durand tesis doctorado[1][1]

PROGRAMA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

ESCUELA PARA GRADUADOS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA

DESARROLLO RURAL Y ORGANIZACIÓN CAMPESINA

EN ARGENTINA

EL CASO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Agropecuarias

Autor: PATRICIA BEATRIZ DURAND

Director: ROBERTO BENENCIA

Consejera: ROSANA GUBER

Mayo 2006

2

A mis hijos,

a mis alumnos y alumnas,

y a todos los jóvenes argentinos.

Espero que puedan construir

esa sociedad más justa

que los mayores no hemos logrado.

3

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido un viaje, un intenso viaje por caminos geográficos y por cami-

nos internos; cinco años donde tengo tanto para agradecer a mis compañeros de viaje

que no se por dónde empezar.

Ante todo quiero agradecer a las familias campesinas que me recibieron con tanta amabi-

lidad y paciencia, y que destinaron su tiempo –siempre escaso–, a conversar conmigo, a

ayudarme a comprender -aunque sea un poco-, cómo viven su vida en el campo santia-

gueño. Incluyo no sólo a las familias de Rincón del Saladillo y de Amamá cuyos testimo-

nios quedaron reflejados en este trabajo, sino también a las familias de Tintina, de Santa

Rosa, de Mercedes, de Lote 4, de Quimilí y de Alhuampa; especialmente a Pila V., su

esposa Alicia y sus hijos; al grupo de jóvenes: Sonia, Cintia, Felipe, Juana, Enrique, Nico-

lás, Gabriela; a Lobito y su querida madre; a Pablo A., a doña Mirta y don Pocho; a don

Raymundo y doña Julia; a Mundito; a Carlos y José I.

También quiero agradecer a los representantes de la Central Campesina de Quimilí, de

la Central Campesina de Tintina, y de las Comisiones de Base vinculadas a esas Centra-

les, por su tiempo y por haberme permitido participar en sus reuniones y aprender junto a

ellos.

A Fabián De Bueno y Angel Strapazzon del CENEPP, que con cada encuentro no sólo

me ayudaron a comprender mi tema de investigación sino también mi profesión como

ingeniera agrónoma y mi rol como investigadora y docente.

A Rodrigo Losada y Leandro Pusineri –profesionales jóvenes del CENEPP–, Sandra Le-

desma, Héctor Lipshitz, Carlos Flores, Lucila Zárate, Luis Fernández, Beatriz Giménez y

José Pablo Sabatino, profesionales de diferentes Programas Sociales a quienes pude

entrevistar y, con algunos de ellos, compartir horas de trabajo.

A Carlos (Nica) González, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en

Buenos Aires que me facilitó el acceso a información periodística y registros fotográficos

del movimiento, me vinculó a muchos de los entrevistados, y fue mi compañero de ese

viaje que es la vida durante dieciocho años, además de padre de mis hijos.

4

Por otra parte quiero agradecer a los docentes responsables de los cursos que realicé

durante el doctorado, por su aporte a mi formación: Susana Aparicio, Beatriz Heredia,

Héctor Trinchero, Claudio Ghersa, Antonio Camou y Rosalía Cortés. A Homero Saltala-

macchia, que con su exquisita claridad metodológica no sólo me ayudó a analizar las

entrevistas cuando eso me parecía una tarea imposible, sino también a revisar mis con-

clusiones.

A María Inés Alfaro que me ayudó a pensar el problema de investigación cuando el pro-

yecto todavía no era ni siquiera un sendero; y a Germán Quaranta, que me orientó a

revisar el diseño al final del camino.

A mis compañeros de trabajo del proyecto de investigación “Trayectorias de organizacio-

nes sociales en áreas rurales”, Programación Científica 2001-2003 de la Secretaría de

Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, dentro del cual fui investigadora

tesista. A los miembros del Grupo de Estudio y Trabajo “Campesinos y Trabajadores Ru-

rales Ayer y Hoy” del Centro de Antropología Social del IDES que me acompañan desde

el 2004, especialmente a Rolando Silla, Sandra Pereyra, Carolina Feito, Carolina Diez

Brodd y Laura Díaz Galán.

Un agradecimiento especial a Roberto Benencia -director de esta tesis-, y a Rosana Gu-

ber -consejera de la misma- que más allá de la tarea específica alrededor de la tesis en

particular, son mis guías desde hace años en esta difícil tarea que es investigar en nues-

tro país. Espero que me sigan acompañando.

Agradezco también a los miembros de la Comisión de Doctorado que me ayudaron a

revisar algunos puntos de la tesis cuando ésta estaba en sus primeras etapas; a la Facul-

tad de Agronomía que co-financió los cursos que realicé dentro de la Escuela para Gra-

duados, y a la Universidad de Buenos Aires que, a través de una beca de doctorado, me

permitió dedicarme exclusivamente a la investigación durante dos años.

Compañeros y compañeras de camino, maestros y maestras, luces en la niebla, faros

que me orientaron para llegar al puerto, a tod@s muchas gracias, sin ustedes este viaje

no hubiese sido tan conmovedor.

5

INDICE

Agradecimientos 3

Introducción: El problema en estudio y su abordaje 11

1. Marco conceptual 11

2. Preguntas, hipótesis y objetivos de la investigación 13

3. Antecedentes 16

4. Metodología de investigación 17

5. Organización del texto 23

PRIMERA PARTE

Capítulo 1: Desarrollo rural y campesinos: una aproximación teórica a la rea-lidad latinoamericana

25

1. Desarrollo rural: un concepto con múltiples aristas 25

2. Políticas públicas, políticas sociales y programas de desarrollo rural 28

3. Los campesinos dentro del sistema capitalista 31

4. Campesinos, pobreza rural y desarrollo 40

5. Movimientos sociales y organización campesina contemporánea

43

Capítulo 2: Campesinos y desarrollo rural en la Argentina de los noventa 49

1. Características de los campesinos en Argentina 49

2. La situación de los campesinos en la provincia de Santiago del Estero 53

3. Luchas y movimientos campesinos en el Gran Chaco Argentino 62

3.1. Los primeros conflictos 62

3.2. Las Ligas Agrarias 65

4. Acciones de desarrollo rural dirigidas a campesinos en 1990-2001 70

4.1. Las acciones estatales de desarrollo rural 70

4.1.1. Descripción de los programas de desarrollo 71

4.1.2. Comparación de los modelos de intervención 77

4.2. Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 87

5. Las acciones estatales a partir de la crisis del 2001 91

6

SEGUNDA PARTE

Capítulo 3: El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) 96

1. Las primeras luchas 96

2. La constitución del MOCASE 100

3. Conflictos y división del MOCASE 104

4. El MOCASE como movimiento social 107

5. La historia continúa 113

Capítulo 4: Organización campesina en Arroyo Salado 117

1. Trabajo rural y migración temporaria: “Trabajar para otros” 118

2. Nuevas formas de migración y trabajo en la unidad doméstica: “Hemos que-

dado en esta tierra”

121

3. Organización campesina: “Que representen y no manden” 130

4. Lucha por la tierra: “El aguante” 139

5. Prácticas de intervención de programas estatales y organizaciones no guber-

namentales de desarrollo en Arroyo Salado

142

5.1. Prácticas de intervención no gubernamental 145

5.2. Prácticas de intervención estatal: los programas de desarrollo rural

social

155

5.3. Comparación de las prácticas de intervención observadas 159

6. Cambios en la calidad de vida de las familias de Arroyo Salado 162

Capítulo 5: Organización campesina en El Coyuyo 167

1. Campesinos y ganadería extensiva: “Casi todo el mundo sembraba” 167

2. El obraje: destrucción del monte y migración 169

3. Otra vez “en el hacha” 169

4. El regreso de la ganadería, la división de El Coyuyo y el comienzo de la orga-

nización campesina

175

5. Prácticas de intervención de programas estatales y organizaciones no guber-

namentales

177

6. Cambios en la calidad de vida de las familias de El Coyuyo 184

Conclusiones

1. Programas de desarrollo rural, pobreza y calidad de vida de las familias cam-

pesinas

188

2. Programas de desarrollo rural: ¿facilitadotes u obstáculos en la trayectoria del

Movimiento Campesino de Santiago del Estero?

192

Bibliografía 198

7

INDICE DE CUADROS

Cuadro 1 Matriz para el análisis de datos sobre los modelos de intervención

78

Cuadro 2

Matriz para el análisis de datos sobre las prácticas de intervención

144

Cuadro 3 Prácticas de intervención en Arroyo Salado

161

Cuadro 4

Cambios en el nivel de vida de las familias de Arroyo Salado

165

Cuadro 5 Prácticas de intervención en El Coyuyo

183

Cuadro 6

Cambios en el nivel de vida de las familias de El Coyuyo

186

8

DECLARACIÓN (De acuerdo a las normas del Programa de Doctorado de la EPG-FAUBA)

Declaro que el material incluido en esta tesis es, a mi mejor saber y entender,

original, producto de mi propio trabajo (salvo en la medida en que se identifi-

que explícitamente las contribuciones de otros), y que este material no ha si-

do presentado como una tesis en la Universidad de Buenos Aires ni en otra

institución.

Patricia Beatriz Durand

Mayo 2006

9

RESUMEN DESARROLLO RURAL Y ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN ARGENTINA

EL CASO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Esta investigación se propuso analizar en qué medida y bajo qué circunstancias los pro-

gramas sociales rurales implementados en Argentina en el período 1990-2001 operaron

como facilitadores o como obstáculos en la trayectoria de las organizaciones campesinas

y en la superación de la pobreza de las familias que participaban en las mismas. La hipó-

tesis de trabajo planteaba que esos programas sostenían un modelo de intervención que

promovía un tipo de organización que generaba conflictos dentro de las organizaciones

campesinas y que impactaba negativamente sobre los resultados esperados. La investi-

gación fue abordada como el estudio de un sistema complejo, el Movimiento Campesino

de Santiago del Estero, utilizando un diseño encastrado de caso único. Se utilizaron fuen-

tes semiestructuradas de información: entrevistas etnográficas y observación participante,

complementadas con fuentes no estructuradas. El trabajo de campo se desarrolló en

Santiago del Estero, y en menor medida en Buenos Aires. Los resultados muestran que

los programas sociales no modificaron la situación de pobreza de las familias, y las prác-

ticas de intervención tuvieron escasos efectos sobre su calidad de vida, lo que parece

deberse a la falta de integralidad de las propuestas y a la escasa flexibilidad para proveer

a las familias campesinas de tecnologías acordes a sus necesidades. Los programas

sociales rurales analizados no facilitaron el fortalecimiento de las organizaciones campe-

sinas, pero tampoco fueron obstáculos en su trayectoria. Ante la presencia de otros facto-

res de mayor peso que tienden a consolidar a las organizaciones o a fracturarlas, las ac-

ciones de los programas de desarrollo rural tienen una importancia secundaria. En base a

estas conclusiones se rechaza la hipótesis de trabajo y en su reemplazo se postula que

algunos programas sostenían un modelo de intervención donde se promocionaba un tipo

particular de organización y otros adecuaban su propuesta a la estructura organizativa

existente; pero aún aquellos que intentaban imponer un tipo de organización, en la prácti-

ca se vieron compelidos a negociar con las organizaciones pre-existentes (campesinas o

no gubernamentales) que “filtraron” la propuesta del programa de acuerdo a normas y

valores locales. Finalmente se afirma que la pérdida de funcionalidad del campesinado

dentro del capitalismo agrario argentino, en lugar de determinar la desaparición de este

actor social, se presenta como una oportunidad para que las organizaciones campesinas

encuentren nuevas formas de participación política y económica en nuestro país.

Palabras clave: movimientos campesinos contemporáneos, programas de desarrollo ru-

ral, trayectorias de organizaciones rurales, pobreza rural, calidad de vida rural.

10

ABSTRACT

RURAL DEVELOPMENT AND PEASANT ORGANIZATION IN THE ARGENTINE RE-PUBLIC. The Case of the Peasant Movement in Santiago del Estero.

The purpose of this research is to analyse how and under which circumstances the rural

social policies applied in Argentina from 1990 to 2001 worked as helper or as hindrance in

the course of the peasant organizations and in the intent to overcome the poverty of the

families which were part of them. The hypothesis of work stated that such policies sup-

ported a kind of intervention which promoted a type of organization which generated con-

flicts among the peasant organizations, having a negative effect on the expected results.

The research was undertaken as the study of a complex system, the Peasant Movement

in Santiago del Estero, using an embedded single-case. Semi-structured sources of in-

formation have been used: ethnographic interviews and partaking observation, supple-

mented by non-structured sources. The country work was carried out in Santiago del Es-

tero and in Buenos Aires, in a lesser degree. The results show that the social policy did

not modify the situation of poverty of the families and the intervention practices had little

effect over their quality of life, all of which seems to be due to the lack of integrality in the

proposals and the little flexibility in the provision to the peasant families, of technologies

according to their needs. Although the analysed rural social policies did not help to

strengthen the peasant organizations, they did not hinder their course. With the presence

of other more important factors that tend to consolidate the organizations or to split up

them, the action of the rural development policies has a secondary importance. Based on

such conclusion, the hypothesis of work is rejected and replaced by one which sets forth

some policies that support a kind of intervention where a particular type of organization

was promoted and others adapted their proposal to the structure of organization already

existing; but even those which tried to impose a kind of organization, in practice, had to

negotiate with the pre-existing ones (peasant or non-governmental organizations) that

filtered the proposal of the policy according to local rules and values. Finally it can be

stated that the lost of functionalism of peasant organization within the Argentine agrarian

capitalism, does not determine the end of this social agent, but appears as a chance for

the peasant organizations to find new forms of political and economical participation in

our country.

Key words: contemporaneous peasant movements, policies of rural development, courses

of rural organizations, rural poverty, quality of rural life.

11

INTRODUCCIÓN

EL PROBLEMA EN ESTUDIO Y SU ABORDAJE

1. Marco conceptual Las distintas teorías e interpretaciones sobre la naturaleza, desarrollo y destino de las

economías campesinas fueron incorporadas al debate latinoamericano a partir de 1970.

Surgieron dos grandes corrientes opuestas: los “campesinistas” y los “descampesinistas”.

Para los primeros, el desarrollo del capitalismo en las condiciones peculiares de América

Latina tendía a la recreación de una economía campesina. Esta corriente de pensamiento

percibía a la agricultura campesina como una connotación inherente, y por lo tanto per-

manente, del capitalismo periférico; por ello la agricultura campesina se perpetuaría aso-

ciada a su continua recreación, gestada por el propio proceso de expansión capitalista.

Los segundos, en cambio, postulaban la desaparición irreversible de la agricultura cam-

pesina, con una simultánea proletarización de la fuerza de trabajo rural (Astori, 1984).

Desde enfoques más estructurales sobre el problema del desarrollo y la modernización,

se resaltaron los efectos de la concentración de la tierra, entendiendo que el modelo lati-

fundio/minifundio era el responsable del subdesarrollo. Muchas de las políticas de Refor-

ma Agraria encontraron sustento en estas perspectivas teóricas (Alfaro, 2000). La cues-

tión campesina se vinculó crecientemente con los problemas del desarrollo. Para la teoría

de la modernización formulada por la economía neoclásica, los países subdesarrollados

presentaban dos sectores económicos diferenciados: el “sector moderno”, capitalista,

industrial, abierto al cambio tecnológico, orientado hacia el mercado y cuyo comporta-

miento buscaba maximizar las ganancias; y un “sector tradicional” agrícola y poco cam-

biante, basado en la producción de subsistencia, con escasos excedentes para la comer-

cialización, con un considerable subempleo de los recursos productivos y un modo de

vida que tenía poco interés en maximizar la productividad y las ganancias. Este concep-

to, elaborado en su forma clásica por W. A. Lewis en 1954, se basa en una economía

fundamentalmente cerrada, que crece por la transferencia de mano de obra desde la

agricultura hacia la industria, lo cual tendería a eliminar el subempleo y conduciría a una

escasez de mano de obra en la agricultura, lo cual induciría a su vez un proceso de mo-

dernización agrícola a través del uso más eficiente de la tecnología moderna. Esta tecno-

logía sería transferida desde el sector industrial al agrícola, pero no a todos los agriculto-

res, sino a los más grandes por suponerlos más dinámicos y más dispuestos a introducir

12

innovaciones, además de contar con mayores recursos de tierra y acceso al crédito. Los

pequeños productores, debido a sus escasos recursos y a su “mentalidad tradicional”

constituían dentro de este enfoque un “problema social” más que económico. Se conside-

raba que, a largo plazo, serían absorbidos por los sectores urbanos más productivos.

La crítica a este “dualismo” desarrollada desde la teoría de la dependencia llevaba a afir-

mar radicalmente la presencia del modo capitalista, lo que impedía reconocer la existen-

cia de formas no capitalistas. El capitalismo agropecuario aparecía casi como un sistema

único y absoluto. Otros autores, desde la misma teoría pero con una perspectiva más

flexible, planteaban que el capitalismo operaba como modo dominante pero que mante-

nía relaciones con otras formas de producción diferentes, y trataron de demostrar la ca-

pacidad que tenía el proceso de desarrollo capitalista no sólo para refuncionalizar formas

preexistentes, sino también para crear y recrear relaciones no capitalistas de producción.

El debate comenzó a centrarse entonces en la relación entre la agricultura campe-sina y la agricultura capitalista, desarrollando la tesis de la “funcionalidad” del campesino dentro de formaciones capitalistas.

Dentro de esta línea, Astori (1984) planteaba que la agricultura capitalista y la agricultura

campesina debían ser percibidas integradamente en el contexto global conformado por la

dinámica del proceso agropecuario concebido en su conjunto. Astori señala que la agri-

cultura capitalista había monopolizado en América Latina el abastecimiento del mercado

externo y la fracción más dinámica del interno, mientras que la agricultura campesina

suministraba productos básicos destinados a la alimentación popular que ofrecían peores

condiciones de rentabilidad por sus precios bajos. La racionalidad de la unidad campesi-

na era funcional a este tipo de articulación con la demanda, ya que cuanto menores fue-

sen los precios, mayor sería la autoexplotación del campesino.

Más recientemente la idea de funcionalidad del campesinado va dejando lugar al concepto de “exclusión”. Según Piñeiro (1995), existe un vasto sector de campesinos

pobres con escasos recursos naturales o sin tierra que no tienen un papel definido dentro

de la modalidad de desarrollo capitalista agrario que ha adoptado el agro latinoamerica-

no. La presencia de esta población rural excluida, es decir, que no tiene un papel definido

en el proceso de acumulación del capitalismo agrario, constituye un punto de ruptura teó-

rica de mucha importancia con las interpretaciones presentadas previamente. Murmis

(1994) vincula este concepto de exclusión con un nuevo dualismo: el de campesinos y

empresarios. Esta visión contrapone ambas categorías por referencia a su capitalización

diferencial, a su diversidad de conductas productivas y acceso a recursos, e incorpora

13

una dimensión central de inclusión/ exclusión o por lo menos, de inclusión/ no inclusión.

Así como el dualismo antes predominante de latifundio y minifundio incluía una explícita

dimensión de explotación como relación asimétrica, el nuevo dualismo acentúa el ele-

mento de no incorporación. La exclusión estaría relacionada a la pérdida de las “funcio-

nes” del campesinado. A la capacidad del sector urbano de autoaprovisionarse se estaría

uniendo cada vez más la existencia de masas de asalariados disponibles para el trabajo

rural, crecientemente transitorio, asentados muchas veces en zonas periurbanas. Los campesinos quedarían entonces “acampando”, persistiendo como “población re-dundante” (Murmis, 1994), formando parte de la población identificada como “pobres

rurales” junto a asalariados, productores familiares empobrecidos y aborígenes (Craviotti

y Soverna, 1999).

Este cambio en la interpretación del rol del campesino dentro de la estructura agraria fue

acompañado por una modificación en las políticas de desarrollo rural, que en las últimas

décadas comenzó a plantearse como un tipo específico de política social (Feito, 2005).

Para las políticas estatales de la República Argentina1 el campesinado adquiere visibili-

dad a partir de su “pobreza” y del riesgo de conflicto social que acompaña las situaciones

de exclusión que se agudizaron en la década del 90. A partir de esa época diversos pro-

gramas sociales financiados por el Estado Nacional tuvieron a los campesinos como “po-

blación objetivo”, en algunos casos como únicos destinatarios –como el Programa Social

Agropecuario (PSA)-, en otro caso junto a otros pobres rurales: los trabajadores –como el

Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER)-; o con

pobres urbanos –como en el PROHUERTA y en el Fondo Participativo de Inversión So-

cial (FOPAR)-.

2. Preguntas, hipótesis y objetivos de la investigación

La República Argentina había llegado a la década del ‘90 con un esquema universalista

de provisión pública de educación y salud y un sistema de seguridad social ligado al em-

pleo que enfrentaban severas dificultades financieras de largo plazo, y con una legisla-

ción laboral protectora que había sido objeto de reiterados embates. La orientación de la

provisión de servicios sociales, de la seguridad social y de la legislación del trabajo había

sido compatible con los requerimientos de un modelo de crecimiento económico basado

1 A diferencia de otros países de América Latina, en Argentina no se llevaron adelante proyectos de Reforma Agraria; solo se desarrollaron algunos procesos de colonización impulsados por el Consejo Agrario Nacional y por algunas provincias. Otras corrientes de desarrollo rural ampliamente difundidas desde los `50 en otros países latinoamericanos, como el Desarrollo de la Comunidad y, posteriormente el Desarrollo Rural Integra-do, no llegaron a tener manifestaciones importantes en Argentina (Feito, 2005).

14

en el mercado interno, pero a raíz del persistente déficit fiscal agravado por la deuda

externa, a principios de los ’90 el deterioro de la provisión estatal de servicios sociales se

había agudizado notoriamente y el sistema previsional estaba críticamente desfinanciado.

Desde distintas perspectivas ideológicas se comenzó a coincidir en torno de una caracte-

rización de las intervenciones de ese modelo de Estado como ineficaces e ineficientes y

empezó a cobrar importancia el concepto de focalización2 como una forma de lograr una

mejor asignación de los recursos disponibles (Benencia y Flood, 1998; Brawerman y Mi-

nujin, 1991). En el mismo período se asistió a una reducción de la agenda de política so-

cial y se enfatizó como objetivo fundamental “atender las situaciones de pobreza extre-

ma”, abandonando otros objetivos como la reducción de la incertidumbre, la distribución

progresiva de los ingresos y la movilidad social (Lo Vuolo y Barbeito, 1998).

Los programas y proyectos sociales se subsumieron mayoritariamente en los aspectos

psicosociales de la pobreza, construyendo una perspectiva valorativa centrada en la soli-

daridad entre pares y en la elevación de la “autoestima”. El objetivo central de la “nueva

política social” sería lograr la equidad, la integración social, la igualdad de oportunidades

y la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social; esto implicaba desplazarse desde

el concepto de gasto social al de inversión social, “centrando la inversión en las personas

a fin de que desarrollen sus capacidades y potencialidades individuales”, al mismo tiempo

que se intentaba “reconstruir las redes comunitarias para lograr la integración social”

(SDS, 1997). A partir de 1991 se diseñaron nuevos programas en todas las áreas socia-

les entre los que se encuentran los citados anteriormente.

Uno de los aspectos que primaban en el discurso de los programas sociales era la nece-

sidad de “participación” no sólo de las distintas instancias estatales, sino también de los

sectores privados, el voluntariado de los hospitales, las cooperadoras escolares, las aso-

ciaciones de solidaridad, organizaciones no gubernamentales, sociedades vecinales, co-

operativas, fundaciones, y otras organizaciones de la sociedad civil (Golbert, 1996). Este

interés por la participación también se registró en otros países de América Latina, y de

alguna manera responde a –o coincide con– recomendaciones de organismos internacio-

nales, como el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en el

Informe sobre Desarrollo Humano de 1996 convocaba a los gobiernos a promover formas

más abiertas y transparentes de democracia y de estilos de participación de la sociedad

civil y de organizaciones comunitarias (PNUD, 1996; Cardarelli y Rosenfeld, 1998).

2 “Focalizar” consiste en concentrar recursos en una población de beneficiarios potenciales claramente identi-ficada, y diseñar el programa o proyecto con que se pretende atender determinado problema teniendo en cuenta las características de esa población (CEPAL, 1995).

15

Otro aspecto incluido en el discurso de la política social de esa época era el apoyo a pro-

cesos de “organización social” de los beneficiarios, para que “el impacto de los recursos

invertidos trascienda el corto plazo a través de estructuras que potencien la energía so-

cial y el refuerzo de la autoestima individual” (SDS, 1995). Se considera que la acción de

las “organizaciones comunitarias de base” es esencial “no sólo por su capacidad para

desarrollar el potencial solidario de los individuos sino también para asegurar una más

eficiente administración de los recursos financieros que se ponen a su disposición” (SDS,

1995). Entre esas “organizaciones comunitarias de base” se incluyen tácitamente a las

organizaciones campesinas. En Argentina el campesinado había comenzado a organi-

zarse a principios de los 70 en lo que se denominó “Ligas Agrarias” (Ferrara, 1973), que

fueron destruidas por la dictadura militar que gobernó el país desde 1976 hasta 1983. A

fines de los 80 y durante la década del 90 surgieron organizaciones campesinas en diver-

sas provincias del país, en algunos casos recuperando la experiencia de las Ligas Agra-

rias, y en otros casos como nuevas experiencias desvinculadas de la historia liguista.

La confluencia de un actor social motivado para organizarse y de un Estado Nacional

interesado en fomentar la organización comunitaria, presenta a la década del 90 como un

escenario propicio para examinar en qué medida las acciones estatales –a través de los

programas sociales rurales- pueden actuar como facilitadores o como obstáculos dentro

de la trayectoria de las organizaciones campesinas. Las trayectorias organizacionales

son el resultado de una combinación de factores endógenos y exógenos; entre los prime-

ros se destacan aquellos que cristalizan en la conformación progresiva de un espacio

socio-organizativo; y entre los segundos, aquellos que se presentan como oportunidad o

como obstáculo para el desarrollo de los objetivos institucionales (Benencia y Flood,

2005). Uno de los objetivos específicos de la investigación cuyos resultados se presentan

consistió en analizar las acciones de los programas sociales rurales desarrollados por el

Estado Nacional durante el período 1990-2001 como factor exógeno vinculado a la tra-

yectoria de organizaciones campesinas dentro de un territorio determinado. La pregunta

que orientó la construcción de este objetivo es en qué contexto los programas sociales

rurales pueden constituirse en facilitadores o en obstáculos dentro de la trayectoria de las

organizaciones campesinas de Argentina.

Otra pregunta que orientó el trabajo se vincula con un aspecto antes citado de la inter-

vención de los programas sociales rurales, y es su acción dirigida a que los campesinos

puedan superar la situación de pobreza en que se encuentran. La pregunta se refiere a

en qué medida las familias campesinas pudieron salir de la pobreza como resultado atri-

16

buible a la acción de los programas sociales rurales. En la investigación se abordaron

esos interrogantes a partir de la experiencia de pequeños productores y productoras

agropecuarios de la provincia de Santiago del Estero que forman parte de organizaciones

campesinas y que han sido beneficiarios de programas sociales en la última década.

Seleccioné esa provincia porque es una de las más pobres del país, no sólo en magnitud

sino también en distribución territorial; con una importante población rural de pequeños

productores agropecuarios, y diversos programas sociales desarrollan acciones en la

provincia desde hace tiempo, por lo cual es un campo propicio para desarrollar la inves-

tigación.

Esta investigación se inició bajo la hipótesis de que los programas sociales implementa-

dos durante los ´90 sostenían un modelo de intervención donde bajo el rótulo de “orga-

nización comunitaria” se promocionaba –o se imponía- un tipo de organización que ge-

neraba conflictos dentro de las organizaciones campesinas y que impactaba negativa-

mente sobre los resultados esperados: mejores ingresos, mejores condiciones de vida,

etc. El objetivo de la investigación consistió en analizar en qué medida y bajo qué circunstancias los programas sociales rurales implementados por el Estado en el período 1990-2001 operaron como facilitadores o como obstáculos para el fortale-cimiento de las organizaciones campesinas y la superación de la pobreza de las familias miembros de estas organizaciones.

3. Antecedentes Los antecedentes que influyeron en forma directa sobre esta investigación fueron el in-

forme de beca de iniciación3 y la tesis de maestría4 de María Inés Alfaro. En su primer

trabajo la autora se preguntaba cómo los campesinos lograban hacerse visibles, median-

te qué procesos se constituyeron en un actor social dinámico en Santiago del Estero y

por qué y cómo lograron sobrevivir en contextos complejos. En la segunda investigación,

el objetivo central fue dar cuenta de las precondiciones de la sociedad necesarias para

alcanzar una modalidad de intervención “exitosa” en términos de fomentar el fortaleci-

miento de la sociedad civil en espacios rurales. Para ello analizó intervenciones estatales

en Santiago del Estero en el período 1960-1990, y las nuevas políticas sociales en la dé-

cada del 90 tomando como caso el Programa Social Agropecuario. Otra investigación que 3 “Conflictividad social y nuevos patrones de acción colectiva: el caso de los campesinos santiagueños”, In-forme Final de Beca de Iniciación de la UBA, mayo de 1998, María Inés Alfaro. 4 “Modalidades de intervención estatal y actores sociales en el mundo rural: el caso de Santiago del Estero”, Tesis de la Maestría en Administración Pública, UBA, junio de 2000.

17

operó como antecedente directo fue el trabajo de Celeste Golsberg sobre el Movimiento

Agrario Misionero5, donde se analizan los antecedentes históricos de la organización

campesina elaborando una periodización que permite ubicar en el tiempo los cambios en

el tipo de acciones, las relaciones con los partidos políticos y las articulaciones estratégi-

cas que la organización desplegó para fortalecerse; entre los actores con los cuales el

Movimiento articula aparecen algunos programas sociales rurales. Por otra parte, en la

misma época, Benencia (1999) analizó la experiencia de la Unión de Pequeños Producto-

res Chaqueños, estudiando las oportunidades políticas de la organización, los objetivos

comunes y las acciones que posibilitaron el mantenimiento de la acción colectiva. En el

análisis de los espacios conquistados por la organización y las alianzas que desarrolló

tiene un espacio destacado la presencia de acciones de intervención de organizaciones

no gubernamentales y de un programa social rural.

Además de esos antecedentes de investigación, contaba con evaluaciones que los pro-

pios programas desarrollaban y con mi experiencia directa como profesional dentro de un

programa: el Fondo Participativo de Inversión Social. La insatisfacción con mi propio tra-

bajo y el genuino deseo de mejorar las acciones que desarrollábamos desde la entonces

Secretaría de Desarrollo Social de la Nación6 fue un poderoso motor para abordar esta

investigación. Ya comenzado el trabajo de campo necesité separarme de la acción dire-

cta para poder tomar distancia y reflexionar fuera de la urgencia cotidiana, comprendien-

do que los tiempos de la investigación no son iguales a los de la acción. Una beca de la

Universidad de Buenos Aires me proporcionó un período de dos años de trabajo exclusi-

vo en la investigación.

4. Metodología de investigación El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) fue abordado en esta in-

vestigación como un sistema complejo. Este enfoque se caracteriza por la reconstrucción

de las relaciones que se producen dentro de una organización entre identidades7 diver-

sas; y de los sistemas de relaciones a partir de los cuales se producen emergentes, tér-

5 Golsberg, C. (1999) “El Movimiento Agrario de Misiones en un escenario en transformación”. Trabajo de Intensificación para optar al título de Ingeniero Agrónomo; Facultad de Agronomía; Universidad de Buenos Aires. 6 Hoy Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 7 Se entiende por identidades a los sistemas de relaciones que forman parte de un todo de una complejidad mayor, que a su vez tiene su propia identidad (Saltalamacchia, 2005a).

18

mino que hace referencia a cualidades nuevas existentes en el todo8 pero no en las par-

tes (Saltalamacchia, 2005a). En los sistemas complejos el todo no es la suma de las

partes sino una identidad diferente con cualidades distintas, ya que para que el todo sea viable es necesario que algunos rasgos de las partes sean inhibidos, aunque si las circunstancias cambian esos rasgos pueden activarse provocando el reordena-miento del sistema. Cuando las partes se separan –o son separadas- del todo al que

pertenecían, pasan a tener una identidad diferente ya sea porque se constituyen en una

totalidad independiente o porque se integran a otra totalidad, diferente a la inicial.

Las identidades son sistemas abiertos que se van modificando y reestructurando en per-

manente relación con su contexto; esta característica presenta un desafío para la investi-

gación: ¿cómo afirmar que lo que se observa en un momento de la trayectoria de la or-

ganización estudiada es una identidad diferente a la anterior, y no una modificación tran-

sitoria de algún aspecto de la identidad? En esta investigación se siguió el criterio elabo-

rado por Saltalamacchia (2005a): “entiendo por identidad lo que para un observador se

presenta con cierta permanencia; que puede ser explicada por la existencia de cierto or-

den que hace posible dicha estabilidad”.

En base a lo anterior, la trayectoria del Movimiento Campesino de Santiago del Estero

será presentada en función de identidades vinculadas a una temporalidad, es decir, a las

diferentes identidades observadas en esa organización dentro del período estudiado,

vinculándolas a un período de tiempo, pero sin aplicar el concepto de “etapas”, ya que el

análisis no intenta caracterizar períodos de tiempo a través de una sumatoria de sucesos

y características, sino comprender las identidades que el movimiento fue adquiriendo, y

los factores endógenos y exógenos que promovieron el cambio. De la misma forma se

abordaron dos de las organizaciones que constituyen el MOCASE: la comisión de base

de Arroyo Salado y la de El Coyuyo, y sus relaciones con las respectivas organizaciones

zonales: la CCPPAS (Comisiones Campesinas de Pequeños Productores Ashpa Sumaj)

y la Central Campesina Tata Iaia Ashpacan9.

Este enfoque del Movimiento Campesino de Santiago del Estero como sistema complejo

demandó organizar la investigación como un estudio de caso10, entendiendo por tal a

8 La palabra “todo” no se refiere a un todo “real”, sino a la totalidad creada por la vía del conocimiento (Salta-lamacchia, 2005a). 9 Los nombres de las organizaciones campesinas zonales (cooperativas y centrales) que se utilizan en este informe son reales, mientras que las organizaciones locales (comisiones de base) se identifican con nombres de fantasía para preservar la intimidad y seguridad de las personas entrevistadas. 10 Saltalamacchia (2005a) destaca que los estudios de caso permiten analizar subsistemas de diferente am-plitud y complejidad.

19

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su con-

texto de “vida real”, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son tan claros,

y el investigador dispone de múltiples fuentes de información para ser utilizadas”11 (Yin,

1984). Se utilizó un diseño de Tipo 2 (Yin, 1984), denominado diseño encastrado de caso

único12, que se caracteriza por analizar un caso con múltiples unidades de análisis: en la

investigación se prestó atención a la trayectoria de la organización mayor –el todo o la

totalidad a la que se hacía referencia anteriormente- que es el MOCASE, pero también a

algunas de sus subunidades, organizaciones campesinas zonales y locales que integran

el movimiento. Stake (1995) diferencia estudios de caso “intrínsecos”, donde el interés

está en el caso en sí mismo, de los estudios de casos “instrumentales”, donde se estudia

un caso para comprender algo más, para encontrar respuestas a ciertas preguntas de

investigación que pueden estudiarse en diferentes casos. Desde este punto de vista, la

investigación se organizó como un estudio de caso instrumental, donde se comenzó con

ciertas preguntas que orientaron la investigación, y luego se evaluó la posibilidad y opor-

tunidad de estudiar un movimiento campesino u otro dentro del país. Se puso en conside-

ración realizar el trabajo de campo en la provincia de Jujuy o en Santiago del Estero. Am-

bas presentaban características interesantes para desarrollar la investigación: una pobla-

ción campesina importante; presencia de organizaciones no gubernamentales de desa-

rrollo y de programas de desarrollo rural estatales en las últimas décadas; altos niveles

de pobreza; procesos organizativos campesinos “nuevos”, que no habían participado de

los movimientos campesinos que se observaron en Argentina en la década del 70.

En Jujuy la fuerte presencia indígena entre los campesinos podía llevar la investigación

hacia cuestiones étnicas que no estaba previsto analizar. Por otra parte San Salvador de

Jujuy (capital de la provincia y vía de acceso para llegar desde Buenos Aires, lugar de

residencia habitual de la investigadora) estaba convulsionada en ese momento por pro-

testas que incluían cortes de ruta, paros y movilizaciones que hacían muy difícil garanti-

zar el trabajo de campo, y en un proyecto como este, si el trabajo de campo no se puede

hacer, la investigación no avanza. En Santiago del Estero, en cambio, había mayor segu-

ridad de poder llegar a los lugares a donde se realizarían las entrevistas y observaciones.

La investigadora ya tenía experiencia de trabajo de investigación en esta provincia13, por

lo cual también era una oportunidad para re-visitar esa realidad, quince años después.

11 En inglés en el original, mi traducción. 12 Embedded single-case en el original; mi traducción. 13 Tenía experiencia de trabajo profesional en ambas provincias durante la década de 1990 como consultora de un programa de desarrollo, pero solo en Santiago del Estero había realizado investigación en 1985-86 durante su trabajo de intensificación para optar al título de ingeniera agrónoma de la Universidad de Buenos Aires.

20

Durante la investigación se utilizaron fuentes semiestructuradas y fuentes no estructura-

das14. Entre las semiestructuras, se incluyeron entrevistas a campesinos y campesinas

que forman parte del MOCASE, a miembros de organizaciones no gubernamentales de

desarrollo rural, especialmente del CENEPP, y a técnicos de programas estatales nacio-

nales que realizaron intervenciones de desarrollo social en Santiago del Estero durante la

década de 1990: PROHUERTA, Programa Social Agropecuario, Fondo Participativo de

Desarrollo Social y Programa de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y a un profesional

de la Unidad de Minifundio, que es parte del INTA. Se planificó entrevistar también a téc-

nicos de programas de desarrollo rural provinciales: del Plan Caprino y del Programa

Apícola Provincial, pero los técnicos fueron renuentes a colaborar; se acordó día y hora

de entrevista pero no se presentaron a la misma; tampoco accedieron a realizar la entre-

vista en forma telefónica argumentando que lo harían en otra ocasión, que nunca se con-

cretó.

Para las entrevistas a los técnicos se trabajó con Guías de Entrevistas elaboradas para

esta investigaciòn, de manera de aprovechar el tiempo disponible, ya que se planificó

realizar sólo una entrevista a cada técnico, y cubrir una serie de temas en aproximada-

mente 2 a 3 horas -según la mayor o menor locuacidad de cada entrevistado-. La Guía

funcionó como orientadora, es decir que las entrevistas no consistieron en preguntas y

respuestas, sino que en todos los casos se estableció un diálogo entre entrevistadora y

entrevistado/a, recurriendo a la guía para corroborar que los distintos temas fuesen reco-

rridos antes de dar por finalizada la actividad. Uno de los técnicos entrevistados quiso

conocer previamente la Guía, a lo cual la investigadora accedió; luego él elaboró un rela-

to oral que cubría los distintos temas. En todos los casos las entrevistas fueron grabadas

y luego transcriptas por la investigadora; los originales se encuentran resguardados en su

archivo personal.

Las entrevistas a campesinos y campesinas que participan del MOCASE se planificaron

con otra dinámica de acción, donde se desarrollaban entrevistas etnográficas – o “no diri-

gidas”15- con observación participante16. El motivo de la diferencia es que en el primer

14 Se entiende por fuente semiestructurada a aquella en la que el emisor y el receptor coparticipan en su formación; y no estructurada a aquella en la que el emisor cumple un rol principal en su formación (Saltala-macchia, 2005c). 15 La entrevista etnográfica es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizacio-nes en una instancia de observación directa y de participación. Este tipo de entrevista se integra plenamente al marco interpretativo de la observación participante, porque su valor no reside en su carácter referencial –informar sobre como son las cosas- sino performativo; la entrevista no dirigida es, entonces, una relación cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades y donde se produce una nueva reflexividad (Guber, 2001). 16 La observación participante –u observación con participación- consiste en dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo que acontece en torno al investigador, y participar en una o

21

grupo de entrevistas –a técnicos- el objetivo era obtener información sobre los progra-

mas, comprender mejor los documentos oficiales a los que se había tenido acceso o bien

obtener nuevos documentos; también para registrar opiniones de los técnicos. En el caso

de las entrevistas a campesinos, en cambio, el objetivo era comprender las característi-

cas de la organización y de las acciones de los programas de desarrollo social rural des-

de la perspectiva de los entrevistados. Esto demandó un trabajo diferente, donde se

hicieron numerosas entrevistas siguiendo inicialmente un sistema de muestras de oportu-

nidad17, y, más avanzado el trabajo de campo, se trabajó con muestra evaluada18. En

ambos casos no se utilizaron criterios probabilísticos ni de representatividad estadística,

sino que se trabajó en la construcción de una muestra significativa, es decir, que incluye-

ra una cantidad de observaciones y entrevistas que fuesen pertinentes para dar cuenta

de cierto conjunto de relaciones en un sistema social, en este caso particular, relaciones

internas del MOCASE y su vinculación con el entorno, especialmente los programas de

desarrollo.

Por otra parte, también se utilizaron fuentes no estructuradas, básicamente documentos y

discursos. Dentro de las vinculadas a los programas de desarrollo se analizaron docu-

mentos oficiales de cada programa, investigaciones e informes de consultoría realizados

sobre los mismos, y los discursos que los responsables a nivel nacional de los progra-

mas presentaron durante un seminario realizado en Buenos Aires sobre estrategias desa-

rrollo rural19. Las fuentes no estructuradas vinculadas a la organización campesina fueron

documentos del MOCASE y de la Vía Campesina, artículos periodísticos de diarios na-

cionales y provinciales, y discursos pronunciados en el cierre de la Asamblea de la Mesa

Nacional de Pequeños Productores20, la Fiesta de Mailín21, y en un acto que se realizó

en varias actividades de la población. La participación pone énfasis en la experiencia vivida por el investiga-dor, con el objetivo de “estar adentro” de la sociedad estudiada (Guber, 2001). Como bien señala Saltalamac-chia (2005c), para que la observación constituya una fuente debe existir alguna forma de registro, lo que se traduce en las denominadas “notas de campo”. En algunos casos la observación participante es la única forma de acceso a ciertos aspectos de la organización analizada; en esta investigación la condición que tuvo que cumplir la investigadora para que le permitieran asistir a las asambleas de una organización campesina zonal fue, justamente, “participar como uno más” en sus propios términos. 17 La muestra de oportunidad consiste en la autoelección de los informantes: un individuo se ofrece a dar información e inclusive, puede colaborar como recolector de información (Guber, 1991), o bien proponiendo otros individuos a entrevistar. Cada presentación lleva a otra, formando una “bola de nieve” en la que se puede ir ampliando la cantidad y el espectro de individuos entrevistados. 18 En la muestra evaluada el investigador puede identificar determinadas características y tratar de vincularse con los subgrupos que responden a ellas, sin esperar el ofrecimiento de los informantes. Este tipo de muestra permite contrapesar el excesivo particularismo de la muestra de oportunidad, -que en general es necesario utilizar al inicio del trabajo de campo, cuando todavía se está tratando de conocer el universo de los interlocu-tores-, al identificar atributos socialmente relevantes y ponderar según estos el status del informante (Guber, 1991). 19 Seminario de Estrategias de Desarrollo Rural; Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, 9 de septiembre del 2002. 20 Realizada en Parque Pereyra, Buenos Aires, 26 de septiembre del 2001. 21 Fiesta religiosa que se realiza todos los años en el mes de septiembre en la ciudad de Mailín, Santiago del Estero. Los discursos corresponden al año 2002, y fueron grabados por una periodista a pedido de la investi-

22

en Buenos Aires cuando el MOCASE llegó por primera vez a la Plaza de Mayo, mar-

chando acompañados por el movimiento de desocupados Anibal Verón22.

El trabajo de campo se desarrolló principalmente en el departamento Moreno de la pro-

vincia de Santiago del Estero, que fue seleccionado en base a trabajo de campo prelimi-

nar, siguiendo criterios de adecuación a los objetivos de la investigación, y criterios ope-

rativos de accesibilidad a los actores a entrevistar. También se trabajó en ese período en

la ciudad capital de Santiago del Estero, en la ciudad de Buenos Aires, y en algunas zo-

nas del Gran Buenos Aires. El trabajo de campo comenzó en el año 2001, fue interrumpi-

do durante el segundo semestre del 2002 por problemas de salud de la investigadora, y

fue retomado durante el 2003. En diciembre del 2003 la investigadora presentó los resul-

tados preliminares de la investigación a la Universidad de Buenos Aires para cumplir con

el Informe Final de Beca de Investigación categoría Doctorado (2001-2003), que fue apro-

bado.

La oportunidad de presentar los avances de esta investigación en la Expo-Doctorado de

la Escuela Para Graduados de la Facultad de Agronomía y la reunión sostenida con la

Comisión de Doctorado; el apoyo del director y de la consejera de este trabajo, y los de-

bates sostenidos dentro del Grupo de Estudio y Trabajo “Campesinos y Trabajadores

Rurales Ayer y Hoy” -que coordino desde el 2004 dentro del Centro de Antropología So-

cial del IDES-, me permitieron revisar el informe presentado a la luz de nuevas reflexio-

nes, ajustando su estructura y mejorando –a mi juicio- el análisis de resultados y las con-

clusiones presentadas anteriormente. También en ese período presenté mi tesis de

maestría en FLACSO23, que, si bien aborda básicamente la dimensión de la vida cotidia-

na de las familias, también me permitió reflexionar sobre la organización campesina.

La forma en que se elaboró y redactó el presente documento tiene deudas con la etno-

grafía. Como afirma Guber (2001) “adoptar un enfoque etnográfico es elaborar una repre-

sentación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa descripción

no es ni el mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una conclusión

interpretativa que elabora el investigador. Pero a diferencia de otros informes, esa con-

clusión proviene de la articulación entre la elaboración teórica del investigador y su con-

tacto prolongado con los nativos”. Sin embargo sería muy ambicioso considerar que esta gadora, que no pudo viajar por razones de salud. El resto de los discursos fueron grabados directamente por la investigadora. 22 Fue en octubre del 2002. 23 “Programas sociales y vida cotidiana de familias campesinas: encuentros y desencuentros en la interfaz”, tesis de la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, FLACSO, aprobada con sobresa-liente 10 (diez) en el 2005.

23

investigación constituye una etnografía; en todo caso se podría afirmar que algunos capí-

tulos –o partes de capítulos- son más etnográficos que otros. La reconstrucción de la

trayectoria de las organizaciones locales de Arroyo Salado y de El Coyuyo fueron espe-

cialmente “pensadas” desde un enfoque etnográfico; intentando construir las categorías

conceptuales de análisis respetando los “conceptos nativos” o conceptos “de experiencia

próxima24” (Geertz, 1994) de los/as campesinos/as. Espero haber podido trasladar al pa-

pel esos pensamientos.

5. Organización del texto

El texto se organiza en dos partes: la primera destinada a presentar el contexto en que se

desarrolla el caso estudiado, la segunda, centrada en el caso. En el capítulo 1 se recorre

el mapa conceptual con que se abordó el estudio analizando los debates existentes y las

opciones que se tomaron dentro de la investigación; en el capítulo 2 se analiza la situa-

ción de los campesinos y los programas de desarrollo rural que se implementaron en Ar-

gentina en los noventa en general, y la situación de la provincia de Santiago del Estero en

particular. La segunda parte comienza con el análisis del movimiento campesino en San-

tiago del Estero, abordando en particular la trayectoria del MOCASE, presentado en el

capítulo 3; y continúa con el análisis de la trayectoria organizativa de dos comisiones de

base campesinas: la de Arroyo Salado en el capítulo 4, y la de El Coyuyo en el capítulo

5. En los mismos capítulos se analiza la problemática de pobreza y calidad de vida de las

familias que forman parte de esas organizaciones campesinas. El texto finaliza con las

conclusiones de la investigación, y la bibliografía citada.

Como orientación al lector, cabe aclarar que a lo largo del texto se utilizan comillas con

letras normales para identificar citas textuales de libros, artículos y documentos académi-

cos, y comillas con letra cursiva para identificar citas textuales de entrevistas y discursos

orales o escritos. Sólo se presentan citas textuales cuando se utilizó grabador durante la

entrevista o discurso; cuando se tomaron notas pero no se grabó, la información se inclu-

ye dentro del análisis pero no se cita textualmente. Las citas textuales corresponden a

entrevistas realizadas y grabadas por la investigadora, salvo que se indique lo contrario.

24 Un concepto de experiencia próxima es aquel que alguien puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que él o sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan (…). Un concepto de experiencia distante es, en cambio, aquel que los especialistas de un género u otro emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos (Geertz, 1994).

24

PPPRRRIIIMMMEEERRRAAA PPPAAARRRTTTEEE

25

CAPITULO 1

DESARROLLO RURAL Y CAMPESINOS: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LA REALIDAD LATINOAMERICANA

1. Desarrollo rural: un concepto con múltiples aristas El desarrollo es un tema complejo tanto en la realidad como en su aproximación concep-

tual. En la realidad, porque incluye múltiples dimensiones, -económicas, sociales, cultura-

les, tecnológicas, ecológicas, territoriales, entre otras-, que presentan complejas y cam-

biantes relaciones entre ellas. Por otra parte, conceptualmente, no hay consenso sobre

qué es el desarrollo; parece no tener un significado intrínseco sino más bien funcionar

como una categoría comparativa: una región –o una provincia, o un país, etc.- es más

desarrollada respecto a otra, y viceversa (Eguren, 2001).

En su acepción más amplia el concepto de desarrollo remite al “despliegue de las poten-

cialidades de una identidad, sea ésta biológica o sociocultural; se trata de alcanzar un

estado superior o más pleno que el preexistente, tanto cuantitativa como cualitativamen-

te” (Sevilla Guzmán y Dancausa, 1999). Como hace notar Viola Recasens (2000), las

definiciones usuales de desarrollo incluyen –e incluso confunden- dos connotaciones dife-

rentes: por un lado, el proceso histórico de transición hacia una economía moderna, in-

dustrial y capitalista; por otro lado, se identifica el desarrollo con el aumento de la calidad

de vida, la erradicación de la pobreza y el logro de mejores indicadores de bienestar.

Ambos procesos aparecen estrechamente vinculados dentro del concepto de desarrollo,

aunque la evidencia histórica demuestra que el proceso de modernización aplicado du-

rante los últimos cincuenta años en los países “en vías de desarrollo” no sólo no ha elimi-

nado la pobreza sino que en muchos casos la ha extendido.

Aunque no fue la primera vez que se lo utilizó, se suele tomar como acta fundacional del

desarrollo el discurso pronunciado por el presidente estadounidense Harry Truman en

194925, caracterizado por una fe ilimitada en el progreso identificado explícitamente con el

aumento de la producción y la introducción de tecnologías modernas más eficientes. En

este planteo el progreso y el atraso no son comprendidos como el resultado de una corre- 25 Uno de los fragmentos más destacados plantea: “Más de la mitad de la población mundial está viviendo en condiciones próximas a la miseria; su alimentación es inadecuada (…), su pobreza es una amenaza tanto para ellos como para las regiones más prósperas (…) Yo creo que debemos poner a disposición de los pue-blos pacíficos los beneficios de nuestra acumulación de conocimientos técnicos (…) Una mayor producción es la clave para la prosperidad y la paz, y la clave para una mayor producción es una aplicación más extensa y más vigorosa del conocimiento técnico y de la ciencia moderna” (citado por Viola Recasens, 2000).

26

lación desigual de fuerzas sino como un proceso difusionista que llevaría gradualmente a

toda la humanidad a compartir un bienestar material generalizado (Viola Recasens,

2000).

A partir de los años setenta, las expectativas de un progreso acumulativo, ilimitado y uni-

versal comienza a entrar en crisis; los países “en vías de desarrollo” constatan que la

distancia entre el bienestar de su población y la de los países “desarrollados” no sólo no

disminuye sino que aumenta, al mismo tiempo que caen los precios de las materias pri-

mas que exportan, el producto bruto interno retrocede, y la deuda externa aumenta expo-

nencialmente. El concepto de desarrollo tal como se conocía, con toda su carga econo-

micista y etnocéntrica, comienza a ser discutido y surgen nuevas propuestas sobre cómo

comprender el desarrollo. Escobar (1995) aportó el intento más innovador y polémico26,

proponiendo hablar de desarrollo como “una experiencia histórica singular, la creación de

dominios de pensamiento y acción a través del análisis de las características e interrela-

ciones de tres ejes que se definen por las formas de conocimiento (…) a través de las

cuales se elaboran objetos, conceptos, teorías; el sistema de poder que regula esta prác-

tica; y las formas de subjetividad alentadas por el discurso, a través de las cuales la gente

se reconoce como desarrollada o subdesarrollada27”.

Cuando el desarrollo no se refiere al conjunto de una sociedad sino que se centra en

áreas rurales a las que se pretende mejorar el nivel de vida de su población, éste se defi-

ne como desarrollo rural. En América Latina las acciones de desarrollo rural desde el

Estado se iniciaron de manera sistemática después de la Segunda Guerra Mundial, fuer-

temente influenciadas por la teoría de la modernización, que privilegiaba un estilo de de-

sarrollo urbano industrial. En esa etapa el desarrollo rural se llevó adelante bajo el enfo-

que del “desarrollo de la comunidad”, que apelaba a las fuerzas potenciales de las

comunidades más deprimidas de los países pobres, particularmente rurales, para tratar

de revertir situaciones de extrema pobreza (Barsky, 1990). La idea central de esta pro-

puesta de desarrollo era que en todas las comunidades, aún en las más pobres, existían

recursos que podían movilizarse a través de la organización de la comunidad, y con cier-

tos apoyos externos por parte del Estado. Las acciones de desarrollo tendían a transfor-

mar las prácticas tecnológicas y condiciones de vida de los productores agropecuarios

mediante programas de capacitación destinados a “líderes naturales”, para que ellos, a 26 El planteo de Escobar tiene una indiscutible influencia sobre las nuevas teorías del desarrollo, pero también ha recibido críticas, como que idealiza la autonomía y capacidad política de los movimientos sociales de base, que presenta una visión dualista que reifica Primer y Tercer Mundo como entidades monolíticas, que incurre en una visión uniforme y generalizadora de las instituciones de desarrollo de los países del Norte, y otras (Viola Recasens, 2000). 27 En inglés en el original; mi traducción.

27

través de la demostración de los resultados obtenidos en sus parcelas, influyeran en el

resto de los productores para que acepten las propuestas técnicas de los “agentes de

cambio” (Plaza, 2001).

En el período 1960-70 surge un nuevo enfoque del desarrollo, denominado “de genera-ción y transferencia de tecnología”, dirigido fundamentalmente a aumentar la produc-

tividad de las explotaciones agropecuarias de los países “sub-desarrollados” mediante la

difusión y extensión de innovaciones tecnológicas. En un primer momento se promovió la

creación de estaciones experimentales y agencias de extensión en los distintos países de

América Latina con el propósito de difundir la tecnología agrícola desarrollada en el Nor-

te; posteriormente se incentivó en cada país la creación de institutos de investigación

agropecuaria. Dentro de este enfoque también se llevó adelante la denominada “revolu-ción verde”, que proponía elevar la producción y productividad de los cultivos básicos de

los países de América Latina mediante el uso de semillas mejoradas y la difusión de pa-

quetes tecnológicos para el manejo de esos cultivos (Plaza, 2001). Estas propuestas fa-

vorecieron el crecimiento y productividad de la agricultura moderna y especializada, pero

no tuvieron impacto positivo sobre las explotaciones campesinas y de pequeña produc-

ción porque no se adaptaba a las condiciones socioeconómicas y agroecológicas de la

producción campesina.

En América Latina el desarrollo rural también se asimiló a reforma agraria. En los años 30

en México, en los 50 en Bolivia, y en las décadas de 1960 y 1970 en otros países, el en-

foque de “reforma agraria” proponía lograr el desarrollo a través de la redistribución de

la tierra, especialmente de los denominados “latifundios”, tendiendo a una distribución

más equitativa de la misma, y promoviendo la modernización del agro. En los 80, el “de-sarrollo rural integrado” fue otro enfoque orientado a coordinar y potenciar, en espacios

locales delimitados, las actividades ejecutadas por distintos sectores del Estado.

En la década del 90, desarrollo rural fue sinónimo de “programas de desarrollo”. Como

resultado de la aplicación de las políticas de ajuste estructural y de la vigencia del modelo

neoliberal, la mayoría de los gobiernos abandonó las políticas sectoriales y las acciones

se concentraron en políticas macroeconómicas por un lado, y programas focalizados por

el otro. Estos programas estaban destinados a asistir a los grupos sociales que por crite-

rio de ingreso y/o de necesidades básicas insatisfechas, calificaban como “pobres”, de

manera de paliar los efectos del ajuste. Mediante ayuda financiera se propiciaba la ejecu-

ción de pequeños proyectos productivos o de infraestructura para mejorar los ingresos de

la población pobre o superar alguna necesidad básica insatisfecha (Plaza, 2001). Las

28

acciones focalizadas de desarrollo rural se sitúan muchas veces fuera del ámbito de los

ministerios de agricultura o son de responsabilidad compartida con los ministerios socia-

les, por lo cual este enfoque se vio acompañado de un cambio institucional en la forma de

llevar adelante el desarrollo rural (Cruz Doren, 2001). Actualmente las prácticas de desa-

rrollo rural en América Latina continúan dentro de este enfoque, pero en la construcción

teórica se comienza a perfilar un nuevo concepto: el “desarrollo territorial rural”, en-

tendiendo por tal al “proceso de transformación productiva e institucional en un espacio

rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Schejtman y Berdegué, 2003).

En síntesis, y tal como se anticipó al principio del capítulo, no existe un concepto únivoco

de desarrollo ni de desarrollo rural; el mismo se fue reconfigurando a través del tiempo.

En el recorte temporal que se realizó en esta investigación, es decir, en el período 1990-

2001, desarrollo rural fue sinónimo de “programas de desarrollo rural”, pero, ¿en qué

consiste un “programa”? A continuación se tratará de dar respuesta a esta pregunta.

2. Políticas públicas, políticas sociales y programas de desarrollo rural

Las políticas públicas pueden ser entendidas como un conjunto de acciones y omisio-

nes que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación

con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la

sociedad civil. Las políticas públicas no constituyen ni un acto reflejo ni una respuesta

aislada, sino más bien un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas,

que observadas en un momento histórico y en un contexto determinados, permiten inferir

la posición predominante del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significa-

tivos de la sociedad (Ozlak y O´Donell, 1984). Desde esta perspectiva una política pública

es la toma de posición del Estado ante una cuestión socialmente problematizada, y la

omisión –o no acción- también es una política pública. Analíticamente esta definición es

pertinente, pero a los fines instrumentales de la investigación resulta difícil de aplicar, ya

que el universo de las políticas públicas no tendría un límite preciso.

Desde otra perspectiva se entiende por políticas públicas al conjunto de objetivos, deci-

siones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un

momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios (Tama-

yo Saez, 1997). De esta forma se diferencia la decisión pública de la acción pública: para

que haya una política pública tiene que haber una decisión pública pero también una ac-

ción, es decir, cierta movilización de recursos alrededor de la decisión tomada. Las ac-

29

ciones tendientes a concretar las políticas públicas pueden ser desarrolladas por institu-

ciones estatales o por organizaciones no gubernamentales, ya que lo que denota su ca-

rácter público no es quién las ejecuta, sino quién tomó la decisión. En las políticas públi-

cas es el Estado quien ejerce su autoridad para tomar la decisión, revistiéndolas de la

legalidad que todo acto estatal otorga (Repetto, 2001).

Las políticas sociales constituyen un subconjunto de las políticas públicas. El término

“política social” no es una expresión técnica con significado exacto, sino que se utiliza

para hacer referencia a la política de los gobiernos respecto a aquellas actuaciones que

tienen impacto directo en el bienestar de los ciudadanos a través de proporcionarles ser-

vicios o ingresos (Repetto, 2001). Tradicionalmente, los derechos sociales fueron conce-

bidos como una extensión del contrato laboral y formaban parte de las legislaciones so-

bre las relaciones de trabajo. El escenario ideal, y en algunos casos “idealizado”, de las

políticas sociales es el de una economía funcionando en niveles de pleno empleo asala-

riado. Por ello la discusión acerca de los modelos institucionales de las políticas sociales

está impregnada de particulares visiones sobre las relaciones entre el derecho laboral y

social (Lo Vuolo y Barbeito, 1998).

Por otra parte se define como programa de desarrollo rural al “conjunto de medidas

(algunas estructuradas como proyectos, otras menos definidas) que cubren varios temas

distintos aunque relacionados, y cuyo contenido no es necesariamente una inversión físi-

ca, aunque incluyan a veces obras de infraestructura” (Roura y Cepeda, 1999). Al mismo

tiempo, se define como proyecto de desarrollo rural a “todo conjunto metódicamente

diseñado de actividades planificadas y relacionadas entre sí, que utilizan recursos para

generar productos concretos, con los cuales apunta a alcanzar objetivos definidos” (Rou-

ra y Cepeda, 1999). Algunos programas de desarrollo rural –y sus proyectos vinculados-

se destinan a pequeños productores agropecuarios que cuentan con una dotación sufi-

ciente de recursos productivos, mientras que otros se focalizan en los productores con

menores recursos, con objetivos tendientes a resolver problemas de pobreza rural. Este

último grupo constituye un subconjunto de acciones de desarrollo que pertenece al mis-

mo tiempo a la política social y a los programas de desarrollo rural, que se pueden deno-

minar programas de desarrollo social rural. La implementación de estos programas

requiere en muchos casos la articulación de acciones desde diferentes ministerios o se-

cretarías del Estado28.

