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SOBERANIA ALIMENTARIAFOMENTO A LA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA CAMPESINA E INDÍGENA, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL.

¿Qué es la soberanía alimentaria?

En 1996, en la Cumbre Mundial de la Alimentación todos los gobiernos del mundo se plantearon como principal objetivo reducir a la mitad la población con hambre en el planeta, en aquel momento cuantificada en 800 millones de personas en condición de pobreza alimentaria. Hacia la crisis mundial de alimentos de 2008 ese número no sólo no se redujo sino que se incrementó a 1,040 millones de personas. Actualmente se ubica en 880 millones.

Los gobiernos del mundo adoptaron el esquema de la seguridad alimentaria, definida ésta como la política de garantizar alimentos para la población mediante impor-taciones de cualquier parte del mundo, dado que duran-te 2 décadas estuvieron los comodities en la franja de los 80 a los 100 dólares por tonelada. Pero al generalizarse la producción de etanol como agrocombustible se llega-ron a usar hasta 100 millones de toneladas de granos para este fin, así los alimentos incrementaron bruscamente sus precios generando una crisis alimentaria. Desde entonces dejaron de existir los alimentos baratos en el mundo.

Las organizaciones campesinas acuñamos en México el concepto de soberanía alimentaria que pronto se hizo una consigna mundial. En forma generalizada ha sido adopta-da como la demanda de casi todos los movimientos alter-mundistas y se ha adoptado por la mayoría de los movi-mientos sociales más allá de los campesinos.

Frente a las posiciones neoliberales que sólo pedían pavi-mentar las autopistas del libre comercio para importar y exportar alimentos sin ninguna restricción, es decir, más libre mercado para atender la crisis alimentaria causada por el libre mercado, los campesinos propusimos la Vía de la Soberanía Alimentaria, entendida ésta como:

•La capacidad de cada país de producir sus alimen-tos, evitar las grandes movilizaciones de alimentos que incrementan sus costos, y premiar la producción local para reactivar la economía rural. Esto evita la

generalización y aplicación del dumpin con el que los países desarrollados nos envían alimentos malos y sub-sidiados.

•La utilización de métodos agroecológicos y orgánicos para la producción de alimentos sanos y nutritivos, evi-tar el uso de agroquímicos y pesticidas que son dañinos a la salud.

•Por el uso racional del agua y los recursos naturales, la protección del suelo, de los bosques, selvas y la bio-diversidad.

•No al uso de transgénicos ya que es falso que incre-menten los rendimientos, y síprofundizan nuestra de-pendencia tecnológica de las grandes empresas que se apropian de nuestros recursos genéticos. Por el libre in-tercambio de las semillas, como lo hemos hecho duran-te miles de años. No a las patentes de semillas.

•Por la produccióncon tecnologías apropiadas, por la libre determinación de qué y cómo producir. Por el respeto a la cultura alimentaria de cada país, pueblo y región.

La soberanía alimentaria también es la alternativa para atender el cumplimiento de los Objetivos del milenio, en los cuales los gobiernos del mundo se comprometieron a reducir a la mitad la población en condiciones de pobreza (objetivo número 1).

El derecho a la alimentación

Según la carta de los derechos económicos, políticos y so-ciales, suscrita por la Organización de las Naciones Uni-das, el Derecho a la Alimentación es un derecho humano, fundamental y básico para todos los habitantes del planeta y es responsabilidad de los gobiernos de cada país el apro-bar la legislación necesaria que reconozca e implemente este derecho.

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CONVENCIÓN NACIONAL CAMPESINA E INDÍGENA

En nuestro país después de 17 años se logró el recono-ciendo de este derecho mediante la reforma constitucio-nal promulgada en octubre de 2011 y que a la letra señala:

Artículo 4ª Constitucional, se adicionó un párrafo tercero

“Toda persona tiene derecho a un alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizara”.

Y en el artículo 27, se agrega un segundo párrafo a la frac-ción XX, señalando:

“El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de ali-mentos básico que la ley establezca.”

Por lo que esta reforma requiere de la Ley Reglamentaria que haga efectivo este derecho a la alimentación.

Diagnóstico y prioridades.

Considerando que el campo tiene un marcado rezago en lo social y en lo económico, así como en lo tecnológico, la educación y la salud, por lo que un diagnóstico acertado genera una gran cantidad de acciones a desarrollar. Con-siderando también que la crisis económica, social y am-biental que vive el campo junto con la crisis alimentaria exige cambios profundos en el sector rural.

Por lo que a continuación se puntualizan las principales características del diagnóstico del campo mexicano:

• Tenemos el primer lugar en obesidad infantil y adulta en el mundo.

• Vivimos una creciente y alarmante dependencia ali-mentaria, estimada en el 42% de lo que consumimos, según la Auditoria Superior de la Federación.

• Compramos en el exterior el 95% de la soya, el 80% del arroz y el 56% del trigo. Tenemos el primer lugar como importadores de leche en polvo. En maíz im-portamos casi 11 millones de toneladas, y en carne de res importamos el 40% mientras exportamos casi 2 millones de becerros que se engordan en los Estados Unidos, sucediéndonos como con el petróleo y la gaso-lina: exportamos barato y compramos caro.

• El principal problema es la falta de mercados, el de-

sorden que hay en estos y el que no haya espacios para la comercialización.

• Nos hemos abierto totalmente hacia el exterior, a las importaciones, a partir de la apertura comercial se han firmado Tratados con 90 países, y en ello ha sido deter-minante el Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). Se ha llegado al extremo de adoptar en forma indiscriminada la política de importación y liberación de gravámenes desprotegiendo a los pro-ductores nacionales; México se ha abierto a todos los mercados del mundo en una tremenda desigualdad de circunstancias, porque a nuestro país ingresa cualquier materia, de cualquier parte del mundo, pero a nuestros productos siempre les ponen barreras en los mercados del exterior. Por de ejemplo la reciente controversia que los Estados Unidos pusieron sobre nuestras exporta-ciones de azúcar, hace solo unos días diciendo que es-tamos aplicando Dumping, cosa que si algún país ha usado dinero para competir ilegalmente han sido ellos precisamente.

• El cambio climático es un nuevo actor en el campo con severos daños a la producción, tan solo en el 2011, las heladas en el noroeste, la sequía en el centro norte y las inundaciones en el sureste del país significaron una pérdida de 15.5 millones de toneladas de producción.

• En el terreno ambiental perdimos una gran cantidad de recursos naturales. Pasamos de ocupar el cuarto al quinto lugar como país mega-diverso, derivado de la perdida de especies en nuestro país.

• Perdemos 100,000 hectáreas al año producto de la de-forestación. Existe un 60% de las tierras de nuestro país presenta algún tipo de degradación. La situación del agua en el país también es alarmante: más del 60% de las cuencas hidrológicas tiene graves problemas de con-taminación y por lo tanto está en riesgo su utilización, la mayoría de las enfermedades gastrointestinales se originan por falta de agua limpia, 4 de cada 5 pozos presenta sobre explotación del manto freático.

• Ocupamos el primer lugar en el mundo con población en el extranjero. Hay 12 millones de mexicanos que radican fuera de nuestro país lo que equivale al 10% de la población total, los cuales son en su mayoría jóvenes de entre 25 a 34 años de edad, es decir, la principal po-blación económicamente activa.

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EL CAMPO ES DE TODOS

Las prioridades a atender en el campo son:

Primero la solución a los problemas del hambre en el cam-po, el reconocimiento de que 1 de cada 4 mexicanos vive en pobreza alimentaria, es decir no alcanza a comer 3 ve-ces al día. El reconocimiento de que 20 de los 28 millones que viven la pobreza alimentaria son población rural, esto es la pobreza tiene un claro rostro rural. Lo lamentable es que siendo el campo donde se producen los alimentos sea ahí donde se vive hambre.

En el segundo problema prioritario la alarmante impor-tación de alimentosde 27,540 millones de dólares que su-pera en un 6% al presupuesto destinado al campo. Por eso decimos que no es posible que se prefiera gastar más en importar alimentos que en producirlos aquí mismo.

Nuestra propuesta

1. Una reorientación total a las políticas públicas. No po-demos seguir apostándole a las importaciones, necesita-mos generar la producción necesaria. Necesitamos políti-cas públicas que sustituyan el asistencialismo, que apoyen a la organización para la producción nacional, que susti-tuyan las importaciones.

La construcción de nuevas políticas públicas deberá realizarse con los siguientes lineamientos:

•Democratizar la producción del campo garantizando la soberanía alimentaria, la planeación participativa, el desarrollo sustentable, el bienestar de la sociedad rural.

•La necesidad de cambiar la política inercial con la que se atiende el campo mexicano.

•Abandonar el carácter asistencial con que se atiende la pobreza reconvirtiendo los programas hacia una acción productiva.

•Revertir el contrasentido de que gastamos más en im-portar alimentos que en producirlos.

•Revertir otro gran contrasentido que significa que en donde se producen los alimentos sean las regiones donde más se concentra el hambre.

•La implementación de políticas diferenciadas por

región, por producto y por tipo de productor.

•La generación de mercado interno como el eje central que nos permita revertir el círculo vicioso del hambre y la pobreza rural.

2. Una readecuación de los Programas para el Campo.- Necesitamos alinear los Programas Rurales a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, necesitamos que exista co-ordinación y concurrencia de los programas de las dif-erentes instituciones como lo establece el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuando define el Programa Especial Concurrente del Sector Rural (PEC).

En concreto concentrar la nueva política en dos grandes programas que corresponden a las prioridades señaladas: El Programa Nacional Alimentario y el Programa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

3. Una profunda reestructuración del Presupuesto Rural.- La reforma al presupuesto y su reestructuración debe par-tir de la atención a las prioridades antes señaladas, que las nuevas políticas definan los nuevos programas. Que las necesidades definan los montos, necesitamos deshacer compromisos y sobre un presupuesto de base cero, que sea verdaderamente multianual para lograr la soberanía ali-mentaria de nuestro país. Que se garantice la complemen-tariedad y la verdadera concurrencia de los programas.

Según estudios de organismos internacionales somos el penúltimo país en eficiencia del uso del gasto público, solo superados por Haití. Somos de los países que más gastamos y tenemos menos resultados, producto de las er-róneas políticas públicas. Ello demuestra que la solución al grave problema rural del país no se debe a la falta de recursos sino a una aplicación sesgada, al uso asistencial y electoral de los mismos.

El presupuesto agrícola se concentra en las zonas con mayor desarrollo de infraestructura y no en las zonas marginadas como la LDRS lo mandata. Los recursos de los programas más importantes como PROCAMPO, apoyos a la comercialización y PROGAN se concentran en los grandes productores y no en los pequeños que son la inmensa mayoría.

Un presupuesto rural creciente y multianual que garan-tice:

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•La asignación de proyectos y programa multianuales.

•La planeación participativa en los programas.

•La verdadera concurrencia e integralidad de los pro-gramas, superando la segmentación que actualmente existe.

•La definición de metas específicas de reducción de la dependencia alimentaria

•Reducir la aplicación del PROCAMPO a producto-res de hasta 20 hectáreas, y reinvertir los recursos que se aplicaban a otros rangos en productores de hasta 5 hectáreas.

•Destinar el 80% de los recursos de cada programa a productores de menos de 10 hectáreas.

4. Necesitamos sustituir las Reglas de Operación por un verdadero Reglamento de la Ley, no es posible que siga-mos careciendo de este importante eslabón de la cadena y hacer lo que muchos organismos internacionales nos han señalado: reorientación del presupuesto para para las zo-nas más necesitadas y hacia los sectores con menor desar-rollo. Un presupuesto Equitativo y Justo.

5. Una Reforma Institucional: que haga del sistema finan-ciero un verdadero motor del desarrollo; Un Programa de Financiamiento a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena operado por los actuales intermediarios fi-nancieros existentes, integración de los fideicomisos en una sola Banca del Campo que apoye las necesidades del campo. Transformar ASERCA para fomentar un verdade-ro comercio agropecuario y apoyar la distribución de al-imentos.

Nuestro atraso institucional se observa en los señalamien-tos de la Auditoría Superior de la Federación donde señala que no hemos podido tener un verdadero Padrón de Ben-eficiarios por institución mucho menos uno de todas las instituciones.

6. Una agenda legislativa.- Consistente en la aprobación de la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación , una Ley de Desayunos Escolares y la Ley de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

7. El establecimiento de un Programa Nacional Alimenta-rio con las siguientes características:

•Otorgamientos de créditos a tasa cero para la pro-ducción de alimentos y el reconocimiento de que la garantía de los mismos sea el mismo producto. Sin ga-rantías líquidas.

•Incorporar a productores de hasta 10 hectáreas para fomentar la producción local de alimentos.

•Apoyar esquemas organizativos para la producción social de básicos.

•Aplicar la recomendación de los organismos interna-cionales para solucionar el problema del hambre con el fomento de la producción campesina y de pequeños productores.

•Iniciando este programa en el sur sureste y hacer una distribución más equitativa de la infraestructura agro-pecuaria del país por regiones.

•Este programa tendrá como meta la reducción de un 10% anual en la importación de alimentos.

8. Fomentar el desarrollo y preservación de nuestros re-cursos genéticos y nuestra biodiversidad.

Generar un programa de fomento y desarrollo de semillas nativas y criollas, principalmente de maíz. Desarrollo de híbridos criollos en zonas marginadas. Negar la entrega de los permisos de liberación de transgénicos para siembra.

9. Un profundo reordenamiento de los mercados agroali-mentarios en nuestro país, consistente en:

•La creación de las reservas regionales estratégicas de alimentos: Maíz, frijol, trigo y arroz.

•La Implementación de un programa de “Desayunos Escolares” elaboradas con productos cultivados por los productores de la región.•Asignar a los DIF municipales la tarea de que imple-menten los “Comedores Comunitarios” con los exce-dentes de la producción regional.

•Apoyo directo, fomento y promoción para la creación de cooperativas de consumidores, que adquieran los productos de la región y ofrezcan mejores productos y precios al consumidor.

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•Operar la directriz para que tanto LICONSA como DICONSA adquieran y comercialicen, en todos sus puntos de venta, productos de la región donde estén ubicados.

10. Una política integral de protección del agua:

•Reconocimiento del agua como un Derecho Humano.

•Reconocer que el agua es un derecho asociado al Dere-cho a la Alimentación.

11. Por un nuevo acuerdo internacional que supere el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de los siguientes criterios:

•Convertirlo en un instrumento de desarrollo y no sólo de libre mercado con elementos de apoyo tipo la Unión Europea.

•Garantizar la competencia equitativa que desarrolle la producción.

•Eliminar acciones de dumping que actualmente se fo-menta en el mercado mundial.

12. Un amplio Programa de Fomento a la Agricultura Fa-miliar, Campesina e Indígena.- reconociendo que la Or-ganización de las Naciones Unidas ha declarado al 2014 el “Año Internacional de la Agricultura Familiar” y que la mayoría de las naciones ahora avalan esta forma de pro-ducción como, la principal solución a los problemas del hambre y la consideran fundamental para el cumplimien-to de los objetivos del milenio, en donde el objetivo núme-ro 1 es la reducción a la mitad de la población en pobreza durante los últimos quince años y que la evaluación que se presentará el próximo año tendrá resultado negativos ya que en nuestro país no solo no se ha contenido el em-pobrecimiento sino que ha crecido.

En este rubro es fundamental:

•Que se difundan los principios con los que la ONU ha declarado el Año Internacional de la Agricultura Fa-miliar.

•Que el gobierno Federal asuma como suya y respalde esta declaratoria.

•Que se apruebe y promulgue la Ley de Agricultura Fa-miliar.

•Que se establezcan políticas públicas de fomento a la Agricultura Familiar, que se adecuen las reglas de operación de los programas del campo estableciendo que el 80% de los recursos autorizados para que estos sean canalizados para la agricultura familiar.

•Que se adecuen los requisitos de las instituciones fi-nancieras para promover el crédito a la Agricultura Fa-miliar estableciendo la tasa cero, un período de 3 años de gracia y la exención de garantías líquidas cuando se trate de financiamiento a la producción directa de ali-mentos para el consumo local.

