


CGR, ya que por esa vía se podían desviar recursos

económicos”30.

Los recursos retirados iban a ser asignados a gasto social,

en especial a rubros destinados a proyectos de inversión

en infraestructura de sectores como salud y educación,

impidiendo así la posibilidad de satisfacer las innumera-

bles necesidades en estos dos sectores, a los cuales se

les pone especial atención por su incidencia en el combate

contra la pobreza, flagelo presente en un alto porcentaje

de la población nicaragüense (42.5%).

ESTUDIOS DE CASOS

A continuación se presentan estudios de casos correspon-

dientes a dos instituciones del Estado que han realizado

solicitud de exclusiones de procedimiento. Estas institu-

ciones han sido seleccionadas no por la cantidad de so-

licitudes aprobadas, sino por lo significativo e inadecuada

situación en la que recurrieron a este procedimiento.

Tanto el Consejo Supremo Electoral (CSE) como la Alcal-

día de Managua (ALMA) han mantenido en el anonimato

la información relacionada a este mecanismo, y es que la

recurrencia y las causales asumidas para la aprobación

han dejado una interrogante sobre la efectiva aplicación

del marco normativo en la materia31.

LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO EN

EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

Desde 1996 el CSE recurre de manera inadecuada al pro-cedimiento de exclusiones de procedimiento. Debido a lo

recurrente de las solicitudes interpuestas por esta institu-

ción en especial en los periodos electorales, la CGR en-

vió comunicado advirtiendo al CSE la denegación de las

exclusiones solicitadas para elecciones presidenciales y

municipales, indicándoles establecer y ordenar sus pro-

gramas de compras, licitaciones y gastos. Sin embargo,

hasta la derogación de la Ley 323 la CGR aprobó todas

las exclusiones de procedimiento solicitadas por el CSE,

alegando que las aprobaciones las realizaban para que

la CGR no fuera responsable por obstrucción al proceso

electoral.

EXCLUSIÓN EN EL 2006 PARA LA COMPRA DE LOS

MATERIALES ELECTORALES

Para las elecciones presidenciales del 2006, la CGR aprue-

ba dos grande exclusiones de procedimiento para la com-

pra de material electoral una para utilizarse en las eleccio-

nes en la Costa Caribe por un monto de 3 millones 781 mil

córdobas y la segunda para las elecciones presidenciales

por la suma de 57 millones 902 mil 75 córdobas, entre am-

bos procedimientos el monto representa aproximadamen-

te el 6.36% del gasto total de esta entidad asignado en

el Presupuesto General de la República que para ese año

alcanzó cerca de los 970 millones de córdobas32. La causal

utilizada en este caso fue la de razones de urgencia, segu-

ridad u otras de interés público, lo cual es completamente

anómalo en vista que este poder del Estado maneja un

calendario electoral que le permite conocer con certeza las

fechas de todas las actividades que se generan del mismo.

Ese mismo año, los medios de comunicación se dieron a

la tarea de investigar sobre el uso del dinero que se ha-bía solicitado a través de exclusión de procedimiento y los

resultados fueron sorprendentes. Señalaron que desde el

31 Para los estudios de casos se tomó como referencia la Ley 323, vigente durante el periodo en que el CSE y la Alcaldía de Managua solicitaron lasexclusiones de procedimiento.

32 Dato extraído del informe de liquidación presupuestaria del PGR 2006. Disponible en: http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/ informes/2006/Informe_Liquidacion_2006.pdf/view


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año 2004, el CSE mantiene dentro de su administración un

mecanismo irregular que han decidió llamar “anticipos por

pagar”, los cuales consisten en volver efectivos cheques de

sumas considerables a ser utilizados de manera discrecio-

nal, lo que abre puerta a la ocurrencia de hechos de corrup-

ción, sin rendición de cuentas y pasando por encima de las

Normas de Auditoria Gubernamentales (NAGUN).

