documentos de debate abril 2004 10 - tni.org · causado por la determinación de la comunidad ......

T R A N S N A T I O N A L

DOCUMENTOS DE DEBATE

ABRIL 2004

no 10

T N I B r i e f i n g S e r i e sNo 2004/4

Prog rama Drogas y Democrac ia

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M o v i m i e n t o s c o c a l e r o s e n e lP e r ú y B o l i v i a

¿ C o c a o M u e r t e ?

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I N D I C E

● Editorial 3

● El movimiento cocalero y las políticas de 4drogas en Bolivia◆ Las organizaciones campesinas y cocaleras en

Bolivia; organización y estructura◆ La lucha cocalera: instrumentos y estrategias◆ Box: Mesas y acuerdos en Bolivia◆ Efectos multidisciplinarios del cultivo de coca◆ Recomendaciones

● Mapas 14◆ Cultivos de coca en Bolivia: Marco legal◆ Cultivos de coca en el Perú

● Perú: luchas cocaleras y gobernabilidad 16◆ Cocaleros◆ Mesa de Diálogo◆ Acuerdos◆ Box: Mesas y acuerdos en el Perú◆ La fundación de la CONPACCP◆ Las marchas de abril 2003◆ La reunión con el presidente y el decreto supremo◆ Situación actual en los valles cocaleros◆ Principales quejas de agricultores y autoridades

locales

● Abreviaciones usadas 26

● Referencias e información en internet 27

AUTORES:Allison Spedding PalletHugo Cabieses Cubas

EDITORES:Martin JelsmaPien MetaalVirginia Montañés

APOYO EDITORIAL:Beatriz Martinez

DISEÑO:Jan Abrahim VosLogo Drogas y Conflicto:Elisabeth Hoogland

IMPRENTA:Drukkerij Raddraaier,Amsterdam

CONTRIBUCIONES FINANCIERAS:Ministerio de AsuntosExteriores (Países Bajos)

CONTACTO:Transnational InstitutePaulus Potterstraat 201071 DA AmsterdamPaíses BajosTel: -31-20-6626608Fax: [email protected]/drugs

Los contenidos de estedocumento pueden ser citadoso reproducidos, siempre que lafuente de información seamencionada. El TNI agradeceríarecibir una copia del texto enel que este documento seausado o citado.

Puede mantenerse informadode las publicaciones yactividades del TNIsuscribiéndose a nuestroboletín quincenal. Contacto:[email protected] o www.tni.org

Amsterdam, abril 2004

Europa y el Plan Colombia Documento de Debate No. 1, abril 2001

Fumigaciones y Conflicto en Colombia.Al calor del debateDocumento de Debate No. 2, septiembre 2001

Afganistán, drogas y terrorismo. Fusión de guerrasDocumento de Debate No. 3, diciembre 2001

Desarrollo alternativo y erradicación. Un enfoque desequili-brado Documento de Debate No. 4, marzo 2002

Polarización y parálisis en la ONU. Superando el impasseDocumento de Debate No. 5, julio 2002

Agenda para Viena. Cambio de rumboDocumento de Debate No. 6, marzo 2003

Desarrollo alternativo y conflicto en Colombia.A contraviaDocumento de Debate No. 7, junio 2003

Centros Operativos de Avanzada - FOLDocumento de Debate No. 8, septiembre 2003

Drogas y conflicto en Birmania. Los dilemas de las respuestaspolíticasDocumento de debate n. 9, diciembre 2003

Todas las ediciones de la serie están disponibles en el sitioweb en inglés y castellano:www.tni.org/reports/drugs/debate.htm

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D r o g a s y C o n f l i c t o n o 1 0 - A b r i l 2 0 0 4 3

E D I T O R I A L

iez años después de la primeramarcha cocalera en Bolivia, en laque los productores de hoja decoca del Trópico de Cochabambacaminaron más de 600 kilómetros

hasta la sede de gobierno in La Paz para demos-trar su indignación por los efectos de la polí-tica de drogas en su región, no hay nada quecelebrar.Tampoco en el Perú,en donde a pesarde las movilizaciones campesinas, los represen-tantes gubernamentales son aún más reacios atratar el tema con la urgencia que requiere.

Es poco lo que sabe el público, e incluso losexpertos en temas de drogas, sobre estosmovimientos cocaleros.Este desconocimientoes en parte responsable de que no se busquensoluciones pacíficas y sustentables para losconflictos, y en vez de eso se propongan res-puestas simplistas y violentas a un tema tancomplejo como es la problemática de los cul-tivos de coca en estos dos países.

Los cocaleros y cocaleras - ex mineros despla-zados o campesinos humildes - son víctimasfáciles de las políticas de control de drogas. Alquitarles sus fuentes de ingresos, a cambio dealternativas que no dan los resultados espera-dos, el desequilibrado enfoque del controlinternacional de drogas,combinado con el altonivel de represión con que se aplican dichaspolíticas, pone al descubierto sus efectos eco-nómicos devastadores y contraproducentes.

La afirmación en el Informe de la Junta Inter-nacional de Fiscalización de Estupefacientes(JIFE) 20031, de que la erradicación volunta-ria de los cocales constituye un éxito, no escierto, al contrario, puede considerarse comoun fracaso. Muchas zonas de producción oerradicación viven ahora en permanente ten-sión y violencia,y los actos de erradicación ocu-rren en medio de un despliegue de tropas ymateriales bélicos que obligan a cualquiera aacogerse a ellos. Aunque la erradicación for-zosa no tiene las características químicas delPlan Colombia, en Bolivia y Perú también hahabido víctimas y seguirá habiéndolas si secontinúa implementando de esta manera.

Un enfoque equilibrado que elimine el dañocausado por la determinación de la comunidadinternacional a “acabar con las drogas” en ellado de la oferta,sería lo mínimo necesario parahacer justicia a quienes solamente poseen cul-tivos.

Un problema de fondo en ambos países es lafalta de margen de maniobra de los gobiernosy sociedades para diseñar políticas propias yautónomas que busquen soluciones a la crisisactual. Esta crisis es el resultado de una per-manente inestabilidad política, agravada porproblemas económicos estructurales en lasáreas rurales con escasas opciones producti-vas para sus habitantes, así como de la penali-zación de la oferta del cultivo usado para la ela-boración de la cocaína,a la cual obligan las con-venciones internacionales.

Que la hoja de coca se consuma desde tiem-pos inmemorables y que sea parte integral dela cultura andino-amazónica,hace que su inclu-sión en el actual régimen internacional de con-trol de drogas junto con su derivado cocaína,complique aún más la situación.

La noticia de la preparación en Bolivia de unapropuesta dirigida a las Naciones Unidas paradespenalizar el uso tradicional de la coca eimpulsar un estudio sobre los patrones realesde dicho consumo, es una señal positiva decambio. Al mismo tiempo, haría falta el desa-rrollo y maduración de una cultura democrá-tica que permitiera la concertación y el con-senso, en lugar del atrincheramiento en posi-ciones intransigentes.Además hay voces domi-nantes que apenas permiten y no respetan losprocesos internos. En ambos artículos se hacereferencia a estas voces como “La Embajada”.

En este número de Drogas y Conflicto, dosautores dan una lectura distinta sobre losmovimientos cocaleros en Bolivia y el Perú,quecontribuye a desmentir la existencia de supues-tos fantasmas.

1 Informe Anual de la JIFE 2003, p.54

unto con el Perú,Bolivia es uno de los dospaíses andinos donde el cultivo,comercioy consumo de la hoja de coca son activi-dades legales ampliamente difundidas.También llegaron a ser los principalesproductores de hoja de coca destinada a

la producción de cocaína hasta que, en losnoventa, aumentaron los cultivos de coca enColombia. En Bolivia, el auge del narcotráficoempezó en los años setenta y llegó al máximoentre 1980 y 1986. Después ha declinado con-siderablemente, sobre todo por la mencionadaexpansión de la producción en Colombia. Aun-que hubo algunas campañas de erradicación decocales en años anteriores,éstas no tuvieron unimpacto significativo y, sólo a partir de 1986, seimplementaron políticas dirigidas a la reduccióny eliminación de los cultivos de coca. Estas polí-ticas se han mantenido e incluso intensificadodesde los años noventa hasta hoy, a pesar de lareducida participación de Bolivia en el tráficointernacional de drogas.

Bolivia posee una fuerte organización campesi-na que incluye a los cocaleros (campesinos cul-tivadores de coca), movimiento que ha encabe-zado la resistencia a las políticas oficiales de erra-dicación y control del cultivo de coca. Por serorganizaciones públicas y legales, sin vínculosprobados con grupos subversivos o ilícitos,estemovimiento cuenta con considerable legitimidadfrente a la opinión pública, lo que ha impedidosu represión directa por parte del gobierno, yha frenado la aplicación de métodos coercitivosde erradicación de cultivos (como la fumigaciónaérea). Sin embargo, los sucesivos gobiernosbolivianos se someten a las exigencias de ‘laEmbajada’ (de EE.UU.) y continúan las campañasde erradicación, dando lugar a conflictos entrecocaleros y gobierno que no dan señales de ami-norarse en el futuro próximo.

Las organizaciones campesinas ycocaleras en Bolivia;organización y estructura

Desde los años treinta, se han intentado orga-nizar sindicatos agrarios en Bolivia, pero el sin-

dicalismo campesino actual se originó con laRevolución Nacional de 1952, liderada por elMNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario).En 1953, este partido proclamó la ReformaAgraria,que abolió el colonato (tenencia de par-celas en usufructo a cambio de trabajo gratui-to) en las haciendas y repartió las tierras queocupaban a los campesinos.Para procurar la libe-ración del servicio al patrón y el reparto de tie-rras,era obligatorio organizar un sindicato agra-rio en cada hacienda reformada. Esta forma deorganización fue adoptada también por muchascomunidades originarias (no sujetas a la hacien-da), reemplazando a sus autoridades tradiciona-les, que estaban muy vinculadas a las autorida-des locales, identificadas con la clase terratenien-te. Desde el punto de vista del gobierno nacio-nalista (1952-1964), los sindicatos agrarios ser-vían para incorporar a los campesinos a la vidapolítica del país pero bajo la tutela del partidoque los organizó y los controlaba, impidiendo undesarrollo autónomo del movimiento campesi-no. Esto funcionó bien al principio, y se mantu-vo bajo los gobiernos militares que derrocaronal MNR a partir de 1964, bajo el nombre del‘Pacto Militar-Campesino’, hasta que, en 1974 larepresión de una manifestación campesina en laMasacre de Tolata, por parte del entonces dic-tador General Hugo Banzer, provocó la ruptu-ra de los campesinos con el oficialismo. Se for-maron varias organizaciones independienteshasta que, en 1979, se estableció una organiza-ción nacional, la CSUTCB (Confederación Sin-dical Única de Trabajadores Campesinos de Boli-via), de ideología indigenista o ‘katarista’ (recor-dando a Julián Apaza ‘Tupac Katari’, rebelde anti-colonial ejecutado por los españoles en 1782).1Aunque ha sufrido varias divisiones y conflictosinternos, esta organización se ha mantenidohasta hoy como la matriz organizativa y repre-sentante nacional del campesinado bolivianofrente al gobierno.2

El sindicalismo agrario abarca la mayor parte delpaís,aunque su organización es más amplia y acti-va en algunas regiones, entre ellas las cocaleras.En Bolivia hay dos regiones principales donde seproduce coca: los Yungas de La Paz (provinciasde Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi) y el Cha-

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E L M O V I M I E N T O C O C A L E R O Y L A S P O L Í T I C A S D ED R O G A S E N B O L I V I A A . L . S p e d d i n g P * .

4 D r o g a s y C o n f l i c t o n o 1 0 - A b r i l 2 0 0 4

* Antropóloga británica, radicada en Bolivia, autora de varios estudios sobre la hoja de coca.1 Rivera, S., Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980, UNRISD, Ginebra, 1986.2 Patzi, F., Insurgencia y sumisión. Movimientos indígeno-campesinos (1983-1998), Comuna, La Paz, 1999.

pare de Cochabamba (provincias de Chapare,Tiraque y Carrasco). Los Yungas fueron pobla-dos por migrantes andinos en la época prehis-pánica, y desde principios de la Colonia se esta-bleció como zona cocalera.Hasta 1953, la mayorparte de la región pertenecía a haciendas,3 perodesde entonces todo ha pasado a manos de loscampesinos, que se sindicalizaron como duran-te la Reforma. El Chapare es una zona tropicalcolonizada en el siglo XX, poblada masivamen-te en los años sesenta, cuando se inició laexpansión de cultivos de coca en la región.Éstos se masificaron a partir de los setenta (engran parte estimulados por la demanda del nar-cotráfico4), hasta sobrepasar a los Yungas. Lacolonización casi siempre fue espontánea y loscolonizadores organizaron un sindicato paratramitar ante las autoridades los títulos de losterrenos ocupados5. En ambos casos, se inser-taron en la estructura organizativa, que agrupaa cierto número de sindicatos de base en unaSubcentral o Central Agraria, unidos en unaFederación,que abarca toda o parte de una pro-vincia, la cual forma parte de una Federacióndepartamental afiliada a la organización nacional.