•La distribución de insumos, subsidiando la produc-ción de fertilizantes orgánicos e insumos sustentables.

•La adopción de tecnologías alternativas locales.

•La investigación aplicada y convenida con los produc-tores.

•El desarrollo de esquemas de extensionismo en manos de los productores vía acuerdo específico con las uni-versidades y centros de investigación.

•Un nuevo sistema de formación y capacitación garan-tizando la apropiación de los productores de su proceso productivo. Aplicación del esquema de Promotores Al-imentarios con personal nombrado desde la comuni-dad.

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PROPUESTA DE INICIATIVA CAMPESINA PARA LA LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE LA PEQUEÑA AGRICULTURA FA-MILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA.

Con fundamento en la reciente reforma política que es-tablece la modalidad de iniciativa ciudadana con la pre-sentación de del 0.13% de las firmas del padrón electoral (107,000 firmas aproximadamente) se propone la aproba-ción de la Convención Nacional Campesina para presentar una Iniciativa Campesina al Congreso de la Unión respal-dada por las firmas de los integrantes de la Convención, cuyo título sea: Propuesta de iniciativa campesina para la ley que crea el sistema de la medina y pequeña agricultu-ra familiar, campesina e indígena. Misma que deberá ser tratada, dictaminada y respondida de igual forma como se trata a las iniciativas de los Diputados, los Senadores, el Presidente o los Congresos Locales, y cuyo contenido fundamental se extracta en los siguientes artículos (que fueron extractados de un documento más amplio):

DE LA INTEGRACIÓN Y LAS FUNCIONES DEL SISTEMA NACIONAL

Artículo 1. Se crea el Sistema Nacional para la Pequeña y Mediana Agricultura, la Reforma del Campo Mexicano y la Nueva Política Agroalimentaria y Nutricional, con el propósito de garantizar la unificación y la coordinación de las dependencias federales, estatales y municipales, de las instituciones educativas y de los programas, las estrategias y de los recursos financieros y humanos, que permitan elevar la producción de alimentos, aumentar la produc-tividad del trabajo agrícola, generar empleo, promover inversiones, disminuir la pobreza y la desigualdad, lograr la equidad entre el campo y la ciudad, proteger el medio ambiente, los recursos naturales y garantizar el desarrollo integral de las comunidades rurales.

Artículo 4...El Gabinete o Consejo Nacional podrá convocar a confe-rencias nacionales…

Artículo 5. El Comité económico y social para la política agroalimentaria y de Desarrollo Rural, tiene como ob-jetivo coadyuvar en las tareas de planeación estratégica, elaborar propuestas de política pública y participar en el seguimiento y evaluación de los programas y metas acor-dados por el Gabinete Especializado Agroalimentario y Nutricional.

Dicho Comité se integrará por las organizaciones cam-pesinas y de productores tanto de carácter social como privadas.

Artículo 6. La Comisión de información y evaluación de la política alimentaria y nutricional. Dicha comisión en-tregará cada año un reporte integral sobre el cumplimien-to de las metas y programas acordados en el Gabinete o Consejo Nacional y cada dos años presentará un informe sobre el estado que guarda la producción de alimentos, el desarrollo regional y los niveles de nutrición existentes en la población de cada uno de los municipios del país.

DEL PROGRAMA Y DE LAS ACCIONES PARA TRANSFORMAR EL CAMPO MEXICANO Y FORTALECER LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Artículo 8. El Gobierno de la República ratifica el com-promiso de alcanzar en 2018 el 75% de la participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas; el 80% incluyendo carne y leche.

El nuevo programa de producción alimentaria se dará sobre la base de elevar la productividad de la agricultu-ra campesina con métodos ecológicamente sustentables y será la base para hacer efectivo el derecho del pueblo de México a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, y con ello cumplir con la obligación consti-tucional que el Estado tiene de garantizar el derecho de todos y todas las mexicanas a la alimentación.

Articulo 9. El incremento de la producción de alimentos se dará sobre la base de nuevos polígonos de desarrollo para garantizar el equilibrio y la prosperidad regional y aprovechar el potencial productivo de la pequeña y me-diana agricultura. Será en dichos estratos de productores donde se priorizarán las inversiones en infraestructura, se canalizará el financiamiento, el extensionismo y la ase-soría comercial y productiva.

Durante el primer trimestre de cada año, se establecerán las metas de producción anual y los nuevos polígonos de producción para cada entidad federativa considerando superficie, cultivos y productos agropecuarios, además de los programas y estímulos a partir de los cuales se incen-tivará la producción de granos, oleaginosas y de aquellos alimentos de alto valor nutricional.

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Artículo 10. Los programas de producción agroalimen-taria se orientarán en lo fundamental para permitir, fo-mentar, fortalecer y elevar la productividad de los mini-fundios, medianas y pequeñas unidades productivas de agricultura familiar.

A partir del Presupuesto Federal y bajo nuevas reglas de operación se determinarán y aplicarán con suficiencia los recursos económicos, los incentivos y bienes públicos para atender esta población objetivo e integrar las cade-nas productivas y de valor desde la producción, transfor-mación, almacenamiento, hasta el financiamiento, la in-fraestructura agra logística y de comercialización.

El Gobierno de la Republica pondrá en marcha un pro-grama estratégico para fomentar la asociación y organi-zación entre los pequeños productores, a través de los conglomerados productivos y comerciales que permita compactar superficies y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y económicos, que generen condiciones de rentabilidad y productividad.

El programa de asociación de las pequeñas y medianas unidades de producción deberá de precisar metas anuales de unificación de tierras y de productores, además de ga-rantizar los recursos y los programas de capacitación y transferencia tecnológica para garantizar el desarrollo y el éxito de las nuevas empresas productivas.

Artículo 11. Se fortalecerá la reorientación del Pro agro productivo para garantizar su utilidad como instrumento para la adquisición del paquete tecnológico, productivo y sustentable y garantizando su uso para elevar la produc-tividad de las unidades económicas campesinas.

El Pro agro se otorgará a todos aquellos productores hasta por un máximo de 20 hectáreas por unidad productiva.

Artículo 12. Se constituirá un nuevo sistema de ahorro y financiamiento integral para el sector agroalimentario y el desarrollo rural. En el nuevo sistema, participará la ban-ca de desarrollo, los fideicomisos financieros públicos, los dispersores de crédito e intermediarios financieros de los productores,…De manera particular, se fortalecerán los intermediarios financieros sociales…

Artículo 13. La Financiera Nacional de Desarrollo Agro-pecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se fortalecerá a partir

de la integración y unificación de los fondos de capital de riesgo y de otros fideicomisos, fondos y mandatos.

Para el impulso de los seguros agrícolas, se fomentarán los fondos y aseguramientos locales y regionales, principal-mente en las zonas de menor desarrollo…

Artículo 18. Se constituirá el Sistema Nacional de Com-pras Públicas para garantizar que el abasto y los reque-rimientos que demandan las instituciones de los gobier-nos Federal, Estatal y Municipal en materia de alimentos básicos sea cubierto, creciente y preferentemente y en forma directa por los pequeños y medianos productores organizados.

Las instituciones y dependencias gubernamentales re-alizarán el sistema de adquisiciones bajo el esquema de la consolidación de las compras gubernamentales de pro-ductos alimenticios. El objetivo es generar mayores aho-rros en los recursos públicos y estimular la actividad pro-ductiva de millones de productores del país.

Artículo 19. El Ejecutivo Federal, pondrá en marcha un Sistema Nacional de Almacenamiento….

Artículo 20. Se constituye una empresa pública que parti-cipe en el acopio y comercialización de las cosechas nacio-nales, principalmente de maíz, frijol, trigo, arroz y café….

Artículo 21. Se pondrá en marcha el programa para ga-rantizar el resurgimiento de las industrias nacionales de semillas y de fertilizantes para elevar de manera impor-tante la oferta de ambos insumos estratégicos, dismi-nuyendo la dependencia externa y eficientando los mer-cados, promoviendo la competencia y lograr precios com-petitivos.

Se reforzará la industria nacional de fertilizantes a par-tir de Petróleos de México y mediante la empresa Agro-nitrogenados, que servirá para aumentar la producción de amoniaco y urea y reducir sensiblemente las importa-ciones de estos insumos estratégicos y abastecer a los pro-ductores nacionales con precios competitivos.

… Se trabajará con mayor fuerza en la investigación y de-sarrollo de biofertilizantes, pues ha quedado demostrado el gran potencial económico y productivo y también en materia de sustentabilidad de dicho producto.

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Artículo 22. Se impulsará el desarrollo y consolidación de la industria nacional de semillas. Por tal motivo, se integra una empresa pública y se promoverá la constitución de nuevas empresas regionales con capital social y privado, productoras de diversas variedades de valor regional. En la producción de semillas se tomará en cuenta y se valori-zará los conocimientos tradicionales de los diversos pue-blos indígenas para su propio beneficio.

Artículo 24. Se promoverá el uso eficiente de agua, a través de una nueva estrategia nacional para el cuidado, ahorro y uso eficiente en la agricultura y la producción de alimentos.

Se destinará un presupuesto multianual para garantizar la tecnificación de 1.5 millones de hectáreas en el periodo 2015-2018…

En enero de 2015, se pondrá en marcha el Programa Na-cional de Obras de Conservación de Suelo y Agua…

Artículo 25…se establece el Programa Nacional de Susti-tución de Equipos Electromecánicos de Bombeo Agrícola con la meta anual de 10 mil equipos para terminar en el 2018 con el 50% de equipos nuevos.

Artículo 26. El nuevo extensionismo holístico se brindará en el acompañamiento técnico de toda la cadena de val-or, con alcance y contenido de una visión sistémica de los procesos producción-consumo, que permitirá extender el conocimiento técnico en todas las fases de la cadena, des-de el qué y cómo hasta la comercialización.

A través de las instituciones se desarrollarán proyectos que permitan obtener y sistematizar los saberes desarro-llados por los campesinos a través del conocimiento de su entorno, para ser transmitido a otros productores. Para ello, la participación de las universidades es importante.

Se establece un programa de extensión agrícola diferen-ciado, es decir, dirigido a los distintos estratos identifica-dos…

Las organizaciones presentarán, para ser objeto de apoyo, necesidades específicas y programas de actividades en materia de promoción de la asociación de los producto-res, formación de cuadros técnicos, estudios estratégicos y fortalecimiento y consolidación institucional de la orga-nización, entre otras.

Se establecerá un programa de becas con las universidades y demás entidades educativas que se orientan a la en-señanza de la agronomía y el desarrollo rural para apoyar el desarrollo de las capacidades de los productores y sus organizaciones, con atención especial los pequeños y me-dianos, las mujeres, los jóvenes e indígenas, que funcione vinculado a los programas de investigación e innovación, con el método de aprender haciendo, para abordad los problemas específicos de las áreas y las comunicaciones rurales.

Artículo 29. Se impulsará el Desarrollo Pecuario mediante la integración y fortalecimiento de la cadena: cría-engor-da-procesamiento-comercialización-demanda, con me-didas orientadas a lograr que el valor agregado que se genere en cada una de las fases de la cadena se distribuya equitativamente entre quienes concurren a crearlo (de-mocratización de la productividad)….

El apoyo a la avicultura, se dará también de manera pref-erente, así como a actividades asociadas a la agricultura familiar. Se apoyará la construcción de pequeñas y me-dianas granjas avícolas, al cuidado de familias rurales y se les capacitará y supervisará en el manejo, salud y ali-mentación de las aves.

Artículo 30. En materia de pesca, acuacultura y mari-cultura, con el objetivo de lograr un rápido crecimiento con un favorable e inmediato impacto en la seguridad alimentaria, y elevar el consumo nacional per cápita anual de productos pesqueros de 9 a 12 kgs. Se avanzará en el reordenamiento del sector mediante la modernización de flotas, transferencia de tecnología de punta, capacitación a productores y capitalización al sector.

El fomento a la pesca ribereña se apoyará con la ad-quisición de embarcaciones, equipos y artes de pesca…

Artículo 31. A través del Sistema Nacional de Investi-gación, Transferencia Tecnológica e Innovación Agro-alimentaria, se generará una verdadera sinergia entre los productores y la ciencia para convertir a la investigación y la innovación tecnológica en una verdadera palanca de crecimiento de la productividad del sector agroalimenta-rio.

En este marco se buscará la vinculación con los produc-tores y las agencias de capacitación y extensionismo que conduzca a la adopción de las innovaciones.

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Se incrementará la inversión en investigación, educación, la innovación y el desarrollo de tecnología de punta. For-talecer al INIFAP, con una reingeniería de procesos y fun-ciones.

Artículo 32. Se incentivará a productores a través de reconocerles servicios ambientales que les permitan re-construir sus suelos y cubierta vegetal o el servicio am-biental de recargar un manto freático agotado, o recuper-ar un bosque. Para ello, se introducirán tecnologías cada vez menos depredadoras del medio ambiente, en particu-lar del suelo y el agua.

Se creará un sistema nacional de salvaguardas que permi-ta enfrentar mejor el cambio climático y a la vez proteja la biodiversidad y aproveche de modo sustentable los re-cursos renovables donde se asientan los productores del campo.

Artículo 33. En coordinación con la Secretaria de Hacien-da y Crédito Público, se contará con una política y presu-puesto multianual en los programas y proyectos estratégi-cos de SAGARPA.

Artículo 34. Se avanzará hacia una nueva estructura pro-gramática a partir del cambio gradual en 2015 dentro del marco de la ley, que atienda las acciones para transformar el campo y evite duplicidades e ineficiencias, que implique la compactación de programas y componentes y promue-va un acceso sencillo y ágil de los productores, especial-mente los pequeños y medianos.

El Gobierno de la República promoverá que a partir del 2015 todos los programas relacionados con la produc-ción de alimentos, tanto agropecuarios como pesque-ros, se tramiten en una ventanilla única y bajo reglas de operación que permitan el desarrollo de las distintas etapas del proyecto.

Artículo 35… Se orientará el Programa Especial Concur-rente (PEC) al desarrollo integral de la comunidad rural atendiendo de manera diferenciada a los productores y regiones y brindando certidumbre a mediano plazo con presupuestos multianuales.

Con la reingeniería del PEC se buscará un enfoque más integral con proyectos e inversión que integren a la co-munidad rural y la conduzcan a niveles superiores de de-sarrollo; se buscarán esquemas para que los programas de

inversión y capitalización puedan ser acompañados con capital de riesgo y financiamiento. Asimismo, se buscará evitar la dispersión y reorientar los programas operados por otras instituciones a fin de incentivar la productividad en el sector rural de manera coordinada.

Artículo 36… habrá de destinar un presupuesto suficiente y un programa especial para promover el incremento del consumo de los productos antes señalados y garantizando que dicha campaña logre llegar a todas las zonas del país.Se formularán nuevos criterios alimentarios efectivos y se ampliaran los espacios donde se provea de agua potable gratuita y…los nuevos requerimientos de información y del etiquetado frontal para generalizar una información objetiva, clara y comprensible a los consumidores.

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FINANCIAMIENTO PÚBLICOCRÉDITO Y AHORRO PARA EL MINIFUNDIO Y LA ECONOMÍA CAMPESINA E INDÍGENA.

REFORMULACIóN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO RURAL (PEC) A PARTIR DE UNA “BASE CERO” MULTIANUAL PARA CONVERTIRLO EN UNA ES-TRATEGIA TERRITORIAL CONCURRENTE.

RAZONES DE URGENCIA PARA TRANSFORMAR EL PEC

• El PEC no ha tenido los impactos deseados en re-ducción de pobreza e incremento de la productividad del campo, debido a que tal como está concebido es un listado de programas, sin tener detrás una estrategia operativa de desa-rrollo territorial o desarrollo de las ramas de produc-ción.

• El bajo impacto del PEC se debe a la descoordinación (o falta de concurrencia) entre las vertientes de apoyo y las dependencias que operan los programas, por lo que la política pública está fragmentada y las regiones tienen un desarrollo desigual.

