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Estudio introductorio. La Economía Social y Solidaria (ESS) en América Latina.

Experiencias desde la historia para nuevos escenarios

Ángel Pascual Martínez Soto (Universidad de Murcia)

Susana Martínez Rodríguez (Universidad de Murcia

Una obra colectiva es una invitación a la heterogeneidad intelectual. En este caso concreto, la promesa se salda con creces al lograr una acertada y rica visión del cooperativismo en América Latina. La variedad del continente tiene un cumplido reflejo a lo largo de 10 capítulos en los cuales se analizan 9 estudios de caso más un ensayo sobre la Economía Social. Los estudios se centran en cuatro países. De Argentina conoceremos la importancia de la colonia Caroya, la evolución de los chacareros de la Pampa y el influjo del movimiento cooperativista sobre el proyecto peronista. En México tomaremos contacto con las cooperativas de pesca de Baja California y las de Mazatlán, con las Uniones del Crédito del Noroeste del País y del cooperativismo minero también del Noroeste. En Brasil apreciaremos las peculiaridades del Movimiento de los Sin Tierra y la experiencia allí desarrollada por la Cooperativa de

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Ángel Pascual Martínez Soto y Susana Martínez Rodríguez

Mondragón. Los diferentes trabajos que se presentan, aun siendo estudios de casos, tienen el común denominador de contar con una profunda reflexión sobre el origen y significado del movimiento cooperativo, sobre los retos para el futuro y las implicaciones de nuevos modelos productivos.

Otra característica común del conjunto de estudios que se presenta en este libro es que todos ellos giran alrededor del concepto pluriforme de “economía social y solidaria” (ESS), que designa a las empresas y organizaciones, especialmente las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales tienen la característica específica de producir bienes, servicios y conocimiento, a la vez que persiguen tanto los objetivos sociales y económicos, además de promover la solidaridad.1 La ESS no es meramente un programa para aliviar la pobreza en una coyuntura de crisis, tampoco es una utopía. Se fundamenta en un diagnóstico planteado por los investigadores del largo período histórico que abarca el sistema capitalista organizado, desarrollado después de la segunda guerra mundial, sea como Estado de bienestar en el norte, o Estado desarrollista en el sur. Como se ha mostrado en la práctica, éstas no eran opciones seguras para el futuro, pues devinieron en más pobreza y exclusión en grandes masas de la población mundial.

La teoría y la evidencia empírica nos dicen que este enfoque puede ser un mecanismo clave a través del cual las personas pobres o desposeídas de la sociedad adquieren un mayor control sobre los recursos y los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas. Los economistas, los historiadores sociales y los científicos

1 Esta definición procede de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) y fue elaborada por la Conferencia Regional de la OIT sobre la Economía Social en octubre de 2009.

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políticos han propugnado durante mucho tiempo por los beneficios que pueden derivarse de la cooperación o el comportamiento del grupo en cuanto a los fallos del mercado y para poder hacer frente a las entidades más poderosas. Los sociólogos, por su parte, han hecho hincapié en las virtudes relacionadas con la cohesión social, la identidad y la satisfacción laboral.

El interés contemporáneo hacia las sociedades y entidades de la economía social también tiene relación con el hecho de que estamos viviendo en una época de crisis, en la cual buena parte de las salidas esbozadas desde los campos teóricos progresistas tienen que ver con el cambio de los modelos productivos y de desarrollo que se muestran agotados y son los causantes de la propia espiral de destrucción social en la que estamos inmersos. La actual situación con múltiples y recurrentes crisis (financiera, alimentaria y energética), está dando paso a la idea según la cual las soluciones deben proceder de programas normativos más amplios que los actuales. Algunos pueden remontarse a los días gloriosos posteriores a la segunda guerra mundial (liberalismo incorporado), a los estados de bienestar que protegen a los ciudadanos y las empresas que defienden algunos principios y prácticas de “trabajo decente”. Pero este modelo ya se agotó y se inició su desmantelamiento a finales de la década de los años 80 del siglo XX, desde ópticas conservadoras neoliberales muy agresivas. Además, ignoraba algunas cuestiones clave relacionadas con la igualdad de género y la contaminación ambiental, y está luchando para reproducirse a sí mismo en el contexto de la liberalización económica y la informalización de los mercados laborales.