28 Un ejemplo en nuestro país es el programa PROHUERTA, ejecutado en forma conjunta por el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

30

Los programas de desarrollo rural pueden analizarse como un conjunto de instrumentos

que facilitan acciones concretas pero sin olvidar que a través de esas acciones concretas

se ponen en marcha diferentes modelos de intervención en la realidad social de la "po-

blación objetivo" de estos programas. Los “modelos de intervención” son construccio-

nes ideales formadas por conjuntos de postulados, estrategias e instrumentos, que se

encuentran en la base de los programas sociales que pretenden operar sobre el mundo

social (Alfaro, 2000). Se trata de un concepto complejo en el que múltiples componentes

y factores se conjugan para imprimirle a cada programa el particular estilo que lo caracte-

riza. Cada modelo de intervención se basa en una determinada concepción del desarrollo

social, es decir, en marcos conceptuales y supuestos teóricos acerca del desarrollo so-

cial; en cierto planteo metodológico, lo cual implica instrumentos, técnicas y líneas de

trabajo particulares; y en cierta forma de gestión institucional, es decir, cierta estructura

organizativa, formas y fuentes de financiamiento y relaciones con otras instituciones (Alfa-

ro, 2000).

Cuando los modelos de intervención de los programas sociales se ponen en contacto con

la población que podría recibir los bienes y servicios del programa, se desatan procesos

sociales en constante construcción y negociación, ya que la ejecución de los programas

no es la simple “aplicación” de un modelo de intervención, sino que da lugar a una arena

de negociación denominada “práctica de intervención” (Long y Long 1992). Todas las

formas de intervención externa entran en los “mundos de vida” –universos de ideas y

normas– de los individuos y de los grupos sociales afectados, y de esa forma son media-

das y transformadas por esos mismos actores y estructuras, como si pasaran por “filtros”

sociales y culturales (Ullberg, 2001). Desde el análisis de las prácticas de intervención,

los beneficiarios/as de los programas sociales no son vistos como categorías sociales

desencarnadas –pobres, minifundistas, desocupados, etc. – o como receptores pasivos

de intervención, sino como participantes activos que manejan información y desarrollan

estrategias de negociación con diversos actores.

La puesta en marcha de una práctica de intervención genera una interfaz social, que con-

siste en un espacio común entre dos campos sociales, un punto crítico de intersección

entre diferentes campos donde es posible encontrar rupturas debidas a diferencias en

valores, normas e intereses sociales, una arena donde se ponen de manifiesto diferen-

cias culturales y donde se desarrollan distintas formas de negociación social (Long,

1989). Dentro de la investigación cuyos resultados se presentan se analizaron los pro-

gramas de desarrollo social rural tratando de reconstruir sus modelos y prácticas de inter-

vención y los eventos sociales desatados en la interfaz.

31

3. Los campesinos dentro del sistema capitalista

A lo largo del siglo XX diversos estudios intentaron dar respuesta a los siguientes interro-

gantes: ¿qué características específicas presentan los sistemas de producción29 campe-

sinos que permiten diferenciarlos de otros?, y ¿cuál es el proceso que sufrirían esos sis-

temas en la medida en que avanzara el capitalismo en la producción agropecuaria? La

respuesta a estas preguntas ha condicionado a través de la historia las formas en que el

desarrollo rural es enfocado.

La preocupación por esas preguntas surge dentro del proceso de transformación social

que acompaña a la implantación en Occidente del modo de producción capitalista, origi-

nando lo que se denominó “la antigua tradición” de los estudios campesinos. El foco de

mayor vigor y creatividad de esa antigua tradición europea de estudios campesinos se

encontraba en Rusia, y esto no es casual, ya que fue en ese país donde arraigaron con

mayor fuerza las teorías de Karl Marx. Según Llambí (1981), Marx no se ocupó especial-

mente del campesinado; su objeto de estudio era la explicación de los mecanismos de

funcionamiento del sistema capitalista en su conjunto y de los procesos históricos que

condujeron a su conformación; la producción campesina sólo le interesaba a Marx mar-

ginalmente, como parte de un proceso histórico que, supuestamente, conduciría a su

progresiva desaparición. Sin embargo no pueden dejarse de lado los aportes de Marx, ya

que marcaron una profunda huella. Él, junto a Lenin y Kautsky se insertan como figuras

relevantes de la antigua tradición europea de estudios campesinos. En “El dieciocho

Brumario” Marx se refiere a los campesinos de la siguiente forma:

“Los campesinos parcelarios forman una masa inmensa, cuyos individuos vi-

ven en idéntica situación, pero sin que entre ellos existan muchas relaciones

(...). Cada familia campesina se basta a sí misma, produce directamente ella

misma la mayor parte de lo que consume y obtiene así sus materiales de

existencia más bien en intercambio con la naturaleza que en contacto con la

sociedad” (Marx, 1973)

29 Se entiende como “sistema de producción” a la forma en que el productor agropecuario organiza la utilización de sus recursos en función de sus objetivos y necesidades, condicionado por factores externos de carácter socioeconómico y ecológico (Valenzuela y Gonzalez, s/d)

32

Desde este enfoque el autoabastecimiento y el aislamiento son las características prin-

cipales de las unidades campesinas. Al mismo tiempo considera que los campesinos no

pueden representarse a sí mismos, instalando una visión del campesino como grupo subalterno que fue perdurando a través del tiempo aunque con ciertas modificaciones.

Para Marx la transformación del sistema feudal europeo en un sistema capitalista con un

mercado libre de tierra, capital y trabajo no dejaba espacio para los campesinos: éstos

serían expulsados de sus tierras y transformados en trabajadores “libres” que entregaran

su fuerza de trabajo a cambio de un salario en el campo –vinculándose al arrendatario

capitalista- o en la ciudad –vinculándose a la industria–.

Para Lenin la “vía clásica” de Marx no era la única posible. Según su análisis, el desarro-

llo del capitalismo en la agricultura puede producirse por otras vías diferentes: la “vía

junker” y la “vía farmer”. Mediante la primera, la antigua economía terrateniente ligada al

derecho de servidumbre se transforma en una economía capitalista, donde la tierra y el

capital quedan en manos del “junker” quien contrata asalariados para trabajar sus tierras.

En este sistema puede haber persistencia de campesinos, aunque en forma temporaria

ya que la tierra está apropiada por los junkers, por lo cual los campesinos no pueden am-

pliar la superficie de su predio viéndose limitados para satisfacer sus necesidades, y, por

lo tanto, estarán obligados a entrar en el mercado de productos y de trabajo. En la “vía

farmer” se transforma totalmente la antigua propiedad terrateniente y aparece una pe-

queña propiedad que dispone de tierra, capital y trabajo.

Lenin (1957), analizando el desarrollo del capitalismo en distintas regiones de Estados

Unidos a partir de datos censales de principios del siglo XX, llega a conclusiones que se

encuadran en líneas generales con las tendencias observadas por Marx en Europa, aun-

que las vías del desarrollo del capitalismo responden a la “vía junker” y a la “vía farmer”, y

no a la “vía inglesa o clásica”. Aunque las condiciones previas en Estados Unidos eran

distintas a Europa y los procesos de transformación eran diferentes, el destino del cam-

pesinado parece ser el mismo: su desaparición.

Por otra parte para Kautsky la industria era la fuerza que impulsaba el desarrollo en gene-

ral y la transformación de la agricultura en particular, ya que la industria “hizo del campe-

sino un puro y simple labrador, un productor de mercancías dependientes de los capri-

chos del mercado, creando así las premisas de la proletarización” (Kautsky, 1974). Este

autor enfatiza aún más un argumento que se encuentra presente en Marx y en Lenin: la

subordinación del agro a la industria y la desaparición del campesinado.

33

Dentro de la “antigua tradición” será Chayanov quien aporte una mirada distinta respecto

al campesinado. Su teoría de la economía campesina sostiene la existencia de un “modo

de producción campesino” cuya lógica no se rige por la obtención de las ganancias sino

que está orientada al uso. Basándose en el estudio de la unidad de explotación familiar,

Chayanov encuentra un equilibrio entre trabajo y consumo, lo que expresa la tesis central

de su teoría. Este equilibrio permite que la unidad soporte muy escasas remuneraciones

al trabajo y explica su capacidad de resistencia respecto a la competencia capitalista (Al-

faro, 2000). La familia campesina, según Chayanov, es “una familia que no alquila trabajo

externo, que tiene una cierta área de tierra disponible, y que es algunas veces obligada a

gastar algo de su fuerza de trabajo en oficios y negocios no agrícolas” (Chayanov, 1966).

En estas unidades no existe la categoría de “salario”, el cálculo capitalista de la ganancia

está ausente y el fin perseguido es la satisfacción de las necesidades familiares; el prin-

cipal objetivo de las operaciones y transacciones económicas queda así limitado a la

subsistencia y no a la obtención de una tasa de ganancia.

La contribución de Chayanov reside en que fue el único dentro de la “antigua tradición”

que elaboró una teoría coherente del fenómeno de la pequeña producción campesina en

su estructura interna y argumentó acerca de la capacidad de estas unidades para so-brevivir dentro del sistema capitalista. También puso en evidencia algunos mecanis-

mos que a nivel micro presenta la economía campesina, especialmente de carácter so-

cio-demográfico. Para Chayanov la composición demográfica del grupo doméstico define

los límites mínimos y máximos de la actividad económica. Al ser la fuerza de trabajo fami-

liar el elemento organizativo de la producción campesina resulta evidente que el número

de trabajadores y de consumidores dentro de la familia tiene una incidencia directa en la

estructuración de la producción de la unidad doméstica campesina, puesto que el consu-

mo de sus miembros presiona por el desarrollo de una mayor actividad económica. Este

enfoque lleva al autor a plantear fases diferenciales en el desarrollo de la unidad domés-

tica (Balazote y Radovich, 1992). Cada grupo doméstico, según las edades de sus inte-

grantes, constituye en sus diferentes fases un “aparato de trabajo” completamente distin-

to de acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la demanda de sus necesidades,

la relación consumidor-trabajador y la posibilidad de aplicar los principios de cooperación

compleja (Chayanov, 1985). La inclusión de este último aspecto, la “cooperación comple-

ja”, introduce un elemento cualitativo dentro de un análisis inicialmente cuantitativo.

El debate teórico de la “antigua tradición” se inserta en una coyuntura histórica signada

por la vía soviética al desarrollo. En el debate se enfrentan por un lado el modelo de de-

sarrollo marxista ortodoxo (Lenin y Kautsky) frente al modelo del llamado populismo agra-

34

rista en el que se inserta la teoría de Chayanov. La aceptación del modelo ortodoxo por

parte de la revolución triunfante en Rusia estableció la forma a través de la cual se llevó

adelante la acumulación socialista soviética, marginando totalmente la teoría de Chaya-

nov. Según Palerm (1980), “la ideología oficial de la dictadura burocrática exigió que los

campesinos fueran considerados como un vestigio del pasado, un grupo social condena-

do a la extinción, de una fuerza reaccionaria y una amenaza para la construcción del lla-

mado socialismo”. Durante más de medio siglo los científicos sociales no sólo rechazaron

abiertamente la posible existencia de un modelo campesino de producción sino que aleja-

ron de su investigación teórica cualquier análisis del campesinado. La “antigua tradición”

de los estudios campesinos quedó paralizada en Europa occidental como consecuencia

del anacronismo que suponía el análisis de un grupo social que comenzaba a ser consi-

derado como un mero vestigio del pasado, y en Europa oriental como consecuencia de

los trabajos de Lenin y Kautsky por un lado, y la represión del stalinismo para imponer

una ortodoxia unificadora por otro (Sevilla Guzmán, 1983).

Tal consenso teórico sólo empieza a cuestionarse con el conocimiento de textos inéditos

de Marx. Es entonces cuando el evolucionismo multilineal desde la antropología, y la tra-

dición intelectual de Europa oriental desde la sociología –donde se puede destacar el

trabajo de Thomas y Znaniecki, 1958–, configuran la corriente teórica que, con carácter

interdisciplinario, reinicia el estudio del campesinado en la década de los sesenta y ad-

quiere cierta madurez teórica en la década de los setenta, creando así la “nueva tradi-

ción” de los estudios campesinos. Si bien los trabajos de esta nueva tradición abordan el

análisis del campesinado desde distintas disciplinas sociales, tienen en común la asun-

ción de que el campesinado es un sector social con una específica forma de vida vincu-lada a una propia concepción del mundo, que no ha de desaparecer indefectible-mente en el camino del desarrollo económico (Sevilla Guzmán, 1983).

El inicio de la “nueva tradición” se puede situar a fines de la década del ‘40, cuando

Kroeber (1948) caracterizó a la sociedad campesina como una forma de organización

social con estructuras rurales que “constituyen sociedades parciales con culturas parcia-

les. Carecen del aislamiento, la autonomía política y la autarquía de los grupos tribales;

pero sus unidades locales conservan su vieja identidad, integración y apego a la tierra y a

los cultivos”. Estos elementos señalados por Kroeber son desarrollados por Robert Red-

field, quien dedicó sus esfuerzos a la formulación de un tipo ideal de sociedad campesina

que se conoce dentro del pensamiento social como la “folk-society”. Los elementos clave

para caracterizar al campesinado desde esta perspectiva son:

35

• Su carácter de segmento de clase de una sociedad mayor.

• Su relación con los mercados de las aldeas y ciudades a pesar del autoconsumo

de la unidad familiar.

• Su interdependencia con la “otra sociedad y cultura” con la que mantiene una “re-

lación de status” que toma distintas formas a lo largo de la historia y que se con-

creta en una forma de subordinación a la elite externa con quien mantiene una re-

lación de “gobernador y gobernado o explotador y explotado” (Redfield, 1956)

Eric Wolf (1966) elabora posteriormente una definición de campesinado donde recupera

la teoría de Chayanov. Para Wolf el campesinado está integrado por dos rasgos básicos.

Por un lado, un sustrato económico en el que la familia campesina, como unidad de producción y consumo, actúa con una dinámica propia relacionada con una estructura

demográfica y el tamaño de las explotaciones. Por otro lado, aparece el sustrato social

que se refiere a la naturaleza de las relaciones sociales de la unidad familiar; a la deter-

minación de las posiciones y relaciones sociales de sus miembros en el seno de la co-

munidad y al carácter marginal y dependiente del campesinado en relación con el resto

de la sociedad. Wolf (1972) define al campesinado como “la población que, para su

existencia, se ocupa en el cultivo y toma decisiones autónomas para su realiza-ción”. La categoría incluye tanto a propietarios de la tierra como a arrendatarios u otros

productores con distintas formas legales de tenencia de la tierra, y excluye a los trabaja-

dores porque éstos no están en posición de tomar decisiones importantes sobre la forma

de cultivo. Para Wolf el objetivo principal del campesinado es la subsistencia, y una for-

ma de lograrla es evitar el mercado que aparece como una amenaza sobre el dominio

de los medios de vida del campesino.

Dentro de la “nueva tradición” también se recupera la teoría marxista a la luz de unos

escritos de Marx (1973) que permanecieron inéditos hasta después de su muerte. En

estos textos Marx plantea el problema de la articulación entre diversos modos de produc-

ción dentro de una misma formación socieconómica. Acepta en su marco teórico general

la existencia de distintos modos de producción en una formación social, así como su arti-

culación en torno a un modo dominante. Desde esta faceta de la obra de Marx, la teoría

de Chayanov no parece opuesta a Marx como podría interpretarse inicialmente, sino

complementaria. El enfoque teórico que Marx fue imprimiendo a su trabajo en la última

década de su vida terminó por modificar su propia teoría de los modos de producción y

las formaciones socioeconómicas, incluyendo en ella una multiplicidad de posibilidades

de actuación del campesinado (Sevilla Guzmán, 1993).

36

Otro enfoque sobre la economía campesina que prolonga los análisis de Chayanov hacia

la agricultura europea, tanto en los países capitalistas avanzados como de los países

socialistas, es el de Jerzy Tepicht, quien explica la persistencia del campesinado plan-

teando que las relaciones capitalistas se desplazaron desde dentro de la agricultura hacia

fuera de la misma; de relaciones entre explotador y explotado al interior de la finca a rela-

ciones entre la economía campesina y los monopolios que dominan la economía general

de los países (Tepicht, 1973).

Las distintas teorías e interpretaciones sobre la naturaleza, desarrollo y destino de las

economías campesinas fueron incorporadas al debate latinoamericano a partir de 1970.

Surgieron dos grandes corrientes opuestas: los “campesinistas” y los “descampesinis-tas”. Para los primeros, el desarrollo del capitalismo en las condiciones peculiares de América Latina tendía a la recreación de una economía campesina. Esta corriente

de pensamiento percibía a la agricultura campesina como una connotación inherente, y

por lo tanto permanente, del capitalismo periférico; por ello la agricultura campesina se

perpetuaría asociada a su continua recreación, gestada por el propio proceso de expan-

sión capitalista. Los segundos, en cambio, postulaban la desaparición irreversible de la agricultura campesina, con una simultánea proletarización de la fuerza de tra-bajo rural (Astori, 1984).

Por otra parte, desde enfoques más estructurales sobre el problema del desarrollo y la

modernización se resaltaron los efectos de la alta concentración de la tierra, entendiendo

el modelo latifundio/minifundio como el responsable del subdesarrollo. Muchas de las

políticas de reforma agraria encontraron sustento en estas perspectivas teóricas (Alfaro,

2000). La cuestión campesina se vinculó crecientemente con los problemas del desarro-

llo. Para la teoría de la modernización formulada por la economía neoclásica, los países

subdesarrollados presentaban dos sectores económicos diferenciados: el “sector moder-

no”, capitalista, industrial, abierto al cambio tecnológico, orientado hacia el mercado y

cuyo objetivo es maximizar las ganancias; y un “sector tradicional” agrícola y poco cam-

biante, basado en la producción de subsistencia, con escasos excedentes para la comer-

cialización, con un considerable subempleo de los recursos productivos y un modo de

vida que tiene poco interés en maximizar la productividad y las ganancias. Este modelo,

elaborado en su forma clásica por W. A. Lewis en 1954, se basa en una economía fun-

damentalmente cerrada que crece por la transferencia de mano de obra desde la agricul-

tura hacia la industria, lo cual tendería a eliminar el subempleo y conduciría a una esca-

sez de mano de obra en la agricultura, lo cual induciría a su vez un proceso de moderni-

zación agrícola a través del uso más eficiente de la tecnología moderna. Esta tecnología

37

sería transferida desde el sector industrial al agrícola, pero no a todos los agricultores,

sino a los más grandes por suponerlos más dinámicos y más dispuestos a introducir in-

novaciones, además de contar con mayores recursos de tierra y acceso al crédito. Los

campesinos, debido a sus escasos recursos y a su “mentalidad tradicional” constituían

dentro de este enfoque un “problema social”, más que económico. Se consideraba que,

a largo plazo, serían absorbidos por los sectores urbanos más productivos.

Mientras que desde una perspectiva teórica el capitalismo agropecuario aparecía casi

como un sistema único y absoluto, desde otro enfoque se consideraba que el capitalismo

operaba como modo dominante pero que mantenía relaciones con otras formas de pro-

ducción diferentes; se trataba entonces de demostrar la capacidad que tenía el proceso

de desarrollo capitalista no sólo para refuncionalizar formas preexistentes, sino también

para crear y recrear relaciones no capitalistas de producción. El debate comenzó a cen-

trarse en la relación entre la agricultura campesina y la agricultura capitalista, des-arrollando la tesis de la “funcionalidad” del campesino dentro de formaciones capi-talistas.

Dentro de esta línea, Astori (1984) planteaba que la agricultura capitalista y la agricultura

campesina debían ser percibidas integradamente, en el contexto global conformado por

la dinámica del proceso agropecuario concebido en su conjunto. También consideraba

que la agricultura capitalista había monopolizado en América Latina el abastecimiento del

mercado externo y la fracción más dinámica del mercado interno, mientras que la agricul-

tura campesina suministraba productos básicos destinados a la alimentación popular que

ofrecían peores condiciones de rentabilidad por sus precios bajos. La racionalidad de la

unidad campesina era funcional a este tipo de articulación con la demanda, ya que cuan-

tos más bajos sean los precios, mayor es la autoexplotación del campesino. Para com-

prender el fundamento de este tipo de funcionalidad, es interesante revisar el análisis que

Archetti y Stölen (1975) realizan basándose en Wolf (1966). Distinguen dos tipos de cam-

pesinos: el primero produce lo que consume y sólo vende en el mercado el excedente de

esos productos; mientras que el segundo tiende a producir cultivos que no satisfacen las

necesidades inmediatas de consumo del grupo doméstico. Las reacciones a las fluctua-

ciones de precios o a cambios desfavorables en el proceso de intercambio son diferentes

en un caso y en el otro. En el primero el campesino tiene la alternativa de retirarse del

mercado, en cambio el segundo está imposibilitado. En ambos casos la respuesta es inelástica: al primero un descenso de precios no lo afecta sensiblemente y puede por lo

tanto seguir produciendo la misma cantidad; el segundo se ve afectado pero su respuesta

38

no será disminuir la producción, sino por el contrario aumentarla para mantener el ingreso

(Archetti y Stölen, 1975).

Por otra parte, muchas unidades campesinas tienen vínculos directos con las empresas

agroindustriales que dominan determinados complejos de producción. En esos casos

todo el peso de la absorción de la renta de la tierra recae sobre los campesinos, cuya

transferencia de valor a las agroindustrias se ve significativamente incrementada por las

condiciones de subordinación en que reciben los insumos, los recursos financieros y los

servicios de comercialización de la producción. Respecto a la fuerza de trabajo, se afirma

que la reserva que la agricultura campesina mantiene para las empresas capitalistas no

sólo tiene un significado de disponibilidad de mano de obra que se usa en forma estacio-

nal a favor de la semiproletarización, sino que también es decisiva para la determinación

del salario que la agricultura capitalista paga, y por lo tanto, tiene influencia sobre la for-

mación de los costos de producción de la agricultura capitalista y su proceso de acumula-

ción (Astori, 1984). En síntesis, tanto a través de la venta de sus productos como de su

fuerza de trabajo, la agricultura campesina transfiere permanentemente una parte de sus ingresos, sea a la agricultura capitalista, a empresas agroindustriales o al resto de la economía. Esa transferencia es de importancia central para entender el patrón de

acumulación que ha venido predominando en muchos países de América Latina.

En una línea de pensamiento similar, Lambí (1981) plantea como tesis principal que las

unidades de producción campesinas se debaten entre una relativa autonomía a la que

acceden muy difícilmente y en contados casos, y la pérdida de su especificidad por inte-

gración a la producción específicamente capitalista. Entre ambos extremos, Llambí postu-

la la existencia de diferentes situaciones de “subordinación” al sistema:

a) por extracción de excedentes en forma de renta de la tierra (arrendamientos campe-

sinos);

b) por extracción directa de fuerza de trabajo (semi-proletarización);

c) por extracción de excedentes en forma de intereses (subordinación al capital finan-

ciero);

d) en función de márgenes de ganancia comercial (subordinación al capital mercantil);

e) por extracción de excedentes en forma de márgenes de ganancia del capital indus-

trial (subordinación al capital agro-industrial).

39

Más recientemente la idea de funcionalidad del campesinado va dejando lugar al concep-

to de “exclusión”. Según Piñeiro (1995), existe un vasto sector de campesinos pobres

con escasos recursos naturales o sin tierra que no tienen un papel definido dentro de la

modalidad de desarrollo capitalista agrario que ha adoptado el agro latinoamericano. La

presencia de esta población rural excluída, es decir, que no tiene un papel definido en el

proceso de acumulación del capitalismo agrario, constituye un punto importante de ruptu-

ra teórica con las interpretaciones presentadas previamente. Murmis (1994) vincula este

concepto de exclusión con un nuevo dualismo: el de campesinos y empresarios. Esta

visión contrapone ambas categorías –campesinos y empresarios– por referencia a su

capitalización diferencial, a su diversidad de conductas productivas y acceso a recursos,

e incorpora una dimensión central de incorporación o no incorporación al sistema capita-

lista. La exclusión estaría relacionada a la pérdida de las “funciones” del campesi-nado: los campesinos quedarían “acampando”, persistiendo como “población redundan-

te” (Murmis, 1994). Cabe aclarar que esta imagen difiere de las visiones descampesinis-

tas, para las cuales el avance del capital proletarizaría grandes masas campesinas; en

este caso los campesinos son identificados como “pobres rurales” junto a asalariados,

productores familiares empobrecidos y aborígenes (Craviotti y Soverna, 1999).

Retomando los interrogantes iniciales, y ubicando el análisis en la situación actual, se

puede afirmar que las principales características de los sistemas campesinos contempo-

ráneos son, por un lado, que encuentran dificultades estructurales para acumular ca-pital debido a la escasa disponibilidad de recursos productivos y a la posición su-bordinada dentro de los complejos agroindustriales; sin embargo, coyunturalmente,

pueden obtener algún excedente por aprovechar situaciones puntuales como precios

altos, mayores volúmenes de producción por condiciones ambientales favorables, y/o

utilización de subsidios o créditos relacionados con la intervención de organizaciones no

gubernamentales de desarrollo rural, o de políticas estatales (Cáceres, 2003). Otra carac-

terísticas que describe al sistema campesino es que prácticamente todos los miembros

del grupo doméstico contribuyen con su fuerza de trabajo, y que el trabajo productivo se organiza en función de la mano de obra familiar disponible, aunque eventualmen-

te pueden contratar mano de obra asalariada en aquellos momentos del proceso produc-

tivo en los que la demanda de fuerza de trabajo supera a la ofrecida por el grupo domés-

tico (Cáceres, 2003). En base a los aspectos desarrollados anteriormente, dentro de la

investigación cuyos resultados se presentan, se denomina campesina a la unidad de producción y consumo basada en el trabajo familiar –no necesariamente exclusi-vo–, y cuya escasa dotación de medios de producción impide superar el umbral de acumulación.

40

En cuanto al interrogante sobre el proceso que sufrirían los sistemas campesinos en la

medida en que avanzara el capitalismo en la producción agropecuaria, sólo se puede

afirmar que, ya en el siglo XXI, los sistemas campesinos siguen subsistiendo a pesar del avance del capitalismo en el campo. Respecto a la forma en que subsisten, sólo se

afirmará en este capítulo que la organización de los campesinos y la presencia de accio-

nes de intervenciones no gubernamentales o estatales, están relacionadas con la persis-

tencia. La forma en que esto opera forma parte del análisis que se irá presentando en

este texto, y que se sintetizará en el espacio destinado a las conclusiones de la investiga-

ción.

En base a la caracterización presentada anteriormente, en esta investigación se denomi-

na campesinos/as a los/as productores/as agropecuarios/as que operan en condiciones

de escasez y precariedad en el uso, tenencia y disponibilidad de recursos económicos, y

cuya inserción en los mercados de trabajo, productos e insumos está subordinada. Como

se puede observar, algunos criterios para considerar a una unidad de producción como

campesina son de naturaleza intrínseca, mientras que otros se refieren a la inserción y la

forma de evolución de la unidad en el contexto histórico de una formación social concreta

(Brignol y Crispi, 1982). Esto implica que para comprender a las unidades campesinas de

una región no es suficiente analizar sus características particulares, sino que es necesa-

rio comprender al mismo tiempo su inserción y evolución en el contexto socioeconómico.

4. Campesinos, pobreza rural y desarrollo

La identificación de los campesinos con la pobreza rural no es nueva. Ya en 1967 George

Foster desarrolló una teoría de la vida campesina basada en el concepto de la “imagen de la limitación de lo bueno”. Según Foster (1967), los campesinos de Michoacán –

México- “como muchos campesinos del mundo entero”, creen que la vida es una lucha

monótona, que muy poca gente puede “triunfar” y que sólo pueden mejorar su vida a cos-

ta de los demás. Según esta teoría, si algún campesino intenta algo nuevo y lo consigue,

el resto de la comunidad lo tomará a mal, se despertaría la envidia y la hostilidad, y des-

preciarán al individuo “progresista”. No está claro si esta “imagen” impide el desarrollo

rural, ya que el mismo Foster aporta datos que hacen dudar de su importancia en la re-

producción de la pobreza en esas comunidades; como él mismo sugiere, la “imagen de la

limitación de lo bueno” puede interpretarse como una evaluación realista de los hechos

de la vida en una sociedad en la que el éxito o el fracaso económico depende de fuerzas

41

que escapan al control o comprensión de los lugareños. Por otra parte James Acheson

(1972), quien estudió una comunidad campesina próxima a la de Michoacán, sostuvo que

la imagen de la limitación de lo bueno puede existir, pero no le otorga importancia como

factor de generación o reproducción de la pobreza; afirma que si se presentan oportuni-

dades concretas, algunos campesinos las aprovecharían.

Más recientemente los campesinos comienzan a ser identificados como “pobres rura-les” junto a otros sectores de los pobladores rurales (Craviotti y Soverna, 1999), vincula-

do a una pérdida de “funcionalidad” de este grupo social dentro del proceso actual de

acumulación del capitalismo agrario. Pero, ¿qué significa “ser pobre” y cómo se determi-

na quiénes son pobres y quienes no?

La noción de pobreza suele utilizarse como una expresión de sentido común con un apa-

rente consenso sobre su significado. En general la “pobreza” se identifica con la idea de

“privación” o “carencia”, y se entiende que una persona o una familia son pobres cuando

carecen o se ven privados de “algo”. Pero cuando se trata de precisar qué componentes

permiten identificar una situación para considerarla pobreza, o qué magnitud de esas

carencias deriva en una situación de pobreza, allí se hacen visibles los primeros des-

acuerdos. Tampoco hay consenso cuando se trata de identificar las causas de la pobre-

za: para algunos la pobreza tiene su origen en la distribución poco equitativa de las rique-

zas, mientras que para otros la pobreza es responsabilidad de los individuos y se origina

en falencias de sus comportamientos. Entre una y otra postura hay un abanico de posi-

ciones, cada una de las cuales conlleva diferentes propuestas de “superación” de la po-

breza donde el Estado aparece con distintos grados y tipos de responsabilidades. La ma-

yoría de los estudios sobre pobreza concluyen que el concepto tiene carácter multidi-mensional, reconoce graduaciones y no puede definirse en abstracto, sino que re-quiere ser situado, es decir, que requiere coordenadas de tiempo y espacio: una perso-

na no “es” pobre, sino que “vive” (nace, muere) en situación de pobreza (Lo Vuolo et al,

1999). El carácter multidimensional advierte que la privación no se restringe a un único

elemento sino a un sistema relacionado de elementos. Las gradaciones reflejan que la

privación de los elementos que definen la pobreza no es la misma para todas las dimen-

siones, sino que puede identificarse la presencia de una dispersión para todas y cada una

de ellas.

Respecto a la forma en que se determina si una persona o una familia son “pobres”, los

métodos más utilizados son dos: uno consiste en delimitar el conjunto de personas cuya

canasta de consumo actual deja insatisfecha alguna necesidad básica, conocido como

42

“método directo”, y el otro, denominado “método del ingreso”, consiste en calcular el in-

greso mínimo necesario para que la familia satisfaga sus necesidades básicas, valor de-

nominado “línea de pobreza (LP)”, y comparar los ingresos de cada familia con ese valor

(Sen, 1992). Estos métodos reflejan dos fenómenos diferentes ya que el método directo,

también llamado de “necesidades básicas insatisfechas (NBI)”, detecta a los pobres es-

tructurales, es decir a aquellos cuyas dificultades son más permanentes; mientras que

con el criterio de la Línea de Pobreza se identifica a aquellos hogares cuyo ingreso co-

rriente no es suficiente para adquirir los bienes y servicios que permitan satisfacer las

necesidades básicas (Beccaria, 1995). Tanto en un método como en el otro, la unidad de

análisis es el hogar: se identifica como “pobre” o “no pobre” al hogar y no a cada uno de

los individuos por separado. Si un hogar es clasificado como pobre, se consideran pobres

todas las personas que forman parte del mismo (Beccaria, 1994). Como cada uno de

esos enfoques presenta sus limitaciones, algunos estudios emplean simultáneamente

ambos en forma integrada (Boltvinik, 2000), pero esta metodología también presenta limi-

taciones conceptuales y prácticas, además de demandar una gran cantidad de datos para

su cálculo.

Estos métodos extensamente utilizados en nuestro país y en otros países de América

Latina, responden a un concepto restringido de pobreza que no es compartido por otros

autores. Para Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986), cualquier necesidad humana que

no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana, por lo cual no se debería

hablar de pobreza sino de pobrezas. Dentro de esta perspectiva, denominada “desarrollo

a escala humana”, se postula que las necesidades humanas fundamentales son las mis-

mas para todas las culturas y en todos los períodos históricos, pero a través del tiempo y

de las culturas cambian los medios utilizados para satisfacer esas necesidades. Las per-

sonas tienen necesidades múltiples e interdependientes; por ello las necesidades deben

entenderse como un sistema donde simultaneidades, complementariedades y compen-

saciones forman parte de la dinámica del proceso de satisfacción de las mismas. Dentro

de esta perspectiva, todas las personas tienen necesidad de subsistencia, de protec-ción, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identi-dad y de libertad, que cubrirán en mayor o menor medida recurriendo a diferentes satis-

factores. Desde este enfoque son pobres aquellas personas obligadas a funcionar so-

cialmente sin poder acceder en tiempo y forma a los satisfactores de las necesidades

antes citadas, que son básicas para la existencia en condiciones humanas.

Otro concepto vinculado al de pobreza que intenta dar cuenta de la complejidad de nece-

sidades humanas es el de calidad de vida. Se entiende por calidad de vida – o nivel de

43

vida o bienestar- al “dominio que las personas o familias ejercen sobre los recursos en

forma de dinero, posesiones, conocimiento, energía mental y física, relaciones sociales,

seguridad y otros, por medio de los cuales el individuo puede controlar y dirigir conscien-

temente sus condiciones de vida” (Erikson, 1993). Dentro de este concepto se incluyen

distintas dimensiones, como el acceso a educación y capacitación, alimentación, acceso

a agua, vivienda, salud, recursos económicos (ingresos y bienes), condiciones de trabajo,

seguridad de la vida y de la propiedad, integración social, recreación y cultura y recursos

políticos. Una consecuencia de la multidimensionalidad del concepto y de la inmensurabi-

lidad entre las dimensiones es que no se puede elaborar un indicador sintético; deben, en

cambio, describirse las diferencias y los cambios en la calidad de vida para cada compo-

nente del concepto. Dentro de la investigación cuyos resultados se presentan, se utilizó

este último enfoque para analizar las modificaciones en la calidad de vida de las familias

campesinas que forman parte de organizaciones de base integrantes del MOCASE.

5. Movimientos sociales y organización campesina contemporánea

Dentro del abordaje analítico de los movimientos sociales contemporáneos es posible

diferenciar dos paradigmas30: el orientado hacia la identidad, y el que basa su análisis en

la movilización de recursos (Cohen, 1985). El teórico de movimientos sociales que ha

aportado el marco conceptual más amplio para un paradigma orientado hacia la identidad

es Alain Touraine, quien define movimiento social como “la acción organizada de una

categoría social contra otra por el control de los recursos centrales en un tipo de socie-

dad” (Touraine, 1987), o como “las acciones sociales colectivas conflictivas orientadas al

control de los recursos más importantes de la sociedad, y al control del proceso histórico

de transformación de esa sociedad” (Touraine, 1997). Es importante comprender que

para Touraine los movimientos son las acciones generadas por los actores, no los acto-

res; y, por otra parte, que no cualquier acción conflictiva es un movimiento social. Por ello

diferencia el concepto de movimiento social del de lucha, considerando a esta última

como un conflicto más limitado, orientado hacia un cambio en la distribución de bienes o

autoridad dentro de un sistema social, sin voluntad o capacidad de transformar las rela-

ciones sociales de producción.

Dentro de esta concepción, Touraine plantea que para definir una acción colectiva como

movimiento social es necesario que se presenten tres elementos:

30 Se entiende por paradigma a un marco de pensamiento, un esquema de referencia para enten-der y explicar ciertos aspectos de la realidad.

44

• El reconocimiento de los actores que forman parte de la acción colectiva en térmi-

nos de una identidad común, elemento que denomina “principio de identidad”.

• La definición de un adversario común, factor denominado “principio de oposición”.

• Que las acciones colectivas estén orientadas hacia la modificación del sistema de

acción histórico, es decir que intenten modificaciones en el modo de conocimien-

to, en el modo de acumulación y en el modo ético-cultural de esa sociedad, as-

pecto que denomina “principio de totalidad”.

En las luchas sociales hay una identidad común y también una definición de un adversa-

rio, pero las acciones están limitadas y no se proponen un cambio en el sistema de ac-

ción histórico. En los movimientos sociales se defiende un modo de uso social de valores

morales en oposición al que sostiene y trata de imponer el adversario. Dentro de este

paradigma, los movimientos sociales no son vistos como acontecimientos anormales; por

el contrario, constituyen el material básico de la vida social al producir y llevar a disputas

prácticas las normas e instituciones sociales, poniendo de manifiesto la capacidad de la

sociedad de transformarse a si misma.

Por otro lado, dentro del paradigma de la movilización de recursos, Sidney Tarrow (1997)

define a los movimientos sociales como “desafíos colectivos planteados por personas que

comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites,

los oponentes y las autoridades”. Esta definición tiene cuatro propiedades empíricas: de-

safío colectivo, objetivos comunes, solidaridad e interacción mantenida. Los movimientos

plantean sus desafíos a través de una acción directa disruptiva contra las elites, las auto-

ridades u otros grupos o códigos culturales, que puede ser pública, o bien puede adoptar

la forma de resistencia personal coordinada o de reafirmación colectiva de nuevos valo-

res. Según Tarrow, en la base de las acciones colectivas se encuentran intereses y valo-

res comunes o solapados entre sí. Por otra parte, un episodio de confrontación sólo se

convierte en un movimiento social si se mantiene la acción colectiva. Pero, ¿cómo se

mantiene la acción colectiva? El razonamiento básico de Tarrow es que los cambios en la

estructura de oportunidades políticas crean incentivos para las acciones colectivas. La

magnitud y duración de estas acciones dependen de la movilización de la gente a través

de las redes sociales y en torno a símbolos identificables extraídos de marcos culturales

de significado.

Dentro de este paradigma el denominador común de los movimientos sociales es el “inte-

rés” y es el reconocimiento de una comunidad de intereses lo que traduce el movimiento

potencial en una acción colectiva. Los líderes del movimiento estimulan ese reconoci-

45

miento apoyándose en sentimientos de solidaridad e identidad. En este aspecto, Tarrow

parece alejarse del paradigma de movilización de recursos y acercarse al paradigma

orientado a la identidad. Sin embargo esta “identidad” a la que hace referencia Tarrow es

un concepto limitado a la idea de “intereses comunes”, y bastante diferente al concepto

de identidad que sostiene Touraine. El concepto de interés que aplica Tarrow al análisis

de movimientos sociales parece guardar cierta relación con el concepto de interés que

forma parte del marco de análisis de las prácticas sociales elaborado por Bourdieu. Estar

interesado, de acuerdo a Bourdieu, es acordar dentro de un juego social determinado que

lo que allí ocurre tiene un sentido, que sus apuestas son importantes y dignas de ser per-

seguidas (Gutierrez, 1994). Sin embargo, afirma Bourdieu: “El concepto de interés, tal

como lo concibo, es enteramente distinto del interés transhistórico y universal de la teoría

utilitarista (...). Lejos de ser una invariante antropológica (...) es una construcción histórica

que sólo puede conocerse mediante el análisis histórico ex post, a través de la observa-

ción empírica” (Bourdieu, 1995), marcando de esta forma una clara diferencia de enfo-

que.

De alguna manera, ante la pregunta de por qué se suman las personas a un movimiento

social, desde el paradigma de movilización de recursos se puede responder que lo hacen

porque están interesadas. Por otra parte, ante la pregunta de por qué se forma un movi-

miento social, Tarrow no duda en que son las oportunidades políticas las que actúan co-

mo factor de activación.

“Al hablar de estructura de oportunidades políticas, me refiero a dimensiones

consistentes –aunque no necesariamente formales, permanentes o naciona-

les- del entorno político, que fomentan o desincentivan la acción colectiva en-

tre la gente. El concepto de oportunidad política pone el énfasis en los recur-

sos exteriores al grupo –al contrario que el dinero o el poder-, que pueden ser

explotados incluso por luchadores débiles o desorganizados” (Tarrow, 1997)

Pero una cuestión es cómo surgen los movimientos sociales, y otra es cómo se mantie-

nen. Tarrow plantea que lo que hace posible la transformación de la acción colectiva epi-

sódica en movimientos sociales es la movilización de redes sociales preexistentes, que

reducen los costos sociales transaccionales de la convocatoria y mantiene unidos a los

participantes incluso una vez que el entusiasmo inicial de la confrontación se ha desva-

necido. Otra forma de mantener la acción colectiva es a través de la formación de organi-

zaciones sociales que pueden resultar más o menos eficaces para mantener la acción

46

colectiva, según sus características. Bonamusa Miralles (1994) diferencia tres tipos de organizaciones que forman parte de movimientos sociales:

a) Organización burocrática: tiene una estructura formalizada, con un mando jerárqui-

co y una clara división de trabajo que otorga roles definidos a los participantes, de

manera que se transforma el compromiso difuso de los miembros en una estructura

que está preparada para ser movilizada en cualquier momento.

b) Organización centralizada: formada alrededor de un líder carismático o alrededor de

un cuadro de organizadores; el poder y la toma de decisiones se centraliza en el lí-

der, o en el cuadro de organizadores que funcionan como un centro de poder único.

c) Organización descentralizada: se caracteriza por contar con diversos líderes que

ejercen a nivel local múltiples centros de poder, articulados en redes y con una míni-

ma división del trabajo. La organización se apoya en un entramado de lazos interper-

sonales que refuerzan los compromisos ideológicos.

Si bien cada movimiento y sus organizaciones deben ser analizados dentro de su contex-

to socio-político, existe cierto consenso en que las organizaciones burocráticas ayudan a

asegurar la participación efectiva de los miembros dentro del grupo pero tienen dificulta-

des para resolver los conflictos internos; las organizaciones centralizadas resuelven con

facilidad los conflictos internos pero se exponen a la cooptación de sus líderes; mientras

que las organizaciones descentralizadas tienen mayor efectividad para sostener movi-

mientos sociales porque su estructura es altamente adaptable para implementar cambios,

al mismo tiempo que permiten experimentaciones tácticas a través de la diversidad, y con

la ventaja de que el peligro de cooptación es menor que en los otros tipos de organiza-

ciones (Bonamusa Miralles, 1994).

La estructura que adquiere cada organización no es arbitraria, sino que es una so-lución construida en respuesta a los problemas que la acción colectiva le plantea a ese conjunto de actores. Toda organización, para subsistir, requiere cierto grado de

integración de los comportamientos de los individuos que la forman, cada uno de los cua-

les puede perseguir objetivos divergentes e incluso contradictorios. La integración se

puede realizar por la restricción, es decir, por la sumisión impuesta o consentida de las

voluntades “parciales” de los que participan en la voluntad y en los objetivos del conjunto,

o por la negociación, que puede desarrollarse en forma explícita o implícita (Crozier y

Friedberg, 1990). La incertidumbre es el recurso fundamental en toda negociación, ya

que si hay incertidumbre, los actores capaces de controlarla la utilizarán en sus transac-

ciones. Las relaciones de los actores entre ellos y con el problema que los vincula

47

dentro de la acción colectiva, se inscriben en un campo desigual, estructurado por relaciones de poder y de dependencia. Se entiende por poder a la manera en que unos

pueden estructurar el campo de acción posible de los otros (Foucault, 1984). El poder no

es propiedad de un individuo o un grupo, sino que es una acción o una estrategia que se

ejerce, y sus efectos no son atribuibles a una apropiación sino a disposiciones, tácticas y

funcionamientos. El poder carece de esencia: es operatorio; no es un atributo sino una

relación (Deleuze, 1987). Esto no quiere decir que no haya quienes ejercen poder coac-

cionante sobre otros que lo “padecen”, sino que ambos son atravesados no unidireccio-

nalmente por las fuerzas (Díaz, 1995).

Dentro de las sociedades latinoamericanas contemporáneas los movimientos sociales

tienen un rol doble: por un lado, son sistemas colectivos de reconocimiento social, que

expresan identidades colectivas, con contenidos culturales y simbólicos importantes; por

otro, son intermediarios políticos no partidarios que traen las necesidades y demandas de

las voces no articuladas a la esfera pública y las vinculan con los aparatos institucionales

del Estado (Jelin, 1996). Por ello pueden contribuir a expandir el sistema democrático, no

sólo en su faceta formal, sino en su aspecto sustancial, aportando a configurar nuevos

sentidos de la democracia.

En cuanto a los movimientos campesinos en particular, Touraine (1987) diferencia cuatro tipos de conflictos31 que pueden ser presentados como fases32 de un proceso his-tórico de transformación social del agro en América Latina. Una primera fase co-

rresponde a la defensa de los intereses de una comunidad campesina y del conjunto de

valores, creencias y formas de organización social. En una segunda fase interviene en el

conflicto de manera directa la definición del adversario; se presenta este tipo de conflicto

cuando penetra el capitalismo agrario en una región de pequeños productores individua-

les o comunitarios. Este conflicto puede transformarse en movimiento social “si los adver-

sarios intentan transformar las leyes y el poder político, ya que la defensa más radical de

los intereses campesinos se organiza no alrededor del ingreso o de los derechos políti-

cos, sino de la posesión de la tierra” (Touraine, 1987). Así como el movimiento obrero no

sólo defiende su salario sino que también cuestiona el uso y control social de los medios

de producción, el movimiento campesino dentro de esta fase cuestiona el sistema jurídico 31 Para conocer ejemplos de cada uno de estos tipos de conflictos en diferentes países de América Latina, ver Tourain (1987). 32 Touraine (1987) hace referencia a “etapas” del proceso, pero al mismo tiempo afirma que las mismas no corresponden a períodos sucesivos ya que no es posible una periodización sincrónica para todos los países del continente, y además en un mismo país, dentro de un período histórico singular pueden tener lugar distin-tos tipos de luchas y conflictos campesinos. Por eso, en lugar de “etapa”, utilizo el término “fase” que hace referencia a los distintos estados que un fenómeno puede adoptar, y que considero un concepto más acerta-do.

48

que define los derechos del productor agrícola sobre la tierra, su principal instrumento de

trabajo.

La tercera fase está signada por la participación más o menos autónoma de campesinos

en un movimiento de modernización nacional popular dirigido por una coalición de la cla-

se media, del sindicalismo obrero y del Estado. El movimiento social lleva adelante una

lucha contra la oligarquía terrateniente y sus privilegios, y al mismo tiempo tiene un obje-

tivo de modernización de la producción y de integración del Estado nacional. La transfor-

mación observada como consecuencia de este tipo de lucha es la redistribución de tierras

incluídas en procesos de reforma agraria. La cuarta fase corresponde a una producción

de tipo capitalista donde la lucha por la tierra está reemplazada por la defensa del salario

directo e indirecto, y de las condiciones de trabajo; en este tipo de conflicto el actor prin-

cipal no es el campesino sino el asalariado rural. Este tipo de lucha puede formar parte

de un programa más general de movimientos sociales sindicales y políticos, pero en ge-

neral no ocupa un lugar central dentro del mismo.

Cabe aclarar que Touraine construyó esta tipología a partir del análisis de las luchas y

movimientos campesinos registrados en América Latina desde principios del siglo XX

hasta 1980. La investigación cuyos resultados se presentan aportará a revisar esta tipo-

logía y a modificarla a la luz del movimiento campesino analizado.

49

CAPÍTULO 2 CAMPESINOS Y DESARROLLO RURAL EN LA ARGENTINA DE LOS NOVENTA

1. Características de los campesinos en Argentina

La magnitud del campesinado en Argentina es difícil de evaluar con los datos censales

disponibles, pero se estima que en 1969 existían aproximadamente 135.000 unidades

campesinas (Manzanal, 1993), y que en 1988 esa cifra ascendía a 160.000 unidades

campesinas sobre un total de 420.000 explotaciones agropecuarias, es decir que al inicio

de la década del noventa las unidades campesinas representaban el 38 % de las unida-

des productivas agropecuarias del país (De Dios, 1998).

En Argentina el campesinado presenta particularidades propias que lo distinguen del de

otros países de América Latina. Gran parte de las diferenciaciones provienen de la forma

en que operó el desarrollo capitalista en nuestro país. A una escasa tradición cultural in-

dígena y campesina se asocia una temprana urbanización que se acelera al promediar la

década del treinta como resultado de un proceso creciente de industrialización sustitutiva

de importaciones. Este proceso -que se extendió hasta la década de 1970-, promovió la

migración del campo a la ciudad, desarrolló el mercado interno y, como consecuencia,

expandió las economías regionales proveedoras de alimentos y materias primas para el

consumo y para las industrias (Manzanal, 1993). Es entonces cuando se expande la pe-

queña producción familiar en las economías extrapampeanas y aparece el campesinado

en la Argentina tal como lo conocemos actualmente: vinculado fundamentalmente a la

producción de bienes para el mercado interno, de consumo final o intermedio. Cabe acla-

rar que muchos pequeños productores ya estaban radicados en la región extrapampea-

na, pero tenían una magnitud y un volumen productivo muy limitado, destinado principal-

mente a autoabastecimiento, y recién se expanden durante la primera etapa del período

de sustitución de importaciones. En aquel momento la principal función de la economía

campesina era proveer insumos a la agroindustria (azúcar, tabaco, algodón, vid, etc.).

Será años después, con la crisis de las economías regionales, cuando el campesinado

comenzará a cumplir otra función: la de retención de población en el campo. En sínte-

sis, la producción campesina en la Argentina se origina en algunos casos, y se consolida

en otros, a partir del desarrollo de las economías extrapampeanas para abastecer al mer-

cado interno y a la industria.

50

En Argentina es frecuente que el campesino desempeñe más de un trabajo ya que como

forma alternativa de obtener ingresos muchos campesinos realizan actividades extra-prediales en la misma zona rural, o en otras zonas –rurales o urbanas– a las que migran

estacionalmente para cubrir demandas de mano de obra que no se satisfacen con los

trabajadores locales. En estos casos es común que se relacionen las zonas de produc-

ción campesina con excedentes de mano de obra en épocas de poca actividad –

generalmente en los períodos entre cosecha y siembra–, con las zonas de producción

empresarial más o menos cercanas, con demanda estacional de trabajo. Algunos autores

(Tsakoumagkos, 1986; Carrera y Podestá, 1987) consideran que los campesinos que

combinan el trabajo en su parcela con trabajos externos constituyen tipos encubiertos de

trabajadores asalariados que demostrarían un proceso de proletarización del campesina-

do. Manzanal (1993), en cambio, sostiene que es una característica distintiva del campe-

sinado en la Argentina asalariarse en forma transitoria, así como también contratar esta-

cionalmente trabajo asalariado en su finca para recibir ayuda en tareas de cosecha y/o

recolección, como en el caso del algodón.

Otro aspecto que diferencia al campesinado de Argentina es el destino de la producción.

En las unidades campesinas de otros países de América Latina predomina la producción

para autoabastecimiento y sólo se vende al mercado el excedente. Este tipo de estrategia

se observa en nuestro país en la región de la puna jujeña, pero en el resto de las áreas

campesinas del país predomina la producción para la agroindustria o para abastecer el

mercado de consumo, es decir que la producción mercantil es dominante dentro de las economias campesinas de nuestro país. Esto no impide que en casi todas las uni-

dades campesinas se pueda encontrar algún tipo de producción para consumo familiar:

para los campesinos tabacaleros de Corrientes la producción de autoabastecimiento con-

siste en maíz, aves de corral y eventualmente alguna vaca lechera; entre los algodone-

ros chaqueños es frecuente cultivar una pequeña huerta y producir mandioca y maíz;

mientras que entre los campesinos formoseños es común producir cebolla, lechuga, za-

nahoria, zapallo y otros cultivos dentro de pequeñas huertas. Otro cultivo importante para

el autoabastecimiento de las familias campesinas es la mandioca, producto tradicional de

la dieta alimenticia de los campesinos de diversas regiones del país. Se trata de un culti-

vo cuya producción no compite con el cultivo comercial a diferencia de otros -como el

maíz-, que requieren trabajo en una época del año que compite con el algodón. Por otra

parte la mandioca se puede cosechar a medida que se consume, no necesita espacio

para almacenarla ni requiere cuidados poscosecha como ocurre con el maíz. Algunas

actividades de autoabastecimiento como las vinculadas a la huerta y la granja, son res-

ponsabilidad de la mujer, pero otras tareas como las necesarias para cultivar maíz y

51

mandioca son realizadas por los hombres. En el trabajo destinado al autoabastecimiento

los niños suelen acompañar a sus madres, y de ese modo se inician en el aprendizaje de

las tareas productivas.

Una actividad complementaria entre los campesinos vinculados a la producción de gana-

dería menor es la producción artesanal de tejidos y cueros. El tejido a telar suele ser un

producto destinado a la vestimenta y abrigo del grupo familiar y es realizado por las mu-

jeres. Los hombres se dedican en cambio a trabajar el cuero, produciendo elementos

indispensables para la actividad ganadera como lazos, sillas, estribos, etc. En otras re-

giones la cestería es la principal actividad artesanal entre los campesinos. En general los

productos artesanales se utilizan dentro de la unidad doméstica, y en algunos casos –en

zonas vinculadas a actividades turísticas– se comercializa el excedente constituyendo un

ingreso más (Manzanal, 1993).

Otra característica diferencial del campesinado argentino es que coexiste dentro de la estructura agraria con otros tipos de productores (Tsakoumagkos, 1993). Producto-

res familiares, empresarios medianos y grandes, ofertan al mercado el mismo producto

que los productores campesinos, por lo cual éstos no detentan la exclusividad de nin-gún producto.

En síntesis, mientras que en la mayor parte de América Latina los sistemas campesinos

presentan un perfil sumamente diversificado y orientado a la producción de alimentos

destinados al consumo familiar, con una inserción en el mercado limitada a la venta de

excedentes, en Argentina los campesinos asignan los recursos productivos disponibles

priorizando el rubro destinado al mercado, en general insumos agroindustriales como

algodón, tabaco, té, yerba mate, y otros. Esto implica un menor grado de diversifica-ción productiva, una economía más mercantilizada, y como consecuencia de esto, la seguridad alimentaria del grupo doméstico no queda garantizada a partir de las actividades productivas que se desarrollan en el propio sistema productivo (Cáce-

res, 2003). Este es uno de los motivos por el cual las familias campesinas de nuestro

país se incluyen dentro de la categoría de “pobres rurales”.

La pobreza rural en nuestro país está asociada a dos contextos diferentes (Craviotti y

Soverna, 1999). Por un lado se observan situaciones en que la pobreza se presenta en regiones dinámicas caracterizadas por la disponibilidad de tierras aptas para la agricul-

tura, zonas de colonización con riego o de ocupación de tierras aptas; hay empleo agro-

pecuario por la presencia de cultivos con alta demanda de mano de obra; existen centros

52

poblados que generan posibilidades de empleo urbano. Estas situaciones se presentan

en las zonas cañeras, tabacaleras, algodoneras, vitivinícolas y frutihortícolas, en zonas

de desarrollo integral de Catamarca y de la Corporación de Río Dulce en Santiago del

Estero; en zonas de riego del Valle del Río Colorado; en zonas de ocupación de tierras

en Misiones y en zonas hortícolas cercanas a Buenos Aires y Rosario. En otros casos, la pobreza se presenta en áreas de estancamiento o de carencia crónica de recursos

donde la casi totalidad de la tierra sólo es apta para ganadería; el clima es inhóspito; los

centros poblados están lejos y no existe demanda de trabajo asalariado en el sector agra-

rio. Estos casos se observan en la Puna jujeña y catamarqueña, en las zonas de secano

de Santiago del Estero, en los Llanos de La Rioja, en la zona cordillerana de Neuquén y

Chubut, en las sierras del norte de Córdoba, en la cuña boscosa santafecina y en el mon-

te salteño. En estas zonas predomina la ganadería menor y mayor, la explotación del

monte, la venta al mercado del excedente de consumo, y la producción y venta de arte-

sanías.

En la primera situación la población en promedio es más joven y hay mayor pro-porción de familias en etapa de expansión33. Si bien hay migraciones, son temporarias

y relativamente breves, por lo cual las familias permanecen largos períodos del año en la

unidad doméstica. Esto está asociado a la posibilidad de asalariarse en lugares cercanos

a la ubicación del hogar familiar. En el balance ingresos-gastos de la unidad doméstica,

las familias intentan maximizar los ingresos, estrategia vulnerable a cambios externos,

como problemas de precios de los productos que venden, disminución de la oferta de

empleo, etc. En el segundo caso, la población es de mayor edad y los hogares están en etapa de reemplazo o de reemplazo con crianza. Las migraciones son temporarias

de ciclo largo –retornan al hogar por poco tiempo- o se hacen definitivas. El empleo públi-

co es la principal alternativa de ingresos extraprediales en la zona. En el balance ingre-

sos-gastos, las familias intentan minimizar los gastos, estrategia poco dependiente de

factores externos una vez que se estableció un equilibrio entre la cantidad de consumido-

res y trabajadores dentro del grupo familiar, vía migraciones definitivas. Los casos anali-

zados en la investigación cuyos resultados se presentan corresponden a situaciones de

pobreza en un contexto de estancamiento y carencia crónica de recursos.

33 Fortes (1958) distingue tres fases en las unidades domésticas: la fase de expansión comienza con el ma-trimonio y finaliza cuando declina el ciclo de fertilidad femenino, en esta etapa los hijos dependen económi-camente de los padres; la fase de fisión comienza con el casamiento de alguno de los hijos y finaliza cuando el último hijo se casa. La última fase es la de reemplazo, que concluye con la muerte de ambos progenitores, o cuando éstos abandonan la actividad productiva. Las fases pueden superponerse.

53

2. La situación de los campesinos en la provincia de Santiago del Estero

La provincia de Santiago del Estero está ubicada en el noroeste de la República Argenti-

na (ver Mapa 1), dentro de la región del Gran Chaco Argentinoi. Con una superficie de

135.235 km2 y una población de 806.347 habitantes según el Censo Nacional de Pobla-

ción y Vivienda de 2001, tiene una baja densidad poblacional (5,9 habitantes por km2) y

un índice de urbanización del 66 %, bastante inferior al promedio nacional, al mismo

tiempo que presenta un considerable grado de concentración de la población: en al año

2001 la ciudad capital reunía casi al 40 % de los habitantes de la provincia, y el aglome-

rado Santiago del Estero-La Banda concentraba el 61 % de la población urbana de la

provincia (SIEMPRO, 2002). En 1991 el 42 % de los santiagueños vivía en forma perma-

nente fuera de su provincia, lo que convirtió a Santiago del Estero en la provincia con mayor proporción de migrantes definitivos dentro de Argentina. En la última década

la emigración disminuyó al mismo tiempo que la tasa de natalidad fue superior al prome-

dio nacional y la tasa de mortalidad general se mantuvo relativamente baja, por lo cual la

población de la provincia creció a un ritmo anual superior al del conjunto del país.

Santiago del Estero es una de las provincias más pobres del país. En 1991 el 37 % de su

población tenía necesidades básicas insatisfechas (CEPA, 1994). La situación había me-

jorado si se comparaba con los datos censales de 1980, momento en que el 46 % de la

población de Santiago del Estero presentaba necesidades básicas insatisfechas, pero su

situación comparada con el nivel nacional no había mejorado mucho: pasó de ser la ter-

cera provincia más pobre del país a ser la cuarta. En mayo del 2002 la población pobre en Santiago del Estero representaba el 60 % de la población total, ya que en el pe-

ríodo 1998-2002 casi 42 mil hogares y más de 186 mil personas ingresaron al universo

de la pobreza. En cuanto a la indigencia, vale decir, la imposibilidad de acceder a una

canasta alimentaria básica, registró un incremento aún mayor a lo largo del período

(SIEMPRO, 2002). Considerando la pobreza en su expresión territorial, Santiago del Estero presenta niveles críticos de pobreza en 13 de sus 27 departamentos, siendo mayores los porcentajes de familias pobres en los departamentos con mayor pro-porción de población rural. Ningún departamento provincial se incluye en áreas ópti-

mas -con valores de pobreza estructural menores al 10 % (Pucci, 2000)-.

Dentro del territorio provincial se pueden diferenciar seis zonas productivas (Ver Mapa 1).

En la Zona Norte (forestal y ganadera), constituida por los departamentos Copo y Alberdi,

los pequeños productores ocupan tierras en forma precaria y orientan sus actividades al

autoabastecimiento y la venta de excedentes a acopiadores. En la Zona Noroeste (agrí-

54

cola), integrada por los departamentos Pellegrini y Giménez, persisten extensas unidades

productivas tradicionales con prácticas mixtas de ganadería y extracción forestal, con un

vasto sector campesino que alterna prácticas de subsistencia y autoabastecimiento con la

migración estacional hacia la cosecha de caña de azúcar. En la Zona Sudoeste (ganade-

ría de cría y agricultura de apoyo), formada por los departamentos Río Hondo, Guasayán

y Choya, predomina la cría de ganado vacuno en grandes extensiones, mientras que la

ganadería caprina y ovina se concentra en unidades campesinas que destinan la produc-

ción al autoabastecimiento y la comercialización de caprinos en la provincia de Córdoba.

Los departamentos Salavina, Atamisqui, Ojo de Agua y Quebrachos constituyen la Zona

sur (ganadería mayor y menor), donde la agricultura posee una fuerte orientación hacia el

autoabastecimiento, aunque existe también ganadería extensiva con bajos niveles de

tecnificación, y caprinos y ovinos en unidades campesinas (Zurita, 1999).

La Zona Este (ganadería y agricultura), integrada por los departamentos Aguirre, Belgra-

no, Ibarra, Moreno, Taboada y Rivadavia, es la más extensa de todas y una de las áreas

donde se han producido a partir de la década del ‘60 fuertes procesos de transformación

productiva, particularmente de la ganadería. La Zona Centro (agrícola con cultivos bajo

riego), formada por los departamentos Capital, Banda, Robles, Avellaneda, Loreto, Figue-

roa, San Martín, Sarmiento y Silípica, tiene un alto peso demográfico, incluyendo aproxi-

madamente al 60 % de la población total de la provincia. En el área rural de esta zona se

localiza la totalidad de la agricultura bajo riego de la provincia, desarrollada en pequeños

predios (Zurita, 1999). Se puede afirmar que en todas las zonas productivas de Santiago

del Estero la pequeña producción agropecuaria tiene relevancia dentro de la estructura

productiva, y la presencia campesina es significativa en gran parte de la provincia.

