EMOCIONES Y DIVERSIDAD EN LA ESFERA PÚBLICA.
ANÁLISIS DE CASOS E IMPLICACIONES TEÓRICAS
Marcos Engelken-Jorge
Humboldt Universität zu Berlin
Paper preparado para el seminario de investigación Emociones, Igualdad,
Diversidad (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 15 y 16
de diciembre de 2015). Este trabajo es parte del proyecto LearningDemoi,
financiado a través de una ayuda Marie Curie IEF dentro del Séptimo
Programa Marco de la Unión Europea.
Resumen La propuesta se desarrolla en torno a dos de los conceptos que
estructuran este seminario: emociones y diversidad. Se parte del análisis de
tres casos: el discurso xenófobo según se articuló en Canarias hace una
década, y los debates en torno a la abolición del servicio militar en España y
Alemania. El primero ilustra un nivel meso de análisis; los otros dos, adoptan
una perspectiva macro. Estos tres estudios de caso serán puestos en relación
con la teoría deliberativa, lo que llevará a las siguientes cuatro tesis: (a) El
valor epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en la
capacidad para decir no, antes que en la capacidad de esta para producir de
manera más o menos directa decisiones políticas. (b) Los niveles de análisis
y, por extensión, de reflexión normativa –en este caso la distinción entre los
ámbitos meso y macro– son relativamente autónomos. (c) Por tanto, el
vínculo interno entre la idea de autonomía política (individual) que la teoría
deliberativa dice fomentar y el valor epistémico que se atribuye a la
deliberación pública es más complejo de lo que se suele admitir. (d) De (b) se
sigue, además, que toda valoración de las emociones debe atender a un nivel
de análisis y de reflexión normativa específico, al menos desde el punto de
vista de la teoría deliberativa. Valoraciones categóricas deben ser sustituidas
por consideraciones de carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas
por cada nivel de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.
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La propuesta se desarrolla en torno a dos de los conceptos que estructuran
este seminario: emociones y diversidad. Se parte del análisis de tres casos: el
discurso xenófobo según se articuló en Canarias hace una década, y los
debates en torno a la abolición del servicio militar en España y Alemania. El
primero ilustra un nivel meso de análisis; los otros dos, adoptan una
perspectiva macro. El nivel meso alude a aquellas redes de actores que
comparten una misma narrativa en torno a una cuestión específica. Tomando
elementos de la teoría lacaniana de la ideología, se ilustrará el fenómeno de
la protección emocional del discurso, que contribuye en cierto grado a poner
en suspenso las capacidades críticas (i.e. racionales) de los actores sociales.
Esto contrasta, empero, con las dinámicas discursivas observadas en el
segundo nivel de análisis. El nivel macro se refiere a la esfera pública, en la
que narrativas diversas entran en conflicto entre sí. Es el ámbito de la
diversidad autoorganizada. Se tratará de mostrar cómo los flujos
comunicativos públicos y la interacción entre elementos diversos alcanzan a
producir decisiones políticas legítimas (en el sentido de sustentadas por
consensos amplios) con relativa independencia de lo que suceda en el nivel
meso.
Estos tres estudios de caso serán puestos en relación con la teoría
deliberativa, lo que llevará a las siguientes cuatro tesis: (a) El valor
epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en la capacidad
para decir no, antes que en la capacidad de esta para producir de manera más
o menos directa decisiones políticas. (b) Los niveles de análisis y, por
extensión, de reflexión normativa –en este caso la distinción entre los ámbitos
meso y macro– son relativamente autónomos. (c) Por tanto, el vínculo interno
entre la idea de autonomía política (individual) que la teoría deliberativa dice
fomentar y el valor epistémico que se atribuye a la deliberación pública es
más complejo de lo que se suele admitir. (d) De (b) se sigue, además, que toda
valoración de las emociones debe atender a un nivel de análisis y de reflexión
normativa específico, al menos desde el punto de vista de la teoría
deliberativa. Valoraciones categóricas –del tipo: X es o no deliberativo o
coherente con la democracia deliberativa– deben ser sustituidas por
consideraciones de carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas por
cada nivel de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.
En lo que sigue, expondré los tres casos de estudio aludidos, diré algunas
palabras acerca del alcance que estas observaciones empíricas pueden tener
para la teoría política, y pasaré a discutir las cuatro tesis que acabo de señalar.
Nivel Meso, Caso I: El Discurso Xenófobo en Canarias
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Por nivel meso de análisis entiendo aquellas redes de actores que comparten
una misma narrativa o discurso acerca de una cuestión específica; en esta
ocasión, acerca de la llegada de inmigrantes. El primer caso que nos ocupará
aquí se centra en el discurso xenófobo que se diseminó en Canarias, más
específicamente en Tenerife, a mediados de la década pasada, y que alcanzó
su momento de mayor popularidad en el año 2006, cuando mayor número de
cayucos llegaron a las Islas Canarias. Para su exposición, me basaré en
anteriores trabajos (Engelken-Jorge, 2008, 2010, 2011).
Una lectura atenta de este discurso xenófobo revela que el mismo está
compuesto por tres narraciones diferentes. En primer lugar, una narración que
expresa empatía y una cierta identificación con los inmigrantes,
entendiéndose por tales, fundamentalmente, personas de origen africano y
sudamericano. “Todo el mundo, la gran mayoría, dice que, claro, que si viven
mal, es lógico que la gente quiera buscar una salida para su vida y para su
familia. Que es normal”, al decir de una entrevistada (Engelken-Jorge, 2011:
33). Esta primera narración no es en absoluto la dominante dentro del discurso
xenófobo, pero tampoco constituye una mera fachada o un velo de corrección
política. Se trata de un relato que porta un significado propio y que, de este
modo, entra en contradicción evidente con los otros dos relatos constitutivos
del discurso xenófobo, mucho más hostiles con las personas inmigrantes. Se
trata, además, de una contradicción percibida por los propios emisores de este
discurso y que, por tanto, debe ser de algún modo gestionada. Alusiones al
carácter excepcional de la situación (v.g. la excepcional fragilidad del
territorio canario, la excepcional intensidad de los flujos migratorios, la
situación geopolítica excepcionalmente delicada de Canarias, etc.)
justificarían limitar el alcance de esta narrativa y atender en mayor medida a
las otras dos.
