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El Estado posdictatorial

1983-2001

Contexto Internacional

La segunda mitad de la década de 1980 presenta como señal distintiva la reafirmación creciente del

poderío y prestigio del capitalismo central, frente a una Europa socialista en crisis, la crisis de la

Deuda Externa en los países periféricos y los esfuerzos de reconversión de los países

dependientes. Con la caída del Muro de Berlín (1989) y la posterior disolución de la URSS (1991),

EE.UU quedaba como única superpotencia militar luego de la Guerra Fría. La nueva economía

mundial tendría un crecimiento más pausado. Por ejemplo, en 1980, la producción de bienes y

servicios industriales redujo 2.5 % su tasa de crecimiento (Guerra Borges, 1993).

El nuevo orden mundial empezaba a caracterizarse según Guerra Borges (1993), por dos procesos:

la globalización y la regionalización. Si por un lado “todos estamos conectados en una gran aldea

global”, por el otro lado, resulta evidente la formación de tres bloques regionales hegemónicos: 1)

Estados Unidos-Canadá, 2) Europa y 3) Asia Oriental. Y si bien para algunos autores estos dos

fenómenos son antagónicos, para otros, los bloques se contraponen en la competencia por el

liderazgo mundial, pero al mismo tiempo, tienen múltiples entrelazamientos en el campo de la

inversión y la tecnología.

En general, las décadas del ’80 y del ’90 son el momento de la ruptura con la forma de desarrollo

social y económico que supone al Estado como factor principal de ese crecimiento. La crisis del

Estado acompañada con la del petróleo habría de producir un decrecimiento económico y un

aumento del desempleo y la inflación. Esto dio pié a que las teorías económicas clásicas que se

habían visto ocultadas por el éxito del Estado de Bienestar resurjan con ímpetu a justificar la

reforma del Estado y las políticas económicas.

En América Latina, “las transiciones de la dictadura a la democracia fueron parte de un proceso

generalizado en la región a partir de 1978/1979. Desde entonces han transcurrido poco más de

treinta años, lapso durante el cual América Latina ha sostenido una singular etapa, sin precedentes,

de continuidad jurídico política del régimen democrático. Incluso, en aquellos países que en los

años sesenta y setenta no tuvieron regímenes dictatoriales (México, Colombia, Venezuela y Costa

Rica), hubo significativos momentos de democratización que se sumaron a las transiciones en

curso en los otros países” (Ansaldi y Giordano, 2012)

Introducción

El proceso institucional por el que los gobiernos de facto y dictatoriales de América Latina iniciaron

una etapa de transición a un régimen democrático ha sido interpretado por el politólogo Guillermo

2

O´Donnell (1991) en una doble categoría: ha dividido las transiciones entre “pactadas” y “no

pactadas” (también llamadas “por colapso”).

Las transiciones pactadas significaron la continuidad de las estructuras, las elites y las

prácticas políticas de los regímenes autoritarios. Brasil, Uruguay y Chile fueron ejemplos en

los que los gobernantes autoritarios no sólo no fueron sancionados sino que, en algunos

casos, mantuvieron sus posiciones institucionales y sus prerrogativas.

Los resultados fueron, según Ansaldi (2007) “transiciones conservadoras pactadas”, excepto

en Bolivia y en Argentina. El caso emblemático es el de Chile, donde el general Augusto

Pinochet conservó su puesto de Comandante en Jefe y luego ocupó una senaduría vitalicia.

La transición por colapso se produce, por el contrario, luego de una derrota militar externa o

bien por una profunda crisis interna del régimen autoritario. Es el caso de Argentina, en donde

el colapso se produce, entre otros factores importantes por la derrota de los militares en la guerra

asimétrica con Gran

Bretaña, en el marco de la histórica disputa por las Islas Malvinas. Este caso se constituyó como el

ejemplo latinoamericano de una transición “no pactada”, donde las juntas militares fueron juzgadas

y condenadas, proceso que no fue lineal, que tuvo avances y retrocesos, dependiendo de la política

de los gobiernos. Hoy en día continúan en Argentina los juicios contra los genocidas.

Con el fin de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, en 1983, se produce el

primer periodo en el que los gobiernos democráticos se sucedieron formalmente mediante

elecciones consecutivas. Este período abarca de 1983 a 2011, últimas elecciones presidenciales.

En este capítulo desarrollaremos el proceso que se abre con la transición democrática en 1983 y se

cierra en diciembre de 2001 con el quiebre del estado neoliberal.

Definición

Para su estudio podemos dividir al Estado democrático posdictatorial en dos grandes etapas, la

primera con tres gobiernos: 1) periodo de transición, con el gobierno de Raúl Alfonsín, 2) período de

consolidación democrática, con el gobierno de Carlos Menem, con reelección y 3) período de crisis

y derrumbe de la democracia neoliberal, con el gobierno de De la Rúa, que no terminó su mandato.

El punto de inflexión a partir de la crisis de diciembre de 2001 abarcó varias presidencias, entre

ellas la del Dr. Eduardo Duhalde. La segunda etapa con otros tres períodos constitucionales: 4)

período de Néstor Kirchner y 5) Cristina Fernández de Kirchner con reelección.

3

A pesar de las particularidades de cada gobierno, un factor común de la primera etapa fue la

deliberada reducción o achicamiento del Estado a nivel político (descentralizando sus obligaciones

y responsabilidades al resto de las provincias), económico (consolidando la desindustrialización de

la economía, privatizando las empresas públicas, promoviendo la desregulación y liberalización de

la economía) y social (fomentando medidas tales como la flexibilización y precarización laboral,

cuyos efectos fueron un crecimiento sostenido de la pobreza y desigualdad social).

En oposición, los gobiernos de la segunda etapa transformaron el rol del Estado con políticas de

inclusión.

¿Cómo conceptualizar este largo período 1983-2001?

Hay consenso académico (Portantiero, O’Donnell, Ansaldi, Sidicaro, Mecle, etc.), acerca de que el

caso argentino es el ejemplo paradigmático de una transición “no pactada” en América Latina, no

así cuando nos referimos desde y hasta cuándo se extendió la transición. Mientras algunos autores

marcan el comienzo de la apertura hacia 1980-1981, otros, como Mazzel (2010) y Quiroga afirman

que la apertura política de Viola no dio lugar al inicio de la transición democrática. Si bien Viola

intentó una apertura controlada, ésta fracasó en noviembre de 1981, tras el golpe de palacio del

general Leopoldo Galtieri, quien insistiría en que las urnas estaban bien guardadas. Para ellos, la

democracia argentina iniciada en 1983 no es hija del diálogo político propuesto por Viola. Este fue,

pues, un intento de apertura abortado. La transición argentina, más bien, comenzó tras la derrota de

Malvinas y el fin de la presidencia de Galtieri.

Juan Carlos Portantiero (1987), por su parte, define la transición como “un proceso, extendido en el

tiempo, cuya 1) primera fase es el inicio de la descomposición del régimen autoritario, 2) la

segunda, la instalación de un régimen político democrático que se continua en un 3) tercer

momento, en el cual, en medio de fuertes tensiones, se procura consolidar el nuevo régimen”.

¿Hasta cuándo se extendió la fase de la transición y consolidación democrática, que comenzó con

el gobierno del presidente Alfonsín, en diciembre de 1983? ¿Qué hecho marca el final de la

transición en Argentina? Para Ansaldi, una democracia está consolidada cuando todos los

actores políticos importantes comprenden que no hay opciones fuera del sistema

democrático, y que apostar al golpe de Estado cívico militar ya no era una opción como en

las décadas de 1960 y 1970. Asimismo, es condición sine qua non la subordinación completa

de las Fuerzas Armadas al poder civil.

En este marco podemos afirmar que:

1) En el gobierno de Alfonsín (1983-1989) primó el factor de la transición al tiempo que existió

una débil consolidación democrática.

2) En el gobierno de Menem se consumó la transición, primando una fuerte consolidación

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democrática (de tipo neoliberal).

3) En el gobierno de De la Rúa entró en crisis la hegemonía neoliberal hasta su fractura en el

2001.

La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989)

“La transición democrática”

Sistema político

“La

modernizació

n (ilusión)

democrática”

El período que se inicia en 1983 se propuso, siguiendo a Quiroga (1995) “asegurar

la existencia de un nuevo orden institucional” recuperando la política “de la

posesión forzada de los militares” y de su extendido descrédito en el ámbito civil.

Este nuevo orden institucional democrático debía ser un “espacio público liberal”,

en el cual la figura central ya no sería la del <militante> o <guerrillero> sino la del

<ciudadano>. Existía una demanda de “orden” por parte de la sociedad, tanto

político como económico, tal es así que “los gobernantes comprendieron

(tardíamente) que el logro de la transición democrática iba a depender de la

interrelación de un proceso de reforma política y reforma económica. Sin embargo,

se vieron incapacitados para visualizar “las profundas transformaciones operadas

en el capitalismo mundial a fines de la década del ‘70”.

Meses antes de que se celebren los comicios, Alfonsín hizo pública la denuncia

de un pacto militar-sindical, entre un sector del Ejército y un sector del

peronismo enrolado en las 62 Organizaciones Sindicales. A pesar de los

desmentidos de los sectores involucrados, la denuncia del acuerdo corporativo dejó

un saldo positivo favorable al candidato radical. Con esta estrategia, Alfonsín

quebró la connivencia entre un segmento del Ejército y una franja del sindicalismo.

La denuncia fue bien recibida por la amplia mayoría de la sociedad que era proclive

a rechazar un esquema corporativo que pudiera conspirar en contra de la transición

democrática.

Las fórmulas presidenciales estaban constituidas por los partidos

5

Elecciones

1983

mayoritarios: por el justicialismo con Ítalo Luder (el mismo que firmó los

decretos de aniquilamiento de la subversión durante el gobierno de Isabel

Perón) y Raúl Alfonsín por el radicalismo.

Como bien señala Quiroga, “el discurso ético-político que acompañó a Alfonsín

durante la campaña electoral estuvo basado en dos ejes centrales: 1) la

Constitución Nacional y 2) los Derechos Humanos. Durante la campaña,

Alfonsín recitaba el Preámbulo Nacional ante miles de ciudadanos así como la

promesa de juzgar la violación de los derechos humanos”. “Se abría otra

perspectiva en la sociedad: los crímenes cometidos acabarían recibiendo

castigo”. Esta definición condicionó más tarde al gobierno radical cuando halló

dificultades para llevar adelante su promesa electoral. Como señala Claudia Hilb,

“Alfonsín había prometido demasiado”. Pero mas allá de eso, “Alfonsín había

comprendido, mejor que los políticos peronistas, que los términos de la

contradicción principal” en la Argentina de los años ochenta no eran “liberación o

dependencia” sino “democracia o dictadura” (Quiroga, 2005)

“Con la democracia se come, se educa, se cura…” fue una frase que quedó

en la historia. Para Quiroga, sin embargo, “hubiera sido más conveniente aludir al

Gobierno y no al sistema democrático y decir “con mi gobierno democrático se va a

comer, educar y curar”. Estas reservas cumplen para el autor una finalidad muy

precisa, esto es, delegar en una noción tan general y abstracta como lo es la

“democracia” una serie de obligaciones que responden a políticas de inclusión

concretas.

El significado de estas elecciones fue doble: por un lado, clausuraron el

régimen dictatorial de 1976, dando origen a un nuevo ciclo democrático y, por

el otro lado, quebraron la hegemonía electoral de cuatro décadas de

peronismo. El radicalismo apareció para la mayoría de la población como el

partido más coherente y el más competente para encontrar soluciones comunes

satisfactorias a una de las crisis mas agudas de la Argentina contemporánea. 1

El 10 de diciembre de 1983 el doctor Raúl Alfonsín asumió la presidencia del país,

poniendo fin al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una

1 La derrota electoral sumió al peronismo en una profunda crisis. No había bastado la “memoria del pueblo” para ganar

las elecciones. La derrota fue procesada por algunos seguidores de Perón, quienes comenzaron una tarea de

“renovación” para convertir al justicialismo en un partido moderno y democrático. Antonio Cafiero fue uno de los líderes

de esa corriente.

6

La asunción

dictadura de más de siete años, que tuvo como consecuencia la persecución y

desaparición de 30.000 compatriotas, la apropiación forzosa de 500 niños nacidos

en el cautiverio de sus madres y también la desaparición de miles de pequeñas y

medianas empresas industriales. Con el 52 % de los votos registrados en las

elecciones del 30 de octubre y en el marco de una gran movilización popular -en la

que además de radicales participaron militantes de otras extracciones políticas-

Raúl Alfonsín asumió como trigésimo tercer presidente constitucional de la

Argentina.

Alfonsín leyó un extenso mensaje ante la Asamblea Legislativa, luego se trasladó

en un Cadillac descubierto hasta la Casa Rosada, donde recibió de manos del

general Reynaldo Bignone –el último de los cuatro mandatarios del gobierno de

facto iniciado el 24 de marzo de 1976- los atributos de mando. Estaba rodeado

por representantes de todas las fuerzas políticas, jefes de Estado y delegaciones

de primer nivel de países extranjeros, los ex presidentes constitucionales Arturo

Frondizi y María Estela Martínez de Perón, legisladores y autoridades nacionales

electas. Desde los balcones del Cabildo, ante una multitud que coreaba su nombre

Alfonsín auguró el inicio de un período de “100 años de libertad, paz y democracia”.

¿Qué tipo de

democracia?

Hacia 1983 la democracia aparecía como un fin en sí misma. “(…) Concebida

entonces como ilusión, la democracia –sólo ella, a secas, sin adjetivos permitiría

asegurar la paz, el trabajo, la equidad, el castigo a los responsables del genocidio.

Sin embargo, a poco de andar, superada la emotividad profunda que supuso dejar

atrás la dictadura, la continuidad de las tendencias económicas impuestas durante

los años del proceso –y sus consecuencias nefastas- entre otras variables,

convirtieron la esperanza en desencanto.

Porque, si la vuelta a la democracia en la ‘primavera setentista’ se había llevado a

cabo en un contexto de movilización popular y radicalización ideológica, en 1983,

en cambio, la transición se construía sobre la derrota de los sectores populares y

sus proyectos tendientes a modificar el orden social vigente. La estrategia

brutalmente ejemplificadora del terrorismo de estado había logrado convencer a la

sociedad de la inviabilidad de sus aspiraciones de cambio, desalentando, además,

la posibilidad de reincidencia en propuestas de transformación revolucionaria”

(Garulli, 2011)

La convocatoria del presidente Alfonsín a un grupo de intelectuales prestigiosos a

participar en la reflexión de los temas significativos de la transición democrática se

puso de manifiesto en el discurso de Parque Norte. El 1° de diciembre de 1985,

Raúl Alfonsín pronunció en Parque Norte uno de los discursos más

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trascendentes de la historia argentina del siglo XX. El contenido del discurso

giró sobre tres ejes: la democracia participativa, la modernización y la ética de la

solidaridad. En sus palabras, el alfonsinismo dejó bien en claro qué debe

entenderse por democracia. No la dictadura de las mayorías, sino un sistema

caracterizado por el pluralismo, el reconocimiento del otro, la capacidad para

aceptar las diversidades y discrepancias. Para el ex presidente, democracia

era sinónimo de “tolerancia, racionalidad, respeto mutuo y búsqueda de

soluciones pacíficas a los conflictos”. La Argentina con la que él soñaba no

sería “obra de un gobierno ni de un partido”, ni podría ser “impuesta desde el

Estado”. A su concreción debían -y debemos- concurrir “todos los sectores de la

sociedad”.

Sin embargo, ¿a qué tipo de democracia se referían? En concreto, en su

proyecto de modernización política, la <democracia social> aparecía en aquel

entonces, como un elemento del pasado y como una utopía desechable (sino

desechada), casi tanto como la revolución. Empezó a ser cada vez más notorio, en

cambio, un énfasis muy fuerte en la democracia política, entendida en su forma

clásica de democracia liberal representativa, democracia formal o democracia

capitalista, en particular la reconquista de las libertades fundamentales

(derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa) y de los derechos de la

ciudadanía política. Empero, pese a tanta apelación a la democracia liberal

representativa, o capitalista, como régimen político superior, según Ansaldi

(2007) en la versión realmente existente en América Latina lo que empezó a

primar es la pobreza. Las democracia argentina, la realmente existente, en

sintonía con el resto de América Latina, ya se mostraba “pobre” en lo político

y “de pobres” en lo social. Es decir, es una democracia pobre, para un país

empobrecido.

En los comienzos de su gobierno, fomentó la participación y el resurgimiento

de las instituciones, pero ese entusiasmo que presentaba la población estaba

atado a un sin número de demandas que se necesitaba satisfacer, producto de

tantos años de dictadura militar. La mayoría que tuvieron los radicales en la

Cámara de diputados hasta 1987 se contrapesaba con la mayoría relativa de

los peronistas en el Senado. Así, los dos grandes partidos tenían en el

Congreso la posibilidad de vetarse recíprocamente. Esta situación planteaba un

problema para el gobierno, necesitado de un fuerte apoyo institucional en la

resolución de los problemas de la crisis y también para el proceso, todavía frágil,

de institucionalización de la democracia.

Los grandes apoyos se encontraban en el radicalismo (aunque siempre mantuvo

distancia con el partido durante su gobierno) y en el amplio conjunto de la civilidad

8

La apelación

a la sociedad

que directa o indirectamente lo había respaldado. El pacto entre Alfonsín y la

civilidad se selló, para Romero (1994) en la notable campaña electoral de

1983, en sus grandes actos masivos y en la fe común en la democracia como

panacea. Consciente de que allí residía su gran capital político Alfonsín siguió

utilizando esa movilización, convocándola en ocasiones a Plaza de Mayo o al

referéndum para resolver situaciones difíciles, como la resistencia del

Senado a aprobar el tratado de Beagle o el cúmulo de amenazas que se

cernía en las vísperas del Plan Austral.

Las frágiles bases de su poder residían en la coherencia y tensión de esa civilidad

que lo había consagrado presidente. Sus limitaciones pasaban por la fidelidad al

pacto inicial, construido en torno del principio del bien común, pronto corroído por

nuevos problemas económicos y políticos.

Política

Laboral

Ley sindical. El amplio margen con el que llegó al gobierno Alfonsín, lo llevó a

gobernar sin buscar acuerdos con la oposición, y en algunos casos, llevar

adelante políticas de claro enfrentamiento. Apenas once días después de

acceder a la Casa Rosada, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley

para modificar la estructura gremial argentina. La Ley de Reordenamiento

Sindical, o Ley Mucci (por el Ministro de Trabajo, Antonio Mucci) comenzó a

ser tratada en la Cámara de Diputados el 10 de febrero de 1984. Según el

proyecto de ley, se buscaba:

1) incluir a las minorías en las cúpulas sindicales,

2) renovar la totalidad de los cargos,

3) garantizar las elecciones a través de la intervención de la Justicia

Nacional Electoral,

4) separar los fondos de las obras sociales de los fondos sindicales

específicos

5) y permitir la creación de nuevas uniones u organizaciones.

6) Si bien el proyecto de ley hacía hincapié en la necesidad de democratizar la vida

sindical mediante elecciones internas controladas por la justicia, efectivizar la

representación de las minorías y permitir la creación de nuevas uniones u

organizaciones, era evidente que bajo el loable principio de la libertad sindical

se perseguía el resultado práctico de recortar en forma sensible los poderes

e influencias de los grandes sindicatos, como así también quebrar el

monopolio en la representación de los trabajadores.

Todas estas medidas fueron muy resistidas por los dirigentes gremiales al

considerarlas "un intento de avance en la organización interna de los sindicatos".

Denunciaban que Alfonsín buscaba recortar poderes a la CGT. Finalmente, el

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Senado, de mayoría peronista, rechazó el proyecto, terminando con las

esperanzas del radicalismo y sepultando los intentos alfonsinistas de democratizar

los sindicatos. 2

Huelgas. La CGT llevo a cabo 13 paros nacionales que fueron más

“políticos” que “sociales”, ya que fueron direccionados por los peronistas como

intento de obstruir la forma de accionar política del gobierno radical. En total,

durante el gobierno de Alfonsín, se llevaron a cabo alrededor de 4000 huelgas

sectoriales y 13 huelgas generales. Se produjeron además paros totales o

parciales por actividad o por empresa, huelgas de hambre, ollas populares, etc. En

general (aunque no todas) éstas fueron utilizadas como arma, para asegurar el

control de los sindicatos bajo la CGT, y para exigir aumentos salariales y mejores

condiciones laborales. El principal argumento de la CGT que encabezaba Saúl

Ubaldini contra el gobierno radical era que este se subordinaba a los

reclamos y exigencias del FMI. Lo cierto es que, efectivamente, el gobierno

de Alfonsín buscaba conseguir respaldo financiero y político de los

organismos internacionales como fuente de legitimidad para las políticas

económicas de Estado. De hecho, lograría varios acuerdos con este

organismo bajo las gestiones de Grinspun (en 1984) al tiempo que las

máximas autoridades del FMI le dieron el “visto bueno” al Plan Austral en sus

comienzos, cuya autoría pertenece a Sourrouille.

Ley 23.551. En 1987, Alfonsín terminó con su táctica de enfrentamiento con

los sindicatos, que le dificultaban el funcionamiento de la economía y de su

gestión. Como signo de este cambio de rumbo, el presidente, elaboró una nueva

ley sindical, que fue aprobada en 1988 (Ley 23.55) que fue muy bien recibida

por los sindicatos y los distintos partidos políticos. Esta ley aseguraba la

libertad sindical, en cuanto a la organización y acción de los sindicalistas y

aseguraba a los trabajadores el derecho de construir libremente y sin necesidad de

aviso previo, asociaciones sindicales, como también afiliarse a los sindicatos, no

hacerlo o desafiliarse.

Sobre el fin la dictadura militar, se decretó una autoamnistía que absolvía de

toda responsabilidad al régimen de facto. Se trataba de una política deliberada

de olvido y condonación de delitos, ya que se ordenaba eliminar todo tipo de

registro vinculado con la represión. Para Svampa (2011), se intentó borrar de este

modo los rastros que pudieran contribuir a la construcción de una memoria

2 Es interesante señalar que el siguiente gobierno radical (Alianza UCR-FREPASO), encabezado por Fernando De La

Rúa también va a verse limitado por la menor composición radical en las cámaras de senadores y diputados.

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Derechos

Humanos

colectiva y pretender que los actos de represión más sangrientos que vivió el país

no hubiesen existido. Esta ley, denominada Ley de Pacificación Nacional

respondía –como en general lo hacen las políticas de olvido- a una consigna de no

enfrentamiento entre sectores de la sociedad y llamaba a la concordia entre las

partes en disputa. Pero las FF.AA no estaban en una situación política que les

permitiera imponer las condiciones de la transición. La reticencia de amplios

sectores de la sociedad y de actores particulares como las Madres de Plaza de

Mayo hacia la Ley de Pacificación, fue suficiente para hacer declinar esta medida

que consideraba la actuación de las FF.AA como “servicios a la patria”. La

pretensión de los militares respecto de su responsabilidad en el terrorismo de

Estado era someterse al “juicio de dios y de la historia”. Debieron comparecer

ante los hombres.

CONADEP. La creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre

Desaparición de Personas), presidida por Ernesto Sábato fue fundamental

para reunir las pruebas sobre el destino de los desaparecidos, los secuestros

y las prisiones secretas, torturas y asesinatos. El “Informe Sábato”, como se

lo llamó, aunque el nombre verdadero fue Nunca Más, identificaba lo sucedido

durante el régimen militar. En este informe se plasmó la cantidad de campos de

concentración existentes, y se esclarecieron los orígenes de las víctimas y sus

trayectorias, que no las vinculaban necesariamente con la guerrilla, que los

asesinatos y secuestros resultaron ser una política deliberada por parte del

Estado incluyendo miles de militares en su accionar. En este informe se

evitó determinar responsabilidades. En cambio, especificó la cantidad de

desparecidos (8960 casos de desaparecidos forzosos durante el régimen

militar) aunque tanto Amnistía como las Asociaciones de Derechos Humanos

determinaron muchísimos casos más entre muertos y desaparecidos. Asimismo, se

difundieron detalles acerca del funcionamiento de los esquemas represivos,

documentando los secuestros, las torturas, los centros clandestinos de

detención, y los registros de las víctimas.

La teoría de los “dos demonios”. La Teoría de los dos Demonios supone que

durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) y en la etapa

anterior a ella, se dio un contexto de violencia generado por dos extremos: el

accionar del demonio guerrillero provoca la respuesta del demonio

encarnado en las Fuerzas Armadas. En este contexto de violencia quedó en el

medio toda la población civil que no formaba parte de ninguno de estos grupos y

que pasó a ser víctima inocente de los enfrentamientos que se dieron entre los dos

“demonios”.