• El que mucho abarca poco aprieta: el PEC abarca 18 ramos administrativos (dependencias y entidades de la administración pública federal), 10 vertientes de gasto, cerca de 60 programas además de sus subprogramas y más de 105 acciones en general. Esto genera una dis-persión de recursos, atomización del presupuesto, mantenimiento de clientelas políticas y no hay manera de lograr concretar y dar continuidad a un proyecto re-gional porque la infinidad de ventanillas y atomización de componentes y todas a completarse en un ejercicio fiscal.

• Por otra parte, el sesgo que existe en la asignación de los apoyos a la productividad y comercialización hacia ciertos productores de las regiones del norte del país vis-á-vis el sesgo de apoyos asistenciales hacia los Esta-dos del sur-sureste perpetúa las condiciones de pobreza en estos últimos y, por el contrario, en las zonas más productivas no se atienden los problemas de pobreza (p.ej. la Sierra Tarahumara en Chihuahua y las comuni-

dades indígenas en Sonora).

• Las acciones para combatir la pobreza rural (la verti-ente social del PEC) carecen de una lógica productiva generadora de ingresos sostenidos. Esto significa que los apoyos y transferencias al ingreso de Oportuni-dades o Procampo, no se conectan con subsidios que mejoren la producción, productividad y el comercio, por esto las zonas pobres siguen siéndolo y además son altamente vulnerables a crisis financieras y ali-mentarias. Aunado a esto, la ausencia de estructuras productivas locales y mercado local, hace a la mayoría de los pobres rurales altamente dependientes de los subsidios al ingreso de forma permanente. Este pun-to también se refleja en que el PEC ha recibido una mayor asignación de recursos en la vertiente social, en comparación con la vertiente de competitividad.

• Las zonas rurales indígenas y las mujeres padecen una mayor discriminación en el otorgamiento de sub-sidios.

• El PROCAMPO se ha querido transformar en varias ocasiones por su regresividad, por su falta de contribu-ción a la productividad, por los errores de inclusión en su padrón (beneficiando a empresas internacionales.

• En 1570 municipios del país predomina el enfoque asistencialista y sólo en 358 hay inversión productiva.

• El apoyo de proyectos productivos es también el mayor contribuyente al fracaso de la política de desar-rollo rural sustentable porque cada programa apoya proyectos parciales, incompletos que casi nunca llegan a ver el mercado. El proyecto productivo limita el hor-izonte a la producción dejando fuera todos los demás componentes que darían el éxito tales como: el finan-ciamiento, la asistencia técnica, el seguro agrícola, la capacitación, la infraestructura (hidroagrícola, de co-municaciones, etc.), la restauración y conservación ambiental, las coberturas de precio, los esquemas de comercialización, la organización campesina, la for-mación de empresas rurales, entre otros. Por ello apo-yar proyectos es solamente continuar desperdiciando

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el presupuesto federal en empresas que fracasan de un ciclo a otro, mantener una clientela política tan-to del lado de las organizaciones como del gobierno, sin avanzar hacia esquemas de asignación basados en éxito comercial (de cualquier escala, ya sea de orient-ación al mercado local (la comunidad) / regional (el municipio o el Estado) / nacional (país) /internacional (la exportación).

• La política social y la política productiva o de com-petitividad no se cruzan, es importante hacerlo para incidir en la población rural en condiciones de po-breza que pueden dinamizar economías locales; esta población esta compuesta por casi 2 millones de per-sonas que hoy reciben subsidio de Oportunidades y tienen vinculo con la tierra, algunos recibiendo Pro-Agro. Es importante focalizar en esta población una parte de los programas de desarrollo productivo.

• Los municipios en los Estados (sur, sureste, zonas serranas) que concentran la mayor pobreza rural, tienen una menor asignación de programas.

Con base en la descripción anterior, las organizaciones campesinas participantes en el Movimiento #ElCam-poEsDeTodos, conformado por 40 organizaciones campesinas presentamos la siguiente propuesta para modificar en su totalidad el Programa Especial Con-currente para el Campo de manera que pueda ser un instrumento de política pública capaz de:

1. Elevar la productividad de todos los productores del campo.

2. Reorientar el gasto hacia los más pobres y rezagados en materia productiva.

3. Evitar subsidios regresivos o concentrados en un pequeño grupo de empresas y asimismo, evitar la con-centración regional.

4. Contribuir a romper causas estructurales de la po-breza rural y erradicar la pobreza extrema de las zonas rurales.

5. Lograr la inclusión productiva de grupos vulnera-bles como mujeres y comunidades indígenas.

6. Elevar el PIB agropecuario, el empleo en zonas ru-rales, la generación de ingresos sostenidos y por ello,

hacer un campo más resiliente a crisis financieras, ali-mentarias y el cambio climático.

7. Horizonte de multianualidad: dar certidumbre y un horizonte de mediano plazo para lograr metas de de-sarrollo económico.

PROPUESTAS

1. El PEC tendrá un nuevo programa con 40,000 millones de pesos llamado “Programa de fomento a la producti-vidad de la agricultura y economía campesina y familiar”, con modalidades por región y enfoque territorial orien-tado a:

a)Fomentar y desarrollar la organización económica de los productores,

b) Acceso a extensionismo agrícola,

c) Introducción de nuevos modelos de tecnologías productivas (semillas mejoradas - no transgénicas, abonos, agroforestería),

d) Organización y creación de cadenas de valor,

e) Integracción al mercado,

f) Acceso al financiamiento rural (inclusión financiera de comunidades y acceso al crédito agrícola) y

g) Participación en un programa nacional de compras gubernamentales.

Este programa debe tener Reglas de Operación únicas, sencillas y aplicables prioritariamente en base al padrón actual de ProAgro.

2. Reducir y fusionar el número de programas y esta-blecer una ventanilla de acceso único.

Se propone integrar la parte de ProAgro, más la inte-gración de todos los programas pequeños y dispersos de la Secretaría de Agricultura, Sedesol, Economía y Sedatu Para los 2.0 millones de hogares que reciben oportuni-dades y Procampo orientar el 30% del “Programa de fo-mento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar” y la inclusión financiera basada en el ahorro y microcrédito agrícola.

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3. Al menos el 30% del presupuesto de todos los programas con enfoque productivo de Sagarpa, Sedatu, Secretaría de Economía (INAES, PRONAFIN) y Sedesol deberán tener como población objetivo a la población en condiciones de pobreza: la de 2.0 millones de hogares que reciben Opor-tunidades y Procampo; reciben Oportunidades y/o po-seen tierra y/o pertenecen a una familia que posee tierra.

4. ProAGRO productivo, limitar el acceso a productores con hasta 20 hectáreas (se cubre al 90% de los producto-res del país) y reorientar el presupuesto liberado al “Pro-grama de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar”

Convertirlo de un programa de transferencias moneta-rias en un esquema con orientación a la productividad; lo anterior se logrará vinculando la entrega de este sub-sidio en una doble vertiente, una vertiente productiva y otra financiera. La vertiente productiva vincula la entrega del ProAgro a las acciones de organización económica, acceso a extensionismo, introducción de nuevos modelos de productividad, acceso al mercado, cadenas de valor del “Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar”. La verti-ente financiera vincula mecanismos de ahorro rural con acceso al crédito, para lo cual se propone se abran cuentas de ahorro masivas para entregar el ProAgro y esas cuentas puedan ser usadas como colateral en el acceso al crédito (1 a 10 veces), reforzando el Programa Nacional de Finan-ciamiento a la Pequeña y mediana Agricultura Familiar.

5. Fortalecer la infraestructura financiera para masificar el”Programa Nacional de Financiamiento a la pequeña y mediana Agricultura Familiar”,tomando como base el programa de crédito agrícola para pequeños productores con tasa de 7%, garantías naturales y plazos de hasta 15 años recientemente anunciado por el Gobierno Federal, se requiere orientar una parte del presupuesto a fortalecer la infraestructura financiera fomentando intermedia-rios financieros de los productores, un amplio programa de creación, fortalecimiento y expansión de interme-diarios financieros de productores rurales, reorientar y profundizar la política de seguros agrícolas, los pro-gramas de fomento a la organización de productores y generación de mecanismos de ahorro (Programas de in-clusión financiera y banarización).

6. Establecer un Plan Multianual (5 años) de inclusión financiera a comunidades rurales basado en el ahorro

rural, crédito productivo rural, acceso a microseguros de vida, agrícolas, pago de remesas, pago de subsidios (oportunidades, ProAgro, becas, adultos mayores), me-dios de pago electrónicos con la creación de una red de pagos rurales; fomento a intermediarios financieros de los propios productores, un programa de inclusión finan-ciera para beneficiarios de Oportunidades y Procampo (2 millones de personas), mediante un PATMIR-Agri-cola (BANSEFI-SAGARPA), que enfoca zonas rurales marginadas a través del ahorro, bancarización de subsi-dios y acceso al crédito.

7. Mandato en el PEF para que todos los programas pú-blicos con componente de microfinanzas tengan reglas de operación unificadas, con iguales requisitos y po-blación objetivo bien delimitado, garantizando que el menos 30% de los mismos será la población de Opor-tunidades con acceso a la tierra. donde las funciones y programas de PRONAFIM (FOMMUR, FINAFIM), INAES, OPCIONES PRODUCTIVAS,

8. El enfoque de género en el PEC no puede limitarse a pocos y dispersos programas exclusivos para mujeres, to-dos los programas deben tener una evaluación de éxito basada en la cobertura porcentual de mujeres, con por-centajes crecientes, impacto en la generación de empleo no agrícola con inclusión de mujeres y capacidad de fa-vorecer la organización de las mismas con incidencia en desarrollo local e interlocución social. En particular los programas de cruce a la política social y la política pro-ductiva deben focalizar a mujeres rurales y unidades de producción rural que reciben apoyo de Oportunidades y se incorporan a actividades económicas con acceso a los mercados (local, regional, nacional).

9. Transparencia y acceso a la información, con la creación de Padrón único de beneficiarios de programas rurales, que permitan la trazabilidad de subsidios y su impacto en la productividad e incorporación al mercado. En este pa-drón se incluirá un registro de Organizaciones Económi-cas y Sociales que reciben apoyos, junto con sus compro-misos de metas en productividad.

10. La creación del Sistema de Compras gubernamentales con la creación de un organismo de compras para intro-ducir estabilidad en precios, debe estar apuntalada por la organización económica de productores.

DOCUMENTO COMPLETO: http://bit.ly/1ro6m66

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PROPUESTAS para una Reforma Financiera en el Campo

La ausencia de crédito a la pequeña y mediana agricultura familiar que integra el 75% de las Unidades de Produc-ción Rural del país (UPR con menos de 10 has), es una de las tres limitaciones más importantes para incrementar la producción de alimentos y generar empleos rurales.

La exclusión financiera masiva en comunidades y zo-nas rurales impide el desarrollo económico y social. Esa exclusión impide una salida económica de la pobreza y ahonda las desigualdades en el país.

La propuesta de un Acuerdo Nacional por un Nuevo Modelo de Desarrollo para el Campo Mexicano entre las Organizaciones Campesinas e Indígenas y el Gobierno de la República requierela reorientación de políticas públi-cas, programas, presupuestos, para establecer una Refor-ma Financiera en el Campo que sea una verdadera herra-mienta de desarrollo.

TEMAS ESTRATÉGICOS

1. Reformulación de la estructura programática del presupuesto rural (PEC) a partir de una “base cero” de carácter multianual, (con un monto de hasta cuaren-ta mil millones de pesos):”Programa de fomento a la productividad de la agricultura y economía campesina y familiar”a través de un solo programa con modali-dades por región orientado a promover la organización económica de los productores, acceso a extensionismo financiero, desarrollo de tecnologías (semillas mejo-radas, abonos, agroforestería), creación de cadenas de valor, interacción al mercado y participación en un programa nacional de compras gubernamentales.

1.1 En el PEF: Reducir y fusionar el número de pro-gramas y establecer una ventanilla única de acceso.

1.2 Para los 2.0 millones de hogares que reciben oportunidades y Procampo orientar el programa de Seguridad Alimentaria y la inclusión financiera basa-da en el ahorro y microcrédito agrícola.

2. Bancarización de ProAgro para vincular aho-rro-crédito y facilitar el acceso a crédito productivo.

Convertirlo de un programa de transferencias mone-tarias en un esquema con orientación a la productivi-dad, mediante el cual se abran cuentas de ahorro ma-sivas para entregar el ProAgro y esas cuentas puedan ser usadas como colateral en el acceso al crédito (1 a 10 veces), reforzando el Programa Nacional de Financia-miento a la Pequeña y mediana Agricultura Familiar).

3. Establecer un “Programa Nacional de Financiamien-to a la pequeña y mediana Agricultura Familiar”,crédito productivo para el minifundio Ejidal, Comunal y Priva-do, con tasa de un digito, garantías naturales, seguro agrícola, seguro al ingreso, comercialización consolida-da y administración de riesgos. Este sería un programa masivo, con reglas semejantes a todos los participantes y abierto a todos los intermediarios financieros. El sub-sidio a tasa de interés y a costos de transacción.

3.1 Este programa debe operarse para productores con menos de 10 has (beneficiaría a 75% del total nacional) y a través de todo el sistema financieros que llegue el campo: banca de desarrollo (Financiera Nacional,. Fira, Bansefi), Banca social (cooperativas, sofipos, sofincos y OIFR, uniones de crédito) y banca comercial. Con los mismos elementos de costo y sub-sidio de 3 a 5 puntos a costos de transacción según región.

4. Establecer un Plan Multianual (5 años) de inclusión financiera a comunidades rurales basado en el ahorro rural, crédito productivo rural, acceso a microseguros de vida, agrícolas, pago de remesas, pago de subsidios (oportunidades, ProAgro, becas, adultos mayores), medios de pago electrónicos con la creación de una red de pagos rurales; fomento a intermediarios finan-cieros de los propios productores, un programa de in-clusión financiera para beneficiarios de Oportunidades y Procampo (2 millones de personas), mediante un PATMIR-Agricola (BANSEFI-SAGARPA), que enfoca zonas rurales marginadas a través del ahorro, bancar-ización de subsidios y acceso al crédito.

5. Reforma a la banca de desarrollo, evitar duplicidades y eliminar concentración,

La más importante acción en esta reforma es definir la misión dela banca de desarrollo como inclusión económica y reducción de desigualdad con un enfoque de atención territorial en el país.

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La agricultura comercial de gran tamaño y las agro-em-presas deben ser financiadas por la banca comercial pues cuentan con garantías y el tamaño de su demanda puede ser cubierta a bajo costo; incluso por fuentes in-ternacionales.

5.1 FIRA debe limitar su operación con Bancos comerciales a no más de un 20% de sus operaciones y aumentar su operación con intermediarios finan-cieros rurales de Ahorro y Crédito de los propios productores, integrando mecanismos de integración financiera, acceso a garantías y asistencia técnica para capacidades de préstamo agrícola. En dos años FIRA debe canalizar 80% de su fondeo a través de Interme-diarios financieros rurales.

5.2 Financiera Nacional Agropecuariadebe concen-trar sus operaciones entre pequeños productores minifundistas, con una estrategia de penetración ter-ritorial y ampliando su presencia a través de interme-diarios financieros rurales que además de canalizar crédito ofrezcan servicios integrales de calidad a la población rural. No competir sino complementar y lograr coberturas territoriales superiores al 70% de las UPR de los territorios.