En ese mismo año (2006) se desembolsaron 8 millones de

córdobas, los que el CSE reportó como anticipo para gas-

tos de movilización de cara a las elecciones nacionales, por

otro lado, se solicitaron 2 millones de córdobas más, que

fueron desembolsados a través de cuatro cheques de 500mil córdobas justificándolos como anticipo para gastos de

verificación ciudadana.

Como parte de esta investigación a través de solicitudes de

acceso a la información se le pidió a la CGR, montos, rendi-

ción de cuentas, y resultados de auditorías realizadas sobre

las exclusiones autorizadas en el 2006, sin embargo, no fue-

ron brindadas, en cambio se brindó información relacionada

a exclusiones solicitadas a partir del 2010.

EXCLUSIÓN EN EL 2008 PARA COMPRA DE BOLETAS

ELECTORALES Y MATERIAL AUXILIAR

El 28 de agosto de 2008 la CGR aprobó en sesión ordinaria,

exclusión de procedimiento al CSE, por la suma de cuarenta

y nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil quinien-

tos córdobas (C$49,349,500.00) lo que representa el 7.67%

del presupuesto de gastos designado a esta entidad en el

año33

. La exclusión fue solicitada por el Magistrado Roberto

Rivas el 19 de agosto de 2008, para la elaboración de bole-

tas electorales y la adquisición de material auxiliar34, el cual

sería utilizado en los centros de votación a nivel nacional

para las elecciones municipales realizadas el 9 de noviem-

bre de 2008.

En la misma aprobación que hiciera la CGR, se le indica al

CSE entregar 3 cotizaciones de 3 posibles oferentes para

cada rubro, sin embargo y según los informes de la CGR,

el CSE solicitó únicamente una cotización para cada rubro,

señalando que las empresas: Comercializadora del Pacífico

(Emcopsa), Comercial Industrial El Cacique, Envases Ni-

caragüenses (Envanic S.A.) y Comercializadora del CaribeS.A. (Comercasa) fueron las empresas contratadas para su-

ministrar los bienes.

En investigación realizada por El Nuevo Diario35 se conoció

que las empresas Emcopsa y Comercasa, eran proveedo-

ras del CSE desde el año 2004, relación que según la misma

investigación desencadena en una relación de amistad muy

cercana de Mario Chow Pérez; dueño de las empresas, con

el magistrado Roberto Rivas. Hasta el 2009 a Mario Chow

se le conocía únicamente como un mecánico que fue ame-

nazado de muerte por el ex magistrado liberal suplente del

CSE, Julio Osuna, quien fue procesado por delitos vincula-

dos a crimen organizado y falsedad ideológica.

En 2009, Mario Chow Pérez en compañía de su abogado

Juan Parajón, interpuso una demanda en los juzgados capi-

talinos36, contra el CSE por la suma de 60 millones de córdo-

bas. En la misma demanda se especifica el incumplimiento

de pago correspondiente a la producción de la tinta inde-

33 Dato extraído del informe de liquidación presupuestaria del PGR 2008. Disponible en: http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/ informes/2008/Informe_Liquidacion_2008.pdf/view

34 Correspondiente a tinta indeleble, lámpara ultravioleta, valija auxiliar y ponchadoras.

35 Disponible en: http://www.elnuevodiario.com.ni/imprimir.php/97834http://www.elnuevodiario.com.ni/robertorivas/110973

36 Expediente número 004064-ORM1-20120-CV


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leble que se utilizó en las elecciones municipales, presu-

puestada hasta por un monto de cinco millones doscientos

mil córdobas (C$5,200,00.00) según la exclusión de pro-

cedimiento aprobada por la CGR37. En la misma demanda

Chow Pérez alegaba que no era responsabilidad de su em-

presa que la tinta indeleble se haya borrado.

Por otro lado, a pesar que la CGR había solicitado al CSE

que licitara todos los materiales que necesitaría para las

elecciones municipales realizadas el 9 de noviembre de

2008, fue hasta un mes antes de los comicios electorales

que el CSE solicitó aprobación de exclusión38 para la com-

pra de 18 vehículos que serían utilizados durante los comi-cios municipales. Dicha exclusión, fue aprobada hasta por

un monto de doscientos noventa y siete mil cuatrocientos

sesenta dólares americanos (US297,460.00)39.