Más o menos así puede explicarse la teoría de los dos demonios que, si bien ya

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estaba flotando en el pensamiento político argentino, quedó institucionalizada en

1984 por el escritor Ernesto Sábato. El escritor, prologó el documento Nunca

Más sentenciando que “durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada

por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema

izquierda”.

Ciertamente, esta teoría les sirvió a los militares y a los ideólogos de derecha

para justificar el accionar castrense como una “guerra sucia”

Para Bejarano (2010) “El asunto es que no hubo guerra. Hubo un genocidio.

Si el Estado es la institución que posee el monopolio de los medios de

coerción, a partir del 24 de marzo de 1976 esos medios fueron utilizados de

manera sistemática para identificar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a

miles de mujeres, hombres y niños. Todo fue sistemáticamente planificado y

ejecutado. No hubo lugar para dos demonios”

Juicio a las

Juntas

El presidente electo se había propuesto como objetivo inmediato “la

subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, al poder emanado de la

Constitución y de la voluntad popular” (Quiroga, 2005). Sin embargo, “¿Cómo

juzgar a toda una institución militar que, además de disponer del monopolio

de la fuerza, había sido durante cincuenta años el actor principal de la política

argentina?”3 La estrategia gubernamental descansaba en los siguientes tres

puntos:

1) “En función del juez natural, se preveía la jurisdicción militar como

instancia competente para juzgar los delitos cometidos durante el proceso”

2) “A fin de no inculpar a toda la institución militar por la represión

antisubversiva, se definieron tres niveles de responsabilidad: a) los que

planificaron y ejecutaron la supervisión, b) los que actuaron sin capacidad

decisoria cumpliendo órdenes y c) los que cometieron “excesos” en el

cumplimiento de las directivas superiores. Se buscaba, pues, amparar a la

amplia mayoría de los imputados por el principio de obediencia debida”

(Quiroga, 2005: 30).

3) Creación del CONADEP

Esta intención inicial del gobierno fracasó. Las cortes militares no accedieron a

3 “Han pasado muchos años y aún hoy me formulo la misma pregunta que daba vueltas en mi cabeza en aquel entonces:

más allá de las consignas bienintencionadas, ¿alguien creía y aún cree seriamente que en ese tiempo, con una

democracia que recién emergía luego de años de dictadura militar, era posible detener y juzgar a mil quinientos o dos mil

oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas?” (Raúl Alfonsín, Memoria política)

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realizar los juicios. El 22 de abril de 1985 comenzaron las audiencias del Juicio

Oral y Público a los ex miembros de las Juntas Militares que habían gobernado el

país durante la última dictadura militar. 4 Tampoco logró el Gobierno que la cámara

federal deslindara a través de sus fallos la responsabilidad de los imputados de

acuerdo a los niveles previamente establecidos. Al oficialismo sólo le

quedaba la vía legislativa. En esta dirección, tiempo más tarde eran

sancionadas las leyes de Obediencia debida (1987) y Punto Final (1986)

Nos interesa remarcar que más allá de los retrocesos y futuras concesiones

en esta materia (leyes de impunidad, indultos) el juicio a las juntas militares

de 1985 fue histórico: se realizó en un contexto político enrarecido por las

amenazas de levantamientos militares y hostigamiento al poder político.

Además, en ningún país de América Latina se llegó tan lejos como en la

Argentina, ni siquiera en los juicios de Nuremberg en Alemania. El proceso

judicial convirtió los testimonios de las víctimas y de los testigos de violaciones

graves a los derechos humanos en evidencia jurídica. Con la información

difundida a través del Informe Nunca Más (Conadep, 1984) y con lo que a partir de

ese 22 de abril se conocería por las audiencias del Juicio, la sociedad argentina

comenzó a reconocer lo ocurrido en esos años por medio de información

verosímil y legítima pudiendo tomar conciencia del horror.

Asimismo, la actuación de la justicia civil, que sentó en el “banquillo de los

acusados” a quienes habían tenido la responsabilidad máxima sobre el

destino de los argentinos, fue un símbolo elocuente de lo que entonces

constituía una aspiración: subordinar el poder militar a la autoridad civil y a

las reglas de la institucionalidad democrática, marcando la diferencia con la

situación anterior. La lucha que libraba el movimiento de derechos humanos se

volvió menos solitaria. Los debates en torno a lo que acontecía en el juicio se

multiplicaron y ocuparon espacios antes vedados en los medios de comunicación y

en las calles.

4 El fallo de la Cámara Federal dictaminó condena perpetua para Videla y Massera mientras que las condenas

para otros represores se extendieron de 4 a 25 de prisión.

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Subleva

ciones

militares

¿Quiénes eran los “carapintadas”? Fueron militares que llevaron a cabo

alzamientos entre 1987 y 1990. Se alzaron contra las fuerzas del gobierno

buscando finalizar los procesos judiciales Iniciados contra los protagonistas

del Terrorismo de Estado. Algunos fueron arrestados y condenados a prisión,

pero la mayoría no recibió castigo y los cabecillas fueron indultados por

Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento , el de Semana Santa, (15-19 de abril de 1987)

Miércoles 15. La rebelión carapintada se inicia en Córdoba, cuando el mayor

Ernesto Barreiro, refugiado en el Regimiento de Infantería, se niega a declarar

en la Justicia Federal, acusado de torturas y asesinatos en el campo La Perla.

Los rebeldes no quieren que oficiales de menor jerarquía sean citados.

Jueves 16. Se sabe que hay un levantamiento militar, miles de personas se reúnen

en la Plaza de los dos Congresos, en apoyo al presidente Raúl Alfonsín. “La

democracia no se negocia” fue la respuesta del presidente Alfonsín al tiempo que

convocaba a la Asamblea Legislativa y ordenaba sofocar el levantamiento. El

repudio social hacia los carapintadas fue unánime. Ante la irresolución del conflicto,

la CGT consideró declarar la huelga general en un claro encolumnamiento con las

instituciones de la democracia.

Viernes 17. El teniente coronel Aldo Rico y un grupo de comandos mantienen

tomada la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

La negativa de las tropas a cumplir las órdenes del presidente y reprimir a los

insurrectos se explicó como la “necesidad de evitar el derramamiento de sangre” .

La ruptura de la cadena de mandos (el presidente era el comandante en jefe de las

fuerzas armadas) puso en evidencia que la exigencia de reconocimiento por la

guerra contra la subversión no era exclusiva de los “amotinados carapintadas”.

Domingo 19. Se registra una de las mayores concentraciones populares de la

Historia argentina, con millones de personas en las plazas de todo el país.

Alfonsín se reúne en Campo de Mayo con los carapintadas y se produce una

euforia colectiva cuando dice: “La casa está en orden. Felices Pascuas”.

Producto de la presión carapintada sobre el gobierno se sanciona la Ley de

Obediencia Debida. Había sido precedida por la de Punto Final en diciembre

de 1986.Es importante señalar que estas dos leyes fueron declaradas

inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

14

gobierno de Néstor Kirchner.

Segundo alzamiento (18-19 de Enero de 1988)

Lunes 18. El ex teniente coronel Aldo Rico, prófugo de la Justicia, toma el

Regimiento IV de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes.

Martes 19. Rico se rinde junto a más de 400 carapintadas que quedan

detenidos.

Tercer alzamiento (1 de diciembre de 1988)

Jueves 1. La tercera sublevación es protagonizada por la “Agrupación Albatros” de

Prefectura Naval y conducida por el coronel Mohamed Seineldín, que toma la

Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Las leyes de

la impunidad

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, promovidas por el presidente

Alfonsín en 1987, libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses

que participaron en la represión durante la dictadura.

1) Ley de Punto Final (Diciembre de 1986)

Al año siguiente del histórico juicio a los principales jefes militares (entre los que se

encontraban el gral. Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera que fueron

condenados a cadena perpetua), los levantamientos militares promovieron que

el gobierno de Raúl Alfonsín promulgara la ley de Punto Final, cuyo espíritu

prescribía que después de un plazo de 30 días para receptar las acusaciones

contra militares en la justicia por violación de los derechos humanos, no se

aceptaría una denuncia más. En eso consiste el punto final.

2) Ley de Obediencia Debida (Junio de 1987)

Existía un gran malestar militar debido a que antes que terminaran los plazos

fijados por la ley de Punto Final, la Justicia federal dictó el procesamiento de unos

500 militares. Esto desencadenó la rebelión "carapintada" en Semana Santa

del año 1987. Ante esta presión, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de

Obediencia Debida que absolvía a los militares de rango intermedio y menor.

Así se produjo el desprocesamiento de aproximadamente 300 oficiales y

suboficiales involucrados en la represión, al considerar su subordinación a

la autoridad superior. Habían obrado cumpliendo órdenes emanadas de la

superioridad. 5

5 Algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y el destituido capitán Alfredo Astiz, personajes

paradigmáticos de las atrocidades del terrorismo de Estado.

15

Tras las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la mayor parte de las condenas

quedó invalidada. Instruidos por tal legislación, en ese mismo año el tribunal

militar de la ESMA absolvió a todos los procesados. 6

Cabe señalar que en el 2003, el Senado de la Nación promovió la

inconstitucionalidad de leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los

asesinos del proceso militar fueron condenados. Sin embargo, el retraso de

esta derogación ha perjudicado los procesamientos ya que muchos militares

murieron (por causas naturales) o bien se exiliaron. Sin embargo, la

derogación de las mismas ha tenido una fuerte repercusión política y

simbólica en la sociedad argentina

Política

exterior

Canal de Beagle. En materia de política exterior, uno de los hechos más

relevantes fue el conflicto con Chile por el Canal de Beagle. Con el gobierno

dictatorial de Augusto Pinochet (quien no veía con agrado el retorno a la

democracia en la Argentina) las relaciones fueron tensas y duras. Los

desencuentros para delimitar la línea fronteriza del canal de Beagle, casi condujo

a una guerra en 1983. La intervención del Papa Juan Pablo II, según varios

autores, fue fundamental para que no se llegara al enfrentamiento armado. En

1984 el presidente Alfonsín propuso una consulta popular, un plebiscito, para

aceptar o no el fallo de Juan Pablo II que reconocía los derechos de Chile sobre las

islas en disputa. El 82 por ciento de los votantes lo hizo por el “Sí”, avalando, de

esta manera, la futura firma del tratado de paz con Chile en el Vaticano, en octubre

de 1984.

Estrategias regionales. A principios de 1985 Alfonsín propuso al presidente

electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de integración

económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia, afrontar la

deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue recibida con

agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves falleció, pero

su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de integración.

Lo cierto es que durante el gobierno de Alfonsín, Argentina y Brasil dieron forma

6 Las Madres de Plaza de Mayo adquirieron gran protagonismo en oposición a esta determinación part icipando

activamente de marchas, y actos públicos en los que sufrieron agresiones por parte de las fuerzas policíacas. El

levantamiento en Semana Santa, la operación de Seineldín y la elección de Antonio D. Bussi como gobernador

en Tucumán, pusieron de manifiesto un contexto político en el que todavía estaba vigente la defensa de las

acciones militares.

16

a varios protocolos de integración, para sectores específicos, implementados

por su secretario de Industria y Comercio Exterior, Roberto Lavagna,

posterior ministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor

Kirchner. El proceso se completaría en marzo de 1991, ya durante las

presidencias de Fernando Collor de Mello y Carlos Menem, con la creación

del Mercosur.

Intervención del Estado en la economía

El punto nodal de la crisis que vivía la Argentina en los comienzos de la transición se encontraba en

la gravedad de la situación económica y en el problema de la deuda externa. Si en el plano

político se buscaba la modernización política, tales objetivos no podrían sustentarse sobre la base

de una economía hiperflancionaria. En concreto, en este periodo no se realizaron las reformas

estructurales económicas que eran las que, concretamente, le hubieran otorgado un marco de

estabilidad a la modernización democrática. Todo puso de manifiesto la insuficiencia de una

política que no tomó en cuenta la radical transformación de las condiciones de la economía

mundial, latinoamericana y nacional luego de 1975: el deterioro del aparato productivo y la

nueva economía sentada sobre la especulación y la deuda externa.

Crisis

económica

Aunque al principio la crisis económica pareció mucho menos urgente que

los problemas políticos, esta cuestión era extremadamente grave. Desde la

óptica de Luis A. Romero (1994), la inflación, desatada desde mediados de

1982, estaba “institucionalizada” y “todos los actores habían incorporado a

sus prácticas la incertidumbre y la especulación”. El déficit fiscal y la deuda

externa constituían la parte más visible de una economía que se encontraba

estancada desde principios de los años ’80, y que era cerrada, ineficiente y

fuertemente vulnerable en lo externo. Escaseaban los empresarios

dispuestos a arriesgar y apostar por el crecimiento y los grupos económicos

más concentrados habían bloqueado los intentos que se hicieran desde el Estado

para modificar esta situación.

Con todo, el problema que en lo inmediato repercutía en una inflación

permanente, afectaba la propia capacidad del Estado para gobernar efectivamente

la economía y la sociedad misma. Si a la distancia la necesidad de encarar

soluciones de fondo puede resultar evidente, en el momento pareció necesario

subordinarlas a las necesidades de la reconstrucción de un sistema democrático

débil y de un Estado aún más débil.

Según Carlos Acuña (1993), “El gobierno de Raúl Alfonsín concentró la toma de

decisiones de política económica a nivel del Ejecutivo, sosteniendo la necesidad de

esta concentración en el escaso margen de acción que la crisis le dejaba” (…)

17

Plan

Grinspun

(1983)

“desechó la posibilidad de coordinar con los principales actores sociales una

estrategia de cooperación y optó por la solución ‘hobbesiana’ a la crisis que

enfrentaba”. 7 Durante el primer año del gobierno radical, la política económica,

orientada por el ministro Bernardo Grinspun, se ajustó a las fórmulas dirigistas

y redistributivas clásicas. La mejora de las remuneraciones de los trabajadores,

junto con créditos ágiles a los empresarios medios, sirvió para la reactivación del

mercado interno. De corte keynesiano, Grinspun confiaba en los siguientes

postulados:

1) Que los recursos clásicos del Estado para regular el funcionamiento de

la economía (control de precios y salarios, tasa de cambio y tasa de

interés) alcanzarían para enfrentar la crisis. (En este postulado se hacía

evidente que en el diagnostico radical no se percibía el cambio de

modelo de acumulación que se había operado con la modificación de

la estructura económica llevada adelante durante el Proceso militar)

2) Que los acreedores externos tendrían “comprensión” frente a un

gobierno democrático. (Este segundo aspecto, nos habla, de alguna

manera, de cierta ingenuidad o incredulidad política pues en 1984, el

gobierno tomaría conciencia de que la “simpatía” política de la banca

internacional no se convertiría en “compresión” cuando se trataba de pagar

los intereses de la deuda). Si bien no hubo flexibilidad frente a la deuda, se

esperaba la llegada de inversiones especialmente desde Europa,

vinculadas a futuras privatizaciones.

Tal política concitó la activa oposición de

1) distintos sectores empresarios que esgrimieron las consignas del

liberalismo contra lo que denominaban populismo e intervencionismo

estatal

2) de la CGT, en este caso, oposición de raíz definidamente política.

En verdad, se trató de un “juego de pinzas” (Romero, 1994) de los dos

grandes actores corporativos, unidos para el “ataque”. La estrategia

keynesiana de Grinspun no despertaba los apoyos de ninguno de los actores

económicos (banca internacional, organizaciones empresarias y sectores

gremiales) al promediar el año con un brote inflacionario del 20% mensual.

Finalmente, en septiembre de 1984, el gobierno suscribió un acuerdo con el

FMI. En un contexto de alta inflación, el aumento de los salarios y otras medidas

7 Es decir, una resolución de conflictos que excluye la negociación y que impone la voluntad de un actor, que estaría por

encima de los intereses en pugna.

18

orientadas a reactivar la economía a través de un aumento de la demanda

agregada 8 agudizaron viejos problemas. La inflación comenzó a crecer y la

especulación financiera cobró un renovado impulso. En Abril de 1985, Alfonsín

anuncio que el país entraba en una ``economía de guerra”

1985: un año

clave

A principios de 1985, cuando la inflación ya amenazaba con desbordar en una

hiperinflación, la conflictividad se agudizó y los acreedores externos hicieron sentir

enérgicamente su disconformidad, todo terminó con un final esperado: el

presidente Alfonsín reemplazó a su ministro de economía por Juan Sourrouille. Lo

cierto es que, para Quiroga, el año 1985 fue el punto de inflexión de la política

radical. “Tal vez se podría afirmar que es la marca del surgimiento del

“alfonsinismo”, es decir, de la producción de un discurso renovador con

propuestas de modernización social que se alejaba de las concepciones

tradicionales del partido centenario”. Más allá de sus resultados finales, tres

hechos principales distinguen a este nuevo periodo clausurado en 1987: El

Plan Austral, el Consejo para la Consolidación de la Democracia (Consejo en

el cual nacerían los estudios y comisiones sobre la reforma constitucional) y

el discurso de Parque Norte.

Plan Austral

(1985)

Bernardo Grinspun fue reemplazado en febrero de 1985 por Juan Sourrouille,

quien puso en marcha un plan heterodoxo, elaborado con la más absoluta reserva

(sin conocimiento incluso del Partido Radical). Este plan fue denominado “Plan

Austral” y fue muy bien recibido por el conjunto de la población. Sourrouille era un

técnico recientemente acercado al radicalismo y que habría de perdurar casi hasta

el final del gobierno.

El objetivo del plan era superar la coyuntura adversa y estabilizar la economía

en el corto plazo, de modo de crear las condiciones para poder proyectar

transformaciones más profundas, de reforma o de crecimiento (que no estaban

especificadas). Pero lo urgente era detener la inflación.

Medidas principales

1. Se congelaron simultáneamente precios, salarios y tarifas de servicios

públicos,

2. se regularon los cambios y tasas de interés,

3. se suprimió la emisión monetaria para equilibrar el déficit fiscal y se

eliminaron los mecanismos de indexación.

4. Por último, símbolo del inicio de la nueva etapa, se cambiaba la moneda y el

peso era reemplazado por el austral.

8 Demanda agregada: consumo más inversiones más exportaciones en una economía abierta.

19

Logros iniciales del Plan Austral

El plan se sustentaba en su capacidad para suscitar apoyo en la sociedad.

Rápidamente logró frenar la inflación y así se ganó ese apoyo general, para lo

cual fue decisivo que el plan no afectara específicamente a ningún sector de la

sociedad. No hubo caída de la actividad ni desocupación, y tampoco se afectó

a los sectores empresarios, incluyendo a los que amedrentaban al Estado. Los

acreedores externos se sentían tranquilos por la manifiesta intención del

gobierno de cumplir los compromisos, por la augurada mejora de las finanzas

estatales y sobre todo, porque el plan había recibido un firme apoyo, tanto del

gobierno norteamericano, como de las principales instituciones económicas

internacionales.

Se trataba del “plan de todos”, quizás, como dice Romero (1994) “la más pura de

las realizaciones de la ilusión democrática: entre todos, con solidaridad y sin

dolor pueden solucionarse los problemas más complejos”.

Según Carlos Acuña (1993), “El segundo semestre de 1985 pareció mostrar una

Argentina que rompía con su pasado: se controlaba la inflación y los militares

estaban siendo juzgados por sus crímenes.” El nivel de aceptación social se

manifestó en la victoria del partido gobernante en las elecciones de diputados en

septiembre de 1985. La crisis no estaba, sin embargo, superada. En ese clima de

éxito, completa Acuña, “el gobierno no consideró peligroso para el carácter

democrático del régimen comenzar a hablar de la constitución del ‘tercer

movimiento histórico’, hegemónico y mayoritario como en su momento lo habían

sido el Yrigoyenismo y el Peronismo”.

La vuelta de la inflación

Pero la satisfacción duró poco. Ya desde fines de 1985 se advirtió la vuelta

incipiente de la inflación, que el gobierno debió reconocer en abril de 1986, con un

“sinceramiento” y un ajuste parcial. El Plan austral se había mostrado exitoso en

contener la inflación dentro de un esquema de congelamiento. El dilema era cómo

salir de éste sin reproducir las condiciones inflacionarias.

La reaparición tan rápida de los viejos problemas indicaba que, en el fondo, no se

habían afrontado las cuestiones estructurales. Por ejemplo, renacieron las pujas

corporativas las cuales realimentaron a su vez la inflación: la CGT,

embanderada contra el congelamiento salarial, que afectaba sobre todo a los

empleados estatales, y los empresarios, liderados por los productores rurales,

que se movilizaron contra el congelamiento de precios. Ambos coincidían en

un reclamo común contra el Estado. El plan, eficaz para la estabilización rápida,

no preveía cambiar las condiciones de fondo, o intentaba hacerlo con ajustes que

no supusieran ni dólares ni conflictos.

A medida que se hacía más clara la necesidad de encarar soluciones de fondo, el

20

gobierno radical descubría que sus bases de apoyo eran más débiles. Quizás por

eso, a principios de 1987, cuando se volvía a agudizar la conflictividad social,

el gobierno decidió recostarse en los grandes grupos corporativos a los que

en un primer momento había acusado y combatido: el sindicalismo acordó

con la nueva ley sindical y un grupo de funcionarios de las grandes

empresas, por ejemplo, fue convocado para dirigir las principales empresas

públicas. Como afirma Romero (1994) “se renunciaba así a la ambición de

controlar las corporaciones, se cerraba la ilusión del predominio del interés

público y volvían a dominar los intereses particulares de los distintos sectores

de la sociedad, y entre ellos, naturalmente, los de los más poderosos”. La

reconciliación de los dos grandes sectores corporativos del país (CGT Y

CCE) supuso un fuerte deterioro del gobierno radical ante la sociedad entera. De

aquí en más, la inestabilidad y la sensación de falta de gobernabilidad fueron

crecientes.

Plan

Primavera

1988

En agosto de 1988, el gobierno lanzó un nuevo plan económico, que

denominó “Plan Primavera”, con el propósito de llegar a las elecciones con la

inflación controlada, pero sin realizar ajustes que pudieran restarle apoyo civil. Al

congelamiento de precios, salarios y tarifas, se agregó la declarada intención de

reducir el déficit estatal, condición para lograr el indispensable apoyo de los

acreedores externos. A diferencia del Plan Austral, el Plan Primavera marchó de

entrada con dificultades: la predisposición de los distintos actores a mantener el

congelamiento de precios fue escasa, los ajustes en los gastos fiscales fueron

resistidos, la negociación con las principales entidades externas marchó muy

lentamente y los fondos prometidos llegaron con cuentagotas. En cambio, sí

llegaron capitales especulativos.

La crisis

“hiper-

inflacionaria”

1989

Se trató, en suma, de una situación explosiva que reposaba exclusivamente sobre

la confianza existente en la capacidad del gobierno para mantener la paridad

cambiaria. Por entonces, Domingo Cavallo, un economista financiado por la

Fundación Mediterránea, había recomendado al Banco Mundial y al Fondo

Monetario Internacional que limitaran sus créditos al gobierno argentino.

Cuando ambas instituciones anunciaron que no lo seguirían respaldando,

todo el edificio se derrumbó. En febrero de 1989, el gobierno anunció la

devaluación del peso (devorando las fortunas o los ahorros de quienes no

supieron retirarse a tiempo), y se inició un periodo en que el dólar y los

precios subieron vertiginosamente y la economía entró en descontrol. Luego

de largos períodos de alta inflación, había llegado la hiperinflación, que destruyó el

valor del salario y la moneda misma, afectando también la producción y la

circulación de bienes.

