estructura social de espaÑa (uned)

ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA

2º CURSO DE GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

PRIMER SEMESTRE

“TRES DÉCADAS DE CAMBIO SOCIAL EN ESPAÑA”

J. J. GONZÁLEZ y M. REQUENA (2008)

RESUMIDO POR

PROFESOR LUIS CARRASCO (UNED Illes Balears)

Profesor Luis Carrasco Martínez (UNE D Illes Balears)

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TEMA 1 INTRODUCCIÓN: TRES DÉCADAS DE CAMBIO SOCIAL EN ESPAÑA Juan Jesús González / Miguel Requena 0. INTRODUCCIÓN Ex isten dos formas de valorar el cambio social en España: mediante su comparación con los países del entorno o mediante el análisis de su evolución durante los últimos treinta años (1975-2005), que será el procedimiento que seguiremos. Un primer acercamiento permite afirmar que el cambio ha sido radical y en todos los órdenes: el económico (de una economía protegida y cerrada a una abierta, competitiva e integrada a nivel euro-peo y mundial), el político (de dictadura a democracia constitucional) y el social (de sociedad semirrural a metropolitana y cosmopolita). El análisis de los cambios estructurales de la sociedad española entre 1975-2005 se inicia con el análisis del ámbito demográfico: fecundidad, mortalidad y migraciones. Durante el s. XX España ha llevado a cabo su transición demográfica, pasando de un régimen de-mográfico primitivo a uno moderno (de altas a bajas natalidad-mortalidad), lo que, junto a la ampliación de la esperanza de vida, ha generado un creciente envejecimiento que se refleja en un cambio de pirámide poblacional. Además, desde finales del s. XX se viene produciendo una segunda transición demográfica de grandes consecuencias, caracteri-zada por una serie de cambios en los comportamientos familiares (retraso en la emanci-pación familiar, en el primer matrimonio, en la edad de concepción, incorporación de la mujer al mercado laboral, menor nupcialidad, más uniones consensuales o de hecho, más familias monoparentales…). Respecto al análisis del ámbito laboral, el análisis se centra en la evolución del mercado de trabajo, cuyos cambios fundamentales se originan en dos importantes sucesos: la ma-siva incorporación de la mujer al mercado laboral (lo que ha supuesto un cambio radical en la vida familiar) y la creciente incorporación de trabajadores inmigrantes, principal-mente latinoamericanos y norteafricanos. En el proceso de transición polít ica desde una dictadura hacia una democracia liberal, en plena crisis económica internacional, pri-marán los aspectos políticos a los económicos; no será hasta culminado dicho proceso político (1982), ya con la tasa de ocupación más baja de Europa, cuando finalmente se acometa la tarea de la creación de empleo, aunque una serie de factores harán difícil dicho objetivo: la reconversión industrial, la desagrarización, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la llegada a la edad laboral de las nutridas cohortes del baby-boom de los años 60. Habrá que esperar al ciclo económico más expansivo de los años 90 para poder cumplir parcialmente ese objetivo, aunque a expensas de una alta temporalidad en el empleo. Respecto al análisis de la estructura social, es de destacar que el boom económico de los años 90 trascendió con mucho su carácter económico o laboral, pues los cambios en el mercado de trabajo, con la llegada masiva de inmigrantes, la figura de la mujer traba-jadora y el surgimiento de una nueva e influyente clase media han convertido la socie-dad española en una sociedad nueva, moderna, abierta y multicultural. En ese sentido, destacan: el cambio en las clases medias, pues mientras la viejas clases medias (peque-ños propietarios y negocios familiares) se reducían del 24 al 17 % de la EPA entre 1977 y 1998, la nueva clase media pasaba del 10 al 17 %; la cuestión religiosa ha dejado de ser motivo de tensión; y la cuestión territorial está resultando mucho más tratable que en otros momentos de nuestra historia.


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Respecto al análisis del ámbito educativo, destaca una expansión generalizada y pro-funda del sistema educativo, adquiriendo un papel fundamental como generador de riqueza agregada y de expectativas de mejora de la condición personal. Entre sus logros destacan la escolarización obligatoria hasta la enseñanza secundaria y la apertura de la enseñanza universitaria a amplias capas de la sociedad. Respecto al análisis del ámbito religioso, se produce una profunda transformación religio-sa, caracterizada por la pérdida de relevancia social y cultural de la religión a medida que se desarrollaba la modernización, el paulatino declive de la Iglesia católica y la signi-ficativa pérdida de religiosidad de los españoles. Destaca la aparición de una difusa for-ma de catolicismo nominal, que se podría definir como una identidad religiosa vaga, que se desentiende de las formas tradicionales de devoción, no se implica en rituales, flex ible desde el punto de vista dogmático y moralmente permisivo. En general, el balance de las tres últimas décadas en España es claramente positivo, fun-damentalmente gracias a que se ha dotado de factores de cohesión e integración de los que carecía, como el Estado de las Autonomías y el Estado de Bienestar, cumpliendo con los compromisos básicos en materia de pensiones, educación y sanidad. Entre los cambios más relevantes destacan: el cambio de los tradicionales protagonistas sociales (clases altas, militares, viejas clases medias) por nuevos protagonistas (mujeres, inmigran-tes, nuevas clases medias), la superación de las clases sociales como hechos sociales totales, la aparición de nuevos grupos de interés y de nuevas fuentes de identidad social y política que se redefinen continuamente, la creciente individuación derivada de la pérdida de influencia de la institución familiar, el declive del patrón familiar patriarcal, el paso de las reivindicaciones salariales a las reivindicaciones redistributivas, la pérdida de peso de la tradición católica y la secularización.


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TEMA 2 LAS BASES DEMOGRÁFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Miguel Requena 1. INTRODUCCIÓN En sentido demográfico, una población es un conjunto de individuos que vive en un terri-torio determinado de un modo más o menos estable, con cierto grado de reproducción, movilidad e identidad colectiva; en definitiva, el conjunto de individuos que residen de-ntro de las fronteras de un Estado nacional. El tamaño y la estructura de una población dependen de su tasa de crecimiento (%), es decir , de la combinación de su fecundidad, mortalidad y movimientos migratorios. Si deseamos dejar al margen los efectos de las migraciones, la estructura de una población dependerá de su crecimiento natural (CN), es decir, de su saldo entre nacimientos y defunciones durante un año. Durante buena parte del s. XX España experimentó un CN positivo y un saldo migratorio nulo o negativo, pues durante las primeras décadas se vivió una intensa emigración hacia América y durante la década de los 60 hacia Europa, junto a una intensa movilidad inter-ior. Sin embargo, durante los últimos años ha cambiado la tendencia: el CN ha descendi-do hasta niveles que no garantizan el reemplazo generacional, la movilidad interna se ha reducido y el saldo migratorio ha ido creciendo progresivamente. El objetivo de este capítulo es analizar los factores que han desencadenado dichos efec-tos, no sólo por mero interés demográfico, sino porque los factores demográficos son in-dispensables para entender otras dimensiones estructurales; así , algunos fenómenos so-ciales son el producto del cambio de composición poblacional (p. e., el creciente des-empleo de los años 80 fue producto del baby boom de los 60), o bien a la inversa, algu-nos cambios estructurales propician cambios en la base demográfica (p. e., la incorpora-ción de la mujer al mercado laboral explica el descenso de fecundidad). Por tanto, para comprender adecuadamente una sociedad es imprescindible recorrer el camino desde su demografía hacia los factores institucionales que inciden en su estructura social. 2. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y SU CRECIMIENTO NATURAL Según el censo del 2003, España cuenta con 42 millones de personas, lo que la convierte en el 28º país del mundo y el 5º de la UE, con una densidad de población relativamente baja de 80 hab./km2 (UE ≈ 120 hab./km2). Si en 1900 tenía 19 millones de habitantes, 23 en 1930, 34 en 1970 y 42 en 2003, ¿cómo se explica dicho crecimiento? Fundamentalmente, a través de la teoría de la transición demográfica. El concepto de transición demográfica refiere al cambio histórico que lleva del régimen demográfico primitivo al moderno en una población determinada, pasando de unas ta-sas de natalidad (TN) y de mortalidad (TM) elevadas a bajas; puesto que el descenso de la mortalidad precede en el tiempo al de la natalidad, durante la transición (alta natali-dad y baja mortalidad) se produce un rápido crecimiento de la población. En Europa, la transición demográfica se inicia en el Renacimiento (XV-XVI) y la Ilustración (XVIII), culmi-nando con la Revolución Industrial (XIX-XX); hasta entonces, la mortalidad y la fecundi-dad dependían de factores naturales (epidemias, hambrunas, climatología), pero a lo largo de ese periodo entrarán en el ámbito de la intervención humana, tanto gracias al


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progreso médico, la mejora del nivel de vida y la anticoncepción, como por la evolución de las mentalidades y costumbres. Por tanto, el motor del crecimiento demográfico du-rante la transición demográfica fue la diferencia temporal entre el inicial descenso de la mortalidad y el posterior de la fecundidad, propiciando un excedente de nacimientos sobre los fallecimientos. Los factores para ello fueron: los progresos técnicos agrícolas, la expansión colonial, la aparición de nuevos cultivos (maíz, patata), la lucha contra las epi-demias desde los poderes públicos, el desarrollo de la medicina moderna, los progresos en la higiene y la mejora en las condiciones de vida; todo ello propició un CN del 1,5 % anual y el incremento de la Esperanza de Vida (EV) hasta los 35 años. Sólo después se inició el progresivo descenso de la fecundidad, gracias a la reducción de la mortalidad infantil, los progresos en la educación y a los cambios profundos en la mentalidad de las parejas frente a la procreación. El final de la transición demográfica surge cuando las TN y TM se igualan a niveles muy bajos, con la EV en los 75 años y un ISF de 2,1 hijos por mu-jer, llegándose a un crecimiento nulo o reducido. En el caso de España, la transición demográfica se inicia ya en el s. XX, pasando de una TN del 34 ‰ → 10 ‰ y de una TM del 28 ‰ → 9 ‰ (1900 → 2000). La transición demográ-fica española destaca por el arranque simultáneo de las caídas de natalidad y mortali-dad, cuyo rumbo paralelo y descendente nunca generó un estallido demográfico, sino un crecimiento sostenido, continuo y regular, vinculado a los procesos de modernización social, económica y cultural (urbanización, alfabetización, industrialización, pérdida de peso de la agricultura, secularización…). Desde una perspectiva más reciente, entre 1975-2000 se observa una caída brusca y acelerada del número de nacimientos junto a un lento incremento de las defunciones, cuyo punto de inflex ión fue 1998, momento en que el CN se aprox imó a cero (0,01 %); desde entonces, ha repuntado ligeramente hasta el 0,1 % anual. A principios del s. XXI España ha finalizado su transición demográfica y refleja un escenario postransicional, con un bajo crecimiento vegetativo y tasas muy ba-jas de natalidad y mortalidad. 3. LA FECUNDIDAD Y LA NUPCIALIDAD El Índice sintét ico de fecundidad (ISF) expresa el número medio de hijos que tendría una mujer al finalizar su vida reproductiva (15-49 años) si hubiese mantenido cada año el comportamiento reproductivo de las mujeres; según esto, el reemplazo generacional se sitúa en un ISF = 2,1 hijos por mujer. Así, en 1965 el ISF en Europa oscilaba entre los 3,04 hijos por mujer en Holanda y los 2,42 en Suecia, con España en las posiciones de cabeza con 2,95 (2,8 en 1975); sin embargo, en el 2000 la situación se ha invertido, oscilando entre los 1,89 de Francia y los 1,23 de Italia, con España en el furgón de cola con 1,24 (habien-do llegado a 1,16 en 1989), un régimen demográfico de muy baja fecundidad que algu-nos autores califican de depresión demográfica, al punto que en 2003 casi la totalidad del CN corresponde a hijos de madres extranjeras. ¿Qué explica este cambio? El descenso de la TN en España se inscribe en la evolución que caracteriza la transición demográfica, asociada a diferentes procesos de cambio demográfico, social, económi-co y cultural, destacando la variación radical en la posición social y familiar de las muje-res. Las características del régimen de baja fecundidad en España son las siguientes:

a) Reducción drástica del ISF. El análisis del ISF por rangos refleja dos hechos básicos:

(i) el abrupto descenso de la natalidad, de 2,78 hijos por mujer en 1975 a 1,24 en 2000, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1); y (ii) la progresiva decantación hacia un solo hijo de la sociedad española, lo que se refleja en el mayor peso del primer hijo, que pasa del 36 % del ISF en 1975 al 53 % en 2000 y la práctica desaparición del rango de 4 o más hijos, que pasa del 16 % al 1,66 %.


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España - ISF Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4+ TOTAL

1975 ISF Rango 1,008 0,837 0,481 0,454 2,78

% en ISF 36,25 30,10 17,31 16,35 100 %

1980 ISF Rango 0,897 0,693 0,343 0,277 2,21

% en ISF 40,57 31,35 15,53 12,54 100 %

1985 ISF Rango 0,725 0,529 0,227 0,156 1,64

% en ISF 44,30 32,30 13,89 9,51 100 %

1990 ISF Rango 0,672 0,480 0,151 0,074 1,38

% en ISF 48,82 34,98 10,94 5,34 100 %

1995 ISF Rango 0,600 0,436 0,110 0,041 1,19

% en ISF 50,55 36,73 9,26 3,45 100 %

2000 ISF Rango 0,664 0,448 0,101 0,032 1,24

% en ISF 53,32 35,98 8,13 1,66 100 %

b) Retraso en el calendario de la maternidad. Desde 1975 las españolas han ido re-trasando la procreación. Así, la Edad Media a la Maternidad (EMM) ha pasado de los 28 a los 30,5 años (+ 2,5 años) y la Edad Media a la Primera Maternidad (EMM1) de los 25 a los 29 años (+ 4 años); por grupos de edades, en 1975 el porcentaje de nacimientos fue: 25-29 (34 %), 20-24 (24 %), 30-34 (22 %) y 35-39 (11 %), mientras que en 2000 fue: 30-34 (38 %), 25-29 (27 %), 35-39 (17 %) y 20-24 (11 %). Estos datos refle-jan un considerable retraso en el calendario de la maternidad, con una progresiva pérdida de peso de los grupos jóvenes, pues si en 1975 las de 15-29 años aporta-ban el 62 % de la fecundidad y las de 30-49 el 38 %, en 2000 las primeras han redu-cido su aportación hasta el 42 % mientras que las segundas han crecido hasta el 58 %. Así mismo, si en 1975 el 87 % de los primeros hijos los tenían mujeres de 15-29 años y sólo el 13 % las de 30-49, en 2000 la situación se ha equilibrado, con el 55 % y del 45 % respectivamente. Por tanto, la EMM muestra tendencia al alza, en sintonía con la evolución de la EMM1, lo que propicia, como consecuencia del menor número de hijos, un acortamiento del periodo dedicado a la procreación.

c) Creciente procreación fuera del matrimonio. Si en 1975 la proporción de hijos no

matrimoniales oscilaba entre el 14 % de Suecia y el 2 % de España, en el año 2000 está entre el 55 % de Suecia y el 10 % de Italia, con España en el 18 %. Por tanto, se observa una tendencia generalizada al alza, fruto del aumento de las uniones consensuales como comportamiento social crecientemente aceptado; sin em-bargo, ex iste una gran diferencia entre los países del norte y del sur , pues mientras Suecia, Dinamarca, Francia y GB superan el 40 %, en España e Italia los nacimien-tos extramatrimoniales son sólo una opción minoritaria (10-17 %), lo que evidencia en ellos la gran influencia que ejerce la nupcialidad sobre la fecundidad.

d) Déficit de natalidad. Definido como la discrepancia entre el número deseado de

hijos y el finalmente tenido, los estudios señalan que las cohortes de mujeres que protagonizaron la primera fase de la caída de la fecundidad no experimentaron insatisfacción por subfertilidad, pues su número de hijos fue igual o superior al pro-yectado; sin embargo, las mujeres que nacieron durante los años 70 manifiestan déficit de natalidad, pues el 75 % de las mujeres con 0-1 hijos afirman sentirse insa-tisfechas con su número de hijos, insatisfacción que se reduce al 25 % de las que tienen dos o más hijos.

e) Conexión nupcialidad-fertilidad. Los datos reflejan que en España persiste una co-

nexión causal entre nupcialidad y fecundidad, pues las TN están conectadas a la proporción de mujeres en edad fecunda que se encuentran casadas; así, si en


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1975 el 37 % de las mujeres entre 15-29 años estaban casadas, en 2001 sólo eran el 16 %, datos que coinciden con la pauta de caída seguida por la fecundidad. Además, el retraso en el calendario matrimonial coincide con el retraso en el ca-lendario de la maternidad, básicamente por las dificultades de los jóvenes para independizarse de sus padres y formar nuevas unidades familiares (desempleo, in-estabilidad laboral, crisis de vivienda). Otros aspectos que han debilitado el matri-monio en España (y, por tanto, que han propiciado la reducción de la fecundi-dad) son: el auge de la cohabitación, la ley del divorcio (1981), la secularización del matrimonio y la desvinculación matrimonio-sexualidad.

Todo lo anterior sugiere la ex istencia en España de un nuevo marco demográfico, cuyos cambios señalan el inicio de la segunda transición demográfica, caracterizada por la acentuación de la reducción de la fecundidad, la incorporación de las mujeres al mer-cado laboral y una nueva articulación entre familia y trabajo, principalmente en el senti-do de una creciente individualización de sus miembros. El modelo tradicional de familia de un único perceptor de ingresos ha dado paso a un nuevo modelo de familia con dos padres que trabajan, en el que las políticas tradicionales de fomento de la natalidad se muestran ineficaces, debiendo enmarcarse entre cambios más amplios de la organiza-ción económica y social que modifiquen la relación familia-trabajo y las relaciones de género; en ausencia de políticas adecuadas, los jóvenes y las mujeres ponen en práctica estrategias para evitar riesgos, con evidentes consecuencias negativas sobre la vida fa-miliar y la fecundidad. 4. LA MORTALIDAD La reducción de la mortalidad es el factor que desencadena la transición demográfica, generando, tras la posterior reducción de la natalidad, una creciente esperanza de vida y el envejecimiento demográfico. Las tesis que intentan explicarla son:

i. Tesis de los factores médicos y sanitarios. La reducción de la mortalidad se inició con el desarrollo de la medicina moderna durante el Renacimiento y la Ilustración, gracias a los avances médicos, la lucha contra las epidemias por los poderes públi-cos, los progresos en la higiene, las mejoras en el nivel de vida y la anticoncepción.

ii. Tesis alimentaria (McKEOWN). La reducción de la mortalidad fue gracias a los pro-

gresos técnicos agrícolas y el descubrimiento de nuevos cultivos durante la expan-sión colonial, como el maíz y la patata, lo que palió las persistentes hambrunas.

iii. Tesis de la transición epidemiológica (OMRAN). La reducción de la mortalidad es

fruto de la evolución desde: (a) una situación en la que predominaban la mortali-dad infantil y las enfermedades infecciosas, a (b) una fase en la que predominan los tumores y las enfermedades del aparato circulatorio, y, por último, a (c) una fase caracterizada por enfermedades sociales (provocadas por la conducta humana), degenerativas y tardías (cardiovasculares, tumores).

iv. Tesis de la transición sanitaria. El control de la mortalidad obedece a un conjunto in-

terconectado de causas (biológicas, médicas, técnicas, sociales, culturales, económicas, ambientales…) que inciden con peso cambiante en la salud de la población. Por ello, en las sociedades contemporáneas las probabilidades de per-der la vida o la salud están estrechamente asociadas a determinados grupos po-blacionales, como p. e. los varones jóvenes (tráfico, sida, drogas, deportes de ries-go).


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La mortalidad en España a lo largo del s. XX (1900 → 2000) refleja una evolución muy posi-tiva, especialmente durante la segunda mitad del siglo, destacando la caída de la mor-talidad infantil (185 ‰ → 4 ‰), el crecimiento de niños que viven a los 5 años (63 % → 99 %) y el crecimiento de la esperanza de vida (34 → 75 años hombres y 36 → 82 mujeres). Aunque durante los últimos años se detecta un leve repunte de la mortalidad, ello es habitual en las sociedades avanzadas debido al progresivo envejecimiento demográfico: al aumentar el número de ancianos aumenta el número de defunciones, lo que es sínto-ma del aumento de la longevidad y de la concentración de la muerte en la fase final del ciclo vital (envejecimiento de la muerte), lo cual se ajusta razonablemente bien a lo pos-tulado por el modelo de transición epidemiológica. Además, los datos reflejan que persis-te la tradicional sobremortalidad masculina, en un promedio de un 5 % más de probabili-dades de morir que las mujeres a todas las edades, debido a un plus de peligrosidad que no se puede imputar a causas naturales sino a sus propios estilos de vida: conducción temeraria, SIDA por sexo sin control, acceso a drogas, ejercicio de deportes de riesgo, mayor consumo de tabaco… 5. UNA NOTA SOBRE LA MOVILIDAD INTERNA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA La movilidad geográfica es un fenómeno connatural a las poblaciones humanas que se intensifica en las sociedades modernas, debido al éxodo rural y los procesos de concen-tración urbana, las crecientes facilidades de transporte, el desarrollo económico o espe-cialización funcional de ciertas áreas… La importancia de la movilidad interna se observa en el dato de que en 2001 casi la mitad de la población española vive en un municipio distinto del que nación y una cuarta parte en una provincia distinta. La movilidad en España durante el s. XX se puede dividir en tres fases:

a) 1900-1930. En una España pobre y rural, el rápido crecimiento de la población redu-jo el nivel de vida, generando una doble corriente migratoria: (i) una migración in-terna del campo hacia la ciudad o entre regiones, orientada hacia centros urbanos con gran dinamismo económico (Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Asturias, Cantabria); y (ii) una migración externa hacia América (Argentina, Uruguay, Brasil, EEUU), y en menor medida hacia África y Francia, con implicaciones económicas, políticas, sociales y culturales enormes para las zonas receptoras. Las consecuencias para las zonas emisoras fueron dobles: por un lado, palió el excedente de pobla-ción rural, supuso una fuente de divisas y de ahorro y los retornados colaboraron en la promoción de sus zonas de origen; por otro, supusieron la pérdida de potencial humano y desajustes en la estructura por edad y sexo de la población.

b) 1950-1975. De nuevo la presión demográfica en el mundo rural sobre sus escasos re-

cursos desencadenó una doble corriente migratoria, unidireccional y de largo reco-rrido: (i) una migración interna hacia ciertas zonas del país (Cornisa Cantábrica, Ca-taluña, Levante, M adrid); y (ii) una migración externa hacia Europa (Francia, Ale-mania, Bélgica), que superó el millón de personas y sólo cesó con la crisis de los 70. Si en la fase anterior el origen emisor estaba en la Cornisa Cantábrica, ahora se sit-úa en Castilla, Ex tremadura y Andalucía. Sus consecuencias fueron: el reequilibrio de la población española a favor de las grandes ciudades; el desarrollo industrial del país al unir el excedente de oferta de mano de obra en algunas regiones con la demanda en otras; una importante fuente de divisas e inversiones para el país; la contribución de los retornados al desarrollo de sus zonas de origen; y una escasez de mano de obra en el campo que sentó las bases tanto para una mayor especia-


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lización y mecanización de la producción agrícola, como para mejorar los niveles de vida entre los que se habían quedado en los pueblos.

c) 1975-2000. Desde 1975 la movilidad interna se reduce, y la que se produce cambia

sus características: es pluridireccional y abierta, adquiriendo importancia los movi-mientos pendulares (ida y vuelta), los temporales y los de corto recorrido, persi-guiendo la relocalización residencial mediante procesos de suburbanización (tras-lados de población de las ciudades a otros municipios cercanos más pequeños), al punto que algunos han llegado a hablar de éxodo urbano. Además, desde princi-pios de los 90 España recibe grupos numerosos de inmigrantes, especialmente de Latinoamérica (Ecuador, Perú), Norte de África (M arruecos), África subsahariana (Nigeria), Europa del Este (Rumania, Polonia) y Este de Asia (China, Filipinas). Los in-migrantes llegan buscando una vida mejor y suelen ocupar puestos laborales que los españoles ya no desean, con dos consecuencias: por un lado, su trabajo ayuda a equilibrar la estructura por edad de la población, a crear riqueza y a mantener las prestaciones sociales del país con sus aportaciones al erario público; por otro, la dis-tancia cultural provoca tensiones sociales y políticas que habrá que subsanar.

6. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA El estudio de la estructura por edad de una población no sólo es fundamental para expli-car sus fenómenos demográficos, sino también para explicar muchos procesos sociales (economía, política, educación, cultura), guardando una estrecha relación con sus mo-dos de vida. Obviamente, la estructura por edad de una población viene determinada por la evolución de sus tasas vitales (TN, TM) y de su movilidad (migración, inmigración). El instrumento gráfico habitual para el estudio de la estructura por edad es la pirámide de población, que consiste en un gráfico de barras que presenta la distribución de una población por edad y sexo, sea por edades individua-les o agregadas, de modo que la cohorte que nace cada año se incorpora a la base de la pirámide y las demás cohortes la van escalando; según en-vejecen las cohortes, es inevitable que pierdan integrantes debido a los fa-llecimientos y a la emigración, pero también que los añadan por la inmigración. Ex isten tres perfiles básicos: (a) perfil expansivo o de crecimiento rápido, con una base amplia que indica una proporción elevada de niños y una rápida tasa de crecimiento (Nigeria); (b) perfil estacionario o de crecimiento lento, con una base estrecha y un número de personas similar en cada grupo de edades que se estrecha con los grupos de más edad, lo que indica una proporción moderada de niños y una tasa de crecimiento lenta (EEUU); y (c) perfil constrictivo o de crecimiento nulo o negativo, con una base más estrecha que el centro y una reducción gradual en las edades más avanzadas, lo que indica un des-censo en la fecundidad y el progresivo envejecimiento de la población (España). En el caso de España, ha pasado de una pirámide poblacional con perfil expansivo a otra de perfil constrict ivo, donde las edades con más volumen poblacional están entre los 25-39 años. Dicha evolución refleja un proceso de envejecimiento, caracterizado por una persistente baja fecundidad (ISF = 1,2 niños por mujer), la reducción de los nacimientos (TN = 9 ‰), el incremento en la longevidad (E0 = 78 años) y el incremento de la edad me-dia y mediana (40 y 32,8 años); mientras que el porcentaje de menores de edad se ha reducido a la mitad (14,5 %), el de mayores de 65 se ha duplicado (17 %) y el de mayores de 80 casi triplicado (3,9 %), lo que ha propiciado que el índice de envejecimiento se haya multiplicado por tres (117,3 %).


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Como resultado de todo lo anterior, la población acabará actuando como un freno para la economía y el mantenimiento del nivel de vida. Por un lado, los jóvenes actuales aún pertenecen a generaciones relativamente abundantes, pero en los próx imos años se producirá un fuerte descenso de la población en edad laboral a medida que las genera-ciones más reducidas nacidas durante los años 70 y 80 vayan llegando a dicha edad, generando escasez de mano de obra y una merma en la competitividad económica del país. Por otro lado, el progresivo envejecimiento, representado en 2001 por 7 millones de mayores de 65 años, presentará nuevos retos que habrá que resolver, como la viabilidad del pago de pensiones y el creciente gasto en asistencia sanitaria y social.

ESPAÑA 1900 1930 1960 1990

Tasa de nat alidad (‰) 35 27,2 21,6 9,3

Í ndice Sint ético fecundidad 4,5 3,5 2,75 1,2

Tasa de mort alidad (‰) 26 16,3 8,6 8,8

Esperanza de vida al n acer 35 50 70 78

M ort alidad infant il (‰) 185 124 44 7

Niños que llegan a 5 años (%) 63 80 95 99

Crecimient o nat ural 0,6 1,1 1,3 0,4

Est ruct ura por edad (%)

0-14 33,4 31,5 27,2 17,9

15-64 61,4 62,2 64,5 67,4

> 64 5,2 6,2 8,3 14,7

Razón de depen dencia 0,63 0,61 0,55 0,48

Í ndice de envejecimient o 15,6 19,7 30,5 82,1

ESPAÑA 1970 1981 1991 2001

Edad media 33 34 37 40

Edad median a 23,8 29,3 30 32,8

Est ruct ura por edad (%)

0-14 27,8 25,7 19,4 14,5

15-64 62,5 63,1 66,8 68,4

> 64 9,7 11,2 13,8 17

> 80 1,5 1,9 3 3,9

Razón de depen dencia 0,60 0,58 0,50 0,46

Í ndice de envejecimient o 34,8 43,7 71,3 117,3

7. CONCLUSIONES A lo largo del s. XX España ha llevado a cabo su transición demográfica, vinculada a los procesos de modernización social, económica y cultural (urbanización, alfabetización, desagrarización, industrialización, auge de los servicios, elevación del nivel de vida, secu-larización…) , al final de la cual España se presenta como un país con una estructura y un comportamiento demográfico equiparables a las sociedades avanzadas de su entorno. Sus datos demográficos más destacados son: caída de la natalidad, de la fecundidad y de la mortalidad, caída y retraso de la nupcialidad, retraso en el calendario de la mater-


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nidad, crecimiento de las uniones consensuales y de los hijos extramatrimoniales, creci-miento de la esperanza de vida, mayor longevidad y envejecimiento de la población y de la muerte. Sin embargo, si bien la mayor parte de los datos demográficos son positivos, también ex is-ten datos sociales que representan costes, como la falta de puestos de trabajo y la ines-tabilidad en el empleo, la carestía y encarecimiento de la vivienda, la pérdida de com-petitividad económica, la dificultad para garantizar el pago de las pensiones, los crecien-tes gastos en sanidad y servicios asistenciales a los mayores y las dificultades de integra-ción de los trabajadores inmigrantes. Por último, señalar que la evolución global de las causas de muerte en España a lo largo del s. XX se ajusta razonablemente bien a lo establecido por el modelo de la transición epidemiológica, según el cual la población española se encuentra en la tercera fase de la transición de la mortalidad, caracterizada por las enfermedades sociales, degenerati-vas, crónicas y tardías, en gran medida determinadas por factores ambientales (enfer-medades de los aparatos circulatorio y respiratorio, tumores).


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TEMA 3 LA FAMILIA Teresa Jur ado 1. INTRODUCCIÓN La familia es un elemento básico de la estructura social, pues mantiene múltiples relacio-nes con otros elementos y circunstancias importantes de la misma: el Estado, la econom-ía, las desigualdades sociales, la continuidad de la estructura social, la socialización de sus miembros, las mujeres como actor fundamental del reciente cambio social, la difusión de la educación y la cultura… Por ello, el estudio del cambio familiar se configura como un elemento clave para la comprensión del cambio social de una sociedad, ex istiendo cuatro interpretaciones teóricas del cambio familiar:

i. Tesis de la individualización , basada en la división de la sociedad en est ilos de vi-da más que en clases sociales. El cambio familiar estaría vinculado al cambio de estrategias de sus miembros frente a los cambios del contexto económico, político y social, ligado a la transición democrática.

ii. Tesis microsociológica, basada en la teoría de la acción y la estrategia racional

de los individuos. El cambio familiar estaría vinculado al aumento de la libertad in-dividual y la pérdida de ataduras frente a la Iglesia, la familia y la comunidad.

iii. Tesis macrosociológica , basada en la diferenciación funcional, la postmoderniza-

ción y la segunda transición demográfica. El cambio familiar estaría vinculado a la industrialización, la urbanización, la terciarización y el Estado del bienestar.

iv. Tesis de la desigualdad de género, basada en la tendencia hacia la igualdad de

género como factor principal del cambio familiar. Según TERESA JURADO (2005), en el resto del capítulo usará la tesis macrosociológica co-mo base de trabajo para explicar el cambio familiar en España, cuyos postulados van a servirle para exponer cinco argumentos o tesis:

i. Tesis de la alta velocidad del cambio familiar: el cambio familiar en España es más tardío y veloz que en otros países, siguiendo pautas propias.

ii. Tesis de la postmodernización relativa: en muchos aspectos, las nuevas familias

españolas siguen siendo relativamente tradicionales y poco postmodernas, carac-terizándose por particularidades específicas que las diferencian de otros países.

iii. Tesis de las dos velocidades: el cambio familiar en España refleja dos velocidades,

pues en unos aspectos se observan cambios rápidos (expansión educativa, em-pleo femenino, caída fecundidad, aumento divorcios, emancipación ancianos, democratización relaciones familiares) y en otros cambios lentos (división de géne-ro en trabajo doméstico y crianza de hijos, difusión uniones de hecho, conciliación entre trabajo y familia, emancipación juvenil).

iv. Tesis del protagonismo femenino: el cambio familiar tiene como principal agente a

las mujeres y a sus novedosas estrategias frente a la educación, el empleo, el emparejamiento y la procreación.


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v. Tesis de los límites al cambio familiar, que son básicamente dos: la esfera privada,

donde se ha alcanzado menor difusión de la igualdad de género que en la esfera pública, y los límites impuestos por el régimen de bienestar español.

2. CALENDARIO Y CARACTERÍSTICAS DEL CAMBIO FAMILIAR DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA El concepto de segunda transición demográfica refiere a los cambios demográficos y familiares que se observan desde los años 70 en las sociedades postindustriales: cambios en los calendarios de emancipación, de matrimonio, de maternidad; menor propensión al matrimonio o a tener hijos; mayor propensión al divorcio, a uniones consensuales y a tener hijos fuera del matrimonio; mayor valor a la secularización, a la individualización y a la autorrealización personal… Aunque se observan pautas comunes, los cambios demográficos en Europa no se han dado de la misma forma en los países del norte que en los del sur, donde los indicadores reflejan que el cambio se inició con quince años de retraso; sin embargo, una vez inicia-dos los cambios, en España los indicadores han evolucionado de un modo igual o más veloz que en el norte europeo, especialmente en los factores que caracterizan la segun-da transición demográfica: la baja fecundidad, el retraso en la emancipación de los jóvenes y la edad al primer hijo. En cuanto a los cambios culturales, se puede hablar de la postmodernización de la cultu-ra familiar española, pues ésta refleja unos altos niveles de tolerancia hacia las nuevas formas familiares: las relaciones homosexuales, la cohabitación, el divorcio, la maternidad fuera del matrimonio… La vida familiar ya no se juzga según las normas religiosas tradicio-nales, sino que se la considera un aspecto privado que contempla distintos modelos. En algunos casos, los españoles parecen incluso más postmodernos que algunos europeos del norte, como la aceptación de que la mujer con hijos trabaje; sin embargo, en otros aspectos la familia española se muestra menos posmoderna, como en el hecho de que los padres se sienten mucho más obligados a ayudar a sus hijos que en otros países euro-peos, incluso a costa de su propio bienestar. 3. LAS MUJERES Y EL CAMBIO FAMILIAR EN ESPAÑA Entre los cambios en España entre 1975-2000 destacan los cambios políticos (Estado de derecho, igualdad de derechos), económicos (desarrollo industrial, terciarización, con-sumo de masas), sociales (nuevos estándares de vida y de consumo) y culturales (expan-sión educativa). El conjunto de dichos cambios ha generado un cambio en el rol público de las mujeres, la oportunidad de su trabajo remunerado y la conveniencia de su aporte salarial a la familia. A su vez, el desarrollo personal de la mujer ha propiciado cambios demográficos (retraso en el calendario de la maternidad, caída de la fecundidad y de la natalidad) y familiares (retraso en el calendario conyugal, cambios en las relaciones entre cónyuges, mayor igualdad en el trabajo doméstico y en el cuidado de los hijos). Por tan-to, conocer las principales características del cambio personal, educativo, cultural y labo-ral de la mujer española se configura como algo fundamental para comprender los cambios en la morfología familiar española.


