prevalencia de personas con discapacidad involucradas en intervenciones de la guardia civil
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Prevalencia de personas con discapacidad involucradas en intervenciones de la
Guardia Civil
PREVALENCE OF DISABLED PEOPLE INVOLVED IN CIVIL GUARD’S
POLICING ACTIVITY
José Luís González
Guardia Civil - Unidad Técnica de Policía Judicial
Jacobo Cendra
Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual
Antonio Lucas Manzanero
Universidad Complutense de Madrid
___________________________________________________
González, J. L., Cendra, J., & Manzanero, A. M. (2013). Prevalence of disabled
people involved in Spanish Civil Guard's police activity. Research in Developmental
Disabilities, 34 (11), 3781–3788. doi:10.1016/j.ridd.2013.08.003
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PREVALENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INVOLUCRADAS
EN INTERVENCIONES DE LA GUARDIA CIVIL
José L. González
Jacobo Cendra
Antonio L. Manzanero
RESUMEN
Aunque se sabe que las personas con discapacidad son más propensas que la
población sin discapacidad a padecer situaciones de maltrato y abuso (debido a sus
vulnerabilidades), en España no hay apenas trabajos que aporten cifras a este respecto.
En el presente estudio se han recopilado y analizado datos de intervenciones reales de
la Guardia Civil realizadas entre los años 2008 y 2010, en las que se vieron implicadas
al menos 2.099 personas con algún tipo de discapacidad, a nivel de todo el territorio
nacional. El objetivo de este trabajo es examinar la prevalencia de los diferentes tipos
de discapacidad en las distintas actividades relacionadas con el ámbito de la seguridad
ciudadana a cargo de este Cuerpo policial, profundizando especialmente en el caso de
las infracciones penales (delitos y/o faltas), describiendo la relación entre los tipos de
discapacidad con otras variables como la vinculación de las personas con los hechos, su
género, la edad, la relación entre autor y víctima, el territorio donde se produjo el hecho
y la temporalidad de las intervenciones.
Palabras clave: prevalencia, víctimas, discapacidad, vulnerabilidad, Guardia Civil,
delito, intervención.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2001, tras una profunda revisión de la Clasificación Internacional de
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de 1980, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud (CIF; OMS, 2001), sustituyendo a aquélla (Fernández-
López, Fernández-Fidalgo, Geoffrey, Stucki y Cieza, 2009; Verdugo, Campo y Crespo,
2003). La CIF considera la discapacidad como un término paraguas que engloba las
deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, y
expande el concepto de salud al incorporar en él los factores contextuales (ambiente
físico, social y actitudinal en el que las personas viven y conducen sus vidas). A partir
de la aprobación de diciembre de 2006 de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (incorporada en España mediante el
Instrumento de Ratificación de 21 de abril de 2008, BOE 96), el ámbito jurídico
también adopta esta concepción de discapacidad, definiendo a las personas que la tienen
como “aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Sólo en los últimos años empieza a haber un cuerpo investigador que alerte de la
vulnerabilidad de las personas con discapacidad como implicados en actuaciones
policiales, especialmente de las personas con discapacidad intelectual (DI; Berástegui y
Gómez-Bengoechea, 2006; Fyson y Cromby, 2010; Recio, Alemany, Manzanero, 2012;
Sullivan y Knutson, 2000; Westcott y Jones, 1999), informándose de cifras de
prevalencia de hasta diez veces superior a las personas sin DI, especialmente en delitos
de tipo sexual (Brown, Stein y Turk, 1995; Harrel, Truman, Curto, Thomas, Quinn y
James, 2012; McCarthy y Thompson, 1997; Sobsey, 1994; Verdugo, Alcedo, Bermejo
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y Aguado, 1999 y 2002). Horner-Johnson y Drum (2006) revisaron las publicaciones
sobre prevalencia de maltrato en personas con DI entre 1995 y 2005, encontrando que,
aunque los estudios eran escasos y metodológicamente pobres, confirmaban que esta
población era la más vulnerable. Las razones por las que las personas con discapacidad
tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de delitos son: a) sus elevadas relaciones
de dependencia, b) los contextos de poca intimidad derivados de la necesidad de
cuidados por parte de otros, c) el déficit en habilidades sociales, d) el desconocimiento
de sus derechos, y e) las menores habilidades comunicacionales de muchos de ellos
(Cambridge y Carnaby, 2000; Cooke y Standen, 2002; Sobsey y Varnhagen, 1991;
Tharinger, Horton y Millea, 1990; Verdugo et al., 2002).
