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ESTUDIOS AGRARIOS Revista de la Procuraduría Agraria PROCURADURÍA AGRARIA

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ESTUDIOS AGRARIOS

Revista de la Procuraduría Agraria

PROCURADURÍAAGRARIA

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ESTUDIOS AGRARIOSAño 5, núm. 13. Septiembre-diciembre 1999

DIRECTORIO

Procurador AgrarioRafael González Pimienta

Subprocurador General Secretario GeneralMarcos A. Nazar Sevilla Antonio Flores Vera

Coordinador General de Programas Interinstitucionales Coordinador General de DelegacionesNoé F. Garza Flores Hilario Valenzuela Corrales

Coordinadora de Asesores Director General Jurídico y de Representación AgrariaMaribel Méndez de Lara Alberto Pérez Gasca

Directora General de Quejas y Denuncias Director General de Conciliación, Arbitraje y Servicios PericialesRuth Macías Coss

Director General de Organización Agraria Director General de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural

Javier Elías Pérez Galindo Arturo N. Rodríguez Gutiérrez

Director General de Estudios y Publicaciones Director General de Programación, Organización y PresupuestoHéctor Robles Berlanga Rosario Guerra Díaz

Director General de Administración Contralor InternoJosé Luis Berrospe Martínez José Ángel Lozano Muñoz

Director General de Comunicación Social

Rafael Centeno Nava

CONSEJO EDITORIAL: Adolfo Brizzi, Andrés Casco Flores, Luciano Concheiro Bórquez, Luis Aboites Aguilar, Margarita Floresde la Vega, Ernesto Camou, Antonio Flores Vera, Rafael Centeno Nava, Héctor Zamitis Gamboa, Manuel Díaz Pineda, Hubert C.de Grammont, Guillermo de la Peña Topete, Edmundo Ducoing, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Fernando Rello Espinosa, HéctorRobles Berlanga, Sergio Zendejas, Miguel Cervera Flores.

DIRECCIÓN Y EDICIÓN

Dirección General de Estudios y PublicacionesEditor: Alberto Mc LeanFormación: Perspectiva Digital S.A de C.V.

PORTADA

Antonio López Monroy, Sobre rieles, 1991.

Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria es una publicación que esta institución edita en forma cuatrimestral. Certificado de Reserva deDerechos al Uso Exclusivo Núm. 003330/95. Certificado de Licitud de Título Núm. 9107. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 6427. Distribui-da por la Procuraduría Agraria. Editor responsable: Antonio Flores Vera.Las opiniones vertidas en los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el criterio editorial de larevista. Ésta se reserva el derecho de modificar los títulos. Los artículos sin firma corresponden al equipo de redacción de la Dirección General deEstudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria. Toda reproducción total o parcial deberá mencionar la fuente.

La correspondencia debe dirigirse a:Dirección General de Estudios y PublicacionesRevista Estudios AgrariosProcuraduría AgrariaPalacio Nacional, Patio Central, Cuarto piso,Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.Teléfonos: 542 13 22, 522 75 28, 522 20 04Fax: 518 69 12

DR © 1999 Procuraduría AgrariaMotolinía 11, Col. Centro, C.P. 06000, México D.F.

ISSN 1405-2466

Esta edición consta de 2,500 ejemplares y se terminó de imprimir en el mes de enero de 2000 en Perspectiva Digital, Anaxágoras 844-5, Col. Del Valle,México, D.F.

E-mail: [email protected]últenos en Internet:http://www.pa.gob.mx

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índice

Editorial 5

Análisis

La política del agave Jorge A. Llamas Navarro

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Tendencias del campo mexicano Héctor Robles Berlanga

31

Política agrícola hacia el siglo XXI. Procampo y Alianza para el Campo en el contexto internacional

Rita Schwentesius Rindermann Manuel A. Gómez Cruz

61

El conflicto agrario en la relación campesinos-gobierno en el estado de Oaxaca Carlos Moreno Derbez

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El conflicto agrario en el estado de Oaxaca Óscar Fernández Osorio

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Estrategias de política pública para incorporar suelo de origen y comunal al desarrollo urbano y la vivienda

Dirección del Programa de Suelo Social

115

Estadísticas

Principales características del ejido-tipo por entidad federativa

Dirección General de Estudios y Publicaciones

139

V Premio Estudios Agrarios 2000 III Certamen Investigación Agraria 2000

184

Biblioagrarias

189

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Editorial

a publicación de la Revista Estudios Agrarios, las investigacionesde la realidad agraria que se llevan a cabo por el Sector Agrario y laedición del Premio Estudios Agrarios y el Certamen Investigación

Agraria son esfuerzos que realiza nuestra institución con un propósito quecabe reiterar: participar en la elaboración colectiva y plural y en la difusiónde un diagnóstico nacional, actualizado, de la problemática rural; a fin deque, a partir de la socialización de esa información, sea posible pensar,desde diferentes ópticas, en las soluciones, las políticas y estrategias quecontribuyan a la revalorización del sector más atrasado de nuestro país.Para esto se debe tomar en cuenta el conocimiento de lo que actualmenteestá pasando, los avances logrados, el tamaño de los retos pendientes, asícomo los intereses, esfuerzos y anhelos de los campesinos.

En los escenarios previsibles para el mediano plazo todas las opciones anun-cian ajustes impostergables a las políticas para el campo. En estos cambioscabe esperar un refuerzo de las acciones oficiales encaminadas a incorpo-rar a la sociedad rural al desarrollo. Para la formulación de esos plantea-mientos seguiremos difundiendo elementos para el diagnóstico y laspropuestas. Esta es nuestra tarea.

En este número, la Revista Estudios Agrarios presenta una serie de artícu-los interesados en dar cuenta de algunos de los aspectos que se deben con-siderar en la definición de nuestro quehacer institucional. Jorge ArturoLlamas Navarro, quien obtuvo el segundo lugar en el Premio Estudios Agra-rios 1999, nos ofrece un análisis de cómo se han organizado los producto-res de agave en el estado de Jalisco ante una industria tequilera en claraexpansión, que al hacer frente a la escasez de materia prima, pone en riesgoel equilibrio necesario en la cadena productiva, debido a la falta de contro-les y regulación en el campo agavero.

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Por su parte, Carlos Moreno Derbez hace un recuento de la conflictividadagraria que históricamente se ha dado en el estado de Oaxaca. Apunta quelos campesinos oaxaqueños se encuentran en un estado de tránsito entre elfin del reparto agrario y la regularización de la tenencia de la tierra, y entreambos, el proceso conciliatorio como una herramienta que sí ayuda adistender los conflictos, siempre y cuando considere los ritmos propios delas partes, sin imponer “tiempos institucionales”.

Héctor Robles Berlanga ofrece un diagnóstico sobre la situación que en laactualidad viene dándose en el campo mexicano en relación con la tenenciade la tierra; es un estudio que se basa en información reciente generada porlas instituciones que confluyen en el Procede y en encuestas nacionalesaplicadas a los sujetos agrarios. Las tendencias rurales acerca de la femini-zación de la propiedad rural, el envejecimiento de los productores, elminifundio —entre otros asuntos— son algunas de las características quepredominan en el campo de México, y parecen tomar cuerpo como cuestio-nes definitivas para ser consideradas en el futuro inmediato y en la puestaen marcha de cualquier política pública destinada al sector rural.

El crecimiento poblacional y el desmedido avance de las ciudades han ori-ginado una serie de problemas por los asentamientos irregulares instaladosen los que una vez fueron los claros límites entre el campo y la ciudad,dando paso a situaciones que involucran a un número considerable de ciu-dadanos, en las que la ilegalidad y el caos, contrario al proceso de regulari-zación de la tenencia de la tierra, han sentado sus reales. En este sentido, laDirección del Programa de Suelo Social de la PA nos presenta un artículoque trata acerca del problema de los asentamientos irregulares y de lasmedidas que el gobierno federal ha implementado para inducirprevisoriamente la incorporación ágil, legal y concertada de suelo de ori-gen ejidal y comunal al desarrollo urbano, garantizando beneficios a losejidatarios y no a los especuladores. Estas tareas fueron fortalecidas con lapuesta en marcha del Programa de Incorporación de Suelo Social al Desa-rrollo Urbano (PISO).

Por otro lado, Rita Schwentesius Rindermann y Manuel A. Gómez Cruzproponen una revisión de la política agrícola mexicana tomando en cuenta

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el fenómeno de la globalización y las características nacionales, que en suconjunto impactan desfavorablemente sobre el sector agropecuario en tan-to no se realicen políticas agrícolas que vayan de la mano del resto de laspolíticas macroeconómicas, lo cual, indudablemente, significará un reco-nocimiento del papel de la agricultura dentro de la economía del país y dela urgente necesidad de canalizar volúmenes adecuados de crédito al sectoragropecuario con esquemas preferenciales para los pequeños productores.

En nuestra sección de Estadísticas presentamos las Principales característi-cas del ejido tipo por entidad federativa, una construcción estadística quepermite conocer las cualidades más importantes de los poco más de 20 milejidos certificados por el Procede, tanto a nivel nacional como estatal, me-diante 40 indicadores agrupados en seis temas, a saber: demografía ejidal yservicios básicos, economía ejidal, agricultura ejidal dominante, sujetos agra-rios, tierras ejidales y tratos agrarios. Esta información será seguramente degran utilidad para investigadores así como para los diseñadores de la siguien-te etapa de la política agraria que demandan las familias rurales.

Finalmente, presentamos las convocatorias del Premio Estudios Agrarios yCertamen Investigación Agraria para el año 2000, los cuales invitan a par-ticipar a académicos, investigadores y servidores públicos dentro de sietegrandes temas de actualidad en el campo mexicano. La reflexión que susci-te será, sin duda, un gran aporte para dar respuesta a los problemas delcampo mexicano.

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•ANÁLISIS•

La política del agave*

EJorge A. Llamas Navarro**

l presente artículo indaga en el origen histórico del conflicto que sepresentó en años recientes entre los productores de agave1 y losindustriales del tequila en Jalisco.2 El supuesto que guía los si-

guientes renglones es que el reparto agrario explica en buena medida la

Me fui con el Comité a pedirleuna parcela; y se llegaron las aguas

y empecé a sembrar mi tierra.Fragmento de “El barzón”

* La presente investigación fue posible gracias al apoyo institucional del Centro de Inves-tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social que me otorgó una beca de suPrograma de Formación de Investigadores. También quiero agradecer al Dr. GabrielTorres González su valiosa ayuda como director de este proyecto.

** Versión sintética del trabajo con el cual obtuvo el Segundo lugar en el Premio Estu-dios Agrarios 1999.

1 Agave tequilana Weber azul es el nombre científico de la variedad de cactácea que se utiliza para ladestilación del tequila. En 1753, Carl von Linneo llamó a este género de maguey, agave, palabra griegaque significa “admirable”. En 1902 el botánico europeo Weber propuso llamarle agave tequilana, por loque el nombre también retoma el apellido del científico alemán, y azul por el color de sus hojas (Muriá,1990: 67). Por razones de estilo, mezcal y agave son términos que usaré indistintamente.

2 La delimitación espacial de este estudio comprende el conjunto de los municipios de El Arenal, Amatitány Tequila, a los que denominaré región tequilera. Amatitán se ubica a 49 kilómetros de Guadalajara, ysegún el Conteo de Población y Vivienda de 1995, cuenta con 11,317 habitantes (INEGI, 1997a: 5); ElArenal se localiza a 41 kilómetros de la capital jalisciense y tiene una población de 13,574 personas(INEGI, 1997b: 5), Tequila se encuentra a 62 kilómetros de Guadalajara y cuenta con 33,155 habitantes(INEGI, 1997c: 5).

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conflictiva integración de la cadena productiva agave-tequila. El agave omezcal tequilero es la materia prima indispensable para la elaboración deltequila, la cactácea no tiene ningún otro mercado más que el que represen-tan las empresas tequileras, las cuales no son autosuficientes en la provi-sión de su principal materia prima. Sin embargo, a pesar de lacomplementariedad entre la producción de agave y de tequila nunca haexistido una integración armoniosa entre el sector primario y secundario dela cadena productiva. En el siglo XX, en dos ocasiones se han presentadoconflictos sociales entre los actores de esta cadena debido a la sobrepro-ducción de agave respecto a la demanda de la industria tequilera. Estosdesequilibrios en la cadena agave-tequila nos permiten analizar la accióngubernamental y su relación con los actores de la sociedad civil agavera endos contextos diferentes: durante el neopopulismo de los años setenta delrégimen de Luis Echeverría Álvarez y en el contexto del ajuste neoliberaldel campo mexicano en los noventa.

La política del agave

El Estado posrevolucionario inaugura su presencia en el campo mexicanocon la dotación de ejidos. El reparto significó el inicio de un lento procesode construcción de ciudadanía entre los campesinos, donde los derechossociales fueron prioritarios para el Estado benefactor. En la parte central deJalisco, que comprende la región tequilera, se efectuó el mayor reparto de laentidad (Regalado, 1988: 116). Las acciones de la Reforma Agraria se ini-ciaron a mediados de los años veinte. Los vecinos de Tequila se beneficia-ron por un decreto del 5 de enero de 1923 del gobernador José GuadalupeZuno, que les concedió la propiedad provisional de los potreros ElTescalame, Las Mohoneras, El Sancheño, El Negrito, El Galleño y La Mula,todos pertenecientes a Cenobio Sauza (RAN, expediente de dotación delejido Tequila, núm. 34: 63).

Entre 1930 y 1940, los ejidos del municipio de Amatitán fueron dotados de6,989.75 ha y 308 personas se vieron beneficiadas; a 439 ejidatarios de ElArenal correspondieron 5,480 ha, y a Tequila le tocó 11,765.94 ha para 594ejidatarios (Regalado, op. cit.: 212-213). En este contexto, señala Gabriel

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Torres, se empieza a hablar de un pacto social agrario dado el trato privi-legiado del Estado hacia los campesinos (1998: 78). El objetivo de talespolíticas, además de cumplir con una de las demandas más sentidas dela revolución como lo era el reparto de tierras, era lograr la asimilaciónde la sociedad civil rural al nuevo régimen.

Al momento del reparto, los terrenos de las haciendas de la región de Tequilay los poblados vecinos (Amatitán y El Arenal) se encontraban casi en sutotalidad cultivados de agave. El reparto, señala Rogelio Luna, “afectó launidad agroindustrial de la rama tequilera; esto se reflejó en la fuerte caídaen las plantaciones de agave, las cuales contaban con apenas cuatro millo-nes de plantas para 1940” (1991: 133). Para tener una idea de lo que signi-fica esta cifra, en 1890 únicamente las plantaciones de Cenobio Sauza su-peraban los cinco millones de agaves (ibid.: 111). El reparto significó unparteaguas en la historia de la producción tequilera, dado que dejó fuera dela producción de agave una buena parte de los terrenos destinados a lasiembra, pero sobre todo porque rompió con la autosuficiencia de agave dela industria tequilera.

Para los nuevos ejidatarios no resultó costeable cultivar agave debido a loprolongado de la cosecha o “jima”, que toma más de siete años; además, nocontaban con los recursos económicos necesarios para invertir en la desti-lación del mezcal, y por lo mismo se dedicaron al cultivo de granos básicosque podían ser utilizados en forma de autoconsumo.

Así pues, los industriales desarrollaron diversas acciones tendentes a adap-tarse ante la pérdida de autosuficiencia de mezcal. De esta forma surgió laestrategia del intermediarismo comercial. Los intermediarios acaparan gran-des cantidades de agave y de esta manera garantizan el abasto del productoa la industria convirtiéndose en un factor determinante que favorece la es-peculación con el precio del mezcal. Rogelio Luna llama a estas prácticas“neolatifundio financiero” (ibid.: 22) debido a que se ejerce un control delos recursos que produce la tierra sin darse la reapropiación de ésta. Laindustria del tequila se encuentra en una situación privilegiada ante los pro-ductores, toda vez que el mezcal no tiene otra posibilidad de mercado, másque el que representan las destilerías. De esta forma el mercado del agave

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ha estado controlado por un pequeño grupo de industriales; es decir, porquienes poseen mayor capacidad de destilación. Esto sin embargo, comobien advierte Luna, representa una desventaja para algunos industriales(principalmente a los pequeños y medianos tequileros), toda vez que desdeuna perspectiva económica, cultivar agave no resulta una actividad renta-ble (ibid.: 175). Por lo mismo cíclicamente se presentan etapas de escasez ysobreoferta.

La primera crisis de sobreproducción

En los años setenta se presentó en la región tequilera el fenómeno de la so-breproducción de agave. Tres factores se conjugaron en esta crisis: la dis-minución en la cantidad de agave permitido por la norma oficial del tequila,los créditos que se otorgaron para habilitar el cultivo y el intermediarismoque controlaba el acceso de agave a las fábricas.

En la década de los sesenta se presentó escasez de mezcal lo cual sirvió deargumento a los industriales para solicitar la disminución en la cantidadde mieles de agave que prescribía la norma oficial del tequila. Hasta antes de1964 la norma del tequila sólo permitía la producción del licor 100%de agave, en ese año se permitió bajar la norma a 70% de mieles de mezcaly el resto remplazarlo con otros azúcares (Luna, ibid.: 171).

En 1968, el Banco Nacional de Crédito Ejidal y el Banco NacionalAgropecuario abrieron por primera vez líneas de crédito para habilitar elcultivo de mezcal. Por su parte, los industriales también refaccionaron concrédito a los productores; ambos factores coadyuvaron a incrementar lasuperficie cultivada en 434% (ibid.: 173). A comienzos de los años setenta,en los valles de Tequila, surgió el fenómeno de la sobreproducción de mezcal.Para 1973 ya había en los campos de Jalisco 180 millones de plantas deagave (Muriá, 1990: 75).

La sobreoferta del cultivo no se entiende sin tener en cuenta la alteraciónaprobada oficialmente en la norma del tequila. La sobreproducción y elintermediarismo que controlaba la comercialización ocasionaron la caídaen los precios del mezcal, lo que tuvo consecuencias negativas en los in-

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gresos de los campesinos, al grado de que algunos preferían dejar que elagave se perdiera en las parcelas debido a que los bajos precios ni siquieracosteaban los gastos de la jima (corte, flete, etcétera).

En este contexto de sobreoferta, los productores de agave del municipio deAmatitán principalmente se inconformaron ante el monopolio en la comer-cialización del mezcal. Éstos crearon en 1976 la Unión de Productores eIntroductores de Mezcal Tequilero del estado de Jalisco, que encabezó lalucha contra el intermediarismo. Respaldados por la dirección nacional dela Confederación de Trabajadores de México (CTM), el movimiento enfren-tó con un bloqueo y toma de fábricas generalizadas la estrategia delintermediarismo comercial. Los inconformes tomaron 22 fábricas durantetres días a finales de agosto y principios de julio de 1976 en la ciudad deTequila. En las fábricas Cuervo y Sauza (que entonces destilaban alrededorde la mitad de la producción total de tequila) el bloqueo se prolongó por 22días. El principal logro de la organización fue mejorar el precio del agave,que pasó de 60 a 90 centavos por kilo, y además obtuvo el reconocimientooficial de las fábricas para contratar compras de mezcal a través de la Uniónde Productores recién creada.

El acuerdo que resolvió el conflicto estipulaba que quedaba prohibida laadquisición de agave fuera de ese organismo (Luna, op. cit.: 181). De estamanera, la organización logró romper, al menos parcialmente, el monopo-lio de los intermediarios en la venta de mezcal. Sin embargo, para 1989 laUnión estaba diluida en varias asociaciones locales incapaces de integrarseen un solo organismo homogéneo y, por lo mismo, su capacidad de nego-ciación ante la industria tequilera era muy débil. En realidad, a los indus-triales ya no les interesaba negociar con la organización, sino que preferíanllegar a acuerdos sobre el precio del mezcal con el intermediario más fuer-te, dado que, como cita Rogelio Luna, esa persona controlaba más planta-ciones que toda la Unión en su conjunto (idem).

La Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil

Durante el régimen de Luis Echeverría, el Estado mexicano se hizo nueva-mente presente en la región tequilera en apoyo a la organización agraria.

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En ese sexenio se creó la primera y única fábrica ejidal de tequila. Dichaplanta tenía como objetivo afrontar la sobreoferta de agave de esa época.

La política agraria de Echeverría pretendió hacer del ejido un nuevo polode desarrollo.3 El objetivo era enfrentar la crisis del sector agrícola que semanifestaba en el constante aumento de las importaciones de granos bási-cos y las pérdidas acumuladas del sector primario por más de dos décadasde abandono. Así, durante ese régimen, la inversión pública en fomentoagrícola pasó de 2,628 millones de pesos en 1970 a 17,595 en 1976 (Bartra,1985: 113).

En noviembre de 1972, los ejidatarios de Amatitán solicitaron ante el extin-to Fondo Nacional para el Fomento Ejidal (Fonafe) el estudio de factibilidadpara la instalación de una fábrica de tequila (Banrural, 1996); sin embargo,un ejido no era suficiente para obtener una ampliación del crédito. Echeverríahabía impulsado la creación de ejidos colectivos, teniendo como instru-mento de coacción legal para imponerlo, como señala Armando Bartra, laLey General de Crédito Rural, que establecía prioridades crediticias a la or-ganización colectiva (op. cit.: 113). Quizá el fracaso del proyecto echeverristadebiera buscarse en lo impositivo de estas políticas, que no involucrarondirectamente al campesino en los diferentes proyectos puesto que fuerondiseñados verticalmente.

El 15 de enero de 1973 se constituyó la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfilcon 36 ejidos de la región. Con la constitución de la Unión Ejidal, el equipode la destilería con que ya contaba el ejido de Amatitán pasó a manos de laUnión de Ejidos que comenzó a producir tequila hasta noviembre de 1975(Banrural, op. cit.). La Unión Ejidal está integrada actualmente por 35 eji-dos de los municipios de Amatitán, El Arenal, Tequila, Magdalena, Anto-nio Escobedo y Hostotipaquillo, y tiene como principal función adminis-trar una pequeña factoría, “Nueva Reforma Agraria”, que se localiza en elejido Amatitán.

3 En el marco de esta política, en el ejido El Arenal se impulsó la creación de una empacadora de carnes fríasy de un restaurante para establecer un polo de desarrollo local. El ejido fue considerado por Echeverríacomo un modelo nacional, de tal manera que en los años setenta se organizaron giras de ejidatarios de variaspartes del país que lo visitaban para aprender el modelo de organización; hasta el presidente socialista deChile, Salvador Allende, acompañado de Echeverría, en 1972 visitó el ejido y la cabecera municipal.

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Todavía en mayo de 1976 los ejidatarios de Amatitán se quejaban de que elproyecto de la Unión no se consolidaba y, por lo tanto, el Banrural lescobraba los intereses vencidos del crédito que les otorgó para la construc-ción de la fábrica de tequila (RAN, expediente de dotación del ejido Amatitán,núm. 70: 795).

Debido a que el proyecto de la empresa ejidal no terminaba de cuajar y noera el esperado por los ejidatarios amatitenses, su inconformidad con elproblema de la sobreproducción de agave se volvió más agudo y eso expli-ca el rol activo que jugaron en la protesta que dirigieron y protagonizaran através de la Unión de Productores e Introductores de Mezcal Tequilero delestado de Jalisco en 1976.

El proyecto de la destilería partía del supuesto de que la empresa permitiríaa los ejidatarios afrontar la sobreproducción y los bajos precios del cultivoal integrar plenamente la cadena productiva agave-tequila en beneficio co-lectivo. Sin embargo, dado que nunca ha trabajado a su máxima capacidad,ésta sólo representó una salida parcial y coyuntural al problema.

Este espacio de organización agavera quedó adscrito a la ConfederaciónNacional Campesina (CNC), de tal manera que el descontento de los agaverosfue canalizado y asimilado por el corporativismo oficial. Como observaShefner, el Estado populista mantuvo su legitimidad canalizando la disi-dencia hacia organizaciones corporativas preexistentes (1997: 262). Locaracterístico de este proceso es la fusión de actores, tal como lo planteaManuel Antonio Garretón, entre el Estado, los actores políticos y la socie-dad civil (1995: 22).

Escenarios de incertidumbre: el campo agavero en los noventa

La destilación de tequila es la principal actividad industrial de la región. Enla cabecera municipal de Tequila se procesa más de la mitad de la produc-ción total del licor. Sin embargo, la destilación de tequila es una actividadque no genera muchos empleos directos. En 1995, trabajaban en las fábri-

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cas tequileras 1,719 obreros, 1,315 empleados y 98 técnicos (CRIT, 1996:9). La baja generación de empleos en el sector secundario y terciario de laeconomía se debe a que una cantidad considerable de tequila se exporta agranel y los empleos que pudieran beneficiar a las dos regiones de Jaliscoproductoras del licor (los Altos y los valles de Tequila) se van con el tequilaque sale sin envasar del país. Así por ejemplo, en 1997, del total de lasexportaciones 87% se exportó a granel (CRT, 1998: 23).

Es bien conocida la situación de bonanza en la producción de tequila. Enlos últimos tres años las exportaciones han aumentado 34% (Público, 7 deseptiembre de 1999). El tequila se sigue afianzando en el mercado mundialy en mayo de 1997 la Unión Europea reconoció la denominación de ori-gen4 del tequila mexicano con lo que se consolidó un nuevo nicho de mer-cado para las exportaciones del licor. La producción de tequila ha manteni-do un crecimiento sostenido desde 1994 y un auge en sus exportaciones,como puede verse en el cuadro 1.

4 El tequila es uno de los pocos productos mexicanos que cuenta con la protección de la denominación deorigen. La zona reconocida para la producción del licor está compuesta por la totalidad del estado deJalisco, 29 municipios de Michoacán, seis de Guanajuato, seis de Nayarit y once de Tamaulipas (DiarioOficial de la Federación, 13 de octubre de 1977: 8). Actualmente, la Secretaría de Comercio y FomentoIndustrial analiza la posibilidad de incluir en la denominación de origen al municipio de Marcos Castella-nos, Michoacán.

Año Producción de tequila Exportaciones Consumo de agave

(millones de litros) (millones de kilogramos)

1995 104.3 64.7 283.6

1996 134.7 75.2 429.6

1997 156.5 84.3 522.3

1998 169.7 86.5 672.1

Acumulada a

septiembre de 1999 142.3 73.2 591.7

Cuadro 1Producción de tequila y consumo de agave

Fuente: CRT, 1998: 21-23, para 1998; Público, 22 de enero de 1999, y para 1999 Mural, 23 de octubre de1999.

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La bonanza económica del tequila no ha redundado en beneficio directopara el primer eslabón de la cadena productiva. A principios de los añosnoventa, se presentó nuevamente en la región el fenómeno de la sobrepro-ducción; el campo agavero entró en crisis, en la cual nuevamente se conju-garon el auge en las plantaciones, el problema del intermediarismo comer-cial, la disminución en la cantidad de agave permitido por la norma oficialpara la producción de tequila y la agudización de los problemas de plagasen el cultivo.

Cíclicamente se presentan etapas de escasez y sobreoferta. Este ciclo com-prende el tiempo necesario para la maduración del agave, es decir una dé-cada. Como se vio anteriormente, en los años setenta también hubo sobre-producción. Así, en los ochenta la industria tequilera tenía desabasto de sumateria prima, por lo que los industriales buscaron afanosamente el agave,que llegó a cotizarse a precios muy elevados. La desesperación por la esca-sez era tal que los camiones cargados con agave jimado eran detenidos porejecutivos de las tequileras, quienes por adquirir el mezcal mejoraban cual-quier precio.

El precio del agave se disparó, en tanto que los primeros efectos de la libe-ralización económica calaban en los ingresos de los ejidatarios de la re-gión, que en su mayor parte se dedicaban al cultivo de granos básicos. Así,en tanto que los precios de garantía y los subsidios estatales al cultivo de lagramínea se derrumbaban, el precio del agave iba en aumento, constitu-yendo el escenario propicio para el masivo cambio de cultivo. Así fue quepara 1993 en el municipio de Tequila existían 6 mil hectáreas sembradas deagave y sólo mil de maíz (El Occidental, 4 de octubre de 1993: 2A).

Para 1984 las parcelas y potreros de la región se comenzaron a poblar deagave, los buenos precios del mezcal constituían entonces el “oro azul”para los campesinos de la región. A decir del economista Alejandro Macías,entre 1960 y 1981 el crecimiento en el precio del agave fue de apenas unpeso por kilo, no obstante:

En 1985 el precio se había incrementado más de 26 veces respectoal que regía en 1981, y a partir de entonces los incrementos han

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sido altos. Sin embargo, sería erróneo concluir que estos aumen-tos han mejorado las condiciones de los agricultores. Por el con-trario, aumentos tan espectaculares se deben a que en ese tiempoel país estaba en un proceso de inflación elevada, por lo que entérminos reales es posible que incluso haya disminuido su precioreal (1997: 4).

De acuerdo con Macías, dos empresas controlan el mercado tanto internocomo externo del tequila —Sauza y Cuervo—, conformando un duopoliomonopsónico que “ha determinado durante los últimos 30 años el mercadode compra y venta de materia prima” (idem). Según datos de la CámaraRegional de la Industria Tequilera (CRIT), Tequila Cuervo produce 22% deltotal de licor, Tequila Sauza 15% y Tequila Herradura 8.5%, siendo las tresempresas de mayor capacidad de producción (Público, 22 de febrero de1999).

Una vez que el agave plantado a mediados de los ochenta completó su ciclode maduración —diez años después—, estalló el fenómeno de la sobrepro-ducción. Los tres municipios de la región tequilera estaban principalmentesembrados de agave. De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila(CRT), en 1995 había en Amatitán 7,512 ha plantadas de mezcal (Siglo 21,26 de agosto de 1996: 31). La misma fuente señala que en Tequila las plan-taciones ascendían a 5,370 ha; así, el mezcal se convirtió en el principalcultivo de estos municipios. En El Arenal siempre ha sido menor el númerode plantaciones respecto a los municipios vecinos. De hecho, observa unatendencia hacia la diversificación de cultivos, de tal manera que en 1995había 2,429 ha plantadas con caña de azúcar y 1,482 con maíz (INEGI, 1997b:12), y únicamente 2,018 cultivadas con mezcal (Siglo 21, 26 de agosto de1996: 31). Entre 1984 y 1997 el número de campesinos dedicados en Jalis-co a este cultivo pasó de 14,800 a 33,000 (CRT, 1998: 28). El siguientecuadro ofrece una visión de conjunto de los ciclos productivos en el sigloXX y sirve para entender la magnitud del fenómeno al que nos referimos.

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A inicio de los noventa el precio del agave se conservaba elevado, puesgran parte del mezcal plantado a mediados de los años ochenta no estabamaduro. Eso significa que persistía la escasez de materia prima, en tantoque se había incrementado la demanda internacional de tequila. En 1993, latonelada de agave se cotizaba entre 650 y 700 pesos (o 650 y 700 mil viejospesos), llegando incluso a alcanzar precios de entre 960 y 980 pesos, de-pendiendo de la calidad del agave, pues éstos se tasan con base en la canti-dad de glucosas que tiene cada entrega de mezcal. En efecto, los precios nodeben considerarse fijos, sino oscilatorios.

En 1991, los industriales tequileros argumentaron la escasez de mezcal parasolicitar al gobierno federal una disminución en la cantidad de mieles deagave en la norma oficial del tequila. Los tequileros lograron que se autori-

Año Hectáreas plantadas Número de agaves Litros de tequila

1900 46,000 70,000,000 9,559,100

1910 13,000 20,000,000 4,620,000

1920 10,000 15,000,000 3,000,000

1930 7,498 9,885,081 1,900,347

1940 2,603 4,007,615 1,654,370

1950 5,697 11,394,000 4,488,435

1960 3,810 9,871,049 10,713,231

1970 20,350 57,660,830 23,370,592

1973 62,373 180,000,000 38,483,000

1983 14,000 31,000,000 65,000,000

1985 16,000 48,000,000 52,991,945

1987 32,000 80,000,000 56,000,000

1997 60,000 203,000,000 156,000,000

Cuadro 2Producción de agave y tequila

* Este dato corresponde a 1901.** Dato de 1974 .Fuente: Luna, 1991: 169-170; excepto: a, Muriá, 1990: 73-75; b, CRIT; c y d Valenzuela, 1997: 28; e, CRIT;

f, CRIT.

(d)

(e)

(b)

(c)

(f)

(a) **

*

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zara —el 29 de agosto de ese año— producir tequila con la cuota de agavemás baja de la historia. Es decir, el tequila producido en esa situación deexcepción sólo contenía 30% de mieles de agave y 70% de otras glucosas.Esto operó hasta diciembre de 1991; a partir de esa fecha se incrementógradualmente la cantidad de mieles de mezcal, que llegaron a 51% en 1993,cuando se oficializó la norma en ese porcentaje (Siglo 21, 29 de septiembrede 1995: 5).

La Norma Oficial Mexicana (NOM-006-SCFI-1994) vigente permite la pro-ducción de tequila con 51% de mieles de agave y el resto de otros azúcares.La disminución en la cantidad de mieles de la NOM redunda en una dismi-nución directa en el consumo de agave.

Al fenómeno de la sobreproducción se le sumó la especulación derivada deun fortalecido intermediarismo comercial. El intermediario fijaba las condi-ciones de compra pagando el agave en plazos de hasta un año. Además, com-praba el mezcal maduro por planta y no por kilos (la planta madura tiene unpeso de entre 40 y 50 kilos); en cambio, el agave tierno lo compraba por kilosya que su peso es mucho menor. Los productores se veían obligados a rematarel agave al “coyote” amenazados por una posible pudrición de su cosecha,ya que cuando el mezcal llega a su madurez la jima debe ser inmediata, puesde lo contrario en poco tiempo se pudre en la parcela; además, siempre existela posibilidad de contagio de los patógenos que atacan el cultivo. De estamanera, fue que para 1994 la crisis productiva y de comercialización se agra-vó: los precios del mezcal comenzaron a caer.

Los intermediarios se encargaban de divulgar rumores de que las fábricasestaban en crisis y que iban a quebrar. De suceder, esto traería consigo unapérdida del producto de más de siete años de trabajo. Todo ello representa-ba una estrategia para mantener su hegemonía y la incertidumbre entre loscampesinos. Además, el intermediarismo se sostenía debido a que la mayo-ría de los campesinos no tenía registro fiscal para facturar el agave. De esaforma, muchos tenían que facturar vía intermediarios.

La cantidad de agave que se comercializaba por medio de las organizacio-nes de productores era mínima. La organización que contaba con el mayor

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número de compras de agave en la región lograba vender únicamente 30toneladas por semana. La situación se resumía a mediados de 1996 en elhecho de que había en los campos de Jalisco más de 100 mil toneladas enextrema madurez en riesgo de perderse por falta de mercado.

Por si esto fuera poco, en los plantíos de mezcal se presentó una nuevaplaga de gran capacidad destructora, al grado de que los campesinos labautizaron como “el SIDA del agave”. Los patógenos (una bacteria y unhongo) ocasionan la pudrición del cultivo, en unos cuantos meses puedenexterminar la totalidad de una parcela. Según el último censo del CRT, 18%de los sembradíos de agave está contaminado con la plaga (Mural, 25 deseptiembre de 1999).

De acuerdo con el CRT, la cantidad de agave plantado en Jalisco es de 201millones de agaves, un millón y medio en Tamaulipas, 165 mil plantas enNayarit y 640 mil en Guanajuato (El Informador, 21 de mayo de 1998: 5B).La industria tequilera, en 1995, procesaba alrededor de 21,258 toneladasde agave al mes, esto significa nueve millones de agaves al año; por lotanto, sólo podrá procesarse menos de la mitad del mezcal plantado: 80millones de plantas (Siglo 21, 24 de agosto de 1995:21). Aun con los au-mentos en la producción de tequila que redunda en un mayor consumo deagave, año con año se pierden parcelas completas, ya sea porque llegan a laextrema madurez o por problemas de plagas.

Del Estado interventor al Estado ausente

De acuerdo con Gabriel Torres, en esta región de Jalisco el nacionalismodesarrollista promovido por el gobierno mexicano, que se significaba porel reparto de tierras, insumos y riqueza, prácticamente ha llegado a su fin(op. cit.: 74). La crisis del agave de los noventa guarda muchas similitudescon la crisis que se presentó en los años setenta en el contexto del estadoneodesarrollista. En esta década también hubo sobreproducción de agave.La norma oficial del tequila también registró un descenso en la cantidad demieles de agave permitidas y se presentaron conflictos sociales por elintermediarismo en la comercialización.

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En 1995, de manera semejante a 1976, los productores encabezaron unaprotesta contra las empresas tequileras. Sin embargo, la respuesta guberna-mental distó mucho de tener alguna similitud con la del neopopulismo delos setenta. En el nuevo conflicto el gobierno federal estuvo ausente de laregión, esta ausencia se refleja, fundamentalmente, en la falta de subsidiospara el campo agavero, ya que la producción de mezcal no está incluida enlos esquemas de la Alianza para el Campo; además, los agroproductoresque utilizan el sistema de siembras intercaladas, esto es que cultivan suparcela con agave y maíz a la vez (durante los primeros tres años de vidadel mezcal), no tienen acceso a subsidios del Procampo. El agave tampocoestá contemplado en ninguno de los programas de sanidad vegetal del go-bierno federal, no obstante la gravedad de las plagas que lo atacan. Unasalida gubernamental a la crisis del campo agavero, como la que se dio enla década de los setenta, hubiera sido impensable ya que en el contextoactual el Estado asumió una política de adelgazamiento administrativo cuyapremisa es una menor intervención en la vida económica del campo en arasde la mayor eficacia del mercado. En este sentido, las políticas de ajusteneoliberal, sociológicamente significan la destrucción de las identidadescolectivas preexistentes en el campo mexicano.

El hecho mismo de que las acciones de protesta de los agroproductores deagave se desarrollara “por fuera” de las organizaciones que anteriormentetuvieron presencia entre los productores, esto es la CNC y la CTM, nos de-muestra el agotamiento de la estructura corporativa en el campo agavero:estas instancias ya no son suficientes para canalizar la disidencia y gestio-nar las posibles soluciones al conflicto.

La génesis social de la protesta agavera

En el escenario de la sobreproducción se incubó la protesta de los produc-tores de El Arenal en mayo de 1995; empero, el contexto de crisis descritoanteriormente no agota la explicación del surgimiento del movimientoagavero. De acuerdo con Klandermans, “un problema social no genera ine-vitablemente un movimiento social” (1994: 184). La vida cotidiana estállena de problemas sociales; por ejemplo, son miles los obreros quecomparten el hecho de tener bajos salarios, lo cual es un problema social

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compartido por una masa, pero son pocos los que se manifiestan por talesmotivos. Entonces, ¿qué es lo que motiva la protesta? Podríamos pregun-tarnos las razones por las que se inició la movilización agavera entre losproductores del centro de Jalisco y no en los Altos, donde los agroproductorescompartían la misma problemática.