El sindicato de base es, de hecho, el gobiernolocal de la comunidad rural. Para afiliarse, esnecesario poseer tierras en el lugar y cumplircon varios deberes como pagar cuotas, partici-par en trabajos comunales o asumir puestos enla directiva sindical. El afiliado nominal suele serel padre de familia (o la madre viuda,o una madresoltera) de la unidad doméstica. Los solteros, ogente que reside en la comunidad sin terrenospropios, no tiene representación en el sindica-to. La directiva, a la cabeza de un SecretarioGeneral, es elegida anualmente, de forma rota-tiva entre todos los afiliados. Es poco frecuenteque una mujer ocupe un cargo, excepto el sim-bólico de Vinculación Femenina, aunque, a partirde 2000, en los Yungas algunas mujeres han lle-gado a ser secretarias generales de sus comuni-dades. Aún así, casi siempre son ‘mujeres solas’(divorciadas, separadas, viudas o madres solte-ras). El sindicato se reúne cada mes (Yungas) o

cada dos meses (Chapare) y trata asuntos diver-sos, desde la infraestructura de la comunidad oproblemas como robos hasta las relaciones conentidades externas (ONG o la municipalidad), yen el caso de los sindicatos cocaleros,cómo res-ponder a las políticas gubernamentales sobre lacoca.

En los Yungas, los campesinos han establecidootra organización, ADEPCOCA (AsociaciónDepartamental de Productores de Coca).6 For-malmente,ADEPCOCA es independiente de lasFederaciones campesinas pero,en la práctica,esparte de ellas (se requiere el aval del sindicatode base para afiliarse a ADEPCOCA). En cadacomunidad tiene un representante que propor-ciona la ‘orden comunal’, boleto exigido paracada partida de coca internada al Mercado Legalde la Hoja de Coca en la ciudad de La Paz. Esmás frecuente que este cargo sea ocupado poruna mujer, probablemente porque el comercioes tradicionalmente un oficio femenino en losAndes.

En el Chapare, las Centrales sindicales poseengalpones en los pueblos,donde se vende la cocaa las comerciantes (casi todas mujeres), y cobraun impuesto sobre cada transacción, pero laorganización campesina no ha extendido su con-trol del comercio hacia el mercado mayorista decoca en Cochabamba, ubicado en el pueblo deSacaba. Desde estos dos mercados, la coca salehacia el interior del país y el exterior, en parti-cular Argentina, donde hay un mercado activode coca para el llamado ‘consumo tradicional’(masticado, más usos rituales y medicinales7).Este comercio depende de comerciantes profe-sionales no campesinos,sujetos a un fuerte con-trol gubernamental y fiscal, que supuestamentegarantiza que la coca se destine a fines exclusi-vamente legales. Evidentemente, esto no siem-pre ocurre, pero los cocaleros argumentan quetales desvíos no son de su responsabilidad.Fren-te a la fuerte organización cocalera, últimamen-te el gobierno ha intensificado el control deestos comerciantes, decomisando sus licencias

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E l m ov i m i e n t o c o c a l e r o y l a s p o l í t i c a s d e d r o g a s e n B o l i v i a


3 Soux, M. L., La coca liberal. Producción y circulación a principios del siglo XX, 1993.4 Sanabria H., The coca boom and rural social change in Bolivia, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993.5 Blanes, J., De los valles al Chapare. Estrategias familiares en un contexto de cambios, Ceres, La Paz, 1983.6 Spedding, A., “Cocataki, taki-coca: trade, traffic and organised peasant resistance in the Yungas of La Paz”, en Leons, B. y Sanabria,H. (comps.), Coca, cocaine and the Bolivian reality, State University of New York Press, New York, 1997.7 Rivera Cusicanqui, S., Las fronteras de la coca. Epistemologías coloniales y circuitos alternativos de la hoja de coca. El caso de la fronte-ra boliviano-argentina Aruwiyiri/IDIS-UMSA, La Paz, 2003.

y limitando su número. Los campesinos tienenun odio de clase hacia los intermediarios y nointervienen para defender a los comerciantesaunque, a la larga, la represión de la distribuciónde la hoja les afectará negativamente.

Conforme se va ascendiendo en la jerarquía dela estructura sindical, la dirigencia es cada vezmás una cuestión de activismo y carrera políti-ca.8 Las exigencias de tiempo son mayores,como también los conocimientos (de leyes,esta-tutos, etc.) y capacidades (oratoria en idiomanativo y castellano, dominio de la lectoescritu-ra en castellano). Los cargos campesinos, inclu-so en las provincias, no proporcionan un sueldoformal, y el dinero para gastos se limita a lasreducidas cuotas que se puede cobrar a los afi-liados. Muchas veces, el dirigente cubre los cos-tos con dinero propio. Este autofinanciamientoes fundamental para mantener la autonomía delmovimiento campesino frente al gobierno yotras instituciones, pero limita la participación(sobre todo para padres de familia9 y campesi-nos de base que no pueden apartarse del traba-jo durante mucho tiempo) e induce a muchosdirigentes a aceptar pagos clandestinos. Lasbases tienden a sospechar que cualquier dirigen-te puede ser un ‘vendido’;esto da lugar a una vigi-lancia que obstaculiza la infiltración y controlefectivo del movimiento campesino por parte defuerzas políticas ajenas, pero también puededesestabilizar dirigencias por acusaciones noprobadas. A veces, se desarrolla una relaciónclientelista con ciertas ONG,que proporcionantransporte,alojamiento y ‘capacitación’.La nece-sidad de conocimientos formales, que muchoscampesinos no poseen, ha creado una relaciónambigua con diversos ‘asesores’ no campesinos–profesionales de varios ramos,activistas o polí-ticos– cuya presencia contradice las posturasautonomistas del movimiento. Por tanto, suelenactuar entre bastidores,y no se sabe cuánto haninfluido en las posturas y acciones del movimien-to, o si el movimiento los ha usado para que laclase dominante escuche argumentos que, enboca de un campesino, serían rechazados.

Los dirigentes campesinos inician su carrera en

el ámbito local y provincial aunque, para llegara los niveles nacionales, deben granjearse elapoyo de otros departamentos. La diversidadecológica de Bolivia es enorme, y los interesesde un productor de quinua de Lípez tienenpoco en común con los de un cocalero yungue-ño, aunque todos son campesinos. Además estála diversidad cultural. En la parte andina, se tien-de a enfrentar a ‘los quechuas’ (Cochabamba,Potosí, Chuquisaca) con ‘los aymaras’ (La Paz,Oruro), mientras en las tierras bajas hay dece-nas de idiomas, algunos relativamente organiza-dos, pero todos ellos enfrentados en conjuntoa los andinos. Debido a su peso numérico ymayor organización, los andinos siempre domi-nan la CSUTCB y, en consecuencia, en los añosnoventa, los campesinos de las tierras bajas pre-firieron denominarse ‘indígenas’ y formar suspropias organizaciones, como la Confederaciónde Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano(CIDOB).

Mientras los primeros dirigentes nacionales delos años cincuenta eran quechuistas de Cocha-bamba, el katarismo de los años ochenta fuedominado por aymaristas del Altiplano Norte.10

Los conflictos entre Felipe Quispe ‘el Mallku’(con base entre los aymaristas del Altiplano) yEvo Morales (con base entre los quechuistas delChapare) son sólo un caso publicitado demuchos otros, donde se combinan diversas fac-ciones políticas con el regionalismo e interesessectoriales, y con los afanes caudillistas de diri-gentes individuales. Sin embargo, los interesessectoriales tienden a predominar y, a pesar demuchas fracturas y amenazas de división, laCSUTCB se ha mantenido como una sola orga-nización. Los discursos étnicos y nacionalistasatraen a muchos intelectuales, pero no son másque retórica para los campesinos. Los yungue-ños, por ejemplo, son aymaristas y culturalmen-te se consideran parte del grupo centrado en laprovincia Omasuyos que apoya al Mallku. Peroen política prefieren apoyar a la facción de Evoporque éste defiende la coca,mientras conside-ran que el Mallku nunca ha tomado seriamentela problemática cocalera.Tanto Evo como el Mall-ku han intentado hacer carrera en la política par-

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8 Ticona, E.; Organización y liderazgo aymara, 1979-1996,Universidad de la Cordillera/Agruco, La Paz, 2002.9 Es significativo que los dos dirigentes campesinos más conocidos a partir de 1995-2000, Evo Morales y Felipe Quispe, no sonpadres de familia en ejercicio: el primero permanece soltero hasta la fecha, mientras el segundo, aunque tuvo un matrimonio conocho hijos, está actualmente divorciado.10 Los campesinos de base suelen hablar de ‘quechuistas’ (que hablan quechua) y ‘aymaristas’ (que hablan aymara).

lamentaria, pero el discurso de Evo,más de tipoclasista, se granjeó muchos más votos que el dis-curso étnico-nacionalista del Mallku.

Desde los ochenta, se intentó armar una Con-federación de Mujeres Campesinas ‘BartolinaSisa’ (compañera del mencionado Tupac Katari)a escala nacional, paralela a las Federaciones ‘devarones’. Tiene federaciones provinciales ydepartamentales.Aunque no faltan mujeres cam-pesinas con conciencia política, la mayoría de lostemas tratados por la organización campesina nose diferencian según el género y asumir uncargo,sobre todo en la base,es literalmente eso,un cargo, una obligación de servicio a la comu-nidad y no la oportunidad de acceder a un espa-cio de poder.Las Federaciones de mujeres gene-ralmente existen sólo en el ámbito provincial yson un espacio para el avance personal de cier-tas mujeres con mayores ambiciones o capaci-dades.Esto no quiere decir que no exista un acti-vismo auténtico por parte de varias dirigentes,pero estas organizaciones no tienen la partici-pación de las Federaciones ‘de varones’.Además,si ya es difícil para un campesino padre de fami-lia apartarse del trabajo agrícola durante más queun par de días, aún lo es más para una campesi-na madre de familia. Esto se combina con acti-tudes machistas y prejuicios sobre la incapaci-dad de las mujeres para la oratoria o la política.Aunque parece que estas actitudes están empe-zando a cambiar, las mujeres dirigentes siguensiendo mayoritariamente solteras o mayores.Laasistencia de mujeres a reuniones de cualquiernivel no suele rebasar el 20%,y la frecuencia conque piden la palabra es menor a su presencia físi-ca.Esta relativa invisibilidad institucional no impi-de que las mujeres participen activamente en lasmovilizaciones.

La lucha cocalera: instrumentosy estrategias

Las líneas generales de la política de drogas enBolivia proceden de convenios internacionalesy,más directamente,de EE.UU.Se atribuye a estepaís la draconiana Ley 1008 (1988),actual marcolegal de la ‘lucha contra las drogas’, que estable-

ce ‘zonas tradicionales’ de cultivo de coca (prin-cipalmente los Yungas) donde el cultivo será per-mitido, mientras el resto del país correspondea ‘zonas excedentarias en transición’ (mayor-mente el Chapare), donde el cultivo deberáerradicarse y sustituirse por otros. La erradica-ción procedió sobre la base del pago de com-pensaciones por hectárea de coca erradicada,junto con la promoción del ‘desarrollo alterna-tivo’: caminos, escuelas, cultivos como palmitosy bananos que, comparados con la coca, noresultaron económicamente viables. Gastado eldinero de la compensación,muchos campesinosvolvieron a plantar coca por falta de alternati-vas. En 1998, el gobierno del ex dictador yentonces presidente ‘democrático’, Hugo Ban-zer, inició el Plan Dignidad, que redujo las com-pensaciones hasta eliminarlas y pasó, en 2000, ala erradicación forzosa de cocales, realizada pormilitares armados y sin consulta ni reparaciónpara los propietarios de las plantaciones. Aun-que sus consecuencias económicas y sociales hansido desastrosas, los dos gobiernos posterioresno han cambiado esta política. Hasta principiosde 2004, la erradicación forzosa sólo se imple-mentó en el Chapare (después de un intentofallido de iniciarla en la zona de colonización deSud Yungas, en junio 200111) pero la Embajadasigue insistiendo en la existencia de coca ‘exce-dentaria’ en los Yungas y corren rumores sobrela posibilidad de erradicación forzosa en esaregión. Junto con la erradicación, viene la ‘inter-dicción’ (supuestamente dirigida a reprimir elnarcotráfico), que acarrea múltiples abusos a lapoblación civil (detenciones injustificadas, mal-tratos, etc).

Todas estas disposiciones han sido asumidas sinconsultar con los campesinos. Los pocos espa-cios de negociación abiertos son el resultado deprotestas exitosas y, aún así, se limitan a resar-cir daños (compensación para muertos y heri-dos) o algunos beneficios no directamente liga-dos con la coca (maquinaria para los caminos).Todos los gobiernos sostienen que ‘la Ley [1008]no se negocia’ (Presidente Carlos Mesa, enerode 2004) y se niegan a reconsiderar el marcogeneral de la política de drogas, incluso cuandolos campesinos (en particular, los de Yungas) sue-

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11 Huanca, B., Los Yungas contra atacan. La expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, junio de 2001, Editorial Pirata, La Paz, 2001. /Rivera, S., Las fronteras de la coca. Epistemologías coloniales y circuitos alternativos de la hoja de coca. El caso de la frontera boliviano-argentina. Aruwiyiri/IDIS-UMSA, La Paz, 2003.