La hiperinflación se disparó en mayo de 1989 (cuando el Índice de Precios al

Consumidor superó el 50% mensual) y alcanzó casi el 200 por ciento en julio

21

(cuando Alfonsín entregó el poder anticipadamente al presidente electo Carlos

Menem), produciendo saqueos a supermercados y fantasmas sobre posibles

golpes de Estado. El saldo fue de catorce muertos, ochenta heridos y más de 600

detenidos. En una columna de opinión de Clarín, una ciudadana común

manifestaba lo siguiente:

“La sensación de que todo se iba al carajo de nuevo se unía a la

incertidumbre de cocinar con lo que había y tratar de que los

australes valiesen algo al llegar la noche. Enormes en su

ineficacia, los australes tenían la pinta de un Titanic, grandes y

peligrosos, hundiéndose irremediablemente y arrastrando un Plan

económico que jamás terminé de entender del todo”

Según Daniel Muchnik (2004), “La hiperinflación abrió un surco profundo en la

mentalidad colectiva: angustia, impotencia y búsqueda desesperada de soluciones

que alivianaran tan pesada carga”. 9 En concreto, la hiperinflación fue el

detonante que llevó a un “adelantamiento en la entrega de la Presidencia por

parte de Raúl Alfonsín”, allanando el terreno para profundas reformas

estructurales en un contexto mundial donde “la bipolaridad se desvanecía

tras la caída del Muro de Berlín y el derrape estruendoso de toda la Europa

Oriental adscripta al comunismo. Estados Unidos había entrado con Clinton en un

buen momento económico; Japón, por causa de la especulación bursátil e

inmobiliaria, comenzaba a sumergirse en una recesión que le costaría diez años de

economía achatada, Europa se agigantaba, sobraban capitales y la intención

de valerse de las especulaciones financieras (y no las productivas) para

multiplicar los capitales” (Muchnik, 2004)

Fin del gobierno de Alfonsín

Entrega

anticipada

del poder

Dic / 1989

En diciembre de 1988 se había producido un nuevo levantamiento militar que

agravó la situación de caos y peligro de disolución social, como lo definirán

varios autores (Palermo y Torre, 1992; Palermo y Novaro, 1996; Cavarozzi,

1997). La imposibilidad de controlar la situación de crisis orgánica (Barros,

2002) que vivía el país, llevará entonces a Alfonsín a llamar a elecciones

9 Un famoso dicho que circuló por la época decía que “los australes no servían para nada, que era más barato

empapelar las paredes con australes que comprar el mismo empapelado”.

22

anticipadas.

Mientras el Plan Primavera estallaba en pedazos y se desataba la hiperinflación, el

último año de gobierno del presidente Alfonsín se iniciaba trágicamente. En la

mañana del 23 de enero de 1989, un grupo de aproximadamente 50 militantes del

Movimiento Todos por la Patria (MTP) atacó el Regimiento N° 3 del Ejército, en La

Tablada. 10

El objetivo declarado del operativo de La Tablada era frenar, antes de que se

produjera, un nuevo levantamiento carapintada que, estaban convencidos,

acabaría con el gobierno radical y extendería la represión sobre los sectores

progresistas argentinos en un nuevo baño de sangre. Luego de todo un día de

combates –no se ahorraron municiones, proyectiles, cañonazos y hasta bombas

incendiarias de fósforo-, el ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires

recuperaron el cuartel.

El saldo: un total de 39 muertos (28 guerrilleros, 11 militares y policías) y la

constatación de torturas, nuevas desapariciones –en democracia- y ejecuciones

sumarias, tal como consta en el informe de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos de la OEA (1997).

“Desde el estupor hasta la indignación, la ‘apresurada’ lectura de la masacre

abarcó por entonces a todo el espectro ideológico. ¿Dementes o voluntaristas

irresponsables? ¿Víctimas ingenuas de una acción de inteligencia del propio

gobierno radical? ¿Bienintencionados o fríos manipuladores? De alguna manera,

La Tablada reinstaló el fantasma de la ‘subversión’ y volvió a cohesionar a las

fuerzas armadas” (Garulli, 2011)

El fin del mandato de Alfonsín estaba previsto para el 10 de diciembre de 1989,

pero estas complicadas circunstancias (saqueos, hiperinflación, la sublevación

militar, la masacre de La Tablada) obligaron a adelantar las elecciones para el

14 de mayo de 1989, cuando fue consagrado Carlos Menem. A pesar de la

amarga circunstancia que significó la entrega anticipada del poder, fue “la primera

vez en la historia que un gobierno democráticamente electo transfería por la

vía democrática el poder a la oposición, aunque esto no tuvo que ver con una

democracia eficiente sino con un debilitamiento de las Fuerzas Armadas y un

cambio en la sociedad que deseaba, indefectiblemente, la continuidad de ese

10 El MTP se había formado con los desgranamientos provenientes del espectro de la izquierda revolucionaria – ERP-,

sectores independientes, militantes peronistas y del Partido Intransigente, entre otros. “La base social de la agrupación

estaba constituida, en su mayoría, por jóvenes-militantes barriales, estudiantes- atraídos por la mística revolucionaria de

los 70, una década que no habían vivido pero que no por eso dejaba de atraerlos. A partir del liderazgo de Enrique

Gorriarán Merlo, el MTP inició -¿retomó?- un camino de vanguardización” (Garulli, 2011)

23

sistema de gobierno (Fair, 2010)

Luces y

sombras de

Alfonsín

Para Hernán Fair (2010) Como todo hombre político, Alfonsín tuvo sus

aciertos y sus desaciertos, sus luces y sus sombras:

“Luces”

“Entre las luces, debemos destacar que desde antes de la llegada del Proceso,

defendió la importancia fundamental de los Derechos Humanos. En ese

contexto, fue cofundador en 1975 de la Asamblea permanente por los

Derechos Humanos y luego se opuso a la trágica Dictadura militar del

período 1976-1983. Una vez en el poder, juzgó a la cúpula militar encargada

de crímenes de lesa humanidad en un juicio que es actualmente un ejemplo a

nivel mundial. Siguiendo sus principios, se enfrentó al poder de las grandes

corporaciones (aunque después claudicó). Por un lado, no dudó en confrontar

con los sindicatos peronistas y sus intereses burocráticos corporativos a

partir del intento de la Ley de Reordenamiento Sindical (Ley Mucci). Por el

otro, se opuso, en una primera instancia, a las políticas neoliberales de la

Dictadura a partir de un plan de desarrollo neokeynesiano (Plan Grinspun).

Finalmente, se enfrentó a la corporación militar derogando la fatídica Ley de

Autoamnistía que defendía el peronismo ortodoxo liderado por Ítalo Lúder y,

en un proceso inédito y no repetido en toda América Latina e incluso en el

mundo, enjuició a los cabecillas del Golpe del ´76”.

Nos parece importante señalar también dentro del “haber” del alfonsinismo,

respecto de la sociedad civil, la sanción del divorcio vincular en junio de 1987. El

establecimiento del divorcio vincular durante el gobierno peronista -1954- había

sido uno de los argumentos de la Iglesia católica para complotar en contra del

presidente Perón. A partir del golpe de Estado en 1955 los sectores católicos

consiguieron la anulación de la ley.

Por lo tanto, reinstalar este proyecto en la agenda política a partir de la

recuperación de la democracia provocó intensos debates que se extendieron todo

el tiempo que duró el tratamiento parlamentario y desató una activa campaña

“antidivorcista” (procesiones, comunicados, admoniciones, amenazas de

excomuniones, etc). La Ley de matrimonio civil y familia y la patria potestad

compartida vinieron a resolver jurídicamente situaciones de conflicto que

atravesaban a las familias argentinas.

“Sombras”

“Entre las “sombras”, debemos señalar, en primer lugar, su imposibilidad de

acabar con el largo problema de la hiperinflación y sus sucesivos fracasos, en

ese sentido, en el campo económico y social a partir de la aplicación del Plan

Austral de 1985 y del Plan Primavera de 1988. Por otro lado, aunque siempre

había planteado los tres niveles de responsabilidad, podemos incluir también entre

24

sus (grandes) sombras las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida

(1987), que garantizaron la “impunidad” a los oficiales medios y bajos y la

firma del Pacto de Olivos de diciembre de 1993, que le permitió a Carlos

Menem (1989-1999) reformar la Constitución para ser reelegido como

Presidente poco después. En ese contexto, si la revalorización de los principios

democráticos fue positivo para terminar con el autoritarismo del Proceso, cabe

mencionar la desilusión causada por la promesa incumplida de oponerse al

“pacto sindical militar”, la utopía deshecha de garantizar que “con la

democracia se come, se cura y se educa” y la ruptura del vínculo de

representación política iniciado tras la famosa frase “La casa está en orden”, de

abril de 1987, y el posterior acuerdo con el Coronel Aldo Rico para garantizar

el “perdón” a los militares “carapintadas” que se habían sublevado contra el

orden constitucional”

--¿Qué se logró?--

De acuerdo a Quiroga (2005) “el legado principal del gobierno de Alfonsín fue el respeto a la

ley y a las instituciones, que transfirieron pacíficamente el poder. A la vez, una decisión que

dejó una impronta en su gobierno fue el histórico juicio a las juntas militares. En ese período,

atravesado por sublevaciones militares y situaciones hiperinflacionarias, los ciudadanos y dirigentes

demostraron su apego a los “valores de la vida democrática”.

--¿Qué quedó pendiente?--

En el transcurso de su mandato, Alfonsín dejó sin resolver dos temas centrales para la

estabilidad de la democracia: por un lado, 1) las reformas estructurales de la economía y, por

el otro, 2) no logró la subordinación total de las Fuerzas Armadas al poder civil, quedando

inconclusa la transición política.

Presidencia(s) de Carlos Saúl Menem (1989-1999)

La consolidación de la democracia neoliberal

¿Por qué nos referimos a este período como de “consolidación democrática”? Pues bien, tal

afirmación no quiere decir que la democracia que se consolidó en los ’90 fuese “buena” sino que ,

como sistema político general, dejó por un lado de estar amenazada por el poder militar -los

25

indultos neutralizaron posibles sublevaciones- y por el otro, se consolidó como democracia

excluyente en un nuevo contexto neoliberal, es decir, se transformó, como sostiene Ansaldi (1997)

en una democracia “pobre” (en términos formales) para pobres (en términos sociales), claro

que con altos niveles de estabilidad y confiabilidad .

Sistema político

Elecciones y

Asunción

En las elecciones celebradas el 14 de mayo, el candidato justicialista, vencedor de

Antonio Cafiero en las internas realizadas un año antes, resultó electo como nuevo

Presidente con un 47% de los votos. Menem asumió en el poder cinco meses

antes de lo que estipulado, pronunciando un discurso en el que prometía

combatir la crisis mediante una “Revolución Productiva” que terminaría con la

especulación financiera y un “Salariazo” que consolidaría el mercado interno

(Clarín, 25/02/89, 26/02/89 y 12/05/89). Este tipo de discurso, que algunos han

denominado como populista conservador, atrajo a las masas populares,

sedientas de un liderazgo que garantizara orden político y estabilidad

económica.

Una vez en el poder, ignorando sus promesas de campaña sobre la “Revolución

Productiva” y el “Salariazo”, el electo presidente Carlos Menem se dedicó a

aplicar un plan de reformas estructurales inédito por su magnitud, alcance y

sobre todo, porque fue llevado a cabo por el partido de gobierno que había hecho

de los sectores populares y la justicia social su aspecto predominante e inalterable

(James, 1990; Torre, 1990). En ese contexto, el Presidente inició un proceso de

apertura económica, reducción del gasto público social, desregulación

comercial y liberalización financiera que impactó vastamente en la estructura

económica industrialista y en la estructura social homogénea que

caracterizaban al Estado mercado-internista de posguerra (Torrado, 1994;

García Delgado, 1994; Basualdo, 2004). Al mismo tiempo, comenzó a partir de

1990, y más aún desde 1991, un plan de privatización y concesión que incluía

a prácticamente la totalidad de las empresas que desde la época de Perón

eran propiedad del Estado. En verdad, se dio un “giro de 180 grados” en materia

económica y social.

Afirmaba por entonces Domingo Cavallo: “Menem está cambiando todo lo que hizo

Perón después de la Segunda Guerra Mundial”

26

Estallidos

inflacionarios

Según Luciana Strauss (2009), “el estallido de 1989 fue presentado por

medios de comunicación, intelectuales, políticos y centros de investigación

como un “contexto catástrofe”, un estado de guerra de todos contra todos a

partir del cual la aplicación del paquete de reformas de mercado constituía la

“única” salvación ante el caos. Lo paradójico del proceso hiperinflacionario fue que

durante la presidencia de Carlos Menem asistimos a otros dos picos de

estampida de precios domésticos (en julio de 1989 y enero de 1990) que, lejos

de ser considerados como un “contexto catástrofe”, fueron interpretados por

buena parte de los sectores dominantes locales como la oportunidad para

implementar medidas de shock (en un comienzo) o de ingresar en una nueva era

(posteriormente). Es decir, el contexto catástrofe de la era de Alfonsín se

convirtió rápidamente en un contexto de oportunidad para adoptar las

políticas neoliberales o de “refundación de la Nación” durante la era Cavallo”

Pobreza de la

democracia

¿División de poderes? Nuestro país se caracteriza históricamente por la

ausencia de mecanismos de respeto a las instituciones (Mustapic, 1984; De

Riz, 1986; De Riz y Smulovitz, 1991). Con la llegada al poder de Carlos Menem

éstos no harán sino agravarse. Además, siguiendo una tendencia que también

se advierte en otros procesos latinoamericanos postdictatoriales, “se destacó una

concentración del poder en el ejecutivo: los decretos de necesidad y

urgencia, el veto presidencial y el disciplinamiento de los legisladores

partidarios (todas medidas avaladas gracias a la imagen creada por el oficialismo

de un “país en llamas”) colocaron al presidente en el centro de la escena política

debilitando el Parlamento. De hecho, el Poder Ejecutivo presentaba al Legislativo

como una institución que entorpecía su accionar”. (Mecle, 1998)

Asimismo, “el control de la Corte Suprema también se presentó como

estratégico e indispensable para el proyecto presidencial y personalista. En

esta dirección, la aprobación de la ley de ampliación de la Corte a nueve ministros

se obtuvo en el primer año del mandato configurando este hecho, histórico

para la sociedad argentina, un dato significativo en el pensamiento político

contemporáneo.” (Mecle, 1998:114). En definitiva, el poder ejecutivo buscó 1)

desplazar al legislativo y 2) subordinar al judicial.

Respecto de la caracterización del régimen democrático puede advertirse lo que Guillermo O’Donnell (1994) denomina “democracia delegativa”: “(…) El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso el presidente no ha sido autorizado para gobernar como él (o ella) estime conveniente? Debido a que a esta figura paternal le corresponde encargarse de toda la nación, su base política debe ser un movimiento; la supuestamente vibrante superación del faccionalismo y de los conflictos asociados a los partidos. Generalmente, en las DDs [Democracias

27

Delegativas] los candidatos presidenciales ganadores se sitúan a sí mismos tanto sobre los partidos políticos como sobre los intereses organizados. ¿Cómo podría ser de otro modo para alguien que afirma encarnar la totalidad de la nación? De acuerdo con esta visión, otras instituciones —por ejemplo, los tribunales de justicia y el poder legislativo— constituyen estorbos que acompañan a las ventajas a nivel nacional e internacional de ser un presidente democráticamente elegido. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente.”

Prácticas de corrupción. Pueden constatarse durante el gobierno de Menem

índices de corrupción nunca antes vistos en la historia reciente. En efecto, el

Presidente y su círculo más intimo se verá “manchado” por infinidad de casos de

corrupción durante sus diez años en el poder (O´Donnell, 1992, 1997, 1998), no

harán sino potenciar la degradación institucional, dejando al Congreso sin su

razón de ser y fomentando un rechazo hacia los partidos políticos y las

instituciones representativas en general (Yannuzzi, 1995; Quiroga, 2005).

El indulto a

los militares

1990

El tema militar es otro de los grandes problemas pendientes de resolución

heredado de la transición. La estrategia del gobierno para enfrentarlo generó

fuertes críticas del conjunto de la sociedad en general, y de los organismos de

derechos humanos en particular. La situación de tensión tenía claros antecedentes:

Alfonsín había juzgado y condenado a las juntas militares por la comisión de delitos

de lesa humanidad. Sin embargo, las leyes de impunidad (Punto Final y

Obediencia Debida, sancionadas luego del levantamiento carapintada de Semana

Santa de 1987) habían dejado en libertad a cientos de efectivos que se escudaron

en el cumplimiento de órdenes emanadas de la superioridad.

Con el argumento de la necesidad de reconciliación nacional y pacificación, en

diciembre de 1989 Menem firmó el primer decreto de indulto que benefició a 216

militares y 64 civiles.

A pesar de las masivas movilizaciones en contra, en diciembre de 1990 firmó el

segundo decreto, con el que perdonó a los ex comandantes Jorge Rafael Videla,

Emilio Massera, Orlando R. Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini,

anulando de esta manera las condenas recibidas en 1985. Absolviendo también a

ex dirigentes montoneros como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto

Perdía, entre otros guerrilleros, el presidente aplicaba así la “teoría de los dos

demonios. 11

El perdón favoreció a alrededor de 1.200 personas, entre una inmensa mayoría

de represores, líderes guerrilleros (algunos de los cuales rechazaron el indulto

11 Según el prólogo del informe de la CONADEP, la existencia de dos bandos contendientes, igualmente violentos e

igualmente responsables, frente a una sociedad simplemente espectadora.

28

por no estar de acuerdo con la condena que se les imputaba) y hasta gente

investigada por delitos comunes.

Cabe señalar que recién en el 2005, la Corte Suprema, fundándose en la

imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, declaró la

inconstitucionalidad de los indultos con que el ex presidente Carlos Menem

había beneficiado a altos jefes y demás cadena de responsabilidades de la última

dictadura cívico militar.

Cuarta

sublevación

militar

1990

Mohamed A. Seineldín, que estaba bajo arresto militar, planeó una rebelión

que se materializó el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente

injerencia del poder político en la cúpula militar ya que, al mismo tiempo que

otorgaba el “perdón” –por los crímenes del pasado-, el gobierno apoyaba la

decisión del Estado Mayor de castigar duramente a los jefes carapintadas,

buscando aislarlos por completo del resto de la fuerza.12 Esta vez, a diferencia de

lo ocurrido en tiempos de Alfonsín, las Fuerzas Armadas sofocaron violentamente

la rebelión de los carapintadas recomponiendo la cadena de mandos. El saldo del

cuarto alzamiento Carapintada fue de trece fallecidos de los cuales cinco eran

civiles y decenas de heridos. Sería la última sublevación militar en

democracia.

Un drástico recorte presupuestario completó la neutralización de las fuerzas

armadas como factor disruptivo del orden democrático.

Reforma

constituciona

Como sostuvimos en trabajos anteriores (Mecle 1998), a partir del pensamiento

del profesor Juan Carlos Agulla, “la Constitución es el andamiaje político-

jurídico que sostiene a las sociedades nacionales (…) la que organiza la

estructura de dominación y, en especial, la estructura de poder”. En segundo

lugar, la de 1994 se trató de una reforma y no de una nueva constitución porque

permaneció vigente el tronco histórico de la constitución fundacional de 1853-1860.

¿Cuáles fueron los motivos de la reforma del ’94? Para Natale (1995), la

reelección presidencial fue históricamente una idea reñida con el

constitucionalismo argentino. La Constitución Nacional de 1853 la excluyó

expresamente en función del rechazo causado por las sucesivas reelecciones

de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Sin embargo,

Menem jamás ocultó su voluntad reeleccionista. Inclusive en 1985 había

apoyado la idea sustentada por los seguidores de Alfonsín, contrariando la

12 Un grupo de poco más de cincuenta militares ocupó el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento I de

Infantería, la fábrica de tanques Tamse, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, sólo

exigían la remoción del generalato del Ejército Argentino.

29

l

1994

voluntad oficial del Partido Justicialista que para aquel entonces estaba en la

oposición y cuestionaba la reforma.

En 1993, con el aliento devenido de las transformaciones económicas operadas en

la Argentina desde 1989, se lanzó nuevamente la idea de reformar la

Constitución para establecer la reelección. El justicialismo, partido de gobierno,

tenía mayoría en el Senado pero no podía reunir los dos tercios en la Cámara

de Diputados, donde el radicalismo de Alfonsín era la primera minoría. En tales

condiciones parecía imposible que pudiera haber reforma constitucional y, por

ende, reelección presidencial.

“Pero la sorpresa invadió el país cuando en diciembre de 1993 se conoció que los

doctores Carlos Menem y Raúl Alfonsín, jefes de ambos partidos de gobierno

y oposición, habían acordado, en lo que después pasó a conocerse como

Pacto de Olivos (por la ciudad vecina a la Capital Federal donde, además de tener

su sede la residencia presidencial, se habían entrevistado los dos líderes),

promover una reforma de fondo de la Constitución en la que, aparentemente,

Menem accedía a la posibilidad de la reelección al tiempo que Alfonsín

lograba limitar los poderes presidenciales. <Aparentemente>, porque como se

demostrará más adelante la reelección realmente se concretó, pero el poder

presidencial no se atenuó sino que, por el contrario, fue fortalecido” (Mecle, 1998)

Reforma

educativa

La Reforma del Estado impulsada por los organismos internacionales se

expresó también en la Reforma Educativa, como sostienen Carril, Marrone y

Tejara (2008). En el año 1992 se sancionó la Ley de Transferencia (Nº

24.049) por la cual se transfirieron las escuelas preprimarias, medias y

terciarias de la Nación a las provincias.

La transferencia de establecimientos educativos fue una política de los

organismos internacionales que obedecía a una doble lógica. Por un lado

financiera y por otro política. La lógica financiera tuvo un discurso expreso. A fin

de que Argentina garantizara el pago de la deuda externa, la firma del Plan

Brady con el FMI en el año 91, exigía la reducción de gastos mediante la

transferencia de servicios educativos y de salud a las provincias. Desde el plano

político se pretendía desarticular las luchas docentes. Los reclamos docentes

y estudiantiles por más presupuesto, salarios, etc., se traducían en

enfrentamientos directamente políticos contra los estados nacionales. En

este contexto, la descentralización apareció como una forma de

descomprimir estos enfrentamientos.

Los gobiernos provinciales debieron afrontar una difícil situación ya que

30

carecían de fondos suficientes para sostener los niveles educativos transferidos. Es decir, se transfirieron las responsabilidades pero no asi los recursos económicos para solventar la educación. Esta situación servirá de base para promulgar más adelante un nuevo artículo en la constitución reformada del ’94, según el cual no puede haber transferencia de servicios sin el presupuesto correspondiente: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.”(Constitución Nacional de la República Argentina, Artículo 75, enciso 2)

La Ley Federal de Educación (1992) establecía que el sistema nacional de

educación estaba constituido tanto por las instituciones privadas como por las

estatales siendo la única diferencia la gestión. Las escuelas privadas tendrían a

partir de ahora derecho a formular planes y programas de estudio, otorgar títulos

reconocidos y a recibir aportes monetarios provenientes de fondos públicos. Así,

quedaba definido un rol subsidiario del Estado en materia educativa.

Y si bien en los hechos durante el gobierno de Perón en 1947 la ley de Educación

particular Nº 13.047 ya había avanzado en el reconocimiento de la educación

privada mediante la instauración del régimen de subsidios a las mismas, lo

establecía como aspecto marginal al sistema y con el fin de garantizar el derecho

de los trabajadores de la educación a recibir su salario. La LFE, en cambio, fue

punto de apoyo para una avanzada de las escuelas privadas y se estructuró

alrededor de los conceptos de calidad, eficiencia y equidad. Terminó

produciendo la fragmentación y heterogeneización del sistema educativo argentino,

en correspondencia con la fragmentación y polarización social que generaba el

modelo económico.

Mercosur

De acuerdo a Mecle (1998), “en la búsqueda de una nueva estrategia de

desarrollo es donde debe situarse la construcción del MERCOSUR” en 1991:

un espacio de integración regional conformados por Argentina, Brasil, Paraguay y

Uruguay”. Una vez lograda la estabilidad interna, el gobierno de Menem se lanzó

de lleno a ampliar el mercado externo y lograr un perfil internacional más

destacado. En verdad, los orígenes de esta alianza regional deben buscarse en la

presidencia de Alfonsín. Como cuarto bloque económico mundial, el Mercosur

tiene un eje constituido por Argentina y Brasil. Ellos son los principales

participantes del mercado común. Sin embargo, mantienen una relación desigual.

Para Touraine, el Mercosur conlleva la construcción no de una nación

económica y política del Cono Sur, sino de la condición regional de acceso

del Brasil al rango de potencia mundial”. (Mecle, 1998: 120)

31

Participación

en los

conflictos

internacional

es

Guerra del

Golfo

Entre el 2 de agosto de 1990 y el 28 de febrero de 1991 el mundo se vio

sacudido por la Guerra del Golfo, que comenzó con la invasión de una

coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por

Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y anexión

iraquí del Estado de Kuwait.13 Menem se sometió a todos los pedidos de EEUU

a cambio de ayuda financiera y apoyo para sus reformas económicas. La

consecuencia de esta sumisión total fue una pérdida de autonomía con respecto a

la política exterior y doméstica. En esta dirección, tras la decisión presidencial de

participar en la Guerra del Golfo, adoptada en agosto de 1990 (en concreto, se

enviaron dos buques de guerra), los vínculos entre Argentina y Estados Unidos

ingresaron al paradigma de "relaciones especiales” o “carnales".