Pero las personas con discapacidad también pueden ser autores de infracciones
penales (delitos y faltas), y llegar a ser condenadas incluso con penas de privación de
libertad (Barron, Hassiotis y Banes, 2004; Cockram, 2005; Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social, 2009; Herrington, 2009; Holland, Clare y Mukhopadhyay, 2002;
Søndenaa, Rasmussen, Palmstierna, y Nøttestad, 2008). Respecto a las relaciones entre
los agentes policiales y las personas con discapacidad con las que tienen que tratar, ya
sean víctimas o autores de delitos, se coincide en que se echa en falta formación
suficiente (Bailey, Barr y Bunting, 2001; Crown Prosecution Service, 2009; Henshaw y
Thomas, 2011), especialmente a la hora de obtener sus declaraciones testificales
(Cedeborg y Lamb, 2008; Cedeborg, Danielsson, La Rooy y Lamb, 2009; Clare y
Gudjonsson, 1995; Stacey, 1999); y otro tanto podría decirse del resto de los actores en
los procesos penales, como abogados, jueces y fiscales (Mercier y Crocker, 2010;
Vanny, Levy, Greenberg y Hayes, 2009). Por ello, ya se están produciendo y
difundiendo guías específicas que ayuden a mejorar esta carencia (Ministry of Justice,
2011), habiéndose elaborado en nuestro país una Guía de Intervención Policial con
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Personas con Discapacidad Intelectual (Alemany, Quintana, Recio, Silva, Manzanero,
Martorell y González, 2012).
En España, con las excepciones de los trabajos de Verdugo, Bermejo y Fuertes
(1995) y de Verdugo et. al. (2002), no se conocen estudios que cifren la implicación de
personas con discapacidad en actuaciones policiales, ni a nivel académico ni por parte
de los organismos oficiales, echándose en falta, en general, mejores estadísticas (Huete
y Quezada, 2011). A nivel nacional, la más reciente de las descripciones sobre
discapacidad realizadas en España es a esta fecha la Encuesta sobre Discapacidad,
Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de
Estadística (INE, 2008). Al igual que las dos encuestas anteriores (EDDM 1986 y
EDDES 1999), la EDAD 2008 tiene una amplia base muestral, lo que hace de ella uno
de los ejercicios estadísticos más relevantes sobre discapacidad a nivel mundial,
siguiendo la línea marcada por los dos escrutinios precedentes. A diferencia de éstos,
que sólo investigaron la situación de las personas residentes en domicilios familiares, la
EDAD 2008 se efectuó en dos fases: la primera de ellas, denominada EDAD-hogares
fue dirigida a viviendas familiares, comprendiendo 96.000 hogares y aproximadamente
260.000 personas; la segunda etapa, denominada EDAD centros, se aplicó en 800
centros en los que residen de forma permanente personas con discapacidad (residencias
de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos y
hospitales geriátricos), lo que supuso un muestra adicional de 11.000 personas. Los
resultados integrados de la EDAD-hogares y la EDAD-centros permiten estimar que, en
el año 2008, existían en España un total de 4,1 millones de personas con discapacidad,
lo que supone una prevalencia de discapacidad para el conjunto de la población
española del 8,99 por cada 100 habitantes, siendo de 7,66 en hombres y de 10,27 en
mujeres (casi 2,5 millones son mujeres, frente a 1,6 millones de hombres).