Los debates actuales en las organizaciones internacionales tienen una meta fija en el 2015, fecha en la que se ha establecido un nuevo o revisado conjunto de Objetivos de Desarrollo del

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Milenio (ODM) y de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que muestran claramente que la vieja fórmula de desarrollo y crecimiento económico, que incluía además la protección social, ya no es suficiente. Otros aspectos relacionados con la realización de los derechos económico-sociales, el empoderamiento, la igualdad de géneros y las transformaciones en los patrones de producción y consumo, son factores decisivos. La fuerza teórica de la ESS se encuentra, precisamente, en las formas que presenta para hacer frente a estas múltiples dimensiones del desarrollo; se fomenta al mismo tiempo el dinamismo económico, la protección social y del medio ambiente y el empoderamiento socio-político.

El resurgimiento reciente de la ESS es evidente, aunque afronta dos problemas, en primer lugar, la acción colectiva necesita conectarse a múltiples escalas a través de redes, movimientos y alianzas. Desde el siglo XIX y primeros años del XX este fue un problema de difícil solución. Actualmente, si la ESS se quiere mantener como alternativa, habilitada y a mayor escala, en condiciones compatibles con sus valores y objetivos, la acción no puede permanecer en el ámbito local, sino que debe alcanzar otros niveles (municipal, provincial, nacional, regional y global), e incidir en la gobernabilidad, la promoción y la política. En segundo lugar, con el fin de ampliar su ámbito de influencia y en realidad ir más allá de la periferia, la ESS debe interactuar mucho más con los Estados, las empresas con fines de lucro y las cadenas de valor mundiales. Estas interacciones generan inevitablemente tensiones y dilemas dadas las diferencias en las prioridades y enfoques de desarrollo, así como las diferencias en el poder de negociación.

Hoy como ayer surgen una multitud de preguntas clave que las entidades y organizaciones ligadas a la ESS deben responder desde la propia práctica: ¿puede ser una alternativa real para la

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seguridad alimentaria, la igualdad de género y el trabajo decente?; ¿qué papel deben jugar los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en relación con el desarrollo de la ESS?; ¿se puede ampliar el campo de acción de la ESS sin dejar a un lado propuestas integradoras basadas en el desarrollo de los derechos económicos y sociales?

En el conjunto de trabajos que se presentan se atiende a estudios de caso que abarcan una vasta región, América Latina, la cual tiene una enorme masa de pobres indigentes (entre 35 y 60% de su población, alrededor de 180 millones de personas) y el más alto índice de concentración de la riqueza. También es una de las regiones más urbanizadas, a la vez que la pobreza urbana es un hecho estructural. Conserva un gran sector informal-rural (explotaciones y comunidades etno-campesinas) y urbano (multiplicidad de emprendimientos por cuenta propia y familiares, en especial del ámbito de los servicios), que alcanza a la mitad de la población económicamente activa. La masa de excluidos del mercado de trabajo formal es el resultado de la acción neoliberal de las últimas tres décadas, que vino a sumarse a la masa existente de trabajadores por cuenta propia, precarios, excluidos o autoexcluidos del sistema de derechos laborales.

En consecuencia, no puede esperarse que una nueva ESS se limite a ubicar “nichos” de necesidades de servicios de proximidad, todavía insatisfechos por el mercado y el Estado, ni que para ello cuente con ciudadanos con alto capital social y dispuestos a asumir a nivel local la autogestión de sus necesidades o benévolamente las de otros. Hay una carencia masiva de satisfactores materiales de necesidades básicas, una gran desigualdad en el acceso a la formación científico-técnica y una estigmatización de los pobres por las clases medias que dificulta el desarrollo de relaciones

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solidarias simétricas en el espectro social. A pesar de estas limitaciones, hay signos positivos que favorecen un cambio de posturas. A lo largo de la década pasada, como resultado de la acción de los principales movimientos sociales (Ecuador, Bolivia), de movilizaciones espontáneas en situaciones de crisis (Argentina, Venezuela) o de la simple reconcentración del electorado popular alrededor de proyectos anunciados como progresistas (Brasil, Uruguay, Paraguay), se fueron sucediendo cambios políticos, reconfirmados electoralmente en todos los casos, como resultado de los cuales: se desplazó el signo social (ahora más popular) de los gobiernos de turno; se aceleró el proceso de establecimiento de nuevos programas y políticas públicas de sentido progresista; en casi todos esos países, se formalizó la institucionalización de la ESS, mediante nuevos marcos legales, ya sea reconociendo sus formas propias, definiendo nuevas responsabilidades del Estado o modificando los marcos constitucionales; y además, se expandió un sistema de redes virtuales que imprimió mayor velocidad a la mutua influencia de los procesos de cambio, en particular en lo referente a la ESS.