Menem rompía con la tradicional Tercera Posición y el no alineamiento

característicos del peronismo.

“En el nuevo gobierno argentino, el ocaso de la ‘bipolaridad’ se abordó desde una

política exterior subordinada al ganador planetario, que se sintetizó en la grosera

metáfora de las ‘relaciones carnales’ para aludir, más que a un vínculo bilateral

entre dos países soberanos, al sometimiento y claudicación de uno –la Argentina

‘de rodillas’- al otro, los Estados Unidos”. (Garulli,2011)

Reelección

“Los argentinos quieren seguir con este modelo"; decía Carlos Menem en

mayo de 1995, antes de la primera reelección de la democracia post dictadura.14

Como reacción al “pacto del bipartidismo”, había nacido el Frente Grande, luego

FREPASO. En ese espacio político confluyeron peronistas históricos y radicales

disidentes, sectores independientes, de la democracia cristiana y del socialismo.

Con José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez como candidatos a presidente

y vice, respectivamente, el Frente País Solidario se constituyó como segunda

13 Aunque estos fueron los propósitos declarados, de acuerdo con Pedro Brieger, la guerra contra Irak fue el producto de una conjunción de 4 hechos: 1. La visión imperial norteamericana del Medio Oriente. 2. El acceso al petróleo iraquí. 3. El control estratégico del Medio Oriente, 4. La necesidad de debilitar a la Unión Europea.

14 ¿Cómo había sido el clima previo a los comicios y aquel festejo menemista? En verdad, la campaña no había subido demasiado la temperatura. No obstante, los vaivenes de las encuestas acercaban y alejaban la posibilidad del ballotage y eso introducía el suspenso. Tras la reforma constitucional, para ganar en primera vuelta, Menem debía conseguir más de 45% o superar los 40% y mantener una diferencia de más de 10 puntos con el segundo. Con ese clima, mencionar un ballotage era visto como una herejía en la Casa Rosada. Finalmente, el resultado de las urnas fue contundente y superó los pronósticos: Menem ganó con el 49% (cifra mayor a la conseguida en su primer triunfo) y aventajó por casi 20 puntos a la fórmula de Bordón, que no pudo llegar al 30%.

32

(1995-1999) fuerza política a nivel nacional en las elecciones generales de 1995 en las que

volvió a imponerse Carlos Menem. El recuerdo de la crisis de gobernabilidad del 89

y la salida anticipada del gobierno, sumado al debilitamiento de su rol de partido

opositor llevaron al radicalismo a la peor elección de su historia (17 %).

El Modelo económico

El legado de

la dictadura

del ‘76

La política económica implementada por la dictadura militar a partir de marzo

de 1976 vino a poner fin a la etapa conocida como de Industrialización por

Sustitución de Importaciones (ISI). Se inició así un largo ciclo signado por el

retroceso de la producción de manufacturas destinadas al mercado interno. Desde

entonces, las medidas instrumentadas por los sucesivos gobiernos fueron variadas

y abarcaron todas las esferas de la acción estatal. No obstante, es posible señalar

un factor común que -con variable intensidad- se sostuvo a lo largo de casi tres

décadas y orientó de un modo u otro los distintos programas: el sistemático

repliegue del Estado en materia de planificación, control y gestión directa de

la economía.

Las reformas

estructurales

1989-1991

Si bien es cierto que las primeras reformas estructurales comenzaron a

implementarse durante la última dictadura (Mecle, 2010), no es menos cierto que

fracasaron en refundar nuevas bases económico-estatales en la sociedad y en la

política argentina. En esta dirección, no serán sino las políticas económicas de la

década de 1990 la expresión más acabada y la verdadera culminación del

“proyecto desindustrializador” neoliberal. La crisis hiperinflacionaria constituyó el

contexto que permitió ejecutar una serie de reformas con un efecto concreto: la

retirada del Estado.

Estas reformas pueden resumirse en las siguientes:

1) la apertura comercial y financiera, gracias a la reducción de las barreras

arancelarias, promovió un ingreso masivo de inversiones extranjeras y un

proceso de importación de productos tecnológicos que, junto al incremento

de las tasas de interés, terminó generando un proceso de creciente

desindustrialización. Se produjo una marcada emigración de obreros

calificados, de técnicos y profesionales, quienes no tenían cabida en una

economía primarizada en un contexto de deterioro mundial de los términos

de intercambio y con crecimiento del sector servicios. Esta emigración de

trabajo calificado sería una nueva forma de privatización y des-

nacionalización: la del conocimiento.

2) las políticas de flexibilización laboral, realizadas con el pretexto de

33

reducir costos y aumentar la productividad, terminaron pauperizando a

vastos contingentes sociales.

3) el proceso de privatización de las empresas públicas, iniciado en

octubre de 1990 con los “casos líderes” de Aerolíneas Argentinas y ENTEL

(Thwaites Rey, 1993), y profundizado al extremo a partir del régimen de

paridad cambiaria de abril de 1991, acabó promoviendo un crecimiento

descomunal de los índices de desocupación, subocupación y pobreza.

4) La desregulación de todos los campos de la actividad productiva

local en el contexto de una indiscriminada apertura de la economía al

mercado mundial, dio lugar a una libertad sin precedentes tanto para el

tránsito de bienes cómo para los flujos financieros internacionales.

En términos generales, el proceso de ajuste, apertura, liberalización y

desregulación se enmarcó en una tendencia mundial que estaba operando en

esta dirección. Las economías centrales -con la Gran Bretaña de Margaret

Thatcher y los Estados Unidos de Ronald Reagan como casos paradigmáticos-

pusieron en marcha desde mediados de la década de 1970 un proceso de

similar espíritu anti-estatal y anti-clase trabajadora (deterioro de salarios, de

condiciones de trabajo, influencia de las organizaciones obreras en el diseño

de políticas). A partir de entonces, el denominado “Consenso de Washington”

vino precisamente a resumir las recomendaciones de política de la

crecientemente influyente doctrina conocida como neoliberalismo para los

países de América Latina después de la crisis de la deuda de los años de

1980. En esta dirección es muy sugerente el análisis que Bresser Pereira (1991)

hace al resumir los principales puntos de la propuesta del “Consenso de

Washington” en dos grupos de medidas: el primer grupo apunta a promover la

estabilización de la economía a través del ajuste fiscal y la adopción de

políticas liberales de mercado, y el segundo a reducir el Estado.

¿Alianza de

clases?

Palermo y Novaro (1996) sostienen que el menemismo comprendió que para

implementar las reformas necesitaba captar el apoyo de los actores

económicos predominantes. Y para esto adoptó el pragmatismo político y no

dudó un instante en abrazarse al mundo empresario (tal es así que poco antes de

asumir a su cargo anunció que su ministro de economía seria un ejecutivo del

grupo Bunge y Born.). Esa decisión, constituyó la principal estrategia para

hacer frente a la crisis del Estado: apuntó a la conformación de una coalición

entre un gobierno que disponía de 1) un fuerte respaldo popular y 2) del aval

de los principales empresarios.

Sin embargo, ¿puede hablarse de una “alianza de clases”? Evidentemente, los

34

hechos demuestran que lejos estuvo este periodo de parecerse a la historica

“alianza de obreros e industriales” durante los dos primeros gobiernos de Perón.

Como bien sugiere Fair (2009), “al tiempo que los trabajadores redujeron su

poder social y sus conquistas obtenidas durante el período peronista, los

grandes empresarios lograron incrementar fuertemente sus tasas de

ganancias a partir de reducir los costos laborales”. Además, durante esta

época no se beneficiaron los pequeños y medianos sino los grandes

empresarios mediante un proceso de concentración y centralización del

capital en pocas manos, formando una “comunidad de negocios” (Basualdo,

2000, 2006). Los trabajadores, en cambio, incrementaron su fragmentación y

polarización social (Torrado, 1994; Villarreal, 1996). Pero sobre todo, se llevó a

cabo una verdadera reestructuración social que potenció los índices de

desigualdad de ingresos, precarización laboral y desempleo, en clara

oposición a los niveles de homogeneidad, relativa igualdad social, derechos

sociales y pleno empleo que caracterizaron a la sociedad argentina hasta la

implementación del proyecto neoliberal.

El Plan de

Convertibilid

ad

1991

Desde el punto de vista macroeconómico, que aquí interesa resaltar, el programa

que implementó y sostuvo Carlos Menem desde la presidencia, y Domingo

Cavallo desde el Ministerio de Economía tuvo como piedra angular a la

política cambiaria. El propósito inicial del nuevo plan fue reducir la inflación y

generar un clima de confianza, sin embargo, existe un amplio consenso

académico (Raus, Torre, Castellani, Gerchunoff, Shorr, Astarita, entre otros.)

que aboga por una perspectiva menos estrecha y reconoce al Modelo de 1991

como el intento de establecer un nuevo y perdurable régimen monetario y

cambiario. Desde estos autores, no se trataría de un simple plan de

estabilización, sino que antes debería ser visto como una reforma de gran

envergadura, como lo fueron las privatizaciones, la apertura comercial, la

desregulación de la economía, etc.” (Gerchunoff; Torre, 1996: 745). Su

radicalidad, por ende, no se expresa solamente por el nuevo marco de credibilidad

que el gobierno logró gracias a la sistemática reducción de los sobreprecios en el

mercado -que en efecto fue muy importante- sino también porque la

Convertibilidad exigió darle un nuevo impulso a las reformas estructurales

previas: “si hasta 1991, las políticas de reforma emergían como ensayos

parcializados e independientes entre sí, a partir de la puesta en marcha del Plan de

Convertibilidad, las mismas asumirán nuevas formas y una mayor

profundización en su grado de aplicación y, al mismo tiempo, un estilo

mucho más orgánico, sistemático y funcional con el programa de

estabilización” (Azpiazu, 1995: 159).

El Parlamento aprobó en 1991 la Ley de Convertibilidad N° 23.928. El propósito

inmediato, como recién se mencionó, fue detener la escalada inflacionaria que en

35

1989 había hecho crecer los precios hasta rozar una estratosférica tasa del 5.000%

anual. Para frenar la suba de los precios se adoptó un régimen de tipo de cambio

fijo que ataba e igualaba la moneda local a la divisa norteamericana a razón de

un peso por dólar. Esta paridad cambiaria se sostenía, sobre todo, con las

reservas internacionales. Con estas simples reglas se buscaba terminar con las

tres causas que, según la perspectiva ortodoxa, se encontraban detrás del

incremento de los precios:

1) el descontrol en la emisión monetaria

2) los “desmedidos” aumentos salariales y

3) las expectativas de devaluación.

Lo cierto es que el paquete de medidas implementado logró su objetivo

inmediato: frenar la inflación. El éxito en la contención inflacionaria fue tan veloz

como rotundo, que obtuvo un rápido prestigio desde sus inicios. La combinación de

sobrevaluación cambiaria y apertura comercial que se extendió en el tiempo resultó

ser un ancla efectiva para los precios internos de los bienes transables, pero

también determinó un crecimiento acelerado de las importaciones, que se

quintuplicaron entre 1991 y 1994. Sin lugar a dudas, la Convertibilidad fue el

núcleo de la política de desindustrialización.

Y si en un primer comienzo, la estabilidad cambiaria y el proceso de privatizaciones

le brindaron al Estado una cantidad de capitales necesarios para mantener el

Régimen cambiario, luego quedó en evidencia que el despojo de estos

instrumentos estratégicos resultó ser un límite y obstáculo para mantener el

modelo. En efecto, se procedió a una política económica de endeudamiento

externo que aumentó la dependencia y la vulnerabilidad del país frente a los

intereses del sector financiero y organismos internacionales como el FMI y el

Banco Mundial, quedando supeditado el desarrollo nacional a los ingresos de

capitales foráneos y también a las decisiones de las matrices centrales de

aquellas firmas privatizadas en manos extranjeras. Creó entonces condiciones

de “volatilidad financiera” (Aronskind, 2001: 54) pero también de fragilidad

productiva, marcando un progresivo estancamiento económico o lo que es

más grave, un crecimiento sin desarrollo endógeno (Castellani, 2002) que se

tradujo por un lado, en desindustrialización y dependencia de productos e

insumos importados (el deterioro sectorial situó a la actividad en 1999 en

niveles inferiores a los registrados en 1974 (Shorr,2002: 15)-, y por el otro, en

tercerización de la economía.

Ya no se trataba de un crecimiento industrial errático, como sucedía en la dinámica

stop and go, sino de una marcada caída del producto. ¿La novedad? Ahora las

empresas y grupos financieros podían lograr altos niveles de rentabilidad y

valorización de su capital con independencia del crecimiento de la economía.

36

El consenso

social

En este aspecto es sugerente el aporte de Jorge Halperín cuando se pregunta por

el papel de las creencias en la vida política: “La idea que quiero transmitirles es que

cuando una sociedad se embarca en determinada política económica no se trata

de un hecho meramente económico. Para ir al punto, quiero decir que, aunque la

convertibilidad sólo la entienden los economistas y la mayoría de la gente solo

comprende la idea del 1 por 1 con el dólar, yo creo que no fue solamente el

gobierno de Menem y luego el de De la Rúa que compraron la formula de la

convertibilidad. Fue toda la sociedad, fuimos todos. Quiero decir que la

convertibilidad no fue simplemente una política económica. Fue una fórmula

de vida que la sociedad argentina sintió que la sustrajo del derrumbe hiper

inflacionario y le hizo vivir unos 10 años de estabilidad – que era uno de los

reclamos mas largamente sentidos -. Diez años de horizontes previsibles, de

acceso a bienes importados, de acceso para muchos a viajar por el mundo, o sea

de acceso simbólico al Primer Mundo. Todos, cada sector social, sintieron que un

tipo encontró una receta que funcionaba maravillosamente. La convertibilidad fue

una suerte de partido político con consenso general” Consenso general no significa

“todos”. Muchos grupos sociales, trabajadores, dirigentes sindicales, universitarios,

intelectuales, criticaban y manifestaban contra una política de desindustrialización

y desguace de las empresas estatales y de las instituciones de salud, de educación

y del medio ambiente, que estaba profundizando los problemas estructurales.

En su trabajo “Política y economía en la Argentina de los 90”, Carlos Acuña se

pregunta “por qué Menem pudo hacer lo que hizo”. En líneas generales, según este

autor, Menem pudo implementar una verdadera revolución neoliberal porque fue

efectivo en neutralizar la reacción de la oposición partidaria, de los sindicatos y del

empresariado afectado por el plan económico.

La alianza con el principal partido de la derecha liberal (Unión del Centro

Democrático - UCEDÉ), provocó, por un lado, una profunda crisis de identidad

peronista que se tradujo en fracturas tanto dentro del bloque de diputados como del

sector del peronismo histórico. Pero esa alianza también generó fuertes

desafiliaciones y una especie de “vaciamiento” del partido de Álvaro Alsogaray al

producirse un importante “corrimiento de la base electoral de la UCEDÉ hacia el

apoyo concreto de las políticas menemistas”. Mientras los votos provenientes del

sector liberal se dirigían al menemismo, los votos “peronistas y radicales” lo hacían

hacia opciones más contestatarias que las del partido oficial.

La respuesta sindical fue neutralizada favoreciendo las fracturas que se produjeron

hacia el interior del sindicalismo peronista entre quienes apoyaron la dirección

neoliberal por considerarla “la única salida” y los que abiertamente la cuestionaron

siendo que sus afiliados fueron los grandes perdedores del modelo. Respecto de

los grupos económicos tradicionalmente proveedores del Estado, afectados desde

37

ahora por el achicamiento de la estructura estatal, fueron invitados a participar de

las privatizaciones de empresas públicas. La democracia había dejado de ser una

amenaza para los sectores del capital.

Con el menemismo se terminó de resolver “a favor del sector capital y de la

minoría de mayores ingresos el ‘empate’ distributivo que caracterizó a la Argentina

desde los años cuarenta”.(Acuña, 1993)

“Efectos

secundarios”

de la

Convertibilid

ad

Los múltiples y supuestos “efectos secundarios” del remedio anti-inflacionario

pronto se fueron manifestando con crudeza:

La valorización financiera. Por un lado, la plaza local se convirtió en presa fácil

para el juego de los capitales especulativos: la estabilidad cambiaria combinada

con una tasa de interés comparativamente elevada reforzó el ingreso de

flujos destinados a los negocios financieros. De este modo se potenció el

sesgo de la economía hacia un perfil estructural vinculado con las finanzas,

los servicios y con la producción primaria, actividad que logró sobrevivir e incluso

expandirse gracias a las extraordinarias condiciones agroecológicas de las tierras

argentinas. Parte del empresariado local -de origen nacional y extranjero- pronto

comenzó a dedicarse a esta rentable actividad.

“Los nuevos pobres”. Desde el punto de vista social, el avance de la

desindustrialización tuvo como resultado el acusado deterioro de las

condiciones de vida de los trabajadores, el sistemático incremento del

desempleo y el aumento sin precedentes de los niveles de pobreza.

La precarización laboral. Para peor, estas tendencias fueron reforzadas por

una batería de reformas “promercado”, entre las cuales se destacan una serie

de medidas que apuntaban a flexibilizar el mercado laboral, cuya rigidez era

vista como el principal determinante del creciente desempleo que afectaba a la

población económicamente activa.

La deuda externa. Luego de haber agotado los recursos provenientes de las

privatizaciones, la creciente necesidad de dólares debió ser aplacada

mediante el exponencial crecimiento del endeudamiento externo, fenómeno

que fue posible gracias al cambio que ya se venía dando desde la década del

’70 con la crisis de sobreproducción, que habría de permitirles a los países

periféricos disponer de enormes flujos de capitales (IÑIGO CARRERA, 1998).

En términos esquemáticos, el Estado se endeudaba para obtener dólares que

luego volcaba masivamente al mercado cambiario para mantener la paridad

artificial que se había fijado. Esas divisas abaratadas eran luego apropiadas

38

por los beneficiarios del esquema y nuevamente giradas al exterior. En

consecuencia, el régimen de Convertibilidad consiguió sobrevivir durante

una década al costo de acumular fuertes desequilibrios económicos y

sociales. Sostener la sobrevaluación cambiaria significó un esfuerzo continuo y

creciente para el Estado. Especialmente hacia el final del ciclo, el sector público

recurrió asiduamente al endeudamiento externo ante el agotamiento de otros

recursos, lo que fue posible mientras las condiciones financieras internacionales lo

permitieron. No obstante, luego de una recesión de tres años, el esquema hizo

eclosión en 2001, desencadenándose así una de las crisis más profundas de

la historia argentina.

Nuevo orden

socio-laboral

La Convertibilidad no se tradujo únicamente en transformaciones económicas, en

concreto “definió un nuevo orden social y estatal en la Argentina (…)

estructurando nuevas instituciones y reglas de juego económicas, sociales,

culturales y políticas” (Raus, 1999: 2). Su aplicación venía generando una

“economía dual” (Benza, G; Calvi, G: 1994): por un lado, un proceso de

concentración económica en pocas manos y por el otro, se asistía a una

creciente marginación social. Y aunque los estratos de bajos ingresos se

beneficiaron con los valores estables de los alimentos, fueron sin embargo los más

perjudicados en términos de empleo: en 1993 comenzó a registrar una tasa de

desempleo del 10 % que aumentaría hasta llegar al 21 % en diciembre de 2001

(Beccaria, 1993).

Por otro lado, la distribución del ingreso, que había empeorado durante el

trienio recesivo 1988-1990, no mejoró en el periodo 1991-1994. En el nuevo

patrón distributivo “el segmento del 10 % mas rico de la población fue el único que

claramente aumentó su participación” (Gerchunoff; Torre, 1996: 748), emergiendo

como resultado una pauta distributiva profundamente desigual. Mas aún,

durante los dos primeros años del Plan de Convertibilidad, si bien se registró una

expansión significativa de la ocupación total y asalariada, la mayoría de los

puestos creados fueron de jornada parcial, aumentando la diferenciación de

los salarios, la subocupación e informalidad a través de contratos

precarizados y desmantelándose por ende, la estructura salarial fordista de

derechos sociales, protección y estabilidad laboral.

¿Cómo

administrar la

pobreza?

En consonancia con la nueva dinámica neoliberal, el Estado argentino fue

consolidando nuevas modalidades de intervención sobre lo social, aplicando

políticas de “contención social”, que apuntaban a incluir al excluido en tanto

excluido. Se habla en términos de “caridad” y no se pone de manifiesto cómo

erradicar este ascendente fenómeno, pues el problema pasó a ser de otro tipo:

¿cómo administrar la pobreza? En relación a este tema, Eduardo Galeano dijo una

vez que “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba”.

39

Justamente, dentro de este paradigma ideológico “caritativo” y de des-

responsabilidad del Estado, surgieron un conjunto de organismos multilaterales y

agentes sociales, entre ellos ONG, fundaciones privadas y empresas (éstas

últimas, focalizadas en la “responsabilidad social empresarial”) las cuales gozaron

de gran aceptación y legitimación social.

Segregación

social,

urbana y

educativa

Desde la perspectiva de Svampa, en los ‘90 se redefinieron los espacios de

sociabilidad y socialización. La enorme brecha de desigualdad entre un pobre

y un rico fomentó:

1) la expansión de las urbanizaciones privadas (countries).

2) la proliferación de cientos de escuelas y universidades privadas.

Es decir, si durante mucho tiempo, el modelo de integración social existente en

Argentina se asentó en la afirmación de estilos residenciales y espacios de

socialización mixtos, que apuntaban a la mezcla entre distintos sectores sociales a

través de los espacios públicos (escuelas, plazas, etc.) a partir de los 90, la nueva

dinámica excluyente puso al descubierto una notoria privatización de estos

espacios acentuando los procesos de polarización y vulnerabilidad social, todos los

cuales marcaban un “nosotros” frente a un “ellos”.

“Nuevos

pobres”

Al interior de la clase media existió una variedad de situaciones socio-

ocupacionales. Si bien ciertos sectores medios aumentaron su nivel de consumo,

grandes fracciones se vieron confinadas a un proceso de movilidad social

descendente mientras que sólo un pequeño sector de altas calificaciones

profesionales accedió a empleos de elevados ingresos. Se puede inferir que,

en términos generales, las políticas neoliberales y en concreto el modelo de

Convertibilidad, repercutieron en los sectores medios y sobre todo populares

a través de la “superposición de cuatro procesos regresivos básicos:

aumento simultáneo de la polarización, fragmentación, segmentación y

exclusión social, dando lugar a un fenómeno que Pucciarelli denomina

revolución conservadora” (Castellani; 2002: 106).

En esta “revolución conservadora”, el empobrecimiento pasó a vincularse no

sólo a la pérdida de poder adquisitivo, sino también al desempleo. A los ya

históricamente pobres (estructurales) se sumaban “nuevos pobres”. Esta

nueva pobreza tenía, por lo general, un nivel educativo y cultural típico de cualquier

familia de clase media pero revelaba, al mismo tiempo, mayor proximidad con lo

que Murmis (1992) denominó “pobres estructurales” (es decir, pobres en

términos de ingresos, características del empleo, vivienda y ausencia de cobertura

social). Entre los pobres estructurales era significativa la cantidad de obreros

40

y ex trabajadores industriales, mientras que entre los “nuevos pobres”, el

sector de empleados tenía un peso fuerte. También aparecieron trabajadores

por cuentapropia que desarrollaban sus actividades económicas de manera

independiente, tanto entre los “pobres estructurales” pero fundamentalmente entre

los sectores pauperizados.

En cambio, la explicación oficial sobre el aumento de la desocupación es tomada,

según Mecle (1998), como un efecto inevitable del proceso de globalización de la

economía, en donde la pobreza aparece naturalizada.

Conflictividad

social

Si bien algunos autores plantean que la Convertibilidad “resolvió de alguna manera

la crisis social, definida por el alto nivel de conflictividad” (Raus, 1999: 4), otros

intelectuales como Svampa (2003) y Farinetti (1999) afirman que la conflictividad

persistió, aunque revistió nuevas formas y actores sociales: los posteriores

estallidos sociales en distintas provincias del país, el declive de los sindicatos, los

cortes de ruta con la consecuente emergencia del movimiento piquetero, la

dimensión que adquiere el barrio como centro de reivindicaciones, sumado a una

intensa campaña de judicialización y criminalización del conflicto social por parte

del Estado Nacional, nos da la pauta de un cambio profundo en la composición y

organización de los sectores populares y en las nuevas estrategias (represivas)

del Estado para hacer frente a esta nueva modalidad de reclamos.