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El Observatorio Estatal de la Discapacidad profundiza mucho en todas estas
cifras (OED, Informe Olivenza, 2011), y otros estudios se ocupan de detallar la
distribución territorial (Gispert, Clot-Razquin, March, Freitas, Busquets, Ruíz-Ramos y
Rivero, 2009) o la problemática de ciertos colectivos especialmente vulnerables (como
los mayores; Graciani, Banegas, López-García y Rodríguez-Artalejo, 2004), pero,
como se ha dicho, no se ha encontrado ninguno que informe sobre la problemática a
nivel policial de las personas con discapacidad en nuestro país. Las cifras de
criminalidad en España las facilita la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio
del Interior a través del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC; Orden
INT/2783/2009, de 29 de septiembre), estando disponibles los datos del año 2011 a la
fecha de confección de este estudio (Ministerio del Interior, 2011; Anuario Estadístico
y Balance de Criminalidad), sin que tampoco se encuentre información referida a la
discapacidad, debido a que dicho sistema no cuenta con un campo que especifique si las
personas implicadas en las actuaciones policiales presentan o no algún tipo de
discapacidad. La inexistencia de este tipo de cifras contrasta con el mandato de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del 2006, que
especifica en su artículo 31 apartado 1 que los Estados Partes recopilarán información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y
aplicar políticas.
Efectivamente, además de para dar cumplimiento a ese artículo de la
Convención, el conocer con precisión la magnitud de la presencia de personas con
discapacidad implicadas en actuaciones policiales, por tipos de discapacidad y tipos de
vinculación, así como su distribución territorial o su distribución por edad y sexo,
puede ayudar a tomar decisiones respecto a las adaptaciones que los cuerpos policiales
podrían incorporar para prestar una mejor atención a este colectivo, dando con ello
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cumplimiento a otros mandatos de la Convención, como los establecidos en los
artículos 13 (acceso a la justicia, que ordena se promueva la capacitación adecuada de
quienes trabajen en la administración de justicia, incluyendo al personal policial y
penitenciario) y 16 (protección contra la explotación, la violencia y el abuso). A su vez,
una mejor atención policial podría contribuir a que disminuya la “cifra negra”, que
contempla los casos en los que una persona con discapacidad es víctima de algún tipo
de abuso y éste no se denuncia. Para que un supuesto delito llegue a comunicarse a los
servicios asistenciales especializados o policiales, normalmente debe ser un tercero
(habitualmente un familiar o profesional cercano a la víctima) quien escuche la primera
revelación. Desgraciadamente, se sospecha que son muchos los casos en los que frente
a estas revelaciones, e independientemente de la veracidad que se las otorgue, se decide
que es mejor no denunciar, precisamente por las incapacidades del sistema asistencial
y/o policial de acoger adecuadamente esa denuncia y de desplegar los apoyos
necesarios durante el proceso. Además, la falta de información, la ausencia de
campañas de concienciación y los escasos recursos para integrar a las personas con
discapacidad, entre otros, provocan que la mayoría de la población desconozca su
realidad y formen sus actitudes hacia ellas basándose en mitos y creencias falsas. Más
aún, tras la comisión de un hecho delictivo sucede que, además del daño físico,
económico, psíquico y social producido, la víctima suele experimentar un grave
impacto emocional, que se agrava, en ocasiones, al entrar en contacto con el
desconocido entramado jurídico-penal. A las víctimas con discapacidad raramente se
les explica dicho entramado, ni siquiera se les suele preguntar si quieren participar del
mismo, a lo que cabe añadir que la incapacidad del sistema para acoger adecuadamente
a la víctima con discapacidad, una vez interpuesta la denuncia, contribuye
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enormemente a la vulnerabilidad de estas personas a sufrir fenómenos de
revictimización.
Por todo lo expuesto, la Guardia Civil (una de las dos Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado español, con competencia en todo el territorio nacional) se hizo
eco de estas necesidades, participando en actividades que permitan incorporar buenas
prácticas en materia de atención a personas con discapacidad. En el marco de una de
ellas, a través de un convenio de colaboración con la Unidad de Atención a Víctimas
con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (de
Madrid; proyecto No Más Abuso), ya se ha elaborado una Guía de Intervención Policial
con Personas con Discapacidad Intelectual (Alemany et. al., 2012), decidiéndose
también elaborar un estudio para explorar la prevalencia de personas con discapacidad
en las actuaciones de la Guardia Civil, y que se detallan a continuación.
MÉTODO
Los datos considerados en este estudio han sido recogidos mediante una
consulta informática diseñada ad hoc al Sistema Integrado de Gestión Operativa
(SIGO), una base de datos en la que los guardias civiles graban sus actuaciones desde
que se puso en explotación a mediados del año 2006. A este sistema se conectan
diariamente decenas de miles de agentes, gestionándose millones de grabaciones
correspondientes a hechos producidos en la demarcación territorial a cargo de la
Guardia Civil, que, salvo algunas excepciones, comprende todos los núcleos de
población de menos de 50.000 habitantes, que supone desplegarse por el 85% del
territorio nacional para atender al 40% de la población del país; aunque en épocas
vacacionales, la Guardia Civil llega a asumir hasta más del 60 por ciento de la
población (Cosidó, 2003).