En segundo lugar, entre líneas, se expresa una narración que podríamos
denominar fantasmática (Glynos y Howarth, 2007: 145-152). Esto es, se trata
de una relato sugerido mediante metáforas, bromas, hipérboles, etc., pero a la
vez públicamente repudiado; al fin y al cabo, los chistes y exageraciones son
eso: chistes y exageraciones. No obstante, el carácter recurrente de estas
bromas y de ciertos tropos lingüísticos revela que eso que se dice entre líneas
también es relevante. De hecho, se vuelve explícito puntualmente. Alto a la
invasión, No en mi espacio vital o España aprende, Canarias se defiende
podía leerse en algunas de las pancartas sostenidas en una manifestación
convocada bajo el lema ¡Basta ya! ¡No cabemos más!, que recorrió las calles
de Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2006. Las ideas sugeridas por esta
narrativa fantasmática son esencialmente dos: que las personas inmigrantes
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nos invaden, y que estas personas carecen de “virtud”, son de alguna manera
inferiores “en términos humanos” (Elias, 1976: 220). “Una cosa es que
vengan porque están mal allí y tal y nosotros podemos [sic.] ayudarles y tal.
Pero otra cosa es que ya nos están invadiendo. Dentro de poco vamos a tener
que coger nosotros los cayucos e irnos para allá”, a tenor de un entrevistado.
“[E]s que vienen y no saben hacer la mitad de las cosas, no saben hacer nada”,
de acuerdo a otra persona consultada. Nótese que expresiones como invasión
o robar puestos de trabajo denotan agencialidad y, por tanto, responsabilidad.
Las personas inmigrantes que invaden, roban y son incivilizadas se revelan
como el enemigo exterior.
Entre ambas narraciones se cuela un tercer relato a modo de compromiso
entre estos. Racionaliza la hostilidad contra las personas inmigrantes y
garantiza una autopresentación positiva de las personas xenófobas. La idea
fundamental, como se sugería más arriba, es que la situación es de algún modo
excepcional, lo que obliga a no deducir las conclusiones pertinentes de la
identificación con las personas inmigrantes y, en cambio, a exigir su
expulsión o, cuando menos, control. “Es que hemos atendido y hemos
acogido hasta aquí. De mil amores. Incluso, incluso, sin tener trabajo para
ellos. Incluso, la isla, sin tener trabajo para ellos. Que era un problema. Pero
a partir de ese punto, es que ni la isla está preparada para eso”, de acuerdo a
un entrevistado.
Al margen del mayor o menor éxito que se quiera atribuir a esta última
narrativa para mediar entre las dos primera, resulta evidente que en este
discurso xenófobo se dan cita ideas que no pueden coexistir de manera
coherente dentro de una misma estructura cognitiva. En particular, la
hostilidad transmitida por el segundo relato no casa bien con la pretendida
empatía y comprensión del primero. Me interesa en este punto resaltar un
factor que ayuda a explicar que este discurso se constituyese de esta forma y
se perpetuase así. Recurriré para ello a la teoría lacaniana de la ideología, en
la particular versión que le han dado los investigadores e investigadoras de la
Universidad de Essex. Lo que esta teoría sugiere –por expresarlo en términos
ajenos a la misma– es que el discurso xenófobo se encuentra emocionalmente
protegido (Pérez-Agote, 2008: 38-39). La cohesión de este discurso y su
poder de seducción, es decir, su capacidad para constituirse como discurso,
pese a su inconsistencia lógica interna, y para “asir” (grip; Glynos, 2001)
sujetos que lo emitan y difundan, descansarían –de acuerdo a esta perspectiva
teórica– sobre el goce experimentado por los propios sujetos al difundir tal
discurso xenófobo. La fuente de este goce se encontraría, más
específicamente, en la fantasía que proyecta este discurso acerca de la
invasión y vicios de las personas inmigrantes. Lo que se ofrece, de este modo,
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es un chivo expiatorio, un agente sobre el que proyectar todos aquellos
asuntos que resultan irritantes. Desempleo, criminalidad, problemas
medioambientales y deterioro paisajístico (que son fruto, pretendidamente, de
la sobrepoblación que han causado los flujos migratorios), problemas de
convivencia etc. constituyen lacras causadas por la presencia de inmigrantes
en la isla. De acuerdo a esta fantasía, una sociedad libre de estos problemas
no requeriría más que de la expulsión o control de las personas inmigrantes.
Como prometía el panfleto de una manifestación xenófoba: el “control
efectivo de la inmigración” garantizaría “un futuro sostenible para las futuras
generaciones”. El discurso xenófobo mantiene esta fantasía, a la vez que
permite a sus defensores proyectar una imagen positiva de sí mismos
La teoría lacaniana de la ideología da cuenta de la protección emocional
del discurso. Explica la continuidad temporal del mismo, su poder de
seducción e, incluso, su propia existencia, es decir, su constitución como
pretendida unidad a partir de su incoherencia interna, a partir del goce secreto
que sus emisores experimentan gracias al discurso y, por tanto, a partir de la
complicidad de los mismos con éste. La clave del discurso xenófobo no
residiría, en consecuencia, en su capacidad para atrapar cognitivamente a sus
emisores en una red de proposiciones lógicamente interdependientes, sino en
su poder para despertar la complacencia de sus emisores. Nótese, finalmente,
que esto deja a las personas defensoras de este discurso en una posición
ambigua: por una parte han sido absorbidas o agarradas (gripped) por el
mismo; por otro lado, se las considera cómplices del discurso, en tanto
disfrutan con el mismo. De cualquier modo, el tipo de agencialidad que cabría
atribuir a estas personas queda muy lejos de la idea de autonomía como
capacidad para regir la propia voluntad a través del uso de la razón. Se trata
este de un concepto central en la teoría deliberativa, sobre el que se volverá
más adelante.