55

MMMAAAPPPAAA 111

Zonas productivas homogéneas

Provincia de Santiago del Estero

REFERENCIAS

Zona 1 Norte (forestal y ganadera)

Zona 2 Noroeste (agrícola)

Zona 3 Sudoeste (ganadería de cría y agricultura de apoyo)

Zona 4 Sur (ganadería mayor y menor)

Zona 5 Este (ganadería y agricultura)

Zona 6 Centro (agrícola con cultivos bajo riego)

FUENTE: Zurita (1999)

COPO

PELLEGRINI ALBERDI

GIMÉNEZ

MORENO

IBARRA

FIGUEROA BANDA

ROBLES

HONDO RÍO

TABOADA

BELGRANO

AGUIRRE MITRE

AVELLANEDA LORETO

SALAVINA

ATAMIS-QUI

GUASAYÁN

CHOYA

OJO DE AGUA

SANTIAGO(CAP.)

SAR–MIENTO

QUEBRA–

SILIPICA MARTÍN SAN

RIVADA-

CHOS

1

2

3

4

5 6

Tintina

Quimilí

SITUACIÓN RELATIVA

56

Las familias campesinas de Santiago del Estero logran el sostén del grupo doméstico a

partir de estrategias que complementan distintos tipos de actividades, que varían según

la zona. A continuación se hará referencia a las actividades desarrolladas por las fami-lias campesinas del extremo norte de la Zona Este, donde se llevó a cabo el trabajo

de campo de la investigación cuyos resultados se presentan.

Estas familias desarrollan actividades de autoabastecimiento que incluyen la produc-

ción de verduras -como zapallo, calabacitas, batata, zapallitos, maíz, sandía, melón-, que

se destinan a la alimentación de la familia; y la cría de animales de granja –como gallinas,

pavos y patos–, de los cuales se aprovechan los huevos y la carne. Otras actividades de

autoabastecimiento que suelen demandar muchas horas de trabajo son la obtención y

transporte de agua para bebida, cocción de alimentos, e higiene personal, y la recolec-

ción y acarreo de leña para cocinar durante todo el año, y para calefacción durante el

invierno. La obtención del agua es crítica, especialmente durante la estación que esca-

sean las lluvias ya que muchas represas se secan y es necesario recorrer mayores dis-

tancias para obtener agua34. También la recolección de leña se está tornando crítica de-

bido a que los desmontes realizados por empresas han alejado a las familias campesinas

del acceso a este vital combustible.

La venta de excedentes es una actividad que permite a las familias obtener ingresos a

partir de aquellos productos destinados inicialmente al autoabastecimiento. Lo habitual es

transportar los productos (sandías, zapallos, melones) hasta la ruta más cercana, ya sea

caminando o en carro según la distancia desde la vivienda. A lo largo del día algún

miembro de la familia permanece junto a los productos, al costado de la ruta, a la espera

de viajeros interesados en adquirirlos. Al llegar la noche lo que no se vendió se lleva de

regreso a la vivienda para retornar al mismo lugar a la mañana siguiente. También se

venden bajo esta modalidad atados de leña que la familia previamente recogió en el mon-

te y transportó hasta el lugar, y carbón en el caso de las familias que tienen hornos. La

34 El abastecimiento de agua para consumo humano y animal se obtiene de dos fuentes: la “represa” y el “pozo”. La represa es una amplia excavación hecha en tierra, preferentemente en un lugar bajo, que acumula agua de lluvia; el pozo es una excavación estrecha y profunda –el diámetro usual no llega a dos metros- hasta llegar a la napa (Tasso, 1981). Para extraer agua del pozo se usa un balde de lona que es sumergido y descargado alternativamente por medio de una soga atada a un caballo, operación conocida como "baldear". También se denomina “baldear” a la operación de transvasar agua de una represa hacia bebederos para el ganado, realizado manualmente (Durand, 1987). Habitualmente el agua de pozo se usa para consumo humano y el de las represas para los animales, pero esto no siempre es posible. El acceso a los pozos en general es público, pero para “baldear” se necesita al menos dos personas, un caballo y un carro para trans-portar el agua; las familias que no cuentan con esta dotación de recursos utilizan agua de las represas, aún para consumo humano.

57

venta de excedentes es una actividad factible para aquellas familias campesinas que no

están muy alejadas de las rutas y que cuentan con algún miembro de la familia que pue-

da permanecer todo el día dedicado a esa actividad. Las familias que viven en parajes

muy alejados y/o cuya familia cuenta con pocos miembros jóvenes o adultos no pueden

acceder a esta actividad. Un caso particular de venta de excedentes son las unidades

campesinas periurbanas que venden hortalizas, huevos y pollos directamente a los co-

mercios del casco urbano. La venta de excedentes marca una delgada línea entre la

producción para autoabastecimiento y la producción comercial. En algunos casos el ex-

cedente puede ser inesperado, resultado de un clima más propicio que el de otros años,

pero en otros casos las familias optan por sembrar un poco más de lo que necesitan, pre-

viendo la venta. ¿Por qué ampliar la producción de un cultivo que tradicionalmente se

utiliza para autoabastecimiento en lugar de incorporar un cultivo específico para el mer-

cado, un cultivo “comercial”? Porque de esta forma el productor/a campesino/a aprovecha

sus conocimientos de manejo del cultivo, dispone de las semillas y herramientas necesa-

rias, y queda en una situación menos dependiente del mercado, ya que si no consigue

venderlo o si los precios son muy bajos, puede almacenarlo y utilizarlo para la alimenta-

ción de la familia.

En el área en estudio la principal actividad comercial dentro de las unidades campesi-

nas es la cría de cabritos, que son vendidos directamente a un comprador que recorre

con su camión los distintos parajes. No se comercializa la leche de las cabras ya que no

hay usinas lácteas en la zona, sólo se aprovecha la leche para la producción de quesos

para el consumo familiar. Las cabras se alimentan en los montes naturales de la zona,

en los que se internan por la mañana en compañía de un perro entrenado denominado

“cabrero”. En muchos casos se complementa la alimentación de los animales con maíz o

alfalfa producida dentro del predio. Ofrecerles a las cabras estos alimentos no sólo con-

tribuye a su nutrición, sino que actúa como atractivo para que los animales regresen al

corral por la noche ya que si quedan deambulando por el monte quedan expuestas al

posible ataque de pumas35, con las consiguientes pérdidas.

A principios de la década del 90 el algodón era un cultivo comercial muy difundido en las

unidades campesinas de la zona. Desde 1984 hasta 1995 se implementó la ley 23.107,

de alcance nacional, que establecía para los pequeños productores algodoneros la posi-

bilidad de empadronarse en CASFEC36 para percibir asignaciones familiares, a la vez que

35 El Puma concolor es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos. Es de costumbres nocturas y trepa con facilidad a los árboles. Se lo denomina habitualmente puma o león americano. En la zona donde se reali-zó la investigación se lo conoce como “león”. 36 Actualmente ANSeS.

58

se le hacían aportes para jubilación y obra social. La asignación familiar era un importan-

te aporte para las familias y en algunos casos ese ingreso era mayor que lo que obtenían

por la venta del algodón. La derogación de la ley y la expansión de grandes explotaciones

mecanizadas para la producción de algodón marginaron a las unidades campesinas de

este tipo de cultivo.

Algunas familias campesinas cuentan también con una pequeña cantidad de ovejas y

vacas, que en general se destinan al autoabastecimiento. De las ovejas se obtiene lana

que es hilada, teñida y tejida en telares, lo que constituye la principal actividad artesanal

de la zona. Las mujeres tejen mantas, ponchos, y otras piezas que destinan al vestido y

abrigo de la familia, y que ocasionalmente venden obteniendo cierto ingreso monetario.

Cuando las actividades desarrolladas dentro de la unidad no alcanzan para la subsisten-

cia familiar, el productor campesino realiza actividades fuera del predio. En la zona en

estudio la actividad ganadera ofrece algunos puestos de trabajo, así como la actividad

forestal y maderera. Generalmente son trabajos temporarios, pero hay algunos casos de

asalariados permanentes; en estas situaciones el trabajo del predio recae en los hijos

mayores. Cuando en la zona no es posible encontrar ocupación, el productor campesino

o alguno de sus hijos o hijas migra hacia otras regiones del país. Durante las décadas del

‘60 y ‘70 muchas familias campesinas de esta zona migraban a la provincia de Chaco

para cosechar algodón. Campesinos de otras zonas de la provincia de Santiago migraban

hacia la zafra de caña de azúcar en Tucumán, la cosecha de papas o de espárragos en

la provincia de Buenos Aires o la cosecha de frutas en el Alto Valle de Río Negro. Sin

embargo, estas oportunidades de trabajo estacional se están restringiendo cada vez más,

como consecuencia del proceso de incorporación de tecnología capital intensiva en el

sector agropecuario (De Dios, 1998). Por otra parte, la alternativa de la emigración a los

grandes centros urbanos en busca de trabajo que en otras épocas derivó en la asalariza-

ción con abandono del predio por parte de muchas familias campesinas se ha restringido

a partir del escaso dinamismo de la industria en Argentina durante las décadas del ‘80 y

‘90, con el consiguiente incremento de las tasas de desocupación.

En otras regiones del país las familias campesinas completan sus ingresos con transfe-rencias del Estado como jubilaciones y pensiones. En la zona en estudio la presencia de

jubilados o pensionados dentro de las unidades campesinas es casi inexistente. El Esta-

do tampoco provee a estas familias servicios básicos como agua potable, electrifica-

ción rural, telefonía, ni servicios de salud. Para acceder a la atención médica básica las

familias deben trasladarse recorriendo en algunos casos muchos kilómetros de difícil

59

tránsito. El servicio de educación se limita a escuelas de nivel básico; para continuar con

el nivel secundario es necesario que los niños se trasladen a la ciudad, lo cual resulta

casi imposible para la mayoría de las familias por los gastos que implica en traslado y

alojamiento. El alejamiento de hijos e hijas adolescentes y jóvenes también significa una

pérdida de capacidad de trabajo de la familia, algo que sería evitable si las escuelas es-

tuvieran en los parajes utilizando la misma infraestructura de las escuelas de nivel básico

y funcionando a contra-turno. Las deficiencias en la prestación de los servicios se rela-

cionan con la limitada inversión social en el ámbito rural implementada históricamente por

el gobierno provincial, situación que se agudizó en las últimas décadas con el proceso de

transformación del Estado. Durante la década del 90 la provincia de Santiago del Estero

fue parte del proceso político denominado “reforma del Estado”, que a nivel nacional se

basó en tres ejes: privatización, desregulación y descentralización (Tenti, 2005). La re-

forma del estado fue un tema instalado en la agenda pública provincial a partir de presio-

nes y reclamos del gobierno nacional37. A pesar de la reforma –o tal vez como parte de

ella- en la estructura organizativa del aparato estatal santiagueño actual se observa la

pervivencia de antiguas formas de liderazgo personalista, a través de figuras caudillescas

que establecen una relación estrecha con “las bases”; el modelo político de gestión es el

de un Poder Ejecutivo fuerte que no delega funciones y que cuenta con la subordinación

de los otros poderes del Estado provincial. Se trata de un modelo cerrado de distribución

y transmisión del poder, donde un grupo monopoliza el poder político apoyado en dos

factores: el control del gobierno y del partido político gobernante, y la ejecución de un

programa de distribución organizado del uso discrecional de la autoridad del Estado,

donde la relación Estado-partido es sumamente estrecha (Tenti, 2003).

Durante los 90 se abandonaron o deterioraron las políticas universales, adoptando políti-

cas sociales focalizadas hacia los sectores con mayores necesidades o carencias bási-

cas. De allí la aparición de una serie de programa sociales financiados por el Estado Na-

cional dentro del territorio provincial, que apuntaban a la atención de necesidades especí-

ficas de diferentes sectores pobres, incluyendo a las familias campesinas (De Dios,

1998).

Las prestaciones que brindan los programas sociales a las familias campesinas se suman

al financiamiento y asistencia técnica ofrecida por organizaciones no gubernamentales de

desarrollo rural que trabajan en la zona. Por otra parte, las familias campesinas han em-

prendido procesos de organización acompañados en muchos casos por técnicos de or-

ganizaciones no gubernamentales para abordar un tema muy preocupante para las fami- 37 Para un análisis detallado de este proceso, ver Tenti (2005).

60

lias campesinas de esta zona: la tenencia de la tierra. Ocupantes de hecho a través de

generaciones, la ley de posesión veinteañal los ampara, sin embargo las familias campe-

sinas sufren amenazas de desalojo. La legislación argentina reconoce el derecho de los

pobladores a la propiedad de la tierra cuando han ejercido una posesión continua y pací-

fica por más de veinte años, trabajando para lograr su sustento y haciendo mejoras en el

predio. A pesar de que el derecho existe, los campesinos de Santiago del Estero no tie-

nen los medios económicos necesarios para hacerlo valer y lograr así los títulos de pro-

piedad de la tierra. La ley de prescripción veinteañal obliga a realizar una costosa mensu-

ra de la tierra, paso previo a la iniciación del juicio que a su vez requiere del asesoramien-

to legal correspondiente. De este modo, lo que está escrito en la ley es casi inalcanzable

para las familias campesinas que, en muchos casos, terminan siendo injustamente des-

alojadas de sus posesiones (Situaciones, 2001).

Las familias campesinas se han visto expuestas a distintos tipos de agresiones y formas

de hostigamientos realizadas por terratenientes con el fin de forzarlos a abandonar las

tierras. Entre las distintas acciones registradas (FIAN, 2003) en contra de las familias

campesinas se encuentran:

a) Destrucción de bosques nativos con topadoras, dejando a las familias sin leña ni ali-

mento para sus animales.

b) Destrucción y robo de alambrados y postes, eliminando la evidencia física de los lími-

tes de los predios.

c) Robo y matanza de animales, produciendo temor entre las familias y pérdidas eco-

nómicas en muchos casos irreemplazables.

d) Cierre de caminos vecinales impidiendo el tránsito de los niños hacia las escuelas y

el normal funcionamiento de la comunidad.

e) Intimidación por parte de la policía para que las familias firmen acuerdos con los su-

puestos titulares de las tierras.

f) Intentos de desalojo, con destrucción de viviendas, violencia física y psicológica co-

ntra las familias y robo de sus bienes.

g) Falsas denuncias en contra de campesinos y detenciones arbitrarias.

Según el Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, cerca de 24 mil poseedores legítimos de tierras están expuestos a ser desalojados según denun-cias y relevamientos recientemente realizados. Ante esta situación, el Defensor del

Pueblo manifestó que no se descarta la existencia de una organización dedicada a este

tipo de maniobras para especular con tierras. Se calcula que el 73 % de las familias campesinas de Santiago del Estero son poseedoras de las tierras que habitan pero

61

no han podido adquirir títulos de propiedad por diversos impedimentos. Por una

parte, porque no cuentan con los recursos suficientes para costear los juicios de prescrip-

ción y acceder a la justicia; por otra parte, porque los catastros están desactualizados y

los procedimientos legales para llevar adelante procesos de prescripción son intrincados

y obsoletos (FIAN, 2003). Esta situación de inseguridad de la tenencia de la tierra expone

a los campesinos de Santiago del Estero a una extrema vulnerabilidad y facilita los ata-

ques por parte de terceros, quienes en complicidad con autoridades locales aparecen con

supuestos títulos de propiedad dispuestos a desalojar a las familias de sus tierras. A esto

se suma que esta práctica, claramente violatoria de los derechos de los poseedores, fue

revestida de legalidad por la Cámara de Diputados de la Provincia al modificar en el año

2000 el Código de Procedimiento Criminal y Correccional de la provincia (articulo 182 bis)

permitiendo desalojar inmediatamente a las familias campesinas que fueren acusadas de

ser intrusas, ante el pedido del supuesto dueño y con el único requisito de que el derecho

invocado sea “verosímil”.

El conflicto entre quienes dicen tener la propiedad de la tierra y quienes tienen la pose-

sión real se desencadena a partir de la década del ‘60, pero el conflicto comenzó a gene-

ralizarse a mediados de la década del ’70 y se agudizó en los últimos años. El inicio de

los conflictos fue contemporáneo con la realización de ciertas obras de infraestructura –

como el Canal de Dios y el Canal de La Patria–, que contribuyeron a hacer más atractivo

el ingreso de capitales externos al área (Benencia, 1996). Al mismo tiempo un fenómeno

climático fue determinante: el desplazamiento desde 1971 de la isoyeta de 700 mm hacia

el Este amplió el área de cultivos de secano (León, Prudkin, Reboratti, 1986). Es decir

que grandes extensiones de territorio santiagueño que antes no podían ser cultivadas a

menos que se aplicara riego, comenzaron a ser utilizables para producir con lluvia como

única fuente de agua. Esto interesó a empresarios de la región pampeana con vistas a

ampliar su zona de producción hacia regiones donde el valor de la tierra es mucho menor

que el de la pampa húmeda. En los últimos años, la difusión de nuevas tecnologías para

el cultivo de soja junto con precios internacionales interesantes y un tipo de cambio favo-

rable a las exportaciones, extendieron la zona de producción de este cultivo, provocando

una nueva oleada de intentos de desalojos cada vez más violentos, pero, a diferencia de

los primeros, éstos encontraron a los campesinos santiagueños organizados.

62

3. Antecedentes de movimientos campesinos en el Gran Chaco Argentino

3.1. Los primeros conflictos

Las luchas campesinas comenzaron tempranamente en el Gran Chaco Argentino, aso-

ciadas a la expansión del capitalismo en el campo. A partir de las campañas militares de

fines del siglo XIX, la población indígena de la región chaqueña fue sometida a fines de

cubrir los requerimientos de mano de obra que los ingenios azucareros y los obrajes ma-

dereros requerían. Destruída la economía cazadora-recolectora-pastoril por la conquista

militar y por la disminución de los campos de caza y recolección al ser ocupados por nue-

vos pobladores, lo mismo que las costas de los ríos -lo que impedía la pesca-, los indige-

nas se vieron forzados a vender su fuerza de trabajo. Así, mediante la coacción física, se

creó un primer contingente de asalariados rurales en la región chaqueña. Por otra parte,

las nuevas condiciones económicas generadas por el desarrollo del capitalismo provocó

dificultades crecientes para que los pequeños ganaderos, campesinos y trabajadores

rurales de las provincias de Santiago del Estero y Corrientes mantuvieran sus estrategias

productivas, por lo cual comenzaron a migrar al Territorio Nacional del Chaco38 comple-

tando un ciclo anual de ocupaciones estacionales; algunos de ellos mantenían una agri-

cultura de subsistencia en su lugar de origen, mientras que otros abandonaron totalmente

la producción sumándose al contingente de asalariados (Iñigo Carrera y Podestá, 1991).

En Santiago del Estero la forma de organización social que adoptó la producción forestal

fue el obraje, aunque no era privativa de esta provincia, sino de todos los territorios del

Gran Chaco (Aparicio, 1987). La relación laboral entre el obrajero y el hachero consistía

en un regimen de trabajo casi forzoso, basado en el continuo endeudamiento del trabaja-

dor con su empleador39. El obraje se expandió inicialmente acompañando el crecimiento

del ferrocarril porque proveía los durmientes para la instalación de las vías. Posteriormen-

te40 la extracción de tanino fue el objetivo de la explotación del monte santiagueño y cha-

queño, aunque también se lo utilizaba para extraer leña y producir carbón. Las condicio-

nes de trabajo en el obraje no habían mejorado, y en 1940 se iniciaron manifestaciones

de protesta social que llevarían a constituir -en 1945-, el primer sindicato forestal en terri-

torio santiagueño, extendiéndose a toda la provincia hasta formar -en 1947-, la Federa- 38 Actualmente, Provincia de Chaco. 39 Sobre la vida en los obrajes, las características de su organización y sus consecuencias sociales y ecológi-cas ver Alen Lascano (1972), Dargoltz (1980) y Dargoltz (1998). 40 Para consultar una excelente periodización de la configuración socio-económica de Santiago del Estero desde la etapa colonial, ver Aparicio (1987).

63

ción de Obreros Santiagueños de la Industria Forestal (FOSIF), firmando al año si-

guiente el primer convenio colectivo de trabajo.

En el Territorio Nacional del Chaco las luchas sociales rurales comenzaron antes. En

1924 se produce la llamada “sublevación indígena” en Napalpí, y en 1934 la llamada

“huelga agraria” en Las Breñas, Sáenz Peña y Villa Ángela. En Napalpí se agruparon

asalariados y campesinos indígenas41 en oposición a los terratenientes, proclamando una

huelga general en la que los asalariados se negaban a trabajar y los campesinos a culti-

var y cosechar el algodón en sus parcelas. Los objetivos inmediatos eran lograr mejores

condiciones de trabajo y un aumento del precio del algodón, pero luego la lucha tomó un

carácter “milenarista42”: se anunciaba el retorno de los antepasados a su tierra y la des-

trucción del hombre blanco como un hecho inminente43 (Bartolomé, 1972; Iñigo Carrera y

Podestá, 1991). Mientras que en este movimiento se intenta romper todo contacto con el

sistema institucional -económico y político-, en la llamada “huelga agraria” se intentó

penetrar en el sistema institucional y constituir juntas y sindicatos. Los factores que influ-

yeron en este caso fue el aumento de los precios de la tierra entregada en colonización y

la caída del precio del algodón que se registraba desde comienzos de la década de 1930.

El movimiento de protesta del cual participaban “colonos44” y “cosecheros45” se extendió

por Villa Ángela, La Montenegrina, La Cuchilla, Sáenz Peña, Villa Berthet, General Pine-

do, Charata y Las Breñas, proponiendo no entregar el algodón hasta que el precio au-

mentara, y desmotar46 en forma independiente para enviar la fibra “directamente a Bue-

nos Aires a la industria nacional, eliminando intermediarios, especialmente a los acapara-

dores Bunge y Born y Dreyfus47”. Los obreros de las desmotadoras y de los galpones del

ferrocarril se sumaron a la huelga pidiendo aumento de salario y jornada laboral de 8

horas, y coincidieron con los colonos en pedir intervención del gobierno nacional para que

fijara el precio del algodón. Luego de enfrentamientos con la policía, negociaciones con el

gobernador, “piquetes” que impedían la circulación de los carros con algodón, adhesión

41 La Colonia Napalpí esta situada en las cercanías de la ciudad chaqueña de Quitilipi, y en ese momento estaba habitada por 1300 tobas y mocovíes aproximadamente (Bartolomé, 1972). 42 Se refiere a movimientos en los que “…la inminencia de un cambio radical y sobrenatural en el orden social es profetizada o esperada, conduciendo a organización y actividades que son llevadas a cabo por los ad-herentes al movimiento en preparación de dicho acontecimiento” (Worsley, 1957; citado en Bartolomé, 1977) 43 En 1933 tuvo lugar otro movimiento de este tipo en Chaco, en la zona de El Zapallar y en Pampa del Indio. No se analiza aquí porque en este caso fue exclusivamente milenarista, y no tuvo connotaciones de movi-miento campesino como ocurrió en Napalpí. Para un análisis detallado del desarrollo de estos movimientos, ver Bartolomé (1972). 44 Si bien el “colono” no es un campesino, tal como lo hacen notar Archetti y Stölen (1975), Bartolomé (2000) y otros, se incluye este caso como antecedente de movimiento campesino ya que tiene algunos aspectos en común con las Ligas Agrarias que se presentarán a continuación. 45 Trabajador que cosechaba algodón en forma manual. 46 Desmote es el proceso de separación de la fibra de algodón de la semilla. 47 Diario Crítica 8/5/34 citado por Iñigo Carrera y Podestá (1991).

64

de algunas cooperativas y también de comerciantes, y algunas diferencias al interior del

movimiento48, las acciones resultaron en la formación de la Unión Agraria del Chaco de

Villa Angela, que representaba a un sector de los colonos49. Un año después el gobierno

nacional crea la Junta Nacional del Algodón, con lo cual se centralizó la regulación y con-

trol de la producción.

Durante el conflicto se habían ensayado algunas formas organizativas como un Comité

de Colonos en Sáenz Peña, un Comité mixto de colonos y cosecheros en Las Breñas y

Charata, y un Sindicato de Productores Agrarios en Colonia Vélez Sarfield. Estas formas

organizativas generaron una nueva forma de organización: las Juntas de Defensa de la Producción y de la Tierra. Estas Juntas articularon intereses de colonos y cosecheros y

en algunos casos, también de obreros de las desmotadoras. En 1936 se realiza un con-

greso de las Juntas, presentando una declaración donde llama “a todos los agricultores a

estrechar filas organizándose en nuevas juntas, a los sindicatos en su respectivo orga-

nismo gremial y al comercio minorista en la defensa de los intereses comunes50”. En el

mismo documento declaran: “El propósito de la Junta es netamente gremial consultándo-

se constantemente con los obreros y demás fuerzas del país para combatir al enemigo

común que son los monopolios (…). El momento es decisivo. No admite dilema. O se

está con el monopolio o se está contra el monopolio51”. Colonos, cosecheros y obreros

comenzaron a movilizarse bajo la consigna de “no entregar el algodón” reclamando un

aumento del precio; se desarrollaron actos y manifestaciones, así como cortes de rutas –

piquetes- para detener a los carros o camiones que transportaban algodón e impedirle

que llegaran a las desmotadoras.

En el movimiento de 1934 había homogeneidad en el objetivo de la lucha y heterogenei-

dad en la forma de lucha –“no cosechar” o “cosechar y no entregar”-. En 1936 había

acuerdo con la forma de lucha, pero bajo un objetivo común –aumento del precio del al-

godón- existían dos propuestas: luchar contra los monopolios para modificar la distribu-

ción del ingreso, o apelar al gobierno nacional para que modifique el tipo de cambio para

la exportación del algodón, de manera que el precio al productor sería mayor sin que las

ganancias de la agroindustria se vieran afectadas. A medida que avanzaba el conflicto, la

construcción del oponente no sólo incluía a “los monopolios” –la agroindustria- sino tam-

48 Un sector de los colonos y cosecheros llevaban adelante la huelga como “no cosechar”, mientras que otro sector tenía como consigna “cosechar pero no entregar el algodón”. Para un análisis detallado de este conflic-to, ver Iñigo Carrera y Podestá (1991). 49 Los que habían implementado la estrategia de “cosechar y no entregar el algodón”. 50 “La Voz del Campo Chaqueño”, declaración del congreso de las Juntas de Defensa de la Producción, 14/2/1936, citada por Iñigo Carrera y Podestá (1991). 51 Idem nota anterior.

65

bién al Estado personificado en el gobernador y la policía, a quienes se acusaba de “estar

en connivencia con los grandes capitales”. El gobierno respondió disolviendo las manifes-

taciones y deteniendo a los principales dirigentes. Colonos y cosecheros intentaron re-

unirse en Las Breñas para protestar por las detenciones, pero fueron reprimidos violen-

tamente y detenidos también. Luego la policía se dirigió a las chacras y allanó las vivien-

das de los colonos, llevándolos presos y confiscando el algodón. Poco tiempo después

los detenidos fueron liberados, pero se expulsó del país a algunos de ellos aplicando la

llamada “ley de residencia”. El gobernador prohíbió las manifestaciones porque “la Junta

de Defensa de la Producción no se encuadra en la ley”. Los dirigentes de la Junta intenta-

ron llamar a un paro general pero la policía recorrió las casas de comercio exigiendo la

firma de un documento de repudio a las juntas, y se expulsó del país a otros dirigentes,

desarticulando el movimiento.

3.2. Las Ligas Agrarias

En 1948 la Acción Católica Argentina comenzó a formar grupos de jóvenes para trabajar

en zonas rurales con el fin de “evangelizar”: lograr que los agricultores y sus familias

cumplieran los sacramentos y preceptos de la Iglesia Católica. Los grupos de jóvenes, de

extracción urbana, fueron encontrando dificultades para integrar las necesidades más

inmediatas de las familias campesinas y el mensaje espiritual que ponía énfasis en el

“reino celestial”, escindido de las cuestiones materiales. Después de diez años de trabajo

se efectuó una revisión de lo actuado y se concluyó que “en el ambiente rural debe existir

una organización con fines y características propias52”. Surgió entonces el Movimiento

Rural de la Acción Católica, marcando el punto inicial de una serie de transformaciones

que llevó a los responsables de la tarea evangelizadora a ir apartándose de las estructu-

ras eclesiásticas, en un camino signado por las experiencias que los jóvenes recogieron

en su contacto con los campesinos, el impacto de las luchas sociales que ocurrían en el

país, y los reflejos de una situación convulsiva a nivel mundial que se reflejaba también

en la Iglesia (Ferrara, 1973).

En 1966 el Movimiento Rural de la Acción Católica contaba con 300 grupos de agriculto-

res y trabajadores rurales en diversas provincias, acompañados por jóvenes voluntarios

mayormente de extracción urbana, y mantenía un equipo nacional formado por ocho

miembros denominados “permanentes”, que estaban rentados. La organización también

editaba un periódico mensual llamado “Siguiendo la Huella”; y disponía de un instituto de

52 Folleto “¿Qué hace el movimiento rural en la República Argentina?”, del año 1970; citado por Ferrara (1973).

66

capacitación en Provincia de Buenos Aires, donde dictaban cursos. El trabajo con los

grupos de agricultores estaba centrado en la capacitación de los mismos, proponiéndoles

que se esfuercen por conocer los adelantos técnicos, que se integren en cooperativas y

que sigan los preceptos cristianos. Cabe aclarar que el cooperativismo se proponía como

una forma de poner en práctica el precepto cristiano de amar al prójimo53, considerando

que existía una “tendencia natural hacia la cooperación” que permitiría “dar un carácter

más social a la riqueza, procurando que (…) el afán de lucro y la competencia sean susti-

tuidos por una inquietud de servicio y una honesta y fraternal cooperación entre las per-

sonas de nuestras comunidades”54.

En 1967 el Movimiento contaba con un Secretariado del Noroeste, que desplegaba sus

acciones en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; contaba con 1600

miembros organizados en 78 grupos. El resto del país se dividía en otras cinco zonas:

Bonaerense (La Pampa y Buenos Aires); Pampa Central (Córdoba, sur de Santa Fe y de

Entre Ríos); Nordeste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe y Entre

Ríos); Cuyo (Mendoza, San Luis y San Juan), y Patagonia (Santa Cruz, Chubut y Río

Negro). Es en las provincias del Nordeste donde se darán los mayores cambios en la

organización de los campesinos, impulsados por las características de la estructura agra-

ria de la región55 y por la experiencia previa de luchas sociales.

El Movimiento fue modificando su visión sobre la capacitación de los campesinos, que ya

no se plantea como un “enseñar y aprender” sino como una tarea de “animación comuni-

taria”, proponiendo “no asumir una actitud de un profesor que trabaja para sus alumnos,

sino la actitud de animador que trabaja siendo uno más, como campesino y con los cam-

pesinos56”. El Movimiento Rural comenzó a concebirse como un “movimiento de cambio”

donde el objetivo era la “concientización”, la toma de conciencia de parte de los campesi-

nos de su situación, reflexionando a partir de la acción y desarrollando así su capacidad

de comprender la realidad de forma más abarcativa (Ferrara, 1973). El ideal cooperati-

vista no fue abandonado sino que se complementó con una visión gremial del campesi-

nado, apoyando el surgimiento de organizaciones campesinas que reivindicaran sus in-

tereses así como los trabajadores lo hacían a través de los sindicatos. En 1970 comen- 53 Archetti (1988) destaca que el movimiento cooperativista en el norte de Santa Fe se presentó desde un comienzo como un movimiento eminentemente católico: ser cooperativista era demostrar que se era un buen cristiano; y cita de la Memoria de 1930 de la Unión Agrícola de Avellaneda el siguiente párrafo: “La coopera-ción es la vía para practicar este mandamiento de Dios: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 54 Siguiendo la Huella nº 89, de agosto de 1966; citado por Ferrara (1973). 55 En ese momento la estructura de tenencia de la tierra mostraba una gran desigualdad: el 75 % de las ex-plotaciones ocupando sólo el 9 % de las tierras, mientras que el 1 % de las explotaciones ocupaban el 37 % de las mismas. Datos extraídos de Ferrara (1973). 56 Resultados del Seminario del Cono Sur del Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católi-ca (MIJARC), 1969, citado por Ferrara (1973).

67

zaron a formarse organizaciones locales denominadas “ligas”, que se agruparon en las

Ligas Agrarias Chaqueñas, quedando el Movimiento Rural en un rol de apoyo político. En

1971 se formó la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, la Unión de Ligas Agrarias

Santafecinas y el Movimiento Agrario Misionero; y en 1972, las Ligas Agrarias Correnti-

nas57.

Ese mismo año la Iglesia Católica a través de la Comisión Episcol reunida en asamblea

decidió retirarle al Movimiento Rural su apoyo, prohibiéndole además el uso de la deno-

minación “de la Acción Católica”. Esta situación reconoce como antecedente un conflicto

surgido entre el Movimiento Rural y la jerarquía eclesiástica en torno a la designación de

los asesores espirituales del movimiento: el movimiento quería proponer ternas para que

la jerarquía decidiera un candidato de los tres propuestos, mientras que la Iglesia quería

continuar con el método habitual que era designar según su propio criterio (Ferrara,

1973).

La estructura organizativa de las ligas se basaba en la formación de “núcleos de base”,

-también denominados “consejos campesinos” o “liga”-, organizados por localidades

o colonias, que podían contar con un mínimo de veinte y un máximo de cien miembros.

La afiliación era familiar, no individual; esto permitía incorporar a las mujeres evitando

exclusiones de género y también disminuía eventuales conflictos generacionales (Archet-

ti, 1988). Cada núcleo elegía una comisión compuesta por cinco miembros y un delegado

ante la Asamblea General. La forma de funcionamiento del núcleo era la reunión periódi-

ca en asamblea de socios, donde se discutía en forma colectiva los problemas locales y

generales. El número limitado de participantes tenía como objetivo posibilitar la participa-

ción de todos los asistentes en las discusiones y en las decisiones (Roze, 1992).

La Asamblea General era el organismo que determinaba las estrategias generales a

seguir en toda la provincia. Se reunía una vez por año o en forma extraordinaria a pedido

de la Comisión Coordinadora Central (Bartolomé, 1977). La Comisión Coordinadora Central estaba formada por diez miembros elegidos anualmente por la Asamblea Gene-

ral -siete titulares y tres suplentes-, quienes podían ser reelegidos hasta por tres perío-

dos, y eran responsables de áreas definidas en cada provincia: organización, prensa,

finanzas, capacitación, etc. En una primera etapa se estableció para las cinco provincias

57 Para un análisis detallado de cada organización, ver Ferrara (1971) y Roze (1992a); sobre las Ligas Agra-rias Santafecinas ver Archetti (1976) y Archetti (1988); sobre el Movimiento Agrario Misionero ver Bartolome (1977). Para una cronología de las acciones ver Roze (1992b). De las cinco organizaciones, solo el Movi-miento Agrario Misionero existe en la actualidad; para profundizar en su desarrollo histórico y situación actual ver Gosberg (1999).

68

del nordeste una coordinadora regional de ligas y luego, con la aparición de nuevas ligas,

se formó la Coordinadora Nacional.

Esta estructura organizativa “de abajo hacia arriba” como se la denominaba, trataba de

encuadrar una forma de acción que garantizara que las decisiones se tomaran democrá-

ticamente, consultando permanente a las familias que estaban en la base de la organiza-

ción, y diferenciándose de las prácticas de las organizaciones rurales corporativas cuyos

dirigentes tomaban las decisiones minimizando la consulta a las bases. Toda la estructu-

ra se basaba en las relaciones persona a persona que se establecían en los ámbitos lo-

cales, donde se tomaban decisiones que iban pasando al nivel provincial, regional y na-

cional a través de la presencia de representantes de cada nivel en el inmediato superior,

aunque la distancia entre lo local y lo nacional no siempre se resolvía exitosamente. Esta

modalidad de organización con una amplia participación local facilitó el surgimiento de

nuevos dirigentes y su rápida promoción en los distintos niveles58.

Formaban parte de las ligas productores campesinos, productores familiares capitaliza-

dos –colonos en su mayoría-, y trabajadores rurales. Las Ligas Agrarias del Chaco, las

del norte de Santa Fe y el Movimiento Agrario Misionero estaban formadas mayoritaria-

mente por productores familiares capitalizados, mientras que las Ligas Agrarias de For-

mosa y las de Corrientes tenían como miembros en su mayoría a familias campesinas.

En el primer caso las demandas estaban localizadas en la esfera de la comerciali-zación y distribución (Archetti, 1974), y se identificaba como principal oponente a la agroindustria, de características monopólicas. En el segundo caso el problema de la tierra aparece como prioritario, y el oponente es el terrateniente. Esto no fue obs-

táculo en un principio para que se articularan reclamos conjuntos frente a problemas de

tierra, crédito y comercialización; e incluso se plantearan demandas junto a trabajadores

rurales agremiados en sindicatos.

Sin embargo la convergencia de intereses que primó en la constitución de las Ligas fue

dando lugar a conflictos internos debidos a dificultades para articular intereses heterogé-

neos, así como diferencias políticas, lo que fue influyendo en el desarrollo del movimien-

to y provocando rupturas. En el caso del Movimiento Agrario Misionero primero se des-

prendieron los colonos con mayor poder de capitalización para formar otra organización:

Agricultores Misioneros Agremiados. Posteriormente, y dentro de un contexto político

58 Roze (1992) destaca que un esquema organizativo similar proponían en aquella época los movimientos universitarios católicos a través de la táctica de delegados por curso y cuerpos de delegados en lugar de Centros de Estudiantes, a los cuales criticaban de ser poco representativos. También muchas fábricas se organizaban a través de cuerpos de delegados.

69

nacional signado por las luchas al interior del partido peronista -que gobernó entre 1973 y

1976-, se alejaron los dirigentes más identificados con la izquierda peronista, quienes

fundaron las Ligas Agrarias Misioneras. De esta forma, el movimiento agrario iniciado en

Misiones en 1971 se había dividido en tres fracciones en 1975 (Bartolomé, 1977).

En su análisis de las Ligas del norte de Santa Fe, Archetti (1988) destaca otros factores

internos que influyeron en la trayectoria de ese movimiento. Estas Ligas tenían como ba-

se social de apoyo a los colonos, los “gringos”, inmigrantes italianos que colonizaron el

norte de la provincia. No eran campesinos sino productores familiares que empleaban

trabajo de asalariados para la cosecha de algodón y que, históricamente, estaban en un

proceso de acumulación de capital. Sus problemas económicos no eran los de un cam-

pesino que lucha por la subsistencia o que necesita tierra, ya que eran propietarios de

las tierras que trabajaban. Los dirigentes eran jóvenes, la mayoría solteros, que vivían y

trabajaban en la chacra de su padre. De esta forma podían dedicar tiempo al trabajo or-

ganizativo ya que el padre y los hermanos mantenían el trabajo productivo; ambas activi-

dades –la productiva y la de lucha social- eran complementarias, ya que sus resultados

redundaban en mejoras para todo el grupo doméstico. Sin embargo hasta el “activismo

permanente” tenía sus límites, y la participación en las reuniones y asambleas variaba

según el calendario de tareas agrícolas, disminuyendo cuando la chacra demandaba más

presencia de todos los miembros de la familia (Archetti, 1976). No hay que olvidar que,

además, los jóvenes que participaban activamente en las Ligas tenían mejor educación

formal que sus padres, y habían participado de los diferentes cursos y seminarios organi-

zados tanto por el Movimiento Rural de la Acción Católica como por la Juventud Coopera-

tivista.

Los miembros de las Ligas Santafecinas participaron en 1972 de una gran manifestación

en la ciudad de Resistencia organizada por las Ligas Agrarias del Chaco: dos mil santa-

fecinos se sumaron a casi ocho mil chaqueños en lo que fue una de las movilizaciones

más grandes del norte argentino. Poco tiempo después organizaron una manifestación en

Santa Fe reclamando que se bajen los intereses de los créditos bancarios, que se contro-

le la importación de fibra de algodón y que se fijen “precios justos” para el algodón, el lino

y el girasol, al mismo tiempo que se manifestaban en solidaridad a los productores azuca-

reros del norte de Santa Fe. Por primera vez el reclamo excedía los objetivos más inme-

diatos económico-productivos, y se demandaba al gobierno militar el levantamiento del

estado de sitio vigente y el respeto a los derechos de reunión. Esa manifestación fue re-

primida brutalmente por la policía provincial y la denominada Guardia Rural.

70

En 1973, con las elecciones presidenciales y el retorno a la democracia parecía comen-

zar un tiempo de acuerdos políticos. El nuevo gobierno, desde la Secretaría de Agricultu-

ra y Ganadería de la Nación, trató de poner en marcha un pacto social con los producto-

res agropecuarios a través del “Acta de Compromiso del Estado y los Productores para

una política concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal”. Se proponía la redistribu-

ción de los latifundios improductivos, una nueva política de precios, el fortalecimiento de

la organización cooperativa, un cambio en la política fiscal, una disminución de las tasas

de interés y otras medidas que recogían algunos de los reclamos de las Ligas Agrarias en

su conjunto. Sin embargo el contexto político cambió profundamente unos meses des-

pués con la muerte del presidente Domingo Perón. Los conflictos políticos y armados se

aceleraron, y también lo hizo la represión gubernamental. En enero de 1976 algunos diri-

gentes de las Ligas fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y luego

del golpe de estado de ese año muchos dirigentes fueron secuestrados, asesinados o

“desaparecidos”. A mediados de 1976 la desarticulación del movimiento de las Ligas

Agrarias era total (Archetti, 1988).

4. Acciones de desarrollo dirigidas a campesinos 4.1. Las acciones estatales de desarrollo rural En el período 1990-2000 se desarrollaron en la provincia de Santiago del Estero los si-

guientes programas que incluyeron entre sus beneficiarios a población campesina, y cu-

yos modelos de intervención serán analizados:

Programa Social Agropecuario (PSA)

Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER)

Programa PRO-HUERTA

Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)

En el mismo período también se implementó el Programa de Fortalecimiento de la Socie-

dad Civil -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente-, que subsi-

diaba pequeños proyectos de desarrollo comunitario, y que, en algunos casos, incluyó a

población campesina. Sin embargo el mayor impacto del programa se observaba en zo-

nas urbanas, básicamente barrios pobres de la ciudad capital. También se implementó el

programa TRABAJAR, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

71

de la Nación, con el objetivo de brindar ocupación transitoria a trabajadores/as desocu-

pados/as de baja calificación en situación de pobreza. Si bien en algunos casos familias

campesinas, generalmente de ubicación periurbana, accedieron a este programa, no se

incluye su análisis porque llegó en mayor medida a población urbana.

Dentro del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) funcionaba la Unidad de Minifun-

dio que financiaba proyectos productivos a población campesina, pero durante gran parte

del período no contó con presupuesto propio, por lo cual sus técnicos se sumaban a acti-

vidades de otros programas sociales o articulaban su tarea con organizaciones no guber-

namentales.

Cabe aclarar que el Gobierno Provincial desarrolló en el mismo período dos programas

destinados a productores campesinos: el Programa Apícola Provincial, dependiente de la

Secretaría de la Producción y Medio Ambiente del Gobierno de la Provincia, que otorgaba

créditos a cooperativas de productores apícolas; y el Plan Caprino Provincial, dependien-

te del Departamento Caprino del Gobierno de la Provincia, que brindaba capacitación y

asistencia técnica para mejorar la producción de cabras. Estos programas no se analiza-

ron en el contexto de la presente investigación por los motivos presentados en el aparta-

do sobre metodología, pero no fue un obstáculo para el abordaje del problema ya que las

comunidades campesinas donde se desarrolló el trabajo de campo no eran beneficiarias

de programas provinciales.

4.1.1. Descripción de los programas

4.1.1.1. El Programa Social Agropecuario (PSA)

El Programa Social Agropecuario (PSA) es un programa social orientado a la atención de

pequeños productores minifundistas, entendiendo por tales a los productores agropecua-

rios que tengan como principal fuente de ingresos el trabajo en el predio donde viven, que

tengan escasa tierra y capital, que no puedan acceder a créditos con bajo interés, y que

empleen mano de obra familiar y no contraten mano de obra asalariada o bien lo hagan

sólo en los momentos de mayor demanda del ciclo productivo (PSA, 1996). El objetivo del

PSA es incrementar los ingresos de los productores minifundistas y promover su partici-

pación organizada en las decisiones de políticas, programas y proyectos (SAGPyA,

1997), para lo cual plantea:

72

“(...) una propuesta asociativa, convocando a los destinatarios a formar gru-

pos que, a través de una metodología de trabajo que se apoya en la formula-

ción de un autodiagnóstico y una identificación priorizada de los principales

problemas y limitaciones que el grupo enfrenta, concluye por formular un pro-

yecto de trabajo para el desarrollo de actividades productivas agropecuarias,

que será ejecutado por el grupo en su conjunto. Para llevar adelante su pro-

yecto, el grupo recibe del Programa asistencia financiera (bajo forma de crédi-

tos), asistencia técnica y capacitación” (PSA, 1998)

Para acceder al programa los potenciales beneficiarios/as deben formar grupos de seis

familias como mínimo, que pueden haber tenido actividades conjuntas previamente o no.

El grupo elabora un diagnóstico de su situación y formula un proyecto productivo que el

programa denomina Emprendimiento Productivo Asociativo. Luego presenta este proyec-

to ante el PSA para su evaluación y, si es aprobado, el grupo recibirá el financiamiento

solicitado y la capacitación y asistencia técnica necesaria para desarrollar el proyecto.

Dentro del PSA se entiende por proyecto productivo al conjunto de actividades dirigidas a

estimular las producciones destinadas a la subsistencia familiar, mejorar las producciones

que se están realizando con destino al mercado o desarrollar alternativas productivas o

de incorporación de pequeñas agroindustrias. El financiamiento que recibe el grupo de

productores es un crédito, es decir, un monto de dinero que debe reintegrar al programa

luego de un plazo acordado. Los créditos recuperados forman un fondo que permite que

el PSA continúe otorgando créditos a nuevos grupos y que denominan “crédito rotatorio”.

El PSA inició sus acciones en 1993 y continúa hasta la actualidad. Forma parte de las

políticas sociales implementadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación (SAGPyA) con financiamiento del presupuesto nacional. La estructura insti-

tucional del programa está formada por una Unidad Técnica de Coordinación Nacional,

un Consejo Asesor, una Comisión Coordinadora Nacional, y 21 Unidades Provinciales. La

“participación organizada” de los beneficiarios/as planteada en los objetivos del programa

se instrumenta a través de dos mecanismos: la participación de 4 representantes de los

pequeños productores en la Comisión Coordinadora Nacional y la participación de 2 re-

presentantes de los pequeños productores en cada Unidad Provincial. En las Unidades

Provinciales también participa un representante del Gobierno Provincial, un representante

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y un representante de organi-

zaciones no gubernamentales de desarrollo.

73

4.1.1.2. Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER)

El Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER) es un programa social que

se dirige a familias rurales pobres con ingresos provenientes del trabajo en el predio don-

de viven, es decir, pequeños productores minifundistas; o bien familias con ingresos pre-

diales complementados con actividades remuneradas fuera de su predio, –minifundistas

multiocupados–. También incluye a familias cuyo principal ingreso monetario proviene del

trabajo fuera del predio –trabajadores rurales transitorios–, aunque la acción prioritaria del

programa se dirige a los productores minifundistas “porque es el sector que interesa es-

pecialmente a la SAGPyA por sus objetivos y competencias institucionales, es el sector

que la SAGPyA atiende actualmente con sus programas y es el que mayor cantidad de

demandas presenta” (SAGPyA, 1997). La incorporación de los trabajadores rurales se

realizaría gradualmente, a través de proyectos productivos o de servicios para la produc-

ción agropecuaria. La gradualidad se controlaría a través del monto de los recursos que

se asignaría a cada grupo, –minifundistas y trabajadores–, lo cual limitaría la cantidad de

beneficiarios de un grupo y otro. Cuando se comenzó a implementar el programa se es-

timaba que los beneficiarios estarían formados por un 80 % de productores minifundistas

y un 20 % de trabajadores rurales.

El PROINDER tiene por objetivo mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios a

través del aumento de sus ingresos y al incremento de su organización y participación.

Se propone que los beneficiarios se organicen y logren una mayor cantidad y/o calidad de

los productos que obtienen habitualmente, y/o incorporen nuevas producciones a sus

predios; que mejoren su producción para el consumo familiar; que logren un mayor poder

de negociación con los mercados; y que tengan mayor dotación de infraestructura, insta-

laciones y/o equipos. Para acceder al programa los potenciales beneficiarios/as deben

formar grupos de al menos cuatro familias en la Patagonia, y al menos seis familias en

las provincias del resto del país. Este criterio es válido tanto para las familias de producto-

res minifundistas como para las de trabajadores rurales transitorios. Cada grupo presenta

un proyecto y cuando obtiene su aprobación, el PROINDER le entrega un monto de dine-

ro no reembolsable, capacitación y asistencia técnica para que cada grupo pueda des-

arrollar el proyecto propuesto. Cabe aclarar que si bien el PROINDER tiene cobertura

nacional, no todas las familias pobres rurales pueden acceder al mismo, ya que es un

programa geográficamente focalizado, es decir, que determina en base a indicadores

sociodemográficas y otros criterios adicionales en cuáles regiones de cada provincia de-

ben habitar las familias para poder presentar proyectos.

74

El PROINDER comenzó sus acciones en 1997 y continúa en la actualidad. Es adminis-

trado a través de la estructura del PSA y se financia con un préstamo del Banco Mundial,

complementado con aportes del presupuesto nacional.

4.1.1.3. Programa PRO-HUERTA

PRO-HUERTA es un programa de seguridad alimentaria dirigido a grupos familiares ur-

banos y rurales que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas y/o bajo la

denominada “línea de pobreza”, cubriendo tanto situaciones de pobreza estructural, como

sectores pauperizados por caída de sus ingresos (PRO-HUERTA, 2001). Dentro de esta

caracterización quedan comprendidos pequeños productores minifundistas, asalariados

rurales, comunidades aborígenes, desempleados, subocupados, grupos familiares pau-

perizados y población vulnerable en términos de seguridad alimentaria: niños pequeños,

ancianos y discapacitados en áreas de pobreza (PRO-HUERTA, 2001). El objetivo princi-

pal de PRO-HUERTA es mejorar la dieta de las familias beneficiarias incrementando la

cantidad y calidad de alimentos consumidos, al mismo tiempo que se propone incentivar

la participación comunitaria en la solución de la problemática alimentaria procurando ma-

yor capacidad de gestión y organización de la población. El programa entrega gratuita-

mente semillas de hortalizas y ofrece capacitación y asistencia técnica para que las fami-

lias beneficiarias inicien y/o mejoren el cultivo de huerta para el consumo doméstico.

Para acceder al programa las familias deben contar con tierra y agua en cantidad y cali-

dad necesaria para cultivar, y asumir el “compromiso de siembra”, es decir, comprome-

terse a sembrar las semillas recibidas y cuidar la huerta. Si la familia no cumple el com-

promiso de siembra, en el próximo período el programa no le entrega semillas. PRO-

HUERTA también ofrece capacitación y asesoramiento para iniciar y/o mejorar la cría de

aves para producir huevos y carne destinados a la alimentación familiar. Entrega gratui-

tamente un plantel de 20 pollos/as a las familias interesadas, pero no financia la infraes-

tructura necesaria para criar las aves en cautiverio (alambre para el cerco, bebederos,

etc.). Mientras que la demanda de semillas por parte de las familias beneficiarias es cu-

bierta completamente por el programa, no ocurre lo mismo con los pollos por los mayores

costos. PRO-HUERTA sostiene gran parte de sus actividades a través de promotores

voluntarios que no perciben remuneración, y de promotores institucionales que son re-

munerados por la institución a la que pertenecen. Tanto en un caso como en otro son

capacitados por los técnicos del PRO-HUERTA.

75

Las acciones del PRO-HUERTA comenzaron en 1991 y continúan hasta la actualidad. El

programa es implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),

dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA),

con recursos financieros del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente (MDSyMA)

provenientes del presupuesto nacional. En el año 2000 se unificó el PRO-HUERTA con el

Programa Alimentario Nutricional Infantil (PRANI) y el Programa de Apoyo Solidario a los

Mayores (ASOMA), para constituir un Sistema Alimentario Federal (SAF) basado en el

Programa de Apoyo Familiar “UNIDOS”, dependiente de la Secretaría de Políticas Socia-

les del MDSyMA. La modificación institucional no influyó en las características del PRO-

HUERTA en Santiago del Estero dentro del período estudiado.

4.1.1.4. Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR)

El Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) tuvo por objetivo fundamental consti-

tuirse en un mecanismo de financiamiento de iniciativas comunitarias en los departamen-

tos más pobres del país, promoviendo la participación y el compromiso comunitario (FO-

PAR, 1997). Entre sus objetivos específicos planteaba promover la formulación y presen-

tación de proyectos de las comunidades más pobres del país y responder a las deman-

das prioritarias de la población de localidades y barrios en situación de pobreza con el fin

de mejorar las condiciones de vida de dicha población y su acceso a otros programas y

proyectos sociales. FOPAR inició sus actividades en diciembre de 1995 y durante un pe-

ríodo de dos años –denominado “etapa piloto”–, desarrolló actividades en seis provincias

del norte de Argentina: Misiones, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero.

Actualmente el programa continúa operando pero con fuertes modificaciones en sus obje-

tivos y tipo de beneficiarios.

La estrategia de FOPAR incluía dos criterios de focalización: por área geográfica, identifi-

cando zonas prioritarias del país en base al indicador de necesidades básicas insatisfe-

chas (NBI), y por población objetivo, definiendo perfiles de beneficiarios según criterios de

vulnerabilidad. Las acciones del programa llegaban a zonas urbanas, (barrios pobres de

las ciudades capitales de las provincias antes mencionadas), y zonas rurales de las mis-

mas provincias. Para acceder al programa los posibles beneficiarios debían formar gru-

pos denominados “núcleos de beneficiarios”. El programa no establecía un número míni-

mo de familias a participar en cada núcleo, y podía tratarse de familias que tenían expe-

riencia previa de trabajo en conjunto o no. Cada grupo seleccionaba un “proyecto tipo”

76

de un listado denominado “menú de proyectos”, tratando de elegir un tipo de proyecto

que se acercara a sus necesidades. Luego cada grupo completaba los formularios que el

programa establecía para cada “proyecto tipo”, para lo cual requería el apoyo de técnicos

locales.

“Para presentar un proyecto la comunidad debe organizarse. Para ello se lla-

mará a una Asamblea en la cual se constituirá la población en Núcleo de Be-

neficiarios. Para el FOPAR, el Núcleo de Beneficiarios (NUB) es la población

beneficiaria organizada. El NUB puede estar constituido por una organización

ya existente (unión vecinal, sociedad de fomento, cooperadora, etc.), o por un

grupo de personas que se organizan para la presentación y ejecución de un

proyecto a través del FOPAR” (FOPAR, 1998)

Los técnicos del programa evaluaban el proyecto y, si era aprobado, entregaban el monto

previsto al núcleo de beneficiarios, depositándolo en cuotas en una cuenta bancaria a

nombre de los representantes del núcleo. Con esos recursos monetarios el grupo pagaba

honorarios a los técnicos que habían contratado para formular el proyecto y brindar capa-

citación y asistencia técnica durante la ejecución del mismo. También pagaban “ayudas

económicas” a los trabajadores –que, en general, eran miembros del núcleo o sus familia-

res–, y compraban materiales y equipamiento para las obras que llevaban adelante. En

Santiago del Estero el FOPAR financió proyectos para construir aljibes comunitarios y

otros sistemas de provisión de agua potable, salones de usos múltiples, sistemas de

energía no convencional, capacitación para la producción de dulces artesanales, mejoras

en la producción de alfalfa y de cabritos, producción de ladrillos y de escobas, etc. Cada

núcleo tenía el compromiso de usar los fondos tal como estaba previsto en el proyecto y

tener disponible la documentación de respaldo de todos los gastos realizados para ser

supervisada por el personal del FOPAR. Otra obligación de cada núcleo era aportar al

financiamiento del proyecto el equivalente al 10 % del valor recibido, monto que se de-

nominaba “aporte comunitario” y que habitualmente se cumplía bajo la forma de trabajo

no remunerado.

La estructura institucional del FOPAR estaba formada por Unidades Provinciales, con-

formadas por promotores, supervisores, un jefe operativo y personal administrativo; una

Oficina Central, con funciones de seguimiento y evaluación de los proyectos; un Consejo

Consultivo que cooperaba en la definición de las orientaciones estratégicas del programa

a nivel nacional; Consejos Provinciales Participativos a nivel de cada provincia, y Comi-

siones Locales de Desarrollo Social, a nivel de cada Municipio. El FOPAR fue creado por

77

la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, –hoy Ministerio de De-

sarrollo Social y Medio Ambiente–, y se financiaba en su mayor parte a través de un cré-

dito del Banco Mundial, y el resto con fondos del presupuesto nacional.

4.1.2. Comparación de los Modelos de Intervención

Los modelos de intervención de los programas sociales se basan en una determinada

concepción del desarrollo social, es decir, en marcos conceptuales y supuestos teóricos

acerca del desarrollo social; en cierto planteo metodológico, lo cual implica instrumentos,

técnicas y líneas de trabajo particulares; y en alguna forma de gestión institucional, es

decir, determinada estructura organizativa, formas y fuentes de financiamiento y relacio-

nes con otras instituciones (Alfaro, 2000). El análisis de la concepción del desarrollo que

estructura los modelos de intervención de los programas sociales objeto de estudio en la

presente investigación se basa en tres indicadores: a) forma en que se construye el perfil

del beneficiario, b) tipo de beneficiario/a construido, y c) objetivos que el programa plan-

tea para sus beneficiarios/as. Esto brindará algunos indicios sobre la mirada que los ac-

tores que integran los programas tienen sobre el desarrollo social, es decir, desde qué

marco conceptual y supuesto teóricos se acercan a la intervención social. El estudio de la

metodología de intervención se basa en tres indicadores: a) el tipo de bienes o servicios

que el programa ofrece a sus beneficiarios/as, b) la instrumentación del ingreso y egreso

de los/as beneficiarios/as al programa, y c) las obligaciones que el programa impone a

sus beneficiarios/as. Para el análisis de la gestión institucional de cada programa se utili-

zan tres indicadores: a) las fuentes de financiamiento, b) la estructura interna, y c) el

vínculo con otras instituciones. En el Cuadro 1 se presenta como está construida en esta

investigación la matriz para el análisis de los datos sobre modelos de intervención.

78

CUADRO 1

MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE DATOS59 SOBRE LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN

UNIDAD DE ANÁLISIS

VARIABLES

INDICADORES

♦ Forma en que se construye el perfil del benefi-

ciario

♦ Tipo de beneficiario

Concepción

del Desarrollo

♦ Objetivos del programa

♦ Bienes o servicios ofrecidos

♦ Obligaciones impuestas a los beneficiarios

Metodología de

Intervención

♦ Forma de ingreso y egreso al programa

♦ Fuentes de financiamiento

♦ Estructura interna

MODELO DE

INTERVENCIÓN

Gestión

Institucional

♦ Vínculo con otras instituciones

Fuente: Elaboración propia.

59 La matriz de análisis es una forma de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible la forma tripartita de los mismos (Galtung, 1978). Cada dato científico tiene una estructura general formada por cuatro componentes ordenados jerárquicamente: unidad de análisis, variables, valores e indicadores (Samaja, 1993).

79

4.1.2.1. Concepción del Desarrollo

Las definiciones usuales de “desarrollo” suelen recoger -y a menudo confundir-, por lo

menos dos connotaciones diferentes: por una parte, el desarrollo como proceso histórico

de transición hacia una economía y una sociedad “moderna”; por otra, el desarrollo como

aumento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la consecución de mejores

indicadores de bienestar material (Viola Recasens, 2000). Entre ambas concepciones se

extiende un conjunto de aproximaciones diversas que habitualmente no están claramente

expresadas y que implícitamente forman parte del modelo de intervención de cada pro-

grama social. Una forma de obtener indicios sobre la concepción del desarrollo que sos-

tiene cada programa, es decir, sobre los marcos conceptuales y supuestos teóricos acer-

ca del desarrollo social, es analizar la forma en que el programa construye la “población

objetivo” o “beneficiarios” del programa, las categorías resultantes de esa construcción y

los objetivos que el programa persigue.

Una de las operaciones de construcción de un modelo de intervención social es la delimi-

tación de la “población objetivo”, también denominada “destinatarios” o “beneficiarios” del

programa, es decir, aquellas personas o grupos que recibirán los bienes y/o servicios que

el programa ofrece dentro de un período determinado, y que deberán cumplir con los re-

quisitos y obligaciones que el mismo impone. Esta construcción tiene una relevancia par-

ticular en los programas focalizados, ya que la definición de la población a la que están

dirigidos es el eje sobre el que giran los otros componentes del modelo de intervención.

En los documentos oficiales de los programas la “población objetivo” se presenta como si

fuera un recorte de una población mayor, como si los “beneficiarios” existieran en la reali-

dad como tales y el programa sólo los seleccionara de acuerdo a criterios de “elegibili-

dad”. Sin embargo en todos los programas hay un proceso de construcción del beneficia-

rio, un trabajo de creación de categorías o de adopción de categorías creadas en otros

ámbitos, como “pobre”, “minifundista” o “desocupado”. Estas categorías son naturaliza-

das con el uso y aplicación habitual de las mismas, por lo cual el proceso de construc-

ción queda subsumido y al no ser visible la construcción tampoco es posible su decons-

trucción o revisión. Todos los programas analizados construyen sus “beneficiarios” y

subsumen la construcción en categorías que operan como si delimitaran parte de una

población real; la diferencia entre unos programas y otros está en la forma en que cons-

truyen al “otro”, a ese “beneficiario” con el cual interactúan en sus prácticas de interven-

ción.