En todos los casos se registran contradicciones, que son recurrentes en la historia de la ESS, entre el tiempo de atención a lo urgente, reflejado tanto en las prácticas de supervivencia de los sectores empobrecidos y excluidos, acuciados por mejorar sus condiciones vitales de inmediato, como en los programas públicos propuestos para atender la emergencia y, por otro lado, los tiempos más largos requeridos para inducir la consideración de opciones de acción asociativa encuadradas en la ESS, así como para apreciar políticamente un proyecto de construcción efectiva de otras estructuras económicas con base en valores éticos y objetivos propios de la ESS.

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Presentación

A pesar de la heterogeneidad de los países y procesos, se está experimentando una tendencia a redefinir qué se entiende por ESS, dando lugar al reconocimiento y promoción pública de un sector de la misma o bien a la reestructuración del conjunto de la economía como Sistema de Economía Social y Solidaria. Lo anterior está asociado a procesos de cambio político en la dirección de proyectos con orientación progresista. Una novedad que está aportando América Latina es la intensidad y continuidad de los procesos de incorporación de la ESS al imaginario y la acción pública. Durante la última década, en varios de los países objeto de los estudios que contiene este libro, se han registrado cambios políticos importantes y, a la vez, un reconocimiento social y político de la ESS y el desarrollo de nuevas formas de institucionalizarla.

Los cambios registrados en el contexto social, económico y político, como resultado de un movimiento de defensa de la sociedad ante el destructivo programa neoliberal desarrollado durante treinta años, han favorecido la incorporación de nuevas formas de intervención estatal asociadas a la economía social o, más aún, la emergencia de proyectos ambiciosos de ESS que implican un cambio estructural en los comportamientos de los actores públicos y privados y, por consiguiente, en las instituciones económicas.

Hay muchas diferencias en la profundidad de principios que orientan la reinstitucionalización propuesta o, al menos, las intenciones al respecto. Mientras que Venezuela, Brasil y Argentina siguen centrados en los indicadores de crecimiento económico y distribución más igualitaria de la riqueza, en Ecuador y Bolivia las Constituciones plantean cambiar de sistema civilizatorio, desplazando los valores económicos propios de la modernidad (progreso, crecimiento económico, individualismo,

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patrones de consumo posesivo) por la cosmovisión de los pueblos originarios, asociada al buen vivir o vivir bien (reciprocidad, soli-daridad, complementariedad, comunidad, justicia, equilibrio en el intercambio con la naturaleza).

En América Latina, la economía popular y sus formas de resistencia o de supervivencia proveen el sustrato socioeconómico y cultural sobre el cual puede construirse una economía solidaria. El campesinado, y sus organizaciones renovadas (MST en Brasil, Vía Campesina, etcétera), los movimientos urbanos argentinos, los movimientos de género, los étnicos, etcétera, constituyen fuerzas sociales que han presionado a la voluntad política y han dado fuerza y sentido a la ESS desde las prácticas solidarias de la economía popular.

A través de los trabajos que se presentan en este libro se recogen casos y experiencias en el ámbito de la ESS en América Latina, reflejo de la rica herencia de entidades y grupos que desarrollaron vías alternas al modelo histórico del capitalismo liberal. El conocimiento de estas alternativas desde el análisis histórico puede aportar una valiosa información para los planificadores, agentes sociales, investigadores, políticos y gestores, entre otros sectores socioprofesionales, que desarrollan su actividad en el amplio ámbito de la ESS.

Finalizamos el presente estudio introductorio con una síntesis del contenido de cada uno de los estudios del volumen.

El estudio de Méndez Reyes y Alejandro Bonada —“Economía Social en la península de Baja California, el caso de la Cooperativa California de San Ignacio, SCL”—, expone un caso exitoso de cooperativismo pesquero, la Cooperativa Californiana de San Ignacio, S.C.L., creada a partir de 1936 y que continúa operando en la actualidad. El periodo cronológico del ensayo

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abarca hasta 1961, cuando la Secretaría de Industria y Comercio intentó cancelar la cooperativa para favorecer a los pescadores libres. Además de ofrecer una correcta contextualización de la evolución del cooperativismo pesquero y su marco jurídico-institucional, los autores subrayan sobre todos los aspectos de la cooperativa, la economía social, por varios factores: el trabajo en equipo mostrado por los miembros de la comunidad; la formación e incorporación de la mano de obra; y el grado de compromiso con la cooperativa y con los valores del cooperativismo. La actual es la tercera generación de cooperativistas que ha logrado un nivel de desarrollo económico y social impensable hace dos generaciones. Algunos jóvenes han concluido su formación universitaria y son valiosos profesionales en su comunidad, o en las poblaciones de Baja California Sur.