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Dadas las características del SIGO (principalmente la fecha en que se puso en
explotación, a lo largo del año 2006, y la poca calidad de los primeros datos grabados
durante el año 2007), para este estudio se decidió explorar los años 2008 a 2010. En ese
periodo había grabados unos 15,1 millones de hechos (que se clasificaban en 1.060
tipos diferentes), en los que se vieron implicadas unos 5,6 millones de personas (cuya
vinculación con los hechos podía adoptar 47 tipos diferentes). Aunque en el SIGO
existe un campo en el que los agentes pueden indicar si la persona atendida presenta
alguna característica relacionada con la discapacidad, son tantos los campos a
cumplimentar que éste no se suele hacer con suficiente fiabilidad, por lo que para
seleccionar los hechos y las personas objeto de este estudio se tuvo que recurrir a una
consulta especial, buscando también en otros campos de texto con parámetros
relacionados con la discapacidad en general (como por ejemplo disminuido/a,
minusválido/a, deficiente, subnormal, trastorno mental, enfermo mental, alzheimer,
demencia, esquizofrenia,… y sus derivados), extrayéndose información tanto de los
hechos como de las personas implicadas en ellos. Dadas estas peculiaridades, ya se
asumió desde el principio que no se conseguiría identificar todos los hechos en los que
estuvieran implicadas personas con discapacidad contenidos en el SIGO; y también que
seguramente se habrían producido casos reales que no se hubieran llegado a grabar, por
lo que en ningún momento se pretende afirmar que las cifras de este estudio van a
reflejar exactamente la realidad del fenómeno; pero sí que se van a considerar una
estimación fiable.
De este modo, la consulta informática extrajo una muestra con 10.045 registros,
correspondientes a 4.055 hechos (identificados por su número de expediente, único) de
201 tipologías diferentes, en los que estaban implicadas 5.637 personas diferentes
(identificadas también por su expediente, único). Los registros estaban duplicados
1
porque un mismo hecho tenía información diferente / doble en algún campo (y entonces
se repetía en filas), en un mismo hecho había más de una persona implicada
(apareciendo una persona por fila), y una misma persona podía tener información
diferente en algún campo (y entonces también se duplicaba en filas) o aparecer en
distinto hechos. Ante semejante mezcla de hechos y personas, se decidió que el objeto
de estudio serían las personas, centrando los análisis en las 5.637 personas y en el
primer hecho en que aparecían.
Sobre esos 5.637 casos, se procedió a realizar una comprobación de que
realmente se trataba de hechos e intervenciones en los que estuviera implicada una
persona con discapacidad. Para ello fue preciso que un grupo de cinco ayudantes los
examinaran uno a uno, leyendo los campos de texto abierto “asunto” y “descripción”,
en los que los agentes explicaban brevemente lo ocurrido, desechándose aquellos que
claramente no involucraban a personas con discapacidad (p. ej.: trabajadores de centros
de discapacitados, timadores que simulaban alguna discapacidad, personas sin
discapacidad que denunciaban la pérdida de documentos relacionados con
enfermedades o discapacidades, etc.). Esto redujo la muestra a los 2.099 casos que
fehacientemente se comprobó que se referían a personas con algún tipo de discapacidad
que efectivamente se habían visto involucradas en actuaciones llevadas a cabo por la
Guardia Civil. Esta tarea de depuración se aprovechó para generar dos variables nuevas
imposibles de conseguir del SIGO por vía directa: el tipo y el grado de discapacidad. El
fichero extraído del SIGO, una vez depurado, se importó al SPSS (versión 19),
recodificando campos hasta obtener las once variables objeto de análisis en este
estudio: dos temporales (año y mes del hecho), dos territoriales (Provincia y
Comunidad Autónoma del hecho), tres criminológicas (tipo de hecho, clase de
intervención, vínculo de la persona con el hecho) y cuatro sociodemográficas (género,
1
tipo de discapacidad, grado de discapacidad, y edad en el hecho). Se prestará una
atención especial al análisis de los datos relacionados con la implicación de las
personas con discapacidad en las actividades de investigación criminal de la Guardia
Civil: infracciones penales (delitos y faltas).