80

La forma en que se construye al “otro” ha sido analizada desde diferentes enfoques teó-

ricos; distintas vertientes -evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo y neomarxismo-

han explicado a través del tiempo el proceso de construcción de la “otredad” señalando

tres modos claves: la diferencia, la diversidad y la desigualdad (Boivin, Rosato y Arribas,

1999). La construcción del otro por la diferencia lleva implícito un enfoque evolucionista,

que compara al “otro” con el “nosotros” como si ambos formaran parte de una línea de

progreso donde uno y otro ocupan “grados” diferentes. El “nosotros” es un grado de evo-

lución que le permite habitar un mundo CON bienes y CON instituciones y organizaciones

diferenciadas, un mundo complejo y ordenado, mientras que el “otro” se encuentra en un

grado anterior de desarrollo, habitando un mundo SIN bienes y SIN organizaciones e ins-

tituciones, un mundo indiferenciado y confuso.

Por otra parte, la construcción del otro por la diversidad se encuentra tanto dentro del

enfoque funcionalista como de la teoría estructuralista. Para los antropólogos funcionalis-

tas el mundo del “otro” es un mundo CON, se trata de un mundo con bienes, con institu-

ciones, con complejidad, con racionalidad, pero éstas se presentan de otra forma en el

mundo del “otro” que en el mundo del “nosotros”. El CON en este enfoque implica encon-

trar en el mundo del “otro” el sentido de las categorías de nuestra sociedad; las formas

institucionales y organizacionales en el mundo del otro tienen distinta forma, pero igual

sentido. La oposición de la indiferenciación-diferenciación no es sinónimo de desorden,

de oscuridad; por el contrario, supone la presencia de un orden distinto. El nosotros se

relativiza porque pasa a ser un orden posible entre otros, pero no desaparece sino que se

toma como referencia, como un punto desde donde se mira al otro. En el enfoque estruc-

turalista el nosotros es un orden posible entre otros, es decir se relativiza como en el en-

foque funcionalista, pero va más allá, porque relativiza también la mirada desde donde

se mira al otro: el nosotros se torna consciente y crítico. En los modelos anteriores tanto

la diferencia como la diversidad se consideran hechos empíricos contrastables.

En el modelo de construcción del otro por la desigualdad, ésta también es considerada

una realidad pero no está dada de manera “natural” sino como producto históricamente

determinado. En los modelos anteriores la diferencia se expresa en distintos grados de

evolución y la diversidad mostraba la heterogeneidad de las modalidades de la vida

humana. En este caso, la desigualdad pone de manifiesto -y es producto de- una relación

de dominación que se funda en una apropiación desigual de bienes materiales y simbóli-

cos; una parte de la sociedad se apropia de algo a expensas de otra. En los mecanismos

de construcción del “otro desigual” el CON y el SIN están presentes de manera simultá-

81

nea. Mientras que en el modelo de construcción del “otro diferente” predomina el SIN en

un sentido de ausencia de atributos desde la mirada del “nosotros”; en este modelo el

SIN aparece como despojo pero no derivado de la mirada del “nosotros” sino como una

realidad, un hecho objetivo producido históricamente por los hombres cuando se relacio-

nan en una sociedad.

El Programa Social Agropecuario (PSA) construye un tipo de beneficiario “productor”,

entendiendo por tal a alguien que produce para el mercado; se lo califica al mismo tiempo

como “pequeño” en función de sus ingresos y de sus recursos para producir; se lo cons-

truye como “agropecuario”, oscureciendo otras actividades rurales no agropecuarias que

estos actores podrían desarrollar. Este “productor” no tiene historia, sólo tiene un presen-

te de escasez: la tierra es escasa, el capital es escaso, el ingreso monetario es escaso -

por eso el programa se propone aumentarlo-; los conocimientos son escasos, -por eso el

programa tiene que capacitar a sus beneficiarios-, inmerso en un mundo donde la partici-

pación y la organización son escasos o inadecuadas desde la mirada del “nosotros”, - por

lo cual el programa se propone promover la “participación organizada”-. La construcción

del beneficiario se hace en términos de un “otro diferente”; caracterizado por sus caren-

cias, el otro habita un mundo SIN. El desarrollo se concibe como un proceso donde el

“pequeño productor minifundista” tiene que transformarse a partir de los recursos que el

Estado le provee; recursos materiales, - dinero que debe ser devuelto posteriormente-, y

recursos simbólicos, como los valores implícitos en “la participación organizada” que es

en realidad un tipo de organización particular, la que el “nosotros” aprueba como adecua-

da para esos sujetos que denomina “beneficiarios”, la que el “nosotros” impone a cambio

de proveer. En síntesis, el PSA construye por la diferencia a sus beneficiarios, producto-

res agropecuarios que habitan un mundo de escasez, y que requieren que el Estado les

provea recursos materiales y simbólicos para transformarse, para acercarse hacia la si-

tuación que el “nosotros” considera deseable.

El Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural (PROINDER) presenta a sus beneficiarios

como “familias rurales pobres”, pero no cualquier grupo familiar que habite en zonas rura-

les y presente necesidades básicas insatisfechas, sino aquellas familias cuyos ingresos

provienen de la producción agropecuaria para el mercado y/o del trabajo transitorio agro-

pecuario. Recortado de esta forma, el tipo de beneficiario es muy similar al del PSA, con

la única diferencia que el PROINDER incluye a trabajadores agropecuarios transitorios.

Aunque no está explícito, se entiende que son trabajadores con tierra, pequeños produc-

tores minifundistas que sufrieron una movilidad social descendente, y comenzaron a tra-

bajar fuera de su predio pero no lo abandonaron totalmente, por lo cual se convierten en

82

trabajadores sólo durante una parte del año. La construcción del beneficiario se hace en

términos de un “otro diferente” caracterizado por sus carencias. Es “pobre” y necesita

“mejorar sus condiciones de vida a través del aumento de sus ingresos” - a lo que el Es-

tado responderá proveyendo una suma de dinero no reintegrable-, “y a través de su or-

ganización y participación”, que requiere del Estado la provisión de recursos simbólicos

para lograr esa organización y participación esperada por el “nosotros”, por el programa.

En síntesis, el PROINDER construye por la diferencia a sus beneficiarios, familias pobres

cuyos miembros son productores agropecuarios y/o trabajadores que habitan un mundo

de escasez y que requieren que el Estado les provea recursos materiales y simbólicos

para “mejorar su calidad de vida” y acercarse hacia la situación que el “nosotros” conside-

ra deseable.

El PRO-HUERTA atiende “grupos familiares pobres, rurales y urbanos” sin realizar delimi-

taciones al interior de esa categoría. No interesa la inserción económica o social de esa

familia, si sus miembros son productores agropecuarios, trabajadores rurales o urbanos,

desocupados o subocupados; lo que construye al beneficiario es su carencia, sus “nece-

sidades básicas insatisfechas”, que el programa tratará de resolver en uno de sus aspec-

tos: la alimentación. Sin embargo no entrega alimentos sino insumos para obtenerlos, lo

cual demanda un trabajo de organización, participación y capacitación de los beneficia-

rios. Entre los objetivos del programa se propone “incentivar la participación comunitaria

en la solución de la problemática alimentaria”, para lo cual recurre a voluntarios de las

mismas comunidades beneficiarias o bien a miembros de instituciones presentes en la

comunidad. Aunque el beneficiario es “pobre”, el programa se vincula a los beneficiarios

asumiendo que se trata de un mundo CON, con saberes, con valores, con organizacio-

nes, con instituciones; no enfatiza la carencia sino que revaloriza lo que existe y acompa-

ña procesos ya existentes respetando las estructuras institucionales ya instaladas; lo que

indica que construye al beneficiario por la diversidad.

El Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) presenta a sus beneficiarios como

“población en situación de pobreza”, y propone como objetivo “mejorar las condiciones

de vida promoviendo la participación y el compromiso comunitario”. La construcción del

beneficiario se hace en términos de un “otro diferente”; caracterizado por sus carencias,

el otro habita un mundo SIN. El desarrollo se concibe como un proceso donde la “pobla-

ción en situación de pobreza” tiene que transformarse, a partir de los recursos materiales

y simbólicos que el Estado le provee, en una comunidad participativa y organizada, aun-

que la participación y el compromiso comunitario que el programa exige están limitados a

una estructura organizativa particular: el “núcleo de beneficiarios”; esa es la participación

83

y la organización que el programa, el “nosotros”, aprueba como adecuada para esos

sujetos que denomina “beneficiarios”.

En síntesis, es posible distinguir tres concepciones del desarrollo social entre los progra-

mas analizados:

a) Desarrollo social como aumento de los ingresos monetarios de las familias; para

promover el desarrollo el Estado es proveedor de recursos materiales y simbólicos a

“beneficiarios” construidos por la diferencia. Responde a esta concepción el PSA.

b) Desarrollo social como mejores condiciones de vida de las familias; el Estado es pro-

veedor de recursos materiales y simbólicos a “beneficiarios” construidos por la dife-

rencia. Responden a esta concepción el FOPAR y el PROINDER.

c) Desarrollo social como superación de una necesidad básica insatisfecha: la alimen-

tación. El Estado aporta recursos materiales para complementar los existentes en la

comunidad que es portadora de sus propios recursos simbólicos; “beneficiarios”

construidos por diversidad. Responde a este modelo el PRO-HUERTA.

4.1.2.2. Metodología de Intervención

Se denomina metodología de intervención al conjunto de procedimientos e instrumentos

que los programas diseñan para poner en práctica su concepción del desarrollo social. La

metodología de intervención presenta diversas dimensiones, entre ellas el tipo de bienes

o servicios que el programa ofrece a sus beneficiarios/as y las obligaciones que éste les

impone. Otra dimensión es la forma en que se instrumenta el acceso al programa, es

decir, cómo un beneficiario potencial se transforma en un beneficiario real, entendiendo

por beneficiarios potenciales a aquellas personas o grupos cuyas características socioe-

conómicas coinciden con el perfil de beneficiario construido por el programa, y beneficia-

rios reales a aquellas personas que reciben los bienes y servicios ofrecidos por el pro-

grama al mismo tiempo que quedan sujetas a las obligaciones que el mismo les impone.

En el Programa Social Agropecuario los potenciales beneficiarios deben constituir grupos

de al menos seis miembros, elaborar un diagnóstico y formular un proyecto productivo

agropecuario. Si el programa aprueba el proyecto, los beneficiarios reciben recursos mo-

netarios bajo la forma de créditos para la adquisición de bienes, además de capacitación

y asistencia técnica para desarrollar su proyecto. La diferencia entre el servicio de capaci-

84

tación y el de asistencia técnica no es muy clara, aunque el primero parece remitir a pro-

cesos de aprendizaje de los beneficiarios, mientras que el segundo se limitaría a aportes

técnicos específicos. Los beneficiarios deben devolver el dinero que recibieron, el cual es

utilizado por el programa para formar un fondo rotatorio, es decir, un monto de dinero

disponible para entregar nuevos créditos en forma independiente del presupuesto asig-

nado por la SAGPyA anualmente al programa. El fondo rotatorio de cada unidad provin-

cial del PSA depende de la capacidad económica de devolución de los productores y le

genera al programa cierto grado de independencia de los vaivenes presupuestarios de la

SAGPyA.

El Programa de Iniciativas de Desarrollo Rural tiene una metodología de intervención

similar a la del PSA. Los potenciales beneficiarios/as, reunidos en grupos de al menos

seis familias, elaboran un diagnóstico y formulan un proyecto productivo que será evalua-

do por el programa. Si el proyecto es aprobado, el grupo recibe el dinero y la capacitación

y asistencia técnica necesaria para desarrollarlo. Los beneficiarios tienen la obligación de

utilizar el dinero de acuerdo a lo previsto en el proyecto, pero no deben devolverlo ya que

lo reciben a título de subsidio.

Para acceder al Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR), los potenciales benefi-

ciarios/as deben constituir una organización denominada “núcleo de beneficiarios”, for-

mular un proyecto que tenga interés para la comunidad -no sólo para el núcleo-, y pre-

sentarlo para que el programa lo evalúe. Si el proyecto es aprobado, el núcleo de benefi-

ciarios recibe el dinero necesario para desarrollar su proyecto y capacitación para admi-

nistrar los fondos recibidos. El núcleo puede destinar el dinero recibido a comprar mate-

riales y equipamiento, a pagar capacitación y asistencia técnica, y a retribuir bajo la forma

de “ayuda económica” el trabajo que los miembros de la comunidad realicen para el pro-

yecto, siempre de acuerdo al proyecto elaborado por el núcleo y aprobado por el progra-

ma. A diferencia del PSA y del PROINDER, el FOPAR sólo brinda capacitación en admi-

nistración del proyecto, el resto de las áreas de interés de los beneficiarios son cubiertas

por profesionales que el mismo núcleo contrata para obtener el servicio de capacitación y

asistencia técnica. Al igual que en el caso del PROINDER, el dinero recibido por los be-

neficiarios del FOPAR es un subsidio, es decir que no deben reintegrarlo; pero a diferen-

cia de los beneficiarios de PSA y PROINDER, los beneficiarios de FOPAR deben contri-

buir con una parte de la financiación de los proyectos estimada en el 10 % del monto re-

cibido. Como se trata de familias de escasos recursos económicos el aporte se realiza

habitualmente bajo la forma de trabajo “voluntario”, es decir, no retribuido.

85

El PRO-HUERTA ofrece a sus beneficiarios/as semillas para cultivar huertas y, en algu-

nos casos, aves de corral para producción de huevos y carne. También brinda la capaci-

tación y asistencia técnica que los/as beneficiarios/as necesiten para el desarrollo de di-

chas producciones. Para acceder al programa los potenciales beneficiarios/as se acer-

can al promotor de su comunidad y le manifiestan su interés en participar. En algunos

casos se trata de familias que ya habían empezado a sembrar con semillas que otra fami-

lia compartía con ellos. La única obligación impuesta a los beneficiarios es el compromiso

de siembra y cuidado de la huerta, o bien cría de los pollos según corresponda.

En síntesis, se pueden diferenciar dos formas básicas de metodología de intervención

según el programa se vincule con grupos de beneficiarios -muchas veces formados ad

hoc-, como es el caso del PSA, PROINDER y FOPAR, y aquellos que se vinculan con las

familias, como el PRO-HUERTA. Dentro de los casos analizados, cuando el programa se

vincula con grupos exige la presentación de un proyecto elaborado de acuerdo a ciertos

lineamientos, por lo cual el acceso al programa suele ser complejo, requiere cierta exper-

ticia de los grupos y apoyo técnico para formular los proyectos, y demanda tiempos pro-

longados desde la presentación del proyecto hasta que efectivamente es financiado. El

PRO-HUERTA, que se vincula a las familias, tiene mecanismos de acceso más sencillos

y rápidos y brinda una prestación más permanente, ya que mientras el programa se man-

tenga en ejecución y no se modifiquen las condiciones socioeconómicas que justificaron

el ingreso de las familias al programa, éstas continúan percibiendo los bienes y servicios.

En cambio los programas que trabajan por proyecto se desvinculan del beneficiario una

vez concluido éste, y si el grupo de beneficiarios quiere continuar recibiendo bienes y

servicios del programa debe acceder nuevamente a través de la presentación de otro

proyecto.

4.1.2.3. Gestión Institucional

Se entiende por “gestión institucional” al modo en que cada programa estructura e ins-

trumenta sus actividades con el fin de implementar cierta metodología de intervención. Un

aspecto de la gestión institucional es el origen de los fondos con que se financian las ac-

ciones del programa, ya que cada fuente de financiamiento tiene sus propias condiciones

de acceso y normas para la utilización de los fondos. Otros aspectos a considerar dentro

de la gestión institucional de cada programa son su estructura interna y la vinculación

con otras instituciones.

86

El Programa Social Agropecuario financia sus actividades con fondos del presupuesto

nacional, igual que el PRO-HUERTA, mientras que el Programa de Iniciativas de Desa-

rrollo Rural y el Fondo Participativo de Inversión Social utilizan fondos de préstamos que

el Banco Mundial otorgó al Gobierno Nacional, a los que se suma la “contraparte nacio-

nal” constituida por fondos del presupuesto nacional que representan un porcentaje del

préstamo recibido, y cuyo desembolso es obligatorio para que el préstamo continúe.

PSA y PROINDER comparten la misma estructura institucional compuesta por unidades

técnicas provinciales y una unidad de coordinación nacional. Se vinculan con otras insti-

tuciones y organizaciones a través de consejos asesores de nivel provincial y nacional.

FOPAR tiene una estructura similar, con unidades técnicas provinciales y una unidad de

coordinación nacional, y se vincula con otras instituciones a través de consejos consulti-

vos a nivel nacional, provincial y municipal. PRO-HUERTA forma parte del Instituto Na-

cional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -que tiene estructuras propias y consejos con-

sultivos a nivel provincial y nacional-, y de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.

Se vincula con municipios y organizaciones locales a través de los promotores voluntarios

e institucionales.

En síntesis, se pueden diferenciar dos formas básicas de gestión institucional: la crea-

ción de estructuras propias para la implementación del programa -como el caso de PSA y

FOPAR-, y la utilización de estructuras pre-existentes -como PROINDER que utiliza la

estructura del PSA y PRO-HUERTA, incluido en la estructura del INTA-. En todos los

programas analizados la vinculación con otras instituciones y organizaciones de nivel

nacional, provincial o local se formaliza a través de la constitución de consejos consulti-

vos formados por representantes de distintas instituciones, y que tienen funciones de

asesoramiento, decisión y control en distinta proporción según el programa. Por ejemplo,

en el caso de FOPAR, el consejo a nivel nacional tiene sólo funciones de asesoría, mien-

tras que los provinciales además de asesorar toman algunas decisiones, y los municipa-

les se limitan a asesoramiento; en tanto en el PSA los consejos de nivel nacional y pro-

vincial asesoran y toman decisiones. En cuanto al origen del financiamiento, se pueden

diferenciar fondos nacionales de internacionales con contraparte nacional. El financia-

miento internacional, dentro de los casos analizados, proviene de préstamos del Banco

Mundial.

En base a los programas sociales nacionales analizados, se pueden diferenciar dos mo-

delos de intervención:

87

a) Modelo de intervención donde el desarrollo social es concebido como un aumento de

ingresos o como un cambio en las condiciones de vida, donde el Estado es provee-

dor de recursos materiales -bajo la forma de dinero a reintegrar o no-, y simbólicos -

nuevas normas y valores a adoptar por los beneficiarios-. La metodología de inter-

vención implica un acceso grupal al programa luego de un proceso complejo y lento,

al mismo tiempo que la permanencia del beneficiario dentro del programa es por

tiempo limitado. El beneficiario, construido por la diferencia, debe adoptar las formas

de organización y participación que el programa establece ya que sus propias orga-

nizaciones y formas de participación son vistas como incompletas, confusas o inefi-

caces. Ejemplos: Programa Social Agropecuario, PROINDER, Fondo Participativo de

Inversión Social.

b) Modelo de intervención donde el desarrollo social se concibe como la resolución de

una necesidad básica de un beneficiario construido por la diversidad, donde las mo-

dalidades de participación y organización son vistas como formas plenas para esa

parte de las sociedad en ese momento, por lo cual el programa se inserta en las

mismas sin modificarlas. El Estado provee recursos materiales -insumos para produ-

cir alimentos-, que complementan los existentes en la comunidad. El acceso al pro-

grama es simple y rápido, e implica continuidad en los bienes y servicios recibidos

mientras el programa continúe en acción. Ejemplo: PRO-HUERTA.

Es importante recordar que los modelos de intervención se encuentran en la base de los

programas sociales pero entre éstos y las prácticas de intervención existen diferencias

que, en este caso, se tratarán de develar a partir del análisis de la trayectoria de organi-

zaciones campesinas.

4.2. La acción de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo

La primera vez que el término “organización no gubernamental” (ONG) se utilizó pública-

mente fue a fines del 40 en documentos de las Naciones Unidas, refiriéndose a un uni-

verso amplio de instituciones cuyo único elemento en común era su no pertenencia a

ámbitos gubernamentales (Padrón, 1982). Desde ese momento hasta la actualidad se

han ensayado diversas definiciones, reemplazando en algunos casos el término “organi-

zación no gubernamental” por el de “organizaciones del Tercer sector60” o “de la Socie-

dad Civil”. Para GADIS (1997), las organizaciones de la sociedad civil son “entidades

privadas, no lucrativas, autogobernadas, voluntarias, no religiosas y no partidarias, en-

tendidas como el esfuerzo de los ciudadanos por el bien común”. Legisladores de nuestro 60 Un sector de la sociedad que no es el Estado ni el sector privado.

88

país que presentaron un proyecto de ley para regular la actividad de las organizaciones

no gubernamentales, propusieron la siguiente definición: “Denomínanse organizaciones

de la Sociedad Civil a toda persona de existencia ideal que organizada, privada y volunta-

riamente, con propósitos sociales y sin fines de lucro, actúe en los campos político, so-

cial, económico, educativo y cultural, involucrando aquellas actividades que no son priva-

das en el sentido del mercado ni públicas en el sentido del Estado” (H. Senado de la Na-

ción, 2001). “Sin fines de lucro” implica que no se distribuyan beneficios entre sus miem-

bros –lo cual no significa que no puedan percibir ingresos por las actividades que des-

arrollan-; “voluntarias” se refiere a que la membresía o afiliación de sus miembros sea por

propia voluntad; “privadas” implica que estén institucionalmente separadas del gobierno –

aunque pueden ser financiadas por el mismo-, y con “autogobernadas” se hace referencia

a que estén habilitadas para tomar sus propias decisiones y controlar sus actividades.

Dentro del universo de las organizaciones del tercer sector se encuentra un subconjunto

denominado “organizaciones no gubernamentales de desarrollo” (ONGD) que se pueden

definir como “entidades autónomas legalmente establecidas que poseen un status de sin

fines de lucro, y son organizadas por profesionales, técnicos y trabajadores cuya motiva-

ción es mejorar las condiciones de vida de su pueblo”; realizan actividades relacionadas

a procesos de desarrollo como “la generación de conocimientos, la dotación de servicios

que responden a necesidades básicas, y a la búsqueda y aplicación de alternativas de

desarrollo” (Bombarolo, Pérez Coscio y Stein, 1992). A su vez, dentro de este grupo, se

encuentran las organizaciones que realizan actividades de desarrollo en zonas rurales,

que se denominan organizaciones no gubernamentales de desarrollo rural (ONGDR).

La existencia de organizaciones privadas sin fines de lucro es un fenómeno de larga data

en Argentina, ya que existieron instituciones de bien público actuando en las áreas social,

cultural, político y sobre todo asistencial incluso desde antes de la consolidación del Es-

tado (Campetella y González Bombal, 2000). La presencia de organizaciones de desarro-

llo rural es más reciente y data aproximadamente de fines de los 60 (Cowan Ros, 1999).

Las primeras ONGDRs eran de origen predominantemente cristiano, tenían una impor-

tante articulación con ONGs internacionales y una articulación débil con el Estado, e in-

cluso ausente durante los gobiernos dictatoriales. Desde los 80 hasta la actualidad la

articulación entre ONGDRs y Estado se fue afianzando a partir de varios factores: un

cambio en el perfil de las organizaciones, que se fueron profesionalizando; la presencia

de gobiernos democráticos con los que se pudo retomar cierto diálogo ausente durante

las dictaduras; cambios en las políticas de desarrollo estatal; desfinanciamiento de mu-

chas ONGDRs que dependían de la ayuda internacional, que fue decreciente en este

89

período. Sin embargo hasta el momento, la articulación está basada más que nada en un

camino casi unidireccional desde el Estado hacia las ONGDRs, proveyendo recursos

económicos para llevar adelante programas o proyectos de desarrollo, con poca o nula

injerencia de las ONGDRs en la formulación de esos programas. Por otra parte, la vincu-

lación es mayoritariamente individual. A pesar de los cambios ocurridos en las últimas

décadas61, las ONGDRs en Argentina no se han constituído como un actor colectivo en

condiciones de articular una estrategia global con el Estado, sino que continúan nego-

ciando en forma individual, lo que pone en una situación poco favorable al conjunto de las

ONGDRs, y, al interior de ese universo, a las organizaciones más pequeñas y/o de cons-

titución más reciente, frente a las organizaciones con mayor presencia territorial e históri-

ca dentro del país.

En Santiago del Estero las ONGDRs comenzaron a actuar en los ´70, basándose en la

labor pastoral y social que desarrollaba la Iglesia Católica en las distintas comunidades

de la provincia. Numerosos grupos misioneros católicos realizaban acciones en el ámbito

de la salud, nutrición, alfabetización y producción. Algunos de estos grupos conformaron

asociaciones civiles constituyendo organizaciones que comenzaron a trabajar en proyec-

tos comunitarios en áreas rurales. Estas organizaciones eran financiadas por entidades

internacionales, aportes privados, aportes de Iglesias o contribuciones de sus asociados

(Cowan Ros, 1999). El Instituto de Cultura Popular (INCUPO) es una de las primeras

ONGDRs que se consolidó en el norte argentino y se autodefinió, en sus inicios, como

“una asociación civil, de inspiración cristiana, sin fines de lucro, que se dedica a la educa-

ción integral de adultos y a la creación de estructuras comunitarias, por medio de la co-

municación de masas, preferentemente la radio” (Ferrara, 1973). Esta ONGDR tenía en

1971 su sede central en la provincia de Santa Fe y delegaciones en distintas provincias

del norte argentino, entre ellas Santiago del Estero. Se financiaba con recursos del Minis-

terio de Bienestar Social, de organizaciones católicas europeas, del gobierno de Alema-

nia Federal y de donaciones de empresas y particulares argentinos. Durante los ´80 y ´90

destinó su acción en Santiago del Estero a productores campesinos dentro de la Zona

Este de la provincia.

La Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) también surgió en los 70.

En los 80 y 90 destinó su trabajo en Santiago del Estero a semiasaraliados rurales, gene-

rando proyectos productivos y procesos organizativos en la Zona Centro de la provincia.

Los principios filosóficos que guían el accionar de esta ONGDR son de inspiración cris-

tiana, por lo que su visión del desarrollo remite al crecimiento integral de la persona, in- 61 Para profundizar en este tema ver Cowan Ros (1999).

90

cluyendo aspectos espirituales y de religiosidad (Alfaro, 2000). El Centro de Estudios Po-

pulares para el Desarrollo (CENEPP) es otra ONGDR originada en el trabajo parroquial,

con acción en la Zona Este de la provincia. A diferencia de las anteriores, en sus inicios

no contó con apoyo financiero de agencias de cooperación internacional lo que se revirtió

a medida que fue creciendo institucionalmente. CENEPP apoyó la formación de organi-

zaciones campesinas en el Departamento Moreno, y brinda asistencia legal y capacita-

ción para que las familias campesinas de esa zona puedan acceder a la propiedad de la

tierra. La organización Promoción de la Mujer Rural (PRODEMUR) trabaja con la pro-

blemática de la mujer campesina desde una perspectiva de género. Su labor se extiende

a otras provincias del noroeste argentino, como Tucumán y Catamarca. En Santiago del

Estero desarrolla su actividad en la Zona Centro. La organización Promoción Integral del

Campesino (PROINCA) surgió como iniciativa de técnicos que ya estaban trabajando en

la promoción rural, a fin de acompañar a las familias campesinas de Los Juríes en su

lucha por la tierra. Su estrategia de intervención consistía en colaborar con la autonomía

y crecimiento de las organizaciones campesinas.

Las ONGDRs no actuaron en soledad en el escenario social santiagueño, sino que se

vincularon con diversos actores públicos y privados como la Iglesia Católica y sus grupos

parroquiales y, ya en los 90, con programas de desarrollo rural social financiados por el

Estado Nacional. Los distintos recorridos institucionales de estas ONGDRs muestran la

complejidad del proceso de constitución de este nuevo actor en el escenario social san-

tiagueño: organizaciones de larga trayectoria que comenzaron a trabajar en la provincia –

como INCUPO y FUNDAPAZ-; grupos misioneros de la Iglesia Católica que luego toma-

ron forma de organización no gubernamental –como el CENEPP-; equipos técnicos de

otras instituciones que se escindieron y constituyeron nuevas organizaciones -como

PROINCA-; técnicos que desde una problemática específica comenzaron a trabajar en

cierta zona de la provincia -como el caso de PRODEMUR-.

En la zona donde se desarrolló la investigación es el CENEPP la organización no guber-

namental con mayor influencia. El vínculo entre el CENEPP y las organizaciones campe-

sinas de la zona, de acuerdo a la mirada de los técnicos, se sintetiza en la siguiente fra-

se:

“Nosotros somos todos trabajadores rurales; trabajadores de mano dura y

trabajadores de mano blanda, como dicen los brasileros” (miembro del CE-

NEPP, marzo 2001).

91

“Los brasileros” es una forma de referirse al Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem

Terra (MST) de Brasil, organización con la que mantienen relaciones fluidas. Joao Pedro

Stedile -dirigente del MST-, dice durante una entrevista:

“(El MST) no se cerró y no se cierra en los límites de un movimiento campesi-

no típico, en el cual sólo entra quien maneja la azada. Al principio hasta había

bromas sobre las diferencias entre los de “manos callosas” y lo de “manos

suaves” (...). Los de “manos callosas” eran los que manejaban la azada, los

trabajadores rurales, los agricultores,. Los de “manos suaves” eran los que no

trabajaban en el campo, en la agricultura, sino que se comprometían con el

movimiento desde otros sectores sociales. Lo importante es que aunque se

hacían esas bromas, había un tratamiento igualitario entre los miembros del

MST” (Mançano Fernandez, 2000).

Las organizaciones campesinas vinculadas a CENEPP fueron adoptando este tipo de

modelo “abierto”, donde la organización no se cierra sobre sí misma limitando la partici-

pación a quienes trabajan la tierra, sino que, en pos de reivindicar los derechos campesi-

nos, aceptan y promueven la participación de diferentes actores como vía para la cons-

trucción de un movimiento de base campesina pero con inserción nacional y latinoameri-

cana.

5. Las acciones estatales luego de la crisis del 200162

A fines del 2001 Argentina ingresó en una crisis política, social y económica de gran

magnitud. En enero del 2002, luego de movilizaciones sociales reprimidas violentamente

y de las renuncias sucesivas de tres presidentes, se promulgó la ley de Emergencia Pú-blica en el país. En un intento de encontrar respuestas a la crisis social comenzaron a

reunirse representantes de distintos sectores de la sociedad -instituciones y organizacio-

nes políticas, empresarias, sindicales, religiosas y otras no gubernamentales-, en lo que

se denominó “Mesa de Diálogo Argentino”. Una de las conclusiones que surgió de las

reuniones de la Mesa fue que el principal problema que enfrentaba el país era el carácter

regresivo de la distribución del ingreso, por lo cual para disminuir los conflictos sociales

era fundamental promover una transferencia de recursos entre quienes disponían de me-

62 Si bien el período en estudio dentro de la investigación es de 1990 al 2001, se consideró necesario incluir este acápite con un programa que inició sus acciones en el 2002 para comprender la situación observada en El Coyuyo durante el último tramo del trabajo de campo (ver Capítulo 5).

92

jores ingresos y los sectores sociales más desfavorecidos. Para ello se proponía asegu-

rar un ingreso mensual mínimo a todas las familias argentinas, garantizar el acceso de

los hijos a la educación formal, y propiciar la incorporación de los jefes o jefas de hogar

desocupados a la educación de manera de facilitar su futura reinserción laboral (Conside-

randos del Decreto N° 565/02).

Sobre la base de esa propuesta y reconociendo la inclusión social como un derecho

humano de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les de las Naciones Unidas, el gobierno decreta en abril del 2002 la creación de un nuevo

programa social denominada “Plan Jefes y Jefas de Hogar”. El programa comenzó a

ejecutarse en forma inmediata luego de su creación y continúa sus acciones hasta la ac-

tualidad. El objetivo del programa es brindar ayuda económica a hombres y mujeres a

cargo de sus hogares que estuvieren desocupados, a fin de garantizar el derecho familiar

a la inclusión social, asegurando la concurrencia escolar de los hijos y el control de salud

de los mismos; la incorporación de los beneficiarios a la educación formal, su participa-

ción en cursos de capacitación que coadyuven a su futura reinserción laboral y su incor-

poración en proyectos productivos o en servicios comunitarios de impacto ponderable en

materia ocupacional. Pueden ser beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar los/as

“jefes/as de hogar con hijos de hasta dieciocho años de edad, o discapacitados de cual-

quier edad, y a hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante

del jefe de hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que resi-

dan en forma permanente en el país” (Artículo 2°, Decreto N° 565/02 del Poder Ejecutivo

Nacional, abril del 2003).

No pueden ser beneficiarios del programa aquellos/as desocupados/as que se encuen-

tren participando al mismo tiempo en otro programa de empleo del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social, de otros programas de empleo provinciales o nacionales,

como así tampoco quienes se encuentren percibiendo prestaciones previsionales de

cualquier naturaleza, prestaciones por desempleo o pensiones no contributivas, salvo las

otorgadas en razón de ser madre de siete hijos o más, ex combatientes de Malvinas o por

razón de invalidez. Para acceder al programa los potenciales beneficiarios/as deben

completar un breve formulario con sus datos personales y familiares, y adjuntar documen-

tación respaldatoria (certificados escolares y fotocopia de documentos de identidad). El

programa corrobora la información y si es correcta, ingresa al beneficiario a su base de

datos y comienza a depositar mensualmente una suma fija de dinero para cada familia.

93

El programa otorga a cada beneficiario/a un subsidio de ciento cincuenta pesos en forma mensual, depositando el monto en la institución bancaria más cercana al domicilio

del beneficiario. Ese valor en abril del 2002 era suficiente para cubrir el 75 % de la canas-

ta básica de alimentos de una familia de cinco miembros. Los/as beneficiarios/as del Plan

Jefes/as de Hogar están obligados a realizar alguna “contraprestación”, entendiendo por

tal a la realización de alguna tarea con una dedicación diaria no inferior a cuatro horas y

no superior a seis en el marco de proyectos comunitarios como atención de niños en

guarderías, apoyo escolar, atención de ancianos, reparación de infraestructura, foresta-

ción, limpieza de plazas y parques públicos, reciclado de residuos, erradicación de basu-

rales, construcción y/o refacción de viviendas rurales y urbanas de interés social, etc. La

contraprestación también puede cumplirse dedicando esas 4 a 6 horas diarias a comple-

tar el ciclo educativo formal –primario o secundario-, o realizar cursos de capacitación

laboral. Otra opción para cumplir la contraprestación es que el/la beneficiario/a se incor-

pore a alguna de las empresas que se inscribieron en el Registro de Empleadores de la

Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En estos

casos el programa otorga una ayuda no remunerativa de $ 150 a los beneficiarios y el

empleador debe abonarles con carácter salarial el complemento de dinero necesario para

alcanzar el salario establecido para la categoría de que se trate de acuerdo al Convenio

Colectivo de Trabajo. La contraprestación es justificada desde el programa como una

cuestión de “responsabilidad” de los/as beneficiarios/as:

“Reviste igual trascendencia el valor reconocido por la sociedad argentina al

trabajo como ejercicio de un derecho y, conjuntamente, como cumplimiento

de la responsabilidad de sus integrantes de participar en el esfuerzo de crea-

ción de riqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad”

(Decreto N° 565/02).

La autoridad de aplicación del Plan Jefes/as de Hogar es el Ministerio de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social (MTEySS). El programa se financia con fondos del presupuesto na-

cional y se implementa a través de convenios con cada Provincia y con la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Se vincula con los/as beneficiarios a través de los Municipios, en

cuyas oficinas los potenciales beneficiarios presentan un formulario con sus datos perso-

nales y fotocopias de Documento Nacional de Identidad y certificados escolares de los

hijos/as. Para vincularse con otras organizaciones e instituciones el Plan Jefes/as propi-

ció la creación de Consejos Consultivos Provinciales (CCP), instancias de representación

institucional a nivel provincial, y de Consejos Consultivos Municipales (CCM), espacios de

representación a nivel local. Por otra parte se creó el Consejo Nacional de Administra-

94

ción, Ejecución y Control (CONAEYC), integrado por representantes de organizaciones

de empleadores, sindicales, no gubernamentales, confesionales y representantes del

Gobierno Nacional, con funciones de seguimiento del programa.

Analizando su modelo de intervención63, se puede observar que el Plan Jefes y Jefas de

Hogar, por lo menos en sus declaraciones iniciales, construye su beneficiario a partir del

reconocimiento de la situación de desigualdad entre sectores sociales del país dentro de

un proceso histórico de distribución regresiva del ingreso. El beneficiario es un “otro

desigual” donde las carencias no son atributos individuales ni familiares de un mundo

SIN, sino producto de una relación de dominación que se funda en la apropiación des-

igual de bienes materiales y simbólicos. La distancia entre el “otro” y el “nosotros” no se

interpreta como algo natural, sino como un producto históricamente determinado: una

parte de la sociedad se apropió de algo a expensas de otra, y el programa intenta reparar

esa desigualdad. Reconoce la inclusión social como un derecho inherente a todas las

personas y se propone asegurar un ingreso mensual mínimo a todas las familias que re-

sidan en forma permanente en Argentina; sin embargo no todas las familias tienen acce-

so al programa, sólo aquellas que tengan hijos menores de 18 años64. En el modelo de

intervención de este programa el desarrollo se concibe como el dercho a la inclusión so-

cial, donde el Estado intenta garantizar ese derecho a través de la provisión de recursos

materiales –dinero- a las familias, que no son identificadas como “pobres” sino como

“desocupadas”.

63 Se utilizaron las mismas variables de análisis que las presentadas en el punto 4.1. de este capítulo. 64 Como parte de las negociaciones de la Mesa de Diálogo se proponía extender este subsidio a los/as jóve-nes desocupados/as y a las personas mayores sin jubilación. El Estado aceptó la propuesta y se estableció que el Plan Jefes era la primera etapa y que se continuaría con los mayores y los jóvenes, pero nunca se concretó.

95

SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA PPPAAARRRTTTEEE

96

CAPITULO 3

EL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO 1. Las primeras luchas

Si bien el Movimiento Rural de la Acción Católica había actuado en la provincia de San-

tiago del Estero, no llegaron a formarse Ligas Agrarias en ese territorio, probablemente

porque el principal conflicto que atravesaba a los campesinos de esta provincia era la

lucha por la tierra, mientras que en las provincias donde las Ligas fueron más dinámicas -

Chaco, Misiones y Santa Fe-, el principal problema era la comercialización con la agroin-

dustria. Los pequeños productores que participaron en las Ligas de esas provincias eran

agricultores que lograban cierto grado de capitalización de su chacra, la mayoría eran

“colonos” propietarios de sus tierras, y en muchos casos “gringos” –inmigrantes euro-

peos-. En Santiago del Estero casi no hubo procesos de colonización; la población rural

era “criolla”, formada por campesinos asentados mayoritariamente en tierras sin títulos de

propiedad; muchos habían sido trabajadores forestales hasta que las empresas forestales

se retiraron. No es casual entonces, que las luchas campesinas en Santiago del Estero

hayan tomado un camino diferente.

Un primer antecedente de lucha campesina para resistir un intento de desalojo se registró

en la década de 1960 y tuvo lugar en el paraje de Suncho Pozo, dentro de la Zona Este

de la Santiago del Estero65. El origen de los pobladores de Suncho Pozo, asentados des-

de hacía más de dos generaciones en la zona, databa de la época en que esa zona de la

provincia era el centro de la actividad obrajera para extracción de quebracho colorado y

demás maderas duras para la producción de durmientes y postes. Los padres y abuelos

de los miembros de la comunidad eran hacheros, trabajadores de los obrajes (Benencia,

1996). La actividad depredadora de las empresas obrajeras fue dejando a su paso desier-

tos y fachinales, ya que era una actividad caracterizada por la tala indiscriminada de las

especies arbóreas. Además de los árboles talados para durmientes y postes, se cortaban

otras especies para producir carbón y leña, que se imponían como combustible en esa

época (Dargoltz, 1980). A medida que se fue agotando el bosque las empresas se fueron

65 Este paraje se encuentra dentro de la zona productiva donde se desarrolló el trabajo de campo de la pre-sente investigación, pero más al sur.

97

retirando, dejando tras de sí recursos naturales agotados y trabajadores abandonados a

su suerte66.

Algunos hacheros buscaron trabajo en otras zonas donde aún continuaba la extracción

maderera, otros se asentaron en tierras que ya no interesaban a nadie porque habían

perdido su riqueza natural. Esto hicieron los pobladores de Suncho Pozo en la segunda

mitad de la década del ´40, limpiando el fachinal para tener un lugar donde levantar su

vivienda y cultivar algo para vivir. Con el tiempo estos antiguos trabajadores rurales se

fueron transformando en campesinos en la medida en que el mercado les permitía la en-

trada como productores marginales, por ejemplo de algodón. La tarea en la propia explo-

tación se alternaba con ocupaciones diversas en el área o fuera de ella. En la década del

60, cuando estos productores habían demostrado que en esas tierras se podía cultivar, y

en un momento en que el algodón era rentable, comenzaron los reclamos por parte de

una compañía que había comprado las tierras al antiguo dueño. La empresa inició un

juicio por desalojo y los campesinos, ante una amenaza concreta sobre sus tierras, co-

menzaron a organizarse. Las familias formaron comisiones, se constituyeron en asam-

bleas, organizaron grupos de vigilancia y de resistencia, y delegaron las acciones legales

en un abogado que los mantuvo informados sobre las distintas instancias del juicio -que

se extendió desde 1963 hasta 1973- (Benencia, 1996).

En 1973 los pobladores volvieron a ponerse en estado de alerta al enterarse que el juicio

se perdía. Comenzaron a movilizarse nuevamente, acudieron a los políticos provinciales

al mismo tiempo que sus familiares migrantes en Buenos Aires se acercaron a los perió-

dicos porteños para que se conociera la situación de las familias de Suncho Pozo. El

conflicto se agudizó cuando se concretó la sentencia firme de desalojo y se derribó la

vivienda de una de las familias. El abogado elevó un escrito y pidió audiencia a Juan Do-

mingo Perón, presidente de la Nación en ese momento. Por otra parte, cuando se estaba

por llevar a cabo el siguiente desalojo, las familias opusieron resistencia. Las mujeres y

los niños se ubicaron dentro de la vivienda que se pretendía derribar mientras los hom-

bres rodeaban a la policía y a los representantes de la empresa, quienes finalmente se

retiraron aunque con intención de volver más tarde. Ante esta situación, el gobernador

de la provincia decidió tomar una participación más activa y elaboró un decreto de expro-

piación de las tierras. Sin embargo, el decreto contemplaba la expropiación de tierras del

mismo campo pero en un lote que coincidía sólo parcialmente con la ubicación de las

familias. Esto implicó que a partir de la expropiación las familias tuvieran que trasladarse

66 En 1947 llegaron a afiliarse 45.000 obreros a la Federación de Obreros Santiagueños de la Industria Fores-tal (FOSIF). En los ´70 quedaban sólo 4.000 (Alen Lascano, 1972)

98

a nuevos predios, debiendo desmontar, limpiar los terrenos y construir nuevamente sus

viviendas y cercos, por lo cual pasaron varios años de grandes esfuerzos para las fami-

lias hasta que pudieron volver a producir. A pesar de ello, la obtención de las tierras sig-

nificó una conquista para las familias de Suncho Pozo, por lo cual bautizaron a la nueva

comunidad como Suncho Pozo del Triunfo.

En 1985 un nuevo conflicto por la tierra daría continuidad a esa lucha iniciada diez años

antes. En Los Juríes, departamento General Taboada, los representantes de unas em-

presas67 intentaron desalojar a 400 familias campesinas que ocupaban 120000 hectáreas

(300 hectáreas por familia en promedio). El sacerdote católico de Los Juríes y los técni-

cos de INCUPO apoyaron a los campesinos para que se organizaran y defendieran sus

derechos (Dargoltz, 1997). Como las distancias entre los predios eran grandes eligieron

dos “delegados” por “lote68” para estar en contacto, informarse y tomar decisiones sobre

las acciones a tomar respecto al conflicto; poco tiempo después formaron comisiones

vecinales que confluyeron en una Comisión Central de Campesinos. Al año siguiente

lograron que 45 familias del Lote 40 obtuvieran los títulos de propiedad, pero no se resol-

vió la totalidad del conflicto. Las empresas ofrecían relocalizar a las familias ofreciéndole

20 hectáreas a cada una, superficie muy inferior a la mínima unidad productiva, de 100

hectáreas (Dargoltz, 1997). El gobierno provincial apoyaba a las empresas y se negaba a

recibir a los campesinos, quienes querían presentar un petitorio donde expresaban “pre-

tendemos que se nos reconozca la propiedad de cien hectáreas por familia, para hacerlas

producir y construir un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos (…)”69. Poco tiempo

después el sacerdote católico fue trasladado a la Patagonia; INCUPO se retiraba del con-

flicto pero nacía otra ONGDR en apoyo de los campesinos: PROINCA, formada por téc-

nicos que se separaron de INCUPO.

Las familias de Los Juríes no resolvieron completamente el problema de tierras pero fue-

ron avanzando en aspectos productivos y de comercialización de la producción. “No sólo

queremos conseguir los títulos sino también mejorar los cultivos, emprender la comercia-

lización de los productos, trabajar por la educación y la salud y todas las reivindicaciones

de las que los productores hemos sido marginados durante años y años” afirmaba Zenón

“Chuca” Ledesma, presidente de la Comisión Central de Campesinos de Los Juríes, en

67 Las tierras habían sido adquiridas a principios del siglo pasado para su explotación forestal; por la forma insostenible en que se realizó esta actividad las tierras quedaron degradadas y con escaso valor económico. Durante el período 1976-1983 las tierras fueron adquiridas por empresarios especuladores que aprovecharon las ventajas de préstamos hipotecarios a tasas reales mínimas, en muchos casos recurriendo a la sobreva-luación de los inmuebles para retirar préstamos millonarios que nunca devolvieron (Dargoltz, 1997). 68 Unidad catastral que incluye a un conjunto relativamente reducido de predios. 69 Citado por Dargoltz (1997).

99

un discurso durante el cierre de una movilización realizada en octubre de 1986 (Dargoltz,

1997). El apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) les permitió

reabrir la desmotadora de algodón que estaba cerrada, mejorar sus cultivos, y formar la

Cooperativa Agropecuaria “Unión Campesina”, evitando de esta forma a los intermedia-

rios abusivos. El surgimiento de estas estructuras organizativas –la Comisión Central y la

Cooperativa- funcionaron como condición de posibilidad para que las familias campesinas

de otros parajes pudieran organizarse, ya que este núcleo inicial de 400 familias, al com-

partir y difundir su experiencia, mostraban que era posible modificar la realidad (Alfaro,

1998).

Mientras que lo ocurrido en Suncho Pozo tomó la forma de lucha campesina –en el senti-

do que le asigna Touraine-, la organización de los campesinos de Los Juríes marcó el inicio de un movimiento campesino en Santiago del Estero, ya que lo que se inició

como una acción de resistencia al desalojo fue abarcando objetivos más amplios que

sostuvieron a través del tiempo la acción colectiva. No se trataba sólo de lograr la titulari-

dad de la tierra, también se proponían transformar las relaciones sociales de producción.

A partir de ese momento y durante toda la década se fueron constituyendo en Santiago

del Estero organizaciones campesinas con estructuras similares a la de Los Juríes: pe-

queñas comisiones con base territorial local, basadas en las relaciones persona a perso-

na, que elegían representantes o delegados para formar comisiones a nivel departamen-

tal o zonal, acompañadas en algunos casos con la formación de una cooperativa agrope-

cuaria.

En 1988 se formó la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN), que

había recibido apoyo del Obispado de Añatuya desde 1982. Estaba formada por 50070

familias de semiasalariados rurales en proceso de campesinización, de los departamen-

tos Copo y Alberdi (Alfaro, 1998). En 1989 se formó la organización Comisiones Campe-

sinas de Pequeños Productores “Ashpa Sumaj71” (CCPPAS), que reunía a 500 familias

de campesinos algodoneros dentro del departamento Moreno. En 1990 se constituyó otra

organización: Comisiones Unidas de Pequeños Productores de Figueroa (CUPPAF), que

reunía a 13 comisiones vecinales, con 610 familias campesinas; recibían apoyo del INTA 70 No hay registros escritos de la cantidad de miembros de las centrales o comisiones, sin embargo las fuen-tes que entrevisté dieron datos similares a los obtenidos por M.I. Alfaro, aunque ella realizó su trabajo de campo en otra zona de la provincia, con otros informantes, por lo cual estos números, aunque sea en forma aproximada, parecen veraces. En el caso de las cooperativas se puede encontrar información en cuanto a los miembros que contaba en el momento de su constitución; en las asambleas se debería actualizar esta infor-mación, pero no siempre se cumple con los períodos previstos para asambleas, por lo cual los datos se desactualizan. 71 “Tierra linda” en quechua.

100

y de la Iglesia Católica. En 1993 se formó Delegados Unidos de Figueroa Norte de Once

Comisiones (DUFINOC), que agrupaba a 300 familias de la zona norte del departamento

Figueroa (Alfaro, 1998).

Posteriormente se formó la Organización Campesina de Copo, Alberdi y Pellegrini (OC-

CAP) como un desprendimiento de la UPPSAN; la Cooperativa de Pequeños Productores

Alfalferos y Cabriteros (CAPPAC), que contaba con apoyo de FUNDAPAZ y del INTA y

reunía productores de los departamentos Roble y Sarmiento. También se formó la Co-

operativa Agropecuaria “Ashca Cayku” de Quimilí, que reunía productores del departa-

mento Moreno –los mismos campesinos que habían constituido un tiempo antes la

CCPAS-, y contaba con apoyo del CENEPP.

2. La constitución del Movimiento Campesino de Santiago del Estero72

Las organizaciones que se fueron formando tenían en común una estructura basada en

relaciones personales pre-existentes entre familias reunidas por su cercanía geográfica,

por formar parte del mismo “paraje”. Estas organizaciones -denominadas “comisiones

vecinales” o sólo “comisiones”-, elegían representantes o delegados para constituir orga-

nizaciones de nivel zonal o departamental -denominadas “comisiones unidas”, “delegados

unidos”, “centrales” o “unión de pequeños productores”-. En algunos casos, en forma pa-

ralela a estas organizaciones zonales, los mismos campesinos constituían otras organi-

zaciones del mismo nivel bajo la forma de cooperativa agropecuaria, para abordar cues-

tiones productivas y de comercialización.

En diciembre de 1989 se reunieron en Los Juríes los representantes de la mayoría de las

organizaciones campesinas mencionadas anteriormente. A ese primer encuentro le su-

cedieron otros durante el año siguiente, en Forres, Colonia Dora y Añatuya. Finalmente

el 4 de agosto de 1990, en Quimilí, se constituía formalmente el Movimiento Campesino

de Santiago del Estero (MOCASE) con dos representantes de cada organización. Se eli-

gió como presidente a Zenón “Chuca” Ledesma, quien era presidente de la Comisión

Central de Campesinos de Los Juríes. El acta fundacional del MOCASE establecía que

su objetivo era:

72 Una versión preliminar de este texto fue publicada; ver Durand (2005).

101

“(…) buscar soluciones a problemas comunes, ser representantes de los

campesinos ante las autoridades, apoyar las peticiones de cada una de las

organizaciones que lo integran respetando su autonomía, promover la capaci-

tación en cooperativismo y gremialismo, y mejorar la calidad de vida de los

pequeños productores” (Acta fundacional del MOCASE, 4/08/90).

Desde sus comienzos el MOCASE asumió como estrategia central la lucha por la tierra y

por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. El problema generalizado

de tenencia precaria de la tierra por parte de los campesinos había generado un proceso

de desalojos “silenciosos” en la medida en que no había conciencia sobre el derecho de

posesión veinteañal y a la vez no estaban dadas las condiciones mínimas de organiza-

ción para que las presentaciones ante la justicia o los reclamos ante el poder político tu-

vieran alguna posibilidad de éxito. La constitución del MOCASE fue un punto de quiebre

con esa situación preexistente, de modo que el silencio se fue convirtiendo en conciencia

del derecho. Se promovió la organización para la autodefensa de los pobladores, se

acompañó con el asesoramiento legal y la defensa jurídica correspondiente, se fue lo-

grando una mayor visibilidad política y se amplió la articulación con otros sectores de la

sociedad que se sintieron atraídos por esta lucha.

La estructura del MOCASE en sus inicios y hasta el 2001 estaba formada por organiza-

ciones locales denominadas "Comisiones de Base" y por organizaciones de segundo

grado constituidas por representantes de las organizaciones locales, que se denomina-

ban "Comisión Central" o simplemente "Central". También formaban parte del MOCASE

varias cooperativas campesinas. En muchos casos un/a productor/a campesino/as podía

ser miembro de la cooperativa de la zona y al mismo tiempo participar en la comisión de

base de su paraje que a su vez envía representantes a la Central. Se identificaba en tér-

minos generales como “organización zonal” a las Comisiones Centrales, Cooperativas y

Uniones Campesinas, mientras que eran “organizaciones de base” las Comisiones que

funcionaban a nivel local. El MOCASE era dirigido por una Comisión Directiva formada

por presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, prosecretario/a, tesorero/a, protesorero/a

y vocales, elegidos periódicamente.

Luego de la constitución del MOCASE, y a lo largo de la década del 90, se formaron nue-

vas organizaciones campesinas que se fueron sumando al MOCASE como la Comisión

Central de Campesinos Tata Iaia Ashpacan (en el Departamento Moreno), la Central de

Campesinos La Carpa Negra de La Simona (en el Departamento Taboada), la Comisión

102

Central Campesina de Pinto (en el Departamento Aguirre), la Comisión Central de Cam-

pesinos de Guasayán y la Unión de Pequeños Productores de Figueroa (UNPEPROF).

El MOCASE comenzó a tener repercusión a nivel nacional en 1998 durante el intento de

desalojo de las familias campesinas del paraje La Simona. Máquinas topadoras de gran

porte avanzaron sobre las posesiones de las familias, derribando a su paso árboles, cer-

cos, y llegando hasta la viviendas. La autodefensa ejercida por los pobladores y la con-

tención que les ofreció el MOCASE y un conjunto de organizaciones solidarias detuvo a

las topadoras, que de otro modo y en otra época hubieran conseguido su propósito. La

población resistió el desalojo pasando días y noches bajo una improvisada carpa de po-

lietileno negro, dando lugar a lo que se denominó la carpa negra de La Simona. En ese

momento los medios de comunicación nacionales difundieron las imágenes de destruc-

ción del bosque y de atropello a sus pobladores por todo el país, ayudando a extender la

preocupación por las familias campesinas más allá de la frontera de Santiago del Estero.

Un año después el MOCASE organizó un Congreso denominado “Campesinos y campe-

sinas unidos en la lucha por la tierra y la justicia”, que se llevó a cabo en la ciudad capital

de Santiago del Estero. La convocatoria para participar del Congreso incluyó a las orga-

nizaciones del MOCASE y a delegaciones campesinas invitadas para que pudieran com-

partir las jornadas y decidir su posible incorporación al MOCASE. También participaron

delegaciones de otras provincias como la Asociación de Pequeños Productores del No-

roeste de Córdoba (APENOC), la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPE-

PROCH), la Asociación Civil Parque Pereyra, la Asociación de Productores Familiares de

Florencio Varela, la Asociación de Pequeños Productores de la Puna, la Red Puhna de

Jujuy, el Consejo Kolla de Salta y pequeños productores de Catamarca y Corrientes. Los

objetivos del Congreso se referían a:

(...) “la necesidad de reflexionar sobre la situación del sector campesino en el

contexto provincial y nacional, a partir de lo cual sería posible formular pro-

puestas de políticas de desarrollo. También se proponía revisar la estructura y

funcionamiento del MOCASE de modo tal que se avanzara tanto en lo referi-

do a la ampliación de su cobertura a toda la geografía provincial, como en su

consolidación como organización democrática y representativa con nuevas y

mejores formas de participación” (MOCASE, 1999)

103

Durante el congreso se evaluaron logros y obstáculos para el desarrollo del MOCASE y

se elaboraron diversas propuestas para seguir trabajando, entre ellas:

Formar una comisión del MOCASE que elabore una propuesta de Estatuto o Regla-

mento Interno de funcionamiento que sea debatido y aprobado por las organizaciones

zonales.

Ampliar la cobertura provincial mediante una mayor presencia de los dirigentes en las

organizaciones zonales que integran el MOCASE, y en aquellas organizaciones zona-

les que tengan la inquietud de integrarse.

Incrementar las acciones de capacitación orientadas a dirigentes, delegados de las

organizaciones zonales y asociados, en temas de organización, participación, comu-

nicación, derechos ciudadanos, derechos de tierras, con el refuerzo de un equipo

propio de capacitación.

Mantener y profundizar la participación de las bases en las decisiones institucionales,

y mejorar la comunicación y difusión de actividades del MOCASE a nivel de las orga-

nizaciones zonales.

Fortalecer la coordinación y articulación con otras organizaciones campesinas y de

pequeños productores familiares para definir una estrategia y plan de lucha que im-

pulse la reforma agraria.

Reforzar y ampliar la articulación con otros sectores e instituciones como las organi-

zaciones gremiales, Iglesias, organizaciones no gubernamentales.

Demandar una participación activa en el diseño de planes y programas destinados al

sector campesino, con poder de decisión y control sobre la asignación de recursos

económicos.

Elaborar un plan de obtención de recursos propios y de terceros para mejorar el fi-

nanciamiento de la estructura y el funcionamiento del MOCASE.

Estas propuestas se dirigían a tres áreas de acción:

a) Funcionamiento interno, especialmente en la relación entre las “bases” (los/as cam-

pesinos/as), las organizaciones zonales (comisiones centrales y cooperativas), los di-

rigentes, y la Comisión Directiva del MOCASE.

b) Articulación con otros actores: organizaciones gremiales, Iglesias, organizaciones no

gubernamentales, Estado (planes y programas sociales)

c) Obtención de recursos para financiar la organización

104

Si bien hubo acuerdo en los objetivos a lograr, el camino para obtenerlos fue fuente de

divergencias entre las distintas organizaciones del MOCASE.

3. Conflictos y división del MOCASE

El Congreso desarrollado en 1999 marcó un momento de gran consolidación del movi-

miento y al mismo tiempo puso de manifiesto que, aunque los objetivos que perseguían

las organizaciones que lo formaban eran similares, las estrategias de acción eran diferen-

tes, o, por lo menos, había intentos de que fueran diferentes.

Había acuerdo en que era necesario obtener recursos para financiar el movimiento, pero

cuáles eran las posibles fuentes de financiamiento y cuáles los costos a pagar por obte-

ner los recursos fueron algunos de los factores que distanciaron a las organizaciones, y

mientras algunas recorrían un camino hacia una mayor vinculación con programas de

desarrollo rural social, especialmente con el Programa Social Agropecuario (PSA), otras

mantenían y profundizaban los vínculos con organizaciones no gubernamentales, aun-

que fueron también “beneficiarias” de programas sociales. La mayor o menor autono-mía respecto a los programas sociales, y por su intermedio, con el Estado, fue en los años posteriores al Congreso uno de los factores en conflicto. Para algunas or-

ganizaciones el acercamiento de otras organizaciones al PSA y el vínculo entre técnicos

y dirigentes campesinos, constituía una forma de cooptación similar a la ejercida por los

políticos. En cambio para las organizaciones “cercanas” al PSA, ese vínculo era visuali-

zado como algo “natural”, y en cambio se criticaban los viajes a Europa realizadas por

miembros de las otras organizaciones en busca de apoyo y de financiamiento de sus ac-

tividades en el exterior.

La estructura interna del MOCASE también fue factor de disputa. Para algunas orga-

nizaciones el funcionamiento de la Comisión Directiva había sido “autoritario” en los últi-

mos años, ya que se pretendía que todas las decisiones se tomaran a nivel de la Comi-

sión Directiva, recortando la autonomía de las organizaciones zonales. Las discusiones

durante las asambleas parecían más pendientes de la forma en que se tomaba una deci-

sión que de la decisión en sí misma. “Cuando yo asumí como presidenta dije bien claro

que no se iban a aceptar decisiones que no se tomaran en esta Comisión” afirmaba la

presidenta del MOCASE durante una reunión de la Comisión Directiva en marzo del 2001

para cerrar una discusión con el delegado de una organización zonal que no estaba de

acuerdo con esta modalidad. Mientras que algunas organizaciones pugnaban por una

105

“horizontalización” de la organización, otras querían mantener la estructura tal como es-

taba.

Al mismo tiempo se pone en discusión el criterio para formar nuevas organizacio-nes zonales. Para algunos se trataba de un criterio geográfico por lo cual las familias

campesinas que no formaban parte del MOCASE y querían organizarse debían sumarse

a la organización zonal más cercana. En cambio otras organizaciones proponían respetar

la autodeterminación de las familias y su derecho a constituir una nueva organización

zonal aunque hubiera alguna cercana.

Estas diferencias comenzaron a erosionar la unidad del MOCASE y empezó a ponerse

de manifiesto una incipiente ruptura. “Hay un MOCASE oficial que es el que se reúne, la

Comisión Directiva; y hay un MOCASE real que es el que trabaja, el que quiere llevar

adelante las conclusiones del Congreso”73. Para algunas organizaciones campesinas y

para ciertas organizaciones no gubernamentales que las apoyaban, el Congreso se cons-

tituyó en un momento fundante, o al menos como un quiebre entre la etapa inicial del

MOCASE y la que transitaban en ese momento. Las conclusiones del Congreso co-braban fuerza de ley para esos actores mientras que para otros carecían de impor-tancia.