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4. EXPANSIÓN EDUCATIVA, EMPLEO DE LAS MUJERES Y CAMBIO FAMILIAR La expansión educativa en España ha sido muy rápida, especialmente entre las mujeres, que han alcanzado mayores niveles educativos que los hombres: el 71 % de las mujeres posee educación secundaria o superior, frente al 61 % de los hombres. Ello tiene conse-cuencias significativas, dado que las mujeres con niveles educativos altos suelen tener tasas de ocupación más altas que la media, y las tasas de ocupación van aumentando a medida que aumenta el nivel educativo. Respecto al mundo laboral, en España ex iste escasez de trabajo a tiempo parcial, pues mientras en los Países Bajos representa el 73 % del trabajo femenino y en Francia el 30 %, en España sólo supone el 17 %, lo que con frecuencia obliga a las mujeres españolas a tener que elegir entre la maternidad o el trabajo a tiempo completo. Como consecuen-cia, las mujeres españolas con 1-2 hijos presentan tasas de empleo inferiores a las de otros países (52-43 % España, 75-66 % Francia) y en España ex isten mayor porcentaje de fami-lias con hijos de un solo sustentador (56 % España, 36 % Francia, 40 % Alemania). Según M. J. GONZÁLEZ (2001), en España se distinguen tres pautas laborales femeninas a lo largo del ciclo vital: (i) la tradicional (18 %, el trabajo se interrumpe definitivamente por motivos familiares), (ii) la secuencial (20 %, el trabajo se interrumpe pero se reanuda pos-teriormente) y (iii) la simultánea (50 %, el trabajo no se interrumpe). Los datos reflejan una reducción de la pauta tradicional y un crecimiento de la secuencial y la simultánea. En ese mismo sentido, L. GARRIDO (1992) distingue entre dos biografías de la mujer en Espa-ña: (a) las nacidas antes de 1960, que se incorporaron al mercado laboral durante la crisis de los 70, en las que predomina la pauta tradicional; y (b) las nacidas a partir de 1960, que se incorporaron al mercado laboral en los años 80, con mayor continuidad laboral que sus antecesoras (inclinación a las pautas secuencial y simultánea). En general, el abandono del trabajo extradoméstico por la mujer guarda estrecha rela-ción con la presencia de hijos; sin embargo, la intensidad de esta relación depende de varios factores: (i) del número de hijos (a mayor número, mayor abandono), (ii) de la edad de los hijos (cuanto más pequeños, mayor abandono), (iii) de los estudios (a mayo-res estudios, menor abandono), (iv) del empleo (a mayor estabilidad o antigüedad, me-nor abandono), (v) del marido (a mejor trabajo y mayores estudios, menor abandono), (vi) de los abuelos (si están presentes, menor abandono), (vii) de la ideología de la mujer (cuanto más igualitaria, menor abandono)… 5. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE HOGARES El cambio morfológico de la familia en España se debe analizar desde dos dimensiones:

a) Número de miembros de la familia: los datos reflejan una progresiva reducción del número de miembros por hogar: 3,8 (1900), 3,7 (1950), 3,6 (1980), 3,4 (1990), 3,0 (2000) y 2,9 (2001). Por tanto, hoy los hogares son de menor tamaño, debido a que las parejas tienen menos hijos, a que aumentan los hogares sin núcleo familiar (uni-personales) y a que aumentan las parejas sin hijos y las monoparentales.

b) Estructura familiar. El análisis de los datos familiares entre 1980-2000 refleja:

i. Aumento de los hogares sin núcleo (10,6 → 24,8 %), principalmente los hogares

unipersonales, formados no ya sólo por personas viudas (emancipación de los ancianos), sino también y de un modo creciente por personas solteras, separa-das o divorciadas, fruto de la mayor soltería y ruptura familiar.


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ii. Reducción de las familias de un núcleo (68,7 → 64,5 %). En efecto, se ha reduci-

do drásticamente el número de matrimonios con hijos (49,9 → 39,1 %), pero es importante observar que, por el contrario, han aumentado los matrimonios sin hijos (15,7 → 17,3 %) y los hogares monoparentales (5,7 → 8,1 %).

iii. Reducción de las familias de un núcleo con parientes (14,8 → 8,2 %), debido

principalmente a la creciente emancipación de los ancianos hacia hogares unipersonales o hacia residencias de la tercera edad.

iv. Reducción de las familias de más de un núcleo (5,8 → 2,5 %), debido a la menor

proliferación de las familias troncales o extensas.

TIPO DE HOGAR (%) 1980 2000

SIN NÚCLEO 10,6 24,8 Unipersonales 7,5 20,3

2 o más personas 3,2 4,5

1 NÚCLEO

68,7 64,5 M atrimonio sin hijos 15,7 17,3

M atrimonio con hijos 49,9 39,1

Padre o M adre con hijos 5,7 8,1

1 NÚCLEO + PARIENTES 14,8 8,2

+ 1 NÚCLEO 5,8 2,5 6. RETRASO Y PLURALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN FAMILIAR Y FECUNDIDAD El cambio familiar en España se caracteriza por dos aspectos:

a) Retraso en los calendarios de ciertos indicadores demográficos (emancipación, nupcialidad, maternidad), generando reducciones en otros (natalidad, fecundi-dad). A mayor nivel educativo de la mujer, mayor retraso en la emancipación, la nupcialidad y la maternidad; por ello, las mujeres con altos niveles educativos y con carreras laborales continuas presentan menor fecundidad que las mujeres con bajos niveles educativos, e incluso las mujeres con altos niveles educativos son mayoría entre las mujeres sin hijos. Sin embargo, las mujeres que consiguen traducir su nivel educativo en buenas condiciones laborales son las que presentan mayores proba-bilidades de casarse y de tener un hijo, aunque el hecho de compaginar el trabajo con un hijo reduce la probabilidad de tener un segundo hijo.

b) Pluralización en las modalidades de emancipación, emparejamiento y estructura-

ción familiar, lo que se observa en el aumento de las cohabitaciones prematrimo-niales, de las uniones de hecho, de la heterogamia en el emparejamiento (empare-jamientos con diferentes niveles educativos), de la soltería definitiva (no sólo como estado civil, sino también como no emparejamiento) y de los nacimientos extracon-yugales. Respecto a las uniones de hecho, cabe señalar que su difusión en España sigue siendo menor que en el norte de Europa, y que en su mayoría están formadas por dos solteros (59 %), frente a las que incluyen algún separado, divorciado o viudo (41 %). Las parejas de hecho se postulan como una estrategia de las mujeres con al-


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tos niveles educativos y proyectos profesionales para encontrar una pareja ade-cuada que les permita conciliar empleo y familia, dado que en las uniones de hecho, con diferentes características educativas y ocupacionales que los matrimo-nios tradicionales, la división del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos se muestra más igualitaria. Sin embargo, las parejas de hecho en España tienen menos hijos que los matrimonios, pues en la mayoría de los casos optan por formalizar la unión cuando se inicia el proyecto reproductivo.

En conclusión, se puede afirmar que el vuelco educativo y profesional de las mujeres es-pañolas es el elemento clave del cambio familiar en España, pues ha sido su mayor parti-cipación en el mercado laboral lo que ha producido un aumento de la soltería, de la cohabitación, del emparejamiento hipogámico (con hombres con menos estudios que ellas) y de la disminución del número de hijos por pareja. 7. RUPTURA Y RECOMPOSICIÓN FAMILIAR La intensidad y velocidad del cambio familiar durante los últimos treinta años han propi-ciado el crecimiento de los conflictos familiares y de ruptura de uniones. La aspiración de la mujer española a un proyecto de realización personal y a una relación de pareja más igualitaria ha puesto en duda el matrimonio tradicional, en el que persisten barreras de tipo práctico y de identidad. El aumento de la ruptura familiar ha hecho que crezca la pluralidad de hogares: hogares unipersonales, hogares monoparentales de madres o pa-dres con hijos, segundas nupcias, nuevas uniones de hecho… Tras la Ley del Divorcio (1981), entre 1982-2000 los divorcios se han duplicado y las sepa-raciones se han triplicado. En la actualidad, se separa el 15 % de los matrimonios y el 35 % de las uniones de hecho, y en el 10 % de los matrimonios se trata del segundo para uno de los dos cónyuges; pese a todo, la tasa de divorcio española sigue estando entre las más bajas de Europa. Si bien hasta 1981 las segundas nupcias estaban mayormente liga-das a la viudedad, desde 1984 la mayor parte de los contrayentes de segundas y poste-riores nupcias son divorciados. Según los datos, el 34 % de los hombres y el 18 % de las mujeres divorciados acaban formando una nueva pareja; de ellos, el 48 % de los hombres y el 40% de las mujeres en segundas nupcias, muchos de ellos con hijos de matrimonios anteriores. Puesto que en el 92 % de los divorcios las mujeres suelen quedarse con los hijos, esta es la causa de que ex istan más mujeres que hombres en hogares monoparen-tales con hijos (87 %) y de que las mujeres divorciadas contraigan menos segundas nup-cias que los hombres divorciados (aunque la diferencia tiende a reducirse). Por último, señalar que el divorcio y la separación presentan mayor incidencia entre las mujeres empleadas, lo que explica que las mujeres divorciadas y separadas presenten niveles educativos superiores a la población femenina en su conjunto. En conclusión , se puede afirmar que el incremento educativo y el creciente trabajo re-munerado de las mujeres han propiciado: (a) por un lado, un aumento de las rupturas familiares; y por otro, (b) al incremento de la tasa de ocupación femenina, puesto que las mujeres divorciadas suelen buscar una ocupación remunerada para no depender en exclusiva de la pensión de su ex esposo. 8. FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS PAREJAS Durante el franquismo (1939-1975), las normas legales y familiares imponían un modelo familiar tradicional, basado en el hombre como sustentador único y exclusivo de la fami-


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lia, mientras que la mujer se ocupaba en exclusiva de las tareas domésticas. Sin embargo, primero con la influencia extranjera a través del turismo y los medios de comunicación, y después con la liberalización política de la transición (1975-1982), ha ido disminuyendo la aceptación y legitimación del modelo tradicional, evolucionando hacia un modelo fami-liar secuencial o simultáneo por parte de la mujer. Según G. MEIL (1999), las encuestas sobre la estructura familiar delatan gran subjetividad en la percepción de los roles, a menudo muy alejados de la realidad; por ello, sugiere que los mejores instrumentos de medida son los diarios del uso del tiempo. En su opinión, ex isten tres dimensiones en las relaciones de pareja:

a) La división del trabajo remunerado-doméstico y las relaciones de poder. Según la recurrida teoría de la elección racional, la especialización familiar depende de los recursos que aporta cada cónyuge a la sociedad matrimonial, de modo que el que pueda obtener mayores recursos del mercado laboral será el que se especialice en el trabajo remunerado, mientras que el otro asumirá las tareas domésticas. Pese a que ha crecido el porcentaje de mujeres que han alcanzado posiciones laborales de estatus alto, sólo el 8 % afirma ganar más que su marido y el 18 % ganar igual, por lo que un 74 % de mujeres gana menos que su cónyuge. Sin embargo, M eil afirma que, pese a que se sigue observando cierto liderazgo masculino en las fami-lias formadas por hombres con un estatus socioprofesional bajo y en las que la mujer se dedica en exclusiva al trabajo doméstico, en general el liderazgo familiar en Es-paña está más asociado a la personalidad de los cónyuges que a sus lugares en la estructura social, observándose una progresiva democratización en la adopción de decisiones familiares.

b) La división del trabajo doméstico. Aunque aún se está lejos del reparto igualitario de

tareas domésticas, sí se observa un cambio de actitud en las parejas más jóvenes, en las que ex iste una progresiva democratización de la vida doméstica, pese a que las mujeres aún siguen realizando el grueso del trabajo. Según los datos de 1995, sólo el 8 % de las familias jóvenes afirman ser cuasi-igualitarias, en el 44 % los hom-bres son sólo colaboradores y el 48 % siguen siendo familias tradicionales. Por tanto, se puede hablar de una colaboración del hombre en el hogar, pero en modo al-guno de una división igualitaria del trabajo doméstico. Por otra parte, cuanto mayor es la participación del padre más participan los hijos a las tareas domésticas, aun-que su colaboración sigue siendo escasa y fuente recurrente de conflictos en el se-no familiar, especialmente si la madre trabaja fuera de casa.

c) La división del trabajo en el cuidado y educación de los hijos. Los datos de los años

80-90 reflejan que el hombre se va implicando cada vez más en las tareas de aten-ción de los hijos y en mayor medida que en las tareas domésticas. El fenómeno de la nueva paternidad consiste en la participación a medias en las tareas de atención a los hijos; se da en todas las clases sociales y está directamente relacionado con el trabajo extradoméstico de la mujer, dándose con mayor frecuencia en las parejas en las que la mujer trabaja fuera del hogar y gana igual o más que su marido; por ello, sólo el 20 % de las parejas jóvenes la ejercen efectivamente, llegando al 30 % en las grandes urbes.

En resumen, la profundización del cambio familiar en las parejas dependerá en gran me-dida de las estrategias de educación, empleo y emparejamiento que sigan las mujeres; como los datos reflejan, el aumento de la igualdad de género dentro del hogar es la con-secuencia inmediata y directa de que las mujeres consigan buenas posiciones en la es-tructura ocupacional.


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9. CONCLUSIÓN A lo largo del capítulo, TERESA JURADO (2005) ha ido desplegando una serie de datos sobre el cambio familiar en España que parecen corroborar sus cinco tesis expuestas al inicio del mismo:

i. Tesis de la alta velocidad: el cambio familiar en España, iniciado en los años 70, ha sido más tardío y veloz que en otros países, habiendo seguido pautas propias.

ii. Tesis de la postmodernización relativa: en muchos aspectos, las nuevas familias es-

pañolas siguen siendo relativamente tradicionales y poco postmodernas, caracte-rizándose por particularidades específicas que las diferencian de otros países (pre-valencia del matrimonio, menor pluralidad en las formas de convivencia).

iii. Tesis del protagonismo femenino. Por definición, el cambio familiar es producto del

cambio de estrategias y comportamientos de los miembros que componen las fami-lias: hombres, mujeres e hijos. Sin embargo, los datos revelan que las mujeres son las principales protagonistas del cambio familiar, debido a que han alcanzado altos ni-veles educativos, participan activamente en el mercado laboral, han reducido drásticamente su fecundidad y han adoptado nuevos modelos y comportamientos familiares (uniones de hecho, divorcios y separaciones, matrimonios hipogámicos, tendencia hacia la división igualitaria del trabajo doméstico).

iv. Tesis de las dos velocidades: el cambio familiar en España refleja dos velocidades,

pues en unos aspectos se observan cambios rápidos (expansión educativa, empleo femenino, caída fecundidad, aumento divorcios, emancipación ancianos, demo-cratización relaciones familiares) y en otros cambios lentos (división de género en el trabajo doméstico y crianza de hijos, difusión de las uniones de hecho, conciliación entre trabajo y familia, emancipación juvenil).

v. Tesis de los límites al cambio familiar, que son básicamente dos: la esfera privada,

donde se ha alcanzado menor difusión de la igualdad de género que en la esfera pública (escasa corresponsabilización de los hombres en las tareas del hogar y en el cuidado de los hijos); y los límites impuestos por el régimen de bienestar español (es-caso desarrollo y apoyo a la conciliación entre familia y trabajo).


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TEMA 4 MERCADO DE TRABAJO, OCUPACIÓN Y CLASES SOCIALES Luis Garr ido y Juan J. González 1. CONCEPTOS BÁSICOS En primer lugar, es necesario saber que la importancia del estudio de la evolución del mercado de trabajo y de la estructura ocupacional en España durante las últimas déca-das se debe a que ofrece criterios de estratificación claros y fáciles de operacionalizar empíricamente, permitiendo con sus datos y conclusiones la construcción de un modelo de estructura de clase. Las ocupaciones (estructura ocupacional) son paquetes estandarizados de trabajo, es decir, conjuntos de habilidades y cualificaciones definidos en el marco de una determi-nada división técnica del trabajo y sometidos a un proceso creciente de mercantiliza-ción, al hilo del cual se configura el mercado de trabajo. El mercado de trabajo refiere al cruce entre la oferta de servicios laborales (trabajadores) y la demanda de trabajo (empresarios). Sin embargo, el mercado de trabajo es sin duda algo más que un mercado, pues no se mueve siguiendo estrictos criterios de competen-cia y de mérito, sino que junto a éstos se promueven mecanismos que no son propios de un mercado como la segmentación y la compartimentación de la fuerza de trabajo en nichos laborales cerrados y estancos, a los que se accede por criterios de herencia o adscriptivos (sexo, edad, etnia). El concepto de segmentación del mercado laboral refiere a la situación surgida tras los continuos procesos de reestructuración productiva y de reorganización del trabajo, por la cual se ha generado una división del mercado de trabajo en dos ámbitos notablemente compartimentados: un mercado primario, en el que se encuadran los trabajadores más cualificados y mejor organizados, con altos salarios y buenas expectativas de promoción; y un mercado secundario, constituido por los trabajadores menos cualificados, los más jóvenes o las mujeres, con empleo inestable y bajos salarios. Respecto a las clases sociales (estructura de clases) , el mercado de trabajo nos ofrece una primera y oportuna aprox imación al distinguir entre quienes venden su fuerza de tra-bajo (proletariado) y quienes la compran (burguesía), quedando en una posición inter-media nunca bien definida quienes se dedican a comprar capital acudiendo al merca-do de crédito (empresarios). La relación entre estructura ocupacional y estructura de clases depende de la perspecti-va teórica que se adopte. En general, el marxismo ha privilegiado la estructura de clases basada en las relaciones de propiedad, dejando a la ocupación en una posición subor-dinada; la clase viene definida por la posición en las relaciones sociales de producción, mientras que la ocupación lo es por las relaciones técnicas de producción. Por su parte, el funcionalismo ha privilegiado la estructura ocupacional basada en esquemas multidi-mensionales y escalas de estatus; la clase no se circunscribe sólo a la esfera de produc-ción (marx istas), sino que hay que plantearla en términos de la situación de mercado (w eberianos). Cabe señalar que el funcionalismo fue en gran medida una respuesta a la incapacidad del marx ismo para adaptarse a las nuevas relaciones de propiedad y de producción, así como para explicar la progresiva diferenciación entre propiedad y con-trol y la emergencia de las nuevas clases medias.


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Como respuesta a todo ello, el sociólogo inglés JOHN GOLDTHORPE (1980) postula un modelo de clases basado en dos ideas: (a) una escala de de-seabilidad social de las ocupaciones; en su opinión, sólo podemos aspirar a conocer el ordenamiento que la gente hace de las ocupaciones según su deseabilidad, sin que ex ista un criterio único de interpretación, sea econó-mico, político o de prestigio. Y (b), la distinción entre situación de mercado, que refiere a los recursos productivos con que los individuos se acercan al mercado (cua-lificación, medios de producción); y situación de trabajo, que refiere al grado de control de los individuos sobre su puesto de trabajo y su entorno laboral. Con ello, Goldthorpe construye un modelo de clase basado en la combinación de categorías ocupacionales, basadas en los niveles de renta, las condiciones de empleo, el grado de seguridad y es-tabilidad, las posibilidades de mejora y la localización en los sistemas de autoridad, y sen-sibles a los fenómenos de movilidad social y de cierre social. Finalmente, el modelo de estructura de clases de Goldthorpe genera 11 posiciones de clase, pero es reducible a un modelo tricotómico: (a) clase de servicio, (b) clases intermedias y (c) clase obrera; por tanto, Goldthorpe deja fuera de la estructura a los que supuestamente reciben el servicio. En cualquier caso, Goldthorpe relativiza las relaciones de propiedad y enfatiza la estructu-ra ocupacional, a la que considera la pared maestra de la jerarquía de clases de la so-ciedad moderna. Un concepto clave en Goldthorpe es la idea de clase de servicio, que incluye las “posi-ciones que implican el ejercicio de la autoridad y/o de la cualificación [ …] y supone con-siderable autonomía y libert ad respect o del control de otros”. Dicha clase parece coinci-dir en gran medida con la clase de servicio del capitalismo moderno de Dahrendorf, de-finida como el grupo directivo que se pone al servicio de la propiedad del capital tras la separación entre propiedad y control, aunque Goldthorpe incluye en ella a empresarios y a profesiones liberales. Por su parte, ERIK O. WRIGHT (1980) postula un modelo de clases en función de la posesión de bienes de capital, bienes de organización o bienes de cualificación , aunque éstos últimos resultan difícilmente operacionalizables si no es haciendo referencia a ciertas categorías ocupacionales. Dicho mode-lo genera una estructura de 12 posiciones de clase, que también se puede reducir a un modelo tricotómico: (a) propietarios de medios de producción, (b) clase media y (c) clase trabajadora. De estos dos modelos de clases se deben realizar tres consideraciones. (1) En primer lugar, mientras que Wright privilegia los medios de producción, colocando en la cúspide social a una clase propietaria y explotadora, Goldthorpe privilegia la posición en la organiza-ción y en la jerarquía, colocando en la cúspide a una clase de servicio que está al servi-cio de una clase que sitúa al margen de la estructura. (2) En segundo lugar, no se deben confundir las clases intermedias de Goldthorpe con la clase media de Wright, pues mien-tras que para Wright las clase media es la que realiza tareas de mediación entre el traba-jo y el capital (labores directivas o de supervisión, tareas que ex igen cualificación), para Goldthorpe el término clases int ermedias sólo delimita la zona de la estructura social con mayor permeabilidad y movilidad social; de hecho, la clase media de Wright equivale más bien a las clases de servicio de Goldthorpe. (3) En tercer lugar, tampoco se debe confundir la clase obrera de Goldthorpe con la clase trabajadora de Wright, pues la clase obrera de Goldthorpe sólo refiere estrictamente a los trabajadores manuales, mientras que la clase trabajadora de Wright comprende tanto a los trabajadores manuales como a los no manuales.


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2. LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO En líneas generales, España ha seguido el modelo tradicional de evolución económica: (1) industrialización y desagrarización: la industria y los servicios crecen a expensas de la agricultura; (2) terciarización: la industria se estabiliza frente a la creciente expansión de los servicios; (3) desindustrialización: los servicios siguen creciendo, no sólo a costa de la agricultura, sino también de la industria, que empieza a perder peso económico. Sin embargo, España evidencia características propias: (a) la industrialización (1950-1975) se inició con retraso respecto a otros países, arrancando de una peor situación de parti-da; (b) la desindustrialización se inició antes de alcanzar el umbral de maduración indus-trial adecuado, debido a la crisis económica de los 70, que en España adquirió especial crudeza al coincidir con la transición política, que primó los aspectos políticos a los económicos; (c) la recuperación 1985-1990 estuvo estimulada por la integración euro-pea, que contribuyó a la reestructuración técnico-productiva y a la internacionalización económico-financiera; (d) tras la recesión 1992-1993, el crecimiento desde 1995 parece haber entrado en la senda de la sostenibilidad. Y (e), destaca el problema de la escasez de empleo, que con carácter crónico ha padecido la economía española; como resul-tado de las prácticas franquistas de incentivar la exportación de fuerza de trabajo, al finalizar la crisis de los 70, en 1985, en España la tasa de paro superaba el 20 % y la tasa de actividad era apenas del 45 % (sólo trabajaban 45 de cada 100 personas con edades entre 15-65 años). A partir de entonces, se pueden diferenciar dos fases:

i. Fase de recuperación 1985-1990. Vigorosa pero corta y con gran dependencia del desarrollo del sector público, tras la reforma laboral de 1984, que fue flexibilizadora, se caracterizó por: (i) un intenso proceso de desagrarización, (ii) el declive de la forma de producción familiar, (iii) la expansión de los servicios, (iv) la descentraliza-ción de la Administración (Estado de las Autonomías), (v) la universalización de la educación y la sanidad (Estado del Bienestar), (vi) la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, (vii) el crecimiento del autoempleo no agrario (vinculado a los procesos de externalización por las empresas). Sin embargo, la llegada a la edad laboral del baby boom de los 60, la incorporación de la mujer al mercado la-boral y los aún cuantiosos excedentes de mano de obra en el sector agrario propi-ciaron que la tasa de paro no bajase del 15 % y que la temporalidad del empleo creciese del 23 al 33 % (1988-1992), lo que implica que casi todo el empleo produci-do fue eventual, incentivando un intenso proceso de segmentación.

ii. Fase de expansión 1995-2005. Duradera y sostenida, e incentivada casi en exclusiva

por el sector privado, tras la reforma laboral de 1997, que fue estabilizadora, se ca-racteriza por: (i) integración laboral de las mujeres, (ii) explosión en la producción de empleo (3,5 millones de empleos), y (iii) reducción de la temporalidad, del 34 % al 29 % (1995-2005, 3 de cada 4 empleos creados fueron indefinidos).

3. LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CLASE La Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada trimestralmente por el INE desde 1964 emplea 18 Categorías Socioeconómicas (CSE) , en función de la situación profesional (re-lación con los medios de producción), la ocupación y el sector de actividad. Sin embar-go, y aunque ex isten diferentes posibilidades de agregación, L. GARRIDO y J. GONZÁLEZ proponen una agregación en 11 Categorías, cuyos paralelismos con las CSE de la EPA (INE) son los siguientes:


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CSE (EPA-INE) AUTORES

AG

RARI

OS CSE 1 Empleadores agrarios AGR C 1 Agricult ores por cuent a propia CSE 1-2-3

CSE 2 Aut ónomos agrarios C 2 Agricult ores por cuent a ajena CSE 5 CSE 3 Cooperat ivist as agrarios

NO

AG

RARI

OS

C 3 Empleadores CSE 7 CSE 4 Direct ivos empresas agrarias C 4 Profes ionales por cuent a propia CSE 6 CSE 5 Trabajadores agrarios C 5 Aut ónomos CSE 8-9

NO

AG

RARI

OS

CSE 6 Profes ionales cuent a propia C 6 Direct ivos y supervisores CSE 4-10-12 CSE 7 Empleadores C 7 Profes ionales por cuent a ajena CSE 11-18 CSE 8 Aut ónomos C 8 Trabajadores no manuales CSE 13 CSE 9 Cooperat ivist as C 9 Trabajadores manuales cualificados CSE 15-16 CSE 10 Direct ivos y alt os funcionarios C 10 Trabajadores no cualificados CSE 14-17 CSE 11 Profes ionales y t écnicos C 11 No clas ificables CSE 12 Profes ionales AAPP CSE 13 Administ rat ivos y Comerciales CSE 14 Rest o personal de servicios CSE 15 Capat aces y encargados CSE 16 Obreros cualificados CSE 17 Peones CSE 18 Profes ionales de las FFAA

ESTRUCTURA DE

CLASES

AGRARIOS

Cuenta propia

Cuenta ajena

INDUSTRIALES Y SERVICIOS

Propietarios Empleadores

Autónomos

Asalariados

Nuevas clases medias

Cualificados

Trabajadores

Manuales No cualificados

No manuales

a) Evolución del volumen de empleo. El volumen de empleo en España ha ido oscilando

según las fases de evolución económica, con un balance positivo de creación de 4,3 millones de empleos netos (1976-2005); sin embargo, es importante observar que los empleos que se han ido creando son distintos de los que se han ido destruyendo, re-flejando un agudo trasvase de empleo rural a industrial o de servicios.

FASE AÑO EMPLEO AGRARIOS NO AGRARIOS NO AGR. /AGR.

CRISIS 1975-1985

1976 12.650.000 2.320.000 18,3 % 10.330.000 81,7 % 4,5 / 1

1985 10.950.000 1.680.000 15,3 % 9.270.000 84,7 % 5,5 / 1 EXPANSIÓN 1985-1990

1991 13.058.000 1.232.000 9,4 % 11.826.000 90,6 % 9,6 / 1 CRISIS

1991-1993 1994 12.208.000 1.053.000 8,6 % 11.155.000 91,4 % 10,6 / 1

EXPANSIÓN 1995-2005 2004 16.950.000 865.000 5,1 % 16.085.000 94,9 % 18,6 / 1


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b) Evolución sectorial. Entre 1976-2006 destaca un proceso de desagrarización rápido e

intenso, que reduce el empleo rural a una tercera parte (2.320.000 → 865.000), lleván-dolo del 18,3 % al 5,1 % del empleo total. Sin embargo, a partir de los años 90, una vez expulsado la mayor parte de sus excedentes, destaca el comportamiento contracícli-co del proletariado rural, en el sentido de que, mientras que los empleados agrarios por cuenta propia han ido reduciéndose tanto en las fases de recesión como en las de expansión, los asalariados rurales descienden en las recesiones pero se estabilizan en las expansiones; sin duda, en ello ha jugado un gran papel la implantación en1984 del Plan de Empleo Rural (PER).

c) Evolución de la tasa de asalarización. Mientras que la tasa de asalarización (porcen-

taje de población ocupada que es asalariada) en el empleo agrario sube del 32 % al 44 % (1976-2003), en el empleo no agrario se observa la tendencia a la estabilidad ajustándose al ciclo económico, contrayéndose con la primera crisis y estabilizándose en la segunda, para crecer ligeramente durante la etapa de expansión: 84,3 % (1977) → 79,3 % (1987) → 79,6 % (1994) → 84,1 % (2003). Por tanto, los autónomos no agrarios demuestran una pauta de relativa estabilidad: 15,7 % (1977) → 15,9 % (2003).

d) Evolución de la cualificación de la fuerza de trabajo. Sin lugar a dudas, los datos reve-

lan un progresivo aumento de cualificación en la fuerza de trabajo en España, que se demuestra estructural y al margen de los ciclos económicos. Ello se observa en el cre-cimiento porcentual de la clase de servicio (C4+C6+C7): 11,8 % (1976) → 13,9 % (1985) → 15,4 % (1990) → 18,8 % (1995) → 21,1 % (2000) → 23,2 % (2004); y en la clase de tra-bajadores no manuales (C8): 12,9 % (1976) → 17,6 % (2004). Pese a ello, las teorías de la proletarización y descualificación de la fuerza de trabajo encuentran apoyo en el retroceso de la clase de trabajadores manuales cualificados (C9): 28,9 % (1977) → 21,9 % (2004); y en el crecimiento de la clase de trabajadores no cualificados (C10): 13,5 % (1977) → 20,3 % (2004). La explicación a lo anterior hay que buscarla no tanto en la descualificación de la fuerza de trabajo, como en el proceso de desindustrialización que coincidió con la crisis 1977-1985, el cual generó la pérdida de un millón de pues-tos de trabajo industriales cualificados (29,6 % → 24,5 %). El hecho de que simultánea-mente se haya producido un crecimiento tanto de la mano de obra cualificada co-mo de la no cualificada ha servido de argumento para que algunos analistas postulen una tendencia a la polarización de la estructura ocupacional española.

A nivel político, durante la etapa socialista (PSOE, 1982-1996) la creación de empleo tuvo un fuerte componente del sector público, lo que coincide con el crecimiento del empleo no manual, mientras que durante la etapa popular (PP, 1996-2004) se produjo principalmente desde el sector privado y basada en mano de obra manual.

4. LA EVOLUCIÓN DE LA TEMPORALIDAD El análisis de la temporalidad de la relación salarial debe servir para dilucidar dos aspec-tos: (i) en qué medida representa un factor de segmentación laboral, es decir, de división entre los asalariados; y (ii) en qué medida influye en los procesos de integración laboral, cada vez más largos y costosos. Para ello, es necesario distinguir con absoluta claridad los dos componentes de la temporalidad más relevantes:

a) Componente estructural, relacionado con la naturaleza de ciertas actividades, co-mo la estacionalidad (agricultura, turismo) y el contrato por obra (construcción).


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b) Componente estratégico, relacionado con ciertas prácticas de contratación que

suelen sustituir los criterios de mérito por adscriptivos (raza, etnia, edad, género). El análisis de la evolución del empleo según el t ipo de contrato en España durante las últimas décadas refleja dos etapas: (a) 1988-1995, periodo relacionado con la Reforma de 1984 y la crisis 1991-1993, en el que la temporalidad crece del 22,9 → 34,9 %; casi todo el empleo que se crea es temporal (+1.265.000) y se destruye empleo indefinido (―635.000). Y (b) 1995-2004, periodo relacionado con la etapa expansiva 1995-2000 y la Reforma de 1997, en el que la temporalidad se redujo del 34,9 → 30,6 %; en esta etapa se crea mucho más empleo indefinido (+3.300.000) que temporal (+1.000.000). Es de desta-car que esta última fase coincidió con la llegada masiva a España de trabajadores inmi-grantes, que una vez descontados de los datos de contratación reduce la temporalidad de los trabajadores españoles al 29 %. El análisis de la evolución longitudinal de la contratación refiere a la evolución de los con-tratos por cohortes a lo largo del t iempo. Así , el análisis de las cohortes más mayores, na-cidas 1950-1970, refleja una evolución simétrica entre los contratos indefinidos y los tem-porales en cada cohorte; así, la cohorte nacida 1951-1955 refleja una evolución de los contratos indefinidos de 40 → 37 → 43 % (1985-1995-2005) y en los temporales de 7 → 10 → 7 %. Que dicha pauta se repita en todas las cohortes a partir de los 35 años de edad refleja que se trata de una temporalidad relativamente estable que no puede explicarse en relación con la inserción laboral, sino por la doble influencia del ciclo económico y las características estructurales del mercado de trabajo (estacionalidad, contratación por obra). Sin embargo, el análisis de las cohortes más jóvenes, nacidas a partir de 1970, con-cluye dos resultados: (i) todas las cohortes van aumentando la tasa de ocupación indefi-nida respecto a la cohorte anterior, y (ii) la temporalidad sigue una pauta de edad, al-canzando su valor máx imo entre los 25-29 años en todas las cohortes. En este caso, la temporalidad refleja el proceso de inserción laboral de los jóvenes, lo que no implica pro-piamente segmentación del mercado laboral (salvo que a ese tramo de edad se lo con-sidere una categoría laboral y no un estado transitorio). El análisis de la evolución de la contratación femenina permite observar el éxito especta-cular de su integración laboral durante los últimos años, pues cada cohorte de españolas mejora los datos de la cohorte anterior, en dos sentidos: (i) aumentando la tasa de ocu-pación indefinida, y (ii) adelantando la edad de consecución de dicha tasa. Así, la co-horte 1971-1975 ha alcanzado a la temprana edad de 30 años una tasa de ocupación indefinida del 40 %, un registro nunca alcanzado por ninguna cohorte anterior. Sin em-bargo, sorprende la tendencia contraria en el sector público, donde la temporalidad ha evolucionado invariablemente al alza para todas las cohortes femeninas españolas, lo que se explica por el bloqueo de la función pública durante la última década. 5. EL ESCENARIO POSTINDUSTRIAL Hablar del nuevo orden postindustrial es bastante complejo, dado que cada país ha con-tado con diferente situación de partida y han existido diferentes modelos de transición, propiciando diferentes escenarios postindustriales posibles. En general, se puede hablar de un patrón clásico agricultura → industria → servicios (GB, Francia, Alemania), aunque algunos países no llegaron a madurar su proceso industrial antes de evolucionar hacia los servicios (España); pero también de un patrón alternativo agricultura → servicios, en ge-neral seguido por países no europeos (EEUU, Japón).