En este sentido, el reto de la sociología y la ciencia política, de acuerdo conGarretón, es descubrir “cómo una situación o categoría estructural se trans-forma en actor” (op. cit.: 19). Vistas así las cosas, los escenarios de incerti-dumbre descritos nos remiten a múltiples procesos organizativos, lo queKlandermans denomina campos pluriorganizativos (op. cit.: 206).

En primer término, el movimiento de protesta de los productores de agaveque se sumó al movimiento de deudores El Barzón Confederación es frutode la ruptura en el tejido social precedente; esto quiere decir que el movi-miento agavero emergió de las entrañas del antiguo pacto corporativo. Losagaveros rompieron la relación que tenían con las estructuras de represen-tación, principalmente con la Unión Agrícola Regional de Productores deMezcal Tequilero del estado de Jalisco.

La nueva organización se formó sobre las ruinas del pacto corporativo. Dehecho, en gran parte la nueva organización de nombre El Barzón del Agavees un continuo de la protesta surgida en los años setenta con la Unión deProductores e Introductores de Mezcal Tequilero del estado de Jalisco, de-bido a que comparten las mismas reivindicaciones (comercialización delagave sin intermediarios y a mejores precios).

Los barzonistas agaveros son en su mayor parte disidentes de la UniónAgrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero del estado de Jalis-co; hasta antes de la fundación de El Barzón del Agave, esta organizaciónrepresentaba alrededor de 90% de los agaveros de los valles de Tequila. Lamembresía de las otras organizaciones era considerablemente menor.La Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero del esta-do de Jalisco tiene su antecedente inmediato en la Unión de Productores eIntroductores de Mezcal Tequilero del estado de Jalisco. En 1995 esta or-ganización contaba con un programa de compra de agave en las tequileras

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de 30 toneladas a la semana, esto es diez toneladas por cada municipio dela región (El Arenal, Amatitán y Tequila), por lo que resultaba una alterna-tiva mínima para comercializar agave.

Desde marzo de 1995 el malestar de los agaveros era conocido por lasagencias estatales. El grupo inconforme de Amatitán entregó un pliegopetitorio en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desa-rrollo Rural (Sagar) de Guadalajara. Señalaban que debido a que los indus-triales contrataron las compras de agave con los dirigentes de la asociaciónlocal de productores, esto propició que sólo “los amigos de los líderes”tuvieran facilidades para vender agave (El Financiero, edición occidente,29 de marzo de 1995: 27A).

Al igual que en Amatitán, en la sección de El Arenal de la Unión Agrícolatambién había malestar y los inconformes manifestaron a la dirigencia sudesacuerdo con la forma en que operaba la organización, pues señalaban quese veían marginados del programa de venta que tenía asignado la Unión, yque las pocas entregas las acaparaba la mesa directiva. Ellos pidieron a ladirigencia que se convocara a elecciones para renovar la mesa directiva; la res-puesta fue negativa y sólo se les concedió que se cambiaría al presidente de ladirectiva. Así, ante la falta de una respuesta positiva a sus demandas, entre 70y 80 agaveros optaron por abandonar la organización. El grupo inconformese fue nutriendo con los agroprodutores de Tequila encabezados por JuliánRodríguez Parra, entonces vicepresidente de la Unión Agrícola en dichomunicipio, así como con los agaveros inconformes de Amatitán.

La Unión Agrícola fue la red social sobre la cual se tejió la protesta agavera,pues los movimientos sociales, como afirma Alberto Melucci, siempre arrai-gan en redes sociales sumergidas en la vida cotidiana; lo que motiva laparticipación de los individuos en las movilizaciones es que dichas redesestán relacionadas con problemas específicos (1994b: 146). Sin embargo,antes de manifestarse públicamente, los agaveros buscaron soluciones enlos ayuntamientos locales, el segundo campo organizativo, ya que al pedirla intervención de la dirigencia del movimiento barzonista para gestionar laaudiencia con los ayuntamientos se establecieron los primeros nexos con elmovimiento de deudores. Los ediles no pudieron ofrecer una respuesta

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favorable. En Tequila, el alcalde sentó en la misma mesa a industriales yagaveros inconformes para negociar la venta directa de mezcal. Los indus-triales argumentaron el principio de la “libre empresa” para no comprar elagave del grupo inconforme; además, resulta difícil probar la existencia deintermediarios porque la mayoría de los señalados por los agaveros poseenplantaciones, lo que les permite sortear dichas acusaciones, al hacerse pa-sar simplemente por “agricultores”.

El 23 de mayo de 1995, más de 250 campesinos disidentes se manifestaroncontra el intermediarismo con una marcha por las calles de Tequila. Losagaveros disidentes optaron por unirse a la organización de deudores ElBarzón Confederación que encabeza Maximiano Barbosa, pese a que notenían problemas de cartera vencida. El movimiento barzonista comenzóenarbolando exclusivamente las deudas con la banca privada y estatal; sinembargo, la lucha se ha extendido a diferentes sectores debido al rápidocrecimiento de la organización. Así, ha encabezado la lucha por mejoresprecios para la leche de los ganaderos de los Altos de Jalisco, la lucha delos tianguistas de la calle 60 desalojados por el ayuntamiento de Guadalajara,etcétera.

Para los agaveros, la alianza con El Barzón resultó atractiva por el pesoante la opinión pública de este actor social reconocido como interlocutorde los gobiernos estatal y federal. De acuerdo con Bert Klandermans: “Lossistemas de alianza sirven para apoyar a las organizaciones del movimientosocial proporcionándoles recursos y creando oportunidades políticas” (op.cit.: 209). El aporte del movimiento barzonista para la sociedad civil delcampo agavero radica en el impacto que provoca en la estructura corpora-tiva; Laurence Whitehead señala que un indicador “de lo que podría cons-tituir una nueva sociedad civil en México, autónoma y con bases amplias,lo proporciona el caso del movimiento barzonista” (1999: 37).

La membresía de El Barzón del Agave comenzó a crecer cuando el movi-miento contó con algunos programas de comercialización de mezcal enforma directa, lo que fue atrayendo a más campesinos a la nueva organiza-ción. Sin embargo, esta perspectiva utilitarista de elección racional sóloexplica parcialmente el crecimiento de El Barzón agavero.

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El marco de injusticia de los agaveros inconformes se construyó a partir dela creencia colectiva de que serían desplazados de su actividad —la pro-ducción de agave—, debido a que la industria no les compraba el mezcal enforma directa y había comenzado a adquirir grandes extensiones de terrenopara cultivar sus propios agaves (entrevista a Julián Rodríguez, 16 de sep-tiembre de 1996, Tequila, Jal., y declaraciones de René Beas en Siglo XXI,12 de noviembre de 1998: 18). Los campesinos conocen la situación debonanza de la industria tequilera y es el reconocimiento de la exclusión dedicha bonanza lo que les permite elaborar un marco de injusticia, el cual,como acota Klandermans, es una condición indispensable para la construc-ción social de la protesta (op. cit.: 186).

Al igual que en el movimiento social barzonista, los actores que integran ElBarzón del Agave son ejidatarios y pequeños propietarios; como bien apuntaFrancis Mestries, El Barzón “reagrupa a sectores que incluso antes se ha-bían enfrentado” (1995: 145). La media de plantaciones de agave que po-seen los barzonistas oscila entre las cinco y quince mil cabezas de mezcal,aunque se dan casos de quien tiene hasta 170 y 200 mil agaves, siendo laexcepción más que la regla. Esto significa alrededor de entre cuatro y quin-ce hectáreas sembradas.

A cinco meses de iniciadas las protestas contra el intermediarismo (mani-festaciones públicas en Guadalajara y bloqueos del ingreso total de agave ala ciudad de Tequila), El Barzón ya representaba a 81% de los agaveros delcentro del estado. Según una muestra del CRT y la Secretaría de DesarrolloRural de 798 agroproductores encuestados: 659 dijeron ser barzonistas, 45de la Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal tequilero del es-tado de Jalisco, 22 de una nueva organización de la CTM en Amatitán, 14 dela Asociación Regional de Productores de Agave Tequilero de Jalisco, dosde la Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal y 56 no teníanfiliación (Siglo 21, 24 de octubre de 1995: 7).

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Epílogo

Luego de más de dos años de conflictos y negociaciones (mayo de 1995-noviembre de 1997), los barzonistas lograron incrementar el precio delagave, que pasó de 500 pesos por tonelada en 1995 a 850 a principios de1997. Sin embargo, ante los conflictos y las fuertes caídas en el precio delmezcal, pues hay que recordar que en 1993 se cotizaba hasta en 980 pesosla tonelada, los productores comenzaron a abandonar el cultivo del agave.

Por otra parte, el llamado boom tequilero ha ocasionado la proliferación denuevas marcas, la mayoría empresas pequeñas y medianas especializadas enproducir tequila 100% agave. Algunas empresas ya reconocen la escasez demezcal y su precio hoy oscila entre 4,000 y 4,500 pesos por tonelada. Re-cientemente, el mismo gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, solicitó alas autoridades federales intervenir en el problema que enfrentan los produc-tores del licor oaxaqueño denominado “mezcal” ante la compra indiscriminadadel maguey destinado a tal licor por parte de industriales tequileros. JoséMurat estima que se han comprado en forma ilegal unas 12 mil toneladas demaguey en detrimento de la producción de dicho licor (Público, 14 de di-ciembre de 1999). El propio CRT ha empezado a aplicar sanciones a empresasque produjeron “tequila” con magueyes diferentes al tequilana Weber.

Conclusión

La cadena productiva agave-tequila ha estado marcada por el conflicto ypor los ciclos productivos de excedentes y escasez de la materia prima bá-sica. Hoy, ante un escenario de crecimiento y consolidación de nuevosmercados de la bebida, es probable que la expansión no pueda sostenerseante la escasez de agave. La resaca del conflicto agavero comienza a resen-tirse. Los ciclos de escasez y sobreproducción no se resolverán en tanto nose considere en los diferentes proyectos tendentes a este propósito a los dossectores que integran la cadena de producción (campesinos e industriales)para la búsqueda consensuada de una solución. El resurgimiento del con-flicto agavero y de los desequilibrios en la cadena productiva nos habla dela falta de regulación, de controles y de planeación en el campo agavero.

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Jorge A. Llamas 4/15/04, 4:44 PM29

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•ANÁLISIS•

Tendencias del campo mexicano

LHéctor Robles Berlanga*

el territorio nacional. La Secretaría de la Reforma Agraria concluyó con laremisión en estado de resolución de los 11,367 expedientes instaurados du-rante la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria a los Tribunales Agra-rios; 2,634 núcleos agrarios fueron dotados con 1.9 millones de hectáreas enbeneficio de 211,571 campesinos. La entrega de tierras que el Estado culmi-nó a través de la reforma agraria redistribuyó la riqueza agraria del país ytransformó profundamente la estructura económica y social de la nación.

Teniendo como eje la legalidad, el Sector Agrario ha sido garante del cum-plimiento de los Acuerdos Agrarios firmados con 37 organizaciones cam-pesinas nacionales y con más de 160 organizaciones y núcleos agrariosindependientes de Chiapas y Oaxaca, para resolver una demanda históricade cerca de 13 mil asuntos adicionales al rezago agrario, mediante la adqui-sición de 552 mil hectáreas en beneficio de casi 100 mil campesinos, que

* Actualmente se desempeña como Director General de Estudios y Publicaciones de laProcuraduría Agraria.

a reforma del marco legal agrario ha logrado avances importantes.Las nuevas instituciones agrarias –Registro Agrario Nacional,Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios– tienen presencia en todo

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

habrán de constituir cerca de 1,500 núcleos agrarios. Con lo anterior se darespuesta a la demanda histórica de tierra de las organizaciones campesi-nas. Los Acuerdos Agrarios han jugado un papel fundamental en el tránsitohacia una nueva relación con los hombres y mujeres del campo.

En los últimos siete años se han certificado totalmente los derechos colec-tivos e individuales en 20,030 ejidos y 632 comunidades, que representan70% de los núcleos agrarios de todo el país; se han medido y generado losproductos cartográficos para 54 millones de hectáreas, es decir, un áreaequivalente a la suma de los territorios de Reino Unido, Portugal, Grecia,Hungría, Suiza, Bélgica e Israel. La asignación precisa y documentada delos derechos de propiedad sobre la superficie de ejidos y comunidades hapuesto fin a conflictos por límites y linderos de parcelas y solares, al tiem-po que ha generado la base necesaria de certidumbre que toda actividadeconómica y social requiere para desarrollarse.

En el mismo lapso se avanzó en la regularización de terrenos nacionalescon la expedición de 24 mil títulos por trescientas mil hectáreas. Alrededorde 15 mil nuevos títulos se expedirán entre los años 1999 y 2000.

La Ley Agraria establece que los núcleos agrarios, para contar con unaorganización fuerte, deben contar con representación legítima y normasclaras para su convivencia. Han actualizado sus órganos de representacióny vigilancia 24,134 núcleos agrarios, cuentan con reglamento interno o es-tatuto comunal 14,147, con libros de contabilidad y administración 9,313,y 7,978 con libro de registro de titulación de derechos.

La privatización de la propiedad social –un derecho contemplado ahora enla legislación agraria– es un fenómeno restringido y marginal; 809 núcleosagrarios –menos de 3% del total– han solicitado el cambio de dominio en253 mil hectáreas que representan 0.25% del total de la propiedad social.La tercera parte de los ejidos que adoptaron el dominio pleno se localizanen áreas conurbadas.

Las tendencias que exponemos en este escrito, surgen como parte de unaserie de estudios que realiza la Dirección de Estudios y Publicaciones de la

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•ANÁLISIS•

Procuraduría Agraria. En documentos anteriores describimos, a partir de lainformación generada por el Programa de Certificación de Derechos Ejidalesy Titulación de Solares Urbanos (Procede), algunas de las característicasagrarias de los ejidatarios, posesionarios y avecindados que nos permitie-ron conocer, por ejemplo, la importancia de la superficie según su destino,el tamaño promedio del predio y la presencia de la mujer. Con las encuestasy la explotación de las fuentes de información que genera el Sector Agrariologramos acercarnos a otros aspectos, como son: los tratos agrarios, la im-portancia del uso común y el trabajo en la parcela. El conjunto de estosacercamientos nos arrojaron luz sobre las principales tendencias relaciona-das con la tenencia de la tierra ejidal.

A continuación se presentan algunas de las características que actualmentese vienen dando en el campo mexicano.

Calidad de vida

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 1990, la Pobla-ción Económicamente Activa (PEA) del sector social ascendía a 3.4 millo-nes de personas. De éstas, se ocupaban en el sector primario 70%, en elsecundario 13.6%, en el de servicios 12.7% y el resto no especificó la acti-vidad económica.

GráficaActividad ejidal por sector económico

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del INEGI.

PEA secundaria13.6% PEA terciaria

12.7%

PEA no espec.3.7%

PEA primaria70.0%

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Las dificultades económicas del campo se observan en el deterioro de losniveles de empleo e ingreso de la población. De los 2.3 millones de perso-nas ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas, no recibe ingreso30% y con hasta un salario mínimo se encuentra 39% de las personas ocu-padas. En suma, 69% de la población ocupada en el sector primario recibemuy bajos ingresos. Por el contrario, sólo 5.2% obtiene ingresos superioresa cinco salarios mínimos.

GráficaIngreso ejidal según número de salarios mínimos

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del INEGI.

35

30

25

20

15

10

5

0No recibe Hasta

0.5 S.M.Más de 0.5

hasta 1 S.M.Más de 1

hasta 2 S.M.Más de 2

hasta 3 S.M.Más de 3

hasta 5 S.M.Más de 5

S.M.

Los bajos ingresos de la población que vive en ejidos y comunidades seobservan en los niveles de bienestar. De los 2.5 millones de viviendas par-ticulares habitadas, 46% cuenta con agua entubada, 16.5% con drenaje,65.9% con energía eléctrica, 17.6% con techos de lámina de cartón, 50%con pisos de tierra y 59% con dos cuartos o menos.

La pobreza de los ejidatarios y comuneros es un asunto complejo, diverso yconstante. En términos absolutos, el campo pierde riqueza y capital, aun-que algunos productores sean la excepción de esta constante, lo que obligaa la búsqueda de nuevas fórmulas de inversión de fondos y recursos para eldesarrollo.

%

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•ANÁLISIS•

Estructura agraria

El país tiene una superficie territorial de 196.7 millones de hectáreas, de lascuales más de 89.6% son tierras rústicas, es decir, alrededor de 175 millo-nes de hectáreas están identificadas por tipo de propiedad; de éstas, 37.6%es propiedad privada que poseen 1.5 millones de personas, con una exten-sión media de 46.1 hectáreas por propietario. El 51.4% corresponde a lapropiedad social y está distribuida entre 3.5 millones de ejidatarios y co-muneros, con una extensión media por sujeto de 28.2 hectáreas. Los terre-nos nacionales abarcan una extensión de 7.3 millones de hectáreas divididaen 144 mil predios, y por último 618 colonias agrícolas con una superficiede 3.7 millones de hectáreas.

Datos geográficos Propiedad ejidal

Superficie Municipio Núcleos Superficie Beneficiarios

(ha) (núm.) (núm.) (ha) (núm.)

196,718,300 2,433 27,285 84,216,076 3,059,135

Propiedad comunal

Núcleos Superficie Beneficiarios

(núm.) (ha) (núm.)

2,197 16,480,765 511,136

Propiedad privada Colonias

Predios Superficie Colonias Lotes Superficie

(núm.) (ha) (ha)

1,594,902 73,568,387 618 52,483 3,764,690

Estructura agraria

Fuente: Registro Agrario Nacional, diciembre 1999.

Los estados del norte del país son los que tienen mayor superficie de pro-piedad privada: Chihuahua, 12 millones 947 mil hectáreas; Sonora, 10 mi-llones 257 mil; Coahuila, 8 millones 31 mil; Tamaulipas, 4 millones 537mil y Nuevo León, 3 millones 990 mil hectáreas. Por otra parte, las entida-des con menor extensión de tierras privadas son: Distrito Federal con másde 9 mil hectáreas, Morelos 33 mil, Tlaxcala 92 mil, Colima casi 195 mil yAguascalientes 247 mil hectáreas.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Si se analiza la gráfica de los porcentajes estatales de las superficies depropiedad privada y de propiedad social, puede apreciarse una relación in-versa que nos indica que, o domina la privada o la social, exceptuándoseentidades como Guanajuato, Puebla y Aguascalientes, en las que está muyequilibrada la participación de los dos tipos de tenencia.

GráficaPorcentajes estatales de la superficie de propiedad privada y social

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del INEGI.

100

90

80

70

60

40

30

20

10

0

N.L

.Ta

mps

.S

on.

Chi

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Ver

.Ja

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Pue

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Gro

.

Privada

Social

En el país existe un total de 29,482 núcleos agrarios; de éstos, 27,285 sonejidos y 2,197 comunidades. La superficie ejidal asciende a 84.2 millonesde hectáreas en manos de 3 millones de ejidatarios. Por su parte, las comu-nidades cuentan con una superficie de 16.4 millones de hectáreas y 511 milcomuneros.

El mayor número de núcleos agrarios se localiza en Veracruz (11.8%), Chia-pas (6.6%), Michoacán (6.2%), Oaxaca (5%), Guanajuato (4.8%), Jalisco(4.8%), Tamaulipas (4.5%), San Luis Potosí (4.3%), Guerrero (4.2%),Sinaloa (4.2%), México (4.1%), Puebla (3.9%) e Hidalgo (3.9%).

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•ANÁLISIS•

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos de los CINA.

GráficaProporción de núcleos agrarios por estado

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

N.L

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Comunidades Ejidos

Conflictividad agraria

Para comprender la dinámica social en el campo es necesario referirse a losconflictos agrarios, los cuales se entienden como enfrentamientos entre doso más actores (personas físicas o morales). Los conflictos pueden obser-varse desde el punto de vista colectivo o individual. Así, por ejemplo, losconflictos colectivos pueden consistir en: la solicitud pendiente de dota-ción de tierras, la inconformidad de colindancias con otros núcleos agra-rios, el aprovechamiento de las aguas de los núcleos de población, pormencionar algunos. Entre los conflictos de tipo individual podemos men-cionar los surgidos por la posesión de parcelas, los derivados por la falta detestamento de los ejidatarios o los relacionados con solares de los ejidos ocomunidades, entre otros.

A nivel nacional, durante el periodo 1992-abril de 1999 los conflictos indi-viduales alcanzan la cifra de 247 mil asuntos presentados ante la Procura-duría. Si tomamos como principio lógico que las solicitudes por derechosen lo individual precisamente son requeridas por personas físicas y no

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

morales, como los núcleos agrarios, podríamos entender por qué estos con-flictos encabezan la lista. Al analizar los resultados, encontramos que losconflictos por posesión de una parcela (92,531) son los que aparecen conmayor frecuencia, representan 37.4%; le siguen los asuntos por sucesiónde derechos ejidales y comunales (26.5%), por la posesión de solares(13.4%), por determinación de límites parcelarios (9.1%) y por enajena-ción de derechos parcelarios (4.9%).

La segunda posición en cuanto a controversias la ocupan aquellos casosque comprenden los asuntos que se dan entre los ejidatarios y comuneroscon los órganos de representación, es decir, todos aquellos problemas quesurgen entre los ejidatarios o comuneros en lo individual contra la Asam-blea o personas que los representan, a saber: Comisariado Ejidal,Comisariado de Bienes Comunales o Consejo de Vigilancia. Numérica-mente esto se traduce en 39,387 asuntos recibidos en el periodo de estudio.

Los asuntos más recurrentes en esta materia son: la no aceptación comoejidatarios y comuneros (39.1%); por el uso, aprovechamiento, acceso yconservación de las tierras de uso común (13.6%); por el no reconocimien-to como posesionario (13%); por la separación de un ejidatario o comunero(10.4%), y por la asignación de derechos sobre tierras, en los términos delartículo 61 de la Ley Agraria (9.2%).

Al continuar con la lista de conflictos, encontramos en tercer orden los queinvolucran derechos de los núcleos agrarios. Los derechos colectivos pue-den consistir en el reclamo de la justicia agraria por la indefinición de lin-deros de ejidos o comunidades, la disputa por el uso o aprovechamiento deaguas entre núcleos de población, la exigencia de pago indemnizatorio pormotivo de expropiación de tierras del ejido, entre otros.

De los 36,470 asuntos registrados, 38.9% se refiere a conflictos por límitesentre ejidos, 22.8% por límites con terrenos de propietarios privados, 8.5%por límites con comunidades y 7.5% por restitución de tierras, bosques yaguas.

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•ANÁLISIS•

GráficaConflictividad agraria

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos de la propia institución.

100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000

0

Derechos individuales de sujetos agrariosEntre sujetos agrarios y los órganos de representaciónDerechos de los núcleos de poblaciónOtros

96,531

39,387 36,470

19,895

Acceso a la tierra

Las formas mediante las cuales los ejidatarios acceden a sus tierras parce-ladas están determinadas por las condiciones socioeconómicas y culturalesque conforman las grandes regiones del país, mismas que fueron fortaleci-das por las características que en cada una de ellas adquirió el reparto agra-rio. Esto explica la distribución geográfica de las vías de acceso, de dondedestaca la concentración del acceso a través de lazos familiares (herenciasy cesiones de familiares o cónyuges) en las entidades del centro del país.

A nivel nacional el acceso a la tierra por acciones agrarias (dotaciones oampliaciones) es poco significativo. Actualmente menos de la quinta partede los ejidatarios accedió a la tierra por esta vía. Lo anterior significa queestamos hablando de segundas y terceras generaciones de ejidatarios. Es-tos sujetos le imprimen un nuevo significado a su relación con la tierra.

La vía de acceso mediante lazos familiares es la más importante ya queinvolucra a la mitad de los ejidatarios, a la mayor parte de las mujeres y,sobre todo, a la mayoría de los sujetos agrarios con predios más pequeños y

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

fraccionados. Por lo anterior se concluye que ésta es la vía de acceso quemás contribuye al agravamiento del minifundio.

GráficaAcceso a la tierra

Adjudicación8.1%

Acuerdo Asamblea12.6%

Compra11.3%

Acción agraria17.2%

Lazos familiares50.8%

Donación familiar46.3%

Herencia delcónyuge10.0%

Herencia familiar41.5%

Donacióndel cónyuge

2.2%

Principales actividades de los ejidatarios

La principal actividad de los ejidatarios es el cultivo de la tierra, lo querepresenta 55% de los sujetos, es decir, casi la mitad de los ejidatarios noconsideran a la agricultura como su principal actividad. De los otros rubrossólo dos abarcan más de 10%: empleado temporal (jornalero, migracióntemporal, obrero, tractorista, etc.) y sin actividad económica. Entre 5 y 10%se encuentra la cría de animales (6%) y los oficios o pequeño empresario(6%), del resto de los rubros ninguno rebasa 5 por ciento.

El 55% de los ejidatarios tiene una actividad secundaria. El cultivo de latierra es también la actividad más recurrente (41%), seguida por la cría deanimales con 22% y los empleados temporales con 19%. Agregando laprimera y segunda actividad se tiene que el cultivo de la tierra es la labormás frecuente entre los ejidatarios ya que 78% se dedica a esta actividad.El segundo rubro es el empleo temporal con 20%, seguido por la cría deanimales (18%). A los oficios o empresas se dedica poco más de 10%, alcomercio 7% y a los otros rubros menos del 5 por ciento.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ANÁLISIS•

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del INEGI.

GráficaPrincipal actividad

Empleado público de servicio

Personal téc. o espec.

Comerciante o vendedor

Oficio o empresario

Cría animales

Empleado temporal

Sín actividad

Cultiva la tierra

- 10 20 30 40 50 60

Número de parcelas y tamaño de predio

Se han regularizado más de 3.2 millones de parcelas, que abarcan una su-perficie de 13.7 millones de hectáreas, en manos de 1.6 millones de sujetosagrarios. En promedio los ejidatarios tienen dos parcelas. Al desagregar elnúmero de parcelas por sujeto, resulta el siguiente comportamiento: conuna parcela, 50%; tienen dos, 25.2%; 11.9% con tres y 12.8% con más detres. Estos últimos en promedio tienen 5.2 parcelas por ejidatario. Por suparte los posesionarios tienen la tierra fraccionada de manera semejante,aunque dos terceras partes de ellos poseen sólo una parcela.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

GráficaNúmero de parcelas por ejidatario

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.

Más de tres15.3%

Tres10.1%

Una46.9%

Dos22.5%

Tamaño de predio

De acuerdo con el tamaño del predio, 50.1% de los ejidatarios tiene prediosde cinco hectáreas o menos, poseen 14.7% de la superficie y en promediouna extensión de 2.8 hectáreas; 25.6% de los ejidatarios posee predios ma-yores de cinco y hasta diez hectáreas, usufructúan 22.6% de la tierra y eltamaño promedio de sus predios es de 8.4 ha, 10.1% tiene más de diez yhasta 15 ha, son dueños de 13.8% de la superficie y el promedio de suspredios es de 13.1 ha. El 4.6% de los ejidatarios, cuyos predios son mayo-res de 25 hectáreas, tiene predios de una extensión promedio de 58 ha yposeen 28.7% de la superficie ejidal parcelada.

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•ANÁLISIS•

GráficaRelación ejidatarios/superficie según tamaño del predio

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Hasta 5 ha

Ejidatarios Superficie

Más de 5 hasta 10 ha Más de 10 hasta 15 ha Más de 15 hasta 20 ha

Más de 20 hasta 25 ha Más de 25 hasta 30 ha Más de 30 hasta 35 ha Más de 35 hasta 40 ha

Más de 40 hasta 45 ha Más de 45 hasta 50 ha Más de 50 ha

El minifundio se considera como una limitante a la viabilidad de la unidadproductiva ejidal y como un impedimento para el desarrollo rural de nues-tro país. El minifundio es la unidad de producción más difundida en elcampo mexicano. Según los datos del Procede, tres cuartas partes de losejidatarios tiene menos de diez hectáreas y de éstos, dos terceras partesposeen menos de cinco hectáreas. Además, más de 20% de los ejidatariostiene fraccionado sus predios en tres o más parcelas.

La segmentación que se dará en los predios, según se capta en las listas desucesores, se debe en parte a que los ejidatarios reciben con el Procede uncertificado por cada una de las parcelas o fracciones de tierra que poseen,así como otro por las tierras de uso común y, a pesar de la ley, la existenciade varios certificados ha permitido registrar, con mayor o menor flexibili-dad según el caso, a beneficiarios diferentes. Como se ve, en algunas enti-dades en las que actualmente hay un gran fraccionamiento, éste continuaráen el futuro agravándose aún más la presión sobre la tierra.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Mapa

Organización de productores ejidales

Los ejidatarios y comuneros se han destacado por su disposición para orga-nizarse con el fin de satisfacer necesidades inherentes a la producción(financiamiento, adquisición de insumos, canales de comercialización, etc.).La forma de organización más recurrida es la Sociedad de Solidaridad So-cial (SSS) con 14,100 casos, le sigue la Sociedad de Producción Rural (SPR)con 6,041, la Unión de Ejidos con 1,108, la Asociación Rural de InterésColectivo con 150, la Unión de SPR con 47, la Sociedad Mercantil con 33 yla Federación de Triple SSS con 27.

A pesar de la existencia formal de un número importante de organizacioneseconómicas, en los hechos una gran parte de ellas no opera, ya sea por faltade recursos económicos, por insolvencia, diferencias internas o por proble-mas de corrupción. El éxito o fracaso de la organización económica debemotivar a una profunda reflexión para retomar las experiencias con mejo-res resultados y con ello configurar las políticas públicas para el fortaleci-

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•ANÁLISIS•

miento de la organización ejidal. El futuro del campo mexicano descansa enla asociación y la organización.

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.

GráficaNúmero de sociedades rurales

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0SSS SPR UE ARIC USPR SM FSSS

Envejecimiento de los ejidatarios

La edad promedio de los ejidatarios es de 52 años, 53% supera los 50 añosy 24.5% tiene más de 65 años. Si desagregamos la información por género,vemos que hay una proporción mayor de mujeres de edad avanzada, pues66.9% rebasa los 50 años y 34.7% tiene más de 65. Ya que una parte impor-tante de los ejidatarios se encuentra cerca de la fase final de su actividadproductiva y probablemente muchos de ellos no han definido la sucesión desus derechos, en el corto plazo se podrían suscitar controversias para deter-minar a quién le asiste la facultad para heredar los derechos agrarios.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.

GráficaPirámide de edad de ejidatarios

Más de 65

De 60 a 65

De 55 a 60

De 50 a 55

De 45 a 50

De 40 a 45

De 35 a 40

De 30 a 35

De 25 a 30

De 20 a 25

Menos de 20

Hombre

Mujeres

Presión sobre la tierra

De acuerdo con el XI Censo General de Población y Vivienda, en áreasrurales existen 154,000 localidades menores a los 2,500 habitantes, en don-de viven aproximadamente 23.3 millones de personas, de las cuales, 12millones tiene menos de 20 años y sólo 14.6% es mayor de 50. Estos datosindican que existe una proporción significativa de población joven sin ac-ceso a la tierra, cuyas posibilidades de obtenerla están prácticamente can-celadas, por lo que demandan opciones económicas alternativas.

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•ANÁLISIS•

Fuente: Elaborado por la DEGP, PA, con datos del INEGI.

GráficaPirámide de edad de la población en localidades

menores a 2,500 habitantes

Más de 65

De 60 a 65

De 55 a 60

De 50 a 55

De 45 a 50

De 40 a 45

De 35 a 40

De 30 a 35

De 25 a 30

De 20 a 25

Menos de 20

Hombre

Mujeres

La presión sobre la tierra se verá acentuada en los próximos años, pues seestima que la población en localidades rurales con hasta 2,499 habitantesen el 2010 será de aproximadamente 26,156,000 personas, lo que represen-tará 23.5% de la población nacional. Para el 2020 la población en este tipode localidades ascenderá a 27,793,000 personas. Las respuestas que se denserán trascendentales para el futuro de las áreas rurales del país.

Feminización del ejido

Las mujeres día con día adquieren mayor importancia al interior de losnúcleos agrarios. En 1970 existían 31,459 ejidatarias, lo que representaba1.3% de los sujetos con derecho a la tierra. Para enero del 2000, sólo en elProcede, contaban con certificados 362,581 ejidatarias, comuneras yposesionarias, lo que implica un incremento de 1,952% en las mujeres contierras. De continuar con esta tendencia, se esperaría que al terminar elPrograma de Certificación sean poco más de 500,000. La creciente presen-

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

cia de la mujer en el campo se refleja en las siguientes cifras: 561,593mujeres con certificados o títulos del Procede, usufructúan 6.5 millones dehectáreas; ocupan cargos en 10.3% de los órganos de representación de losnúcleos agrarios, 42.7% en Sociedades de Solidaridad Social y 13.9% enSociedades de Producción Rural, y 19,388 mujeres participan en 1,263 pro-yectos productivos de la mujer campesina y se benefician indirectamenteotras 21,773 mujeres. Lo anterior representa un cambio inédito en la socie-dad rural mexicana. Reconocer esta nueva realidad obligará a rediseñar laspolíticas de atención al agro, en el sentido de que se deben tomar en cuentapara su definición y operación las necesidades e inquietudes de la pobla-ción femenina. Esta realidad plantea la urgencia de comprender la dinámi-ca de estos cambios, sus causas y sus efectos, lo cual permitirá propiciar lascondiciones para su plena incorporación al desarrollo rural.

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del RAN.

GráficaEjidatarias

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

01970 2000

Año

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•ANÁLISIS•

Potencialidades del uso común

La superficie total que poseen ejidos y comunidades asciende a 103 millo-nes de hectáreas; de éstas, corresponden a parcelas 33%, a uso común 66%y el resto a solares urbanos, parcelas con destino específico y parcelas degrupo. A enero del 2000, mediante el Procede, se habían medido las tierrasde 20,662 ejidos de todo el país, aproximadamente 70% del total, con unaextensión de 47.3 millones de hectáreas, y certificado y titulado los dere-chos sobre las mismas de 2,606,000 ejidatarios, posesionarios y avecindados.Un dato que destaca es que de la superficie ejidal certificada, 32,651,000hectáreas, 68%, es tierra de uso común sobre la que tienen derecho 1,000,136ejidatarios y posesionarios, 43% de los sujetos agrarios.

En el contexto nacional, la participación porcentual de las tierras de usocomún (TUC) en el total de tierras ejidales certificadas presenta una granvariación.1 Las entidades donde esa participación es mayor son: QuintanaRoo con 1 millón 107 mil ha de TUC, que equivalen a casi todas sus tierrasejidales certificadas (98.9%); Baja California Sur con 2 millones 406 mil(95%); Chihuahua con 3 millones 526 mil (89.5%); Sonora con 2 millones725 mil (88.3%); Durango con 3 millones 17 mil (86.6%); Coahuila con 2millones 17 mil (81.7%), y Campeche con 555 mil ha (72.3%). La mayoríason entidades del norte del país, con grandes extensiones de terrenos ári-dos, en los que se practica la ganadería extensiva. En estados como Quinta-na Roo y Campeche la importancia de la participación de las tierras ejidalesde uso común se explica en virtud de lo que establece el artículo 59 de laLey Agraria: “Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bos-ques o selvas tropicales”, lo que impide que se certifiquen parcelas en losejidos de esas entidades, habiéndose certificado la mayor parte de las tie-rras como de uso común.

1 La información estatal sobre las TUC proviene del avance Procede al 31 de enero de 2000, que correspon-de a 60% de los ejidos certificados.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

GráficaSuperficie parcelada/uso común

Por otra parte, los estados en los que la composición dominante de los eji-dos es de tierras parceladas y, en consecuencia, la participación de las TUC

en la composición de los ejidos es menor, son los del centro y sur del país.En éstos los porcentajes de las TUC respecto del total de tierras ejidalescertificadas son: Veracruz con 56 mil 811 ha (4.9%); Tabasco con 59 mil766 ha (12.3%); Chiapas con 65 mil 852 ha (15.7%); Tlaxcala con 29 mil639 ha (18%); Colima con 46 mil 566 ha (19.2%); México con 73 mil 846ha (23.8%), y Oaxaca con 147 mil 412 ha de TUC (27.7% del total de sustierras ejidales certificadas).

De igual forma, los promedios estatales de TUC por ejidatario son de mayortamaño en el norte del país. Mientras el promedio nacional por ejidatario esde 29.5 ha, los promedios estatales más elevados son los siguientes: BajaCalifornia Sur (517.4), Baja California (378.7), Chihuahua (81.4) y Coahui-la (79.9); correspondiendo los menos extensos a las entidades del centro ysur del país: Tlaxcala (1.2), México (1.2), Veracruz (2.4), Morelos (2.8) eHidalgo (3.2 héctareas).

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4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

5,00,000

0

Uso común Parcelada

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•ANÁLISIS•

De los ejidos certificados a enero del presente año, 2,074 se conforma sólopor tierras de uso común, 11,466 tienen tierras parceladas y de uso común,6,375 está integrado únicamente de tierras parceladas y en 115 ejidosconurbados sólo se titularon solares; para el caso de las 632 comunidadesregularizadas, los datos son 353, 191, 87 y una, respectivamente.

Durante la primera mitad de 1996, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario(INDA) realizó el levantamiento de la Cédula de Información Básica de losNúcleos Agrarios, que se aplicó a los órganos de representación de todoslos ejidos (26,796) y comunidades (2,366) del país.2 Algunos resultados,muchos de estos relacionados con las TUC, permiten ubicar lo que sucedeen la economía de los núcleos agrarios del país: 84% reportó como actividadprincipal a la agricultura y 10% a la ganadería. Como segunda actividad enimportancia, 62% de los núcleos agrarios señaló a la ganadería. De las ac-tividades económicas que se realizan, destaca que en 4,011 núcleos (14%)se lleva a cabo la explotación forestal, en 5% se dedican a la pesca, en 1.9%a la minería y en 1.4% a las actividades turísticas.

En relación con la disponibilidad de recursos naturales, 82% de los núcleosagrarios cuenta con al menos un recurso natural con posibilidades de ex-plotación. El 58% tiene pastos, 22% tiene bosques, 3.3% tiene selvas, 39%tiene materiales para la construcción (piedra, cantera, grava, arena), 3.3%posee minerales no metálicos, 5.4% tiene recursos para la acuicultura y2.5% tiene recursos de posible explotación turística.