5.3 Si BANSEFI se dedicará a la población rural, debe integrar políticas de priorización al desarrollo de pro-ductos financieros para esa población, fomento de intermediarios financieros rurales integrados, nue-vas formas de redes financieras y de dar EL SIGUI-ENTE PASO en la bancarización de beneficiarios de oportunidades mediante esquemas transparentes de corporación SEDESOL-BANSEFI-SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES que promuevan acce-so permanente de servicios financieros a esas famili-as rurales. Es importante analizar la viabilidad de un BANCO DEL CAMPO con la fusión de BANSEFI Y FINANCIERA NACIONAL

6. Expansión de seguros agrícolas a los pequeños y me-dianos agricultores familiares, campesinos e indígenas minifundistas

Se requiere expandir mecanismos de expansión de los se-guro agrícolas,. Hoy concentrados en no más de 180 mil agricultores (de 3.7 millones), la expansión de la frontera de seguros se lograra con tres acciones complementarias:

I) Acceso el crédito a los pequeños productores;

II) Creación de Fondos de Aseguramiento Regionales o sectoriales y

III) Desarrollo de seguros paramétricos. Para ellos debe reorientarse el esquema de subsidios actuales para destinar al menos 30% del presupuesto a la creación de nuevos fondos de aseguramiento en regiones campesi-nas del sur.

También se requiere reforzar las innovaciones y el desarrollo de investigación para nuevos productos financieros de seguros paramétricos, multi-riesgos y catastróficos. Una vez que se ha perdido la infrae-structua de investigación se propone la creación de un Organismo Público-privado para este fin, con la participación del Gobierno-Fondos de Aseguramien-to-Empresas Aseguradoras y Universidades.

7. Creación de un Sistema Nacional de Garantías Recíprocas

La inmensa mayoría de campesinos minifundistas mexicanos no cuentan con garantías ni activos que sir-van de colateral. Por tanto debe buscarse nuevas solu-ciones de garantías no convencionales (usadas actual-mente por sociedades de ahorro y préstamo popular) y un Sistema Nacional de Garantías Recíprocas de servi-cio público amplio que otorgue protección a todo tipo de productores y sean accesibles a través de todo tipo de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Rompiendo la compartimentación actual defondos de garantías liquidas que distorsionan el mercado, encare-cen el crédito y sesgan hacia lo que mas tienen.

Este sistema se puede construir a partir del FEGA ac-tualmente en FIRA, asociando los grandes Fondos creados por SAGARPA en FIRA y Financiera Rural y estableciendo un esquema de inversiones graduales a 5-10 años en dos niveles de acceso.

8. Programa de fortalecimiento a intermediarios finan-cieros rurales.

8.1 Ampliar infraestructura financiera.- El énfasis más fuerte de la expansión de oficinas financieras para ofrecer servicios integrales de inclusión finan-ciera y de crédito productivo se logrará a través de un

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Programa Nacional de inclusión financiera (5 años) que se oriente a expandir intermediarios financieros rurales y ala creación de nuevos.

8.3 Intermediarios financieros de los productores. En la inclusión financiera pueden participar todo tipo de intermediarios, pero en el crédito productivo y financiamiento de cadenas de valor los organismos financieros más eficientes son aquellos formados por los propios productores que tienen vocación, cono-cimiento de la actividad y la suficiente proximidad social y física para controlar riesgos asociados.

8.4 Para construir intermediación financiera se requi-ere apoyo financiero del gobierno a la infraestructura de sucursales, equipamiento, sistemas de seguridad, traslado de valores, acceso a telecomunicaciones, for-mación de capacidades locales (capacitación y asis-tencia técnica), innovaciones financieras, integración financiera para limitar problemas de gobernabili-dad y creación de escala financiera, y una inversión sistemática para consolidar una amplia base de inter-mediarios financieros.

8.5 Fomento al ahorro y el crédito productivo requi-eren inversiones de asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento institucional; pero construye una am-plia base monetaria para reinvertir en zonas rurales, para lo cual es necesario fomentar desarrollo de mi-cro y pequeña empresa para actividades no agrícolas.

9. Construcción y desarrollo de Bienes Públicos. La formación y capacitación de personal especializado en zonas rurales a través de centros de formación, institu-tos regionales de micro finanzas, construcción de infor-mación y transparencia mediante un Buró de Crédito o Sociedad de Información y Crediticia para las micro finanzas y el crédito rural, que en asociación públi-co-privada ayude a limitar el sobre-endeudamiento; financiar estudios e investigaciones aplicadas para me-jorar servicios financieros, desarrollas redes de micro seguros rurales, diseño institucional, nuevas formas de supervisión e inspección; telecomunicaciones; desar-rollo de sistemas de corresponsales y medios de pago electrónicos para zonas remotas, entre otros temas.

10. Dar coherencia y complementariedad a los pro-gramas públicos de apoyo a las micro finanzas, donde las funciones y programas de PRONAFIM (FOMMUR,

FINAFIM), INAES, OPCIONES PRODUCTIVAS, ten-gan direccionalidad, complementariedad y establezcan coordinación entre ellas para tener reglas de operación únicas, prioridad a iniciativas sociales y reglas finan-cieras claras como limitación a tasas de interés (las microfinancieras subsidiadas en Pronafim por 10 años tienen tasas superiores al 80% anual y hasta 160% efec-tiva anual).

PROPUESTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS

1. Establecer una Política de Estado: Alimentación y Desarrollo Rural

El Derecho a la alimentación en la Constitución define también el derecho de trabajo y el de producción nacional de alimentos. La agricultura familiar por su vocación y funcionamiento está llamada a cumplir este mandato.

Para que la agricultura familiar produzca alimentos y con esto se logre la seguridad alimentaria nacional y además un grado importante de autosuficiencia alimentaria, las políticas públicas deben incidir en: precios, organización de productores, esquemas de extensionismo y asistencia técnica, almacenamiento y comercialización; subsidios al equipamiento y a la infraestructura productiva, entre otras cuestiones. Todas ellas inciden en la viabilidad del crédito productivo y en que las instituciones tengan una base firme para expandirlo.

La incertidumbre e inestabilidad en precios agrícolas de las dos décadas anteriores han incidido en el cierre de la oferta de crédito agropecuario, junto a la inexistencia de extensionismo agrícola masivo, organización de produc-tores y acceso a la tecnología

Es inviable construir un sistema de inclusión financiera con enfoque a los campesinos, sin establecer un mandato marco como el derecho a la alimentación y la producción nacional de alimentos que se asienta en el fomento de la agricultura familiar.

En esta parte se proponen básicamente dos aspectos:

1.1 Crear el Programa de Adquisición de Alimentos

Este programa sería de aplicación para todos los nive-

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les de gobierno en donde la producción excedente de alimentos de la agricultura familiar sea el abasto para tiendas DICONSA, los comedores comunitarios en la Cruzada contra el Hambre y otros comedores popu-lares; para el abasto de alimentos de las guarderías del IMSS, ISSSTE, albergues DIF y CDI, hospitales y clíni-cas de salud públicas, entre otras opciones de compra gubernamental.

Hoy día puede decirse que esto existe ya que existen procesos de licitación o proveeduría en los que no se limita la participación de pequeños proveedores. Sin embargo, siendo realistas, la economía familiar no accede a venderle al gobierno pues las condiciones para la participación en licitaciones públicas son inviables por su complejidad, la necesidad de contar con figuras jurídicas, entre muchas otras, por lo que la política de compra de alimentos debe ser de arriba hacia abajo con la reglamentación necesaria para que esto no se con-vierta en instrumento de corrupción y control político.

1.2 Reingeniería institucional y programática del PEC (Programa Especial Concurrente)

Reformular las vertientes, programas, presupuestos y establecer una estrategia para su aplicación con visión de desarrollo territorial.

La reingeniería del PEC implica varios aspectos:

1.2.1 Concentrar los recursos presupuestales en pocos programas, eliminando aquellos que tengan apoyos iguales para fines parecidos y que el PEC sea efectiva-mente concurrente con base en proyectos productivos integrales. Esto requiere dotar al PEC de multianuali-dad y de atención a todos los componentes de un mis-mo proyecto, de forma secuencial si es necesario, pero garantizando que la producción pueda darse en más de un ciclo, para esto se deben concatenar los apoyos semilla (adquisición de infraestructura, capital de tra-bajo) con aquellos que están diseñados para comercia-lizar, acopiar, almacenar, coberturas de precios, capa-citación, asistencia técnica, adopción tecnológica, etc.

1.2.2 Una estrategia de aproximación a las zonas rurales basados en la organización económica de productores y si no existe, crearla. Evitando que agencias de desa-rrollo rural/local (ADR, ADL) dirijan el desarrollo lo-cal y sean asignadas con base en cuotas políticas o ne-

gocios de funcionarios públicos. La organización cam-pesina bien puede articular los programas de apoyo con base en estrategias de desarrollo a nivel de agricultura familiar y mercados regionales. Esto significa ubicar la organización local o sectorial de agricultores familiares como eje de desarrollo en los programas públicos y a las ADRs/ADL y otras formas de apoyo técnico en acom-pañantes asignadas por los propios productores.

2. Reforma a la Banca de Desarrollo

El principal instrumento del Estado mexicano para inter-venir los mercados financieros rurales ha sido la banca de desarrollo. Son tres los bancos que inciden directamente en el financiamiento rural: FIRA, FINANCIERA NACIO-NAL y BANSEFI. Otros que inciden indirectamente son BANCOMEX y NAFINSA.

Tanto FIRA como Financiera Nacional reciben subsidios del gobierno cada año en el Presupuesto de Egresos. Am-bos son bancos especializados en crédito agrícola y muy superficialmente en crédito rural; actúan en el segundo y primer piso respectivamente, pero su enfoque teóri-camente complementario ha resultado en una concen-tración de crédito en las agro-empresas (incluso trasna-cionales), a los grandes y medianos agricultores, con una clara exclusión de agricultores familiares minifundistas.

A pesar de tener una banca de desarrollo moderna y sofis-ticada en términos de ingeniería financiera y tecnología de crédito, subsidio, coberturas, etc. y pese a que opera con recursos públicos; ésta no atiende al perfil de produc-tor mayoritario en nuestro país, es decir, no atiende a los pequeños productores, con minifundios, de agricultura familiar, en condiciones de pobreza y que no son ren-tables, justamente porque carecen de mecanismos para serlo.

Existe una gran falacia en los bancos de desarrollo al in-formar que están llegando “cada vez más” a los produc-tores de bajos ingresos, lo cual es falso y se tratará de de-mostrar esto a partir de la siguiente información:

No es creíble que FIRA esté incrementando el apoyo a productores de bajos ingresos cuando casi el 90% del descuento de FIRA se dio por medio de la banca comer-cial, la cual tiene un escaso 18% de cobertura en zonas rurales y en 2012 sólo canalizó el 9% del crédito rural!!!

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FINANCIERA RURAL. Por su parte, la Financiera Ru-ral no ha podido competir con FIRA y tampoco logra atender a la masa crítica de productores de bajos ingresos. Pero lo que sí está ocurriendo es que ambos bancos com-piten y se disputan a la misma clientela (productores con ingresos medios y altos),con garantías reales, con capaci-dad para acceder a fondos de garantía líquida, duplicando esfuerzos, apoyos y concentrando la riqueza rural, pues la política fiscal redistributiva a través de la banca de desa-rrollo, claramente no ha cumplido su papel.

Asimismo, la concentración de sus recursos en grandes agricultores y territorios del norte de mayor desarrollo es compartida por ambas instituciones. Tan sólo de forma icónica, el crédito a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los 3 Es-tados históricamente más pobres de México, recibieron en 2012, el 5.7% del crédito FIRA, mientras que Jalisco, Sinaloa y Chihuahua concentraron el 29% del crédito FIRA.

Finalmente, hay que reconocer también que la banca de desarrollo no tiene ni tendrá, en el corto o mediano

plazos, la capacidad para atender todo el mercado de fi-nanciamiento a la agricultura familiar y por ello se debe profundizar el sistema financiero con intermediarios fi-nancieros rurales que pueden y están en las regiones del público meta, tal como lo muestran las estadísticas, en las que se ve que el sector regulado de ahorro y crédito popular tiene capacidad para llegar a zonas en vías de desarrollo, en tanto que esquemas como las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMEs) o la Banca Múltiple, no son relevantes para satisfacer las necesidades de este mercado.

¿Debemos seguir canalizando el esfuerzo de la banca de desarrollo a productores de altos ingresos que tienen una alternativa de mercado y garantías, y debe seguir apoyan-do a la banca privada para que éstas sigan manteniendo ganancias de la intermediación sin incurrir en riesgo al-guno?

DOCUMENTO COMPLETO: http://bit.ly/1EJZ1rZ

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DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIOMANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES, DEFENSA DE LA BIODIVERSIDAD, SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS.

INTRODUCCIÓN

Los campesinos e indígenas del país somos forjadores y parte originaria de la Nación Mexicana. Cultivando cam-pos, abriendo caminos y fundando pueblos aportamos nuestra parte para construir nuestra economía. Con se-guridad podemos decir que, gran parte de la riqueza ma-terial, política, cultural y moral de México la han aportado nuestros pueblos. Históricamente nos hemos RECONO-CIDO EN LA LUCHA Y EN LA ADVERSIDAD Y CON RESPONSABILIDAD CUSTODIAMOS el territorio pa-trio. Con Hidalgo, Morelos y Guerrero conquistamos la independencia nacional; con el Presidente Juárez defendi-mos nuestra República y al lado de Zapata y Villa recon-quistamos nuestro derecho a la tierra.

En nuestro territorio vive nuestra cultura y subyacen nuestras raíces e identidad; en él se originan nuestros va-lores y la visión del mundo. A casi cien años de haberse promulgado la Ley Agraria en México, podemos decir que somos depositarios, poseedores y dueños de más del 50% del territorio nacional. Aunque más allá del terreno jurídico sabemos que nosotros pertenecemos a la Tierra y no que ella nos pertenece a nosotros. En estos territo-rios, de los que formamos parte, existen todo tipo de ya-cimientos, bosques, mantos acuíferos y más del 60% de la biodiversidad del país, por lo que estamos obligados a consérvarlos, mejorarlo y entregarlo a nuestros descen-dientes en mejores condiciones.

Somos Hijos del maíz y de una cadena alimentaria que ha mantenido usos, costumbres, Nación, familia e indivi-duos. Buscamos Soberanía en cantidad y calidad alimen-taria. Buscamos convivir en armonía con la Naturaleza, o como nostros la llamamos, con la Madre Tierra

Somos también producto de las luchas sociales que dieron nuestros antepasados indígenas, campesinos, jornaleros y peones que lograron nuestro reconocimiento constitucio-nal como mexicanos y nos dieron el derecho para acceder a un pedazo de tierra para trabajarla, cuidarla, comer de ella y dar de comer a nuestros hermanos. No nos olvida-

mos de las causas que originaron los repartos del latifun-dio, la concentración de la tierra, las haciendas, el trabajo forzado, las tiendas de raya, el trato de señor y peón. Por lo que siempre buscaremos el respeto a nuestros dere-chos constitucionales plasmados en el artículo 27.

Estamos al pendiente de los acontecimientos históricos, económicos y sociales y de los intentos de los Gober-nantes por acabar con el agrarismo Mexicano que sabe-mos iniciaron con el Presidente Miguel Alemán y con-tinuaron con la política anticampesina del Presidente Carlos Salinas de Gortari, periodo en el que se mercan-tilizó la tierra y se inició un nuevo ciclo de despojo, de acumulación de tierras y de formación de neolatifun-dios; se abrieron sin ninguna salvaguarda real las fron-teras comerciales con Estado Unidos de Norteamérica y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio y se dieron ventajas a los monopolios agroalimentarios, de carre-teras, de telecomunicaciones que aún prevalecen con consecuencias graves en dependencia alimentaria y con un incremento de constante de la pobreza y de pobres que en su mayoría se localizan en el campo.

La monarquía constitucional, ejecutiva y legislativa bus-ca hacer prevalecer ahora el interés privado por encima de todo interés público, violentando sin decoro derechos humanos y agrarios de los dueños de la tierra y sus recur-sos naturales. Esta monarquía se olvidó que somos parte originaria de la nación y del pacto social que dio origen a nuestra Constitución. Los campesinos e indígenas tam-bién somos parte de México y tenemos derecho a la tierra y nuestro territorio. Nuestra soberanía se ve amenazada por las empresas transnacionales y por el capital nacional y extranjero que solo busca su reproducción a costa de la destrucción de los recursos naturales y de los territorios de los pueblos.