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Sea cual fuere el patrón seguido por cada país, es conveniente tener presentes los si-guientes aspectos básicos de la transición: (i) salvo en Alemania, el balance desagrariza-ción → industrialización tuvo un saldo negativo (se destruyó más empleo agrario del que se creó en la industria); (ii) el balance desindustrialización → servicios tuvo un saldo positi-vo (el crecimiento de los servicios creó más empleo del que se destruyó en la industria); y (iii) ex isten discrepancias sobre el significado de la transición , entre quienes ven en él una optimista promesa de una nueva sociedad futura, y quienes temen que el desmantela-miento del orden industrial, estructurado en torno al pacto social y el orden de clase, de lugar a una jungla de relaciones laborales y sociales. Según G. ESPING-ANDERSEN (1990), ex isten dos modelos de Estado de Bienestar:

a) Modelo liberal: la absoluta primacía del mercado otorga particular importancia a los servicios asistenciales de carácter privado, cuyos bajos salarios permiten que los mismos sean asequibles para los usuarios.

b) Modelo socialdemócrata: los servicios sociales son públicos por definición y están

subvencionados por el Estado, lo que permite que las mujeres y familias descarguen parte de sus funciones y responsabilidades sobre el sector público, posibilitando su mayor cualificación como fuerza de trabajo.

El dilema entre ambos modelos adquiere una lógica de género, en la medida en que el socialdemócrata libera a las mujeres de obligaciones domésticas y las incentiva con una oferta de puestos de trabajo que permita su promoción profesional. De hecho, la presen-cia del Estado suele ser un indicador bastante fiable del cumplimiento de la igualdad de género en el acceso al mercado laboral, sea mediante la contratación directa (funcio-narios) o a través de conciertos o subcontratas de servicios a instituciones privadas. El análisis de la evolución de los sectores económicos en España permite realizar la si-guiente diferenciación:

i. Sectores en retroceso: actividades primarias-extractivas. ii. Sectores estables respecto al ciclo económico (crecen y se reducen en función del

ciclo económico): la industria-transformación. iii. Sectores en expansión respecto al ciclo económico (crecen con fuerza durante la

expansión y se reducen poco en las crisis): construcción, comercio, transporte-distribución, hostelería y servicios a los hogares.

iv. Sectores en expansión con independencia del ciclo económico: servicios a las em-

presas, servicios sociales, servicios personales y administración pública. La conclusión de lo anterior es que la expansión del mercado de trabajo en España de-pende principalmente de los sectores del punto iv, dado que el crecimiento de la eco-nomía está directamente vinculado al consumo personal (servicios personales), el consu-mo social (servicios sociales) y el consumo de las empresas (servicios a las empresas). Sobre la proporción del sector público por sectores, cabe la siguiente diferenciación: ― Sectores primario-extractivo y transportes-comunicaciones. Tras un aumento inicial

en la participación pública (1975-1986), se observa una reducción en dos fases: una progresiva en la etapa del PSOE (1987-1995) y otra más súbita en la del PP (1996-2004). En este proceso, la participación pública en el sector primario se redujo a un tercio (30→10 %) y en el de transportes-comunicaciones a la mitad (30→15 %).


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― Sector de los servicios sociales. Los datos reflejan que la presencia pública en los

servicios sociales está profundamente arraigada en España, siendo relativamente independiente de los ciclos políticos. Con ligeras oscilaciones, entre 1976-2004 la presencia del sector público se ha mantenido bastante estable tanto en educación (50→55 %) como en sanidad (62→55 %).

― Sector de las AAPP y servicios a las empresas. Los datos reflejan que las AAPP cre-

cieron más que los servicios a las empresas durante los años 80 (implantación del Es-tado de las Autonomías), pero desde 1990 han ido perdiendo peso de una manera paulatina y sostenida.

6. IMPLICACIONES SOCIOPOLÍTICAS DE LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL En el análisis de la transformación de la estructura de clases destaca el debate sobre las cualidades de las nuevas clases medias, en el que pugnan las más diversas interpreta-ciones: desde quienes las consideran un nuevo proletariado altamente cualificado, hasta quienes las ven como un caballo de Troya al servicio del capital; desde quienes las consi-deran una nueva clase formada por profesionales y técnicos en posesión de un capital cultural cada vez más imprescindible en la sociedad del conocimiento (Gouldner, Bruce-Briggs), hasta quienes afirman que no es una clase, dada su heterogeneidad social y polí-tica (Bell, Inglehart); desde quienes explican su vinculación a la izquierda política por su creciente expansión en el sector público, hasta quienes destacan su conservadurismo en función de la coyuntura política. Por todo ello, en las nuevas clases medias los sociólogos han prestado atención no sólo a la clásica distinción autónomo-asalariado, sino también al perfil profesional, al sector en que se desarrolla y al tipo de tarea que se desempeña. Así, J. GOLDTHORPE (1993) las ha conceptualizado a partir de su lógica de servicio respecto a los empleadores: un servicio altamente cualificado a cambio de un trato preferente, en un marco de confianza recí-proca. Por su parte, los neomarxistas las catalogan como una posición contradictoria de clase (frente al clásico modelo bipolar marxista), dado que combinan elementos del ca-pital y del trabajo; en ese sentido, E. O. WRIGHT (1993) propuso el concepto de empleos estratégicos para denominar a las posiciones sociales caracterizadas por la responsabili-dad y pleno control sobre el proceso de trabajo (≈ clase de servicio). Desde otra óptica, H. KITSCHELT afirma que, al igual que la nueva polít ica se caracteriza por trascender la tradicional distinción izquierda-derecha (igualdad-libertad, estado-mercado, socialismo-capitalismo), las nuevas clases medias son el producto de fenómenos generacionales trasversales, al haberse trascendido las tradicional distinción de clases y haberse produ-cido tanto la división interna de las viejas y nuevas clases (vieja frente a nueva burguesía, viejas frente a nuevas clases trabajadoras), como nuevas coaliciones entre clases. Según DANIEL BELL (1980), las nuevas clases medias no son más que un espe-jismo, resultante de las contradicciones culturales del capitalismo y en parti-cular de la expansión del sistema educativo. En su opinión, las sociedades capitalistas están sujetas a una doble dinámica, semejante a un eje de co-ordenadas, entre una dinámica política (izquierda ↔ derecha) en el horizon-tal y una dinámica cultural (tolerancia-permisividad-hedonismo ↔ puritanis-mo-ethos capit alista) en el vertical. Por su parte, H. KITSCHELT acepta en las sociedades modernas una doble dinámica como la planteada por Bell, así como el mismo eje de dinámica política (izquierda ↔ derecha), pero postula un eje de dinámica cultural de un carácter distinto, basado en la contrapo-


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sición entre un ethos libertario (solidaridad, participación, postmaterialismo) y un ethos autoritario (individualidad, puritanismo, materialismo). En su opinión, ex iste una relación entre la experiencia del proceso del trabajo y las actitudes del individuo, que operan en el eje libertar ismo-autor itar ismo, de tal modo que el juicio crítico y el activismo son más probables en aquellos ámbitos laborales que requieran altas cualificaciones en el des-empeño de tareas no rutinarias (≈ nuevas clases medias, clases de servicio). En base a ello, Kitschelt afirma que en la medida en que las economías de servicios promuevan este tipo de tareas, las tradicionales reivindicaciones distributivas irán dando paso a deman-das de tipo postmaterialista o libertar io. 7. CONCLUSIONES La estratificación actual en España es producto de una industrialización tardía de pecu-liaridad mediterránea, caracterizada por: (i) retraso de la desagrarización, (ii) perpetua-ción de las viejas clases medias (patrimoniales) y (iii) retraso en el auge de las nuevas cla-ses medias (asalariadas). Pero, pese al retraso y a los indudables costes sociales no de-seables, el balance en su conjunto resulta extraordinario y los cambios espectaculares, destacando los siguientes:

― Crecimiento imparable de la clase de servicio.

― Crecimiento del proletariado de la construcción, la hostelería y los servicios.

― Crecimiento de la cualificación de la mano de obra.

― Crecimiento de la temporalidad, tanto de la estructural (por la naturaleza de de-terminadas ocupaciones), asociada al carácter estacional de ciertas tareas y a factores institucionales (Plan de Empleo Rural, PER), como de la estratégica (por prácticas de contratación en el proceso de integración laboral), asociada prin-cipalmente a la edad.

― Crecimiento de la segmentación en el mercado de trabajo, asociado principalmen-te al crecimiento de la temporalidad.

― Concluye la desagrarización: el sector agrario se reduce al mínimo, persistiendo un reducto de jornaleros y temporeros progresivamente ocupado por inmigrantes.

― La tasa de asalarización toca techo en el 84 %, dejando un importante margen del 16 % de propietarios de pequeños negocios.

― Crecimiento de la polarización: entre los españoles cada vez más cualificados que se van incorporando a la clase de servicios y los inmigrantes nada o escasamen-te cualificados que se van incorporando a los puestos más proletarizados.

― Reciente aparición de un nuevo escenario postindustrial muy diversificado, con fuer-te crecimiento de los servicios (servicios a empresas y servicios sociales) y de los sectores de empleo con mayores niveles de cualificación.


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TEMA 5 LOS INMIGRANTES Luis Garr ido 1. LA INMIGRACIÓN, EL CAMBIO SOCIAL DEL SIGLO XXI ESPAÑOL Aceptada la teoría de un único origen humano, el poblamiento casi completo de la Tie-rra se explica por los sucesivos movimientos grupales. Las diversas modalidades de adap-tación al territorio y de provisión y gestión de los recursos, junto a la competencia con otros grupos, han construido las diferentes estructuras sociales. El asentamiento estable (sedentario) fue un paso fundamental, aunque la guerra, las colonizaciones (arriba → abajo) y las migraciones (abajo → arriba) siguieron movilizando los grupos humanos. Ya en el s. XXI, la inmigración masiva es sin duda el cambio social más importante que se ha producido en España durante los últimos años; su volumen permite asegurar que in-fluirá en todos los aspectos sociales, habiéndose pasado de 500.000 en 1996 (1 % de la población, el 50 % de ellos de la UE) a 4.000.000 en 2005 (8,4 %, 16 % UE), aunque con una distribución muy desigual por CCAA (Baleares 15,8 %, Galicia 2,4 %). Todo ello está siendo fruto de una nueva coyuntura: la globalización generalizada en todos los órdenes socia-les, la expansión de los transportes y las comunicaciones y el incremento de la brecha entre los países centrales y los periféricos en materias de bienestar social. En cualquier caso, es importante señalar que no es la pobreza extrema la que obliga a emigrar, sino la ausencia de seguridades básicas que permitan construir unas expectativas racionales de un futuro estable (inseguridad física, jurídica, política, social o económica). 2. ESPAÑA, DE LA EMIGRACIÓN A LA INMIGRACIÓN Lo más característico de España es el cambio radical de una sociedad de emigración a otra de inmigración en un plazo muy corto. Si entre 1880-1975 emigraron unos 8 millones de españoles (≈ 83.000 / año), a partir de 1993 los españoles prácticamente no emigran y, por el contrario, la entrada en España de extranjeros ha ido creciendo a un ritmo de 8.000 nuevos residentes legales al año y un número indeterminado de ilegales que ha llevado a varias regularizaciones (la primera en 1985). En el proceso migratorio en España se distinguen tres fases:

i. 1986-1990: el fuerte ritmo económico duplica el número de inmigrantes.

ii. 1991-1995: la crisis económica estabiliza el ritmo de entradas.

iii. 1996-2006: la fase expansiva del ciclo económico genera una llegada masiva de inmigrantes que desborda la capacidad de acogimiento.

El origen y la cualidad de semejante cambio debemos buscarlo en el modo en que Es-paña resolvió la disyuntiva entre paro y desigualdad. Si ciertos puestos no se pueden mantener por su escasa productividad, la alternativa consiste en disminuir su remunera-ción (crece la desigualdad) o hacerlos desaparecer (crece el paro). Tras el cambio de régimen (1975), España optó claramente por la igualdad, lo que supone un esfuerzo con-siderable para las personas que se mantienen trabajando, pues de forma directa (fami-liar) o indirecta (impuestos) deben mantener a quienes no lo hacen.


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A partir de 1975, la desagrarización, la obsolescencia productiva de empresas anticuadas y la incapacidad de muchos trabajadores para formarse o reconvertirse generaron una reducción de los empleos menos cualificados y un notable incremento del paro, espe-cialmente en las crisis de 1977-1985 y 1991-1994, así como el bloqueo de la integración laboral de los jóvenes y la proliferación de jubilaciones anticipadas. En paralelo con dicha situación, el efecto combinado del aumento de la renta y del bienestar social, la progre-siva reducción de las cohortes más jóvenes y su cada vez mayor cualificación académi-ca han hecho que estos empleos sean cada vez menos apetecibles para los españoles, y que semejante vacío ocupacional vaya siendo ocupado por los inmigrantes. Ejemplo de ello es el servicio doméstico en los hogares, sector el que los extranjeros han pasado de 20.000 (1996) a 300.000 (2004). Por tanto, una primera explicación de la reciente inmigración masiva en España sería que los inmigrantes vienen a cubrir el tipo de trabajos que los españoles no quieren realizar. Sin embargo, el análisis de los datos lleva a rechazar en parte esa idea. Es cierto que la po-blación activa se ha reducido, pero la tasa de actividad se ha mantenido casi constante, e incluso se ha incrementado en algunas edades, gracias a la incorporación de las muje-res al mercado laboral y a la mayor dedicación de los jóvenes a los estudios. Debido a ello, lo que en realidad ha sucedido es que se ha producido es una notable reducción de los españoles que no han pasado de estudios primarios, ex istiendo muchos con estudios superiores a los primarios que no están dispuestos a trabajar en empleos inferiores a su formación. En conclusión, no es cierto que los españoles sin cualificación no deseen tra-bajar en puestos sin cualificación, dado que su tasa de ocupación se ha incrementado y su tasa de paro se ha reducido, sino que los españoles se están formando a un nivel ma-yor para conseguir empleos más cualificados y los inmigrantes vienen a cubrir trabajos descualificados para los que ya no existen suficientes españoles descualificados para poder cubrirlos. Obviamente, ello ha generado cierta segmentación del mercado laboral en función de la cualif icación necesaria para los distintos puestos de trabajo. Por otra parte, las diferencias de criterio entre los grandes partidos políticos españoles, PSOE y PP, ha demostrado su incapacidad para consolidar un marco legislativo adecua-do en materia de inmigración; que entre 2000-2003 se llegaran a aprobar hasta tres leyes de extranjería distintas ha generado una especie de anomia legislativa y la impresión de la falta de control sobre los flujos migratorios, pues ni los han adecuado a las necesidades del mercado de trabajo, ni han garantizado la legalidad del proceso. Por el contrario, se ha seguido con la pauta de legalizar periódicamente a los extranjeros que residen en el país de modo irregular, habiéndose producido cinco regularizaciones (1985, 1991, 1996, 2000, 2005), cada una de ellas del doble de tamaño que la anterior. Sorprendentemente, la ley permite a los extranjeros empadronarse como residente irregular o ilegal, y pueden solicitar la nacionalidad española para los hijos nacidos en España sólo con acreditar su permanencia en el país un año; todo ello ha consolidado el aprendizaje colectivo de que si se logra entrar en el país y permanecer en él un tiempo, la regularización tarde o tem-prano llegará. 3. EL SALDO VITAL El saldo vital se define como la evaluación conjunta de todos los elementos que influyen en la comparación entre la situación de los emigrantes antes y después de emigrar. Ob-viamente, el saldo vital de los inmigrantes en España debe ofrecer un resultado global positivo, dado que son ellos los que transmiten su valoración a los que vienen; de hecho, el efecto llamada no se produce por el bienestar de los nacionales del país de destino, sino por la situación real alcanzada por sus compatriotas una vez instalados en él.


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Aunque a menudo las explicaciones de la inmigración la reducen a la búsqueda de un empleo mejor remunerado, lo cierto es que, en general, los inmigrantes suelen trabajar en los países de destino por salarios inferiores y en peores condiciones laborales que los na-cionales. Sin embargo, en la evaluación de su saldo vital ellos también valoran los recur-sos que reciben al margen del salario: educación, sanidad, transporte subvencionado, seguridad física y jurídica, servicios sociales y ciudadanos… todos ellos subvencionados con fondos públicos. Desde dicha perspectiva, la llegada de inmigrantes se puede con-siderar como un canal a través del cual se transfieren fondos públicos al sector privado, dado que los empleadores pagan menos sueldos y los alquiladores de viviendas cobran más alquileres, mientras que los fondos públicos deben financiar una mayor demanda de servicios sociales, generándose una disminución de la calidad de los servicios, la disminu-ción de la productividad media y el surgimiento de problemas de convivencia. En definitiva, a los inmigrantes les resulta apetecible venir a España porque su saldo vital es positivo, y con ello los empleadores y alquiladores se ven indirectamente subvencio-nados por los recursos públicos que reciben los inmigrantes. 4. EL ORIGEN Y LA MAGNITUD EN LAS FUENTES REGISTRALES Para el análisis de los f lujos de entrada y salida de residentes procedentes de otros países disponemos de tres herramientas básicas: (i) el Padrón Municipal Continuo (Ayuntamien-tos-INE), (ii) la Estadística de Permisos de Residencia en Vigor a Extranjeros (M º del Interior) y (iii) el número de Afiliados en Alta a la Seguridad Social (M º de Trabajo y AASS).

a) La edad y el sexo de los inmigrantes. Para conocer el Saldo migrator io por edades se emplean los datos de los Padrones de dos años consecutivos, teniendo en cuen-ta que quienes el primer año tuviesen una edad al año siguiente tendrán un año más. Para ello, es necesario recordar la siguiente fórmula: Población = Población ant er ior + Nacimientos – Muertes + Inmigración – Emigración (P = PA + N – M + I – E). Si Saldo Migratorio (SM) = Inmigración – Emigración, entonces lo anterior se puede formular del siguiente modo: SM = P – PA – N + M. Por tanto, aplicando dicha fórmu-la a cada edad se podrá saber el Saldo Migratorio Padronal (SMP) de un año con respecto al anterior. Los datos obtenidos con esta técnica reflejan que a 1 de enero de 2004 el SM P fue de +749.000 personas, el 55,3 % varones y con un máx imo en los 26 años, con 26.600 personas (3,5 %). La mayor debilidad de este método es que con frecuencia los extranjeros no registran su baja en el padrón municipal cuando se marchan de España o cuando cambian de municipio (en 2001 se detectaron 235.000 casos de extranjeros con inscripción indebida).

b) El Registro de Permisos de Residencia en Vigor. Su debilidad es que no contempla a todos los ciudadanos de la UE, que no lo precisan para permanecer en España, ni, por definición, a los inmigrantes irregulares. Sus datos son los siguientes:

PERIODO INCREMENTO (año) PERMISOS (año) EVENTOS

1975-1985 + 3,5 % + 10.000 1986: despegue ciudadanos U E

1997: despegue africanos

2000: despegue eu ropeos del Est e

2001: despegue lat inoamericanos

1986-1992 + 7,0 % + 20.000 1993-1996 + 8,0 % + 25.000 1997-2001 + 12,4 % + 90.000 2002-2005 + 21,6 % + 270.000


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c) El Padrón Municipal Continuo (PMC). Debido a la Ley de Extranjería (2000), que vin-culó el derecho a disfrutar de los servicios del Estado del Bienestar al hecho de estar empadronado y a la obligación de empadronarse para poder participar en la re-gularización, a partir de ese año se produce un boom en el número de empadro-nados. Así, el PMC registra el incremento de 3.000.000 de extranjeros entre 2000-2004 (+ 600.000 al año), contabilizando un total de 3.690.000 residentes extranjeros a 1 de enero de 2005.

La importancia de estos datos se observa al analizar el Crecimiento demográfico en España. Así, si en 2004 se produjo un SM P de 749.000 personas, y el Crecimiento Ve-getativo (CV = Nacimientos – Muertes) de éstas fue de 53.000 personas, ello hace un total de 802.000 extranjeros residentes más ese año, que es más del doble del CV de los españoles, que fue de 391.000 personas. Por tanto, el crecimiento demográfi-co en España en 2004 (1.193.000) fue en sus 2/3 gracias a la inmigración. Respecto a la distribución por edades de los extranjeros, es necesario diferenciar entre los procedentes de la UE y los extracomunitarios. Mientras que los comunitarios presentan dos máx imos en los 35 años, que vienen a trabajar como profesionales, y en los 62, que vienen a disfrutar de la jubilación, los extracomunitarios presentan un único máx imo a los 29 años y una presencia casi nula por encima de los 50, lo que evidencia su vinculación directa con la participación laboral (con la excepción de las mujeres africanas, cuya venida está más asociada a las obligaciones familiares que a las laborales, siendo las que tienen mayor proporción de hijos).

d) La afiliación a la Seguridad Social. La limitación de estos datos es que sólo incluyen a personas con permiso de residencia y, obviamente, sólo a las que están traba-jando, es decir, a las potencialmente activas, lo que excluye a muchos residentes extranjeros; sin embargo, estos datos tienen un gran interés por su relación con el Es-tado de Bienestar, dado que éste se costea con las cotizaciones de los afiliados a la SS. Según éstos, entre 2000-2005 la afiliación de extranjeros a la SS creció un + 307 %, llegando a 1.364.000, con especial crecimiento de europeos del Este (x 12) y lati-noamericanos (x 8), pero sin olvidar a africanos (x 3), asiáticos (x 3) y ciudadanos de la UE (x 2,4). Por tanto, el crecimiento ha sido especialmente relevante entre los ex-tranjeros extracomunitarios, que han pasado de 213.000 a 1.073.000 afiliados a la SS (+ 404 %).

Deben realizarse varias observaciones. Primero, la ex istencia de estacionalidades en la afiliación: intensa enero-junio, caída julio-agosto, estancamiento septiembre-noviembre y caída en diciembre, en general por la práctica empresarial de desafi-liación para eludir el pago de las cotizaciones vacacionales. Segundo, se observa un crecimiento enorme de la afiliación en 2005, debido a que la regularización de ese año estaba asociada a la petición de afiliación. Tercero, se puede observar que los nacionales de la UE están casi todos afiliados (92 %), mientras que los euro-peos extracomunitarios son los que menos lo están (36 %); como media, los extra-comunitarios están afiliados uno de cada dos (53 %).

5. LA INSERCIÓN LABORAL EN LA EPA Entre 1995-2005 se han generado en España 6 millones de empleos, 2 de ellos correspon-dientes a la inmigración, aunque también se ha mantenido una importante proporción de parados. Vamos a analizar estos datos desde diferentes ópticas.


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a) Las tasas de actividad, ocupación y paro. Para poder comparar estas tasas entre los españoles y los colectivos extranjeros (UE, Europa del Este, latinoamericanos, afri-canos), es necesario excluir a los estudiantes y a los mayores de 50 años, dado que éstos son casi inex istentes entre los extranjeros (salvo los procedentes de la UE) y mantenerlos entre los españoles falsearían la comparación. Los datos reflejan que al acotar colectivos socialmente comparables las diferencias se tornan irrelevantes. Así, en los varones se observan tasas de actividad (94-97 %), de ocupación (87-89 %) y de paro (6-9%) muy similares, a excepción de los africanos, cuyas tasas de ocu-pación (79 %) y de paro (18 %) difieren del resto. Respecto a las mujeres, nueva-mente se observa similitud entre las tasas (69-74, 60-62 y 9-12 %), con dos excepcio-nes opuestas: por un lado, las latinoamericanas, por sus altas tasas de actividad (81 %) y de ocupación (69 %); y por otro, las africanas, por sus bajísimas tasas de activi-dad (43 %) y ocupación (28 %) y su alta tasa de paro (17 %), lo que, unido a que es el grupo con mayor número de niños (el 7 % de africanos se encuentra entre 0-4 años), confirma que su venida está más asociada a las obligaciones familiares que a las laborales.

TASAS LABORALES (%) Hombres │ M ujeres

ESPAÑOLES UE Europeos del

Este Latinoameri-

canos Africanos

Tasa de act ividad 94 72 95 69 96 74 97 81 95 43

Tasa de ocupación (o empleo) 87 62 88 60 87 62 89 69 79 28

Tasa de paro 7 10 6 9 9 11 8 12 18 17

b) El nivel de estudios. Los datos reflejan notables diferencias entre los grupos, espe-cialmente si acotamos la comparativa entre los 23-39 años, que es el grupo en el que más se concentra la población extranjera. En ellos se observa que los europeos son los que presentan la mayor preparación académica, con más del 40 % con es-tudios de FP o superiores; los latinoamericanos poseen un buen nivel básico, pero no unos niveles elevados de FP (25 %); y los africanos presentan la peor preparación académica, el 60 % de ellos sólo con estudios primarios o menos y apenas un 11 % con estudios superiores a los primarios.

ESTUDIOS (%) Hombres │ Mujeres

Todas edades – 23-39 años ESPAÑOLES UE Europeos del

Este Latinoameri-

canos Africanos

Est udios primarios acabados o – 44-13 38-10 12-6 13-9 17-15 16-15 27-23 25-20 65-59 70-65

Tit ulados FP o U niversidad 26-42 25-50 51-63 47-60 38-40 37-39 22-23 25-27 9-11 8-11

c) La estructura de las ocupaciones y los nichos laborales de los inmigrantes. Utilizando la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93), de 60 ra-mas, se observa que la población extranjera se concentra en unas pocas ramas de actividad; así, el 65 % del empleo de extranjeros se concentra en 8 ramas, que sólo suponen el 26 % del empleo de los nacionales, destacando especialmente en 4 de ellas: construcción , agricultura, hostelería y servicio doméstico, aunque con gran-des diferencias según la procedencia y el sexo.


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OCUPACIONES LABORALES ESPAÑOLES UE Europeos

del Este Latinoameri-

canos Africanos

Const rucción 11,9 6,3 30,3 20,2 29,4 Agricult ura y ganadería 4,0 3,1 18,0 6,8 11,5 Host elería 5,9 11,0 10,4 13,9 12,6 Servicio domést ico 1,7 0,6 18,0 22,2 3,6

Tot al 23,5 % 21,0 % 68,1% 68,1 % 57,1 % Ot ras ocupaciones 76,5 79,0 31,9 31,9 42,9

Tot al 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Dado que las ocupaciones constituyen uno de los fundamentos de la estructura so-cial, se han postulado diversas formas de ordenarlas según ciertos criterios: el salario medio, las escalas de prestigio ocupacional o el nivel formativo valorado según el número de años de estudios. La Clasificación Nacional de Ocupaciones de 1994 si-gue este criterio, estableciendo 66 niveles ocupacionales según los años cursados en cada uno; para facilitar los análisis, se agrupan los 66 niveles en 12 grupos que van desde los 6,5 años (peones, albañiles y agrarios) a los 17 (profesionales de gra-do superior). Según los datos (2004), los inmigrantes extracomunitarios se concen-tran en los cinco grupos de menor nivel (8-12), especialmente en los dos últimos, en los que casi cuadruplican a los españoles; por contra, en los cinco grupos superiores ex iste una clara mayoría de nacionales, casi quintuplicando a los extracomunitarios. En cuanto a los inmigrantes de la UE, superan ampliamente a los españoles en los dos primeros grupos y son menos en todos los demás. Por tanto, ex iste una radical diferencia entre la inmigración de la UE y la extracomunitaria, pues mientras los pri-meros están situados en las posiciones más ventajosas de la estructura ocupacional, los segundos ocupan los escalones más básicos.

AÑOS

CURSADOS GRUPOS DE OCUPACIONES LABORALES ESPAÑOLES EXTRANJEROS (no UE)

17,0 1. Profes ionales grado superior 7,4 1,4 15,0 2. Profes ionales medios y direct ivos 8,1 1,1 13,0 3. Técnicos 8,6 2,3 12,5 4. Administ rat ivos 7,0 1,6 11,0 5. Técnicos cont ables y cajeros 8,3 2,0 10,5 6. Servicios personales y seguridad 10,0 6,6 9,5 7. Dependient es y comerciant es 9,2 3,9 9,0 8. Camareros , t ransport ist as , port eros 8,1 13,6 8,5 9. Conduct ores , acabados const rucción 12,2 10,6 8,0 10. Obreros indust riales 6,0 6,0 7,6 11. Servicio domést ico, limpieza, agrarios cualificados 7,2 23,9 6,5 12. Peones, albañiles , agrarios s in cualificar 7,9 27,0

Total 100 % 100 %

Un modo de simplificar lo anterior es reduciendo los 12 grupos a 3 grupos, uniendo las categorías superiores, intermedias y básicas. Los nuevos datos reflejan que la presencia de extracomunitarios es muy semejante en los tres grupos, y que la dife-rencia básica se sitúa entre su mayoritaria ocupación de los niveles básicos y la casi absoluta ocupación de los altos por españoles e inmigrantes de la UE.

GRUPOS DE OCUPACIONES LABORALES España UE Europa

Oriental América

Latina África

Profes ionales , t écnicos y administ rat ivos 100 149 16 27 7

I ndust ria, comercio y servicios personales 100 82 63 61 74

Const rucción, servicios dom., agrarios y host elería 100 70 285 275 277


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6. LA PRESENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO Pese a que una parte importante de los 4 millones de inmigrantes que residen en España lo están de modo irregular, eso no les impide empadronarse y disfrutar de los servicios sociales básicos (educación, sanidad). Además, se trata de un colectivo relativamente joven, prolífico y con importantes necesidades sociales, lo que lo convierte en un usuario intensivo de los servicios sociales; ello ha generado ciertos problemas de convivencia con los nacionales, debido a la competencia por el uso de dichos servicios. El crecimiento espectacular en el número de inmigrantes se refleja en que, si bien en el curso 1993-1994 apenas había 50.000 alumnos extranjeros en nuestras escuelas, en el cur-so 2002-2003 habían ascendido hasta los 300.000, un 5 % del todo el alumnado. Dichos alumnos presentan tres problemas: (i) de nivel (retraso escolar, 50 %), (ii) de idioma (50 %) y (iii) de distancia cultural (diferencias de costumbres entre las familias y la escuela). En general, estos problemas no impiden la escolarización de los niños, pero la distancia cul-tural puede afectar a la limitación de sus aspiraciones; uno de los factores básicos es la religión , especialmente la musulmana, por el temor expresado por los padres de que la escuela propicie la permisividad de costumbres en sus hijos, actitud que suele ir asociada a proyectos de retorno a su tierra de origen. Sorprendentemente, donde los musulmanes ven laxitud, los latinoamericanos ven disciplina y una ex igencia mayor que en sus países de origen. El debate se mueve entre los partidarios del multiculturalismo y el relativismo cultural, quienes señalan que las diferentes pautas culturales deben respetarse en la en-señanza básica; y quienes identifican el relativismo con la negación de la escuela, cuya tarea debe orientarse a “la selección de los elementos culturales más valiosos para su enseñanza obligator ia y universal” (J. Carabaña, 2004). 7. LA PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS ESPAÑOLES

a) La tolerancia pasiva. Si bien los estudios sugieren que España es un país tolerante con la inmigración, es necesario señalar: por un lado, que dichos estudios se realizaron cuando la inmigración en España era menor que en los países del entorno; y, por otro, que la acti-tud es más bien de tolerancia pasiva, es decir, una actitud genérica favorable a los inmi-grantes, pero sin apoyar políticas a favor de su integración. Esta actitud es la propia de una sociedad aún poco familiarizada con el fenómeno migratorio, predispuesta a su aceptación (enriquecimiento del país, respeto mutuo), pero manteniendo una actitud de cautela y reserva, fruto de una experiencia de contacto limitada; de hecho, y dado que la inmigración está concentrada en las grandes ciudades, en 2004 el 39 % de la pobla-ción afirma no haber mantenido aún ni una sola relación o trato con inmigrantes.

b) La inquietud ante el descontrol. Pese a que se mantiene la idea de que en España se necesitan trabajadores inmigrantes, se detecta un aumento de los que opinan que son demasiados (31 → 53 %, 2000 → 2004). Un estudio entre trabajadores madrileños (2002-2004) sobre su percepción de la situación de la inmigración en España afirma que, en general, perciben una inmigración desordenada y fuera de control, que les afecta al menos de tres maneras: (i) en el mercado de trabajo, en el que deben competir con in-migrantes que pueden trabajar por la mitad de salario; (ii) en los servicios públicos, en los que se detecta un mayor deterioro y donde se ven obligados a mantener una compe-tencia por su uso; y (iii) en el orden cultural, debido al desencuentro con un elevado número de inmigrantes que no se adaptan a la sociedad española. Ello se traduce en una sensación de inseguridad laboral, en quejas ante el deterioro de la educación, la sanidad y otros servicios y en la percepción de que los inmigrantes no hacen un esfuerzo


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suficiente de adaptación al entorno social que los acoge, generando reacciones de re-chazo. A nivel polít ico, el gobierno se limita a afirmar que hay que poner límites a la inmigración, pero en la práctica no toma las medidas adecuadas; la explicación es que la inmigra-ción benef icia a los empresarios, mientras la izquierda política sólo parece preocupada por garantizar los derechos de los inmigrantes, obviando los problemas de convivencia, la escasez y el deterioro de los servicios sociales y la aparición de nuevas formas de insegu-ridad. Sean del partido que sean, el gobierno suele adoptar una postura de firmeza en cuanto a la legalidad, la seguridad y el orden, mientras que la oposición suele optar por la de defensa de los derechos de los recién llegados. Todo ello genera la impresión de que los partidos políticos no representan adecuadamente los intereses de los trabajado-res autóctonos, y que la permisividad con los f lujos migratorios responde a intereses de ciertos sectores empresariales y la pequeña burguesía. En la actualidad, el discurso políti-co alude a la integración basada en la regularización laboral, buscando tanto la inte-gración de los inmigrantes a través de su incorporación al mercado laboral, como el aflo-ramiento de la economía sumergida que se nutre de trabajadores sin papeles. En resumen, tal y como afirma J. L. Ugarte (2004), “la sit uación de la inmigración ilegal en España se corresponde bien con la capacidad tradicional del país para organizar el des-orden y mezclar la prohibición rígida con la vista gorda, con grandes dosis de confusión y discrecionalidad”. 8. RECAPITULACIÓN Durante los últimos 30 años España ha llevado a cabo una importante reconversión políti-ca, económica, social y laboral. La preferencia por la igualdad frente al desempleo tuvo grandes costes sociales, familiares y personales, mientras que la progresiva mejora educa-tiva de los jóvenes ha ido produciendo un hueco en las profesiones descualificadas que ha venido a ser colmado por los trabajadores extracomunitarios. De ese modo, España ha pasado de ser una sociedad de emigración a una de inmigración. Puesto que los in-migrantes, legales o no, tienen derecho a disfrutar de los servicios públicos (sanidad, edu-cación, seguridad, transportes), están dispuestos a aceptar salarios más reducidos para permanecer en España; por ello, los servicios públicos han venido a subvencionar los beneficios privados de los contratadores de inmigrantes y de quienes les alquilan vivien-das, convirtiendo la inmigración en un canal que transfiere recursos públicos a ciertos sectores del ámbito privado. En cuanto a los inmigrantes, los continuos procesos de regularización ha alimentado el aprendizaje colectivo de que lo importante es entrar y resistir, porque el permiso de resi-dencia tarde o temprano llegará. Se concentran en las edades centrales, de 20-40 años, con un máx imo en los 29, y sus tasas de ocupación son muy similares a las de los españo-les de dichas edades. Mientras que los procedentes de la UE ocupan los mejores puestos laborales, los extracomunitarios se acumulan en los de más bajo nivel, especialmente en la construcción, la hostelería, la agricultura y el servicio doméstico. Por último, entre los españoles se detecta una inquietud creciente respecto a una entra-da masiva de inmigrantes que se percibe como políticamente descontrolada, y cuya velocidad no ha permitido elaborar una legislación sólida, una respuesta política co-herente y una adaptación social eficiente.


