Panorama 01/09/00 28.804 B 31/08/00:11:28PM

AMARILLO AZUL ROJO N E G RO

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AVERIGUACIÓN DIPUTADOS ZULIANOS OFICIALIZARON LA DENUNCIA

Contraloría investigará el casode las Torres de El SaladilloComisión de la CGR se traslada al Zulia, en los próximos días. Eldocumento que consignaron los parlamentarios señala que laoperación presenta vicios de fraude.

REQUISITOS

Los preceptos básicos de la LPHque se violan con la operacióndel CRU suponen, entre otros, elrequisito de optar a un inmueblesiempre y cuando sea para "vi-vienda principal".

También, que el subsidio se en-tiende como un beneficio paralas personas naturales carentesde vivienda y nunca para per-sonas jurídicas de carácter em-presar ial.

Hasta hace dos meses, los apar-tamentos costaban 18 millonesde bolívares.

El incremento de las tasas deinterés perjudicaron las ventas.

En lo que va del 2000 sólo se havendido un apartamento.

FR ANKLIN VI L L E G A S

L a Contraloría General de laRepública ordenó ayer, a pe-tición de los diputados zu-

lianos Rodrigo Cabezas, Milagros San-tana y Roberto Quintero, la aperturade un procedimiento fiscal para re-visar el marco legal que rodeó lacesión, presuntamente fraudulenta,de 194 apartamentos, ubicados en elconjunto residencial Torres de El Sa-ladillo.

En la transacción se realizó con 28empresas contratistas, con las cualesel Centro Rafael Urdaneta (CRU) saldóuna deuda de 3.472 millones de bo-lívares.

Los parlamentarios oficializaronayer su denuncia, ante el contralorClosdosvaldo Russián, quien se com-prometió a cooperar, en el marco desus posibilidades y apegado a la nor-mativa legal vigente, en el esclare-cimiento de los términos que ro-dearon la operación.

Russián, en sus breves declara-ciones a la prensa, valoró la inquietudde los diputados denunciantes pues, asu juicio, "tienen la noble tarea develar por los intereses del estado querepresentan". Prometió, en ese sen-tido, actuaciones oportunas por partedel despacho que dirige.

Se espera que, en los próximosdías, una Comisión de la ContraloríaGeneral de la República se traslade alestado Zulia, específicamente a la ciu-dad de Maracaibo, para iniciar lasinvestigaciones.

Cabe destacar que la transacción sehabría concretado en dos tandas: el 26de mayo y el 5 de junio pasados. Allí elCRU, en lugar de adjudicar los in-muebles a familias necesitadas, loscanjeó por deudas con contratistas,eludiendo los procedimientos esta-blecidos en la Ley de Política Ha-bitacional.

Hubo fraudeA su salida del encuentro con el

contralor general y fungiendo comovocero de grupo de legisladores, Ro-drigo Cabezas ratificó que el pro-cedimiento utilizado por el CentroRafael Urdaneta, es totalmente irre-gular, niega el derecho y la justicia,"porque esos apartamentos, diga loque diga el economista Oscar Rincón(ex presidente del organismo) estabandirigidos a la Ley de Política Ha-bitacional".

"Tras ofertar públicamente los in-muebles, por LPH -recordó-, a 18millones de bolívares, tasas de interéspreferenciales, 17 años de plazo para

cancelarlos y una moderada inicial, elCRU los entregó a 28 contratistas parasaldar sus deudas".

Se atrevió a calificar la operación,claro está, evitando inmiscuirse en elradio de acción del Poder Judicial, defraudulenta "porque el CRU realizóuna oferta engañosa a la sociedadzuliana".

Dijo, además, que pese a las "bra-vuconadas" del ex presidente delCRU, no siente miedo porque "no-sotros estamos cumpliendo, como di-putados, la responsabilidad de en-frentar las irregularidadesadministrativas, vengan de dondevengan".

"Simplemente nos mueve -recalcó-, la voluntad que nos dicta la con-ciencia y que nos permite, en estostiempos de cambio, ser leales a lo quedijimos: Tenemos la obligación decolocar a la corrupción y a la im-punidad en su puesto, es decir, cas-tigada por la justicia".

Respuesta Cabezas espera que, tanto el go-

bernador del Estado, Manuel Rosales,como la Contraloría General de laRepública, en tiempo perentorio,transmitan al Zulia los resultados delos procedimientos investigativosabiertos.

"Por nuestra parte -expresó-, es-tamos convencidos de que hubo unagravísima irregularidad, se afectó elpatrimonio del Centro Rafael Urda-neta y se engañó a la sociedad quereclamaba una vivienda de interéssocial".

Considera que, en principio, la res-ponsabilidad recae sobre los direc-tivos que avalaron la operación, perono descarta que los anteriores go-bernadores de la entidad (Arias Cár-denas y Germán Valero) hayan con-validado el procedimiento utilizado.

"El CRU -subrayó- forma parte dela dependencia de la Gobernación. Laaccionista principal es la entidad fe-deral Zulia y ésta, en tanto que cosapública, por lo tanto, forma parte de laresponsabilidad del gobierno regionaly del gobernador".

