democracia, estado y educación:de la democracia liberal a la democracia de guerra y del estado...

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FUNDACIÓN EQUITAS

Cátedra de Inclusión a la Educación Superior

Democracia, Estado y Educación De la democracia liberal a la democracia de

guerra y del Estado Docente al subsidiario

Ensayo monográfico requisito para la

obtención del Diplomado en Liderazgo

Transformacional e Inclusión en la

Educación Superior

DANIEL BAUTISTA QUIROZ, B.Sc. ENERO DE 2015

Democracia, Estado y Educación: De la democracia liberal a la democracia de guerra y del Estado Docente al subsidiario

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Si la Patria en un tiempo dormía,

Escuchando tu voz despertó.

Tus murallas quedaban heridas,

pero alzabas tu espíritu en flor.

Julio Barrenechea,

HIMNO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE


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AGRADECIMIENTOS

A Natalia, por su cariño, paciencia y compañía;

A mi familia toda, por su apoyo incondicional;

A la Universidad de Chile, mi ALMA MÁTER y campo fértil para el cultivo y

descubrimiento de mis talentos;

A la Comisión de Equidad e Inclusión de la Facultad de Odontología de la

Universidad de Chile, especialmente a las profesoras Claudia Lefimil P. y

Nora Silva S., por incluirme y considerarme en sus labores;

Al Programa de Tutoría Integral Par de la Universidad de Chile,

especialmente a Carolina Matheson A. y Gustavo Castro P.;

Al equipo del Curso de Formación General “Capital de Aprendizaje: Claves

para el Logro Académico” del Campus Norte de la Universidad de Chile,

también por su amplia consideración de mi labor como ayudante, y

A la Universidad de Santiago de Chile, especialmente a la Sra. Sara González

Gallo por su labor de coordinación y su siempre buena disposición; a la

Fundación Equitas y a la Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura por esta importante instancia de

formación.


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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde a un ensayo que tiene por objetivo exponer un análisis somero

de la configuración actual de la institucionalidad educativa desde sus inspiraciones más profundas,

definiciones propias y su tránsito y contexto histórico.

El eje articulador del análisis es la construcción del Estado subsidiario, o más bien la

destrucción del Estado Benefactor y Redistribuidor y la reversión de las instituciones y procesos que

inspiró en su consolidación desde el establecimiento de la República hasta el golpe militar del 11 de

septiembre de 1973, tomando este penosos acontecimiento como el punto de partida para la

denominada Retirada del Estado, sustrayendo su funcionalidad y ámbito de desempeño conforme el

mercado hacía suya la problemática de las relaciones sociales.

De forma transversal a los contextos históricos mencionados, se hace evidente que hasta el

derrocamiento del gobierno del Presidente Salvador Allende se configuró en el seno de la gestión del

Estado, del gobierno y de la sociedad en general, una visión coherente y consistente en cuanto a la

participación del Estado en la labor educacional en la sociedad, en tanto se le confía a éste como

máxima institución social y civilizada la administración y garantía del entonces bien público de la

educación. Formalmente desde 1833 y de forma ininterrumpida hasta el desmantelamiento del Estado

en los años de 1970 y 1980, se consolida la concepción del denominado Estado Docente, que se

construye progresivamente como crisol de las ideas seculares, democratizadoras, progresistas y

desarrollistas propias de la constitución del sistema republicano, su desarrollo democrático y su

vocación de progreso material e inmaterial de la nación.

Asimismo, se intentan evidenciar las inspiraciones más o menos profundas de los drásticos

cambios que experimenta la democracia, el Estado y la educación chilena con la materialización de

las ideas de Augusto Pinochet y su contradictoria y especial concepción de la democracia, con la

inclusión del ideario gremialista de Jaime Guzmán en las normas constitucionales del Estado y sus

nefastas consecuencias.

Finalmente, y como fruto de su análisis, por una parte se abordan dos conceptos que han sido

naturalizados tal vez con ligereza: la Equidad y la Meritocracia, ambos conceptos que juegan un rol

importante en el desarrollo de los conflictos propios del sistema educacional segregado y mercantil

en el que nos han sumido. Asimismo, se vislumbra la debilidad del Estado subsidiario en sus entrañas,

dado que precisamente en la resolución de los conflictos y tensiones que genera, sobre todo en el

ámbito de la educación, participación y diálogo social, subyace una contradicción terminal: las

tensiones producidas por la despolitización y la mordaza del Estado generan un ambiente poco

deseable para la acción libre del mercado, lo que requiere una intervención cada vez más notoria del

aparato público, primero para su control, y luego para sus soluciones.