En noviembre del 2001 el MOCASE debía renovar autoridades; en ese momento las dife-

rencias se volvieron irreconciliables. La Comisión Central Campesina “Ashpa Sumaj” -de

Quimilí-, y la Comisión Central Campesina “Tata Iaia Ashpacan” -de Tintina-, apoyadas

por la organización no gubernamental CENEPP, convocaron a realizar una asamblea con

presencia de todos los miembros de las organizaciones zonales. El lugar de reunión ele-

gido fue la Casa Diocesana en la ciudad de Santiago del Estero a dónde se hicieron pre-

sentes los miembros de las organizaciones zonales de Pinto, La Simona, Guasayán,

Tintina y Quimilí. Por otra parte la Central Campesina de Los Juríes, con el apoyo de los

técnicos del Programa Social Agropecuario, había convocado a una reunión de delega-

dos de las organizaciones zonales para elegir nuevas autoridades. El lugar de reunión

elegido fue la sede del PSA en la ciudad capital, hasta donde llegaron los representan-tes de distintas organizaciones campesinas. Ambos grupos funcionaron en forma parale-

la, a pocas cuadras de distancia. El pequeño grupo reunido en la sede del PSA sesionó

bajo la tutela de uno de los técnicos del programa, quien coordinaba la reunión. Para el

mediodía ya habían elegido nuevas autoridades y habían decidido continuar con la es-

tructura del MOCASE tal como funcionaba hasta ese momento. 73 Entrevista a miembro de una ONGDR, 26/03/2001.

106

El grupo reunido en la Casa Diocesana sesionó bajo la forma de una multitudinaria

asamblea constituida por campesinos/as miembros de Comisiones de Base y por miem-

bros del CENEPP. La primera decisión que tomó la asamblea fue eliminar el sistema de votación para tomar decisiones y proceder por consenso, es decir, continuar las

deliberaciones sobre cada tema hasta que hubiera acuerdo entre todos. Luego se decidió

que sus miembros trabajarían por un MOCASE “sin patrón y sin presidente, un mo-

vimiento solidario, participativo, que respete la participación de mujeres y jóvenes y que se organice por comisiones”74. Se decidió modificar la estructura y organización

del MOCASE funcionando a partir de ese momento como mesas o comisiones de traba-

jo75 centradas en los siguientes temas: a) tierra; b) producción y comercialización; c)

educación; d) agua y caminos; e) comunicación; f) organización y promoción; g) salud.

Las decisiones ya no pasarían por una comisión directiva sino que serían tomadas por

cada mesa de trabajo que se reuniría periódicamente. Las organizaciones zonales ten-

drían representantes en cada una de las mesas, y, para facilitar la participación, las mis-

mas sesionarían en distintas localidades en forma rotatoria, evitando la antigua centrali-

zación en la ciudad capital que facilitaba a algunos la asistencia pero perjudicaba a otros.

La sede del MOCASE también estaría sujeta a rotación; inicialmente se fijó en Quimilí ya

que allí funcionaba la Central Campesina que disponía de teléfono y ponía en el aire to-

dos los días un breve programa en la radio local, de forma que podría recibir mensajes y

circularlos a las otras organizaciones76.

La división del MOCASE fue silenciosa. Al día siguiente uno de los diarios de Santiago

del Estero daba cuenta de las nuevas autoridades del MOCASE haciéndose eco de la

reunión realizada en la sede del PSA.

“Con la ausencia de los delegados de Pinto, Quimilí y Tintina, el Mocase re-

novó su comisión directiva. La elección se realizó ayer con la participación de

siete delegados de las distintas organizaciones zonales” (Nuevo diario,

29/11/2001).

El otro diario, en cambio, reflejaba lo ocurrido en la Casa Diocesana.

74 Conclusiones de la Asamblea, 28 de noviembre del 2001. 75 Posteriormente fueron denominadas “Secretarías”. 76 Posteriormente se avanzó con la instalación de radios en distintas organizaciones zonales, lo cual facilitó un contacto fluído entre las mismas.

107

“Integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero mantenían

anoche una reunión que aún no había concluido al cierre de esta edición en la

Casa Diocesana con el objetivo de elegir las nuevas autoridades de conduc-

ción del movimiento (...) El delegado de prensa del movimiento informó que

la asamblea que se realizaba en ese momento era “para ver el funcionamien-

to de lo que se ha venido haciendo en los últimos años y ver qué es lo que se

tiene que ir cambiando”. También expresó: “El encuentro buscaba que nos

reuniéramos con la gente para darles participación y para actualizarlos un po-

co de los problemas e ir sacando conclusiones que luego van a ser una estra-

tegia de trabajo del movimiento”. No obstante, agregó: “En este momento el

Mocase está tratando de elegir sus autoridades, ése es uno de los temas que

estamos estudiando” (Diario El Liberal, 29/11/2001).

Ningún diario aclaraba que el MOCASE sesionaba en dos grupos; para el Nuevo Diario

los delegados reunidos en el local del PSA eran el MOCASE y el resto de los delegados

estaban “ausentes”. El Liberal no hace referencia a presencias ni ausencias, pero asume

a los reunidos en la Casa Diocesana como los integrantes del MOCASE. Hasta ahora

ambas organizaciones continúan denominándose MOCASE y los miembros y represen-

tantes de una y otra organización se presentan como miembros y representantes “del

MOCASE”, arrogándose la legitimidad de la representación de los campesinos de Santia-

go del Estero.

4. El MOCASE como movimiento social

Tal como ya se explicó, actualmente dos organizaciones reciben el mismo nombre: MO-

CASE. Al mismo tiempo se utiliza la misma denominación para referirse a la organización

campesina de Santiago del Estero como movimiento social, entendiendo por tal al conjun-

to de acciones sociales colectivas conflictivas orientadas al control de los recursos más

importantes de la sociedad y al control del proceso histórico de transformación de esa

sociedad (Touraine, 1997). Touraine identifica tres elementos que, cuando están articu-

lados, definen a un movimiento social: el principio de identidad, es decir el reconocimiento

en términos de una identidad común; el principio de oposición, a través de la definición de

adversarios; y el principio de totalidad, puesto de manifiesto en acciones orientadas

hacia la modificación del sistema de acción histórico77.

77 Este tema fue analizado en el capítulo 1.

108

El principio de identidad está presente en el MOCASE en una identidad campesina cons-

truida alrededor de la tierra como parte del ciclo de la vida.

“Nosotros estamos dispuestas a pelear como campesina por nuestra tierra

porque nuestros antepasados nos han dejado la tierra, y nosotros vamos a

pelear por la tierra (...) Aquí estamos firmes para pelear, para luchar por la tie-

rra, porque la tierra es de quien la trabaja y no de los que tienen más, de los

que trabajan porque la tierra nos da de comer a nosotros los campesinos

y la tierra cuando nosotros mueramos, la tierra nos comerá, así nosotros

le agradecemos a la tierra” (Marisa, miembro del MOCASE, septiembre del

2002)

El sentido que los miembros del MOCASE le otorgan a la tierra actúa como elemento

simbólico cohesionador del movimiento78. La tierra no es sólo un recurso productivo

como puede serlo para un productor agropecuario empresarial, la tierra es parte de la

vida y de la muerte de estas familias. La tierra “da de comer” y a su vez es “alimentada” a

la hora de la propia muerte.

El principio de oposición dentro del movimiento se pone de manifiesto en la construcción

del adversario. El terrateniente es el principal adversario especialmente cuando cuenta

con el apoyo de la policía, ya sea porque existe de por medio una acción judicial o bien

porque el terrateniente se hace acompañar por la policía para intimidar, previo pago a

éstos por sus servicios. La policía también es parte de ese adversario cuando se niega a

registrar denuncias que quieren realizar los/as campesinos/as para defenderse de los que

intentan usurpar sus tierras (FIAN, 2003).

“Pero cuando nosotros denunciamos capaz que nos dejan presos. Yo he es-

tado detenida sin saber por qué, dos días en la mugre, con mi bebé de once

meses” (Cristina, miembro del MOCASE, 200379 ).

Junto a terratenientes y policías se suman a los adversarios jueces y políticos, o, en tér-

minos más generales, el gobierno provincial.

78 Bidaseca (2000) encuentra un sentido similar otorgado a la tierra dentro del Movimiento de Mu-jeres Agropecuarias en Lucha. 79 Publicado en “Las/12”. Suplemento del diario Página 12, 27 junio 2003.

109

“Nosotros como campesinos estamos peleando, estamos luchando por nues-

tra tierra porque tenemos mucho atropello de la policía, de los jueces, de los

políticos, que nos vienen a desalojar. (...) Por eso la policía cree que ellos son

los únicos que tienen derecho, pero no, estamos firmes y no vamos a dejar

que nos desalojen, basta le decimos a los policías, a los jueces y a los políti-

cos que solamente se acuerdan cuando hay que darles los votos” (Marisa,

miembro del MOCASE, septiembre del 2002).

El principio de totalidad está presente en la preocupación de los miembros del MOCASE

por modificar el modo de acumulación y los principios ético-culturales que guían la activi-

dad agropecuaria, no limitado a las propias tierras sino al manejo de los recursos en ge-

neral.

“Se está matando la vida en el monte. Las empresas entran con sus topado-

ras y desmontan sin aprovechar nada, como la flora y la fauna. Prenden fuego

y aplican la siembra directa fumigando en los alrededores sin importarles na-

da (...). Hace años que venimos advirtiendo que las grandes empresas desfo-

restan indiscriminadamente; el gobierno mira para otro lado y no se dan cuen-

ta que esa deforestación está produciendo estos climas que seguirán provo-

cando inundaciones en las zonas más bajas. Se trata de negligencia política,

pero después se habla de catástrofe natural” (Miguel, miembro del MOCASE,

200380 ).

Un aspecto interesante de analizar para comprender la situación después de la división

del MOCASE es la vinculación entre el movimiento y las estructuras organizativas. La

organización es el mecanismo por el cual los individuos que forman el movimiento son

capaces de obtener recursos y de usar estratégicamente los mismos. Además, la organi-

zación es responsable de que la comunicación entre miembros del movimiento y con

otros grupos sea factible ya que ofrece los canales formales para que esta comunicación

ocurra de una manera estable a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es que la

organización asegura la continuidad de la movilización a través del tiempo al proporcionar

estructuras estables de participación de sus miembros.

80 Publicado en Revista Abrecaminos, año 1 N° 3, junio 2003.

110

El movimiento-Mocase está formado por las organizaciones-Mocase pero no sólo por

ellas. Al movimiento se suman artistas -especialmente músicos81-, profesionales, perio-

distas, funcionarios, diputados, investigadores/as, y un sinnúmero de actores que contri-

buyen desde su lugar de militancia y/o de trabajo a tomar parte en la lucha del movimien-

to y a trabajar para darle mayor visibilidad a nivel nacional e internacional.

Respecto a las organizaciones-Mocase, es interesante analizar las diferencias de ambas

a la luz de su posible efectividad para el sostenimiento del movimiento. Considerando la

tipología de organizaciones planteada por Bonamusa Miralles (1994) –burocráticas, cen-

tralizadas, descentralizadas-, y aunque éstos son tipos ideales y las organizaciones re-

ales pueden presentar algunas características mixtas, es posible afirmar que la organi-zación-Mocase tal como funcionó hasta el momento de la ruptura era una organiza-ción burocrática. Las organizaciones burocráticas, por su estructura, ayudan a asegurar

la participación efectiva de los miembros dentro del grupo pero tienen dificultades para

resolver los conflictos internos. Por ello no es sorprendente que la organización-Mocase

no haya podido resolver sus conflictos internos aunque no parecían tan graves, llegando

a la ruptura de la organización. Luego de la ruptura, la organización-Mocase que eli-gió autoridades en el local del PSA adoptó una estructura cercana al modelo cen-tralizado, funcionando alrededor de un conjunto de técnicos y dirigentes campesi-nos, aunque con ciertas características del modelo burocrático. En cambio la orga-nización-Mocase que sesionó en la Casa Diocesana adoptó una estructura clara-mente descentralizada.

Si bien cada movimiento y sus organizaciones deben ser analizados dentro de su contex-

to socio-político, existe cierto consenso en que las organizaciones centralizadas resuel-

ven con facilidad los conflictos internos pero se exponen a la cooptación de sus líderes;

mientras que las organizaciones descentralizadas tienen mayor efectividad para sostener

movimientos porque su estructura es altamente adaptable para implementar cambios

sociales al mismo tiempo que permiten experimentaciones tácticas a través de la diversi-

dad, y con la ventaja de que el peligro de cooptación es menor que en los otros tipos de

organizaciones (Bonamusa Miralles, 1994). En este sentido, la organización-Mocase que

sesionó en la Casa Diocesana parece encontrarse en mejores condiciones para darle

81 “No vengo a dar apoyo, soy parte de esta lucha. (…) Me siento parte y me hacen sentir parte”, afirmaba el músico Rally Barrionuevo durante el V Campamento Latinoamericano de Jóvenes realizado en Santiago del Estero en el 2005, donde participaron jóvenes de movimientos campesinos, de movimientos de desocupados urbanos y estudiantes de distintas regiones del país. Fuente: programa “Historias Prestadas”, emitido por canal 7 el 27/12/2005.

111

continuidad al movimiento-Mocase que la otra, especialmente teniendo en cuenta el con-

texto político provincial y su tendencia a la cooptación de líderes campesinos.

En este sentido, es interesante analizar los discursos que expusieron los líderes de una y

otra organización durante la Fiesta de Mailín en septiembre del 2002, es decir, un año

después de la ruptura. En la ciudad de Mailín, dentro de la provincia de Santiago del Es-

tero, se realiza todos los años una fiesta católica a la que asisten numerosos peregrinos

que llegan desde distintos lugares de la provincia, y es también motivo del regreso tem-

porario de muchos santiagueños que viven en otras provincias. La tradición marca que

los peregrinos, acercándose al altar, realicen sus pedidos al Señor de Mailín. Desde hace

muchos años las organizaciones campesinas que forman parte del MOCASE peregrinan

juntas hasta Mailín, y cada Comisión de Base realiza sus pedidos al Señor de Mailín a

través de un representante, que expresa ante la Iglesia y ante los peregrinos sus pedidos.

En una provincia donde la actividad política está limitada por un sistema de gobierno que

sólo respeta en sus formas y no en lo sustancial lo que llamaríamos una “democracia”82,

la Fiesta de Mailín se convierte en un escenario donde se ponen en juego discursos polí-

ticos bajo la tutela de la Iglesia, que abre un espacio de acción política al mismo tiempo

que lo recorta limitando qué es lo que se puede decir y de qué manera puede ser dicho.

Si bien las reglas que regulan la forma en que se realizan los “pedidos” no son tan estric-

tas como las que identifica Bloch (1975) en sociedades tradicionales, los aspectos forma-

les de estos discursos no pueden dejarse de lado ya que no son meros procedimientos.

Todos los “pedidos” realizados por los actores locales respetaron un formato, no así los

enunciados por representantes de movimientos de desocupados que habían llegado des-

de Buenos Aires. Mientras que estos últimos no diferían de un discurso político que po-

dría haberse pronunciado en una plaza o durante una manifestación, los “pedidos” efec-

tuados por los líderes campesinos respetaban una estructura formada por las siguientes

partes: saludos a los presentes; presentación de quien va a hablar y en representación de

qué organización habla; agradecimientos al Señor de Mailín; pedidos al Señor de Mailín;

despedida de los presentes.

82 En el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentado en el 2002 se toma como caso testigo a la provincia de Santiago del Estero en el capítulo “Sin justicia en las provincias”. El CELS señala que la falta de independencia del Poder Judicial se exterioriza en sentencias obedientes a los linea-mientos del partido gobernante y que los procedimientos más utilizados suelen ser la demora injustificada –e incluso la paralización- de los procesos iniciados contra la inconstitucionalidad de ciertas medidas adoptadas por el gobierno. También como consecuencia de esa falta de independencia se producen hechos de perse-cución política. En el 2004 la provincia fue intervenida por el Gobierno Nacional y a principios del 2005 los/as santiagueños/as pudieron elegir un nuevo gobernador.

112

El discursoii del presidente del MOCASE que había sido elegido en el local del PSA un

año antes estuvo formado por un saludo a los presentes y una despedida muy breve. En

la presentación de quien va a hablar y en representación de qué organización, dice su

nombre, la zona y afirma “del MOCASE”, sin hacer referencia a que es el presidente, ni

tampoco a que existe más de un MOCASE; al mismo tiempo reivindica su antigüedad

dentro del movimiento al afirmar que “también hay compañeros de otras zonas, pero para

nosotros es la decimoquinta peregrinación”. Cabe aclarar que la antigüedad dentro de la

peregrinación así como la ubicación en que se llega a Mailín, ya sea encabezando la pe-

regrinación o llegando en segundo término o al final, son factores de negociación y con-

flictos entre las organizaciones todos los años. Este líder agradece al Señor de Mailín

“por la gente que tiene salud, por la gente que tiene trabajo, y por la gente que todos los

días está haciendo obras de bien”. Al mismo tiempo, le pide al Señor de Mailín “para que

haya paz en nuestro país” y “para que no haya más piquetes, para que no haya más cor-

tes de ruta, para que no haya más movilización”. Mientras tanto, entre los que esperan su

turno para subir al escenario-altar, están los líderes de movimientos de desocupados y

organizaciones piqueteras de Buenos Aires que habían concurrido a la peregrinación por

primera vez, invitados por la otra organización-Mocase. La asociación entre falta de paz

en el país y acciones de lucha de los desocupados (piquetes, cortes de ruta, movilizacio-

nes) es evidente dentro del discurso de este líder. Los últimos pedidos son “que haya

créditos o subsidios para los campesinos”, mensaje dirigido a los representantes guber-

namentales presentes, y “que pueda ganar alguien (en las elecciones provinciales que

tendrían lugar al día siguiente) que mire hacia los pobres”, apoyando a uno de los candi-

datos políticos.

Este líder fue el único que habló de toda la organización-Mocase/PSA83, operando su

discurso como la única “palabra autorizada”; mientras que la organización-Mocase/Casa

Diocesana se hizo presente con tantos líderes como organizaciones zonales lo compo-

nen, poniendo de manifiesto la descentralización del poder que intentan llevar adelante.

Se analizan a continuación sólo dos discursos por razones de espacio.

En el discurso del representante de la organización zonal de Pinto está ausente la parte

de los agradecimientos, parece que no hay mucho para agradecer pero sí mucho para

denunciar: “(...) los campesinos han sufrido grandes atropellos por parte de la policía y de

grandes terratenientes que vienen a hacerse dueños de las tierras, (...) grandes señores

vienen y nos quitan animales, nos encierran y nos matan los animales; la policía los

83 Para diferenciar a las organizaciones se utilizó el nombre con el cual se autodenominan seguido del lugar donde se realizaron las asambleas de renovación de autoridades que marcó la ruptura del MOCASE original.

113

acompaña a que nos roben los animales y cuando vamos a hacer la denuncia somos los

campesinos los que quedamos detenidos”. La Fiesta de Mailín se convierte en un espacio

de denuncia en una provincia donde esos espacios casi no existen. El pedido que realiza

este líder se resume en “trabajo y justicia”, al mismo tiempo que alienta a sus compañe-

ros a “no bajar los brazos” dentro de un discurso de lucha.

Marisa, representante de otra organización zonal que forma parte del MOCASE / Casa

Diocesana, le agradece al Señor de Mailín “la fuerza que nos da”, y este agradecimiento

le da pie para presentar la lucha que están llevando adelante y las injusticias a la que son

sometidos por la policía: “Nosotros como campesinos estamos peleando, estamos lu-

chando por nuestra tierra porque tenemos mucho atropello de la policía, de los jueces, de

los políticos, que nos vienen a desalojar (...), estarán sabiendo los que están presentes la

clase de policía, de gobierno que tenemos, no les importa si es anciano o si es un niño, lo

meten igual (a la cárcel), lo pegan, lo mismo que pegar a un animal; pero estamos dis-

puesta a pelear para que esto cambiemos”.

Esta líder respetó al inicio la forma de organización del discurso pero luego no queda

claro cuáles son los pedidos al Señor de Mailín, sigue con la denuncia, incluye el testi-

monio de un anciano que había sido detenido por la policía y cierra el discurso con una

referencia al Che Guevara “y hasta la victoria siempre, decía el che Guevara”. Esta forma

de finalizar el discurso le valió una fuerte crítica por parte del representante de la Iglesia

Católica al día siguiente durante el cierre de la fiesta, ya que interpretó las frases de Ma-

risa como un intento de poner al Che por encima de Jesucristo. En cambio aceptó tácita-

mente las durísimas críticas que hizo Marisa a la policía, jueces y políticos.

5. La historia continúa

Si bien la investigación se centró en la trayectoria del MOCASE desde sus inicios hasta el

año 2001, se hará una breve referencia a lo ocurrido en años posteriores. El Moca-

se/PSA84 mantiene su estructura centralizada-burocrática y renovó sus autoridades re-

cientemente sin modificar la forma de funcionamiento. La estructura de esta organización

y su forma de liderazgo la hace más visible y susceptible de ser convocado por las ins-

tancias estatales y el sistema político local, por ejemplo para trabajar sobre la ley de

desmonte y para la selección de postulantes a jueces de Paz aunque en ambos casos se

84 Se mantiene esta denominación a falta de una mejor. No implica que exista una vinculación permanente con el PSA de parte de esta organización.

114

mostraron disconformes con los resultados. En días previos a la elección para goberna-

dor planeaban realizar una reunión con los candidatos para presentarles un proyecto de

desarrollo rural, tal como habían hecho con el interventor federal. Esta organización se

afilió a la Federación Agraria Argentina y ha recibido su apoyo para difundir los problemas

que continúan teniendo con la tierra y las agresiones que sufren85.

La organización Mocase/Casa Diocesana comienza a autodenominarse recientemente

Mocase – Vía Campesina, por lo cual se utilizará esta denominación. Estaba formada en

el 2005 por nueve centrales campesinas que reunían aproximadamente a 9000 campesi-

nos/as86. Con ayuda financiera y capacitación de la FM La Tribu instalaron y mantienen

en funcionamiento la FM del Monte (88.7 mhz), inaugurada el 17 de abril del 200387 en

Quimilí. Posteriormente se puso en marcha otra FM -en Tintina-, y se instalarán tres más

en otras centrales campesinas. La Cooperativa Ashca Cayku adquirió un nuevo camión

para transporte de productos agropecuarios con financiación de la Unión Europea, y un

vehículo con doble tracción con subsidio de una organización no gubernamental de Ita-

lia88. A través del CENEPP, el Mocase – Vía Campesina se vinculó con organizaciones

no gubernamentales catalanas: SETEM, Vetermon, Educadores sin Fronteras, Abogados

sin Fronteras, Manos Unidas, Juristas sin Fronteras y la Escuela Superior de Cine de

Catalunya. A través de la cooperación internacional se instalaron paneles fotovoltaicos

para dar electricidad a varias escuelas, iglesias, carpintería y otros espacios compartidos

por las familias campesinas en diversos parajes. La energía solar también se utilizó para

instalar alambrados eléctricos para mejorar el manejo del monte y la ganadería caprina.

En Quimilí se construyó el espacio físico donde funcionará la Universidad Campesina, un

ambicioso proyecto de capacitación que cuenta con apoyo internacional. También con

apoyo técnico y financiero externo se comenzó a trabajar en la regularización dominial de

85 “Un niño de 5 años murió en Santiago del Estero, asesinado por el guardia privado de una finca que dispa-ró contra él y su tío cuando éstos transitaban por un camino rural apropiado por la empresa agrícola. Ha sido el clímax de la represión ejercida contra los campesinos, a cargo de empresarios que usurpan tierras con la venia del gobierno, sus jueces y policías (…). El crimen se conoció en la reunión de la Mesa de Tierras, en la que participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), afiliado a Federación Agraria (…). En este marco, la dirigencia federada en el NOA inició una gira por localidades de Santiago del Estero, con el propósito de tomar contacto directo con productores y militantes del Mocase, y continuar la defensa de esa organización campesina afiliada a FAA que sigue padeciendo hostilidades judiciales y policiales en su lucha por el derecho a la tierra”. Fuente: periódico La Tierra, marzo 2006; http://www.faa.com.ar

86 Expresado por doña Mirta, miembro de la Cooperativa de Quimilí, entrevistada por el programa “Historias Prestadas” (emitido por canal 7 el 27/12/2005). La revista “En Marcha” nº 33 daba la misma información en octubre del 2003 (http://webs.advance.com.ar/enmarcha/revistas/revi33) 87 El 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en conmemoración de 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil que fueron asesinados en Eldorado do Carajás ese día, en 1996. 88 Los vehículos tanto para transporte de personas como de productos y mercaderías constituyen un recurso estratégico en una región con grandes distancias a recorrer, caminos de tierra casi intransitables, y escasez de transporte público.

115

las tierras, pero todavía falta mucho para resolver el problema de tenencia, aunque el

accionar del Mocase- Vía Campesina se evalúa positivamente dentro de la lucha por la

tierra.

“Hace 25 años que tenemos problemas de tierra y sigue sin solución (pero)

desde que estamos en la organización no se han perdido tierras, cuando

hubo desalojos volvimos en dos o tres días (…); en estos años logramos que

no haya desalojos, y si los hubo, volvimos” (Pablo A., de Lote 4, entrevistado

por periodistas de Canal 7, emitido en “Historias Prestadas89” el 27/12/2005)

Esto no significa que la lucha ha terminado; continúa, y en forma cada vez más violenta

por parte del personal de seguridad que las empresas contratan, verdaderos grupos pa-

rapoliciales.

Con su estructura descentralizada y sus líderes de acción, el Mocase-Vía Campesina

estableció vínculos con otras organizaciones campesinas del país, y tiene representantes

en instancias de organización de pequeños productores agropecuarios de nivel nacional

como la Mesa Nacional de Productores Familiares. También extendió su accionar desde

el nivel nacional hacia el espacio latinoamericano con la inserción en la Coordinadora

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC90) y a nivel internacional con la

participación en la Vía Campesina91. Por otra parte sus vínculos se han extendido a orga-

nizaciones no campesinas, especialmente a los movimientos de desocupados. En sep-

tiembre del 2002, representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)

fueron invitados a participar de la Fiesta de Mailín, tal como se citó anteriormente. Un

mes después, campesinos/as que forman parte del Mocase-Vía campesina llegaban a la

Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires marchando con miembros de la Coordina-

dora de Trabajadores Desocupados “Anibal Verón”, donde fueron recibidos por las Ma-

dres de Plaza de Mayo.

89 [email protected] 90 La CLOC está formada por organizaciones rurales de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Repúbli-ca Dominicana. Entre las numerosas actividades que desarrolla, en enero del 2003 coordinó la Primera Asamblea Mundial Campesina. Para más información ver http://www.social-movements.org/en/node/view/317 91 La Vía Campesina es un movimiento internacional que se originó en 1992, y que coordina orga-nizaciones campesinas de pequeños y medianos agricultores, trabajadores agrícolas, mujeres rurales y comunidades indígenas de Asia, África, América y Europa. Para más información consul-tar http://www.viacampesina.org

116

Podemos deducir que las dos organizaciones-Mocase encontraron distintos espacios de

acción: en el caso del Mocase/PSA, el nivel local, con estrecha vinculación al Estado Na-

cional a través de programas de desarrollo, y al sistema político provincial. En el caso

del Mocase-Vía campesina, el accionar está enfocado al nivel nacional articulando accio-

nes con movimientos de desocupados, y al nivel internacional con otros movimientos

campesinos. Esta diferenciación de espacios facilitó que hasta mediados del 2004 ningu-

na de las dos organizaciones reconociera públicamente la existencia de la otra y cada

una operara en su espacio como si fuera el único Movimiento Campesino de Santiago del

Estero. En el 2005, a partir del recrudecimiento de los ataques policiales comenzaron a

hacer algunas presentaciones conjuntas. En el 2006 Federación Agraria acompañó a los

dirigentes del Mocase/PSA como se describió anteriormente, y el Mocase-Vía Campesina

continuó sus denuncias apoyado por organismos de Derechos Humanos como el CELS,

las Defensorías Populares Autónomas y otros. Hay un reconocimiento público de la divi-

sión, y se empieza a hablar dentro y fuera de la provincia de Santiago del Estero de “los

dos MOCASES”.

El MOCASE como movimiento es sostenido actualmente por la organización Mocase-Vía

Campesina, que sigue apostando a una estrategia de lucha y de alianzas con otras orga-

nizaciones y movimientos enrolados en la misma línea, como los movimientos piqueteros

de Argentina, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, movimientos de derechos huma-

nos en Argentina y en Europa, y otros. Mientras que Touraine (1987) dentro del proceso

histórico que denominó “de transformación social”, imaginaba la participación del campe-

sinado latinoamericano en un movimiento de modernización nacional popular dirigido por

una coalición de la clase media, del sindicalismo obrero y del Estado, la Argentina del

nuevo milenio nos muestra un movimiento campesino aliado a los desocupados ur-banos.

117

CAPITULO 4 ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN ARROYO SALADO

El paraje Arroyo Salado92 se encuentra a 63 kilómetros de Quimilí, ciudad cabecera del

Departamento Moreno93 de la provincia de Santiago del Estero. La distancia física se ve

acrecentada por el mal estado del camino, por lo cual Arroyo Salado queda mucho más

lejos de lo que uno podría imaginar. Sin embargo, si la distinción entre cerca y lejos sirve

ante todo para designar el campo de la acción de nuestros actos (Heller, 1998), las fami-

lias campesinas de Arroyo Salado están mucho más cerca que hace una década.

En el paraje viven 25 familias campesinas, de la cuales 20 forman parte de la Comisión

de Base de Arroyo Salado. Esta organización se constituyó en 1989, y forma parte del

Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), más específicamente, de la

organización Mocase – Vía Campesina a la que se hizo referencia en el capítulo anterior.

Algunas familias, al mismo tiempo, son miembros de la Cooperativa Agropecuaria “Ashca

Cayku” de Quimilí.

La organización campesina en el paraje Arroyo Salado fue abordada en esta investiga-

ción desde la perspectiva de los sistemas complejos. Este enfoque se caracteriza por la

reconstrucción de las relaciones que se producen dentro de una organización entre iden-

tidades diversas, entendiendo por “identidad” al sistema de relaciones que forman parte

de un todo de complejidad mayor, que a su vez tiene su propia identidad. Las identidades

son sistemas abiertos que se van modificando y reestructurando en permanente relación

con su contexto; pero al mismo tiempo presentan cierta permanencia que puede ser ex-

plicada por la existencia de algún orden que hace posible dicha estabilidad (Saltalamac-

chia, 2005a).

En base a lo anterior, el proceso organizativo de las familias campesinas de Arroyo Sala-

do se presenta en este capítulo en función de identidades vinculadas a una temporalidad,

es decir, a las diferentes identidades observadas en ese conjunto de familias dentro del

período estudiado, vinculándolas a un período de tiempo, pero sin aplicar el concepto de 92 Nombre de fantasía para identificar a un paraje de existencia real. 93 Coordenadas geográficas del departamento: 26°47´ - 27°48´LS; 61°31´- 63°15´LW. Clima semiárido subcá-lido suave a moderado, lluvias entre 500 y 750 mm anuales; suelos pardo forestales más suelos de pradera en el este; suelos pardo forestales más suelos salinos al oeste. Ubicada en la subregión del Chaco Semiárido dentro del Gran Chaco Argentino.

118

“etapas”, ya que el análisis no intenta caracterizar períodos de tiempo a través de una

sumatoria de sucesos y características, sino comprender las identidades que la organiza-

ción campesina en Arroyo Salado fue adquiriendo, y los factores endógenos y exógenos

que promovieron las modificaciones a través del tiempo. Se identificaron cuatro fases o

identidades diferentes de la comunidad de Arroyo Salado durante el período analizado,

que se prsentan a continuación.

1. Trabajo rural y migración temporaria: “Trabajar para otros”

Durante la década del 70 y principios de los 80 la vida cotidiana de las familias de Arroyo

Salado transcurría durante gran parte del año en la provincia de Chaco donde cosecha-

ban algodón. De allí regresaban con “mercadería”. Se usa este término para hacer refe-

rencia a alimentos que no pueden producirse dentro de la unidad doméstica, siendo los

más habituales azúcar, harina, aceite y yerba mate. La ausencia de la familia durante un

período de seis meses aproximadamente –de enero a mayo o junio– deterioraba las con-

diciones de producción de la unidad doméstica, ya que resultaba casi imposible criar

animales –salvo que se los dejara al cuidado de algún familiar o vecino– y limitaba el

tiempo disponible para la cultivos que formaban parte de la alimentación de las familias.

Al mismo tiempo se deterioraba la vivienda –construida de madera y barro–, y reconstruir-

la llevaba un esfuerzo que consumía gran parte del trabajo familiar. Cuando lograban

estabilizar la producción y mejorar las condiciones de la vivienda ya no disponían de mer-

cadería, y se abría un nuevo ciclo de migración.

“Entonces nosotros salíamos a cosechar, antes que yo me había casado con

mi marido salía a cosechar junto con mis padres y a veces nos hacían cose-

char, estábamos seis meses y no nos pagaban. Lo único que salíamos te-

niendo era un poco de azúcar y un poco de harina, después nada más. Y la

casa que dejábamos hasta los seis meses la casa ya caía, los animalitos ya

no vivían, así que teníamos que volver a hacer de nuevo la casa, y cuando

nosotros terminábamos de armar la casa se terminaba la mercadería y como

tenía yo muchos hermanos chiquitos, tenía que ayudarle a mi padre a traba-

jar” (Marisa, 40 años, 7 hijos).

A diferencia de familias campesinas que residían más al norte de Santiago del Estero que

combinaban la cosecha de algodón en Chaco con la cosecha de caña de azúcar en Tu-

cumán y tareas forestales en su lugar de residencia en los meses restantes (Bilbao,

119

1968-1971), el circuito de trabajo de las familias de Arroyo Salado se limitaba a la cose-

cha de algodón en Chaco durante cinco o seis meses, y actividades agropecuarias de

subsistencia en el lugar de residencia durante el resto del año.

Las mujeres recuerdan la migración temporaria de la familia completa a cosechar algodón

como particularmente difícil por las pérdidas materiales en relación a la vivienda, pero

mucho más por lo que significaba en relación al cuidado de los hijos. Los niños eran in-

corporados a las tareas de cosecha desde muy pequeños –3 ó 4 años–. Aunque no re-

presentaran un aporte importante en cuanto a su capacidad de trabajo, era una forma de

“capacitarlos” para el trabajo, de participar en la vida familiar, y también una forma de

cuidado y contención de los niños que de esta forma no se alejaban de los padres. La

situación de los bebés es recordada por las mujeres como más traumática ya que debían

dejarlos en algún lugar mientras trabajaban, lejos de su supervisión. Aunque en Arroyo

Salado no había escuela, las mujeres recuerdan la cosecha de algodón como el obstácu-

lo para la educación de sus hijos.

“Salir a cosechar significaba dejar nuestra casa, no poder mandar a los chicos

a la escuela porque nos quedaba lejos y porque los chicos también trabaja-

ban en la cosecha. Cuando volvíamos nos encontrábamos con las paredes de

la casa caídas porque venían los animales y las volteaban; había que hacer-

las de vuelta. Arreglabas tu casa, estabas un tiempo y había que volver a co-

sechar. Y todo de nuevo: abandonar nuestras casas y llevar a los chicos. Por

ejemplo, teníamos que llevarla a la bebita de ella y dejarla entre unos leños

mientras trabajábamos” (María, 42 años).

Otro aspecto que se recuerda de esa época era la situación de “tener patrón”, de “trabajar

para otros”. Trabajar para otros es relacionado por los entrevistados con ser pobres, me-

jor dicho, con ser más pobres. Esa pobreza creciente tiene como contrapartida otro pro-

ceso, el de “los otros”, que se hacen ricos. El trabajo para otros es, por lo tanto, no el ori-

gen de la pobreza, pero si la causa de una pobreza creciente.

“Nosotros antes trabajábamos para otros, para los grandes empresarios, para

que ellos se hagan ricos y nosotros cada vez más pobres” (Marisa).

120

Un testimonio referido a la misma época refleja otro aspecto de esa relación desigual.

“Cuando teníamos patrón, si uno se encontraba medio enfermo, hasta que no

caía en cama tenía que ir a trabajar. En cambio ahora si uno se siente muy

mal se queda tranquilo en su casa, en la sombra. Ya no es mandada por na-

die sino que hace al gusto de uno” (María).

Mientras que la dicotomía “ricos-pobres” mediada por el vínculo “trabajar para otros” pue-

de remitir a una relación mercantil del trabajo, a una relación de explotación, el vínculo

“tener patrón” echa otro tipo de luz a la relación. Tener “patrón” implica “ser mandado por

otro”; ya no se trata sólo de trabajo, por lo menos de trabajo visto como relación mercan-

til, sino de relaciones personales, donde alguien está en condiciones de mandar a otro,

de ejercer cierto poder sobre esa persona. El primer testimonio corresponde a una diri-

gente de la organización campesina local, el segundo a una mujer miembro de la misma

organización. Es posible que una y otra realicen diferentes lecturas de la misma realidad

en relación con su posición dentro de la Comisión, ya que la dirigencia facilita la asisten-

cia a reuniones, talleres y jornadas de formación –apoyadas por el CENEPP–, donde se

accede a otros discursos, otras interpretaciones. En este caso es posible que la dirigente

se haya apropiado de esta interpretación, revisando y reconfigurando la forma en que ella

explica su propia realidad.

“Todos éramos algodoneros y a las chivas nadie las tenía en cuenta, las des-

cuidábamos. Después llegaron las máquinas y los que sembraban el algodón

ya no ocuparon al cosechero. Recién ahí reaccionamos y nos dimos cuenta

que teníamos que volver a lo de antes, a 30 años atrás, cuando la gente vivía

criando animales y sembrando para autoconsumo” (Luis, 45 años).

Estas familias se percibían a sí mismos como “algodoneros” o “cosecheros”, trabajadores

más que campesinos. La pérdida de ese trabajo los lleva a revalorizar la producción de-

ntro de la unidad doméstica, a poner la mirada en “lo de antes”, en relación con su pasa-

do campesino. Cabe aclarar que, desde su inserción en la estructura agraria, en ningún

momento dejaron de ser campesinos. Sin embargo su propia percepción estaba más cer-

cana al trabajador, aunque se mantenía en tensión esto de trabajar para otro como algo

que empobrece. Este es el recuerdo de Luis, que trabajaba como tractorista:

121

“Me acuerdo que antes sabía trabajar de tractorista. Después de pagarme lo

que comía sacaba 15 pesos por 15 días de trabajo de doce horas cada uno

(...) Yo recuerdo que (...) mi papá me decía: ¿De qué te sirve salir a trabajar

para otro toda la vida si nunca tenés nada, si trabajás doce horas por día y se

lo come el rico nada más? Más vale hacete un rancho por ahí, criá dos o tres

chivas y habrá días que no vas a comer, pero no vas a trabajar para nadie”

(Luis).

La situación de este hombre que, a diferencia de los testimonios anteriores, realizaba un

trabajo más calificado, es similar a la de los cosecheros: muchas horas de trabajo a cam-

bio de un ingreso magro, aunque en este caso el pago se realizaba en dinero y no en

“mercadería”. En la voz del padre trabajar para otro aparece como algo descalifica-dor. Ya no se trata sólo del escaso ingreso monetario –o su equivalente en especies–

sino del tipo de actividad en sí. El padre es consciente que dejar de trabajar para otro

puede significar para su hijo “no comer algunos días”, pero prefiere esto.

2. Nuevas formas de migración y trabajo en la unidad doméstica: “Hemos quedado en esta tierra”

La incorporación de cosecha mecánica al cultivo de algodón en la provincia de Chaco

redujo la demanda de mano de obra migrante, con lo cual el trabajo estacional para las

familias de Arroyo Salado, su fuente de “mercadería”, había finalizado. Algunas familias

abandonaron sus tierras y migraron a Buenos Aires en busca de trabajo; otras permane-

cieron en el paraje ante el desafío de encontrar alternativas para su subsistencia. Se abre

una nueva forma de migración; ya no se desplaza la familia completa sino los miembros

más jóvenes que se instalan y buscan trabajo en otras zonas y envían remesas de dinero

al resto de la familia que permanece en el predio. Pero en Arroyo Salado no había escue-

la, por lo cual la mayoría de los jóvenes migraban en una situación educativa que no les

permitía acceder ni a los puestos de menor calificación en las ciudades.

“Y así ha sido hasta que un año, mi tío que es don Juan, el dice, no podía se-

guir viviendo así porque los chicos se criaban y se iban, y no sabían leer, no

sabían escribir (...). Entonces cuando hemos hecho la escuela hemos hecho

de paja y barro, y nos faltaban para el techo porque cuando llovía goteaba en

la escuela y se mojaban todos los libros de las criaturas” (Marisa).

122

La construcción de la escuela fue un intento de retener a los jóvenes en el paraje, o bien

que, si tenían que migrar, lo hicieran en mejores condiciones educativas. La escuela fue

construida por las familias de Arroyo Salado utilizando recursos locales: troncos, paja y

barro, en un tipo de construcción similar a la que realizan para las viviendas94. Pero tení-

an un problema: el techo dejaba pasar la lluvia, y para resolverlo intentaron conseguir un

recurso diferente: chapas.

“Entonces nosotros hemos, bueno, el que teníamos ahí que coordinaba cuan-

do construíamos la escuela, nos dice que vamos a tener que pedirle al inten-

dente de Pozo Quemado chapa para la escuela porque no se podía estar

cuando llovía porque goteaba. Entonces él se va, como estábamos en tiempo

de política, se va y le pide las chapas al intendente y el le dice que sí, que él

le va a dar las chapas pero que le tenía que juntar gente para que le dé el vo-

to. Bueno, le dice él, sí, te voy a juntar la gente pero vos llevame las chapas.

Y se han quedado ellos de acuerdo qué día iban a ir a Arroyo Salado para

que se junte el intendente ahí con la gente a conversar, a decirle pa’ que le dé

el voto. Y ahí llegaba el intendente con las chapas y todo eso, y bueno, toda

la gente reunida esperándole a él, como diciendo que llevaba un poco de

mercadería, pero no era para toda la vida, porque él te daba para hoy, hoy te-

nías pan y mañana no tenías” (Marisa).

La idea surge de quien “coordinaba” la construcción de la escuela, un hombre de la co-

munidad que tenía acceso al intendente. Según esta persona, la solución para el techo

de la escuela era colocar chapas, un material que, a diferencia de la madera y el barro

con que se había construido la escuela, no estaba disponible dentro de la comunidad, por

lo cual debían recurrir a alguien “de afuera” para obtenerlo. La propuesta era pedirle cha-

pas al intendente, acción justificada porque estaban en “tiempo de política”. Como seña-

lan Palmeira y Heredia (1997), la expresión “tiempo de política” se usa para designar el

período electoral, pero implica mucho más que estar cerca de las elecciones. El tiempo

de la política se pone de manifiesto con la ruptura del cotidiano y de las reglas que lo or-

ganizan, aunque más que la suspensión del cotidiano lo que se produce en ese período

es la creación de otro cotidiano dentro del cotidiano, que no lo elimina, pero que interfiere

profundamente en su manera de operar, en sus reglas. Durante el tiempo de política el

94 Las viviendas están formadas por dos o más habitaciones y una galería; las paredes son de “palo a pique” (Tasso, 1981), revocadas con barro. El techo se construye con tirantes de madera recubiertos por adobe. La cocina es una habitación separada ubicada cerca de la galería, con paredes de palo a pique pero sin revocar para que se ventile y no se acumule humo. El baño se construye alejado de la vivienda, sobre una excava-ción que funciona como pozo ciego.

123

elector se siente estimulado a hacer ciertos pedidos al político que en la vida cotidiana

serían considerados humillantes. En el caso analizado el pedido se realiza al intendente,

pero no en su calidad de funcionario sino por ser candidato de una facción, por ser “un

político”. No se trata de un intendente cumpliendo con sus obligaciones de funcionario

público, dotando a una escuela de su distrito de las comodidades básicas para que pueda

funcionar; se trata de un político haciendo “favores”, aunque esos “favores” eran financia-

dos con fondos públicos. El pedido no lo realiza personalmente cada una de las familias,

sino que hay un intermediario que habla con el intendente, alguien que transmite la res-

puesta del intendente: entregará las chapas siempre que “le junte gente para que le dé el

voto”.

Como señala Palmeira (1996), la facción fuera del tiempo de la política se resume a los

jefes políticos y a unos pocos seguidores, por ello la disputa electoral es una disputa por

incorporar el mayor número posible de personas, el mayor número de apoyos a cada

facción, “juntar gente”. El tiempo de política representa el momento en que las facciones

son identificadas y, por así decir, existen plenamente, en conflicto abierto. En Santiago

del Estero una de las formas de manifestación de la fuerza de una facción es que el can-

didato sea recibido por la mayor parte de la población de un paraje. Mientras que en

áreas urbanas los mediadores o “punteros” movilizan gente hacia los actos públicos que

los candidatos realizan en plazas o centros deportivos (Auyero, 2001), en el área rural el

candidato se moviliza hacia el paraje, marcando de esa manera “su” territorio, identifican-

do a “su gente”.

De acuerdo a Scotto (1996), una condición fundamental para que se vote a un candidato

es el hecho de que sea reconocido personalmente. Uno de los objetivos de las campañas

de calle95 es producir el reconocimiento del candidato a partir del contacto directo con los

electores. La llegada del intendente a Arroyo Salado era una ocasión para ese “recono-

cimiento”, entendiendo el reconocimiento como la identificación concreta de una persona

-el intendente, a quien las familias no conocían personalmente- y la idea de reconoci-

miento de alguien como algo bueno, una forma de legitimar al intendente como candida-

to. En este contexto el voto tiene un significado de adhesión más que de elección individual, y recibir a un candidato en un paraje pesa como una declaración pública anticipada del voto.

95 Campanha da rua en el original, mi traducción.

124

Las familias de Arroyo Salado ven como algo “natural” adherir con su voto al candidato

que les entrega chapas y mercadería. Esta relación es percibida como una forma de in-tercambio ampliado, como parte de una red de reciprocidades habitual dentro del paraje

que se amplía para obtener recursos de “afuera”, y que, por lo tanto, también requiere de

otro tipo de recurso a cambio –en este caso, adherir con el voto–. En la vida cotidiana las

familias intercambian diversos bienes que confirman lazos preexistentes o que crean

nuevas relaciones sociales. Estos intercambios suponen una reciprocidad según la cual

los que dan también reciben; son relaciones entre iguales. Pero cuando la ayuda es de

una persona de fuera de la comunidad, de alguien que no es un igual, se genera un tipo

diferente de “deuda”. Aunque el voto es una oportunidad de retribuir una ayuda, no permi-

te el establecimiento de una relación entre iguales, porque en la medida en que el candi-

dato político sea electo, aumenta su poder, lo que significa aumentar la desigualdad entre

los que pueden dar y los que pueden recibir (Heredia, 1996).

Se denomina “alianza diádica” al acuerdo voluntario entre dos individuos para intercam-

biar favores y ayudarse mutuamente en tiempos de necesidad (Landé, 1977). La alianza

puede establecerse entre individuos de igual status socioeconómico –alianzas horizonta-

les– o entre individuos de status diferentes –alianzas verticales–. La alianza diádica impli-

ca intercambio de favores, entendiendo por “favor” a algo recibido en términos más ven-

tajosos que los que se podría obtener en el mercado, o bien, que no podría ser obtenido

en el mercado. Los favores son valiosos en sí mismos, pero al mismo tiempo el inter-cambio de favores sirve para mantener la alianza. En el caso analizado se observa

una alianza vertical, ya que el status del intendente es diferente al de las familias de Arro-

yo Salado. La situación tal como es descripta muestra en primer plano un favor: la entre-

ga de chapas para el techo de la escuela. En un primer momento este favor parece movi-

lizar la alianza, sin embargo hay un interrogante: ¿por qué usar chapas para resolver las

goteras del techo de la escuela? Las viviendas, igual que la escuela, están construidas

con madera y barro. Para evitar que los techos dejen pasar el agua durante las lluvias se

cubren con tierra donde se siembra una planta llamada simbol. El sistema, usado desde

generaciones anteriores, fue una buena respuesta para las viviendas: ¿por qué no para la

escuela?

Dicho de otra forma, tal vez las chapas no eran tan necesarias como se plantea, lo real-

mente necesario era el otro favor, el que aparece en segundo plano: la mercadería; esa

mercadería que antes las familias conseguían a cambio de trabajo en la cosecha de al-

godón y que ahora no encuentran otra forma de obtenerla. Son productos que podrían

comprar en el mercado, pero para ello deberían tener dinero, algo muy difícil de obtener

125

dentro de una economía de subsistencia y en un paraje donde las distancias a recorrer –

para vender, para comprar, para trabajar “para otros”– son grandes. ¿Por qué no se rela-

ta en primer término este favor? ¿Por qué aparece en segundo plano? Probablemente

porque pedir mercadería es humillante aún en tiempos de política. De alguna manera

implica mostrarse en una situación de indigencia ante los ojos de la comunidad -no olvi-

demos que la presencia del político en el paraje es un acto público-. ¿Cómo queda el

honor de esos hombres y mujeres campesinos cuando se hace evidente ante la comuni-

dad que no logran obtener el sustento para sus familias?

El vínculo con el patrón que los contrataba para cosechar algodón era visto como una

relación permanente ya que año tras año las familias volvían a ser contratadas por el

mismo patrón. Esta relación recién se rompe ante un cambio tecnológico importante co-

mo fue el reemplazo de mano de obra por máquinas para cosechar algodón. La relación

con el político –este otro patrón que les suministra mercadería–, no es percibida como

permanente; significa que “hoy tenías pan y mañana no tenías”, y esa es la mayor dificul-

tad que encuentran para aceptar una relación de este tipo. A diferencia de la acción de

las redes políticas que analiza Auyero (2001) en la provincia de Buenos Aires, donde los

mediadores hacen favores durante todo el año y mantienen la red clientelar aún fuera del

tiempo de política, en el caso analizado el favor se realiza sólo en tiempo de política. Es

cierto que si el candidato a quien apoyan con su voto es electo pueden esperar nuevos

favores, pero es posible que no vuelvan a recibirlos hasta el próximo período preeleccio-

nario.

Se pueden diferenciar tres tipos de intercambios: los favores destinados a mantener la

alianza, los favores intercambiados por su propio fin, y la ayuda en tiempos de necesidad

que implica una garantía futura, una especie de seguro (Landé, 1977). En el caso anali-zado la entrega de chapas funciona como un favor para mantener –en este caso iniciar– la alianza; la mercadería es el favor intercambiado por su propio fin, y lo que se percibe ausente es la ayuda en tiempos de necesidad: las familias sienten que este “patrón” hace un favor hoy pero no garantiza ayuda futura.

“Y entonces, en eso llegaron en dos camionetas llevando las chapas, y ha lle-

gado Santo, que yo siempre cuando estamos conversando con mi marido, así

cuando se juntamos los domingos, le digo este Santo ha venido del cielo por-

que Dios nos ha mandado viendo como andábamos peregrinando (...) Enton-

ces cuando hemos conocido a Santo, el conversa con el presidente de la es-

cuela y le dice que el quería tener una reunión con él; nosotros pensábamos

126

que el también era político (...) y don Juan le dice sí, yo voy a ir, pero no sé

cómo porque de donde nosotros vivimos no teníamos en qué salir, a veces

salíamos caminando o en lomo de burro. Bueno, don Juan se va caminando

hacia Quimilí para juntarse con Santo y han empezado a conversar y gracias

a Dios ellos habían tenido el mismo pensamiento y han podido armar la orga-

nización (...). Santo era cura antes, pero viendo como nos manejaban los polí-

ticos porque a él le han pedido un favor que le hagan cuando llevaba las cha-

pas, pero él en ese momento cuando ha llegado a la escuela, él ha bajado las

chapas y se ha retirado lejos, el no estaba con los políticos ahí a donde esta-

ba entregando la mercadería, el no estaba, estaba lejos, y ahí se ha puesto a

conversar con don Juan, y de ahí ellos se han puesto de acuerdo en empezar

a conversar “ (Marisa).

La llegada de Santo marca un momento de transición, de rupturas y de continuidades.

Inicialmente piensan que es un político porque llegó al paraje junto con el intendente,

pero algo lo diferencia: colabora con las chapas pero se aleja de la entrega de mercade-

ría. Habla primero con el “presidente de la escuela”, el referente que antes aparecía como

coordinador y como intermediario ante el intendente, pero luego se aleja de la escena de

los políticos y conversa con don Juan, y con él teje las primeras ideas sobre la organiza-

ción. Continuidades, porque la organización se motoriza a través de una persona “de

afuera” como son los políticos, como era “el patrón” en su historia de cosecheros. Y rup-

turas, porque los códigos son otros. Santo se involucra con las chapas pero no con la

mercadería; habla inicialmente con el referente pero planifica actividades con don Juan.

La llegada de Santo es visualizada como una respuesta de Dios a la peregrinación de las

familias. En un juego de palabras con mucho sentido místico, “este Santo ha venido del

cielo”, como dice Marisa. Como para reafirmar esta visión, Santo había sido “cura”, sa-

cerdote del culto católico al cual adhieren las familias del paraje.

“Han empezado cinco: Santo, Román, la Carla y la Luci y don Juan, de ahí

hemos empezado la organización, a organizarse. Y bueno, de ahí se hemos

quedado a trabajar, porque decía Santo en una reunión... bueno, cuando se

ha conocido con Juan él iba a hacer reunión, a veces iba a las tres de la ma-

ñana, a las cuatro, y nosotros estábamos de pie para hacer la reunión” (Mari-

sa).

127

De las cinco personas que empezaron, sólo don Juan era de Arroyo Salado, el resto vivía

en Quimilí pero no eran santiagueños. Poco a poco se sumaron otras familias del paraje,

aunque don Juan seguía siendo el nexo entre la naciente Comisión de Base de Arroyo

Salado y la, también naciente, Central Campesina Ashpa Sumaj.

Don Juan no sabe leer ni escribir, por eso memorizaba lo que se hablaba en la Central

para poder transmitirlo en las reuniones de la Comisión de Base. Allí contaba con la ayu-

da de su esposa, Doña Julia, quien le escribía algunas notas que llevaba a Quimilí por “si

la memoria le fallaba”. Llegar a Quimilí significaba una travesía a pie hasta alcanzar la

ruta, y luego la espera de algún vehículo que pudiera llevarlo o, simplemente, seguir a

pie hasta donde pudiera. Don Juan recuerda esa época con dos preocupaciones princi-

pales: llegar a las reuniones de Quimilí -por las dificultades de transporte-, y poder recor-

dar lo que se hablaba en la Central para hacerlo llegar a la Comisión de Base, o en las

reuniones de la Comisión para transmitirlo en la Central. En este rol de portavoz su mayor

preocupación era ser fiel en la transmisión de los mensajes entre una y otra instan-cia de organización, para lo cual se sentía disminuido por su imposibilidad de leer y es-

cribir96.

Don Juan recuerda con mucha emoción las primeras épocas de la organización, y con

fuertes sentimientos de amistad, respeto y agradecimiento hacia Santo. Mientras viaja-

mos en el camión de la Cooperativa por el dificultoso camino que une Arroyo Salado con

otro paraje llamado Pozo del León97, Don Juan me cuenta que en ese mismo lugar, mu-

chos años atrás, Santo y él tuvieron un accidente. Era una noche muy oscura y el auto de

Santo se salió del camino. Don Juan quedó herido, impedido de caminar. Le pidió a San-

to que lo dejara y fuera en busca de ayuda, pero Santo se negó, y cargándolo sobre sus

hombros lo llevó de regreso a su casa, desandando a pie los largos kilómetros que habí-

an avanzado en automóvil. Todo un símbolo de la relación que se estableció en esos

primeros tiempos.

...“y entonces hemos quedado en esa tierra, porque hemos empezado a

hacer poste y Santo con una camioneta y un carro atrás, él llevaba los postes

y nos vendía en Quimilí y compraba mercadería para todos, porque si a mí

me sobraba y a nuestro compañero le faltaba para el azúcar y a mi me sobra-

96 Unos años después don Juan comenzó a perder la audición, algo que podría resolver con un audífono al cual no tiene acceso por su situación económica. Por este motivo se alejó de la participación activa dentro de la organización campesina, aunque sigue siendo un referente para los más jóvenes. 97 Nombre de fantasía para designar un paraje real.

128

ba un peso, él ese peso que me sobraba a mí, le compraba y le llevaba para

todos” (Marisa).

Uno de los primeros logros visibles de la incipiente organización fue proveer de la precia-

da mercadería a las familias, pero ya no como favor político ni tampoco como retribución

al trabajo para otros. Las familias compraban a través de Santo la mercadería en los

comercios de Quimilí, y lo hacían con el dinero que recibían por la venta de postes –

producto de un trabajo que podríamos denominar independiente–, realizada también a

través de Santo. Este tipo de relación muestra algunas continuidades con las relaciones

anteriores, por ejemplo depender de alguien “de afuera” para vender la producción y pa-

ra comprar la mercadería, ya que en ese momento todavía no es la Comisión quien ven-

de, sino Santo. Pero al mismo tiempo va marcando algunas rupturas. La mercadería, que

había constituido un tipo de recurso que obtenían dentro de un sistema de reciprocidad

del tipo patrón-cliente, se obtiene ahora dentro de un sistema casi mercantil. Sin embargo

no se trata tampoco de una relación puramente mercantil, ya que la mercadería se asigna

en función de las necesidades de las familias más que a partir de un cálculo estrictamen-

te económico de retribución del producto vendido por cada familia. Es Santo quien re-

asigna los recursos, tal como se expresa en un fragmento citado anteriormente: “si (...) a

nuestro compañero le faltaba para el azúcar y a mi me sobraba un peso, él (Santo) ese

peso que me sobraba a mí le compraba y le llevaba para todos”. Es importante notar que Santo no pone en juego recursos propios como lo hace un patrón, sino que reasigna los recursos de las familias. Si a la familia A no le alcanzaba para pagar la

mercadería que necesitaba, es la familia B o C la que la está ayudando, no es Santo. Por

ello es un sistema de reciprocidad horizontal, aún cuando Santo este mediando en un

rol específico: el trasporte de la producción y la mercadería, ya que “desde aquí nosotros

no teníamos en qué sacar los postes”.

Este tipo de relación se puede entender como un modelo de transición, donde el inter-

cambio de producción por mercadería está mediada por alguien ajeno a la comunidad,

pero que se diferencia del modelo patrón-cliente anterior, asemejándose más a una rela-

ción de reciprocidad horizontal que a un sistema mercantil. Otra ruptura de este mode-lo con el anterior es el tiempo que media entre la entrega de los recursos que tiene la comunidad (trabajo, productos o votos) y la obtención de la mercadería.

129

“Cuando nos hemos organizado ya era liviano porque uno cortaba los postes,

amontonaba, y Santo venía y llevaba todo con el carro. Y ya sabía que lleva-

ba a la mañana y a la noche ya tenía la mercadería para comer los chicos. Y

así hemos empezado” (Marisa).

Dentro del sistema de reciprocidades existe un tiempo que transcurre entre un favor y su

devolución; nunca el intercambio es inmediato; incluso una forma de disolver una alianza

es devolver inmediatamente el favor recibido. En el caso analizado, en cambio, el inter-

cambio es inmediato: las familias entregan el producto por la mañana y a la noche reci-

ben la mercadería.

En síntesis, se puede afirmar que esta fase de la organización de las familias campesinas

de Arroyo Salado está signada por el intento de encontrar estrategias de vida alterna-

tivas al modo migratorio estacional clausurado por cambios tecnológicos en la co-secha de algodón. Algunas familias abandonan la tierra y migran en forma definitiva a

Buenos Aires; otras, por propia voluntad o porque no tenían otras posibilidades, perma-

necen en Arroyo Salado. Las familias que se quedan realizan a tiempo completo aque-

llas actividades que hacían a tiempo parcial en función del ciclo migratorio: cría de cabras

y gallinas, cultivo de maíz, zapallo y otras hortalizas, corte de leña del monte, obteniendo

productos para el abastecimiento de la familia. ¿Pero cómo obtener “la mercadería”, es

decir, aquellos productos necesarios para la vida cotidiana pero que no se pueden produ-

cir en el predio, como azúcar, yerba, harina, etc.? Se observan inicialmente dos estrate-

gias complementarias: la adquisición de los productos con dinero enviado por los/as jó-

venes de la familia que migraron y que envían remesas de dinero al resto de la familia

que permanece en el paraje, y la vinculación con los políticos cuando es tiempo de políti-

ca.

La migración de los jóvenes tuvo efectos concretos sobre la vida cotidiana ya que las

familias, privadas de hombres y mujeres jóvenes, vieron recaer el trabajo que implicaban

las actividades para el consumo familiar, las tareas domésticas y el cuidado de los niños

pequeños, –muchas veces hijos de los/las migrantes–, en hombres y mujeres ancianos y

también en los niños y niñas mayores. Por otra parte lo obtenido en tiempo de política era

percibido como “hoy tenías pan y mañana no tenías”, con lo cual se introducía un factor

de incertidumbre en la vida cotidiana que no existía cuando eran cosecheros y obtenían

la mercadería dentro de un sistema patrón-cliente percibido como más estable.

130

La llegada de Santo al paraje en un momento en que muchas familias sentían que ya no

podían vivir así, marca una transición hacia otro sistema: la organización de las familias

campesinas para vender sus productos y comprar mercadería sin requerir de la ayuda de

los migrantes ni de los favores en tiempos de política. Las familias comenzaron a extraer

del monte no sólo la leña para uso doméstico sino también postes para vender. Santo,

con un vehículo propio, retiraba los postes, los vendía en la ciudad más cercana, allí

compraba mercadería para las familias, y regresaba al paraje en el mismo día para en-

tregarla. Fueron los inicios de la Comisión de Base de Arroyo Salado.

“Y por eso nosotros hemos quedado en esa tierra porque muchos compañe-

ros de nosotros se han ido a Buenos Aires, a muchos lugares, buscando para

trabajar, y bueno, hemos empezado a organizarse y ahora estamos ya al ar-

mar la Comisión, estamos más fuerte” (Marisa).