El documentoEl documento consignado por los

diputados insta, a la Contraloría Ge-neral de la República, a ordenar laapertura de una averiguación admi-nistrativa, en un lapso perentorio,porque "la dación en pago de los 194apartamentos, hecha por el presi-dente del CRU, no es procedente,lesiona los activos del Estado, no seajusta a derecho ni a justicia social y

viola los preceptos básicos de la Leyde Política Habitacional.

Señala, además, que la operaciónconfigura un vicio de fraude porque"se hace la oferta pública de los apar-tamentos en cuestión, para luego en-tregarlos, en dación de pago, a em-presas contratistas.

Por último, acotó que el CentroRafael Urdaneta, S.A. (CRUSA) es unafirma mercantil debidamente cons-tituida, según documento inscrito enel Registro Mercantil Tercero de laCircunscripción Judicial del EstadoZulia, cuyo capital accionario per-tenece, en su mayoría, a la entidadfederal Zulia.

El gobernadorLa revisión del caso que solicitó el

gobernador Manuel Rosales, luego deque Cabezas le entregó el informe quepresentó a la opinión pública la se-mana pasada, ya pasó a manos de lasautoridades, de acuerdo con la de-claración dada por el mismo man-datario zuliano.

El abogado Néstor Luis Rincón tu-vo la responsabilidad de desarrollar eldocumento en el cual se muestran losdetalles legales de la transacción entreel Centro y las 28 empresas invo-lucradas.

Rincón resaltó que según el estudiono se determinaron responsabilida-des legales, aunque sí observó irre-gularidades administrativas.

Por su parte, Oscar Rincón, ex pre-sidente del CRU, quien este jueves fueimposible hallar en la ciudad, expusoque todo el movimiento se realizócumpliendo los parámetros legales.

Mientras que Ricardo Prieto, pro-pietario de la empresa R&J,C.A., quienrecibió 53 apartamentos por un mon-to de 954 millones de bolívares, ma-nifestó que desconoce la base legalque argumenta Cabeza, aunque susabogados le afirmaron que la medidaante la Contraloría no prosperará.

Apunta que para él este negocio hatraído pérdidas más que beneficios,debido a que aún no ha podido ven-der ni una de las viviendas asig-nadas.

P R OT E S TA S

William Lara rechazaactuación de la DefensoríaESPECIAL Car acas

La Asamblea Nacional, en voz del presidentedel organismo, William Lara, rechazó las accionesque emprende la Defensoría del Pueblo en contradel ente legislativo.

Acusa a este despacho del Poder Ciudadano deaparecer en los medios de comunicación or-ganizando "actos de propaganda de partidospolíticos".

Lara señaló que las actividades protagonizadaspor la Defensoría del Pueblo, en clara alusión a laprotesta que organizó Primero Justicia, guardanninguna relación con la "defensa del pueblo".

El presidente de la Asamblea Nacional indicóque "todos observamos un acto propagandísticode un partido político donde aparece como casicomo organizadora una oficina del Poder Pú-blico". Para él, esa acción no está acorde con lanorma constitucional, pues funcionarios de laDefensoría convocaron públicamente a mani-festaciones de tipo proselitista.

Lara ratificó en nombre del Parlamento quecada una de las decisiones y los actos que realiceel ente legislador estarán apegados a la Cons-titución y con amplia consulta con los diversossectores de la sociedad. Esperan que así como elcuerpo legislativo se apega de manera estricta a laley, el resto de las ramas que conforman el PoderPúblico hagan lo propio.

La Defensoría del Pueblo no introdujo, tal ycomo lo tenía previsto, el recurso de interpre-tación con respecto al artículo 279 de la Cons-titución Bolivariana de Venezuela para aclarar lapolémica presentada a raíz de la forma como seelegirán las nuevas autoridades de los poderespúblicos.

T R A N S I TO R I E DA D

Fiscal en desacuerdo conrecurso de interpretaciónNOTIMILL Car acas

Según la Defensora del Pueblo, Dilia Parra, parael Fiscal General de la República, Javier Ele-chiguerra, no es necesario que se interponga anteel Tribunal Supremo de Justicia, un recurso deinterpretación para decidir sobre el nombra-miento de los miembros del Poder Ciudadano.

Parra manifestó que el Fiscal General consideraque ante la decisión del TSJ sobre la vigencia de latransitoriedad ya se pronunció de forma clara, porlo que ve innecesario que se solicite el recurso deinterpretación.

"El Fiscal no estaría de acuerdo con que seinterponga un recurso de interpretación ante elTSJ para que decida si compete o no a la Asambleael nombramiento, sin antes cumplir con la Cons-titución. Si estuviéramos unidos (el Consejo Mo-ral) ya hubiéramos presentado la ley", dijo Parrarefiriéndose a la ley del Poder Ciudadano, la cualsería una d e las bases para cumplir con loestablecido en la Constitución sobre el nom-bramiento del Fiscal General de la República, elContralor General, el Defensor del Pueblo y losMagistrados del Tribunal Supremo.

Por otra parte, Parra dijo que no existen con-frontaciones entre Elechiguerra y ella, inclusive,respeta su opinión más no la comparte. "Yo notengo confrontaciones con Javier, él fue la personaque mas ayudó a la Defensoría del Pueblo paraque saliera adelante", dijo Parra dejando ver, queexiste la posibilidad de desistir de la idea desolicitar el recurso de interpretación.

J U D I T H