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¿UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA?

En las comunidades, sociedades y, en general, en los grupos humanos surge y se manifiesta

la necesidad de tomar decisiones que tienen repercusiones colectivas e individuales, y dichos grupos

humanos deben determinar las reglas, normas y procedimientos para tomarlas. Se dice que dichas

decisiones son democráticas en tanto en su adopción haya decidido o, al menos intervenido la mayoría

de los aptos para manifestar una opinión política o, en buenas cuentas para votar. Probablemente

muchos lectores podrían estar de acuerdo que esta es una concepción satisfactoria de lo que llamamos

comúnmente democracia. En efecto, “la única manera de entenderse cuando se habla de democracia

(…), es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que

establecen quién está autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”.

(Bobbio, 2001)

Sin embargo, tanto la experiencia histórica reciente de múltiples sociedades, entre ellas

claramente la chilena, además de la literatura, nos dan claras luces que esta concepción de democracia

es en realidad una reducción procedimental, que poco explica la complejidad de los procesos sociales

contemporáneos en grupos humanos considerados a sí mismos democráticos, alejándose de la

amplitud de lo que realmente pretende conceptualizar. De este modo, es conveniente hacer la

distinción, entre el régimen o procedimiento democrático y lo que realmente conceptualiza la

democracia. Asimismo, afirma, dicho régimen democrático, el conjunto de reglas a las que hace

mención Bobbio, es condición necesaria, mas no suficiente para aproximarse a tan complejo y

atingente concepto.(O’Donnell, 2004)

Las mayores limitaciones de esta visión procedimentalista, es que la abstrae de los procesos

políticos de las sociedades, haciendo descansar su desarrollo en aspectos coyunturales, como la

situación económica, como ocurre por ejemplo en múltiples períodos de nuestra historia post-

dictadura. Además, esta visión reducida de la democracia es la que da lugar a sociedades civiles

fragmentadas, despojadas de poder real, carentes de consenso social y sometidas a regímenes

ilegítimos que sustentan una ilusión democrática basada en enclaves autoritarios, negociaciones y

compromisos, como lo son de hecho las democracias post-comunistas de Europa del Este y,

claramente, la democracia post-dictatorial chilena. Sin embargo, es una tercera limitación de esta

visión y la que es peligrosamente naturalizable en el discurso colectivo, la más desesperanzadora: la

visión de la democracia como un proceso de perfeccionamiento gradual de normas y procedimientos

que se nutre de quiebres, transiciones y consolidaciones, que a su vez se pueden llegar a ver como

estaciones necesarias para llegar a un estado de gracia democrática. Esto claramente obvia el hecho

que, como lo es reflejo la historia reciente de varias naciones suramericanas, ni los quiebres

institucionales ni las transiciones pactadas para salir de ellas engendran necesariamente sociedades o


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institucionalidades más democráticas. Asimismo, las democracias más avanzadas del mundo están

aún lejos de aproximarse a una situación de estabilización o menos perfectible.

De esta forma, si ya no basta con que el régimen sea democrático, es inevitable indagar en la

problemática de la legitimidad de los gobiernos en las sociedades democráticas: ya no basta con que

su gobierno sea democrático en su origen, sino que debe serlo también en su ejercicio para gozar de

legitimidad. Es precisamente el ejercicio del gobierno el que está sujeto a una fiscalización ciudadana

cada vez mayor, la que ha sujeto el carácter democrático de la acción del gobierno a la inclusión y

participación social en la toma de decisiones.