Nivel Macro, Casos II y III: La Abolición del Servicio Militar en España
y Alemania
El nivel macro de análisis alude a la esfera pública, en la que narrativas o
discursos diversos entran en conflicto entre sí e interactúan. Esta interacción
genera –aduciré– una dinámica propia que no puede ser reconducida a la
actividad intencional de los actores sociales tomados aisladamente. El nivel
macro es, por tanto, el ámbito de la diversidad autoorganizada. Se irán
desgranando estas ideas en lo que sigue.
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El Caso Español
Pueden diferenciarse tres fases en lo que respecta a la abolición del servicio
militar en los países occidentales (Biehl et al., 2011). La conscripción
universal fue eliminada, en primer lugar, en el Reino Unido (1961) y Estados
Unidos (1973). Posteriormente, en la década de los 90 y comienzos del 2000,
países como Bélgica (1995), Países Bajos (1996), Francia (2001), España
(2002) e Italia (2005) pusieron fin al servicio militar. Este también fue
suspendido en Estados como Alemania, Polonia, Albania y Suecia entre 2010
y 2011. De acuerdo a una narrativa extendida en la sociología militar, esta
tendencia a suprimir la conscripción resulta del declive de los ejércitos de
masas (Ajangiz, 2003: 57-61), que, a su vez, es reconducible a la conjunción
de diversos factores (Engelken-Jorge, 2014: 5-7):
a) A la disminución del número de amenazas que deben enfrentar los
países occidentales y, sobre todo, a su cambio cualitativo;
b) A la diversificación de las misiones que deben cumplir las fuerzas
armadas;
c) A la introducción de nuevas tecnologías que requieren menor número
de personal, pero más preparado.
d) A cambios en los valores sostenidos por las poblaciones occidentales.
Si bien estos factores dan cuenta de la tendencia a suprimir el servicio militar
en occidente, no alcanzan a explicar las idiosincrasias de cada caso. En lo que
concierne a España, encontramos dos grandes narrativas para describir el
proceso que llevó a la abolición del servicio militar. La primera cuenta la
historia de un fracaso. En esencia, lo que sostiene es que las élites políticas
españolas gestionaron de manera ineficiente el servicio militar al no anticipar
sus desafíos y al reaccionar equivocadamente ante los mismos. La situación
se vio agravada, además, por las actuaciones de determinados miembros del
poder judicial, que actuaron irresponsablemente al privar a la justicia
española de una interpretación coherente de la ley. La oposición al servicio
militar por parte de una opinión pública desinformada, el comportamiento
electoralista de las fuerzas políticas españolas y el oportunismo de muchos
jóvenes que querían librarse del servicio militar y de la prestación social
sustitutoria terminaron por poner fin a la conscripción universal. La segunda
narrativa, en cambio, cuenta la historia de un éxito; a saber, el de una sociedad
civil que consiguió incluir el debate en torno al servicio militar en la agenda
política y, finalmente, forzar al gobierno a que lo aboliese. Si bien resultan
evidentes los sesgos ideológicos de ambos relatos, es el segundo –creo– el
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que mayor respaldo académico ha atraído. Sea como fuere, ambas narraciones
coinciden en la identificación de muchos de los principales hitos y actores
(aunque valoren sus actuaciones de desigual manera).
Los datos demoscópicos acerca de las actitudes de los españoles ante las
fuerzas armadas son ambiguos, pero quizás puedan ser resumidos diciendo
que la opinión pública española muestra un “perfil militar bajo” (Ajangiz,
2003: 99). Las actitudes ante el servicio militar no han sido ajenas a esto,
manifestándose un escaso apoyo al mismo, particularmente entre los jóvenes,
y mostrándose la opinión pública, en las décadas de los 80 y 90,
sistemáticamente a favor de la profesionalización de las fuerzas armadas
(Alvira, 1992). Qué estaba detrás de estas actitudes es, sin embargo, una
cuestión más difícil de responder.
Sea como fuere, esto supone un contexto favorable para el desarrollo del
movimiento anti-militarista, que encuentra su grupo más desatacado en el
Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), creado en 1977. A diferencia
de lo que ocurriera en otros países europeos, donde la objeción era presentada
como un asunto privado, ligado a la conciencia de cada persona, en España
adquiere desde sus inicios un perfil político. Primero, para que el régimen
franquista reconociese la objeción como una expresión legítima de
determinadas convicciones religiosas; posteriormente se secularizaría esta
demanda y se exigiría el reconocimiento y regulación de la objeción de
conciencia; y finalmente se pasaría a demandar la abolición de toda
conscripción.
El nuevo gobierno socialista formado en 1982 se haría eco de esta
demanda y aprobaría en 1984 una ley regulando la objeción de conciencia.
En términos generales, la política de defensa y seguridad nacional en España
ha sido descrita como “reactiva”, incapaz de anticiparse a sus principales
desafíos, así como marcada por consensos más “simbólicos” y “precarios”
que reales (Olmeda Gómez, 1997: 145; Sampedro, 1996). Esta ley –se ha
dicho– es un ejemplo claro de esto (Sampedro, 1997). Marcada por diversos
defectos, quizás los más relevantes fueron el ineficaz sistema que se diseñó
para filtrar a los “auténticos” objetores de los oportunistas, así como la falta
de previsión en lo que respecta al número de objetores y la creación de plazas
para ellos, lo que llevaría, finalmente, a que muchos terminasen por no
realizar ni el servicio militar ni la prestación social sustitutoria. Si en 1986
había 6.500 objetores, esta cifra ascendió a 13.000 en 1989, 27.000 en 1990,
68.000 en 1993, etc. (Ajangiz, 2002: 71).