Crisis y derrumbe del Estado neoliberal: La presidencia de Fernando De la Rúa

(1999-2001)

Sistema político

Asunción

El 10 de diciembre de 1999 asumió la presidencia de Argentina el cuarto

presidente constitucional democráticamente elegido desde el retorno a la

democracia. Se trataba de un hecho excepcional en la historia política del siglo

XX; era la primera vez en que se verificaban cuatro elecciones

presidenciales consecutivas y además, por segunda vez desde el retorno a

la democracia, en 1983, se producía la alternancia del partido político en el

gobierno. El acontecimiento era una señal de la consolidación de las

instituciones y del restablecimiento del Estado de Derecho.

En la elección de 1999 se presentaron 10 fórmulas de candidatos a presidente

y vice. Los competidores centrales en la disputa presidencial fueron la

41

Dic/1999 Alianza, un frente electoral conformado por la Unión Cívica Radical y el

FrePaSo, que postuló la fórmula De la Rúa - Álvarez, y el Partido

Justicialista que postuló la fórmula Duhalde-Ortega. El resultado confirmó la

tendencia que las encuestas de opinión preanunciaban, es decir el triunfo de la

fórmula de la Alianza formada por el Partido Radical y el FrePaSo. Los

resultados permitieron a la Alianza un triunfo en la primer vuelta, al superar

el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos que exige la Constitución

Correlación de

fuerzas

Simultáneamente con la elección presidencial, se realizó la elección de

renovación parcial de la Cámara de Diputados en la mayoría de los distritos

electorales. Las elecciones de 1999, lejos de producir un escenario político

monocolor, resultaron en una distribución de poder que consagró

ganadores múltiples y diversos a nivel nacional y provincial.

El Presidente de la Rúa se enfrentó a un mapa político que incluía:

1) El Senado con mayoría del Justicialismo hasta el año 2001;

2) La Cámara de Diputados en la que los partidos que lo apoyaban -la

Alianza- constituían la primera minoría pero no tenían quórum

propio;

3) Los gobiernos de la mayoría de las provincias estaban en manos

del Justicialismo, incluyendo los tres principales distritos del país:

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe;

4) La Corte Suprema mantenía la conformación anterior con la

presencia de la llamada "mayoría automática" pro-menemista.

5) A este panorama se sumaba un sindicalismo fortalecido a través de

las últimas decisiones del Presidente Menem, que le devolvió el

manejo de los recursos económicos de las obras sociales

Se daba así, un panorama de gobierno dividido con un presidente sin

mayoría propia en el congreso, lo que ciertamente podía dificultar la

capacidad del Ejecutivo para llevar adelante aquellas políticas públicas

que requerían acción legislativa.

La Alianza era la convergencia de dos partidos, unidos en su vocación por

derrotar al menemismo, pero que no habían logrado consolidar

institucionalmente un proyecto común. Las diferencias en estilo e ideas

eran particularmente marcadas entre el presidente De la Rúa (de la UCR) y

el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez (del FrePaSo). El primero

42

La Alianza

expresaba el ala más conservadora de su partido, muchos de cuyos

dirigentes sólo lo apoyaban nominalmente. Álvarez, en cambio, había

abandonado el peronismo en 1993 para fundar el Frente Grande, un partido

de centro izquierda, progresista y con una fuerte reivindicación de la lucha

contra la corrupción y la defensa de una “nueva política.

Primeras

medidas

políticas

En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo consiguió el apoyo

necesario en el Congreso para aprobar sus principales iniciativas legislativas:

la reforma tributaria -conocida como "impuestazo"-, la ley de Reforma

Laboral -que dio origen al escándalo de las Coimas en el Senado-, el

presupuesto para el ejercicio 2000, la ley contra la evasión tributaria y la

declaración de la emergencia económico-financiera en el sector público.

La política económica encarada por el gobierno, basada en un notable aumento

de los impuestos, golpeó de lleno a la clase media argentina, en la que se

encontraba el grueso de los electores del gobierno.

La renuncia del

vicepresidente

2000

A mediados de 2000 comenzaron a circular rumores de que el gobierno habría

pagado coima a algunos Senadores para lograr la aprobación de la Ley de

Flexibilización Laboral. La tenaz resistencia a la sanción de la ley fue

encabezada por el dirigente camionero Hugo Moyano, quien no dejaba de

señalar que el “sentido de la reforma” era bajar los salarios. Efectivamente, la

reforma conculcaba los derechos adquiridos en la historia de lucha de la clase

obrera argentina. El escándalo por las coimas no tardó en repercutir en la

prensa y en el Congreso de la Nación. Acusaciones, pedidos de renuncia,

denuncias cruzadas, anónimos, comisiones de investigación, desafuero: el

Congreso era un verdadero caos. Y el gobierno terminó sospechado de haber

“comprado” favores políticos con dineros públicos.

El Vicepresidente reclamaba decisiones tajantes del gobierno, particularmente

con relación al Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, uno de los hombres

del FrePaSo en el gobierno.

Pero el Presidente De la Rúa adoptó una posición de defensa del Ministro a

quien se vinculaba con el pago de los sobornos y si bien aceptó su renuncia a

la cartera, lo designó en el cargo de Secretario General de la Presidencia, lo que

significaba colocarlo en un cargo de mayor confianza.

“El 6 de octubre de 2000 se produce un punto de inflexión en el gobierno

43

de la Alianza con la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez. Esa

renuncia significó en los hechos la ruptura de la coalición de gobierno, a

pesar de que los miembros del FrePaSo que ocupaban cargos públicos no

renunciaron y la mayoría de los legisladores de esa fuerza política siguieron

apoyando las iniciativas del gobierno en el Congreso. Desde el punto de vista

institucional, la renuncia del vicepresidente significó la pérdida de una

instancia de superación de posibles crisis como la que se produciría a

fines de 2001.”

“La figura del vicepresidente, en el esquema constitucional argentino, está

pensada como la alternativa de un recambio no traumático en caso de

acefalía presidencial. La legislación no prevee el reemplazo del vicepresidente,

de modo tal que producida su salida el cargo queda vacante. El escándalo de

los sobornos en el Senado y la sensación de que el gobierno y la clase política

en general apostaban por la impunidad en lugar de aprovechar la ocasión para

corregir prácticas corruptas, sumadas a la renuncia de Álvarez -que en el

imaginario de la mayoría representaba los valores de la ética en la política-

significaron otro golpe a la confianza de la gente en las instituciones y en

sus dirigentes. Las promesas de saneamiento de la política, de respeto de las

instituciones y de ética pública eran defraudadas una vez más”

La falta de

credibilidad

política

La política económica del gobierno de De la Rúa no encontraba un cauce

exitoso para superar la recesión y generar expectativas de recuperación. La

política de ajustes, recorte de gastos, aumento de los impuestos seguía

golpeando a la clase media. La imagen de debilidad e incapacidad del

gobierno y particularmente del presidente deterioraba día a día la confianza de

los ahorristas y de los organismos de crédito externo. Los medios

informaban a diario la evolución del “Riesgo País”, el Índice elaborado por la

Banca Morgan para medir la credibilidad de los títulos de la deuda de los países

en desarrollo. Las conversaciones sobre el riesgo país eran tan comunes como

los comentarios sobre el clima.

El descontento social era cada vez más notable y era el resultado de una

prolongada crisis económica -que se acentuaba irremediablemente- y de la

percepción de la incapacidad del presidente De la Rúa y de su gobierno para

hacer frente al desempleo y pobreza crecientes.15

15 La naturalidad y cotidianeidad de la evolución del “riesgo” país, llevaron al tema a reflejarse rápidamente en el humor político que reproducía la imagen que la ciudadanía tenía del presidente De la Rúa: una persona agobiada, cansada de

su cargo e incapaz de comprender los problemas reales que enfrentaba la sociedad en el momento.

44

El “voto bronca”

Las elecciones legislativas del 2001 se caracterizaron por el llamado “voto

bronca”, a través del cual una buena parte de la ciudadanía manifestó su enojo

con la clase política, en general, y con el gobierno en particular. Durante la

campaña electoral, los medios de prensa y algunas organizaciones ciudadanas

convocaron a la abstención, al voto en blanco o a la anulación del voto. Algunas

incluso convocaban a los ciudadanos a marchas organizadas que los llevaran a

501 km de la ciudad donde debían votar (la ley exceptúa de la obligación de

votar a quienes se encuentren a más de 500 km. del lugar de votación). El

llamado “voto bronca” fue un ganador nato en las elecciones. Sumando los

electores que se abstuvieron de votar y aquellos que votaron en blanco o

anularon su voto, el 42.67% del electorado habilitado para votar manifestó su

repudio no sólo al gobierno, sino al resto de las fuerzas políticas. Esta conducta

electoral era una manifestación contundente de la crisis de la representación

política y contribuyó, sin duda, a disminuir la legitimidad de los que resultaron

electos. En ese contexto se celebraron las elecciones legislativas.

Los resultados de aquella elección fueron desastrosos para el gobierno

que perdió a nivel nacional más de la mitad de los votos que había

obtenido 2 años antes en la elección presidencial. En 2001 se renovó no

sólo la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados, sino la totalidad del

Senado de la Nación. El gobierno quedó como segunda minoría en ambas

Cámaras.

Modelo económico

Si bien el radicalismo intentó crear una autoimagen de sí mismo como el partido que encarnaba la

renovación política tras años de corrupción menemista, no sólo no implicó un cambio en las

estructuras clientelares del Estado (sin más, recordemos el recién mencionado escándalo de las

coimas en el senado) sino que, fundamentalmente, sostuvo la Convertibilidad en el plano económico

sobre la base de pactar acuerdos con el FMI, organismo que condicionaba su apoyo a que se

instrumenten leyes de flexibilización laboral. En verdad, el Partido Radical no se proponía (¡nunca lo

hizo!) terminar con la desigualdad social, sino gobernar la pobreza con integridad moral y respeto

por las formalidades democráticas. El contexto internacional desfavorable (si antes la crisis de

sobreproducción había proporcionado enormes flujos de capital a los países periféricos, la nueva

coyuntura adoptaba la dirección opuesta: fuga de capitales y exigencia del pago de la deuda

externa), sumado a la ineptitud del gobierno radical, se convirtió en un “cóctel” letal para la economía

argentina que habría de mostrar sus efectos a fines del 2001.

El descontento social era cada vez más notable y era el resultado de una

prolongada crisis económica -que se acentuaba irremediablemente- y de la

45

La vuelta de

Cavallo

percepción de la incapacidad el presidente De la Rúa y de su gobierno para

hacer frente al desempleo y pobreza crecientes. En marzo de 2001

renunció el Ministro de Economía Machinea.

Machinea fue reemplazado por Ricardo López Murphy que haciendo honor a la

más acabada ortodoxia de mercado anunció un recorte de casi 2000 millones de

pesos del presupuesto. Casi la mitad correspondía al área educativa. “El

programa de FIEL arrasaba, sin anestesia ni compensaciones, con el

compromiso electoral que la Alianza aún mantenía en pie: el Fondo de Incentivo

Docente (Fonid). Una catarata de renuncias ‘indeclinables’, entre ellas la del

ministro de educación (…) opacó el momento estelar del ministro.” (Garulli,

2011)

Finalmente, a quince días de su asunción, López Murphy dejó el ministerio de

economía abriendo el camino al autor intelectual de la Convertibilidad para que

corrigiera los efectos de la Convertibilidad.

El resultado de la nueva crisis fue, de esta forma, la incorporación al gabinete

de Domingo Cavallo, ex ministro de Menem y padre del sistema de

convertibilidad con el que se había derrotado a la hiperinflación a

comienzos de los años 90.

Pero el momentáneo entusiasmo que había representado el nombramiento de

Cavallo al frente del Ministerio de Economía se esfumó rápidamente. El “riesgo

país” había superado ya desde hacía meses los 1000 puntos llegando a los

pocos días de su vuelta al Ministerio de Economía a los 1800 puntos, casi el

más alto del mundo para aquel momento.

Ley de

intangibilidad de

los depósitos

A fines de agosto de 2001 el congreso aprobó, a iniciativa del gobierno, la

Ley de intangibilidad de los depósitos. En síntesis, la ley ratificaba

principios elementales del Estado de Derecho: el respeto a los contratos

entre particulares y la garantía del derecho de propiedad. La ley prohibía al

gobierno que confiscara los depósitos bancarios o que cambiara las reglas

y la moneda con que habían sido pactados. Se trataba de una ley superflua

desde el punto de vista jurídico; en efecto no agregaba nada que no estuviera

ya establecido en el ordenamiento argentino. Para un observador atento, la

sanción de esta ley “innecesaria” era una luz de advertencia sobre el

peligro que corrían los depósitos. Efectivamente, la fuga de depósitos se

mantuvo invariable. Los pocos que confiaron en la palabra del gobierno y

creyeron que una ley era suficiente en Argentina para proteger los depósitos

fueron las víctimas del propio gobierno que contradijo la ley por un

46

decreto de necesidad y urgencia tres meses después, cuando se instauró

el “corralito”.

Cronología de una crisis

Diciembre de 2001

El “corralito”

3-Dic

“El corralito se implementó en la Argentina el 3 de diciembre de 2001 a través del decreto 1.570. Esta normativa, diseñada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, estableció que los ahorristas no podían retirar de los cajeros automáticos más de $250 por semana. Desde que había asumido Fernando De la Rúa, los depósitos en los bancos habían caído en 22 mil millones de dólares. El objetivo del gobierno de la Alianza era detener con esta medida la fuga de capitales y lograr que las reservas del Banco Central dejaran de caer.

El corralito terminó atrapando a los ahorristas. No todos contaban con suficiente información sobre lo que sucedía en el sistema financiero y los sectores medios fueron las principales víctimas porque no pudieron huir a tiempo. El malestar popular dio origen a los cacerolazos en distintos puntos del país.

Si bien el corralito disminuyó la fuga de capitales, impactó negativamente en la actividad económica porque paralizó las operaciones cotidianas de compra y venta. Las restricciones para retirar dinero en efectivo de los bancos recién se liberaron 1 año después, el 1 de diciembre de 2002. La medida resultó tan impopular que terminó derribando un gobierno” (Canosa, 2013)

Una respuesta de la sociedad civil fueron los “clubes del trueque”, muy visibles en tiempos del corralito, nacidos como práctica solidaria donde trabajadores desocupados o mal pagos, artesanos, amas de casa, profesionales, se integraban en una red –“nodo”- donde ofrecer sus productos o servicios y obtener a cambio la satisfacción de alguna de sus necesidades. Albañiles, plomeros, artesanos, empleadas domésticas, abogados, peluqueros, se vinculaban entre sí en una red de intercambios “trocando” la desesperación por acciones concretas.

Tensión con los

organismos

internacionales

5-Dic

El FMI decide no conceder un préstamo de 1.260 millones de dólares ante la

falta de cumplimiento de las metas fiscales de Argentina. El Banco Mundial (BM)

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelan préstamos de 1.230

millones de euros. Cavallo amplía a 1.000 pesos a la semana la cantidad de

efectivo que pueden sacar los argentinos y a 10.000, el máximo que pueden

sacar del país. Al día siguiente, el superministro admite que el país ha entrado

en una "virtual" suspensión de pagos y se traslada urgentemente a Washington

para negociar con el Fondo Monetario Internacional la concesión del préstamo.

No lo consigue. Como síntoma de la creciente inestabilidad, el 13 de diciembre

se convocaba un paro general que tuvo no sólo el acatamiento de los sectores

47

obreros, sino también de buena parte del comercio

Saqueos

"El gobierno no sabe cómo salir del caos y la anarquía, o el presidente cambia, o habrá que cambiar al presidente", pronunciaba Duhalde públicamente días antes de los saqueos a comercios. El 18 de diciembre de 2001, todas las regiones del país, salvo la Patagonia, fueron golpeadas por saqueos a supermercados y comercios.16

Los asaltos a las grandes cadenas se multiplicaron en zonas del Conurbano como Avellaneda y Quilmes. Víctor Acosta lo recuerda muy bien. Él era empleado del supermercado Coto de Temperley que fue saqueado ese día:

“De un momento a otro nos dijeron que teníamos que cerrar la sucursal. Cientos de personas de la villa Santa Martha se acercaron al lugar con un rastrojero, rompieron los vidrios de la entrada e intentaron ingresar.”

“Teníamos que defender el local porque si se llevaban todo nos quedábamos sin trabajo. Mis compañeros les tiraban pesas y mancuernas a la gente para que se fuera”, relata el joven que en 2001 tenía 21 años. Como en la mayoría de las grandes cadenas, la policía llegó a tiempo y, represión mediante, liberaron el lugar”

“Sin embargo, los comercios más chicos no corrieron la misma suerte. Así lo atestigua Verónica, que como cajera del Auchán de Ciudad Evita, cuenta que la gente “corría, agarraba changuitos y se llevaba comida, televisores y juguetes” (Clarín, 7/03/2005)

“Que se vayan

todos”

19-20 de

“El 19 de diciembre, el Presidente De la Rúa se dirigió a la ciudadanía por la cadena nacional pero, en lugar de anunciar la renuncia del Ministro Cavallo o alguna otra medida para salir de la crisis económica, o dar marcha atrás con “el corralito”, anunció el establecimiento del Estado de Sitio. Apenas terminó la emisión del discurso, comenzó a sentirse el ruido de las cacerolas. La gente comenzó a reunirse en las esquinas y espontáneamente empezaron a caminar rumbo al centro. El “Cacerolazo” había comenzado. En la madrigada del 20 de diciembre una multitud coreaba en la Plaza de Mayo la consigna: ¡Qué se vayan todos!

Durante todo el 20-dic se desarrollaron marchas en la Capital y las fuerzas

policiales reprimieron duramente a los manifestantes. Entre los integrantes de

las organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban

las Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros pertenecientes a la

agrupación Quebracho.

16 La imagen del dueño de un supermercado chino llorando ante las cámaras y diciendo “policía nada”, fue quizá una de

las imágenes más representativa de la jornada del 19 de diciembre.

48

diciembre La represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e

incluso por emisoras internacionales, en directo durante todo el día, generó que

más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercasen a la Plaza. Con

el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se

produjeron 22 muertes de manifestantes en manos de la policía.

Mientras esto sucedía el gobierno decidió la renuncia del Ministro Cavallo y la iniciación de gestiones con el Justicialismo para lograr conformar un gobierno de unidad nacional.

La renuncia de De la Rúa. Evidentemente era tarde. No sólo el Justicialismo, sino también importantes sectores del oficialismo, incluidos algunos Senadores del partido Radical, le comunicaron al presidente De la Rúa que su tiempo se había acabado, que la única solución para evitar un peor estallido social era su renuncia. Al atardecer de aquel día, el Presidente se dirigió otra vez a la sociedad a través de la cadena oficial para dar a conocer su renuncia. Pocos minutos después, la televisión transmitía la partida de De la Rúa desde la terraza de la casa de gobierno y a bordo de un helicóptero que lo condujo a la residencia presidencial de Olivos. Se había puesto en marcha el mecanismo de la acefalía, pero el primer convocado a suceder al presidente ya no estaba en su puesto: había renunciado un año antes” (Ferreira Rubio, 2005)

La semana de

los 4

presidentes

1) Ramón Puerta. El presidente provisorio del Senado, el Justicialista

Puerta asumió la presidencia de la Nación y convocó a la Asamblea

Legislativa que, de acuerdo a lo dispuesto por la ley de acefalía, debía

elegir a quien sería presidente hasta completar el mandato de De la

Rúa. El Justicialismo, ganador de las elecciones de octubre,

mayoría en ambas cámaras del Congreso y a cargo de la mayoría de

las provincias, era el actor protagónico del drama. En el Justicialismo

se manifestaron dos posiciones claramente diferenciadas. Un grupo

de gobernadores sostenía la idea de nombrar un presidente

interino y convocar elecciones para marzo de 2002, incluyendo una

modificación del sistema electoral para introducir el sistema de Ley de

Lemas. Otro sector proponía la designación de un presidente para

completar el mandato. Prevaleció la primera de las tesis y el

entonces gobernador de San Luis se mostró dispuesto para

hacerse cargo del interinato. La Asamblea Legislativa del 22 de

diciembre después de arduo debate aceptó la propuesta del

Justicialismo.

49

2) Adolfo Rodríguez Saa. El 23 de diciembre asumió el nuevo

presidente. En su brevísimo mandato, Rodríguez Saa declaró el

default de la deuda argentina, lo que fue recibido con beneplácito por

buena parte de la ciudadanía y por la clase política que, en su mayoría,

aplaudió el anuncio del presidente en la Asamblea Legislativa. Lo que

sin embargo demostró ser un error garrafal fue la designación de su

gabinete que incluyó a figuras paradigmáticas de la corrupción de

los 90, como el ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso, o el

ex gobernador de Santa Fe, José Vernet. La ciudadanía de la Capital

había derrocado un presidente tan solo una semana atrás y se lanzó

nuevamente a las calles el 28 de diciembre con la consigna “¡Qué se

vayan todos!”. Un grupo de manifestantes tomó por asalto el Congreso

de la Nación -cuya puerta principal se abrió llamativamente desde

adentro-, causando desmanes y destrozos. Tras crecientes presiones y

una retirada de apoyo a su corta presidencia, Rodríguez Saa viajó a su

provincia y desde allí, la noche del 30 de diciembre anunció por cadena

oficial su renuncia al cargo de Presidente.

3) Eduardo Camaño. Asumió entonces interinamente el presidente de

la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Camaño, un

justicialista ligado a Duhalde. En el Justicialismo prevaleció

entonces la tesis de nombrar un presidente para completar el

mandato presidencial hasta diciembre de 2003. Eduardo Duhalde

que había perdido las elecciones frente a De la Rúa y había sido electo

Senador nacional por Buenos Aires en octubre de 2001 era la persona

elegida para hacerse cargo de la responsabilidad. El mismo 31 de

diciembre, mantuvo contactos con numerosos líderes políticos,

sindicales y empresariales que le manifestaron su apoyo; también lo

hicieron los líderes bonaerenses del radicalismo y la dirigencia del

FrePaSo (que formaban parte de la Alianza que había llevado al

gobierno a De la Rúa).

4) Eduardo Luis Duhalde. Duhalde anunció que se haría cargo del

gobierno y que no se presentaría como candidato en las elecciones

de 2003. La Asamblea Legislativa se reunió nuevamente el 1º de

Enero de 2002 y luego de un largo debate, con una mayoría de 262

a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, designó a Duhalde

presidente de la Nación.

Algunas consideraciones finales

50

A fines del 2001, la llamada “crisis de la Convertibilidad” tomaba la apariencia de ser una crisis de

endeudamiento cuando en realidad expresaba la limitación del capital para reproducirse a raíz de la

tendencia decreciente de la renta agraria desde mediados de los ‘70 y con ello, de la reducción de la

ganancia liberada por el pequeño capital. Teniendo como punto de partida la unidad entre las

relaciones políticas (como formas) y las determinaciones económicas (como contenido), la crisis de

acumulación del capital se expresó a través de la forma política de una crisis de legitimidad en la

representación política. Aunque parecían avecinarse tiempos de profunda transformación social, el

histórico “que se vayan todos” no reflejaba sino la impotencia de la clase obrera y la pequeña

burguesía “para tomar el poder en las propias manos” (IÑIGO, CARRERA, 2003: 12)

A modo de cierre de este largo bloque, encontramos en las palabras de Ricardo Aronskind (2011)

una reflexión inspiradora:

“La crisis de 2001 quizás haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. No se trató,

desde ya, de una mera crisis económica, sino que se puso en juego la posibilidad de la

continuidad del Estado nacional como entidad con capacidad de autogobierno. Hacia fines de

aquel año, la disolución de los vínculos políticos, económicos y sociales llegó a un punto tal que no

podían garantizarse las condiciones para la supervivencia “normal” de amplias franjas de la

población. El colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas fue sólo la

expresión económica del derrumbe de toda la sociedad. A diferencia de un cataclismo, no fue un

producto de la naturaleza, sino de la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la

Nación.

Por supuesto pueden encontrarse antecedentes de esta situación en los propios albores de la

Argentina, como por ejemplo su prematuro endeudamiento externo ya en 1824, la presencia de

fuertes intereses extranjeros en los propios centros de la decisión nacional hasta bien avanzado el

siglo XX, las dificultades del país para encontrar un lugar adecuado en la división internacional del

trabajo cuando avanzó en el proceso sustitutivo de importaciones. Sin embargo, es posible afirmar

que las condiciones materiales y sociales que desembocaron en la crisis de 2001 comenzaron a

gestarse un cuarto de siglo antes, en 1976.