En las democracias contemporáneas los procesos de consolidación descansan en una medida

cada vez mayor sobre la legitimidad y apertura de los procesos de deliberación, ejercicio del poder y

diseño e implementación de políticas públicas. A su vez, como establece Young, el centrar la

legitimación en los procesos de deliberación más que sólo en los de elección, tiene efectos positivos

en la unidad nacional: “el conflicto de opiniones que ocurre en la arena política tiene fuerza

legitimadora no sólo en el sentido de una autorización para ocupar posiciones de poder; [sino

porque] el discurso político existente también tiene una fuerza unificadora por la forma en la cual la

autoridad política es ejercida” (Young, 2000). De este modo, se requiere de una sociedad inclusiva

para generar espacios y sistemas políticos que también lo sean, y con ello permitir la expresión de la

voluntad general. En palabras de Habermas, que el sistema político sea inclusivo “significa que dicho

orden político se mantiene abierto a la igualación de los discriminados y a la incorporación de los

marginados sin integrarlos en la uniformidad de una comunidad homogeneizada”. (Habermas, 2005)

Así, la inclusión social repercute de forma decisiva en la democratización social al permitir el diálogo

entre los diversos sectores sociales para participar en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder

y en la distribución y goce de los bienes públicos. Retomando la cita de Habermas, resulta difícil no

ver que la alabada política de los acuerdos entre el bloque concertacionista y la derecha tradicional

durante los gobiernos chilenos desde 1990, no fomenta para nada la inclusión en las discusiones

políticas de la sociedad, sino que más bien tiende a generar un efecto integrador y homogeneizador

de la discusión que se lleva a cabo entre los dos bloques, ambos históricamente sobre-representados

gracias al sistema electoral binominal, lo que resulta que, en lugar de que la discusión política

contribuya a legitimar la forma en cómo se resuelven los legítimos conflictos políticos, naturaliza y

perpetúa la lejanía entre aquellos situados en posiciones de poder y la sociedad civil.

Sin embargo, no tiene sentido la inclusión de los diversos grupos sociales si no tienen la

capacidad de incidir realmente en el ejercicio del poder. Por lo cual, en un plano más profundo que

el de la inclusión, subyace la importancia de generar, además, procesos de desconcentración y

descentralización del poder, ya sea éste político, económico o incluso simbólico. Es el


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acompañamiento de la inclusión con la redistribución efectiva del poder lo que trae consigo la

ampliación y garantía del goce de derechos económicos, políticos, sociales y culturales en

condiciones de igualdad, y es, en fin, lo que moviliza y dinamiza los procesos democratizadores de

las sociedades.

NUESTRA DEMOCRACIA PROTEGIDA

A dos meses de ocurrido el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la auto designada

Junta de Gobierno, presidida por Augusto Pinochet, publica el Decreto Supremo N°1.064 que

institucionaliza la denominada Comisión Constituyente cuya labor fue el estudio, elaboración y

propuesta de un anteproyecto de una nueva Constitución Política del Estado y que, por mandato

expreso de la Junta, adopta como preceptos fundamentales la marginación de las ideas, movimientos

y partidos marxistas; la exigencia de alto quórum parlamentario para la tramitación de reformas

constitucionales, y que “la nueva Constitución deberá estimular y asegurar la iniciativa creadora

de los particulares, pues ella, a través de la empresa privada, es el gran motor que impulsa el

desarrollo económico de un país y que, a su vez, garantiza su libertad”. Consagra asimismo que “La

absorción de las actividades económicas por el Estado conduce a una sociedad estatista que termina

por negar la libertad personal. (…) La iniciativa popular no puede existir, y menos tener la

proyección que el desarrollo del país requiere, sin fortalecer el derecho a la propiedad, tan

gravemente conculcado durante el régimen anterior”. (Actas oficiales de la Comisión Consituyente,

1973) Serán estas definiciones las que otorgarán al Estado un rol subsidiario en su desempeño social.

El nuevo orden que desea imponer –y que impuso- la Junta Militar sobre el régimen

democrático al que debía sujetarse una nueva Constitución, estaba influenciado ampliamente por la

caracterización del contexto histórico en el que, según los golpistas, se encontraba el país, haciendo

referencia, en palabras de Pinochet a una guerra no convencional contra el expansionismo soviético,

que “es el mayor adversario que enfrenta el mundo y la civilización occidental y cristiana”. Esta

inspiración personal de Pinochet se caracteriza por su visión de la guerra como un elemento

insuperable y que por tal condición debía estar ligada a la política y, por ende resultó ligada a las

definiciones del régimen institucional. Bajo este análisis es que se videncia que el concepto de

Democracia Protegida del nuevo régimen emerge desde la concepción de democracia de guerra, es

decir, como una herramienta defensiva estratégica de la nueva institucionalidad pretendida, frente a

las agresiones del comunismo internacional.