Frente a la manida caracterización del peronismo histórico (1946-1955), como una variante del populismo urbano, la profesora Mateo —“La educación cooperativa en el proyecto peronista. El Instituto de Estudios Cooperativos de la UNLP”—, analiza dicho ismo poniendo el acento en el desarrollo de formas asociativas, como las cooperativas, y con el modelo de Economía Social a través de un exhaustivo análisis de la literatura política de la época. El estudio destaca que a partir del Segundo Plan Quinquenal (1953-57), el cooperativismo ocupó un papel sobresaliente en la política del gobierno. Bajo el primer peronismo hubo un importante aumento en el número de centros educativos y de estudiantes; en la Constitución de 1949, la educación adquieró un papel central y tomó relevancia, sobre todo, el carácter de educación técnica con una finalidad útil y al servicio de la nación. En concreto, la universidad fue dotada del carácter de institución de defensa y fomento de la identidad y producción regional y nacional.

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Fue en el Segundo Plan Quinquenal donde se estableció la difusión de los principios cooperativistas y la creación de centros específicos para ello. En este contexto destaca la creación del Ins tituto de Estudios Cooperativos en la Facultad de Ciencias Eco nómicas de la Universidad Nacional de La Plata (1954). El instituto, que continúa su labor en la actualidad, está abocado a la producción de investigación científica en distintos ámbitos de las organizaciones asociativas y posee la triple función de docencia, investigación y extensión del movimiento cooperativo.

El capítulo del libro, escrito por Érika Piña y la Dra. González —“Otra economía social y otras políticas son posibles. Política Social y Economía Social”—, ofrece un ensayo sobre la política social y la economía social desde la perspectiva de las diferentes corrientes económicas y políticas. El trabajo se divide en dos grandes apartados. En primer lugar, y desde una perspectiva crítica, las autoras sitúan dentro del sistema capitalista tres modos de entender la política social. En el liberalismo clásico, la política social era la destinada a pobres y mendigos, es decir, a los incapaces de obtener ingresos por sí mismos. En la constitución del Estado del bienestar, el Estado garantiza a los ciudadanos unos estándares mínimos (salud, vivienda, educación) a los que tienen derecho propio. Durante la fase del neoliberalismo, las políticas sociales son consideradas políticas de gasto estéril que dificultan el correcto funcionamiento del modelo capitalista. Tras esta concentrada revisión, las autoras sentencian que a través de la historia las políticas sociales han sido concebidas como un mero complemento de la política económica. Y plantean la necesidad de un nuevo paradigma para entender el desarrollo donde lo social sea protagonista. Además, comparten cinco opciones actuales de la ESS, recogiendo las ideas de otros investigadores

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latinoamericanos: “la economía popular de solidaridad”, “la econo-mía social centrada en el trabajo”, “la economía para la vida”, “la economía ecológica” y “la economía feminista”.

La presencia de italianos en la construcción del continente americano adquiere un nuevo matiz diferencial con el estudio de la Dra. Solveira —“La cooperación formal e informal en una comunidad de origen friulano. Colonia Caroya (Argentina), 1878-1978”—, al analizar la colonia agraria Caroya, originada a partir de un grupo de familias italianas de la región de Friuli (Venecia Julia, Italia). A pesar de sus orígenes italianos, los colonos no crearon el mismo tipo de instituciones que caracterizaron a los emigrantes italianos —por ejemplo, carecieron de seguros mutuos—, si bien la comunidad mostró desde los inicios claros signos del espíritu de la cooperación a través del trabajo mancomunado. El ejemplo más destacado fue la creación de dos canales que a propuesta de la municipalidad fueron realizados por los propios colonos: cada uno aportaría días de trabajo de acuerdo con la extensión de terreno de que era dueño. Se necesitaron varias décadas para que el primer canal estuviera terminando, seguido de un segundo canal, también construido solidariamente por los vecinos.