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TEMA 6 ESTADO DE BIENESTAR Y DESIGUALDAD SOCIAL Juan Jesús González 1. NATURALEZA Y TIPOLOGÍA DE LOS ESTADOS DE BIENESTAR El Estado de bienestar (EB) es uno de los conceptos más debatidos de los últimos tiempos, pues en el debate se mezcla lo que se dice (su definición, su origen, sus crisis), lo que se hace (cómo se construye con los medios disponibles) y lo que se dice que se hace (estra-tegias políticas); así, lo que para los socialdemócratas es un enriquecedor proceso de igualación social, para los marxistas es un proceso de desestructuración permanente del Estado a favor del expansionismo capitalista y para los liberales es un proceso de expan-sión del Estado providencia que pone en riesgo la responsabilidad personal. Siguiendo a G. ESPING-ANDERSEN (1993), en el estudio del EB es necesario tener claro que éste no es consustancial al desarrollo del capitalismo, ni es un estadio o fase necesaria en el desarrollo de los Estados modernos, sino que es la expresión de un acuerdo o pacto social entre diversos actores so-ciales y polít icos en pro de la cohesión social necesaria para el buen fun-cionamiento de la economía y de la sociedad. Por ello, su fórmula suele va-riar de un país a otro, en función de factores económicos, culturales y políti-cos, pudiendo distinguirse tres estrategias en la construcción del EB:

a) Estrategia minimalista o modelo liberal-asistencial. Propia de los partidos liberales, que priman la eficiencia económica frente a la igualdad social; consiste en asignar al mercado el papel predominante en la gestión del bienestar y en la prestación de servicios (educación, sanidad, pensiones), relegando las políticas sociales a un pa-pel subsidiario. Los países que adoptan esta estrategia (EEUU) suelen contar con movimientos obreros débiles y carecer de sistemas públicos de carácter universal (educación, sanidad), por lo que hablar de EB liberal es una contradicción en sus términos. Esta estrategia suele dar lugar a un modelo asistencial, en el que priman políticas de objetivos puntuales (políticas antipobreza) con el fin de prestar asisten-cia a los sectores de población que se sitúan por debajo del umbral de pobreza (definido como el 60 % de la mediana de la renta familiar disponible); por ello, este modelo tiende a fomentar procesos de dualidad social entre los más privilegiados y los peor situados en el mercado laboral y a reproducir o incrementar las tasas de pobreza (EEUU: 1980 → 2000, 21,1 % → 23,3 %). En el terreno político, el modelo asis-tencial suele ir asociado a mercados de trabajo poco regulados y con bajo nivel de protección , que suelen dar lugar a segregación ocupacional (jóvenes, mujeres, mi-norías étnicas) y a la división interna de las clases trabajadoras; el resultado suele ser la desafección política y la baja participación electoral.

b) Estrategia maximalista o modelo socialdemócrata. Propia de los partidos social-

demócratas, que consideran la igualdad social como una condición necesaria pa-ra el buen funcionamiento de la economía y la cohesión social, consiste en asignar al Estado el papel predominante en la gestión del bienestar y en la prestación de servicios (educación, sanidad, pensiones). Los países que adoptan esta estrategia (Suecia, Noruega, Finlandia) priman las políticas de pleno empleo, facilitando y es-timulando la incorporación de la mujer al mercado laboral; con ello se aumenta la capacidad recaudatoria del Estado, lo que permite sustituir los criterios contributivos por un criterio universalista de los derechos de ciudadanía que desvincula los dere-


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chos sociales de la participación laboral. Gracias a ello, este modelo tiende a redu-cir las desigualdades sociales y a reducir la tasa de pobreza (Países escandinavos: 1980 → 2000, 11 % → 10,8 %). Sin embargo, es necesario aclarar que de los dos me-canismos disponibles para reducir la desigualdad, la redistribución y la movilidad social, los países escandinavos optaron por potenciar la movilidad social a través del fomento de la igualdad de oportunidades como medio para reducir las diferen-cias salariales; por tanto, y al contrario de lo que ambicionan los igualitaristas, los países escandinavos no han tratado de suprimir las desigualdades (= redistribución), sino de legitimarlas (= igualdad de oportunidades). En el terreno político, este mo-delo suele iniciarse con una coalición de intereses entre los trabajadores y las cla-ses medias; sin embargo, las políticas de pleno empleo acaban haciendo del sec-tor público el nicho laboral preferido de las mujeres, lo que hace que en épocas de crisis las pretensiones de reducirlo den lugar a un conflicto entre el sector privado masculinizado y un sector público feminizado que intenta preservar el EB.

c) Estrategia corporativa o modelo corporativo. Se trata de una estrategia intermedia

entre la minimalista y la maximalista, siendo la más difundida en Europa. Se caracte-riza por disponer de sistemas públicos universales (educación, sanidad), pero si-guiendo el criterio contributivo, lo que hace depender los derechos sociales de la participación laboral. Este modelo ha sido el defendido por la Iglesia, buscando asegurar la estabilidad familiar a través de limitar la incorporación de la mujer al mercado laboral y reforzar el papel del varón como cabeza y sostén de familia en tanto principal beneficiario de los derechos sociales. Por tanto, este modelo se ca-racteriza por subordinar las prestaciones sociales a la participación laboral y por considerar los distintos grupos o clases sociales en virtud de su posición en el mer-cado de trabajo y de su capacidad contributiva, por lo cual tiende a reproducir las desigualdades de clase y de género. En el terreno político, este modelo suele ir asociado a mercados de trabajo altamente regulados y protegidos, pero con poca capacidad de crear empleo, lo que suele generar una separación entre los traba-jadores estables y los precarios. Este modelo posee dos variantes: (i) una variante continental (Alemania), con un EB generoso y tasas de pobreza similares a los países escandinavos (1980 → 2000, 10,4 → 12,6 %, leve incremento debido a la reunifica-ción); y (ii) una variante mediterránea (España, Italia), donde el EB no es tan gene-roso y el riesgo de pobreza se mantiene estable (19,2 → 19 % y 16,9 → 19,2 %).

El autor, JUAN J. GONZÁLEZ (2005), propone una represen-tación gráfica de los EB basada en representarlos como un rombo más o menos alargado según el nivel de desigual-dad social y con líneas horizontales (lógica de mínimos) o verticales (lógica de máx imos) para señalar los sectores sociales que se asisten. Así, el modelo asistencial se repre-senta como un rombo alargado (pocas clases medias) y con líneas de asistencia sólo en el sector social por debajo del umbral de pobreza; el corporativo se caracteriza por mantener sectores sociales sin protección social (zona infe-rior) y reproducir las desigualdades del mercado (tramas verticales); y el socialdemócrata (o de máxima inclusión) se caracteriza por intentar asistir a todos los sectores sociales, tanto a los necesitados (clases bajas, con lógica de míni-mos) como a los no necesitados (clases medias, con lógica de máx imos, es decir, bus-cando incentivar su inclusión en los servicios a través de la calidad de los mismos). Estas representaciones se pueden comparar con el que sería el modelo básico, con todos los sectores sociales asistidos e incluidos en los servicios públicos.


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2. EL CASO ESPAÑOL Aunque algunos autores consideran a los países mediterráneos como un pariente pobre del modelo corporativo (Esping-Andersen), otros los consideran una variante del mismo denominado modelo mediterráneo, caracterizado por: (i) la dualidad entre los trabajado-res integrados y los periféricos, entre la generosidad de los beneficios contr ibut ivos y la escasez de las prestaciones sociales; (ii) un sistema redistributivo sesgado a favor de los viejos y en perjuicio de los jóvenes; y (iii) tendencia a dejar en manos de las familias ca-pacidades y decisiones que en otros casos han sido transferidos a otras instituciones, sean del Estado o del mercado. El modelo mediterráneo descansa en el contexto de cultura patriarcal y familista propia de la cultura mediterránea, muy influida por la tradición católica, cuya estrategia familiar prima el papel del varón y subordina a las mujeres y a los jóvenes. Sin embargo, ante la disolución de las estructuras patriarcales no existe una alternativa de familia clara y las dificultades a la formación de las familias se multiplican, e incluso la tradicional correla-ción negativa entre trabajo femenino y fecundidad se ha invertido allí donde se ha inver-tido en una red pública de servicios de guarderías adecuada y de atención a personas mayores (modelo socialdemócrata de EB). En la construcción del EB en España se pueden diferenciar cinco etapas:

a) Franquismo (1959-1975). Hasta 1959 la principal concesión del régimen a los traba-jadores fue la estabilidad en el empleo. A partir del Plan de Estabilización (1959), el proceso de industrialización conllevó un relativo aumento de los gastos sociales (pensiones, sanidad) debido a las crecientes demandas de los trabajadores, que a partir de la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) se duplicaron durante la últi-ma década franquista (6 % → 12 % PIB); sin embargo, aún no se podía hablar de un EB, pues carecía de sus dos características básicas: una filosofía de pacto social y una arquitectura integradora de los distintos sectores sociales, dado el carácter in-completo y fragmentado del Sistema de la Seguridad Social (1 régimen general y 50 regímenes especiales).

b) Transición democrática (1975-1982). En 1975 los economistas más influyentes afirma-

ron la necesidad de una política económica rigurosa y de un gran pacto social por el cual el gobierno ofreciera a los sindicatos un conjunto de reformas estructurales (reconocimiento de su capacidad de representación y mejora en las prestaciones sociales) a cambio de moderación en las reclamaciones salariales. Fruto de ello fueron los Pactos de la Moncloa (1977), que dieron lugar a una política de rentas capaz de generar efectos redistributivos y de controlar la inflación; la reforma de la Seguridad Social supuso la progresiva integración de los regímenes especiales en el Régimen General; la reforma fiscal supuso la imposición sobre la renta personal (IRPF), que pasó de representar el 18 % de los ingresos estatales en 1979 al 30 % en 1980; y el gasto social creció del 12,5 % del PIB (1976) al 19,6 % (1981), aunque esto también se interpreta como un modo de ampliar la base social del consenso de-mocrático en aquellos momentos tan delicados.

c) Primera etapa socialista (1982-1989). En general, los años 80 supusieron un periodo

de consolidación de las políticas de bienestar y de estabilización del gasto social. Tras las crisis económicas de los 70, que pusieron en cuestión la viabilidad del siste-ma, la Ley de pensiones (1985) vino a reforzar el carácter contributivo y proporcio-nal del sistema entre cotizaciones y prestaciones. El boom económico de la segun-da mitad de los 80 parecía capaz de aliviar las demandas sociales, pero ocurrió lo


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contrario: sirvió para estimularlas en torno a la denominada deuda social; así , el re-surgimiento sindical de las demandas redistributivas en materia de desempleo, pen-siones y cobertura sanitaria (huelga general, diciembre 1988), obligó al gobierno a incrementar el gasto social, que pasó del 20,8 % del PIB (1989) al 26 % (1993).

d) Segunda etapa socialista (1989-1996). Con el incremento del gasto social (20,8 % →

26 % PIB) se termina de universalizar el EB en España (atención sanitaria, pensiones no contributivas). Sin embargo, la crisis económica de 1992-1993 supuso un aumen-to súbito de 1 millón de parados y puso en evidencia los límites de las políticas so-ciales; aquello supuso recortes en la política de desempleo, aunque otros sectores del EB se mantuvieron a salvaguarda de la coyuntura económica (pensiones).

e) Etapa del PP (1996-2004). Tras el periodo socialista, en que el gasto social se acercó

al promedio europeo (55 → 63 %, 1980 → 1990), la llegada al poder del PP supuso un periodo de estabilización del gasto social y su alejamiento de Europa (63 → 60 %, 1990 → 2000), aunque se recuperó el diálogo social, que tan difícil había resultado durante la etapa socialista.

3. LOS TRES PILARES DEL ESTADO DE BIENESTAR: PENSIONES, EDUCACIÓN Y SANIDAD

A) EL SISTEMA DE PENSIONES El sistema de pensiones se ha convertido en la piedra angular del EB en España, lo que lo ha situado relativamente al margen de las coyunturas económicas y políticas. Se carac-teriza por: (i) es un sistema de reparto, basado en la transferencia entre los trabajadores en activo y los jubilados; (ii) supone un pacto intergeneracional, más o menos implícito, por el cual los trabajadores de hoy costean las pensiones de los jubilados con la expecta-tiva de que los del futuro hagan lo mismo con ellos; (iii) es un sistema general, al integrar a la mayoría de los sectores sociales; (iv) es un sistema maduro, pues todos esos sectores tienen derechos adquiridos desde hace tiempo; y (v) es un sistema generoso, en tanto ha sido diseñado para cabezas de familia. El sistema de pensiones en España sufrió una crisis de viabilidad durante la crisis económi-ca de 1992-1993, cuando la relación entre cotizantes y beneficiarios rebasó el umbral de dos por uno, por debajo del cual el sistema se considera insostenible. Ello llevó a un pacto de Estado conocido como Pacto de Toledo (1995), con el objetivo de evitar tanto la alarma social, como la demagogia electoralista durante la contienda política; entre sus objetivos destacan: retrasar la edad de jubilación, aumentar el tiempo de cotización, aumentar la proporcionalidad entre cotizaciones y percepciones y modificar los niveles de cotización entre los trabajadores y las empresas. Posteriormente, algunos factores posi-tivos han dulcificado el debate sobre las pensiones, como el espectacular aumento de la filiación a la Seguridad Social (inmigrantes, mujeres), la dotación de un fondo de reserva y la separación de las fuentes de financiación entre las pensiones contributivas (Seguridad Social) y las no contributivas (impuestos). Todo ello demuestra que el problema de las pensiones no es económico o demográfico, sino político, por lo que está en manos de los votantes y somete a los partidos políticos a la disyuntiva de acometer con responsabili-dad las reformas necesarias o dejarse llevar por la demagogia de la puja electoral.

B) EL SISTEMA EDUCATIVO El sistema educativo está llamado a cumplir dos funciones aparentemente contradicto-rias: (a) función igualadora, igualando a los individuos ante el Estado (igualdad de dere-


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chos y de ciudadanía); y (b) función estratificadora, desigualando a los individuos ante el mercado (dotarles de capacidad de mercado: habilidades, cualificaciones). Por tanto, el sistema educativo no trata tanto de eliminar las desigualdades como de asegurar que están legitimadas por criterios de mérito y no basadas en criterios de herencia. La evolución del sistema de estratificación español refleja el tránsito desde un modelo dominado por las clases medias patrimoniales (pequeño negocio, derechos de propie-dad, criterios de herencia) al de clases medias funcionales (profesionales y técnicos, cri-terios de cualificación); dicho tránsito, crucial en el proceso de modernización, es insepa-rable de la expansión del sistema educativo durante las últimas décadas del s. XX. Sin embargo, recordemos que la movilidad total es la suma entre la movilidad estructural (forzada por transformaciones estructurales, al margen de la capacidad de los individuos, que se limitan a acomodarse a ellas) y la movilidad neta o fluidez social (causada por el esfuerzo o el mérito de los individuos), y que, contrariamente al ideal meritocrático, en general la movilidad estructural es mucho mayor que la neta, motivo por el cual la mayor movilidad se suele dar en épocas de cambio estructural. Por tanto, no es extraño que en España persista un elevado cierre social (mecanismos de que se sirven los grupos sociales para limitar el acceso de otros grupos a ciertos recursos) , dado que la movilidad social de corte meritocrático sólo se materializa cuando confluyen el sistema educativo y el cambio estructural en una constelación de nuevas oportunidades laborales; es decir, cuando la creación de nuevos puestos en la parte medio-alta de la estructura ocupacio-nal ofrece posibilidades de promoción a los que arrancan desde abajo. En cuanto a la relación entre estudios y ocupación , España está en la media de los países europeos, aunque figura entre los países con movilidades educativa y profesional relati-vamente bajas. En ese sentido, J. ECHEVARRÍA (1999) sugiere la necesidad de distinguir entre la adquisición de recursos educativos, que depende de la accesibilidad al sistema educativo y es sensible a la política educativa, y la activación de dichos recursos en el mercado de trabajo, que depende de otros factores como las redes sociales, el clasismo o el carisma y la valía personal. Desde ese prisma, desarrolla la siguiente periodificación española: (i) primer franquismo, con un sistema educativo subdesarrollado y autarquía económica; (ii) desarrollismo franquista, en el que la expansión económica impulsó el sistema educativo y el mercado de trabajo absorbió toda la fuerza de trabajo formada en él; y (iii) periodo postindustrial (o postcrisis), en el que el sistema educativo se difunde al margen de las necesidades del mercado de trabajo, generando una inflación de títu-los que dificulta su activación y agudiza la competencia credencialista. Puesto que el credencialismo no ha aumentado la movilidad, se plantea la duda de si estamos ante una nueva forma de cierre social. Las reformas educativas en España, LGE (1970), LOGSE (1990), LOCE (2002) y LOE (2006), se caracterizan por su carácter comprensivo al impulsar la extensión de la escolaridad y la integración de los sectores sociales más rezagados. Se ha señalado que cualquier refor-ma que dificulta la obtención de un título o el ingreso en un nivel aumenta el clasismo, en tanto la nueva dificultad siempre es relativamente mayor para las clases con menos re-cursos; sin embargo, dichas reformas se han caracterizado más por su retórica que por su dotación presupuestaria, por lo que su estudio apenas arroja resultados válidos para el análisis de su vinculación a la movilidad social en España.

C) EL SISTEMA SANITARIO El sistema sanitario en España se origina durante el régimen franquista (1939-1975) con el sistema de Seguridad Social, que, al considerar la asistencia sanitaria como algo subsidia-rio, nunca se propuso dotarla de una cobertura universal, dado que su modelo corporati-vo (Bismarck) vinculaba la prestación de los servicios al régimen de cotización. Pese a


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ello, en 1975 la sanidad pública consumía las tres cuartas partes del gasto sanitario, por lo que la UCD (1976-1982) intentó paliar la situación dando más protagonismo a la provisión privada de servicios sanitarios; sin embargo, chocó con la oposición de izquierdas, que defendía un servicio de salud de corte británico (Beberidge), y con la imposibilidad de recurrir al modelo neoliberal, que no se desarrollaría hasta los años 80 con la llegada al poder de R. Reagan (EEUU) y M. Thatcher (GB). Finalmente, la llegada al poder del PSOE (1982-1996) coincidió con el auge del paradigma neoliberal, lo que le hizo limitar sus pre-tensiones de máx imos; con todo, la Ley General de Sanidad (1986) marcó la transición desde la antigua Seguridad Social de corte corporativo a un Sistema Nacional de Salud de corte británico, caracterizado por la asistencia universal y la financiación vía impues-tos, aunque conservando la segmentación en función del régimen de cotización. La ambigüedad que supone esta segmentación de la sanidad, frente a las pretensiones de universalidad e igualdad en su acceso, es de especial importancia, dado que, por ejemplo, los funcionarios públicos han quedado al margen del régimen general, contan-do con el privilegio de elegir, con financiación pública, entre servicios públicos o privados, lo que genera una retirada de las clases medias a favor de los servicios privados. Como afirma J. M. Freire (2001), “si el SNS no prest a sus servicios a los ciudadanos con más nivel educat ivo y económico se empobrece irremediablemente al perder el estímulo perma-nent e de mejora que representan los ciudadanos más informados y exigentes”. Con ello “se retroaliment a un mecanismo de deterioro de la calidad, cumpliendo el axioma que condena los servicios para pobres a ser pobres servicios”. 4. LOS ESPAÑOLES Y EL ESTADO DE BIENESTAR La actitud de los españoles frente al EB refleja que éste no ha encontrado dificultades para su legitimación en España, gracias al arraigado igualitarismo y a la ex istencia de un sentimiento anticapitalista más o menos difuso. Los datos confirman que la sociedad es-pañola es una de las más igualitaristas, debido a la difusión de dos ideas: (i) que en Espa-ña hay demasiada desigualdad en la distribución de recursos, y (ii) que el Estado tiene la obligación de corregir dicha desigualdad mediante políticas adecuadas. Sin embargo, esta aceptación del EB no está exenta de problemas, como: (i) la implantación y funcio-namiento de algunas políticas de bienestar (p. e., la protección al desempleo en épocas de crisis económica), (ii) el aumento sostenido de la presión fiscal, (iii) la pauta de rendi-mientos decrecientes (cada vez resulta más difícil satisfacer las demandas ciudadanas), y (iv) los efectos no deseados de las políticas de bienestar (cotizaciones sociales altas → mejores pensiones → impuesto sobre el empleo). Los estudios sobre el tipo de igualdad señalan que los españoles son más partidarios de la igualdad de oportunidades que de la igualdad de resultados, es decir, que los españoles prefieren el principio de justicia distributiva de la equidad (a cada uno según su esfuerzo) frente al reparto igualitario (a todos por igual). Todos estos principios abstractos se mate-rializan en la política fiscal, fundamentalmente en la presión fiscal y el balance entre im-puestos y prestación de servicios. Como sabemos, la imposición directa y personal en España se inicia con la reforma fiscal de UCD (1978) durante la transición democrática, pasando de representar el 1 % de los ingresos del Estado en 1978 al 30 % en 1980. Será con el primer gobierno del PSOE cuando los españoles empezarán a pagar impuestos con arreglo a estándares europeos, gracias a un nuevo incremento en la presión fiscal, cuyo diferencial con Europa se reducirá a la mitad entre 1982-1992. Por tanto, la sensa-ción de carga fiscal fue creciendo progresivamente durante los años 80 e incluso en los años 90, ya con el gobierno del PP, aunque éste promovió unas rebajas fiscales que hicie-ron perder peso relativo a la imposición directa en los ingresos del Estado.


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En la actualidad, las encuestas f iscales del CIS (2003) reflejan que: (i) 2/3 de los españoles creen que pagan muchos impuestos, (ii) 3/4 no creen que paguen más los que más tie-nen, y (iii) 4/5 creen que ex iste bastante o mucho fraude fiscal. Al margen del primer pun-to, bastante previsible, sorprenden los dos siguientes, aunque su persistencia se explica por la tradición de una hacienda poco equitativa y nada transparente en España. Antes de 1979 el predominio de la imposición indirecta y la regresividad de los impuestos propi-ciaban una redistribución a favor de los ricos; sólo a partir de 1979 empieza a constatarse la progresividad del IRPF, aunque sólo para los perceptores de rentas salariales, por lo que el fraude fiscal persistió, pese a los esfuerzos de la Ley General Tributaria (1985) para per-seguirlo (≈ 5,5 % del PIB en 1994). En cualquier caso, los indicadores recientes confirman que la opinión pública española es sensible a la coyuntura política , y que hasta la fecha no ha dado síntomas generalizados de rebeldía fiscal o de cuestionamiento de la legitimidad de los impuestos. Ello se observa en la estabilidad de los datos globales del CIS (1992-2000), donde los españoles que pien-san que los impuestos son un medio para distribuir la riqueza son el 11,2 %, los que piensan que son algo que el Estado obliga a pagar sin saber bien para qué son el 29,5 % (esta respuesta es la que reflejaría el índice de rebeldía fiscal o rechazo) y los que piensan que son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios son el 56 %. Que la opinión pública es sensible a la coyuntura política se observa en que los porcentajes parciales oscilan entre los votantes del PSOE y PP en función de quien se encuentre en el gobierno.

CIS (%)

LOS IMPUESTOS SON…

PSOE PP TOTALES

1992 2000 1992 2000 1992 2000

1. Un medio para dist ribuir riqueza 13,7 9,0 10,4 14,2 11,7 11,2

2. Algo que el Est ado obliga a pagar sin saber bien para qu é 21,2 28,5 36,0 20,4 30,1 29,5

3. Son necesarios para que el Est ado pueda prest ar servicios 59,3 59,6 49,6 62,0 52,1 56,0

No saben / No cont est an 5,8 2,9 4,0 3,4 6,1 3,3

Nota: Las sumas horizont ales no dan 100 % porque no hemos incluido en el cuadro los que vot aron a otros part idos o los que se abst uvieron.

Otra cuestión a analizar es el grado de satisfacción de los españoles sobre el funciona-miento de las obras y servicios públicos. Los datos reflejan que, en general, los españoles están satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos, salvo en el caso de la administración, y especialmente con el de la administración de justicia, que parece ser la principal fuente de insatisfacción. Entre 2000-2005 se observa una evolución posit iva en el grado de satisfacción en todos los ámbitos públicos, adoptando en todos los casos un balance positivo entre satisfechos (muy o bastante sat isfecho) y los insatisfechos (poco o nada sat isfecho), a excepción de la Justicia, que es el único que permanece con un ba-lance negativo (–13,4 %, más insatisfechos que satisfechos). Por último, cabe analizar si el Estado dedica un volumen de recursos adecuado a los ser-vicios públicos. En general, los españoles piensan que el Estado debería gastar más en todas las cuestiones públicas, excepto en Defensa, que es el único ámbito que en los da-tos de 2005 se mantiene en negativo, con una mayoría que piensa que el gobierno de-bería gastar menos (–15,4 %). Sin embargo, cabe señalar que la pauta reivindicativa varía según el partido del gobierno; así, entre 1992-2000 las demandas parecían haberse redu-cido durante los gobiernos del PSOE (1992-1996) y del PP (1996-2000), pero han vuelto a incrementarse a partir de 2005 con el regreso al gobierno del PSOE, aunque los datos dis-


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ponibles impiden afirmar si se debe al influjo del nuevo gabinete o por el relativo descuido de los servicios públicos y el gasto social por el anterior. 5. CONCLUSIONES El EB en España se constituye en el marco del pacto social que hace posible la transición democrática (1975-1978), aunque ha seguido una secuencia muy condicionada por fac-tores políticos y económicos. En general, se lo puede clasificar como una variante medi-terránea del modelo corporativo, caracterizada por: (i) dualidad de tratamiento entre los trabajadores centrales y los periféricos, (ii) sesgo redistributivo a favor de los viejos y en contra de los jóvenes, y (iii) carga excesiva sobre las familias, con efectos negativos so-bre su fecundidad, formación y acceso al trabajo. Los pilares del EB español son los tres siguientes:

a) Las pensiones, que, tras superar las crisis de finales de los 70 (Ley de pensiones, 1985) y la de principios de los noventa (Pacto de Toledo, 1995) se encuentran en su mejor momento, con un incremento espectacular de las afiliaciones (inmigración, muje-res) y la llegada a la edad de jubilación de cohortes más reducidas.

b) El sistema educativo, que ha jugado un papel básico en la transformación de una

estructura social dominada por clases medias patrimoniales (pautas adscriptivas) a un sistema de clases medias funcionales (pautas adquisitivas); sin embargo, frente al ideal meritocrático persiste un elevado cierre social bajo fórmulas credencialistas.

c) El sistema sanitario, que destaca por su transformación del modelo corporativo (Bis-

marck) al modelo universalista (Beberidge), aunque persisten problemas de seg-mentación relacionados con la retirada de las clases medias que redundan en la calidad y legitimidad del sistema público.

En cuanto a la actitud de los españoles ante el EB , cabe destacar la extendida y genera-lizada legitimidad que se otorga al mismo, pese a la persistencia de problemas como: la intensa presión fiscal, que parece haber llegado a su cota máx ima; la generalizada im-presión de que la carga fiscal está mal repartida (que los ricos no son los que más pa-gan); y la arraigada idea de que ex iste un elevado fraude fiscal. Sin embargo, estos pro-blemas no impiden que la mayoría de españoles considere los impuestos como una con-traprestación para conseguir servicios (56 %), frente al grupo sensiblemente menor que evidencia síntomas de rechazo social (29,5 %). Por último, el nivel de satisfacción de los españoles con los servicios públicos es general aceptable, aunque la mayoría cree que el Estado debería gastar más en casi todas las partidas del gasto social. Por ello, se ha acu-sado a los españoles de cierto estatismo cínico, al solicitar más gasto pero sin aceptar un incremento de los impuestos; sin embargo, dicha actitud podría reformularse en el sentido de que si hubiera menos fraude y la carga fiscal estuviera mejor repartida, entonces habr-ía más posibilidades de aumentar el gasto social en las partidas más necesarias (vivienda, educación y sanidad).


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TEMA 7 DESIGUALDAD Y POBREZA Olga Salido 1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS El análisis de la desigualdad indaga en la forma en que los recursos económicos se distri-buyen entre la población , tratando de valorar cómo de igualitaria es dicha distribución. Por su parte, el análisis de la pobreza trata de identificar el volumen de población que queda por debajo de ciertos umbrales de bienestar. Desigualdad y pobreza son fenóme-nos relacionados, pero sin una relación causal entre ambos, pues un país puede elevar su riqueza y reducir su pobreza, pero aumentar la desigualdad entre la población.

A) LA DESIGUALDAD Y SU MEDIDA Aunque el estudio de la desigualdad podría basarse en diferentes objetos de análisis (li-bertades, recursos, propiedades), lo habitual es ligarlo al ámbito económico, y más con-cretamente a la distribución de la renta. Desde ese enfoque, el estudio de la desigualdad se inicia con la función utilitarista del bienestar social de H. Dalton (1920), basada en con-siderar el bienestar social como la suma de utilidades individuales; por tanto, si el bienes-tar social es una función de los ingresos, quedará max imizado con una distribución igual de los mismos. La principal crítica a este enfoque la formuló A. Sen (1976), quien diferen-ció entre bienestar individual y bienestar social, y señaló que una distribución de ingresos iguales puede provocar niveles de bienestar individual muy desiguales, debido a las ca-racterísticas y circunstancias (funcionamientos y potencialidades) de cada individuo. Puesto que el bienestar social es una función del conjunto de los bienestares individuales, una evaluación adecuada del bienestar social precisa del análisis de las circunstancias que afectan a la conversión de los ingresos en estados de bienestar ; es decir , de la rela-ción entre los ingresos de cada individuo y sus funcionamientos y potencialidades. La Curva de Lorenz (CL) es una de las medidas que mejor ilustra la desigualdad, entendida como el grado en que una distribución de la renta se aleja de la distribución igualitaria. En el eje de abscisas se representa la población, ordenada en forma de percentiles de renta percibida, y en el eje de ordenadas se representan los por-centajes de la renta total del país (p. e., en el país rojo el 20 % de la población más pobre recibe el 12 % de la renta total del país y en el azul el 8 %). La distribución igualitaria sería una diagonal entre el 0 y el 100 % (línea negra), dado que cada porcentaje acumulado de población recibiría exactamente el mismo porcentaje acumulado de renta; sin embargo, la distribución real suele distanciarse de la diagonal: a mayor distancia, mayor desigual-dad (el país azul es más desigual que el rojo). El Índice de Gini es uno de los índices estadísticos más empleado en el estudio de la desigualdad. Se basa en calcular la divergencia entre la CL y la línea de igualdad perfecta, y su valor coincide con la propor-ción entre el área contenida entre la CL y la línea de igualdad perfecta (área de concentración) y el área bajo la línea de igualdad, adop-tando valores entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (máx ima desigualdad). En su fórmula, pi es la proporción de perceptores de renta y qi es la proporción de renta total, respectivamente la abscisa y la ordenada de cada punto i de la CL.

( )

∑

∑−

=

−

=

−= 1

1

1

1n

ii

n

iii

p

qpG


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B) LA POBREZA Y SU MEDIDA

El estudio de la pobreza se puede realizar desde dos perspectivas: la absoluta y la relati-va. La pobreza absoluta se define como la falta de recursos para alcanzar un mínimo vital o cesta de necesidades básicas que garantice el nivel adecuado de subsistencia. Fue B. S. Rowntree (1901) quien propuso calcular el coste de un presupuesto estándar, compues-to por los bienes necesarios para mantener a una familia con una vida saludable, siendo éste el criterio de algunos países (EEUU, Canadá) para elaborar umbrales de pobreza con los que definir quién es pobre (acreedor a las ayudas) y quien no. Sin embargo, desde entonces el concepto de necesidades básicas ha ido ampliándose, perdiendo su dimen-sión de mera supervivencia aliment ar ia para incluir cuestiones como vivienda, vestido, sanidad o educación; por tanto, en la actualidad el umbral de pobreza más que de un mínimo vital trata de determinar un mínimo de calidad de vida. A esta perspectiva se le plantean tres críticas: (i) la dificultad para determinar qué elementos deben incluirse en la cesta básica y cuales no, dado que las necesidades vitales se definen socialmente; (ii) el carácter asistencial que subyace en las ayudas públicas ofertadas por este procedimien-to, bajo la idea de que el individuo es el principal responsable de su destino y que el Esta-do debe constituir una red última de cobertura; y (iii) el conservadurismo implícito en la idea de mínimo vital, cuyo objetivo es minimizar el número de pobres para subestimar la pobreza como problema social. La pobreza relativa se define como el nivel de ingresos económicos que está por debajo de un umbral de pobreza definido como una proporción de la renta media de la socie-dad. Según P. Townsend (1979), el hombre no vive aislado, sino en interacción social, por lo que la idea que debe subyacer al analizar la pobreza es la de carencia relativa de lo que es usual en el conjunto de la población. Bajo este prisma, los umbrales de pobreza habituales son el 50 % de la renta media (pobreza moderada) y el 25 % (pobreza severa), aunque recientemente la UE ha establecido el 60 % como indicador de los niveles de pobreza y exclusión social. La tasa de pobreza (H) se define como la razón entre el número de individuos por debajo de la línea de pobreza (q) y su número total (n); por tanto, esta tasa nos indica el porcentaje de individuos que están por debajo de la LP. El desnivel relativo de pobreza (I) define la proporción que representa la renta media de los pobres respecto del umbral de pobreza; es decir, que indica la brecha de pobreza o distancia que separa a la media de los pobres de la LP. Fórmula: z = LP, yi = ingresos de cada individuo por debajo de LP y μp = media de todos los ingresos de los individuos por debajo de LP.