La dictadura cívico militar que allí se inició dejó como principales legados una transformación en el

poder social a favor de los sectores más concentrados en lo productivo y financiero, y en el terreno

económico un enorme endeudamiento externo que neutralizó las capacidades estatales para

continuar liderando el desarrollo económico. El cuadro de fuerte endeudamiento fue el que favoreció

la ingerencia permanente de la tecnocracia neoliberal del FMI sobre la definición de las políticas

públicas. El retroceso industrial y la precarización social se prolongaron durante las dos

décadas siguientes a la finalización de la dictadura, al debilitarse sustancialmente la inversión

productiva, la obra pública y la investigación y el desarrollo tecnológico. El retroceso cultural

y educativo acompañó al deterioro económico.

51

El período alfonsinista se mostró impotente para poder conciliar el crecimiento con el pago

de la deuda externa, y la presión de actores locales y externos sobre las menguadas finanzas

públicas crearon un escenario de inestabilidad macroeconómica recurrente. La hiperinflación

que concluyó con el gobierno radical creó un clima catastrófico propicio para que los

acreedores externos, aliados a fracciones empresarias locales, delinearan un profundo

programa de reformas estructurales, diseñado para maximizar ganancias privadas a costa del

patrimonio público y del ya debilitado proceso de acumulación local. Serán las reformas

estructurales de los ´90, acompañadas por el Plan de Convertibilidad lanzado en 1991, las

causas más próximas de la crisis de 2001”

El clima de confiabilidad, condición que es imprescindible para gobernar, terminó quebrándose con

la confiscación de los ahorros (el “corralito”) el 3 de diciembre de 2001 cuando el gobierno decidió

perjudicar a los pequeños ahorristas mientras su dinero era utilizado para licuar las deudas

empresarias convertidas en pesos. Esta estafa contra la clase media se podría haber evitado

obligando simplemente a los bancos a devolver el dinero que sus grandes socios y clientes fugaron

desde el mes de julio (Desde esa fecha se esfumaron de los bancos unos 26.000 millones de

dólares).

Por último, el ¡Que se vayan todos! no hizo sino expresar la insumisión espontánea de múltiples y

heterogéneos sectores de la sociedad argentina. Esta consigna no surgió de alguna táctica sindical o

política contestataria sino del enorme clima de inestabilidad producto no sólo de una honda crisis

económica sino de la inoperancia política del entonces presidente Fernando De la Rúa para

gobernar el país. La asunción de Fernando de la Rúa hace dos años y diez días, desde la óptica de

Bruschtein (2001)” había significado, para la mayoría que lo eligió la ilusión de que había terminado

el modelo neoliberal. Y después fue el desconcierto de que en realidad habían votado a Domingo

Cavallo como ministro de Economía. La misma gente que lo votó finalmente se sintió defraudada y

se lanzó a las calles para echarlo.”

Las flaquezas de su mandato hallaron su clímax el 20 de diciembre cuando las fuerzas policiales

reprimieron abierta y desmesuradamente a los ciudadanos manifestantes causando la muerte de 22

de ellos.

De la Rúa terminó repudiado en las calles por la propia gente que lo votó en el distrito donde creció

políticamente. “Con su gestión se podría escribir el manual del pésimo gobernante. No entendió que

los pueblos no se suicidan, pero los gobiernos sí” (Bruschtein, 2001)

Bibliografía

52

ABELES, M. (1999): “El proceso de privatizaciones en la Argentina de los noventa. ¿Reforma

estructural o consolidación hegemónica?”, en Época. Revista argentina de economía política, Año 1,

Nº 1, Diciembre de 1999.

ACUÑA, CARLOS. (1993) POLÍTICA Y ECONOMÍA en la Argentina de los 90. (O, por qué el futuro

ya no es lo que solía ser), Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

ANSALDI, Waldo (1997), La Democracia en América Latina: un barco a la deriva, Buenos Aires,

Fondo de Cultura Económica.

ANSALDI, Waldo, GIORDANO, Verónica (2012), América Latina. La construcción del orden. De las

sociedades de masas a las sociedades en procesos de reestructuración, Buenos Aires, Ariel.

ARONSKIND, R. (2001): “¿Más cerca o más lejos del desarrollo? Transformaciones económicas en

los noventa”, Buenos Aires, Libros del Rojas, Nº2

ARONSKIND, R. (2011), “Las causas de la crisis del 2001”, disponible en <

http://www.unicen.edu.ar/content/las-causas-de-la-crisis-de-2001>

ASTARITA, R. (1993): “Plan Cavallo y ciclo de acumulación capitalista”, en Cuadernos del Sur, Bs.

As., Octubre.

BASUALDO, Eduardo (2009), "Evolución de la economía argentina en el marco de las

transformaciones de la economía internacional de las últimas décadas". En Los condicionantes de la

crisis en América Latina : inserción internacional y modalidades de acumulación, editado por Enrique

Arceo y Eduardo Basualdo. Buenos Aires, CLACSO.

BECCARIA, L. (2003) "Las vicisitudes del mercado laboral argentino luego de las reformas", Boletín

Informativo Techint, nro. 312, mayo-agosto.

BEJARANO, Maricel (2010), “La teoría de los dos demonios”, disponible en

<http://historiadoresyalgomas.blogspot.com.ar/2008/06/la-teoria-de-los-dos-demonios.html>

BELTRAN, G. (2005): Los intelectuales liberales. Poder tradicional y poder pragmático en la

Argentina reciente, Buenos Aires, Libros del Rojas, primera parte.

BENZA, G. y G. CALVI (2004): “Reestructuración económica, concentración del ingreso y ciclos de

desigualdad (1974-2003)”, Buenos Aires: Mimeo.

BRESSER PEREIRA, L. (1991): “América Latina: ¿Consenso de Washington o crisis fiscal?”,

Pensamiento Iberoamericano, Nº 19, México.

BRUSCHTEIN, Luis (2001): “Dos años y diez días entre Menem y la misma sopa: Balance del

presidente que se fue”, artículo periodístico, Página 12, 21/01/2001, disponible en

<http://www.pagina12.com.ar/2001/01-12/01-12-21/pag11.htm>

53

CANOSA, Tomás (2013), “La crisis de 2001 en Argentina”, Artículo periodístico en Diario Clarín,

disponible en < http://www.clarin.com/mundo/crisis-Argentina_0_884311669.html >

CARRIL, V; MARRONE, L y TEJERA, S (2008); “Análisis comparativo de la Ley Federal de

Educación (24.195) y la Ley de Educación Nacional (26.206): ¿Compartiendo ADN?”, Artículo

Online, disponible en < http://www.docentesdeizquierda.com.ar/analisis_ley.htm >

CASTELLANI, A. (2002): “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la

Argentina contemporánea”. En Schorr, M. Et. al.: Más allá del pensamiento único. Hacia una

renovación de las ideas económicas en América Latina, CLACSO, Bs. As.

CASTELLANI, A; SCHORR, M. (2004) “Argentina: convertibilidad, crisis de acumulación y disputas

en el interior del bloque de poder económico” en Revista CENDES (57), Caracas, Venezuela,

septiembre-diciembre.

CRAVINO, M Y NEUFELD, M (2001), “Entre la hiperinflación y la devaluación: “saqueos” y ollas

populares en la memoria y trama organizativa de los sectores populares del Gran Buenos Aires

(1989-2001)”, en Revista de Antropología ,Vol. 44, Nº 2, Departamento de Antropología de la

Facultad Te de Filosofía, Letras e Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo.

FAIR, Hernán (2010), “El legado político de Raúl Alfonsín”, en Revista de Ciencia Política, n°9,

Marzo. Disponible en < http://www.revcienciapolitica.com.ar/num9art3.php>

FARINETTI, M. (1999): “¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas de reclamo laboral en la

nueva democracia argentina”, Revista Trabajo y Sociedad, julio-septiembre,

FERREIRA RUBIO, Delia (2005), “¡Qué se vayan todos!”: la crisis argentina de 2001 – 2003”,

Seminario Internacional “Gobernabilidad y Reformas Públicas. Nuevos desafíos para la democracia”

Guatemala, 22 y 23 de noviembre de 2005. Artículo disponible en

<http://www.deliaferreira.com.ar/pdf/at-gobierno/Crisis%202001-OEA-Guatemala-2006.pdf>

GARULLI. L. (2011) Los desafíos de la transición democrática 1983-1989, EUDEBA.

GARULLI, L. (2011) Consolidación y crisis de la democracia neoliberal 1989-2001, EUDEBA

GUERRA BORGES, Alfredo (1993), “Nuevo contexto mundial para América Latina”. Disponible en

<http://www.iadb.org/intal/intalcdi/integracion_latinoamericana/documentos/192 Estudios_1.pdf>

HALPERÍN, Jorge (S/F). Articulo publicado en Proyecto al Sur, disponible en <

http://www.proyectoalsur.org/convertibilidadcreencia/>

IÑIGO CARRERA, JUAN (1998), “La acumulación de capital en Argentina”, CICP, disponible en

http://www.cicpint.org/Investigaci%C3%B3n/JIC/Argentina/Assets/La%20acumulacion%20de%20cap

ital%20en%20la%20Argentina.pdf

54

--------------------- (2003) “La crisis de la representación política como forma concreta de reproducirse

la base específica de la acumulación de capital en Argentina”, CICP, disponible en

http://www.cicpint.org/Investigaci%C3%B3n/JIC/Argentina/Assets/Acumulacion%20y%20accion%20

politica.pdf

KICILLOF, Axel (et. al), La economía argentina en la post-Convertibilidad (2002-2010), Editorial Cara

o Ceca, capítulo 1.

MAZZEL, Daniel (2011), “Reflexiones sobre la transición democrática argentina”, disponible en

<http://historiapolitica.com/datos/boletin/polhis7_mazzei.pdf>

MECLE, Elina (1998), El vínculo entre el Poder y la Constitución: reforma constitucional, justicia

social y políticas sociales, Buenos Aires, Eudeba.

MUCHNIK, Daniel (2004), “A contramano del mundo”, Artículo de Página 12, disponible en <

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-1509-2004-09-18.html >

MURMIS, M. y FELDMAN, S. (1992): "La heterogeneidad social de las pobrezas". En "Cuesta abajo.

Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina". Alberto Minujin (comp.)

UNICEF/LOSADA.

NATALE, Alberto (1995), Comentarios sobre la Constitución, Buenos Aires, Depalma.

O´DONNELL, Guillermo (1991), “Transition, Continuities and Paradoxs”, en Mainwering, Scott; G.

O´Donnell Guillermo; y S. J. Valenzuela, Issues on Democratic Consolidation. Notre Dame: Notre

Dame University Press.

O’Donnell. G. Publicado originalmente como “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, January 1994: 55-69. © 1994 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

PALERMO, V. y NOVARO, M. (1996), Política y poder en el gobierno de Menem. Buenos Aires,

Tesis-Norma-FACSO.

RAUS, D. (2001): “El gobierno de la alianza-Argentina 1999-2001. Continuidad y crisis del modelo

social de la Convertibilidad”, mimeo de investigación.

ROMERO, Luis Alberto (1994), Breve Historia Contemporánea de la Argentina, Buenos Aires, Fondo

de Cultura Económica.

SERRAFERO, M (1999), El poder y su sombra. Los vicepresidentes, Ed. Univ. Belgrano, Bs. As.

SCHORR, M. (2002): “Mitos y realidades del pensamiento neoliberal: La evolución de la industria

manufacturera argentina durante los años noventa”, AAVV: “Más allá del pensamiento único. Hacia

una renovación de las ideas económicas en América Latina”. Buenos Aires: CLACSO.

SVAMPA, M. y S. PEREYRA (2003): Entre la ruta y el barrio, Buenos Aires: Paidós,

55

SVAMPA, Maristella (2011), “Políticas de memoria en la Argentina reciente ante la loca resistencia”

en IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria: Ampliación del campo de los derechos

humanos. Memoria y perspectivas, Buenos Aires, 29 y 30 de septiembre. Disponible en

<http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2011/10/mesa_29/svampa_mesa_29.pdf>

STRAUSS, Luciana (2009), “Memorias y enseñanzas”. Artículo de Página 12, disponible en

<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-3893-2009-05-18.html>

TORRE, J. y P. GERCHUNOFF (1996): “La política de liberalización económica en la administración

de Menem”, en Desarrollo Económico, Nº1, Bs. As, Octubre - Diciembre 1996.

56

MATERIALES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS

A) Gobierno alfonsinista 1983-89

*Analizar críticamente el alegato del fiscal* Strassera y responder las siguientes

preguntas:

a- ¿Cuáles son los argumentos de la fiscalía acerca de la necesidad del castigo a los

integrantes de las juntas militares juzgadas?

b- ¿Cómo caracteriza el fiscal la metodología empleada por los militares? ¿En qué

consistió?

c-¿A quiénes se aplicaba el calificativo de “subversivo”?

d- La fiscalía rechaza el argumento de la “guerra sucia” ¿Por qué?

e- Según Strassera existió un plan sistemático de exterminio y no acciones de agentes

individuales. ¿Cómo lo fundamenta? ¿Quiénes son los responsables de los delitos

cometidos entre 1976 y 1983?

f.- Elabora un comentario personal que relacione las nociones de memoria, olvido, justicia

y verdad.

Tener en cuenta para la lectura:

Con su fallida ley de autoamnistía y con el “Documento Final” de 1983, las fuerzas

armadas pretendieron no sólo dar por cerrado el problema de los desaparecidos y de los

eufemísticos “excesos” de la represión, sino también sustraerse al juicio de los hombres

dejando en manos de “Dios” y de la “Historia” su condena o absolución. No lo lograron.

El contexto en el que se desarrolló el juicio a las juntas fue uno de los momentos más

dramáticos y significativos del gobierno de Raúl Alfonsín.

La memoria aparecía como un campo de disputa y los medios que mostraban las

imágenes del juicio, el escenario donde se desplegaba una compleja construcción de

sentido del pasado reciente.

*¿Qué es un fiscal?: es el que representa al Estado y defiende sus intereses cuando se ha

producido la violación de un derecho.

57

*Alegato del fiscal Strassera (fragmentos) en el juicio a las juntas militares, 1985.

“El mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país”

Julio C. Strassera

“Señores jueces:

La comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal me

han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia.

(…) Pero la violencia, señores jueces, no era obra exclusiva de la izquierda revolucionaria

como en vano se ha pretendido demostrar en este juicio.

Paralela y coetáneamente con aquella aparece en la escena nacional una organización

particularmente siniestra, que nada tuvo que envidiar a la guerrilla; me refiero a las Tres

A, o Alianza Anticomunista Argentina, grupo terrorista especializado en la supresión de

ciertos ciudadanos que cometían el delito de pensar.

Curiosamente, desde las esferas oficiales sus integrantes no eran considerados

subversivos, sino una reacción necesaria de defensa social.

Pero en este aspecto de la cuestión creo que más útil que mis argumentaciones es

escuchar al almirante Guzzetti, nuestro canciller en 1976, cuando dijo al mundo entero:

‘Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo

izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país

está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos’.

(…) A cualquier acción violenta de la guerrilla respondían con el cobarde asesinato de

algún político o de algún intelectual de izquierda, en todos los casos inerme.

(…) Pero mucho más grave que la desfachatada justificación desde el gobierno, es el hecho

incontrovertible que las Tres A desaparecen de la escena a partir del golpe de Estado del

24 de marzo de 1976. (…)

¿Por qué? La respuesta es obvia; porque se integran al Estado. Porque la complicidad

tolerante cedió paso a la acción directa, pasando sus miembros a revistar en los cuadros

permanentes de la represión bajo la forma de las temibles patotas".

58

(…) Tal, en apretada síntesis, el cuadro de violencia imperante en el país cuando tres de los

hoy procesados deciden, una vez más en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por

asalto el poder despreciando la voluntad popular.

Y cuál fue la respuesta, luego de éste, que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva?

Feroz, clandestina y cobarde

Para calificarla, señores jueces, me bastan tres palabras. Feroz, clandestina y cobarde.

Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de

aquellas organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin

de defender los valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando

esa represión se traduce en la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas

organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en presencia de otro

terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir.

(…) Al suprimirse el juicio, se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la

denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el

gesto neroniano del pulgar hacia abajo. (…)

La ferocidad y la mentira son las dos notas del sistema de represión que los acusados

implantaron durante años en la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la

verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley; en particular a los poderosos, a los

máximos responsables, esta es la única forma de restablecer la vigencia de la ley en la

conciencia de la sociedad.

(…) La acción desarrollada bajo el mando de la Junta Militar integrada por Videla, Massera,

Agosti y sus continuadores tuvo la particularidad de no cumplir ni siquiera con las

inconstitucionales normas que dictó.

Entre las muchas deudas que los responsables de la instauración de este cobarde sistema

de represión han contraído con la sociedad argentina existe una que ya no podrán saldar.

Aun cuando ellos tuvieran prueba de que todas las personas secuestradas hubieran

participado en actos de violencia, la falta de juicio y de sentencia condenatoria impide que

la República considere a esas personas como responsables de esos hechos. (…)

59

(…) ¿Alguien tiene derecho a permitir que Adriana Calvo de Laborde tenga a su hija

esposada y con los ojos vendados en el asiento trasero de un auto en movimiento y que

soporte durante cinco horas el llanto de su bebé recién nacido, tirado en el suelo sin

poder tocarlo?

O lo que narró Susana Caride: ‘En un momento determinado, por algo que alguien

contestó, Julián tomó la cadena y golpeó a todos los que estábamos allí, fue algo

dantesco, porque al estar engrillados, al estar con los ojos vendados, era gente que caía

uno al lado del otro, con gritos, con sangre, con orín, fue algo realmente dantesco’; (…).

Pero no sólo los secuestrados fueron las víctimas, hubo mucho más. Ante estos estrados

desfilaron padres y familiares narrando las gestiones infructuosas que realizaban a partir

del secuestro. Por lo general, todo comenzaba en una comisaría donde, por las órdenes de

los acusados, se negaban a recibir las denuncias.

Esta era sólo la primera estación de un calvario que luego se completaba con infructuosas

visitas a unidades militares, a las iglesias, a embajadas o a cualquier persona que pudiera

ayudar. (…)

(…) Los hábeas corpus y las medidas judiciales que se iniciaban eran respondidos con

informes falsos de los diferentes comandos, y la policía, donde se afirmaba que la persona

que se buscaba no estaba detenida ni se tenían antecedentes de ella. Era un chocar

permanente con puertas cerradas.

Este es otro resultado del modus operandi implantado. Primero el secuestro y las

tremendas consecuencias sobre la víctima que ya hemos relatado; segundo, la mentira, el

gobierno rehúsa reconocer toda detención o arresto y niega la necesidad de proceder a

una investigación. Eso hace que todos los recursos legales, en vista de la protección de los

individuos, resulten vanos e inútiles. (…)

Acerca de soldados y deshonra

En las ordenanzas militares especiales al Ejército de Cuyo, que promulgó en el año 1816,

dijo el general José de San Martín: ‘La Patria no hace al soldado para que la deshonre con

sus crímenes, ni le da las armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas

ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene; la tropa debe ser tanto más

virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el

poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacer respetar a los

malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares...’

60

Por ello los aquí acusados son responsables tanto de la situación de aquellos oficiales que

habían hecho cosas tan terribles que no podrán besar a sus propios hijos, como de la

ebriedad de poder del coronel que se titulaba ‘amo de la vida y de la muerte’...

Pero hay algo peor aún: no sólo ordenaron realizar acciones indignas de las Fuerzas

Armadas, sino que cuando debieron afrontar la responsabilidad por el mando, negaron

sus órdenes, negaron conocimiento de lo actuado por sus subordinados; negaron

conocimiento de lo secuestros, las torturas y las muertes. (…)

No hubo excesos

Sin embargo, existían grupos organizados que cumplían un horario especial, cuya tarea era

interrogar y torturar, y la realizaban en unidades militares o dependientes de las Fuerzas

Armadas.

Estas actividades, que se produjeron a lo largo y a lo ancho del país, no pueden ser el fruto

de la actividad de pequeños grupos aislados de oficiales.

No se puede concebir que en un ejército exista un grado de insubordinación tal que

permita que oficiales inferiores realicen a lo largo y a lo ancho del país, durante varios

años, acciones contrarias a las que ordenan sus comandantes.

Es por eso, señores jueces, que con la referencia a excesos, los comandantes quieren

atribuir a sus subordinados la responsabilidad que les corresponde. (…).

Para dimensionar el valor de la palabra en un soldado, quisiera recordar aquí el último

discurso parlamentario que pronunció Carlos Pellegrini. Refiriéndose a la condición del

militar, afirmó: ‘Él está armado, tiene el privilegio de estar armado en medio de

ciudadanos desarmados. A él le damos las llaves de nuestras fortalezas, de nuestros

arsenales; con una señal de su espada se mueven nuestros batallones, se abren nuestras

fortalezas y toda esta actividad y todo este privilegio se lo damos bajo una sola y única

garantía, bajo la garantía de su honor y de su palabra’.

(…) Por eso debe individualizarse y castigar a los responsables de las infamias cometidas,

para que no se equipare a quienes torturaron y robaron en beneficio propio, con los

honestos. Lo exige el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas y el de los oficiales que

las integran.

Sospechosos, peligrosos, subversivos

61

(…) aquí se ha acreditado que fueron secuestradas criaturas de meses, jóvenes de 14 años,

una anciana de 77, mujeres embarazadas, obreros e industriales, campesinos y

banqueros, familias enteras, vecinos de sospechosos, funcionarios del Proceso de

Reorganización Nacional y funcionarios del actual gobierno, ex ministros del gobierno

peronista, integrantes del Partido Comunista y un actual candidato a diputado de la Unión

del Centro Democrático. (…), cualquiera podía ser devorado por el sistema. La afirmación

de que sólo los que infringían la ley iban a ser sancionados encubría la realidad. En la

Argentina, todos estábamos en libertad condicional.

(…) Enseñar a leer, dar catequesis, pedir la instauración del boleto escolar o atender un

dispensario, podían ser acciones peligrosas. Todo acto de solidaridad era sospechado de

subversivo. (…) Y si mediante las patotas, los acusados pusieron una capucha a cada una

de las víctimas de los secuestros, mediante la campaña de acción psicológica le colocaron

una gran capucha a toda la sociedad.

Organizaron campañas publicitarias masivas, amordazaron a la prensa nacional que no

podría publicar noticias sobre el tema de los desaparecidos y como no pudieron evitar que

la verdad atravesara las fronteras y repercutiera en el exterior, afirmaron que las

denuncias internacionales eran fruto de una campaña antiargentina organizada por

elementos subversivos.

(…) Entre las organizaciones subversivas que hacían las denuncias encontramos al

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica; el de Francia, el de Italia, el de España,

el de Suecia, el de Alemania. Una organización de la seriedad de Amnesty fue señalada

por el gobierno militar como la central de esta campaña antiargentina. (…)

Y con toda esta mentira sobre la campaña antiargentina, no sólo negaban los hechos, sino

que convertían al que reclamaba o se hacía eco de las denuncias en un subversivo.

(…) Con dos sofismas se pretendía justificar la represión clandestina. El primero dice:

todos los detenidos son subversivos. (…) la detención convertía a una persona en

subversivo. Concebido esto, el segundo paso de este método perverso fue considerar que

un subversivo es una especie de subhumano, a quien se le puede torturar, matar.

Responsables

(…) Con relación a la responsabilidad que atribuyo al general Videla, no hace falta

extenderme para fundamentar la severidad de la sanción a requerir. Su rol protagónico en

la instauración y mantenimiento del aparato delictivo que estamos denunciando resulta

innegable. Era el comandante en jefe del Ejército, que tenía la responsabilidad primaria en

62

la lucha contra la subversión, y uno de los artífices principales de la metodología represiva

que aquí enjuiciamos.

Respecto del almirante Massera, opinamos que se encuentra en la misma situación que el

general Videla. Pesa sobre él, además, la sombra trágica de la Escuela de Mecánica de la

Armada, uno de los más horrendos centros clandestinos de cautiverio y exterminio que

hubo en el país. (…)

Una aproximación superficial a este proceso quizá pudiera colegir que el brigadier Agosti

ha tenido un grado de responsabilidad menor al de aquellos con quienes compartió la

primera Junta Militar. Empero, son tan atroces los hechos por los que indudablemente

resulta responsable, y respecto de cuya comisión detentaba un tercio del poder, que no

puedo menos que equipararlo con aquellos.