A pesar de estas experiencias, la difusión del cooperativismo formal fue tardía entre los caroyenses y se produjo gracias al contacto habido con la Federación Agraria Argentina. Tras las primeras reticencias en 1931, el proyecto cooperativo La Caroyense dio comienzo para la explotación y elaboración de la uva. Una vez que la cooperativa empezó a funcionar no tardaron en aparecer secciones que afianzaron su presencia en la comunidad: la de ayuda mutua; los almacenes y la tienda; la creación de un club y una biblioteca; además de un diario, El Cooperativista, que dinamizó a toda la comunidad. La autora también señala que en

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la influencia y bienestar social generado por La Caroyense está el germen de cinco nuevas cooperativas surgidas en Caroya desde los años 1930, en el lapso de dos décadas.

Por su parte, el académico Romero Gil refiere que la situación de la minería mexicana entre 1930 y 1950 se encontró en un periodo de transición, entre el modelo liberal y el intervencionismo del Estado “marcado” por un tinte nacionalista; en ese cruce, la Gran Depresión y la crisis ulterior llevaron al cierre de grandes compañías mineras en Sonora, como la Cananea Consolidated Cooper Co., la Moctezuma Copper y la Tigre Mining. La política gubernamental fomentó entonces la creación de cooperativas mineras para retomar aquellas empresas que ocupaban 60% de la fuerza laboral del sector.

La profesora Alvarellos —“Los chacareros pampeanos y la comercialización de sus productos: Una mirada retrospectiva”—, plantea una reflexión sobre la evolución del cooperativimo agrario desde su inicio hasta la actualidad, a través del estudio de caso de las experiencias habidas en tres localidades particulares del departamento de Hucal (Argentina): Bernasconi, Jacinto Arauz y Villa Alba (hoy General San Martín). Describe siete experiencias de cooperativismo agrario protagonizadas por colonos de pequeñas propiedades dedicados a la monoproducción de trigo, muchos ellos arrendatarios, que recibían el nombre de chacareros. La perspectiva temporal de largo plazo permite observar la evolución desde que surgen los movimientos asociativos, a partir de 1910, para canalizar las reivindicaciones agrarias y la necesidad de acceder a la propiedad, hasta el presente.

La creación de cooperativas fue la vía de la reestructuración productiva, orientada de forma más eficiente hacia la exportación y mejorando los canales de comercialización. Hacia 1950, la

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situación de los chacareros del sureste pampeano mostraba signos de mejora, también debida a la proclamación de leyes de fomento durante la larga etapa de 1947-1988. Desde los años 1970, la presencia de cooperativas sufrió una desaceleración, que se transformó en un declive en las décadas siguientes. A problemas como la disminución del grado de participación de los asociados y de la crisis de los valores cooperativistas tradicionales se añade la creciente descapitalización y un mayor endeudamiento que, invitan a repensar el cooperativismo del siglo XXI.

El estudio de Arturo Román —“Origen y desarrollo de las coo perativas pesqueras de camarón de Mazatlán, 1936-1982”— analiza el desarrollo de las cooperativas pesqueras de camarón en uno de los principales puertos del Pacífico mexicano, Mazatlán, en la etapa 1936 a 1982. El desarrollo de las cooperativas pesqueras no fue un movimiento social espontáneo, estuvo propiciado por una legislación específica que otorgó a los cooperativistas el usu-fructo de importantes especies pesqueras. De hecho, las primeras cooperativas pesqueras surgieron a tenor de los decretos de 1936 y 1937, que les otorgaron la exclusividad de determinadas capturas, entre las que estaba el camarón. Sin embargo, la ausencia de recursos materiales, de embarcaciones, por parte de los cooperativistas, los obligó a asociarse con inversionistas privados y foráneos. La relación entre cooperativistas pesqueros y armadores fue siempre conflictiva, pero no fue óbice para que el sector se estableciera y consolidara; en 1980, el número de afiliados de las cooperativas pesqueras sinaloenses era un cuarto del total del país. Finalmente, en 1981-1982, el gobierno decretó el traspaso de la flota camaronera en manos de la iniciativa privada al sector social, abriéndose un nuevo panorama no sólo para las cooperativas pesqueras de Mazatlán, sino para el resto del país.

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Para no sesgar la visión actual, el autor apunta que en 1992 una nueva ley de pesca retiró el derecho de exclusividad de explotación del camarón al sector cooperativista.