La ley fue fuertemente criticada por el MOC, que veía en ella un intento
por “neutralizar” a los objetores, sin permitirles una expresión y promoción
real de sus valores. Una ley, en suma, que encontraba su justificación en la
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existencia previa del servicio militar, motivo por el cual se lanzó una campaña
de desobediencia civil: la insumisión (Sampedro, 1997: 153). La represión,
generalmente en la forma de condenas de prisión, era uno de los objetivos
explícitamente buscados de esta campaña, que contribuyó a conferir
relevancia y carácter moral a la movilización anti-militarista y a atraer el
apoyo de la opinión pública. Cuando la insumisión fue despenalizada
posteriormente, se buscaron nuevas fórmulas –v.g. aceptando ser reclutados
para el servicio militar y luego desertando– para provocar la represión
institucional y atraer la atención mediática (Ajangiz, 2003: 177-182).
Las acciones del movimiento anti-militarista alcanzaron cierta cobertura
mediática y abrieron el debate público en torno al servicio militar; y lo
hicieron a pesar de la posición del gobierno, para quien la conscripción no era
un problema en absoluto (Sampedro, 1996). A partir de 1989, los medios
españoles comenzaron a prestar mayor atención a los objetores de conciencia
(Sampedro, 1996, 1997b). La campaña de insumisión amplió esta cobertura,
particularmente entre 1991 y 1994, alcanzando su cénit durante la Guerra del
Golfo y la primera mitad de 1992 con la primera sentencia exculpatoria de un
insumiso. A partir de la segunda mitad de 1992, la atención mediática fue
decayendo.
Esto contrasta, empero, con el número de insumisos, de juicios y de
objetores de conciencia, que siguió en aumento. En 1993 se introdujeron
nuevas medidas para poder absorber a estos últimos en el sistema de
prestación social sustitutoria, pero sin éxito. Así por ejemplo, en 1995 había
59.015 plazas para realizar la prestación social sustitutoria, pero solo 39.666
objetores se encontraban realizándola, mientras que otros 190.397 esperaban
a ser llamados para cumplir con esta obligación social (Ajangiz, 2002: 78).
Ya el año anterior, el Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, calificó esta
situación de “problema de Estado”.
Entre tanto, otros cambios habían acaecido. Desde 1989, las Fuerzas
Armadas españolas habían estado evolucionando desde un modelo de defensa
nacional, a una participación más activa en misiones de paz (Werkner, 2006:
216). A comienzos de los años 90, periódicos como El País y El Mundo
habían modificado sus respectivas líneas editoriales, mostrándose ahora
favorables a la profesionalización del ejército, mientras que partidos como
IU, CIU y PNV también se expresaban abiertamente en contra del servicio
militar (por razones diversas). Por otra parte, países como Francia anunciaban
la suspensión de la conscripción.
En este contexto, la campaña electoral para las elecciones generales de
marzo de 1996 comienza con todos los partidos, salvo PP y PSOE, a favor de
la abolición del servicio militar. No obstante, días antes de la investidura de
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José María Aznar, el PP, que debía pactar con otras fuerzas para formar
gobierno –en este caso, CIU– anuncia que se ha alcanzado un acuerdo para
abolir el servicio militar en un plazo de seis años, aunque finalmente se haría
antes. Según datos demoscópicos, un 80% de la población española se mostró
favorable a esta decisión. Ningún partido político con representación
parlamentaria defendió la idoneidad de continuar con la conscripción.
El Caso Alemán
El proceso que llevó a la suspensión (Aussetzung) de la conscripción en
Alemania está marcado por una aparente paradoja. Mientras que en la década
de los 90, cuando otros países europeos decidían eliminar el servicio militar,
Alemania se resistió a esta tendencia, una década más tarde, el mismo era
suspendido de manera relativamente sorpresiva y rápida, en parte como
resultado de nuevas políticas de austeridad (Mutz, 2011; Nachtwei, 2011).
Existe un cierto consenso acerca de qué factores explican las resistencias
alemanas en los años noventa. El servicio militar ocupaba un lugar relevante
en la imagen que Alemania tenía de sí misma, en particular en su narrativa
acerca de su pasado militarista y antidemocrático y su posterior superación.
Asimismo, la prestación social sustitutoria se había convertido en un
elemento importante dentro del Estado del Bienestar desarrollado en este país.
Lo que se produce durante las últimas dos décadas es un cierto cambio en la
concepción que se tiene de la Bundeswehr, que pasa de ser un ejército
destinado a la defensa del territorio nacional, a una fuerza de intervención en
el extranjero. En este contexto, la suspensión del servicio militar puede
entenderse como una racionalización, que resulta particularmente oportuna
en una situación de crisis económica y necesidad de reducción del gasto
público.
Junto con el militarismo prusiano y el papel desempeñado por el ejército
durante la República de Weimar, el tercer elemento que marca la cultura
política alemana en lo relativo a la institución militar es, evidentemente, el
nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial (Werkner, 2004). Como
consecuencia, la política exterior y de seguridad alemana se caracterizará a
partir de 1945 por la contención, y descansará sobre tres elementos: el
antimilitarismo, basado en la oposición a la guerra; el multilateralismo; y el
europeísmo y orientación transatlántica. En lo que respecta a la organización
de sus fuerzas armadas, esta debía ajustarse a dos principios: Innere Führung,
que debía garantizar la democratización de las fuerzas armadas alemanas y la
primacía de la sociedad civil sobre el estamento militar, y la conscripción
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universal, pensada para satisfacer las necesidades de personal de la
Bundeswehr, garantizar la lealtad de la ciudadanía a su ejército y prevenir
cualquier tipo de involución que diese lugar a un “Estado dentro del Estado”,
como sucediese durante la República de Weimar (Longhurst, 2003). Sobre
estos pilares se forjará un robusto consenso político.
Este consenso en torno al servicio militar comienza a desintegrarse
paulatinamente con la caída del Muro de Berlín. Se entra –parece– en un
contexto internacional más seguro para Alemania. En esta situación, la Guerra
del Golfo contribuye decisivamente a la redefinición de la estrategia militar
de este país, que se “normaliza” a través de la intervención del ejército
germano en lugares como Camboya, Somalia o Bosnia (Longhurst, 2003).