A raíz de esta exclusión, el contralor presidente, Guiller-

mo Argüello Poessy, envió un comunicado al CSE sobre

la necesidad de licitar tal y como lo establecía la Ley 323,

indicando que no se podía esperar hasta último momento

para solicitar algo que debería estar planificado con antici-

pación, sobre todo si se tratase de periodo electoral.

EL 2010 Y LAS ELECCIONES MUNICIPALES

El caso más reciente salió a la luz pública en marzo del año

2010, cuando de la misma CGR se informó de anomalías

en la exclusión de procedimiento que había solicitado el

magistrado Roberto Rivas Reyes por C$ 5.4 millones para

la adquisición de 330 mil boletas electorales, que serían

enviadas a las juntas receptoras de votos (JRV) para las

Elecciones Regionales del Caribe nicaragüense, sin em-

bargo, en declaraciones brindadas a El Nuevo Diario, el

magistrado Rivas reveló que solo utilizaron 194 mil 683

córdobas con cincuenta centavos en el pago de las bole-

tas, que estuvieron a cargo de Inversiones Papeleras S.A.

(Inpasa), a quien se le adjudicó la compra.

En la misma declaración el magistrado Rivas señaló que el

dinero no usado, se empleó en el proceso de verificación

del Caribe realizado el 28 y 29 de noviembre de 2009. Di-

cha declaración puso en evidencia que la exclusión de pro-

cedimiento fue aprobada hasta enero de 2010 y el CSE ya

contaba con fondos aprobados por la Asamblea Nacionalque ascendían a 2 millones de córdobas para el proceso

de verificación, que fueron aprobados en la reforma presu-

puestaria de octubre de 2009.

Es destacable señalar que para esta exclusión la aproba-

ción de parte del Consejo Superior de la CGR no fue unáni-

me, tal como se había dado con anterioridad. De los cinco

votos, 4 fueron a favor y uno en contra. El voto disidente

pertenecía al contralor Argüello Poessy, quien se opuso a

la aprobación de la exclusión por considerar que la actitud

de Roberto Rivas era “recurrente”. En varios comunicados

el contralor siempre advertía que los procesos electorales

son programables, de acuerdo al calendario electoral, por

ello no tendría que recurrirse de manera continua a exclu-

siones de procedimiento.

2011 Y 2012: MISMO PROCEDIMIENTO, IGUAL

“URGENCIA”

37 Exclusión de procedimiento aprobada el 28 de agosto de 2008, acta número quinientos noventa y seis (596), disponible en: http://www.cgr.gob.ni/ cgr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=153&Itemid=101&limitstart=10

38 Aprobado en sesión ordinaria número 602 del 9 de octubre de 2008.

39 La solicitud del CSE comprende la compra directa de 18 vehículos, desglosados en tres camionetas Suzuki de una cabina, seis microbuses Suzuki,cuatro automóviles Yaris y cinco camionetas doble cabina Mitsubishi.


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Para las elecciones presidenciales del 2011, el CSE re-

currió nuevamente a un procedimiento de uso excepcio-

nal, esta vez con la entrada en vigencia de la Ley 737 a

la que está sujeto este poder del Estado, aplicaron con-

trataciones simplificadas. El art. 58 de esta Ley establece

diez circunstancias bajo las cuales cabría una contratación

de esta naturaleza, entre las que no se cuenta el proceso

electoral, no obstante, se adujo la casual establecida en el

párrafo 2do de numeral 3 que señala casos de situaciones

de urgencia o emergencia no derivadas de desastres o ca-

lamidad pública, que impidan la continuidad del ejercicio

de la entidad.