El campo mexicano ha sido nuevamente quebrantado. El golpe más reciente lo asestó la reforma legislativa en ma-teria de energéticos. La Reforma Constitucional, aproba-da por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013 fue el ini-

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cio de la perdida de la soberanía nacional y la entrega de nuestros recursos a empresas nacionales y extranjeras y al capital privado. Por su parte, la legislación secunda-ria aprobada también por el Congreso de la Unión y promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal el 11 de agosto de 2014 dan cuenta de que otra vez los cam-pesinado e indígenas mexicanos, si no hacemos nada, seremos víctimas de un trato discriminatorio, a pesar de los convenios y tratados internacionales que ha firma-do el Gobierno Mexicano con otras naciones en materia de derechos humanos. Sabemos que la monarquía con-stitucional amenaza con despojarnos de nuestra tierra y territorio.

Las concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano, la construcción de proyectos y megaproyectos para la generación de energía y las concesiones y contra-tos que otorgara el Gobierno México a empresas transna-cionales para la exploración y explotación de hidrocar-buros y energía eléctrica sin Consulta ni Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas ni de las Comunidades Locales, dan cuenta que se avecina la devastación de los recursos naturales y la amenaza de despojo a pueblos originarios y a la población rural.

El escenario no puede ser más evidente de lo que se aveci-na, el proceso de reversión de la reforma agraria está en marcha. La aplicación de las nuevas normas energéticas es punta de lanza, misma que se cierne sobre el sector rural como una amenaza y puede tomar desprevenidos a propios y extraños.

Ante la adversidad la Unidad. De cara a tan sombrío panorama, el movimiento campesino e indígena vigo-rizará sus fuerzas, impulsará acciones informativas, de creación y fortalecimiento de conciencia, de incidencia y de resistencia que deben llevarnos al respeto pleno de nuestros derechos constitucionales. Juntos buscaremos que se respete nuestro derecho a la tierra que los aspectos culturales, ambientales y sociales sean también respeta-dos. Defenderemos nuestro derecho colectivo a la super-vivencia como pueblos y comunidades organizadas, bus-caremos mantener el control y manejo de nuestro hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su nuestra cultura y para llevar a cabo nuestros planes de vida.

En esta asamblea tu participación es la voz de la con-vención por lo que te proponemos abordar los temas en

el siguiente orden

A) Tierra y territorio en este capítulo haremos la difer-enciación conceptual, discutir y acordar sobre los temas señalados en nuestra mesa.

TIERRA Y TERRITORIO EN MEXICO

México cuenta con una superficie territorial de 1’964,375 Kilómetros cuadrados de los cuales 1, 959,248 se en-cuentra al interior del país y 5,127 en islas. La super-ficie de Propiedad Social (ejidos y comunidades) es de aproximadamente 100’126,699 hectáreas que repre-sentan el 51% del territorio nacional representada por 31,936 Núcleos agrarios constituidos legamente de los cuales 29,572 son ejidos y 2,364 son comunidades in-dígenas reconocidas en manos de aproximadamente 5,304,195 sujetos agrarios.

En un país con historia como la de México, la tierra es más que un factor de producción, es un elemento de identidad cultural y con un alto porcentaje de biodiver-sidad, el 60% de esta se localiza en los ejidos y comuni-dades del país.

El reparto agrario iniciado por los gobiernos de la revo-lución mexicana, respondió a la idea de la distribución y desmantelamiento del latifundio y la gran propiedad agraria. Las características legales que tenía las tierras a su entrega y/o reconocimiento, antes de las modifica-ciones al artículo 27 de la constitución en 1992, fueron las siguientes: Inalienables, Imprescriptibles, Inembar-gables, no se podían embargar y dejaban de usufruc-tuarse por sus titulares sí éstos las dejaban de trabajar por más de dos años consecutivos entre otros.

La política agraria revolucionaria tuvo tres pilares cen-trales de acción:

a) La restitución de tierras a pobladores originarios in-dígenas, es decir, a las comunidades indígenas despo-jadas durante la conquista, colonia y periodo indepen-diente.

b) La dotación agraria, es decir, la entrega de tierras a campesinos solicitantes y sus familias.

c) La ampliación de tierras, es decir, la entrega de nue-vas tierras a quienes poseyeran.

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Oficialmente se aceptó que en 1992 hubo un gran giro: las reformas al artículo 27 constitucional anunciaron el fin del reparto y de las restricciones mayores en los dere-chos de los campesinos. No habría más órganos ni pro-cedimientos políticos para zanjar litigios agrarios, sino instancias y procesos jurisdiccionales.

La evolución histórica asociada a la reforma agraria ini-ciada en 1910 y prolongada por muchas épocas, ha consti-tuido dos grandes sectores de propiedad privada 36%, y el resto bajo otras formas de propiedad. Así hay variadas for-mas de cesión de la tierra ejidal mediante arrendamiento, aparcería, préstamo. Entre otras formas. Se estima que el 29% de la tierra se encuentra bajo estas modalidades de cesión formal e informal de la tierra, con vínculos entre pequeños propietarios y medianas y grandes empresas.

En torno al maíz, por ejemplo, en uno de los estados más productores, se estima que el 70% de la producción pro-viene de un grupo reducido de empresarios que no son dueños de la tierra, la arriendan, pero si son dueños de la maquinaria y del capital de trabajo (en parte obtenido mediante préstamos)

Por otra parte, los pequeños y medianos pobladores ru-rales, en términos de dotación de recursos, se encargan de la producción directa, y las empresas procesadoras y comercializadoras, con buena presencia de capital exter-no, tienen un peso considerable, como el caso de Nestlé en el café donde la producción es de pequeños produc-tores, y hay fuerte presencia de capitales procesadores y comercializadores, como ella.

Finalmente, se registra un proceso de compraventa de tierras, pero ese mercado no necesariamente se vincula a la actividad agrícola, sino a los procesos de urbanización y turismo.

LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

En 2011 el Congreso de la Unión reformo la constitucio-nal en materia de derechos humanos en el que se esta-blece el reconocimiento de los derechos humanos en la constitución destacando de ésta la disposición de su artí-culo primero, la cual establece:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se inter-pretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y ga-rantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-lidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexi-canos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por ori-gen étnico o nacional, el género, la edad, las discapaci-dades, la condición social, las condiciones de salud, la re-ligión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad huma-na y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

COMO SE DEFINE EL CONCEPTO DE TIERRA Y TERRITORIO EN EL DERECHO INTERNACIONAL

El derecho internacional distingue entre las nociones de “tierra” y “territorio” para evidenciar la diferencia entre un espacio físico o geográfico determinado (la porción de tierra en sí) y la reproducción o manifestación de la vida cultural asociada a ese espacio. Esa vida cultural se expresa a través de distintas pautas culturales ligadas con formas de uso de la tierra y sus recursos, lazos ceremo-niales y espirituales y múltiples maneras de ser y concebir el hábitat y el mundo. Con la noción de territorio no se protege un valor económico sino el valor de la vida en general y de la vida cultural en particular.

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El SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ha desempeñado un rol de singular trascen-dencia para comprender la situación actual de los pue-blos indígenas en el continente americano. La labor de sus dos órganos principales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han sido fundamen-tales para desarrollar una doctrina judicial aplicable a los pueblos indígenas y para dotar de contenido normativo a los derechos indígenas, en especial, al derecho a la tierra y al territorio.

ACCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En 1981, en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República de Colombia, se ocupó de las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas colombianas que incluían cap-turas masivas, controles abusivos y el desplazamiento de ciudadanos en las áreas rurales. En este caso, la CIDH le recomendó a Colombia agilizar la adopción de medidas legislativas orientadas a promover mejores condiciones de vida y desarrollo para las comunidades indígenas, com-patibles con la dignidad humana.

En el año 1985, la CIDH recomendó que el gobierno de Brasil estableciera y demarcara las fronteras del Parque Yanomami en el Bosque Amazónico tras determinar que la autorización para explotar los recursos del subsuelo de territorios indígenas había originado numerosas viola-ciones a los derechos humanos de estas comunidades.

Desde 1990, la CIDH viene otorgando diversas medidas cautelares a favor de los pueblos indígenas cuando verifica que existe un riesgo para la vida o integridad de una per-sona o cuando se encuentra amenazada la supervivencia de un pueblo o comunidad indígena a raíz de actividades mineras, madereras u otras de similar naturaleza.

EN EL CASO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERE-CHOS HUMANOS

La Corte cuenta con varias sentencias en las que se ex-pidió sobre los derechos de los pueblos indígenas relacio-nadas con el derecho a la tierra y al territorio, se cita la del caso de la Comunidad Indígena Mayagna Sumo de Awas Tigni c/ Nicaragua del año 2001 por su precedente.

La Comunidad Awas Tigni se demandó al Estado de Nica-ragua por haber violado el derecho de la comunidad indí-gena a la propiedad de sus tierras tradicionales al otorgar una concesión forestal a una compañía maderera coreana sobre sus tierras. A partir de este caso se delinearon los siguientes criterios fundamentales:

1. El Pacto de San José de Costa Rica no puede tutelar sólo la propiedad privada, por lo que también consagra el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

2. El derecho a la tierra y al territorio es un derecho colectivo: el derecho a la posesión y propiedad comu-nitaria de las tierras no es un derecho que ejerce cada miembro de una comunidad indígena de manera indi-vidual sino que, por el contrario, es un derecho cuyo titular es la comunidad en su conjunto.

3. Los pueblos y comunidades indígenas mantienen un vínculo especial con la tierra que define su propia existencia como grupo pues “para las comunidades in-dígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitir-lo a las generaciones futuras”.

4. Los pueblos y comunidades tienen derecho a los re-cursos naturales “que han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desar-rollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo”.

LAS CONCESIONES MINERAS

IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA SOBRE LA CAN-TIDAD Y CALIDAD DEL AGUA EN LAS TIERRAS Y TERRITO-RIOS

El agua puede ser llevada más allá desde lugares a muchos kilómetros lejos de las minas, para abastecer las diversas

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necesidades de procesamiento de minerales, agua potable, supresión de polvos, etc. Tales desviaciones son la causa de una verdadera competencia con otros sectores de la sociedad por el recurso agua, reduciendo los suministros a pueblos, ciudades y grupos indígenas; además, pueden crear impactos negativos en lagos o salares debido a la re-ducción de los niveles de agua o del afloramiento de agua dulce, y podría dañar flora y fauna silvestre local.

El agotamiento del agua asociado a la apertura de futu-ras minas, inevitablemente reduce el nivel local y a veces regional del agua. Esto puede causar la sequía de los afluentes y reducir el nivel del agua en pozos vecinos. Esto último aumenta los costos de bombeo de agua hacia la superficie para los afectados o podría forzarlos a per-forar nuevamente y profundizar los pozos.

La reducción de vertientes y riachuelos puede afectar el uso de agua para el ganado y la vida silvestre nativa, así como los usos municipales y domésticos de agua. El agotamiento se detiene cuando lo hace la minería, pero los niveles de agua podrían requerir de muchos años para volver a su estado original (o casi original).

Impactos mineros sobre la calidad del agua

El procesamiento de minerales produce una cantidad de residuos y productos que pueden causar la contaminación del agua. Además, la infraestructura que debe ser cons-truida para apoyar una operación minera y sus opera-ciones de procesamiento, genera residuos de alcantarilla-dos, de tratamiento de aguas, aceites, petróleo, combusti-bles diésel, etc.

La minería rompe y comprime la roca, creando nuevos túneles para que el oxígeno, aire y microbios, reaccionen con los minerales. En consecuencia las rocas pueden generar ácido, movilizando muchos otros constituyentes químicos, los que podrían contaminar cuerpos de agua por décadas o incluso cientos de años después del cierre de la mina. Incluso el uso de explosivos aumenta las con-centraciones de nitrato y amoníaco, provocando el incre-mento de la contaminación de cuerpos de agua.

La roca residual a menudo contiene concentraciones el-evadas de sulfatos, metales tóxicos, no-metales, y compo-nentes radioactivos. Dicha roca generalmente se desecha en montones en la superficie del suelo al borde de los ta-

jos o fuera de las obras. Muchos contaminantes se pueden filtrar de estos montones de desecho, contaminando las aguas superficiales y subterráneas.

El procesamiento del mineral generalmente requiere de tratamientos químicos para remover los metales pesa-dos. Estos metales a menudo son filtrados directamente del mineral usando ácidos fuertes. De otro modo, los minerales sufren un proceso de molienda que implica compresión, adición de diversos químicos, combinado con procesos de separación física que producen residuos llamados relaves.

Muchos de los procesos implican la implementación de infraestructura que requiera de mantención a largo pla-zo, para prevenir el deterioro y la seria contaminación: tanques de relave (con o sin sellados), filtraciones, pilas de sedimentos de rocas (con o sin tapas), equipos de des-vío/ bombeo/ filtración, áreas de revegetación, sistemas de tratamiento “pasivos”, etc.

Estos impactos se podrían describir como daños al: abas-tecimiento de agua para usos domésticos y municipales, usos en la ganadería y agricultura - en situaciones donde las filtraciones pueden impactar huertos o viñas -, la sa-lud de las personas, la pesquería y vida acuáticas, y usos industriales de agua. Tales daños también pueden tener impactos indirectos en los aspectos sociales, educaciona-les y turísticos de una economía.

Impactos mineros sobre aire y suelos

Las variadas actividades mineras y de construcción aso-ciadas, movilizan grandes cantidades de partículas de polvo. Estas pueden producir impactos negativos debido tanto a su naturaleza física como química. Tales impactos incluyen:

• Reducción de la visibilidad, esmog y neblina.

• Impactos estéticos sobre casas, autos y vestimenta; decoloración y erosión de edificios debido a la presen-cia de ácidos

• Impactos en la salud de la población, la cual puede sufrir enfermedades respiratorias y alergias, erupciones en la piel, reacciones tóxicas debido a contaminantes aéreos, entre otros.

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• Daños a la vegetación- jardines, cultivos comerciales, viñas- lo que podría afectar a los cultivos, dejándolos potencialmente en calidad de tóxicos para el consumo humano y animal.

• Impactos en la salud que podrían resultar del con-sumo de alimentos contaminados que fueron cul-tivados en tierras contaminadas.

• Corrosión de metales; daños a equipo y entorpec-imiento operacional.

Impactos mineros sobre aspectos sociales y culturales

El desarrollo de la actividad minera provoca un flujo de trabajadores y sus familias hacia áreas que, a menudo, es-taban escasamente pobladas. Esto es seguido por el desa-rrollo de empresas e instalaciones de apoyo que causan un gran aumento en la actividad económica y demanda de todos los recursos- lo cual con frecuencia es considerado como algo positivo. Algunos de los impactos potencial-mente negativos más comunes son:

• Presión sobre los gobiernos locales y la infraestruc-tura educacional

• Aumento de delitos

• Aumento de tránsito por caminos locales, congestión, accidentes

• Aumento en costos de mantención de caminos

• Inflación respecto de costos de bienes, trabajo, propie-dad, e impuestos

• Gran aumento en los costos del agua

• Impactos potencialmente negativos sobre el turismo

• Impactos en áreas o actividades que son importantes o sagradas para grupos indígenas

A manera de conclusiones podemos decir que, tradicio-nalmente, los estudios de impacto minero no han con-siderado la evaluación de los costos de dichos impactos. Como resultado, muchos de estos costos han sido “sub-

sidiados” por los contribuyentes o los ciudadanos locales. A fin de asegurar de que “el que contamine, pague” por impactos ambientales de largo plazo derivados de activi-dades mineras, el valor económico de los recursos necesita ser incluido en estudios de análisis de impactos. Dado los conflictos de interés inherentes, dichas evaluaciones de-berían ser realizadas por científicos y economistas “inde-pendientes” y no simplemente por profesionales contrata-dos por las mismas empresas mineras o sus prestamistas. Además, estos estudios tendrían que considerar impactos de largo plazo que pueden no aparecer hasta muchos años después del cierre de la mina- tal como ocurre con la con-taminación del agua. Se deben considerar valores reales de mercado para el agua y otros recursos y no los costos artificiales. Si dichos análisis económicos son conducidos de manera correcta y conservativa, entonces los legisla-dores podrán requerir que las empresas entreguen algún tipo de seguro financiero adecuado, como una fianza, o bien un seguro por daño ambiental para cubrir estos cos-tos anticipados.