Así, son características inherentes a esta Democracia Protegida (base del sistema democrático

actual) su carácter doctrinario y militante, al definirse como antimarxista, anti socialista, defensora

de una libertad que se expresa en mayor medida como la libertad económica y que toma como deber


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la defensa del sentido nacional y cristiano. Asimismo, esta nueva democracia reemplaza el principio

básico de voluntad popular y de mayorías, por el de Voluntad Nacional, la que no reside en el pueblo,

sino que parcialmente en los ciudadanos y, más aún en las autoridades superiores del Estado,

especialmente de aquellas más burocráticas y jerarquizadas, como el poder judicial y las fuerzas

armadas, según afirma Jaime Guzmán E., integrante de la Comisión y considerado como la materia

gris sobre los hombros de Pinochet, en cuya visión, además propone que las principales instituciones

sociales (el Estado Subsidiario, la no limitación al derecho de propiedad y la supremacía de la libertad

económica, entre otras) debían ser sustraídas necesariamente de la voluntad política mayoritaria, dado

que, en sus propias palabras, éstas derivan del derecho natural creado por Dios y deben ser protegidas

de la no interpretación del sentir nacional.

Una característica de esta democracia protegida que merece una mención especial y que

repercute especialmente en nuestros días, es que corresponde, en su esencia, a una democracia

neoliberal. Esto dado que para la dictadura el sistema democrático es un medio para alcanzar el

progreso económico. Reflejo fiel de esta visión doctrinaria es la Constitución Política de 1980, la que

protege de forma preferencial el derecho a la propiedad en todas sus formas, y fundamenta la defensa

de la libertad como la defensa de las libertades de emprendimiento y, en general, del mercado.

Consecuentemente, prácticamente prohíbe la acción empresarial pública desde el aparato estatal y le

quita injerencia al gobierno central en la definición de políticas monetarias de alto nivel.

Asimismo, en esta configuración del sistema democrático, la Constitución de 1980 encarga a

las Fuerzas Armadas el rol garante del orden institucional de la República. Esta labor es reflejo fiel

de la democracia de guerra acuñada por Pinochet, quien además se refiere a su rol en la labor del

Estado como su #reserva moral”. Así, el orden constitucional de la democracia protegida de la

dictadura convierte de hecho a las fuerzas armadas en un nuevo poder del Estado, aunque permeaba

claramente en los otros mediante diversos mecanismos, como por ejemplo mediante las amplias

atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, junto con su poder de designación de los miembros

del Tribunal Constitucional y de senadores designados. De este modo, se vulnera de forma clara el

principio de prescindencia política y no deliberación imperante en los sistemas de defensa de las

naciones democráticas.

Volviendo al punto de inicio de este texto, podemos ver que la democracia protegida de

Pinochet corresponde de forma esencial a la reducción del concepto a sus aspectos procedimentales.

En efecto, Pinochet se refiere a este nuevo régimen democrático como una “democracia autoritaria”.

En esencia, la democracia se opone al autoritarismo, por lo cual esta visión cuasi esquizoide de la

democracia no puede sino prescindir de cuanto le es propio, salvo por sus mecanismos de elección.


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Es decir, la democracia autoritaria se vale de medios o mecanismos democráticos (el sufragio) para

la elección de un gobernante autoritario, lo que para Pinochet es muestra de “una democracia

vigorosa para autoprotegerse, dotada de vigor suficiente para sobrevivir gracias a recursos

propios”, lo que adquiriría especial relevancia en la mantención de la institucionalidad militar durante

la transición.

En consecuencia, desde los primeros días de la dictadura cívico-militar pinochetista, se forja

e implementa una institucionalidad basada en la concepción de la democracia autoritaria de guerra de

Pinochet, llamada luego democracia protegida por Jaime Guzmán y que consagra la relegación del

Estado de Bienestar y garante de derechos económicos y sociales para dar un paso desenfrenado a la

mano invisible del mercado, en cuya acción libre y carente de cualquier regulación efectiva por parte

de la sociedad y el Estado, lo limita a su rol subsidiario, esquema que se ha mantenido –y

perfeccionado- por más de cuarenta años, lo que ha derivado en las consecuencias de su concepción

insuficiente, limitada y neoliberal de los derechos humanos, de la soberanía popular y la acción

política de los ciudadanos. (Estévez, 2013)