La pobreza relativa cuenta con tres críticas: (i) que ninguno de sus índices es sensible al grado de desigualdad existente entre la población pobre; (ii) que la insuficiencia de in-gresos puede agravarse o aliviarse según las características y circunstancias de cada individuo (sexo, edad, limitaciones físicas, extracción social); y (iii), que lo realmente im-portante no son los bajos ingresos, sino que éstos impidan la plena integración en la so-ciedad. Ello se observa en el hecho de que los pobres de las sociedades ricas cuentan en ocasiones con niveles de ingresos superiores a los de las clases medias en las sociedades más pobres, pero son pobres en su sociedad porque la participación en la vida de co-munidad tiene un coste relativo más elevado en las sociedades ricas.

nqH =

( )

( )xLPLPdebajoindividuosnLPdebajoingresosTotal

zqz

yzI p

q

ii

..º...

11 =−=−

=∑= μ


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Esta nueva perspectiva, que supone entender la pobreza como un fenómeno multidi-mensional que supone carencias en diversos ámbitos, nos introduce en un nuevo con-cepto: la privación relativa de la población pobre, para el que la pobreza no vendría definida por no alcanzar un determinado nivel de ingresos, sino por no poder participar de los usos y costumbres habituales del grupo social; por tanto, la privación relativa se configura como una pobreza relat iva definida en términos sociales. Fue P. Townsend (1979) quien identificó hasta doce índices de privación relativa (posesión de determina-dos bienes o de realizar ciertas actividades socialmente deseadas), señalando que la pobreza venía definida por la carencia en cinco o más de dichos índices. Sin embargo, una vez más se choca con la dificultad para determinar qué ítems deben ser incluidos, dado que los deseos vienen determinados por factores sociales, culturales y personales. Hoy la perspectiva más difundida es la que relaciona pobreza relativa y exclusión social. Desde este prisma, la pobreza sería el resultado de un proceso de marginación o exclu-sión que daría lugar a una conducta de privación de necesidades básicas, lo que la con-figura como un fenómeno estructural y multidimensional. Por tanto, el objetivo de las polí-ticas de lucha contra la pobreza debe ser dotar a la sociedad de mecanismos que favo-rezcan la integración social de la población excluida, incorporándola a los circuitos de educación, trabajo, vivienda y salud; ejemplo de ello es el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PANin, 2003).

C) LA RELACIÓN ENTRE POBREZA Y DESIGUALDAD Como vimos en las primeras líneas de este capítulo, pobreza y desigualdad son dos fenómenos relacionados, pero sin una línea de causalidad directa entre ambos. Por un lado, la relación entre pobreza absoluta y desigualdad es mínima, dado que el único modo de reducir la pobreza absoluta es aumentando las rentas de los que están por de-bajo del umbral de pobreza, y ello puede producirse tanto con un aumento de la igual-dad (que los pobres incrementen sus rentas en mayor medida que las demás clases), como con un incremento de la desigualdad (que los pobres eleven sus rentas, pero en menor proporción que los ricos). Por otro lado, la relación entre pobreza relativa y des-igualdad también es circunstancial, dado que el único modo de reducir la pobreza relati-va es propiciando cambios que alteren los valores de las medidas de tendencia central que definen los umbrales de la pobreza relativa; por tanto, ni el aumento ni la reducción de la desigualdad inciden necesariamente en el volumen de la pobreza relativa. 2. EL ESTUDIO DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA Como hemos visto, la medición de la desigualdad y la pobreza está condicionada por dos aspectos: (i) por las opciones metodológicas (procedimientos de medida, elección de fuentes de información), y (ii) por factores que limitan u ocultan información al investi-gador, especialmente la dificultad de obtener la información relativa a los ingresos de los individuos y las familias (a mayores ingresos, mayores reservas). Las fuentes estadísticas se caracterizan por su escasez y dispersión, destacando las si-guientes: (i) las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF) sobre las pautas de consumo de los hogares españoles, iniciada en los años 70 y lamentablemente interrumpida en 2001; (ii) el Panel de Declarantes de IRPF, iniciado en los años 80, aunque se trata de un registro administrativo que contiene sólo a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y su concepto de renta (deducciones, ocultaciones) no es totalmente equivalente al de renta total real; y (iii) el Panel de Hogares de la UE (PHOGUE), iniciado en 1994, del que ya se han realizado 8 oleadas de encuestas sobre una misma muestra de individuos.


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En cuanto al mejor medidor del bienestar de la gente, persiste el debate entre los partida-rios del gasto y los de los ingresos. Los defensores del gasto afirman que es un indicador del nivel de vida del hogar más estable que los ingresos; sin embargo, sus detractores señalan que suele depender de factores ajenos a la renta (entorno sociocultural, pautas de consumo, momento del ciclo vital), que a iguales ingresos pueden existir pautas de gasto distintas y que ex isten gastos periódicos y ocasionales difíciles de computar. Por su parte, los defensores de los ingresos, que es el indicador más difundido, señalan su relati-va independencia respecto a las decisiones de consumo y ahorro de los hogares. En cualquier caso, la opción entre ambos indicadores no está clara, y la mayoría de los in-vestigadores emplean ambos para contrastar sus resultados. Por último, cabe apuntar la dificultad para establecer una unidad de análisis adecuada para el estudio de la pobreza. Los defensores del individuo suelen ser aquellos que plan-tean el problema de la pobreza como el derecho a un mínimo de recursos, mientras que los del hogar o familia lo plantean como un problema de condiciones de vida, y afirman que los individuos no suelen vivir aislados, sino que se organizan en familias y hogares, en los que siempre ex iste alguna forma de reparto intrafamiliar de recursos. Sin embargo, ni las necesidades ni los gastos de los hogares son directamente proporcionales al número de miembros; por ello, para aprox imarse al efecto que tiene sobre la renta conjunta de un hogar el hecho de compartir sus recursos, se emplean escalas de equivalencia, basa-das en atribuir distintos pesos a cada uno de los miembros de la familia. La más conocida es la escala modificada de la OCDE (o de Oxford), que atribuye un coeficiente de 1 al primer adulto, 0,5 a otros adultos y 0,3 a cada niño (la escala original era de 1, 0,7 y 0,5); así, una familia de 1 padre, 1 madre y 2 hijos posee un tamaño equivalente de 2,1 (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3), y debe dividir su rent a total por 2,1 para obtener su renta equivalente. Pese a su utilidad, la elección de una escala u otra no está exenta de polémica, dado que pue-den dar lugar a resultados y conclusiones muy distintos. 3. TENDENCIAS DE LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA El análisis de la desigualdad de la renta en España se inicia en los años 60, con estudios muy limitados y metodologías dispares, aunque todos coincidentes en la gran magnitud de la desigualdad de la renta en el país. Fue en los años 70 cuando este tipo de estudios se consolida, especialmente gracias a las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF), que permite realizar comparaciones a nivel internacional. Los estudios sobre dicha década partiendo de los datos de las EPF adoptaron el gasto como indicador y el hogar como unidad de análisis, coincidiendo en apuntar una ligera reducción de la desigualdad du-rante esos años; sin embargo, un estudio realizado por el INE a instancias de la OCDE a mediados de los 70 situó a España como el país más desigual de los diez analizados. Durante los años 80 los estudios coinciden en señalar una tendencia general de disminu-ción de la desigualdad en España desde principios de la década, que en el Índice de Gini pasó de 0,329 (1980) a 0,305 (1990). Pese a ello, España siguió siendo uno de los paí-ses más desiguales de la OCDE, aunque la importancia de sus datos se debe, por un lado, a la ruptura de la tendencia secular en España a la desigualdad; y por otro, a que esta reducción de la desigualdad se realizó en un difícil contexto internacional en que la ma-yoría de países apenas consiguieron estabilizar su nivel de desigualdad (Francia, Alema-nia, Holanda, Canadá) y otros la incrementaron (Suecia, GB, EEUU). Pese a quienes postu-laron que aquello ilustraba el fin de una etapa caracterizada por la bonanza económica y el incremento de la igualdad, lo cierto es que los datos no avalan la existencia de una relación directa entre ciclo económico y desigualdad, pues en algunos países existió una expansión económica y un incremento de la desigualdad (EEUU, GB), mientras que otros


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que han sufrido crisis económicas han conseguido mantener su nivel de desigualdad (Francia, Alemania). Ello se debe a que la desigualdad obedece a una combinación de factores de índole individual (actitud frente al desempleo), familiar (reparto de recursos en el hogar) y colectiva (intensidad y generosidad de las políticas redistributivas). Además, un incremento del desempleo no equivale a un incremento de la desigualdad, pues ello dependerá de qué tipo de empleos desaparezcan (dependiendo de si el des-empleo es cíclico o estructural), así como del grado de cobertura y generosidad de las transferencias públicas sustitutivas. Los años 90 verán el fin de la tendencia igualitaria en España iniciada en los años 70, pa-sando el Índice de Gini de 0,319 (1990) a 0,324 (2001). Sin embargo, este incremento de la desigualdad global no se habría producido a costa de un empeoramiento de los tramos de renta más bajos (que habrían mantenido un incremento sostenido de su participación en la renta total), sino gracias a la mejora de los tramos más altos y en detrimento de los tramos centrales. Este perfil parece compartido por la mayoría de países, destacando un fuerte crecimiento de la desigualdad en Rusia, seguida de GB y EEUU. 4. TENDENCIAS DE LA POBREZA EN ESPAÑA El análisis de la pobreza en España tiene su origen en los años 60, en los que destaca el primer Informe de la Fundación FOESSA (1966) sobre las repercusiones del proceso de des-ruralización e industrialización en las capas sociales más desfavorecidas. Sin embargo, sólo en los años 70 con las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF) se dispondrá de datos comparables a nivel internacional, los cuales reflejan una tendencia de reducción de pobreza durante los años 70, pese a que un Informe de Cáritas estableció que en Es-paña ex istían 8 millones de pobres. En los años 80 los diferentes informes (EPF, Encuestas Continuas de Presupuestos Familiares, INE, Fundación Argentaria, Consejo Económico y Social) reflejan que España es el único país que experimenta una evolución posit iva de la pobreza durante toda la década, con una reducción tanto de hogares pobres moderados (umbral 50 %) como de pobres seve-ros (umbral 25 %), tanto en términos de gasto (22→19 % y 3,1→2,1 %) como de ingresos (21,4→16,6 % y 3→2,1 %). Entre los factores con mayor incidencia en la reducción de la pobreza destacan el desarrollo del sistema de protección social (los perceptores de trans-ferencias aumentaron del 44,4 al 60,4 %) y la creación de empleo (durante la segunda mitad de la década). Sin embargo, en sentido negativo cabe señalar dos factores: prime-ro, el aumento de la brecha de pobreza entre los pobres severos, tanto en gasto (2,1→2,2 %) como en ingresos (2,1→2,7 %), lo que indica que su situación relativa empeoró en di-cho periodo; segundo, el crecimiento del desempleo, aunque éste se produjo especial-mente por segundos perceptores (cónyuges e hijos) y buscadores de primer empleo (mu-jeres), lo que ayudó a amortiguar su posible impacto sobre la pobreza. Es importante señalar que los niveles de pobreza se reducen al pasar de la pobreza indi-vidual a la pobreza doméstica, empleando para ello cualquier escala de equivalencia; así, si en 1993 en España ex istía un 42 % de pobreza individual moderada y un 35 % de pobreza individual severa, ambas tasas de reducen al 21 % de pobreza domést ica mode-rada y al 5 % en la pobreza doméstica severa, lo que permite afirmar que, en líneas gene-rales, la combinación de rentas de los miembros de la familia disminuye la vulnerabilidad de las personas ante situaciones de pobreza. Debido a ello, un elevado nivel de desem-pleo no es un factor que por sí solo pueda explicar la evolución favorable o desfavorable de las tasas de pobreza relat iva de una sociedad.


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Ya en los años 90, los datos indican una tendencia al incremento de la pobreza en Espa-ña (16,4→18,8 %, +2,4 %), algo que ya se venía acusando en la mayoría de países occi-dentales desde los 80, especialmente en los de un modelo de EB continental (+2,7 %) y mediterráneo (+2 %). Empleando la escala de equivalencia de la OCDE y el umbral de pobreza de la UE (60 % de la mediana de la renta equivalente), los datos 1990-2000 refle-jan que los países con mayor riesgo de pobreza son los anglosajones (20,1 %), seguidos de cerca por los mediterráneos (19 %), a cierta distancia de los continentales (12,7 %) y los nórdicos (10,8 %); por tanto, y pese a que no falta quien observa una convergencia ge-neral hacia altas tasas de pobreza, se puede afirmar que el modelo de EB es determinan-te para establecer el riesgo de caer por debajo del umbral de pobreza. Ello se observa al analizar las tasas de pobreza antes de abonar las pensiones y transferencias sociales (1) y después de abonar las pensiones (2) y las transferencias (3), lo que nos da una idea del diferente esfuerzo de las políticas nacionales en la lucha contra la pobreza. Así, Suecia e Irlanda poseen una tasa de pobreza similar, 34 y 36 % (2001), pero mientras que las políti-cas sociales suecas la reducen hasta el 9 %, en Irlanda sólo lo hacen hasta el 21 %, lo que refleja el distinto modelo de EB entre ambos países. Dicho ejemplo podría aplicarse entre Alemania y España en los mismos términos. Así mismo, se observa que, salvo en Dinamar-ca, son los sistemas de pensiones los que cumplen el papel fundamental en la reducción de la pobreza, con un impacto mucho mayor que las transferencias. % Suecia Dinam. Finlan. Holanda Alem. Austria Luxem. Bélgica Francia GB España Italia Portugal Grecia Irlanda UE-15

1 34 36 30 36 39 38 40 38 40 40 37 42 37 39 36 39

2 17 29 19 21 21 22 23 23 24 29 23 22 24 23 30 24

3 9 10 11 11 11 12 12 13 15 17 19 19 20 20 21 15

Debemos tener presente que estas comparaciones son meramente económicas, pues no tienen en cuanta otras ayudas en especie, y que desconocemos cuáles serían las tasas de pobreza de no ex istir ningún mecanismo de protección social; sin embargo, los datos no dejan lugar a dudas: la política social introduce una diferencia sustantiva en el riesgo de pobreza que sufren los ciudadanos. 5. LOS ROSTROS DE LA POBREZA La evolución del perfil social de la pobreza está marcada por los grandes cambios estruc-turales vividos por la sociedad española durante las últimas décadas, algo que ya apunta el II Informe FOESSA (1970) al señalar la aparición de nuevas formas de pobreza ligadas al desarrollo urbano y a la formación de núcleos de desarrollo espontáneo (barraquismo, chabolismo). Ciñéndonos a la última década, los años 90, es fácil destacar que se redujo tanto la pobreza moderada (19,8 → 16,9 %) como la severa (4,9 → 3,7 %); sin embargo, estos datos ocultan diferencias entre diferentes sectores sociales. En primer lugar, se debe considerar la situación laboral. Como se observa en el cuadro siguiente, entre 1993-2000 casi todos los sectores reducen su tasa de pobreza, con dos excepciones: los jubilados, que aumentan moderadamente tanto su tasa de pobreza moderada como la severa; y los parados, que aumentan sustancialmente su pobreza severa. De todo ello se puede concluir que los cambios estructurales del mercado de trabajo ocurridos durante la década no alteraron la distribución del riesgo de la pobreza, salvo para mejorar las condiciones de los trabajadores y empresarios, y sólo en menor medida la de los parados, que vieron reducir su tasa de pobreza moderada.


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En segundo lugar, se debe considerar el sexo. Como se observa en el cuadro, entre 1993-2000 redujeron sus tasas de pobreza tanto los hombres como las mujeres, pero en el año 2000 la mujer presenta mayor riesgo de pobreza que el hombre, tanto de severa como de moderada. Entre las explicaciones destacan su peor situación en el mercado de tra-bajo y el creciente número de hogares con mujeres solas con cargas familiares.

ESPAÑA (%) POBREZA SEVERA POBREZA MODERADA 1993 2000 1993 2000

TOTAL 4,9 3,7 19,8 16,9

Asalariados 1,4 0,9 8,7 8,4

Cuent a propia 12,9 8,3 28,8 19,1

Parados 10,6 11,7 38,5 35,8

Jubilados 0,7 0,8 12,8 13,0

I nact ivos 5,8 4,8 23,8 22,6

Hombres 5,0 3,4 19,7 16,0

Mujeres 4,9 3,9 20,0 17,7

Analfabet os 4,7 4,3 25,5 25,8

Est udios primarios 5,6 3,9 22,6 20,2

Est udios secundarios (1º nivel) 5,0 5,4 21,8 20,9

FP-I 5,3 3,6 17,2 13,2

FP-II 6,2 1,5 14,8 8,8

Est . Secundarios (2º nivel) 4,8 2,5 15,2 10,5

Est . Superiores (nivel medio) 3,0 2,3 9,2 6,9

Est . Superiores (nivel superior) 1,3 1,8 4,2 5,4

17 - 29 años 6,3 4,6 22,9 17,7

30 - 64 años 5,7 4,2 20,4 17,1

+ 65 años 0,9 1,3 13,9 15,3

Hogares solos (act ivos) 7,0 7,3 15,9 17,4

Hogares solos ( inactivos) 2,4 2,9 7,7 8,4

H. monoparent ales (activo + niños > 16 años) 15,7 12,9 36,0 40,6

H. monoparent ales (activo + hijos dpt es.) 7,1 7,6 26,5 40,5

H. monoparent ales (t odos act ivos) 5,3 1,0 23,8 10,9

H. monoparent ales (al menos 1 > 65 años) 0,6 0,6 12,0 8,9

Pareja sin hijos (activos) 4,0 2,7 13,3 11,3

Pareja sin hijos (inact ivos) 0,4 0,5 16,8 25,3

Pareja con hijos (activos + niños < 16 años) 6,1 6,6 21,7 24,7

Pareja con hijos > 16 años 6,6 3,4 22,3 15,8 En tercer lugar, se debe considerar la edad. El cuadro refleja que la tasa de pobreza se reduce para los jóvenes y adultos, y sólo experimenta un crecimiento entre los mayores de 65 años, tanto en pobreza moderada como severa. Sin embargo, es necesario obser-var que la tasa de pobreza presenta mayor incidencia entre los grupos más jóvenes, cu-yo envejecimiento progresivo es la explicación más probable de que los más mayores hayan incrementado la suya entre 1993-2000 y de que aún lo hagan más en el futuro.


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En cuarto lugar, se debe considerar el nivel educativo. Como se observa en el cuadro, ex iste una relación lineal casi perfecta entre el nivel educativo y el riesgo de pobreza. Mientras está parado 1 de cada 4 analfabetos, sólo lo está 1 de cada 20 universitarios. Por tanto, y pese a un ligero repunte durante ese periodo, los estudios universitarios son la mejor garantía frente a la pobreza. Por último, cabe considerar el entorno familiar. El cuadro refleja con claridad que no to-dos los hogares tienen la misma probabilidad de afrontar situaciones de pobreza. Como se aprecia, los hogares monoparentales son los que sufren un riesgo mayor de pobreza, mientras que el riesgo menor se produce entre las familias de doble ingreso. 6. CONCLUSIONES Partiendo de un concepto de pobreza entendida como escasez relativa de recursos ma-teriales, Olga Salido (2005) destaca los siguientes puntos: ― Este concepto en términos económicos deja de lado otras posibles dimensiones de

pobreza (integración, participación, libertad). ― La pobreza no debe definirse en términos absolutos respecto a un umbral de subsis-

tencia, sino respecto a lo que es normal o habitual en una sociedad dada. ― No ex iste una relación de causalidad entre el nivel de pobreza relativa y el grado

de desigualdad en la distribución de la renta. Ambos son aspectos relacionados pe-ro distintos de la distribución de la renta: mientras que el análisis de la pobreza pre-tende averiguar el volumen de personas que quedan por debajo de cierto umbral de renta, el análisis de la desigualdad pretende conocer la forma en que los recur-sos económicos de una sociedad se distribuyen entre la población.

― La pobreza no debe ser estudiada como un fenómeno individual, dado que los in-

dividuos se organizan socialmente en familias y hogares (aunque las familias pue-den ser tanto una carga como una ayuda).

― En España el nivel de pobreza evoluciona positivamente durante los años 70 y 80,

para aumentar durante los años 90 (aunque este deterioro se ha producido por la mejora de los segmentos superiores y no por una pérdida de los inferiores).

― Los parados son los que sufren mayor riesgo de pobreza, aunque están surgiendo

nuevas formas emergentes de pobreza debido a los cambios sociodemográficos (envejecimiento demográfico, nuevas formas familiares), especialmente en los hogares de personas solas y en las familias monoparentales.

― Los sistemas de protección social alivian sustancialmente el riesgo de pobreza, es-

pecialmente en los países con un modelo de EB nórdico o continental.


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TEMA 8 EL SISTEMA EDUCATIVO Miguel Requena y Fabr icio Ber nar di 1. INTRODUCCIÓN La educación es una de las piezas clave del funcionamiento de las sociedades moder-nas, al actuar como vehículo de promoción social, expandir la demanda de formación y generar riqueza agregada. Como sabemos, el proceso modernizador de la sociedad española durante las últimas décadas ha generado cambios en los procesos demográfi-cos, en las pautas familiares y en la estructura ocupacional y de clases, incluyendo el de-sarrollo de las políticas e instituciones de bienestar (sanidad, pensiones y educación). En dicho contexto, la educación muestra un desarrollo sin precedentes: las nuevas genera-ciones de españoles son las más preparadas de nuestra historia: nunca había habido tan-tos españoles con un nivel formativo tan alto, ni tantos españoles habían dedicado tanto tiempo al aprendizaje, ni el sector educativo había acogido tantos estudiantes. 2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN La educación juega un papel fundamental en las sociedades modernas, en tanto es uno de los factores que configura las oportunidades vitales de los individuos; puesto que el logro educativo es determinante para el logro ocupacional, la educación adquiere una importancia capital para determinar la posición socioeconómica de las personas. Para explicar cómo se produce dicha influencia, ex isten cuatro teorías básicas:

a) Teoría funcionalista (Davis, Moore, Parsons). Esta teoría postula que la ocupación en las sociedades modernas depende cada vez más de factores logrados (educa-ción) y menos de los adscritos (raza, sexo, clase). Ello se debe a que en la sociedad ex isten posiciones funcionalmente más importantes que otras para el equilibrio y su-pervivencia del sistema social que requieren competencias especiales. Por un lado, ex iste un número limitado de personas con suficiente talento; por otro, convertir el talento en cualificación requiere de un periodo de formación que exige esfuerzo y sacrificios; para que las personas con más talento se sometan a ello se les debe in-centivar con recompensas materiales y simbólicas futuras. Por tanto, el sistema edu-cativo tiene la función de transformar el talento de los individuos en competencias y habilidades, necesarios para ocupar las posiciones sociales más importantes.

b) Teoría económica del capital humano (Becker, Schultz). Por analogía con el capital

físico, que sirve para producir bienes y servicios, esta teoría postula que la educa-ción es una forma de capital humano, entendido como la acumulación de inver-siones en las personas (educación, formación, especialización) que aumenta su productividad individual y con el tiempo acaba generándole rendimientos econó-micos. A nivel individual, la acumulación de capital humano mejora las oportuni-dades vitales de las personas y sus posibilidades de ingresos; a nivel colectivo, su acumulación genera riqueza agregada y el aumento del bienestar general, siendo uno de los motores que con más fuerza impulsa el crecimiento económico. Esta te-oría se basa en el supuesto de que el mercado de trabajo opera en condiciones de información perfecta, es decir , que los empleadores pueden saber con exactitud el nivel de productividad de sus empleados, y remunerarlos en consecuencia.


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c) Teoría credencialista (Collins). Esta teoría postula que los títulos educativos son cre-denciales que cert ifican la pertenencia a determinados grupos de estatus, en los que se comparte una cultura, unos valores y una visión del mundo. Según esta teor-ía, el proceso de logro ocupacional está gobernado por los grupos dominantes de estatus, que son los que definen los requisitos educativos para las ocupaciones, controlando y limitando de ese modo el acceso a sus posiciones privilegiadas.

d) Teoría de las señales (Sorensen , Kalleberg). Esta teoría postula que los títulos educa-

tivos no tienen relación con la productividad de los individuos, sino que señalan sus características (inteligencia, determinación, competencias comunicativas); por ello, el mercado de trabajo opera en condiciones de información imperfecta, pues los empleadores no saben con exactitud las capacidades laborales de los candidatos y emplean los títulos como señales de las característ icas personales. Puesto que la capacidad de los títulos para emitir señales depende de la cantidad de personas que los posean, el valor de los t ítulos no es absoluto sino relativo, pues lo que impor-ta no es cuánta educación tiene un candidato, sino cuánta más con respecto a los demás candidatos.

Pese a sus diferencias teóricas, al postular diferentes mecanismos por los que se traducen los niveles formativos en posiciones ocupacionales y socioeconómicas, todas las teorías coinciden en la importancia de la educación en las sociedades contemporáneas, no sólo como vía de desarrollo personal y agente de socialización , sino también como vehí-culo para alcanzar posiciones y bienes socialmente valorados. Una vez constatada la conex ión entre la dotación personal de educación y el logro de una buena posición so-cial, se genera una creciente demanda de niveles cada vez mayores de formación, cuya respuesta por las autoridades ha sido el fomento público de la educación y su conversión en materia de política de bienestar. La reducción de los costes de formación y las esca-sas oportunidades laborales para los jóvenes propician que éstos opten por dedicar más años al estudio, buscando alcanzar una titulación del mayor nivel posible. 3. LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO La modernización del sistema educativo español arranca a principios del s. XX, cuando la legislación estableció la educación obligatoria entre los 6-12 años, aunque se trataba de algo imposible de cumplir en un país sumido en el atraso económico, social y cultural, de base mayoritariamente rural, arcaico en su estructura productiva y fragmentado por enormes desigualdades sociales. Tras los avatares de la II República (1931-1936) y del Régimen Franquista (1936-1974), a finales del s. XX se ha conseguido la eliminación del trabajo infantil y el sistema educativo se ha expandido hasta conseguir la escolarización general entre los 4-16 años, el equilibrio entre sexos en todos los niveles de enseñanza y la generalización del acceso a la universidad, que ha dejado de ser privilegio de unas mi-norías acomodadas; incluso se afirma que la institución escolar ha sustituido al trabajo, a la calle y al hogar en su papel como lugares de socialización. La gigantesca evolución del nivel de estudios en España se observa en los datos obteni-dos entre 1916-1976: las personas sin estudios (sin concluir la enseñanza primaria) han pasado del 50 → 2 %, las que poseen estudios básicos (enseñanza primaria, básica y se-cundaria) del 44 → 38 % y las que poseen estudios laborales (formación profesional y títu-los universitarios) del 6 → 60 %. Este vuelco formativo de la sociedad española es fruto de dos factores fundamentales: (i) las políticas y reformas educativas y (ii) el progresivo y creciente aumento de los recursos dedicados al sector educativo.


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Entre las políticas educativas más recientes destacan las cinco siguientes:

1. Ley General de Educación (1970, LGE). Patrocinada por los sectores tecnocráticos del régimen, se pretendía ampliar la base educativa con una educación obligatoria y gratuita hasta los 14 años, se creaba una formación profesional tras el periodo obligatorio y se buscaba universalizar el acceso a la universidad. Con ello se trataba de sentar las bases de un sistema meritocrático de promoción social acorde con los requisitos de una sociedad industrial avanzada, estableciendo las condiciones de igualdad de oportunidades en materia de formación.

2. Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (1990, LODE). Esta Ley abordó

el fomento de la igualdad de oportunidades educativas estableciendo tres tipos de centros educativos: públicos, privados y concertados.

3. Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (1995, LOGSE). Esta Ley

amplió la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y estableció un sistema educativo comprensivo, basado en establecer un mismo programa escolar para todos los alumnos y en posponer la elección de los distintos itinerarios.

4. Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (2002, LOCE). 5. Ley Orgánica de Educación (2006, LOE).

Como resultado de lo anterior, el sistema educativo español se ha ido configurando co-mo un sistema descentralizado, debido a las sucesivas transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas y su calendario regional desigual; poco estratificado, debi-do a que el grado de diferenciación de los estudiantes en diferentes itinerarios educativos es bajo y no existe procedimiento de selección a las edades tempranas; y relativamente bien dotado de recursos económicos, cuya inversión ha evolucionado de modo crecien-te durante las últimas décadas. Así, el gasto público en educación ha pasado de un 1 % del PIB en 1960, a un 3,4 % en 1980 (3.100 millones €) y a un 5,2 % en 1992 (18.000), redu-ciéndose desde entonces hasta el 4,5 % en 1998 (25.000) y el 4,4 % en 2004 (35.000); por tanto, y pese a la progresiva reducción del porcentaje del PIB desde 1992, siempre se ha ido disponiendo de una cantidad de dinero mayor al irse incrementando el PIB español durante esos años. Además, se debe considerar que desde los años 70 se ha producido en España una continua caída de la fecundidad que ha provocado que las nuevas co-hortes que se han ido incorporando al sistema escolar hayan sido cada vez más peque-ñas; gracias a ello, el gasto público por alumno ha ido aumentando año tras año, desde los 2.297 € por estudiante no universitario y 2.676 € por universitario en 1995 (4,9 % PIB), has-ta 2.952 y 4.080 € respectivamente en 2001 (4,5 % PIB). 4. EL ALUMNADO Y LA ESCOLARIDAD Una de las mayores expresiones de la expansión del sistema educativo español es el cre-cimiento del alumnado y de las tasas de escolaridad. Sin embargo, debemos tener pre-sente que el crecimiento del alumnado, que se mide en números absolutos, responde a un proceso primordialmente demográfico, supeditado al tamaño de las cohortes, mien-tras que las tasas de escolaridad, que son los porcentajes de estudiantes a diferentes edades sobre el total de esa edad, dependen tanto de la oferta educat iva (recursos públicos, colegios, profesores), como de la demanda de enseñanza (posibilidades y pre-ferencias de las familias con respecto a sus hijos). Por tanto, se puede dar el caso de una reducción del alumnado en números absolutos junto a un crecimiento de las tasas de escolaridad, que es lo que ha sucedido en España durante las últimas décadas.


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Respecto al número absoluto de alumnos, los datos reflejan un crecimiento sostenido has-ta 1986, año en que se alcanzan los 7,8 millones de alumnos, para decaer progresiva-mente hasta los 6,5 millones del año 2003 debido a la incorporación de las cohortes me-nos numerosas nacidas desde mediados de los años 70. Por ello, en este proceso destaca la continua caída desde 1986 de los alumnos de primaria y secundaria (6,9 → 5,0), frente al progresivo incremento de universitarios (0,9 → 1,5), que sólo experimentan una suave caída desde 1999 (1,6 → 1,5). Respecto al número relativo de estudiantes o tasas de escolaridad, los datos reflejan que en las últimas dos décadas el porcentaje de alumnos por edades no ha dejado de cre-cer, pese a la reducción de los números absolutos. Así, lo primero que destaca en los da-tos de 2004 es la escolarización del 95 % de niños de 3 años y la escolarización total entre 4-15 años (100 %); además, en la enseñanza postobligatoria estudian el 82 % de jóvenes con 16-17 años, el 55 % con 18-20 años y el 31 % con 21-24 años. En cuanto a la universidad, en datos absolutos cabe destacar su progresivo crecimiento desde los 0,64 millones de 1979 a los 1,65 de 1999 (x 2,5), aunque por razones demográfi-cas se haya producido una suave reducción hasta los 1,48 de 2003. En datos relativos, entre 1974 y 1999 crece cada año el porcentaje de jóvenes de cada generación que han seguido estudios universitarios (mujeres 11 → 39 %, hombres 16 → 32 %), con un leve retroceso entre 1999 y 2004 (mujeres 39 → 34 %, hombres 32 → 27 %), coincidiendo con la mejora en España de las oportunidades laborales. Estos datos también reflejan la progre-siva feminización de la universidad, que ha sido uno de los factores fundamentales para explicar su expansión durante las últimas décadas: si en 1979 había 83 mujeres por cada 100 hombres, en 1986 los superaron con 101 y en 1998 llegaron a ser 119, estabilizándose en 2003 en 115 mujeres por cada 100 hombres. Sin embargo, cabe señalar que la deno-minada masificación de la universidad ha venido acompañada de un aumento de re-cursos materiales y humanos: entre 1976-2004 se ha doblado el número de profesores y el número de universidades ha pasado de 34 a 72, con una implantación espacial más homogénea por todo el país. El reciente desarrollo de la universidad permite señalar dos implicaciones. En primer lugar, que en un mundo en el que se generaliza la enseñanza secundaria, el grado universitario se configura como un elemento diferencial trascendental, es decir, como la línea divisoria entre los distintos niveles, marcando la verdadera diferencia sociolaboral. En segundo lugar, que las enseñanzas regladas consumen una cantidad de tiempo cada vez mayor de la biografía de las personas; desde principios del s. XX, en que la mayoría de la pobla-ción no invertía ningún tiempo en su formación, en la actualidad alcanzar las enseñanzas de capacitación laboral suponen un mínimo de 12 años y las titulaciones universitarias no menos de 17 años. La importancia de la prolongación de los periodos de formación está en relación directa con la ampliación del periodo de juventud y la menor dedicación a actividades productivas y reproductoras. 5. LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO El aumento del alumnado y de las tasas de escolarización genera dos consecuencias básicas: a nivel individual, el aumento de formación supondrá para las nuevas genera-ciones de españoles la incorporación a puestos de trabajo de los que obtendrán altos rendimientos en términos de remuneraciones, condiciones laborales y prestigio social; a nivel colectivo, la expansión educativa supone la mayor acumulación de capital huma-no de nuestra historia, con una relevancia enorme para la estructura ocupacional.


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La importancia de lo anterior se refleja en los datos de titulados universitarios, de los que destacan cuatro aspectos:

i. Crecimiento en números absolutos: entre 1974-2004 se han multiplicado por 5, pa-sando de 950.000 → 5 millones.

ii. Crecimiento en número relativos: entre 1974-2004 se han multiplicado por 3, pasan-

do del 4 % → 15 % de la población mayor de 15 años. iii. Crecimiento del número anual de graduados: entre 1983-2002 se ha multiplicado

por 3, pasando de 77.000 → 231.000, con un leve retroceso en el 2003 hasta los 226.000 por causas demográficas.

iv. Mujeres versus hombres: desde 1986 se gradúan más mujeres que hombres: en 1983

41.300 mujeres y 35.500 hombres (1,16 mujeres/hombre); en 2003 132.700 mujeres y 93.500 hombres (1,42).