En síntesis podemos mencionar que la secretaria de Economía a otorgado 64 concesiones mineras por mes y ha expedido un total de 644 nuevos títulos de concesión entre septiembre de 2013 y junio de 2014.

Con ello, cerró el primer semestre del año con 25 mil 566 títulos mineros vigentes que en conjunto abarcan 25.7 millones de hectáreas, lo que equivale a 12.85 por ciento del territorio nacional.

En promedio cada concesión minera cuenta con mil 5 hectáreas, es decir 10.5 kilómetros cuadrados, y la SE de-staca que ha reducido a 140 días el tiempo de respuesta a una solicitud de concesión.

Los estados donde se concentra la mayor cantidad de con-cesiones mineras son:

SONORA, 4,430; DURANGO, 3,555; CHIHUAHUA, 3,394; ZACATECAS 2,392; COAHUILA, 1,968; JALIS-CO 1,441; RESTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 8,386.

RIESGOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA EN TIERRA Y TER-RITIRIOS NACIONALES.

1. Riesgos financieros, geológicos y ambientales en las

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actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural.

2. Incremento de la corrupción en el sector energético, ante la ausencia de órganos autónomos reguladores de las actividades de exploración y explotación.

3. Violación a derechos humanos individuales y colecti-vos por la ausencia de reglamentación y participación de la sociedad en el establecimiento de proyectos en lo social y ambiental.

Petróleos Mexicanos ha explorado el territorio mexica-no y definido las principales provincias con potencial petrolífero, habiendo establecido producción comercial y con reservas de hidrocarburos en seis de ellas: Sabi-nas-Burro Picachos, Esta provincia se ubica en el noreste de México y abarca parte de los estados de Coahuila y Nuevo León. Limita al sur con las Provincias Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental, Parras – La Popa y Plataforma de Coahuila, al occidente con Chihuahua, al oriente y norte con los EUA, incluye la Plataforma del Burro Picachos.

La provincia es productora principalmente de gas seco no asociado. Las rocas generadoras corresponden a la For-mación La Casita del Tithoniano y los hidrocarburos se encuentran almacenados en rocas del Jurásico Superior y Cretácico Inferior en trampas estructurales laramídicas.

Los campos más importantes son Monclova-Buena Su-erte, Pirineo, Merced, Forastero, Lampazos y Minero. La producción acumulada y reservas 3P están incluidas en la Provincia Petrolera Burgos. Los recursos prospectivos tienen una media de 0.4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce) al 2013.

Burgos, La Provincia Petrolera Burgos, considerada como la principal cuenca productora de gas no asociado en el país, está localizada en el noreste de México, ubi-cada en el norte de los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Se extiende al norte hacia EUA donde se le conoce como Cuenca del Río Grande, limita al oeste con las pro-vincias Alto de Tamaulipas y Plataforma Burro Picachos, al oriente con la Provincia Salina del Bravo, al sur con Tampico-Misantla. Geográficamente, cubre una superfi-cie aproximada de 110,000 km2 y la actividad se centra en un área de 30,000 km2. Esta provincia es la principal productora de gas no asociado en el país. Las rocas ge-

neradoras corresponden principalmente a litologías ar-cillo-calcáreas del Tithoniano y lutitas del Paleógeno. Los hidrocarburos se encuentran almacenados en areniscas interestratificadas del Paleógeno en trampas anticlinales tipo “roll-over” y cierres contra falla.

Los campos más importantes son Reynosa, Monterrey, Cuitláhuac, Arcabuz, Culebra, Arcos, Pandura, Corindón, Fundador y Enlace entre otros. La producción acumulada es de más de 2.4 MMMbpce y las reservas 3P son de 0.8 MMMbpce, al 1° de enero de 2013. (Estas reservas inclu-yen a la Provincia Sabinas-Burro-Picachos). Los recursos prospectivos evaluados en la provincia tienen una media de 2.9 MMMbpce al 2013.

Tampico-Misantla, La Provincia Petrolera Tampico-Mi-santla (PPTM), se ubica en la margen centro-oriental de México y comprende desde el extremo sur del Estado de Tamaulipas hasta la parte central de Veracruz, las por-ciones orientales de los estados de San Luis Potosí, Hi-dalgo, Norte de Puebla y occidente del Golfo de México hasta la isobata de 200 m. Limita al norte con las provin-cias Burgos y Alto de Tamaulipas, al sur con el Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental y la Faja Volcánica Transmexicana, al occidente con la Plataforma Valles-San Luis Potosí y el Cinturón Plegado de la Sierra Madre Ori-ental y al oriente con el Cinturón Extensional Quetzal-cóatl.

La Provincia Petrolera Tampico-Misantla es productora principalmente de aceite. Las rocas generadoras son lu-titas carbonosas del Jurásico Inferior- Medio; mudstone calcáreo arcilloso y lutitas del Oxfordiano, Kimmeridgia-no y Tithoniano, siendo el último el más importante.

Los hidrocarburos se encuentran almacenados en calizas y areniscas del Jurásico Medio, calizas oolíticas del Kimmeridgiano, calizas arrecifales y de talud arrecifal del Cretácico Medio, calizas fracturadas del Cretácico Supe-rior y las areniscas del Paleoceno-Eoceno y Neógeno. Las trampas son de tipo estructural, estratigráficas y combi-nadas asociadas a altos de basamento.

Los campos más importantes son Poza Rica, Arenque, Tamaulipas-Constituciones y Chicontepec. Por su pro-ducción los campos más importantes son los del Jurási-co Superior y Cretácico Medio con casi el 50% de los 6.5 MMMbpce acumulados y por sus reservas, el más impor-tante, es el del Paleoceno-Eoceno con el 88% de los 17.4 MMMbpce; cabe mencionar que el Cretácico Medio aún

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posee el 5% de las reservas de hidrocarburos en la provin-cia, sin considerar el aceite remanente no recuperado por los métodos tradicionales de explotación, al 1° de enero de 2013. Los recursos prospectivos evaluados en la pro-vincia tienen una media de 2.5 MMMbpce al 2013.

Además de las de Veracruz, Sureste y Golfo de México Profundo. Adicionalmente, se tienen identificadas seis provincias con potencial petrolífero de potencial me-dio-bajo que incluyen la Plataforma de Yucatán, Cinturón Plegado de Chiapas, Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental, Chihuahua, Golfo de California y Vizcaíno-La Purísima-Iray.

EJIDOS Y COMUNIDADES QUE SERAN ACOSADOS PARA EL ESTABLECIMINETO DE PROYECTSO DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD

E s t a d o E j i d o s C o m u n i d a d e s T o t a l Aguascalientes 15 3 18 Baja California 15 2 17 Baja California Sur 14 0 14 Campeche 7 0 7 Coahuila 95 0 95 Colima 20 0 20 Chiapas 64 6 70 Chihuahua 33 0 33 Distrito Federal 5 2 7 Durango 30 2 32 Guanajuato 20 0 20 Guerrero 32 7 39 Hidalgo 11 0 11 Jalisco 18 2 20 México 206 17 223 Michoacán 556 16 572 Morelos 15 1 16 Nayarit 0 5 5 Nuevo León 140 3 143 Oaxaca 61 32 93 Puebla 9 1 10 Querétaro 17 4 21 Quintana Roo 0 0 10 San Luis Potosí 126 1 127 Sinaloa 1 0 1 Sonora 12 0 12 Tabasco 117 1 118 Tamaulipas 1,391 4 1,395 Tlaxcala 0 0 0 Veracruz 307 12 319 Yucatán 60 0 60 Zacatecas 6 0 6

Totales 3,403 121 3,524

Propuestas de Política Pública en materia de Manejo de Recursos Naturales

I. Incorporar a la Política en materia de Cambio Climáti-co la visión de las comunidades campesinas y de los Pue-blos Indígenas a través de la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; de la incor-poración de una representación campesina e indígena al Consejo nacional de Cambio Climático; de la revisión de la propuesta de Estrategia Nacional sobre Reducción de Emi-siones por Deforestación y Degradación (ENAREDD+) y de la revisión y reorientación de los financiamien-tos internacionales en la materia, entre otras medidas.

A. Revisión de la Estrategia Nacional de Cambio Climáti-co con el fin de enriquecer y actualizar este documento con las aportaciones de las Organizaciones Campesinas e Indígenas y dar cumplimiento de los llamados Acuerdos de Cancún suscritos en México durante la Conferencia de las Partes número 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en lo que se refiere a:

Respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las co-munidades locales, tomando en consideración las obligaciones internacionales pertinentes, circun-stancias y la legislación nacionales, y teniendo pre-sente que la Asamblea General de las Naciones Uni-das ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;

Participación plena y efectiva de los actores interesa-dos, en particular los pueblos indígenas y las comu-nidades locales. Lo anterior en virtud de que el Go-bierno Mexicano no ha establecido ningún proceso de comunicación ni consulta de manera amplia e inclu-yente con las organizaciones representativas de pueb-los indígenas ni comunidades locales (campesinas).

B. Garantizar la participación Campesina e Indígena en el Consejo Nacional de Cambio Climático incorporarán al mis-mo cuatro representantes por parte de las Organizaciones campesinas y cuatro por parte de Organizaciones Indígenas.

C. La revisión del borrador de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degra-dación (ENA-REDD+ ó ENA-REDD “plus”), elabora-da por el Gobierno Mexicano con el fin de asegurar el

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respeto de los Derechos de Pueblos Indígenas y Comuni-dades Locales en materia de Participación Plena y Efecti-va; Derechos de propiedad y Distribución de Beneficios sobre el Carbono Forestal en todas sus modalidades; Im-plementación de Sistemas de Salvaguardas sociales y Am-bientales; Diseño de los Sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de manera accesible en cuanto a apropiación y costos; Transparencia e Inclusión en Materia de Acciones Tempranas REDD+; Impulso a un Mercado Justo de Carbono Forestal; Diseño de Esquemas de Finan-ciamiento abiertos a la participación amplia de las orga-nizaciones campesinas e indígenas de todas las regiones forestales de México y evitar el “secuestro de beneficios” por parte de intermediarios, entre otros temas de interés.

D. Revisar y acordar junto con el gobierno la reorient-ación del Paquete de Financiamiento en materia de Bosques y Cambio Climático suscrito entre México y el Banco Mundial para el establecimiento del Fondo Mexi-cano Verde que impulse proyectos de buen manejo de re-cursos naturales de manera transparente y a nivel estatal y nacional y que no sea exclusivamente en unos cuantos proyectos escogidos de manera poco incluyente como “Acciones Tempranas REDD+” y que impulse un esque-ma de Pagos por Servicios Ambientales que sea compati-ble con el manejo y aprovechamiento forestal sustentable.

II. Implementación inmediata de la Estrategia Na-cional de Manejo Sustentable de Tierras (ENA-MST) con la publicación del Programa Nacional de Manejo Sustentable de Tierras o de Lucha contra la Desertifi-cación y la Sequía correspondiente, asignando el pre-supuesto necesario y estableciendo una Agencia dedi-cada al tema, lo cual no necesariamente implica crear una nueva dependencia sino reorientando las funciones de una dependencia como la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA). Actualmente el punto fo-cal gubernamental es la CONAFOR, pero su manda-to le limita a actuar en tierras consideradas forestales.

La degradación de tierras es determinante para la pro-ducción agrícola, la pobreza rural, la alimentación y las cuencas. Alcanza 2/3 del territorio, cuesta 7.4% del PIB. La gestión se hace dispersa entre instancias de bajo perfil en SAGARPA, SEMARNAT y CONAFOR.

México es el primer país que firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación; la Red Mex-

icana contra la Desertificación (RIOD) se dedica a este tema. Desde 1996 se ha trabajado un marco normati-vo, con disposiciones en la LDRS y varias NOM; existe el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación (SINADES), encuadrado en el Consejo Mexicano y coor-dinado en la SEMARNAT. El SINADES generó la Estrate-gia Nacional para el Manejo Sustentable de las Tierras y existe un proyecto de Programa; en los dos han partic-ipado organizaciones campesinas y de la sociedad civil.

III. La revisión y reorientación de la Política de Conservación de la Biodiversidad y de Áreas Natu-rales Protegidas y de Pago por Servicios Ambien-tales, bajo el principio del respeto al derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas a usar sustentablemente sus recursos o medios de vida.

La reorientación de la política de Áreas Naturales Protegi-das (ANP´s) bajo el respeto a este derecho implica la pu-blicación de un decreto presidencial que derogue todas las disposiciones que sean violatorias al mismo y modifique los decretos de creación de las ANP´s para establecer nue-vas disposiciones en materia de uso y manejo sustentable de los recursos naturales mediante la participación am-plia y efectiva de los pueblos indígenas y de las comuni-dades campesinas, las cuales deberán ser escuchadas bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado.

Para garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades Campesinas se integrará una represen-tación de dos integrantes por bloque de organizaciones al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

IV. Incorporar a la Política en materia de Biodiversidad la visión de los Pueblos Indígenas y Comunidades Cam-pesinas

El establecimiento de un régimen especial de protección de la agrobiodiversidad y en especial del maíz, prohibien-do la siembra comercial de maíz transgénicos.

V. Impulso del Acuerdo Nacional por la Legalidad For-estal que incentive la producción, consumo, transporte, transformación y comercialización legal de productos forestales y constituya una alternativa para el mercado ilegal de madera y otros productos.

F. Diseño conjunto organizaciones entre organizaciones

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Campesinas, Indígenas y el Gobierno Federal de un Acuer-do Nacional por la Legalidad Forestal y para establecer un Mercado Justo de Carbono; que incentive la producción, consumo, transporte, transformación y comercialización legal de productos forestales y constituya una alternati-va para el mercado ilegal de madera y otros productos.

El Acuerdo Nacional por la Legalidad Forestal se suscri-birá entre el Gobierno federal y las Organizaciones Cam-pesinas e Indígenas y podrá invitarse a participar a Gobi-ernos Estatales; al Gobierno del Distrito Federal y a otros actores como la iniciativa privada, las ONG`s, entre otros.VI. Expedición de un Decreto para la creación de un

Sistema Nacional de Salvaguardas Campesinas, Indígenas y Ambientales en materia de proyectos de Carbono For-estal, Minería, Hidroeléctricos y en general de aquellos que representen un riesgo para la población rural y el me-dio ambiente;

VII. Expedición de un Decreto para la creación de un Protocolo de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado para Pueblos Indígenas y Comunidades Lo-cales bajo el principio de Participación Plena y Efectiva, aplicable a todo proyecto o política en el que se presu-man riesgos ambientales o sociales para estos sectores de la población.

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POLÍTICA SOCIALEQUIDAD, DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

INTRODUCCIÓN

Debatir la política social mexicana del siglo XXI requiere conocer el origen de dichas políticas públicas; pasa, nece-sariamente, por caracterizar al modelo económico neoli-beral impuesto desde los años 80s y la desigualdad que ha generado; también es necesario describir los datos rele-vantes relativos a la pobreza en el país y –de manera – sig-nificativa- en el sector rural. De manera crítica se aborda el perfil de los programas sociales que ejecuta el gobierno mexicano y sus fines de control político en beneficio de las minorías privilegiadas; finalmente, se indican una serie de propuestas programáticas incluyentes y con perspectiva de género mismas que, sin duda, serán enriquecidas por los delegados a esta Convención en pro de la unidad de principios y acción del movimiento campesino mexicano independiente.