El profesor Aguilar —“Estado, uniones de crédito y desa-rro llo agrícola en el noroeste mexicano: 1932-1970”—, analiza las repercusiones de la Ley General de Instituciones de Crédito (1932), que supuso la inclusión de las uniones de crédito entre los intermediarios financieros. El propósito original de las uniones de crédito era facilitar la financiación a los pequeños empresarios, en cualquier sector económico del país; si bien donde más florecieron fue en el ramo agrícola y ganadero, en los estados de Sinaloa y Sonora. Se calcula que aproximadamente más de 5,000 agricultores disfrutaron de la inclusión financiera gracias a dichos créditos. No obstante, el estudio muestra sugerentes indicios que apuntan a que las élites de agricultores privados también accedieron a esta ventajosa financiación, desvirtuando el espíritu asociativo inicial de las uniones de crédito.

Desde una perspectiva marxista, la profesora Dorigan de Matos —“Organizaciones Colectivistas de Trabajo: por una perspectiva de desarrollo regional”—, presenta un estudio donde establece los presupuestos iniciales y también las diferencias entre la estructura de gestión de Mondragón Corporación y las Cooperativas del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), propiciado por el hecho de que en el Estado del Paraná ha surgido una experiencia de asociación entre ambas. Esta zona del país se caracteriza por una elevada precariedad y un escaso nivel de escolarización. El objetivo del proyecto es impulsar el desarrollo socioeconómico por medio de la formación y la creación de nuevos negocios que mejoren el nivel de bienestar de las familias asentadas en los campamentos del MST.

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La metodología utilizada por la investigadora es la entrevista directa, semiestructurada, con miembros cooperativos del MST y con miembros cooperativos de Mondragón que se encontraban en Brasil a lo largo de los 16 meses (desde marzo de 2010) de la recogida de información. La experiencia de los miembros del MST exhibe un marcado grado de idealismo y altruismo, que en los testimonios del grupo Mondragón es más moderado. En el MST el planteamiento de las propuestas busca lograr el desarrollo social y las estructuras de decisión son casi horizontales, mientras que el grupo de Mondragón cuenta con un acentuado control de las acciones realizadas, que pasan por el grupo de dirección. Uno de los puntos más satisfactorios para los participantes es el proceso de aprendizaje y autoaprendizaje. La autora subraya que en el proceso de entrevistas han surgido varias contradicciones, dudas y reflexiones sobre el marco teórico y las hipótesis que planteaba, pero lo más importante es la presencia de elementos de autogestión observados en las experiencias cooperativas que surgen como un vehículo para romper con la exclusión social.

La Dra. Lindh de Montoya —“La inclusión financiera en Venezuela: el microcrédito y cajas rurales de ahorro y préstamo”—, ofrece una visión general de las nuevas formas de crédito aparecidas en Venezuela en la última década a propósito de la inclusión social que permiten las microfinanzas, a partir de una metodología antropológica. La experta comparte dos experiencias de campo que ha vivido en primera persona, si bien previamente contextualiza el estudio en un riguroso cuadro macroestadístico construido con indicadores internacionales y nacionales sobre la inclusión financiera y la solidez de las microfinanzas. Un marco regulatorio favorable —la Ley Bancaria de 2002 aprobó la creación de bancos de microfinanzas y obligó a que la banca comercial ubicara 3%

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de sus carteras en microcréditos— con las microfinanzas parece no haber reportado los resultados esperados. En muchos casos, las iniciativas derivadas de los bancos comerciales sólo tienen el nombre de microcrédito y las condiciones son semejantes a las de los créditos convencionales, por lo tanto, no se supera la barrera de la exclusión financiera para los colectivos que tradicionalmente están excluidos de los servicios bancarios formales. En las zonas rurales del país la alternativa financiera más extendida son las cajas rurales o cooperativas bancarias rurales; si bien su éxito es diverso, han sido un instrumento clave para fomentar el ahorro. En esta sección la autora refleja con detalle su experiencia con las socias (2/3 son mujeres) de la caja rural Rosa Mística.

Los lectores tienen entre sus manos un interesante trabajo que les ayudará a comprender mejor los difíciles caminos por los que ha transitado la ESS en el ámbito de América Latina, así como a conocer las soluciones que se implantaron en distintos territorios para resover problemas que hoy se siguen debatiendo, tanto en los ámbitos académicos como en los sociales y políticos.

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