La importancia para el país de este crecimiento en el caudal humano es difícil de exage-rar. La España tradicional no era sólo un país económicamente atrasado, sino también un país muy inculto e ineducado, con un enorme déficit formativo. En un escenario globali-zado, con países cada vez más interdependientes, los diferenciales educativos adquirirán cada vez más importancia. Por ello, aunque España aún se encuentra por debajo del nivel educativo medio de los países de la UE, podemos afirmar que estamos en el camino de la convergencia formativa con los países más desarrollados. 6. RECAPITULACIÓN El conjunto de cambios sociales y culturales implicados en la modernización han propul-sado la expansión del sistema educativo en España y, con ella, el aumento de la forma-ción de sus jóvenes. La puesta en marcha de ciertas reformas educativas y la creciente inversión pública y privada en enseñanza han hecho posible el crecimiento del sector de la enseñanza, aumentando tanto el alumnado como las tasas de escolaridad en todos los niveles: estudios primarios, secundarios, de formación profesional y universitarios. El re-sultado de todo ello son el alfabetismo masivo, la escolarización general, la feminización del estudiantado universitario y el amplio acceso a la enseñanza superior, que ha dejado de ser privilegio exclusivo de las minorías acomodadas. Gracias a ello, las nuevas gene-raciones de españoles son las más formadas de nuestra historia. A principios del s. XXI, la educación se ha convertido en un factor diferencial, con gran influencia en la posición socioeconómica de la gente, y por tanto en su bienestar mate-rial. Ex isten varias teorías que explican el mecanismo de esa influencia (funcionalista, económica del capital humano, credencialista y de las señales), pero todas coinciden en la importancia socioeconómica de la educación y en su capacidad como canal de promoción social y como generador de riqueza agregada.


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TEMA 9 BASES SOCIALES DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA Juan Jesús González 1. PRESENTACIÓN El objetivo de este capítulo es el análisis de la relación entre el sistema de partidos y el perfil social de los electores. Tras la Transición democrática, el sistema de partidos español se configuró en torno a dos ejes: la contraposición izquierda-derecha y la contraposición centro-periferia (nacionalismo español versus nacionalismos periféricos), ex istiendo en ambos casos tanto factores de estabilidad como factores de cambio. Así mismo, han ex is-tido fluctuaciones en la base social de los partidos que han conllevado a distintas pautas de voto, en unos casos por el debilitamiento del voto de clase, en otros por los ciclos polí-ticos vinculados a la evolución del electorado de los partidos a su paso por el gobierno, y en otros por el cambio en el perfil de edad de los electorados. 2. LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS La evolución del sistema de partidos en España puede dividirse en cinco periodos fun-damentales:

a) Sistema de pluralismo limitado (1977-1982). Sistema surgido tras las primeras eleccio-nes democráticas (1977), estructurado en torno a la oposición derecha-izquierda y con predominio de los partidos moderados: UCD (centro-derecha, 165 escaños) y PSOE (centro-izquierda, 103), dejando a los partidos más radicales en segundo pla-no: AP (derecha, 16) y PCE (izquierda, 12).

La debilidad del PCE durante esta etapa contrasta tanto por su anterior protago-

nismo en la lucha clandestina antifranquista, como por el protagonismo del sindica-to comunista CCOO, vencedor en las elecciones sindicales de 1978 frente al sindi-cato socialista UGT, y que tanto había luchado durante el franquismo por una rup-tura del sistema político a favor de la implantación de un partido comunista pode-roso. Sin embargo, el PCE no aprovechó la ventaja que CCOO le brindaba frente al PSOE, con su sindicato homónimo UGT muy debilitado, por dos causas básicas: por la juventud y moderación de la clase obrera durante la transición, poco susceptible a ser movilizada hacia una ruptura radical con el régimen anterior; y por la imagen poco atractiva del PCE, cuyos máx imos dirigentes seguían asociados al pasado y a la Guerra Civil, frente al deseo social mayoritario de romper con el pasado.

El sistema de pluralismo limitado (UCD-PSOE) dio paso al de partido predominante

(PSOE), debido a dos causas básicas: (i) la autodestrucción de UCD, que en reali-dad nunca llegó a ser un partido político propiamente dicho, sino un agregado de familias políticas coaligadas por razones coyunturales, así como por la manifiesta hostilidad de la patronal, que impidió que la UCD llegase a convertirse en su part ido afín; y (ii), por la nueva correlación de fuerzas sindicales desde principios de los 80, pues mientras CCOO seguía apostando por la presión y la movilización, UGT había optado por la moderación y la negociación en forma de acuerdos con la patronal, fruto de lo cual fue su victoria en las elecciones sindicales de 1982.


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b) Sistema de partido predominante: PSOE (1982-1993). Sistema empleado durante las mayorías absolutas del PSOE (1982, 1986 y 1989, con 202, 184 y 175 escaños). Duran-te esta etapa, el PSOE alcanzó sus principales objetivos programáticos: el sanea-miento económico, la superación de la crisis económica, la consolidación de-mocrática y la integración europea (1986). Sin embargo, a partir de 1989 la situa-ción cambió: (i) el PSOE empezó a aplicar severas políticas redistributivas que impli-caron un notable incremento de la presión fiscal; (ii) la relación PSOE-UGT degeneró en confrontación abierta, llegándose a la huelga general (1988); y (iii) AP se re-fundó como PP (1989), buscando recuperar el apoyo de los sectores reacios a M a-nuel Fraga, que abandonó la presidencia a favor de José María Aznar (1990). Todo ello llevó al PSOE a la pérdida de la mayoría absoluta en 1993 (159 diputados).

c) Sistema bipartidista (1993-2000). Sistema empleado por el PSOE en su última legisla-

tura (1993-1996) y por el PP en su primera (1996-2000), pues ambos se vieron obliga-dos a buscar apoyo en los partidos nacionalistas para formar gobierno (CIU, PNV). En su primera legislatura, el PP (156 diputados) puso en marcha una estrategia de negociación con los agentes sociales con excelentes resultados, lo que le llevó a la mayoría absoluta en las elecciones del año 2000.

d) Sistema de partido predominante: PP (2000-2004). Sistema empleado durante la

mayoría absoluta del PP (183 diputados). Sin embargo, el uso inadecuado de la mayoría absoluta supuso la ruptura del diálogo social (2002), crisis que se agudizó tras los atentados del 11-M (2004).

e) Sistema bipartidista (2004-2008). Sistema empleado por el PSOE (164 diputados),

obligado a buscar apoyos nacionalistas para formar gobierno (CIU, ERC). 3. PARTIDOS Y SINDICATOS La transición (1975-1982) estuvo acompañada de una aguda crisis económica que con-dicionó los márgenes de actuación de sus cuatro actores: gobierno, patronal, UGT y CCOO. Sin embargo, las negociaciones se mantuvieron principalmente entre gobierno, patronal y UGT, dado que el radicalismo de CCOO le apartó de ellas. Desde la perspectiva sindical, la negociación se basó principalmente en un intercambio de moderación salarial por reconocimiento simbólico y provisión de algunos recursos or-ganizativos, lo que a los sindicatos les supuso una sensible desafiliación sindical que asu-mieron como un coste necesario en pro de objetivos inexcusables, como la superación de la crisis económica, la consolidación democrática y la construcción de un nuevo marco de relaciones laborales. Con ello, los sindicatos españoles pretendían sentar las bases de una dinámica neocorporativa que les proporcionara una capacidad de in-fluencia similar a la de los sindicatos en los países donde los partidos socialdemócratas habían implantado políticas keynesianas (pleno empleo, bienestar social, participación de los agentes sociales). Sin embargo, este plan se frustró con la llegada del PSOE al po-der (1982), que, tras el reciente fracaso del gobierno socialista francés (1981), no se sintió obligado a mantener la tradición socialdemócrata de concertación social, ni las políticas keynesianas, tan celebradas durante la época de posguerra con la bonanza económica y duramente cuestionadas sobre su capacidad para contribuir a la gobernabilidad en tiempos de crisis. El PSOE, con mayoría absoluta y deseoso de tener las manos libres para manejar la crisis, desplazó objetivos clásicos como el pleno empleo por políticas econó-micas de ajuste, lo que propició que la tradicional relación partido-sindicato entrase en crisis, desembocando en la ruptura PSOE-UGT (1985).


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Así las cosas, una vez que los sindicatos vieron cumplidos los principales objetivos de la transición (consolidación democrática, superación de la crisis, nuevo marco de relacio-nes laborales), reabrieron las host ilidades con el gobierno aprovechando la reforma del sistema de pensiones, desplazando la atención desde la distribución (salario directo), reivindicación típica a principios de la transición, hacia la redistribución (salario social o políticas sociales: educación, sanidad, pensiones, protección social). Finalmente, el con-flicto llevó a los sindicatos a convocar la huelga general de 1988, a la ruptura de nego-ciaciones con el gobierno (1989), a concertar la unidad de acción UGT-CCOO (1989) y a que la UGT dejase de pedir el voto de los trabajadores para el PSOE en las elecciones de 1989. Como resultado, tras las elecciones los sindicatos obtuvieron del gobierno importan-tes medidas redistributivas, aunque aquello no evitó la progresiva erosión de la autoridad moral del gobierno socialista ante los trabajadores, sin obtener a cambio ningún apoyo sindical en materia de reforma laboral. Aquella coyuntura de creciente devaluación ide-ológica del partido gobernante reactivó cierto reflejo antipolítico en la ciudadanía, abo-nando la antigua creencia de que los sindicatos constituyen la garantía última de defen-sa de los trabajadores. En cuanto al electorado socialista , a partir de 1985 se observa una relativa retirada de apoyo al PSOE por parte de algunos sectores de las clases medias, coincidiendo con la época en que éstas empezaron a pagar impuestos de acuerdo con estándares europe-os. De hecho, la refundación de AP como PP (1989) supuso un giro estratégico, abando-nando clásicas cuestiones morales (enseñanza religiosa, regulación del aborto) por cues-tiones de carácter económico y fiscal, con promesas de rebajas fiscales para dichas cla-ses medias. Sin embargo, el PSOE compensó aquella pérdida de votos con el desplaza-miento del centro de gravedad de su electorado hacia las clases pasivas (jubilados, amas de casa), claros beneficiarios de las políticas redistributivas. Algunos estudios refle-jan que en 1993 el PSOE aún conservaba una amplia base social de centro-izquierda, aunque limitada por dos factores: por un lado, las viejas clases medias propietarias de medios de producción, eminentemente conservadoras; por otro, la polarización de las nuevas clases medias entre las vinculadas al sector privado, que parecían prestar un alto apoyo al PP (por ser las más reacias a la presión fiscal, y por tanto reacias a las políticas redistributivas), y las vinculadas al sector público, que lo prestaban a Izquierda Unida (por ser grandes beneficiarias de la expansión de las políticas de bienestar, y creer que el PSOE no era suficientemente de izquierdas). Esta dificultad del PSOE para disputar a IU estas fracciones de la clase media se explica por: (i) CCOO y UGT mantenían un área de influencia que alcanzaba a la mitad de los asalariados, pero su influencia se repartía en una proporción de 1,5 a 1 (CCOO 60 %, UGT 40 %); (ii) mientras que los seguidores de UGT representaban sólo un tercio de los votantes del PSOE, los seguidores de CCOO represen-taban 2/3 de los votantes de IU, lo que hacía a IU mucho más sensible a las reivindicacio-nes de CCOO que el PSOE ante la UGT; y (iii) , la diferencia observable entre el sector público y el privado se demostró ser sólo aparente, y que sólo encubría la mayor influen-cia organizativa e ideológica de CCOO en el sector público. 4. LA ETAPA SOCIALISTA Aunque el Estado de bienestar fue considerado inicialmente como resultado del conflicto de clases (siguiendo la lógica marx ista), pronto esta perspectiva se fue invirtiendo hacia el análisis de las consecuencias que las políticas de bienestar estaban teniendo sobre la dinámica clasista. Como ejemplo, colectivos que durante mucho tiempo habían queda-do bajo la tutela de la institución familiar y fuera del mercado laboral, como la juventud, los parados, la mujer o la tercera edad, se habían ido emancipando de dicha depen-dencia gracias a las políticas de bienestar (subvenciones, becas, pensiones, subsidios). Debido a ello, la familia de origen ha dejado de ser un buen predictor del comportamien-


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to político y electoral de las personas, surgiendo nuevas categorías sociales cuyas prefe-rencias políticas dependen cada vez menos del mercado de trabajo y más de lo que acaece fuera de él (educación, sanidad, pensiones), lo que ha permitido a los partidos políticos ensanchar su margen de maniobra a la hora de ampliar su base social. Lo anterior permite explicar que el PSOE pudiese mantener un volumen similar de votos entre 1986-1996 (≈ 9 millones) pese al enorme desgaste de su tarea de gobierno, gracias a que pudo reemplazar los votos perdidos en el ámbito del mercado de trabajo por otros nuevos procedentes de los sectores que más se beneficiaban de las políticas de bienes-tar (jubilados, amas de casa); aquel proceso también supuso una inversión en el perfil de edad del electorado socialista, al cambiar votantes jóvenes por otros más viejos, y una relativa ruralización del electorado, al cambiar votos urbanos por otros votos rurales. De hecho, los datos reflejan un profundo cambio en el perf il de edad de los electores de los principales partidos, pues si bien en 1986 se podía observar una correlación entre edad y posición ideológica, con los más jóvenes a la izquierda (IU-PSOE) y los más mayores a la derecha (AP), en 1996 destaca el envejecimiento del electorado del PSOE, al que votan los más mayores, y un rejuvenecimiento del electorado del PP e IU. En su tarea de gobierno, el PSOE tuvo que enfrentarse a un difícil dilema: asegurar el cre-cimiento económico, como condición previa de la redistribución, lo que exigía profundi-zar en la reforma del mercado de trabajo; o saldar la deuda social, como compensación hacia los trabajadores por el largo periodo de contención salarial en beneficio de la con-solidación democrática. Este dilema implicaba dos intereses en conflicto: los trabajadores con dificultades de inserción y peores contratos, que preferían la primera opción, con la esperanza de que la flex ibilización del mercado de trabajo les permitiese mejorar sus condiciones; y los trabajadores más estables y con mejores contratos, que estaban abier-tamente en contra de la primera opción y más por la segunda, con la esperanza de me-jorar sus salarios. Obviamente, ello contenía una dimensión generacional, pues en mu-chos casos se trataba de posturas opuestas entre padres e hijos. Finalmente, el gobierno socialista optó por lo que los sindicatos reclamaban con más intensidad: empleos más seguros, aún a costa de un paro más elevado, y políticas sociales más generosas, aun-que la presión fiscal necesaria para ello actuase como un impuesto sobre el empleo; aquello supuso satisfacer los intereses de los adultos a costa de los jóvenes, que tras la reforma laboral de 1994 quedaron abocados a los contratos basura. Respecto a lo anterior, cabe realizar dos consideraciones. (a) En primer lugar, cabría pen-sar que la responsabilidad de la decisión anterior no fue sólo del gobierno, sino también de los sindicatos, que renunciaron a la presión salarial a favor de políticas sociales; sin embargo, en la actualidad los pensionistas representan casi un tercio del censo electoral, lo que les otorga una especie de veto electoral ante cualquier tentativa de alterar el sis-tema de redistribución en contra de sus intereses, al margen de lo que hagan los sindica-tos. (b) En segundo lugar, cabría plantear por qué no se ha hecho explícito un conflicto entre jóvenes y adultos; la explicación más plausible quizás se encuentre en una especie de pacto intergeneracional implícito, por el cual los costes que los jóvenes asumen en el espacio público los ven compensados en el espacio privado de las familias, que se ven obligadas a asumir procesos emancipatorios cada vez más largos y costosos. Por último, cabe señalar cambios en el perfil de clase de los electores de los principales partidos. En 1986 se observa un escenario típico del conflicto clasista, con los trabajadores manuales claramente a favor de PSOE e IU, las viejas clases medias del lado de AP y las nuevas clases medias y los colectivos de jubilados y amas de casa sin decantarse entre ambos polos. Sin embargo, en 1996 el conflicto clasista se había diluido, pues el PP había reducido distancias con el PSOE entre los trabajadores manuales, las nuevas clases me-dias mostraban su rechazo al PSOE, aunque dividiendo su voto entre PP e IU, y el PSOE pasó a depender en gran medida del voto de jubilados y amas de casa.


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5. LA ETAPA POPULAR La apurada victoria del PP en las elecciones de 1996 (156 escaños) le obligó al diálogo con los nacionalistas, sus nuevos aliados, lo que le supuso tener que rectificar buena par-te de su programa electoral, y ello le llevó al diálogo con los agentes sociales, con resul-tados no menos espectaculares. Dicha legislatura estuvo marcada por una combinación venturosa de bonanza económica y paz social, que se tradujo en la mayoría absoluta en 2000 con una sorprendente reducción del voto clasista del PP, que llegó a recibir votos de habituales votantes de izquierda de perfil más bien trabajador. Sin embargo, tras la mayoría absoluta del 2000 (183 diputados) se modificó el estilo de gobierno, y pese a las promesas de diálogo del presidente Aznar, la imposición de una nueva reforma laboral (2001) llevó a la ruptura del diálogo social (2002). Cabe señalar que los sindicatos también contribuyeron a dicha ruptura, pues tras romper su unidad de acción (2002) se mostraban claramente distanciados, la UGT con posiciones cada vez más endurecidas frente al gobierno y CCOO sumida en su propia crisis interna. No obstan-te, aquello no impidió que convocasen una huelga general (2002), cuyo éx ito obligó al gobierno a intentar restablecer el diálogo con un nuevo M inistro de Trabajo. Pero la pos-terior implicación del gobierno español en la guerra de Irak aumentó su impopularidad y el desgaste del PP, que parecía haber abandonado el centro político frente a un PSOE que parecía incapaz de recuperarlo. Finalmente, los atentados del 11-M (2004) termina-ron por trastocar el escenario electoral, suscitando la movilización de millones de votantes que acudieron a las urnas a sancionar la gestión gubernamental. Las elecciones de 2004, ganadas por el PSOE (164 diputados), supusieron la recomposi-ción del alineamiento de las bases electorales: (i) los votantes de izquierda que habían votado al PP en 2000 regresaron al PSOE, recomponiendo el perfil clasista de ambos elec-torados, especialmente el del PP; (ii) los jóvenes se sumaron al electorado socialista, lo que supuso recuperar el perfil de edad anterior, con el típico izquierdismo del voto juvenil y su carácter como factor de cambio; (iii) también destaca un efecto generación , dado que el grupo de edad 45-54 años, el voto mayoritario del PSOE en 2004, se ha mantenido estable en su voto a la izquierda desde 1986; y (iv), las clases pasivas, que en 2000 habían votado al PSOE, en 2004 votaron al PP, en ambos casos al gobierno saliente, lo que las consolida como factor de est abilidad política. 6. CONCLUSIONES De todo lo tratado en este capítulo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Renunciar a toda idea de bases naturales de los partidos. Aunque las organizacio-nes de clase aún juegan un papel importante, tienen cada vez más dificultades pa-ra definir unos intereses que se redefinen continuamente; además, la cadena que conduce desde la posición de clases a la formación de preferencias polít icas es cada vez más compleja e indeterminada.

b) PSOE-UGT versus IU-CCOO. La configuración política entre el PSOE en el centro-

izquierda e IU en la izquierda radical es inseparable de la ex istencia de dos sindica-tos, UGT y CCOO, con estrategias diferenciadas. Sin embargo, la pauta de unidad de acción sindical UGT-CCOO durante los años 90 fue diluyendo la distancia PSOE-IU, dejando cada vez menos espacio para la implantación de IU, obligada a impo-ner su componente verde sobre el componente rojo.


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c) Influencia sindical en el capitalismo. Aunque hay quien subestima su capacidad

para influir ante el empuje del capitalismo, los sindicatos han demostrado una nota-ble eficacia para defender los intereses de su área de influencia, pese a dificultades tan relevantes como la creciente individualización de las relaciones laborales y la proliferación de intereses corporativos.

d) Políticas sociales versus sindicatos-pensionistas. En el esquema keynesiano clásico,

las políticas sociales dependían de la capacidad de presión sindical. Sin embargo, en la actualidad ex isten categorías sociales como los pensionistas que , siendo un tercio del censo electoral, representan una fuerza capaz de imponer cierto veto electoral a cualquier política que pretenda alterar el sistema de redistribución en contra de sus intereses, al margen de lo que hagan o pacten los sindicatos.

e) Voto de clase versus Voto económico. La dinámica de clase de las últimas décadas

permite observar cierto tránsito del voto de clase hacia el voto económico. f) Efecto clase versus efecto edad. M ientras que el componente de clase del voto

funciona como un factor de estabilidad en el proceso político, el componente de edad ejerce como factor de cambio, especialmente el voto juvenil, cuyos tres ras-gos principales son: baja participación, izquierdismo y radicalismo.


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TEMA 10 MOVILIDAD SOCIAL (I): CONCEPTOS, TEORÍAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS Javier Echeverría 0. INTRODUCCIÓN La movilidad social es una de las cuestiones básicas en el estudio de la estratificación social, pues las pautas de movilidad permiten determinar el potencial para la revolución o las perspectivas de estabilidad y orden en una sociedad. Sin embargo, debemos distin-guir entre la investigación de la movilidad social, que se centra en el movimiento ascen-dente o descendente de los individuos en la estructura ocupacional (saber cuántas per-sonas han ascendido, descendido o se han mantenido respecto a la posición de sus pa-dres); y la investigación de logro de estatus, que aborda la cuestión de por qué se produ-ce o no la movilidad social (saber quién prospera y por qué). En las sociedades industriales, la posición de clase social se basa tanto en la adscripción como en el logro; como sociólogos, nos preocupa su combinación exacta: hasta qué punto el éxito o el fracaso se relacionan con cualidades adscritas (origen familiar, sexo, raza, etnia) o con cualidades personales (talento, motivación, trabajo duro). Analistas como Marx y Weber ya consideraron la movilidad social como uno de los determinantes de los procesos de formación y acción de clase, debido a que una clase requiere cierto grado de estabilidad social (≈ ausencia de movilidad) para mantener un mínimo de iden-tidad social que haga reconocibles sus intereses y dé pie a procesos de acción social colectiva. De ahí que la movilidad ocupe un lugar básico en la relación entre los sistemas de estratificación y las pautas de comportamiento sociopolítico. Sin embargo, la movilidad social no se abordó en profundidad hasta los años 50, cuando los grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales surgidos en las sociedades oc-cidentales tras la II Guerra Mundial (1939-1945) modificaron sustancialmente la estructura ocupacional y de clases, principalmente debido a la implantación del sistema fordista de producción. En esa época destaca la escuela funcionalista, desarrollada por T. Parsons (1902-1979), según la cual las sociedades industriales son sociedades meritocráticas, ba-sadas en la igualdad de oportunidades y en el logro diferencial de los individuos según sus méritos, en las que todo ciudadano tiene la posibilidad de acceder a cualquier puesto de la estructura social; por tanto, según esta teoría no existen barreras estructurales para la movilidad social y, en consecuencia, no existen clases sociales propiamente dichas. Sin embargo, a partir de los años 70, coincidiendo con la crisis económica y social en las sociedades occidentales, se produce una pluralidad teórica y metodológica, en la que destacan: (i) la Escuela de Wisconsin (funcionalista), (ii) la Escuela de Oxford (neowebe-riana), (iii) la Escuela francesa y (iv) la Escuela neomarxista. 1. TEORÍAS DE LA MOVILIDAD SOCIAL En primer lugar, debemos saber que la definición de movilidad social depende de la perspectiva teórica que se adopte, ex istiendo dos planteamientos teóricos que coinciden con dos visiones opuestas de las sociedades modernas:

a) Perspectiva liberal-funcionalista: considera la sociedad como un campo continuo y homogéneo, formado por individuos que desempeñan funciones de más o menos


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prestigio y remuneración, donde las posibilidades de movilidad son muy grandes, dada la ausencia de barreras o cierre social. Desde este prisma, la movilidad social es cualquier movimiento de una ocupación a otra con diferente prest igio social, y el instrumento metodológico adecuado para su estudio son las escalas de prestigio, aunque también podrían ser de ingresos u otras variables. Esta visión de la sociedad industrial como un espacio social permeable y de gran movilidad coincide con el complejo ideológico del modo de vida americano, según el cual el trabajo duro, la aplicación y la constancia constituyen las llaves del éx ito social.

b) Perspectiva marxista-clasista: considera que la sociedad está formada por clases

sociales que se definen por la posición de sus miembros en las relaciones de pro-ducción, de mercado o de autoridad, y que la pertenencia a una clase de or igen condiciona las posibilidades de optar a posiciones de otras clases de dest ino. Desde este prisma, la movilidad social es el paso de una clase social de origen a otra de destino; si se mantiene la posición de clase se habla de herencia social o de inmovi-lidad. El instrumento metodológico básico son las tablas de movilidad.

Tradicionalmente, las teorías de la movilidad social se han desarrollado como parte del estudio de las pautas de estratificación en las sociedades industriales; sin embargo, hoy dicho estudio no se concibe sin referencia a los procesos dinámicos que se producen entre las dist intas posiciones sociales. Sin duda, el trabajo más completo sobre movilidad social en las sociedades contemporáneas es el de ERIKSON y GOLDTHORPE (The Constant Flux, 1993), quienes han destacado las siguientes teorías y aportaciones. En primer lugar, la perspectiva liberal-funcionalista defiende su visión dinámica de la so-ciedad industrial básicamente a través de la teoría de la industrialización , destacando los trabajos de Blau y Duncan (1967) y Treiman (1970). Según esta teoría, los requerimientos de especialización de la industrialización suponen un extraordinario desarrollo de la divi-sión del t rabajo que propicia tanto la separación de las esferas familiar y laboral, como el desarrollo de las instituciones educativas, donde se produce una resocialización que bo-rra las diferencias sociales de origen mediante la inculcación de valores comunes; así, el desarrollo económico promueve la igualdad de partida y el logro diferencial, que consti-tuyen la base que impulsa la transición hacia una sociedad meritocrática y hace aumen-tar la movilidad social. En resumen, la teoría de la industrialización sostiene que en las so-ciedades industriales se producen los siguientes procesos: ― Mayor apertura e igualdad de oportunidades de movilidad que las no industriales.

― Tendencia al aumento de las tasas de movilidad social y del grado de igualdad de oportunidades en paralelo al aumento del grado de industrialización.

― Predominio de la movilidad ascendente sobre la descendente.

― Tendencia a la igualación de las oportunidades de movilidad para todos.

― Las instituciones educativas adquieren un papel predominante en la movilidad so-cial, a través de sus funciones de instrucción, resocialización y selección.

― Aumento de la legitimación de las desigualdades, lo cual reduce el potencial de acción colectiva organizada.


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Dichos procesos se producen por tres efectos básicos: ― Efectos estructurales, derivados de la innovación tecnológica y de la continua dife-

renciación de las ocupaciones.

― Efectos procesuales, derivados del predominio de los procesos de selección meri-tocráticos frente a los adscriptivos.

― Efectos de composición sectorial: los procesos de logro predominan en los sectores sociales más dinámicos y expansivos, mientras que los procesos de selección ads-cr ipt iva son típicos de sectores en decadencia.

Frente a lo anterior, la perspectiva marxista-clasista ha defendido su visión reproductivista del orden social capitalista, básicamente a través de tres teorías:

a) Teoría de la correspondencia (Bowles y Gintis, 1976), con dos principios de corres-pondencia: (i) Las relaciones sociales de la familia y de la escuela se corresponden con las relaciones sociales de producción ; ello se debe a que ex iste una extraordi-naria correspondencia entre la educación familiar del niño y las relaciones sociales de producción a las que se enfrenta el cabeza de familia, transmitiendo al niño va-lores y prácticas en función de su clase social: obediencia, limpieza y honradez los de estatus inferior, curiosidad, autodirección y felicidad los de estatus más elevado. (ii) La similitud entre las relaciones sociales en el sistema educativo y en el sistema productivo contribuyen a reproducir las desigualdades del capitalismo; ello se debe a que las escuelas tienden a desarrollar en los estudiantes los rasgos que se les ex i-girán en los puestos de trabajo, desarrollando modelos de socialización y objetivos educativos en función de su clase social, mientras que las desigualdades de recur-sos financieros entre las familias actúa como un refuerzo de dichas diferencias.

b) Teoría de la descualif icación o proletarización (Braverman, 1976): las sociedades in-

dustriales del capitalismo avanzado están abocadas a sufrir procesos generalizados de descualificación de la mano de obra y de movilidad descendente, debido tanto a la degradación y rutinización del trabajo en la mayoría de empleos, como por la pérdida de autonomía y de control sobre ellos por parte de quienes los ocupan; ello supone un aumento de la proletarización y el crecimiento de la clase obrera, aun-que en diferente grado según el sector productivo. Sin embargo, los datos han ido desmintiendo esta teoría, pues en las sociedades capitalistas se viene observando un crecimiento progresivo de puestos de trabajo en ocupaciones profesionales, administrativas y directivas, característicos de las nuevas clases medias.

c) Teoría del nuevo proletariado femenino (Crompton, Jones y Mann, 1986): si bien es

cierto que la Teoría de la descualif icación no es aplicable al conjunto de la pobla-ción, sí es perfectamente válida respecto a las mujeres, pues se está produciendo una importante concentración de mujeres en los sectores más precarizados, rutina-rios y descualificados de la economía, sean manuales o no manuales, en lo que se podría denominar nuevo proletar iado femenino. Esta situación se puede explicar apelando a que el plan vital de muchas mujeres sigue estando condicionado por su papel familiar, considerando su trayectoria laboral como un complemento de la de su pareja masculina, aunque los cambios actuales en el modelo familiar acercan cada vez más la situación profesional de la mujer a la del hombre.


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Por último, ex isten otras teorías críticas con la concepción liberal-funcionalista , al margen del marx ismo, destacando las siguientes:

a) Tesis del excepcionalismo de EEUU (Lipset, 1996): las tasas de movilidad en EEUU, su-puestamente muy altas, son idiosincrásicas de la sociedad norteamericana, pues se deben a circunstancias históricas excepcionales muy diferentes de las europeas.

b) Tesis del inst itucionalismo: ex iste una incidencia de las instituciones políticas, en par-

ticular de las del Estado de Bienestar, en las pautas de estratificación y movilidad social de cada sociedad.

c) Tesis del efecto umbral (Lipset y Zetterberg , 1959): con la industrialización no se ha

producido un aumento lineal, constante y sostenido de la movilidad social, sino que se produce un efecto umbral: la movilidad es relativamente alta sólo cuando se al-canza cierto grado de industrialización y expansión económica y se generaliza el acceso a las credenciales educativas; superado dicho umbral, las tasas de movili-dad de los países desarrollados convergerán, siendo altas y muy similares entre sí.

d) Tesis de la convergencia en movilidad relativa (Featherman, Jones y Hauser, 1978):

no existe una única pauta de movilidad global en la totalidad de sociedades indus-triales. Ello se debe a que no existe convergencia de movilidad entre los países en el plano de la movilidad absoluta, causada por cambios en la estructura de clases, pues los cambios estructurales de cada país dan lugar a variaciones muy significati-vas dependiendo de su tradición histórica, peculiaridad cultural o modalidad de sis-tema político; sin embargo, los regímenes de movilidad social entre los países sí convergen en el plano de la movilidad relativa, que se produce al margen de la es-tructura de clases y supone una especie de movilidad subyacente común a todas las sociedades con economía de mercado y predominio de la familia nuclear.

e) Tesis de la divergencia (Esping-Andersen , 1993): existe una divergencia sustancial

en las pautas de movilidad de los países, pues éstas difieren en función de las pau-tas de estratificación de cada modelo de Estado de bienestar: el modelo liberal, de Estado minimalista, genera procesos de polarización social y niveles máx imos de desigualdad; el modelo corporativo, con sistemas públicos universales pero de carácter contributivo, tiende a reproducir las desigualdades del mercado y deja amplios sectores sin protección social; y el modelo socialdemócrata, con sistemas públicos reconocidos como derechos universales, se configura como el más iguali-tario de los tres y con un índice de movilidad más alto.

f) Tesis del nuevo proletariado post industrial de los servicios (Esping-Andersen , 1993).

En los países occidentales se detecta la aparición de un nuevo proletariado de los servicios, aunque con diferentes características: en EEUU se crean empleos en el sector privado de los servicios, con tendencia a la polarización de los salarios; en los países escandinavos se crean empleos en los servicios públicos, ocupados princi-palmente por mujeres y con altas posibilidades de movilidad ascendente; y en los países con modelo corporativo de EB no se crea suficiente empleo ni en los servicios sociales públicos ni en los privados, pues se combinan altos costes salariales con es-casos servicios sociales, lo que genera altas tasas de paro y bajas tasas de partici-pación laboral. Sin embargo, las críticas a esta tesis señalan que ex iste poco mar-gen para la formación de un proletariado de los servicios, pues en la sociedad post-industrial las fronteras de clase en la parte inferior del mercado de trabajo son tan permeables que lo hacen sumamente improbable.