Consultando las estadísticas generadas por INEGI, producto de su participa-ción en el Procede,3 el uso actual de los 35,923,896 hectáreas de las TUC deejidos certificados —de acuerdo con lo declarado por los ejidatarios— sesubdivide de la siguiente forma: 14.1% de la superficie de TUC es de uso agrí-cola, 60.9% de uso ganadero, 9.9% de uso agropecuario (agrícola y ga-nadero), 10.3% de uso forestal y 4.6% otros usos. Existen considerablesdiferencias con el uso de las tierras parceladas. En las TUC es menor elporcentaje de tierras de uso agrícola y mayor los correspondientes a los

2 La transformación Agraria. Origen. evolución y retos, Sector Agrario, vol. I, 1997.3 Tabulados básicos ejidales por municipio, INEGI, 1998.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

usos pecuario y forestal. Respecto de la calidad de estas tierras, y basándo-nos en la misma fuente, tenemos que sólo 2.9% son de riego; 19.4 de tem-poral; 23.4 de agostadero de buena calidad; 51.9 de agostadero en terrenosáridos, y 2.3% se destina a infraestructura.

GráficaUso actual de las TUC de ejidos certificados

Fuente: Elaborado por la DGEP, PA, con datos del INEGI.

Nuevos sujetos agrarios

El Procede benefició a 1,603,200 ejidatarios de 20,030 ejidos, que repre-sentan 53% de los ejidatarios del país. Además se reconocieron a 75 milcomuneros, 275 mil posesionarios y poco más de 646,000 avecindados. Lapresencia significativa de estos últimos demanda la constitución de la juntade pobladores, ya que esta instancia es el órgano de participación en dondese hacen propuestas y se llegan a acuerdos sobre cuestiones relativas alpoblado, los servicios públicos, los trabajos comunitarios.

Forestal10.8%

Agropecuario(agrícola y ganadero)

8.4%

Otros usos4.7%

Agrícola13.9%

Ganadero62.2%

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•ANÁLISIS•

Fuente: RAN, datos al 31 de enero de 1998.

GráficaAvecindados por estado

Desarrollo urbano

En los ejidos conurbados se presenta una intensa presión sobre la tierradebido al crecimiento de grandes centros urbanos, lo que ocasiona, entreotros problemas, venta ilegal de tierras ejidales y conflictos agrarios. Se-gún el diagnóstico del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el creci-miento de las cuatro zonas metropolitanas y las 116 localidades mediasincluidas en el Programa 100 Ciudades, en el periodo 1995-2000 requirióincorporar unas 150 mil hectáreas de suelo libre para satisfacer necesida-des de vivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional; aproximada-mente dos terceras partes de la tierra requerida es ejidal o comunal.

En el país existen 1,191 núcleos agrarios que se consideran urbanos o com-prendidos dentro de la mancha urbana y 6,194 que presentan asentamientosirregulares. El conocimiento de los ejidos y las superficies que serán afec-tadas por este crecimiento es de vital importancia para valorar su posibleimpacto a nivel local e impulsar, en su caso, la creación de inmobiliariasejidales.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Tratos agrarios en los ejidos

En el campo era frecuente encontrar prácticas de usufructo parcelario quese llevaban a cabo al margen de la ley. Esta situación señalaba una respues-ta de la vida rural al minifundismo, a las condiciones de pobreza y a lasdificultades para acceder al financiamiento, tecnología y a escalas de pro-ducción rentables. Sin duda, la situación anterior restaba certidumbre parala inversión a largo plazo y, por eso, inducía a buscar una explotación delos recursos naturales en un tiempo más corto, ocasionando con esto dañosecológicos.

La Ley Agraria no permitía la renta ni la aparcería, salvo contadas excep-ciones (incapacidad física, viudez, minoría de edad), sin embargo, en loshechos estas transacciones estaban muy difundidas en el campo. El 31% delos tratos se vienen realizando desde antes de las modificaciones a la LeyAgraria, 43% entre 1992 y el momento de la certificación, y 26% despuésde la certificación.

GráficaTratos agrarios

Después de la certificación26%

Antes de 199231%

1992 a la certificación43%

Los tratos agrarios generan una reordenación de la propiedad o del aprove-chamiento de la tierra; a través de ellos se da un traslado de la propiedad odel usufructo de la tierra. Para tener una idea acerca de la relevancia deéstos, mencionaremos que una tercera parte de los ejidatarios tiene algúnacuerdo de explotación de la parcela que implica ese traslado del usufructo

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ANÁLISIS•

de la tierra. Mediante la aparcería, la renta o el préstamo las tierras sonexplotadas por personas que no son sus propietarios.

A nivel nacional, 42% de los tratos agrarios son de aparcería, 37.9 de rentay 20.1 préstamo. La aparcería tiene una mayor presencia en Chihuahua,Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero,Hidalgo, México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca y Yucatán. La rentaes más importante en Baja California, Morelos, Sinaloa, Sonora,Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Chiapas. El préstamo sobresale en Colima,México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas.

GráficaTipos de tratos agrarios

Préstamo20%

Aparcería42%

Renta38%

Una característica importante de los tratos agrarios que se desprende de laencuesta es su “informalidad”: se encontró que 80% son acuerdos verbales.En la aparcería y el préstamo casi todos son a la palabra. En la renta, pese aque son más frecuentes los tratos escritos, también predominan los verba-les, que representan 54.2%. A los pocos tratos por escrito se suma su faltade registro ante representantes ejidales, instituciones agrarias, municipaleso notarios públicos. Respecto a la duración de los tratos, la mayor parte sona corto plazo, 63.1% de los arreglos duran hasta un año o menos; a lo ante-rior se le suma su falta de formalidad. Ambos factores pueden dar lugar auna sobreexplotación de la tierra, ya que cuando un recurso no es propio yse contrata por un tiempo limitado, es lógico que se intensifique su uso.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Además, en los tratos agrarios no se contempla el mejoramiento y la pre-servación de la tierra.

GráficaFormalidad de los tratos agrarios

120

100

80

60

40

20

0 Renta Aparcería Préstamo

A la palabra Escritos

A pesar de que la mayor parte de los tratos son a la palabra y de que no sedan acuerdos sobre la conservación de la tierra, no existen conflictos entrelas partes. Así se desprende que la falta de formalidad de los tratos no oca-siona conflictos, lo que seguramente tiene que ver con el peso de los usos ycostumbres y el respeto a éstas al margen de su “informalidad”.

La importancia del parentesco en los tratos es sustancialmente diferente de-pendiendo del tipo de trato agrario. Mientras la aparcería se realiza entreparientes en 59.1%, en la renta este porcentaje se reduce a 27.1% y aumen-ta a 84.7% en los tratos de préstamo. Es decir, cuanto más netamente co-mercial es un trato menor es la importancia del parentesco, en tanto que enun trato de ayuda, como el préstamo, el parentesco es fundamental.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ANÁLISIS•

GráficaParentesco en los tratos agrarios

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

0% Aparcería Préstamo Renta

Con parentesco Sin parentesco

La primera diferencia que se evidencia entre los tratos de ejidatarios quereciben y los que dan tierras es que entre los primeros es mucho más res-tringido el tipo de sujetos con quienes se realizan los tratos. Los ejidatariosreciben tierras de ejidatarios, posesionarios y propietarios privados; en cam-bio, dan tierras a una mayor diversidad de personas: ejidatarios, posesio-narios, propietarios privados, avecindados, colonos, comuneros, particularesy empresas. En conclusión, mientras poco más de tres cuartas partes (76.2%)de los propietarios de las tierras que reciben los ejidatarios son tambiénejidatarios, los tratos por medio de los cuales los ejidatarios dan tierras aotros ejidatarios representan la mitad.

Entre los ejidatarios que reciben tierras, 42.9% de ellos lo hacen porque sustierras son insuficientes. El segundo motivo en importancia (19%) es quereciben las tierras como una ayuda; 12.2% esgrimió razones técnicas; 5.8manifestó que tomaba tierras para aumentar la superficie de labor. Los queargumentaron la ayuda combinada con otro motivo fueron: 11.1% la insu-ficiencia de las tierras, 4.8 por necesidades técnicas, 2.1 para aumentar lasuperficie y 0.5% las tomó en empeño.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Cada uno de los motivos para recibir la tierra tiene una importancia dife-rente dependiendo del tipo de trato. Mientras la ayuda o la reciprocidad,como único elemento, se esgrime en 38.9% de los préstamos, en la aparceríaeste porcentaje disminuye a 21.3 y se reduce a 4.7 en la renta. La insufi-ciencia de tierras justifica 62% de los tratos de renta, 51.7 de los de aparceríay 44.4 de los préstamos.

GráficaEjidatarios que reciben tierra

Ayuda familiar19.0%

Insuficienciade tierra42.8% Ayuda familiar

más otra18.0%

Técnicas5.8%

Aumento detierra12.2%

Empeño0.5%

Insuficienciade la tierra

61.1%

Aumentode tierra27.8%

Técnicas11.1%

Los ejidatarios que dan tierras a otras personas expresaron en 34.9% de loscasos que la entregan por razones económicas, 28.6 por no tener posibili-dades para trabajarlas, 9.7 para ayudar a la persona que recibe la tierra, 5.3porque le resulta redituable y 4.4% porque su tierra no le es productiva.Combinaron la ayuda con otro factor: 11% con la imposibilidad de trabajarla tierra y 2.5 por motivos económicos. Finalmente, 1% empeñó su tierra yno sabemos las razones por las cuales se realizó 1.9 de los tratos. A diferen-cia de los motivos esgrimidos por quienes recibieron tierras, entre quieneslas dieron hay una mayor homogeneidad en la importancia de las causasdel trato, sobre todo, entre los de renta y aparcería.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ANÁLISIS•

GráficaEjidatarios que dan tierra

Imposibilidadde trabajar

29.0%Ayuda familiar

10.0%

Ayuda familiarmás otra13.5%

Es redituable5.0%

No le esproductiva

4.0%

Empeño1.0% Otro

2.5%Económicas

35.0%

Insuficienciade tierra81.5%

Económicas18.5%

La venta actual de tierras ejidales después del Procede ha ocurrido en 5%de los ejidatarios, de los cuales dos terceras partes fueron ventas totales. Laventa se encuentra dentro de un rango bastante amplio si se considera anivel estatal, pues en cuatro entidades no se registró ninguna y en sieteentre 10 y 16% de los ejidatarios certificados ha vendido parte o todas sustierras (Qro., Tab., Yuc., Son., Ags., N.L. y Col.).

Como sucede con la herencia, en la venta tampoco se tiende a regularizar lacesión de derechos: de los 38 casos de venta total en donde se conoce sihubo regularización, 58% no ha realizado ningún trámite, 13 la regularizóante el RAN, el mismo porcentaje ante la asamblea y sólo 5% ante notariopúblico.

Aunque aún incipiente, la venta de tierras en algunas entidades es signifi-cativa. Estos tratos se realizan sin una asesoría del Sector Agrario y es muybaja la regularización de las transacciones. Preocupa la venta de tierras queson de riego con un alto potencial productivo, así como las que se realizanen los ejidos conurbados, ya que es en éstos donde puede haber un mayornúmero de transacciones lesivas para los ejidatarios.

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

GráficaTratos agrarios: venta

Venta parcial2.1%

Venta total3.3%

Sín venta2.1%

Fuente: Los tratos agrarios en ejidos certificados, Procuraduría Agraria, 1998.

Héctor Robles 4/15/04, 4:45 PM60

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•ANÁLISIS•

Política agrícola hacia el siglo XXI.

Procampo y Alianza para el Campo en

el contexto internacional

ERita Schwentesius RindermannManuel A. Gómez Cruz*

l presente artículo tiene como objetivo ubicar los principales ins-trumentos de la política agrícola mexicana, el Procampo y la Alianzapara el Campo, en su contexto internacional y proponer algunas

ideas para una nueva política agrícola que se derivan de las tendencias in-ternacionales y de la experiencia nacional, en el entendimiento de políticaagrícola como un proceso continuo de reformas.

La información se basa, principalmente, en los datos proporcionados por laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quepropuso en 1987 reformas mayores a las políticas agrícolas de sus paísesmiembro1 y realiza anualmente monitoreos sobre sus avances, por lo cualson las más consistentes y serias.

* Profesores-investigadores del CIESTAAM, UACh, Chapingo.

1 La OCDE se fundó en 1961. Los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá,Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría,Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México (1994), Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal,República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

Rita Schwentesius 4/15/04, 4:45 PM61

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

El contexto internacional permite justificar la necesidad de una evaluacióny discusión de todos los instrumentos de política en su conjunto. No obs-tante, se insiste en la dificultad de aislar los impactos de la política agrícolade otras variables exógenas, que en el caso de México han tenido efectoscontrovertidos sobre el sector agropecuario. Se sostiene la hipótesis de quela nueva política agrícola mexicana, a pesar de sus elementos positivos, esconsumida por las variables exógenas.

El texto concluye con un conjunto de propuestas para una nueva políticaagrícola, pero plantea una serie de interrogantes en los diferentes capítulosa las que aún no se tiene respuesta.

Contexto internacional

Los años noventa se caracterizaron por importantes reformas a las políticasagrícolas en el ámbito internacional. Las políticas nacionales de produc-ción, comercialización y existencias, consumo y comercio exterior, tien-den a reducir la intervención del Estado y los apoyos financieros directos, yamplían la orientación hacia el mercado. Estas reformas no significan ladesaparición de los programas de soporte para la agricultura sino más bienuna reorientación hacia instrumentos de política, supuestamente menosdistorsionantes, buscando una mayor flexibilidad ante las señales de losmercados.

El principal elemento de estas reformas es la reducción o desaparición totalde los precios administrados, o sea de los precios de garantía o preciosobjetivo, y su sustitución por pagos directos al ingreso de los productores.2

Estos pagos directos tienen la ventaja de que son transparentes para el pro-ductor y no son financiados por los consumidores, especialmente aquellosde bajos ingresos.

A la vez, se pretende reducir otros elementos que distorsionan directamen-te el mercado, como los insumos subsidiados.

2 Los avances en las reformas a las políticas agrícolas a nivel internacional son evaluados anualmente por laOCDE y bianualmente por la FAO.

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•ANÁLISIS•

Otra pieza importante en el conjunto de las reformas a las políticas agríco-las son las disposiciones sobre los subsidios a las exportaciones y el accesoa los mercados acordados en la Ronda de Uruguay del GATT.

Es objetivo declarado de estas reformas reducir las erogaciones presupues-tarias de los gobiernos y con ello el nivel de los subsidios canalizados a laproducción.

Orígenes de las reformas

Las reformas propuestas a las políticas agrícolas se ubican dentro del con-texto de las políticas neoliberales que están caracterizando, aunque conmuchas facetas nacionales, a las políticas macroeconómicas del ámbito in-ternacional a partir de los años ochenta. Desde que Estados Unidos y laUnión Europea se convirtieron en exportadores netos de productosagropecuarios en los años setenta y principios de los ochenta, las nuevascondiciones en el mercado mundial, expresadas en la guerra de los subsi-dios y la carrera por los mercados de exportación, exigían cambios en lapolítica agrícola de estos dos bloques.

También reflejan el poder de la política hegemónica de Estados Unidosque, basado en su poder como principal exportador de granos y su compe-titividad superior frente al resto del mundo, ha emprendido una agresivaestrategia de abrir los mercados, sobre todo de México y de los paísesasiáticos, para sus productos agropecuarios. En este contexto, la misióndel USDA (Secretaría de Agricultura de Estados Unidos) está claramentedefinida: apoyar a la agricultura para que el valor de las exportacionesagropecuarias crezca, entre 1994 y 2000, en 50%.3 Dado que cualquierintervención del Estado para regular las importaciones o proteger elmercado doméstico a través de precios administrados en otros paísespodría minar las intenciones de Estados Unidos, los autores de la políti-ca estadunidense han desarrollado una amplia gama de estrategias, des-

3 USDA, Longterm Agricultural Trade Strategie. Global Market Opportunities into the 21st Century,Washington, D.C., 1995.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

de convenios comerciales hasta presiones abiertas, para alcanzar susobjetivos.4

A su vez, el proceso de globalización y el desarrollo acelerado de nuevastecnologías de información y comunicación requieren objetivamente hacercambios en las políticas agrícolas.

México en el proceso de las reformas

Aunque desde la reunión anual de 1987 de ministros de agricultura de lospaíses miembros de la OCDE se propusieron las reformas, hasta la fecha losavances logrados son limitados. Cambios realmente importantes solamen-te fueron efectuados por:

• Canadá en 1988, con el Net Income Stabilisation Account (seguroal ingreso neto).

• La Unión Europea en 1992, con la reforma a la Política AgrícolaComún (PAC).

• Noruega en 1993, con la introducción de pagos directos.• México en 1993/94, con el inicio del Procampo.• Estados Unidos en 1996, con la aprobación de la nueva ley agríco-la FAIR Act.

En todos estos casos, los precios administrados fueron sustituidos, en granmedida, por pagos directos a los productores, entre otros cambios.5 El restode los países se ha contentado con reformas menores.

Entre los países miembro de la OCDE no hay alguno que haya avanzado enforma tan radical hacia la liberalización de sus políticas agrícolas comoMéxico. La Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de impulsar refor-

4 Rupprechter, A. G., “EU-Landwirtschaft am Weltmarkt auf verlorenem Posten”, en AGRA-EUROPE, núm.13, Sonderbeilage, 1996.

5 Para mayor profundización se recomienda: OECD, Agricultural policies in OECD countries. Monitoringand avaluation, París, Francia, varios años desde 1987, y FAO, Examen de las políticas cerealistas, Roma,Italia, varios años desde 1991.

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•ANÁLISIS•

mas verdaderamente importantes en sus políticas, mantienen dispositivosde seguridad para sus productores:

• La Unión Europea mantiene precios de intervención que funcio-nan prácticamente como precios mínimos, barreras a la importa-ción que impiden un impacto directo de los precios internaciona-les sobre los de la Unión y apoyos en casos de emergencias, sólopara mencionar algunos.

• Estados Unidos mantiene medidas de protección de las disposicio-nes originales sobre préstamos de reembolso para productos bási-cos y asistencia para préstamos de comercialización. Todos los pro-ductores de granos pueden recibir de la Corporación de Crédito paralos Productos Básicos (CCC) un préstamo de ayuda a la comerciali-zación utilizando como garantía su producción; este mecanismofunciona prácticamente como un precio mínimo garantizado.

• México mantuvo hasta 1999 una política de soporte para maíz yfrijol a través de las compras de Conasupo.

Figura 1OCDE, Transferencias totales asociadas con la política agrícola,

1986-1997* (en mil millones de US$)

* Sin incluir a México, Corea, Hungría, Polonia y República Checa.Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries. Measurement of Support and Background Information

1998, París, Francia, varios años.

600

500

400

300

200

1001986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

En todo este contexto, no es de extrañarse que los Equivalentes de Subsi-dios al Productor (ESP),6 expresados en el porcentaje del valor de la pro-ducción agrícola, solamente hayan bajado de 45% en 1986/1988 a 35%, enpromedio, en 1997.7 En este mismo año, las transferencias totales alcanza-ron 280 mil millones de dólares en 24 países miembro de la OCDE. Losdatos de la figura 1 apuntan a una tendencia de reducción de las transferen-cias, pero sus niveles son todavía muy altos.

El nivel de los subsidios varía sustancialmente por país en un rango de 5%en Nueva Zelanda y 75% en Suecia; con 16%, México se ubica muy pordebajo del promedio de los países miembros de la OCDE (figura 2). Losdatos sugieren que los productores mexicanos se encuentran en una posi-ción desventajosa frente a otros competidores en el mercado mundial. Enuna situación especialmente crítica se encuentran los productores de trigo,azúcar, carne de res y pollo, y huevo, que en 1995, en vez de recibir subsi-dios, transfirieron recursos a los consumidores.8

6 “El ESP es un indicador del valor de las transferencias monetarias a la agricultura que resultan de laspolíticas agrícolas en un año dado. Incluye tanto las transferencias de los consumidores de productosagrícolas como las transferencias de los contribuyentes (a través de los gastos presupuestales o fiscales).”,OCDE, Examen de las políticas agrícolas de México (describe ampliamente la metodología, pp. 110-116),París, Francia, 1997, p. 110.

7 OECD, Agricultural Policy Reform: Stocktaking of Achievements, Discussion Paper, París, Francia, 5-6 deMarzo de 1998, p. 3.

8 OECD, Agricultural Policies in OECD Countries. Measurement of Support and Backround Information1997, París, Francia, 1997, p. 106.

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•ANÁLISIS•

Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries. Measurement of Support and Background Information1998, París, Francia, 1998.

Figura 2Porcentaje de ESP por país, 1986/1988 y 1997

(en por ciento del valor de la producción)

Como se dijo más arriba, uno de los instrumentos de las nuevas políticasagrícolas son los pagos directos al productor para compensar la reducciónde los subsidios al precio de producción (mercado). También en esta mate-ria los avances son pobres (figura 3).

Aunque los subsidios al precio de mercado bajaron de 65% en 1986/1988 a60% en 1997, son todavía el tipo predominante. Los pagos directos al pro-ductor han aumentado su participación sólo de 18 a 23%. En países comoAustralia, Japón y Nueva Zelanda los pagos directos participan con menosde 10% en el total de los subsidios, mientras que en México (40%) y No-ruega (56%) son el tipo predominante.9

9 OECD, 1997/2, p. 39.

Suecia

Japón

UE

OCDE

EE.UU.

México

N. Zelanda

1997

1986/88

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Resultados de las reformas

Existe consenso de que en el ámbito internacional se observan importantesajustes en la estructura de la producción y el comercio agropecuarios. Entrelas principales tendencias de estos ajustes destacan:

• Pérdida de empleo y reducción del número de granjas.• Concentración de la producción, distribución, comercialización ytransformación en pocas empresas grandes.

• Diversificación de los ingresos y la reducción de la participaciónde los ingresos agropecuarios en los ingresos totales de las fami-lias rurales.

• Mayor énfasis del papel multifactorial de la agricultura en la eco-nomía.

• Menor uso de insumos, como fertilizantes y pesticidas, y mayororientación hacia medidas que protegen al medio ambiente.

• Creación de nuevas formas de proteccionismo,10 producto del pro-ceso de la liberalización comercial.

Fuente: OECD, Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluation 1998, París, Francia,1998, p. 19.

Figura 3OCDE, Cambios en la composición de los ESP, 1986/1988-1997

10 OECD, Agricultural Policy Reform: Stocktaking of Achievements, Discussion Paper, París, Francia, 5-6 demarzo de 1998.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

17

18

85

17

23

60

Otros subsidios

pagos directos

Subsidios al

precio del mercado

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•ANÁLISIS•

En fin, tendencias muy contradictorias para las familias que viven en elmedio rural. No obstante, no se ha medido aún la importancia y el impactode las reformas a las políticas agrícolas sobre las tendencias mencionadas,o sea, ¿son las políticas agrícolas las que han promovido estas tendencias oexisten otros factores que las explican? Mucho menos se ha realizado uncálculo de costo y beneficio de las nuevas políticas.

En este contexto, es importante considerar que uno de los resultados delas reformas es su avance sumamente lento, con la excepción de lospaíses mencionados, entre ellos México. No obstante, el contexto in-ternacional y nacional ya ha cambiado drásticamente desde que en 1987se iniciaron estas reformas. Aspectos como la protección del medio am-biente, la inocuidad de los alimentos, seguridad alimentaria, re-gionalización de las políticas y el desarrollo rural son hoy en día másimportantes que hace 12 años, y crean nuevas presiones y obligacionespara los actores políticos. Además, las negociaciones de la Ronda deUruguay del GATT implican nuevos retos para el comercio internacio-nal, y en 1999 se inicia una nueva ronda de negociaciones bajo la som-bra de la experiencia de las crisis financieras, tequila, samba y dragónsufridas entre 1994 y 1998, y, para no olvidarlo, de la crisis alimentariade 1995/1996.

En suma, en un ambiente de inestabilidad e inseguridad acrecentadas de laagricultura, sin haber resuelto los viejos problemas han surgido otros quedemandan nuevas reformas y soluciones.

Hacia una reforma de la reforma

El último año del presente milenio inició con verdaderos gritos de desespe-ranza hacia una reforma de la política agrícola. Europa fue sacudida porprotestas de los agricultores en el mes de febrero, quienes salieron a lascalles a luchar por un regreso de la Política Agrícola Común, a los princi-pios de antes de 1992. Aunque con la política agrícola anterior dejaron defuncionar cada año 200,000 granjas, ésta es considerada mejor que la ac-tual y mucho mejor que la que plantea la Agenda 2000. Lo que temen los

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

agricultores es su falta de competitividad frente a los precios del mercadomundial dictados por Estados Unidos.11

Pero todavía más asombroso es el discurso del secretario de agricultura deEstados Unidos, pronunciado durante el 75 Foro Anual sobre Perspectivasde la Agricultura en Arlington, el 22 de febrero de 1999, en el cual, respec-to a ley FAIR de 1996, dijo: “La ley fue escrita para una economía agrícolaen alza … de precios estables, buen clima y fértiles mercados de exporta-ción. Pero ofrece protección limitada cuando la situación se pone difícil.”12

La aplicación de la ley FAIR de 1996 coincidió con precios altos en granosy oleaginosas y en muchos otros productos, lo que permitió a Estados Uni-dos alcanzar un récord en sus exportaciones de casi 60 mil millones dedólares en aquel año; pero en 1998 muchos sectores se encontraron en abiertacrisis, obligando al gobierno, en octubre de 1998, a aprobar un paquete deemergencia de 6 mil millones de dólares adicionales al presupuesto para laagricultura. También el discurso de Navidad de 1998, que el secretario deagricultura Glickman dirigió especialmente a los porcicultores en recono-cimiento a la difícil situación en que se encontraban, prometiéndoles másapoyos oficiales. La ayuda fiscal para los agricultores fue de 18 mil millo-nes de dólares en 1999, que representa el monto más alto desde 1987.

En Arlington, Glickman no solamente invitó a los asistentes a proponernuevos y más eficientes instrumentos de política agrícola y a debatir sobreel papel del gobierno, sino que también hizo una serie de propuestas intere-santes, como las siguientes:

• Perfeccionamiento del seguro del ingreso neto hacia formas máspreventivas.

• Ayuda al almacenamiento en las granjas.• Continuación de la política agresiva de abrir mercados de expor-tación.

• Aumento en el presupuesto para la investigación.

11 Vorholz, F., “Abschied aus Absurdistan”, en DIE ZEIT, núm. 9, 25 de febrero de 1999, p. 21.12 Remarks by Secretary of Agriculture Dan Glickman on the State of American Agriculture dilivered at the

75th Annual Agricultural Outlook Forum Arlington, http://www.usda.gov/news/releases/ 1999/02/0065.

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•ANÁLISIS•

• Fomento a cooperativas para contrarrestar la creciente monopoli-zación en la esfera de transformación.

• Mejoras en el acceso de los productores a información.13

En este año inicia una nueva fase de discusión sobre política agrícola, en laque también se ubica la evaluación de la Alianza para el Campo que por leyes una obligación de los involucrados. Pero ante el contexto internacionalexpuesto sería recomendable extender esta evaluación y discusión hacialos demás instrumentos de política agrícola en México, o sea, debería in-cluir al Procampo y TLC.

Evaluación de la política agrícola en México

Una evaluación de las políticas agrícolas puede arrojar resultados muy di-ferentes, dependiendo de:

• La concepción de los diferentes actores sobre el papel de la agri-cultura en la sociedad: considerándola con criterios de eficiencianacional (efecto multiplicador y sobre el medio ambiente, por ejem-plo) o con los principios básicos de la economía de mercado(neo)liberal.

• Los intereses específicos de los diferentes actores agropolíticos(Sagar, Secretaría de Hacienda, organizaciones de productores).

• La experiencia histórica concreta de los involucrados.

No es de extrañarse, por ello, que existan evaluaciones y/u opiniones muydiferentes, y a veces muy controvertidas, sobre las políticas agrícolas. Tam-poco es de extrañarse, por las mismas razones, que difícilmente se logre unconsenso sobre la política agrícola que requiere el país.

A estas cuestiones de carácter filosófico e ideológico se suman las varia-bles exógenas, que pueden distorsionar o reforzar los impactos de la políti-ca agrícola en sí. Existen principalmente tres grandes fuerzas que, en nues-

13 Ibidem.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

tra opinión, en el caso de México, tienen un impacto negativo sobre laeficiencia de las políticas agrícolas domésticas y que están penalizandola actividad agropecuaria, a saber:

• Efectos del clima, fenómenos biológicos y las condiciones natura-les de la producción. Estas variables han tenido un impacto espe-cialmente negativo sobre la agricultura mexicana en los años no-venta por las prolongadas sequías registradas en 1994, 1995, 1997y 1998.

• Efectos de las políticas agrícolas de los socios comerciales quedistorsionan las señales del mercado mundial. Por ejemplo, entre1985 y 1998 México redujo a la mitad la superficie sembrada dearroz, porque resulta más barato importarlo en vez de producirloen el propio país. No obstante, un estudio reciente demuestra quelos productores mexicanos, bajo condiciones de precios nosubsidiados, serían más eficientes que los de Estados Unidos.14

Productores de otros granos (trigo, sorgo, soya) se encuentran enuna situación similar.

• Efectos de la política macroeconómica, que a través del tipo decambio, la tasa de interés, el nivel del ingreso de la población yla inflación, también impactan sobre las señales del mercado.15

El efecto del tipo de cambio en 1995 es ejemplar para demostrarque la política macroeconómica puede fomentar u obstaculizarel desarrollo del sector agropecuario. Por la fuerte devaluacióndel peso mexicano frente al dólar se alcanzó en aquel año, porúnica vez en los años noventa, una balanza comercial super-avitaria. En el resto de los años, a través de un peso fuertementesobrevaluado, se subsidiaron —de hecho—, las exportacionesde los socios comerciales hacia México, en perjuicio del sectoragropecuario nacional.

14 Schwentesius, R.R. y M.A. Gómez, Ajuste y cambio estructural en la agricultura mexicana. El caso delArroz. Reporte de Investigación 40, CIESTAAM, UACh, Chapingo, México, 1999.

15 Khutson R.D., J.B. Penn and B.L. Flichbaugh, Agricultural and Food Policy, Prentice Hall, Nueva Jersey,Estados Unidos, 1998, pp. 201-211.

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•ANÁLISIS•

En este contexto cabe preguntarse: ¿qué se puede hacer realmente con losinstrumentos de la política agrícola? Un breve análisis de la situación delcampo mexicano en su conjunto deja una impresión pesimista y sugiere laidea de que la política agrícola apenas fue capaz de amortiguar los efectosnegativos de las variables exógenas.

Situación del campo mexicano

La situación por la que atraviesa el campo mexicano desde 1982 puederesumirse en los siguientes términos:

• Primero, cae el valor (PIB) de la producción agropecuaria por habi-tante, cobrando especial énfasis la disminución de la producciónper cápita de granos, carnes y lácteos (cuadro 1).

1982 1985 1990 1995 1998p

PIB agropecuario/hab ($ de 1993) 923 937 824 813 786Maíz (kg/hab) 206 187 173 201 171Frijol (kg/hab) 16.9 13.2 15.2 13.9 15.3Leche (l/hab) 102.6 98.9 74.2 82.9 86.8Carne (kg/hab) 42.8 39.1 34.9 40.6 39.5

Cuadro 1Evolución del PIB agropecuario y la producción de productos

agropecuarios per cápita, 1982-1998

p) preliminarFuente: Elaboración propia con base en datos de Informes de Gobierno, Anexo, varios años.

• Segundo, aumentan las importaciones de alimentos a tal gradoque, con excepción de los años 1987, 1988 y 1995, debido a fuer-tes devaluaciones, la balanza comercial siempre es negativa (vercuadro 2).

• Tercero, se produce un agudo proceso de descapitalización de laagricultura y de insolvencia de los productores, que se manifiesta

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

en el estancamiento cuantitativo de la inversión y en laobsolescencia cualitativa del parque de tractores y maquinaria, asícomo en la reducción del consumo productivo de insumos agríco-las modernos. De acuerdo con el VII Censo Agrícola y Ganaderode 1991, se estima que sólo 7% del total de las unidades de pro-ducción está tecnificado, 41% son de tipo tradicional y el resto sonunidades de subsistencia.16

16 INEGI, VII Censo Agrícola-Ganadero, Resultados definitivos, 1994.

Balanza Comercial Agropecuaria Balanza Comercial Agroalimentaria

Importación Exportación Balanza Importación Exportación Balanza

1982 1,096 1,230 134 1,738 1,230 -276

1985 1,603 1,400 -203 2,104 1,688 -416

1990 2,062 2,111 48 4,625 2,651 -1,975

1991 2,122 2,291 169 4,629 3,107 -1,522

1992 2,845 2,053 -792 5,985 2,828 -3,157

1993 2,617 2,449 -168 5,760 3,340 -2,420

1994 3,345 2,616 -729 7,334 4,512 -2,822

1995 2,627 3,902 1,275 5,243 6,431 1,188

1996 4,654 3,385 -1,269 7,770 6,316 -1,454

1997 4,146 3,656 -490 7,733 6,980 -753

1998 4,773 3,954 -819 8,704 7,544 -1,160

Cuadro 2Evolución de la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroalimentaria,

1982-1998 (en millones de dólares)

Fuente: IV Informe de Gobierno, 1994, Anexo p.163, y VI Informe de Gobierno, 1998, Anexo p. 140.

• Cuarto, se registra un estancamiento cuantitativo y un deteriorocualitativo en la infraestructura agrícola, especialmente en obrasde riego, infraestructura de investigación y servicios de apoyo a laproducción.

• Quinto, baja el empleo en el sector y caen los salarios y los ingre-

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•ANÁLISIS•

sos de todos sus trabajadores, privados y sociales. La problemáti-ca social se complica ante las crecientes dificultades de los agri-cultores, campesinos y empresarios para mantener la actividadagropecuaria como opción de trabajo y de vida, al igual que por eldeterioro de los niveles de bienestar que experimentan. Más de70% de los campesinos viven en la pobreza, 26.3 millones vivenen la pobreza extrema y 50% de los niños del medio rural estándesnutridos.

Estas tendencias de desarrollo están íntimamente asociadas con procesossociales contradictorios que cambian la cara del campo mexicano. Frente alas fuertes presiones sobre la rentabilidad de la actividad agropecuaria, seobserva lo siguiente:

— Los productores han desarrollado estrategias de sobrevivenciaque incluyen la diversificación de los ingresos. Las fuentes deingreso incluyen actividades de agricultura y ganadería, la ventade fuerza de trabajo en actividades agrícolas y no agrícolas, elautoempleo en la microindustria y la migración al resto del paísy a Estados Unidos.17 En el caso de los ejidos, en promedio, 40%de los ingresos proviene de actividades agropecuarias y 20% dela migración. Las transferencias, a través del Procampo y de laAlianza, aportan 2.3% del ingreso total promedio de los ejidata-rios, aunque en el caso de los marginados este porcentaje puedeser mayor y en muchas ocasiones representa el único ingresomonetario. La situación descrita tiene amplias implicaciones parael diseño de políticas de desarrollo en general y de desarrollorural en especial.18

— Frente al vacío que ha quedado por el retiro del Estado de la pro-ducción y distribución agropecuarias se acentúa lo que podría lla-marse sistema de “darwinismo” agrícola,19 donde, sobre todo, losproductores medianos enfrentan problemas de sobrevivencia. La

17 De Janvry, A., G. Gordillo y E. Sadoulet, Mexico´s Second Agrarian Reform. Household and CommunityResponses, Universidad de California, San Diego, 1997, p. 169.

18 Ibidem, p. 175.19 Término utilizado por Glickman.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

concentración de la producción en cada vez menos agricultoresmás productivos se está traduciendo en una tendencia de producti-vidad creciente a nivel nacional, expresada en los rendimientospor hectárea. Este fenómeno obliga a repensar las políticas en labúsqueda de esquemas más diferenciados.

— El acelerado proceso de concentración de la producción en la esfe-ra de transformación y de producción de insumos constituye unnuevo reto para los productores. En 1993,20 las 65 macroempresasregistradas en la industria de alimentos, que representaban 0.07%de los establecimientos, generaron 38% del valor de la produccióny 20% del empleo.21 En 1996, 173 macroagroindustrias en la pro-ducción de alimentos, bebidas y tabaco ocuparon 55% del em-pleo. Frente a esta concentración en cada vez menos empresas dis-minuyen las posibilidades y opciones para los productoresprimarios en el abasto de insumos y en la comercialización de susproductos.

Política agrícola actual

Los principales instrumentos de política agrícola nacional son: el Procampo,la Alianza para el Campo y los pagos de Aserca para la comercialización.El esquema de Procampo es el tipo de pago directo al ingreso del productormás desvinculado de la producción de todos los esquemas implantados enel ámbito internacional.22 En una encuesta realizada por Aserca se encon-tró que solamente 41.1% de estos recursos se destina exclusivamente a laproducción y 94% de ello a la compra de insumos.23 En un contexto deescasez de fuentes de financiamiento para inversiones productivas, estosdatos tienen que alertar sobre las perspectivas del campo mexicano en lacarrera competitiva en el contexto de una economía abierta. Varios ajustesfueron efectuados a los esquemas diseñados, a saber:

20 El censo más reciente de INEGI es de 1993.21 Figueroa, K., Análisis de la evolución de la macroagroindustria en México, en el periodo 1988-199, Tesis

profesional, Chapingo, México, 1998, p. 33.22 OECD, 1998/2, p. 32.23 Revista Claridades Agropecuarias, núm. 64, diciembre de 1998, p. 13.

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•ANÁLISIS•

• La opción de cesión de derechos compensa la falta de financia-miento a la producción y facilita la adquisición de insumos en fe-chas más apropiadas para la producción.

• Se castigan los recursos del Procampo (ver cuadro 3) para interve-nir en una forma más dirigida sobre la canalización de tecnologíase insumos modernos al agro, a la vez se retoma el papel del Estadoen la asesoría técnica y en la capacitación a través de la Alianzapara el Campo.

Cuadro 3Evolución de los pagos de Procampo y de la Alianza para el Campo,

1994-1998 (en precios constantes y reales 1998=100)

Fuente: Elaboración propia con datos de Poder Ejecutivo Federal, Informe de Gobierno 1998, Anexo, p. 138.Precios deflactados con el índice de precios al consumidor (agricultura, ganadería y pesca).

1994 1995 1996 1997 1998

En precios constantes, $1,000

Procampo 4,704.2 5,751.7 6,575.1 7,533.2 8,521.9

Alianza 1,888.2 2.919.1 3,604.4

Total 4,704.2 5,751.1 8,463.3 10,452.3 12,126.3

Precios reales, en $1,000 de 1998

Procampo 12,950.7 11,057.6 8,719.3 8,506.5 8,521.9

Alianza 0 0 2,504.0 3,296.3 3,621.9

Total 12,950.7 11,057.6 11,223.3 11,802.8 12,126.3

Lo nuevo de la política de Alianza para el Campo son fundamentalmentedos aspectos:

• Los productores que quieren beneficiarse tienen que financiar uncierto porcentaje del apoyo recibido, lo que supuestamente creamás conciencia en él para un buen aprovechamiento del apoyo.