HACIA EL ESTADO NEOLIBERAL

De esta forma, el curso natural de desarrollo del Estado chileno fue consistente con la

imposición de un modelo económico extremadamente liberal, que no hace otra cosa que responder a

las concepciones democráticas de los brazos pensantes y ejecutores del régimen dictatorial. Se

produce una simbiosis progresiva entre las esferas económicas y políticas durante el desarrollo del

régimen militar: por una parte la democracia protegida promete una estabilidad institucional

legitimada como expresión de la voluntad nacional –no soberana ni popular- cuya piedra angular es

la protección irrestricta de la preeminencia del derecho a la propiedad y de la libertad económica

como fuente del resto de libertades sobre las que debía manifestarse el Estado. Por su parte, las nuevas

concepciones económicas importadas por el gobierno militar desde la denominada Escuela de

Chicago, naturalizan el crecimiento –no desarrollo- macroeconómico como expresión virtuosa del

régimen institucional imperante. Ya hacia el último lustro de la dictadura esta simbiosis da lugar a

una amalgama entre el poder político y el económico, que borra paulatina e inexorablemente las

fronteras entre uno y otro, lo que provocará tensiones notables durante los gobiernos desde 1990 hasta

la actualidad, y en cuyo modo de resolución queda en evidencia la relegación de la acción colectiva

(del Estado) a su rol subsidiario.

En rasgos muy generales, se puede considerar que el Estado de Chile ha sufrido diversos

cambios en lo referente a su rol social a lo largo de nuestra historia republicana, especialmente en lo


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que se refiere a su participación en las relaciones sociales. Se pueden distinguir, de este modo, cuatro

etapas en las que el Estado ha asumido un rol característico.

Primeramente, se configura el denominado Estado Protector, cuyo rol se centra en el

afrontamiento de la cuestión social mediante la protección del proletariado y campesinado mediante

acciones tendientes a mejorar sus condiciones laborales y dar ciertas prestaciones sociales básicas

con lo que se genera un punto de inflexión desde la solución de problemas sociales desde las acciones

de caridad hacia su resolución como acto de justicia. Un producto notable de este rol del Estado es el

Código del Trabajo de la República de 1931.

Seguidamente, hacia mediados la década de 1940, la sociedad chilena experimenta un

progreso y expansión de sus sectores medios, los cuales permean e influencian en gran medida el

curso de acción estatal. Se le asignan al Estado responsabilidades sobre las materias de

industrialización y democratización, lo que contribuyó al progreso de los sectores medios. Se

configura así el denominado Estado Benefactor, y que bajo su amplia acción en la sociedad, se

caracteriza por la expansión de las políticas de seguridad social y de la cobertura del sistema de

educación. En esta etapa la sociedad en su conjunto entiende que la educación es una de las labores

preferentes del Estado, y así lo demuestra mediante la construcción de múltiples e imponentes

establecimientos educacionales a lo largo del país, la expansión del sistema universitario mediante la

creación de la Universidad Técnica del Estado en 1947 y la creación de las sedes regionales de la

Universidad de Chile durante el rectorado de Juan Gómez Millas, entre otras. En materia educacional

se acuña incluso la expresión de Estado Docente, que será ampliada posteriormente, y lo que refleja

la labor que asume el Estado en dichas materias.

Durante los gobiernos de Eduardo Frei M. y de Salvador Allende, el Estado retoma

nuevamente su preocupación por la resolución de las problemáticas de los trabajadores y del

campesinado, los cuales han sido históricamente desfavorecidos por la mala distribución de las

riquezas, ante lo cual emerge el Estado Redistribuidor. Durante el Gobierno de Frei M. (1964 – 1970)

se orienta la acción del Estado a la redistribución del ingreso, mientras que en el gobierno de Allende

(1970 – 1973) el estado interviene en pos de la redistribución del poder, cuyas repercusiones en los

sectores conservadores y reaccionarios a las políticas del gobierno de la Unidad Popular, en

concurrencia con la intervención internacional, determinan el golpe del 11 de septiembre, lo que

rompe la tradición de más de 70 años de expansión y perfeccionamiento de las políticas sociales,

como así la tendencia de incorporación de sectores sociales marginados de la discusión pública y del

fortalecimiento del desempeño del Estado en estas materias.