RESULTADOS
Entre los años 2008 y 2010 (ambos inclusive) se vieron involucradas en
actuaciones de la Guardia Civil unos 5,57 millones de personas, de las que al menos
2.099 presentaban algún tipo de discapacidad, que suponen el 0,038%. De ellas, 1.449
eran varones (el 69%) y 650 mujeres (31%). En cuanto al tipo de implicación con las
tareas policiales (ver la Tabla 1), el 29,92% de estas personas estuvieron involucradas
en auxilios o rescates; otro 21,20% de personas con discapacidad estuvieron implicadas
en infracciones penales (delitos y faltas); un 20,25% se vieron envueltas en
desapariciones y/o hallazgos; y finalmente, el restante 28,63% se distribuyeron en las
demás intervenciones policiales (infracciones administrativas, inspecciones y registros,
controles e identificaciones, hechos de interés judicial o administrativo, etc.). Por
cuestión de género, aunque se observa que más del doble de varones que de mujeres
estaban implicados en una infracción penal, esta diferencia no es estadísticamente
significativa, como tampoco lo es en el caso de las desapariciones / hallazgos; por el
contrario, las diferencias apreciadas en el caso de los auxilios y rescates (especialmente)
y en el resto de las intervenciones sí lo son, a favor de los varones en el primer caso y de
las mujeres en el segundo (χ2[3, N=2.099]=55,228; p<,000). En el Gráfico 1 se muestra
la distribución de personas con discapacidad implicadas en cada tipo de intervención
policial, en comparación con el porcentaje de actividad policial que supone para la
Guardia Civil cada uno de esos tipos de intervenciones.
(Tabla 1)
1
(Gráfico 1)
En el Gráfico 2 se muestra la distribución por franjas de edad de las personas
con discapacidad en cada tipo de hecho/intervención. Puede apreciarse que en las
franjas de hasta 14 años y de 15 a 29 años, las cifras más altas son las relacionadas con
infracciones penales; en las dos siguientes franjas, las relacionadas con intervenciones
de auxilio o rescate; y a partir de los 60 años, las actuaciones más comunes son las
relacionadas con desapariciones/hallazgos. Estas diferencias resultaron ser
estadísticamente significativas (χ 2[15, N=2.011]=107,06; p<,000).
(Gráfico 2)
En función de los cuatro tipos de discapacidad contemplados en este estudio (ver
la Tabla 2), el 46,64% de las personas involucradas presentaban discapacidad
intelectual, y la mayoría de ellos se vieron implicados en auxilios y rescates; el 32,1%
presentaba enfermedad mental o trastorno psiquiátrico (estando principalmente
implicados en desapariciones / hallazgos); y el 7% discapacidad física o sensorial
(mayoritariamente implicados en infracciones penales); en el 14,3% restante no se pudo
determinar su tipo de discapacidad, estando implicados mayoritariamente en auxilios y
rescates. Las diferencias entre los valores de estas dos variables son estadísticamente
significativas (χ2[9, N=2.099]=221,37; p<,000).
(Tabla 2)
De las 2.099 personas con discapacidad, 445 (el 21,20%) estuvieron implicadas
en infracciones penales (el tipo de intervención policial con repercusiones criminales).