Breves consideraciones teóricas sobre la política social

La política social es una estrategia de Estado que tiene múltiples fines económicos, sociales y políticos. Es una disciplina científica y política dedicada a aplicar diversas teorías con el fin de intervenir públicamente para enfren-tar las consecuencias materiales y sociales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas industri-alizadas, y urbanizadas, pero también del ámbito rural.

Como actividad gubernamental su misión fundamental debe ser atender los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social, bienestar social y orden social; representa una modalidad de la política general de gobierno, retomando algunas de las propuestas pro-gramáticas de los partidos políticos y de la actividad de las organizaciones sociales y demás grupos de presión; en México se opera mediante un sistema de políticas públi-cas que tienen su fundamento en la Constitución Gene-ral de la República y en la legislación secundaria federal y otros ordenamientos locales.

Los antecedentes los encontramos en la SozialPolitik ger-mana y el Welfare State anglosajón. La primera surgió

desde Alemania (Gustav Schmoller) como medio estatal de intervención en la economía (“moralización”) regu-lando las formas de asistencia y protección del trabajador contratado (por ello iba ligado al mundo del derecho del trabajo y de las relaciones laborales). La segunda, en ple-no debate actual, nació en Inglaterra de la mano de Lord Beveridge, durante la II Guerra mundial, como realización de un Estado social capaz de cuidar al ciu-dadano desde la “cuna a la tumba”. En pleno siglo XX se transitó en toda Europa occidental, si bien con amplias y actuales diferencias nacionales, de los “derechos la-borales” como objeto principal de la política social, a los “derechos de ciudadanía” como meta de esta ciencia y actividad.

El Estado del Bienestar (Welfare State) es la última y ac-tual modalidad de la política social. Desarrolla la noción de “Estado social” del modelo anterior mediante la in-tervención directa del Estado en la satisfacción objetiva (cuantitativa) o subjetiva (cualitativa) de las necesidades ciudadanas, en función de la ideología dominante del partido político gobernante. Mediando entre economía liberal (a través de la intervención pública) y la demo-cracia de partidos (el llamado “consenso socialdemócra-ta”), este Estado constitucionaliza los derechos sociales de ciudadanía, reconociendo públicamente, por ello, la protección social frente a los efectos de la desigualdad social y los desequilibrios sociales del mercado.

La política social tiene una gran influencia de las teorías económicas de J.M. Keynes en la resolución de los de-nominados problemas sociales o asuntos sociales (que en el siglo XIX y primera mitad del XX recibieron la de-nominación de “cuestión social” (los problemas genera-dos en las clases bajas por las transformaciones sociales derivadas del paso de la sociedad preindustrial a la socie-dad industrial); mientras que desde la segunda mitad del XX se les añaden los derivados del paso de la sociedad industrial a la sociedad posindustrial). Como plan-teamiento proactivo, busca el progreso social utili-zando la estructura estatal: sistema de salud universal, educación gratuita, servicios sociales y política laboral en pos del pleno empleo.

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Las necesidades sociales que suelen considerarse para diseñar una política social son: alimentación y sub-sistencia, salud y servicios sanitarios, educación, au-tonomía-integración y servicios sociales, seguridad, vivienda, sostenibilidad medioambiental, seguridad y cohesión social. A cada una de estas necesidades corres-ponde un ámbito sectorial, y un pilar, un sistema, dentro de la política social.

La política social como ciencia normativa es un área de conocimiento inter y multidisciplinaria y aplicada que tiene como objetivo el estudio de la realidad social para la acción política, explicando los orígenes y soluciones (posibles) de las “fracturas sociales” de las comunidades desarrolladas y de los medios para alcanzar los tres grandes fines constitutivos: Justicia, Bienestar y Orden social.

El objetivo real de la política social en México se basa en la pretensión del régimen en sostener a capa y espa-da el modelo neoliberal, mismo que a más de 30 años de implantado tiene un saldo negativo reconocido por el propio gobierno priista, en palabras de la Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga:

“ A pesar de los importantes avances que ha experimen-tado el país en los últimos años, 53.3 millones de per-sonas se hallaban en situación de pobreza en 2012; de ellas, 11.5 millones en pobreza extrema que no cuentan con un ingreso mínimo y carecen de servicios y satisfac-tores fundamentales para su calidad de vida tales como salud, seguridad social y alimentación. Adicionalmente, México enfrenta una persistente desigualdad que se ve reflejada en brechas como las que existen entre hombres y mujeres, entre zonas urbanas y rurales, y entre la po-blación indígena y no indígena.”

Desigualdad

El efecto más notable de la política social neoliberal es la profundización de la desigualdad. Para Rosseau, el ori-gen de la desigualdad estaba en la constitución de la ley y del derecho de propiedad generando en los hombres el deseo de posesión. La desigualdad se encuentra en to-das las zonas del planeta, pero se acentúa en los países que han tenido un desarrollo histórico en el marco del colonialismo y la dependencia, lo cual ha tenido como resultado la sobre explotación de los recursos naturales,

la fuerza de trabajo no calificada y el control de los circu-itos económicos por parte de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros mecanismos jurídico-políticos en un contexto de globalización.

Las formas más extremas de la desigualdad social to-man la forma de opresión en distintos aspectos. El indi-viduo se ve oprimido de formas múltiples: desigualdad económica, desigualdad política, desigualdad religiosa, y desigualdad cultural.

Asevera Clara Jusidman: “La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más com-pleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifies¬ta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población, y determina trayectorias laborales y educati-vas que profundizan estas distancias.”

De Acuerdo a la citada autora, para analizar el origen de la desigualdad los especialistas ponen a debate dife-rentes enfoques: el primero parte de teorías individualis-tas simplemente describen la distribución de recursos y capacidades entre las personas; uno más llamada inter-accionista resaltan las pautas de relaciones e inter-cambios desiguales; los enfoques holísticos subrayan el carácter asimétrico de las estructuras sociales. Apoyándose en Eric Wolf, Luis Reygadas sostiene que la desigualdad es un fenómeno ligado de las relaciones de poder.

Caracterización del modelo económico

El Estado Mexicano forma parte del circuito capitalista neoliberal desde la década de los 80s y se encuentra do-minado desde el exterior. Los gobiernos han implemen-tado formas de control económico, político y social con el fin de apuntalar un modelo de dominación concentra-dor de la riqueza el cual requiere una legislación a modo que disuelva los derechos constitucionales de los mexica-nos, generando un marco legal favorable a una minoría, profundizando con ello la desigualdad social. Para ello ha sido necesario desmantelar al Estado, reformar la Constitución, crear nuevas leyes y retener el poder políti-co por todos los medios posibles.

Por consiguiente, la política macroeconómica, está sub-

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ordinada a los intereses del gran capital financiero nacio-nal e internacional, la cual no genera condiciones para el crecimiento económico y tampoco para la distribución justa del ingreso. La política social del gobierno mexica-no está enfocada a paliar los efectos de la política macro-económica que ha profundizado la gran desigualdad en México. La política social, teóricamente, está enfocada a cubrir las necesidades de la gente más pobre e incremen-tar sus niveles de bienestar, pero en realidad es asistencial-ista, clientelar y cosmética, siendo sus principales efectos:

-Alta concentración de la riqueza, tanto entre personas como en el territorio, así como el aumento de la pobre-za. Entre los datos representativos para el reciente me-dio siglo, el Índice de Gini se ha mantenido por arriba de 0.5, la tasa de crecimiento del PIB por habitante ha sido menor de 1.0%, por lo que no se generó suficiente empleo formal y aumentó la desprotección social, la pérdida del poder adquisitivo del salario fue alrededor de 70%, el sector agropecuario redujo su participación a 3.4% del PIB nacional, los precios de los alimentos han aumentado y en tan solo 40 municipios y delega-ciones se genera la mitad del Producto Interno Bruto del país, mientras que otros 920 apenas cubren 1 por ciento.

-Incremento en las importaciones de alimentos, actual-mente importamos más del 43% de alimentos provo-cando pérdida de Soberanía y Seguridad Alimentaria.

-Incremento de la migración y cambio en el padrón alimenticio: El 73.9% de la población mexicana se con-centra en las zonas urbanas; ha disminuido el número de la población rural; así como los hogares con jefaturas femeninas; cambio de la dieta alimenticia de productos frescos y sanos a productos industrializados, provocan-do fuertes daños a la salud como la aparición de enfer-medades de tipo degenerativo, obesidad y desnutrición entre la población mexicana. Por ello aseveramos que no existe buena política pública macroeconómica, a costa de deteriorar la calidad de vida de sus habitantes.

-Crisis alimentaria: El hambre, desnutrición y sub consumo de alimentos, son fenómenos que reflejan la estructura de la desigualdad y las consecuencias del sistema de control de los recursos alimentarios que en la actualidad prevalece, tal es el caso de las empresas corporativas de alimentos que operan en el país y cuyo poder de negociación e información es fundamental

para concentrar alimentos y mantener el control de los precios desde el productor hasta el consumidor, considerándose inversiones especulativas. Es por ello que las organizaciones campesinas deben incidir en la regulación de este tipo de prácticas y para que las per-sonas tengan acceso a los alimentos sanos nutritivos y baratos.

En el país hay crisis alimentaria con grandes importa-ciones de alimentos, y alto nivel de desnutrición en los niños, al grado de que en estados como Chiapas se ha dis-minuido en hasta 10 cm la talla en los niños, el asunto es que a pesar de la instrumentación de programas, políticas o anuncios para atacar este problema se continúa sin apli-car el precepto que la Ley agraria señala donde el Estado deberá promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y orga-nizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público.

El gobierno mexicano focaliza el combate a la desigual-dad con campañas y programas coyunturales que enfocan la lucha contra el hambre, cuando queda claro que esta es solo una de las expresiones de la desigualdad. Diver-sos analistas han demostrado que la “Cruzada contra el Hambre” contiene serias contradicciones conceptuales, deficiencias de diagnóstico, dificultades de operación, gastos elevados de publicidad y, de manera relevante, una selección con criterios político-electorales para priorizar los municipios donde se aplicará el programa.

Es el desarrollo social como política pública, es decir de Estado, la vía para atenuar la desigualdad que se expresa directamente en los altos índices de pobreza, sin olvidar las otras formas de desigualdad. El sector rural es el más golpeado por las políticas públicas del Estado, por lo que una reforma hacia el campo con sentido de justicia es no solo importante sino urgente.

La política de Desarrollo Social debe incidir en elevar la calidad de vida de los excluidos de siempre y evitar la ex-clusión de la mujer en la vida económica, política y social; se deben erradicar las políticas sociales que consideran

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a las mujeres como dependientes de la política del Esta-do y como objeto de las acciones, quitándoles su actoría y protagonismo y viéndolas como sujetos pasivos de las políticas que la atañen. Por tanto, la política social que las mujeres necesitan en México está asociada a políticas y programas con fines redistributivos, que promuevan la equidad de género, que sean conscientes de las especifici-dades y diversidad de las problemáticas de las mujeres. Es decir, que sean conscientes de que las mujeres son parte de una serie de desigualdades estructurales que permean todos los espacios de su vida, que tiene que ver con el mero hecho de ser mujeres, pero también con la pobreza y el desinterés del estado.

Política social y programas sociales

El estado mexicano debe abandonar los caracteres ocultos de su política social, porque más allá del discurso oficial, esta tiene las siguientes facetas: asistencialista, clientelar, sesgada, instrumentalista, paternalista, simuladora, cos-mética, demagógica, electorera, manipuladora, controla-dora, injusta y legalista.

El modelo neoliberal cuida que sus decisiones en materia de política social vayan en armonía con la legislación que sus partidos voten en el congreso; pero no han podido evi-tar caer en contradicciones con la Carta Magna. El espíri-tu original de la Constitución es la justicia social, mientras que el de las reformas estructurales recién aprobadas es el de reproducir un modelo injusto, depredador, excluyente, privatizador e inhumano. Todas las facetas mencionadas buscan mantener el modelo de dominación económica con medidas de política social a las que ven como un mal necesario que sirva de contención a las potenciales re-beldías sociales y políticas que genera y fenómenos como la inseguridad pública, la escalada de violencia, corrup-ción, delincuencia organizada y la descomposición social.

La política social mexicana es ineficiente; se necesitan programas productivos, de salud e infraestructura que verdaderamente funcionen y ayuden a que las personas salgan del estado de precariedad en el que se encuentran, programas bien diseñados, orientados con recursos su-ficientes, créditos a intereses bajos que los beneficiarios puedan pagar sin necesidad de endeudarse por mucho tiempo, con asistencia técnica constante y por la cual se reciba un pago justo a su trabajo.

Los programas discriminan a la población objetivo aun-que cumplan con los requisitos que establece cada regla de operación; dan prioridad a los municipios que se encuen-tren dentro de los 400 de la Cruzada contra el Hambre y que estén inscritos en Prospera (antes Oportunidades); esta situación no tiene por qué ser así ya que cumplen el criterio de población en condiciones de pobreza, de vul-nerabilidad, rezago, marginación y exclusión; lo que ha-cen es discriminatorio y excluyente.

Los programas sociales se incuban en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde se dispone que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, señale los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

La Secretaria de Desarrollo Social tiene a su cargo 11 programas sociales y 2 más con el Instituto de Desarro-llo Social INDESOL, SEDATU es el responsable de los programas de Vivienda, DICONSA de Abasto Rural, LI-CONSA de abasto de leche e INAPAM de Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores, SEP de la Reforma Educativa y la Secretaria de Salud del Programa de Seguro Popular.

Estos deben, aplicarse exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago, mar-ginación y exclusión. El Presupuesto de Egresos de la Fe-deración contempla una partida para la operación de los programas del ramo 20 (Desarrollo Social).

Las instancias ejecutoras de programa sociales que en su gran mayoría son las delegaciones Estatales de SEDESOL, SEDATU, INAES, los Gobiernos Estatales y/o los Munic-ipales, etc.; hacen un mal uso de los programas sociales y se desdibuja por completo la razón de existir de estos; ya que los programas son rehenes de extorsiones por parte de los promotores, son utilizados con fines electoreros, paternalistas y clientelares.

Los programas no cuentan con los recursos necesarios para ayudar verdaderamente a las personas a superar la pobreza solamente distribuyen entre ellos migajas que les permitan mantenerlos sometidos para utilizarlos en épo-cas de campañas: programas a cambio de votos.

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Resultados de la política social

Con excepción del gobierno de Lázaro Cárdenas, mo-mento histórico en que los intereses de las masas coin-cidieron con los del Estado, en los siguientes sexenios la intención de potencializar al campo y disminuir la desigualdad entre este y la ciudad se abandonó y se forta-leció la industrialización, esto provocó que la emigración a las ciudades fuera un fenómeno creciente, la corrupción -que en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdez se institucionalizó- terminó por hundir la esperanza de que el campo fuera considerado un factor estratégico en la economía nacional, aunque hasta la década de los ochentas seguíamos siendo un país con una producción autoalimentaria.

En los siguientes sexenios esta intención de potencializar al campo y disminuir la desigualdad entre el campo y la ciudad se abandonó y se fortaleció la industrialización. Eso provoco que la emigración a las ciudades fuera un fenómeno creciente, la corrupción que en el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdez se institucionalizó y termino por hundir la esperanza de que el campo fuera considerado un factor estratégico en la economía nacio-nal, aunque hasta la década de los ochentas seguíamos siendo un país con una producción autoalimentaría; el cambio de política económica de nacionalista a neoli-beral a partir del sexenio de miguel de la Madrid y que se concretó en el periodo de Carlos Salinas de Gortari con la firma del Tratado de Libre Comercio, terminó por hundir al campo y a sus productores por la competencia desigual a la que se enfrentaban a Canadá y Estados Unidos, países con mayor tecnología para la producción y con sus pro-ductos del campo protegidos.