Es decir que esta fase de la vida cotidiana de las familias de Arroyo Salado se caracterizó

por una búsqueda de estrategias para sostener una forma de vida campesina, con pro-

ducción agropecuaria para autoconsumo, preocupación por la migración de los jóvenes,

construcción de una escuela en el paraje, vinculación con el mundo político para conse-

guir mercadería y otros favores, y, apoyados en un actor externo, la venta de un produc-

to –postes–, y adquisición de mercadería en una ciudad vecina. Las familias se identifica-

ban como “campesinos” más que como trabajadores rurales, y comenzaron a organizarse

hasta constituir en 1989 la Comisión de Base de Arroyo Salado, con 20 familias campesi-

nas de las 25 que vivían en el paraje.

3. Organización campesina: “Que representen y no manden”

Durante la década del 90 la vida cotidiana de las familias de Arroyo Salado se caracterizó

por presentar una fase principal vinculada a la producción agropecuaria, la organización

campesina y la interacción con agentes de programas sociales; y otra fase que se super-

pone, que interrumpe ese ordenamiento y establece en forma transitoria una nueva coti-

dianeidad vinculada a la lucha por la tierra, denominada “el aguante”. Si bien por razones

analíticas se presentan ambas fases en forma separada, es importante destacar que am-

bas forman parte del mismo período de tiempo, desde 1990 hasta la actualidad.

Las familias que forman parte de la Comisión de Base de Arroyo Salado distinguen dos

tipos de actividades dentro de la organización campesina: las productivas y las gremiales.

131

Esta forma de clasificación de las actividades muestra dos facetas diferenciadas de la

Comisión, de la cual derivan diferentes formas de inserción en otras organizaciones o

redes, y diferentes roles y funciones de los integrantes de la Comisión. Lo gremial inclu-

ye actividades de defensa de derechos de las familias, principalmente ligadas a la lucha

por la tierra98. Desde esta faceta, la Comisión participa de una organización campesina

de segundo grado: la Central Campesina “Ashpa Sumaj99”. También se incluye dentro de

lo gremial un conjunto de actividades que se pueden denominar políticas, considerando

que son acciones que al mismo tiempo que forman parte de procesos públicos más que

privados, se orientan a lograr objetivos que conciernen a un grupo como conjunto y que

incluyen diferenciales de poder –en el sentido de control– entre los individuos del grupo

en cuestión (Swartz, Turner and Turner, 1966). Lo productivo involucra actividades rela-

cionadas con la producción agropecuaria desarrollada por las familias. Desde esta faceta,

la Comisión se vincula con la Cooperativa “Ashca Cayku100” de Quimilí. Como socios de

esta cooperativa las familias han recibido créditos, subsidios y asistencia técnica de pro-

gramas sociales y de organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Existe otra faceta de la organización campesina que se podría denominar “política”, pero

que no es expresada de esta forma por los campesinos. La participación en marchas y

manifestaciones, la presentación de discursos en fiestas religiosas populares, la declara-

ción pública de apoyo a otras organizaciones constituyen hechos políticos, pero esto es

percibido –o enunciado- sólo como “político” por representantes que han participado en

jornadas de capacitación y reflexión, y forma parte de una visión construida junto a otras

organizaciones campesinas.

“Nosotros antes pensábamos que lo político era lo partidario. Y ahora pensa-

mos que política es lo que hacemos nosotros, y que es muy diferente a lo que

hacen los políticos. (...) Hemos hecho cursos donde discutíamos esto, porque

siempre pensábamos que política era lo que hacía el político. Pero no sabía-

mos que lo que estábamos haciendo era política pero en un sentido diferente.

(...) Se notan mucho las diferencias; el MOCASE está haciendo que se orga-

nice la gente, en cambio el político hace lo contrario, si puede desarmar una

organización la desarma. Cuando estamos separados es mejor para ellos.

Pero el MOCASE es al revés, mientras estamos más juntos es mucho mejor,

tenemos más fuerzas, los problemas los podemos solucionar entre muchos.

98 Ver el apartado siguiente: “El aguante”. 99 La Central Campesina “Ashpa Sumaj” se formó en 1989. En el 2001 contaba con 425 familias. 100 La cooperativa “Ashca Cayku” se constituyó en 1996 y en el 2001 contaba con 300 socios. Para ser socio de la cooperativa es necesario ser miembro de la Central Campesina “Ashpa Sumaj”.

132

(...) Lo que pasa es que el MOCASE tiene otra política. Lo que el MOCASE

hace no es para ganar votos, no es para llegar a cargos, sino para recuperar

lo perdido, para hacer cumplir las leyes y los derechos de los seres humanos”

(Julio, presidente de la Comisión de Base de Arroyo Salado).

En la vida cotidiana de las familias que forman parte de la Comisión, “lo político” sigue

unido a “los políticos”, con una fuerte valoración negativa de éstos, y por ende, de la polí-

tica. La reivindicación de las actividades del movimiento campesino como políticas no es

algo que se escuche entre los campesinos, al contrario, se intenta mostrar que no son

políticas porque lo político, en el sentido común de estas familias, es lo partidario, y en

Santiago del Estero, lo partidario significa alinearse de alguna manera –a favor o en co-

ntra– de la facción peronista que gobierna la provincia desde hace más de veinte años101.

Las familias que forman la Comisión de Base eligen periódicamente entre sus miembros

a quienes los representan ante la Central Campesina “Ashpa Sumaj” y ante la Cooperati-

va “Ashca Cayku”, ambas con sede en Quimilí. Todas las familias que forman parte de la

Comisión se reúnen cada quince días en un pequeño salón que construyeron cerca de la

escuela de Arroyo Salado, y donde también funciona una carpintería con energía solar

que fue financiada por la cooperación internacional. Habitualmente no necesitan citar a

los miembros porque todos conocen previamente la fecha de las reuniones, sólo en caso

de emergencia se convoca a reunión extraordinaria. Durante las reuniones se tratan te-

mas referidos tanto a lo productivo como a lo gremial, entre ellos:

“(...) qué trabajos se van a hacer, qué es lo que está pasando en la comuni-

dad. Además seguimos los informes de la Central sobre cómo van los casos

de tierras, los trámites que se están haciendo, los temas de la Cooperativa”

(Alberto).

Pero en las reuniones se discuten no sólo temas productivos y gremiales, sino también

personales y familiares. Estas reuniones forman parte de la vida cotidiana de las familias

y constituyen un espacio para dirimir diferencias entre los miembros.

101 Carlos Juárez gobernó la provincia de 1949 a 1952, de 1973 a 1976, de 1983 a 1987, de 1995 al 2002. En noviembre del 2002 resultó electo Carlos Díaz como gobernador y Mercedes Aragonés (esposa de Carlos Juárez) como vicegobernadora; Díaz renunció a un mes de asumir el cargo de gobernador, que quedó en manos de la esposa de Juárez (Tenti, 2003). En el 2004, luego de constatar numerosas irregularidades, el Gobierno Nacional intervino la provincia.

133

“Entrevistador102:- ¿Cuándo tienen problemas o diferencias entre ustedes,

¿qué hacen?

Alberto:- Siempre se tratan en las reuniones, porque sabemos que cuando un

compañero reclama es porque hay algo malo (...) Todo eso se trata en reu-

niones, cualquier tema, hasta lo familiar. Algunos preguntan qué tiene que

hacer la organización metiéndose en la familia, pero no es así; si somos una

organización estamos para ayudarnos, tanto en la familia como en el grupo”.

Aparece nítidamente el objetivo principal de la organización campesina: la ayuda mutua

en sentido amplio, para resolver tanto problemas externos –con “los otros”– como pro-

blemas internos –al interior de la organización y al interior de las familias–. La organiza-

ción es una instancia comunitaria, totalmente integrada a la vida cotidiana de las familias

que forman parte de ella.

“Cada persona tiene su rol”, afirman los miembros de la Comisión reiteradamente. Dentro

de los roles se diferencian los “dirigentes”, que son los representantes de la Comisión

ante la Central, y los “consejeros”, quienes representan a la Comisión ante la Cooperati-

va. A estos roles se suele hacer referencia como “cargos”, y a las personas que los ejer-

cen se los denomina en forma general “representantes”. Hay otros roles que tienen un

menor grado de formalidad, a los que se hace referencia como “estar” en un área y no

constituyen “cargos”. Por ejemplo, uno de los miembros afirma en una entrevista que “(...)

he estado en la parte de energía renovable”. Otro rol que no es un “cargo”, pero que es

fundamental para el sostenimiento de la organización, es el de “acompañar” a los que se

inician en un cargo.

“Yo anteriormente he sido dirigente, dos años, y nosotros, la política nuestra

es, cada dos años se cambia de dirigente, se va rotando. Y ahora acompa-

ñando un poco a los compañeros que entraron como dirigentes Acompañán-

doles un poco con la experiencia que uno ha tenido durante los años que ha

estado en esa área, y bueno, poder acompañar también a los jóvenes que

ahora se están sumando muchos” (Julio).

Una misma persona puede llevar adelante más de un rol dentro de la Comisión, combi-

nando, por ejemplo, “acompañar” a los nuevos representantes con “estar” en un área, o

bien “estar” en dos áreas al mismo tiempo. Esto se puede explicar por las numerosas

102 Corresponde a una entrevista realizada por un integrante del Colectivo Situaciones, con quien la investi-gadora se vinculó a fin de compartir experiencia e información sobre la organización campesina.

134

áreas de actividades que desarrolla la organización y el relativamente escaso número de

miembros. Los tres tipos de roles –“cargos”, “estar” en un área y “acompañar”– pueden ser ejercidos por hombres o mujeres. Los cargos se renuevan cada dos años,

y quienes son elegidos deben aceptarlos, no hay posibilidad de negarse a ejercer un car-

go.

“Sean dirigentes o consejeros de la cooperativa, cualquier cargo en la Comi-

sión se renueva cada dos años. En Arroyo Salado en eso somos estrictos: al

que le toca le toca, no hay vuelta que darle porque no se puede echarle siem-

pre el fardo a uno solo, y que toda la vida viva en eso. Porque al fin y al cabo,

los otros terminan sin aprender nada y sólo uno es el que anda y el que

aprende” (Julio).

La rotación cada dos años se percibe como una forma de repartir el esfuerzo que implica ejercer esos cargos, y también como una modalidad que permite distribuir las oportunidades de aprendizaje que derivan de los mismos. La sensación de carga

unida al cargo se vincula con que estos representantes no son “especialistas de la representación” (Maresca, 1983). Suman las actividades de representación a sus accio-

nes de la vida cotidiana; se convierten en portavoces de la organización pero al mismo

tiempo continúan trabajando en sus unidades domésticas, cuidando a los niños, etc. Las familias reorganizan las tareas para que el miembro que es representante pueda desempeñar su rol; por cuyo ejercicio no percibe ningún tipo de ingreso. Cuando la

representante es mujer concurre a las reuniones, marchas o cualquier actividad que re-

quiera su presencia acompañada del hijo más pequeño, especialmente si está aún en

edad de amamantarlo, mientras que el padre se hace cargo de las tareas domésticas y el

cuidado de los otros hijos que permanecen en la vivienda. Si un jefe de familia es repre-

sentante, la mujer y los hijos mayores asumen las tareas que habitualmente realiza el jefe

cuando éste debe ausentarse de la unidad doméstica. En muchos casos también colabo-

ran otros parientes, como hermanos del jefe o de la mujer, o vecinos.

La “rotación” –cambio de representantes cada dos años– es percibida por los miembros

de la Comisión como una de las normas básicas de su organización.

“Entrevistador103: -¿Y vos ahora sos la dirigente acá?

Marisa:- Si, ahora soy la dirigenta. Me han elegido todos los de la Comisión

de Base. 103 Idem nota anterior.

135

Entrevistador:- ¿Vos querías?

Marisa:- Aquí quieras o no tenés que asumir, porque te eligieron. A veces si

hay tres candidatos hacemos un sorteo, y el que salió, salió. No podés decir

“no, yo no quería”.

La “rotación” como sistema genera la sensación de que en algún momento todos van a

ser –o haber sido en algún momento– representantes, aun cuando no sea exactamente

así. Otra de las normas básicas es que el representante “responda” a la Comisión. Se

espera que los representantes –dirigentes y consejeros– sean portavoces de la Comisión

en las reuniones de la Central y de la Cooperativa o en otras instancias organizativas.

“Yo era dirigenta, porque nosotros elegimos dirigentes cada dos años, y a mi

me han elegido de dirigenta y bueno, yo he tratado de responder a mi Comi-

sión lo que ellos me pedían” (Marisa).

Dirigentes y consejeros representan a la Comisión siendo portavoces de las decisiones

consensuadas al interior de la organización…

“…pero los dirigentes no mandan, porque aquí lo único que manda es la or-

ganización, ellos sólo representan; aunque por ahí, en cosas muy urgentes,

tienen que tomar decisiones; pero no funcionan como los políticos, a quienes

el pueblo ni conoce, es muy distinto” (Marisa).

Un representante es considerado un buen representante cuando es capaz de inter-actuar en distintos ámbitos sin alejarse de las decisiones que se tomaron en la Comisión. En cambio no son buenos representantes aquellos que se “alejan de las ba-

ses”. Como ejemplo de malos representantes incluyen a algunos dirigentes de otras or-

ganizaciones campesinas y a los políticos en general. La importancia que le otorgan a

esta norma explica en parte el sistema de elección de representantes, ya que la rotación

cada dos años impide o dificulta el proceso de especialización en la representación que

podría ocurrir si unos pocos miembros de la organización fuesen representantes durante

largos períodos.

136

Maresca (1983) señala que se pueden distinguir condiciones que favorecen la génesis de

los dirigentes campesinos104, como la superficie de explotación, el status de empleador

de mano de obra, la disponibilidad de mano de obra de reemplazo, la “excelencia profe-

sional”, y el nivel de escolaridad. Según observa Maresca (1983), la superficie de explo-

tación de quienes son elegidos representantes campesinos tiende a ser mayor que la del

campesino “medio”. Esta diferencia en las superficies de explotación está en la raíz de

una distancia económica que separa a los dirigentes del resto de los campesinos, y es

principio y consecuencia de una vida pública que aleja a los portavoces del resto de los

campesinos.

El status de empleador de mano de obra constituye, en los casos analizados por Mares-

ca, un indicador del nivel de capital económico de los dirigentes, inclusive más importante

que la propiedad de la tierra. Por otra parte, las ausencias frecuentes de la explotación

que implica la representación, especialmente si el dirigente aspira a desarrollar una carre-

ra a nivel departamental o nacional, requieren disponer de mano de obra de reemplazo –

asalariada o no–. Otra característica que Maresca encuentra entre los dirigentes campe-

sinos y que los diferencian del campesino “medio” es la “excelencia profesional”, enten-

diendo por tal la tendencia a adoptar innovaciones tecnológicas y otros comportamientos

precursores dentro del sector productivo, las características técnicas de su producción, y

los resultados económicos alcanzados. En cuanto al nivel de escolaridad, según Maresca

el mismo es importante no tanto por su contenido específico sino por su efecto social, ya

que las relaciones que se forjan durante la escuela refuerzan el capital social acumulado

por las familias, y parece determinante para la carrera profesional ulterior de los dirigen-

tes.

En el caso de Arroyo Salado las condiciones iniciales de la organización eran de una alta homogeneidad entre las familias que la integran. Ninguno de los miembros era -ni es

actualmente- empleador de mano de obra. Las superficies de explotación estaban limita-

das por la mano de obra familiar disponible para trabajar la tierra y ningún miembro de la

organización tenía títulos de propiedad. El nivel de escolaridad tampoco era diferente

entre los dirigentes y el resto, inclusive -tal como se explicó en el apartado anterior-, el

primer representante de la Comisión era analfabeto. En síntesis, uno de los factores que

podría haber impulsado la adopción del sistema de “rotación” dentro de la representación

de la organización es que los miembros de la organización estaban en condiciones inicia-

104 Maresca desarrolla su estudio en Francia, donde la estructura agraria presenta características diferentes a las de Argentina; sin embargo el marco conceptual que utiliza es válido para analizar los casos de esta inves-tigación.

137

les similares. No habría en el origen de la organización miembros con condiciones más favorables para hacerse cargo de la representación, por lo tanto no se justificaría

que algún o algunos miembros permanezcan por tiempo prolongado en la representación.

El sistema de rotación es coherente con una de las normas básicas de la organización

que es que los representantes “representen y no manden” y que “respondan” a la orga-

nización, ya que disminuye –aunque no elimina– los procesos de diferenciación que po-

drían desencadenarse como resultado de que algunos miembros permanezcan un tiempo

prolongado en un “cargo” aumentando la distancia con “las bases”. Otro aspecto a consi-

derar es cómo el funcionamiento de la Comisión de Base afecta las relaciones cotidianas

de las familias. La elección de algún miembro de una familia como representante de la

Comisión “eleva” a esa familia a un nuevo status, alejándola de las redes de reciprocidad.

El sistema de rotación permite disminuir la distancia preservando las redes de re-

ciprocidad y disminuyendo los conflictos que podría surgir dentro de la vida coti-diana. Por otra parte la escasa diferenciación de los representantes les otorga me-nor visibilidad hacia afuera de la organización, tornándolos menos susceptibles a la cooptación o a la persecución política, algo muy importante en el contexto político

provincial en que se encuentran. Este sistema protege a representantes y representados.

A los representantes los ampara de la persecución política, y a los representados los pre-

serva de la cooptación de sus dirigentes, con las consiguientes pérdidas que esto implica.

“Porque siempre al que más habla, al que más anda, le ofrecen un cargo. Pe-

ro estar arriba es estar callado. Se sabe que la intención de ellos es incorpo-

rarlos a la política para callarlos” (Julio).

El sistema de rotación, por lo tanto, presenta una serie de “ventajas” para la organización,

pero al mismo tiempo tiene un “costo” fuerte: la necesidad de capacitar nuevos repre-sentantes. La capacitación que realizan es, por llamarla de alguna manera, capacitación

en acción. Los posibles representantes futuros, generalmente jóvenes, acompañan a los

representantes actuales durante las reuniones en distintas instancias organizativas.

“Cuando hay alguna reunión o algún curso siempre se los lleva a los changos

más jóvenes para que vayan mirando y escuchando. Lo mismo cuando va-

mos a otras provincias o cuando fuimos a Brasil, para que vayan aprendiendo

a viajar, a mirar otra gente y a conocer otras comunidades” (Julio).

138

Estos jóvenes no hablan durante las reuniones, sólo observan y escuchan: ese es el sis-

tema para aprender. Es muy probable que haya instancias de intercambio al interior de la

organización donde estos jóvenes encuentren espacio para expresarse verbalmente, una

de las aptitudes que debe desarrollar un representante, pero la investigadora no pudo

observarlo ya que, como parte del “afuera” de la organización, sólo pudo acceder al

comportamiento público de estos jóvenes. Aprender a “mirar otra gente y a conocer otras

comunidades” es percibido como algo de gran valor dentro de una comunidad que está

signada por la distancia. “Yo conocí Quimilí recién al ser delegado” afirma un represen-

tante. “Antes ir a Quimilí era como ir a la China para nosotros” afirma otro. Las distancias

cambian como consecuencia de ese aprendizaje de “escuchar y mirar”, ya que se amplí-

an los límites de la acción (Heller, 1998).

Una dificultad que podría tener el sistema de rotación es que puede afectar la continui-

dad de la representación. El cambio de representantes luego de un período relativa-

mente breve como son dos años podría ir marcando quiebres en la representación. La

forma de resolverlo es “acompañando” a los nuevos representantes. Tal como se explicó

anteriormente, uno de los roles dentro de la Comisión es el de acompañar a los nuevos

representantes. Este rol lo ejercen quienes fueron representantes –dirigentes o conseje-

ros– anteriormente. Nuevamente se trata de una capacitación en acción; el representante

anterior acompaña al nuevo representante a las reuniones y otras actividades que lo re-

quieren. Mira, escucha y aconseja al nuevo representante en voz baja, discretamente.

Nunca habla por sí mismo en una situación pública de representación, dejando en claro

que está apoyando al nuevo representante y de ninguna manera compitiendo con él. Este

“desprendimiento” del cargo que cada representante realiza al finalizar su período de ac-

tividad tiene fuerza de norma. Así como ningún representante electo se puede negar a

ejercer el cargo, tampoco se puede negar a alejarse del cargo completamente, sin reser-

varse “privilegios”, dejando en claro ante todos que ya no es representante, que es otro

el portavoz, aunque el –o ella– lo acompañe durante un tiempo.

Se puede afirmar que el sistema de rotación pone freno al proceso de especializa-ción de los representantes, evitando el alejamiento de éstos respecto al resto de los

miembros de la organización. De esta forma se logra un perfil de representante que “res-

ponda” a la organización, que “represente pero no mande”, un representante que no deja

de ser campesino porque suma la tarea de representación a las actividades agropecua-

rias, sin abandonarlas. Todos los miembros son potenciales representantes, aunque se

deposita en los jóvenes –hombres y mujeres– mayores expectativas, y por ello se inicia

139

tempranamente su formación, asistiendo a reuniones donde aprenden a “mirar y escu-

char”. Si posteriormente son elegidos representantes serán a su vez acompañados por el

representante anterior, completando de esta manera su formación en acción.

En síntesis, en esta fase se genera una nueva identidad: la de campesinos organi-zados, ya no son sólo las familias de Arroyo Salado, son la Comisión de Base de Arroyo Salado. La vida cotidiana incluye esos espacios de debate, información y toma

de decisiones, que constituyen las reuniones de la comisión. Allí las familias plantean sus

problemas, dirimen sus conflictos, toman decisiones sobre la producción y venta de sus

productos y sobre otros aspectos de su vida, se informan sobre la situación de las fami-

lias campesinas de otros parajes, planifican acciones, eligen representantes, se capaci-

tan, etc. La vida cotidiana de las familias también se modifica en esta fase con la llegada

de recursos económicos provenientes de organizaciones no gubernamentales y de pro-

gramas sociales, tal como se comentará al final de este capítulo.

4. Lucha por la tierra: “El aguante”

Dentro de las actividades gremiales de la Comisión de Base, una de las más visibles es

la defensa de la tierra. En el caso de Arroyo Salado, durante la década del ‘90 no tuvieron

problemas con la tierra, sin embargo se percibía como una amenaza permanente la posi-

bilidad de ser desalojados.

“Julio:- El año pasado con una ayuda de Catalunya, ayudaban con dinero pa-

ra poder hacer la agrimensura (...). Han venido agrimensores para ayudar

(...). En nuestra comunidad falta hacer la agrimensura porque en este mo-

mento hay otras cosas más rápidas que ésta, porque hay otra gente que ya lo

quieren sacar, entonces algunos de los compañeros tienen que estar ahí para

poder frenar a esos, para que no los saquen de allí.

Entrevistadora:- Vos decís que se tienen que dedicar más a aquellos lugares

que están como con más peligro; por ahí ustedes están más tranquilos, no

han tenido reclamos.

Julio:- Pero tampoco no estamos salvos.

Marisa:- Siempre estamos desconfiando.

María:- Los enemigos no duermen; todos los días están armando.

Julio:- De la noche a la mañana aparecen aquí.”

140

Hasta el momento de esa entrevista las familias de Arroyo Salado no habían tenido re-

clamos sobre las tierras, sin embargo había plena conciencia del peligro latente. Las últi-

mas cuatro frases, dichas por tres personas distintas pero enunciadas como pensamiento

en común donde cada una completaba la anterior, redondeaba la idea: la amenaza está

presente y delimita al otro, al enemigo, un enemigo que no duerme, y que puede apare-

cer de la noche a la mañana “aquí”, es decir, en sus casas, nada menos que en sus ca-

sas y en sus tierras. Por otra parte el primer tramo del fragmento muestra un aspecto de

la solidaridad entre organizaciones que forman el movimiento campesino: consiguieron

financiamiento para la mensura de los terrenos y comenzaron la tarea por aquellos para-

jes donde las familias estaban más amenazadas. La otra forma de solidaridad en relación

a la defensa del derecho a la tierra es “el aguante”.

“Y después que aquí también ha habido problemas aquí cerca, de una orga-

nización de Lote 5 y era tiempo de la época que se tenía que sembrar el ma-

íz, y ellos como estaban apoyando allá han sembrado ahí nomás un poco de

maíz (...) Han estado más de un mes apoyando a ellos (...), haciendo aguante

todos los días. (...) Quemaron las casas, y cuidando ese lugar pasaba el

tiempo de siembra, por eso también este año ha fracasado, porque uno ha

estado apoyando a los compañeros y el tiempo pasa” (Varias voces).

“El aguante” consiste en resistir el desalojo pero no en la propia tierra, en la propia casa,

en la propia comunidad, sino en otra comunidad de iguales, de campesinos como ellos,

en donde el peligro latente del desalojo, de perder la tierra –el lugar donde se trabaja y se

vive–, se transformó en un peligro actual, inmediato, urgente. A diferencia de lo ocurrido

dos décadas antes en Suncho Pozo, donde las familias afectadas resistían el desalojo

negándose a abandonar su casa y su tierra, en “el aguante” llegan familias de otros para-

jes a acompañar a los afectados y permanecen en las tierras hasta que el conflicto se

resuelva.

El aguante de una ayuda material y espiritual al mismo tiempo, donde se ofrece el

propio cuerpo –expuesto a la violencia policial y a las topadoras– y el espíritu de lucha

para sostener a aquellos que pueden perderlo todo en una sola noche. Es una actividad de apoyo a otras familias donde la mística de la acción de resistencia se une a la idea de peregrinación, de movimiento hacia otro espacio, de corrimiento de los lí-mites de la comunidad en el sentido de ampliación de los límites de la acción

(Heller, 1998). De alguna manera el aguante forma parte de la red de reciprocidades, en

141

este caso ampliada hacia otra comunidad. Esto se relaciona con la percepción de peligro

latente, con la presencia de un enemigo que no duerme y que puede aparecer en la pro-

pia casa en cualquier momento, porque se espera que así como ellos hacen el aguante,

habrá otros que vendrán a hacerles el aguante a ellos si lo necesitan, que estarán dis-

puestos a resistir en esa tierra como si fuera propia.

Si la ayuda en tiempos de necesidad es uno de los tipos de intercambio dentro de las

alianzas diádicas (Landé, 1977), ¿qué mayor necesidad para estas familias que defender

esa tierra que es fuente de trabajo, ámbito de la vida doméstica, y mucho más? Aunque

en este caso ya no son alianzas entre dos individuos sino entre dos organizaciones si-

guen siendo relaciones personales más que institucionales las que están en juego; no es

la Comisión de Base de Arroyo Salado apoyando a otra Comisión de Base sino que son

familias que apoyan a otras familias en un momento de necesidad urgente.

El aguante es percibido en principio como algo masculino, son los hombres los que van

mientras las mujeres y los niños quedan en las casas, incluso una mujer dice “los han

llevado a ellos, a mi marido y a mi hijo”. Los hombres de la casa –su marido, su hijo– no

fueron sino que los llevaron, esa es la visión de la mujer. Pero posteriormente se incorpo-

ran las mujeres a la acción. “Y en la primera vuelta estaban más los hombres nomás, y

aquí (en las casas) estábamos las mujeres, y bueno, después también hemos ido noso-

tras”. Durante el aguante la vida cotidiana habitual queda suspendida y se crea una nueva cotidianeidad que se comparte con familias de otro paraje; viven en “carpas”,

–precarias construcciones de troncos y polietileno– y se comparten los alimentos mien-

tras se espera la resolución del conflicto, que otros miembros del Mocase- Vía Campesi-

na intentan gestionar judicialmente. Durante este tiempo se suceden períodos de tensión

cuando las topadoras pretenden avanzar sobre las viviendas o cuando la policía o fuer-

zas parapoliciales contratadas por empresarios inescrupulosos que quieren apropiarse de

la tierra a cualquier costo atacan a las familias con golpes o armas de fuego.

El aguante puede durar horas, días o puede prolongarse durante semanas cuando el

conflicto no se resuelve, con las consiguientes pérdidas materiales para las familias que

dejaron sus casas para apoyar a las familias afectadas. La amenaza latente del desalojo

se hizo presente en Arroyo Salado en el 2002, cuando se produjo un intento de desalojar

a las familias de sus tierras. La resistencia de las familias de la comunidad apoyadas por

otras familias campesinas de parajes vecinos impidió el desalojo, pero el peligro de per-

der todo en una sola noche sigue presente.

142

En septiembre del 2002, la Comisión de Arroyo Salado eligió a Marisa para que exprese

sus pedidos al Señor de Mailín, y en su alocución dejó en claro qué significa la tierra para

estas familias y cómo están dispuestas a defenderla.

“Aquí estamos firmes para pelear, para luchar por la tierra, porque la tierra es

de quien la trabaja y no de los que tienen más, de los que trabajan porque la

tierra nos da de comer a nosotros los campesinos y la tierra cuando nosotros

mueramos, la tierra nos comerá, así nosotros le agradecemos a la tierra”.

Tal como se destacó en el capítulo anterior, la tierra no es sólo un recurso producti-

vo para los campesinos, es parte de la vida y de la muerte de estas familias: la tie-

rra los alimenta y luego es alimentada por ellos. También es vida y muerte en la

identidad campesina: perder la tierra es morir como campesino. Por ello se prio-

riza la lucha, aún sobre las actividades productivas.

“Y después que aquí también ha habido problemas aquí cerca, de una orga-

nización de Lote 5 (se refiere a un intento de desalojo) y era tiempo de la

época que se tenía que sembrar el maíz, y ellos como estaban apoyando allá

han sembrado ahí nomás un poco de maíz (...) Han estado más de un mes

apoyando a ellos (...), haciendo aguante todos los días. (...) Quemaron las ca-

sas, y cuidando ese lugar pasaba el tiempo de siembra, por eso también este

año ha fracasado, porque uno ha estado apoyando a los compañeros y el

tiempo pasa” (Varias voces).

En referencia a las ligas agrarias santafecinas, Archetti (1976) explica que la participación

en reuniones y movilizaciones de la organizacion se veía afectada por el calendario agrí-

cola: cuando había mucho trabajo en el predio la asistencia a reuniones era mucho me-

nor. En este caso se observa la situación inversa: la acción política afecta al calendario

agrícola; se pospone el trabajo en el predio si es necesario, pero no se posterga la lucha.

5. Prácticas de intervención de programas estatales y organizaciones no gubernamentales de desarrollo en Arroyo Salado En el capítulo 2 se analizaron los modelos de intervención de programas de desarrollo

rural que se implementaron en Santiago del Estero en el período 1990-2001, cuyos bene-

143

ficiarios incluían familias campesinas. En este acápite se analizarán las prácticas de in-

tervención de esos programas, y también las prácticas de organizaciones no guberna-

mentales de desarrollo, ya que en Arroyo Salado ambos tipos de intervención forman un

entramado en la vida cotidiana visualizado por las familias como parte de un mismo con-

junto: la incorporación -o rechazo- de recursos externos.

Mientras que el modelo de intervención es una construcción ideal, la práctica de interven-

ción remite a procesos sociales en constante construcción y negociación. La práctica de

intervención no es una simple aplicación de un modelo de intervención, sino que las for-

mas de intervención de los programas entran en los “mundos de vida” –universos de

ideas y normas– de las familias campesinas, y de esa forma son mediadas y transforma-

das como si pasaran por “filtros” sociales y culturales (Ullberg, 2001). Se genera una in-

terfaz social, un espacio común entre dos campos sociales, un punto crítico de intersec-

ción entre diferentes campos donde es posible encontrar rupturas debidas a diferencias

en valores, normas e intereses sociales (Long, 1989). La interfaz es una arena donde se

ponen de manifiesto diferencias culturales y en donde se desarrollan distintas maneras

de negociación social; las variables para analizar las prácticas que se desarrollan en ese

espacio son, por lo tanto, variables relacionales105.

Una de las variables a considerar para el análisis de las prácticas de intervención de los

programas sociales es el tipo de vinculo del programa con sus beneficiarios/as, cuyo aná-

lisis se basa en dos indicadores: el grado de intermediación, diferenciando aquellos

programas cuya práctica de intervención incluye una relación directa con el beneficiario

de aquellos que mantienen una relación indirecta, es decir, mediada por otro actor social.

El otro indicador del tipo de vínculo es la temporalidad del mismo, distinguiendo progra-

mas que mantienen vínculos permanentes de aquellos que establecen vínculos tempora-

rios con los beneficiarios. Otra variable se refiere al sujeto social que es beneficiario,

distinguiendo programas cuyos beneficiarios son individuos de aquellos que son familias,

organizaciones pre-existentes o grupos formados ad hoc. La reciprocidad de las ac-ciones del programa es una variable que permite diferenciar si los beneficiarios deben

realizar ciertas acciones como respuesta a las del programa más allá del buen uso del

bien o servicio percibido. Finalmente, la flexibilidad de las acciones para adecuarse a

la estructura de normas y valores locales es otra variable a considerar para el análisis de

105 Las variables pueden clasificarse en: a) variables absolutas, propias de cada unidad de análisis; b) varia-bles relacionales, emergentes de una cierta relación con otra u otras unidades; c) variables contextuales, emergentes de las características de los contextos (Samaja, 1993).

144

las prácticas de intervención. En el siguiente cuadro se presenta la matriz construida para

el análisis de datos sobre las prácticas de intervención dentro de esta investigación.

Cuadro 2

Matriz para el análisis de datos106 sobre las prácticas de intervención

Unidad de análisis

Variables Indicadores

Escala de Valores

Grado de interme-

diación

♦ Directa ♦ Indirecta

Tipo de vínculo Temporalidad del

vínculo

♦ Permanente ♦ Transitorio

Sujeto social que es beneficiario

♦ Individuo ♦ Familia ♦ Organización

pre-existente ♦ Grupo formado

ad hoc

Reciprocidad de las ac-

ciones

♦ Si ♦ No

Práctica de intervención

Flexibilidad para ade-

cuarse a normas y valo-res locales

♦ Alta ♦ Media ♦ Baja

Fuente: Elaboración propia

106 La matriz de análisis es una forma de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible la forma tripartita de los mismos (Galtung, 1978) o cuatripartita (Samaja, 1993), es decir, que se identifique en cada dato los siguientes componentes componentes ordenados jerárquicamente: unidad de análisis, varia-bles, valores e indicadores.

145

A continuación se analizarán las prácticas de intervención de organizaciones no guber-

namentales y de programas de desarrollo en Arroyo Salado, consideradas como factores

exógenos con mayor o menor influencia sobre la trayectoria de la organización campesi-

na y sobre la calidad de vida de las familias.

5.1. Prácticas de Intervención No Gubernamental

A principio de los 90 la Comisión de Base de Arroyo Salado recibió pequeños créditos

para que las familias ampliaran la producción de cabras con fondos de un subsidio ges-

tionado por la Cooperativa Ashca Cayku ante la Embajada de Holanda. Fue la primera

asistencia financiera que recibieron estas familias.

“En el 93-94 recibimos un subsidio de la embajada de Holanda y era para tra-

bajar con cabras. Nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Si no-

sotros manejamos y lo repartimos entre la gente vamos a estar haciendo el

mismo sistema que hacen los políticos que tienen cosas y empiezan a repartir

cosas, ¿no?, total después no cumplen más nada” (Marta, 50 años, dirigente

de la Cooperativa Ashca Cayku).

Los miembros de la cooperativa recibieron el subsidio y decidieron distribuirlo siguiendo

ciertos criterios. El primer criterio de distribución fue “no repartir cosas”, diferenciándose

de los políticos “que empiezan a repartir total después no cumplen más nada”. El segun-

do criterio era darle continuidad al financiamiento, por lo cual el subsidio se entregó a las

familias en carácter de crédito, es decir, con obligación de devolución. Implementaron un

sistema conocido como “crédito rotatorio”, bastante habitual dentro de proyectos gestio-

nados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que consiste en entregar el

crédito a algunas familias, cuando éstas lo devuelven se le entrega a otras y así se conti-

núa hasta que el crédito llegue a todas las familias que forman parte de la organización

campesina. Mientras las devoluciones no se interrumpan el fondo inicial se sigue mante-

niendo, dando continuidad al crédito a través del tiempo.

146

Este sistema difiere del que describe Geertz (1962) y que también denomina crédito rota-

torio107. Geertz observa en distintos países de Asia una forma de asociación en muchas

comunidades cuyo objetivo es prestarse ayuda mutua y que consiste en que cada miem-

bro aporte pequeñas sumas de dinero en forma periódica, y la suma recaudada se entre-

ga a cada miembro de la asociación en forma sucesiva. El crédito rotatorio observado en

Arroyo Salado, en cambio, se inicia a partir de recursos económicos externos, no de la

propia comunidad como lo observado por Geertz, y se sostiene con la devolución del

monto por parte de la familia que lo recibió, de manera que ese monto sea entregado

luego a otra familia, manteniendo los recursos en circulación. Por otra parte dentro del

Programa Social Agropecuario se hace referencia a su sistema de financiación de pro-

yectos como crédito rotatorio108, pero es diferente al sistema observado en Arroyo Salado

ya que en la administración de los fondos interviene un actor externo que impone las re-

glas del juego.

Si bien en esta investigación se intentó trabajar con las categorías nativas sin alterar su

denominación, en este caso se hará referencia al sistema de crédito rotatorio observado

en Arroyo Salado como “crédito circulante” para evitar confusiones con otros sistemas

con características diferentes pero que operan bajo la misma denominación.

“Y decimos nosotros, (...) vamos a hacer créditos rotatorios, vamos a trabajar

con las mujeres y vamos a ir entregándoles diez cabras a las mujeres y un

macho a las que no tienen ninguna cabra (...) y a la que tenía cuatro o cinco

cabras, menos de diez siempre, se le daba la que le faltaba hasta diez. Tenía

cinco se le daba cinco, hasta diez. Entonces nosotros hacíamos un crédito

igual para todos” (Marta).

Aquí aparecen otros dos criterios de distribución: el crédito se otorgaba a las mujeres, y

sólo a las familias que tenían menos de diez cabras, entregándole a título de crédito tan-

tas cabras como necesitaban para llegar a tener una majada de diez cabras y un chivo.

¿Por qué se entregaba a las mujeres? Habitualmente las mujeres son las responsables

de la producción de cabras, cerdos, aves de corral y huerta dentro de la unidad domésti-

ca. Entonces se decidió entregarle el crédito a quien sería directamente responsable de

la cría de cabras, y, por lo tanto, de devolver el crédito. Por otra parte Marta afirma que

“hacíamos un crédito igual para todos”, pero en realidad cada crédito era diferente, ajus-

tado a la situación inicial de la familia. Es percibido como igual, pero en realidad lo que

107 Rotating Credit en el original, mi traducción. 108 Ver capítulo 2.

147

está implícito es que es un tipo de crédito que iguala a los miembros de la organización,

permitiéndoles llegar a un piso común en cuanto a la ganadería caprina.

Estas acciones incorporaron recursos económicos externos a la vida cotidiana que luego

fueron movilizados a través de las redes de reciprocidad entre familias, al mismo tiempo

que fueron recreadas las pautas de relación, ya que el vínculo familia – familia habitual

pasa a estar intermediado por la organización (familia – cooperativa – familia). Sin em-

bargo, aunque las cabras recibidas en crédito son devueltas a la cooperativa, existe plena

conciencia que esa familia devuelve para que otra familia las reciba, como un sistema de

ayuda intermediada.

Este tipo de intervención en la vida cotidiana implicó intercambio en especies y no en

dinero. Si bien la cooperativa recibió dinero de la Embajada de Holanda, al circular los

recursos hacia las familias de Arroyo Salado los entrega en animales, no en dinero. Al

mismo tiempo las familias devuelven el crédito en animales; no hay circulación de dine-ro entre las familias y la cooperativa, ni para recibir el crédito, ni para devolverlo.

De esta forma se mantiene el valor del crédito en forma independiente de los niveles in-

flacionarios y de los vaivenes de los precios de mercado del producto obtenido –cabritos

en este caso–, ya que cada familia devuelve la cantidad de animales que recibió, sin im-

portar si ese año, o en ese período del año, el cabrito tiene mejor o peor precio en el

mercado que cuando recibió el crédito.

Las acciones de intervención fueron focalizadas por la propia organización, que decidió

que entregaría el crédito sólo a las familias que tuvieran menos de diez cabras; de esta

forma se focaliza la asistencia económica en aquellas familias que más lo necesitan

según un criterio único: la cantidad de cabras que poseen. Al mismo tiempo el crédito se

ajusta a las necesidades de cada familia; no se entregan diez cabras a todas las familias,

sino tantas cabras como necesita la familia para llegar a tener una majada de diez cabras. Es decir que estas acciones de intervención intentan “igualar” a las familias. Si

todos los créditos fuesen iguales las diferentes condiciones iniciales podrían llevar a que

las familias los aprovechen diferencialmente. Así como la rotación de representantes po-

ne freno a los procesos de diferenciación que podrían desencadenarse como resultado

de que algunos miembros permanezcan un tiempo prolongado en un “cargo”, también los créditos podrían aumentar las distancias entre familias según como se manejen.

La forma elegida intenta no sólo no aumentar, sino directamente disminuir las distancias

entre familias.

148

Otra característica de esta intervención es que las acciones desarrolladas respetan los roles al interior de la familia y reconocen a la mujer como interlocutor válido. El

crédito no se entrega al jefe de familia sino al miembro de la familia que habitualmente es

responsable del manejo de las cabras: la mujer. La mujer es reconocida como interlocutor

válido y responsable de la devolución del crédito ante la organización.

Hasta el momento de las entrevistas el crédito seguía funcionando, seguía “rotando” de

familia en familia. Habían transcurrido siete años desde su puesta en marcha y los diri-

gentes de la cooperativa no sólo continuaban recibiendo las devoluciones y entregando

nuevos créditos, sino que también estaban pensando en aumentar el número de anima-

les por crédito.

“Y eso ha funcionado muy bien, ha sido algo de lo que mejor nos ha ido. La

gente ha cumplido, ha devuelto, y nosotros cuando ellos devuelven nosotros

ya tenemos mujeres inscriptas para entregar de vuelta lo que vamos recibien-

do, devuelven, nosotros recibimos lo que devuelven y le pasamos a otra mu-

jer. Y eso lo seguimos manteniendo, el crédito rotatorio lo seguimos mante-

niendo (...) y ahora estamos pensando, la idea que tenemos ahora es de am-

pliarlo el crédito un poco más, aumentar algunos animales más” (Marta).

El sistema de devolución del crédito rotatorio, tal como se explicó, es simple: consiste en

devolver tantas cabras como se recibieron. Sin embargo la implementación produjo algu-

nas dificultades entre las familias de Arroyo Salado.

“Entrevistadora:- Me contaban que tienen cabras... ¿todos tienen cabras?

Luisa:- Si, está organizado de un proyecto rotatorio. Entraban diez cabras y

chivos, entonces nosotros teníamos que producir y a los dos años devolver.

Entrevistadora:- ¿Y qué se devolvía?

Julio:- Se devolvía las crías de seis meses en adelante, la misma cantidad.

Era un planteo que se discutía con los socios hacia el Consejo (de la coopera-

tiva) porque alguno de los socios quería devolver las mismas cabras. Estaba

en un tire y afloje hasta que han podido enganchar y hacerle entender al

compañero que no le iba a servir.

Luisa:- Es devolver para que le sirva a los otros, porque si vos traes diez chi-

vas, haces producir, te devuelven las mismas que te han dado, cuando la

traiga no le va a servir.”

149

El conflicto por la devolución de las cabras podría entenderse por la inexistencia de nor-

mas previas respecto a los créditos, ya que ésta era la primera experiencia. Pero ¿no

había normas previas? Existía una norma implícita ligada a las redes de reciprocidad: si

una familia recibe un insumo que se utiliza durante la producción –semillas, por ejemplo–

devuelve el mismo producto pero, obviamente, nuevo, porque lo que recibió fue consumi-

do; pero si recibe en préstamo algo que no se consume –una herramienta, por ejemplo–

devuelve la misma herramienta luego de usarla. También se prestan en muchos casos

animales machos para preñar la hacienda de quienes no los tienen; lo habitual en estos

casos es, posteriormente, entregar al dueño del macho algunas crías. Esto no se percibe

como un “pago”, sino como la devolución de un favor.

Estos antecedentes atravesaron esa primera experiencia con créditos rotatorios. Dado

que las cabras no se consumen, la norma previa imponía devolver las mismas cabras

que habían sido recibidas. Esto no representaba un problema en la devolución inmediata

–a dos años– pero atentaba contra la perdurabilidad en el largo plazo del crédito, ya que

las cabras envejecían disminuyendo su capacidad reproductiva. Finalmente se instaló el

sistema de devolver las crías de las cabras, bastante similar a la entrega de crías al due-

ño de los machos que se realizaba tradicionalmente. Aceptado el sistema de devolución

no tuvieron problemas en continuar con los créditos; el problema fue alimentar una mayor

cantidad de cabras que las que tenían antes.

La alimentación básica de las cabras continúa proviniendo del monte, de sus plantas y

arbustos, tal como lo ha sido en forma tradicional. Recientemente las familias incorpora-

ron algunas prácticas y nuevas tecnologías para complementar la alimentación de las

cabras con maíz y alfalfa. Uno de los problemas para sembrar estos cultivos es que las

parcelas no están cerradas, de manera que los animales, –propios y ajenos–, pisotean,

comen y rompen los cultivos antes que éstos estén en condiciones de ser cosechados o

aprovechados en el tiempo apropiado. El costo del cercado de las parcelas con alambre y

postes es muy alto, y el alambre sólo puede obtenerse comprándolo en el mercado, para

lo cual se necesita dinero; por ello las familias recurren habitualmente al cercado con ra-

mas y troncos para proteger las huertas y otras parcelas para la producción destinada al

consumo familiar; pero las horas de trabajo necesarias para cortar, limpiar, transportar e

instalar las ramas hacen de este sistema de cercado un recurso tecnológico limitado a

pequeñas parcelas, imposible de replicar en superficies mayores.

En ese contexto la incorporación del alambrado eléctrico constituyó un paso importante

para superar esas limitaciones, y abrió el camino para lograr cultivos que complementen

150

y mejoren la alimentación de las familias y de sus animales. El “boyero” es un sistema

de alambrado fácilmente removible, que consta de un solo hilo de alambre y casi no tiene

instalaciones fijas. El rollo de alambre está conectado a una batería que permite generar

una pequeña descarga eléctrica cada vez que un animal toca el alambre. Los voltios de

descarga eléctrica no llegan a dañar al animal, pero le producen un cambio de conducta,

evitando que traspase el alambre y protegiendo de esa forma los cultivos que están de-

ntro de la superficie delimitada por el alambre. El alambrado eléctrico es mucho más eco-

nómico que el tradicional –que requiere postes y varios hilos de alambre para su instala-

ción– y permite un manejo flexible del predio, ya que se puede cambiar de lugar a lo largo

del año, mejorando el uso del recurso tierra. El sistema implementado en Arroyo Salado

funciona con energía solar: el alambre está alimentado por una batería que se mantiene

cargada a través de un panel fotovoltaico que transforma la energía solar en electricidad.

A Arroyo Salado no llega el tendido eléctrico, por lo cual sería imposible instalar un siste-

ma de boyero tradicional, pero además este sistema se muestra como una alternativa de

bajo costo y alta durabilidad; el único riesgo es no encontrar personas capacitadas para

resolver problemas técnicos que puedan surgir. Para garantizar la sostenibilidad del sis-

tema la cooperativa capacita jóvenes que participan en diferentes comisiones de base;

los jóvenes asisten a cursos teórico-prácticos y colaboran en la instalación, mantenimien-

to y reparación de los boyeros.

La implementación de estos sistemas fue financiada por una organización no guberna-

mental de desarrollo con sede en Alemania, denominada GTZ, dentro de un proyecto

destinado a instalar módulos agrosilvopastoriles, que consisten en dividir en pequeñas

parcelas los predios de las familias campesinas de manera de aprovecharlos para culti-

vos anuales –maíz, zapallo, sandía, batata, calabacitas, etc.–; siembra de forrajes –

especialmente alfalfa–, y árboles de especies nativas –algarrobo y otros–. De esta mane-

ra en la misma parcela se puede producir alimento para las familias y para los animales y

mejorar el hábitat con la incorporación de árboles, que al mismo tiempo, en el mediano

plazo, serán fuente de alimento para las cabras, y proveerán leña y madera a las familias.

GTZ otorgó a la cooperativa un subsidio que ésta transformó en créditos circulantes, de

manera similar a lo que habían hecho con el financiamiento para las cabras.

“La cooperativa recibió como subsidio (...) pero ella a su vez lo transforma en

crédito, como estaban haciendo lo mismo de las cabras, poder ir rotando (...).

Nosotros podemos pagar el boyero en lo que produce, ese a su vez sirve para

que alguien más tenga también el sistema (...). Por ahí podemos pagar el bo-

151

yero con cabritos, ellos (la cooperativa) venden los cabritos, compran el boye-

ro y le pasa a otro que no tiene boyero. (...). O carbón, venden el carbón,

compran el boyero y le pasan a otro” (Varias voces).

Mientras que el crédito de las cabras se devolvía en cabras –crías de los animales recibi-

das–, el crédito para el boyero se devuelve en producción no necesariamente derivada

del uso del boyero. La familia entrega a la cooperativa cabritos, carbón u otro producto

por el equivalente del valor de mercado del boyero. La cooperativa compra los materiales

para instalar un nuevo sistema de boyero y se lo entrega a otra familia, quien luego de un

tiempo entrega producción por el valor del boyero como devolución y la “rotación” conti-

núa. El intercambio se produce en especies pero el crédito está valuado en dinero:

la cooperativa entrega a cada familia todos los materiales necesarios para instalar el bo-

yero y la familia debe devolver productos equivalentes al valor monetario de un nuevo

boyero. Mientras que las cabras se pueden producir dentro de la unidad doméstica, el

alambrado eléctrico obviamente no; por lo tanto es necesario comprar uno nuevo en el

mercado para entregarlo a la siguiente familia. Por ello adoptaron este sistema que se

puede interpretar como una variante del sistema anterior, y que tiene como consecuencia

que los precios de mercado formen parte –indirectamente- del valor del crédito. Los posi-

bles cambios en el precio del boyero, así como el de los productos que se utilizan para

“pagarlo” (carbón, leña, cabritos, etc.) afectan la cantidad de productos que tiene que

entregar la familia para considerar que devolvió el crédito.

Además de entregar a crédito los materiales para instalar el boyero, la cooperativa brinda

a cada familia asistencia técnica para la instalación y capacitación para su correcto

uso, mantenimiento y reparación. Mientras que las familias tenían experiencia con la pro-

ducción de cabras y sólo necesitaban animales para aumentar la majada, el boyero es

una experiencia totalmente nueva y necesitan apoyo técnico para incorporarlo a la pro-

ducción. La gradualidad de la incorporación en la comunidad permite también que las

primeras familias que lo implementaron desarrollen su propia experiencia y colaboren con

las familias que adquieren el boyero posteriormente.

En este caso las acciones están dirigidas a todas las familias que forman parte de la Co-

misión de Base de Arroyo Salado. Esto se puede explicar porque, si consideramos la

focalización por criterio único ligado al crédito como la cantidad de cabras en el caso an-

terior, en este caso ninguna familia tenía alambrado eléctrico inicialmente, por lo tanto

todas estaban en iguales condiciones en ese aspecto. Los créditos entregados a cada

familia tienen el mismo valor económico independientemente de la tierra disponible, de la

152

cantidad de animales, y de otras características. Cada familia que accede al crédito reci-

be los materiales necesarios para instalar un boyero idéntico a los de las otras familias.

Mientras que el crédito para las cabras era otorgado a la mujer, el crédito para el alam-brado eléctrico se entrega al hombre, él es el interlocutor y el responsable de la devo-

lución del crédito ante la organización campesina. Esto se condice con el criterio de res-petar los roles al interior de la familia: las cabras son habitualmente responsabilidad de

la mujer, por lo tanto ella toma el crédito y se hace cargo de devolverlo; en cambio la ins-

talación del alambrado eléctrico afecta la planificación de la producción de todo el predio,

algo que está bajo la decisión del hombre, por ello es él quien toma el crédito y es res-

ponsable de reintegrarlo.

La gestión del financiamiento internacional de los casos anteriores y de otras organi-

zaciones no gubernamentales de desarrollo con sede en Europa significó una experiencia

en sí misma, ya que para los representantes de la cooperativa implicó viajar fuera del

país por primera vez para trasladarse a los países donde las organizaciones de desarrollo

ante las cuales presentaron proyectos tienen sus oficinas centrales.

“Cuando llegué a Madrid tenía que hacer trasbordo. ¡Ay Diosito! ¡Qué miedo

que tenía! (...) Justo encuentro un hombre que me dice: -Vaya al fondo y pri-

mer puesto que hay, entre y pregunte, que le van a indicar (...) Ahí me han in-

dicado (...), he ido, he tomado ese avión y me he bajado en Barcelona, y ahí

me esperaban (...) Eran charlas, y también ir a visitar algunos lugares donde

teníamos presentados los proyectos, (...) había un proyecto de energía solar y

había otro proyecto más, en varias partes teníamos proyectos presentados”

(Marta).

Así como los representantes de la Comisión de Base de Arroyo Salado valoran el apren-

der a “mirar otra gente y a conocer otras comunidades”, tal como se destacó durante el

análisis de la estructura y dinámica interna de dicha organización; los representantes de

la cooperativa comparten esta valoración positiva, en este caso extendida a conocer per-

sonas de otros países.

“Ha sido una experiencia lejos de aquí (...) Es lindo porque vas, conoces... Yo

por ahí digo si no hubiera estado organizado, no hubiera conocido ni la pro-

vincia de Santiago del Estero (...); Santiago no conocía. Estoy en la organiza-

ción y conocí Santiago y las otras provincias del país (...). También España,

Brasil, Paraguay (...). Si no era por la organización no conocía nada más que

153

mi casa. Y bueno, poder intercambiar con otra gente y ver que en otros luga-

res también hay problemas, uno vive metido en su lugar y ve el problema de

ahí nomás y no; y crees que sos el único; entonces cuando uno conoce y em-

pieza a ver que en todos lados hay problemas, entonces como que lo asocias,

y estás pensando que en todos lados están sufriendo igual, y pensar un poco

de ver como poder solucionar un poco en algo eso” (Marta).

Como queda claro en el texto anterior, no se trata de un interés turístico o de esparci-

miento, sino un convencimiento profundo de que conocer otras personas, otras comuni-

dades, permite ampliar, profundizar, mejorar el diagnóstico de la propia realidad y la pro-

puesta de soluciones. Las distancias cambian como consecuencia de ese aprendiza-je de “escuchar y mirar”, y se amplían los límites de la acción.

Los resultados de los proyectos desarrollados en Arroyo Salado financiados por GTZ y la

embajada de Holanda fueron positivos. Las familias fueron ampliando la majada de ga-

nado caprino, al mismo tiempo que los módulos agrosilvopastoriles manejados con el

alambrado eléctrico mejoraron otras producciones familiares y complementaron la alimen-

tación de las cabras. Sin embargo los resultados fueron difíciles de sostener.

“Nosotros ahora no tenemos para darle (de comer a las cabras). Primero si, le

dábamos porque teníamos el boyero y habíamos sembrado un poquito de

maíz. Entonces cuando estaba el maíz nosotros le dábamos a las chivas, le

dábamos a esta hora o un poquito más temprano. Y después habíamos sem-

brado un pedacito de alfa. Pero eso ya le dábamos a los chivitos nomás. (...)

Yo había sembrado en la quinta, en la huerta, en la esquina había sembrado,

linda era. Yo de ahí cortaba y le daba a los chivitos, pero después se ha se-

cado, no sé, ha andado Juan el herrero y él me decía que es un bicho que le

comía la raíz” (María, miembro de la Comisión de Base de Arroyo Salado).

“Nosotros también teníamos el boyero. Nosotros hemos sembrado alfa, maíz

también le llevábamos a los chivos, pero nosotros le llevamos distinto que lo

que ella (María) le daba. Ella le daba a la tarde, nosotros le dábamos poquito

a la mañana, antes de soltarlas. Y eso era para que las chivas se acostum-

bren y vuelvan a la casa. Sino por ahí se iban al monte y se quedaban, no

volvían. (...) Les daba maíz a la mañana y después a la media tarde (...) Hace

un año ya dejamos de darle maíz, y ahora hemos sembrado alfa. El tiempo

154

del invierno es jodido aquí, porque no hay para que los animales coman” (Lu-

cía, miembro de la Comisión de Base de Arroyo Salado).

En el caso de Lucía, tomó el crédito y se inició con diez cabras y un chivo; en dos años

obtuvo treinta y tres cabras, con lo cual pudo devolver los once iniciales y quedarse con

una majada de veintidós caprinos. Pero la falta de alimentación y los problemas de sani-

dad aumentaron la mortalidad de las cabras y en el momento de la entrevista se encon-

traba sólo con ocho animales adultos y dos cabritas.

“Entrevistadora:- ¿Y pudieron devolver?

Lucía:- Si, la mayoría ha devuelto, en dos años tenías para devolver. (...) En

los dos años me han quedado 33 (...) pero los años estos entró la enferme-

dad, el moquillo, han entrado a morir (...) Ahora tengo ocho, me han quedado

de vuelta ocho y dos cabritas.

Julio:- La alimentación y la sanidad ha tenido mucho flaqueo, pero hay prácti-

cos que están llevando la sanidad y a su vez van capacitando a los chicos

que se inician”.

Superado el problema del cercado, por lo menos en el caso de las familias que ya acce-

dieron al crédito para instalar el alambrado eléctrico, se pusieron de manifiesto otras difi-

cultades para la producción, como los factores climáticos, –básicamente falta de agua y

heladas–.

“Después nosotros teníamos una hectárea de maíz, cuando ha helado nos ha

agarrado el choclo nomás, donde recién estaba granándose, se fundió con la

helada, no hemos cosechado nada” (Laura; miembro de la Comisión de Base

de Arroyo Salado). “En otras comunidades han sembrado maíz, varias comu-

nidades han sembrado; no se ha sembrado aquí porque no nos hemos ani-

mado, no hemos apostado pensando que el tiempo no iba a ser bueno y que

no iba a llover. Las otras comunidades apostaron y el maíz le ha venido bien”

(Julio).

También la oportunidad de las labores se vio dificultada en algunos casos por actividades

de la organización, como “el aguante” mencionado anteriormente.

155

En síntesis, la intervención de ambas organizaciones no gubernamentales se dirigió a

proveer recursos económicos a las familias campesinas a través de subsidios que entre-

garon a la cooperativa. Los representantes de las diferentes organizaciones campesinas

de base –entre ellas la Comisión de Base de Arroyo Salado–, acordaron con el Consejo

de la cooperativa los criterios para distribuir esos fondos que fueron llegando a las fami-

lias como créditos circulantes.

5.2. Prácticas de intervención estatal: los programas de desarrollo rural social

El Programa Social Agropecuario entregó un crédito a un grupo de campesinos de Arroyo

Salado para que compraran un tractor, una rastra y una cisterna. El crédito no era perso-

nal ni familiar, y tampoco destinado a la organización campesina existente en el paraje, la

Comisión de Base, sino que, para acceder al mismo, varios campesinos tuvieron que

formar una pequeña organización ad hoc109.

El crédito debía devolverse en dinero y dentro de un plazo pautado, algo que no pudieron

cumplir. Esto se convirtió en un obstáculo para acceder a un nuevo programa social de-

nominado Proyecto de Iniciativas Rurales (PROINDER), que entregaba subsidios a gru-

pos de productores campesinos. Este programa fue planificado para entregar subsidios a

aquellos campesinos más pobres, que no podían devolver los créditos; debía ser una

intervención complementaria con el PSA, sin embargo, como para implementar el

PROINDER se utilizó la estructura del PSA, los grupos que habían tenido “problemas”, es

decir, que no habían devuelto el crédito que habían recibido anteriormente dentro de la

operatoria del PSA, eran “castigados” impidiéndoles el acceso al subsidio de PROINDER

hasta que no pagaran su deuda110, algo que, obviamente, no formaba parte del “modelo

de intervención” ni estaba estipulado en ningún manual del programa.

Las familias de Arroyo Salado prefieren no hablar de este tema, sólo se refirieron breve-

mente a la experiencia cuando la investigadora insistió en preguntar sobre la propiedad y

el uso del equipo que, en el momento de las entrevistas, estaba instalado sobre un mon-

tículo de tierra como si fuera una suerte de monumento. A la frustración por no poder cumplir con la devolución del dinero se suma la impotencia de no poder usar el tractor ni las herramientas porque no tienen dinero para comprar el combustible.

109 Sobre la forma de operar del Programa Social Agropecuario, ver capítulo 2. 110 Funcionó de esta forma en Santiago del Estero; desconozco la forma de ejecución en otras provincias.

156

“Entrevistadora:- ¿Y por qué dejaron el maíz?

Julio:- Asunto económico

Laura:- Falta para poder mover el tractor para arar. Por ahí tenías para com-

prar para comer y te faltaba para comprar el gasoil.”

“Comprar para comer” hace referencia a la mercadería, categoría formada por aquellos

productos alimenticios que no se pueden producir dentro del predio, como yerba, azúcar,

harina y otros. Hasta el momento de la llegada del tractor a Arroyo Salado, el dinero en

efectivo se destinaba casi exclusivamente a mercadería, y, en mucho menor medida, a

ropa y calzado111. El combustible para el tractor comienza a competir por el dinero dentro de la economía de estas familias: ¿se usa el dinero para mercadería o para

combustible? Obviamente, para mercadería: comer es una necesidad mucho más urgen-

te que poner en movimiento el tractor. Por otra parte, estos productores cultivaban maíz

utilizando herramientas de tracción a sangre; la incorporación del tractor a la tecnología

disponible lleva a que ahora, si no hay combustible para mover el tractor, se abandona el

cultivo directamente, no se vuelve a la tecnología anterior112.