Comienzan, por tanto, a coexistir dos modelos de Bundeswehr, que compiten
por atraer recursos. Un modelo basado en la conscripción de soldados y
orientado a la defensa del territorio nacional, y otro, especializado en
intervenciones exteriores, más pequeño, flexible y mejor entrenado.
Así las cosas, hacia 1990 el partido de Los Verdes comienza a oponerse
al servicio militar, seguido años más tarde por las juventudes liberales (esto
es, del FDP). Los socialdemócratas del SPD se encontrarán internamente
divididos, en tanto que los socialistas del PDS se opondrán a la conscripción
como parte de su ideario más amplio de desmilitarizar Alemania. Sea como
fuere, la abolición del servicio militar no llegó a ser una propuesta apoyada
mayormente por la opinión pública alemana, si bien los datos demoscópicos
muestran ciertas fluctuaciones. Durante la década de los 90 y comienzos de
la del 2000, la conscripción universal no fue seriamente cuestionada: los dos
principales partidos –CDU/CSU y SPD– y la opinión pública no fueron
proclives a suprimirla.
En todo caso, el tema no desapareció de la agenda política, abordado
como parte de un debate más amplio sobre la organización de la Bundeswehr.
La formación de gobiernos de coalición –a partir de 1998 Los Verdes entran
en el gobierno junto con el SPD– ayudó además a esto, así como el tema de
la equidad de la conscripción, que fue debatida por varios tribunales. Se
suceden las comisiones e informes: el informe de la Comisión Weizsäcker
(2000), las directivas de Struck relativas a la política de defensa (2003), el
Libro Blanco de Jung (2006), y el informe de la Comisión Weise (2010). No
obstante, el proceso de reformas así abierto se paraliza en 2002 por falta de
financiación, llevando a un estancamiento (Reformstau; Kujat, 2013).
En abril de 2010, el nuevo gobierno de coalición formado por CDU/CSU
y FDP encarga a la Comisión Weise que estudie cómo reformar la
Bundeswehr, y se le pide explícitamente que contemple cómo recortar en este
campo, dada la situación económica. En mayo de ese año, el Ministro de
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Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, propone a sus colegas de gabinete
suprimir el servicio militar. El informe de la Comisión Weise, publicado
meses más tarde, en octubre, defiende la misma idea. En julio de 2011 se
suspende finalmente la conscripción. Durante el trámite parlamentario se
esgrimieron tres argumentos fundamentalmente: que la conscripción no
estaba justificada en términos de seguridad nacional; que no era necesaria
desde el punto de vista militar; y que ya no estaba garantizada su equidad,
dado el alto número de exenciones. Al igual que en el caso español, la
decisión fue bien aceptada por la opinión pública, y ningún partido político
con representación parlamentaria ha pedido la reintroducción del servicio
militar.
¿Qué Interés Tiene Todo Esto para la Teoría Política?
Me interesan las implicaciones que lo expuesto hasta ahora tiene para la teoría
deliberativa. Las siguientes reflexiones asumen que los tres casos expuestos
son representativos de un número no trivial de procesos de producción de
decisiones políticas y de narrativas o discursos públicos.
Investigación Empírica e Ideales Normativos
No resulta evidente de qué modo la investigación empírica puede informar la
reflexión normativa. Para ciertos autores y autoras, la imaginación normativa
y la discusión de este tipo de cuestiones deben quedar radicalmente desligadas
de la realidad social. La idea de fondo es que la consideración del es puede
empobrecer nuestra imaginación a la hora de determinar lo que debe ser.
Bastaría –se dice– con que la reflexión normativa prestase atención a aspectos
fundamentales de la “naturaleza humana”, que dictan supuestamente de lo
que somos capaces o no, pero poco más... (Mason, 2004). Para estas autoras
y autores, este paper carece de todo interés.
Otros teóricos y teóricas, en cambio, privilegian una forma de hacer
teoría política, incluso teoría política normativa, más cercana a la realidad
social y política. Los motivos para ello son diversos (Baderin, 2014). Un
argumento esgrime que la desatención de la realidad política nos puede
conducir a plantear las preguntas equivocadas (Yack, 2006), así como
proponer respuestas que apenas pueden ser utilizadas para tomar decisiones
políticas. Sea como fuere, lo que sigue solo es de interés para aquellos y
aquellas que opinan que la teoría política normativa debe desarrollarse a
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menos distancia de la realidad empírica y que, por tanto, la plausibilidad (o
realismo) es una virtud de la reflexión normativa.
Emociones, Diversidad y Deliberación Pública: Cuatro Tesis
Resumiré las implicaciones de los casos arriba esbozados en las siguientes
cuatro tesis:
(a) El valor epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en
la capacidad para decir no, antes que en la capacidad de esta para
producir de manera más o menos directa decisiones políticas;
(b) Los niveles de análisis y, por extensión, de reflexión normativa –en
este caso la distinción entre los ámbitos meso y macro– son
relativamente autónomos;
(c) Por tanto, el vínculo interno entre la idea de autonomía política
(individual) que la teoría deliberativa dice fomentar y el valor
epistémico que se atribuye a la deliberación pública es más complejo
de lo que se suele admitir;
(d) De (b) se sigue, además, que toda valoración de las emociones debe
atender a un nivel de análisis y de reflexión normativa específico, al
menos desde el punto de vista de la teoría deliberativa. Valoraciones
categóricas –del tipo: X es o no deliberativo o coherente con la
democracia deliberativa– deben ser sustituidas por consideraciones de
carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas por cada nivel
de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.
Ad (a): Un Modelo Teórico de la Dimensión Epistémica de la Esfera Pública
Los dos últimos casos de estudio expuestos muestran ciertas similitudes, que
se dejan resumir en la figura 1. La misma representa un modelo de cómo
funcionaría la comunicación pública –y su potencial epistémico– en el
proceso de toma de decisiones políticas.