Mesas y Acuerdos en Bolivia

Año Tipo de dialogo/ origen Acuerdos - Desacuerdos Fechas yduración

1996 Marcha de mujeres cocaleras del Cha-pare con las esposas del vicepresiden-te y del presidente, retomado por laCOB.

Las primeras no lograron un acuerdo. La COB logró:- Liberación de dirigentes detenidos.- Erradicación forzosa no existe ni existirá.- Atención para victimas de abusos.- Conformación de Comisión permanente “Coca- Cocaína”.

11de Diciem-bre hasta el 3 de Febrero

Seguimiento del acuerdo del 3 defebrero, facilitado por la COB.

Firman “acuerdo de entendimiento” para formar comisiones operativas deverificación del cumplimiento del Desarrollo Alternativo, erradicación ymecanismos de comercialización.

9 de Mayo confecha limite 25de Junio

1997 Con el nuevo Gobierno se abrediálogo acerca de la reducción de cocahasta la meta anual (descertificaciónpor EEUU).

Firman acuerdo de erradicar 3000 hectáreas de coca en cambio de: - Compensación (2500 US$ por h.) - Apertura de mercados.- Creación/ fortalecimiento de pequeña industria- Tierra y asentamientos humanos- Repliegue de las FFAA del Chapare

11 de Agostoal 17 de Octu-bre

1998 Comercialización legal de la hoja decoca con la Prefectura de Cbba.

Convenio que regula la reapertura de los mercados primarios de coca. Cadaproductor afiliado puede transportar cada tres meses 50 libras de coca parasu consumo

8 de Enero

Situación de fuerte tensión por laerradicación de coca llamada exce-dentaria en el Chapare

Preacuerdo: -Se suspende la destrucción de coca excedentaria.-Se indemniza a las víctimas de abusos policiales.-Se liberan los detenidos.

20 de Abril

Iniciativa de organizaciones civilesque retoman el dialogo con el fin dedesmilitarizar el Chapare.

Fracasan los intentos de reunir ambas partes por no querer ceder en susposiciones tomadas, mientras el clima de violencia en el Chapare sigue.

14 al 22de Junio

Marcha Cocalera desde el Chaparehacia La Paz. También luego desdeLos Yungas sale una marcha.

Posiciones atrincheradas, acuerdo firmado sin contenido, sólo que existe lanecesidad de concertar y evitar más violencia. Marcha considerada un fra-caso.

7 de Agostoal 8 de Octubre

2000 Cinco días de bloqueo de la carreteraLos Yungas a La Paz a raíz de los pla-nes de erradicación en la zona.

Convenio de principio de solución conteniendo 18 puntos, que no solo serefiere a la coca sino a problemas del campesinado en general.

14-19 de Abril

Bloqueos de la carretera principalCochabamba Santa Cruz, Chapare.

Firman un acuerdo con 18 puntos: control sobre recursos para el DA; nohabrá cuarteles en el Chapare; construcción de mercados; preinversiónpara complejo agroindustrial.

23 de Septiem-bre al 13 deOctubre

2001 Hostigamiento de dirigentes y sindi-catos; propuesta del cato de coca porfamilia; amenazas de bloqueos.

No logran un acuerdo ni apenas establecer dialogo. Hubo una iniciativa dela Camera Baja para facilitar. Hablan finalmente por dos días sin llegar a unacuerdo.

6 al 27 deNoviembre

2002 Enfrentamientos en mercado de cocaSacaba a raíz de un Decreto que pro-híbe la comercialización de la coca

Convenio firmado que suspende el DS en cuestión y levantamiento de losbloqueos.

16 de Eneroal 9 de Febrero

Movilizaciones y enfrentamientos enel Chapare.

Se conforma una comisión anticonflictos/ negociadora. Estudios sobre elDA, desmilitarización y mercados legales

13 Septiembre

Ampliación de los temas del dialogo ydivisiones en el campo campesino.

Queda suspendida y no se logra avanzar más. 13 de Diciem-bre

2003 Amenazas con bloqueos de carreteras. Continúan las “mesas de coca” pero no hay avances claros. Los cocalerosdeclaran “cuarto intermedio” el 2 de febrero.

Irregular hastael 13 de Febr.

Resumen la Mesa de Dialogo, bajonuevas amenazas de bloqueos decarreteras.

Acta no firmada por las partes, en la que se establece que los integrantes dela mesa de diálogo de la coca dedicarán el tiempo de espera a trabajar enlos aspectos técnicos y administrativos que formarán parte del estudio delmercado legal de la hoja y los nuevos componentes del plan de desarrolloalternativo. Tema del cato por familia es definida como “una propuestamas, pero poco seria” por parte del Gobierno.

17 al 20 deMarzo. Sus-pendido hastael 20 de Abril

Gobierno presenta en la Comisión deEstupefacientes de la ONU su nuevaestrategia antidroga 2004-2008.

El Gobierno plantea en Viena que se rechazará la pausa en la erradicación ola posibilidad de un cato de coca.

12 al 16 deAbril

Nuevo Gobierno de Mesa alude posi-bilidades de dialogo.

Tregua de tres meses al nuevo gobierno. Octubre hastaDiciembre

2004 Compromiso de concertar nuevaestrategia droga 2004-2008 y declara-ción de emergencia de cocaleros delChapare.

Revisión de la Ley 1008, Estudio del mercado legal, desarrollo alternativo,pausa en la erradicación, propuesta de despenalización internacional ydemandas de servicios y manejos en el Chapare.

Inicio 16 deFebrero

Fuente: CEDIB8

len aceptar la represión de las ‘sustancias con-troladas’ y la limitación de las zonas de cultivolegal, y se limitan a pedir una mejor definiciónde esas zonas y garantías para su cultivo, o pro-ponen (los del Chapare) la restricción del culti-vo a una extensión reducida por familia. Elgobierno de Banzer y Quiroga (1997-2002), y elde Sánchez de Lozada (2002-3), montaron unaserie de ‘mesas de diálogo’ para tratar el temade la coca, pero los representantes oficialesrepitieron sus posiciones establecidas.Por ejem-plo, en 2000, cuando los cocaleros protestaronporque el palmito jamás alcanzó los preciosprometidos por los proyectos como estímulopara adoptar este producto,el gobierno respon-dió que el precio de exportación cayó debido al‘dumping’ de palmito ecuatoriano en el merca-do argentino y ellos no pudieron hacer nada. Esdecir, por un lado, el gobierno presiona política-mente a los campesinos para incorporarse aldesarrollo alternativo y, por otro, rehúsa aplicarmedidas políticas (subvención de precios o pro-moción en mercados de exportación) para hacerrentables los productos alternativos. Aunquelos cocaleros nunca se niegan a participar ennegociaciones, la intransigencia gubernamentalles obliga a tomar medidas.

La principal medida de presión es el bloqueo decaminos, instrumento fundamental de la luchacampesina boliviana durante décadas. La carre-tera central del país cruza el Chapare. Esto hapermitido que los cocaleros chapareños parali-cen Bolivia en múltiples ocasiones,mientras quela represión militar de los bloqueos y la militari-zación de la región, es cada vez más fuerte. Enlas ciudades, las marchas de protesta son un ins-trumento de lucha generalizado. En 1993, hubouna marcha de yungueños; en 1994,otra de cha-pareños combinada con una de yungueños y, en1996, una marcha de mujeres cocaleras chapa-reñas, todas saliendo de sus provincias hacia lacapital y enfrentándose a represión militar queles obligaba a abandonar las carreteras y cruzarla cordillera por rutas de a pie. Ganaron bastan-te simpatía pública,pero las eventuales concesio-nes oficiales fueron insignificantes.12Ya por 2001,el gobierno asumió una posición más tajante, eintentó suprimir otra marcha desde Cochabam-

ba, devolviendo por la fuerza a los marchistas asus lugares de origen.Muchos volvieron a la mar-cha, pero se difuminó el impacto de propaganday sensibilización de la opinión pública. Se reto-maron los bloqueos de caminos como instru-mento principal, a la vez que ya se había iniciadola erradicación forzosa en el Chapare.

Desde al menos 1986, el gobierno bolivianohabla de ‘narcoguerillas’, argumentando que loscocaleros están vinculados a organizaciones sub-versivas, aunque jamás ha podido demostrarlo.Más convincentes son las referencias a ‘Comitésde Autodefensa’ en el Chapare. El MNR distri-buyó fusiles Máuser y organizó milicias campe-sinas en defensa de la Revolución en los cincuen-ta,y muchos campesinos conservan estas armas,amén de otras más modernas conseguidas des-pués.Además,casi todos los varones campesinoshan hecho el servicio militar, que se denomina‘obligatorio’ aunque, en la práctica, sólo es cum-plido por los campesinos y la clase baja urbana.Por tanto, tienen formación militar sin necesidadde asesoramiento externo. Estos elementos seunen a la tradición de levantamientos campesi-nos de Tupac Katari y muchos más, siemprerecordados en los discursos de los dirigentespara legitimar la idea de una resistencia armadaen condiciones extremas. No está claro quérelación tendrán estos Comités con la organiza-ción sindical formal y, en tanto que la hay, pare-ce que es más en términos de tratar de restrin-girlos que fomentar o dirigir sus acciones; loscampesinos saben que no pueden sostener unenfrentamiento armado abierto con el Ejército,y su organización reconoce el marco legal delEstado. Sí hay acciones dispersas, supuestamen-te por iniciativa de ciertos comunarios radicales,que consisten en colocar ‘cazabobos’ (bombastrampa caseras) o francotiradores que disparandesde el monte contra los militares que erradi-can cocales o despejan de troncos y piedras loscaminos bloqueados. Hasta 2000, todas las bajaseran de campesinos (mujeres y niños incluidos),generalmente abatidos en la represión militar delos bloqueos.En 2002, la lista de muertes ya inclu-yó una media docena de militares y policías.Tris-temente, la mayoría eran jóvenes conscriptos,campesinos de otras partes del país.

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12 Camacho, N., “La marcha como táctica de concertación política. Las marchas cocaleras de 1994 y 1995”, en Laserna, R. (coord.)Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca. PIEB/CERES, La Paz, 1999. / Spedding, A. Batallas rituales ymarchas de protesta. Modos de apropiarse del espacio en el departamento de La Paz,Temas sociales 23, La Paz, 2002.

Si se inicia la erradicación forzosa en los Yungas,este tipo de resistencia podría surgir allí,con másfuerza que en el Chapare, en parte porque elterreno extremadamente montañoso lo favore-ce (el Chapare es plano) y también porque loscocaleros yungueños están convencidos de suderecho al cultivo de la coca como tradiciónhereditaria (en el Chapare, la mayoría eranmigrantes sin tradición cocalera). Además, loschapareños habían sido ‘ablandados’ con más deuna década de erradicación compensada y pro-gramas de desarrollo alternativo,así que la erra-dicación ya era componente regular del contex-to productivo13 y estaban dispuestos a conside-rar cultivos alternativos si éstos resultaban ren-tables y factibles. En los Yungas, la erradicacióncompensada sólo fue ofrecida durante unosaños a fines de los ochenta, con un alcance muylimitado.14 Los campesinos, sobre todo en la‘zona tradicional’, consideran que las condicio-nes ecológicas no permiten una alternativa a lacoca. El gobierno boliviano conoce esta situa-ción, y ha iniciado sus tentativas de ‘desarrolloalternativo’ en regiones como Caranavi, quehasta fines de los noventa no producía coca,perose pronostica que,si inicia la erradicación en Yun-gas, las consecuencias pueden ser violentas.

A partir de 1979, las estrategias políticas cam-pesinas han incluido el ‘instrumento político’,unaorganización de partido que compite en el esce-nario electoral. A veces, ha tomado la forma departidos propios, como MITKA15 o MRTK16;otras, ‘tomaron prestada la sigla’ de un partidoestablecido como Eje Pachakuti o la IzquierdaUnida, con la cual presentaron candidatos cam-pesinos. En ningún caso llegaron a tener más deuno o dos diputados a escala nacional, y aunqueel candidato del MRTKL,17Víctor Hugo Cárde-nas, llegó a ser Vicepresidente con Sánchez deLozada en 1997, no pudo introducir líneas polí-ticas importantes en el gobierno. Últimamente,se adoptó la sigla del MAS (Movimiento al Socia-lismo). Con el apoyo inicial de las federacionescocaleras del Chapare, este partido logró unvoto campesino y tomó el control de variosmunicipios en el Chapare, obtuvo algunos dipu-

tados en 1997 y, en las elecciones nacionales de2002, una votación masiva (de campesinos y devarios sectores urbanos). Sin embargo, el con-trol de los municipios no corresponde al temacocalero como tal, sino que es resultado de lasreformas del gobierno local promulgadas en1994 y conocidas como la Participación Popu-lar. Estas reformas han permitido que candida-tos campesinos ocupen las alcaldías en variosmunicipios rurales. El movimiento cocalerocomo organización tampoco tuvo un rol en la‘Guerra del Agua’ de 2000 ni en la ‘Guerra delGas’ de 2003, que condujo a la dimisión y fugadel presidente Sánchez de Lozada.De hecho, loschapareños no participaron en este último,por-que el control militar de la región impidió losbloqueos; los yungueños sí bloquearon y luegomarcharon hasta La Paz, pero como participan-tes en la movilización generalizada contra elgobierno,no con demandas sobre la coca.Comococaleros, no obtuvieron nada de esta moviliza-ción porque, apenas tres semanas después deasumir la presidencia, el flamante mandatariodeclaró: “La política boliviana con relación al tema[de la coca] es una política de Estado, no cambia-rá en función al cambio de gobierno. Nuestro com-promiso de erradicación de coca ilegal continúa ynuestro compromiso con la lucha contra el tráficoilícito también” (Presidente Carlos Mesa,noviem-bre de 2003).