Respecto del general Viola, y el almirante Lambruschini, creo que están en idéntica

situación, aunque no dejo de computar un notable descenso en la cantidad de los más

graves delitos imputados, durante el periodo de sus respectivas comandancias en jefe. Ello

justifica, a nuestro juicio, una ligera atenuación en la sanción a requerir. (…)

Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo

íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la

miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de

comprender después.

Fundamentos del castigo

(…) Me limitaré pues a fundamentar brevemente la humana conveniencia y necesidad del

castigo. (…)

El castigo -que según ciertas interpretaciones no es más que venganza institucionalizada-

se opone, de esta manera, a la venganza incontrolada. (…)

(…) señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la

Nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad toma

monstruosa la mera hipó tesis de la impunidad.

Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie

puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o

"contingencias del combate". Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y

control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el

sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A

63

partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe

en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional

severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal (…)

Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya

hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.

Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y

fracasamos: me remito al periodo que acabamos de describir.

A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de

fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la

justicia.

Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última. (…)

Aniquilar

[Italo Luder] precisó que aniquilar el accionar de la subversión quiere decir inutilizar la

capacidad de combate del grupo subversivo, pero de ninguna manera significa

aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal del país. (…)

(…) Ninguno de los oficiales superiores citados a declarar entendió que la orden de

aniquilar autorizaba a secuestrar, torturar y matar. (…)

(…) Así, el Gral. Videla declaró ante el Consejo Supremo que fue la Nación Argentina la

que dispuso a través del gobierno la intervención del brazo armado de la Nación y de allí

concluye que la sociedad argentina dio su consenso a las medidas que se tomaron para su

propia defensa.

Sobre estas dos falacias los acusados pretenden convertir a la sociedad argentina de

víctima en cómplice.

Como acabamos de demostrar, el Gobierno anterior no ordenó la represión ilegal y la

sociedad nunca pudo aprobar lo realizado porque nunca se le explicó lo que realmente se

hizo. (…)

“Guerra sucia”

Particularmente deleznable resulta el argumento de la "guerra sucia", esgrimido hasta el

cansancio como causa de justificación.

64

Se nos dice así que esto fue una guerra (…) no convencional y que en todas las guerras se

producen episodios crueles, que aunque no queridos son su consecuencia necesaria.

En primer lugar, creo necesario dejar claramente establecido que aquí no hubo tal guerra.

(…)

(…) ¿Qué clase de guerra es ésta en la que no aparecen documentadas las distintas

operaciones? Que carece de partes de batalla, de lista de bajas propias y enemigas; (…)

que no hay prisioneros como consecuencia de ningún combate, (…). Porque resulta

extraño, señores jueces, que una banda de subversivos militarmente organizados, que

contaba con armas modernas, no cause a las tropas represoras ni siquiera un herido,

mientras todos sus integrantes mueren. (…) ¿Se puede considerar acción de guerra el

secuestro en horas de la madrugada, por bandas anónimas, de ciudadanos inermes?

Y aun suponiendo que algunos o gran parte de los así capturados fuesen reales enemigos,

¿es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? (…)

¿Son objetivos militares los niños recién nacidos?

(…) ‘Me robaron todo, desde el calzón de mi señora hasta el magiclik de la cocina’, relato

el testigo Hugo Pascual Luciani. ¿Son éstas las consecuencias desagradables no queridas

de toda guerra?

(…) No señores jueces, ésos no fueron episodios no queridos pero inevitables. Fueron

actos criminales comunes, que nada tienen que ver con la guerra. Pero aceptemos ahora,

por vía de hipótesis, la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que

sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas.

(…) Nuestro país ratificó los cuatro convenios de Ginebra de 1949, que establecen

mínimas reglas humanitarias para el trato y la protección de civiles y combatientes en caso

de conflicto armado. (…) Expresamente quedan prohibidos: Los atentados a la vida y la

integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones y los

tratos crueles, torturas y suplicios, la toma de rehenes, los atentados a la dignidad

personal; (…) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin juicio previo (…) La

falta de observancia de estos principios constituye infracción grave a los convenios y,

como tal, según la doctrina internacional, crimen de guerra. (…)

La guerra es algo ya de por sí lo suficientemente horroroso como para admitir el

calificativo de sucia por añadidura. Esto es un eufemismo para tratar de encubrir

actividades propias de pandilleros antes que de soldados. (…)

65

.Se llega así, señores jueces, a la formulación de una alternativa de hierro: O no hubo

guerra y estamos frente a una manifestación de delincuencia común, o la hubo, y

entonces enfrentamos a criminales de guerra. (…)

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para

cerrar esta requisitoria.

Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo

argentino.

Señores jueces: 'Nunca más’.”

Editado de “Juicios a los militares. Documentos secretos, decretos, leyes, jurisprudencia”

En: Cuadernos de la Asociación Americana de Juristas Nª 4, julio 1988.

*”El honor de la victoria”

Familiares de Muertos por la Subversión (FAMUS) fue una organización nacida en 1984

para congregar a aquellos que reivindicaban el accionar de las Fuerzas Armadas en su

cruzada antisubversiva. Operó hasta 1991, cuando ya las leyes del “perdón” y los indultos

quitaron sentido a su prédica. Durante 1984, a las misas organizadas por la entidad

concurrían militares en actividad y miembros de la Iglesia. En esas “celebraciones”

espirituales se llegó a vivar a generales como Camps y Menéndez siendo comunes los

insultos a los organismos de derechos humanos, especialmente a las Madres.

Analiza el siguiente fragmento del dictador Videla y compáralo con los argumentos de la

fiscalía.

“(…) En homenaje a los innumerables héroes y mártires que cobró la lucha contra la

subversión, creo necesario recordar públicamente que el país fue víctima de una agresión

que no registra antecedentes en nuestra historia tanto por su naturaleza como por su

magnitud.

66

(…) Reclamo para el pueblo argentino en general y para las fuerzas armadas en particular

el honor de la victoria. Declaro que constituye para mí un motivo de orgullo haber

comandado el Ejército Argentino que actuó en las operaciones bélicas legítimamente

emprendidas en defensa de la Nación, y que siempre he asumido las responsabilidades

castrenses que pudieran resultar del ejercicio de mis funciones. (…)”

Jorge R. Videla. Mensaje a FAMUS, abril de 1984. En Liliana Garulli (2011), op. Cit.

*Felices Pascuas… la casa está en orden

. Contextualiza el siguiente fragmento de un discurso del presidente Alfonsín.

“Compatriotas: ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud (...)

como corresponde, serán detenidos y sometidos a la Justicia. Se trata de un conjunto de

hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición

equivocada y que reiteraron que su intención no era provocar un golpe de estado.

Pero de todas maneras han llevado al país a esta tensión, a esta conmoción que todos

hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamentalmente el pueblo argentino en su

conjunto.

Para evitar derramamientos de sangre he dado instrucciones a los mandos del ejército

para que no se procediera a la represión y hoy podemos dar todos gracias a Dios, la casa

está en orden y no hay sangre en la Argentina.

Le pido al pueblo que ha ingresado en Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así

lo haga y les pido a todos ustedes que vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las

Pascuas en paz en la Argentina”

Presidente Raúl Alfonsín, 19 de abril de 1987. En Clarín, 20 de abril de 1987

B) La década menemista (1989-1999)

67

“Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los

jóvenes, por los ancianos, con la bandera de Dios, que es la Fe, y la bandera del pueblo,

que es la bandera de la Patria, por Dios se los pido. Síganme, no los voy a defraudar. No los

voy a defraudar. No los voy a defraudar…” Carlos Menem, fragmento discurso de

campaña.

Los siguientes son documentos relacionados con la economía y la sociedad en los 90.

Fueron seleccionados para promover el debate.

Asedio, “hiper”, “fin de la historia”

“P.- ¿Cómo es el contexto económico al momento de la asunción de Menem?

R.- Pésimo, para la enorme mayoría de la población y, por ende, para el país. La Argentina

se encontraba asediada de afuera y de dentro. Al contexto internacional de la implosión

del bloque soviético y el triunfalismo de los fundamentalistas de mercado, cuya consigna

emblemática se resumió en aquella afirmación sobre “el fin de la historia” que proponía

que se había acabado el conflicto social y no existía otro asignador de recursos que no

fuera el mercado, se agregaba un contexto interno de hiperinflación como nunca se había

vivido hasta ese momento en la historia argentina. Recordá que en 1989 la inflación

anualizada alcanzó más del 4.900%. A esto sumale la pérdida total de reservas, la fuga de

divisas, el parate económico, los saqueos…en fin, un verdadero “golpe de mercado”

montado sobre la debilidad política del gobierno saliente de Alfonsín.

P.- ¿Quiénes estaban activando esa crisis? ¿Qué buscaban?

R.- Detrás de la escena estaban jugando fuerte en el aceleramiento de este proceso los

grandes grupos económicos nacionales y transnacionales que habían sido los beneficiados

por la dictadura militar y la política económica de Martínez de Hoz, entre otros, Bunge &

Born. Buscaban quedarse con la mayor porción del mercado interno y externo que aun

restaba en manos de empresas del Estado y de otras empresas privadas no monopólicas, y

de lograr la desregulación del mercado; es decir, quitarle el papel de contralor al Estado

en la regulación de las normas de la economía. Y dentro de la desregulación, el objetivo

principal era crear una gran base de desocupados y disminuir estructuralmente el nivel

salarial. (…) O sea, el cierre definitivo del ‘plan’ que se había propuesto la dictadura

militar. (…)”

68

Entrevista de Liliana Garulli a Alejandro Tozzola, enero de 2009. En Consolidación y crisis

de la democracia neoliberal, EUDEBA, 2011.

*“La privatización de los cuerpos”

¿Cuál fue el principal efecto de la privatización de ENTel sobre la fuerza de trabajo?

–En mi investigación analizo las transformaciones del campo jurídico que regulaba el

ingreso al mercado de trabajo, el crecimiento del desempleo y otras modificaciones que

desde la privatización produce la empresa para volver productivos a estos cuerpos que

habían sido juzgados como improductivos.

¿A través de qué mecanismos?

–Hubo un dispositivo discursivo que atribuía una identidad negativa a los ex ENTel: lentos,

perezosos, vagos. Así se imponían atributos de una identidad por construir vinculados a la

productividad, la empleabilidad. Los dispositivos discursivos intentaban enfrentar hasta el

paroxismo dos poblaciones, los ex ENTel y los nuevos. Cobró particular importancia el

Departamento de Recursos Humanos, que impuso la nueva identidad y los nuevos valores

de una cultura privada.

¿Como cuáles?

–Flexibilidad laboral, polivalencia, conocimiento de idiomas, informática. Siempre

teniendo como horizonte la maximización de las utilidades de la empresa. Mi objetivo era

investigar la micromecánica del poder desde el encuentro de los trabajadores en el ámbito

del trabajo para comprender las utilidades extraordinarias que realizaron estas dos

empresas. Al momento de la privatización, había más de 45 mil trabajadores en ENTel, la

mitad correspondía a Telefónica y la otra mitad a Telecom. Hoy hay poco más de 20 mil. Y

la cantidad actual de ex ENTel no supera el 20 por ciento.

¿Cuál fue la actitud de la empresa hacia los ex ENTel?

–Hasta el 1994/95, la empresa convocaba a retiros voluntarios. A partir de 1995, se

produjeron retiros voluntarios inducidos, donde la fuerza de trabajo fue ampliamente

presionada para dejar la empresa. Había un mecanismo de castigo a los rebeldes que

resistían la imposición de las nuevas condiciones de trabajo. La empresa expropió la figura

del trabajador, que pasó a ser un colaborador de la organización. Los mecanismos

tendieron no sólo a disolver el poder colectivo sino a docilizar al extremo la fuerza de

trabajo para que presentara la menor resistencia posible a los cambios. El objetivo fue

69

domesticar. Los trabajadores vivieron una permanente puesta en examen de sus

cualidades y competencias. Lo que se desvalorizaba eran las competencias adquiridas bajo

la égida del Estado de bienestar.

¿Cómo tipificaba la empresa a la fuerza de trabajo?

–Cuando comenzó la privatización, se pasó de la noción de usuario a cliente, de empleo de

por vida a empleabilidad y de compañero de trabajo a cliente-interno. A partir de la

liberalización del mercado de las telecomunicaciones, existió una nueva tipificación que

tenía que ver con el discurso religioso: el discurso de la fidelización. Hay cuatro grandes

caracterizaciones: el terrorista es el que conspira contra los intereses de la empresa; el

mercenario no está atado emocionalmente al proyecto de la empresa y va al mejor

postor; el rehén es el que está en la empresa porque no tiene otra inserción en el

mercado de trabajo y el apóstol es quien presenta la mayor satisfacción y motivación al

interior de la organización.

¿Cuán efectivos fueron los mecanismos de la empresa hacia los trabajadores?

–En los sectores administrativos, la empresa adquirió una importante adhesión y logró imponer la nueva identidad sin resistencias. Pero en los sectores operativos, donde existía un saber obrero, no tuvo la misma efectividad y en algunos casos fracasó abiertamente. Reportaje de Natalia Aruguete a Damián Pierbattisti (autor de “La privatización de los cuerpos…”), Suplemento Cash, Página/12, 27 de noviembre de 2005.

*“Ramal que cierra, pueblo que muere”

“Ramal que para, ramal que cierra, dijo el presidente Carlos Menem en noviembre de

1989. Y así fue. Sólo en el ramal del Ferrocarril Belgrano quedaron sin recibir el tren

aguatero 43 estaciones. ‘Pueblo sin tren, pueblo que muere respondieron las llanuras,

ciudades y el litoral de la Argentina, con protestas de distinta intensidad. Y así fue.

Con las primeras clausuras decretadas por el Gobierno en 1990, numerosos pueblos y

ciudades del país quedaron aislados. Los pobladores más viejos se quedaron a sobrevivir,

con mucho entusiasmo y ninguna esperanza. Los más jóvenes se fueron. Las ciudades

quedaron sin futuro. Esto ocurrió con La Banda en Santiago del Estero, Laguna Paiva y San

Cristóbal en Santa Fe o Navarro y Las Marianas en Buenos Aires, para citar sólo algunas.

Con la desaparición del tren sanitario también se perdió el servicio que prestaba en las

campañas contra el mal de Chagas, los planes de vacunación y la lucha contra la langosta.

Mientras existió el servicio ferroviario, el tren cumplía la misión social de llevar agua

potable a aquellas ciudades que no la tenían. También así se combatían las sequías. ‘Si han

70

cerrado el camino de metal, el acarreo acuoso se detuvo, los pozos se secan o se pudren

las cisternas, y éstas son tapadas por yuyales que al secarse transitan el camino de los

vientos como representantes de la muerte. Los pueblos se vacían uno a uno", cuenta el

experimentado dirigente ferroviario Juan Carlos Cena en su libro autobiográfico (…) El

guardapalabras. Memoria de un ferroviario (…)”

Héctor Pavón, Clarín Digital, 25 de mayo de 1997

*Convertibilidad y transformismo político

“Se trata de un momento histórico para los sectores dominantes porque concretan

avances impensables poco tiempo antes, logrando remover los escollos estructurales que

impedían la consolidación del patrón de acumulación que habían puesto en marcha a

partir de la dictadura militar. Si bien la superación de los factores estructurales se

desencadena a partir de las contradicciones secundarias dentro del establishment

económico, su resolución final trajo aparejada la transferencia a su órbita directa de

acumulación de los activos sociales acumulados por varias generaciones de argentinos y

un dramático replanteo de la relación entre el capital y el trabajo, que se expresará en los

más diversos órdenes de la vida social, coronando de esta manera la ‘revancha clasista’

que se puso en marcha con la dictadura militar basada en la obtención de cuasi rentas de

privilegio.

Sin embargo, es insoslayable destacar que este avance de los sectores dominantes fue

posible porque se consolida un sistema político basado en el transformismo argentino

como sistema de dominación.

(…) La consolidación del transformismo modela un sistema político que gira

exclusivamente dentro de la órbita de los sectores dominantes, abandonando su

identidad histórica y adquiriendo un formato y una dinámica empresaria de corte vertical

donde los operadores político tienen un papel decisivo”.

Eduardo M. Basualdo. Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: Notas

sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera 1976-2001, UNQUI

Ediciones, 2002

*Operadores “Se inicia así en el sistema político y en el resto de la sociedad civil la etapa

de ‘absorción gradual, pero continua’ de los intelectuales orgánicos del resto de los

71

sectores sociales. Es decir, de la decapitación de los sectores subalternos como forma de

inmovilizar a los sectores populares. (…) En el sistema político comienza a crecer la

trascendencia de los denominados ‘operadores políticos’ que se caracterizan por su

pragmatismo y una supuesta falta de ideología, que en realidad esconde su ruptura con

las concepciones y la historia de los grupos sociales a los cuales supuestamente

representan, subordinándose al poder establecido.” Eduardo M. Basualdo, Íbid.

*Clase media, corrupción, movilidad.

La política como escalera

“La corrupción masiva y endémica también es el resultado de la concentración de la

propiedad. La ruta tradicional hacia la movilidad social para la clase media se daba, por

ejemplo, a través de la apertura de un negocio, el incremento de la producción y las

ventas, que le permitía acumular riqueza en forma gradual. Con la privatización y la

concentración de la propiedad de la tierra, las finanzas y la industria, el ‘costo de ingreso’

para involucrarse en negocios excede de lejos la capacidad económica de cualquier

persona de clase media en América Latina. Imposibilitados de ascender socialmente a

través de la competencia en el mercado, los individuos de clase media con ambición de

ascenso social, ingresan a la política y transforman su cargo político en un mecanismo

para servir al capital extranjero a cambio de comisiones económicas (coimas, acciones

bursátiles, etc.). Ya que los canales de ascenso social están cerrados, el cargo político se

transforma en la única arena donde la clase media puede competir, obtener una oficina y

subir la escalera económica a través de mecanismos ilegales. (…)

En este sentido, la corrupción política es el principal vehículo de la movilidad social en la

era de la monopolización imperial del mercado. No es simplemente una transgresión de la

moral por parte de individuos imperfectos, sino una condición estructural endémica del

modelo neoliberal. (…)”

James Petras. “El menemismo: el contexto internacional de la década del 90”. En

Herramienta. Revista de Debate y Crítica marxista, Nº 12, marzo de 2000.

*Urbanizaciones, estilos de vida, inseguridad.

El contexto privatizador de la década impacta fuertemente en los estilos de vida. Las

urbanizaciones privadas, los barrios cerrados, los countries, los clubes de campo, aparecen

72

no sólo como respuesta a la desorganización caótica de “la ciudad”, la inseguridad y el

miedo, sino como expresión de aspiraciones de status y distinción social. En algunos casos,

este encapsulamiento trae consecuencias: nuevos modelos de socialización dentro de las

familias, desconexión con el mundo exterior y exacerbación de los contrastes con ese

“afuera” concebido como peligroso y hostil.

Nosotros y los “otros”

a) “[…] Acá vivimos una realidad que es muy especial e incluso yo le decía a mi mujer: qué

suerte que los chicos todos los días van a colegio, tienen que salir y pasar por delante de la

villa, para que no se crean que esto es la Argentina, porque chicos chiquitos que se crían

acá dentro creen que la Argentina es esto (…)”

b) “Miriam: [refiriéndose a los hijos] – No saben lo que es una calle, un semáforo, un

colectivo, viven en una burbuja, ellos van caminando por acá y es el coche el que tiene que

parar y no ellos porque pasa un coche.

E.- Y si lo pensás a futuro, ¿qué es lo que va a pasar con ellos?

M.- No, yo no me mudo de acá, ni loca. (…)

c) “Mi nena no sabe lo que es un colectivo, cuando va al subte se siente que va de paseo

como si fuese el paseo más grande que hay, cuando van al centro están a los bocinazos,

suben a un ascensor y es raro entonces también. (…) Si yo tengo que elegir prefiero

hacerlas crecer fuertes en este ambiente, darles valores bien arraigados porque para lo

malo siempre hay tiempo (…)”

d) “(…) Yo jugaba con el hijo del verdulero, del herrero, del mecánico, y digamos que el

perfil de un barrio sea mucho más homogéneo y eso hace que nuestros hijos estén

acostumbrados a ver siempre gente del mismo perfil social […]. Falta potrero, (…) no hay

más potrero, ni subir a un árbol ni cazar pajaritos. Acá no se hacen más esas actividades.

Acá es ver quién tiene la bicicleta más grande, quién tiene el nintendo con más juegos,

quien tiene…”

e) P.- ¿Qué hay del otro lado del paredón?

R.- Depende la zona, hay dos zonas de villa, acá en lo que sería la salida de Polvorines un

barrio textil, o ex barrio textil, es humilde, pero bien, gente que trabaja a humilde, pero

73

estamos rodeados por villas, zonas muy carenciadas, de aquel lado hay un tal barrio

Lucero que es muy carenciado (…)”

f) “G.- (…) En Luján, por ejemplo, se hacen barrios en el medio del campo, se cierra un

pedazo de campo y alrededor ¿qué queda?, campo…

M.- Sí, pero dentro de veinte años va a tener un barrio periférico. Andá a Highland,

primero era nada y después tuvieron problemas de periferia, porque se genera un barrio

alrededor que trabaja y que le da servicios al barrio de adentro (…)

E.- ¿Vos a qué te referís cuando hablás de problemas de periferia?

M.- Y de… robo… sobre todo, el problema es de seguridad. Nosotros fuimos al Lago [otro

barrio privado] a ver un terreno y nos dijeron que una buena característica del Lago es que

tenía doble cerco perimetral con guardias que rondan con perros. Yo decía ‘¡qué feo!’

[risas]. Me hizo acordar a la época medieval. Es horrible…”

En Maristella Svampa. Los que ganaron. La vida en los countries y en los barrios

privados. Biblos, 2001.

…Paredón y después

a) “Soldati es un barrio olvidado y discriminado. Para la policía es zona roja por la

peligrosidad, por eso la salita de salud no está abierta las 24 horas y tampoco tenemos

ambulancia, ambas cosas son muy necesarias. La salita no podría abrir a la noche si no es

con seguridad porque seguro que se robarían los medicamentos, además a la policía no le

gusta ingresar al Complejo [Habitacional Soldati], solamente entra el grupo GEO. El barrio

está como está por culpa del Estado que se retiró, los gobiernos nacionales, los dirigentes

ambiciosos y corruptos del barrio y la gente que no hace nada…” Testimonio de Martín,

ex residente del Complejo Soldati. En María Florencia Girola. “La ciudad dentro de la

ciudad: consideraciones sobre el avance de los procesos de relegación urbana en la

ciudad de Buenos Aires”, Voces Recobradas, Revista de Historia Oral, año 9, Nº 22.

b) “(…) para la gente Soldati no existe, es el Fuerte Apache de la Capital Federal, somos los

olvidados (…) el Complejo tiene muy mala fama, son todos unos negros villeros, ésa es la

visión que se tiene desde el afuera, más desde que se pobló de bolivianos y peruanos…”

Testimonio de Liliana, residente del Complejo. Íbid.

74

c) “(…) cuando decía a dónde vivía, cuando iba a la escuela, yo no decía villa, decía barrio

INTA. (…) Sentir que porque vivimos en una villa no somos menos que otros. Eso, lo difícil

es hacérselo entender a los chicos. Porque primero te discriminan y luego te

autodiscriminás… Te lo marcan tanto que te lo creés”

Testimonio habitante Villa 19 INTA. En Lidia González y Daniel Paredes. “Las ‘villas

miseria’ de Buenos Aires: la construcción del espacio barrial”, Voces Recobradas, Revista

de Historia Oral, Año 5, Nº 14

*Escraches

A casi veinte años del golpe, otros jóvenes, hijos de aquellos desaparecidos, se organizan

en una agrupación heredera de la lucha de Madres y Abuelas. Hijos por la Identidad, la

Justicia contra el Olvido y el Silencio instalan como forma de repudio el “escrache”, una

estrategia interpelativa para forzar la condena social, para lograr el juicio y el castigo. En

tanto producción anónima y colectiva que se apropia del espacio público, está

emparentada, de alguna manera, con el “siluetazo” de las “Madres”, aquella proliferación

de siluetas recortadas para hacer presentes las ausencias. Los escraches de H.I.J.O.S.

ponen en acto, “mandan al frente”, exponen a los genocidas, los señalan ante sus vecinos.