El monto de los recursos destinados para la impresión de

5.5 millones de boletas sigue siendo un misterio. La im-

presión de las boletas electorales estuvo a cargo de Artes

Digitales S.A. (ARDISA), propiedad de El Nuevo Diario. En

una entrevista que el diario La Prensa le hiciera a Ricardo

Cuadra, Gerente General de ARDISA, este declaró que no

estaba autorizado para revelar el costo de las boletas, sin

embargo, según cotización en el mercado nacional, la im-

presión de boletas pudo haber costado alrededor de 3 mi-

llones de córdobas40. Cabe señalar que este gasto no ha

sido auditado por la CGR a la fecha.

LAS EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTOS EN

LA ALCALDÍA DE MANAGUA

La Alcaldía de Managua (ALMA) elaboró su Plan Estratégico

2000-2020 cuya visión es alcanzar “un desarrollo integral,

seguro ante la vulnerabilidad social, económica, físico-espa-cial y ambiental… con suficientes centros de equipamientos

culturales, de recreación, deporte, salud y educación, para

el crecimiento urbanístico equilibrado, armónico y seguro”41.

40 Información disponible en: http://www.laprensa.com.ni/2012/10/03/poderes/118567

41 Serra Vázquez, Luis H. Las relaciones entre sociedad civil y Estado a nivel local: los espacios de gobernanza en Managua. Cuaderno deInvestigación No. 25 Colección Humanidades. UCA

ANOMALÍAS RELACIONADAS A LAS

EXCLUSIONES DE PROCEDIMIENTO

SOLICITADAS POR EL CSE

1. A pesar que los comicios electorales (nacionales o

municipales) tienen una planificación detallada que

se refleja en el calendario electoral, esta no se tomóen cuenta y se dejó a última hora la compra de bie-

nes o servicios, lo que generó una real situación de

urgencia.

2. Las solicitudes de exclusiones de procedimiento se

convirtieron año con año en la regla y no en la ex-

cepción que señala la Ley.

3. Aun cuando la CGR señaló las irregularidades en

cuanto a las solicitudes de exclusión del CSE, es-

tas fueron aprobadas y en la mayoría de casos por

unanimidad y no se tomaron medidas para prevenir

la ocurrencia posterior de más solicitudes.

4. Número restringido de proveedores y con alto mar-

gen de discrecionalidad para seleccionarlos partici-paron en las contrataciones que realizó el CSE, a par-

tir de las exclusiones de procedimiento autorizadas.

En algunas de estas contrataciones el proveedor ad-

judicado fue el mismo. Todo lo anterior trasgrede los

principios de libre competencia y el de eficiencia.

5. Limitada aplicación de los principios de publicidad

y transparencia, ya que no se conoció con certeza

los montos de las contrataciones realizadas a partir

de las exclusiones de procedimiento, ni los provee-

dores participantes, ni los criterios de selección.


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El cumplimiento de esta tarea no es nada fácil, ya que tie-

ne el deber de satisfacer las necesidades de 1,028,80842

pobladores, estimación realizada por el Instituto Nacional

de Información de Desarrollo al 30 de junio del año 2012,

ante lo cual requiere la contratación de servicios, obras y

bienes.

Las contrataciones municipales están sujetas la Ley 622, Ley

de Contrataciones Municipales43, en la que se establecen

procesos ordinarios de contratación tales como Licitación

Pública, Licitación por Registro y Compra por Cotización,

todas ellas determinadas por el monto de la contratación.

Sin embargo, la Ley también ha diseñado un proceso ex-

cepcional de contratación denominado, procedimiento de

exclusión por medio del cual las alcaldías pueden realizar

contratos administrativos bajo causales ya determinadas

por la ley, con la aprobación de la máxima autoridad y suje-

ta a revisión a posteriori por parte de la CGR.

Desde la aprobación de la Ley 622, ALMA realizó procedi-

mientos de exclusión aun cuando no se encuentran dentro

de las causales diseñadas por la ley. Según el monitoreo

de medios, su utilización fue la siguiente: (Ver Tabla 3).

En el 2007 las exclusiones de procedimiento representa-

ron el 12% de los egresos totales de ALMA. En el 2010

disminuyeron, al llegar a representar el 3.53% de los egre-

sos municipales, sin embargo durante el 2011 los procedi-

mientos de exclusión volvieron a su rango representando

un 12.88%.