Esquemáticamente, se dan tres momentos diferentes: el del debate
público o comunicación pública sobre un determinado tema; el de la toma de
decisiones políticas por parte de las autoridades pertinentes; y el de la
reacción ante dichas decisiones. Veámoslos por parte.
13
Figura 1: Modelo Conceptual de la Interacción entre Decisiones
Políticas y Comunicación Pública*
* Tomado parcialmente de Eder (1991).
A la luz de los dos últimos casos expuestos, las principales funciones de la
comunicación pública son: problematizar un tema o situación y generar
variación, es decir, alternativas políticas, así como argumentos a favor y en
contra de las mismas. Así por ejemplo, uno de los logros fundamentales del
movimiento anti-militarista en España estribó precisamente en abrir el debate
en torno a la conscripción, ante las resistencias del gobierno socialista y parte
de la prensa conservadora, para quienes el servicio militar no era un problema
en absoluto o, alternativamente, los asuntos militares no debían ser temas de
debate público (Sampedro, 1996). En Alemania, las decisiones de otros países
de abolir la conscripción, así como el papel de la oposición parlamentaria y
de públicos especializados (v.g. académicos) consiguió mantener este tema
en la agenda política, si bien con un perfil más bajo y un menor grado de
conflictividad. Por otra parte, la comunicación pública se revela como fuente
de variación, es decir, de ideas políticas y de argumentos: la eliminación o
transformación radical de los ejércitos, su profesionalización, el
mantenimiento del servicio militar pero introduciendo modificaciones en
cuanto a su duración, etc. son todas ellas propuestas formuladas y defendidas
COMUNICACIÓN PÚBLICA:
- Problematización de un tema / situación
- Generación de variación (diferentes decisions posibles + argumentos a favor y en
contra).
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALIZADOS DE
TOMA DE DECISIONES:
- Constelación de intereses y relaciones de poder
- Ocurrencia de eventos redefinición de intereses/
preferencias de actores políticos
- Presión para regular un tema / situación - Input de alternativas políticas
REACCIÓN ANTE DECISIONES POLÍTICAS – DOS
ALTERNATIVAS:
a) Rechazo por parte de públicos influyentes más comunicación
b) Aceptación desaparición del tema del debate público + consolidación de la decisión política
Consenso / consenso solapado / imperfectamente teorizado / acuerdo
14
públicamente, ya sea por actores sociales o políticos. Se trata, además, de una
variación que no es ajena a la crítica y al intercambio de argumentos, de tal
modo que la comunicación pública también filtra y delimita dicha variación.
Así por ejemplo, las propuestas relativas a la sustitución del servicio militar
por alguna suerte de servicio general obligatorio (Dienstpflicht), debatidas
sobre todo entre juristas, fueron eliminadas del debate por carecer de
fundamento jurídico y por recordar a experiencias pasadas con el
nacionalsocialismo (Werkner, 2004, Dinter, 2004). De manera similar, el
tema de la equidad de la conscripción, que llegó a tribunales alemanes,
demuestra la importancia que tienen las justificaciones a la hora de definir las
diversas alternativas políticas.
Lo que no consigue la comunicación pública, en ningún caso, es
persuadir a los actores relevantes y generar consenso. No es la introducción
de nuevas ideas y argumentos lo que lleva a que se tomen nuevas decisiones,
sino más bien la ocurrencia de determinados eventos que redefinieron los
intereses y prioridades de actores políticos clave. Lo que nos conduce al
siguiente momento: el de la toma de decisiones políticas.
Tanto en el caso alemán, como en el español, las actuaciones de los
principales actores políticos se dejan interpretar fácilmente como formas
estratégicas de acción, basadas en el cálculo de intereses y la gestión de
relaciones de poder. Los argumentos y la coherencia interna de diversas
perspectivas juegan, evidentemente, un papel: no es casualidad, por ejemplo,
que Izquierda Unida se opusiese antes al servicio militar que el Partido
Popular, o que CIU y PNV lo hiciesen por razones distintas a las de IU. El
mantenimiento del servicio militar en Alemania en los 90, por ejemplo, ha
sido explicado como resultado de una determinada interpretación del mismo
y de su papel en la evolución política de Alemania tras 1945. Sea como fuere,
el recurso a formas estratégicas de acción juega un papel decisivo en ambos
casos. No solo las acciones de desobediencia civil por parte del MOC en
España o sus esfuerzos por boicotear la acción del gobierno (v.g.
promoviendo campañas para que la sociedad civil española no ofertase
suficientes plazas para el servicio social), sino que las decisiones de eliminar
o suprimir la conscripción son fácilmente reconstruibles como resultados de
consideraciones instrumentales. En Alemania, el servicio militar es eliminado
de manera relativamente sorpresiva justo cuando la coyuntura económica
exige medidas de austeridad. En España, cuando el partido que va a formar
gobierno necesita del apoyo de los nacionalistas catalanes, opuestos al
servicio militar. En ambas ocasiones apreciamos la importancia que tienen
eventos ajenos al debate público en torno a la conscripción: la evolución de
15
la situación económica y la celebración de elecciones generales. Se trata de
eventos que redefinen los intereses o prioridades de actores políticos clave.
Concebir el papel epistémico de la comunicación pública requiere que no
nos detengamos en la toma de decisiones, como sucede a menudo, sino en lo
que sucede después (Eder, 1991, Gutmann y Thompson, 2004). Un buen
número de decisiones tomadas –acortar la duración del servicio militar,
introducir la prestación social sustitutoria y nuevas normativas al respecto,
redefinir las condiciones de exención del servicio militar, o las condiciones
para ser reconocido como objetor de conciencia, etc.– no cerraron el debate
ni en España ni en Alemania. Encontramos, en estos casos, que el desacuerdo
con estas decisiones por parte de públicos relevantes, que no ven en las
mismas una solución adecuada al tema de la conscripción, genera más
comunicación; es decir, mantiene el tema en la agenda pública y, de acuerdo
al esquema de la figura 1, nos conduce de nuevo a la posición de partida.