Otra intervención estatal de las denominadas “de desarrollo rural” en Arroyo Salado du-

rante los 90 estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),

que es una institución estatal que desarrolla acciones de investigación y de extensión

dentro del sector agropecuario. En este caso el tema abordado fue el agua, ya que su

escasez en la zona es uno de los factores limitantes para la producción de cultivos anua-

les, y en particular para un buen desarrollo de la huerta familiar, al mismo tiempo que

dificulta el manejo de las cabras ya que éstas se internan en el monte en busca de repre-

sas naturales de agua, recorriendo en algunos casos grandes distancias.

(El agua se trae) “del pozo, allá hay un pozo. El pensamiento era también

aquí, con el asunto de la represa, era para tener agua para el huerto porque

111 Las tradicionales “alpargatas”, calzado económico de loneta y yute muy utilizado en el campo argentino entre productores medios y pequeños; que se diferencia de la “bota”, calzado de cuero costoso, utilizado por hacendados y productores rurales empresariales. Los borceguíes –como los que calzaba la investigadora- suelen ser usados por los técnicos de programas estatales. 112 Se esperaría que ante el “fracaso” de una adopción tecnológica, los productores volvieran a la tecnología anterior; sin embargo en este caso no ocurre, y algo similar observé en El Coyuyo respecto a la intervención del PRO-HUERTA, -que presento en el próximo capítulo-. Por el momento no tengo explicaciones para este fenómeno que merece ser estudiado en profundidad, ya que si el fracaso de una adopción tecnológica implica no solo que no se continúe con la misma, sino que además se obture el uso de tecnologías anteriores, las consecuencias de tecnologías “fallidas” son mucho más graves de lo que se considera habitualmente. No encontré investigaciones que hagan referencia a este fenómeno; puede ser que los casos que analicé sean hechos aislados, o que existan otros y no hayan sido documentados.

157

en el invierno aquí casi siempre falta el agua. No tenemos agua para tomar y

menos para las plantas” (Gloria, miembro de la Comisión de Arroyo Salado).

La construcción de una represa en Arroyo Salado era un proyecto que la Comisión de

Base de Arroyo Salado estaba planificando junto a la CCPAS (Comisiones Campesinas

de Pequeños Productores Ashpa Sumaj, denominada habitualmente como “la Central”).

Se presentó la oportunidad de que el INTA colaborara en su concreción; sin embargo los

resultados no fueron los esperados.

“Esto ha sido un proyecto trabajado con la organización de base y la Central,

se ha trabajado mucho (...). Fue un proyecto que se ha presentado a través

del INTA, donde se armó un conflicto porque se trabajó mucho tiempo, un tra-

bajo muy grande y después apareció el técnico del INTA apareciendo él no-

más en el proyecto, y después que los acuerdos que había entre las comuni-

dades y la Central los han transformado. Ese fue un poco el fracaso de la re-

presa. Estamos esperando de vuelta a ver cómo lo vamos a volver a tomar

nosotros para poder terminar nosotros; no nos sirve tampoco tenerla así113”

(Julio).

La Comisión de Base de Arroyo Salado esperaba del INTA algo muy concreto: financia-

miento y apoyo técnico para la construcción de la represa, de su represa. Sin embargo se

encontraron con un técnico que no se limitó a llevar adelante los acuerdos previos sino

que interfirió con los mismos, intentando modificarlos. Tal vez sin saberlo violó una de las

normas básicas del funcionamiento de la Comisión de Base y de la Central: el respeto de los acuerdos. Respetar los acuerdos es una norma básica, y es un argumento funda-

mental para tomar decisiones durante las asambleas, cualquiera sea el tema que se trate.

Si hay un acuerdo previo no se puede modificar a menos que todos los actores involucra-

dos estén de acuerdo en trabajar en su modificación. Al transgredir la norma básica, el

técnico del INTA imposibilitó cualquier tipo de relación entre él y la organización, gene-

rando un conflicto tan fuerte como para paralizar un proyecto que es fundamental para la

vida cotidiana y la producción de estas familias: el aprovisionamiento de agua.

¿Por qué el técnico transgrede esa norma? Tal vez considere que las normas de su insti-

tución están por encima de las de la organización campesina; tal vez simplemente des-

conoce la norma o no siente que él deba cumplirla. El técnico intentó modificar el proyec- 113 Está a medio construir; tal como está no se puede utilizar.

158

to, pero el conflicto no surge sólo por eso, sino por la forma en que intenta hacerlo. Dicen

que él transformó los acuerdos que había entre la comunidad y la Central, interfirió en la interfaz de ambas organizaciones, lo cual parece más conflictivo que si se tratara de

intromisiones a nivel de una organización u otra en forma aislada. Por otra parte se culpa

al técnico de querer “aparecer él nomás”, como si quisiera apropiarse del proyecto, po-

nerse por encima del resto en el terreno de las decisiones.

Recordemos que para la Comisión de Base de Arroyo Salado un buen representante es

aquel capaz de interactuar en distintos ámbitos sin alejarse de las decisiones que se to-

maron en la Comisión; en cambio no son buenos representantes aquellos que se alejan

de las bases. Para ello desarrollan una serie de estrategias en la formación y elección de

sus representantes, como la rotación antes analizada. La actitud del técnico contrasta

fuertemente con esa dinámica interna que enfatiza lo horizontal, la igualdad, la no dife-

renciación entre los miembros, sea cual fuere su rol o cargo. De alguna manera se con-vierte no sólo en la violación de una norma específica sino en una afrenta a todo un sistema de gobierno de la organización.

Durante los 90 también intervino el programa PRO-HUERTA114 que impulsó en Arroyo

Salado el desarrollo de huertas familiares y la cría de aves de corral. El PRO-HUERTA

entregó a cada familia un conjunto de paquetes de semillas de diferentes hortalizas sin

ningún costo. En algunos casos entregaron, a quienes ya tenían la huerta, una pequeña

cantidad de gallinas para la producción de huevos y pollos para consumo de carne.

“Gloria:- Y después tenemos eso de la huerta, también han quedado pollos y

gallinas. Porque hemos sembrado verdura y te daban pollitos. Los primeros te

daban unos pollitos grandes, después te daban unos que recién salían del

huevito, muy pocos se criaban esos, eran chiquitos y el frío...

Entrevistadora:- ¿Cómo era? ¿Vos tenías que plantar verdura?

Gloria:- Si, te dan la semilla y vos tenés que sembrar, y a esos que hacen la

huerta le daban pollos.”

Las acciones del PRO-HUERTA son continuas ya que todos los años vuelven a entregar

semillas para ambas temporadas: primavera-verano y otoño-invierno. No hay diferencia-

ción de las acciones según las necesidades de las familias: el paquete de semillas es

igual para todos, independientemente de la cantidad de tierra que dispongan para la

huerta y de la mano de obra disponible en la familia. Sin embargo las familias generan 114 Las características de este programa y su modelo de intervención se presentaron en el capítulo 2.

159

por su cuenta un sistema de redistribución de semillas, de manera que aquellas familias

que están en condiciones de sembrar más superficie reciben semillas de aquellas familias

que siembran menos. Esto es posible porque de alguna manera esos recursos externos –

semillas– se incorporan a la red de reciprocidad de la comunidad.

5.3. Comparación de las prácticas de intervención observadas en Arroyo Salado

Para comparar las prácticas de intervención social descriptas anteriormente se utilizarán

las variables e indicadores presentados al principio de este acápite. Ante todo es impor-

tante recordar que mientras que el modelo de intervención es una construcción ideal, la

práctica de intervención remite a procesos sociales que se construyen y se negocian;

esto implica que la práctica de intervención no es una simple aplicación de un modelo de

intervención sino que las formas de intervención ingresan en la vida cotidiana de las fami-

lias campesinas, y en ese espacio son mediadas y transformadas. Las observaciones que se realizarán sobre las prácticas de intervención se refieren a la particular con-figuración que tomaron las prácticas en esa situación y no son inherentes a una institución o a un programa. Dicho de otra forma, y tratando de ejemplificar, cuando se

afirma que la práctica de intervención del INTA tuvo una baja flexibilidad para adecuarse

a normas y valores locales no significa que el INTA como institución tenga baja flexibili-

dad, sino que en esta situación particular la interacción del modelo de intervención del

INTA con la vida cotidiana de las familias de Arroyo Salado derivó en una intervención

con baja flexibilidad. En el cuadro 3 se presenta una síntesis comparativa de las prácticas

de intervención en Arroyo Salado.

Las prácticas de intervención de las organizaciones no gubernamentales en Arroyo Sala-

do fueron las de mayor flexibilidad para adecuarse a valores y normas locales en la dé-

cada del 90. La ayuda a las familias campesinas llegó en forma indirecta, a través de una

organización ya constituida: la Cooperativa Agropecuaria “Ashca Cayku”. La cooperativa

fue el espacio donde las familias -a través de sus representantes-, pudieron debatir acer-

ca de la forma de implementar esa ayuda económica recibida. De esta manera pudieron

sumar la ayuda externa a las redes de ayuda pre-existentes entre familias, minimizando

los conflictos, y estableciendo criterios de reciprocidad aunque la organización que inter-

vino no pautaba devolución de los recursos entregados. Los resultados fueron positivos

pero la sostenibilidad está en duda por la transitoriedad del vínculo. En el caso de las

cabras, buenos resultados iniciales se vieron deteriorados por falta de otras condiciones

que acompañaran al aumento de la majada, como nuevas fuentes de alimentación y me-

160

jor atención sanitaria de los animales. En el caso del alambrado eléctrico que funciona

con energía solar, la cooperativa intentó darle sostenibilidad capacitando jóvenes que

pudieran mantener y reparar los equipos, pero por otra parte no hubo capacitación para

re-planificar el aprovechamiento del predio con esta nueva tecnología, sino que quedó a

criterio de cada productor.

La práctica de intervención del PSA tuvo una flexibilidad media, ya que por un lado tenía

un menú relativamente abierto de posibles elementos a financiar de acuerdo a la solicitud

de las familias, pero por otra parte la forma de gestión estaba pautada en forma indepen-

diente de las normas y valores de la comunidad. Dicho de otra forma, las familias de

Arroyo Salado compraron el tractor y las herramientas con el préstamo del PSA porque

consideraron que eso era importante para ellos, pero por otra parte tuvieron que aceptar

la formación de un grupo ad hoc para tomar el crédito, la devolución en dinero cuando

habitualmente se manejan con productos, y un tiempo para la devolución que no era el

apropiado dadas las condiciones de las unidades productivas. Los resultados inmediatos

fueron negativos: las familias quedaron endeudadas con el programa, lo que les impedía

acceder a otro programa social que entregaba subsidios en lugar de créditos, y el tractor

no se podía utilizar porque no tenían dinero para comprar combustible. Posteriormente la

Central colaboró con la Comisión de Base para pagar la deuda que mantenían los pro-

ductores de Arroyo Salado con el PSA, y pudieron acceder a un subsidio del PROINDER.

La práctica de intervención del INTA tuvo una flexibilidad baja tal como ya se explicó, y

los resultados fueron sumamente negativos: no sólo no se resolvió el problema del agua

sino que se paralizó lo que ya estaba realizando la Comisión de Base de Arroyo Salado

con la Cooperativa.

161

CUADRO 3 PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN ARROYO SALADO

Tipo de vínculo

Casos analiza-dos115

Grado de interme-diación

Temporalidad del vínculo

Sujeto social que es benefi-ciario

Reciprocidad de las acciones

Flexibilidad para ade-cuarse a valores y nor-

mas locales

Embajada de Holanda Indirecta Transitoria

Organización pre-existente (cooperativa) No Alta

GTZ Indirecta Transitoria Organización pre-existente (cooperativa) No Alta

PSA

Indirecta

Transitoria

Grupo formado ad hoc

Si

Media

INTA Indirecta Transitoria Organización pre-existente (comisión de base)

¿? Baja

PRO-HUERTA

Directa

Permanente

Familia

No

Media


115 El cuadro compara las prácticas de intervención en Arroyo Salado, no se está realizando un análisis general de las prácticas de intervención del INTA, de GTZ, ni de ningu-na institución, por esto el encabezado de esta columna es “Casos analizados” y no “Instituciones”.

162

6. Cambios en la calidad de vida de las familias de Arroyo Salado

Las familias campesinas entrevistadas en Arroyo Salado viven en situación de pobreza

tanto por tener necesidades básicas insatisfechas como porque su nivel de ingreso se

encuentra por debajo de la línea de pobreza. A través del tiempo, dentro del período

analizado, esto no se ha modificado sustancialmente. Si se toma en cuenta el concep-

to de “calidad de vida” y no sólo el de “pobreza”, es posible observar algunos cambios,

ya que se incluyen otras dimensiones que permiten hacer un análisis más profundo de

las condiciones de vida.

En el cuadro 4 se presenta una síntesis de las modificaciones en las condiciones de

vida de las familias campesinas de Arroyo Salado que se pudieron observar durante

el trabajo de campo, y una identificación del proceso que facilitó ese cambio.

La educación mejoró -si se compara con décadas anteriores-, por el asentamiento

permanente de las familias en el paraje luego de que la migración cíclica a Chaco fina-

lizara por la incorporación de la cosecha mecánica al cultivo de algodón. La escuela de

Arroyo Salado fue construida por las familias que se reunieron tras un objetivo común:

la educación de sus hijos. Las condiciones de la vivienda, en cambio, no han tenido

ninguna mejora. Las construcciones de “palo a pique”, los pisos de tierra, las letrinas

son iguales a la década anterior. Si bien las familias perciben que las viviendas están

mejor cuidadas desde que no migran a Chaco, las condiciones materiales de las mis-

mas no cubren los estándares deseables de calidad de vida.

El asentamiento permanente de las familias facilitó la cría de animales y el cultivo de

productos para el consumo familiar, repercutiendo en una mejora en la alimentación familiar. En este sentido es necesario diferenciar el “cerco” de la “huerta”. El “cerco”

se cultiva en forma tradicional116, sin riego, y es un espacio donde se cultivan hortali-

zas y cereales –como zapallo, zapallito, sandia, batata, mandioca y maíz- para el con-

sumo familiar. La “huerta” es un espacio diferenciado, donde se cultivan verduras de

hoja –lechuga, acelga- y otras de fruto –tomate, pimiento-, que requieren riego y un

manejo intensivo en mano de obra. La difusión de las huertas en esta región117 es

116 Yo lo había observado en la zona en 1986; bajo la misma denominación y forma de cultivo. 117 En otras zonas de la provincia la presencia de organizaciones no gubernamentales, especialmente de INCUPO, ha sido el verdadero origen de la difusión de las huertas. Posteriormente PRO-HUERTA se

163

consecuencia de prácticas de intervención a cargo de organizaciones no gubernamen-

tales –INCUPO especialmente, en otras zonas de Santiago del Estero, no en el caso

analizado- y estatales, básicamente a cargo de PRO-HUERTA. Mientras que las mejo-

ras en el cerco se pueden atribuir a la finalización del ciclo migratorio de las familias y

la intensificación del trabajo en la unidad doméstica que se produjo en consecuencia,

la difusión de las huertas es resultado de la intervención del PRO-HUERTA, resultados

que han sido magros en Arroyo Salado por la escasez de agua y la imposibilidad de

regar las huertas.

La escasez de agua sigue siendo un problema tanto para la huerta como para otros

cultivos y cría de animales, e incluso para la vida cotidiana de las familias. Se podría

haber resuelto con el apoyo del INTA pero, tal como se explicó anteriormente, no fue

posible por un conflicto entre las familias y el técnico debido a normas y valores en-

frentados.

La provisión de servicios de salud no fue mejorada: no hay sala de atención primaria

de salud en el paraje, el hospital más cercano está a 60 km, y si se requiere atención

de mayor complejidad es necesario trasladarse a Santiago del Estero, ciudad capital

de la provincia. Sin embargo el acceso al hospital más cercano se vio mejorado ya que

la Cooperativa Ashca Cayku -de la cual forman parte las familias-, compró un camión

que se utiliza para transporte de productos, mercaderías y personas. El camino de

acceso al paraje continúa en un estado lamentable, transitar los 60 km demanda va-

rias horas, pero por lo menos el camión asegura el traslado de las personas que lo

necesitan.

Los ingresos económicos de las familias han mejorado respecto a la situación pre-

via; no se dispone de información para compararlos con la etapa de migración a la

cosecha de algodón. La ayuda financiera de organizaciones no gubernamentales du-

rante la década del 90 facilitó el acceso al alambrado eléctrico con energía solar –no

hay electricidad en el paraje– que mejoró la eficiencia en el uso del predio y disminuyó

la pérdida de cultivos por el ingreso de animales. También facilitó el aumento de la

majada de cabras aunque con las limitantes que fueron descriptas anteriormente. La

extracción de leña del monte que sólo se utilizaba para autoconsumo, se convirtió en

una fuente de ingresos al poder comercializarla utilizando el camión de la cooperativa,

suma a esta práctica de intervención pero, mientras que INCUPO ponía énfasis en la auto-producción de semillas, PRO-HUERTA entrega semillas constantemente, con lo cual fue debilitando la práctica de cose-char la propia semilla, generando un vínculo de depenencia con el programa.

164

aunque no se cuenta con información para estimar la sustentabilidad de esta actividad

económica a través del tiempo.

Las condiciones de trabajo, si se comparan con la etapa migratoria, son mejores

desde la percepción de las familias, ya que “trabajar para otros” tiene una connotación

negativa dentro de la comunidad. Si se comparan las condiciones de trabajo antes y

después de la década del 90, no se observan cambios. Las labores agropecuarias

continúan siendo manuales, utilizando herramientas a tracción animal, ya que aunque

compraron un tractor y las correspondientes herramientas para el laboreo mecánico

con un crédito del Programa Social Agropecuario, no pueden utilizarlo por falta de in-

gresos para comprar el combustible.

La integración social y los recursos políticos mejoraron como parte del proceso de

organización campesina, de formación y gestión de la Comisión de Base de Arroyo

Salado, de la Central Campesina Ashpa Sumaj y su inserción en el Movimiento Cam-

pesino de Santiago del Estero.

Respecto a la seguridad de la vida y de la propiedad, es la dimensión del nivel de

vida que trabaja con más énfasis el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y al

mismo tiempo el más abandonado por el Estado. Con el apoyo de una organización no

gubernamental de Catalunya el MOCASE comenzó a realizar mensuras para que las

familias puedan acceder a los títulos de propiedad de sus tierras mediante la ley de

ocupación veinteañal, pero es un proceso lento. Al mismo tiempo brinda apoyo legal y

asesoramiento en los juicios por desalojo, realiza presentaciones ante los medios de

comunicación masivos para que se conozca la situación de estas familias, y lleva ade-

lante medidas de acción directa para frenar el avance de las topadoras. Este accionar

mejoró las condiciones de seguridad de los campesinos porque ya no están solos, sino

que están apoyados por la organización, pero al mismo tiempo los cambios macroeco-

nómicos en Argentina llevaron a un tipo de cambio que favorece la agroexportación, lo

que impulsó el avance del cultivo de soja sobre la región extra-pampeana, en muchos

casos sobre tierras ocupadas por familias campesinas. Respecto a la inseguridad jurí-

dica de la provincia, esta parece haber mejorado ya que luego de cuarenta años de

gobierno en manos de un caudillo y su familia, la provincia fue intervenida, y en el

2005 un nuevo gobernador elegido democráticamente se hizo cargo de la provincia.

Sin embargo es difícil evaluar qué medidas concretas puede tomar el nuevo goberna-

dor y sus funcionarios sobre la inseguridad jurídica en que viven las familias de Arroyo

Salado, así como los/as campesinos/as de toda la provincia.

165

Cuadro 4

Cambios en el nivel de vida de las familias de arroyo salado

DIMENSIÓN

MODIFICACIONES

ATRIBUIBLES A:

Educación y capacitación

Mejoró el acceso a la educación primaria porque se construyó una escuela en el paraje y porque al no migrar, las familias permanecen todo el año en el paraje y los niños pueden com-pletar el ciclo lectivo.

Fin del ciclo migratorio por causas exter-nas a la comunidad. Organización de las familias para construir la escuela. Valo-ración familiar de la educación de niños y jóvenes.

Alimentación

Mejoró la alimentación al incorporar a la dieta una variedad de hortalizas y cereales cultivados en la unidad doméstica, y también por la cría de aves con su producción de huevos y carne, aunque limitada por la falta de agua.

Fin del ciclo migratorio. Apoyo del PRO-HUERTA para el cultivo de huertas y la producción de pollos y gallinas, muy limi-tado por la falta de agua.

Acceso a

agua potable

No hubo mejoras a pesar de ser uno de los principales facto-res limitantes para la producción y para la vida cotidiana de las familias.

Podría haber mejorado con la asistencia del INTA, pero no se logró.

Vivienda Las viviendas continúan siendo deficitarias, aunque la perma-nencia de las familias en el paraje facilita su mantenimiento.

No hubo programas de apoyo específico a este aspecto fundamental de la vida de las familias.

Salud

La atención primaria de salud no ha mejorado; no hay sala de atención en el paraje y el hospital más cercano está en Quimi-lí, a 60 km. Para situaciones de mayor complejidad deben trasladarse a la capital provincial. Pero mejoró levemente el acceso porque la Cooperativa Ashcha Cayku compró un ca-mión y se utiliza como medio de transporte, el único medio de transporte, ya que las familias no tienen vehículos y no hay transporte público.

Organización campesina, formación de la cooperativa.

166

Recursos

económicos (ingresos y

bienes)

Los ingresos familiares han mejorado como resultado de me-joras en la producción de cabras y por la comercialización de leña y otros productos a través de la Cooperativa.

Acción de organizaciones no guberna-mentales; organización campesina (for-mación de la comisión de base, la cen-tral y la cooperativa).

Condiciones de trabajo

Las condiciones de trabajo podrían haber mejorado a partir de la incorporación del tractor comprado con el crédito del PSA, pero no está siendo utilizado. Por otra parte las familias valo-ran como un cambio positivo trabajar para sí mismos y no “pa-ra otros” como en épocas anteriores.

Seguridad de la vida y de la

propiedad

Las familias viven en situación de inseguridad tanto de sus vidas como de sus propiedades, por la situación de tenencia de la tierra y por la inseguridad jurídica de la provincia. Esto es percibido como amenaza, pero al mismo tiempo se siente el acompañamiento de la organización campesina –el “aguante”- y el MOCASE comienza a recibir ayuda financiera de una or-ganización no gubernamental para realizar las mensuras.

Organización campesina; organización no gubernamental de Catalunya.

Integración social

La organización y consolidación de la Comisión de Base y su relación con la Central Campesina y la Cooperativa son facto-res que favorecen la integración social.

Organización campesina.

Recreación

No se observan cambios

Recursos políticos

Las familias que participan en la Comisión de Base han in-crementado sus recursos políticos como resultado de su orga-nización e inserción en el Movimiento Campesino.

Organización campesina


167

CAPITULO 5 ORGANIZACIÓN CAMPESINA EN EL COYUYO

El paraje El Coyuyo118 se encuentra a 40 kilómetros de Tintina, una pequeña ciudad

dentro del Departamento Moreno119 de la provincia de Santiago del Estero. La antigua

ruta de tierra que llegaba hasta Tintina fue reemplazada en los 70 por una ruta pavi-

mentada que atraviesa el paraje dividiéndolo en dos, a diferencia de la antigua vía de

comunicación que corría lateralmente, rodeando el caserío. Por la ruta pasan colecti-

vos y “combis” que les permiten a los pobladores acercarse a la ciudad más cercana

con facilidad para realizar trámites, atenderse en el hospital, o concurrir a las reunio-

nes de la Central Campesina Tata Iaia Ashpacan, de la que forman parte a través de

la Comisión de Base de El Coyuyo. Por la misma ruta pueden llegar hasta la ciudad

capital, en un viaje que dura 3 horas aproximadamente.

La organización campesina del paraje El Coyuyo -al igual que la de Arroyo Salado-,

fue abordada en esta investigación desde la perspectiva de los sistemas complejos. El

proceso organizativo de las familias campesinas de El Coyuyo se presenta en este

capítulo en función de identidades vinculadas a una temporalidad, es decir, a las dife-

rentes identidades observadas en ese conjunto de familias dentro del período estudia-

do, vinculándolas a un período de tiempo. Se identificaron cuatro fases o identidades

diferentes de la comunidad de El Coyuyo durante el período analizado, que se presen-

tan a continuación.

1. Campesinos y ganadería extensiva: “Casi todo el mundo sembraba” El Coyuyo comprende una superficie de cuatro mil hectáreas que a principios del siglo

XX estaba cubierta por un bosque o “monte”, en su denominación local. Casi todos los

pobladores actuales de El Coyuyo nacieron allí, al igual que sus padres y sus abuelos.

En la época de los abuelos el monte era rico en especies vegetales y animales. Se

desmontaba una pequeña parcela donde se ubicaba la casa, el "cerco" -donde se cul-

tivaba maíz, batata y zapallo-, y un corral. Durante el día el ganado pastaba libremente

en el monte -cabras, vacas, caballos-; durante la noche se encerraban en el corral

118 Nombre de fantasía para identificar a un paraje de existencia real. 119 La ubicación y características de este departamento fueron descriptas en el capítulo anterior.

168

para protegerlos de los "leones120". Las aves de corral y la caza de animales silvestres

completaban la economía doméstica de las familias de El Coyuyo.

En las mismas tierras "convivía" la explotación ganadera. Pocas cabezas de ganado

en relación a las hectáreas disponibles y un monte con buena vegetación daban lugar

a una producción extensiva con escasa demanda de mano de obra durante gran parte

del año. En el invierno la escasez de lluvia secaba las represas naturales, y para que

el ganado bebiera era necesario "baldear” –extraer agua del pozo utilizando un balde-

para lo cual eran necesarios muchos brazos, que estaban disponibles sin costo alguno

para el productor ganadero.

"Casi todo el mundo sembraba, se cosechaba batata, anco. Después había

hacienda vacuna, chivas se criaba; y salía al campo a cazar chancho del

monte, mataco. Todo este monte no se trabajaba, todo estaba así nomás.

Y había mucha miel, miel de palo, entonces había gente que salía a melear

decíamos nosotros, quiere decir sacar la miel, y traían cantidades. De eso

se vivía, y de la siembra (…). (En invierno)…en esos años se baldeaba día

y noche; todo el día y después se cambiaba personal y seguía baldeando

de noche, había veces que hasta la madrugada porque había mucha

hacienda, trescientas, cuatroscientas cabezas vacunas” (Luis, viudo, 71

años121).

Los hombres que “baldeaban” no recibían remuneración; se puede considerar que

trabajar para el productor ganadero representaba una forma de pago por la ocupación

de las tierras. En El Coyuyo continuaron con la actividad ganadera y la agricultura de

subsistencia hasta 1923, año en que comenzó la explotación forestal. Anteriormente el

obraje sólo significaba un ingreso eventual para algunos campesinos que migraban

temporariamente.

"Algunos hombres salían al Chaco, y otros salían aquí, había obrajecitos

por acá, que trabajaban un mes, dos meses" (Luis).

Pero algo iba a cambiar en El Coyuyo.

120 El puma concolor. 121 Tenía 71 años en el momento de la entrevista, que fue en 1986; poco tiempo después falleció.

169

2. El obraje

"Mi tío, con quien me he criado yo, era un hombre muy trabajador y curio-

so; el venía a hablar con los patrones, entonces el nos contaba que iban a

abrir un obraje aquí, en El Coyuyo" (Luis).

Era el año 1923, y los hombres recibieron con alegría la presencia del obraje. Parecía

una situación ideal: podían sembrar, criar animales y realizar un trabajo remunerado

sin alejarse de la familia. Sin embargo estas actividades no resultaron compatibles. La

escasa remuneración percibida por el trabajo "en el hacha" obligaba a trabajar sin

descanso no sólo al jefe de la familia sino también a sus hijos, ya que el pago se reali-

zaba a destajo. De esta manera se iba sustrayendo del grupo doméstico a los miembros físicamente más fuertes para trabajar en el monte, disminuyendo no-tablemente la posibilidad de cultivar. Los productos de la huerta y de la cría, que

antes aseguraban la subsistencia de la familia, ahora dejaban paso a las "mercaderí-as" que el mismo obraje proveía, descontándola de las remuneraciones.

Por otra parte, la explotación forestal no se realizaba con un criterio de producción

sostenida; su único objetivo era lograr la máxima extracción de madera en el menor

tiempo. Esto trajo como consecuencia que en menos de treinta años el monte de El

Coyuyo ya no tuviera especies maderables, por lo cual cerraron el aserradero. Al poco

tiempo el obraje se trasladó a otra región. Parte de los trabajadores dejaron El Coyuyo

siguiendo al obraje, sumando a la dependencia económica el desarraigo de la tierra en

que vivían. Esto los alejó aún más de su pasado campesino y los inició en un camino

de migraciones sucesivas. La población de El Coyuyo decreció notablemente, situa-

ción que comenzó a revertirse en 1984 al comenzar un nuevo ciclo de extracción de

árboles del monte.

3. Otra vez “en el hacha”

En la fase anterior, que se extendió desde 1923 hasta 1950, el obraje funcionaba de-

ntro del paraje y monopolizaba la actividad productiva, tanto porque proporcionaba

trabajo a los hombres en forma permanente, como porque competía por los recursos

del monte con la economía doméstica, que se vio reducida aunque no eliminada.

Treinta años después, cuando el monte empezó a recuperar su vegetación arbórea,

comenzó una nueva fase de “trabajo en el hacha” pero con diferentes características a

la anterior. En el interregno de 30 años que transcurre entre una fase y otra, muchas

170

familias migraron en forma definitiva, otras sobrevivieron en el lugar retornando a una

economía campesina de subsistencia complementada con aporte de miembros mi-

grantes.

En esta nueva fase ubicada entre mediados de los 80 y principios de los 90, la activi-

dad de extracción forestal estaba más limitada en cantidad y calidad de productos. La

riqueza del monte era mucho menor, ya no había especies maderables, y sólo era

posible extraer leña122 y, en menor medida, postes. En 1986 vivían en El Coyuyo 34 familias que reunían a 143 personas123 cuya actividad

económica principal era el “trabajo en el hacha”, complementado por cultivos y cría de

animales para el consumo familiar. Las viviendas124 estaban separadas dentro del

monte; algunas contaban con una sola habitación y galería, otras tenían varias habita-

ciones, galería y un patio amplio. También se observaban diferencias en las construc-

ciones anexas: algunas tenían pequeños corrales, cerco para producción de hortali-

zas, horno para cocinar pan; otras no. La cocina podía ser mínima, casi inexistente en

algunos casos, o bien amplia, con un gran alero donde se “carneaban” los chivitos y

donde se colgaba la carne de vaca y los chorizos y otras “facturas” de cerdo. La dife-

rencia en el nivel socioeconómico de cada familia –expresado en los distintos tipos de

vivienda- estaba vinculada a diferentes ingresos monetarios obtenidos por puestos de

trabajo “en el hacha” diferenciales. El trabajo mejor remunerado era el de transportista

de leña y postes; le seguía el de motosierrista, luego el peón de tareas generales, la-

brador de postes, leñador y, finalmente, el peor remunerado era el llenado, encendido

y extracción de carbón de los hornos (Durand, 1987).

Como el trabajo más preciado en el monte era la obtención de árboles para madera,

algunos pobladores de El Coyuyo migraban a la provincia de Chaco en forma tempora-

ria -pero por períodos bastante extensos dentro del año-, ya que allí el monte tenía

mayor riqueza vegetal. El “contratista” recorría la zona en busca de posibles trabajado-

res y les pagaba un “adelanto” para que pudieran dejarle a la familia, -que permanecía

en la unidad doméstica-, luego los llevaba en camiones hasta el lugar del trabajo. Allí

el trabajador vivía en el monte y se alimenta con la “mercadería” que el mismo contra-

tista le traía. El trabajo era remunerado según la cantidad de “piezas” que el trabajador

entregaba, previo descuento del gasto en mercadería.

122 La leña puede comercializarse como tal, o entregarla a quienes tienen hornos para producir carbón. 123 Datos del censo realizado por el biólogo Nicolás Schweigman, comunicación personal. 124 El tipo de construcción era similar a la observada en Arroyo Salado, descripta en el capítulo anterior.

171

"Allá se ve más monte que aquí, lo único que se ve es palos, quebrachos.

Y no hay rutas; hay rutas, si, pero lejos. Allá hay mucho obraje, aquí muy

poco hay, y allá mucho. No sabíamos hachar leña allá, solamente madera.

(...) Te pagan mejor, más liviano es el trabajo de hacer madera. Y allá se

gana más plata, por eso es que uno se va para allá. Para mi es lindo traba-

jar allá. (...) A nosotros nos llevan... en abril el anteaño pasado hemos ido,

en marzo hemos vuelto, nos han traído ellos nomás. (...) Te dan plata co-

mo un anticipo y vos vas ya seguro a trabajar. Te dan ahí, bueno... no-

sotros le decimos lote; tienes que terminarlo a ese monte e ir a otro lado.

(...) Al palo lo voltian ellos, le cortan con motosierra; nosotros le hacemos

al palo cuando está cáido solamente. (...) Vos al palo tienes que limpiarlo,

sacarle todas las ramas, nosotros le sacamos el blanco y le buscamos el

colorao. (...) Hacemos una picada así ancha pa ´que entre la zorra, todito

se saca pa ´la picada. De la picada ellos se lo reciben decimos nosotros, y

te pagan por pieza. (...) El contratista nos cuida con mercadería, lo que

pidamos, así, nos trae." (Carlos, hachero, casado, dos hijas, 34 años).

La "mercadería" que el contratista "entrega" a los trabajadores es una fuente de ga-

nancia para el obrajero, ya que como monopoliza la llegada de productos al monte,

los precios son altos. Sin embargo, para Carlos, el contratista “lo cuida”. Esta relación

es similar a la de las familias de Arroyo Salado con quién los contrataba para cosechar

algodón.

A diferencia de los campesinos de Arroyo Salado, que migraban al Chaco para cose-

char algodón con todo el grupo familiar, en este caso migra el jefe de familia, y la mu-

jer y los chicos queda en la unidad doméstica, realizando actividades de subsistencia.

En algunos casos, cuando no hay hijos, la mujer acompaña al hombre y se ocupa de

cocinar y lavar la ropa en el “campamento125”.

"Si son por ejemplo un matrimonio, ¿a qué va a quedar la mujer acá? Por-

que hay muchos así que no tienen qué cuidar. Más le conviene hacer un

solo gasto y llevar a la mujer. (...) Pero es mucho sacrificio, se tienen que

quedar solitas ahí en el campamento hasta que vuelvan los maridos... Y

más cuando hay chicos, por ahí le hacen picar con la abeja, o se enfer-

man, ¿qué les van a dar? (...) Yo siempre les digo que no las lleven, por-

que al quedar en la casa ya puedes cuidar gallinas, chivitos, algo así, y an- 125 Construcciones precarias dentro del monte, donde pernoctan los trabajadores.

172

dando por los campamentos, ¿qué va a hacer? Viene y no tienen nada, só-

lo a base de plata nomás. Y no que si te queda la mujer, cuando viene el

esposo ya puede carnear un pollito, o algo, porque criaron" (José, motosie-

rrista, soltero, 33 años).

La extracción de postes se organizaba en forma similar a la de madera: el motosierris-

ta cortaba los árboles y los hacheros los labraban. Finalmente se "rodeaba", es decir,

se movían los troncos y se cargaban en la "zorra126" para transportarlos. El trabajo en

el monte es exclusivamente masculino; tanto el manejo del hacha como de la motosie-

rra, el “deschampe127”, el “rodeo”, etc., sólo son realizadas por hombres.

En El Coyuyo, José era el único motosierrista; el "arreglaba" con el propietario de las

tierras las condiciones de trabajo y contrataba a los hacheros. Estos no eran trabaja-

dores ocasionales, sino que formaban un grupo bastante estable donde se entrelaza-

ban relaciones laborales con vínculos de parentesco, compadrazgo y redes de solida-

ridad.

"Yo me he ido a hablar para que me den trabajo, y ellos andaban sin traba-

jo, y yo voy y le hablo al tipo, y él me dice: -Bueno, ocupáte unos seis o

siete. Bueno, el quería que fuesen tres, pero yo le digo, como éramos más,

le digo: -No, a mi no me conviene trabajar con dos o tres, vamos a trabajar

seis o siete. Bueno, dice -No me van a correr a mi, pero ponelos. Y si, por-

que sino aquel iba a quedar sin trabajo, o aquel, y era una lástima que no-

sotros que hemos estado trabajando y no vamos a echar atrás al compa-

ñero, que él también necesita. (...) Nos acompañamos siempre entre com-

pañeros, y es lindo así, porque ellos no van a desconfiar de mi, ni yo de

ellos, nos conocemos unos a los otros" (José).

El trabajo podía consistir en extraer una cantidad determinada de postes, o bien cortar

la cantidad posible de postes en una cierta superficie o en un período de tiempo. En

todos los casos el pago se hacía de acuerdo a la cantidad de postes cortados por cada

hombre, previo descuento del valor de la mercadería que se le había entregado.

126 Vehículo a tracción animal. 127 Eliminar los arbustos y malezas al lado del árbol que se va a cortar, pero que cuando esté en el suelo se pueda trabajar con cierta comodidad en el labrado, es decir, en la eliminación de la corteza.

173

"Mi patrón me ha contratado no para que le haga cien, doscientos o mil

postes, que le haga lo que pueda, lo que se pueda hacer en un mes. Hay

partes que se dan de a doscientos metros, doscientos cincuenta de ancho,

por doscientos, por quinientos, pero aquí no, aquí al montón nomás. (...) A

mi me da la mercadería allá y yo les doy a ellos. Se les suma el trabajo y

se le suma la mercadería, y si es más el trabajo y menos la mercadería ahí

ya se le paga" (José).

La extracción de leña presentaba otras características.

A nosotros no nos conviene la leña, siempre es más trabajo. Si vos limpias,

le hachas todos los gajos, ¿cuánto vas a demorar entonces? En cambio la

madera no, al hachar esos palos vos haces uno y te vas al otro. En el otro

(producción de madera) ganas más plata, y en este (leña) no, en este vos

trabajas más que para la mercadería. (...) Ya hace de esa vez que hemos

venido, la última vez que han llevado gente al Chaco, después ya no han

venido y estás obligao a trabajar leña. ¿Qué puede hacer un pobre? ¡Un

pobre tiene que hacer para comer!" (Carlos).

Finalmente, la producción de carbón es la que presentaba menores atractivos.

"Hay muchos que hachan leña; nosotros tenemos que rodear en un ca-

mión, un tractor, traer la leña y poner ahí en el horno para llenarlo. Lo lle-

namos y de ahí lo cierran y le largan el fuego, y ahí se hace el carbón. (...)

Nosotros del horno sacamos cuando esté frío, y en parte, si por ahí tiene

fuego, tenemos que apagar con agua adentro. (...) Y es caliente el horno

adentro, caliente, caliente, y con poquito así que tenga una chispa nomás

priende; si no lo apagas se priende, tienes que cerrarlo obligao otra vez.

(...) Por eso casi ninguno le gusta trabajar así, no como en el hacha que

trabajas fresco. Es más sucio el carbón porque vamos, entramos en el

horno y todo el polvillo fino uno lo toma todo" (Carlos).

El trabajo en la extracción forestal limitaba en gran medida las posibilidades de pro-

ducción de autosubsistencia de estas familias a través de dos mecanismos: la dismi-

nución de la riqueza del monte, que derivó en menor disponibilidad de alimento para el

ganado doméstico y menores posibilidades de caza de animales silvestres, y el trabajo

174

a destajo que restó a las familias del trabajo masculino necesario para algunas tareas

del ámbito de la economía doméstica128.

La economía doméstica se resintió pero no fue destruida totalmente. El pago que reci-

bía el trabajador contribuía a la reconstitución de la fuerza de trabajo inmediata, no así

a su mantenimiento en los períodos de desempleo que en este caso se debían bási-

camente a accidentes y enfermedades. Tampoco contribuía a la reproducción del tra-

bajador, es decir al mantenimiento de su descendencia. La prueba se encuentra en

que aquellas familias que sólo se abastecían de las mercaderías del obrajero no llega-

ban a cubrir con el trabajo el monto de aquellas, quedando endeudados. Podían "jun-

tar unos pesos" las familias que basaban su alimentación en la producción doméstica,

limitando las mercaderías a la alimentación del trabajador cuando se encontraba en

los campamentos alejados de su hogar.

Si bien las mujeres no participan del trabajo forestal, la explotación ejercida sobre los

hombres dentro del sistema de obraje también es ejercida sobre las mujeres, tanto las

que permanecen en el grupo doméstico como las que migran para emplearse como

trabajadoras domésticas. Comentarios de la esposa de Carlos respecto a sus hijas -de

11 y 12 años- y la "ayuda" o "sueldito" que le iban a entregar por las tareas domésti-

cas que realizarían para una familia en la ciudad capital, lleva a pensar como el traba-

jo de esas niñas de alguna manera permite que el padre siga trabajando en condicio-

nes que no posibilitan ni siquiera la reconstitución de su fuerza de trabajo y mucho

menos el mantenimiento durante los períodos en que no trabaja por sus problemas de

salud. Las empleadas domésticas -niñas, adolescentes, jóvenes- migrantes de estas

familias y que siguen enviando dinero a las familias de origen -generalmente hasta que

se casan- son en realidad doblemente explotadas. A través de la explotación de sus

padres y hermanos en el lugar de origen, y a través de las condiciones de trabajo pro-

pio al cual están sometidas, percibiendo salarios directos mínimos y sin salario indirec-

to.

128 Para un análisis de organización del trabajo y estrategias de vida de las familias de El Coyuyo, ver Durand (1987).

175

4. El regreso de la ganadería, la división de El Coyuyo y el comienzo de la organización campesina En 1987 el dueño de las tierras de El Coyuyo tenía planes de vender una parte de las

mismas que se extendía de un lado de la ruta, pero esto no parecía preocupar a las

familias de El Coyuyo ya que pensaban que no podría venderlas.

“Parece que quiere vender de un lado de la ruta, pero el es pícaro y de ese

lado lo está explotando. El cree que algún tonto lo va a venir a comprar,

pero primero tienen que revisar y después comprar. ¿Para qué quieren una

tierra a esta altura así? ¿Para qué quieren el corazón sin el cuerpo?129”

(José).

Sin embargo Pedro estaba decidido a vender una parte y desmontar el resto

para agricultura: pensaba sembrar 1000 has de sorgo y pasturas. Sobre el total

de las tierras, aproximadamente 4000 has, destinó 102 has –menos del 3 % del

total- para que los pobladores ubiquen sus viviendas.

“Tengo que sacar a toda la gente de allí, hasta Doña Lucía (madre de Jo-

sé) tiene que salir de ahí. Hace dos años les he dicho: no se queden más

acá adentro porque es de la sociedad130; elijan ustedes el terreno mejor de

la donación, porque hay una donación de 102 has, se han donado al go-

bierno para la población, y los pobladores que estén adentro (de las tierras

donadas) no los van a mover. Yo le he dicho a Doña Lucía; ustedes siendo

los más viejos, métanse adentro, pero todavía siguen allí” (Pedro, aproxi-

madamente 60 años, porteño, en ese momento tenía el título de propiedad

de las tierras de El Coyuyo).

Si las 34 familias que habitaban El Coyuyo en ese momento intentaban ubicar sus

viviendas dentro de las tierras donadas les iba a corresponder 3 has a cada una, su-

perficie totalmente insuficiente para sostener el sistema productivo de las familias.

Hasta ese momento los animales de todas las familias tenían acceso a las 4000 has

129 Se refiere a por qué alguien va a querer esas tierras sin el monte. 130 Pedro insistía en que las tierras pertenecían a una sociedad de la cual él formaba parte, pero la escri-tura estaba a su nombre y era el único interlocutor, por lo que parecía que la mención de una “sociedad” era una estrategia para no enfrentarse abiertamente con la población. Cada vez que surgía algún recla-mo, él afirmaba que no podía hacer nada porque las decisiones no las tomaba él sino “la sociedad”.

176

de monte, pero desde el momento del cierre de las 102 has tendrían vedado el ingre-

so. Por eso muchas familias permanecieron en sus viviendas, pero a medida que fue

pasando el tiempo y vieron que el desalojo era inminente, algunas familias abandona-

ron sus casas y construyeron nuevas viviendas dentro de las tierras donadas.

En 1989 todas las tierras de un lado de la ruta y una pequeña extensión del otro lado,

fueron vendidas a una empresa agropecuaria que desmontó e instaló un sistema pro-

ductivo mixto agrícola-ganadero similar a los de Región Pampeana, de dónde provenía

el empresario. Sobre el resto de las tierras no hubo modificaciones, y el plan de siem-

bra de Pedro no se llevó adelante.

El Coyuyo entró en la nueva década siendo un pueblo dividido: de un lado de la ruta

casi nada había cambiado: una pequeña extensión de monte había sido cercada y los

animales ya no tenía acceso, pero el resto del monte seguía abierto por lo cual no se

modificó la cantidad de animales que cada familia tenía. Las familias continuaban en

sus viviendas con los cultivos habituales para el propio consumo. Del otro lado de la

ruta, en cambio, las familias habían abandonado sus viviendas y estaban relocalizadas

en pequeñas superficies que impedían los habituales cultivos de subsistencia, como

maíz y zapallo, restando sólo un pequeño espacio alrededor del peridomicilio. Tampo-

co podían sostener la cría de cabritos porque ya no tenían monte, aunque algunas

familias intentaron continuar la producción aprovechando los costados de la ruta para

alimentar los animales, pero esto era totalmente insuficiente. Sin producción de auto-

subsistencia y sin trabajo forestal, algunas familias migraron mientras otras se conver-

tían en asalariados de la empresa agropecuaria, o bien casaban a sus hijas con em-

pleados de la empresa: la vida de esa parte del pueblo empezó a girar alrededor de la

empresa agropecuaria.

Los 90 también marcaron otro cambio en El Coyuyo: el comienzo de la organización

campesina. Apoyados por una organización no gubernamental, el CENEPP, y a partir

de conocer las experiencias de organización en otros parajes cercanos, se forma la

Comisión de Base de El Coyuyo, integrada a la Central Campesina “Tata Iaia Ashpa-

can” y, a través de ésta, al Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Paradóji-

camente, el origen de la organización campesina se produce en un momento en que parte de las familias ya no eran campesinas, sino asalariadas.

177

A fines de los 90 la empresa agropecuaria se declaró en quiebra, y los campesinos

devenidos asalariados se transforman en desocupados, el resto de las familias conti-

nuaban como campesinos, con la cría de cabritos y los cultivos de subsistencia.

5. Prácticas de intervención de programas estatales y de organizaciones no gu-bernamentales de desarrollo La organización propia y el apoyo del CENEPP les facilitó a las familias de El Coyuyo

el acceso a programas de desarrollo rural social; uno de ellos fue el PROINDER131,

que a través de subsidios facilitó el mejoramiento de la producción de cabras. Este

programa llegó a las familias campesinas de El Coyuyo a través de la organización no

gubernamental que los apoya, así como lo hace con todas las Comisiones de Base

que forman parte de la Central Campesina Tata Iaia Ashpacan. El programa no envía

técnicos a la zona sino que delega sus acciones en los técnicos del CENEPP.

“Había una especie de reglamento (en PROINDER), esto podemos com-

prar y esto no, bueno, veamos para qué nos sirve a nosotros (...) Siempre

a través de la organización (de base). Y bueno, se fue trabajando así en

las bases y después se armaron los formularios que eran terribles porque

incluían muchos datos de la familia, de diagnóstico, más allá del proyecto

(...) Armar esos formularios era bastante complicado, se dificultaba la parti-

cipación de los campesinos, pero bueno, se trabajó en las bases y des-

pués se tradujo a esa cosa rara que pedían allá en el PROINDER” (Rami-

ro, menos de 30 años, veterinario, técnico del CENEPP).

El CENEPP aparece mediando entre el mundo profesional de los programas y el mun-

do campesino. Los técnicos de la ONGDR “traducen” los reglamentos del programa

para que los campesinos decidan qué “les sirve” de esa oferta. Luego “traducen” las

decisiones de la organización de base para que pueda ser decodificada por el progra-

ma. Es difícil creer que se trate de una simple traducción neutra; seguramente el rol de

la ONGDR como interfase es más complejo que una pura decodificación y recodifica-

ción, pero no se cuenta con elementos como para profundizar el análisis de este espa-

cio de interfaz.

131 Para una descripción de los modelos de intervención de los programas PROINDER, PRO-HUERTA y Plan Jefes/as de Hogar, ver Capítulo 2.

178

El PRO-HUERTA también delega sus acciones en los técnicos del CENEPP; éstos

reciben bolsas de semilla para las familias de todas las comisiones de base que for-

man parte de la Central, y luego las distribuyen entre los representantes de las comi-

siones, quienes a su vez las entregan a las familias que forman parte de cada comi-

sión. El “reparto” de semillas que se repite dos veces por año ha generado una situa-

ción de dependencia de parte de las familias de El Coyuyo. “No se si vamos a poder

cultivar este año porque parece que el PRO-HUERTA no va a entregar semillas”, afir-

maba una campesina que seguramente cultivaba verduras desde mucho antes que el

PRO-HUERTA existiera. El temor era compartido por otros campesinos y campesinas

presentes en la asamblea; el rumor de que el PRO-HUERTA se había quedado sin

presupuesto y que no podría entregar semillas132 generaba una actitud de parálisis

ante la situación: si no hay semillas del PRO-HUERTA, no hay cultivo, olvidando que

previamente ellos realizaban cultivos para el consumo familiar a partir de las semillas

que ellos mismos producía en sus cercos, o que intercambiaban con sus vecinos.

Esta situación es similar a la observada en Arroyo Salado: cultivaban maíz sin tractor;

el tractor se instala como una nueva tecnología en la comunidad mediante un crédito

del PSA; luego las familias no tienen dinero para comprar combustible para mover el

tractor; y entonces sin tractor no hay maíz. De la misma forma en El Coyuyo las fa-

milias cultivan sus cercos con zapallo, anco, batata, zapallitos, maíz, y otros cultivos133;

llega el PRO-HUERTA y comienzan a usar sus semillas; creen que el PRO-HUERTA

no entregará semillas, y la idea es que si no hay semillas del PRO-HUERTA, no hay cultivo. Parecería que el cambio en las prácticas tecnológicas es un camino de ida,

donde es difícil retornar a las prácticas anteriores cuando han sido obturadas por nue-

vas tecnologías134.

Como un elemento positivo del PRO-HUERTA se puede conjeturar que el programa

propició una mayor diversidad de cultivos al aportar semillas de especies o variedades

que las familias no tenían. Al mismo tiempo se observan dos consecuencias negativas:

durante los años que recibieron las semillas del PRO-HUERTA no incorporaron la

práctica de cosechar esas semillas135 así como lo hacían con las propias; por otra par-

132 Efectivamente el PRO-HUERTA quedó desfinanciado durante un período, pero la cooperativa sanjua-nina que le vende las semillas al programa siguió aportando las mismas; luego de un tiempo el PRO-HUERTA pagó su deuda con la cooperativa. La entrega de semillas no se interrumpió, pero los rumores alcanzaron para generar temor entre algunos grupos “beneficiarios” del programa, entre ellos, las familias de El Coyuyo. 133 En 1986 solo una familia de las 34 que vivían en El Coyuyo no tenían “cerco”. 134 Este es un tema que requiere mayor análisis, y que excede los objetivos de esta investigación. 135 Casi todas las hortalizas se pueden cultivar a partir de semillas cosechadas en la misma huerta.

179

te han desarrollado una actitud dependiente que muestra que la nueva situación es

inestable y poco sostenible en el caso en que el programa finalice su intervención.

Cabe aclarar, por otra parte, que todas las familias de El Coyuyo pudieron participar

del PRO-HUERTA, pero sólo fueron beneficiarios del PROINDER aquellas familias

que seguían criando cabras, las familias del lado de la ruta que casi no se había modi-

ficado.

En el 2002 las familias de El Coyuyo se inscribieron en el Plan Jefes/as de Hogar136 a

instancias de la Central Campesina “Tata Iaia Ashpacan” que tramitó los subsidios

para las familias que formaban parte del MOCASE, con el apoyo de los técnicos del

CENEPP. Muchas familias no se pudieron inscribir porque tenían hijos mayores de 18

años. De las que se inscribieron, algunas comenzaron a cobrar el subsidio de $150

unos meses después, pero otras no obtuvieron respuesta a pesar de cumplir con los

requisitos. Cuando los técnicos del CENEPP consultaron en el Ministerio de Trabajo

los motivos de estas diferencias, sólo obtuvieron como respuesta que “se había extra-

viado la documentación”. Esto se repitió con familias de otras Comisiones de Base; se

ignora si se trató de errores burocráticos o de una maniobra política deliberada; lo

concreto es que muchas familias que podían ser beneficiarias del programa no pudie-

ron acceder al mismo.

Unos años después la empresa agropecuaria continuaba en convocatoria de acreedo-

res. Las familias con miembros que trabajaban como asalariados seguían desocupa-

dos, esperando que la empresa finalmente se vendiera y ellos pudieran trabajar para

los nuevos dueños.

En cuanto al aspecto organizativo, la Comisión de Base no logró consolidarse hasta el

momento. A las asambleas concurren sólo algunas familias; no existe una formulación

clara de los objetivos y resultados que esperan alcanzar. Las decisiones se toman

entre las personas más activas del grupo, sin que todas las familias se involucren. No

cuentan con un reglamento interno que establezca claramente los procedimientos para

el ingreso y egreso de miembros a la Comisión ni la distribución de actividades entre

los representantes; tampoco tienen días fijos de reuniones y no se llevan registros de

136 Estrictamente el programa era para desocupados; en ese caso solo podrían acceder al mismo los trabajadores de la empresa agropecuaria que habían quedado sin trabajo; sin embargo la situación de los campesinos presenta una débil diferenciación de la categoría “desocupado”. En muchos estudios de em-pleo se los considera dentro de la población económicamente activa como trabajadores informales, en una categoría similar al personal doméstico, y debido al bajo nivel de ingreso y al trabajo esporádico, se podía justificar su inclusión en el programa.

180

los temas tratados en las reuniones ni los acuerdos alcanzados; muchas veces las

reuniones son convocadas por los técnicos de la ONGDR para plantear algún tema, no

son autoconvocadas como se observó en Arroyo Salado.

Un factor que puede influir sobre el estancamiento de la organización es la heteroge-neidad del grupo y las diferentes expectativas de los miembros. Las familias que

sostienen un sistema campesino apuestan a continuar con la producción apoyándose

en los programas sociales productivos como el PROINDER; en cambio las familias

que en la última década tuvieron miembros asalariados tienen sus expectativas pues-

tas en volver a ser contratados por la empresa agropecuaria cuando ésta regularice

su situación legal. Estrechamente vinculado con lo anterior, la diferente situación en cuanto a la tenencia de la tierra marca otra escisión en la organización. Una parte de

las familias ya perdieron las tierras que habían trabajado durante tres generaciones;

como contraparte de esa pérdida ya no tienen que preocuparse por ser desalojados

porque están instalados en tierras donadas. Las otras familias, en cambio, continúan

utilizando las tierras pero no tienen la propiedad de las mismas, y la posibilidad de que

en algún momento también esa parte del pueblo sea vendida y ellos sufran iguales o

peores pérdidas que las otras familias está presente como amenaza. Por ello no es

sorprendente que esas familias sean las más involucradas en la organización campe-

sina y las que tienen una participación más activa.

Para comparar las prácticas de intervención de los programas estatales y de las

organizaciones no gubernamentales de desarrollo en El Coyuyo se recurrió a la misma

matriz que se aplicó en Arroyo Salado137. Una de las variables que se consideró fue el

tipo de vínculo del programa con sus beneficiarios/as, cuyo análisis se basó en dos

indicadores: el grado de intermediación, diferenciando aquellos programas cuya

práctica de intervención incluye una relación directa con el beneficiario, de aquellos

que mantienen una relación indirecta, es decir, mediada por otro actor social. En este

caso tanto el PROINDER como el PRO-HUERTA llegan a las familias de El Coyuyo a

través del CENEPP. El otro indicador del tipo de vínculo es la temporalidad del mis-

mo, distinguiendo programas que mantienen vínculos permanentes, de aquellos que

establecen relaciones temporarias con los beneficiarios. El PROINDER establece vín-

culos transitorios en relación a un “proyecto” que los beneficiarios tienen que elaborar

y proponer al programa, que puede aprobarlo o no. Para que el programa continúe

sus acciones los beneficiarios tienen que ir presentando nuevos proyectos a medida

que finalizan los anteriores. En este caso el CENEPP elabora los proyectos. 137 Ver cuadro 2, en el capítulo anterior.

181

Otra variable se refiere al sujeto social que es beneficiario, distinguiendo progra-

mas cuyos beneficiarios son individuos de aquellos que son familias, organizaciones

pre-existentes o grupos formados ad hoc. En El Coyuyo se puede diferenciar una pri-

mera etapa en que el CENEPP se vinculaba con las familias del paraje para impulsar

la formación de una organización campesina; cuando ésta se constituyó, el interlocutor

pasó a ser la Comisión de Base y sus representantes; pero como esta organización

tiene muy baja consolidación se generó una situación bastante conflictiva y heterogé-

nea en cuanto a los resultados esperados de este vínculo, tanto de parte de los técni-

cos del CENEPP hacia las familias –con una especie de “exigencia” de que participen

en la organización-, como por parte de las familias hacia los técnicos, donde había una

gran heterogeneidad en la cercanía personal de la relación y de las expectativas que

las familias tenían. Como se comentó anteriormente, las semillas del PRO-HUERTA

eran entregadas por la Central Campesina a los representantes de la Comisión de

Base para que las entregaran a las familias. Si bien la huerta es de apropiación fami-

liar las semillas no son recibidas directamente por éstas, sino por la Comisión de Base,

en algo que parece un intento de parte del CENEPP de que las familias participen –o

asistan a las reuniones, al menos- de la organización campesina.

En cuanto al PROINDER, para presentar los proyectos se “formó” un grupo ad hoc –

por lo menos se presentó así en los formularios, “en los papeles”, no quiere decir que

exista un grupo como tal en el paraje, con una dinámica propia-. Este “grupo” estaba

formado por las familias que criaban cabras, las del lado de la ruta que no se modificó

en la última década. Esta cuestión de la formación de grupos ad hoc que exige el

PROINDER -y también el PSA, que no realizó acciones en este paraje-, y que puede

generar conflictos al establecer divisiones donde no las hay, en este caso no fue un

problema, ya que sólo puso de manifiesto una división que ya existía al interior de la

comunidad.

La reciprocidad de las acciones del programa es una variable que permite dife-

renciar si los beneficiarios deben realizar ciertas acciones como respuesta a las del

programa más allá del buen uso del bien o servicio percibido. En este caso no hay

exigencia de reciprocidad en ninguna de las intervenciones: PROINDER entrega un

subsidio monetario que no debe ser devuelto; PRO-HUERTA entrega las semillas sin

esperar devolución; y CENEPP tampoco espera una retribución hacia sus acciones

por parte de las familias.

182

La flexibilidad de las acciones, entendida como la capacidad institucional de ade-

cuarse a la estructura de normas y valores locales, es otra variable a considerar para

el análisis de las prácticas de intervención. En este caso las acciones de PROINDER y

de PRO-HUERTA no se pueden evaluar en forma directa porque están intermediadas

por el CENEPP. Se podría conjeturar que estos programas fueron flexibles al aceptar

que en este caso sean los técnicos de una ONGDR y no sus propios técnicos quienes

se relacionen con la población local, pero no se cuenta información suficiente como

para afirmarlo. En cuanto al CENEPP, la flexibilidad en este caso es baja. La relación

entre Javier, técnico de esta ONGDR y las familias de El Coyuyo es bastante diferente

a la observada en Arroyo Salado con Santo. Javier interpreta como “falta de concien-

cia” la escasa participación de los miembros en la organización campesina, con una

carga negativa hacia las familias que trabajan en la empresa agropecuaria. En la divi-

sión de El Coyuyo que fue analizada anteriormente, Javier toma partido por las fami-

lias “más campesinas”, y, sin saberlo, amenaza el débil equilibrio con que la comuni-

dad de El Coyuyo trata de mantenerse unida, ya que más allá de en qué trabajen, son vecinos y lo han sido desde generaciones anteriores. Los actuales miembros de la

comisión de base se conocen desde niños, han ido a la escuela juntos, han trabajado

“en el hacha” como parte de la misma cuadrilla. Todos comparten algún parentesco real –primos, tíos- o simbólico –comadres, ahijados, padrinos-. Sus acciones tienden

a mantenerlos unidos, aún dentro de la heterogeneidad socioeconómica que existe

actualmente –por la división- pero que ya existía desde la fase de “trabajar en el

hacha”. Unidos en la diversidad, ese es el desafío que el técnico no alcanza a ver.

Respecto a los técnicos jóvenes que se han incorporado recientemente al CENEPP en

esta localidad, se observa una formación técnica limitada dentro de su profesión –

veterinarios, agrónomo, médica-, falta de experiencia de trabajo y dificultad para “ubi-

carse” en el campo: quieren sumarse al movimiento campesino como “uno más”, pero

los campesinos no esperan que sean “uno más”: los valoran como profesionales y les

plantean problemas concretos que necesitan resolver.

A continuación se presenta un cuadro con una síntesis de las prácticas de intervención

observadas en El Coyuyo.

183

CUADRO 5 PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN EN EL COYUYO

Tipo de vínculo

Casos analiza-dos138 Grado de interme-

diación Temporalidad del vínculo

Sujeto social que es benefi-ciario

Reciprocidad de las acciones

Flexibilidad para ade-cuarse a valores y nor-

mas locales

PROINDER

Indirecta (mediada por el CENEPP)

Transitoria (vincu-lada a la tempora-lidad de “proyec-tos”)

Grupo formado ad hoc

No

Intermediada por CE-

NEPP

PRO-HUERTA Indirecta (mediada por el CENEPP)

Permanente

Comisión de Base No Intermediada por CE-

NEPP

Plan Jefes/as

Indirecta (mediada por el CENEPP)

Permanente

Familia

¿? ¿?