Los concejales opositores en ALMA afirmaron este año

que a la fecha el monto excluido de procedimiento puede

rondar los C$ 600,000,000, esto representaría alrededor

del 30% del presupuesto del ALMA que alcanzó para

este año aproximadamente los 2 mil 40 millones de cór-

dobas45

.

42 http://www.inide.gob.ni/estadisticas/Cifras%20municipales%20a%C3%B1o%202012%20INIDE.pdf consultado el 16 octubre 2012

43 Aprobada el 16 de Mayo del 2007 y publicada en La Gaceta No. 119 del 25 de junio del 2007.

44 En el portal de la Alcaldía de Managua (www.managua.gob.ni) no aparecen los informes de gestión de los años 2009 – 2011.

45 Extraído del 19 digital. Disponible en: http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=23:nacionales&id=30181:aumenta-presupuesto-municipal-y-crece-cantidad-de-proyectos&Itemid=12

Tabla 3: Montos de las exclusiones de procedimiento (C$) y porcentaje enrelación al presupuesto de gastos de ALMA

Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de gestión de la CGR y medios de comunicación escritos.

Año Monto de gastos44

(C$) Montos de las exclusiones

de procedimiento(C$)

%

2007 1,028,625,544 119,929,551.2 11.66

2010 1,415,907,000 50,000,000 3.53

2011 1,986,948,000 256,000,000 12.88


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Estos datos muestran que el procedimiento excepcional ha

pasado a ser una partida considerable del presupuesto de

gastos de la municipalidad, lo que se desprende de la tabla

3. Los principales rubros en las contrataciones han sido: la

adquisición de maquinaria pesada, la construcción de vi-

viendas para damnificados por las lluvias, obras en la red

vial, calles, entre otras.

EL CASO CONSTRUNICSA Y ALMA

Especial atención merecen los proyectos de construcción,

mejoramiento y rehabilitación de obras públicas ejecutadas

a través de procedimientos de exclusión, ya que por tratarseen su mayoría de obras de mantenimiento debieron plani-

ficarse y ejecutarse a través de procedimientos ordinarios

de contratación municipal, garantizando los principios de

las contrataciones y el resto de aspectos señalados por la

Ley 622.

Uno de los proveedores que destaca en cuanto a la adjudi-

cación de varios de los contratos de obras es la Construc-

tora Nicaragüense Sociedad Anónima (CONSTRUNICSA),

inscrita en el Registro de Sociedades y Mercantil de Mana-

gua el 14 de febrero de 2007. Algunos de los proyectos ad-

judicados a esta empresa46 son los siguientes: (Ver Tabla 4).

Las adjudicaciones de los contratos que se han hecho a

Construcnicsa por parte de ALMA han sido discrecionales,

al no conocerse los criterios para contratar, al no estar ins-

critas estas empresa como proveedores del Estado y al no

conocerse el total de obras y monto exacto de las mismas,

todo estos elementos producen dudas sobre la transparen-cia, al no haber garantía de que se seleccionó al “oferente

idóneo”.

Lo anterior, produce una seria afectación a los principios de

las contrataciones que deben ser vistos en todas los proce-

dimientos, incluso en los de exclusión que fueron diseñados

como una excepción y se convirtieron en una práctica cons-

tante.

TRANSGRESIÓN A LOS PRINCIPIOS DE LAS

CONTRATACIONES MUNICIPALES

El procedimiento de exclusión que conlleva a una contrata-

ción directa limita la plena observancia de los principios de

las contrataciones, en especial los de transparencia, publi-

cidad, libre competencia y eficiencia.

Los dos primeros se ven transgredidos cuando se les impi-

de, por una parte, a los ciudadanos en general obtener infor-

mación para realizar auditoria ciudadana a fin de enterarse

cómo se utilizan sus recursos, y por otra parte, a los poten-

ciales proveedores enterarse de la posible contratación de

bienes, servicios y obras por parte de la municipalidad. Esta

información se puede obtener de los Planes Generales de

Adquisiciones (PGA), que lamentablemente la mayoría de

las municipalidades no publican.