Efectos multidisciplinarios delcultivo de coca

En Bolivia, la hoja de coca no es simplemente uninsumo para fabricar cocaína, sino una mercan-cía consumida en diversas formas en todo el paísy considerada imprescindible en diversos con-textos (ritos de matrimonio o trabajo en lasminas). En las zonas productoras, los campesi-nos utilizan el dinero de la venta de coca paracomprar alimentos, ropa, transporte, educar asus hijos, contratar abogados y mucho más. Seconsidera que la reducción de los cultivos decoca en el Chapare ha tenido un elevado impac-to negativo en el PIB del departamento y el país,

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13 Sanabria, H., The coca boom and rural social change in Bolivia, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993.14 Leons, B., “After the boom: income decline, erradication and alternative development in the Yungas”, en Leons, B. y Sanabria, H.(comps.), Coca, cocaine and the Bolivian reality. State University of New York Press, New York, 1997.15 Movimiento Indio Tupac Katari.16 Movimiento Revolucionario Tupac Katari.17 Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación Nacional.

que no se limita al retroceso del narcotráfico,ya en recesión en Bolivia mucho antes de iniciar-se la erradicación forzosa.18 Las cifras oficialesde hectáreas de cocales erradicadas son exage-radas porque se calcula el contorno máximo decualquier terreno donde se encontraron algunasplantas de coca como si hubiera estado exclu-sivamente cubierto por cocales. En el Chaparemismo, la militarización ha producido un climade constante tensión que ha deteriorado las rela-ciones sociales y la vida cotidiana por encima dela crisis económica provocada por la erradica-ción y la ausencia de alternativas rentables.19

En el ámbito internacional, el Plan Dignidad enBolivia es presentado como un modelo exito-so,que combina erradicación y represión con eldesarrollo alternativo. En realidad, el desarrolloalternativo ha fracasado, cosa que se intentaocultar con el silencio. Desde 1994, no existenpublicaciones nacionales que analicen el tema y,en 2003, unos supuestos ladrones ‘robaron’ losdiscos duros de las computadoras del ministe-rio encargado del rubro, así que ya no existeinformación sobre qué se hizo con los cuantio-sos financiamientos. Los proyectos eran diseña-dos desde fuera por gente sin conocimientosrelevantes y sin realizar pruebas piloto, así quelos campesinos fueron los conejillos de indias delos nuevos productos. Si lograron producirlos,encontraron que era difícil acceder a los mer-cados y los precios eran muy bajos.Ya hemosmencionado el caso del palmito. Otro caso esel de la fábrica de lácteos Milka,establecida aun-que no había producción suficiente de leche enel Chapare ni una estrategia de mercadeo paralo poco que alcanzó a procesar.20 En los Yungas,el proyecto Agroyungas21 ofreció una nuevavariedad de café,pero se trajeron semillas infec-tadas con broca, una plaga que ha infestadoincluso los cafetales de café criollo y contribui-do al colapso de la producción cafetalera, obli-

gando a los campesinos a dedicarse más a lacoca. Los más beneficiados con el desarrolloalternativo no han sido los cocaleros, sino lostécnicos y asesores, nacionales e internaciona-les.

En los Yungas, la economía cocalera representauna de las pocas economías cocaleras florecien-tes del país, asistida por ADEPCOCA, que hapermitido que los campesinos acaparen parte delmercado antes ocupado por intermediarios deotras clases sociales, pero hay un constanteclima de tensión frente a las amenazas políticasdel gobierno nacional.Mientras tanto, los comen-taristas internacionales coinciden en que laspolíticas bolivianas no repercuten en la disponi-bilidad de cocaína en el mercado mundial. Unaconsecuencia ‘no buscada’ de los conflictos coca-leros ha sido el lanzamiento del líder sindical delChapare, Evo Morales, al escenario nacional,22

quien,en 2002,salió en segundo lugar en las elec-ciones nacionales. Pero su posición como líderde la oposición parlamentaria y potencial presi-denciable, le ha conducido a ‘descocalizar’ su dis-curso y adoptar posturas más conformes con eldiscurso dominante. Por ejemplo, no sólo seaparta públicamente de los actos de resistenciaarmada en el Chapare, como todos los dirigen-tes sindicales,sino que ha dejado de exigir la des-militarización del Chapare y el cese de la erra-dicación forzosa como solución a estos conflic-tos, aunque es innegable que si esto sucediera,los atentados también cesarían de inmediato.Eneste sentido, los movimientos cocaleros norepresentan una amenaza para la ‘gobernabilidad’del país, porque no cuestionan los fundamentosdel orden político.

Las propuestas desde abajo,por parte del movi-miento cocalero, están limitadas por el regiona-lismo,que induce a los yungueños a negar apoyoa los chapareños y, dentro de los Yungas mismo,

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18 Esto se debe principalmente a la expansión de los cultivos de coca en Colombia. En los ochenta, compradores colombianos lle-garon a Bolivia para proveerse de pasta básica que luego procesaron en su país. A mediados de los noventa, con la producción decoca colombiana, esto ya no era necesario. Además, parece que, al caer los famosos ‘carteles’ de Medellín y otros, las nuevas redesque los reemplazaron ya no tenían contactos ni motivos para arriesgarse viajando hasta Bolivia. Las redes bolivianas de narcotráficoson mucho más reducidas y sin capacidad para un gran comercio de exportación hacia el Norte, limitándose a sacar pequeños car-gamentos a los países fronterizos.19 Ver Así erradicaron mi cocal,.Testimonios de campesinos chapareños en los tiempos de la erradicación forzosa (PIEB/Mama Huaco, LaPaz, 2003) para testimonios campesinos al respecto.20 Rijnhot, L. y Joel, O., “Mala leche”. Una historia amarga de desarrollo en el Chapare, CEDOIN, La Paz, 1994.21 Leons, B., “After the boom:income decline, erradication and alternative development in the Yungas”, en Leons, B. y Sanabria, H.(comps.), Coca, cocaine and the Bolivian reality, State University of New York Press, New York, 1997.22 Albó, X., Pueblos indios en la política, Plural/CIPCA, La Paz, 2002.

divide a la ‘zona tradicional’ y las ‘zonas de colo-nización’.Perspectivas de clase conducen a con-centrarse exclusivamente en la cuestión de laproducción de coca y dejar al lado su comercio,aunque sin el comercio la producción de cocano tendrá razón económica. Mucho menos hayuna consideración del impacto del prohibicionis-mo en general; en parte porque el consumo de‘drogas’ apenas se da en el medio campesino, seacepta la condena oficial como algo independien-te de la política que aque-ja a los productores. Delmismo modo, se afirmaque ‘los que lo hacen [lacocaína] son ellos’, esdecir no son campesinos,y los sindicatos declaranque expulsarán a losmiembros que fabriquenbase de cocaína en lacomunidad.

En los Yungas, se percibeel mercado legal de la hoja de coca como algolimitado que pronto va saturarse si se permitela ampliación de las zonas de producción.La defi-nición de las zonas legales en la Ley 1008 se basaen un estudio del consumo de coca realizadohacia fines de los setenta, y se desconoce elimpacto de los cambios demográficos y socia-les ocurridos desde entonces en el monto de lademanda.A partir de 2002,se habla de un nuevoestudio al respecto que, hasta la fecha, no se harealizado.Las propuestas parecen contemplar unsondeo para identificar los grupos sociales(según edad, género, lugar de residencia, ocupa-ción,etc.) que consumen hoja de coca,para quélo utilizan y en qué cantidades, y calcular así lademanda legal. Representa un gran reto meto-dológico diseñar e implementar un sondeo deeste tipo a escala nacional.Mientras tanto,un pri-mer paso sería sistematizar los datos de DIGE-CO,que registra la cantidad y el destino de todala coca que sale de los mercados legales de VillaFátima y Sacaba; aparte de dar una idea sobrelas regiones de consumo para escoger los sitiospara el sondeo, se supone que saldrán a la vistadesfases notables entre la población de los luga-res de destino y la cantidad de coca que llegapara consumirse allí, si así ocurre.A la vez,el pri-mer culpable de estos posible desvíos dentro delcomercio legal sería el mismo gobierno a través

de DIGECO, por no controlar la validez de losdestinos registrados.Esto explica,quizás,por quéDIGECO jamás ofrece información al respecto,pero es curioso que ni los cocaleros ni los inte-lectuales independientes participantes en eldebate hayan exigido que se publiquen estosdatos. Tanto información sobre el comercioactual como el sondeo sobre el consumo podrí-an arrojar información incómoda para todas laspartes involucradas.

Las propuestas cocalerasse basan en una defensa arajatabla del derecho alcultivo, fundamentado enlo económico, barnizadade retórica cultural e indi-genista sobre la ‘hoja mile-naria’ y la defensa de lastradiciones andinas. LasFederaciones chapareñashan propuesto tomar a sucargo algunas instalacio-

nes del desarrollo alternativo, pero esto es másuna propuesta demagógica que una estrategiaválida;si la instalación no es rentable en sí, la ges-tión campesina no va a cambiar esta situación.Lo mismo pasa con las propuestas de industria-lizar la hoja de coca, que provoca mucha espe-ranza entre los productores, pero no desembo-ca en proyectos factibles.Los productos econó-micamente atractivos, como el mate de coca, seenfrentan un mercado nacional ya saturado y nopueden salir al exterior debido a las leyes inter-nacionales que clasifican la hoja de coca comoun estupefaciente equiparable al opio, la cocaí-na o la heroína. Los argumentos económicossobre la producción de coca son válidos,demos-trando que no hay otro cultivo que puede sercultivado en los mismos lugares y bajo los con-dicionamientos de la economía campesina quedará los mismos ingresos que la coca, pero noabordan el argumento de fondo para atacar lacoca, que es el rechazo al consumo recreativode la cocaína. Como resultado, tanto el gobier-no como los cocaleros asumen posiciones atrin-cheradas, que no dan lugar a debates racionalesni admiten la búsqueda de datos empíricos yobjetivos.

Podría argumentarse que la raíz del problema noes la ‘guerra contra las drogas’, sino la posición

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Los sindicatos declaran

que expulsarán a los

miembros que fabriquen

base de cocaína en la

comunidad

de Bolivia como Estado cliente de EEUU, obli-gado a aceptar los mandatos de éste (sea supri-mir el narcotráfico o implementar el neolibera-lismo).La clase dominante busca suprimir al cam-pesinado,visto como grupo ‘atrasado’,que debeser encaminado cuando no eliminado para elbien de la nación. El sindicalismo agrario, en susinicios,era un medio para este fin,pero luego fueasumido por los mismos campesinos como armalegítima contra sus opresores; ahora se buscadeslegitimarlos argumentando que son narcotra-ficantes y subversivos. No se sabe cuál sería laconsecuencia de abandonar este entreguismopatético porque ningún gobierno lo ha intenta-do.Muestra de esto es que los debates sobre lasextensiones de cocales que existen o que debe-rían autorizarse para cubrir la demanda local, sebasan en cifras de la DEA; el gobierno bolivianoha sido incapaz de financiar estudios propios conlos cuales rebatir, o confirmar, estos datos. Loscocaleros, presos de la hereditaria desconfianzacampesina frente al Estado,tampoco quieren sis-tematizar los datos que tienen o intentar inves-tigar los temas en cuestión. Los intelectuales yorganizaciones, nacionales o internacionales, nohan podido cambiar esto, a veces debido a supoco conocimiento de la realidad práctica delcultivo de coca (que conduce a creer las aseve-raciones sin percatarse de la ausencia de datosreales),23 otras veces porque se acercan al movi-miento campesino impulsado por fines ideoló-gicos propios (feminismo, indigenismo,ecologis-mo, etc.).

Recomendaciones

A nivel nacional• Desmilitarizar el Chapare, poner fin a la

erradicación forzosa y no implementarpolíticas similares en cualquier otra regióndel país.

• Realizar programas de ‘desarrollo alterna-tivo’ que ofrezcan cultivos sustitutos, siem-pre que no se exija la erradicación decocales como requisito para participar enestos programas. Además, los sustitutosdeben ser probadamente aptos para laregión y tener un mercado accesible y ren-table para los campesinos.