Esta cantidad supone el 0,0079% del total de personas grabadas en SIGO en el periodo
temporal objeto de estudio. En su gran mayoría estuvieron implicadas como
víctimas/auxiliados (265; el 59,55% del total), seguidas de los autores (148; el 33,26%
del total), resultando muy pocos los relacionados con los hechos como
1
testigos/denunciantes (sólo 9; el 2,02% del total) y repartiéndose el resto de las personas
con discapacidad (23; el 5,17% restante) en el grupo de otras vinculaciones
(relacionados, colaboradores, interesados, comunicantes…). Estos porcentajes se
aproximan mucho a la distribución del total de las personas en el total de infracciones
penales en SIGO. Con respecto a las 265 personas con discapacidad involucradas como
víctimas o auxiliados en infracciones penales, en el Gráfico 3 se muestra cómo se
distribuyeron en función de los delitos y faltas en los que se vieron implicadas,
apreciándose que son víctimas especialmente de algunos tipos de faltas, como las de
lesiones (un 21% del total), amenazas (9%), hurtos (9%), y vejaciones leves (5%); y de
algunos tipos de delitos, como malos tratos en el ámbito familiar (7%), abusos y
agresiones sexuales (ambos delitos suponen un 11% del total), y robos con violencia o
intimidación (4%). En relación a la autoría (ver el Gráfico 4), se encontró que las
personas con discapacidad suelen cometer principalmente faltas de amenazas y lesiones
(34% del total entre ambos tipos de infracciones), y delitos de malos tratos en el ámbito
familiar (15%, más un 7% del total de las infracciones si se tienen en cuenta los malos
tratos en el ámbito familiar de carácter habitual).
(Gráfico 3)
(Gráfico 4)
Por lo que respecta a los cuatro tipos de discapacidad y a su relación con las
infracciones penales (ver la Tabla 3), se encontró que, de las 445 personas con
discapacidad implicadas en delitos y faltas, 212 presentaban principalmente una
discapacidad de tipo intelectual; 65 sufrían algún tipo de discapacidad provocada por
trastornos mentales o psiquiátricos (como Alzheimer, esquizofrenia, demencia, o
cualquier otra enfermedad mental); 49 tenían una discapacidad de tipo físico o sensorial;
y en relación a las últimas 119, se sabía que presentaban algún tipo de discapacidad,
1
pero no fue posible discriminar cual (por no estar especificada en el SIGO). Al analizar
los porcentajes, puede apreciarse que en el caso de la discapacidad intelectual y en la de
tipo mental / psiquiátrica hay una mayor proporción de autores que de víctimas de
infracciones penales, siendo esta relación estadísticamente significativa, encontrándose
la tendencia contraria en los otros dos tipos de discapacidad, al haber más víctimas que
autores (χ2[9, N=445]=73,33; p<,000). En 14 de los casos, coincidían autor y víctima
con discapacidad. La distribución de implicados en infracciones penales por franjas de
edad informa de que el 3,5% no llegaban a los 15 años; el 30,6% tenían entre 15 y 29
años; el 27,4% entre 30 y 44; el 20% entre 45 y 59; el 12,4% entre 60 y 74; y el 6% más
de 75 años. Por género, el 68,31% de las personas con discapacidad involucradas en
infracciones penales eran varones (304 de las 445 personas), y significativamente en
mucha mayor proporción eran autores (129 varones frente a 19 mujeres; χ 2[3,
N=445]=37,99; p<,000), mientras que las mujeres (141; el 31,69%) se agrupaban
mayoritariamente en la categoría de víctimas (111).
Al analizar la distribución territorial de las personas implicadas en infracciones
penales, y compararla con la tasa de población con discapacidad informada en la EDAD
2008, por Comunidades Autónomas (CCAAs; ver el Gráfico 5), resultó que la Guardia
Civil se encontró con mayores porcentajes de implicados en Andalucía (el 28,76%),
Valencia (14,38%), Murcia (9,44%) y Castilla-La Mancha (7,42%), que son también
CCAAs en donde hay grandes porcentajes de este tipo de personas; donde menor
número de intervenciones tuvo la Guardia Civil fue en Asturias (1,12%), La Rioja
(1,12%), Aragón (1,57%) y Cantabria (1,57%). En el resto de CCAAs en donde la
Guardia Civil tiene plenas competencias la distribución fue la siguiente: Galicia
(6,74%), Madrid (6,74%), Baleares (5,17%), castilla león (4,49%), Extremadura
(4,49%) y Canarias (4,49%). En las CCAAs en donde se han desplegado las Policías
1
Autonómicas, la Guardia Civil tuvo pocas intervenciones (Cataluña, 1,57%; País vasco,
0,67%; y Navarra, 0,22%). En Ceuta y en Melilla no se produjo ninguna intervención de
este tipo. Llaman la atención que, en algunos casos (como Madrid, Galicia, Castilla
León y Aragón) los porcentajes en que se distribuyen los implicados en actuaciones de
la Guardia Civil son menores que los correspondientes a la EDAD del INE, mientras
que en el resto son mayores.