En el sexenio de Vicente Fox, el movimiento campesino logró unificarse con diversas iniciativas y el esfuerzo de El Campo No Aguanta Más, incorporó diversos programas sociales plasmados en el Acuerdo Nacional para el Cam-po, sin embargo la dispersión posterior del movimiento ha permitido que los gobiernos de Felipe Calderón y el actual de Enrique Peña Nieto, burocratizaran los instru-mentos de apoyo al campo e impusiera este último las reformas estructurales que afectan de diversas maneras a los pequeños productores poniendo en riesgo la propie-dad social de la tierra y volviendo preponderante el mod-elo extractivista por encima de la producción de alimen-tos; todo ello implica una regresión de lo avanzado pues

la tendencia del gobierno es eliminar la mayor parte de los subsidios y privilegiar el financiamiento lo cual ex-cluirá del apoyo institucional a los pequeños y medianos productores.

La Ley de Desarrollo Social en el capítulo VI (De la Defi-nición y Medición de la Pobreza) en su artículo 36 dice: Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Na-cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria, deberá utilizar la infor-mación que genere el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, son: Ingreso corriente per cápi-ta; rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada.

En el balance de los resultados generados por la aplicación de la política social en la era del neoliberalismo, resulta necesario hacer un análisis de la situación del medio rural de nuestro país y en este marco nos encontramos con el siguiente panorama.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el balance encontramos que en nuestro país, en 2012:

- 22.6 millones de personas se encuentran en rezago educativo.- 25.3 millones de personas sufren de carencia en el ac-ceso a servicios de salud.- 71.8 millones de personas padecen la carencia por ac-ceso a la seguridad social.- 15.9 millones de personas presentan carencia por cal-idad y espacios de la vivienda.- 24.9 millones tienen carencia por acceso a los servi-cios básicos en la vivienda.- 27.4 millones tienen carencia por acceso a la ali-mentación- 23.5 millones con ingreso inferior a la línea de biene-star mínimo.- 60.6 millones de personas son ingreso inferior a la línea de bienestar.

El CONEVAL presenta estas cifras para los ámbitos rural (localidades de hasta 2,500 habitantes) y urbano, pero al presentar el balance de la pobreza en estos dos ámbitos

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encontramos que el mayor porcentaje de habitantes en esta condición se ubica en áreas rurales.

Según Julio Boltvinik solo hay 23.2 millones de mexica-nos no pobres, de ello se desprende que la mayoría de los más de 100 millones de mexicanos viven en un grado de pobreza y/o vulnerabilidad, lo que habla además de una matriz amplia de desigualdad y que se expresa en datos duros de pobreza y por lo tanto de vulnerabilidad. Bolt-vinik sostiene que México es un país de 80/20. Es decir que 80% de la población tiene carencias porque ya es po-bre o es vulnerable de caer en la pobreza.

Por ello es necesario que la política de desarrollo social se enfoque en resolver las causas de los problemas y no los efectos. Debe estar blindada ante los cambios políticos, debe ser transexenal, permanente y estar debidamente legislada con el fin de evitar que sean programas sustit-uibles de acuerdo al interés y estado de ánimo del gober-nante en turno.

La Política de Desarrollo Social requiere de inversión de recursos presupuestales, asegurando que la mayor parte sea canalizada a la atención de los beneficiarios y de ni-nguna manera a la promoción mediática, el objetivo su-perior es el impacto social que se exprese en beneficios reales a la población.

Propuesta

¿Qué hacer frente a la gran desigualdad en México, que ha traído como consecuencia el abandono del campo, la migración y la pobreza en México?

Las organizaciones campesinas estamos convencidas de que si hay salidas, pues el mercado es incapaz de ate-nuar las brechas de desigualdad y pobreza; por ello se debe impulsar: Los programas se deben de reorientar garantizando que los subsidios se traduzcan en productividad; las organi-zaciones sociales deben de estar presentes en estos tra-bajos con voz y voto, porque ellas son las encargadas de tener un trato directo con la gente que requiere de ellos, trabaja y conoce sus necesidades.

El desarrollo rural integral y sustentable tiene entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente y opor-

tuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Para lograrlo es fundamental reactivar la economía campesina.

Es importante recalcar que los campesinos son los que tienen las condiciones para producir alimentos, prime-ro para su autoconsumo y después para comercializar el excedente. Se tiene que reconocer que la agricultura cam-pesina y sustentable es la que puede sacar al país de la crisis de alimentos que vive.

-Retomar la planeación local y regional, así como el desarrollo planificado de la gran obra de infraestruc-tura, investigación, educación y organización de los pequeños productores y consumidores.

-Establecer un nuevo modelo de producción de ali-mentos, sustentable, sin transgénicos y sin monopo-lios, basado en la producción campesina e indígena, con equidad de género y generacional. Con una economía campesina e indígena con subsidios, créditos, in-fraestructura productiva y comercial.

-Un nuevo modelo de producción de alimentos basado en la soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria, debe ser concebida como el derecho de los pueblos a contar con alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de for-ma sostenible y ecológica, y el derecho a definir sus pro-pias políticas agrícolas, pesqueras, etcétera, y de gestión tanto de la tierra como de los recursos hídricos, semillas y biodiversidad, constituye el más amplio marco para la vi-gencia del derecho a la alimentación, por ello se requiere:

-Promover la organización de los productores-con-sumidores en sociedades cooperativas de producción y de consumo.

-Financiamiento de proyectos productivos enfocados al abasto de alimentos.

-Implementación de programas nutricionales tanto en las poblaciones urbanas como en las rurales, con la fi-nalidad de que disminuyan el consumo de productos dañinos a la salud.

-Fomentar los programas alimentarios de comedores escolares, tanto en zonas urbanas y rurales con el in-volucramiento del programa de empleo temporal y el abastecimiento de las tiendas DICONSA.

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-Lograr la coordinación de los programas y el subsidio para lograr la autosuficiencia alimentaria.

-Rediseño de los instrumentos de apoyo a partir del presupuesto base cero.

-Creación de programas de agencias de desarrollo con inclusión y gestión comunitaria en el marco del Pro-grama Especial Concurrente, el cual permita la con-vergencia de programas acciones y asignación presu-puestal.

-Reformar la Ley de Desarrollo Social, Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

-Programa de Fomento a la Organización Cooperativa de Productores y Fortalecimiento de mercado local- regional.

-Frenar la carestía de los alimentos y garantizar el dere-cho a la alimentación: Incremento de las tiendas ru-rales de DICONSA, con un abasto seguro, a precios inferiores al mercado, sin alimentos chatarra y garanti-zando compras de excedentes de productos alimenta-rios locales.

-Legislar la Ley General del Derecho a la Alimentación por el Congreso de la Unión y aprobarse por el Sena-do la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional.

-Apoyo a jefas de familia para trabajar en comedores escolares.

Creación del Programa Nacional Alimentario y Nutricio-nal que contemple los programas estratégicos como:

-Programa de capacitación a promotores alimentarios y en la instalación de granjas ecológicas integrales di-rigidas al autoconsumo y a los mercados locales.

-Programa para abatir la desnutrición en las mujeres en edad reproductiva y en los niños que la presentan.

-Programa de nutrición para niños de 0 a 5 años.

-Implementación de los Programas de Vigilancia Nu-tricional y Programa de vigilancia del sistema de salud.

-Prohibición de la venta de productos chatarra en las escuelas e implementar comedores comunitarios.

-Erradicar los monopolios nacionales y trasnacionales en el proceso de producción y distribución de alimen-tos.

-Regular la exportación e importación de granos bási-cos.

-Crear una reserva estratégica de alimentos y un siste-ma de abasto, acopio, almacenaje y comercialización social y público.

-Impulsar una industria alimentaria sustentable com-prometida con las necesidades y la salud de la po-blación.

-Fortalecer el mercado interno como el eje central que nos permita revertir el círculo vicioso del hambre y la pobreza rural.

-Alinear los programas rurales con la Ley de Desarrol-lo Rural Sustentable.

-Elevar la soberanía alimentaria a rango constitucional.

-Reglamentar el derecho a la alimentación y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

-Las políticas sociales orientadas a las mujeres deben tener como sustento diagnósticos reales de las condi-ciones de ellas; estar basadas en el principio de justi-cia, redistribución, representación y participación, así como focalizar y promover acciones en contra de la violencia hacia las mujeres del medio rural; destinar recursos a la alimentación, salud, educación y servicios básicos para las mujeres.

El movimiento campesino y popular debe pasar de la re-sistencia a la ofensiva; luchar por una política social que siente las bases del desarrollo y el progreso del campo. Es fundamental construir un modelo económico humano e incluyente. Un eje estratégico de lucha debe ser la fir-ma de un Nuevo Acuerdo Nacional para el Campo o un Nuevo Pacto Rural que retome a la política social como un instrumento para el crecimiento y desarrollo; pasar del asistencialismo a la productividad integral con base en un equilibrio presupuestal entre los pequeños y me-dianos productores y los grandes empresarios del sector agropecuario que concentran los recursos públicos. Solo de esta manera se garantizará la paz social en el campo, elemento fundamental para el progreso de México.

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DERECHOS HUMANOSLEY DE CONSULTA, DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA POBLACIÓN MIGRANTE, JORNALEROS, CAMPESINOS Y CAMPESINAS, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, LEY DE AMNISTÍA PARA LOS LUCHADORES SOCIALES

ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR EN LA MESA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADESEN LA CONVENCIÓN NACIONAL CAMPESINA E INDÍGENA

I. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (DCP) Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DESC)

Los derechos humanos son interpretados en la actualidad, como un programa que debe guiar y orientar las políticas públicas de los Estados, a partir de un conjunto de princi-pios, reglas y estándares que componen el derecho interna-cional y regional de los derechos humanos que contribuye a precisar no sólo aquello que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones a derechos y garantías ciudadanas, sino también aquello que debe hacer en orden a lograr la plena realización de los derechos civiles y políticos (DCP); y también de los económicos, sociales y culturales (DESC);

En general, se han clasificado en dos tipos de dere-chos que presentan particularidades significativas:

➢Los derechos individuales o también denominados “derechos de primera generación”, que se encuentran reconocidos e incluidos en las constituciones políti-cas, definidos como aquellas libertades y garantías de los ciudadanos y que identifican a su titular a priori. Entre otros, podemos mencionar el derecho a expresar las ideas propias; a profesar una religión, a comerciar, a ejercer el derecho a voto. En este grupo se incluyen los derechos civiles y políticos (DCP). Al respecto, es importante EXIGIR al estado mexicano lo siguiente:

• Cesar la práctica de la Desaparición Forza-da, puesto que es un crimen de Lesa Humanidad: En ese sentido que el estado mexicano acepte la recomendación 148.5, que El Consejo de Dere-chos Humanos de Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU) emitió en la que le pidieron a México reconocer la competen-cia del Comité contra la Desaparición Forzada y

crear un registro oficial de personas desaparecidas.

• Abolir la práctica del arraigo: Que el estado mexi-cano acepte las recomendaciones que El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal (EPU) emitió paraabolir la práctica del arraigo a nivel federal y estatal.

• Derogar la Leyes Estatales que atentan contra la libre manifestación, la vida y los Derechos Hu-manos. Este tipo de leyes han sido aprobadas en estados como: Quintana Roo, Chiapas y Puebla.

• La libertad de los Pres@s Políticos y Presentación con vida de los desaparecidos.

• Justicia para nuestr@os compañer@s asesinad@s.

➢ Un segundo grupo de derechos se integra con los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) usualmente considerados “derechos de segunda generación” e incluidos posteriormente también en las constituciones políticas, cuya principal diferen-cia con los anteriores es que no se encuentra su tit-ular identificado a priori y por ello refieren al dere-cho a recibir una alimentación adecuada, al derecho a la educación, al derecho al trabajo en condi-ciones dignas, al derecho a la salud, entre otros.

Este segundo grupo de Derechos, contempla entre otros, los siguientes:

• Garantizar el Derecho Humano al Agua, y Ambiente Sano.

• Derecho a la Alimentación. En México se debe concretar la ley reglamentaria del Derecho a la Ali-mentación.

• Derecho a la información y la comunicación.

• Derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada.

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La matriz conceptual, pero a la vez teórico-operativa que presenta el enfoque de derechos se nutre de los es-tándares fijados por el Sistema Internacional de Dere-chos Humanos (SNU) y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), con la in-corporación de principios transversales como el dere-cho a la igualdad, el derecho de acceder a la justicia y sostener un proceso; y el derecho a la información y participación política, los que ocupan un lugar central al momento de fijar pautas y criterios para el diseño e im-plementación de estrategias de desarrollo sustentable y con mayor interés aún, en materia de políticas públicas.

II. DERECHOS INDÍGENAS.

El Convenio núm. 169 es un instrumento jurídico inter-nacional vinculante y que trata específicamente los dere-chos de los pueblos indígenas y tribales.El Convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico proporcionando sola-mente criterios para describir los pueblos que pretende proteger. Un criterio fundamental para la identificación de los pueblos indígenas y tribales es la auto identificación, además de los criterios que se indican a continuación. industrial a la sociedad posindustrial). Como plan-teamiento proactivo, busca el progreso social utili-zando la estructura estatal: sistema de salud universal, educación gratuita, servicios sociales y política laboral en pos del pleno empleo.

Los elementos de los pueblos tribales incluyen:

• Estilos tradicionales de vida;

• Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.; y

• Organización social y costumbres y leyes tradiciona-les propias.

Los elementos de los pueblos indígenas incluyen:

• Estilos tradicionales de vida;

• Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros seg-mentos de la población nacional, p.ej. la forma de subsis-tencia, el idioma, las costumbres, etc.;

• Organización social e instituciones políticas propias; y

• Vivir en continuidad histórica en un área determina-da, o antes de que otros “invadieron” o vinieron al área.

Elementos básicos del convenio 169 de la OIT:

➢ La No discriminación

➢ Medidas especiales, para combatir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y tribales.

➢ Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales

➢ Consulta y participación

➢ Derecho a decidir las prioridades para el desarrollo

Existe un marco legal nacional e internacional que debe-mos de retomar para la defensa de los derechos indígenas y tribales, a saber:

MARCO LEGAL PARA EL PROTOCOLO, LA LEY DE CONSULTA INDÍ-GENA Y LEY DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES.

A) NACIONAL

• La reforma del 2011 al artículo Primero sobre Dere-chos Humanos, que les otorga rango constitucional a los Tratados y Convenios Internacionales.

• La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observancia obligatoria la juris-prudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. SCJN, 2013.

• Protocolo de actuación para quienes imparten jus-ticia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. SCJN, 2014.

• El Programa Sectorial de la Secretaría de Gober-nación establece en su línea 1.5.3 el compromiso de “impulsar la armonización del marco legal nacional con los Tratados internacionales en materia indíge-na”; esto, mediante la participación indígena en pro-cesos de construcción de acuerdos y elaboración de

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iniciativas de ley, que permitan la armonización legal.

• El Plan Nacional de Desarrollo en el punto VI. Estrategias y Líneas de acción Transversales, en el segundo apartado que a la letra dice: Impulsar un “Acuerdo Nacional para el Bienestar, el Respeto y el Progreso de los Pueblos Indígenas de México” que contemple los instrumentos necesarios para su apli-cación.

B) INTERNACIONAL

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo del año 1989.

• La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.

• Las Normas y Jurisprudencias del Sistema Interamer-icano de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestral-es y Recursos Naturales. SCJN, 2013.

• La Convención Americana de Derechos Humanos.

• La jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. SCJN, 2013.

• La CIDH ha determinado un triple estándar de requi-sitos que los estados miembros deben de cumplimentar frente a los planes de inversión, desarrollo, exploración o explotación de los Recurso Naturales en territorios indígenas: consulta y consentimiento libre, estudios de impacto; y participación de los beneficios. BID, Política Operativa OP – 765, pp 5 – 6.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, rat-ificado en 1981.

• Convención Internacional en Contra de Todas las For-mas de Discriminación Racial, ratificado en 1975.

• El Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado en 1992.

• Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Ben-eficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 1993.

TEMAS A TRATAR

III. DERECHO A LA INFORMACIÓN.

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IV. DERECHO DE LOS NIÑOS, MUJERES Y MIGRANTES.

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V. EQUIDAD Y GÉNERO.

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UNIDAD CAMPESINA

48www.elcampoesdetodos.org

documento de trabajo cnci

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