• En vez de reprimir a los comerciantes dela hoja de coca, tanto el gobierno como loscocaleros deben buscar modalidades defacilitar la distribución de la hoja para elconsumo legal; aparte de que beneficia alos campesinos productores y otros gru-pos sociales que participan en este nego-cio.

• Publicitar que cuanto más se obstaculiza elcomercio legal de este producto,más tien-de a desviarse hacia el comercio ilegal.

• Sería deseable realizar el mencionadoestudio sobre el mercado y el consumo dela hoja de coca, como sobre la productivi-dad real por hectárea, para debatirlos enbase de datos válidos. Estos estudios noserán metodológicamente sesgados paraproducir los resultados deseados por losque los financian o promueven.

En el contexto internacional• Se podría buscar modos de promover el

comercio de productos como el mate decoca.

• Es imprescindible sacar a la hoja de cocade los convenios internacionales sobreestupefacientes, lo que requiere un esfuer-zo determinado por parte del gobiernoboliviano en alianza con muchos otros.

• Habría que de-satanizar la cocaína, porquemientras la cocaína siga estando prohibi-da, se argumentará que, la coca comercia-lizada, incluso las hojas trituradas en bol-sitas filtrantes, se usará para fabricar coca-ína. Un debate abierto sobre los costos ybeneficios de esta prohibición ya no puedeser evitado.

• El enfoque de ‘reducción de daños’, habien-do contribuido a ofrecer una estrategiaalternativa al ‘control del narcotráfico’ através de la represión policíaca y militar,la cual ha demostrado ser ineficaz y con-traproducente para reducir el comercio desustancias controladas, corresponde alcontexto de los países consumidores y sequeda corto para la situación de la cocaboliviana.

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23 Spedding, Llanos, Angola, Aguilar, Huanca y Gonzáles (en prensa) presenta un análisis detallado de la producción de coca y losdatos cuantitativos disponibles al respecto.

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M A P A D E C U LT I V O S D E C O C A D E B O L I V I A : M A R C O L E G A L


Leyenda

Zona de producción tradicional (Ley 1008,Art.9)Provincias:1. Nor y Sud Yungas (LP)2. Murillo (LP)3. Muñecas (LP)4. Fransz Tamayo (LP)5. Inquisivi (LP)6. Yungas de Vadiola (CBBA)

Zonas de producción excedentarias en transición (Ley 1008.Art.10)Provincias;A. Saavedra (LP)B. Larecaja (LP)C. Loayza (LP)D. Áreas de colonización de Yungas (LP)2

E. Chapare (Cbba)F. Carrasco (Cbba)G. Tiraque (Cbba)H. Arani (Cbba)

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1 No existe un mapa real de los cultivos de hoja de coca en Bolivia. Esta mapa refleja La Ley 1.800, promulgada el 20 de Julio de1988, que establece zonas tradicionales y zonas de transicion, las ultimas sujetas a compensacion inicial y sustitucion por cultivos alter-nativos.2 Áreas no indicadas en el mapa.

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Leyenda

Areas de cultivos de coca con fines ilícitos1. R: B. Marañon (Utcubamba Chachapoyas)2. R: Bajo Huallaga (Tarapoto)3. A: Huallaga C.-Uchiza-Ongon (Juanjui)4. A: A. Huallaga-Monzon (Tingo Maria)5. R: Aguaytia-Alto Ucayali (Aguaytia)6. R: Pachitea (Pto Inca)7. R: Pichis- Palcazu (Pto. Bermudez) 8. R: Perene- Tambo- Bajo Ene (Satipo) 9. A: Apurimac- Alto Ene (S. Francisco) 10. R: Alto Amazonas (Nauta)11. R: Bajo Ucayali (Pucallpa)

12. R: Putumayo (El Estercho- Leticia) 13. R:Yavari (Caballococha- Tabatinga)14. R: Alto Purus (Esperanza- Rio Branco)15. R: Madre de Dios (P. Maldonado- P. Heath)

A.T: Urubamba- Yanatile (Quillabamba)B.T: Inambari- Tambopata (Sandia)C.T: Alto Marañon (Humachuco)D.T: Chicama- Moche (Simbal- Otuzco) (*)

R: Areas de cultivo recienteA: Areas de cultivo viejoT: Areas de cultivo tradicional *

a política ineficaz de erradicaciónforzosa2 en el pais limitrofe, Perú,trajo como consecuencia la moviliza-ción de los productores agropecua-rios de las cuencas cocaleras y, pos-

teriormente, la conformación en 2000 deuna Mesa de Diálogo con el Gobierno paranegociar. Por varios motivos, principalmentepor presiones de Estados Unidos, el Gobier-no peruano es incapaz de canalizar adecua-damente las propuestas que vienen de abajoy adentro,de parte de un sector social impor-tante aunque poco numeroso, hacia políticasalternativas.

La Mesa funcionó regularmente durante el pri-mer semestre de 2001, pero el Gobierno deTransición desatendió las propuestas de losagricultores. Ello produjo nuevas movilizacio-nes durante 2001 y 2002, que desembocaronen la firma de Actas con el nuevo Gobiernodel presidente Toledo.3 Pero el Gobierno hizocaso omiso de los acuerdos firmados y, enenero del 2003, los agricultores del Alto Hua-llaga, Aguaytía,Tocache, Uchiza, Puerto Pizanay Apurímac-Ene fundaron en Lima la Confe-deración Nacional de Productores Agropecua-rios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CON-PACCP). Un mes después, en respuesta a laerradicación forzosa de coca a cultivadoreslegales en Aguaytía, varios miles de agriculto-res fueron a la huelga. El gobierno respondióreprimiendo la huelga y apresando al dirigen-te máximo de la CONPACCP,Nelson Palomi-no. Los agricultores respondieron con unaMarcha de Sacrificio en abril del 2003.

Esta marcha concluyó con nuevas propuestasexpresadas parcialmente en un DecretoSupremo que promulgó el Gobierno,pero queno colmó las expectativas de los valles coca-leros.Además, el Gobierno, a través de la ins-titución rectora sobre asuntos de drogas, laComisión Nacional para el Desarrollo y Vidasin Drogas (DEVIDA),y las ONG creadas paraejecutar los proyectos, como Chemonics, hadistorsionado el espíritu concertador del

Decreto Supremo, intentando dividir a laCONPACCP y despreciando mediante manio-bras de todo tipo, incluyendo la compra deperiodistas ‘sensibilizadores’, el espíritu dediálogo de los dirigentes de la CONPACCP.

Cocaleros

Se trata de productores agropecuarios enzonas de selva alta de la vertiente oriental delos andes, con pequeñas extensiones de cul-tivos de coca –de 0.25 a 1.5 has.–. Existenasociaciones de productores en 13 cuencascocaleras y sindicalismo campesino básica-mente en la provincia La Convención en elCusco. Los agricultores cocaleros son en elPerú 50.000 cultivadores aproximadamente,que, a su vez, también consumen coca al esti-lo tradicional. Además, existen dos millonesde consumidores tradicionales de coca.

Un error importante de los proyectos de‘desarrollo alternativo’ ha sido concebir quela selva alta es un espacio vacío y con esca-so o destruido tejido social debido a la vio-lencia de los ochenta. Esta percepción no escierta y más bien existe un nutrido tejidosocial organizativo que se expresa en multi-tud de asociaciones sociales, gremiales, pro-ductivas o culturales.

El movimiento cocalero peruano está articu-lado en tres niveles: internacional, nacional ypor cuencas. En el ámbito internacional exis-te el Consejo Andino de Productores deHoja de Coca (CAPHC), fundado en La Pazen marzo de 1991, pero paralizado desde1998.Desde 1995 su presidente es Evo Mora-les, de Bolivia. El CAPHC ha realizado tresencuentros internacionales en La Paz (marzo1991), Cusco (mayo 1993) y Quillabamba(octubre 1995), ha expuesto cuatro veces enla Comisión de Estupefacientes de la ONU,en Viena (1993 a 1997) y ha realizado semi-narios, talleres de capacitación y reuniones,aunque la última se realizó en Puno en mayo

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P E R Ú : L U C H A S C O C A L E R A S Y G O B E R N A B I L I D A DP o r : H u g o C a b i e s e s 1


1 Economista egresado de la Universidad del Pacífico, presidente de la Asociación Civil Desarrollo Rural Integral Sus-tentable (DRIS), director secretario del Foro Peruano de Relaciones Internacionales (FOPRI) y asesor de organizacio-nes de productores agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú.2 He criticado esta estrategia en “Erradicación de la coca: política boba” (Lima, 16 de junio de 1999).3 Ver Rojas, I., Lanzando la aventura de la ´coca cero´: transición democrática y política antidrogas en el Perú; WOLA, febre-ro de 2003.

de 1998. El CAPHC ha expuesto internacio-nalmente lo siguiente:• Rechazar el tráfico ilícito de drogas, pero

también la “guerra contra las drogas” y lamilitarización por ser instrumentos inefi-caces.

• Eliminar el sistema de ‘certificación’ porqueviola la soberanía de los países, socava lasdemocracias y no toma en cuenta la opi-nión y propuestas de las sociedades civiles.

• Cambiar la visión sobre las drogas, distin-guiendo coca de cocaína, productor decoca de traficante y consumidor de cocade drogadependiente.

• Promover la exclusión de la hoja de cocade la Lista I de estupefacientes de la ONUy revalorar sus usos tradicionales e indus-triales benéficos.

• Buscar cambios sustanciales en las políti-cas neoliberales y en el comercio interna-cional.

• Participación de las comunidades en la ela-boración de los programas de desarrollo.

A escala nacional, tras varios intentos anterio-res, en febrero de 1998 se fundó en Lima laCoordinadora Nacional de ProductoresAgropecuarios (CONAPA-Perú) de las cuen-cas cocaleras del Perú, con ocho federacio-nes y asociaciones. También se afiliaron unaorganización nativa (OARA: Asháninkas delRío Apurímac) y cuatro asociaciones de muje-res campesinas (Apurímac-Ene,Tingo María,Uchiza y Monzón). La CONAPA-Perú reali-zó tres encuentros nacionales pero no arti-culó sus propuestas al resto del movimientocampesino nacional. Con la instalación de laMesa de Diálogo con el Gobierno a fines del2000, la CONAPA comenzó a languidecerhasta su práctica desaparición. Posteriormen-te, con las huelgas y marchas del 2002, losagricultores cocaleros se articularon y forta-lecieron nuevamente, fundando el 20 deenero del 2003 la Confederación Nacional deProductores Agropecuarios de las CuencasCocaleras del Perú (CONPACCP).

Mesa de Diálogo

El Gobierno de Fujimori-Montesinos (1990-2000) impulsó acciones de erradicación for-

zosa de cultivos a partir de marzo de 1996que causaron zozobra social, alentaron laviolencia subversiva y promovieron la apari-ción de movimientos sociales organizados enlas zonas cocaleras. Estos movimientos logra-ron la instalación de una Mesa de Diálogo enla que se comenzó a discutir y hacer propues-tas en torno a cuatro temas principales:• cese temporal de la erradicación forzosa

de cultivos de coca para su cambio por unaestrategia de reducción gradual y concer-tada con los agricultores y autoridadeslocales;

• discusión y promulgación de una nueva leyde drogas y de coca que reemplace a laactual por ser obsoleta, ineficaz y conde-natoria de los usos lícitos, culturales ybenéficos de la hoja de coca;

• investigación sobre el uso de los fondosnacionales e internacionales para el ‘desa-rrollo alternativo’ y participación real delas organizaciones de productores en eldiseño de una nueva estrategia; y,

• mejoramiento de los precios de coca alproductor y de los servicios prestados porla Empresa Nacional de Comercializaciónde la Coca (ENACO), incluyendo la parti-cipación de representantes de los agricul-tores en su Directorio y apoyo a unaestrategia de revalorización nacional einternacional de la coca.

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P e r ú : l u c h a s c o c a l e r a s y g o b e r n a b i l i d a d


Configuración de la CONPACCP

Valle Nº de afiliados

Apurímac-Ene 11000

Alto Huallaga-Uchiza 2000

Alto Huallaga-Pto. Pizana 1500

Alto Huallaga-Aucayacu 3000

Alto Huallaga-Tingo María 3000

Aguaytía 1200

Pichis-Palcazu 1000

Monzón 2500

Jaén San Ignacio 260

TOTAL 25460

Fuente: Hugo Cabieses

Desde noviembre de 2000 hasta febrero del2003, los agricultores y autoridades de laszonas cocaleras convocados a la Mesa de Diá-logo, insistieron en repetidas oportunidades yde diversas formas para que estos cuatro pun-tos fueran discutidos con las autoridadesgubernamentales competentes (Contradrogas,hasta mayo de 2002, y DEVIDA desde enton-ces), el Ministerio del Interior, el Ministerio deAgricultura y la ENACO.Contradrogas prime-ro y DEVIDA después intentaron incluir en suagenda de prioridades los temas propuestospor los agricultores y sus autoridades locales,pero esto no se produjo con la profundidadque hubiera sido necesaria, con lo que las ten-siones en las cuencas cocaleras se agudizaron.