• Los programas están íntimamente relacionados con la federaliza-ción de la política agropecuaria, lo que resulta en todo un reto parallevarlos a la práctica, pero permite en su fondo políticasregionalmente más diferenciadas y flexibles.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Estas modificaciones indudablemente representan una corrección de laspolíticas agrícolas domésticas y corresponden mejor a los retos que enfren-ta el campo. Sobre todo, Alianza para el Campo se enfoca a mejorar laproductividad de los recursos de tierra, agua, trabajo y capital. A la vez, seobserva, gracias a la política de la Alianza, una reactivación de la industriade insumos, aprovechando, por ejemplo, los programas de mecanización,ferti-irrigación y equipamiento rural, e incidiendo entonces positivamenteen el efecto multiplicador.24

No obstante, esta política de Alianza para el Campo todavía tiene un am-plio margen para eficientizar aún más los instrumentos. Entre sus principa-les debilidades, que en nuestra opinión sería recomendable corregir, se en-cuentran, por ejemplo:

• La notable concentración en pocos productores (cuadros 1 y 2).En 1998, en promedio, cada beneficiado de Alianza para el Cam-po recibió aproximadamente 902 pesos. Pero mientras los 651 be-neficiados con el programa de tecnificación de riego por bombeocontaron con $43,229 cada uno, los indígenas, a través del progra-ma de zonas indígenas, solamente fueron apoyados con $135. Elesquema de la Alianza, que llega principalmente al productor in-dividual, de acuerdo con su disposición y capacidad de invertir,convierte al programa en un instrumento socialmente excluyentey elitista.

• La dispersión en los programas. Los programas que se han dise-ñados en la Alianza para el Campo, en su intención, efectivamentecorresponden a las necesidades del agro; no obstante, ante la mag-nitud de los retos por enfrentar y la dispersión en su ejecución, sueficiencia es mínima y los beneficios se limitan a nivel individual,de acuerdo con la capacidad financiera del productor. Hay sola-mente muy pocos programas que se difunden con amplitud, comopor ejemplo: el programa Kilo por Kilo, los programas de sanidadvegetal y animal y los de asistencia técnica, de los que se podránesperar resultados de mayor impacto.

24 Santoyo Cortés, V.H., et al., La Alianza para el Campo en Sinaloa, Mimeo, CIESTAAM, 1998.

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•ANÁLISIS•

• La ineficacia por la enorme burocracia. Tanto el Procampo comola Alianza para el Campo implican para su realización un enormeburocratismo que absorbe para su funcionamiento montos consi-derables, que de este modo no están disponibles para los fines di-señados de las políticas. Por otro lado, obstaculiza un aprovecha-miento oportuno y eficiente de los escasos recursos. En junio de1998 todavía no se habían ejercido los recursos de 1997 en mu-chos estados.

• El carácter electorero. Los programas orientados al sector social,como el equipamiento rural y los programas sustentables en zonasde alta pobreza, no están exentos de elementos que propician suabuso para fines electoreros. Muchos líderes regionales y partidospolíticos participan en la promoción y gestión, pero sobre todo enla entrega de los recursos de los programas.

Otra limitante que tienen las políticas agrícolas actuales de México es loescaso de los recursos frente al contexto nacional e internacional cambian-te y frente a los apoyos que reciben los productores de los principales so-cios comerciales. El cuadro 4 demuestra, una vez más, que los apoyos trans-feridos a los productores mexicanos se ubican por debajo de lo que recibensus homólogos en los países socios.

Cuadro 4 ESP por hectárea en países de la OCDE, 1986/88-1997 (en US$/ha)

p) preliminar, e) estimación.Fuente: OECD, Agricultural policies in OECD countries, Measurement…, op. cit., p. 41.

1986/88 1992/94 1995 1996p 1997e

México 33 58 0 13 26Estados Unidos 92 74 66 61 59Canadá 111 93 76 73 60Unión Europea 485 603 671 597 526OCDE promedio 148 163 167 152 137

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Propuestas

Por las diferencias en los niveles de productividad y apoyos recibidos, losproductores mexicanos, con pocas excepciones, se encuentran en una posi-ción desventajosa frente a sus competidores internacionales. Simples co-rrecciones a los programas actuales no son suficientes para cumplir con losobjetivos de la Alianza para el Campo, a saber:

• Aumentar la producción agropecuaria a una tasa superior al creci-miento demográfico.

• Mejorar el ingreso de los productores agropecuarios dando espe-cial énfasis a los grupos marginados del país.

• Producir más alimentos para el consumo de la población y fomen-tar las exportaciones.

A continuación se presentan algunas ideas para avanzar en la definición depolíticas agrícolas. Las propuestas parten del reconocimiento que tiene elsector agropecuario y el medio rural para la economía en su conjunto.25

— Las políticas agrícolas, para que puedan aprovecharse plenamen-te, requieren de una mayor coherencia con las demás políticasmacroeconómicas, y al revés. Para ello es indispensable que seavance sobre el mayor entendimiento del papel de la agriculturaen la economía y sobre la importancia de la política macroeconó-mica para la agricultura; se necesita precisar con detalle el efectomultiplicador. Sólo con un conocimiento más preciso sobre estasinterrelaciones y la percepción de la población sobre el sectoragropecuario y el medio rural será posible avanzar en la defini-ción de políticas de fomento económico que consideren a la agri-cultura como parte integral.

— Sobre estas bases es necesario impulsar la dinámica agrícola me-diante políticas integrales que comprendan un horizonte de me-diano y largo plazos y partan de las experiencias acumuladas del

25 Ver más detalles en: Schwentesius R.R., M.A. Gómez Cruz y J.L. Calva, La cartera vencida del sectoragropecuario. Evolución-causas-soluciones, Reporte de investigación 25, CIESTAAM, Chapingo, Méxi-co, octubre de 1995, p. 29.

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•ANÁLISIS•

Procampo y de la Alianza para el Campo; éstas deberán ser com-plementados por las siguientes políticas:

— Una política de precios para amortiguar el impacto de precios alta-mente fluctuantes y para asegurar la rentabilidad de la produc-ción. Sólo así se logrará la certidumbre necesaria para la inversiónen el campo y para que los jóvenes se interesen por éste. Los com-promisos contraídos en el TLC y en el GATT no permiten regresar ainstrumentos como los precios de garantía, pero dejan otras opcio-nes como, por ejemplo, el seguro al ingreso neto, como lo estánaprovechando los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. El se-guro al ingreso tiene la ventaja de que los productores participanen él y pueden apropiárselo y abaratarlo. Además, es más baratoque el mecanismo de precios de garantía y pagos en deficiencia alno sobresubsidiar en años de altos precios. No obstante, para suutilización se enfrentan varios problemas: por un lado existe pocay negativa experiencia en México con los seguros en general y,por el otro, este instrumento no permite planear con precisión losrecursos requeridos. Esto no debe llevar al rechazo sino a estimu-lar a investigación y discusión sobre este instrumento.

— Los instrumentos más poderosos para aumentar la productividaden el sector agropecuario son, según investigaciones recientes delUSDA, la inversión pública en la investigación y el desarrollo, y eninfraestructura.26 La evidencia histórica de Estados Unidos indicaque entre 1949 y 1991, 50% del aumento en la productividad delos factores de producción se debe a la inversión pública en inves-tigación y desarrollo, y 25% a la inversión en infraestructura. De-bido al gran número de productores y a la forma dispersa de laproducción y su inseguridad por la influencia de factores climato-lógicos, el sector privado tiende a subinvertir en la investigación ydeja al Estado, sobre todo, la investigación básica.27 Basándose enestas evidencias se recomienda que la inversión pública en fomen-to rural (infraestructura hidráulica, investigación, extensionismo,

26 Ahearn, M. et al., Agricultural productivity in the United States. USDA/ERS, Agricultural InformationBulletin, núm. 740, Washington, .D.C., enero de 1998.

27 Shane, M., U.S. agricultural growth and productivity an economywide perspectiva. USDA/ERS, AgriculturalInformation Bulletin, núm. 758, Washington, D.C., enero de 1998.

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etcétera) alcance, por lo menos, una proporción similar al aporte delsector agropecuario en el PIB.Se reconocen los importantes esfuerzos por revivir la asistenciatécnica y el extensionismo a través de la Alianza para el Campo.Estos esfuerzos deben rebasar la mera asistencia en aspectos demanejo tecnológico y avanzar hacia una forma de capacitacióncontinua e integral que considere aspectos del mercado, las activi-dades múltiples de los productores y, no por último, el manejo deriesgos.

— Con la cesión de los derechos de Procampo se ha revivido en for-ma disfrazada el crédito al campo, además, canalizando fuertessubsidios a la banca privada a través del FIRA. Por ello está pen-diente que se canalicen volúmenes adecuados de crédito al sectoragropecuario con esquemas preferenciales para pequeños produc-tores.

Los resultados de un programa de fomento agropecuario congruente con larealidad nacional contribuirán no sólo al equilibrio sostenible de las cuen-tas externas y la estabilidad de precios, sino también a la armonía en elpatrón de desarrollo económico, la seguridad alimentaria y la estabilidadsocial.28

28 Ver también Schwentesius R. et al., La cartera vencida …, op. cit., pp. 30-34.

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•ANÁLISIS•

El conflicto agrario en la

relación campesinos-gobierno

en el estado de Oaxaca*

CEl escenario: estructura agraria, territorio y economía campesina

Carlos Moreno Derbez**

omo es bien conocido, el estado de Oaxaca es de los que más pro-piedad social contiene en su jurisdicción territorial como conse-cuencia de que, desde tiempo inmemorial, su población ha procu-

rado la posesión de sus tierras y ha mantenido la habilidad para hacerse dereconocimiento formal de dicha posesión con distintos tipos de gobierno yal cobijo de distintas leyes.1

Por ello, el concepto de propiedad agraria, usado por los gobiernos colo-nial, liberal o postrevolucionario tiene un uso y un sentido para conservarel principio de territorialidad a favor de los pueblos, y ambos conceptos,

* Ponencia presentada en el Coloquio “Conflicto agrario y perspectivas del campooaxaqueño”, 15-16 de abril de 1999.

** Actualmente se desempeña como Representante de la SRA en el estado de Oaxaca.

1 De los 9.5 millones de hectáreas que componen el territorio estatal, 72.3% corresponde a la propiedadsocial, y de ella, 77.8% es propiedad comunal (ver cuadro anexo I).

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aunque pareciera inconsecuente, han corrido paralelos para mantener elhilo conductor de la reproducción social indígena-campesino, pertenecien-te a un determinado pueblo. Como ejemplo, basta recordar que la defensaterritorial que hacen los pueblos en la actualidad se hace, las más de lasveces, a partir de títulos primordiales expedidos por la Corona Española,por la posesión sostenida a pesar de las reformas liberales y por la actuali-zación de ese derecho colectivo a partir de una resolución presidencial o deuna sentencia de los Tribunales Agrarios.

La destrucción de la hacienda como forma de propiedad y como modelo dedesarrollo tuvo, para Oaxaca, una significación relevante no tanto por lasdimensiones y la presencia que pudiera tener para la región del Bajío delpaís, sino precisamente por el reencuentro con el concepto de territoriocelosamente guardado por la población que trabajaba como peón de estasunidades productivas. Arellanes2 identificó cinco modalidades cuya refe-rencia atendía principalmente al tipo de producción, pero que en términosgenerales, apunta: “Las actividades de la hacienda oaxaqueña de fines delsiglo XIX y entrado el siglo XX, fueron relativamente estables y predomi-nantes en la región de los valles centrales...”

La complejidad de las posesiones de los pueblos y el reclamo territorialgeneró una actitud de conflicto en el cual no solamente media la tierra, sinoque se expresa entreverado con el control político administrativo de muni-cipios y agencias municipales. Por eso el conflicto agrario y territorial en elestado es un espacio de lucha política en el cual confluyen un número sig-nificativo de agentes que cotidianamente confrontan argumentos, mecanis-mos de presión y acuerdan relaciones para buscar una posición privilegia-da dentro de este espacio o campo a partir de la acumulación de su presencia.Esta actitud, que no es nueva ni producto de la burocracia encargada delreparto, define el perfil comunal y comunitario de los campesinos indíge-nas oaxaqueños desde donde se expresan los “usos y costumbres”, o lo quePierre Bordieu denomina: “...las formas más humildes de la práctica, lasacciones rituales, las elecciones matrimoniales, las conductas económicas

2 Arellanes, Anselmo, Oaxaca. Reparto de tierra, alcances, limitaciones y respuestas, UABJO, UNAM,Carteles Editores, PROAX, 2ª edición, 1999.

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•ANÁLISIS•

cotidianas... una manera peculiar de construir o aprehender la práctica aten-diendo a su lógica especifica ...”3

La lucha por la tierra o por el control territorial se ha dado entonces princi-palmente entre campesinos donde las formalidades de las leyes son los res-paldos que legitiman frente a los otros el derecho al reconocimiento de suidentidad como pueblo. El pacto social derivado de la Revolución mexica-na, donde el Estado emanado de ésta concibe al territorio nacional como supropiedad originaria y mediante el Artículo 27 constitucional lo entrega ole reconoce la propiedad a individuos o colectividades, sirvió como instru-mento de política para hacer justicia a nivel nacional. El reconocimiento ala posesión de la tierra es considerado por el derecho agrario comodeclarativo y con ello se constituye, jurídicamente hablando, a la comuni-dad agraria o los bienes comunales, mediante lo que se denominó, comoacción agraria, el reconocimiento y titulación de los bienes comunales. Porsu parte, los ejidos, en esta misma tesitura jurídica, son integrados median-te la constitución de un derecho donde el Estado mexicano dotaba o entre-gaba a campesinos sin tierra, pero con derecho para recibirla. De aquí segeneraron las acciones agrarias de dotación de ejidos o su ampliación, asícomo la creación de nuevos centros de población ejidal.

De hecho, la legislación agraria previa a las modificaciones de 1992 alArtículo 27, la Ley Federal de Reforma Agraria, resultado de múltiplestransformaciones anteriores resultó, en su última versión, un pesado trata-do de procedimientos para que la entonces autoridad, la Secretaría de laReforma Agraria (SRA), pudiera definir a quién o a quiénes correspondía elderecho del reconocimiento o de la dotación. Pero a partir de esa fecha, lasreglas del juego cambiaron sustancialmente.

En primer término, se canceló la recepción de solicitudes de tierras, y lasque estaban en proceso, ya fuera en la primera instancia receptora, la Co-misión Agraria Mixta, o en la Secretaría de la Reforma Agraria, debíanponerse en estado de resolución para transmitirse a los tribunales, que enuso de sus atribuciones debe emitir la sentencia correspondiente. En Oaxa-

3 Bordieu, Pierre y Wacquant, Loïc, Respuestas. Por una Antropología reflexiva, Grijalbo, 1995.

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ca se sometieron a esta condición 925 expedientes de distinto tipo de ac-ción agraria, donde casi 50% se refieren a demandas de exclusión de pe-queña propiedad (ver cuadro anexo II). Este proceso duró prácticamenteseis años.

En segundo lugar, se crearon dos instancias nuevas para el ejercicio de lajusticia agraria, tanto para culminar el rezago y ejercer la función de órga-no jurisdiccional en controversias como para la procuración de la justiciade los derechos de los sujetos agrarios.

Y en tercer lugar se crearon las definiciones en la Ley Agraria para propi-ciar lo que podríamos denominar la “forma neoliberal de desarrollo en elmedio rural” que, a diferencia de la Ley Federal de Reforma Agraria dero-gada, que planteaba el impulso a la organización ejidal y la asociación delos ejidatarios con los pequeños propietarios, abre la posibilidad de la adop-ción del dominio pleno en ejidos y comunidades y de asociarse con socie-dades civiles o mercantiles a través de la aportación de la tierra, en la mo-dalidad de las acciones tipo “T”, de acuerdo con el título sexto de la LeyAgraria.

A fin de cuentas, la búsqueda largamente discutida entre los años setenta yochenta, acerca del futuro de los campesinos y del medio rural en general,parecía haberse olvidado a partir, principalmente, de dos líneas de acción queal final no prosperaron suficientemente y que nos pone de nuevo en la re-flexión sobre la coyuntura del cambio del “campo agrario”, cuya transiciónno acaba de definir rumbo, excepto en aquel donde los campesinos son cadavez más pobres. Por una parte, la búsqueda oficial del desarrollo de los eji-dos expresada en la colectivización y la asociación, cuya perspectiva, haciafinales del sexenio del presidente Echeverría, no trascendía a los 5,000 eji-dos colectivos por consolidar, de acuerdo con el “plan maestro de organi-zación y capacitación” operado por la SRA en ese periodo. Y por otra parteel trabajo generado por las organizaciones independientes donde el campe-sino, de acuerdo con la síntesis planteada por Bartra,4 “en los años ochenta

4 Bartra, Armando, “De heterodoxias campesinas y otras ideas”, en La Jornada del campo, 26 de agosto de1998, pág. 4.

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•ANÁLISIS•

aparece transfigurado: ya no en lo fundamental luchando por la tierra, sinocomo sujeto de la producción. Acorralada, asfixiada la lucha por la tierra, loque cobra fuerza y organicidad es la condición de productores”.

Sin embargo, salvo algunas excepciones generadas con los productores decafé, por ejemplo, y aun a pesar de haber encontrado la fórmula durantealgunos años con las instancias creadas para el respaldo intermedio entre elproductor y las dependencias y programas institucionales y que sustituían alos aparatos hegemónicos y corporativizantes, de acuerdo con el propioBartra se desploma la ilusión de la “retención de los excedentes” y se caeen un bache donde la economía campesina, madre del control del procesoproductivo, envejece irremediablemente, sin que mantenga la posibilidadde la sobrevivencia con renovados bríos.

Por ello la transformación del medio rural y su relación o articulación con laestructura nacional sigue siendo fundamental para redefinir el proyectonacional, sobre todo en estados como el de Oaxaca por las características dela composición socioétnica de su población, más de 60% bajo condición ru-ral, donde la economía campesina y la condición de indígena aparecen comoun binomio cuya fórmula no ha sido posible remontar a partir de la multipli-cidad de programas aplicados por las dependencias o por los ensayosorganizativos imaginados por ellos.

La transición del campo agrario y las políticas públicas

Para los campesinos de Oaxaca las reformas al Artículo 27 constitucionalhan sufrido el mismo trato que las otras legislaciones a las que se han vistosujetos. Los programas de regularización de la tenencia de la tierra como elPrograma de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares(Procede) han sido aceptados en 60% en ejidos a siete años de iniciado y en7% en comunidades agrarias a un año de su puesta en marcha para estosnúcleos agrarios;5 por eso son resemantizados y se asumen como un nece-sario “replanteo de linderos”, como la vía más práctica y sin costos para la

5 Fuente: RAN, Delegación Oaxaca, marzo de 1999.

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actualización de los derechos agrarios colectivos y de la parcela como pa-trimonio familiar.

Esta actualización del derecho alcanza mayor sentido cuando observamosuna buena parte de las controversias atendidas en la Procuraduría Agraria,desde su fundación, mismas que se refieren a diferencias internas en ejidosy comunidades por el control de la parcela entre familiares. Pero tambiénes producto de que los conflictos de límites entre la propiedad social semantienen como parte del “habitus” vinculado a la territorialidad, como yase comentó anteriormente.

Con relación al Procede, es interesante comentar que la participación delas organizaciones del sector se ha mantenido con indiferencia y, si acaso,entre las más críticas se manifiesta una actitud de rechazo al Programa antela posible adopción del dominio pleno y, por lo tanto, a los efectos delimpacto neoliberal de tales reformas. Este fantasma parece desvanecerseen la medida en que solamente 0.15% de las parcelas certificadas ha modi-ficado el tipo de propiedad en ejidos que comparten el monstruo de la des-ordenada conurbación de la ciudad de Oaxaca y que es compartida por 48núcleos agrarios.6 Sin embargo, al revisar las posturas de la mayor parte, lapreocupación parece estar más orientada al mantenimiento del conflictoagrario, espacio que les ha permitido su sobrevivencia, que a la redefiniciónde los territorios propios regulados por la Ley Agraria.

Con todo respeto, entre los años setenta y noventa, después de la tradiciónde lucha que caracterizó al proceso organizativo campesino del estado y loque actualmente está sucediendo, puedo observar una indefinición en rela-ción con el proyecto del campesino al que se aspira. Ante las modificacio-nes del Artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, la preocupación,salvo excepciones, no se plantea un proyecto opcional de campesino, y lasmovilizaciones, bajo distintas modalidades, se caracterizan por mantenerel fundamentalismo de la demanda de la entrega de tierra bajo cualquier

6 Fuente: RAN-Oaxaca; también a marzo de ese año de los 508 núcleos certificados solamente en 16 se hanautorizado los cambios para la adopción de dominio pleno que involucra a 163 parcelas de 105,801 y a113 campesinos.

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opción, ya sea jurídica o política, preferentemente a través de la compra, ycon el argumento de que se trata de “problemas sociales agrarios”, en don-de los gobiernos federal y estatal están obligados a dar respuesta. Muchas delas demandas de tierra a las que hago referencia no parten del principiode que existe acaparamiento o neolatifundismo. Más bien se inscriben enuna selección de apoyo a una de las partes en conflicto, cuya condiciónsocial no es diametralmente opuesta a la de su contrario y que obedece afactores cuya subjetividad solamente pueden entender los líderes y a susmuy particulares intereses políticos.

En este sentido, una primera clasificación de la demanda de las organiza-ciones campesinas que ilustraría lo anterior nos muestra en esta transiciónque, del grupo de 13 organizaciones con las que se ha trabajadosistemáticamente desde hace diez años, todas parten del principio de solu-ción a los problemas de sus representados en torno a la tierra. Asimismo,prácticamente todas pelean ser atendidas en la demanda del pago de subsi-dios como el Procampo y en la atención a través de proyectos de aplicaciónflexible como el programa de empleo temporal o de aquellos a los que sedestina la inversión en ciclos cortos o en ganadería extensiva; pero sola-mente dos o tres cuentan con definiciones para integrar una estrategia pro-ductiva que permita consolidar la economía campesina o acceder al controldel proceso productivo, con esquemas de integración vertical, definanciamiento propio o de comercialización.

Sin que estos comentarios signifiquen un estudio sistemático, al que to-dos aspiramos, apunto como hipótesis inicial que el comportamiento dela relación entre las organizaciones campesinas y los distintos niveles degobierno no ha sido la más consecuente, porque de pronto ambos pactanintencionalidades y ejercicios de inversión en programas o proyectos y sedicen sorprendidos de excesos de todo lo que les impide lograr sus obje-tivos: Al gobierno, el control social y político, y a las organizaciones laobtención de todo aquello que les signifique el prestigio que les permitasu permanencia. El problema, y hablo desde la perspectiva autocrítica, esque ambos, organizaciones y gobierno, no han encontrado la mejor fór-mula para darle sustento a lo que se ha denominado la “vía ejidal para eldesarrollo”.

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Quisiera sustentar un poco más estas aseveraciones a partir de algunos da-tos que permitan reflexionar sin el típico “desgarre de las vestiduras” sobrelo que observo que en la actualidad, en esta dolorosa transición, todavíatiene remedio.

El fin del reparto agrario fue una larga y desgastada argumentación que elgobierno manejó desde principios de los años ochenta. La necesidad demantener el reparto fue una persistente demanda de las organizaciones cam-pesinas a partir del análisis de que la única solución para los campesinosera mantener el viejo pacto social consistente en evitar la posibilidad de laacumulación de la tierra.

La reforma agraria en el estado de Oaxaca permitió entre 1920 y 1994 laentrega de casi siete millones de hectáreas bajos las modalidades previstaspor el Estado mexicano a través de su legislación. Se trata de 202,825 co-muneros y de 126,334 ejidatarios, o sea un total de 329,159 sujetos de de-recho agrario, cuyo promedio de edad supera los 50 años.7 Sin embargo,por la denominada vía de compra de tierras se han entregado en un lapso dediez años poco más de 14,000 hectáreas a favor de 4,438 campesinos repre-sentados por organizaciones, principalmente con influencia en la cuencadel Papaloapan, en la Costa, en los Valles Centrales e Istmo en dos intere-santes momentos: Antes y después de las modificaciones al Artículo 27. Enel primer momento hubo una transferencia de recursos del gobierno federalal estado para que se revisara, a través de un comité de compras, quién oquiénes requerían tierra para adquirirla o dar un pago como contraprestaciónpara regularizarla. En este caso las respuestas estaban sujetas a la condi-ción de presión que los gobiernos estatal y federal recibían, y fue manejadocomo un “fondo de contingencia agraria”, donde, de acuerdo con las pre-siones o los enfrentamientos, se ejercían las compras de tierra que permitie-ran la “paz social”. Cabe señalar que las compras de tierra ejercidas en esemomento representaron una salida política adecuada a la coyuntura, peroen ningún caso se constituyó un nuevo ejido, cuestión que permitió que lasorganizaciones “beneficiadas” con este programa tuvieran tierra para sí y

7 Robles, Héctor, “Tipología de los sujetos agrarios Procede”, en Estudios Agrarios, núm. 4, julio-septiem-bre de 1996, pág. 7.

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por lo tanto un argumento de control social interno cuya lógica operó deacuerdo con sus mecanismos propios. En el segundo momento se gestó unConsejo Agrario Estatal donde se realizó un ejercicio de integrar un PlanEstatal Agrario con plena participación de las organizaciones y donde unaparte sustancial se la llevaron los acuerdos agrarios.

Los acuerdos agrarios significaron, tanto a nivel nacional como en Oaxaca,la revisión de las minutas o listas de problemas que las organizaciones con-sideraban no resueltos y que requerían necesariamente una respuesta de losgobiernos estatal y federal. El pacto, considerado como un “buen pactopolítico” por los agentes gubernamentales y de las organizaciones, permi-tió, después de casi seis meses de discusiones, la identificación de 317 asun-tos cuya respuesta agraria se acordó manejar en 14 rubros.8 El más impor-tante de ellos, que fueron los “proyectos productivos especiales” (queimplicaban la adquisición de tierra) y que ascendieron a 66, o sea 24% deellos, concentró la atención de dichos acuerdos en términos de tiempo ytrabajo con las organizaciones y sus grupos, sobre todo por la depuraciónde los censos y padrones que se fueron presentando. En comparación coneste dato, la atención para seguimiento de los expedientes en TribunalesAgrarios, aumentó significativamente ya que del total de asuntos pactados,32% fue considerado en este rubro y, como corolario, solamente 6% setipificó como gestión de proyecto productivo sin compra de tierra. Comose observa, los asuntos de rezago agrario fueron los más importantes y losmenos son los que pudieran apuntar hacia una respuesta de carácter pro-ductivo.

Para los acuerdos agrarios 1996-1998, los gobiernos estatal y federalerogaron en conjunto 75.8 millones de pesos. Se compraron 7,579-49 ha yse hicieron ejidatarios a 2,249 campesinos en 53 ejidos. Por su parte, elFondo Nacional para las Actividades de Desarrollo Social (Fonaes), ins-tancia creada, por cierto, a partir de las modificaciones al Artículo 27 cons-

8 Ver cuadro anexo III. La SRA a nivel nacional trabajó estos acuerdos con 33 organizaciones campesinas,de las cuales 23 eran nacionales y 11 estatales (las del estado de Oaxaca) y con las cuales se revisaron5,974 problemas de los cuales 41% fueron considerados como concluidos desde la perspectiva de su trá-mite agrario, 25% en la misma condición que los anteriores, pero donde la propia SRA se comprometió abrindar apoyo en organización y gestión de proyectos productivos y 34% considerados en trámite de acuerdocon procedimiento agrario.

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titucional, ha invertido, hasta la fecha, 4,663,386 pesos con 746 campesi-nos asociados en 14 proyectos productivos. Si consideramos que 66 asun-tos estaban ligados a esta opción y que solamente 21% de ellos la han asu-mido, podemos reiterar que la tendencia se reproduce.

En esta opción, la transición de la relación en el trato agrario obligaba a unarespuesta que no tuvo réplica a nivel nacional, al proponer que se presenta-ra en términos tales en los que campesinos sin tierra, impactados por proce-sos como los de la creación de las presas Temazcal y Cerro de oro contarancon poca tierra pero con inversión segura y acceso directo a proyectos quesolamente el Fonaes puede ofrecer bajo una perspectiva que no se ha discu-tido suficientemente hasta la fecha, y que no ha sido totalmente incorpora-da al proyecto campesino aun a pesar de que recobra lo mejor de la luchaagraria y propone un modelo de relación campesinos-gobierno, cuya pro-puesta tiene mucho que aportar al modelo de “desarrollo ejidal” al que eneste momento debemos aspirar.

Un elemento fundamental complementario en este proceso de transición esel relacionado con el ejercicio de la justicia agraria. Como ya se comentó, lasreformas constitucionales implicaron la creación de la Procuraduría Agra-ria y los Tribunales Agrarios. Con la primera, y como órgano desconcentrado,se pretende que los campesinos cuenten con una instancia de asesoría jurí-dica y de representación para la regularización de la tenencia de la tierra delos núcleos constituidos, así como con el apoyo necesario para elreordenamiento de la vida interna de los propios núcleos agrarios. En el casode los Tribunales Agrarios, se crearon órganos autónomos y con ello las fa-cultades extraordinarias jurisdiccionales reservadas al Ejecutivo federal setransfieren para que en un “juicio de barandilla” se pueda ejercer la justicia“pronta y expedita”. Esta reorganización institucional pretende, en el fondo,un deslinde de la característica relación tutelar que se manejaba entre elgobierno y los campesinos. Con ello se pretende que la aplicación de la leytenga la transparencia que se dificultaba cada vez más desde la SRA.

En el estado de Oaxaca, la actuación de la Procuraduría Agraria ha sidocada vez más aceptada por los sujetos agrarios. De hecho, es la única de-pendencia del sector estatal y federal, que cuenta con cobertura territorial

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en la actualidad y por ello es la única ventanilla de apoyo y asesoría institu-cional cercana a las distintas regiones del estado. En siete años ha recibidosolicitud de atención en aproximadamente 34,000 asuntos. Para darnos unaidea de las preferencias de los sujetos agrarios del estado, la atención por lavía conciliatoria resulta la más significativa con 38%. Después, la inclina-ción se manifiesta a favor de recibir asesoría jurídica agraria con 37.3%,sin que ello signifique estar representado en tribunales, y finalmente, sólo11% de la demanda de atención se inscribe en la representación legal enalguna controversia.

Estas tendencias marcan el tipo de relación inicial de la dependencia conlos campesinos a partir de las necesidades presentadas y llama la atenciónque, como ya se apuntó, una porción significativa se refiere a problemasderivados por los derechos parcelarios donde existen diferencias dentro delas comunidades y ejidos por el control de la porción de terreno entregadaal comunero y en la que en no pocas veces se considera propiedad. Talsituación es posible en la medida en que, de acuerdo con un sondeo realiza-do por la propia Procuraduría Agraria en 1994 en las comunidades agrariasdel estado, cerca de 95% se encuentran parceladas en las áreas destinadas ala producción agrícola.

Por su parte, los Tribunales Agrarios han trabajado en el desahogo del reza-go agrario y la recepción de controversias de distinta índole. Se descono-cen las estadísticas del caso y, de acuerdo con lo que hemos podido obser-var, estos órganos jurisdiccionales en el estado, y que ascienden a tres decarácter unitario, se han caracterizado por resolver con rigurosidad jurídicalos asuntos bajo su responsabilidad. Sin embargo, los criterios con los quese actúa muchas veces están sujetos a la discrecionalidad del magistrado enturno: O bien se ejerce la sentencia de manera rápida, sin considerar loscontextos, o se traban los asuntos, como por ejemplo en los expedientes deconflicto por límites de reconocimiento y titulación de bienes comunales,para los cuales se valora que se carece de los elementos necesarios paraemitir la sentencia y son reintegrados a la SRA para que se realicen trabajostécnicos cuya realización se sabe que es imposible, o para alguna otra dili-gencia para “mejor proveer”.

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En otros casos, aun a pesar de que está previsto que a la emisión de lasentencia es necesario acordar las condiciones de su ejecución con las par-tes involucradas en la controversia, es imposible su ejecución por la resis-tencia de alguna de las partes para su realización material o porque losinconformes interponen recursos jurídicos a los que tienen derecho y que,por lo tanto, alargan los conflictos. En no pocas ocasiones también se hanretrasado las ejecuciones de sentencias por la baja capacidad operativa quetienen los Tribunales Unitarios, ya que además de atender su propia cargareciben la correspondiente para su jurisdicción del Tribunal Superior.

En varios casos ha sido necesario replantear la sentencia como consecuen-cia de que, después de emitida, el conflicto se agrava, y cuando finalmentese logra la conciliación y se resuelve de manera diferente es cuando loscriterios jurídicos se “ajustan a las voluntades de las partes”. Aunque laactuación conciliatoria de los tribunales se encuentra regulada por su regla-mento interior, es posible encontrarla como una simple convocatoria entrelas partes y no como parte del procedimiento jurídico, mientras que, para elestado de Oaxaca, es lo que más utilidad parece tener en el tratamiento delconflicto, por lo menos hasta ahora. Los magistrados de Tribunales Unita-rios que operan la justicia desde esta perspectiva son con los que mejorcoordinación se ha logrado con las dependencias del sector.

Por tal razón, la conciliación ha comenzado a generar el equivalente a unasuerte de jurisprudencia en el ejercicio del procedimiento de los juicios agra-rios sin que esto signifique que se haya formalizado. Para ello resulta funda-mental que se incorpore a tal procedimiento el peritaje social en el que sevalore la condición socioeconómica y étnica de los sujetos en controversiapara que el Derecho Social Agrario consolide su carácter. Además, con elloserá posible establecer un vínculo entre los sujetos de derecho colectivosdefinidos en la Ley Agraria y los que recientemente se caracterizaron en laLey de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado deOaxaca, recientemente aprobada por la legislatura estatal.

Finalmente, en este brevísimo recuento de la transición en la relación cam-pesinos-gobiernos, es necesario recuperar lo mejor de lo que está permi-tiendo que sea menos penoso el recorrido que va del fin del reparto a la

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regularización de la tenencia de la tierra en el estado. Me refiero al procesoconciliatorio. Al respecto, entre los años 1993 y 1998, mediante mecanis-mos de coordinación interinstitucional y con la participación de organiza-ciones agrarias, se han trabajado alrededor de 150 asuntos tipificados como“altamente conflictivos”, donde la confrontación de las partes ha llegadoincluso a enfrentamientos con resultados sangrientos. En estos asuntos con-fluyen multiplicidad de variables, que van desde el inicio o término de losciclos productivos, en la confluencia de “tierra de nadie” donde se encuen-tran cultivos de “alto rendimiento” o bosques, pasando por lo ya comenta-do en torno al control territorial ligado a la tradición de relaciones de podermunicipal con agencias municipales, o donde algunas organizaciones per-sisten en una posición inconciliable sin que exista argumento visible, hastala intervención de asesorías interesadas en mantener el estado actual delconflicto.

En todos los casos en los que se ha contribuido a la solución del conflictopor esta vía, lo que ha funcionado de manera más o menos constante hasido la persistencia a la convocatoria para llegar al arreglo, utilizando parael caso las aproximaciones necesarias, compartiendo abiertamente el diag-nóstico de la situación jurídica, social y política, pero de manera muy espe-cial las apreciaciones en torno a la disputa territorial considerando los re-cursos naturales o las plantaciones que entran en juego y las relacionestradicionales que se han ejercido entre ambos. En muchas ocasiones la pro-blemática judicial entra en juego, sobre todo cuando se han presentadohechos delictivos producto de la tensión agraria. Para esto es necesariotambién un trato opcional. Como ya lo he mencionado,9 es fundamentalconsiderar los ritmos propios de las partes en conflicto y no sujetarlos a losque mandan las determinaciones institucionales o a los tiempos políticosajenos; por ello, señalamos que no es posible la existencia de “artífices dela conciliación”.

9 Moreno, Carlos, “Conflicto territorial en Oaxaca. El oficio de la conciliación”, en revista El caracol, abril-junio, año 2, núm. 7, 1998.

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Regularización agraria y futuro campesino

Desde el punto de vista de la estructura agraria, los empeños realizados sontodavía un paquete de programas o actividades que pudieran parecer dis-persas. Entre el Procede y la conciliación agraria no se logra una cadenciaadecuada, y entre éstos y el ejercicio de la justicia agraria o los asuntosarreglados mediante convenios con organizaciones tampoco encontramosun ajuste adecuado. Sin embargo, todos ellos apuntan a la regularizaciónde la tenencia de la tierra. Esto no quiere decir que se trata de la panacea yque con la realización de estos trabajos, aunque se lograra una articulaciónmás consecuente con la realidad del estado, estaríamos frente a una situa-ción de solución definitiva del conflicto agrario. En el campo de la estruc-tura agraria la variable estable es la tierra y la variable dinámica es la po-blación y sus múltiples procesos económicos y socioétnicos inmersos enuna realidad cada vez más compleja. Por tal razón, estimo que el conflictoagrario ha sido, es y será inherente a una población como la oaxaqueña. Ladiferencia es que se sienten las bases necesarias para que en el futuro losconflictos sean tratados bajo una óptica en la cual prevalezca la claridad delos derechos sin dejar de lado las consideraciones de índole territorial, perosobre todo los pueblos que ahora se concilian dejarán sentadas las bases deltrabajo de “dura cotidianeidad” incorporado a sus habitus, que significa elencuentro de las voluntades, una de las partes más nobles del ser humano ymateria prima de las conciencias colectivas que tiene como componentesbásicos la historia y la diversidad.

Para la regularización de la tenencia de la tierra, cuyo sentido primordial es laposesión, la conciliación agraria en las diferencias territoriales significa la en-señanza de compartir identidades. Se puede ser distinto de origen, pero tenerla voluntad de encontrar un punto trino, una mojonera o un vértice desdedónde construir la convergencia; porque se puede tener el título primordialpero no la posesión y también es posible argumentar el “mejor derecho” perono poder demostrarlo en la realidad o en los tribunales.

La otra parte del problema, el de las definiciones del tipo de campesino alque se aspira y a partir de ellas trazar la vertiente del desarrollo agrario enun proyecto opcional de nación, considero que están también en proceso,

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•ANÁLISIS•

aunque tal vez sean las más difíciles de reconstruir. Se puede fácilmenteconducir a los campesinos a condiciones de extrema pobreza, pero remon-tar su condición también requiere de la voluntad del Estado y asumir deuna vez por todas los errores cometidos, o como lo señala Bartra,10 “la dis-yuntiva campesina es, en verdad, la encrucijada nacional”, cuestión queciertamente no se logra con programas sueltos de corte sexenal cuyo origenpolítico termina en la sobrepolitización de los recursos y desemboca en elbarril sin fondo de los procesos electorales. En ello también se requiere lareflexión de las organizaciones campesinas, desde la enorme experienciagenerada y desde los esfuerzos por cambiar la relación con los agentesgubernamentales y sus mecanismos y orientación de la inversión para que“las reglas del juego” se modifiquen a partir de otra visualización del futu-ro orgánico.