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2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS TEORÍAS Toda teoría plantea enfoques que responden a diferentes concepciones de la sociedad, en ocasiones como respuesta a problemas reales, en otras como planteamientos pura-mente teóricos. Además, el hecho de validar determinados aspectos de una teoría no implica que dicha teoría en su conjunto se ajuste a la realidad, ni descartar algunos de sus aspectos supone que no posea algunos elementos válidos. En general, la perspectiva liberal-funcionalista implica una visión etnocéntrica y lineal de la sociedad y de la historia, según la cual todos los países deben seguir una única pauta de desarrollo económico y social, que no es otra que la seguida por las sociedades más desarrolladas. Ello supone una extrapolación de las condiciones de una época y situa-ción concreta a todo tiempo y lugar, excluyendo las variaciones de los contextos político-institucionales y socio-estructurales particulares. De las teorías relacionadas con esta pers-pectiva, la tesis del efecto umbral de Lipset y Zetterberg (1959) supone una visión lineal y uniforme de la evolución de las sociedades capitalistas, algo que ha sido desmentido por la evidencia empírica, mientras que la tesis de la convergencia en movilidad relativa de Featherman, Jones y Hauser (1978), que propugna una similitud de las pautas de movili-dad relativa entre los países y en el tiempo, se ha visto respaldada en parte por los datos, pero minusvalora la existencia de ciertas variaciones en la fluidez social entre los diversos países. Por su parte, la perspectiva marxista-clasista pone demasiado énfasis en los aspectos sistémicos y socioestructurales relativos al sistema capitalista (explotación, naturaleza de las clases, lógica del sistema), y minusvalora el aspecto político-inst itucional y la capaci-dad de los agentes sociales para influir sobre las tendencias sistémicas y estructurales. Ello supone incurrir en cierto organicismo y en la minusvaloración de la posibilidad de cambio en el sistema capitalista. Algunas de sus teorías, como la de la proletar ización, suponen una aplicación ideologizada y mecánica de las teorías de Marx sobre el capitalismo. Por último, las obras de Esping-Andersen (1993) y Erikson y Goldthorpe (1993), que sostie-nen la ex istencia de diferentes regímenes de movilidad entre los países, obligan a recon-siderar casi todas las teorías anteriores, redoblando la atención en los contextos estructu-rales y en los factores político-institucionales que conforman las pautas de movilidad, es-pecialmente en la influencia del Estado en las pautas de fluidez y apertura social. En conclusión, en el estudio de la movilidad social es absolutamente ineludible prestar atención a los contextos de oportunidad, es decir, a la conjunción o interrelación de los niveles sistémico, institucional y estructural en la configuración del volumen y naturaleza de la movilidad social en un lugar y en un momento dado. 3. TIPOS DE MOVILIDAD SOCIAL La movilidad social admite muchas distinciones y clasificaciones. En primer lugar, se debe distinguir entre movilidad intergeneracional, que tiene lugar entre generaciones (normal-mente entre padres e hijos), y movilidad intrageneracional, que es la que se produce a lo largo de la vida de una persona, conocida también como movilidad de trayectoria. Otra distinción importante es entre la movilidad estructural, que se produce como consecuen-cia de los cambios en la estructura de clase de una sociedad determinada durante un periodo concreto; y la movilidad de intercambio, que se produce cuando ex iste un inter-cambio de posiciones entre individuos situados en diferentes clases (si unos suben, otros bajan, y viceversa), con independencia de los cambios estructurales. Por último, también se distingue entre movilidad vertical, cuando los movimientos tienen lugar entre posicio-


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nes situadas a diferente nivel jerárquico (recursos, ingresos, prestigio), pudiendo ser as-cendente o descendente; movilidad horizontal o no vertical, cuando las posiciones de origen (padre) y destino (hijo) son distintas, pero están situadas a un nivel similar dentro del criterio jerárquico empleado; y contramovilidad, cuando la trayectoria hacia la posi-ción social del padre pasa por otras posiciones intermedias (p. e., hijos de directivos que empiezan desde posiciones de empleado hasta llegar a puestos directivos). Un elemento metodológico muy empleado en la actualidad para el estudio de la movili-dad social son las tablas de movilidad, que consisten en una tabla formada por dos va-riables: clase de origen (del padre, en filas) y clase de destino (del hijo, en columnas), en cuyas celdas se colocan los datos numéricos de los hijos que, procedentes de una de-terminada clase de los padres (fila), acaban en la misma clase o en otra (columna). En dichas tablas se conjugan diversos conceptos. En primer lugar se debe distinguir entre los marginales de la clase de origen , que son las sumas de las categorías de las clases de origen (sumas de las filas); y los marginales de la clase de destino, que son las sumas de las clases de destino (sumas de las columnas). Así, los marginales de origen de la tabla anterior señalan que de las 2.224 per-sonas analizadas el 43,3 % pertenecía a la clase de propietarios, el 11,1 % a las clases medias y el 45,7 % a la clase de trabajadores. Los marginales de destino nos dicen que el 27,7 % acabó en la clase de propietarios, el 23,7 % en las clases medias y el 48,6 % en la clase trabajadora. Por tanto, dichos marginales reflejan que se ha produ-cido un descenso notable en la clase de propietarios, un incremento sustan-cial en las clases medias y un incre-mento algo más moderado en la cla-se de trabajadores. En cuanto a las tasas, se diferencia entre:

a) Tasas absolutas de movilidad: es cualquier porcentaje que aparece en una tabla de movilidad. Se diferencia entre las siguientes:

― Tasa de movilidad global: porcentaje de personas cuya categoría de origen no

coincide con la de dest ino, es decir, que han experimentado movilidad; de las 2.224 personas analizadas, 1.026 cambiaron de clase, el 46,1 %.

― Tasas de movilidad particular: porcentajes que aparecen en cada celda, pu-

diendo diferenciar entre: Tasas de salida (outflow), porcentajes de los individuos procedentes de un mismo origen (fila) que terminan en cada una de las clases de destino (columnas); la tasa de salida de las clases medias hacia la clase de propietarios es del 22,5 %. Tasas de llegada (inflow, o de reclut amiento), por-centajes de individuos de una clase de destino (columna) que tienen una mis-ma clase de origen (filas); la tasa de llegada a la clase de propietarios con procedencia en las clases medias es del 9 %. Se denomina diagonal principal a las celdas en las que coinciden la clase de origen (padres) y la de destino (hijos), cuyos datos reflejan las personas que han permanecido en la misma clase (inmovilidad social); a las t asas de salida que se encuentran en la diago-nal pr incipal se las denomina Tasas de herencia, pues indican el porcentaje de


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reproducción social de cada una de las clases: el 43 % de los propietarios, el 49,5 % de las clases medias y el 65 % de la clase de trabajadores.

b) Tasas relativas de movilidad: porcentajes de movilidad neta existente entre las dife-rentes categorías de una tabla de movilidad; es decir, aquella movilidad que se produce con independencia de cómo estén distribuidos los marginales. A esta mo-vilidad neta se la denomina fluidez social, y refiere a la propensión que ex iste a pa-sar de determinados orígenes a determinados destinos, con independencia de los cambios en la estructura de clases. El conjunto de pautas de fluidez social de una tabla de movilidad define el régimen de fluidez de dicha sociedad.

Pese a su utilidad, las tablas de movilidad también mantienen ciertas limitaciones, pues no reflejan con precisión los cambios estructurales de una sociedad entre dos momentos históricos diferentes. Ello se debe a que no contabiliza a todas las personas de la genera-ción de los padres que no tuvieron hijos, ni tampoco sabemos si la posición de clase de los padres o de los hijos en el momento de confeccionar la tabla es su última posición en su trayectoria vital o si posteriormente cambiarán de clase. Por tanto, los datos de las ta-blas hay que tomarlos y emplearlos con precaución. 4. TRAYECTORIAS, ESTRATEGIAS Y CONTEXTOS DE OPORTUNIDAD El concepto de trayectoria refiere al conjunto de posiciones sociales que ocupa una per-sona a lo largo de su vida profesional, es decir , a la movilidad que experimenta durante su vida laboral. En ese sentido, la trayectoria de clase refiere al conjunto de posiciones que ocupan o pueden ocupar quienes pertenecen a una clase social determinada; pues-to que en cada clase ex isten varias posibilidades de trayector ias de clase, se suele hablar de haces de trayectorias de clase. Si lo que se produce es que una persona pertenecien-te a una clase social accede a un puesto correspondiente a una trayector ia de otra cla-se, hablamos de salto de trayectoria. Por otra parte, cada posición de clase está configurada por una determinada cantidad y estructura de recursos, que cambia con el tiempo en función de las trayector ias de clase. En base a ello, el concepto de estrategia refiere a la planificación de los recursos dispo-nibles con el objetivo de mantener o mejorar la posición social en una situación estructu-ral e institucional determinada. Sin embargo, que una familia o un individuo elabore una estrategia no implica que pueda ponerla en práctica, pues ello depende de diversos factores, tanto personales como institucionales o socioestructurales. Además, en las estra-tegias hay que distinguir un componente familiar y otro componente individual; así , mien-tras que en la sociedad agraria tradicional los individuos estaban constreñidos por la es-trategia familiar, que era la vinculante, en la sociedad actual son las decisiones individua-les las que poseen un papel preponderante. Se suele distinguir entre cuatro tipos de estrategias: (a) estrategias de reproducción, cuando el objetivo es mantener el mismo tipo de recursos que se poseen en origen (tie-rras, negocios, científicos, económicos); (b) estrategias de reconversión , cuando el objeti-vo es cambiar un tipo de recursos por otros recursos de diferente naturaleza (tierras → negocio); (c) estrategias de movilidad, cuando el objetivo perseguido es adquirir nuevos recursos con el fin de conseguir una posición social superior a la de origen (trabajador manual → carrera universitaria → nuevas clases medias); y (d) estrategias de diversifica-ción o mixt as, cuando el objetivo propuesto requiere la combinación de algunas de las tres estrategias anteriores. En la aplicación de dichas estrategias los grupos, familias e in-


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dividuos suelen emplear mecanismos para la transmisión o mejora de su posición en el sistema de estratificación, como la herencia, el matrimonio, las instituciones educativas, la educación familiar (socialización), los mercados de trabajo y las influencias y redes socia-les. En el estudio de la movilidad también se recomienda contextualizar los factores y proce-sos en tres niveles de análisis: (a) nivel sistémico, en el que se sitúan los factores sociales relativos a las características del sistema económico (en nuestro caso, el capitalismo post-industrial) y a la posición relativa de dicha sociedad en el sistema-mundo (grado de in-dustrialización); (b) nivel institucional, en el que se sitúan los factores de los ámbitos políti-co, cultural o religioso de la sociedad, así como el grado de desarrollo del Estado de Bienestar (educación, sanidad, trabajo); y (c) nivel estructural, en el que se sitúan los fac-tores relativos a la estructura de posiciones de clase y la asignación de los individuos a cada una de ellas en función de su clase de origen y de su nivel de recursos. En base a lo anterior, se denomina contexto de oportunidad a la conjunción o interrela-ción de los niveles sistémico, institucional y estructural en la configuración del volumen y naturaleza de la movilidad social en una sociedad determinada. En nuestro caso recien-te, se puede distinguir entre tres contextos de oportunidad en España:

i. 1940-1955. Última parte en España de la sociedad agraria.

ii. 1956-1975. Rápida industrialización y crecimiento económico.

iii. 1976-2005. Configuración de la sociedad de los servicios y universalización de la competencia.


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TEMA 11 MOVILIDAD SOCIAL (II): PAUTAS DE MOVILIDAD EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Javier Echeverría 1. LA MOVILIDAD SOCIAL EN ESPAÑA Y EN EUROPA: TENDENCIAS OBSERVADAS EN LAS TASAS ABSOLUTAS DE MOVILIDAD Para el estudio comparativo de la movilidad social debemos tener presente que existen tres tipos de países en función de los plazos temporales de su proceso de industrialización: (a) países de industrialización temprana, cuya industrialización estaba muy avanzada al iniciarse el s. XX (Inglaterra); (b) países de industrialización intermedia, cuya industrializa-ción se inició en el s. XIX pero que se ha desarrollado a lo largo del s. XX (Francia, Suecia); y (c) países de industrialización tardía, cuyo proceso industrializador se realiza en la se-gunda mitad del s. XX y que todavía tenían un elevado porcentaje de mano de obra agraria en los años 70 (España, Hungría, Polonia). Estas diferencias se reflejarán en casi todas las comparaciones de la evolución de la movilidad entre países. Sin duda, el trabajo más completo sobre movilidad social en las sociedades contem-poráneas es el de ERIKSON y GOLDTHORPE (The Constant Flux, 1993); vinculando sus datos de diversos países con los datos de movilidad española de la Encuesta ECBC (Comuni-dad de M adrid, 1991), todos ellos realizados sobre hombres mayores de 30 años, el autor de este capítulo J. ECHEVERRÍA (1999) realiza los análisis siguientes. El análisis comparativo de la movilidad (1999) refleja que no existe una pauta común en la tasa de movilidad total entre los países (60-76 %, España 67 %); las diferencias son sus-tanciales tanto entre las tasas de movilidad vertical (43-54 %, España 49 %), como entre las de no vertical (15-32 %, España 19 %), diferencias que se confirman tanto en las tasas de movilidad ascendente (32-42 %, España 42 %), como en las de descendente (7-17 %, España 7 %). Para explicar estas diferencias en la movilidad vertical, Erikson y Goldthorpe postulan que el volumen de movilidad descendente será tanto mayor cuanto más se haya asentado una estructura de clases en la que tengan mucho peso las clases más altas; por ello, ex iste mayor tasa de movilidad descendente en Inglaterra (17 %) que en España (7 %). Así mismo, el análisis comparativo de la evolución de la movilidad en el tiempo refleja que no se observa una línea de tendencia válida para todos los países debida a la indus-trialización: unos países muestran una tendencia al incremento de la movilidad, mientras otros presentan una lenta pero progresiva disminución, aunque se observe cierta tenden-cia hacia la convergencia en las tasas de movilidad total a medida que avanza la indus-trialización. Lo que sí se puede afirmar es que en las primeras fases de la industrialización casi todos los países suelen coincidir en un notable incremento de la movilidad debido al voluminoso trasvase de mano de obra desde la agricultura a la industria, y que dicho im-pulso suele aminorar y descender con el tiempo. En cuanto a España, los datos reflejan lo siguiente: (a) la movilidad total se sitúa en un nivel intermedio entre los países (60-76 %, España 67 %); (b) predomina la estabilidad, pues las variaciones en la tasa de movilidad son pequeñas; y (c) los cambios de tenden-cia de la movilidad se pueden dividir en tres fases: (i) tendencia al aumento (1928-1936, 63→69 %); (ii) la movilidad se mantiene alta (1936-1950, 69→71 %); y (iii) tendencia al des-censo (1950-1956, 71→69 %). Estas fases en la movilidad van en relación con los ritmos de trasvase de mano de obra agraria a la industria, así como con la creación de nuevos


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empleos en los sectores secundarios y terciarios de la economía. Ello coincide con la tesis de que los momentos más propicios para la movilidad social son los periodos de fuertes cambios en la estructura económica, que en España coinciden con los años 60 y 70, en los que se produjeron los mayores flujos de movilidad ascendente. 2. ESTUDIO DE ALGUNAS FORMAS PARTICULARES DE MOVILIDAD Una vez analizada la tasa de movilidad total, debemos analizar las tasas de movilidad intergeneracional (tasas de salida o de out flow), y para ello emplearemos el esquema de tres categorías de Erikson y Goldthorpe (1993): agrar ios, manuales y no manuales. ― AGRARIO → AGRARIO (tasas de herencia). Los datos reflejan dos cosas: una fuerte

dispersión inicial entre los países en las cohortes más viejas (cohorte 1908: Inglaterra 22 % ↔ Polonia 70 %) y una tendencia generalizada hacia la reducción de las tasas (cohorte 1944: Suecia 15 % ↔ Polonia 30 %). Ello refleja el declive de la agricultura y la expansión del resto de la economía, así como que una vez que los países alcan-zan bajas tasas de herencia agraria tienden a mantenerlas a un bajo nivel. En el ca-so de España destaca un repunte en la herencia agraria que coincide con la rea-grarización del país durante la Guerra Civil y el primer franquismo, y que posterior-mente recupera la tendencia descendente.

― AGRARIO → MANUAL. Los datos reflejan que las tendencias entre los países son bas-

tante diferentes: unos ascendente (Hungría, Polonia), otros descendente (Inglaterra) y otros una curva creciente-decreciente que se puede considerar una evolución lógica de maduración industrial (Suecia). España vuelve a reflejar los efectos de la Guerra Civil y del primer franquismo a modo de leve repunte, que posteriormente se torna una tendencia claramente descendente.

― AGRARIO → NO MANUAL. Los datos reflejan que las tendencias entre los países son

bastante diferentes, sin ninguna uniformidad o pauta común. España refleja los efectos de la Guerra Civil y del primer franquismo por la reagrarización del país en ese periodo, pero destaca su formidable crecimiento posterior (cohorte 1936 20 % → cohorte 1956 43 %), que se explica por la industrialización tardía del país, y cuya magnitud explica las tendencias a la baja de los dos epígrafes anteriores.

― MANUAL → NO MANUAL. Los datos reflejan que las tendencias entre los países son

bastante diferentes. En este caso, España destaca por una gran progresión ascen-dente (cohorte 1928 20 % → cohorte 1956 46 %), superando incluso el nivel más alto alcanzado por Francia (44 %) o Suecia (42 %). Lo más llamativo de esta tendencia es que la crisis de los 70 no parece afectar al incremento de las tasas de manual a no manual, lo que se explica con que el bloqueo de la creación de empleos ma-nuales quedó compensado por la creación de empleos no manuales ligados al de-sarrollo del Estado del Bienestar, especialmente en educación y sanidad.

― NO MANUAL → MANUAL. Los datos reflejan que las tendencias entre los países son

bastante diferentes. En este caso, España destaca por sus tasas extraordinariamente bajas, lo que se explica tanto por partir de unos niveles muy bajos de empleos no manuales, como por la existencia todavía de altos niveles de desagrarización hacia puestos de manuales, que sólo posteriormente llegarán a no manuales. Igualmente, el paso de no manual a manual no parece estar afectado por la crisis de los 70, lo que se explica tanto por aún no haber concluido la desagrarización, como porque en dicho contexto estructural e institucional resultaba muy difícil que los jóvenes pu-diesen desplazar a los mayores en los puestos manuales de la industria.


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― AGRARIO → CLASE DE SERVICIO. Los datos reflejan que las tendencias entre los paí-

ses son diferentes, ex istiendo algunos que experimentan un crecimiento casi conti-nuo (Suecia), mientras que en otros se aprecia un incremento inicial con una estabi-lización posterior (Polonia), e incluso en algunos se aprecia cierta disminución (Hungría). España presenta una evolución en tres fases: una tendencia inicial prácticamente horizontal a un nivel muy bajo, entre 5-6 % (cohortes 1925-1940), se-guida de un periodo claramente ascendente hasta el 13 % (cohortes 1940-1950), momento en que se estabiliza, coincidiendo con la crisis de los años 70.

― MANUAL → CLASE DE SERVICIO. Los datos reflejan que las tendencias entre los paí-

ses son muy diferentes, tanto en intensidad como en el tiempo, aunque coincidan en una tendencia creciente. España presenta una evolución en tres fases: una ten-dencia inicial prácticamente horizontal a un nivel muy bajo, entre 6-7 % (cohortes 1925-1932), seguida de un periodo de fuerte crecimiento hasta el 19 % (cohortes 1933-1945), momento en que empieza a mostrar un comportamiento oscilante en-tre el 18-21 %, que refleja el desarrollo del Estado de Bienestar.

En resumen , el análisis de los datos muestra que no se aprecian tendencias uniformes o comunes a los diferentes países, ni en las tasas absolutas de movilidad, ni las tasas de movilidad particular entre categorías, ni tampoco se aprecia una tendencia a la conver-gencia entre ellas. Las pautas de movilidad han ido variando su naturaleza e intensidad de acuerdo a las características de los contextos de oportunidad que se han ido gene-rando en cada sociedad concreta; por ello, ninguna de las teorías que hacen referencia a tendencias o al mantenimiento de un determinado nivel de movilidad observada pue-de ser aceptada. 3. LA MOVILIDAD DE LAS MUJERES EN ESPAÑA Hasta hace muy poco, el método convencional en las investigaciones sobre movilidad social en los países industrializados consistía en ocuparse de la movilidad de los varones, por lo cual hoy carecemos de un cuerpo de conocimientos sobre la movilidad femenina comparable al de la masculina. Entre las razones sustantivas que explican ese olvido des-taca el patrón familiar en las sociedades occidentales, basado en el varón como pro-veedor principal o único del hogar y esposas sin experiencia laboral o con carreras ocu-pacionales más cortas, inestables y discontinuas que sus maridos; por ello, la clase social de la familia se deducía directamente de la clase de la ocupación del hombre. En cuan-to a las razones metodológicas, el hecho de que las carreras ocupacionales de las muje-res fuesen cortas, inestables y discontinuas planteaba dificultades de operacionalización, así como el problema de representatividad del puesto que ocupen en el momento de la investigación. Obviamente, estas razones han empezado a disolverse a medida que la mujer se ha ido incorporando masivamente al mundo laboral, lo que ha propiciado un cambio radical en el modelo familiar, cuya clase social ya no puede conceptualizarse con el modelo del marido como único perceptor, sino que vendrá determinada conjun-tamente por la posición ocupacional de ambos cónyuges. Naturalmente, todo ello lleva a la necesidad de estudiar la movilidad social de las mujeres, obligando a los investigado-res a adaptar sus metodologías de investigación a la nueva situación. El único estudio sistemático sobre la movilidad ocupacional de las mujeres en España, realizado por O. SALIDO (2001), nos informa de varias pautas que permiten comparar la movilidad de hombres y mujeres. Así, en estás últimas décadas las mujeres han experi-mentado más movilidad absoluta que los hombres (83,5 % y 74 %), aunque hay que tener


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en cuenta que ello se debe a que las mujeres han tenido más movilidad descendente que ascendente (47 % - 36,5 %), al contrario que los varones (33,8 % - 40,3 %). Esto se expli-ca por la tradicional y generalizada tendencia de las mujeres a situarse en los empleos no manuales de nivel bajo, tanto por la histórica desigualdad de tipo educativo entre los sexos, como por las diferentes pautas que rigen la adscripción de hombres y mujeres al mercado de trabajo (segregación ocupacional). Sin embargo, la reciente y masiva in-corporación de la mujer al sistema educativo, primero, y al mercado de trabajo cualifi-cado, después, han propiciado una sustancial modificación de las pautas ocupacionales de las mujeres desde los años 80. Ello explica que se hable de las dos biografías laborales de las mujeres españolas: (i) la de los años 60, con bajo nivel educativo y empleos poco cualificados, con trayectorias cortas y discontinuas; y (ii) la de los años 80, con buenos niveles educativos y mejores empleos, así como con trayectorias más largas y estables. El estudio más reciente de J. ECHEVERRÍA (1997) apunta a un incremento de los movi-mientos ascendentes en las mujeres y una reducción de los descensos en algunos secto-res, lo que se explica con la importante incorporación de mujeres a puestos cualificados de los servicios públicos (educación, sanidad) como consecuencia del desarrollo del Estado de Bienestar durante los años 80. Por tanto, la tendencia actual de movilidad so-cial señala a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 4. MOVILIDAD DE TRAYECTORIA Y MERCADO DE TRABAJO Por trayectoria entendemos el conjunto de posiciones sociales que ocupa una persona a lo largo de su vida profesional, es decir, a la movilidad que experimenta durante su vida laboral. En ese sentido, la trayectoria de clase refiere al conjunto de posiciones que ocu-pan o pueden ocupar quienes pertenecen a una clase social determinada; puesto que en cada clase ex isten varias posibilidades de trayector ias de clase, se suele hablar de haces de trayectorias de clase. Así , los hijos de una familia de albañiles tienen varias tra-yector ias posibles: (i) ser peones, (ii) pasar a oficiales, (iii) llegar a encargados o capata-ces, o (iv) establecerse su propio negocio de construcción. Como la segunda y la cuarta posibilidades son las más probables, hablamos de ellas como trayectorias típicas. Por segmentación del mercado de trabajo entendemos la formación de una divisoria interna en el mercado laboral, en virtud de la cual las diferencias entre los trabajadores dejan de ser una cuestión de grado (cualificación, salario) para convertirse en una barre-ra entre dos compartimentos relativamente cerrados: un mercado primario, en el que se encuadran los trabajadores más cualificados y mejor organizados, con altos salarios y buenas expectativas de promoción; y un mercado secundario, constituido por los traba-jadores menos cualificados, en general los más jóvenes, las mujeres o los inmigrantes, con empleo inestable y bajos salarios. El análisis de la relación entre la trayectoria de clase y la segmentación, según los datos disponibles, permite realizar tres conclusiones: (a) la promoción profesional es mucho más frecuente en el mercado primario que en el secundario, lo que significa que es mucho más frecuente en el sector público que en el privado, y más en las empresas grandes que en las pequeñas; (b) los movimientos verticales se producen casi siempre dentro del mis-mo segmento laboral, es decir, o dentro del mercado primario y dentro del mercado se-cundario; y (c) si se produce una promoción desde el segmento secundario hacia el pri-mario, suele tratarse de movilidad horizontal entre unas mismas categorías de clase.


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TEMA 12 RELIGIÓN Y SOCIEDAD: LA SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Miguel Requena 1. INTRODUCCIÓN Resulta obvio que España es a comienzos del s. XXI una sociedad más laica y secular que hace treinta años y los españoles mucho menos religiosos. Se trata de determinar por qué se ha producido esa pérdida de religiosidad, cuantificarla e interpretar sociológica-mente el cambio religioso. Para ello emplearemos la tesis de la secularización (TS) , según la cual con la modernización disminuye la relevancia social de la religión , siendo de es-perar tanto un declive social de la religión organizada, como una caída relevante de los niveles de afiliación y práctica religiosa a medida que avancen los procesos de moderni-zación social, económica, cultural y política. Aunque esta tesis pretende ser aplicable a los procesos de cambio religioso en todas las sociedades modernas, su aplicación desta-ca en los países del sur de Europa, donde la religión ha venido desempeñando un papel social, cultural y político de gran envergadura hasta muy recientemente; desde su óptica, España es el mejor ejemplo de una hipertrofia funcional de la religión. Los objetivos de este capítulo son tres: (1) exponer la TS, especificando las principales di-mensiones del hecho religioso en su contexto histórico, social y cultural; (2) analizar las características del proceso de secularización de la sociedad española en las últimas décadas (declive societal de la Iglesia, atenuación religiosa de los españoles), y la difu-sión de la forma de religiosidad llamada cat olicismo nominal; y (3) analizar los factores que explican el cambio de la práctica religiosa de los españoles durante las últimas décadas (1975-2005). 2. LA TESIS DE LA SECULARIZACIÓN Y SU ESPECIFICACIÓN La tesis de la secularización (TS) postula que ex iste una fuerte correlación, teórica e histó-rica, entre los procesos de modernización y el desarrollo de la secularización, pudiéndose pronosticar que la religión organizada perderá importancia social ante el avance de la modernidad dondequiera que éste tenga lugar. Sin embargo, esta tesis no es nueva, pues sus raíces se encuentran en el s. XIX en los textos de los fundadores de la sociología, como De Maistre, Tocqueville, M arx , Durkheim o Weber. Pero, ¿qué tiene la modernidad para que se oponga tan radicalmente al universo religio-so? Se señalan tres procesos: (a) la racionalización del mundo y de la vida, cuyo énfasis en la lógica puramente instrumental y pragmática desafía la orientación religiosa de la conducta; (b) el éxito cognitivo de la ciencia, cuya autocrítica rigurosa socava los fun-damentos dogmáticos de la religión; y (c) el capitalismo industrial, cuya promoción del individualismo disuelve las formas tradicionales de convivencia que constituían la base de las comunidades religiosas. En definitiva, el paradigma de la secularización se basa en el hecho de que algunos sectores de la sociedad y la cultura son sistemáticamente sustraí-dos del área de influencia de las instituciones y símbolos religiosos. Una de las razones por la que la TS ha sido tan ampliamente aceptada es que ha sido formulada con excesiva generalidad, resultando tan vaga e imprecisa que se hace compatible con cuerpos teóricos o empíricos muy diferentes, e incluso contradictorios. Tal vaguedad plantea dificultades para traducir la teoría en programas de investigación,


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permaneciendo abiertos muchos interrogantes importantes: si la secularización es un pro-ceso eminentemente macrosociológico (instituciones religiosas, grandes confesiones) o microsociológico (creencias, actitudes y comportamientos individuales); si los procesos macrosociológico y microsociológico son convergentes o divergentes; qué mecanismos concretos impulsan el cambio religioso; qué sociedades y qué confesiones se ven más afectadas y por qué… Se plantean dos estrategias metodológicas para especificar la TS, de modo que sea útil para investigar los procesos de cambio religioso:

a) Plantear un esquema analítico de las diferentes dimensiones del fenómeno religioso y analizar la evolución del proceso de secularización en cada una de ellas; el obje-tivo es conseguir establecer proposiciones sobre el cambio religioso que tengan un contenido empírico y contrastable. Un primer esquema analítico podría distinguir entre la dimensión societal (religión organizada) y la dimensión individual (conjunto de creencias y actividades que mantienen los miembros de una confesión). Otro posible esquema analítico distinguiría entre las dimensiones cognit iva, afect iva, normativa, r it ual y social.

b) Particularizar la TS para sociedades, religiones o confesiones, buscando similitudes o

diferencias entre ellos, huyendo de las generalizaciones de largo alcance para pro-ducir sobre todo estudios de caso que nutran de argumentos empíricos a la teoría. Esta estrategia posee dos frentes: (i) la comparación de sociedades nacionales, por ejemplo entre EEUU y las sociedades europeas; y (ii) la comparación entre confesio-nes religiosas, por ejemplo con la comparación paradigmática entre el catolicismo y el protestantismo.

3. UNA HIPÓTESIS SOBRE EL CAMBIO RELIGIOSO EN ESPAÑA Si aplicamos las especificaciones de la TS a la sociedad española, lo primero que debe-mos observar es el grado de homogeneidad religiosa y el estatus político de la religión institucional antes de iniciarse el proceso modernizador. Precisamente, la hipótesis básica de la TS afirma que cuanto mayor sea la homogeneidad religiosa y más alto el estatus político de la religión institucional antes de que se inicie el proceso de modernización social, económica y política, mayor será el grado de desvinculación religiosa de los indi-viduos cuando avance la secularización. Por ello, se señala a la dependencia mutua de Iglesia y Estado en los países europeos como la responsable del retroceso de las creen-cias y prácticas religiosas entre sus ciudadanos, al contrario que en EEUU, donde las igle-sias siempre han estado desvinculadas del poder civil. En definitiva, la coerción político-religiosa en sociedades con escaso o nulo pluralismo político y donde la Iglesia ha gozado tradicionalmente de un sólido apoyo del Estado es una condición previa para la ulterior indiferencia religiosa de sus ciudadanos una vez que la coerción se relaja. Además, la disidencia política difunde ideologías secularistas, dado que enfrentarse a un determinado régimen político equivale a impugnar también la con-fesión religiosa que lo legitimaba y sostenía. Y, dadas las características de la reciente historia política y religiosa en España, eso es lo que ha sucedido en la sociedad española: con la muerte de Franco (1975) se cerraba la época del nacional-catolicismo y se inicia-ba un profundo declive societal de la Iglesia católica y la pérdida sostenida de religiosi-dad entre los españoles.


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4. LA SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

A) LA DIMENSION SOCIETAL España ha mantenido hasta fechas muy tardías (1975) una estructura político-religiosa impropia de la modernidad, instaurada tras la Guerra Civil (1936-1939) con la denomina-ción de nacional-catolicismo: una sociedad enfocada obsesivamente hacia la memoria religiosa de su pasado, un Estado confesional que se presentaba como la garantía militar de la unidad católica del país, una esfera pública impregnada de símbolos sacros, unas élites religiosas con un papel decisivo en el control de la reproducción cultural, y unas fuerzas políticas cuyo proyecto era mantener a la nación al margen de la modernidad, en lo que se ha dado en calificar de catolización integral de la sociedad. La dictadura franquista (1939-1975) supuso una insólita amalgama de política y religión eclesial en un mundo que se esforzaba por separarlas, al punto que el orden social se contempló como un orden religioso en el que la Iglesia católica jugaba un papel protagonista en el soste-nimiento doctrinal de la moral tradicional y en la vigilancia de la conducta de los españo-les. Todo ello generó un proceso de sacralización absoluta de la vida social que confi-guró una cultura religiosa hermética, monolítica y anacrónica en el país, ajena por com-pleto a las transformaciones modernizadoras del entorno. Desde el fin de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista (1939), se pueden distinguir las siguientes fases históricas:

a) Años 40-50. Es la época dura del nacional-catolicismo, en la cual la Iglesia católica: (i) operó en condiciones de monopolio religioso, sin rivalizar con otras confesiones religiosas; (ii) obtuvo el reconocimiento público con la declaración de confesionali-dad del Est ado; (iii) se constituyó en la inst itución rect ora de la vida social y cultural del país: la legislación debía adaptarse a la doctrina y la moral católica, controlaba buena parte de las instituciones educativas y ejercía censura sobre la producción artística y literaria; (iv) se benefició de cuantiosas transferencias de recursos por par-te del Estado; (v) situó a miembros de agrupaciones religiosas en sectores clave del gobierno (ACNP, Opus Dei); y (vi) ejerció una ocupación de las conductas y de las conciencias de los españoles en la esfera privada (familia, sexualidad).

b) Años 60. El proyecto histórico del nacional-catolicismo se fue debilitando a medida

que los cambios sociales, económicos y políticos iban transformando lentamente el régimen, que se enfrentaba a una triple resistencia: intelectual (disidentes), social (movilización obrera) y moral (valores laicos). Por un lado, el Concilio Vaticano II (1962-1965) generó un clima de apertura muy propicio para que una parte de la Iglesia católica comenzara a distanciarse del régimen franquista. Por otro, el desa-rrollo económico, la expansión educativa y la urbanización, entre otros factores, ayudaron a difundir las ideologías laicas de la modernización , las cuales minaron las bases que sustentaban la hegemonía cultural y moral de la Iglesia. Como resultado, el catolicismo dejó de funcionar como legitimación religiosa del régimen.

c) Años 70-80. Con el fin del régimen franquista (1975) y la transición hacia un régimen

democrático se inicia un intenso proceso de secularización societal que llevará a la desclericalización del poder y del servicio eclesiales, la desregulación doctrinal y normativa, la desestructuración y el fin del monopolio de lo sagrado y la descompo-sición del sistema de ritos y prácticas. Con la Constitución de 1978 España dejó de ser un Estado confesional y los poderes públicos se comprometían a garantizar la li-bertad religiosa; con ello, la Iglesia católica y las élites religiosas fueron perdiendo su liderazgo social, cediendo su lugar en importantes funciones sociales a empresas públicas y privadas, como educación, los medios de comunicación, la orientación psicológica y la asistencia social.


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A principios del s. XXI, la Iglesia católica ya no sólo aparece como una de las instituciones en la que los españoles depositan menos confianza, sino que mantiene una organización con una estructura muy envejecida que además debe hacer frente a la crisis de voca-ciones sacerdotales; el predominio masculino, el celibato sacerdotal y la caída del presti-gio de la profesión de sacerdote la incapacitan aún más para hacer frente a la flex ibili-dad y el dinamismo de la moderna y cambiante cultura de masas. En resumen, la dimensión societal de España durante los últimos treinta años se caracteri-za por (i) la aconfesionalidad del Estado, (ii) la merma del liderazgo moral de las élites religiosas, (iii) la pérdida de importantes funciones por parte de la Iglesia católica y (iv) la profunda desclericalización de la vida social.

B) LA DIMENSION INDIVIDUAL Entre 1975-2002 se produce en España una notable reducción de católicos practicantes (58 → 28 %), frente a un aumento de católicos no practicantes (35 → 50 %), de no religio-sos (2 → 12 %) y de seguidores de otras religiones (0 → 2 %). Estos datos reflejan tanto un notorio declive de las formas de religiosidad más comprometidas con la Iglesia, como una intensa caída de los niveles de práctica religiosa en España. Este descenso admite varias explicaciones: (i) el distanciamiento doctrinal entre la Iglesia y la feligresía , pues cada vez menos españoles creen en algunas creencias católicas (infierno, pecado, dia-blo, cielo, Juicio final); (ii) la creciente desvinculación del ritual católico (menos asistencia a misa, menos bautismos, más bodas civiles), lo que evidencia que la Iglesia parece haber perdido la capacidad de sancionar mediante sus sacramentos las transiciones cla-ve del ciclo vital; (iii) pocos españoles creen que la Iglesia esté dando respuesta a sus necesidades espirituales, dilemas morales o problemas familiares (divorcio, aborto, anti-conceptivos); y (iv) el creciente distanciamiento doctrinal entre los propios católicos: la conciencia religiosa de los españoles se ha hecho moderna, es decir, distanciada de las formas de religiosidad codificadas por la Iglesia, así como crítica y abierta a símbolos, creencias y valores plenamente seculares, mostrando actitudes críticas en el campo de las creencias y exigencias de participación. En resumen, durante los últimos 30 años se ha producido una intensa secularización de la sociedad española que correlaciona con la pérdida de relevancia societal de la Iglesia católica. A la vista de ello, la mayoría de sociólogos españoles se adhieren a la TS , desta-cando “la destrucción de las bases de plausibilidad de un orden ético y simbólico exclusi-vamente religioso” (Recio, Uña y Díaz-Salazar), el “cambio desde una ‘religión total’ a una ‘religiosidad desinstitucionalizada’” (Díaz-Salazar), la aparición de un “pluralismo ajeno a la tradición católica” (Pérez Vilariño) y la “emigración espir itual de los españoles” (Gonzá-lez-Anleo). Esta nueva forma de religiosidad ha recibido dos denominaciones:

i. Catolicismo nominal, en el sentido de que el católico español mantiene una identi-dad religiosa débil, se desentiende de las formas tradicionales de devoción, no se compromete con los rituales religiosos, se ha vuelto extremadamente flex ible desde el punto de vista dogmático y es moralmente muy permisivo.

ii. Religión vacía, pues se trata de una adhesión al catolicismo vaga, laxa y pasiva,

que asume la identificación con la confesión tradicional de la sociedad española, pero que no desea verse envuelta en los compromisos normativos que se imponen desde las esferas institucionales de la religión organizada.