La Mesa de Diálogo, que hubiera servidocomo mecanismo de desfogue socio-políticoy discusión técnica, no ha funcionado con laregularidad exigida por la ley y la última reu-nión formal fue el 5 de octubre de 2001 enLima. En marzo de 2002 hubo un taller infor-mativo en Lima, pero sólo con representan-tes de agricultores y sin los alcaldes.

Acuerdos

A consecuencia de las movilizaciones coca-leras de 2001 y 2002, representantes delGobierno firmaron cinco Actas con dirigen-tes de los agricultores cocaleros. El acta fir-mada el 13 de julio de 2002, en Lima, fue laque más avanzó hacia una propuesta políticay técnica para transitar hacia una nueva estra-tegia sobre el desarrollo sustentable y los cul-tivos de coca con fines ilícitos en el Perú. Lapropuesta sugiere una estrategia de autoreducción, gradual, manual y concertada, decultivos de coca con los agricultores organi-zados en sus asociaciones y federacionesrepresentativas firmantes del Acta. Esta estra-tegia, aplicada inicialmente como proyectopiloto en Aguaytía, sería compensada conuna propuesta técnica sustentada en cuatropuntos:

• previo empadronamiento de agricultoresafiliados dispuestos a auto reducir sus cul-

tivos, jornal de 336 soles (97,4 dólares) porhectárea de coca reducida entregados demanera inmediata, tras la verificación reali-zada por DEVIDA, el CADA y el represen-tante de la Asociación;

• derecho preferente para estos agricultoresa actividades de reforestación en bosques,con jornales equivalentes a 1.686 soles(489 dólares) por ha. reforestada, entrega-dos al agricultor inmediatamente;

• crédito de emergencia de aproximadamen-te 2.100 soles (609 dólares) por hectáreapara actividades agrícolas decididas libre-mente por el agricultor, orientadas a mer-cados seguros y de corto plazo (frijol, arroz,harina de yuca y harina de plátano) y ges-tionando un seguro con Agrobanco; y,

• certificados de prioridad para los beneficiosde los programas de Desarrollo Integralcomo Alternativa.

DEVIDA solicitó la cooperación del Gobier-no de Estados Unidos a través de USAID paraimpulsar esta propuesta. Sin embargo,USAIDno aceptó que los acuerdos se formalizarancon la Asociación de Agricultores Agropecua-rios y de la Hoja de Coca de la Provincia dePadre Abad (AAAHCPA) firmante del acta.4La propuesta técnica sólo fue aceptada entres aspectos que fueron modificados sustan-cialmente, presentándose lo siguiente:

• jornal de 551 soles (159,7 dólares) porhectárea erradicada en acuerdo con comu-nidades y productores individuales, sinpasar por convenios con las asociacionesde productores firmantes del Acta del 13de julio;

• bolsa de alimentos por el equivalente a 650soles (188,5 dólares) para cada familiaafectada que se sometiera a la autoerradi-cación de sus cocales;

• jornales por realizar trabajos de construc-ción y/o mejoramiento de infraestructurasocial y productiva en su comunidad, hastapor un periodo de seis meses; y,

• preferencia como beneficiario de progra-mas de mediano y largo plazo para la pro-ducción de palma aceitera, palmito, piña,ganadería, reforestación y otros.

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4 El argumento esgrimido era que el Gobierno de Estados Unidos no podía financiar acuerdos con ningún ‘narco agri-cultor cocalero’ o ‘narcococalero’.

La respuesta de la AAAHCPA a este progra-ma se resume en una frase del su dirigentemáximo: “no somos mendigos para que nosdonen alimentos y pequeñas obras sociales,sino agricultores que necesitamos de crédi-to y mercados para nuestros productos”.5

Con los cuatro componentes financiados porla Agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional (USAID) y la Ofici-na de Asuntos Narcóticos (NAS), el progra-ma piloto de auto erradicación se impulsóentre octubre y diciembre del año pasado enel Bosque Von Humbolt de la provincia dePadre Abad, lográndose firmar 56 convenioscon comunidades, reducir más de 1.200 hec-táreas y beneficiar a alrededor de 600 agri-cultores. El problema político principal deesta experiencia piloto fue el rechazo a laAsociación firmante del Acta del 13 de juliode 2002 y el problema técnico fue que los dosprincipales ejes de la propuesta discutida,

aprobada y firmada, el programa de créditopara actividades de corto plazo y los jorna-les por reforestar, no fueron impulsados.

La fundación de la CONPACCP

A consecuencia de los problemas señaladosen Aguaytía, a los que se sumó el incumpli-miento por parte de DEVIDA de los acuer-dos con los agricultores de Tingo María,Aucayacu, Puerto Pizana,Uchiza y Apurímac-Ene, estos decidieron viajar a Lima para pre-sentarle al Gobierno y al Congreso susdemandas y propuestas. En el Acta del 13 dejulio del 2002, firmada en Lima, los dirigentesdel Alto Huallaga y Aguaytía habían acorda-do formar comisiones técnicas integradaspor funcionarios y representantes de losagricultores, pero no funcionaron porqueDEVIDA, en algunos casos, ni siquiera las ins-taló.

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5 Declaraciones de Flavio Sánchez Moreno, Presidente de la AAAHCPA, Radio Programas del Perú, 20/08/2003.

Mesas y acuerdos en Perú

Año Tipo de dialogo/ origenAño Acuerdos - Desacuerdos Fechas y dura-ción

20002001

A raíz de la erradicación forzo-sa, a partir de 1996 tensionespermanentes en las cuencascocaleras.

Instalación de una Mesa de Dialogo buscando tratar 4temas: cese de erradicación forzosa; nueva legislación;investigación sobre desarrollo alternativo; Mejores pre-cios/participación de ENACO y estrategia común.No logran acuerdos.

De Noviembre2000 a Octubre2001

2002 Movilizaciones y fracaso de lasMesas de Dialogo;Reunión.

Firman cinco actas entre diferentes dirigentes y gobier-no, uno de ello acordando formar comisiones técnicas.No fue cumplido por parte de DEVIDA.

13 de Julio

Amenaza de un paro agrario. Actas firmadas con dirigentes de Apurimac-Ene; no fue-ron cumplidas por DEVIDA.

Entre Agosto yNoviembre

Reunión en DEVIDA para for-mar comisión técnica.

La comisión nunca funcionó. En cambio se forma laCONPACCP en presencia de 35 dirigentes.

11 de Septiembre

2003 Encuentro nacional en Lima. Elección directiva presenta Memorial de 24 puntos alPresidente; firman Acta de Compromiso.

20 y 21 de Enero

Erradicación forzosa en AltoHuallaga provoca marchas yprotestas.

El Gobierno plantea en Viena que se rechazará la pausaen la erradicación o la posibilidad de un cato de coca.

Febrero/Marzo

Marcha de Sacrificio de la CON-PACCP. Reunión con el Presi-dente Toledo.

Tregua de tres meses al nuevo gobierno. Oct.-Nov.-Dic.

2004 Compromiso de concertarnueva estrategia droga 2004-2008 y declaración de emergen-cia de cocaleros del Chapare.

Delegación de 32 dirigentes firma un Decreto Supremocon acuerdos adoptados con el Presidente, promulgadocon otro contenido el día 24 de Abril.

Inicio 16 deFebrero

Fuente: Hugo Cabieses

En el Apurímac-Ene, DEVIDA no cumplióvarios acuerdos firmados con los dirigentesel 4 de agosto de 2002, en Ayacucho, tras unahuelga y marcha. Tampoco cumplió con losacuerdos de otra Acta firmada en noviembrede 2002, cuando hubo una amenaza de paroagrario y boicot a las elecciones municipalesy regionales. Los temas centrales eran en estecaso el retiro de la ONG CARE de la zona,la discusión y promulgación de una nueva Leyde Coca y el empadronamiento de agriculto-res en la ENACO.

El 11 de septiembre de 2002, en el mismolocal de DEVIDA al que habían sido convo-cados para designar a los integrantes de lacomisión especial para elaborar el antepro-yecto de Ley de Coca –que finalmente nuncafuncionó–, 35 dirigentes del Apurímac-Ene,Alto Huallaga y Aguaytía, decidieron formar

la confederación. Para ello designaron unadirectiva transitoria que convocaría a unaevento nacional en los próximos meses. Asíse hizo y el encuentro se realizó en Lima el20 y 21 de enero de 2003, con un total de1.210 delegados de diferentes cuencas.

Estos delegados llegaron a Lima por sus pro-pios medios, eligieron una directiva de 13miembros, elaboraron un Memorial de 24puntos que entregaron a las autoridades y alPresidente Toledo y firmaron un Acta deCompromiso, que contemplaba realizar unahuelga nacional y marcha de sacrificio encaso que se reiniciara la erradicación forzo-sa de cultivos en cualquier punto del país. Sinembargo, ni DEVIDA, ni ENACO, ni el Minis-terio del Interior tomaron en serio la cons-titución de esta Confederación y menos aúnel Acta de Compromiso que habían firmadolos dirigentes.

Las huelgas de febrero 2003

En febrero de 2003, el Proyecto Especial deControl y Reducción de Cultivos de Coca enel Alto Huallaga (CORAH) realizó una acciónde erradicación forzosa en la localidad deAlto Shambillo, en Aguaytía, en la que dos afi-liados a la AAAHCPA fueron heridos y apre-sado el teniente gobernador de esa localidad,al interceder en defensa de los agricultores.Los agricultores tenían recibos oficiales deENACO con entrega legal de coca, ademásde carné de afiliados a la Asociación, pero losdel CORAH hicieron caso omiso, lo que pro-dujo el enfrentamiento.

Esta acción, que posteriormente fue recono-cida como un error del CORAH,6 provocóla reacción inmediata de los agricultores,quienes, en coordinación con la CONPACCP,realizaron entre el 20 y 28 de febrero variasmarchas, paros y bloqueos de carreteras enAguaytía, Monzón, Tingo María Aucayacu yPuerto Pizana. El 28 de febrero, en una Asam-blea Popular realizada en Tingo María decidie-ron dar una tregua de 72 horas al Gobiernopara negociar una salida, nombrando una

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6 Conversación personal con el Ing. Nil Ericsson, el presidente de DEVIDA (29.4.2003).

Secretaría General:Nelson Palomino Laserna Sub-Secretaria General:Nancy Obregón Peralta S. de Organización:Elsa Malpartida Jara S. de Actas y Archivos:Azucena Veramendi Silva S. de Defensa: Juan Ríos Esquivel S. de Disciplina: Teodoro Pino Suárez S. de Economía:Flavio Sánchez Moreno S. de Movilización:Guillermo Mendoza Cortavarría S. de Prensa y Propaganda:Necidio Camargo Mantari S. de Asuntos Interinstitucionales:Richard Quispe Chuco S. de Asuntos Femeninos:Diodora Espinoza Vara S. de Cultura y Deportes:William Cervenates Celis Coordinador Nacional de Vocales:Antonio Gabancho Mosquera Vocal: Mario Huamán Tamanguillo

JUNTA DIRECTIVA DE LA CONPACCP2004-2005

comisión mediadora integrada por autorida-des locales y sin ningún dirigente de los agri-cultores.

Mientras esto sucedía en el Alto Huallaga, el21 de febrero del 2003, el máximo dirigentede los agricultores del Apurímac-Ene y pre-sidente de la CONPACCP, Nelson Palominola Serna, quien se encontraba en Huamangacoordinando la movilización de ese valle, fuedetenido en el local regional de la Defenso-ría del Pueblo y recluido en la cárcel de Yana-milla. Fue acusado de “apología al terrorismo”y otros seis cargos aún no probados, pasan-do su expediente al Poder Judicial de Hua-manga. Días después el Ministro del Interiordeclaró que la acusación de apología al terro-rismo era un error y que el caso no estabaen manos del Poder Ejecutivo. No obstante,tanto el Ministro delInterior, como NilsEricsson, el presidentede DEVIDA, declararona los medios que losdirigentes cocalerosestaban siendo manipu-lados por ‘narcotrafican-tes’, terroristas y políti-cos.

El 5 de marzo, la comi-sión mediadora, en laque no había dirigentes de las asociaciones deagricultores que estuvieron en huelga, juntocon varios alcaldes de la zona y la presiden-ta del Gobierno Regional de Huanuco, sos-tuvieron una reunión con el primer ministro,el presidente ejecutivo de DEVIDA y el secre-tario ejecutivo del Consejo Nacional de Des-centralización (CND), en la que se acordónombrar una Comisión Técnica de Alto Nivel(CTAN) que viajaría a las cuencas cocalerasen conflicto para identificar la problemáticay proponer alternativas de solución. Estacomisión, sin comprender que el problema noera técnico sino político, visitó Monzón yCachicoto, Aguaytía y Tocache-Uchiza-Puer-to Pizana. La mayoría de los integrantes de lacomisión viajaban por primera vez a las zonasmencionadas y no sabían que, desde 1997, losagricultores habían realizado diagnósticosrurales participativos diversos, identificado su

problemática y presentado propuestas con-cretas en el ámbito de programas y proyec-tos a Contradrogas como a diversas instan-cias de la cooperación internacional.