La Ley 622 además exige para asegurar la transparencia

que se debe enviar a la CGR en un plazo de 15 días, el acta

de aprobación del Consejo Municipal a fin que la Contraloría

verifique la veracidad de la información y las causas que

motivaron la exclusión de los procedimientos. Sin embar-

go, según los informes de la CGR desde el año 2008 no se

registran exclusiones de procedimientos presentados por

ALMA, aun cuando estos han sido aprobados por el Con-sejo Municipal, según seguimiento que han realizado los

medios de comunicación.

46 Dado que no existe informe de gestión de la alcaldía, ni informe sobre ejecución de proyectos desde el año 2009 en adelante, los datos reflejadosson el resultado de un monitoreo de medios escritos donde claramente se afirma que estas obras fueron adjudicadas a Construcnisa.


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Tabla 4: Detalle de proyectos adjudicados a Construcnicsa a través deexclusión de procedimientos (2009- 2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de informes anuales de gestión de la Contral oría General de la República y Monitoreo de Medios de comunicación escritos.

Nombre del proyecto Monto

Puente vehicular Jorge Casally. C$ 6,500.000

Prolongación pista Camino Solo. C$ 7,700,000

Estacionamiento estadio de fútbol. C$ 4,000,000

Recarpeteo en Villa Reconciliación. C$ 9,000,000

Recarpeteo en barrio Camilo Ortega. C$ 200,000

Paseo de Las Victorias. C$ 20,800,000

Mejoramiento vial barrio Los Ángeles. C$ 398,218.55

Mejoramiento vial y cunetas Comarca los Cuaresmas. C$ 2,663,877.93

Construcción de cunetas y andenes barrio Monte Fresco. C$ 1,300,894.73

Adoquinado de andenes barrio José Benito Escobar. C$ 1,170,011.78

Construcción de cunetas y andenes barrio CamiloChamorro.

C$ 2,570,702.09

Adoquinado de calle barrio Ciudadela Nicaragua. C$ 1,269,448.63

Construcción de cunetas y andenes Villa Venezuela. C$ 886,018.85

Adoquinado de calles barrio Georgino Andrade. C$ 1,114,457.49

Desarenado de micropresa los Gauchos, Tiscapa. C$ 2,536,711.85

Construcción de cunetas y andenes barrio El Rodeo. C$ 4,350,698.29

Construcción de drenaje pluvial barrio Lomas de

Guadalupe. C$ 3,137,196.78

Construcción de calle cauce en barrio Naciones Unidas C$ 3,591,748.47

Obras complementarias Embalse Ayapal. C$ 5,400,914.86

Total C$ 78,590,900.30


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Por otra parte, los gobiernos locales en su gestión, están en

la obligación de planificar, ejecutar y supervisar las contra-

taciones que lleven a cabo, satisfaciendo las condiciones

de racionalidad, celeridad, costo y calidad, seleccionando

siempre la oferta más conveniente, garantizando la eficien-

cia pues la municipalidad y el oferente seleccionado debe-

rán operar de modo que los recursos sean utilizados de la

forma más adecuada.

En los procedimientos de exclusión, no son la excepción,

sino que aun cuando sea un procedimiento excepcional

donde la oferta se ve drásticamente limitada, esto no quiere

decir que la municipalidad no deba garantizar la buena uti-

lización de los recursos disponibles y una forma de hacer

esto es dejando participar a la mayor cantidad de oferentes,

lo que contribuye a la libre competencia, que a su vez abona

a la eficiencia por cuanto se le da una mejor utilización a los

recursos públicos al establecerse competencia en cuanto a

precio, calidad y tiempo de ejecución del objeto de la con-

tratación.

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Como parte de este estudio se realizó un ejercicio de acce-

so a la información pública, entendida como el derecho a

solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información

exclusion procedimiento mas para website

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