Sucede, en ocasiones, que la constelación de intereses y perspectivas es tal,
que la decisión tomada –en este caso, la eliminación del servicio militar–
coincide con las preferencias de los actores sociales y políticos relevantes, es
decir, de los actores y públicos capaces de mantener un tema en la agenda
pública. En estos casos, se llega a algo así como un consenso (o consenso
solapado o imperfectamente teorizado o incluso acuerdo, si se prefiere), que
cierra el debate y permite la consolidación de una determinada decisión
política. En la medida en la que este proceso colectivo contribuye a solventar
(a ojos de los y las propias participantes) una cuestión conflictiva, se puede
hablar de aprendizaje societal o aprendizaje colectivo (Eder, 1991,
Habermas, 2014, Trenz y Eder, 2004).
Si se toman los dos últimos casos de estudio como representativos de la
interacción entre comunicación pública y decisiones políticas, y se aceptan
las interpretaciones propuestas –dos condiciones nada desdeñables–,
podemos observar que el papel epistémico de la esfera pública radica no tanto
en la producción de decisiones políticas –pues estas, al fin y al cabo, dependen
de eventos contingentes y de constelaciones específicas de intereses–, sino en
la generación de variación, esto es, de alternativas políticas y de razones a
favor o en contra de las mismas, y sobre todo en la apertura de debates y en
la capacidad para cerrar o no tales debates. En otros términos, es en la
capacidad para decir no, en la capacidad para oponerse a determinadas
decisiones o criticar un determinado estado de cosas, esto es, en la capacidad
para generar comunicación sobre un tema y situarlo en la agenda pública, en
la que debemos buscar la dimensión epistémica de la esfera pública. Se trata,
a la luz de los dos casos reseñados, fundamentalmente de una cuestión de
probabilidad: probabilidad de que se dé una constelación de intereses tal, que
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lleve a la selección de una alternativa política satisfactoria para todos y todas.
Como se ha tratado de subrayar, los argumentos y razones esgrimidos también
juegan un papel destacado, pero en última instancia son ciertos intereses y
relaciones de poder los que inclinan la balanza a favor de una decisión política
u otra.
Ad (b): Acerca de la Relativa Autonomía de los Niveles de Análisis
Si se habló más arriba de diversidad autoorganizada era porque en el nivel
macro de análisis, es decir, en la esfera pública, lo que guía el proceso político
no es la acción de un determinado sujeto o conjunto de ellos o de instituciones,
sino determinadas interacciones: interacciones entre actores políticos y
sociales que compiten por promover determinadas decisiones; e interacciones
entre temas y asuntos inicialmente no conectados o no de la forma en que
luego lo estarán. Se genera así una dinámica compleja –una ontología
relacional– en la que la ocurrencia de eventos contingentes y las
consecuencias no previstas de la acción contribuyen también a redefinir estas
interacciones y el curso de los acontecimientos. A nivel macro, por tanto, el
flujo de acontecimientos no puede ser reconducido a la actividad de un único
actor político, por dominante que sea, o conjunto de instituciones públicas.
Se trata esta de una observación común en la sociología política
(Koopmans, 2004), hasta el punto de que algunos autores la elevarán a una
nueva ontología y hablarán de “realismo relacional” (Tilly, 2002). Por su
parte, la teoría social tampoco es ajena a esta idea (Emirbayer, 1997).
La idea de autoorganización debe entenderse como análoga a lo que la
teoría de sistemas concibe como emergencia:
“las emergencias son propiedades o cualidades surgidas de la organización de
elementos o constituyentes diversos asociados en un todo, indeductibles a
partir de las cualidades o propiedades de los constituyentes aislados, e
irreductibles a estos constituyentes. Las emergencias no son ni epifenómenos,
ni superestructuras, sino las cualidades superiores surgidas de la complejidad
organizadora. Pueden retroactuar sobre los constituyentes confiriéndoles las
cualidades del todo” (Morin, 2001: 333).
Así las cosas, existe una cierta discontinuidad entre los niveles meso y macro,
en el sentido de que elementos que merecen una determinada valoración a
nivel meso pueden adquirir otro significado en el contexto macro. Fijémonos,
por ejemplo, en la escasa evolución del discurso anti-militarista, al menos en
17
lo que se refiere a sus ideas y objetivos centrales. Su objetivo en 1979, con la
Primera Declaración Ideológica del MOC, era enfrentarse
“a la estructura militar: en sí misma (ejército profesional), en la estructura de
defensa militar (el ejército profesional más el reclutamiento civil, la carrera de
armamentos...), en los valores introducidos en la sociedad (represión, elitismo,
jerarquización, violencia, división de clases, autoritarismo...), en los valores
militares introducidos en el comportamiento humano (machismo, relaciones
interpersonales autoritarias, represivas y violentas...).”
Dos décadas más tarde, en la Carta Abierta sobre el Fin de la Mili (2000),
estos objetivos se mantienen: “La gente que formamos parte del MOC nunca
hemos considerado la desaparición del servicio militar como un fin en sí
mismo, sino como una etapa en la lucha por la abolición del ejército y el
militarismo social”. No es precisamente un ejemplo de descentramiento
cognitivo, de revisión de los propios postulados a la luz de las objeciones
planteadas por otros actores sociales, como exigiría la teoría deliberativa. Las
prácticas del movimiento anti-militarista –entre ellas, la desobediencia civil
y las campañas por boicotear la acción del gobierno– no son tampoco un
dechado de virtudes deliberativas. Pero su actividad, como se expuso, resultó
decisiva para poner fin al servicio militar. Una decisión que, a ojos de los
propios actores sociales, ha resultado adecuada, y a este respecto cabe
reconocerle su contribución a un proceso con valor epistémico.