Las marchas de Abril 2003

El Gobierno comenzó una nueva campañapropagandística contra los dirigentes de laCONPACCP, intentó dividirlos apoyando adirigentes no cocaleros y abrió las puertaspara dialogar con agricultores beneficiariosde los programas de ‘desarrollo alternativo’y alcaldes de esas zonas. Con ellos hubo reu-niones entre el 1 y 8 de abril en Lima. Mien-tras los dirigentes de la CONPACCP prepa-raban su marcha de sacrificio, el presidentede DEVIDA viajó a Viena el 8 de abril para

exponer en el 46 perio-do de sesiones de laComisión de Estupefa-cientes de la ONU yestuvo ausente hasta el20 de abril.

El domingo 20 de Abril,cuando la marcha estabacerca de Lima, DEVIDAemitió un comunicadoen el que “reitera (el) diá-logo con productores de

coca y (su) compromiso para el desarrollo” einforma que “entre el 7 y 15 de Abril se habíanreunido las comisiones técnicas con los dirigen-tes cocaleros”. En estas reuniones, dice elcomunicado, habían establecido lo siguiente:• Reducir gradual y concertadamente de las

plantaciones ilegales de coca.• Oficiar al Ministerio del Interior para que

el CORAH intervenga sólo en la elimina-ción de pozas de maceración y plantacio-nes nuevas de coca, realizándose con laparticipación de los agricultores y elCADA, la reducción gradual y concertada.

• Realizar un estudio para determinar lademanda real del consumo legal de la hojade coca con la finalidad de establecer elárea de cultivo correspondiente.

• Actualizar la base de datos con los agricul-tores que actualmente venden su produc-ción a ENACO.

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Esta comisión, sincomprender que el

problema no era técnicosino político, visitó

Monzón y Cachicoto,Aguaytía y Tocache-

Uchiza-Puerto Pizana

• Recoger las recomendaciones de los equi-pos multisectoriales que vienen trabajan-do en las distintas cuencas para articularlas cadenas productivas.

El comunicado de DEVIDA desautorizaba a losdirigentes de la CONPACCP señalando que “ungrupo minoritario está insistiendo en desinformaracerca del proceso de diálogo, imponiendo parosy marchas que retrasan las acciones de los gruposde trabajo”.

La marcha de sacrificio tuvo dos contingen-tes, uno compuesto por más de 4.000 hom-bres,mujeres y niños procedente de San Fran-cisco y Quimbiri, y el otro con alrededor de2.000 personas, procedente de Uchiza, Puer-to Pizana, Sión, Aucaya-cu,Tingo María y Aguay-tía. Marchando pacífica-mente, sin realizar blo-queos de carreteras ycalles, sin promover dis-turbios7 y desplegandosu propaganda, pancar-tas y signos exterioresde pobreza, se instala-ron con frazadas y ollascomunes en el frontisdel Palacio de Justicia, alos pies del Hotel Sheraton, en Lima. Los diri-gentes tocaron las puertas de los medios decomunicación, el Congreso, la Presidencia delConsejo de Ministros (PCM) y la Presidenciade la República para hacerse escuchar.

La reunión con el presidente y eldecreto supremo

Tras extensas discusiones con los dirigentesen la PCM y DEVIDA, el 23 de abril el Presi-dente,Alejandro Toledo, recibió a una delega-ción de 32 dirigentes, firmó un decreto supre-mo con los acuerdos adoptados y visitó a losmarchistas, donde sostuvo tres asuntos:1) losproductores de coca no son narcotraficantes;2) el Decreto Supremo es perfectible y paraello las puertas de Palacio estaban abiertas; y3) la ENACO reabrirá los padrones para los

agricultores inscritos en las asociacionesrepresentadas por la Confederación.

Según los dirigentes, el decreto, promulgadoel 24 de abril, no fue un acuerdo adoptado,sino una imposición de DEVIDA y la PCM.Dehecho, el dispositivo legal ratificó el conteni-do del comunicado que emitiera DEVIDA eldomingo 20 de abril, sin recoger puntosimportantes de las propuestas presentadaspor los agricultores, incluyendo el corte deljuicio contra los dirigentes y la liberación deNelson Palomino. El dispositivo encarga aDEVIDA, el CORAH, el CADA, la ENACO yel Ministerio de Agricultura la aplicación delos cinco puntos de ese comunicado sinmodificar nada.

Debido a ello, el 26 deabril los dirigentesenviaron una carta alPresidente diciendo quehabían sido engañados,que presentarían unapropuesta alternativa yque daban un plazo de30 días para dialogar. Losdirigentes sostienen:“Noestamos de acuerdo conque se haya entregado a

DEVIDA, la ENACO, CORAH y el Ministerio deAgricultura las acciones aprobadas por el Decre-to Supremo. Nos hemos movilizado, entre otrasrazones, porque estas instituciones han sido ine-ficientes, nos han querido manipular, no han cum-plido con las actas formadas y han perdido cre-dibilidad ante nosotros”.

Los dirigentes sostienen que el Gobierno hasido presionado por Estados Unidos, peroconfían que el Presidente Toledo soluciona-rá sus demandas “porque ha sido pobre, está enla Presidencia gracias a nosotros y nos ofreció ensu campaña no erradicar la coca por la fuerza”.Solicitan un nuevo diálogo directo y dan unplazo de 30 días para reiniciar sus moviliza-ciones si no son atendidos, plazo que se cum-plió el 26 de mayo, día en el que tuvieron unanueva reunión en Lima y decidieron dar unplazo adicional.

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7 El 10 de abril, hubo enfrentamientos con la policía en Huamanga por el bloqueo de carreteras promovido por jóve-nes no integrantes de la FEPA-VRAE con heridos y detenidos.

“Porque ha sido pobre,

está en la Presidencia

gracias a nosotros y nos

ofreció en su campaña no

erradicar la coca por la

fuerza”

Pese a lo anterior, los agricultores cocalerosconsiguieron logros importantes: reconoci-miento formal de la CONPACCP como inter-locutor; promulgación del Decreto Supremo;cese real aunque no formal de la erradicaciónforzosa; reducción y no erradicación gradualy concertada de cultivos; neutralización de lacampaña en medios: ‘narcos’, ‘terrucos’ ymanipulados; fueron recibidos por el Presi-dente Toledo; pero los dirigentes NO firma-ron acuerdo alguno. Sin embargo, los proble-mas básicos en el ámbito político no fueronresueltos y estos son:• garantizar el cumplimiento de las Actas del

2002;• cese de juicios a los dirigentes y libertad

de Nelson Palomino preso desde febrero;• cese temporal no formalizado de la erra-

dicación forzosa y cambio por una estra-tegia de una reducción gradual, manual yconcertada con los componentes que seaprobaron en el acta de julio del 2002; y

• participar en la elaboración de la nueva Leyde Coca, previo estudio independientesobre uso legal y, sobre todo, con la aper-tura de un nuevo empadronamiento deproductores a través de ENACO y nosolo la actualización de los ya inscritos en1978.

Los agricultores propusieron una plataformade 11 puntos, que puede ser resuelta y exis-ten los recursos para ello, pero el Gobiernono tiene la suficiente independencia de Esta-dos Unidos.Como sucedió con los transpor-tistas,maestros y agricultores de otras zonas,antes que analizar la forma de resolver losproblemas se han buscado dos cosas:• dividir a la Confederación del resto de

agricultores negociando con cada cuencapor su lado, sosteniendo que lo hace por“razones técnicas”;

• intentar deslegitimar sus propuestasdiciendo que están manipulados por terro-ristas, ‘narcos’ y políticos.

Existen diferencias de enfoque y contradic-ciones importantes entre los agricultorescocaleros del Alto Huallaga y el Apurímac-Ene, además de las que existen con Monzóny Quillabamba, pero el Gobierno deberíafavorecer el diálogo, apoyar el fortalecimien-

to de estas organizaciones y entender que setrata de un sector de agricultores que bus-can ser ciudadanos formales y legales, que tie-nen esperanza en el Presidente Toledo, porquien votaron, y que están cansados de losburócratas y las ONG que se burlan de ellosy quieran imponerles políticas desde afueray arriba con las que no están de acuerdo.

Situación actual en los vallescocaleros

En la actualidad, se vive una renovada tensionsocial y de seguridad en todos los vallescocaleros, por haberse cumplido el plazo de60 días acordado por la CONPACCP enLima para la solución del Plan de Lucha Inme-diato de cinco puntos. El compás de esperapodría haberse acortado si el Gobiernohubiera reiniciado su programa de ‘autoerra-dicación’, ya que el esquema hasta ahora uti-lizado es “aceptas o igual te erradicamos”, osi se hubiera continuado la erradicación for-zosa en puntos específicos de algunos vallescocaleros, como sucedió en Masisea y NuevaRequena, en Ucayali, o en la provincia de Hua-llaga y Saposoa, en San Martín. Alcaldes yalcaldesas de esas zonas ya se han pronuncia-do contra la presencia de DEVIDA y delCORAH. También se hubiera adelantado elplazo de 60 días si DEVIDA o las ONG eje-cutoras –contra las que existen denunciasprobadas de ineficiencias, irrespeto y enga-ños–, continúan haciendo alarde de recursoseconómicos y publicitarios, amén del desplie-gue de camionetas y motos, en cumplimien-to de las metas a las que están comprometi-das con el Gobierno de Estados Unidos yUSAID.

Una proporción importante de las denunciasy quejas de los agricultores y autoridadeslocales contra la labor de DEVIDA,ONG y/oempresas ejecutoras del ‘desarrollo alterna-tivo’ y la ‘autoerradicación’ han sido corro-boradas mediante testimonios orales, denun-cias escritas de beneficiarios y fotografías. Losacuerdos de Lima (CONPACCP) y de Cusco(FEPCACYL) son extremadamente radicalesen relación con las propuestas que los agri-cultores habían estado formulando entre

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2001 y 2003, lo que se explica por la sorde-ra y falta de respeto de DEVIDA y las ONGejecutoras frente a las propuestas equilibra-das y viables firmadas con sus dirigentes en14 actas, acuerdos e incluso el decreto deabril de 2003, firmado por el Presidente dela República. En el Cusco, las propuestas sehan resumido en la consigna “Coca o muerte...Venceremos”.

El resultado de lo anterior, contrariamente alo afirmado por DEVIDA e informado pordiversos medios de comunicación locales, esque el movimiento campesino cocalero, aci-cateado por las satanizaciones permanentesdesde DEVIDA y el Ministerio del Interior,tiene actualmente, aunque de manera inci-piente y hasta caótica, una triple coordina-ción: nacional entre cocaleros, nacional conotros sectores e internacional.

En el ámbito nacional, se han fortalecido lasrelaciones entre cocaleros de diversas cuen-cas con características disímiles, pero con rei-vindicaciones comunes. La CONPACCP sefundó en enero 2003 básicamente con diri-gentes del Apurímac/Ene, Alto Huallaga yAguaytía, que en total representaban a lamitad de los 50.000 agricultores cocalerosque se estima existen en el país, casi ningu-no registrado en la ENACO. Actualmente, laCONPACCP ha logrado aglutinar dirigentesy bases de la otra mitad de los agricultorescocaleros del país, incluyendo más de 15.000que están empadronados en la ENACO, aun-que una fracción importante de dirigentes delApurímac/Ene se ha retirado de la CON-PACCP.

Por otra parte, el movimiento campesinococalero tiene incipientes relaciones con par-tidos políticos, no sólo los ‘Ollanta’, sino conPerú Ahora, el APRA,Patria Roja y otros par-tidos de izquierda. Asimismo, ha establecidorelaciones con otros gremios no cocalerosque se han comprometido a defender suspropuestas como el SUTEP, la CGTP, la Fede-ración Departamental de Campesinos delCusco (como consumidores de coca), laFederación de Ayllus Indígenas de Ayacucho,la Asociación de Agricultores y Ganaderos de

Coca de Chota/Cajamarca, la CoordinadoraNacional de Rondas Campesinas, la Asocia-ción de Productores Agrarios de Lima, laOrganización de Bases Aymaras,Amazónicasy Quechuas, la Federación Departamentalde Comunidades Campesinas de Huancave-lica, etc.

A nivel internacional, los dirigentes han acor-dado reconstruir y fortalecer el ConsejoAndino de Productores de Hoja de Coca(CAPHC) que preside Evo Morales y que nose reúne desde junio de 1998. Los dirigenteshan acordado y coordinado con Evo Mora-les la realización de una reunión de coordi-nación en Puno. Asimismo, han establecido orenovado relaciones con organizaciones polí-ticas y gremiales de Bolivia (básicamente elMAS y las Federaciones del Chapare y LosYungas), Ecuador (los Pachacutik), EstadosUnidos (WOLA y Drug Reform Network) yse han iniciado relaciones con el TNI de Pai-ses Bajos, ENCOD de Bélgica y MLAL de Ita-lia. Las relaciones con Colombia son incipien-tes, pero han retomado contacto con la diri-gente colombiana Omayra Morales, secreta-ria de difusión y cultura del CAPHC.