En definitiva, el católico nominal desconfía de la Iglesia, tiende a rechazar algunos dog-mas teológicos y considera residual el papel de las orientaciones eclesiales.


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5. LA PRÁCTICA RELIGIOSA DE LOS ESPAÑOLES Vamos a analizar el cambio en la religiosidad de los españoles desde el punto de vista de la dimensión del culto, referida al ritual de mantenimiento del credo institucional; esta elección se debe a dos razones: (i) porque la práct ica religiosa da buena medida del grado de compromiso voluntario con la institución eclesial; y (ii) porque, siendo el ámbito religioso más visible, es el más fácil de operacionalizar metodológicamente y el más fácilmente accesible por encuesta. Por todo ello, el indicador de práct ica religiosa que vamos a emplear es el de asistencia dominical a misa, que se configura como una me-dida del grado de ortopraxis religiosa en el catolicismo español. La TS postula que la secularización es un proceso general asociado a la modernización, por lo que en España (1975-2002) cabría esperar un continuo declive de los niveles de práctica religiosa asociado a los procesos que promueven la secularización. Para com-probar dicho postulado, vamos a analizar el proceso de cambio en la religiosidad de los españoles dividiéndolo en los cuatro factores de cambio:

a) Factores estructurales. Son los cambios derivados de factores personales asociados a la edad, el sexo, el nivel de instrucción o el tipo de hábitat. Siguiendo a la TS, cabría esperar que los segmentos más modernizados presenten una tasa de secula-rización más elevada: los jóvenes frente a los adultos, los hombres frente a las muje-res, los más instruidos frente a los menos instruidos y los habitantes de las ciudades frente a los del campo. Los datos reflejan que, en efecto, la edad y el sexo mantie-nen un peso significativo en el cambio religioso de los españoles, y que, pese a la reducción de las diferencias durante los últimos años, en el 2002 aún persisten dife-rencias notables entre los católicos practicantes varones (27,5 %) y mujeres (50,6 %), así como entre los escalones de edad (véase gráfico); sin embargo, el nivel d e es-tudios, el hábitat y la participación laboral presentan unos efectos más débiles, al punto que si se mantienen constantes la edad y el sexo el impacto de estos factores en el cambio religioso de los españoles es casi nulo.


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b) Factores de composición. Son los cambios derivados de factores asociados a la es-

tructura general de la población. Entre 1975-2002 se han producido cambios de-mográficos importantes en la población española: ha crecido la edad media y el país ha envejecido, ha aumentado el stock de capital humano y se ha producido una concentración urbana en detrimento de los pueblos, por poner sólo unos ejemplos; sin embargo, los datos reflejan que estos cambios presentan escasa im-portancia en la reducción de la práctica religiosa , salvo el hecho de que el enveje-cimiento poblacional, unido a la mayor práctica religiosa de los más mayores, ha contribuido a frenar la caída general de la práctica religiosa.

c) Factores de periodo. Son los cambios derivados de factores históricos que se difun-

den en toda la población de forma uniforme. Así, los datos reflejan que el cambio religioso de mayor intensidad se produjo entre 1975-1980, en plena transición de-mocrática y momento histórico en que se concreta la desconex ión institucional en-tre la Iglesia y el régimen político; entre 1980-1992 el cambio sigue siendo importan-te, aunque menor que en el periodo anterior, ralentizándose entre 1992-2002. Por tanto, los factores de periodo a partir de 1975 han sido importantes para el cambio en la práctica religiosa en los españoles, aunque se han ido debilitando a medida que pasaba el tiempo desde la fundación del nuevo régimen democrático.

d) Factores de encuesta. Son los cambios derivados del uso de fórmulas metodológi-

cas heterogéneas, y que no vamos a considerar aquí. En resumen, los datos sobre el cambio en la práctica religiosa en España confirman la intensidad del proceso de secularización y el notable declive de la práctica religiosa, pudiendo señalar: (a) la importancia de los factores estructurales asociados a la edad y al sexo; (b) la irrelevancia de los efectos de composición; y (c) el peso muy fuerte inicial-mente de los efectos de periodo (1975-2000), pero decreciente y casi imperceptible a finales de siglo.


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6. CONCLUSIONES Podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que los españoles son hoy mucho menos religiosos que antes. Tal y como pronostica la TS, en España la religión ha perdido rele-vancia social con el desarrollo de la modernización a lo largo de los últimos tres decenios: lo que se evidencia en el declive societal de la Iglesia católica y en la significativa pérdi-da de religiosidad de los españoles, cuya práctica religiosa se ha reducido a la mitad. Por tanto, podemos afirmar sin ambages que en España se ha producido un robusto proceso de secularización. A nivel sociológico, la variación a la baja de la práctica religiosa se explica por la gran relevancia de los efectos estructurales de la edad y el sexo, la escasa cuantía de los efectos de composición y la gran importancia de los efectos de periodo durante la tran-sición democrática, decayendo progresivamente durante las décadas siguientes. Por tanto, los datos también avalan la robustez del proceso de secularización de la sociedad española, como resultado de la rápida modernización social, política y cultural.


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TEMA 13 LOS MEDIOS EN LA DEMOCRACIA AVANZADA: ¿HACIA UNA DEMOCRACIA DE AUDIENCIA? Juan Jesús González 1. EL ESPECTRO DE LA MEDIOCRACIA El ideal democrático depende de la capacidad de los Estados para mantener el equili-brio entre tres elementos:

i. Un gobierno que garantice un régimen de libertades.

ii. Una economía de mercado con cierto grado de regulación pública.

iii. Una esfera pública relativamente autónoma, con mecanismos de deliberación y participación de la sociedad civil.

La prensa cumple una función decisiva en la conformación de una esfera pública autó-noma, haciendo posible el control democrático de la clase política y los agentes económicos por la ciudadanía. Durante el capitalismo liberal, las empresas de comuni-cación eran de corte familiar, bajo la tradición de independencia informativa, su espe-cialización en el campo de la información y la no mediatización por otros intereses; y en ese periodo surgieron los partidos de masas, que buscaban hacer de la prensa de partido un medio de formación ideológica. Pero con el capitalismo corporativo, el Estado liberal dio paso al Estado de Bienestar, las empresas familiares de la comunicación fueron reem-plazadas por los grupos multimedia (prensa, editoriales, radio, televisión, productoras au-diovisuales, redes comerciales), y los partidos de masas fueron engullidos por el Estado hasta convertirse en partidos cartel, que ya no son expresión de la sociedad civil, y que se debaten entre el control de los medios estatales y el apoyo de los grupos multimedia. Los grandes grupos multimedia se caracterizan por su necesidad de grandes recursos financieros, lo que los vincula a la banca; además, la publicidad comercial constituye su fuente principal de financiación, lo que limita su libertad, pues los principales anunciantes protegen sus intereses ante cualquier amenaza derivada de la libre información. Por su parte, los partidos cartel están en mutua dependencia con los grupos multimedia, pues mientras éstos están sometidos a toda una maraña de regulaciones que están en manos de aquellos, los partidos dependen del concurso de los medios para sacar ade-lante proyectos políticos que requieren el respaldo de la opinión pública. Como resultado, se ha generado una concentración de los medios en manos de unas pocas grandes corporaciones que ha despertado viejos fantasmas totalitaristas, pues no hay duda de que contribuye a la desvirtuación de la democracia al sustituir el debate parlamentario por el espectáculo televisivo y reemplazar los mecanismos de control elec-toral por la servidumbre mediática de los políticos, más preocupados de trabajar para la prensa que de hacerlo para la sociedad civil. Como señala el profesor Sartori (2000), “el dominio de los medios (mediocracia) se confunde con el gobierno de los mediocres, en virtud de un mecanismo perverso (sondeocracia) que alimenta una política de ficción (videopolítica)”. Así, se produce una manipulación del público, en el sentido de que las élites inducen a los ciudadanos a mantener opiniones que no tendrían si tuvieran acceso a más y mejor información.


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Según la teoría de la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1995), los medios actúan sobre un público eminentemente pasivo, que se limita a recibir mensajes a modo de pantalla en blanco, y que optaría por el silencio antes que enfrentarse a la corriente dominante de la opinión pública. Sin embargo, lo cierto es que las audiencias muestran una extraor-dinaria diversidad de usos y estrategias para lidiar con las propuestas de los medios; por ello, conviene entender a la opinión pública como el escenario de la interacción entre los medios y el público, más o menos activo según el tipo de audiencia de que se trate; así, los medios realizan una labor de mediación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, y la audiencia decide si exponerse o no a dicha influencia. En principio, cada una de las esferas sociales mencionadas tiene una autonomía y una lógica propia: (i) en el Estado, los partidos políticos actúan según la lógica de la competi-ción electoral; (ii) en el mercado, las empresas compiten por la captación de consumido-res; y (iii) en la sociedad civil, la ciudadanía actúa con arreglo a una lógica asociativa orientada a la discusión y participación pública. Cada una de estas esferas tiene capa-cidad para generar una agenda propia; sin embargo, dichas agendas deben superar el filtro de los medios, que hacen algo más que mediar : pueden erigirse en representantes de otras esferas y llegar a reemplazarlas. Analicemos ahora la transición del modelo de democracia de partidos hacia el modelo de democracia de audiencia, caracterizada por una esfera pública con dos característi-cas: (i) unos medios públicos relativamente autónomos del gobierno, capaces de actuar como un servicio público; y (ii) unos medios privados relativamente autónomos de los partidos políticos, capaces de arbitrar la contienda política. Sólo así se podrá garantizar una audiencia debidamente informada, capaz de elaborar opiniones fundadas, elu-diendo el peligro de la mediocracia (dominio de los medios). 2. DEMOCRACIA DE PARTIDOS Y DEMOCRACIA DE AUDIENCIA Según B. Manin (1998), la transición entre la democracia de partidos y la de audiencia estaría afectando a los siguientes rasgos del orden democrático:

i. La elección y el grado de autonomía de los representantes: la democracia de par-tidos recluta los representantes entre los activistas del partido, a los que considera meros delegados suyos; la democracia de audiencia los recluta en función de su relevancia mediática, dotándolos de autonomía respecto al partido.

ii. Las bases sociales de la polít ica: en la democracia de partidos las divisiones electo-rales reflejan divisiones de clases, con lo que la representación se convierte en un reflejo de la estructura social; la democracia de audiencia genera una personaliza-ción de la política basada en relaciones de confianza en los candidatos, favore-ciendo una representación dramática de la política en la que los electores respon-den a lo que se presenta en el escenario político; esto generaría cierta democracia segmentada, en el sentido de que la participación electoral estaría muy influida por el estatus y el consumo informativo (+ estatus, + participación).

iii. El patrón de opinión pública: en la democracia de partidos todas las expresiones de la opinión pública están estructuradas siguiendo divisiones partidistas (asociaciones partidarias, prensa de partido…); en la democracia de audiencia los canales de comunicación son en su mayor parte políticamente no partidistas, lo que propicia una cierta uniformidad de los mensajes vertidos por los medios.


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Veamos ahora la aplicación de los postulados de M anin al caso español:

i. La elección y el grado de autonomía de los representantes: no se observa modifi-cación sustancial en los criterios de elección de los representantes; los partidos si-guen reclutándolos entre sus activistas, aunque se observa cierta evolución hacia una mayor autonomía de las élites respecto a las bases.

ii. Las bases sociales de la política: no se observa modificación sustancial de las bases

sociales de la política, sino estabilidad en los alineamientos sociopolíticos, así como un desplazamiento de la abstención hacia los niveles de estatus más altos.

iii. El patrón de opinión pública: la relación entre la prensa y los actores públicos se ha

invertido, y hemos pasado de la prensa de partido a los partidos vinculados a los medios, que intentan imponer su agenda a los partidos ideológicamente más próx imos. El diseño de la democracia española propicia un patrón intervencionista de opinión pública, que ha permitido al gobierno controlar los medios públicos con el riesgo de prácticas clientelistas. Hay quien sugiere que España se ha mantenido en la tradición romana de pan y circo, que consistía en sobornar al pueblo con es-pectáculos públicos y gratuitos.

En definitiva, las radios y televisiones públicas españolas y autonómicas:

i. Cumplen disciplinadamente una función de propaganda del gobierno de turno. ii. No suelen realizar debates electorales entre candidatos por miedo a manipulación. iii. El despilfarro económico de la televisión pública no se justifica con calidad. iv. No hay consejos audiovisuales independientes de los partidos. v. Las concesiones de licencia de emisión suelen estar contaminadas del clientelismo. vi. La oferta audiovisual no satisface los estándares de calidad de un servicio público.

Hallin y Mancini (2004) señalan que los sistemas mediáticos deben analizarse en función de cuatro dimensiones básicas: (i) la circulación de prensa, (ii) el nivel de profesionaliza-ción de los periodistas, (iii) la politización de los medios y (iv) el grado de intervención es-tatal sobre ellos. En base a ello, diferencian tres grandes modelos de sistemas mediáticos: (a) el modelo liberal (anglosajón), (b) el modelo corporativo democrático (centro y norte de Europa) y (c) el modelo mediterráneo de “pluralismo polarizado”. Hallin y Mancini (2004) incluyen a España en el modelo mediterráneo por cuatro razones:

a) La baja circulación de prensa, resultado de una industria editorial débil y una histo-ria democrática interrumpida, dirigida básicamente a élites políticas y culturales. En 1999 España presentaba un índice de difusión de prensa diaria de 104,7 ‰, mientras que la media de la UE-15 era de 214,8 ‰ (Suecia y Finlandia +400 ‰).

b) El alineamiento polít ico de los medios, resultado de la lucha por las libertades, que

los ha apartado de su primigenia misión informativa y los ha conducido a tareas de adoctrinamiento propias de un aparato ideológico.

c) El riesgo de instrumentalización de los periodistas, que ven mermada su autonomía

profesional por los intereses corporativos del medio y las presiones de los partidos. d) El intervencionismo estatal, que se observa en al arbitrariedad gubernamental en el

uso de los medios públicos y en la concesión de licencias. Recordemos que en el


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decurso de la democracia española los medios se han ido convirtiendo en podero-sos conglomerados industriales, mientras que los partidos se han debilitado por la fragmentación territorial y su propio vaciamiento ideológico, haciendo que depen-dan cada vez más de los medios para promover y legitimar sus estrategias.

En conclusión , el efecto combinado de la escasa venta de prensa, la politización de los medios, la instrumentalización de los periodistas y el intervencionismo estatal afirma la existencia de una democracia de partidos, tal como la entiende Manin, pero no así de una democracia de audiencia, caracterizada por una clara demarcación entre la esfera política de los partidos y la esfera de la opinión pública. 3. EL PATRÓN DE OPINIÓN PÚBLICA El modelo de democracia de audiencia supone una esfera pública con dos característi-cas: (i) unos medios privados relativamente autónomos de los partidos políticos, capaces de establecer un ámbito de arbitraje del conflicto político, y (ii) unos medios públicos relativamente autónomos del gobierno, capaces de actuar como un verdadero servicio público y no como un servicio gubernamental. De ese modo, sería posible una audiencia informada y capaz de elaborar opiniones sobre la agenda política. Sin embargo, en la actualidad el sector público español se caracteriza por: (i) es un sector gubernamental, pues está más al servicio del gobierno que del público; y (ii) es un sector fragmentado, por cuanto el desarrollo el Estado de las Autonomías ha permitido replicar el modelo ad nauseam. Desde el régimen franquista, España arrastra el problema de los medios, es decir, la difi-cultad para configurar un patrón de opinión pública que se acomode al modelo de de-mocracia de audiencia; sistemáticamente, el partido aspirante ha prometido una rege-neración democrática en el uso de los medios públicos que al llegar al poder ha sido re-legada u olvidada. Así fue con el gobierno del PP (1996-2004), cuyas promesas acabaron siendo una de las mayores frustraciones de su gestión, y el servicio público de radio-televisión alcanzó las mayores cotas de degradación, despilfarro y dirigismo político. En 2004, la llegada al gobierno del PSOE se concretó en requerir a un Comité de Sabios la redacción de un “Informe para la reforma de los medios de comunicación públicos” (2005), cuyas propuestas sirvieron de base para la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (2006). Fundamentalmente, dicho informe proponía: asumir la deuda de RTVE por el Estado (6.000 millones €), aumentar su financiación estatal, con el fin de liberarlo de las servidumbres publicitarias de una televisión comercial, y dar entrada en su Consejo de Administración a miembros de los sindicatos mayoritarios y del futuro Consejo Audiovisual de España (aún por crear), lo que haría que el Consejo dejase de ser una mera correa de transmisión de los partidos políticos (especialmente en la elección del Director general). Desde la perspectiva de los medios públicos, la transición política (1975-1982) se saldó con la liquidación de buena parte de cadena de prensa del Movimiento y con la con-formación de un modelo de control gubernamental del monopolio televisivo. UCD y PSOE pactaron un Estatuto de RTVE (1980) que estuvo vigente hasta 2006, y que aunque postu-laba el ideal de un servicio público autónomo y plural, en la práctica dejaba en manos del gobierno la posibilidad de controlarlo, y lo abocó la manipulación, la corrupción y el despilfarro; así, UCD y PSOE pactaron el primer Director General, Fernando Castedo (1981), que terminó por abandonar cediendo a las presiones del gobierno, y ningún otro gobierno volvería a pactar nombramiento alguno.


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Al llegar al poder, el PSOE (1982) tuvo que afrontar dos problemas: (i) la privatización de los Medios de Comunicación del Estado, antigua cadena del Movimiento, que fracasó en su intento de convertirlo en una red alternativa al establishment mediático del momento; y (ii) la privatización de la televisión , que no afrontó hasta finales de los 80, y cuyo fin del monopolio televisivo intentó compensar con los canales autonómicos, que no han servido más que para multiplicar los defectos del modelo gubernamental. Pese a todo, el problema más grave fue el progresivo divorcio entre la política informativa del gobierno (televisión pública) y los medios privados. El gobierno socialista veía en los medios una amenaza a su legitimidad democrática, como si el contraste entre el veredic-to electoral y la expresión de las audiencias fuese una anomalía disfuncional; mientras que para la UCD la prensa era la boca de la opinión pública, para el PSOE es su falsifica-dora; según J. Pradera (1993), la relación entre el gobierno y los medios pasó de la ma-leabilidad de la UCD a la rigidez del PSOE, y a partir de 1982 bastaba con que los medios pronosticaran una decisión o ex igiesen una medida para que no se produjesen. Aquella situación se agravó a finales de los 80, con la huelga general (1988) y la proliferación de los escándalos por corrupción, que se encargó de difundir profusamente El Mundo (1989), portavoz del creciente malestar de las nuevas clases medias urbanas y de los jóvenes ante el nuevo establishment político y mediático. La liberación de la televisión se produjo en una coyuntura de euforia económica tras la integración europea, y con muchos grupos interesados en participar en el negocio televi-sivo. Según la Ley 10/1988, la concesión de 3 licencias de emisión se haría por periodos de 10 años, la publicidad no podía exceder el 10 %, el 40 % de la programación debía ser de producción nacional y el máx imo del participación accionarial sería del 25 % (15 % si se poseía otro 15 % en otros medios), lo que PRISA interpretó como un ataque a sus inter-eses y amenazó con retirarse. Inicialmente, el gobierno contaba con conceder licencias a Antena 3 TV (Grupo Godó), Univisión (Grupo Z) y Canal + (PRISA), pero ante las amena-zas de PRISA empezó a considerar la oferta de Tele 5 (Gestevisión); finalmente, las licen-cias fueron para Antena 3, Tele 5 y Canal +, que empezaron a emitir en 1990. La liberación de la televisión supuso un punto de inflex ión en la dinámica de los medios: por un lado, las audiencias aumentaron y se inició una dura competencia entre las princi-pales cadenas y los canales autonómicos; por otro lado, la operación privatizadora inició una batalla por el control de los medios, quedando atrapados desde entonces en una espiral de polarización política que supuso el caldo de cultivo para el desarrollo de la polít ica del escándalo; como afirma M. Castells (2003), “No es que los medios sean el Cuarto Poder, son más bien el campo de las luchas por el poder”. Por otra parte, el grue-so de la audiencia quedó a merced de dos cadenas que competían por la captación de publicidad (Canal + era de pago), generando una dinámica de degradación y em-pobrecimiento de la oferta televisiva que arrastró a TVE y las autonómicas. Por tanto, la transición fue una oportunidad perdida para la configuración de una autén-tica esfera pública, y hoy el panorama de los medios en España refleja un patrón de opi-nión pública gubernamentalizado y polarizado, que impide la adecuada identificación y diagnóstico de las cuestiones más importantes; frente a la argumentación racional y el debate de ideas, la opinión pública se ha ido acostumbrando a la contraposición de proclamas y acusaciones (ruido mediático), a un periodismo de trinchera que obvia las reglas más elementales de imparcialidad informativa y contrastación de las fuentes, y que convierte a la élite periodística en una casta de nuevos sacerdotes que abandonan el papel de notario de la realidad para asumir el de “voz del oráculo” ; los periodistas más acreditados utilizan su prestigio para erigirse en referentes morales y arrogarse la capaci-dad de absolver o condenar a quienes pongan en duda su protagonismo. Así las cosas, la regulación de los medios se ha convertido en una quimera política, y la postulada au-torregulación en un subterfugio corporativo para eludir responsabilidades profesionales y


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dar manga ancha a la permisividad informativa. En resumen, el escenario de polarización mediática que se ha ido configurando guarda cada vez menos relación con la función típica de los medios (el compromiso informativo y la contribución a la formación de opinión de la audiencia) y refleja una única función: la toma de partido a favor de uno u otro bando. 4. EL ÉXITO DE EL PAÍS Y LA EMERGENCIA DEL PLANETA PRISA: DE PRENSA DE REFERENCIA A INDUSTRIA CULTURAL Según Hallin y Mancini (2004), el modelo mediterráneo de sistema mediático se caracteri-za: (i) por una escasa circulación de prensa , con el riesgo de dualización de la opinión pública entre una clase media ilustrada minoritaria y un gran público eminentemente televisivo; (ii) por la ex istencia de una prensa de referencia dirigida a las élites políticas y culturales, lo que dejaría al grueso de la población a merced de los medios audiovisuales y la prensa gratuita; y (iii) por el alineamiento polít ico de los medios, con el riesgo de po-larización ideológica. El Franquismo (1936-1975) ejerció la censura de prensa, férrea hasta mediados de los 60, y por ello durante la Transición (1975-1982) el panorama mediático estaba muy concentra-do en los medios de titularidad pública, sometidos al control gubernamental (RTVE), aun-que la censura desaparece, el Estado se deshace de la prensa del Movimiento y aumen-ta la competencia entre radios (SER, COPE) y periódicos (ABC, La Vanguardia). Por prensa de referencia entendemos las cabeceras de prensa diaria que debido a su implantación cumplen una función de liderazgo en la creación de opinión pública , y que por ello son el escenario privilegiado de la polarización ideológica. En España destacan La Vanguardia, ABC, El País y El Mundo. La Vanguardia (1881, familia Godó), responde al modelo de capitalismo familiar, capaz de adaptarse a las vicisitudes del s. XX; ha oscilado entre liberales y conservadores, y es el de mayor difusión en Cataluña. ABC (1903, familia Luca de Tena) también responde al modelo de capitalismo familiar, y está vinculado a la causa monárquica; en los años 90 pasó a manos del Grupo Correo (burguesía vasca), con acciones en Prensa Española y en Tele 5; en 2001, el Grupo Correo y Prensa Española se fusionaron en el Grupo VOCENTO. El País (1976) surgió de un grupo de profesionales desafecto al franquismo con el fin de dar cobertura mediática a los líderes aperturistas del régimen (Fraga, Areilza), pero que terminó dando cobertura al PSOE; ha culminado formando el principal grupo multimedia, PRISA, que obtuvo en 1989 una licencia televisi-va: Canal +. Por último, El Mundo (1989) fue fundado por Pedro J. Ramírez y otros periodis-tas procedentes de Diario 16, y se constituyó en portavoz del descontento creciente de amplios sectores de las clases medias urbanas y de los jóvenes. Como se observa, las cuatro cabeceras de referencia reflejan un origen, desarrollo y re-sultados desiguales, tanto en el volumen de sus audiencias como en su capacidad para coaligarse a medios visuales. De hecho, el Grupo PRISA es el resultado de una estricta división del trabajo en el seno del grupo, que partió de la consolidación de su cabecera principal (El País) y su diversificación posterior (radio, TV de pago y TV en abierto); por su parte, el Grupo VOCENTO agrupa a una docena de cabeceras regionales y provinciales, y ha tenido que negociar su entrada en ABC y Tele 5, lo que limita su capacidad de ac-tuación. Además, cabe recordar que José Mª Aznar fracasó en la creación de un gran grupo multimedia afín al PP a través de Telefónica, que creó Vía Digital (1997) y entró en el accionariado de Antena 3; pero Vía Digital acabó siendo absorbida por PRISA (2002, Canal Satélite) y el Grupo Planeta reemplazó a Telefónica en Antena 3, teniendo como diario de cabecera La Razón (1998).


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El País representa un proyecto ideológico orientado a influir sobre la marcha de la socie-dad española en una dirección determinada, más allá de la imagen de progre o de órgano de opinión del PSOE. Su éx ito ha consistido en hacerse líder ideológico y portavoz de la nueva clase de cuadros y profesionales que han tenido el mayor protagonismo desde la transición, y que combina el conservadurismo económico con la libertad en materia sociocultural, frente al anquilosamiento de los medios asociados a la burguesía tradicional. El lector de El País de esta época tenía un perfil muy joven, feminizado y de alto nivel educativo, es decir, clases medias jóvenes, ilustradas y escoradas a la izquier-da, con un acusado bagaje antifranquista. Así, el éxito de PRISA se interpreta como un signo del alto grado de modernización y progreso de la sociedad española, en concreto de sus clases medias ilustradas; y ello considerando que en España fracasó el modelo Berlusconi de asalto a los medios de comunicación con fines explícitos de instrumenta-ción política, representado por Mario Conde, que invirtió 70.000 mill. ptas. (Antena 3 TV, El Mundo, Época, El Independiente) sin llegar a violentar el Estado de Derecho. Pero, ¿cómo se ajusta este sistema al modelo mediterráneo postulado por Hallin y Mancini? En 1971 se registró la cabecera de El País, que sería vendida a PRISA, aunque su primer número no salió hasta 1976, bajo la dirección de Juan Luis Cebrián. Entre los accionistas predominaban los reformistas del régimen y los representantes de una oposición muy moderada. Inicialmente partidario de M. Fraga, cuando éste declinó durante el primer gobierno postfranquista de C. Arias se decantó por J. M. de Areilza, lo que finalmente le indispuso ante A. Suárez, sucesor de Arias, con el que nunca estuvo en sintonía. Cebrián temía el triunfo de UCD, y reclamó “una alternativa de izquierdas, una fuerza social unida y poderosa, cuyo proyect o sea algo más que una democracia formal, que asuma un nuevo modelo de sociedad”. Con ello, El País colaboró en que F. González impusiese su liderazgo y en la desmarxistización del PSOE , aunque no dejó de expresar reparos ante su tibieza reformadora posterior; de ahí su reivindicación de un partido bisagra para cubrir el hueco entre UCD y PSOE, evitando tener que elegir entre un falso centrismo con un “den-so componente confesional y democristiano” y una izquierda “dedicada a proteger los int ereses corporativos de la clase obrera”. Así, mientras que El País denunciaba la patri-monialización del Estado por parte del PSOE, el resto de los medios denunciaba a El País por su carácter gubernamental y por ser el soporte más firme del nuevo régimen. El acer-camiento estratégico El País-PSOE se produjo a finales de los 80, con la concesión de ca-nales privados de TV, que permitió a PRISA acceder al usufructo de la única cadena de pago, Canal +, y consolidar su diversificación junto a El País y la Cadena SER. Desde en-tonces, “nunca reveló El País un escándalo de corrupción que acept ase a los gobiernos socialist as y desde luego nunca los amplificó” (Seoane y Sueiro, 2004), y el intento infruc-tuoso de acoso y derribo de PRISA promovido por J. M. Aznar (Caso Sogecable) no sirvió más que para cerrar la alianza estratégica de El País con el PSOE. La concesión de Canal + a PRISA (1989) estuvo rodeada de polémica, dado que la ley exigía a los concesionarios el carácter de servicio público, lo que no casaba con un ca-nal de pago. El Grupo ZETA denunció el carácter político de la operación, y la polémica llegó al Tribunal Constitucional, que tardó años en pronunciarse. Además, el intento de control de PRISA sobre Antena 3 Radio (1992-1994) acabó con el cierre de la emisora (1994), que era la principal rival de la Cadena SER (operación que el Tribunal Supremo declararía ilegal en 2000), e intentó acceder al control del cable mediante la instrumen-talización de Telefónica, con el consentimiento de un débil gobierno socialista que ter-minó por ceder a las presiones de Jesús de Polanco, pese a los informes desfavorables del Tribunal de Defensa de la Competencia (1994). Durante la campaña de las elecciones de 2004, El País se esforzó por atribuir la responsa-bilidad de los errores del gobierno del PP a su presidente, J. M. Aznar, concediéndole el beneficio de la duda al candidato M. Rajoy, con el fin de iniciar con éste una relación


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libre de tensiones; sin embargo, la irrupción del terrorismo islamista dio la oportunidad a PRISA de ajustar cuentas con Aznar, para quien la lucha contra ETA era un capital indiscu-tible, y de ahí su insistencia en la pista etarra; las informaciones que iban apareciendo encajaban mal en la versión del gobierno, y cabía la posibilidad de que estuviese tratan-do de engañar a la opinión pública con f ines electorales, lo que venía a añadirse a una larga lista de episodios informativos de dudosa gestión (huelga general, hundimiento del Prest ige, guerra de Irak). Así, el encuadre de la crisis ofrecido por PRISA resultó victorioso sobre el del gobierno del PP (cuya versión de terrorismo etarra fue defendida por El Mun-do y la COPE), facilitando la victoria del PSOE. En definitiva, la polarización política de los medios españoles no es sólo resultado de una dinámica histórica previa (dictadura), sino también de las decisiones políticas y económi-cas posteriores durante la transición y el periodo democrático. 5. A MODO DE CONCLUSIÓN En este capítulo pretendemos establecer un marco general de algunas de las cuestiones que habría que considerar antes de responder a la pregunta de si la sociedad española se encamina hacia una democracia de audiencia. En ese sentido, hay dos respuestas que podemos dar:

i. El caso español no representa una democracia de audiencia, si por tal entendemos una democracia segmentada a la manera como están segmentadas las audiencias. En la medida en que las audiencias de la prensa y la radio están influidas por el esta-tus social, cabría suponer una correlación entre el nivel de acceso a la información y el nivel de participación político-electoral; puesto que esta participación es cada vez más ex igente en materia informativa debido a la creciente complejidad de los pro-cesos políticos, cabría suponer que la participación estuviese reservada a los ciuda-danos mejor informados. Nada de esto se constata en el caso español, e incluso se observa una tendencia a una relación más bien inversa entre el nivel de estudios y la participación electoral.

ii. El patrón español de opinión pública no refleja el de una democracia de audiencia.

Lejos de avanzar hacia una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos, en el caso español se observa una mezcla de partitocracia y mediocra-cia, dada la dependencia mutua entre partidos y medios, vinculación que llega a veces a la subordinación de la política a los intereses mediáticos.

La tipología de Hallin y Mancini nos ha servido para caracterizar el sistema español de medios que se viene configurando desde la transición, y cuyos tres rasgos más sobresa-lientes son: (a) el alineamiento político de los medios, con el riesgo de polarización ide-ológica; (b) la merma de autonomía profesional de los periodistas, con el riesgo de ins-trumentalización política; y (c) el intervencionismo gubernamental, con el riesgo de clien-telismo político. El efecto combinado de estos riesgos puede ser demoledor para la con-figuración de una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos y para la superación de la democracia de partidos tipificada por Manin. Los medios de comunicación han cumplido un gran servicio a la democracia española , a la hora de controlar a los partidos políticos y a los agentes sociales y económicos, así co-mo de mantener una opinión pública informada y vigilante ante los eventuales abusos de unos y otros; pero su alineamiento polít ico está entrando en una fase en la que ya no se conforman con ser altavoces de los partidos afines, sino que intentan imponerles su


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agenda política. De tal suerte que, en lugar de conformar una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos, con capacidad para arbitrar y regular el conflic-to político, los medios son factores de polarización y parte activa del conflicto. En esta situación, el ruido mediático ya no se interpreta como síntoma de una vigorosa demo-cracia de audiencia, sino como síntoma de su profunda perversión. Es cierto que por pri-mera vez en la democracia española el gobierno ha decidido acometer la reforma de la televisión pública, pero la experiencia muestra que los hábitos y tradiciones relacionados con el patrón de opinión pública son muy resistentes al cambio.


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ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN: TRES DÉCADAS DE CAMBIO SOCIAL EN ESPAÑA 3

2 LAS BASES DEMOGRÁFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 5

3 LA FAMILIA 13

4 MERCADO DE TRABAJO, OCUPACIÓN Y CLASES SOCIALES 21

5 LOS INMIGRANTES 31

6 ESTADO DE BIENESTAR Y DESIGUALDAD SOCIAL 39

7 DESIGUALDAD Y POBREZA 47

8 EL SISTEMA EDUCATIVO 55

9 BASES SOCIALES DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA 61

10 MOVILIDAD SOCIAL (I): CONCEPTOS, TEORÍAS Y METODOLOGÍA 67

11 MOVILIDAD SOCIAL (II): PAUTAS DE MOVILIDAD EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 75

12 RELIGIÓN Y SOCIEDAD: LA SECULARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 79

13 LOS MEDIOS EN LA DEMOCRACIA AVANZADA: ¿HACIA UNA DEMOCRACIA DE AUDIENCIA? 87

estructura social de espaÑa (uned)

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