(Gráfico 5)
Por último, en el Gráfico 6 se representan los parámetros temporales en que se
distribuyen las personas con discapacidad implicadas en infracciones penales,
observándose que en los meses de invierno, especialmente diciembre y febrero, se
producen la mitad de los casos que en los meses de verano (julio, agosto y septiembre),
que son los más concurridos en lo que a delitos y faltas se refiere, apreciándose por
tanto cierta estacionalidad en este fenómeno.
(Gráfico 6)
CONCLUSIONES
Al no existir ningún registro oficial de datos relativos a la implicación de
personas con discapacidad en actuaciones policiales, en este estudio se recurrió al SIGO
de la Guardia Civil para explorar esta cuestión, siendo necesario programar una
consulta ad hoc que, aunque se hizo a nivel de todo el territorio nacional, seguramente
no consiguió rescatar de la base de datos todos los hechos ni todas las personas
implicadas, debido a la heterogeneidad en los criterios para grabar en SIGO que viene
impuesta por la gran cantidad de variables y categorías que contiene y por el ingente
volumen de grabadores (potencialmente todos los componentes del Cuerpo). No
obstante, como los errores son aleatorios, las cifras obtenidas se podrían considerar una
buena estimación de esa realidad, asumiendo que, aunque habrá más casos de los aquí
1
informados, los porcentajes serán bastante informativos. De este modo, tras un proceso
de extracción y depuración de datos, que se trató de hacer de la forma más rigurosa
posible, se pudo identificar que al menos 2.099 personas de las atendidas por la Guardia
Civil entre los años 2008 y 2010 presentaban algún tipo de discapacidad, que suponen
sólo el 0,038% del total de personas atendidas en ese periodo, un porcentaje que
contrasta con la prevalencia de la discapacidad en nuestro país, cifrada en casi el 9%
por el INE.
A la espera de que se realicen nuevos trabajos que contrasten estos porcentajes,
en el presente estudio se han descrito las características de esa muestra, destacando una
mayor presencia de varones (el 69%) que de mujeres; que la mitad de las personas con
discapacidad se ven implicadas en actividades relacionadas con auxilios o rescates y
búsquedas por desapariciones o hallazgos, que en conjunto suponen un porcentaje muy
bajo de las actividades de la Guardia Civil (el 1,35%); y que al menos casi la mitad de
la muestra presenta discapacidad de tipo intelectual (el 46,64%). El grado de
discapacidad no se analizó debido a que sólo se contaba con datos en un exiguo
porcentaje de la muestra.
Sin desmerecer otros tipos de situaciones policiales en las que se ven implicadas
las personas con discapacidad, en este trabajo se ha prestado una especial atención a las
que tienen que ver con las investigaciones criminales por delito o falta (infracciones
penales, que suponen el 13,4% de las actividades de la Guardia Civil), encontrándose
involucradas en ellas el 21,20% de las personas con discapacidad; la mayoría en calidad
de víctima (casi el 60%), aunque también se encontraron muchos autores (el 33%); y
encontrando que su implicación en este tipo de actuaciones disminuye con la edad. Las
infracciones más frecuentes fueron las siguientes: delitos contra la vida, integridad y
libertad de las personas (33,04%), delitos patrimoniales (15,73%), faltas de lesiones
1
(18,65%) y faltas de hurto (6,29%). En este sentido, los porcentajes contrastan con la
distribución habitual de infracciones penales, puesto que según los datos del SIGO y
del Ministerio del Interior las más comunes son los delitos contra el patrimonio,
mientras que en esta muestra lo son contra las personas, especialmente los delitos malos
tratos en el ámbito familiar, contra la libertad e indemnidad sexual, y de lesiones, así
como faltas de lesiones. Para explicar esta disparidad cabe hipotetizar que muchas
personas con discapacidad, sobre todo aquéllas que están incapacitadas, no disponen de
grandes cantidades de dinero y/o de bienes y, por tanto, no presentan un perfil de
víctima de delitos y faltas patrimoniales tan idóneo como en efecto lo tienen con
respecto a delitos y faltas contra las personas, al que se acercan mucho más por su
mayor vulnerabilidad. Lo mismo cabría decir para los casos de autoría: las personas con
discapacidad tienden más a tener problemas con otras personas que a idear y ejecutar
atentados contra su patrimonio. Respecto a cuestiones territoriales, se encontró que en
algunas Comunidades Autónomas se vieron implicadas en infracciones penales un
mayor o menor porcentaje de personas de las que en principio cabría esperar si se
atiende a la distribución de personas con discapacidad informada en la EDAD 2008,
salvando los datos de aquellas Comunidades en las que la Guardia Civil no tiene plenas
competencias. Puede ser debido a la existencia de protocolos de prevención más
eficaces en unos territorios que en otros, que faciliten la presentación de denuncias, o
que eviten que se lleguen a producir los sucesos. A la vista de estos indicadores, se
recomienda profundizar con más detenimiento en esta cuestión en trabajos futuros. Por
último, en cuanto a la temporalidad de las infracciones penales relacionadas con
personas con discapacidad, se encontró un incremento de las actividades en los meses
estivales, que coinciden con los de mayor población a cargo de la Guardia Civil.