A contrapelo de lo anunciado por el Minis-terio del Interior, el Ministerio de Defensa,medios de comunicación y algunos analistas,la situación de seguridad y subversión en losvalles –particularmente Apurímac/Ene y Mon-zón– es estable desde hace varios meses. Nose ha percibido una rearticulación de secto-res senderistas con posibilidades de realizaracciones armadas significativas que pongan enpeligro serio la seguridad en los valles. Lasseñales más bien apuntan a un proceso deintegración a acciones políticas pacíficas.Entre la población y los agricultores existe unrechazo a las acciones violentas y se da prio-ridad a la movilización social pacífica –tipoMarcha de Sacrificio–, sin bloqueos de carre-teras, rotura de lunas, apedreo de locales,toma de rehenes, etc. Han aprendido las lec-ciones de la Marcha de Sacrificio del 2003 y,el hecho que el movimiento sea dirigido pormujeres le da un cariz especial de defensapacífica –aunque con discurso radical– debúsqueda de respecto y afirmación de dere-chos ciudadanos.

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En cuanto al ‘narcotráfico’ –preferimos usarla expresión tráfico ilícito de drogas–, exis-te una gran dispersión de bandas y traquete-ros circulando en los valles para comprar hojade coca o pasta básica lavada, pero sin reali-zar acciones violentas o de “ajuste de cuen-tas”. No existen cabezas visibles y direcciónestratégica, sino bandas desordenadas y pocoarticuladas y competitivas entre ellas, razónpor la que la DINANDRO puede presentara los medios de comunicación operativos‘exitosos’ de detenciones de delincuentesde poca monta y lluvia de incautaciones dedrogas, mientras que los grandes traficantesse escapan. Es necesario señalar que, hastaahora, han resultado contraproducentes lasacciones interdictivas de pozas y drogas tipo“Fierro 2003”, realizadas en el Monzón y elVRAE en noviembre ydiciembre del 2003, apli-cadas sin plan de desa-rrollo socio-económicoserio y/o establecimien-to de bases policialespermanentes con parti-cipación ciudadana.Ade-más, estas acciones notienen significado algunocon relación a los verda-deros ‘narcotraficantes’–aunque sí presionanmomentáneamente los precios de la cocahacia abajo– y sólo sirven para justificar elfinanciamiento norteamericano para otrasactividades del Ministerio del Interior.

Principales quejas de agricultores yautoridades locales

Ni Contradrogas ni DEVIDA han respetadolos acuerdos firmados en actas entre 2001 y2003, despreciando las propuestas de losagricultores representados por sus dirigen-tes en la Mesa de Diálogo.

No se han realizado estudios de suelos, inves-tigaciones sobre plagas y hongos, así como lazonificación económica-ecológica como pre-condición para los proyectos productivos, asícomo tampoco un estudio serio de estima-ción de la demanda de coca para usos lega-

les. No se ha realizado el empadronamientode productores por parte de la ENACO, talcomo habían solicitado los dirigentes de losagricultores en las actas y acuerdos firmados.Asimismo, tampoco se ha llevado a cabo uncatastro para estimar las principales ratiosproductivas y de rendimientos de la planta dela coca.

Existen denuncias concretas contra laENACO por problemas con los precios, cali-dades, pesaje y maltrato en la compra de hojade coca a los productores. La firma de variasactas al respecto no ha resuelto el problema.La autoerradicación de cultivos de coca sus-tentada por el decreto de abril de 2003 nofunciona, ya que no se impulsa con los agri-cultores organizados en las asociaciones y

federaciones cuyos diri-gentes impulsaron laMarcha de Sacrificio,bajo el argumento deque éstas organizacio-nes no son consideradascomo interlocutoraspor la cooperación deEstados Unidos a travésde USAID. Las accionesde autoerradicación sellevan a cabo con“comunidades” e indivi-

duos, sin que las organizaciones naturales delos productores, como son asociaciones yfederaciones, tengan nada que ver en la deci-sión sobre cada proceso. La autoerradicaciónes una precondición para ser consideradoscomo beneficiarios, lo que se resume en lafrase:“primero erradica y luego entregamoslos beneficios”.

Tras las acciones de autoerradicación DEVI-DA y las organizaciones ejecutoras, comoChemonics y otras ONG, no han estadocumpliendo con lo ofrecido. En lo que serefiere a los 180 dólares por familia luego deautoerradicar, en muchos casos se les haentregado 160 soles y luego no se les entre-ga la diferencia o al entregársela le deducenel valor – sobrevaluado – de las herramien-tas que les dieron para autoerradicar.Respec-to a la bolsa de alimentos por familia por unvalor de 150 dólares que debe ser entrega-

Ni Contradrogas ni DEVIDAhan respetado los acuerdos

firmados en actas entre 2001y 2003, despreciando las

propuestas de losagricultores en la Mesa de

Diálogo

da por el CORAH,muchas veces está incom-pleta la ración y en otras situaciones se supri-me pese a que es un ofrecimiento del con-venio firmado. El apoyo técnico y de herra-mientas, plantones o semillas para dos pro-yectos productivos, normalmente se realizapara rubros que no son los que los agricul-tores han priorizado, como el caso de palmaaceitera y algodón en Neshuya-Curimanáque no fue apoyado sino más bien reempla-zado por plátano y maíz, sin que hubieramercado asegurado. Con respecto a las dosobras de infraestructura social y/o económi-ca decididas en el ámbito comunal, variasveces DEVIDA o sus contratistas cumplencon una de las obras y la otra no se inicia o,en varios casos, las obras están sobrevalua-das.

Por otro lado, DEVIDA y/o Chemonics pre-sentan como propias actividades productivasexitosas que pertenecen a esfuerzos particu-lares o de otras instituciones, como es el casode la producción de palma aceitera en Nes-huya, que es un esfuerzo conjunto entre loscultivadores y el PNUFID, con financiamien-to parcial del Fondo de Contravalor PerúCanadá.También es el caso del algodón en SanAlejandro y la producción de plátano y piñaen Aguaytía, que es un esfuerzo individual delos agricultores. Existen beneficiarios que noson cocaleros, sino comerciantes, maestros,mototaxistas, etc. que prestan su nombrepara ser inscritos en los listados. Además enmuchos casos la cantidad de beneficiarios enuna comunidad o casería es mayor que elnúmero de pobladores.

DEVIDA se habría apropiado de las ideas delos agricultores organizados en su asociacióncon respecto a proyectos productivos, comoha sido el caso de Aguaytía cuyos dirigentespresentaron un programa con cinco líneasproductivas –palma aceitera, desarrollo gana-dero, algodón, reforestación e industrializa-ción de la yuca– por 19 millones de dólares.La propuesta fue archivada y luego una de laslíneas, la de reforestación, está siendo impul-sada por DEVIDA pero sin la participación dela asociación.Varios dirigentes y agricultoresdel valle del Monzón y del Apurímac-Ene, sos-tienen que la intervención de pozas de mace-

ración –como las intervenidas con el opera-tivo ‘Fierro 2003’– está orientada a pozasantiguas que fueron intervenidas en añosanteriores.

La información en TV sobre la problemáticade la coca y el ‘narcotráfico’ es consideradainsultante por los agricultores en general,pero particularmente por los de La Conven-ción, valle en el que diez de cada diez hojasde coca se usan para el picchado. No existeun avance significativo sobre una nueva Leyde Coca, más bien se están discutiendo en elCongreso más de 10 proyectos de Ley. Mien-tras tanto un nuevo ciclo de protestas hacomenzado causando tensiones renovadas.

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ABREVIACIONES USADAS

AAAHCPA Asociación de Agricultores Agropecuarios yde la Hoja de Coca de la Provincia de PadreAbad

CADA Cuerpo de Apoyo al Desarrollo AlternativoCAPHC Consejo Andino de Productores de Hoja de

CocaCGTP Confederación General de Trabajadores del

PerúCTAN Comisión Técnica de Alto NivelCONPACCP Confederación Nacional de Productores

Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras delPerú

CONAPA Coordinadora Nacional de ProductoresAgropecuarios

CORAH Proyecto Especial de Control y Reducciónde Cultivos de Coca en el Alto Huallaga

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vidasin Drogas

ENACO Empresa Nacional de Comercialización de laCoca

MAS Movimiento al SocialismoNAS Oficina de Asuntos NarcóticosPCM Presidencia del Consejo de Ministros PNUFID Programa de Naciones Unidas para la

Fiscalización Internacional de DrogasSUTEP Sindicato Único de Trabajadores de la

Educación del PerúOARA Asháninkas del Río ApurímacUSAID Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo InternacionalVRAE Valle del Rio Apurimac y Ene

TEXTOS DE REFERENCIA E INFORMACIÓN EN INTERNET

www.cedib.org/accionandina/index.phpAcción Andina Bolivia.

www.ain.org.boAndean Information Network.

www.cedib.orgCentro de Información y Documentación Bolivia.

www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Naciones Unidas.

www.wola.org/publications/ddhr_bolivia_memo_ad_feb2004.pdfFarthing, L., Rethinking Alternative Development in Bolivia, Andean InformationNetwork/WOLA, febrero 2004.

www.devida.gob.pe/legislacion.aspLegislación sobre drogas en el Perú.

www.congreso.gov.bo/leyes/1008.htm Ley del régimen de la coca y sustancias controladas n. 1008 de 19 de julio de 1988. Bolivia.

www.bolivian.com/mas Movimiento al Socialismo (MAS). Bolivia.

http://sinaltid.rree.gov.bo/sinaltid/Dignidad.htmPlan Dignidad Bolivia.

www.unodc.org/pdf/publications/bolivia_coca-survey_2002.pdfONUDD, Bolivia. Coca Survey in the Yungas of La Paz in 2002, ONU,Viena, 2003.

www.unodc.org/pdf/publications/peru_coca-survey_2002.pdf ONUDD, Peru. Coca Survey for 2002, ONU,Viena, 2003.

www.unodc.org/pdf/publications/peru_cocasurvey_2001.pdf PNUFID, Peru. Annual Coca Cultivation Survay 2001, ONU,Viena, 2002.

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Drug War Monitor

Serie de informes publicada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoa-mericanos (WOLA, siglas en inglés). Accesible en www.wola.org/publications/publications.htm#DrugPolicy

● Jelsma, M. y Metaal, P., Cracks in the Vienna Consensus: The UN Drug ControlDebate, enero 2004 (versión en español en proceso).

● Sierra Guzmán, J. L., Las Fuerzas Armadas Mexicanas en La Guerra Antinarcóticos,abril 2003.

● Rojas, I., Lanzando la aventura de la “coca cero”.Transición democrática y políticaantidrogas en el Perú, febrero 2003.

● Youngers, C., Collateral Damage: U.S. Drug Control in the Andes, diciembre 2002.

● Ledebur, K., Coca y conflicto en el Chapare, julio 2002.

El auge del partido político del dirigentecocalero Evo Morales en las últimaselecciones parlamentarias en Bolivia,reinició el debate sobre las organizacionescocaleras andinas y sus reivindicaciones. Ladesinformación existente alrededor dedichas organizaciones ha contribuido a laaparición de términos como‘narcoguerrilleros’, ‘narcoterroristas’, etc.vinculados a los movimientos campesinoscocaleros.

En el fondo de este debate se encuentrala relación entre la gobernabilidad, laspolíticas de drogas y los movimientoscocaleros. El desequilibrado enfoque delcontrol internacional de drogas, el escasomargen de maniobra de los gobiernos ysociedades del Sur para diseñar políticaspropias y autónomas y los fantasmasexistentes alrededor de las organizacionescocaleras, hacen que la gobernabilidad enlos países denominados productores decoca sea todo un reto.

Este número de Drogas y Conflicto analizalas organizaciones cocaleras en el Perú yBolivia y su interacción con los gobiernosde turno durante las movil izacionescampesinas de los últimos años. Los logrosy fracasos de dichas negociaciones ponensobre la mesa la dificultad de encontrarsoluciones pacíficas y sostenibles a untema tan complejo como es el cultivo dehoja de coca.

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Fundado en 1974, el TNI es unared internacional de activistas einvestigadores comprometidosa analizar críticamente los pro-blemas globales presentes yfuturos. Tiene como objetivoproporcionar apoyo intelectual alos movimientos sociales preo-cupados por conseguir unmundo más democrático, equi-tativo y sustentable.

El programa Drogas y Democraciadel TNI analiza, desde 1996, lastendencias de la economía ilegalde las drogas y de las políticas glo-bales sobre drogas, sus causas yefectos en la economía, la paz y lademocracia.

El programa realiza investigacio-nes de campo, promueve el deba-te político, provee información afuncionarios y periodistas, coordi-na campañas internacionales yconferencias, produce artículos ydocumentos de análisis, y mantie-ne un servicio electrónico de infor-mación sobre el tema.

El objetivo del programa y de laserie Drogas y Conflicto es promo-ver una reevaluación de las políti-cas actuales y presionar a favor depolíticas basadas en principiosacordes con la reducción del daño,el comercio justo, el desarrollo, lademocracia, los derechos huma-nos, la protección de la salud y elmedio ambiente y la prevenciónde conflictos.

T R A N S N A T I O N A L

documentos de debate abril 2004 10 - tni.org · causado por la determinación de la comunidad ......

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