Denuncian públicamente con un lenguaje que revela, que saca a la luz la identidad del que

se esconde en el anonimato, amparado por la política oficial de olvido y por la vacancia de

la justicia. Porque “allí donde no hay justicia, hay escrache”, dicen los HIJOS que suman,

además, nuevas generaciones de artistas y colectivos de arte callejero.

La estética del escrache supone logística y organización: elaboración de máscaras,

disfraces, muñecos gigantes, banderas, pancartas, volantes con la foto del torturador,

murgas, batucadas, escenificaciones, verdaderas creaciones de sentido que involucran al

pueblo –vecinos, transeúntes ocasionales, televidentes- como testigo de la condena

pública. Los escraches multiplican los “lugares de memoria”.

Liliana Garulli, op. Cit.

Consignas cantadas (HIJOS):

“No subas la escalera,

no tomes el ascensor,

75

que al lado de tu casa

vive un torturador”

¡Alerta vecino!,

por las calles de su barrio

camina un asesino”

Documentales sugeridos

. MEMORIA DEL SAQUEO, FERNANDO P. SOLANAS, 2004

. La próxima estación, Fernando P. Solanas, 2008

C. Gobierno de la Alianza UCR- FREPASO

Los siguientes documentos y testimonios son apenas indicativos de los problemas que

afectaron a nuestra sociedad a comienzos del siglo XXI. Fueron seleccionados para

favorecer el debate.

*Globalización, extraterritorialidad del poder y las consecuencias para el espacio

urbano:

“(…) Lejos de homogeneizar la condición humana, la anulación tecnológica de las

distancias de tiempo y espacio tiende a polarizarla. Emancipa a ciertos humanos de las

restricciones territoriales a la vez que despoja al territorio, donde otros permanecen

confinados, de su valor y su capacidad para otorgar identidad. Para algunos, augura una

libertad sin precedentes de los obstáculos físicos y una inédita capacidad de desplazarse y

actuar a distancia. Para otros, presagia la imposibilidad de apropiarse y domesticar la

localidad de la cual tendrán escasas posibilidades de liberarse para ir a otra parte. (…)

76

La información flota libre de sus transportadores; la traslación y el posicionamiento de los

cuerpos en el espacio físico son menos necesarios que nunca para el reordenamiento de

significados y relaciones. Para algunos –la elite móvil, la elite de la movilidad- esto entraña

literalmente despojarse de lo físico, la nueva ingravidez del poder. Las elites viajan por el

espacio y a mayor velocidad que nunca, pero la envergadura y la densidad de la red de

poder que tejen no dependen de esos desplazamientos. Gracias a la nueva ‘incorporeidad’

del poder sobre todo en forma financiera, sus dueños se vuelven extraterritoriales,

aunque sus cuerpos permanezcan in situ. (…)

Las elites han optado por el aislamiento, pagan por él generosamente (…). El resto de la

población se encuentra excluida y obligada a pagar el fuerte precio cultural, psicológico y

político del nuevo aislamiento. Los que no pueden optar por vivir aisladamente y pagar los

costes correspondientes de seguridad son las víctimas del equivalente contemporáneo de

los cerramientos de la modernidad temprana, se los coloca lisa y llanamente ‘afuera’ sin

consultarlos, se les impide el acceso al ‘ejido comunal’ de antaño, afrontan el arresto, la

expulsión o una fuerte conmoción cuando ingresan en la región cercada sin advertir los

carteles de ‘propiedad privada’ o sin conocer el significado de las señales, no verbales

pero no por ello menos resueltas. De ‘prohibida la entrada’.

El territorio urbano se convierte en el campo de batalla de una guerra continua por el

espacio, que a veces estalla en el espectáculo público de los disturbios en los vecindarios

pobres, los choques rituales con la policía, las ocasionales incursiones de las multitudes

que asisten al fútbol (…). Los impotentes y desdeñados habitantes de las áreas

‘separadas’, cada vez más marginadas y reducidas, tratan de instalar en las fronteras de su

terreno, convertido en gueto, sus propios carteles de ‘prohibida la entrada’. (…) Las

fortificaciones construidas por la elite y la autodefensa por medio de la agresión

practicada por los excluidos se refuerzan mutuamente (…). Zigmunt Bauman. (1999) La

globalización. Consecuencias humanas, FCE.

*El Estado subsidiario y la exclusión

“En los países centrales, desde mediados de los años 70, con el cambio hacia la

globalización y nuevas formas tecnológicas se inicia un proceso de flexibilización del

trabajo cuyo principal efecto es la degradación de la condición salarial y, por ende, de

todos aquellos atributos que garantizaban las prestaciones (…).

En Argentina, desde 1976, también se asiste al desmantelamiento del Estado de Bienestar

y su reemplazo por el Estado subsidiario (…): la subsidiariedad connota una visión residual

77

de las políticas públicas – al Estado sólo le corresponde actuar allí donde el mercado no

llega o donde no hay mercado. (…)

Además, el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo fue transferido a los propios

trabajadores –ocupados o desocupados- a través de la anulación de los aportes patronales

y de la agudización de la tributación indirecta. El resultado fue una descomunal

transferencia de ingresos desde los débiles hacia los poderosos.

La contrapartida previsible de estos hechos fue un aumento sin precedentes de la

incidencia, la heterogeneidad y la intensidad de la pobreza. Hoy por hoy, el nivel de la

pobreza -50 por ciento- es incomparablemente superior a cualquier momento pasado, su

composición social es más heterogénea, ya que las carencias recaen sobre un espectro

social más amplio –que incluye a las capas medias-, y existe un creciente número de

indigentes que agravó su infraconsumo alimentario.

En el límite, este proceso de confiscación de los derechos sociales culmina con la

confiscación de los ahorros a la clase media, destruyendo algunos ejes constitutivos de

nuestra integración social, en particular, los altos flujos de movilidad ascendente que, en

el pasado, permitían transitar la vida en términos de un proyecto. (...)

Tal dinámica social conllevó la necesidad de disciplinar esa masa de población destituida,

ya sea mediante políticas de asistencia social, ya sea por medio de la represión directa. En

el plano asistencial, el paradigma aperturista se estructura sobre la noción de focalización

en grupos vulnerables, lo que significa que el Estado sólo ayuda a los extremadamente

carecientes. (…)

Argentina se constituyó así en un paradigma mundial de cómo no debe establecerse un

orden neoconservador, incluso entre los propulsores de esta opción. La retracción en

materia de bienestar procedió a la restauración de ideas decimonónicas sobre la

beneficencia, postulando que el Estado sólo debe asegurar la existencia de servicios

sociales pobres destinados a los pobres –los antiguos pobres de solemnidad- 17.

Se olvidó que el Estado subsidiario llegaba después de décadas de vigencia del Estado de

bienestar, o sea, que los despojados tenían con qué comparar.

17 En época del Estado liberal en Argentina se consideraban ‘pobres de solemnidad’ a aquellos cuya

condición de ‘pobres’ se comprobaba mediante un certificado policial, que los convertía en ‘aptos’ para la

caridad institucional.

78

Cabe preguntarse por qué, en Argentina, los procesos de reconversión económica son

tanto más fundamentalistas que en el resto del mundo. A nuestro entender, hay que

buscar la respuesta en el comportamiento de algunos actores sociales.

En primer término, en nuestra dirigencia económica. De acuerdo a cánones de la cultura

occidental, dos atributos definen el comportamiento empresario. Por un lado, la

capacidad de asumir riesgos –de ahí deriva parte de su legitimidad la ganancia capitalista-;

por otro, la vigilante preservación del espacio propio de acumulación –la empresa-. La

clase empresarial argentina –muy distinta de la brasileña- parece carecer de ambos

atributos. No asume riesgos (…), tampoco cuida al país (…) sino que lo depreda al buscar

maximizar sus beneficios en el más corto tiempo (…).

En segundo término, en nuestra dirigencia política (…) que parece irremediablemente

constituida en base a prácticas corporativas y clientelistas y que, en los últimos tiempos,

exhibe niveles de incompetencia y de corrupción insoportables.

Por último, en nuestra dirigencia sindical, la que, en lugar de liderar las reivindicaciones

sociales, busca disciplinarlas.

Ninguno de estos actores incorpora la idea de Nación. Paradojalmente, si algo debemos

aprender de este último cuarto de siglo es que, en las sociedades modernas, no hay

Nación sin cohesión social, que la cohesión social tiene un costo económico que no

pueden financiar los más débiles y que el Estado es insustituible en la gestión de las

políticas sociales que logran cohesión.”

Susana Torrado (fragmentos). En Clarín, 19 de junio de 2002.

*Contacto

“Cuando la pobreza coexiste o se asoma a la opulencia, aparecen formas de contacto. (…)

Como la oferta de servicio doméstico en las puertas –en realidad, retenes de seguridad-

de los countries, antes en la zona Norte, y hoy (…) extendidos en todas las direcciones del

conurbano; otras se han acentuado al calor de la desocupación, como las ventas en los

semáforos o la venta callejera en general; y otras son, desgraciadamente, totalmente

novedosas, como el contacto entre muy ricos y pobres mediante el cirujeo y el cartoneo,

que les permite asomarse al mundo de aquellos a través del reciclaje de lo que

descartan.”

79

María del Carmen Feijoo, Nuevo país, nueva pobreza, Fondo de Cultura Económica,

2002.-

*Indicadores

“Los indicadores oficiales dan cuenta de la peor distribución de la riqueza desde que la

misma es objeto de medición en el país, pero no es aventurado sostener que se han

alcanzado niveles jamás conocidos antes. Expresión de esa desigualdad son los más de

catorce y medio millones de pobres –y dentro de ellos los nupos [nuevos pobres],

expresión, ya se ha dicho, de la debacle de la clase media-, la aparición y difusión del

llamado “robo famélico” en los campos bonaerenses, las peleas entre pobres ocupados y

hambrientos sin trabajo, el incremento fenomenal de la deserción escolar (de una

intensidad tal que, en la provincia de Buenos Aires, obliga a los maestros a buscar a los

alumnos en sus casas, para que vuelvan al colegio, al que no pueden ir porque sus padres

no tienen dinero para comprarles el calzado y/o los útiles)”.

Waldo Ansaldi. “Los náufragos no eligen puerto. Análisis de la situación argentina, 2000-

2002”. En e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Año I, Nº 1,

Buenos Aires, octubre-diciembre de 2002.

*Aníbal Verón.

“(…) Aníbal Verón, 37 años, cinco hijos, empelado de una empresa que le debía ocho

sueldos, fue asesinado ayer a la madrugada de un balazo en el pómulo izquierdo, cuando

la policía salteña desalojó la ruta 34 frente a Tartagal. Horas después, miles de personas

manifestaron contra la represión y varios grupos se desprendieron y saquearon negocios,

quemaron la comisaría, la empresa de luz, la corresponsalía del diario El Tribuno y la

Municipalidad (...)

Verón fue despedido por telegrama a pesar de los ocho sueldos adeudados. Ganaba 600

pesos.

Luego, la empresa, ante la presión pública, decidió reincorporarlo, pero no le envió

telegrama ni lo contactó. Sólo lo anunció por la radio del pueblo. Verón no escuchó la

noticia. Ya estaba en el piquete, de donde nunca volvería.(…)”

Página/12, 11.11.2000

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*Jóvenes piqueteros

“En un fuerte contexto de crisis económica y desinstitucionalización, los jóvenes son el

objeto de una triple exclusión: la mayor parte de ellos han tenido escaso contacto con las

instituciones educativas y políticas, sufren frecuentemente el acoso y, en el límite, la

represión de las fuerzas de seguridad, por último, la mayoría no registra experiencia

laboral alguna. A falta de experiencia laboral y, por ende, de desdibujamiento de la cultura

del trabajo, las organizaciones piqueteras propone otros lugares de producción de la

disciplina y la solidaridad; por un lado, a través del trabajo comunitario, ligado muy

estrechamente a la satisfacción de las necesidades más inmediatas (huertas comunitarias,

comedores, (…) entre otros), por el otro, a través de la experiencia asamblearia”

Maristella Svampa y Sebastián Pereyra. “La política de los movimientos piqueteros”. En

Federico Schuster et al. Tomar la palabra, Prometeo, 2006

*Queremos trabajo

“Yo he pensado que estos planes Trabajar no han sido nada, y hay algunas personas que

tienen 5 o 7 hijos. Ahora te enseñan a comer soja y después te van a enseñar a comer

ratas, perros, ratón o lo que sea, porque nos llevan a la marginación total y nosotros

queremos tener trabajo genuino. Aparte que no tenés obra social y no aportás para la

jubilación. Cuando lleguemos a los 60 años nos van a meter en un paredón y nos meten

bala ahí, porque vamos a ser una carga para la sociedad”

Desocupado, exypefeano, miembro de la Unión de Trabajadores Desocupados. En

Maristella Svampa. Organizaciones de Trabajadores desocupados. Un estudio de caso: el

modelo Mosconi, Cedes, diciembre de 2002

*. Las asambleas

Cambiaron la fisonomía de los barrios. Discusiones, colorido, movimiento. Cuestionaron el

individualismo y las prácticas delegativas. Abordaron los problemas compartidos y

buscaron formas de salida y resolución. Dieron cauce a una diversidad de reclamos,

formas de expresión, emociones, saberes y estrategias. Expresaron una genuina forma de

democracia directa en un espectro que abarcaba todas las edades. Prontamente las

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asambleas –barriales, populares- fueron atravesadas por una fuerte tensión entre su

principio fundante –la horizontalidad- con la necesidad de organización. Liderazgos,

verticalidad, posiciones político-ideológicas manifiestas, burocratización, aparecieron

como problemas internos a resolver.

“ (…) Los vecinos, desempleados, amas de casa, maestras, psicólogas, plomeros,

profesores se ‘encuentran’ en una ciudad donde nadie ‘se encontraba’, donde cada uno

era para sí y nadie para todos. Se rompe la atomización, los barrios comienzan a adquirir

una personalidad propia.

El principio de las asambleas es tumultuoso, las intervenciones son dispares, muchas

veces sin conexión entre ellas. Fácilmente se pasa de reivindicaciones barriales, de la

exposición de necesidades apremiantes de algunos de los vecinos, a las arengas

encendidas que delatan la intervención de algún militante de grupos de izquierda (…)”.

Rubén Dri. La revolución de las asambleas, Buenos Aires, Diaporías, 2006.

*Que se vayan todos, que no quede ni uno solo…

a) “No es la viabilidad de la consigna lo que le da fuerza, sino su inviabilidad. Como es

inviable que se vayan todos, a lo que convocaba era a pensar y a hacer. A crear

condiciones para inventar. Iban construyendo espacios impensados. (…)

Entrevista de Edgardo Vannucchi a Ana María Fernández. Tesis 11 Nº 82, agosto-

septiembre de 2006.

b). “Nadie puede decirse dueño de esa pueblada potente, desbordante, ruidosa que

gritaba su bronca por tantas humillaciones, por tantos atropellos, por tanta impunidad,

por tantos crímenes, por tantas mentiras. ‘Que se vayan todos’ atronaba el aire como

expresión gráfica del rechazo visceral al plan neoliberal que nos ha esquilmado hasta

límites inverosímiles. (,,,)”

Rubén Dri. La revolución de las asambleas, Buenos Aires, Diaporías, 2006.

*Diciembre de 2001:

a) Saqueos y guardapolvos

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“La señora ingresó al patio de la escuela en ojotas, con los brazos sosteniendo latas de

tomates y de fideos. Yo la observaba desde el aula del primer piso, desde una ventana,

mientras tomaba los exámenes de diciembre de octavo año. Recuerdo que la señora dejó

en el piso los paquetes de fideos, se puso la mano izquierda sobre la boca en forma de

círculo y dirigiendo su voz hacía la ventana del aula gritó:

-¡Dale Chupete! ¡Apúrate! ¡Vamo’ a saquear a la estación!

“Chupete” era uno de mis alumnos que estaban rindiendo examen. Entregó la hoja y

comenzó a descender las escaleras rápido para el encuentro con su madre. Sin comprender

lo que estaba sucediendo, pero sí irritado, seguí los pasos de “Chupete”. En medio del patio

de la escuela, me encontré frente a la madre de “Chupete”. Paralelamente cerca del

portón de entrada, otras madres que comenzaban a gritar distintos nombres (unas con

pánico tratando de llevarse sus hijos a sus hogares y otras como la mamá de “Chupete”

repitiendo la frase “vamo’ a saquear”).

En medio de la escena la increpé a María, madre de “Chupete”. Y sentencié muy enojado:

-¡Señora!, ¿por qué lleva a su hijo a robar?

En tanto, “Chupete” miraba los paquetes de fideos que su madre había dejado en el patio.

María, con una mirada profunda y un tono de voz muy suave respondió:

-No se enoje maestro. Usted no sabe nada. Saquear no es robar. Acá estamos saqueando

cerca de la estación de Laferrere pa’ comer nada más.

Debo confesar que quedé paralizado, con incertidumbres y sin capacidad de analizar lo que

estaba sucediendo.

María, con las latas de tomates en sus brazos y “Chupete” con los paquetes de fideos en

sus manos, se alejaron corriendo por el portón de la escuela junto con otras madres e hijos

con guardapolvos blancos. A modo de despedida, María me dijo:

-Profe no se amargue. Ud. no entiende porque no es de acá.

La escena duró unos minutos. Entre tanto la escuela quedo vacía. Comencé a caminar por

las calles de Lafererre con la meta de llegar a la estación y de ahí a mi casa. Lo único que

pude alcanzar es un “cero cincuenta” (remis colectivo). Recuerdo que el Falcón modelo 72

esquivaba personas con mercaderías cayéndose de sus manos en un marco de persianas

rotas. Al llegar a la estación de Laferrere descendí del “cero cincuenta”. Comencé a

atravesar el puente que pasa por Ruta 21. Las vidrieras rotas y la gente corriendo eran una

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suerte de postal de guerra. En medio de ella, sobresalía un guardapolvo blanco. Era

“Chupete”. En plena corrida y perdiendo paquetes. Preocupado me vociferó:

-Dele! ¡Dele profesor!

-¡Tomesé el bondi rápido!

- ¡Rápido el bondi! ¡Los de González Catán nos van a venir a robar!”

Testimonio de Gerardo Médica en archivo de L. G. (el subrayado es nuestro). En Liliana

Garulli. Consolidación y crisis de la democracia neoliberal, EUDEBA, 2011.-

b) “Las tragedias rara vez tienen cifras exactas” O el llanto de Whan

“(…) Cuando Whan [Cai So] llegó a Buenos Aires, a fines de 1999, no conocía otra lengua

que el cantonés. Si balbuceaba su nombre, la gente le respondía: ‘Ah, Juan. Te llamás

Juan’. Whan ayudaba a su cuñado en el mercadito El Sol. Tras seis años de trabajo duro, el

cuñado había comprado aquel negocio con una telaraña de préstamos.

A las once de la mañana del 19 de diciembre, Liu Yu Bing, la esposa del cuñado, oyó vagas

noticias sobre saqueos en Fuerte Apache y la Autopista del Oeste. Eran sitios próximos a El

Sol, en Ciudadela, y decidió bajar las rejas del negocio.

Fue inútil. Cientos de personas llegaron de pronto, como una súbita plaga de langostas,

rompieron las rejas y limpiaron las góndolas, la vivienda del piso alto, el árbol de Navidad,

la bomba de agua. ‘En apenas dos horas nos dejaron sin vida’, dijo Liu Yu.

Whan no podía, no sabía hablar. Apoyó las manos en una de las góndolas y rompió a

llorar. Era un llanto caudaloso, irrefrenable, más vasto aún que el hambre de quienes lo

habían despojado. Se echó al piso vacío del mercado, golpeó las baldosas con los puños y

siguió llorando con lágrimas de otro mundo y palabras que no tenían fin.

Dos horas estuvo Whan entregado al duelo de su llanto (…).

Mariela Rosales, de veintiocho años, fue asesinada de dos balazos por el dueño del

supermercado Hola, en Lomas de Zamora, mientras arrebataba, en el tumulto de los

saqueos, dos botellas de aceite y dos paquetes de harina.

A un chico de catorce años lo abatió una perdigonada de la policía en villa Allende,

Córdoba. Le dieron en el pecho. Al caer, rompió la botella de Coca-Cola que era su único

saqueo.

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Liu Yan Qung, de Villa Fiorito, vio que una marea humana embestía la puerta de su

negocio. Disparó a la multitud y su bala dio de lleno en la cabeza de un vecino de

veinticuatro años.

En poco más de veinte horas hubo casi treinta muertos, o treinta y dos, o veintiocho. Las

tragedias rara vez tienen cifras exactas.

Más de doce años antes, el gobierno de Raúl Alfonsín había caído bajo el peso de catorce

muertos en la desesperación de los saqueos. La herida de esta víspera de Navidad era más

numerosa y tal vez más incurable. Whan lloraba por su ruina, pero también lloraba –sin

saberlo- por la Argentina que se desplomaba.”

Tomás Eloy Martínez. Episodios Argentinos. Diciembre y después, Aguilar, 2002

*El fin de la infancia

Si una o dos jornadas sellan un fin de época, queda claro que no son una ruptura de la

historia sino, más bien, una aceleración de su continuidad. La –fenomenal y feroz– crónica

del 19 y 20 de diciembre de 2001 no debería ocluir la percepción de que todo lo que

cambió ya venía cambiando, de que todo lo que cesó venía caducando, de que –si se me

permite una metáfora banal– el cuerpo que se estrelló contra el piso venía cayendo desde

el piso 30. Lo que sellaron el 19 y el 20 de diciembre fue el fin de una etapa infantil e

individualista de buena parte de la sociedad argentina.

La convertibilidad no fue, apenas, un plan económico. Fue un proyecto de país

acompañado –en las urnas y, lo que es más denso, en la adopción de estrategias

individuales de vida– por muchísimos argentinos de bien, que eran en verdad sus víctimas.

La Argentina renunció a tener moneda, por ende a tener política monetaria, y luego a

tener política económica. Endeudó con magra contrapartida los activos públicos, renunció

a la renta petrolera y –ya que estaba– a imponerla con impuestos. Atomizó sus sistemas

de salud y de educación. Hizo de la fragmentación social, política y económica una

estrategia. Dejó librados a su suerte a los más débiles: pobres, viejos, mujeres, provincias

chicas, municipios alejados de los grandes centros urbanos. Narcotizados por algunos años

de pseudo bonanza, millones de argentinos se plegaron, de a uno y en fila india –como

hacían precisamente los indios en las viejas películas de vaqueros, para que los mataran

mejor–, a esa estrategia demoledora.

Muchos creyeron que el quiosco, el remise, el taxi, el plazo fijo, el retiro voluntario, les

servirían para entrar por alguna puertita al paraíso globalizado. La democracia delegativa

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fue aceptada mansamente por millones de víctimas que no se percibían como tales,

renunciando así a su derecho de legítima defensa. Muchos ciudadanos argentinos, en el

Conurbano o en Cutral-Có, creyeron que zafarían de a uno lejos de la fábrica, del

sindicato, sin YPF, alienados del ferrocarril. Compraron espejitos de colores y se miraron

en ellos por años, viéndose, durante un lapso, rubios, altos y de ojos celestes. (…) La

destrucción del Estado y de la sociedad tuvo como socio del silencio al miedo

disciplinador, hijo bastardo de la dictadura militar y de la hiperinflación que hizo bajar la

guardia, aceptar el orden y la estabilidad (dos valores en esencia conservadores) como

vigas de estructura de la sociedad y posponer los tradicionales reclamos de equidad,

distribución del ingreso y solidaridad. (…)

Duro es ser pueblo y querer ser una Nación en un país pobre y devastado. (…)”

Mario Wainfeld. Página 12, Suplemento 20 de diciembre 2002.-

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*Protesta social, medios y encubrimiento

Analicen críticamente el título de tapa del diario. ¿Qué comentario les merece?

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*Vean el documental “La crisis causó dos nuevas muertes”, realizado por Patricio Escobar

y Damián Finvart.

El documental reconstruye lo que se llamó la “Masacre de Avellaneda”. El 26 de junio de

2002, los jóvenes militantes sociales (piqueteros), Maximiliano Kosteki y Darío Santillán

fueron asesinados por la policía. El documental saca a la luz las maniobras políticas del

gobierno de Duhalde y la manipulación de la información por parte de los grandes medios

de comunicación, en especial el diario Clarín (ver tapa).

Los grandes medios de comunicación contaban con la secuencia fotográfica que mostraba

el instante anterior y el posterior en el que Darío Santillán recibía un disparo por la espalda.

Pero la hicieron pública 48 horas después.