1
Puesto que los datos ofrecidos en este estudio exploratorio se refieren a las
actividades de la Guardia Civil en su demarcación (fundamentalmente no urbana),
queda pendiente comprobar lo que pueda estar ocurriendo en las otras demarcaciones
policiales de nuestro país, por si hubiera tendencias significativamente diferentes.
Además de perfeccionar el modo de recoger este tipo de datos estadísticos, de modo
que se mejore su calidad y no haya que recurrir a extracciones y depuraciones del tipo
de las realizadas para este trabajo, que podría resolverse añadiendo en el SEC un campo
que indicara si la persona implicada en la actividad policial presentaba o no
discapacidad, y de qué tipo.
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2
TABLAS Y GRÁFICOS
Género Tipo de intervención policial
Total Auxilio, rescate
Infracción penal
Desaparición, hallazgo
Resto de intervenciones
Varón 501 304 278 366 1.449 Mujer 127 141 147 235 650 Total 628 445 425 601 2.099
Tabla 1. Personas con discapacidad implicadas en los distintos tipos de intervenciones de la
Guardia Civil, por género, entre los años 2008 y 2010.
Gráfico 1. Porcentaje de personas con discapacidad (PCD) implicadas en cada tipo de intervención policial, en comparación con el porcentaje que cada tipo ocupa a la Guardia Civil.
2
Gráfico 2. Personas con discapacidad en cada clase de actuación policial, por edad (en franjas).
Tipo de discapacidad
Tipo de intervención policial Total Auxilio,
rescate Infracción
penal Desaparición,
hallazgo Resto de
intervenciones Intelectual /
psíquica 351 212 177 239 979
Física / sensorial 37 49 7 54 147
Mental / psiquiátrica 198 65 207 203 673
No especificada 42 119 34 105 300
Total 628 445 425 601 2.099
Tabla 2. Personas con discapacidad implicadas en los distintos tipos de intervenciones de la Guardia Civil, por tipo de discapacidad, entre los años 2008 y 2010.
2
Tipo de discapacidad
Tipo de vínculo con el hecho Total Víctima /
auxiliado Autor Testigo / denunciante
Otras vinculaciones
Intelectual / psíquica 110 87 3 12 212
Física / sensorial 37 8 1 3 49 Mental /
psiquiátrica 21 42 1 1 65
No especificada 97 11 4 7 119 Total 265 148 9 23 445
Tabla 3. Personas con discapacidad, por tipo de discapacidad y vínculo con el hecho, implicadas en
infracciones penales investigadas por la Guardia Civil entre los años 2008 y 2010.
Gráfico 3. Distribución de las personas con discapacidad que resultaron ser víctimas de infracciones penales, por tipo de delito / falta.
2
Gráfico 4. Distribución de las personas con discapacidad que resultaron ser autores de infracciones penales, por tipo de delito / falta.
2
Gráfico 5. Comparación de los porcentajes de distribución de personas con discapacidad, por Comunidades Autónomas, según la EDAD 2008 del INE y los implicados en infracciones penales
investigadas por la Guardia Civil de 2008 a 2010.
2
Gráfico 6. Personas con discapacidad implicadas en infracciones penales investigadas por la Guardia Civil de 2008 a 2010, por meses.