Nuevamente pesa más la utopía que la dura realidad: los campesinos noson una especie en extinción, ni representan la parte más romántica delescenario que busca el regreso a los orígenes. La decisión de su permanen-cia les pertenece, como siempre les ha pertenecido la capacidad de estable-cer la relación más adecuada a sus intereses, aun a sabiendas de que seenfrentan a una agresiva modernidad que busca su transformación. En esteproceso nos corresponde aprender y acompañarlos.

10 Bartra, Armando, “Sobrevivientes, historias en la frontera”, en Cuadernos Agrarios, núm. 16, Nueva épo-ca, año 8, junio de 1998.

Cuadro 1Núcleos, superficie y beneficiarios comunales y ejidales en Oaxaca

Hectáreas % ha Beneficiarios % benef. Núcleos % núcl.

Comunidades 5,460,574.90 77.81 202,825.00 61.62 710.00 48.10

Ejidos 1,248,553.80 22.19 126,334.00 38.38 766.00 51.90

Total 6,709,128.70 100.00 329,159.00 100.00 1,476.00 100.00

Fuente: Sector Agrario/Atlas Agrario, 1999.

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Cuadro 2Rezago Agrario 1993-1998

Denominación 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Desahogo

Integ. de exp. de dot. 51 11 34 15 - - -

Integ. de exp. de ampl. 81 19 61 18 - - -

Integ. de exp. de rest. 14 3 7 4 1 - -

Integ. de exp. de N.C.P.E 28 8 12 5 - - -

Integ. de exp. de R.T.B.C 169 143 137 101 5 1 0

Integ. de exp. de dot. de aguas 12 2 - - - - -

Integ. de exp. de acc. de aguas 58 45 32 29 25 - -

Integ. de exp. de div. de ejido 11 - - - - - -

Integ. de exp. de incorp.

de T. al régimen ejidal 6 2 - - - - -

Excl. de porp. part. en B. C. 11 13 909 550 - - -

Reac. de camp. en T. vacantes 1 - - - - - -

Ejecución de res. pres. 38 9 7 16 12 7 2

Integ. de exps. ejec. res. press*** 78 40 78 68 87 80 31

Rev. tec. y jur de exps.

con res. pres. ejec. parcialmente - - - - 87 26 25

Integ. de exps. con doc. básico 361 261 260 - 127 - -

Cancel. de cert. de inafectab. 4 1 - - -

Nodificación acuerdos del C.C.A. 72 16 9

Ordenar y elab.

Plano proyecto para exps. de dotación 1 -

Integración de exps. de CXL. 75 63 62 50 - - -

Total 994 619 1603 857 417 130 67

Fuente: SRA, Representación especial, Oaxaca, 1998.

El número total de expedientes no corresponde a los señalados en el Diario Oficial de la Federación(925) del 21 de agosto de 1997.Como consecuencia de las siguientes razones:No se incluye 1992 y el desahogo en este año ni las actividades supervenientes.

* Se fusionó la carga de la Coordinación Agraria y Consultoría.** En este rubro quedó incluida la ejecución de acuerdos de acceso de agua.*** La carga de trabajo en este rubro se vio incrementada de acuerdo con las órdenes giradas poroficinas centrales.

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•ANÁLISIS•

Rubro de atención en el acuerdo agrario

Organización Gestión Gestión Total

CNA proyectos productivos

Asunto Avance % Asunto Avance % Tram. Conc. %

CCC 1 1 100 1 21 95.4

CCI 1 0 1 10 90.9

CNC 1 0 6 4 66.6 12 90 88.2

COCEI 1 0 11 27 71

COCO 10 100

CONSUCC 2 2 100 9 100

CORECHIMAC 2 0 4 26 86.6

FEPRO 14 100

UCD 3 2 66.6 1 32 96.9

UCIZONI 2 2 100 3 12 80

UGOCP 6 5 83.33 5 5 100 5 28 84.8

Total 11 8 72.72 19 13 68.42 38 279 88

Nota 1. El total de asuntos es de 334, pero existen poblados duplicados representados por variasorganizaciones, principalmente en asuntos de rezago agrario.

Nota 2. En el rubro de regularización de predios adquiridos por el comité de compras, cuatro asuntosde los concluidos corresponde su regularización a Veracruz.

Nota 3. En proyectos productivos especiales se señalaron como concluidos, aquellos que han firma-do escrituras de adquisición, se encuentran en proceso de definición el proyectos productivo.

Nota 4. CCC: Los expedientes de compra se encuentran aprobados por el comité de compras nacio-nal. Se estima finiquitar estos asuntos hacia finales de noviembre, siendo Santa María Obispo, LaLuna y Heladio Ramírez.

Nota 5. CCI: El expediente de compra se encuentra aprobado por el comité de compras nacional. Seestima finiquitar este asunto hacia finales de noviembre, siendo Santa Sofía.

Nota 6. CNC: El expediente de compra se encuntra aprobado por el comité de compra nacional. Seestima finiquitar este asunto hacia finales de noviembre, siendo Nuevo pescadito de abajo.

Nota 7. COCO: Los expedientes de compra se encuentran aprobados por el comité de comprasnacional. Se estima finiquitar estos asuntos hacia finales de noviembre, siendo Francisco I. Maderoy La Mazateca.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Nota 8. CONSUCC: El expediente de compra se encuentra aprobado por el comité de comprasnacional. Se estima finiquitar este asunto hacia finales de noviembre, siendo Rubén Jaramillo/SantaCatarina/Santa María Obispo.

Nota 9. CORECHIMAC: El expediente de compra se encuentra aprobado por el comité de comprasnacional. Se estima finiquitar este asunto hacia finales de noviembre, siendo 11 de mayo de 1987(antes mazin chico).

Nota 10. UGOCP: El recurso destinado a cuatro asuntos la organización solicitó su aplicación en losseis casos concretados, por tal motivo se consideran concluidos los diez asuntos de tal organización.

Nota 11. UCIZONI: Inicialmente los casos pactados en proyectos productivos especiales fueron 7.El Pipila pasó al rubro de regularización de posesiones Rancho Juaréz y Vista Hermosa por peticiónde la organización pasaron al rubro de posesiones irregulares. En el caso del Pipila el expediente seencuentra aprobado por el comité de compras nacional. Se estima finiquitar este asunto hacia finalesde noviembre.

Nota 12. UCD: El expediente de compra se encuentra aprobado por el comité de compras nacional.Se estima finiquitar este asunto hacia finales de noviembre, siendo lo de riaño del rubro de posesio-nes irregulares.

Nota 13. COCO: Los expedientes se encuentran en oficinas centrales de la Secretaría de la ReformaAgraria, quedando bajo responsabilidad de ésta la integración de los expedientes respectivos. Seestima finiquitar estos asuntos hacia el mes de febrero, siendo Augusto Gómez Villanueva y NuevoChapultepec del rubro de proyectos productivos especiales.

Nota 14. COCEI: El expediente se encuentra en oficinas centrales de la Secretaría de la ReformaAgraria, quedando bajo la responsabilidad de ésta la integración del expediente respectivo. Se esti-ma finiquitar este asunto hacia el mes de febrero, siendo La Palma/Agua Fría del rubro de proyectosproductivos especiales.

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•ANÁLISIS•

El conflicto agrario en Oaxaca*

EÓscar Fernández Osorio**

l estado de Oaxaca, en el ámbito agrario, es de los estados a nivelnacional en donde la propiedad social es superior a la privada, yaque de 9,536,4001 ha, los ejidos, comunidades y colonias son titu-

lares de 75.73%, que representan 7,174,154 ha de la superficie total delestado.

De la superficie social, destaca la comunal que representa 76.2% y aunquelas 711 comunidades son numéricamente inferior a los 777 ejidos, en su-perficie son inmensamente superiores, esto se debe a que Oaxaca es unestado eminentemente rural e indígena desde el punto de vista de la distri-bución de la tierra.

El Estado mexicano, a lo largo de su actuación después del triunfo de larevolución, reconoció las propiedades que desde tiempo inmemorial po-seen las comunidades indígenas a través de la restitución de tierras y poste-

* Ponencia presentada en el Coloquio “Conflicto agrario y perspectivas del campooaxaqueño”, 15-16 de abril de 1999. La información proviene de diferentes reportesde la SRA, PA, RAN, TUA, TSA y JCA.

** Actualmente se desempeña como Delegado de la Procuraduría Agraría en el estado deOaxaca.

1 Fuente: RAN, incluye parques nacionales, pozos de agua, etcétera.

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riormente del reconocimiento y titulación de bienes comunales, es decir,reconoció un derecho que ya tenían y en el caso de los ejidos creó un dere-cho al dotar o ampliar un ejido. Esta precisión es importante para conocerque el conflicto agrario se concentra por razones obvias en la propiedadcomunal.

La problemática agraria del estado se refleja en el lento avance de un progra-ma federal denominado Procede, cuyo objetivo principal es dar certeza yseguridad jurídica a la tenencia de la tierra, ya que, en siete años de trabajo,11 estados de la República concluirán dicho programa certificando a todossus núcleos agrarios y en consecuencia a toda su superficie social.

En Oaxaca se estima llegar tan sólo a 40% a fin de 1999, esto es, 608 nú-cleos certificados de los 1,488 que actualmente tiene el estado. Esta situa-ción refleja la conflictividad que se tiene en la propiedad social, pues sonrequisitos para este programa tener toda su documentación jurídica sin pro-blemas y además en la realidad tener claramente definidas sus colindanciascon sus vecinos.

Esta realidad obligó a que a principios de 1998 las instituciones del SectorAgrario realizaran un esfuerzo serio por tratar de dimensionar los conflic-tos por límites existentes entre los núcleos, llegándose a determinar un totalde 439 conflictos, concentrándose 48% de éstos en las regiones delPapaloapan (88), Valles Centrales (72) y Costa (51); en 160 conflictos sedesconoce la superficie en conflicto, situación importante y fundamentalpara poder establecer las alternativas de solución al conflicto.

Este ejercicio se repitió en 1999, reduciéndose el número a 350 conflictos,por la solución que se le dio a 89 de éstos en 1998.

El conflicto agrario tiene su mayor dramatismo cuando es entre núcleosagrarios, pero el conflicto también existe al interior de los núcleos, al tratarde definir los derechos parcelarios. En este sentido, la Procuraduría Agra-ria realizó 13,752 conciliaciones individuales y 2,817 conciliaciones detipo colectivo en el periodo 1993-1998, las cuales tuvieron un impacto di-recto en el Procede, de esta manera los 508 núcleos certificados a diciem-

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bre de 1998 tienen una claridad y certeza jurídica en la tenencia de la tierraque les permite ser sujetos de apoyos oficiales o privados para poder reali-zar actividades productivas, ya que no existe el supuesto de “meter recur-sos a zonas de conflicto, es igual a tirar el recurso, puesto que el conflictoimpide la realización del proyecto”.

Las situaciones de conflicto al interior tienen un impacto a veces directo enla solución del conflicto por la tierra con sus colindantes, sobre todo cuan-do está por definirse el Comisariado Ejidal o Comunal, o bien el represen-tante de bienes comunales, y en otras ocasiones los sujetos de derecho queintegran el núcleo agrario, sobre todo en la comunidad.

Con cifras al 15 de marzo de 1999, la Procuraduría Agraria realizó uncenso de órganos de representación (comisariados ejidales y comunales)en los 1,488 núcleos agrarios en el estado, encontrándose la siguiente situa-ción: 550 están debidamente registrados en el Registro Agrario Nacional(RAN), 787 están vigentes, es decir, se eligieron conforme a la legislaciónvigente, pero no están registrados ante el RAN, por lo que su actuación sóloes legítima al interior del núcleo, pero no ante terceros, lo que en una con-troversia o un juicio de cualquier índole su actuación carece de personali-dad jurídica, por lo que se tiene que hacer un gran esfuerzo conjunto parasu regularización ante el RAN, cuya limitación es que éste se encuentra enla capital del estado, lo que dificulta hacer los trámites de registro por partede los representantes de los núcleos.

Se encuentran sin Comisariado Ejidal o Comunal 101 núcleos y no quierenelegir representantes por problemas políticos, partidistas, de organizacio-nes campesinas, etcétera. Destacando por su antigüedad el ejido de Juchitánque tiene 18 años sin Comisariado Ejidal por este tipo de problemas. En 50núcleos sus comisariados concluyeron su periodo (tres años) y se encuen-tran en periodo de renovación.

Los factores que intervienen en el conflicto agrario son múltiples y de diver-sa índole, algunos son propios de la materia agraria y otros son totalmenteajenos a la materia agraria. Intentaremos un ejercicio de clasificación:

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Factores propios

• Rezago agrario en tribunales.• Amparos en tribunales.• Rezago administrativo.• Elección de órganos de representación.• Juicios agrarios por conflicto por límites.• Juicios por restitución de tierras.• Definición de sujetos agrarios al interior del núcleo.• Falta de documentación legal del núcleo.• Falta de medición de un lindero o de su poligonal del núcleo.• Falta de ubicación de mojoneras.• Actuación de las dependencias del sector federal (Secretaría de la

Reforma Agraria).• Procuraduría Agraria.• Registro Agrario Nacional.• Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra.• Tribunales unitarios agrarios en el estado (Tribunal Superior Agrario).• Actuación de las dependencias estatales (Junta de Conciliación

Agraria, Secretaría General de Gobierno, Comisión Agraria Mix-ta, la cual ya desapareció en todos los estados del país y sólo existeen Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal).

• Representantes legales de los núcleos.• Las decisiones de las asambleas ejidales o comunales y de sus

anexos o congregaciones, procedimientos expropiatorios solicita-dos por dependencias federales, estatales y municipales.

• La aplicación de diferentes leyes a través del tiempo.• Los métodos de medición antiguos contra los métodos de medi-

ción modernos.• La cantidad y calidad de sus recursos naturales.• Alto índice de migración en el estado.

Factores externos

• Organizaciones campesinas y sus líderes.

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• Organizaciones no gubernamentales.• Organizaciones de migrantes en el país y en el extranjero.• La Iglesia.• Sectas religiosas.• Narcotráfico.• Presidentes municipales.• Agentes municipales.• Diputados locales y federales.• Maestros en los núcleos.• Derechos humanos.• Organismos ambientalistas.• Problemas de límites entre estados y entre municipios.• Usos y costumbres de los pueblos.• Formas de organización con autoridad moral en los pueblos como

el consejo de ancianos o de notables.• La falta de legalidad en la actuación de algunos notarios y jueces

civiles.• Partidos políticos.• Agentes económicos que explotan los recursos naturales de los

núcleos.• Asambleas de ciudadanos.• Grupos organizados al interior de los núcleos en actividades pro-

ductivas.• Figuras organizativas de segundo y tercer nivel que involucran a

los núcleos.• Procuraduría General de Justicia del estado.

Los factores propios y externos interactúan en una realidad social, en don-de la dificultad en la interlocucion por las diferentes lenguas y dialectosindígenas que se hablan, la lejanía e inaccesibilidad para llegar a los luga-res, la antigüedad de los conflictos, el analfabetismo, la pobreza extrema dela mayoría de los habitantes del estado, los tiempos de crisis económicaque vive el país y que se agudiza particularmente para Oaxaca, hacen queel conflicto agrario en el estado tenga grados de dificultad muy elevados.

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A diferencia de otros estados, la lucha por la tierra en Oaxaca es una luchade iguales, de campesino pobre contra campesino pobre, de pueblo contrapueblo, de municipio contra municipio (muchas de las definiciones de loslímites agrarios tienen que ver con las propias definiciones de los límitesmunicipales), de costumbres contra costumbres, de organización contraorganización, de líder contra líder, de orgullos contra orgullos, lo queradicaliza posiciones que evitan en la mayoría de los casos la solución delos conflictos.

El conflicto agrario es dinámico, las instituciones del Sector tienen un in-ventario que puede aumentar su número en cualquier momento, ya que hayconflictos “dormidos” que en cualquier instante pueden “despertar” por laactuación de cualquiera de los factores propios o externos que incidan enla definición de la tenencia de la tierra.

Esto debe de obligar a las instituciones federales y estatales a dimensionarcon precisión el tamaño del problema, ya que se tienen cifras aisladas quese hace necesario ordenarlas, actualizarlas y procesarlas en una matriz pornúcleo, que nos permita tener claridad de la situación jurídica y real del nú-cleo que presenta conflictos. Para sustentar lo anterior, presentaremos algu-nas cifras:

• La Secretaría de la Reforma Agraria turnó al Tribunal SuperiorAgrario 240 expedientes por los siguientes conceptos: dotación detierras ejidales (80), ampliaciones de ejido (132), nuevos centrosde población (14), dotación de aguas (10), ampliación por incre-mento de tierras (4); de los cuales 136 fueron resueltos de manerapositiva, 19 fueron improcedentes, 25 están en proyecto y a 60 losdictaminaron negativos.

• La Secretaría de la Reforma Agraria turnó al Tribunal Superior, yéste a los unitarios del estado (Oaxaca, Tuxtepec y Huajuapan),692 expedientes de las siguientes acciones: reconocimiento ytitulación de bienes comunales (201), restitución de tierras (19),conflictos por límites (101), inconformidades (21), exclusión depequeños propietarios (347), otros (3), que falta actualizar y cono-cer la situación de cada expediente.

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Los dos puntos anteriores conforman el denominado rezago agrario, endonde el Estado mexicano, ahora con los Tribunales, debe resolver la pro-cedencia o no de la solicitud de los núcleos por la tierra, concluyendo así,desde 1992, la obligación del Estado por dotar de tierra a los campesinos yterminando con el concepto de “justicia denegada”, que tanto han reclama-do los campesinos, sus organizaciones y líderes.

Esta situación está generando nuevas demandas de los sujetos que les hasido negado jurídicamente el acceso a la tierra, ya que demandan ahora quese les compre tierra para satisfacer sus necesidades sin tener el Estado mexi-cano una obligación para satisfacer tal demanda; ante esta postura la pre-sión se convierte en político-social, con las consecuentes amenazas de líde-res de organizaciones de toma de tierras a pequeños propietarios, tomandocomo bandera esta reivindicación.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y encoordinación con el gobierno del estado, compró —entre 1992 y 1994—71 predios para 30 poblados, los cuales están pendientes de regularizarse,pues aunque los núcleos tienen la posesión de la tierra, jurídicamente aúnno les pertenece.

Estas compras se hicieron para evitar conflictos, y en el periodo 1996-1998,a través de los acuerdos agrarios con 11 organizaciones campesinas y pre-vio análisis jurídico de cada caso, se compraron 3,839 ha para 53 núcleosejidales que se constituyeron en este periodo.

Para 1999 ya no existe la posibilidad de la compra de tierras por no teneretiquetados recursos por este concepto, lo que puede a futuro generar con-flictos en algunos lugares, sin tener el gobierno federal y el estatal un ins-trumento importante para la solución del conflicto.

• La Secretaría de la Reforma Agraria cuenta actualmente con 1,782amparos en diferentes acciones agrarias en 725 núcleos agrarios.

• Las instituciones del Sector tienen un inventario de 350 núcleosque presentan conflictos por tierra, de los cuales, en 104 falta co-nocer la superficie en conflicto.

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• El Procede ha definido con precisión que 55 núcleos agrarios tie-nen excedencia de tierra y su regularización a favor del núcleopuede generar conflicto.

• La Procuraduría Agraria tiene diagnosticados negativamente a 783núcleos agrarios que no tienen las condiciones para entrar al pro-grama Procede.

• La Secretaría de la Reforma Agraria tiene 23 núcleos que no cuen-tan con su plano definitivo (rezago administrativo).

• La Secretaría de la Reforma Agraria tiene 116 núcleos por ejecu-tar alguna expropiación o integrar su expediente.

• La Procuraduría Agraria ha elaborado 161 demandas por conflic-to de límites o restitución de tierras.

• Las organizaciones campesinas (12) proponen para su atención, apartir de 1999, 195 asuntos.

• Las instituciones del Sector tienen definidos 20 asuntos de alto ries-go que existen en el estado (San Juan La Lana-pequeños propie-tarios de Veracruz y de Oaxaca; Santa María Chimalapas-núcleosagrarios de Chiapas y colonia Cuauhtémoc; San Miguel Chimalapas-núcleos agrarios de Chiapas; Tlaxiaco-con sus colindantes; San Fran-cisco del Mar-San Francisco Ixhuatán; Santo Domingo Teojomulco-San Lorenzo Texmelucan; San Sebastián Nopalera-San AntonioJicaltepec y San Pedro Yosotato; San Felipe Usila-Santo Tomás Texasy Santiago Tlatepusco; San Miguel Tecomatlán-San FranciscoJaltepetongo, Santa Catarina Noltepec-San Miguel Cuevas; ejidoRío Grande-Col. Río Grande; Chalcatongo de Hidalgo-Santo Do-mingo Ixcatlán; Buenos Aires, Oax.-Monte Alto, Ver.; SantiagoIxtayutla-Santa Cruz Zenzontepec; San Pedro y San Pablo Ayutla(pueblos mancomunados); San Juan Copala-Colindantes; San Pe-dro Tututepec-Alfredo Zárate Albarrán; San Melchor Betaza-SanAndrés Yaa; Amoltepec-colindantes.)

• La Secretaría de la Reforma Agraria tiene que comprar predios oindemnizar a 22 núcleos.

Como se observa, la información disponible es rica en contenido, sólo faltasistematizarla, ordenarla, para conocer la realidad de la magnitud del con-flicto agrario en Oaxaca.

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Esta es una tarea ineludible que tienen que realizar las instituciones delSector Agrario para poder, después, hacer un planteamiento de política ge-neral, en donde el gobierno federal y estatal, de manera realista, enfrenteneste gran problema haciendo “trajes a la medida” por cada asunto, convo-cando a todos los agentes que intervienen para su solución y, en otros ca-sos, ejerciendo su poder como estado aplicando las leyes para eliminar ominimizar los elementos nocivos que impiden su avance (narcotráfico, trá-fico de maderas y especies animales).

Este planteamiento no debe perderse de vista ya que, como vimos, los fac-tores propios y externos nos indican el grado de dificultad que implica lasolución de cada caso, y que en el estado de Oaxaca las variables que inter-vienen no se observan en ningún otro estado de la República, tanto en sunúmero de factores como su presencia en cada núcleo.

Quizás los estados de Chiapas y Guerrero tengan cierta aproximación, perono se comparan ya que, por ejemplo, mientras dichos estados tienen 190 y88 comunidades, Oaxaca tiene 710; Guerrero y Chiapas tienen 1,236 y 1,959núcleos y Oaxaca tiene 1,466, de estos, Guerrero tiene 1,041 núcleos sinindígenas, Chiapas tiene 1,012 y Oaxaca tiene sólo 22; Guerrero tiene 146núcleos, Chiapas 397 y Oaxaca 986 con presencia indígena de más de 70por ciento.

Como se observa, la presencia indígena, con todo lo que conlleva, hace queel estado de Oaxaca tenga más variables que ningún otro estado de la Re-pública, en donde los usos y costumbres de los pueblos en muchas ocasio-nes en materia agraria, se contraponen al derecho positivo mexicano, loque acentúa y profundiza en el tiempo y en el espacio el conflicto.

Otro elemento que influye, pero que nadie quiere considerar en su trata-miento, es el problema de la definición de límites entre estados del país yque Oaxaca no es la única entidad que confronta esta situación, pero sí esde llamar la atención que con todos sus colindantes tenga problemas, yaque con Guerrero tiene conflictos en la zona de la costa, con Puebla en laMixteca, con Veracruz en la zona del Papaloapan y Uxpanapa, y con Chia-pas en la zona de los Chimalapas, y todos estos problemas tienen un impac-

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to directo en la materia agraria, destacando el problema de Oaxaca-Chia-pas entre las comunidades de Santa María y San Miguel Chimalapas.

En especial este problema agrario ha adquirido relevancia no sólo nacionalsino internacional, ya que la selva de los Chimalapas es considerada reservaecológica mundial, lo que ha generado presión para la solución de la proble-mática, que se reduce a que el estado de Chiapas dota de tierras a ejidos entierras comunales de Chimalapas, Oaxaca. Este problema se hubiera evitadosi ambos estados tuvieran perfectamente acordados sus límites.

Actualmente, para la solución del problema se ha dejado de lado los límitesestatales, lográndose avances importantes gracias a la buena disposición delas comunidades Chimalapas (a pesar de tener una corriente interna negati-va representada por los ecologistas de maderas del pueblo) y de sus órga-nos de representación, así como de algunos ejidos chiapanecos, teniéndoseen la actualidad a 14 núcleos solucionados de 22 en Santa María y ha cincode siete en San Miguel.

Si en Oaxaca los problemas de límites estatales han generado conflictosagrarios con sus estados vecinos, los conflictos por definición de límitesmunicipales en Oaxaca se acentúan, ya que con sus 570 municipios (25%de los municipios del país), tienden a complicarse. Esto se debe al controlpolítico-administrativo que quieren ejercer las autoridades municipales so-bre la propiedad social, generándose conflictos en dos vertientes, la prime-ra es al interior en donde la lucha es con sus agencias municipales, estasúltimas, al no tener respuesta, solicitan su independencia, planteando serun nuevo municipio, o bien, ser agencia de otro municipio situación queforzosamente tiene que ver el congreso del estado y que muy difícilmenteaceptaría ya que son muchos municipios.

En materia agraria el conflicto al interior tiene su expresión en la divisiónde la comunidad, esto es la independencia agraria al dividirse y crearse unnuevo núcleo, situación nada fácil pues el núcleo principal normalmentetiene a la mayoría de ejidatarios o comuneros, los cuales tendrían que auto-rizar en asamblea la división, la cual implica pérdida de poder para el nú-cleo principal. Este fenómeno se da normalmente en las comunidades, ya

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que su propiedad social es mucho mayor que la de los ejidos y por ende, ensu territorio, se asientan diversos poblados.

Al exterior el conflicto se da contra otro municipio, un ejemplo de estasituación es el problema entre San Francisco del Mar y San FranciscoIxhuatán, en donde agrariamente se tiene definida la propiedad a favor deSan Francisco del Mar con 49,000 ha, pero Ixhuatán tiene reconocidas porel congreso del estado cuatro agencias municipales, montadas en los bienescomunales de San Francisco del Mar y tiene en posesión mas de 20,000 ha.Ante esta situación, los huaves han instalado agencias paralelas a las deIxhuatán para no perder presencia político-administrativa, y en el fondo delproblema está la indefinición de límites municipales, que para el estado deOaxaca sería fundamental que se tuviera claridad, acerca de cuál es la juris-dicción municipal, ya que son pocos los municipios que tienen esa preci-sión avalada jurídicamente por el congreso del estado y sus colindantes.

Un problema grave es la venta de tierra ejidal y comunal en zonas conur-badas, que genera conflictos principalmente en las grandes ciudades delestado, como son Oaxaca, Tuxtepec, Salina Cruz, Huajuapan de León,Juchitán y Tehuantepec, en donde los municipios tienen un papel impor-tante en el ordenamiento de su ciudad.

La presión que se ejerce en zonas conurbadas, por tener un pedazo de tie-rra, genera fenómenos de dobles rentas, despojos, escrituraciones irregula-res y un problema entre avecindados y ejidatarios o comuneros, teniéndosenúcleos en donde la problemática es alta y la vía de regularización que setiene es sólo la expropiación por Corett, gobierno del estado o municipal,que no la aceptan las partes, así tenemos el caso de San Felipe del Agua,Oaxaca, que ejemplifica muy bien esta problemática, en donde la comuni-dad y los avecindados que están en una de las zonas residenciales de Oaxa-ca, no aceptan la expropiación, obligando al estado a ser flexible en losplanteamientos de solución.

Como observamos el conflicto agrario, que semánticamente hablando de-bería ser el problema agrario de Oaxaca, porque un problema lleva implíci-to la posibilidad de solución y el conflicto involucra utilización de armas y

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no es el caso en Oaxaca, nos pone a reflexionar sobre el papel que tenemosque jugar todos los que intervenimos en él. Donde la información jurídica,técnica, política y social sí se conjugan para conocer su complejidad y seaíslan para conocer su impacto en la solución, utilizando el método de logeneral a lo particular y viceversa, de tal manera que nos permita tener undiagnóstico único, global y compartido, lo cual nos pondría en posicionesde mucha mayor posibilidad de éxito, en donde las instituciones del estadojugarían el rol de articulador de la solución, facilitando a los actores lainformación necesaria que los ayude a tomar decisiones que solucionenla problemática que enfrentan y que una vez que lo realicen les proporcio-nen los instrumentos jurídicos y técnicos que legitimen esta decisión, de talmanera que tengan definitividad jurídica y cause estado, dando solucióndefinitiva a la controversia.

Esta función sólo la pueden realizar las instituciones del gobierno, es suresponsabilidad y no la puede ni debe de soslayar. Debe ser facilitador delproceso de conciliación y poner todos los niveles de gobierno sus mejoresinstrumentos para lograr ese objetivo. La problemática agraria no tiene so-lución si en primer lugar quien tiene la responsabilidad de fomentar la con-ciliación la evade, superando esta primera fase, que puede en muchas oca-siones ser la primer barrera para la solución, queda en manos de los núcleosinvolucrados el poner su mejor esfuerzo para superar diferencias.

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Estrategias de política pública para

incorporar suelo de origen ejidal y

comunal al desarrollo urbano y la

vivienda*

CAntecedentes

* Este trabajo fue realizado por la Dirección de Apoyo al PISO de la Procuraduría Agraria.Participaron en su elaboración Juan Manuel Setién Fernández, Salvador Alejandro MoraMagaña, David Hernández Karim, Antonio V. Flores Benítez, Francisco Díaz Tejeda,Adriana Pérez Sánchez, Fernando López Méndez y Luz Ramírez Vázquez.

omo consecuencia del acelerado crecimiento poblacional de lasprincipales ciudades del país, se ha generado una serie de proble-mas debido a los asentamientos humanos que, de manera irregular,

se han establecido en áreas no aptas para el crecimiento urbano, ya sea portratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica, cuya consis-tencia es muy frágil y riesgosa, o bien de superficies que, atendiendo alhecho de que se encuentran sujetas al régimen ejidal o comunal, como su-cede con gran parte de las áreas que rodean a los centros urbanos, han sidotradicionalmente restringidas para el comercio, de conformidad con la le-gislación que anteriormente regulaba la materia.

La falta permanente de disponibilidad de suelo susceptible de ser desarro-llado en orden y de mecanismos jurídicos de incorporación que permitie-ran una expansión urbana sana constituyeron las razones fundamentales

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del problema que en este rubro ha venido aquejando al país. Adicionalmen-te, los problemas propios del desarrollo urbano se agravaron por años decrisis y estancamiento económico, por lo que un segmento considerablede la población estaba imposibilitado para recurrir a alternativas formales deadquisición de vivienda y se vio obligado a resolver su problema median-te las vías informales, es decir, a través del establecimiento de asentamientoshumanos irregulares.

La intervención de los gobiernos federal y estatales en nuestro país seenfocó fundamentalmente a los procedimientos de regularización jurídi-ca, siendo en realidad muy reducida su acción directa y anticipada ante lacompleja problemática que se presentaba. En consecuencia, las políticassobre reservas territoriales tuvieron un impacto bastante limitado para elordenamiento del espacio urbano, al grado de que la intervención directadel gobierno se caracterizó por darse a posteriori, es decir, una vez quelos terrenos habían sido objeto de ocupación irregular y se evidenciaban losconflictos entre ejidatarios y pobladores. En este sentido, esta vertientede política pública, más que responder como mecanismo de planeación fu-tura, se empleó para restablecer un cierto orden jurídico y territorial enlos asentamientos humanos.

Lo anterior se aprecia con claridad en el hecho de que las acciones de losúltimos años en materia de conversión de suelo indican que si bien es cier-to que se constituyeron 30 mil hectáreas de reserva territorial, también lo esque hubo necesidad de regularizar otras 90 mil que se habían incorporadovía invasión y venta informal a la urbanización.

El precarismo urbano en terrenos ejidales y comunales, como una facetadel problema de la marginación, ha sido objeto de la acción guber-namental durante las últimas décadas a través de múltiples entes y pro-gramas federales y locales orientados, en lo fundamental, a dos líneasprincipales de actuación: la acción correctiva a través de la regulariza-ción de la tenencia de la tierra, a cargo del sector agrario gubernamen-tal; y la acción preventiva de oferta legal de tierra barata por medio dela constitución de reservas territoriales, a cargo del sector urbano gu-bernamental.

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Desde la década de los setenta el precarismo urbano en terrenos ejidales ycomunales comenzó a manifestarse en forma masiva y anárquica, lo quegeneró una presión creciente sobre los tres niveles de gobierno. A partir deesta época se propusieron acciones y se crearon organismos orientados aregularizar la tenencia de la tierra a sus ocupantes, así como a desincorporartierra del régimen agrario para la realización de programas de vivienda ydesarrollo urbano, siendo el más importante de ellos la Comisión para laRegularización de la Tenencia de la Tierra (Corett).

La Corett fue concebida como un organismo público descentralizado conpersonalidad jurídica y patrimonio propios, con el objetivo de regularizar latenencia de la tierra en la que existían asentamientos humanos irregulares yprogramar la disponibilidad de espacios libres para el crecimiento urbano.

Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales, principalmente de la Corett,por encauzar un anhelado desarrollo urbano y social desafortunadamentefueron insuficientes y poco satisfactorios, ya que los problemas urbanosrequerían para su tratamiento más que medidas parciales —como la consti-tución de reservas territoriales limitadas en sus alcances y perspectivas—,acciones que vinieran a resolver, entre otros aspectos, el crecimientodesproporcionado y desordenado de las ciudades y el déficit de vivienda.

Actualmente se ha llegado a un momento crítico en el que es preciso nosólo corregir el problema ya existente o aquellos que se presenten en elcorto plazo, sino prevenir el problema, atacándolo desde su raíz y elimi-nando así las fuentes de su propagación, con la aplicación de mecanismosde la legislación vigente en materia agraria y de asentamientos humanos.

La Ley Agraria, en concordancia con la Ley General de Asentamientos Hu-manos, permite que las superficies de origen ejidal o comunal sean desin-corporadas del régimen agrario para ser incorporadas a proyectos de diver-sa índole, entre los que destacan los urbanos e inmobiliarios, reconociendoque la dinámica de la sociedad tiende a asignar a los tres niveles de gobier-no el carácter de promotores, orientadores y controladores del desarrollourbano, y demandando que la responsabilidad de identificar, evaluar y con-cretar los proyectos descanse predominantemente en los agentes económi-

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cos de los sectores privado y social, a los que se asigna un papel protagónicode mayor importancia.

Esto implica reconocer la posibilidad de que, con base en una planeaciónbasada en nuevos instrumentos jurídicos, el crecimiento de los centros depoblación deje de realizarse de manera desordenada y se pueda controlar laespeculación que en el mercado inmobiliario se ha practicando sin prestaratención alguna a la legalidad, situación que se ha traducido en inseguridadpara los adquirentes y en un constante problema para las autoridades en lorelativo al otorgamiento de los servicios públicos y al origen dedesequilibrios ecológicos, entre otros aspectos.

El PISO como solución integral

Con fecha 26 de marzo de 199 el gobierno federal puso en marcha el Pro-grama de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), con-cebido como una estrategia de política pública diseñada por las secretaríasde Desarrollo Social y de la Reforma Agraria para aplicarse a partir de unesfuerzo de coordinación con gobiernos estatales y municipales. Su finali-dad medular consiste en inducir previsoriamente la incorporación ágil yconcertada de suelo apto de origen ejidal y comunal al desarrollo urbanomediante la constitución de bolsas de suelo que permitan ofertarlo, legal-mente y en condiciones de justo beneficio para núcleos y sujetos agrarios,a instituciones públicas, privadas y sociales comprometidas con proyectosde vivienda, desarrollo inmobiliario y equipamiento urbano.

En términos de planeación, se trata de un Programa obligatorio para elgobierno federal (Sedesol, SRA, Corett, PA, RAN y Fifonafe), convenido paralos gobiernos estatales y municipales sobre la base de su participación co-ordinada y concurrente de acuerdo con sus atribuciones constitucionales yvoluntario para los núcleos agrarios de conformidad con el mandato de susasambleas.

Hasta el momento se ha promovido el Programa en 30 entidades federativas,y se ha suscrito el acuerdo de coordinación respectivo en 28 estados:

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119

•ANÁLISIS•

Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, México, Nuevo León,Querétaro, Colima, Nayarit, Campeche, Michoacán, Veracruz, Chihuahua,Jalisco, Oaxaca, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Morelos, Quin-tana Roo, Zacatecas, Chiapas, Guerrero, Puebla, Tabasco, Sonora, Hidalgoy Aguascalientes. En Tlaxcala se encuentra en proceso de firma, y sóloestán pendientes Baja California, Yucatán y el Distrito Federal.

El Programa prevé la integración en cada estado de un Comité Estatal deIncorporación de Suelo presidido por el titular del Ejecutivo estatal. De lasentidades federativas que han suscrito el acuerdo de coordinación, 23 haninstalado dicho comité, quedando excluidos de este universo los estados deChiapas, Veracruz, Sonora, Hidalgo y Aguascalientes.

Las metas programadas para el PISO derivan de la proyección de requeri-mientos de suelo prevista en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano.De conformidad con este instrumento de planeación, el país requiere incor-porar al año 2000, tan sólo en las cuatro zonas metropolitanas y las 116localidades medias incluidas en el Programa de 100 Ciudades, aproxima-damente 150 mil hectáreas de suelo libre para satisfacer sus necesidades devivienda, equipamiento urbano y desarrollo regional, de las cuales dos ter-ceras partes corresponden, en promedio, a suelo propiedad de ejidos y co-munidades contiguo a los centros de población. Debido a que el PISO es unprograma de incorporación de suelo social exclusivamente, su meta globalde incorporación se sitúa en alrededor de 100 mil hectáreas.

Requerimientos de suelo libre para incorporarse al desarrollo urbanoal año 2000, según el Programa Nacional

de Desarrollo Urbano (150 mil ha)

50,000

De origen ejidal o comunal (100,000 ha)

De propiedad privada u otras (50,000 ha)

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

La programación de metas de la Procuraduría considera exclusivamente laincorporación de suelo social a través de los actos jurídicos que dependende la voluntad de las asambleas de los núcleos agrarios, es decir la aporta-ción de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles inmobilia-rias y la adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas, por lo que seha excluido de dicha cuantificación de metas las superficies incorporadasal desarrollo urbano a través de actos expropiatorios encaminados a regula-rizar la tenencia de la tierra o a constituir reservas territoriales.