Este asunto, por otra parte, no resulta nuevo. La teoría deliberativa ya lo
ha abordado al discutir el papel positivo que comportamientos no
deliberativos pueden tener en sistemas deliberativos más amplios (Parkinson
& Mansbridge, 2013, Young, 2001). Pero es la epistemología social la que
con más claridad ha planteado esta cuestión (Goldman, 2010). Así por
ejemplo, Zollman (2007) muestra que la racionalidad epistémica individual
no garantiza la racionalidad epistémica a nivel agregado. O más exactamente,
prueba que una comunidad compuesta por individuos menos informados es
más fiable (reliable) que otra en la que las personas están mejor informadas.
Es en este sentido en el que –creo– los casos arriba reseñados sugieren que
los niveles de análisis y, por extensión, de reflexión normativa son
relativamente autónomos: las valoraciones o interpretaciones que un actor,
comportamiento o fenómeno merezca en un determinado nivel de análisis no
pueden ser directamente transferidas a otros niveles.
Ad (c): Autonomía Política y Dimensión Epistémica de la Deliberación
Pública
18
Son múltiples los argumentos que se han aducido en favor del modelo
deliberativo de democracia. Uno de ellos, ciertamente influyente, sostiene que
la deliberación pública promueve la autonomía política de los individuos. La
democracia deliberativa favorece –se dice– que la ciudadanía exprese sus
preferencias políticas y la intensidad de las mismas con libertad. A través de
la participación en el debate público, los y las ciudadanas pueden contribuir
a definir la agenda pública y las diversas alternativas políticas, así como
intervenir en la defensa y crítica de las mismas; lo cual implica, además, que
la ciudadanía es tratada como agente político, y no meramente como objeto
de gobierno (Gutmann y Thompson, 2004). Más importante aún es que la
democracia deliberativa reconoce y promociona el principio de autonomía
política no solo en lo relativo a la expresión de las voluntades ciudadanas,
sino también a su formación (Cohen, 1997). A través de la participación en
debates públicos, abiertos e inclusivos, la ciudadanía puede testar la
coherencia y validez de sus razones, así como la veracidad de la información
de la que dispone. Se favorece de este modo la formación de una voluntad
política autónoma, en el sentido de una voluntad no manipulada por sesgos
informativos o por argumentos que no resisten el examen crítico. Es decir, la
deliberación favorece la formación de preferencias no determinadas por
factores contextuales externos a los agentes políticos, sino fundadas en
razones que los propios ciudadanos y ciudadanas puedan suscribir tras un
proceso reflexivo. Lo que se promociona, por tanto, es una autonomía
individual entendida como la capacidad para autogobernarse a través del uso
de la razón (comunicativa).
Si lo expuesto en (b) es cierto, se sigue de ello que una teoría deliberativa
realista no está en condiciones de establecer un vínculo interno entre esta idea
de autonomía política y la atribución de potencial epistémico a la
comunicación pública. O dicho de manera algo más precisa: la eventual
conexión lógica que se pueda identificar entre autonomía política así
entendida y dimensión epistémica de la deliberación pública es compleja y
poco evidente.
Ciertamente, en ausencia de tal autonomía individual –por ejemplo, en
situaciones de comunicación sistemáticamente distorsionada– resulta poco
plausible hablar del potencial epistémico de la deliberación pública.
Fundamentalmente, porque la propia agencialidad de los y las ciudadanas
desaparecería. No tendría sentido, sencillamente, escribir cosas como que la
validez de una norma estriba en su capacidad para vincular la voluntad de sus
destinatarios únicamente por medio de razones (o aseveraciones similares que
justifiquen atribuir una dimensión epistémica a cuestiones relativas a la razón
19
práctica), pues en ausencia de autonomía individual, el propio concepto de
voluntad quedaría en entredicho.
Al margen de este caso excepcional, el vínculo entre autonomía
individual y potencial epistémico de la comunicación es complejo. Como se
expuso antes, a nivel agregado, la ignorancia individual, que evidentemente
socava la autonomía, puede ser una virtud. Y si de lo que se trata es de tener
convicciones fuertes que impulsen a determinados ciudadanos y ciudadanas
a participar políticamente, en ocasiones a incurrir en prácticas gravosas para
su libertad o bienestar físico, pero que ayuden a desbloquear una situación
comunicativa, un discurso emocionalmente protegido, como el expuesto más
arriba, puede resultar funcional. (Quizás no sea casualidad que este discurso
motivase una de las mayores manifestaciones organizadas en los últimos años
en Tenerife; Engelken-Jorge, 2010). Lo cual nos lleva a la siguiente y última
tesis.
Ad (d): Valoraciones Sistémicas (Contextualistas) y Valoraciones
Categóricas de las Emociones en Política
El discurso xenófobo en Canarias puede –y debe– ser criticado por diversos
motivos. Entre ellos, por contribuir a la exclusión de un grupo social, las
personas inmigrantes, ya de por sí en situaciones de vulnerabilidad. Pero
desde el punto de vista del potencial epistémico de la comunicación pública,
es concebible en principio que un tal discurso desempeñe un papel positivo
en un proceso de aprendizaje colectivo. Al fin y al cabo, es la interacción la
que guía tales procesos, no sus elementos constitutivos aislados. Como
sugería Morin (2001: 333), tales interacciones pueden “retroactuar” sobre sus
constituyentes confiriéndoles nuevas propiedades, es decir, un nuevo valor o
un nuevo significado en este caso. Así las cosas, la valoración que merezca
una determinada emoción en un cierto nivel de análisis y en un caso concreto
puede ser completamente diferente a la que merezca en otro caso o cuando se
adopta otro nivel de estudio.
Esta cuarta tesis generaliza el argumento elaborado por Dryzek (2010)
acerca del papel de la retórica en democracia. El recurso a la valoración
categóricas de determinados elementos –sean formas de comunicación o tipos
de emociones– pasa por alto la diversidad de funciones que estos elementos
pueden desempeñar en interacción con otros elementos. En lugar de
preguntarnos si un tipo de comunicación es o no deliberativa (o si una
emoción es o no admisible en la esfera pública), una forma más apropiada de
20
valoración debería diferenciar casos concretos o situaciones típicas y diversos
niveles de análisis.
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