CENEPP Directa

Permanente

Familias inicialmente, luego Comisión de Base (impulsa-ron su formación)

No

Media a baja


138 El cuadro compara las prácticas de intervención en El Coyuyo, no se está realizando un análisis general de las prácticas de intervención del CENEPP, del PROINDER ni de ninguna institución, por esto el encabezado de esta columna es “Casos analizados” y no “Instituciones”.

184

6. Cambios en la calidad de vida de las familias de El Coyuyo

Las familias campesinas entrevistadas en El Coyuyo vivían en situación de pobreza

tanto por tener necesidades básicas insatisfechas como porque su nivel de ingreso se

encontraba por debajo de la línea de pobreza139. En el cuadro 6 se presenta una sínte-

sis de las modificaciones en las condiciones de vida de las familias campesinas de El

Coyuyo que se pudieron observar durante el trabajo de campo, y una identificación

del proceso que facilitó ese cambio.

La educación no mejoró si se compara con décadas anteriores; siguen contando con

la misma escuela primaria pero están en riesgo de perderla, porque dentro de las re-

formas que se hicieron en Santiago del Estero durante los 90 se incluyó el plan de

cerrar las escuelas con pocos alumnos y derivar a alumnos y maestros hacia escuelas

cercanas –en este caso a 40 km-. Las condiciones de la vivienda no han tenido nin-

guna mejora. La alimentación puede haberse diversificado durante los 90 por las ac-

ciones del PRO-HUERTA, pero como consecuencia las familias desarrollaron una acti-

tud de dependencia hacia este programa, que pone en duda la sostenibilidad de las

huertas si el mismo se retira. La provisión de agua sigue siendo precaria, utilizando

pozos y represas. El técnico del CENEPP comentó que estaban trabajando en un pro-

yecto de ampliar y mejorar una represa en la zona. El servicio de atención primaria de

salud es igual: hay un agente sanitario en el lugar que hace visitas a las familias por

cuestiones vinculadas a la prevención, y pueden concurrir al hospital de la ciudad más

cercana.

Respecto a los ingresos económicos se puede conjeturar que las familias con miem-

bros que trabajaban en la empresa agropecuaria habían mejorado su ingreso, no sólo

por el salario directo sino también por el indirecto; pero durante el período en que se

realizaron las entrevistas todos estaban desocupados. Los ingresos de las familias que

criaban cabras también es posible que hubieran aumentado por el apoyo del PROIN-

DER para mejorar la producción; sin embargo cuando se realizó el trabajo de campo

las majadas caprinas enfrentaban una situación sanitaria negativa, consecuencia de

enfermedades o de haber ingerido plantas tóxicas que los veterinarios no acertaban a

resolver. Es decir que para ambos grupos de familias, se puede estimar una mejora en

el ingreso económico durante lo 90 –resultado de la actividad privada llevada adelante 139 Si bien no se obtuvo información sobre el nivel de ingreso de los que trabajan en la empresa, en la época en que se realizó el trabajo de campo eran todos desocupados.

185

por la empresa agropecuaria y de un programa de desarrollo rural-, pero con dudosa

sostenibilidad.

En los 90 las condiciones de trabajo habían mejorado, no tanto porque fueran bue-

nas, sino porque comparadas con la situación anterior -el trabajo en el obraje y “en el

hacha”- representaban un cambio positivo. Los recursos políticos de El Coyuyo no

tuvieron cambios.

La integración social entró en riesgo en la década del 90, primero por la división que

se generó como resultado de la venta de las tierras a un lado de la ruta donde se ins-

taló la empresa agropecuaria; y luego, por las acciones del CENEPP que, tomando

partido por un grupo de familias, pone en riesgo la integración de esta comunidad que

es heterogénea, pero que lo ha sido históricamente, y que ha logrado mantenerse uni-

da a pesar de esa diversidad. Respecto a la seguridad de la propiedad, mejoró para

un conjunto de familias que perdieron los predios que históricamente habían trabajado

pero que obtuvieron a cambio un espacio reducido, pero con mayor seguridad jurídica.

El resto de las familias continúa con igual situación de inseguridad que en la década

anterior.

186

Cuadro 6

Cambios en el nivel de vida de las familias de El Coyuyo

DIMENSIÓN

MODIFICACIONES

ATRIBUIBLES A:

Educación y capacitación

En la década del 90 igual, pero con posibilidad de que empeo-re si pierden la escuela primaria que funciona en el paraje

Acción del Estado provincial

Alimentación

Diversificación de hortalizas para consumo familiar, pero con posibilidad de perder no sólo esos nuevos cultivos, sino tam-bién los que realizaban anteriormente si el programa no conti-núa entregando las semillas.

PRO-HUERTA y CENEPP

Acceso a

agua potable

Igual, pero con posibilidad de mejorar con una nueva represa

CENEPP y Central Campesina Tata Iaia Ashpacan

Vivienda Las viviendas continúan siendo deficitarias

No hay instituciones involucradas en esta problemática

Salud Sin modificaciones

Estado provincial

187

Recursos econó-

micos (ingresos y bie-

nes)

Mejoras en los 90 con posibilidad de que disminuyan Actividad privada (empresa agropecuaria)

PROINDER – CENEPP

Condiciones de trabajo

Mejoraron por cambios en el tipo de producción Actividad privada (empresa agropecuaria)

PROINDER – CENEPP

Seguridad de la propiedad

Para un grupo de familias, mejoró la seguridad aunque perdieron los predios que cultivaban desde hace varias generaciones. Para

el resto de las familias no hay cambios

Actividad privada (empresa agropecuaria)

Integración social En riesgo

Actividad privada (empresa agropecuaria)

Técnicos del CENEPP

Recreación

No se observan cambios ----

Recursos políti-cos

Sin modificaciones

----


188

CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación consistió en analizar en qué medida y bajo qué cir-

cunstancias los programas sociales rurales implementados por el Estado nacional en

el período 1990-2001 operaron como facilitadores o como obstáculos para el fortale-

cimiento de las organizaciones campesinas y la superación de la pobreza de las fami-

lias miembros de esas organizaciones. A continuación se presentan las conclusiones

de la investigación.

1. Programas de desarrollo rural, pobreza y calidad de vida de las fa-milias campesinas

Los parajes Arroyo Salado y El Coyuyo se encuentran en áreas de estancamiento o de

carencia crónica de recursos, con la casi totalidad de la tierra sólo apta para ganadería

y un clima inhóspito (Craviotti y Soverna, 1999). En ese contexto, el campesinado san-

tiagueño se encontró inserto en el sistema capitalista nacional a través de la subordi-

nación por extracción directa de fuerza de trabajo –o semiproletarización- (Llambí,

1981), como mano de obra migrante transitoria en zonas rurales y urbanas de Argenti-

na. La pobreza se encuentra presente entre estas familias campesinas desde genera-

ciones anteriores; no es una pobreza vinculada a la pérdida de funcionalidad del cam-

pesinado, sino que ya vivían en condiciones de pobreza cuando estaban incluidos –en

forma subordinada- en el sistema económico: en Arroyo Salado como cosecheros de

algodón en Chaco; en El Coyuyo, dentro de los obrajes forestales en Chaco y en San-

tiago del Estero y como trabajadores/as informales en las ciudades.

El campesinado santiagueño comienza a perder sus funciones a medida que la pro-

ducción rural incorpora tecnologías ahorradoras de mano de obra, como el caso de la

cosecha mecánica de algodón, o el reemplazo de los trabajadores del monte santia-

gueño, con su tradicional experticia en el manejo del hacha, por motosierristas que

requieren otro tipo de calificación en el uso de la tecnología. El delicado equilibrio entre

trabajo migrante y producción de subsistencia se quebró, y podría haber derivado en

una oleada de migración masiva hacia las ciudades si no hubiese sido porque la des-

ocupación urbana ya había comenzado a crecer vertiginosamente en nuestro país. No

sólo no había nuevos puestos de trabajo, sino que muchas familias santiagueñas que

vivían y trabajaba en Buenos Aires desde hacía décadas, intentaban retornar a su pro-

vincia para escapar de la desocupación y la pobreza urbana.

189

Como parte de la política de “contención social”, es decir, de evitar o disminuir los con-

flictos sociales, el Estado nacional implementa durante la década del noventa un con-

junto de programas destinados a población pobre rural y urbana, entre ellos los anali-

zados en esta investigación. Sobre la base de los resultados obtenidos se concluye

que los programas sociales analizados dentro de los casos en estudio no modi-ficaron la situación de pobreza de las familias que fueron “beneficiarias” de sus acciones. Desde el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el peso

de una vivienda deficitaria hace que, mientras ésta no se modifique, los hogares sigan

calificando como “pobres estructurales”. Ninguno de los programas de desarrollo rural

implementados en Santiago del Estero desde el Estado Nacional ni desde el Estado

Provincial incluyó, en el período estudiado, acciones destinadas a mejorar la vivienda

rural, a pesar que esto tendría efectos directos sobre la calidad de vida de las familias

y sobre su salud140.

Desde el enfoque del nivel de ingreso tampoco hay modificaciones sustanciales, ya

que las acciones de los programas no son integrales: se incrementa la cantidad de

cabras pero no se acompaña de mejor alimentación o sanidad animal; o se otorga un

crédito para comprar un tractor pero no se prevé que los productores no tendrán dine-

ro para el combustible o para el mantenimiento del mismo. Las propuestas tecnoló-gicas están centradas en lo productivo sin incluir la comercialización ni la admi-nistración. La acción con resultados productivos más tangibles proviene de la inter-

vención de GTZ, una organización no gubernamental que proveyó alambrados eléctri-

cos alimentados por pantallas de energía solar para que las familias pudieran cultivar

parcelas sin que los animales dañen las plantas. Sin embargo no estaba prevista la

forma de comercializar los zapallos, zapallitos y calabacitas que estaban cultivando en

el momento de las entrevistas, y que por su cantidad excedía a lo destinado a consu-

mo familiar.

Si en lugar de analizar exclusivamente la pobreza incluimos el concepto de calidad de

vida, los resultados son un poco más positivos si se consideran todos los factores que

afectaron a las familias en la última década. En Arroyo Salado la educación mejoró

140 El Mal de Chagas-Mazza es una enfermedad endémica en Santiago del Estero, producida por el Tri-panosoma cruzi y transmitida por las vinchucas. Si las viviendas fueran adecuadas, evitando pisos de tierra, paredes de barro y techos de tierra y simbol -como es habitual en la zona-, y que constituyen refu-gios de insectos, el ciclo de la enfermedad podría cortarse y erradicar este mal que afecta a gran parte de la población, especialmente de zonas rurales.

190

por el asentamiento permanente de las familias en el paraje y la instalación de una

escuela primaria en el lugar; las condiciones de la vivienda, en cambio, no han tenido

ninguna mejora. El asentamiento permanente de las familias facilitó la cría de animales

y el cultivo de productos para el consumo familiar, repercutiendo en una mejora en la

alimentación; la acción del PRO-HUERTA tuvo escasos resultados sobre la alimenta-

ción debido a la escasez de agua en el lugar, lo que constituye un problema no sólo

para la huerta y otros cultivos, y para la cría de animales, sino también para la vida

cotidiana de las familias. Se podría haber resuelto con el apoyo del INTA pero no fue

posible por un conflicto entre las familias y el técnico, debido a normas y valores en-

frentados. La provisión de servicios de salud no fue mejorada, sin embargo el acceso

al hospital más cercano se facilitó porque la Cooperativa Ashca Cayku, de la cual for-

man parte las familias, compró un camión que se utiliza para transporte de productos,

mercaderías y personas. Los ingresos económicos de las familias han mejorado

respecto a la situación previa; no se dispone de información para compararlos con la

etapa de migración a la cosecha de algodón. La ayuda financiera de organizaciones

no gubernamentales durante la década del 90 facilitó el acceso al alambrado eléctrico

con energía solar –no hay electricidad en el paraje– que mejoró la eficiencia en el uso

del predio y disminuyó la pérdida de cultivos por el ingreso de animales. También faci-

litó el aumento del rodeo de cabras aunque con limitaciones de sanidad y alimentación

de los animales. La extracción de leña del monte, que sólo se utilizaba para autocon-

sumo, se convirtió en una fuente de ingresos al poder comercializarla utilizando el ca-

mión de la cooperativa, aunque no se cuenta con información para estimar la susten-

tabilidad de esta actividad económica a través del tiempo.

Las condiciones de trabajo, si se comparan con la etapa migratoria, son mejores

desde la percepción de las familias, ya que “trabajar para otros” tiene una connotación

negativa dentro de la comunidad. Si se comparan las condiciones de trabajo antes y

después de la década del 90, no se observan cambios. Las labores agropecuarias

continúan siendo manuales, utilizando herramientas a tracción animal, ya que aunque

compraron un tractor y las correspondientes herramientas para el laboreo mecánico

con un crédito del Programa Social Agropecuario, no pueden utilizarlo por falta de in-

gresos para comprar el combustible. La integración social y los recursos políticos

mejoraron como parte del proceso de organización campesina, de formación y gestión

de la Comisión de Base de Arroyo Salado, de la Central Campesina Ashpa Sumaj y su

inserción en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Respecto a la seguri-dad de la vida y de la propiedad, es la dimensión del nivel de vida que trabaja con

191

más énfasis el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y al mismo tiempo el

más abandonado por el Estado. Con el apoyo de una organización no gubernamental

de Catalunya el MOCASE comenzó a realizar mensuras para que las familias puedan

acceder a los títulos de propiedad de sus tierras mediante la ley de ocupación veintea-

ñal, pero es un proceso lento.

En El Coyuyo la educación no mejoró si se compara con décadas anteriores; siguen

contando con la misma escuela primaria pero están en riesgo de perderla. Las condi-

ciones de la vivienda no han tenido ninguna mejora. La alimentación puede haberse

diversificado durante los 90 por las acciones del PRO-HUERTA, pero como conse-

cuencia las familias desarrollaron una actitud de dependencia hacia este programa

que pone en duda la sostenibilidad de las huertas si el mismo se retira. La provisión de

agua sigue siendo precaria; es posible que se mejore próximamente con apoyo de

PROINDER. El servicio de atención primaria de salud no se modificó. Respecto a los

ingresos económicos se puede conjeturar que las familias con miembros que traba-

jaban en la empresa agropecuaria habían mejorado su ingreso, pero durante el perío-

do en que se realizó el trabajo de campo, todos estaban desocupados. Los ingresos

de las familias que criaban cabras también es posible que hubieran aumentado por el

apoyo del PROINDER para mejorar la producción, sin embargo las majadas caprinas

enfrentaban una situación sanitaria negativa; es decir que para los dos grupos de fami-

lias el ingreso económico durante lo 90 había mejorado –resultado de la actividad pri-

vada llevada adelante por la empresa agropecuaria, y de un programa de desarrollo

rural respectivamente- pero con dudosa sostenibilidad.

Los recursos políticos de El Coyuyo no tuvieron cambios. La integración social en-

tró en riesgo primero por la división que se generó como resultado de la venta de las

tierras a un lado de la ruta donde se instaló la empresa agropecuaria, y también por

las acciones del CENEPP que, tomando partido por un grupo de familias, pone en

riesgo la integración de esta comunidad que es heterogénea, pero que lo ha sido histó-

ricamente, y que ha logrado mantenerse unida a pesar de esa diversidad. Respecto a

la seguridad de la propiedad, mejoró para un conjunto de familias que perdieron los

predios que históricamente habían trabajado, pero que obtuvieron a cambio un espa-

cio reducido, pero con mayor seguridad jurídica. El resto de las familias continúa en

igual situación de inseguridad que en la década anterior.

192

En síntesis, las prácticas de intervención de los programas de desarrollo rural analiza-

dos muestran escasos resultados sobre las condiciones de vida de las familias de

Arroyo Salado y de El Coyuyo, lo que parece deberse a la falta de integralidad de la

propuesta de los programas y a la escasa flexibilidad de éstos para proveer a las fami-

lias campesinas de propuestas tecnológicas acordes a sus necesidades. Esto no

constituye una afirmación sino una hipótesis que será puesta a prueba en futuras in-

vestigaciones. Otro aspecto a analizar en nuevas investigaciones es la problemática

de las adopciones tecnológicas fallidas y sus consecuencias no sólo sobre esa tec-

nología -que se supuso adoptada, y no lo fue efectivamente-, sino también su posible

papel en obstruir el uso de tecnologías anteriores.

2. Programas de desarrollo rural: ¿facilitadores u obstáculos en la trayectoria del MOCASE?

Los programas de desarrollo rural implementados por el Estado nacional en la década

del noventa en la provincia de Santiago del Estero incluyeron entre sus objetivos el

fortalecimiento de las organizaciones campesinas. En esta investigación se planteó

como hipótesis que los programas sostenían un modelo de intervención donde bajo el

rótulo de “organización y participación comunitaria” se promocionaba –o se imponía-

un tipo de organización y una forma de participación particular que generaba conflictos

dentro de las organizaciones campesinas y que impactaba negativamente sobre los

resultados esperados.

Una conclusión de esta investigación es que los programas sociales rurales anali-zados dentro del estudio de caso no fueron, en forma directa, facilitadores del fortalecimiento de las organizaciones campesinas, pero tampoco fueron obstá-culos. Al decir en forma “directa” se hace referencia a aquellas acciones de los pro-

gramas que deliberadamente intentaban fortalecer las organizaciones campesinas,

como, por ejemplo, la obligación de formar grupos para recibir el crédito del PSA o el

subsidio del PROINDER, que, de esta forma, suponían que fomentaban la solidaridad

y la organización comunitaria.

En el caso de Arroyo Salado la intervención del PSA no fue exitosa, pero tampoco fue

un obstáculo a la trayectoria de la Comisión de Base. El grupo que exigía el PSA fue

“formado en los papeles”: algunos campesinos eran los “beneficiarios” del programa

oficialmente, pero al interior de la Comisión de Base era claro que los “beneficios” ob-

193

tenidos –el tractor y las herramientas- serían utilizados por todos los miembros de la

organización campesina, y la responsabilidad de pagar el crédito también pesaba so-

bre todos, incluso no sólo de la organización campesina local, sino también de la zo-

nal, que colaboró para que este grupo de productores finalmente pudiera devolver el

dinero recibido. Algunos factores endógenos como son la cohesión del grupo, el com-

partir una extensa historia previa a la “llegada” del PSA, y un conjunto de normas ten-

dientes a evitar la diferenciación -como la rotación en los cargos, los créditos circulan-

tes para todas las familias, créditos que tienden a igualar a las familias por la forma

como están planificados- contrapesó este factor exógeno de exigencia de interlocución

del programa con un pequeño grupo, que en una organización menos consolidada tal

vez habría impulsado una diferenciación interna entre aquellos que reciben los benefi-

cios –y cargan con las responsabilidades- y aquellos miembros de la organización que

quedan excluidos del beneficio –o supuesto beneficio-.

En el caso de El Coyuyo, las acciones del PROINDER se instalaron en una organiza-

ción que ya estaba dividida; sólo fueron “beneficiarios” del programa algunos campesi-

nos: los que conservaban sus predios familiares y el acceso libre al monte para criar

cabras; mientras que las familias relocalizadas en pequeñas parcelas –del otro lado

de la ruta- no accedieron a este programa. No se puede atribuir la división al PROIN-

DER, aunque sus acciones pueden aumentar la diferenciación entre un grupo de fami-

lias y otro.

Se puede afirmar entonces que ante la presencia de otros factores de mayor peso que tienden a consolidar las organizaciones o a fracturarlas, las acciones de los programas de desarrollo rural tienen una importancia secundaria dentro de los

casos analizados.

Por otra parte, los programas tuvieron efectos sobre las organizaciones en forma indi-

recta: cuando los resultados fueron positivos las familias que forman parte de las or-

ganizaciones se encontraron más animadas para continuar con las actividades, aun-

que, como contracara de este proceso, cuando los resultados fueron negativos, la pre-

disposición de los miembros de la organización se vio socavada, pero en ningún caso esto fue determinante para la continuidad de la organización, por dos motivos. Por

un lado, porque las organizaciones no ponen demasiadas expectativas en los pro-gramas; tratan de aprovechar los beneficios que éstos pueden ofrecerles pero no es-

peran más que eso; por ello, cuando los resultados no son muy positivos desde el pun-

to de vista de un actor externo, para las familias igual “está bien”, no piensan en ese

194

“fracaso” sino en las próximas acciones. Por otro lado, porque entre las familias campesinas y los programas hay mediaciones y traducciones, ya sea a cargo de

los dirigentes de la organización campesina o de los técnicos de la organización no

gubernamental; de esta forma las familias entrevistadas no se encontraron en ningún

momento “cara a cara” con el programa, hasta el punto de que ni siquiera recuerdan el

nombre del programa, e inclusive no diferencian intervenciones de programas y de

organizaciones no gubernamentales porque en la interfaz siempre hay un mediador

que otorga cierta coherencia a las acciones desarticuladas de distinto origen y convier-

te los flujos monetarios esporádicos en un flujo más o menos permanente de financia-

miento. Una excepción a esta práctica de intervención fue la del técnico del INTA en

Arroyo Salado, con los resultados negativos que ya fueron analizados en el capítulo

correspondiente.

En síntesis, los resultados positivos o negativos de las prácticas de intervención de los

programas son un factor más dentro de múltiples factores que afectan la trayectoria de

las organizaciones campesinas, pero no pueden por sí solos fortalecer ni tampoco

fracturar organizaciones, como a veces se plantea desde los programas sociales o

desde la visión de sus detractores.

Sobre la base de estas conclusiones se rechaza la hipótesis principal de la investi-gación, y en su reemplazo se postula que algunos programas sostienen un modelo de

intervención donde se promociona un tipo particular de organización, como PSA,

PROINDER o FOPAR, pero otros adecuan su propuesta a la estructura organizativa

existente, como PROHUERTA; pero aun aquellos programas que intentan imponer un

tipo de organización desde el modelo de intervención, en la práctica se ven compeli-

dos a negociar con las organizaciones pre-existentes (campesinas o no gubernamen-

tales) que “filtran” la propuesta del programa y la traducen de acuerdo a normas y va-

lores locales.

Los conflictos en las organizaciones campesinas no parecen provenir de las

acciones de los programas sino de otros factores, tal como se detalló en el análisis

de la trayectoria del MOCASE, pero la acción de los técnicos de los programas, -y también de las organizaciones no gubernamentales- puede inclinar la balanza cuando se suma a conflictos internos. No es casual que una de las organizaciones-

Mocase esté formada por organizaciones de base y zonales con fluidos vínculos con el

PSA, mientras que las organizaciones que forman parte del Mocase-Vía Campesina

tienen en común, además de los factores analizados en el capítulo correspondiente, el

195

recibir apoyo técnico del CENEPP. Con esto no se pretende afirmar que los técnicos

realizan un esfuerzo conciente de empujar a las organizaciones a tomar ciertas deci-

siones141, sino que el modelo de intervención, incorporado a los técnicos como una

suerte de “sentido común”, orienta sus acciones hacia lo que suponen, es “mejor” para

la organización campesina con la que están vinculados.

Luego de la ruptura del MOCASE original, el Mocase-Vía Campesina adoptó una es-

tructura descentralizada -bastante similar a la de las Ligas Agrarias-, que le permite

una amplia participación de las bases en la toma de decisiones y el sostenimiento de

las acciones colectivas como movimiento social, y le facilita la vinculación con otras

organizaciones con estructuras descentralizadas similares, como puede ser el CE-

NEPP en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, el Movi-

miento de Desocupados Aníbal Verón en el espacio de las organizaciones de base, y

de diversas redes campesinas y de derechos humanos en el ámbito internacional. Es

decir que esta nueva estructura facilita sus acciones como movimiento y al mismo

tiempo estrecha el vínculo con el CENEPP, organización a la que pertenecen los téc-

nicos que acompañan a las organizaciones que forman parte de este Mocase. En

cambio el Mocase-PSA adoptó una estructura burocrática142, es decir, formalizada, con

un mando jerárquico y una clara división de roles de los miembros; esto lo revistió de

características oportunas para convertirse en interlocutor ante los programas estatales,

entre ellos el PSA, y le facilitó la inserción en otras organizaciones con características

similares, como la Federación Agraria Argentina.

Al principio de este documento se afirmaba que en los sistemas complejos el todo no

es la suma de las partes, sino una identidad diferente con cualidades distintas, ya que

para que el todo sea viable es necesario que algunos rasgos de las partes sean inhibi-

dos, aunque si las circunstancias cambian, esos rasgos pueden activarse provocando

el reordenamiento del sistema (Saltalamacchia, 2005a). Las organizaciones campesi-

nas que se formaron durante los 80 en Santiago del Estero tenían diferentes historias

previas: sus miembros tenían distintas actividades productivas, algunos con ocupación

extra-predial más o menos importante, algunos migraban a otras provincias durante

períodos más o menos largos del año; vinculados a actividades extractivas como el

obraje en algunos casos, a la agroindustria como trabajadores transitorios en otros, o

141 Aunque también pueden existir intereses personales o institucionales que guíen concientemente las acciones de los técnicos; pero dentro de esta investigación esta cuestión no fue un eje de análisis, y no se cuenta con información para apoyar ni rechazar esta idea. 142 Inicialmente, luego de la ruptura, tenía algunas características del modelo centralizado, pero cristalizó en un modelo burocrático.

196

bien con un pasado más agrícola y de autosubsistencia. Los motivos por los cuales se

formaron esas organizaciones también fueron diferentes: en algunos casos muy vincu-

lados a la lucha por la tierra, en otros a tratar de encontrar alternativas productivas

cuando la migración ya no era posible, organizarse para luchar, para producir, para

comercializar, para acceder a créditos y otros recursos, etc. Estas características, es-

tos rasgos diferenciadores, quedaron inhibidos en mayor o menor medida tras un obje-

tivo común: formar una organización de alcance provincial, lo que se logró en 1990

con la constitución del MOCASE.

Formar parte de un movimento de alcance provincial permitió a las organizaciones

campesinas locales y zonales una inserción diferente a nivel nacional e internacional,

generando un cambio en las condiciones de funcionamiento; al mismo tiempo, el con-

texto nacional y provincial se fue modificando en la siguiente década: durante los 90

diversos programas de desarrollo rural llegaron a la población campesina de Santiago

del Estero, y en muchos casos se sumaron a las acciones que ya estaban implemen-

tando organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Por otra parte, los intentos de

desalojo de las familias campesinas se incrementaron por el corrimiento de la frontera

agrícola, y especialmente por el avance de la soja en los últimos años. Cambios en el

contexto provincial y nacional, y en el funcionamiento interno del movimiento, facilita-

ron la activación de rasgos inhibidos en las organizaciones, y también la aparición de

nuevos rasgos. Estos, junto a algunos factores exógenos como pueden ser las inter-

venciones de técnicos de programas estatales o de organizaciones no gubernamenta-

les, propiciaron las condiciones para que las organizaciones miembros del MOCASE

se reordenaran disolviendo la totalidad que habían formado en 1990, y constituyendo

dos nuevas totalidades, con diferentes características, diez años más tarde.

En síntesis, la incipiente organización campesina en los ochenta se consolidó durante

los noventa, formando el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. En el 2001 el

MOCASE se dividió formando dos nuevas organizaciones que, por sus diferentes ca-

racterísticas, tienen acceso a distintos espacios institucionales donde continuar su

lucha: más vinculada al Estado, los programas de desarrollo y las organizaciones rura-

les corporativas una de ellas, y con estrechas relaciones con redes campesinistas in-

ternacionales y alianzas con el sector de desocupados urbanos a nivel nacional, la

otra. La ruptura del MOCASE original, lejos de significar una debilidad en el mo-vimiento campesino santiagueño, muestra la necesidad de reconfigurar la es-tructura organizativa para dar lugar a distintas identidades, y alcanzar nuevas

197

formas y espacios de lucha por la tierra y por la calidad de vida de las familias involucradas.

Los campesinos santiagueños que “perdieron su funcionalidad” en las últimas déca-

das, lejos de quedarse “acampando” en los parajes como “población redundante”, co-

mo algunos autores plantean, llevaron adelante un conjunto de estrategias productivas

y organizativas para lograr una nueva forma de inserción. La pérdida de funcionali-dad dentro del capitalismo agrario, en lugar de determinar el fin del campesina-do, se presenta como una oportunidad para que este actor social encuentre nuevas formas de participación política y económica en nuestro país.

Estaríamos ante la conformación de una nueva fase dentro del proceso histórico de transformación social del agro en América Latina, que no es la tercera fase identi-

ficada por Touraine (1987)143 signada por la participación más o menos autónoma de

campesinos en un movimiento de modernización nacional popular dirigido por una

coalición de la clase media, del sindicalismo obrero y del Estado; ni tampoco la cuarta

fase que corresponde a una producción de tipo capitalista donde la lucha por la tierra

está reemplazada por la defensa del salario directo e indirecto, y de las condiciones de

trabajo, donde el actor principal no es el campesino sino el asalariado rural. En Argen-tina la lucha por la tierra continúa, y el campesino es un actor dentro de la mis-ma, buscando diferentes formas de alianza: con organizaciones no gubernamenta-

les de desarrollo, con movimientos campesinos de otros países de América Latina, con

grupos defensores de derechos humanos, con los desocupados urbanos, con produc-

tores familiares representados por organizaciones rurales corporativas, como la Fede-

ración Agraria Argentina, y no corporativas, como el Movimiento de Mujeres Agrope-

cuarias en Lucha. Las prácticas de intervención de los programas de desarrollo rural

se insertan en este complejo espacio de alianzas y negociaciones, algo que se debería

considerar en los modelos de intervención, planteando la participación de los actores

involucrados desde el momento del diagnóstico y diseño de los programas. Probable-

mente los resultados serían diferentes.

143 Ver capítulo 1.

198

BIBLIOGRAFÍA

ACHESON, J. (1972) “Limited Good or Limited Goods: Response to Economic Opportu-

nity in a Tarascan Pueblo”; en American Antropologist. Citado en “Antropología Cultu-

ral (1996); M. Harris; Alianza Editorial.

ALEN LASCANO, L. (1972) “El obraje”. Centro Editor de América Latina.

ALFARO, M.I. (1998) “Conflictividad social y nuevos patrones de acción colectiva: el

caso de los campesinos santiagueños”. Informe Final de Beca de Iniciación UBA CyT.

ALFARO, M. I. (2000) “Modalidades de intervención estatal y actores sociales en el

mundo rural: el caso de Santiago del Estero”. Tesis de maestría en Administración

Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires.

APARICIO, S. (1987) “El proceso de modernización agropecuaria en Santiago del Este-

ro”. Mimeo, FLACSO, Buenos Aires.

ARCHETTI, E. Y K. STÖLEN (1975) “Explotación familiar y acumulación de capital en el

campo argentino”. Siglo XXI editores.

ARCHETTI, E. (1976) “Economie et organisation syndicale chez les “colonos” du Nord

de Santa Fe, Argentine”; These de Doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciencis

Sociales, Université de Paris.

ARCHETTI, E. (1988) “Ideología y organización de las Ligas Agrarias del Norte de Santa

Fe 1971-1976”, Documento CEDES/14.

ASTORI, D. (1984) “Controversias sobre el agro latinoamericano. Un análisis crítico”.

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CICSO)

AUYERO, J. (2001) “La política de los pobres”. Ed. Manantial.

BALAZOTE, A. Y J. C. RADOVICH (1992) “El concepto de grupo doméstico”. En Antropo-

logía Económica” Volumen II. CEAL.

BARSKY, O. (1990) “Políticas agrarias en América Latina”. Grupo Esquel; Ediciones

Imago Mundi.

BARTOLOMÉ, L. (1972) “Movimientos milenaristas de los aborígenes chaqueños entre

1905 y 1933”, en Suplemento Antropológico Vol. 7, nº 1 y 2; Centro de Estudios Antro-

pológicos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción; Paraguay.

BARTOLOMÉ, L. (1977) “Populismo y diferenciación social agraria: las ligas agrarias de

Misiones (Argentina)”, Extrait des Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien.

199

BARTOLOMÉ, L. (2000) “Los colonos de Apóstoles. Estrategias adaptativas y etnicidad

en una colonia eslaba en Misiones”. Editorial Universitaria de Misiones.

BECCARIA, L. (1994) “Enfoques para la medición de la pobreza”. Documento de Traba-

jo N° 1, CIDES –Centro Interamericano para el Desarrollo Social-; OEA –Organización

de los Estados Americanos-.

BECCARIA, L. (1995) “La historia reciente”, en Enoikos N° 7, pág. 35 - 43, Revista de la

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

BENENCIA, R. (1996) “Campesinización y organización de ex – asalariados en el chaco

santiagueño”. En El desarrollo rural en el noroeste argentino. Antología. Compilado por

Mabel Manzanal. Proyecto Desarrollo Agroforestal en Comunidades Rurales del No-

roeste Argentino. Salta.

BENENCIA, R. (1999) “El poder de los más chicos. Notas acerca de la experiencia de

UNPEPROCH en el Chaco. Argentina. Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estu-

dios Agrarios y Agroindustriales.

BENENCIA, R. Y C. FLOOD (1998) "La emergencia de nuevas formas de intervención

social entre pobladores rurales". PNUD-OIM. Universidad Nacional de Quilmes. Di-

ciembre de 1998.

BENENCIA, R. Y C. FLOOD (2005) “Trayectorias y contextos. Organizaciones rurales en

la Argentina de los noventa”, CEDERU, Editorial La Colmena.

BIDASECA, K. (2000) “El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. La emergen-

cia de acciones colectivas, nuevos actores rurales y alianzas en el escenario del Mer-

cosur”. Cuadernos para el Debate N° 12. IDES.

BILBAO, S. (1968-1971) “Migraciones estacionales, en especial para la cosecha de

algodón en el norte de Santiago del Estero” En: Cuadernos del Instituto Nacional de

Antropología, Buenos Aires, 5, pp. 143-192:144

BLOCH, M. (1975) “Political Language and Oratory in Tradicional Society”. Academic

Press, London School of Economics and Political Science,

BOIVIN, M.; ROSATO, A.; ARRIBAS, V. (1999) “Constructores de otredad. Una introduc-

ción a la Antropología Social y Cultural”. Editorial Universitaria de Buenos Aires

BOLTVINIK, J. (2000) “Métodos de medición de la pobreza. Una evaluación crítica”, en

Socialis, Revista Latinoamericana de Política Social, N° 2, pág. 83 - 123.

BOMBAROLO, F., L. PÉREZ COSCIO Y A. STEIN (1992) “El rol de las Organizaciones No

Gubernamentales en el Desarrollo de América Latina”. Ficong Ediciones.

BONAMUSA MIRALLES, M. (1994) “Movimientos sociales: organización y estructura de

oportunidad política”. En Análisis Político N° 23. Bogotá.

BOURDIEU, PIERRE (1995) “Respuestas. Por una antropología reflexiva”. Editorial Gri-

jalbo.

200

BRAWERMAN, J. Y MINUJÍN, A. (1991) “Focalización: ¿Fábula o herramienta? Documen-

to de Trabajo N° 2. UNICEF Argentina, agosto 1991.

BRIGNOL, R. Y CRISPI, J. (1982) “El campesinado en América Latina”. En Revista de la

CEPAL N° 16. Abril de 1982.

CÁCERES, D. (2003) “El campesinado contemporáneo”. En La Extensión Rural en de-

bate. INTA.

CAMPETELLA, ANDREA Y GONZÁLEZ BOMBAL, INÉS (2000) “Historia del Sector sin Fines

de Lucro en Argentina”. En Estudios sobre el Sector Sin Fines de Lucro en Argentina.

Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

CARDARELLI, G. Y ROSENFELD, M. (1998) “Las participaciones de la pobreza. Progra-

mas y proyectos sociales”. Editorial Paidós.

CARRERA, N. Y G. PODESTÁ (1987) “La población agrícola en la Argentina actual.

Aproximación al estado de contradicción entre el campo y la ciudad”. En Serie Estu-

dios N° 57, CICSO, Buenos Aires. Citado por Manzanal (1993) op. cit.

CELS (2002) “Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002”. Siglo XXI Editores,

Buenos Aires, Argentina.

CEPAL (1995) “Focalización y pobreza”. Cuadernos de la Comisión Económica para

América Latina y El Caribe.

CHAYANOV, A. (1966) “Peasant Farm Organization”. En The Theory of Peasant Econ-

omy. Thorner, Kerblay y Smith editores. Homewood, Illinois. Citado por Torres Adrián

(1985).

CHAYANOV, A. (1985) “La organización de la unidad económica campesina”. Ed. Nueva

Visión. Citado por Balazote y Radovich (1992).

COHEN, J. (1985) “Estrategia o identidad: paradigmas teóricos nuevos y movimientos

sociales contemporáneos” Social Research Rev. Vol.52, N° 4. Publicado en español

en Cuadernos de Ciencias Sociales, 1988, FLACSO.

COWAN ROS, C. (1999) “Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Rural:

Dimensión y Estrategias en la Argentina de Fin de Siglo”. Tesis de grado. Facultad de

Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

CRAVIOTTI, C. Y S. SOVERNA (1999) “Sistematización de estudios de casos de pobreza

rural”. Serie Documentos de Formulación nº 1; PROINDER, Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Alimentación.

CROZIER, M. Y E. FRIEDBERG (1990) “El actor y el sistema. Las restricciones de la ac-

ción colectiva”. Alianza Editorial Mexicana.

CRUZ DOREN, M. E. (2001) “Políticas agrarias y rurales en América Latina. Etapas, en-

foques, restricciones e interrogantes”; en Políticas, instrumentos y experiencias de

201

desarrollo rural en América Latina y Europa, E. Pérez Correa y J. M. Sumpsi coord.,

FODEPAL / AECI / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Madrid.

DARGOLTZ, R. (1980) “Santiago del Estero. El drama de una provincia”. Colección

Perspectiva Nacional. Ediciones Castañeda.

DARGOLTZ, R. (1997) “El movimiento campesino santiagueño – MOCASE”; en Revista

Taller volumen 2 nº 4, agosto 1997; Asociación de Estudios de Cultura y Sociedad.

DARGOLTZ, R. (1998) “Hacha y Quebracho”. Ediciones Conciencia Nacional.

DE DIOS, R. (1998) “Políticas para la pequeña producción agropecuaria o el derecho a

permanecer” En Realidad Económica N° 158, agosto-septiembre 1998.

DELEUZE, G. (1987) “Foucault”; Editorial Paidós.

DÍAZ, E. (1995) “La filosofía de Michel Foucault”; Editorial Biblos.

DURAND, P. (1987) “Organización del trabajo y estrategias de vida de los trabajadores

del monte en el noreste santiagueño”; Trabajo de Intensificación Final para optar al

título de Ingeniero Agrónomo; Facultad de Agronomía, UBA.

DURAND, P. (2005) “Trayectoria del Movimiento Campesino de Santiago del Estero:

desde sus inicios hasta el 2002”; en Trayectoria y contextos: Organizaciones rurales

en la Argentina de los noventa; R. Benencia y C. Flood comp., CEDERU – Editorial La

Colmena.

EGUREN, F. (2001) “Desarrollo rural: diferentes aproximaciones”; en Políticas, instru-

mentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa, E. Pérez Correa

y J. M. Sumpsi coord., FODEPAL / AECI / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción; Madrid.

ERIKSON, R. (1993) “El enfoque sueco de la investigación sobre el bienestar”, en La

calidad de vida, Martha Nussbaum y Amartya Sen compiladores; Fondo de Cultura

Económica.

ESCOBAR, A. (1995) “Encountering Development. The Making and Unmaking of the

Third World”; Princeton University Press.

FEITO, M. C. (2005) “Antropología y desarrollo. Contribuciones del abordaje etnográfico

a las políticas sociales rurales. El caso de la producción hortícola bonaerense”. Edito-

rial La Colmena.

FERRARA, F. (1973) “¿Qué son las Ligas Agrarias?” Editorial Siglo XXI Argentina Edito-

res. Citado por Cowan Ros (1999) op. cit.

FIAN (2003) “El derecho a la alimentación en Argentina”. Informe de la Misión Investi-

gadora a la Argentina (15 al 20 de enero del 2003). Food First Information and Action

Network –FIAN- y Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo

–EED-

202

FOPAR (1997) “Documento Base”, Secretaría de Desarrollo Social, Presidencia de la

Nación.

FORTES, M. (1958) “Introduction”. J. Godoy (Ed) The development Cycle in Domestics

Groups; Cambridge Papers in Social Anthropology nº 1. Citado en Balazote y Rado-

vich (1992) y en Archetti y Stölen (1975)

FOSTER, G. (1967) “Tzintzuntzan: Mexican Peasents in a Changing World”, Boston;

citado en “Antropología Cultural (1996); M. Harris; Alianza Editorial.

FOUCAULT, M. (1984) “El sujeto y el poder”

GADIS (1997) “Confines sociales. Organizaciones de la Sociedad Civil de Promoción y

Desarrollo de Argentina”; PNUD-GADIS.

GALTUNG, J. (1978) “Teoría y método de la Investigación Social”. Tomo I. Editorial

EUDEBA.

GEERTZ, C. (1962) “The Rotating Credit Association: a “Middle Rung” in Development”;

in Economic Development and Cultural Change, vol. X nº 3, april 1962, University of

Chicago.

GEERTZ, C. (1994) “Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las cultu-

ras”. Ediciones Paidós.

GOLBERT, L. (1996) “Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales”. Serie

Estudios N° 12, Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE).

GOLSBERG, C. (1999) “El Movimiento Agrario de Misiones en un escenario en trans-

formación”. Trabajo de Intensificación para optar al título de Ingeniero Agrónomo; Fa-

cultad de Agronomía; Universidad de Buenos Aires.

GUBER, R. (1991) “El salvaje metropolitano. A la vuelta de la Antropología Postmoder-

na. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo”. Editorial Legasa.

GUBER, R. (2001) “La etnografía. Método, campo y reflexividad”. Enciclopedia Lati-

noamericana de Sociocultura y Comunicación. Editorial Norma.

GUTIERREZ, ALICIA (1994) “Pierre Bourdieu: las prácticas sociales”. Centro Editor de

América Latina.

HELLER, A. (1998) “Sociología de la vida cotidiana”. Ediciones Península, Barcelona,

5ta edición.

HEREDIA, B. (1996) “Política, Família, Comunidade”. En Antropologia, voto e represen-

tacao politica”. Contracapa, Río de Janeiro.

HERNÁNDEZ, J. (2001) “Búsqueda de un horizonte teórico”. En Dialéktica. Revista de

filosofía y teoría social. Año IX, número 13, invierno 2001.

H. SENADO DE LA NACIÓN (2001) “Informe sobre desarrollo humano en la provincia de

Buenos Aires”; Programa Argentino de Desarrollo Humano.

203

IÑIGO CARRERA, N. Y J. PODESTÁ (1991) “Movimiento social y alianza de obreros y

campesinos. Chaco (1934-1936)”; Biblioteca Política Argentina; Centro Editor de Amé-

rica Latina.

JELIN, ELIZABETH (1996) “¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y

ONG en América Latina en los años 90”. Revista Sociedad, N° 9.

KAUTSKY, K. (1974) “La cuestión agraria. Análisis de las tendencias de la agricultura

moderna y de la política agraria de la socialdemocracia”. Siglo XXI editores.

KROEBER, A. (1948) “Anthropology”. Harcourt Bracero. Nueva York. Citado por Sevilla

Guzmán (1983)

LANDÉ, C. (1977) “The Dyadic Basis of Clientelism”. En Schmidt, S. et al (eds.) Friends,

Followers and Factions: A reader in political clientelism. University of California Press,

Berkeley, 1977.

LENIN, V. (1957) “El desarrollo del capitalismo en Estados Unidos”. En Obras Comple-

tas Tomo XXIII. Siglo XXI editores.

LEÓN, C.; PRUDKIN, N. Y REBORATTI, C. (1986) “El conflicto entre producción, sociedad

y medio ambiente: la expansión agrícola en el sur de Salta”. En Desarrollo Económico

vol. 25, N° 99.

LLAMBÍ, L. (1981) “Las unidades de producción campesina en un intento de teoriza-

ción”. En Revista Estudios Rurales Latinoamericanos. Número 2. Vol. 4.

LO VUOLO, R. Y BARBEITO, A. (1998) “La nueva oscuridad de la política social. Del Es-

tado populista al neoconservador” . CIEPP. Miño y Dávila Editores.

LO VUOLO, R.; BARBEITO, A.; PAUTASSO, L.; RODRIGUEZ, C. (1999) “La pobreza de la

política contra la pobreza” . CIEPP. Miño y Dávila Editores.

LONG, N. (1989) “Encounters at the interface. A perspective on social discontinuities in

rural development”. Wagenigen: Agricultural University. Citado por Ullberg (2001).

LONG, N. Y A. LONG. (1992) “Battlefields of knowledge. The interlocking of theory and

practice in social research and development” Routledge, London.

MANÇANO FERNÁNDEZ, B. (2000) “Brava Gente. Entrevista a Joao Pedro Stedile”. Edi-

ciones Barbarroja.

MANZANAL, M (1993) “Estrategias de sobrevivencia de los pobres rurales”. Centro Edi-

tor de América Latina.

MARESCA, S. (1983) “Les dirigeants paysans”. Les Editions de Minuit. Paris.

MARX, K. (1973) “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”. Ateneo. Buenos Aires.

Citado por Hernández, J. (2001)

MAX NEEF, M., A. ELIZALDE Y M. HOPENHAYN (1986) “Desarrollo a Escala Humana.

Una opción para el futuro”. Fundación Dag Hammarskjöld – Cepaur.

204

MOCASE (1999) “Conclusiones del Primer Congreso del MOCASE: Campesinos y

campesinas unidos en la lucha por la tierra y la justicia”. Mimeo.

MURMIS, M. (1994) “Algunos temas para la discusión en la sociología rural latinoameri-

cana: reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos”. Revis-

ta Ruralia N° 5.

OZLAK, O. Y G. O´DONELL (1984) “Estado y políticas estatales en América Latina:

hacia una estrategia de investigación”. En Kliksberg, B. y Sulbrandt, J. (comp.) Para

investigar la Administración Pública. INAP, Madrid.

PALERM, A. (1980) “Antropología y marxismo”. Editorial Nueva Imagen. México. Citado

por Sevilla-Guzmán (1983)

PALMEIRA, M. (1996) “Política, Faccoes e Voto”. En Antropologia, voto e representacao

politica”. Contracapa, Río de Janeiro.

PALMEIRA, M. Y HEREDIA, B. (1997) “Política Ambigua”. En Crespo, S; Novaes, R. y

Birman, P (eds.) O Mal a Brasileira. UERJ. Río de Janeiro, pp. 159-183.

PIÑEIRO, D. (1995) “Desafíos e incertidumbres para la sociología agraria en la transi-

ción hacia un nuevo modelo de desarrollo”. Departamento de Sociología. Facultad de

Ciencias Sociales. Universidad de la República (mimeo).

PLAZA, O. (2001) “Perspectivas y enfoques de desarrollo rural. Visión desde América

Latina”; en Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Lati-

na y Europa, E. Pérez Correa y J. M. Sumpsi coord., FODEPAL / AECI / Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación; Madrid.

PNUD (1996) “Informe sobre Desarrollo Humano, 1996”. Mundi Prensa.

PRO-HUERTA (2001) “Síntesis del Informe 2000 y Plan Operativo 2001”.

PSA (1996) “Programa Social Agropecuario 1996. El año del gran salto”, Programa

Social Agropecuario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

PSA (1998) "El Programa Social Agropecuario y los pequeños productores minifundis-

tas", Programa Social Agropecuario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación.

PUCCI, R. (2000) “Evolución de la pobreza estructural en el norte argentino según los

censos de 1980 y 1991”. En Trabajo y población en el Noroeste Argentino. Editorial La

Colmena.

REDFIELD, R. (1956) “Peasant Society and Culture”. The University of Chicago Press.

Citado por Sevilla-Guzmán (1983).

REPETTO (2001) Gestión pública y desarrollo social en los noventa. Las trayectorias de

Argentina y Chile; Editorial Sudamericana; Universidad de San Andrés; Buenos Aires.

ROURA, H. Y H. CEPEDA (1999) “Manual de identificación, formulación y evaluación de

proyectos de desarrollo rural”; ILPES – CEPAL.

205

ROZE, J. P. (1992a) “Conflictos Agrarios en la Argentina/1: El proceso Liguista”, Centro

Editor de América Latina.

ROZE, J. P. (1992b) “Conflictos Agrarios en la Argentina/2: El proceso Liguista”, Centro

Editor de América Latina.

SAGPyA (1997) “Estrategia de desarrollo rural hacia el siglo XXI”, Secretaría de Agri-

cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

SALTALAMACCHIA, H. (2005A) “Del Proyecto al Análisis. Aportes a una investigación

cualitativa socialmente útil”; Primer Tomo: Sujetos, Teoría y Complejidad. Ediciones de

El Artesano, Buenos Aires.

SALTALAMACCHIA, H. (2005B) “Del Proyecto al Análisis. Aportes a la investigación cua-

litativa”; Tomo II: El trabajo de Gabinete; en www.saltalamacchia.com.ar

SALTALAMACCHIA, H. (2005C) “Del Proyecto al Análisis. Aportes a la investigación cua-

litativa”; Tomo III: El objeto, el campo y su análisis; en www.saltalamacchia.com.ar

SAMAJA, J. (1993) “Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la in-

vestigación científica”. Editorial EUDEBA.

SCHEJTMAN, A. Y J. BERDEGUÉ (2003) “Desarrollo territorial rural”; Borrador de Trabajo;

FIDA-BID.

SCOTTO, G. (1996) “Campanha de Rua, Candidatos e Biografias”. En Antropologia,

voto e representacao politica”. Contracapa, Río de Janeiro.

SDS (1995) “Plan Social 1995. Políticas de promoción y solidaridad con los más ne-

cesitados”. Secretaría de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. República Ar-

gentina.

SDS (1997) “Contenidos y orientaciones de las políticas sociales en la Argentina”. En

Informe de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Secretaría de

Desarrollo Social. Presidencia de la Nación de la República Argentina.

SEN, A. (1992) “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, en Comercio Exterior, vol.

42, núm. 4. México, abril de 1992, pág. 310 - 322.

SEVILLA GUZMÁN, E. (1983) “Una breve incursión por la “otra” sociología rural”. En In-

troducción a la Sociología Rural. Howard Newby y Eduardo Sevilla-Guzmán. Alianza

Universidad.

SEVILLA GUZMÁN, E. Y M.DÍAZ DANCAUSA (1999) “Reflexiones sociológicas sobre la

política de desarrollo rural sostenible de la “Europa 2000” en el contexto de la globali-

zación económica”. Jornada preparatoria del segundo foro “Por un medio rural vivo”;

Centro Agropecuario de la Diputación de Córdoba, España.

SIEMPRO (2002) “Informe de la situación social de la provincia de Santiago del Estero.

Mayo 1998 – Mayo 2002”. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Pro-

gramas Sociales. Presidencia de la Nación.

206

SITUACIONES (2001) “Movimiento Campesino de Santiago del Estero”. Colectivo Situa-

ciones N° 3. Ediciones De Mano en Mano.

STAKE, R. (1995) “The Art of Case Study Research”; SAGE Publications.

TAMAYO SÁEZ, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”. En La nueva adminis-

tración pública. Rafael Bañón y Ernesto Carrillo compiladores. Alianza Editorial.

TARROW, SIDNEY (1997) “El poder en movimiento” Alianza Editorial.

TASSO, A. (1981) “Familia y producción en el noreste santiagueño”. Instituto Central de

Investigaciones (INCIC) – Universidad Católica de Santiago del Estero.

TENTI, M. M. (2003) “La gestión política de la reforma del Estado santiagueño en los

noventa”; en Política y Gestión, Volumen 6, Homo Sapiens Ediciones.

TENTI, M. M. (2005) “La reforma del Estado santiagueño”; Ediciones Universidad Cató-

lica de Santiago del Estero.

TEPICHT, J. (1973) “Marxisme et Agriculture: le Paysan Polonais”. Editions Armand

Collin. París, Francia.

THOMAS, W. Y ZNANIECKI, F. (1958) “The Polish Peasant in Europe and in America”.

Dover Publications. New York.

TORRES ADRIÁN, M. (1985) “Familia, trabajo y reproducción social: campesinos en

Honduras”. PISPAL/ El Colegio de México.

TOURAINE, A. (1987) “Actores sociales y sistemas políticos en América Latina”.

PREALC – Organización Internacional del Trabajo.

TOURAINE, A. (1997) ¿Podremos vivir juntos? Fondo de Cultura Económica.

TSAKOUMAGKOS, P. (1986) “Sobre la descomposición del campesinado en la Argenti-

na”, mimeo, CEPA.

TSAKOUMAGKOS, P. (1993) “Sobre el campesinado en Argentina”. En Sociología rural

argentina. Estudios en torno al campesinado. Centro Editor de América Latina.

ULLBERG, S. (2001) “Interface Analysis. Reflexiones sobre una herramienta metodoló-

gica en el análisis sociocultural”. Ponencia presentada a las III Jornadas sobre Etno-

grafía y Métodos Cualitativos”. IDES, Buenos Aries, junio de 2001.

VALENZUELA, J. Y F. GONZÁLEZ (S/D) “La producción campesina. Un desafío tecnológi-

co y educativo”; editado por AGRARIA, Chile.

VIOLA RECASENS, A. (2000) “La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropo-

logía del desarrollo”; en Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos

en América Latina; Editorial Paidós.

WOLF, E. (1966) “Peasants”. Londres; Prentice-Hall. Citado por Sevilla-Guzmán (1983)

WOLF, ERIC (1972) “Las luchas campesinas del siglo XX” Siglo Veintiuno Editores.

WORSLEY, P. (1970) “El concepto de populismo”; en Populismo, compilado por G. Io-

nescu y E. Gellner, editorial Amorrortu. Citado en Bartolomé (1977).

207

YIN, R. (1984) Case Study Research. Applied social research methods series: vol. 5.

Sage Publications.

ZURITA, C. (1999) “El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del

Estero”. Ediciones CICIT-UNSE.

i El Gran Chaco Argentino ocupa una superficie de 655.000 km2 (17 % del territorio nacional), y forma parte del Gran Chaco Americano, extensa región que cubre algo más de 1 millón de km2 en Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil. En Argentina incluye a las provincias de Formo-sa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y de Córdoba, este de Salta, Jujuy, Tucu-mán, Catamarca y La Rioja (ver mapa). Siguiendo un eje Noreste-Suroeste se divide en tres subregiones: Chaco Subhúmedo con lluvias de 1200 mm a 700 mm, Chaco Semiárido con precipitaciones entre 750 mm y 500 mm, y el Chaco Árido con lluvias entre 500 mm y 300 mm. Esta región tiene el único bosque seco subropical existente en el planeta. Su potencial produc-tivo es alto pero se encuentra sometido a un severo proceso de degradación de sus recursos naturales y de su biodiversidad, debido al alto grado de fragilidad de estos ecosistemas por el tipo de suelos, las escasas e irregular precipitaciones, los fuertes vientos y las altas temperatu-ras que en conjunto hacen más difícil los procesos de recuperación de la vegetación nativa y la producción de biomasa. Las causas de la degradación ambiental se deben al excesivo pasto-reo animal, inadecuadas prácticas de manejo del pastizal, la tala de árboles para extraer made-ra y leña, y la deforestación con fines agrícolas, especialmente en los últimos años por la difu-sión de la soja transgénica. Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable –Ministerio de Salud y Ambiente de la República Argentina- (http://www2.medioambiente.gov.ar/GranChaco/RegionGranChaco.asp) y Greenpeace Argenti-na (www.greenpeace.org.ar).

208

ii Transcripción de los discursos analizados: “Muy buenas noches, Luis C. de la zona de Los Juríes, del MOCASE, gracias al padre Sig-mundo por darnos esta oportunidad, a toda la gente que organiza, a la gente de la Pastoral Social, es un honor para todos nosotros los peregrinos estar en este momento presentándonos. En mi caso y en el caso de muchos compañeros venimos desde hace quince años, esta es la decimoquinta peregrinación a pie desde Los Juríes a Mailín, también hay compañeros de otras zonas pero para nosotros es la decimoquinta, que venimos a agradecer por lo que ya hemos conseguido, que si bien no es todo lo que nosotros necesitamos pero por lo menos es una par-te; en parte ya se ha reconocido la lucha campesina y eso nos pone feliz. Agradecerle al Cristo de Mailín por la gente que tiene salud, por la gente que tiene trabajo, por la gente que todos los días está haciendo obras de bien y pedirle al Cristo para que haya paz en nuestro país y en el mundo, recordemos que hace unos días, el 11 para ser más precisos, se cumplió un año del atentado a las Torres Gemelas en Manhatan, justamente cuando nosotros estábamos saliendo desde Los Juríes, recordar también a nuestro amigo Zenón, un compañero que se nos fue hace un par de años, un luchador incansable de los campesinos de nuestra zona y de nuestra provincia. Pedir para que no haya más piquetes, para que no haya más cortes de ruta, pedirle al Cristo para que no haya más movilización, y eso tiene que ver con el trabajo y con la corrup-ción. Si hay trabajo y no hay corrupción no habrá piquetes, no habrá cortes de ruta; si hay se-guridad en nuestra Argentina no habrá más manifestaciones por las calles, el Cristo de Mailín puede hacer para que todo el mundo, todos nuestros argentinos, nuestros queridos hermanos argentinos tengan trabajo, tengamos trabajo y haya un salario digno. Pedir por todos los enfer-mos, recordar también que mañana va a hacer un año del accidente de nuestros hermanos peregrinos de la ciudad Capital, pedir por el eterno descanso de ellos y por la paz para sus familiares. No vamos a ser extensos porque también hay muchos compañeros que van a hablar, quería pedir también para que haya créditos o subsidios para los campesinos para que puedan producir, podamos producir, ya sea en agricultura o en ganadería, y no me quiero olvi-dar que mañana hay elecciones en la provincia de Santiago del Estero, y ojalá pueda ganar alguien que mire hacia los pobres, pero pobres porque no tenemos posibilidades de producir, porque no nos dan esa posibilidad, pero no pobres de alma ni pobres de amor, que mañana pueda el pueblo santiagueño elegir bien, y el que llegue a ganar, se acuerde de una vez por todas de todos los campesinos, de todos los humildes de nuestra provincia y de todos aquellas personas que necesitan de los funcionarios. Buenas noches, muchas gracias” (aplausos).

***

209

“Buenas noches, mi nombre es Omar, vengo de la Central de Pinto. La Central de Pinto es una zonal más del MOCASE, una zonal donde los campesinos han sufrido grandes atropellos por parte de la policía y de grandes terratenientes que vienen a hacerse dueños de las tierras, adonde grandes señores vienen y nos quitan animales, nos encierran y nos matan los anima-les; la policía lo acompaña a que nos roben los animales y cuando vamos a hacer la denuncia somos los campesinos los que quedamos detenidos, porque los campesinos luchamos por la tierra que tanta falta nos hace. También venimos a pedirle al Señor de Mailín para que haiga trabajo, justicia, para los niños, para los abuelos, y así todos poder seguir adelante, no bajar los brazos, y bueno, compañeros, fuerza y adelante. Gracias” (aplausos).

***

“Muy buenas noches queridos compañeros, lo que están viendo aquí, este bebé, es un símbolo que presentamos, como yo soy de Quimilí, el MOCASE presentamos esto. Quiero agradecerle a todas las organizaciones que están aquí; hemos venido pelegrinando hacia el santuario del señor de los milagros de Mailín (tose). Nosotros hemos llegado hoy a las 11 de la mañana pe-legrinando y venimos no solamente a pedirle al Señor de Mailín, sino también a agradecerle por las cosas que logramos cuando venimos a pedirle, la fuerza que nos da. Nosotros como campesinos estamos peleando, estamos luchando por nuestra tierra porque tenemos mucho atropello de la polecía, de los jueces, de los políticos, que nos vienen a desalojar, tenemos mucho... Así como me ven aquí con mi hija en los brazos caminando, así estamos paradas frente a la polecía, frente a los jueces, políticos para decir basta de desalojo, y basta de atrope-llo. Los bebés están recién que terminan de nacer, ya están atropellados por la polecía, bebés de once meses ya están en la cárcel con nuestros abuelos. Los bebés no saben hablar, todavía no aprender a hablar pero los polecías se lo llevan a la cárcel para tenerlos ahí para que ellos hagan esa maldita polecía que tenemos, que nos llevan los bebés, las mujeres embarazadas, que nos llevan y nos empiezan a aporriar para que digamos lo que ello quieren. Pero no vamos a decir lo que no tenemos que decir. Aquí estamos firmes para peliar, para luchar por la tierra, porque la tierra es de quien la trabaja y no de los que tienen más, sino de los pobres, de los que trabajan porque la tierra nos da de comer a nosotros los campesinos y la tierra cuan-do nosotros mueramos, la tierra nos comerá, así nosotros le agradecemos a la tierra. Por eso la policía creen que ellos son los únicos que tienen derecho, pero no, estamos firmes y no vamos a dejar que nos desalojen, basta le decimos a los policías, a los jueces y a los políticos que solamente se acuerdan cuando hay que darles los votos. Yo vivo en medio del monte, allá en un rincón que le llamamos Rincón del Saladillo, ahí vivimos y cuando no están las eleccio-nes somos olvidados y cuando ya están las elecciones se acuerdan los políticos, después de hacernos llevar con los bebés en los brazos, o con los bebés en los vientres, a la cárcel, se acuerdan cuando tenemos que darle el voto. (Interrumpe su discurso para darle espacio a un hombre mayor que también había sido encarcelado). Ahí como da el testimonio el abuelo esta-rán sabiendo los que están presente, la clase de policía, de gobierno que tenemos, no les im-porta si es anciano o si es un niño, lo meten igual, lo pegan, lo mismo que pegar a un animal; pero estamos para eso, dispuesta a pelear para que esto cambiemos, y hasta la victoria siem-pre, decía el che Guevara” (Aplausos).

durand tesis doctorado[1][1]

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