Con base en lo anterior, el universo de trabajo que atiende operativamentela Procuraduría Agraria en el PISO se ha venido depurando en coordinacióncon la Sedesol en función de los núcleos agrarios que tienen parte o latotalidad de sus tierras consideradas en los planes de crecimiento munici-pales. Hasta el momento son 920 núcleos agrarios, de los cuales 819 selocalizan en los municipios que integran el citado Programa de 100 Ciuda-des, 57 fueron propuestos por las delegaciones estatales de la ProcuraduríaAgraria para trabajarse en el marco del PISO y los 45 restantes fueron suge-ridos por la Sedesol con el mismo fin.

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•ANÁLISIS•

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Estrategias 4/15/04, 4:47 PM121

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Universo de trabajo del PISO

(920 núcleos agrarios)

Núcleos contemplados en el Programa 100 Ciudades

Núcleos propuestos por la PA

Núcleos propuestos por la Sedesol

Procedimientos

Los procedimientos jurídicos que actualmente permiten a las asambleascambiar el régimen de propiedad del suelo de origen ejidal o comunal paraincorporarlo al desarrollo urbano son fundamentalmente dos: la aportaciónde tierras de uso común a una sociedad mercantil inmobiliaria y la adop-ción del dominio pleno sobre tierras parceladas. Adicionalmente, la expro-piación por causa de utilidad pública, como acto de autoridad que rebasa lavoluntad de la Asamblea ejidal, es otra de las alternativas que la ley con-templa para el mismo objetivo.

Es importante mencionar que el PISO mantiene una estrecha relación con elPrograma de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de SolaresUrbanos (Procede), en virtud de que este último, al regularizar las tierrasde los núcleos agrarios, crea las condiciones de certeza jurídica necesariaspara incorporar —mediante la vía de la aportación de tierras de uso comúna sociedades mercantiles y la adopción del dominio pleno sobre tierras par-celadas— suelo social al desarrollo urbano, resultando preferente para elprimero de los casos y obligatorio para el segundo.

Estrategias 4/15/04, 4:47 PM122

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•ANÁLISIS•

Aportación de tierras de uso común a sociedades mercantilesinmobiliarias

Respecto de la aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantilinmobiliaria, es preciso mencionar primero que este tipo de superficies es-tán consideradas como inalienables, inembargables e imprescriptibles y tie-nen sólo una opción para dejar de estar sujetas al régimen ejidal, consisten-te en ajustarse a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Agraria.

Sin embargo, para ello deberán ajustarse a un procedimiento específicoque puede resumirse de la siguiente manera:

1. Integración de un expediente con el proyecto de estatutos de la sociedadque se pretende constituir, el proyecto de desarrollo, las factibilidades yprefactibilidades gubernamentales en materia de cambio de uso de sue-lo, de impacto ambiental o las que resulten necesarias y de un avalúo dela superficie a desincorporar del régimen agrario, entre otros.

2. Celebración de una asamblea que no requiere formalidades especiales,en la que se acordará lo relativo a la solicitud que se hará a la ProcuraduríaAgraria para que emita la opinión a que alude la fracción II del artículo75 de la ley en la materia.

3. Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud, que setendrá por admitida mediante la emisión de un acuerdo sólo cuando losdocumentos referidos cumplan con los requerimientos necesarios paraproceder a su estudio, la Procuraduría deberá evaluar y manifestarse so-bre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovecha-miento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en lostérminos y condiciones que se propongan, emitiendo al efecto la opinióncorrespondiente.

4. Dicha opinión deberá leerse ante la asamblea que se celebre para acordarlo relativo a la aportación de tierras de uso común a una sociedad mer-cantil, después de lo cual podrá procederse a la constitución de la socie-dad de mérito.

5. El acta que se levante con motivo de la asamblea, así como el planoproyecto de localización de las tierras objeto de la aportación que sehubiere aprobado en la misma, se presentará para su inscripción ante el

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Registro Agrario Nacional, para solicitarle que la superficie en cuestiónsea dada de baja de sus folios y, por lo tanto, desincorporada del régimenejidal, dando el aviso pertinente a la oficina del Registro Público de laPropiedad que corresponda.

Cabe precisar que la Procuraduría Agraria tiene la obligación de desig-nar a un comisario que informe a la asamblea del ejido, con las funcio-nes que sobre la vigilancia de las sociedades prevé la Ley General deSociedades Mercantiles, en caso de que en la inmobiliaria participensocios ajenos al núcleo y éste no haya realizado dicha designación. Deigual modo, corresponderá a este organismo brindar asesoría al núcleoagrario en todas y cada una de las etapas del procedimiento, procurandola defensa de sus derechos e intereses así como la de todos los miem-bros que lo integran.

Adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas

Por lo que corresponde al segundo de los procedimientos, la alternativacontenida en la Ley Agraria para desincorporar las tierras parceladas delrégimen ejidal y estar así en posibilidades de emprender alguna acción ten-dente a comercializar las mismas es la adopción del dominio pleno. En estecaso, la ley no establece como condición que la Procuraduría Agraria semanifieste sobre el particular. El procedimiento respectivo se puede sinte-tizar de la siguiente manera:

1. El núcleo de población deberá tener obligatoriamente regularizadas sustierras, por lo menos las parceladas, en los términos del artículo 56 de laLey Agraria y de su Reglamento en Materia de Certificación de Dere-chos Ejidales y Titulación de Solares.

2. Deberá celebrar una asamblea de formalidades especiales, en la que seacordará que los ejidatarios puedan adoptar el dominio pleno sobre susrespectivas parcelas.

3. Cuando los ejidatarios lo estimen pertinente, podrán asumir el dominiopleno sobre sus parcelas, para lo cual deberán solicitar al Registro AgrarioNacional que inscriba el acta que se haya levantado con motivo de dichaasamblea y que realice el trámite para dar de baja dichas superficies del

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•ANÁLISIS•

régimen ejidal mediante el canje de certificados parcelarios por los títulosde propiedad correspondientes. Es importante aclarar que la resoluciónrespectiva no puede obligar a los ejidatarios a asumir el dominio pleno,pues esto último es un acto individual estrictamente voluntario.

4. Deberán inscribirse dichos títulos en el Registro Público de la Propiedadcorrespondiente, con lo cual podrá acreditarse que las superficies queéstos amparan han comenzado a ser regidas por el derecho común.

Expropiación

El procedimiento expropiatorio, regulado en lo general por los artículos 93a 97 de la Ley Agraria y pormenorizado en el Reglamento en Materia deOrdenamiento de la Propiedad Rural, se tramita ante la Secretaría de laReforma Agraria, dependencia responsable de revisar el expediente que sele somete, calificar su procedencia y, en su caso, elaborar el proyecto dedecreto previa realización de los trabajos técnicos necesarios. Expedido eldecreto expropiatorio por el titular del Ejecutivo federal y una vez notifica-do a los interesados, previo a la ejecución del mismo se deberá pagar odepositar la indemnización que corresponda, misma que se cuantifica conbase en un avalúo comercial expedido por la Comisión de Avalúos de Bie-nes Nacionales, debiendo pagarse al núcleo agrario cuando las superficiesafectadas sean de uso común, o bien a los titulares de derechos cuando lassuperficies estén formalmente parceladas.

Los terrenos ejidales o comunales que se pretendan expropiar pueden serobjeto de ocupación previa por la autoridad promovente mediante lasuscripción del convenio correspondiente, debiendo intervenir en este actola Procuraduría Agraria, misma que solicitará su inscripción ante el Regis-tro Agrario Nacional.

Cuando la expropiación tenga como fin la regularización de la tenencia dela tierra de asentamientos humanos irregulares, el acto de ejecución consis-tirá en el deslinde de la superficie y la entrega formal de la misma a laautoridad promovente, misma que a su vez escriturará a favor de los ocu-pantes mediante una contraprestación.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Actualmente se ha venido impulsando como medida complementaria a laexpropiación que tradicionalmente se conocía, la expropiación concerta-da, la cual, aunque en estricto derecho, continúa siendo un acto de autori-dad, tiene por objeto hacer más equitativo el procedimiento al considerarlos intereses de los sujetos agrarios en cuanto a la determinación de lasuperficie a afectar y la manera de pagar la indemnización a la que tienenderecho.

Asimismo, como medida adicional a lo anterior, mediante decreto del 4 defebrero de 1999 el Ejecutivo federal redefinió las atribuciones de la Coretta efecto de que este organismo pueda promover expropiaciones de suelolibre de origen ejidal o comunal para su incorporación al desarrollo urbanoen coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como enconcertación con los propios núcleos interesados, lo cual permitirá que seimpulsen proyectos específicos tendentes a satisfacer necesidades concre-tas de vivienda de la población económicamente más desprotegida.

Resultados

En materia de aportación de tierras de uso común a sociedades mercantilesinmobiliarias, la Procuraduría Agraria ha participado con estricto respeto ala plena autonomía e independencia de los núcleos emitiendo las opinionesque estos le han solicitado, considerando para ello los tres aspectos estable-cidos en el artículo 75 de la Ley Agraria: certeza de la realización de lainversión proyectada, aprovechamiento racional y sostenido de los recur-sos naturales y equidad en los términos contractuales y condiciones asocia-tivas propuestas al ejido o comunidad. Si bien es cierto que el sentido deestas opiniones no vincula al núcleo agrario, también lo es que con ellas segarantiza que los sujetos a quienes se dirigen conozcan con precisión losalcances legales y las implicaciones económicas del proyecto inmobiliarioen el que pretenden participar. Lo anterior es importante si reconocemosque la alternativa más recomendable, dentro de las ofrecidas por el PISO

para incorporar tierras de origen social al desarrollo urbano, consiste preci-samente en la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias en lasque participen los ejidatarios o comuneros como sujetos activos.

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•ANÁLISIS•

Hasta el momento la Procuraduría Agraria ha asesorado en el marco del PISO

la constitución de 15 inmobiliarias ejidales que en su conjunto suman 6,334hectáreas, mismas que adicionadas a las 6,475 correspondientes a las diezinmobiliarias constituidas de 1992 a 1996, dan un total de 12,809 hectáreas.Estas 25 inmobiliarias se ubican en Baja California (2), Baja California Sur(1), Coahuila (1), Distrito Federal (4), Guanajuato (2), Jalisco (4), México(3), Nuevo León (1), San Luis Potosí (3), Sinaloa (2), Sonora (1) y Zacatecas(1), e implican proyectos de desarrollo inmobiliario de diversa naturaleza enbeneficio de 3,302 ejidatarios, los cuales participan como socios sobre la ba-se de diversos esquemas corporativos.

De las 25 sociedades mercantiles inmobiliarias que a la fecha se han cons-tituido, 15 de ellas buscan satisfacer necesidades de vivienda y equipamientourbano, cinco tienen como objetivo la implantación de proyectos de desa-rrollo de carácter ecoturístico inmobiliario, y las cinco restantes buscanimpulsar el establecimiento de parques industriales. Cabe señalar que tantolos proyectos ecoturísticos inmobiliarios como los industriales pretendengenerar polos de desarrollo regional al constituirse como detonadores eco-nómicos mediante la creación de fuentes de empleo y la oferta de serviciosde diversas clases.

Objeto social de las 25 sociedades mercantiles constituidas a la fecha

15 vivienda y equipamiento urbano

5 ecoturístico inmobiliario

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Estrategias 4/15/04, 4:47 PM127

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

La Procuraduría Agraria ha vigilado estrictamente que los acuerdos de lasasambleas que resuelvan adoptar el dominio pleno sobre tierras parceladasse tomen dentro de la legalidad vigente y que la voluntad y capacidad dedecisión de los ejidatarios en lo individual sea respetada al momento desolicitar al órgano registral la desincorporación del régimen de propiedadejidal de sus respectivas superficies. En este rubro encontramos que de losnúcleos agrarios considerados en el universo de trabajo del PISO, 229 hanadoptado el dominio pleno sobre su superficie parcelada. Al mes de sep-tiembre de 1999, esta cifra arroja 40,618 hectáreas de tierras de origen eji-dal que por esta vía han accedido al mercado de suelo y están en posibili-dad de que sobre las mismas se emprenda alguna acción o se celebre algúnacto jurídico tendente a comercializarlas.

Hectáreas de suelo social incorporadas al desarrollo urbano (76,357)

Adopción del dominio pleno sobretierra parcelada (40,618 ha)

Aportación de tierras de uso comúna sociedades mercantiles inmobiliarias(6,306 ha)

Expropiación (29,433 ha)

Nota: La razón por la cual la gran mayoría de la superficie desincorporada del régimen agrario se tramitó através de la adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas obedece a que este procedimiento es mássencillo, aunque el de la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles inmobiliarias es elque mayores beneficios ofrece no sólo a los sujetos agrarios, sino también a las autoridades estatales ymunicipales encargadas del ordenamiento urbano.

Estrategias 4/15/04, 4:47 PM130

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•ANÁLISIS•

Incorporación de suelo al desarrollo urbano y vivienda 1996-1999*

Aportación de tierras al desarrollo urbano y vivienda 1996-1999

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Expropiación para la regularización de tenencia de la tierra (Corett).

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* Cifras al mes de septiembre

Estrategias 4/15/04, 4:47 PM131

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Aportación de tierras al desarrollo urbano y vivienda

(*) Información al 30 de septiembre de 1999.

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Suelo Incorporado 14,995.00 18,139.00 20,138.00 23,085.00 - 76,357.00

Expropiación para

la constitución de

reservas territoriales

(gobiernos

estatales-municipales) 6,705.00 1,541.00 1,374.00 2,339.00 - 11,959.00

Expropiación para

la regularizacion de

la tenencia de

la tierra (Corett) 5,210.00 5,772.00 4,892.00 1,600.00 - 17,474.00

Adopción del

dominio pleno 3,080.00 7,189.00 13,030.00 17,319.00 - 40,618.00

Aportación de

tierras a sociedades

inmobiliarias - 3,637.00 842.00 1,827.00 - 6,306.00

Apoyos financieros del Fifonafe

En el marco del PISO, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal(Fifonafe) ha puesto en operación un programa cuyo principal objetivo esotorgar financiamiento a los núcleos agrarios que, por su ubicación estraté-gica en las áreas de crecimiento de las ciudades, están en posibilidades debeneficiarse económicamente de la urbanización de sus tierras parceladaso de uso común mediante la constitución de una sociedad inmobiliaria eji-dal, misma que les permita desarrollar un proyecto específico habitacional,industrial, turístico o de diversa índole relacionado con el desarrollo urba-no y regional. Para ese fin, el Fifonafe ha identificado los ejidos y comuni-dades que potencialmente puedan interesarse en obtener el referido apoyo

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•ANÁLISIS•

para solventar oportunamente los gastos preconstitutivos y preoperativosde la persona moral mediante la cual se comercializarán las superficies deorigen social.

Estos apoyos financieros constituyen una importante alternativa para los nú-cleos agrarios interesados en beneficiarse de la urbanización de sus tierras.

Ventajas y desventajas de la urbanización

1. Las ventajas de que los sujetos agrarios ejerzan el derecho a beneficiarsede la urbanización cuando sus tierras están ubicadas en la zona de creci-miento de un centro de población son muy claras:

• El núcleo agrario o sus miembros individualmente considerados tienenla posibilidad de evitar que sus tierras sean invadidas, expropiadas oilegalmente enajenadas siempre que opten por alguno de los procedi-mientos previstos en la legislación vigente para incorporar tierras de ori-gen social al desarrollo urbano.

• Dichos procedimientos permiten que los propietarios originales de latierra, atendiendo al destino de la superficie que detentan, puedan apor-tar ésta a un proyecto que les permitirá desarrollarla y/o comercializarlaen mucho mejores condiciones, toda vez que se tratará de predios legal-mente enajenables y que además respetan lo dispuesto por los instru-mentos municipales de planeación urbana.

• La implantación de un proyecto de esta naturaleza producirá una derra-ma económica para toda la región; ordenará, en beneficio de la pobla-ción en general, de las autoridades encargadas de satisfacer necesidadesde vivienda y del propio ejido o comunidad el crecimiento de la manchaurbana; elevará el nivel socioeconómico de los miembros del núcleo, ydará plusvalía al resto de sus tierras, mismas que, eventualmente, pue-den ser objeto de aportación a otro proyecto.

• Evidentemente, si los ejidatarios o comuneros participantes en un pro-yecto de este tipo pretenden intervenir en otro similar en virtud deléxito obtenido en el primero, podrán enfrentar las particularidadesde su operación con mayor experiencia y una mentalidad empresa-

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

rial más amplia, que es también uno de los objetivos que persigue el PISO.

2. Las desventajas de no ejercer oportuna y adecuadamente este derechoson las siguientes:

• Existe el riesgo inminente de que las superficies del núcleo sean invadi-das por grupos de personas necesitadas de un espacio para establecerfísicamente su residencia, con lo cual se crean innumerables conflictosde carácter económico, social y jurídico.

• Para atender esta situación deberá optarse por un procedimiento correctivoque no reporta mayores beneficios a los propietarios originales de la tie-rra: la expropiación efectuada por la Corett para efectos de regularizarasentamientos humanos irregulares.

• Es común también que, ante la presión ejercida por estos grupos huma-nos, los núcleos agrarios o sus miembros individualmente consideradoscomiencen a realizar enajenaciones al margen de la ley, lo cual ocasionatambién el establecimiento de asentamientos humanos irregulares consus ya referidas consecuencias.

• En caso de que la superficie aún no haya sido invadida o ilegalmenteenajenada, pero persiste la necesidad de contar con espacios aptos paraalbergar a los grupos humanos del centro de población en expansión,persiste también el riesgo de una expropiación a favor del municipiopero con fines preventivos. Los beneficios económicos que esto generapara el núcleo afectado siguen siendo muy limitados.

Conclusiones

Si bien es cierto que los problemas derivados de los asentamientos huma-nos irregulares en superficies ejidales y comunales aún no puede ser frena-da, porque el crecimiento demográfico del país sigue su marcha generandouna apremiante necesidad de tierras donde dicha población se establezca,también lo es que los ordenamientos legales vigentes en la materia ya con-sideran mecanismos específicos no sólo para regularizar estas situaciones,sino también para prevenirlas.

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•ANÁLISIS•

Anteriormente el único mecanismo legal que permitía desincorporar tie-rras del régimen social para cuestiones de carácter urbano era la expro-piación con fines de regularización; sin embargo, en la actualidad la posi-bilidad de los núcleos agrarios para beneficiarse de la urbanización desus tierras está plenamente reconocida en la Ley Agraria, misma que otorgaa los ejidos y comunidades la facultad de buscar la alternativa más justapara destinar parte o la totalidad de sus tierras a un proyecto de desarrolloinmobiliario.

El gran interés del gobierno federal por atender el problema de losasentamientos humanos irregulares sobre tierras de origen social se expre-sa en la celebración del acuerdo de coordinación para constituir el Progra-ma de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), en el quese considera la participación conjunta y coordinada de los dos sectores pú-blicos directamente responsables de resolver y prevenir estas cuestiones, elagrario y el social.

El objetivo central del PISO es inducir previsoriamente la incorporaciónágil y concertada de suelo apto de origen social al desarrollo urbano me-diante la constitución de bolsas de suelo que permitan a los propietariosoriginales ofertarlo en buenas condiciones a los sectores sociales necesi-tados de superficies para asentarse físicamente. Ahora bien, tomando encuenta que la gran mayoría de la superficie necesaria para cubrir la de-manda de espacios para el asentamiento humano en los próximos años esde origen ejidal y comunal, puede considerarse este programa como elprincipal esfuerzo gubernamental por ofrecer alternativas reales de aten-ción a este problema.

La premisa fundamental para el logro de los objetivos del PISO es el ade-cuado funcionamiento de los comités estatales de incorporación de suelo.A través de éstos se busca una coordinación interinstitucional útil para darceleridad y eficacia a los procedimientos de incorporación de tierras a pro-yectos de desarrollo urbano. Cabe señalar que el programa no se limita aatender proyectos urbanos de carácter exclusivamente habitacional; tam-bién entran en su esfera de prioridades aquellos encaminados a equipamientourbano y desarrollo regional.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

En los dos procedimientos de incorporación de suelo social que prevén lamanifestación de la voluntad de los núcleos agrarios, la Procuraduría Agra-ria juega un papel básico, ya que además de ser el difusor y promotor deéstos, le corresponde brindar la asesoría especializada pertinente.

La finalidad de las acciones y procedimientos considerados por las leyes enmateria agraria y de desarrollo urbano evidentemente no es impedir el cre-cimiento demográfico y la consiguiente creación de espacios aptos para elestablecimiento de la población, sino ordenar jurídicamente este tipo deprocesos en beneficio de los núcleos agrarios, de los adquirentes de lassuperficies, de los gobiernos estatales y municipales y de los desarrolladorese inversionistas en proyectos urbanos.

Al sugerir a los titulares de derechos agrarios un procedimiento concreto deincorporación de sus tierras al desarrollo urbano es preciso conocer el desti-no que tiene el predio que se pretende desarrollar, su ubicación con respectoal plan de desarrollo urbano municipal, el grado de organización existenteentre los miembros del núcleo, la existencia de conflictos al interior del ejidoo comunidad o con propietarios colindantes y la manifestación de algúninversionista o promotor interesado en apoyar el desarrollo del proyecto.

De los dos procedimientos sobre los cuales asesora la Procuraduría Agraria alos titulares de derechos ejidales o comunales al respecto, se considera laaportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil inmobiliariacomo el mecanismo que mayores beneficios puede traer al núcleo agrario o alos ejidatarios o comuneros individualmente considerados. La opinión quecorresponde emitir a la Institución a este respecto es indispensable para quela asamblea correspondiente se celebre legalmente; sin embargo, la determi-nación definitiva es facultad y responsabilidad absoluta de dicha asamblea.

En caso de que un ejido tenga ya destinada la superficie susceptible dedesarrollarse urbanísticamente como área parcelada, debe sugerirse a susmiembros la posibilidad de aportar sus tierras ya desincorporadas del régi-men ejidal por la vía de la adopción del dominio pleno a una sociedadmercantil, para el efecto de crear una persona moral que les proporcionemayor capacidad de gestión y negociación frente a terceros.

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•ANÁLISIS•

De las figuras asociativas previstas por la Ley General de Sociedades Mer-cantiles, la sociedad anónima de capital variable es la más recomendablepara la participación de un núcleo agrario en el desarrollo de un proyectoinmobiliario, toda vez que en ella los accionistas participan equitativamen-te y en proporción a sus aportaciones, además de que los socios se obligana responder únicamente hasta por el monto de los recursos aportados.

Los núcleos agrarios que decidan intervenir con calidad de accionistas enuna sociedad mercantil inmobiliaria pueden optar por diversos esquemasque consideran la participación de inversionistas privados y de dependen-cias públicas o de ambos, dependiendo del tipo de proyecto que se pretendeechar a andar, de los recursos económicos que se requieren o de la expe-riencia y capacidad de gestión del socio ajeno al ejido o comunidad. Evi-dentemente, en todos estos casos el núcleo aportará las tierras sobre lascuales se implantará el proyecto.

En caso de que el núcleo opte por la constitución de una sociedad mercantilinmobiliaria puramente ejidal o comunal, puede ésta celebrar contratos deapoyo para la ejecución del proyecto de desarrollo, tales como el contratode prestación de servicios profesionales para obtener asesoría especializa-da sobre la elaboración del proyecto, planos topográficos y gestión de per-misos y autorizaciones, y el contrato de asociación en participación paraallegarse un asociado o asociante que ejecute el proyecto concreto e inyec-te la inversión necesaria.

Entre los aspectos que es necesario apuntalar para optimizar el funciona-miento del Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urba-no resaltan los siguientes:

1. Consolidar las actividades de los comités estatales del PISO. El ComitéNacional del PISO, a partir de julio de 1999, ha realizado acciones quepermiten dinamizar su funcionamiento, además de concluir con la inte-gración de los comités estatales pendientes de instalarse.

2. Continuar con la promoción del Programa ante autoridades municipa-les, inversionistas, organizaciones campesinas y núcleos agrarios. Se haimplantado una estrategia de difusión del PISO entre los secretarios de la

Estrategias 4/15/04, 4:47 PM137

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Reforma Agraria y de Desarrollo Social, que incluye la realización delPrimer Seminario Nacional para la Constitución de Inmobiliarias Ejida-les, así como de una telesesión dirigida a los cabildos de los municipiosinmersos en el Programa 100 Ciudades y de talleres de capacitación di-recta con los núcleos agrarios sobre la utilidad y beneficios del PISO.

3. Consolidar los apoyos financieros al Programa, especialmente en el ru-bro de las sociedades inmobiliarias ejidales, para financiar la realizacióny aplicación de sus proyectos de desarrollo. El Fifonafe realiza la tarea decomprometer la participación de instituciones como Banobras, FOVI yFonatur. Este aspecto es crucial, ya que el principal problema al que seenfrentan los sujetos agrarios interesados en la creación de estas socie-dades es la falta de capital, aspecto que en los casos de las inmobiliariasen las que participan inversionistas puede quedar superado, pero que enel de las sociedades puramente ejidales es vital.

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•ESTADÍSTICAS•

Principales características

del ejido-tipo

por entidad federativa*

Ejido-tipo

l ejido-tipo es una construcción estadística que permite conocerrápidamente las características medias de los ejidos de cada enti-dad y del país en su conjunto. Su cálculo es básicamente el de un

promedio, por ejemplo, para conocer el número de ejidatarios que tiene elejido-tipo de cualquier entidad, se divide el total de los ejidatarios de éstaentre el número de ejidos certificados; excepto cuando se trata de los pro-medios de tierras parceladas y de uso común por sujeto agrario, y de tama-ño de solares, los cuales se calcularon tomando en cuenta únicamente alnúmero de sujetos agrarios que tiene acceso a estas tierras. En los casos dela población ejidal o cuando se utilizó información censal, los datos sedividen entre el número de ejidos que reporta la publicación de INEGI.

El beneficio de este trabajo radica en que ofrece una síntesis informativa deuna variada gama de ejidos y condiciones en las que se desenvuelven susintegrantes.

E

* Quienes elaboraron el presente trabajo fueron Francisco Ibarra Romero, Miguel Án-gel Castell, Artemio Colín y Manuel Morales, miembros de la Dirección General deEstudios y Publicaciones.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Los indicadores del ejido-tipo se agrupan en seis temas:

1. Demografía ejidal y servicios básicos. Se presentan indicadores nacio-nales y estatales como: población ejidal, número de integrantes de la fami-lia ejidal, población ejidal indígena, porcentajes de viviendas ejidales conacceso a agua potable, drenaje, energía eléctrica, y población ejidal que sa-be leer y escribir. La población ejidal permite apreciar los ejidos estatales enlos que existe fuerte presión sobre la tierra; por su parte, la disponibilidad deservicios básicos permite confirmar la geografía de la marginación ejidal.

2. Economía ejidal. Comprende los siguientes indicadores: porcentajes de laPEA ejidal ocupada en el sector primario, sin ingreso y hasta con un salariomínimo; de ejidatarios que consideran a la agricultura como su principal fuentede ingreso y de aquellos sin actividad económica. Este conjunto de indicadorespermite tener una idea de la diversificación de la economía en la que partici-pan los sujetos agrarios.

3. Agricultura ejidal dominante. Los indicadores que se presentan aquí serefieren a la elevada persistencia del frijol y del maíz en el patrón de culti-vos de la agricultura ejidal: porcentajes de ejidatarios y posesionarios quesiembran maíz, frijol y la asociación maíz-frijol.

4. Sujetos agrarios. Se presenta la cantidad de sujetos agrarios por ejido, deejidatarios, posesionarios y avecindados y la edad promedio de los ejidatarios.

5. Tierras ejidales. Se presentan indicadores relacionados con las caracte-rísticas de las tierras del núcleo agrario, como son: extensión del ejido, super-ficie de tierras parceladas, de uso común y de solares del ejido y los porcen-tajes con los que participan en su composición; cantidad de tierras parceladasy de uso común por ejidatario, el tamaño de los solares ejidales, así comoindicadores de la calidad de las tierras, como la cantidad y el porcentaje delas tierras de riego que existe en las tierras parceladas; tierras de agostaderode buena calidad que hay en las superficies de uso común; tierras de cultivo(riego, humedad y temporal) que tienen las tierras parceladas y las de usocomún, y tierras prácticamente improductivas (monte o agostadero de malacalidad) que existen en las tierras parceladas y de uso común.

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•ESTADÍSTICAS•

6. Tratos agrarios. Este apartado presenta la información más importantede los tratos agrarios; es decir, los procedimientos mediante los cuales losejidatarios y posesionarios dan o reciben tierras ejidales para trabajar. Losindicadores son: porcentajes de sujetos agrarios que tienen tratos agrariosrespecto del total; los que dan y los que reciben tierras respecto a los quetienen tratos; los que dan y reciben mediante aparcería, renta y préstamo.

Las fuentes empleadas fueron las siguientes:

— Para los apartados Demografía ejidal y servicios básicos y Economíaejidal se utilizó la información de Datos por ejido y comunidad agraria,INEGI, 1994.

— La información de Agricultura ejidal dominante y de Tratos agrariosproviene de la encuesta nacional sobre Tratos agrarios realizada en 1997 ypublicada por la Procuraduría Agraria en 1998.

— La información de Sujetos agrarios y de Tierras ejidales proviene de lainformación generada por el Procede en la regularización de 70% de losejidos del país, del Registro Agrario Nacional, al 31 de enero de 1999. Paralos indicadores de calidad de las tierras comprendidos en el apartado Tie-rras ejidales se utilizó la información de Tabulados básicos ejidales pormunicipio”, INEGI, 1998.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Población ejidal

El ejido es, además de una figura agraria comúnmente relacionada con unaforma de tenencia de la tierra, el lugar donde se ubica una zona de asenta-miento humano, algunas de gran tamaño, integradas por ejidatarios,posesionarios, avecindados, sus familias y por otra población rural.El ejido-tipo nacional cuenta con una población de 461 habitantes; el ejidoestatal con mayor población es el de Oaxaca, con 932 habitantes, siendo elde menor tamaño Nuevo León, con 190 habitantes.

Oax.Gro.Nay.Chis.Méx.Qro.Ags.Gto.

S.L.P.Zac.Mor.Nac.Hgo.Tab.Sin.

Q.RooPue.Ver.

B.C.B.C.S.Chih.Dgo.

Mich.Camp.

Tlax.Col.Jal.

Yuc.Coah.

Son.D.F.

Tam.N.L.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

Estado Poblacióntotalejidal

Oax. 932Gro. 825Nay. 674Chis. 664Méx. 646Qro. 637Ags. 554Gto. 517S.L.P. 503Zac. 501Mor. 489Nac. 461Hgo. 459Tab. 451Sin. 423Q.Roo 419Pue. 402Ver. 389B.C. 382B.C.S. 371Chih. 366Dgo. 355Mich. 350Camp. 341Tlax. 322Col. 315Jal. 313Yuc. 262Coah. 244Son. 230D.F. 223Tam. 211NL. 190

Población total por ejido

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•ESTADÍSTICAS•

Número de integrantes de la familia ejidal

En el ejido-tipo nacional, la familia ejidal está integrada en promedio por5.5 personas. En los ejidos-tipo estatales corresponde el promedio más ele-vado a Aguascalientes, con 6 integrantes, siendo el de Chihuahua el demenor tamaño, con 4.6 integrantes por familia ejidal. Los avances logradospor nuestro país en la reducción de la fecundidad se expresan en estosindicadores del tamaño de las familias ejidales.El mayor número de integrantes de la familia ejidal tiene una marcada rela-ción con el minifundio y el fraccionamiento de los predios ejidales, debidoa las prácticas tradicionales de herencia de la tierra ejidal.

Ags.Qro.Gto.Tab.Pue.

Tlax.Chis.Méx.Zac.

S.L.P.Mich.

Gro.Nac.Yuc.Hgo.Sin.

Dgo.Camp.

Ver.Q.Roo

Oax.Jal.

Coah.Mor.D.F.N.L.Nay.Tam.Son.Col.

B.C.S.B.C.

Chih.

- 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Estado Integrantesde la familia

ejidal

Ags. 6.0Qro. 5.9Gto. 5.8Tab. 5.8Pue. 5.8Tlax. 5.7Chis. 5.7Méx. 5.7Zac. 5.7S.L.P. 5.6Mich. 5.5Gro. 5.5Nac. 5.5Yuc. 5.4Hgo. 5.4Sin. 5.4Dgo. 5.4Camp. 5.4Ver. 5.3QRoo. 5.2Oax. 5.2Jal. 5.2Coah. 5.1Mor. 5.1D.F. 5.1N.L. 5.0Nay. 5.0Tam. 4.9Son. 4.9Col. 4.9B.C.S. 4.8B.C. 4.7Chih. 4.6

Integrantes de la familia ejidal

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Población indígena por ejido

La cantidad de población indígena por ejido tiene relación con la distribu-ción de los ejidos en zonas indígenas y con el hecho de que la política dereparto agrario y de reconocimiento de derechos agrarios, después de 1940,puso mayor énfasis a la constitución de ejidos en las zonas indígenas que alreconocimiento de comunidades.El ejido-tipo a nivel nacional tiene una población indígena de 78 habitan-tes. En el nivel estatal, el ejido de Oaxaca es el que tiene mayor poblaciónindígena, con 368; en cambio, no tienen población indígena los correspon-dientes a Coahuila, Colima, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Nue-vo León.

Oax.Chis.

Q.RooYuc.Gro.Hgo.

S.L.P.Camp.

Nac.Méx.Ver.Pue.Nay.

Chih.Son.Tab.Mor.

Mich.Dgo.B.C.Qro.Sin.Jal.

B.C.S.D.F.N.L.Ags.Zac.

Tam.Col.

Coah.Gto.

Tlax.

- 50 100 150 200 250 300 350 400

Estado Poblaciónindígenapor ejido

Oax. 368Chis. 222Q.Roo 189Yuc. 177Gro. 168Hgo. 144S.L.P. 124Camp. 88Nac. 78Méx. 69Ver. 68Pue . 54Nay. 44Chih. 41Son. 20Tab. 20Mor. 12Mich. 11Dgo. 11BC. 11Qro. 11Sin. 8Jal. 6B.C.S. 4DF. 3N.L. 1Ags. 1Zac. 1Tam. 1Col. 1Coah. 1Gto. 1Tlax. 1

Población indígena por ejido

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•ESTADÍSTICAS•

Viviendas ejidales con acceso al agua entubada

El acceso a los servicios básicos por la población ejidal presenta una granvariación nacional. En el ejido nacional, 45.2% de las viviendas particula-res dispone de agua entubada, siendo el porcentaje más elevado el corres-pondiente al ejido de Baja California, con 87.8% y el más reducido el deVeracruz, con 23.9%. Considerando todas las viviendas particulares delpaís, 79.4% disponía de agua entubada, 34 puntos porcentuales más que enel ejido nacional.

B.C.Ags.Tlax.Col.Son.

Q.RooB.C.S.Coah.

Gto.Nay.Mor.Dgo.

Jal.Chih.Qro.Sin.D.F.

Mich.Zac.

Camp.Méx.Nac.N.L.Yuc.Tam.Pue.

Chis.Hgo.Oax.Gro.

S.L.P.Tab.Ver.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Viviendas ejidales con agua entubadaEstado Viviendasejidales con

agua entubada

B.C. 87.8Ags. 87.4Tlax. 84.6Col. 82.3Son. 77.9Q.Roo 73.7B.C.S. 71.1Coah. 68.5Gto. 68.3Nay. 68.3Mor. 66.7Dgo. 66.1Jal. 64.0Chih. 59.3Qro. 58.1Sin. 56.8D.F. 56.6Mich. 55.0Zac. 54.2Camp. 47.4Méx. 46.9Nac. 45.2NL. 43.8Yuc. 41.9Tam. 41.7Pue. 41.0Chis. 38.7Hgo. 38.3Oax. 36.4Gro. 28.1S.L.P. 27.1Tab. 24.8Ver. 23.9

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Viviendas ejidales con drenaje

Por lo que se refiere a la disponibilidad de drenaje, en el ejido-tipo nacionalsólo 16.1% de las viviendas particulares cuenta con drenaje; el mayor acce-so a este servicio se observa en el ejido del Distrito Federal, disponible en62.4% de las viviendas. El menor acceso al drenaje se presenta en el ejidode San Luis Potosí; en el que únicamente 6.6% de las viviendas cuenta coneste servicio. Considerando todas las viviendas particulares del país, 64%dispone de este servicio, lo que equivale a una diferencia de 48 puntosporcentuales respecto al ejido tipo nacional.

D.F.Col.Ags.Nay.Jal.

Tlax.Mor.Tab.Son.B.C.

B.C.S.Chih.

Sin.Mich.Méx.Chis.Nac.Dgo.Gto.Ver.

Q.RooQro.Hgo.N.L.

Coah.Zac.Oax.Pue.Gro.

Camp.Yuc.Tam.

S.L.P.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Estado Viviendasejidales con

drenaje

D.F. 62.4Col. 51.6Ags. 47.6Nay. 36.5Jal. 35.7Tlax. 35.4Mor. 32.7Tab. 30.9Son. 28.0B.C. 26.8B.C.S. 22.6Chih. 20.5Sin. 20.3Mich. 17.5Méx. 17.4Chis. 16.7Nac. 16.1Dgo. 15.5Gto. 15.4Ver. 14.8Q.Roo 13.8Qro. 13.0Hgo. 12.8N.L. 11.8Coah. 11.6Zac. 11.5Oax. 11.0Pue. 9.6Gro. 8.5Camp. 7.6Yuc. 7.0Tam. 6.9S.L.P. 6.6

Viviendas ejidales con drenaje

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•ESTADÍSTICAS•

Viviendas ejidales con electricidad

En el ejido-tipo nacional dos terceras partes de las viviendas particularescuentan con energía eléctrica; a nivel estatal el que tiene el mayor porcen-taje es el de Baja California, donde 99.6% de las viviendas tiene energíaeléctrica, siendo el menor el de San Luis Potosí, con 45.9%. A nivel nacio-nal, 87.5% de las viviendas cuenta con energía eléctrica, lo que significauna diferencia de 21 puntos porcentuales respecto del ejido nacional.

B.C.Tlax.Mor.D.F.Col.Ags.Nay.

Coah.Gto.Zac.Yuc.Sin.Son.Jal.

Q.RooB.C.S.Mich.

N.L.Camp.

Tab.Dgo.Qro.Pue.

Méx.Tam.Nac.Oax.Hgo.Gro.

Chih.Ver.

Chis.S.L.P.

- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Estado Viviendasejidales coneléctricidad

B.C. 99.6Tlax. 91.5Mor. 90.5D.F. 89.2Col. 87.8Ags. 86.9Nay. 83.8Coah. 82.6Gto. 82.4Zac. 80.3Yuc. 79.3Sin. 78.0Son. 76.3Jal. 76.1Q.Roo 75.2B.C.S. 74.7Mich. 73.2N.L. 72.1Camp. 71.9Tab. 71.2Dgo. 71.1Qro. 70.9Pue. 69.7Méx. 69.6Tam. 67.2Nac. 66.0Oax. 65.7Hgo. 60.7Gro. 59.6Chih. 52.6Ver. 52.1Chis. 50.7S.L.P. 45.9

Viviendas ejidales con energia eléctrica

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Población ejidal que sabe leer y escribir, alfabeta y analfabeta

Definiciones censales(1) Aptitud para leer y escribir: Situación que distingue a la población de 6a 14 años, según declare saber leer y escribir un recado.(2) Alfabeta: persona de 15 años y más que declare saber leer y escribir unrecado.(3) Analfabeta: Persona de 15 años y más que declare no saber leer y escri-bir un recado.De la población del ejido-tipo nacional, 26.5% sabe leer y escribir, 6.4%carece de esta aptitud, 49.5% es alfabeta y 17.6% es analfabeta. Tomandoen cuenta los datos del XI Censo General de Población y Vivienda, referi-dos a la población del país, 24% sabe leer y escribir, 3.4% carece de esta

Saben leer No saben leer Pob. Pob.Estado y escribir y escribir alfabeta analfabeta

% % % %B.C.S. 24.7 3.3 65.6 6.4Ags. 29.3 4.2 59.5 6.9D.F. 23.5 3.6 65.3 7.6B.C. 22.7 3.2 66.4 7.7Dgo. 28.0 5.0 59.2 7.8Son. 24.6 3.0 64.4 8.0Coah. 26.1 3.4 62.0 8.5Zac. 28.9 4.6 57.7 8.8Tam. 26.2 3.7 60.7 9.4Col. 26.0 4.0 59.8 10.2NL. 26.4 3.2 59.6 10.8Sin. 27.0 3.8 58.2 11.0Tlax. 28.6 3.7 56.7 11.0Nay. 27.5 4.0 57.2 11.3Jal. 27.1 4.9 56.1 11.9Chih. 23.4 5.5 58.7 12.5Tab. 28.8 6.3 52.4 12.5Mor. 26.4 4.0 56.7 12.9Gto. 27.5 5.6 50.9 15.9Mich. 26.3 7.6 49.4 16.6S.L.P. 28.4 5.1 49.7 16.7Méx. 28.8 5.6 48.8 16.8Camp. 26.7 7.1 49.4 16.8Qro. 28.5 5.7 48.6 17.2Nac. 26.5 6.4 49.5 17.6Q.Roo 27.6 6.7 48.1 17.6Ver. 25.1 6.6 49.7 18.6Yuc. 24.6 7.2 47.4 20.8Pue. 27.7 7.2 44.0 21.1Hgo. 27.8 5.3 44.8 22.2Oax. 26.8 6.5 44.3 22.4Chis. 24.0 10.5 40.1 25.4Gro. 25.6 9.5 38.0 26.9

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM148

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•ESTADÍSTICAS•

aptitud, 63.5% es alfabeta y 9% es analfabeta. Destaca que el porcentaje dela población del ejido-tipo nacional que es analfabeta equivale al doblede la respectiva nacional, así como el relativo a la población que no sabeleer y escribir.Los ejidos estatales con mayores porcentajes de población analfabeta sontambién los reconocidos como los de mayor marginación: Guerrero (27%),Chiapas (25%), Oaxaca (22%), Hidalgo (22%) y Puebla (21%); los por-centajes más reducidos se localizan en Baja California Sur (6%),Aguascalientes (7%) y Baja California (8%). De igual manera se corres-ponden los porcentajes mayores y menores de la población que sabe leer yescribir.

B.C.S.Ags.D.F.B.C.Dgo.Son.

Coah.Zac.

Tam.Col.N.L.Sin.

Tlax.Nay.Jal.

Chih.Tab.Mor.Gto.

Mich.S.L.P.Méx.

Camp.Qro.Nac.

Q.RooVer.Yuc.Pue.Hgo.Oax.Chis.Gro.

20 40 60 80 100

Saben leer y escribir

No saben leer y escribir

Pob. alfabeta

Pob. analfabeta

Población de 6 a 14 años y 15 en adelante que sabe leer yescribir, alfabeta y analfabeta

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

PEA ejidal ocupada en el sector primario

En el ejido nacional, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupadaen el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) equivale a 70.4% deltotal. Corresponde al ejido de Chiapas la mayor proporción, con 85.5% desu PEA ocupada en este sector; en cambio, el ejido del Distrito Federal tieneel indicador más bajo, con 12.6%.Los diversos valores estatales de la PEA ejidal ocupada en el sector prima-rio reflejan el grado de diversificación de la economía que influye en elejido, correspondiendo los inferiores a las entidades en las que existe ma-yor número de alternativas de ocupación diferentes a las del sector prima-rio, que se encuentran en entidades en estados superiores de desarrollo. Encambio, las entidades en las cuales la PEA ejidal ocupada en el sector pri-mario tiene valores elevados se caracterizan por su alta ruralidad y atraso.

Chis.Ver.

Camp.Pue.Oax.Gro.

S.L.P.Sin.Tab.N.L.Nac.

Mich.Tam.

Q.RooNay.Yuc.

Chih.Zac.Jal.

Col.Tlax.Hgo.Dgo.Son.

Coah.Gto.B.C.

B.C.S.Ags.Mor.Méx.Qro.D.F.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Estado % PEA ejidalocupada

en el sectorprimario

Chis. 85.5 Ver. 80.2 Camp. 77.2 Pue. 76.7 Oax. 76.4 Gro. 73.6 S.L.P. 71.3 Sin. 70.8 Tab. 70.8 N.L. 70.7 Nac. 70.4 Mich. 70.2 Tam. 70.1 Q.Roo 70.0 Nay. 69.8 Yuc. 68.2 Chih. 67.3 Zac. 67.0 Jal. 65.7 Col. 64.9 Tlax. 63.8 Hgo. 63.4 Dgo. 63.3 Son. 62.9 Coah. 61.2 Gto. 60.8 B.C. 58.3 B.C.S. 52.9 Ags. 48.8 Mor. 47.4 Méx. 46.5 Qro. 39.8 D.F. 12.6

PEA ocupada en el sector primario

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM150

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•ESTADÍSTICAS•

PEA ejidal ocupada en el sector primario sin ingreso y hasta con unsalario mínimo

El indicador del ingreso expresa con mayor claridad la situaciónsocioeconómica de la población; si se toma en cuenta el decil más bajo, quecorresponde a la población sin ingreso y hasta un salario mínimo, puededefinirse la ubicación de la marginación o la pobreza extrema.En el ejido-tipo nacional, 61.4% de la Población Económicamente Activaocupada en el sector primario no cuenta con ingreso o éste no rebasa elequivalente a un salario mínimo. El ejido de Chiapas es el que tiene el por-centaje más elevado en esas condiciones, que asciende a 83.7% de la PEA

primaria, correspondiendo al ejido de Baja California 18.6%.

Chis.Oax.Yuc.Hgo.

S.L.P.Pue.Gro.Tab.

Q.RooZac.Qro.Dgo.Tlax.Nac.Ver.Gto.

Méx.Camp.

Tam.Coah.

N.L.D.F.

Mich.Chih.Ags.Jal.

Mor.Nay.

B.C.S.Col.Sin.Son.B.C.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Estado Hasta1 S.M.

%

Chis. 83.7 Oax. 80.3 Yuc. 76.2 Hgo. 73.8 S.L.P. 73.0 Pue. 72.1 Gro. 71.0 Tab. 69.6 QRoo. 68.7 Zac. 68.0 Qro. 64.9 Dgo. 64.6 Tlax. 64.5 Nac. 61.4 Ver. 61.1 Gto. 60.5 Méx. 59.7 Camp. 57.8 Tam. 57.5 Coah. 56.6 N.L. 56.4 D.F. 53.4 Mich. 51.6 Chih. 49.0 Ags. 41.9 Jal. 41.2 Mor. 35.6 Nay. 33.0 B.C.S. 27.2 Col. 22.7 Sin. 22.6 Son. 20.4 B.C. 18.6

PEA primaria ejidal sin ingreso y hasta con un salario mínimo

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM151

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152

•ESTUDIOS AGRARIOS•

Ejidatarios que obtienen su principal ingreso del cultivo de la tierra

A nivel nacional poco más de la mitad de los ejidatarios considera a la agri-cultura como su principal actividad económica. Los porcentajes más eleva-dos de los ejidatarios que consideran a esta actividad como la más importantese localizan en Hidalgo (79%), Chiapas (76%), Campeche (75%) y Oaxaca(73%). Lo anterior expresa, que no obstante la limitación de los recursos parala agricultura disponibles en estos estados por los ejidatarios, ésta es su prin-cipal actividad debido a la escasa diferenciación de la economía rural, que noles ofrece opciones alternativas para complementar su ingreso. Por otra par-te, los porcentajes más reducidos de ejidatarios que consideran a la agricultu-ra como su principal actividad económica se encuentran en Coahuila (29%),Baja California Sur (30%) y Baja California (30%).

Hgo.Chis.

Camp.Oax.Ver.Gro.Zac.Pue.Yuc.Nay.Tlax.

S.L.P.Col.Tab.

Chih.Nac.Tam.

Jal.Mor.Gto.Dgo.Ags.N.L.

Mich.Méx.Son.Sin.Qro.

B.C.S.B.C.

Coah.Q.Roo

D.F.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Estado Principalingreso por

agricultura (%)

Hgo. 79.1 Chis. 76.5 Camp. 75.0 Oax. 72.8 Ver. 71.8 Gro. 70.8 Zac. 67.3 Pue. 65.6 Yuc. 65.5 Nay. 64.9 Tlax. 62.2 S.L.P. 61.3 Col. 60.0 Tab. 58.0 Chih. 56.2 Nac. 55.1 Tam. 52.7 Jal. 52.0 Mor. 52.0 Gto. 51.1 Dgo. 50.1 Ags. 50.0 N.L. 47.2 Mich. 46.2 Méx. 39.4 Son. 37.3 Sin. 37.1 Qro. 36.8 B.C.S. 30.0 B.C. 30.0 Coah. 29.3 Q.Roo 1.0 D.F. 1.0

Porcentaje de ejidatarios que obtienen su principalingreso del cultivo de la tierra

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM152

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•ESTADÍSTICAS•

Ejidatarios sin actividad económica

A nivel nacional, 12.1% de los ejidatarios no realiza ninguna actividad eco-nómica. Los porcentajes más elevados se encuentran en Sonora y Sinaloa,con 29 y 24%, respectivamente. Lo anterior se debe seguramente al eleva-do rentismo de parcelas, a la edad avanzada de los titulares de las tierra y ala emigración, que se presenta en estos estados. Los porcentajes más redu-cidos se localizan en Yucatán (3%), México (4%) e Hidalgo (4%).

Son.Sin.Gto.Mor.

Coah.Jal.

Dgo.Mich.

Nay.Qro.Tam.B.C.Col.Ags.Tlax.Nac.Ver.

S.L.P.N.L.

Chih.Chis.Zac.Gro.Oax.

Camp.Pue.Hgo.Méx.Yuc.

- 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Estado Sin act.económica

%

Son. 28.8Sin. 23.7Gto. 23.4Mor. 23.1Coah. 22.0Jal. 20.8Dgo. 18.4Mich. 17.3Nay. 16.2Qro. 15.8Tam. 14.0B.C. 13.8Col. 13.3Ags. 12.5Tlax. 12.1Nac. 12.1Ver. 11.3S.L.P. 11.3N.L. 11.1Chih. 10.4Chis. 8.8Zac. 7.9Gro. 7.3Oax. 6.3Camp. 5.0Pue. 4.8Hgo. 3.8Méx. 3.7Yuc. 3.1

Ejidatarios sin actividad económica

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM153

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionarios que siembran maíz

No obstante los esfuerzos por modernizar el patrón tradicional de cultivosde la agricultura ejidal, prevalece una alta presencia del maíz y el frijol. Enel ejido-tipo nacional, sin menoscabo de que adicionalmente se siembrenotros cultivos, 61% de los sujetos (ejidatarios y posesionarios) siembranmaíz, 17% frijol y 10% la asociación maíz-frijol; es decir, 88% de los eji-datarios y posesionarios aún siembra los cultivos prioritarios en la dieta dela familia campesina.Los ejidos-tipo estatales donde son mayores las frecuencias de sujetos quesiembran maíz son Aguascalientes, México y Tlaxcala; correspondiendolos porcentajes más bajos a Baja California Sur (13%), Baja California(20%) y Quintana Roo (13%).

Ags.Méx.Tlax.N.L.

Mich.Zac.Jal.

Dgo.Chih.Oax.

Coah.S.L.P.

Pue.Nac.Gro.

Chis.Gto.Hgo.Ver.Sin.Col.Yuc.Mor.

Camp.Son.Qro.Tam.Nay.Tab.

Q.RooB.C.

B.C.S.

- 20 40 60 80 100 120

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionariosque siembran maíz

Estado %maíz

Ags. 100Méx. 83Tlax. 80N.L. 77Mich. 73Zac. 73Jal. 73Dgo. 72Chih. 72Oax . 67Coah. 65S.L.P. 64Pue. 63Nac. 61Gro. 58Chis. 56Gto. 55Hgo. 53Ver. 51Sin. 50Col. 47Yuc. 46Mor. 45Camp. 44Son. 39Qro. 39Tam. 37Nay. 35Tab. 35Q.Roo 25B.C. 20B.C.S. 13

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM154

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•ESTADÍSTICAS•

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionarios que siembran frijol

Los ejidos tipo estatales donde son mayores los porcentajes de sujetos quesiembran frijol son: Durango, con 67%, Zacatecas 62% y Chihuahua 59%;correspondiendo los porcentajes más reducidos a los ejidos-tipo de las en-tidades en las que no se contó con registros de sujetos que siembren frijol,como Colima, Morelos, Tabasco y Quintana Roo.

Dgo.Zac.

Chih.Coah.

Ags.Nay.

S.L.P.B.C.Pue.

Chis.Nac.

B.C.S.Sin.Gto.N.L.Qro.

Camp.Hgo.Ver.

Tlax.Gro.Jal.

Oax.Tam.

Mich.Méx.Yuc.Son.

Q.RooTab.Mor.Col.

- 10 20 30 40 50 60 70

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionariosque siembran frijol

Estado %frijol

Dgo. 67Zac. 62Chih. 59Coah. 58Ags. 44Nay. 35S.L.P. 21B.C. 20Pue. 19Chis. 19Nac. 17B.C.S. 13Sin. 13Gto. 12N.L. 12Qro. 11Camp. 11Hgo. 10Ver. 10Tlax. 10Gro. 8Jal. 7Oax. 7Tam. 6Mich. 5Méx. 4Yuc. 4Son. 3Q.Roo 1Tab. 1Mor. 1Col. 1

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM155

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156

•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionarios que siembran laasociación maíz-frijol

Con relación a la asociación maíz-frijol, los porcentajes de ejidatarios yposesionarios que siembran estos cultivos son mayores en los ejidos-tipode Querétaro (56%), Hidalgo (39%) y Quintana Roo (25%). Por otra parte,no se presentan sujetos que cultiven esa asociación en Durango, Chihu-ahua, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Colima.

Qro.Hgo.

Q.RooGto.Pue.Yuc.Gro.

S.L.P.Chis.Oax.

Camp. Nac.Mor.Zac.Tab.N.L.

Méx.Tlax.Ver..Nay.Sin.

Mich.Jal.

Tam.Coah.

D.F.Col.Son.

B.C.S.B.C.Ags.

Chih.Dgo.

- 10 20 30 40 50 60

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionariosque siembran maíz y frijol asociados

Estado %maíz-frijol

Qro. 56Hgo. 39Q.Roo 25Gto. 21Pue. 18Yuc. 18Gro. 17SLP. 16Chis. 16Oax. 13Camp. 11Nac. 10Mor. 10Zac. 10Tab. 9N.L. 8Méx. 7Tlax. 7Ver. 6Nay. 6Sin. 5Mich. 5Jal. 5Tam. 4Coah . 3D.F. 1Col. 1Son. 1B.C.S. 1B.C. 1Ags. 1Chih. 1Dgo. 1

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM156

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•ESTADÍSTICAS•

Número de sujetos agrarios

La Ley Agraria reconoce en el ejido a tres tipos de sujetos agrarios: losejidatarios (art. 12), los avecindados (art. 13) y los posesionarios (art. 48).El ejido-tipo nacional lo integran 123 sujetos agrarios en total: 78 ejidata-rios, 12 posesionarios y 32 avecindados.El ejido-tipo estatal con mayor número de sujetos es el de Nayarit, con 229,el que tiene menos cantidad es el de Tamaulipas, con 70. En los ejidos conmayor número de sujetos agrarios se presenta generalmente mayor presiónsocial sobre la tierra, y corresponden a los que se ubican en las entidadesdel centro del país.

Nay.Méx.Tlax.Mor.Pue.Zac.Ags.Oax.Tab.Col.Qro.Jal.

Hgo.Gro.Dgo.Nac.Chis.Gto.

Q.RooB.C.S.Cam.S.L.P.

Sin.Chih.Yuc.Ver.

B.C.Mich.Coah.

Son.N.L.Tam.

- 50 100 150 200 250

Número de sujetos por ejidosEstado Sujetos

Nay. 229Mex. 226Tlax. 223Mor. 177Pue. 174Zac. 162Ags. 162Oax. 159Tab. 153Col. 150Qro. 148Jal. 139Hgo. 133Gro. 129Dgo. 124Nac. 123Chis. 123Gto. 119Q.Roo 115B.C.S. 109Cam. 107S.L.P. 107Sin. 104Chih. 103Yuc. 101Ver. 97B.C. 97Mich. 96Coah. 94Son. 88N.L. 75Tam. 70

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM157

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158

•ESTUDIOS AGRARIOS•

Número de ejidatarios por ejido

El ejido-tipo nacional tiene 78 ejidatarios; el de Tlaxcala es el que tienemayor cantidad de ejidatarios, con 171, siendo Tamaulipas el que menostiene, con 50. Los ejidos-tipo donde los ejidatarios tienen los mayores por-centajes del total de sujetos son Sinaloa (94%), Morelos (91%), Yucatán(78%) y Tlaxcala (77%), ubicándose los que tienen menores porcentajes enTabasco (43%), Aguascalientes (44%) y Querétaro (47%).

Tlax.Mor.Pue.

Méx.Nay.Zac.Oax.Sin.

Hgo.Dgo.Gro.Qro.

Chih.Yuc.Nac.Col.

S.L.P.Camp.

Ags.Q.Roo

Jal.Chis.Tab.Son.B.C.

Mich.B.C.S.

Gto.Ver.

Coah.N.L.Tam.

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Estado Ejidatarios

Tlax. 171Mor. 162Pue. 126Méx. 125Nay. 125Zac. 106Oax. 99Sin. 97Hgo. 95Dgo. 88Gro. 85Qro. 80Chih. 79Yuc. 79Nac. 78Col. 77S.L.P. 75Camp. 74Ags. 71Q.Roo 70Jal. 68Chis. 67Tab. 65Son. 64B.C. 62Mich. 60B.C.S. 60Gto. 59Ver. 58Coah. 55N.L. 52Tam. 50

Número de ejidatarios por ejido

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM158

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•ESTADÍSTICAS•

Número de posesionarios por ejido

En el ejido-tipo nacional participan 12 posesionarios; a nivel estatal, losejidos que tienen un número mayor son México (99), Tabasco (43) y Gue-rrero (21), localizándose los de menor cantidad en Quintana Roo (1), Sono-ra (1) y Tamaulipas (1). Es importante ubicar los ejidos con mayor presen-cia de posesionarios ya que estos sujetos agrarios podrán reclamar susderechos como ejidatarios después de poseer pacíficamente durante cincoaños tierras ejidales (art. 48 de la Ley Agraria). Lo anterior permite preverque en esos núcleos agrarios podrían presentarse conflictos.

Número de posesionarios por ejido tipoEstado Posesionarios

Méx.. 99Tab. 43Gro. 21Nay. 17Qro. 16Chis. 14Yuc. 14Mor. 13Pue. 13Nac. 12Gto. 12Mich. 12S.L.P. 12Jal. 11Zac. 11Oax. 9B.C.S. 8Col. 7Ver. 6Hgo. 6N.L. 5Ags. 5Dgo. 5Tlax. 4Chih. 3B.C. 3Camp. 2Coah. 2Sin. 1Tam. 1Son. 1Q.Roo 1

Méx.Tab.Gro.Nay.Qro.Chis.Yuc.Mor.Pue.Nac.Gto.Mich.SLP.Jal.Zac.Oax.BCS.Col.Ver.Hgo.NL.Ags.Dgo.Tlax.Chih.BC.Camp.Coah.Sin.Tam.Son.Q.Roo

- 20 40 60 80 100 120

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM159

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Número de avecindados por ejido

El ejido-tipo que tiene más avecindados es el de Nayarit, con 87, siendo losque tienen menos los de Morelos, México y Sinaloa, con 2, 2 y 5, respecti-vamente (en Morelos y México el Procede no ha regularizado derechos aavecindados). Los avecindados tienen una mayor importancia relativa enel total de sujetos en Aguascalientes (53%), Jalisco (44%) y Colima (43%).Localizándose los porcentajes más bajos en Sinaloa (5%), Yucatán (8%) yGuerrero (18%), sin considerar a los estados de México y Morelos.

Número de avencindados por ejidoEstado Avecindados

Nay. 87Ags. 86Col. 65Qro. 62Jal. 61Oax. 51Tlax. 48Gto. 48Zac. 46Tab. 45B.C.S. 42Chis. 41Coah. 37Pue. 36Q.Roo 34Ver. 33Hgo. 32Nac. 32BC. 31Dgo. 31Camp. 31Mich. 24Gro. 23Son. 22Chih. 21S.L.P. 20Tam. 19N.L. 17Yuc. 8Sin. 5Méx. 2Mor. 2 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nay.Ags.Col.Qro.Jal.

Oax.Tlax.Gto.Zac.Tab.

B.C.S.Chis.

Coah.Pue.

Q.RooVer.

Hgo.Nac.B.C.Dgo.

Camp.Mich.

Gro.Son.

Chih.S.L.P.Tam.N.L.Yuc.Sin.

Méx.Mor.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM160

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•ESTADÍSTICAS•

Edad promedio de los ejidatarios

En el ejido-tipo nacional la edad de los ejidatarios es de 51.4 años, desta-cando el Distrito Federal con el promedio más elevado (59.5 años) y Quin-tana Roo, con el promedio más bajo (43.7 años). Se ha reconocido el enve-jecimiento de los ejidatarios como una limitante a considerar en las políticasencaminadas a la modernización del campo mexicano, por lo que deberánemprenderse acciones que favorezcan la transferencia generacional de latierra ejidal.

Estado Edadpromedio

D.F. 59.5Qro. 56.0Gto. 55.6Ags. 55.4Mor. 54.6Mich. 54.4Nay. 53.7Tlax. 53.6Son. 53.1B.C. 52.8Coah. 52.8Jal. 52.7Col. 52.5Pue. 52.2Méx. 52.2S.L.P. 52.2Sin. 52.1N.L. 51.9Zac. 51.8Tam. 51.5Dgo. 51.4Nac. 51.4B.C.S. 51.1Hgo. 50.3Chih. 50.0Gro. 49.6Oax. 49.6Ver. 49.5Tab. 49.5Chis. 46.5Yuc. 45.9Camp. 44.7Q.Roo 43.7

Edad promedio de los ejidatarios

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

D.F. Qro. Gto. Ags. Mor.

Mich. Nay. Tlax. Son. B.C.

Coah. Jal.

Col. Pue.

Méx. SLP. Sin.

N.L. Zac. Tam. Dgo. Nac.

B.C.S. Hgo. Chih. Gro. Oax. Ver. Tab.

Chis. Yuc.

Camp. Q.Roo

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM161

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Superficie total por ejido

Los ejidos de mayor tamaño se localizan en las entidades del norte del país.El ejido nacional tiene una extensión de 2,234 ha. A nivel estatal, el demayor tamaño es el de Baja California Sur, con 39,804 ha; localizándoselos más pequeños en el Distrito Federal (182 ha), México (509 ha) e Hidal-go (582 ha).

Estado Superficietotal ha

B.C.S. 39,804B.C. 14,474Chih. 6,740Q.Roo 5,932Dgo. 4,842Son. 4,525Coah. 4,256Zac. 3,310Camp. 3,210Nay. 2,448S.L.P. 2,440N.L. 2,370Nac. 2,234Yuc. 1,963Sin. 1,754Col. 1,718Tam. 1,323Oax. 1,300Gro. 1,216Qro. 1,124Ags. 1,115Jal. 1,065Tab 1,056Chis. 964Mor. 874Mich. 837Pue. 811Tlax. 731Ver. 634Gto. 596Hgo. 582Méx. 509D.F. 182

Superficie total por ejido

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

B.C.S. B.C.

Chih. Q.Roo

Dgo. Son.

Coah. Zac.

Camp. Nay.

S.L.P. N.L. Nac. Yuc. Sin. Col.

Tam. Oax. Gro. Qro. Ags. Jal.

Tab.Chis. Mor.

Mich. Pue.

Tlax. Ver. Gto. Hgo. Méx. D.F.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM162

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163

•ESTADÍSTICAS•

Superficie de tierras parceladas por ejido

Las tierras del ejido se denominan, de acuerdo con su destino, como parce-ladas, de uso común y de asentamiento humano. Las tierras parceladasejidales son generalmente las de mayor calidad para las actividades agríco-las. Los ejidos del norte del país son los que tienen mayores extensiones detierras parceladas, a diferencia de los del centro, en los que es mayor lapresión social sobre la tierra ejidal.El ejido nacional tiene 671 ha de tierras parceladas; el que tiene mayorextensión es el de Baja California (4,117 ha) y de menor son los de Hidalgo(298 ha) y México (367 ha).

Superficie de tierras parceladas por ejidoEstado Parcelada ha

B.C. 4,117 B.C.S. 1,735 Col. 1,345 Nay. 1,248 Zac. 1,175 Sin. 993 Tab. 893 Oax. 880 Tam. 843 Camp. 818 Gro. 775 Chis. 764 Coah. 729 N.L. 687 Nac. 671 Chih. 628 Mor. 607 S.L.P. 604 Jal. 599 Dgo. 594 Ver. 576 Tlax. 565 Ags. 548 Son. 491 Mich. 488 Pue. 461 Yuc. 453 Qro. 386 Gto. 374 Méx. 367 Hgo. 298 Q.Roo 6

B.C. B.C.S.

Col. Nay. Zac. Sin. Tab. Oax. Tam.

Camp. Gro.

Chis. Coah.

N.L. Nac.

Chih. Mor.

S.L.P. Jal.

Dgo. Ver.

Tlax. Ags. Son.

Mich. Pue. Yuc. Qro. Gto.

Méx. Hgo.

Q.Roo

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM163

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de tierras ejidales parceladas

Las tierras parceladas participan en la composición del ejido-tipo nacionalcon 30%; los ejidos estatales con mayores porcentajes son: Veracruz (91%),Tabasco (85%) y Chiapas (79%), localizándose los porcentajes más bajosen las entidades del norte de la República, como Baja California Sur (4%),Chihuahua (9%), Durango (12%) y Coahuila (17%), o en las entidades conselvas o bosques en las que casi no se certificaron tierras parceladas, comoQuintana Roo, debido a las restricciones que establece el artículo 59 de laLey Agraria.

Porcentajes estatales de tierras parceladasEstado Parcelada %

Ver. 91Tab. 85Chis. 79Col. 78Tlax. 77Méx. 72Mor. 69Oax. 68Gro. 64Tam. 64Gto. 63Mich. 58Pue. 57Sin. 57Jal. 56Hgo. 51Nay. 51Ags. 49Zac. 36Qro. 34Nac. 30N.L. 29B.C. 28Camp. 25S.L.P. 25Yuc. 23Coah. 17Dgo. 12Son. 11Chih. 9B.C.S. 4Q.Roo 0 - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ver.Tab.

Chis.Col.

Tlax.Méx.Mor.Oax.Gro.Tam.Gto.

Mich.Pue.Sin.Jal.

Hgo.Nay.Ags.Zac.Qro.Nac.N.L.B.C.

Camp.S.L.P.

Yuc.Coah.Dgo.Son.

Chih.B.C.S.Q.Roo

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM164

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•ESTADÍSTICAS•

Tierras parceladas por ejidatario

En el ejido-tipo nacional, cada ejidatario tiene en promedio 9.5 hectáreasde tierras parceladas, divididas en dos parcelas, el mayor promedio estatal detierras parceladas por ejidatario se localiza en Baja California, con 73.5 ha,y los promedios más bajos se localizan en México (2.3 ha), Tlaxcala (3.3ha), Hidalgo (3.3 ha), Morelos (3.6 ha) y Puebla (3.7 ha). Considerando laimportancia de las tierras parceladas como sustento de la familia campesi-na, en los estados donde se ubican los promedios más reducidos se localizael problema del minifundismo.

Superficie parcelada promedio por ejidatarioEstado Parcelada

ha/ejidatario

B.C. 73.5B.C.S. 39.3Camp. 29.9Yuc. 18.4Col. 18.4Tam. 17.7Son. 16.8Coah. 14.8N.L. 14.0Tab. 12.9Chih. 12.5Q.Roo 12.2Sin. 11.6Zac. 11.2Chis. 11.1Nay. 10.5Ver. 10.0Nac. 9.5Jal. 9.2Oax. 9.0Dgo. 8.6Gro. 8.3S.L.P. 8.2Ags. 8.1Mich. 8.0Gto. 6.1Qro. 5.6Pue. 3.7Mor. 3.6Hgo. 3.3Tlax. 3.3Méx. 2.3

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

B.C. B.C.S. Camp.

Yuc. Col.

Tam. Son.

Coah. N.L. Tab.

Chih. Q.Roo

Sin. Zac.

Chis. Nay. Ver.

Nac. Jal.

Oax. Dgo. Gro.

S.L.P. Ags.

Mich. Gto. Qro. Pue. Mor. Hgo. Tlax. Méx.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM165

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de tierras de riego en tierras ejidales parceladas

Las tierras ejidales parceladas son generalmente las más apreciadas por sucalidad productiva para la agricultura; de éstas, las que disponen de riegoson las mejores, ya que su producción no está expuesta a la aleatoriedad delrégimen de lluvias, por lo que se usan en su explotación técnicas e insumosmodernos. En el ejido tipo-nacional, 24% de las tierras parceladas cuentacon riego; los porcentajes más elevados se localizan en las entidades delnoroeste, el norte y el bajío, como Sonora (52%), Coahuila (46%),Michoacán (40%) y Baja California (40%); ubicándose las participacionesmás reducidas en el sur y sureste del país, Tabasco (2%), Quintana Roo(3%) y Veracruz (4%).

Tierras de riego de las tierras parceladasEstado % Parcelada de riego

Son. 52Coah. 46Mich. 40B.C. 40Sin. 37Ags. 37Col. 32Gto. 32Nay. 32Chih. 29B.C.S. 28Méx. 27Dgo. 27Tam. 26Nac. 24Jal. 20Pue. 18Hgo. 18Tlax. 17N.L. 16Zac. 16Qro. 16Oax. 15Gro. 13S.L.P. 10Camp. 7Yuc. 7Chis. 5Ver. 4Q.Roo 3Tab. 2

- 10 20 30 40 50 60

Son. Coah. Mich.

B.C. Sin. Ags. Col. Gto. Nay.

Chih. B.C.S.

Méx. Dgo. Tam. Nac. Jal.

Pue. Hgo. Tlax. N.L. Zac. Qro. Oax. Gro.

S.L.P. Camp.

Yuc. Chis.

Ver. Q.Roo

Tab.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM166

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•ESTADÍSTICAS•

Participación porcentual de las tierras de cultivo(riego, humedad y temporal) en las tierras parceladas

Las tierras de cultivo son aquellas que se dedican a la agricultura o que sehan cultivado cuando menos una vez en cinco años; pueden ser de riego, dehumedad o de temporal. En las zonas de minifundio e intensa marginación,muchas tierras se cultivan aunque su calidad productiva sea muy baja. Enel ejido-tipo nacional, 83% de las tierras parceladas se considera como tie-rras de cultivo; los porcentajes más elevados se localizan en los ejidos deTlaxcala (99%), Durango (98%) y México (98%), siendo los más reduci-dos los de las entidades caracterizadas por su aridez extrema o por la fre-cuencia de inundaciones, como son: Baja California Sur (35%), Baja Cali-fornia (51%), Tabasco (60%) y Nuevo León (66%).

Estado % de tierras de cultivo en

parceladas

Tlax. 99Dgo. 98Méx. 98Pue. 97Gto. 97Chih. 96Qro. 96Hgo 95Ags. 94S.L.P. 94Yuc. 92Mich. 92Q.Roo 92Oax. 90Sin. 90Zac. 90Ver. 87Gro. 87Col. 86Jal. 86Nac. 83Chis. 83Coah. 82Nay. 80Tam. 76Son. 74Camp. 71N.L. 66Tab. 60B.C. 51B.C.S. 35

- 20 40 60 80 100 120

Tierras de cultivo (riego, humedad y temporal)en tierras parceladas

Tlax.Dgo.Méx.Pue.Gto.

Chih.Qro.Hgo.Ags.

S.L.P.Yuc.

Mich.Q.Roo

Oax.Sin.Zac.Ver.Gro.Col.Jal.

Nac.Chis.

Coah.Nay.Tam.Son.

Camp.N.L.Tab.B.C.

B.C.S.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM167

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Participación de montes y agostaderos de mala calidaden tierras parceladas

Es importante conocer la participación de las tierras de monte o deagostaderos de mala calidad en las tierras parceladas, para contar con unaidea de la calidad productiva de las parcelas ejidales. En el ejido-tipo na-cional, 9% de las tierras parceladas es de monte o agostadero de mala cali-dad; los porcentajes más elevados se encuentran en las entidades con ma-yor aridez; Baja California Sur (53%), Baja California (41%) y Nuevo León(28%); siendo los menores porcentajes los de Yucatán, Tabasco, Durango,México y Tlaxcala.

Estado % monte enparceladas

B.C.S. 53B.C. 41N.L. 28Tam. 16Nay. 16Coah. 13Son. 12Gro. 10Nac. 9Camp. 9Chis. 7Q.Roo 7Jal. 7Col. 6Sin. 5Mich. 5Oax. 5Chih. 3Zac. 3Ags. 2Ver. 2Pue. 2S.L.P. 2Qro. 2Hgo. 2Gto. 2Yuc. 1Tab. 1Dgo. 1Méx. 1Tlax. 1

- 10 20 30 40 50 60

Proporción de montes o agostaderos de mala calidaden tierras parceladas

B.C.S. B.C. N.L. Tam. Nay.

Coah. Son. Gro. Nac.

Camp. Chis.

Q.Roo Jal.

Col. Sin.

Mich. Oax.

Chih. Zac. Ags. Ver. Pue.

S.L.P. Qro. Hgo. Gto. Yuc. Tab. Dgo. Méx. Tlax.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM168

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•ESTADÍSTICAS•

Superficie de uso común por ejido

El artículo 73 de la Ley Agraria establece: “Las tierras ejidales de uso co-mún constituyen el sustento económico de vida en comunidad del ejido yestan conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmentereservadas por la Asamblea para el asentamiento del núcleo de población,ni sean tierras parceladas”. Las tierras de uso común del ejido no estánasignadas individualmente. En la mayor parte de los ejidos se utilizan comotierras de agostadero y en menor medida se da la explotación forestal. Anivel nacional equivalen al doble de las tierras parceladas; tiene acceso aestas tierras 57% de los ejidatarios y posesionarios y están presentes sóloen dos terceras partes de los ejidos.El ejido-tipo nacional tiene 1,519 ha de tierras de uso común, el de BajaCalifornia Sur tiene 37,150 ha y el que tiene menos es el de Veracruz, con31 ha. Como se aprecia, en las entidades del norte los ejidos disponen degrandes extensiones de este tipo de tierra.

Estado Uso comúnha

B.C.S. 37,750B.C. 10,264Chih. 6,070Q.Roo 5,875Dgo. 4,187Son. 4,009Coah. 3,435Camp. 2,355Zac. 2,033S.L.P. 1,716N.L. 1,647Nac. 1,519Yuc 1,464Nay. 1,124Sin. 739Qro. 690Ags. 525Jal. 435Tam. 430Gro. 421Oax. 361Mich. 326Col. 322Pue. 313Mor. 258Hgo. 250Gto. 199D.F. 174Chis. 160Tlax. 134Tab. 132Méx. 127Ver. 31

Superficie de uso común por ejido

B.C.S. B.C.

Chih. Q.Roo

Dgo. Son.

Coah. Camp.

Zac. S.L.P.

N.L. Nac. Yuc. Nay. Sin. Qro. Ags. Jal.

Tam. Gro. Oax.

Mich. Col. Pue. Mor. Hgo. Gto. D.F.

Chis. Tlax. Tab.

Méx. Ver.

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM169

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de tierras de uso común

La participación de las tierras de uso común en la composición de los eji-dos es más importante en las entidades en las que, al regularizarse las tie-rras ejidales, únicamente se certificaron derechos ejidales sobre tierras deuso común, como Quintana Roo (99%), o del norte del país, como BajaCalifornia Sur (95%) y Chihuahua (90%).

Estado Uso común%

Q.Roo 99D.F 95B.C.S. 95Chih. 90Son. 89Dgo. 86Coah. 81Yuc. 75Camp. 73B.C. 71S.L.P. 70N.L. 69Nac. 68Qro. 61Zac. 61Ags. 47Nay. 46Hgo. 43Sin. 42Jal. 41Mich. 39Pue. 39Gro. 35Gto. 33Tam. 32Mor. 30Oax. 28Méx. 25Col. 19Tlax. 18Chia. 17Tab. 12Ver. 5 - 20 40 60 80 100 120

Porcentajes estatales de tierras de uso común

Q.RooD.F.

B.C.S.Chih.Son.Dgo.

Coah.Yuc.

Camp.B.C.

S.L.P.N.L.Nac.Qro.Zac.Ags.Nay.Hgo.Sin.Jal.

Mich.Pue.Gro.Gto.

Tam.Mor.Oax.Méx.Col.

Tlax.Chia.Tab.Ver.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM170

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•ESTADÍSTICAS•

Tierras de uso común por ejidatario

En el ejido-tipo nacional, cada ejidatario tiene en promedio 29.5 hectáreasde tierras de uso común. El promedio más elevado de tierras de uso comúnpor ejidatario se localiza en Baja California Sur, con 650.7 ha; correspon-diendo el promedio más reducido a Tlaxcala, con 1.2 ha.Considerando la cuantiosa extensión de las tierras de uso común por ejida-tarios, se ha pensado que este tipo de tierras representa la reserva territorialejidal.

Estado Usocomún

ha/ejidatario

B.C.S 650.7B.C. 385.9Coah. 84.2Chih. 82.9Q.Roo 76.2Son. 74.6Camp. 67.1Dgo. 51.2N.L. 37.7S.L.P. 31.4Nac. 29.5Yuc. 21.1Zac. 20.3Tam. 16.3Nay. 16.0Sin. 14.1Jal. 10.7Qro. 10.5Col. 9.3Ags. 9.0Tab. 8.3Mich. 7.6Gro. 7.5Oax. 7.2Chis. 6.6Gto. 4.9Hgo. 3.3Pue. 3.3Mor. 2.9Ver. 2.4D.F. 1.5Méx. 1.4Tlax. 1.2

Superficie promedio de uso común por ejidatario

- 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0

B.C.S. B.C.

Coah. Chih.

Q.Roo Son.

Camp. Dgo. N.L.

S.LP. Nac. Yuc. Zac. Tam. Nay. Sin. Jal.

Qro. Col. Ags. Tab.

Mich. Gro. Oax. Chis. Gto. Hgo. Pue. Mor. Ver. D.F.

Méx. Tlax.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM171

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de tierras de agostadero de buena calidad entierras de uso común

Las tierras de uso común se utilizan generalmente como agostadero para laproducción ganadera. El 24% de las tierras de uso común del ejido-tiponacional se considera como de agostadero de buena calidad, es decir, cuyaproductividad ganadera las convierte en las más apreciables. Los porcenta-jes más elevados se localizan en Durango (48%), Sonora (45%) y Jalisco(35%); ubicándose los porcentajes más reducidos en Yucatán (.01%), Quin-tana Roo (1%), Baja California (5%) e Hidalgo (5%).

Estado % agostaderode buenacalidad

Dgo. 48Son. 45Jal. 35Zac. 35Chih. 33Sin. 32Nac. 24Mich. 23S.L.P. 21Gto. 20Tam. 18Col. 18Qro. 17Camp. 15Tab. 15N.L. 15Ags. 15Méx. 14Nay. 14Coah. 13Gro. 12Ver. 12Pue. 11Chis. 10Oax. 8Tlax. 7B.C.S. 7B.C. 5Hgo. 5Q.Roo 1Yuc. 1

Tierras de agostadero de buena calidad en tierrasde uso común

Dgo. Son. Jal.

Zac. Chih.

Sin. Nac.

Mich. S.L.P.

Gto. Tam. Col. Qro.

Camp. Tab. N.L. Ags.

Méx. Nay.

Coah. Gro. Ver. Pue.

Chis. Oax. Tlax.

B.C.S. B.C. Hgo.

Q.Roo Yuc.

- 10 20 30 40 50 60

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM172

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•ESTADÍSTICAS•

Participación porcentual de las tierras de cultivo(riego, humedad y temporal) en las tierras de uso común

En el ejido-tipo nacional, 21% de las tierras de uso común son de cultivo,los porcentajes más elevados se localizan, por una parte, en las entidadesen las que fue casi nula la certificación de tierras parceladas, como Yucatán(96%), Quintana Roo (89%), Tabasco (62%) y Campeche (47%) y por laotra, en las entidades donde las tierras de uso común son de calidad apre-ciable para la agricultura, como Veracruz (57%), Colima ((49%), Hidalgo(46%) y Chiapas (37%). Los porcentajes más reducidos de tierras de culti-vo respecto de las tierras de uso común se localizan en las entidades conmayor aridez o especializadas en la producción ganadera, como Baja Cali-fornia Sur (2%), Durango (4%), Nayarit (5%), Aguascalientes (6%),Zacatecas (6%) y Coahuila (7%).

Estado % tierrasde cultivo enuso común

Yuc. 96Q.Roo 89Tab. 62Ver. 57Col. 49Camp. 47Hgo. 46Chis. 37Méx. 37Oax. 34S.L.P. 32B.C. 29Pue. 24Sin. 23Gro. 23Tam. 21Mich. 21Nac. 21Son. 20Tlax. 19Chih. 16Jal. 15N.L. 15Gto. 14Qro. 13Coah. 7Ags. 6Zac. 6Nay. 5Dgo. 4B.C.S. 2

Tierras de cultivo (riego, humedad y temporal) en tierras deuso común

- 20 40 60 80 100 120

Yuc. Q.Roo

Tab. Ver. Col.

Camp. Hgo. Chis. Méx. Oax.

S.L.P. B.C. Pue. Sin. Gro. Tam.

Mich. Nac. Son.

Tlax. Chih.

Jal. N.L. Gto. Qro.

Coah. Ags. Zac. Nay. Dgo.

B.C.S.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM173

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Estado % Monte en uso común

B.C.S. 88Nay. 79Ags. 79Coah. 77Qro. 66 N.L. 64Gto. 64Pue. 62Gro. 60Zac. 58B.C. 57Tam. 56Oax. 55Mich. 54Nac. 53Chih. 51Tlax. 50Chis. 49Hgo. 48Dgo. 48Jal. 48S.L.P. 46Méx. 42Camp. 38Sin. 35Son. 34Col. 28Ver. 26Tab. 9Q.Roo 9Yuc. 2

Proporción de tierras con monte o agostaderode mala calidad en tierras de uso común

Tierras con monte o agostadero de mala calidaden las tierras de uso común

Al igual que en el caso de las tierras parceladas, conocer la proporción delas tierras de uso común que son de monte o agostadero de mala calidad,prácticamente inaprovechables, permite apreciar su calidad productiva. Enel ejido-tipo nacional, tiene esa característica 53% de las tierras de usocomún, los porcentajes más elevados son los de Baja California (88%),Nayarit (79%) y Aguascalientes (79%), siendo los porcentajes más reduci-dos los de Yucatán (2%), Quintana Roo (9%) y Tabasco (9%).

B.C.S. Nay. Ags.

Coah. Qro. N.L. Gto. Pue. Gro. Zac. B.C. Tam. Oax.

Mich. Nac.

Chih. Tlax. Chis. Hgo. Dgo.

Jal. S.L.P. Méx.

Camp. Sin. Son. Col. Ver. Tab.

Q.Roo Yuc.

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM174

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•ESTADÍSTICAS•

Estado Solaresha

B.C.S. 318S.L.P. 121Zac. 101B.C. 93Coah. 91Nay. 76Dgo. 60Oax. 59Q.Roo 51Tam. 51Col. 50Qro. 47Yuc. 45Nac. 44Ags. 42Chih. 41Chis. 39Camp. 37N.L. 37Pue. 36Hgo. 33Tlax . 32Tab. 31 Jal. 31Ver. 26Son. 25Gto. 24Mich. 22Sin. 21Gro. 21Méx. 14Mor. 0D.F. 8

B.C.S.S.L.P.

Zac.B.C.

Coah.Nay.Dgo.Oax.

Q.RooTam.Col.Qro.Yuc.Nac.Ags.

Chih.Chis.

Camp.N.L.Pue.Hgo.Tlax.Tab. Jal.Ver.Son.Gto.

Mich.Sin.Gro.

Méx.Mor.D.F.

- 50 100 150 200 250 300 350

Superficie de solares ejidales

Superficie de solares ejidales

Las tierras ejidales de los solares no están inscritas en el régimen de propie-dad ejidal, sino al régimen privado; están asignadas individualmente a eji-datarios, posesionarios y avecindados. La información de tierras de solarescorresponde únicamente a las que así fueron reconocidas por la Asambleaejidal al momento de regularizarse las tierras con el Procede. Sin embargo,la información que aquí se presenta no incluye todas las tierras de solaresexistentes en los núcleos agrarios, ya que en algunos ejidos no se titularontodos los solares ejidales con el Procede, sino a través de la Comisión parala Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), y en otros casos aque los sujetos decidieron que no se les titulara su solar por temor a tenerque pagar el impuesto predial.El ejido-tipo nacional tiene 44 ha de tierras de solares, el que tiene mayorextensión es el de Baja California Sur con 318 ha, ubicándose los de menorextensión en Guerrero (21 ha), México (14 ha) y Morelos (10 ha).

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM175

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176

•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes estatales de tierras de solares

Las tierras de solares ejidales participan en el ejido tipo nacional con 0.5%del total. A nivel estatal, los porcentajes más elevados se localizan en lasentidades del centro y sur del país, como Guanajuato (1.7%), Querétaro(1.5%) e Hidalgo (1.5%), correspondiendo a los estados del norte los por-centajes menores, como Sonora (0.1%), Sinaloa (0.1%) y las dos BajaCalifornias, en donde es casi nula su participación. Igualmente, se titularonpocos solares ejidales en entidades con elevada conflictividad provocadapor asentamientos irregulares, como Morelos y México.

Estado Solares%

Gto. 1.7Qro. 1.5Hgo. 1.5Oax. 1.4Chia. 1.4Ver. 1.3Pue. 1.3Ags. 1.2Tlax. 1.0S.L.P. 0.9Tab. 0.8Tam. 0.8N.L. 0.8Jal. 0.7Zac. 0.6Nay. 0.6Mich. 0.5Camp. 0.5Gro. 0.5Col. 0.5Nac. 0.3Q.Roo 0.3Coah. 0.2Yuc. 0.2Dgo. 0.2Chih. 0.1Son. 0.1Méx. 0.1B.C.S. 0.1B.C. 0.1Mor. 0.1Sin. 0.1

GtoQroHgoOaxChia

VerPue

Ags.Tlax.

S.L.P.Tab.

Tam.N.L.Jal.

Zac.Nay.

Mich.Camp.

Gro.Col.Nac.

Q.Roo.Coah.

Tuc.Dgo.Chih.Son.

Méx.B.C.S.

B.C.Mor.Sin.

- 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

Porcentajes de solares ejidales (m2)

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM176

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•ESTADÍSTICAS•

Tamaño de solares ejidales

La extensión media de los solares del ejido nacional es de 2,252 m2, corres-pondiendo el solar más extenso al ejido de San Luis Potosí, con 4,323 m2 yel más reducido al de México, con 497 m2. El tamaño de los solares influyeen la importancia de la agricultura de traspatio, la que a su vez constituyeun apoyo relevante en la dieta y la economía de la familia campesina.

Estado Tamaño desolares m2

S.L.P. 4,323N.L. 4,055B.C. 3,003Qro. 2,885Chih. 2,580Tam. 2,576Zac. 2,567Q.Roo 2,494Coah. 2,340Nac. 2,252Camp. 2,226Oax. 2,224Mor. 2,222Gto. 2,198Yuc. 2,164Gro. 2,093B.C.S. 2,060Mich. 2,033Chis. 1,927Ags. 1,914Pue. 1,874Ver. 1,851Jal. 1,819Tab. 1,759Hgo. 1,703Son. 1,700Dgo. 1,479Col. 1,397Sin. 1,216Nay. 1,190Tlax. 1,168Méx. 497

- 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Tamaño de solares ejidales (m2)

S.L.P.N.L.B.C.Qro.

Chih.Tam.Zac.

Q.RooCoah.Nac.

Camp.Oax.Mor.Gto.Yuc.Gro.

B.C.S.Mich.Chis.Ags. Pue.Ver. Jal.Tab.Hgo.Son.Dgo.Col.Sin.

Nay.Tlax.Méx.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM177

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios con tratos agrarios

Mediante los tratos agrarios los ejidatarios dan o reciben en usufructo tie-rras; en el ejido nacional, tomando en cuenta a los ejidatarios y losposesionarios, 29% tienen tratos agrarios. A nivel estatal, los ejidos conmayores porcentajes de sujetos con tratos son: Baja California (60%), Mo-relos (57%) y Chihuahua (41%). En el otro extremo, los ejidos estatalescon menores porcentajes de sujetos con tratos son Yucatán (9%), Oaxaca(15%) y Querétaro (16%).

Estado Porcentajescon tratos

B.C. 60Mor . 57Chih. 41Gro. 41Sin. 38Hgo. 37Jal. 35Mich. 34Coah. 33Camp. 33Ver. 33S.L.P. 32N.L. 32Col. 32Dgo. 31Zac. 31Nac. 29Q.Roo 29Son. 28Nay. 27Tam. 27Pue. 26Ags. 25Tlax. 24Tab. 23Méx. 19Chis. 18Gto. 16Qro. 16Oax. 15Yuc. 9B.C.S. 1

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios con tratos agrarios

B.C.Mor.

Chih.Gro.Sin.

Hgo.Jal.

Mich.Coah.

Camp.Ver.

S.L.P.N.L.Col.

Dgo.Zac.Nac.

Q.RooSon.Nay.Tam.Pue.Ags.Tlax.Tab.

Méx.Chis.Gto.Qro.Oax.Yuc.

B.C.S.

- 10 20 30 40 50 60 70

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•ESTADÍSTICAS•

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dan y reciben tierrasmediante la aparcería

La aparcería es el trato agrario mediante el cual el pago por el usufructo dela tierra se realiza con una proporción de la cosecha. A nivel nacional sedan varias formas de aparcería, como la media, el tercio, el cuarto, etcétera.A nivel nacional la aparcería participa con 42% de los tratos. Los mayoresporcentajes de aparcería se encuentran en Zacatecas (87.5%), Durango (70.4)y Nuevo León (66.7). En el otro extremo, la aparcería es casi nula en Sono-ra, Chiapas, Colima y Baja California Sur.

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dany reciben tierras mediante la aparcería

Estado Porcentajecon aparcería

Zac. 87.5Dgo. 70.4Yuc. 66.7Qro. 66.7N.L. 66.7Pue. 65.5S.L.P. 65.0Tlax. 64.7Chih. 64.0Gto. 62.5Hgo. 52.4Q.Roo 50.0Oax. 50.0Tam. 47.1Méx. 45.0Nac. 42.0Mich. 40.0Gro. 40.0Mor. 35.3Jal. 27.8Coah. 26.7Camp. 25.0Ags. 25.0Ver. 20.0B.C. 16.7Sin. 15.8Nay. 10.0B.C.S. 1.0Col. 1.0Chis. 1.0Son. 1.0

Zac.Dgo.Yuc.Qro.N.L.Pue.

S.L.P.Tlax.Chih.Gto.Hgo.

Q.RooOax.Tam.Méx.Nac.

Mich.Gro.Mor.

Jal.Coah.

Camp.Ags.Ver.B.C.Sin.

Nay.B.C.S.

Col.Chis.Son.

- 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

.

.

Entidad Federativa 4/15/04, 4:48 PM179

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dan y reciben tierrasmediante la renta

La renta es el trato agrario que se caracteriza porque el pago del uso delusufructo de la tierra se realiza mediante una cantidad fija y no depende dela cosecha. Se encuentra con mayor frecuencia en las entidades en las quela agricultura es más moderna y comercial. Los porcentajes más elevadosse localizan en Sonora (100%), Baja California (83%) y Sinaloa (76%); encambio, es muy reducida en Baja California Sur, Nuevo León y QuintanaRoo.

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dany reciben tierras mediante la renta

Estado Porcentajecon renta

Son. 100.0B.C. 83.3Sin. 76.3Jal. 66.7Nay. 60.0Chis. 57.1Col. 50.0Ags. 50.0Coah. 46.7Tab. 45.5Tam. 41.2Mor. 41.2Ver. 40.0Mich. 40.0Hgo. 38.1Nac. 37.9Oax. 37.5Gto. 37.5Pue. 34.5Yuc. 33.3Qro. 33.3Gro. 30.0Camp. 25.0Tlax. 23.5S.L.P. 20.0Dgo. 18.5Méx. 12.5Chih. 12.0Zac. 8.3Q.Roo 1.0N.L. 1.0B.C.S. 1.0

Son.B.C.Sin.Jal.

Nay.Chis.Col.Ags.

Coah.Tab.

Tam.Mor.Ver.

Mich.Hgo.Nac.Oax.Gto.Pue.Yuc.Qro.Gro.

Camp.Tlax.

S.L.P.Dgo.Méx.Chih.Zac.

Q.RooN.L.

B.C.S.

- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

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•ESTADÍSTICAS•

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dan y reciben tierramediante préstamo

El préstamo es el trato agrario en el que no existe pago por el usufructo dela tierra, se presenta con mayor frecuencia entre familiares y en regiones deagricultura tradicional.A nivel nacional el préstamo representa 20% de los tratos; los porcentajesestatales más elevados ocurren en Tabasco (55%), Campeche (50%) yColima (50%); en cambio, su presencia es casi nula en Baja California,Baja California Sur, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Sonora.

Porcentajes de ejidatarios y posesionarios que dan y recibentierra mediante préstamo

Estado Porcentajecon préstamo

Tab. 54.5Q.Roo 50.0Col. 50.0Camp. 50.0Chis. 42.9Méx. 42.5Ver. 40.0N.L. 33.3Nay. 30.0Gro. 30.0Coah. 26.7Ags. 25.0Chih. 24.0Mor. 23.5Nac. 20.1Mich. 20.0S.L.P. 15.0Oax. 12.5Tlax. 11.8Tam. 11.8Dgo. 11.1Hgo. 9.5Sin. 7.9Jal. 5.6Zac. 4.2Son. 1.0Qro. 1.0Pue. 1.0Gto 1.0BC.S. 1.0B.C. 1.0Yuc. 1.0 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Tab.Q.Roo

Col.Camp.

Chis.Méx.Ver.

N.L.Nay.Gro.

Coah.Ags.

Chih.Mor.Nac.

Mich.S.L.P.Oax.Tlax.Tam.Dgo.Hgo.Sin.Jal.

Zac.Son.Qro.Pue.Gto.

B.C.S.B.C.Yuc.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Estado % % que dan que reciben

Q.Roo 100.0 0.0Qro. 100.0 0.0Son. 94.7 5.3Oax. 87.5 12.5Sin. 81.6 18.4Ver. 74.3 25.7Dgo. 74.1 25.9Mor. 73.5 26.5Coah. 73.3 26.7Mich. 70.0 30.0Yuc. 66.7 33.3B.C. 66.7 33.3Tam. 64.7 35.3Chih. 64.0 36.0Nac. 62.7 37.3Méx. 62.5 37.5Camp. 62.5 37.5Tlax. 58.8 41.2Zac. 58.3 41.7S.L.P. 50.0 50.0N.L. 50.0 50.0Jal . 50.0 50.0Gto. 50.0 50.0Col. 50.0 50.0Hgo. 47.6 52.4Tab. 45.5 54.5Chis. 42.9 57.1Pue. 41.4 58.6Nay. 40.0 60.0Gro. 35.0 65.0Ags. 25.0 75.0 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionarios que dan y recibentierras mediante tratos agrarios

Del total de los sujetos que tienen tratos agrarios, en el ejido nacional 63%dan tierra y 37% la recibe. Esto significa, en forma resumida, que son máslos ejidatarios que dan a trabajar su tierra (principalmente por incapacidadpara trabajarla o incosteabilidad) que los que la reciben (porque la suya esinsuficiente y/o porque tienen capacidad de trabajar más tierra).Por lo que se refiere a los sujetos que dan la tierra a trabajar, los porcentajesestatales más elevados se localizan en Querétaro (100%), Quintana Roo (100%),Sonora (95%) y Oaxaca (87%); correspondiendo los porcentajes más bajos alos ejidos de Aguascalientes (25%), Guerrero (35%) y Nayarit (40%). Por otraparte, los porcentajes más elevados de los sujetos que reciben tierra se ubicanen Aguascalientes (75%), Guerrero (65%) y Nayarit (60%), localizándose losporcentajes menores en Quintana Roo, Querétaro y Sonora.

Porcentajes estatales de ejidatarios y posesionariosque dan y reciben tierras mediante tratos agrarios

Q.RooQro.Son.Oax.Sin.Ver.

Dgo.Mor.

Coah.Mich.

Yuc.B.C.Tam.Chih.Nac.Méx.

Camp.Tlax.Zac.

S.L.P.N.L.Jal.

Gto.Col.

Hgo.Tab.

Chis.Pue.Nay.Gro.Ags.

DanReciben

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Dirección General de Estudios y Publicaciones

Normas para la presentación de originales Revista Estudios Agrarios

1. Los trabajos deberán estar escritos en castellano, ser inéditos y no tener derechos cedidos a terceros.

2. Los textos podrán enviarse en una de dos modalidades: vía correo electrónico, o bien impresos sobre papel blanco tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) junto con una copia magnética (diskette 3.5").

3. En ambos casos, los trabajos deberán estar escritos, de preferencia, en versión Word 6.0 para Windows. Deberán ir a doble espacio, con un tamaño de letra de 12 puntos y preferentemente utilizando fuente Times New Román. Todas las páginas deberán ir numeradas y las notas, referencias y bibliografía deberán ir al final del documento. Los cuadros, gráficas, diagramas, mapas y similares, deberán ir anexados, indicando claramente su ubicación dentro del texto. Se sugiere su elaboración en Corel Draw 4.0, Excel 5.0o Word 6.0. En el caso de gráficas, deberá incluirse también la tabla de datos correspondiente.

4. Se sugiere una extensión máxima para los trabajos de: 30 cuartillas tratándose de ensayos y artículos; 5 cuartillas para testimonios o reseñas de foros, seminarios, talleres, etcétera, y 3 cuartillas para críticas bibliográficas.

5. Deberá adjuntarse un breve curriculum del autor o autores, señalando dirección, teléfono, fax y dirección electrónica.

6. Cuando ajuicio de los dictaminadores el documento requiera de algunas adecua-ciones para su publicación, ello se hará del conocimiento del autor.

7. Una vez emitido el dictamen favorable para la publicación, se le solicitará al autor una carta de cesión de derechos,

8. La correspondencia deberá remitirse a: Estudios Agrarios, Revista de la Procuraduría Agraria Dirección General de Estudios y Publicaciones Palacio Nacional, Patio Central, Cuarto piso, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F. Teléfonos 542 13 22, 522 20 04 y 518 69 12 Fax 522 75 28 E-mail: [email protected]

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•BIBLIOAGRARIAS•

Las mujeres indígenas al final del

milenio.Paloma Bonfil Sánchez y Raúl Mar-co del Pont Lalli, FNUAP, México,1999, 320 pp.

Este libro delinea un perfil de lasmujeres indígenas en la ultima décadaa partir de sus condiciones socioeco-nómicas, de su participación políticay de su papel como reproductoras ytransmisoras de la cultura.

Lo que los autores presentan preten-de ser sobre todo una perspectiva ge-neral que retrate las movilizacionesy diversas realidades que viven lasmujeres indígenas de nuestro país,los mecanismos por los cuales repro-ducen su subordinación y las estra-tegias mediante las que resisten y leshacen frente, en cinco de las enti-dades más pobres y con mayor den-sidad de población indígena deMéxico: Chiapas, Oaxaca, Guerre-ro, Puebla e Hidalgo, entidades quepresentan los mayores índices demarginalidad y pobreza, concentra-dos muy claramente entre las pobla-ciones indígenas.

En este trabajo se contrapuntean, porun lado, los rasgos de pobreza en queviven los pueblos indios y los efec-tos particulares que estas condicionesejercen sobre las mujeres; por otro,

la riqueza cultural de que ellas sondepositarias, transmisoras y re-creadoras y que constituyen la basesobre la que se han fincado distintosmodos de resolver la vida material yfundar los pactos sociales en mediosgeográficos y sociales determinados.

Los autores dan cuenta de algunosmatices particulares que las condi-ciones y los recursos limitados hanimpuesto a la vida cotidiana de lasmujeres indias y a sus moviliza-ciones por el cambio. Finalmente,otro aspecto de este libro es que, pesea tratar el fenómeno migratorio a zo-

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

nas urbanas dentro de las fronteras na-cionales, se centra en la revisión dela realidad rural de las mujeres indí-genas, toda vez que en este medio esdonde se conservan los aspectos quetradicionalmente han dado sustentoal mosaico de identidades indias. Paraintegrar este panorama no se limitóúnicamente a los indicadores censa-les, también se hizo hincapié en as-pectos como salud, educación, trabajoe ingreso, derechos, participación pú-blica, vida cotidiana, movilizacionesy demandas.

Los autores retoman la informaciónespecífica de la encuesta sobre ali-mentación salud y fecundidad enzonas indígenas y estudios etnográ-ficos particulares, sobre la situaciónde la mujer indígena en sus comuni-dades y en su calidad de migranteshacia centros urbanos, nacionales y

extranjeras. Otra buena parte de lainformación utilizada proviene detrabajos generales a partir de talle-res y reuniones efectuados por laspropias mujeres indígenas y susorganizaciones, así como de pu-blicaciones recientes y documentosoficiales.

El libro esta dividido en capítulosinterrelacionados que tratan susapartados de manera que el conjun-to ofrezca una perspectiva amplia,fundamental en la comprensión deuna realidad diferenciada y para elimpulso de políticas y acciones acor-des a esta diversidad. Así sus ca-pítulos pretenden consignar lasproblemáticas en que se combinande modo más significativo las va-riantes culturales con los factoressocioeconómicos en la vida de lapoblación indígena femenina.

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•BIBLIOAGRARIAS•

Impactos diferenciados de las refor-

mas sobre el agro mexicano: pro-

ductos, regiones y agentes.

Salomón Salcedo, CEPAL, Santiagode Chile, 1999, 84 pp.

Este trabajo fue presentado porSalomón Salcedo en el Seminariosobre el impacto de las reformas es-tructurales sobre la agricultura deAmérica Latina, que se llevó a caboen Santiago de Chile en noviembrede 1998, en el marco del ProyectoCrecimiento, empleo y equidad.

De acuerdo con el autor, el estudiohace un análisis de los cambios ob-servados en los diversos instrumen-tos de política agropecuaria duran-te los últimos 15 años. También seevalúa su impacto sobre el sectoragropecuario en términos de creci-miento de la producción, del em-pleo y el ingreso, destacando loscambios observados en cuanto a laequidad en la distribución de esteúltimo.

En la primera parte del trabajo serefiere a las políticas y reformasmacroeconómicas y sectoriales: po-líticas arancelarias y no arancela-rias, insumos, comercialización,pagos directos —Procampo—, cré-dito, seguro, investigación, exten-sión, recursos humanos, riego, em-

pleo, administración y legislaciónagraria.

En el segundo capítulo se aborda suimpacto en el sector. En el caso delcrecimiento de la producción presen-ta el comportamiento del Producto In-terno Bruto en el periodo 1982-1997,la tasa de crecimiento, su importanciarelativa dentro de la economía na-cional y los subsectores agropecuariosde mayor dinamismo, de crecimien-to moderado y en contracción, asimis-mo se aborda el total de inversión ha-cia el sector agropecuario.

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

Los resultados de la evaluación quepresenta el autor indican: un creci-miento del PIB agropecuario muy vo-látil; una tasa de crecimiento menoral crecimiento de la población; lapérdida de importancia relativa delas actividades agrícolas y ganade-ras en la economía del país; los sec-tores más dinámicos fueron los delas aves, hortalizas y frutas; dentrodel subsector granos, los cambiosmás significativos se han observadoen el cultivo del maíz, y la caída dela producción en todas las oleagi-nosas, a excepción de la copra.

En el apartado de empleo se presen-tan diversas formas de medición yresultados del empleo en el sector:conforme a los dos últimos censosagropecuarios, las Encuestas Nacio-nales de Empleo a partir de 1988 ylas cifras sobre trabajadores asegu-rados del agro reportados por el Ins-tituto Mexicano del Seguro Social.

En el caso de la migración se com-para la participación del PIB agro-pecuario estatal dentro del PIB totalestatal, con un indicador de migra-ción. Como resultado, en los últimosaños las principales entidadesexpulsoras de fuerza de trabajo hansido Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo,Durango, Michoacán y Guerrero,

estados en los que predomina la po-blación rural y las actividadesagropecuarias.

También se abordan las condicionesdel trabajo en el sector agropecuarioque, de acuerdo con el autor, se ca-racterizan porque los trabajadoresagropecuarios han padecido condi-ciones de trabajo precarias. En tér-minos generales, durante los últimoscinco años, se ha incrementado elporcentaje de trabajadores que labo-ran más de 35 horas a la semana.

Por último, se trata el tema ingreso yequidad, en este caso se concluye quedurante los últimos 15 años ha habi-do un importante deterioro en la re-muneración real de los trabajadoresen las distintas ramas de la economía.Sin embargo, este deterioro ha sidomayor en el sector agropecuario.

El impacto desfavorable ha sido dis-tinto según el tipo de productor ybien producido, para medir el impac-to el autor divide a los productoresagropecuarios en cuatro categorías:productores de autoconsumo, pro-ductores de bienes que compiten conimportaciones, productores de bie-nes de exportación tradicional y pro-ductores de bienes de exportación notradicional.

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•BIBLIOAGRARIAS•

Cuadernos Agrarios.

Nueva Época, núms. 17-18, “Globa-lización y sociedades rurales”, Méxi-co, 1999, 264 pp.

Los artículos que aparecen en el do-ble número de Cuadernos Agrariosse encuentran agrupados en cuatroapartados: Tendencias: el nuevo or-den alimentario internacional; Res-puesta de actores; Global-local: im-pactos en México, y Globalizacióny reforma agraria.

En el apartado de Tendencias vie-nen dos trabajos: “La políticaalimentaria global”, de Philippe McMichael, y “Globalización, restruc-turación productiva en la agricultu-ra latinoamericana y vía campesi-na 1970-1995”, de Blanca Rubio.El primero trata sobre los efectosde la globalización en la agricultu-ra mundial, de la forma en que seintegra el GATT y las exlusiones delos países del Norte; de las com-pañías trasnacionales y la reestru-cturación agropecuaria mundial, yla economía mundial alimentaria enel régimen de la OMC.

Por su parte, Blanca Rubio escribesobre el papel de la agricultura comobase material de la industria; el vín-culo de dominio industria-agricultu-ra durante la postguerra; el auge de

la agroindustria productiva trasna-cional, y la etapa del último auge dela vía campesina.

En el apartado Respuesta de actoresse presentan tres trabajos. LuisLlambí trata sobre los retos teóricosde la sociología rural latinoamerica-na; los procesos de reestructuraciónrural en América Latina; la transfor-mación de los sistemas productivosy las decisiones de los agentes rura-les; la reforma del Estado-nación ylos procesos de redistribución delpoder político, y los procesos de

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•ESTUDIOS AGRARIOS•

cambio cultural y de redefinición delas identidades sociales.

María Cristina Renard presenta el ar-tículo “Globalización y mercados decalidad: una vía para los pequeñosproductores”; ahí aborda temas comoel complejo agroalimentario global,las estrategias de diferenciación y losmercados de calidad y la gestión dela calidad. Por su parte, EduardoMoyano nos habla sobre los proce-sos de cambio socioeconómicos, cul-turales y políticos en la sociedad ru-ral europea. También aborda lasdistintas percepciones del cambio enla sociedad rural y las respuestas enel nivel de las acciones individuales.

En el apartado Global-local: im-pactos en México se presentan cua-

tro estudios: “La regularizaciónlocal del acceso a los recursos dela globalización. Los intermedia-rios rurales en los mercados de tie-rras e información”; “El maíz enMéxico: auge y crisis en los noven-ta”; “Modelo infalible para armaruna crisis. El caso de la industriaazucarera”, y “La estrategiaagrobiotecnológica de Monsantoen México”.

Por último, en Globalización y re-forma agraria se presenta el trabajode Armando Bartra “De viejas y nue-vas reformas agrarias”, el cual pre-senta algunas de las característicasde los procesos de reforma agrariaen México, Brasil, Bolivia, Perú,Nicaragua, Cuba, África, Europa delEste, China y Vietnam.

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La tierra en Chiapas. Viejos proble-

mas nuevos.

Ascencio, Gabriel; María del Car-men García, Miguel Lisbona, Salva-dor Meza, Carolina Rivera, JesúsMorales y Daniel Villafuerte, Plazay Valdés-UNICACH, 1ª edición, Méxi-co, 376 pp.

Chiapas representa un referente obli-gado para los investigadores de lasciencias sociales, en especial paraaquellos interesados en la cuestiónagraria. Sin embargo, es justo reco-nocer que el conocimiento sobre laestructura agraria y los movimien-tos sociales por la tierra está plaga-do de lugares comunes y se encuen-tra en general ideologizado.

Por lo anterior, La tierra en Chia-pas. Viejos problemas nuevos es unlibro colectivo muy sugerente e im-portante para el entendimiento delfenómeno social sobre la tierra enese estado y los diversos proyectosque se tejen en su entorno. La es-tructura que presenta la obra es, sise le mira bien, poco ortodoxa: em-pieza con el análisis de la tierra comodiscurso para construir una perspec-tiva propia que introduce al estudiode la estructura agraria, la tenen-cia de la tierra y sus relaciones conlos factores de la producción y el de-sarrollo económico estatal y regio-

nal. De la economía y la dimensiónestructural el libro pasa a dimen-sionar la lucha por la tierra, las for-mas de organización campesina y delos propietarios, así como la de susrelaciones con el Estado, en la co-yuntura específica del levanta-miento indígena dirigido por el Ejér-cito Zapatista de LiberaciónNacional (EZLN). Para en un planoregional y de ciertas “microhis-torias”, exponer los saldos de los lla-mados Acuerdos Agrarios. Final-mente, presenta escenarios yelementos para el diseño de estrate-

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gias de desarrollo rural. Esto es, abrecon una perspectiva ideológica parapresentar los rasgos básicos de la es-tructura agraria, para volver a la po-lítica en diversas dimensiones y pla-nos; a la vez que combina el análisismacro con el estudio puntual, inclu-yendo técnicas tanto estadísticascomo cualitativas; es una obra que apesar de su complejidad se muestracoherente consigo misma y nos pre-senta la perspectiva de un equipo detrabajo multidisciplinario.

La tierra en Chiapas... ofrece congenerosidad una información funda-mental para entender la cuestiónagraria en Chiapas, las políticas eco-nómicas y su expresión local y re-gional, las luchas por la tierra y eldespliegue vivo de las organizacio-nes sociales y los nuevos actores ysujetos sociales. La estructura agra-ria es definida en atención a las re-laciones sociales básicas que le dancontenido a la tenencia de la tierra,en concreto la división entre la pro-piedad privada y la social, junto conlos cambios en la distribución de esterecurso y su distribución. Aparecenasí las relaciones de servidumbre li-gadas a las grandes propiedades, losritmos de las transformaciones agra-rias y las tendencias históricas delargo alcance asociadas al papel de lacoyuntura actual, determinadas en

gran medida por los cambios al Ar-tículo 27 constitucional, las políti-cas neoliberales y la entrada deMéxico al Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte (TLC).

El estudio se detiene particularmen-te en el binomio formado por los la-tifundios y los minifundios y el pro-ceso de reducción de la granpropiedad privada en Chiapas, detal forma que más de 60% del con-junto de su territorio actualmente espropiedad social (ejidos y comuni-dades) frente a 54% en el ámbitonacional. Los autores plantean tam-bién la importancia que tiene el pro-ceso de minifundización creciente,ligado al reparto agrario, lapulverización de las propiedadesprivadas y la evolución del uso delsuelo; así como la polarización dela estructura agraria y su transfor-mación en una estructura de des-igual distribución del recurso tierra,lo que genera una especial estrati-ficación social.

Destaca en este libro la combinaciónque logran los autores en el estudioentre tenencia y producción, a lo lar-go de las tres últimas décadas. Seplantea una “recampesinización”ante el TLC y el desarrollo de las ini-ciativas de tratados similares conCentroamérica y el Caribe, y se abo-

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na el análisis con una interesante in-formación sobre la dinámica real delmercado de tierras en general y delsector social en particular.

Pero el corazón del estudio estáconstituido por los capítulos queabordan la conflictividad agraria apartir de la insurrección indígena del1º de enero de 1994 y la respuestade los actores y los sujetos sociales,así como de las diversas instanciasgubernamentales. El incremento delas invasiones, su distribución regio-nal y por el tipo de organización, nossitúan ante un mapa muy claro deeste fenómeno más allá de su defi-nición jurídica. La presentación deun modelo para clasificar a los acto-res principales, las organizacionescampesinas y los diversos movi-

mientos de propietarios privados, asícomo el análisis de los llamados“Acuerdos Agrarios” y el estudiopormenorizado de ciertas experien-cias puntuales, nos da una visión ensu conjunto de la conflictividad so-cial en torno a la tierra y los territo-rios en Chiapas.

Finalmente, el hecho de que presen-te los escenarios posibles y las pro-puestas para una recuperación eco-nómica en el sector agropecuario queconsoliden las acciones agrarias esmuy sugerente, sobre todo en la co-yuntura actual, pero también permi-te una reflexión más de largo plazosobre el tipo de propuestas que pue-den reforzar una opción campesinaen el mercado de tierras y el desa-rrollo económico en su conjunto.

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Desafíos de la agricultura orgánica.

Laura Gómez Tovar, Manuel ÁngelGómez Cruz y Rita SchwentesiusRinderman, UACh-Mundi-Prensa,México, 1999. 224 pp.

Este libro trata acerca de un mo-vimiento que inició en nuestro paíshace 20 años, aunque se basa enconocimientos milenarios: laagricultura orgánica. Los lectoresinteresados, que bien puede sertodo el público en general, tal co-mo lo señalan los autores, encon-trarán, entre otras, respuestas acer-ca de cuál ha sido el desarrollo dela agricultura orgánica, dónde selocaliza, quiénes son los produc-tores orgánicos, cuáles son susprincipales problemas y, sobretodo, qué posibilidades hay de quela agricultura orgánica sea una realalternativa para los miles de cam-pesinos pobres, particularmente losindígenas.

Era necesario sistematizar las dife-rentes experiencias que existen deproducción de alimentos sanos, li-bres de sustancias químicas sinte-tizadas en laboratorios y con un altovalor en el mercado, fundamental-mente internacional, lo cual nos per-mitirá completar nuestros puntos devista de la realidad que se vive en elcampo mexicano.

La importancia de esta agriculturaresalta si tomamos en cuenta que enpocos años se cultivan más de 16plantas en poco menos de 55 milhectáreas, que aportan más de 70millones de dólares en divisas, pro-ducidas por 28 mil campesinos, con8.7 millones de jornales anuales en25 estados de la República.

En opinión de los autores, dos son losprincipales retos a los que invariable-mente se enfrenta la agricultura or-gánica: la certificación y la comercia-lización. El primero tiene que ver conuna especie de biocolonialismo, yaque son empresas extranjeras las quecertifican que un producto es orgáni-co, bajo criterios que ellas mismasestablecen. La segunda es indispen-sable para el éxito de tal práctica.

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