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El siguiente período, el de la dictadura cívico-militar pinochetista, ha resultado controversial

en su estudio. Algunos autores denominan a esta etapa como la del Estado Ausente o incluso como

la del Estado Protector Patronal. Sin embargo, resulta preciso calificar este período como el del Estado

Subsidiario, ya que es efectivamente este rol el que asume el Estado –gobernado ahora por la

dictadura- en materia de políticas sociales.

Con la caída del Gobierno de la Unidad Popular y la llegada de los militares y los sectores de

derecha al gobierno, se impone un sistema económico y social neoliberal, cuyo régimen institucional

adopta como eje articulador al principio de subsidiariedad que, en el caso chileno alcanza incluso

nivel constitucional –y constitutivo- del Estado, y cuyo defensor más visible es Jaime Guzmán, padre

del gremialismo, corriente ideológica basada en la Doctrina Social de la Iglesia, siendo su mayor

exponente el Papa Juan XXIII con su encíclica Mater et Magistra. Esta corriente, que sustenta el

principio de subsidiariedad, establece que entre el Estado y los individuos se sitúan las denominadas

sociedades intermedias, que corresponden en su mayor nivel de relevancia a las empresas privadas,

gremios industriales, colegios profesionales, etc., y que éstas se constituyen como producto de la

acción social del ser humano para la resolución de necesidades específicas. En esta visión, no es el

Estado el llamado a resolver ni menos a intervenir o ejecutar acciones para resolver las necesidades

de los individuos, sino que lo son precisamente las instancias intermedias, en cuya función y ayuda

debe actuar el Estado. Pone, de esta forma, a las organizaciones intermedias en un lugar de mayor

relevancia social que el Estado, al tiempo que se erige como sujeto de su acción y, sobre todo, de su

auxilio mediante la garantía de los derechos a la propiedad y el emprendimiento y su defensa. El

Estado, de este modo es un órgano social al servicio de estas organizaciones intermedias, en fin, de

la empresa y deberá asumir únicamente aquellas labores que, o bien no les son propias a estas

organizaciones, que no les sean rentables o que sean incapaces de abordar. Claro reflejo de esto es el

actual impedimento de la acción empresarial del Estado. (Dávila, 1998)

En el ámbito de la organización social y la participación política, Guzmán vierte el principio

gremialista despolitizador en la Constitución de 1980 y, en efecto, secuestra la acción política en los

partidos, alejándola de las organizaciones intermedias y en consecuencia de la sociedad civil. De este

modo, la nueva institucionalidad no debe invertir esfuerzos en legitimar su ejercicio, sino que sólo su

origen, dado que sólo éste requiere la intervención de los ciudadanos, mientras la operación del

gobierno y el Estado recae en las cúpulas partidarias.

De este modo, el Estado subsidiario se caracteriza por una acción limitada y focalizada en los

componentes distributivos de las desigualdades, lo que materializa su acción en políticas públicas

orientada hacia la igualación de oportunidades, en contraposición al efecto igualador de posiciones


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del Estado benefactor. En otras palabras, las políticas subsidiarias no tienen por objeto de acción las

causas de las inequidades o injusticias, sino que abordan o intentan remediar sus consecuencias sin

que ello implique una intervención en las estructuras sociales, gubernamentales, institucionales, etc.,

determinante de las inequidades sociales. Claro ejemplo son las políticas educacionales

implementadas a partir de la década de 1980, mediante las cuales se establece un esquema que

favorece el financiamiento a la demanda (a los estudiantes) mediante becas, subvenciones y créditos,

dejando de lado el financiamiento a la oferta (los establecimientos, la estructura) del sistema,

procurando así resolver las inequidades derivadas de la mala distribución de la riqueza mediante el

abordaje de sus consecuencias, mas no de sus causas estructurales.

Cabe señalar que estas políticas subsidiarias son eminentemente focalizadas, dado que deben

ajustarse a las consecuencias bien determinadas de la dispar distribución de las riquezas, y no tan sólo

de las riquezas monetarias, sino que económicas en una concepción amplia, y por cierto sociales y

culturales. Esto, dado que bajo la ideología que inspira nuestra institucionalidad, el Estado no es el

llamado a resolver estos problemas, sino que su obligación es garantizar las mejores condiciones

(mediante leyes, normas y, por cierto, financiamiento) para que las organizaciones intermedias (la

empresa, los gremios, etc.) puedan resolverlos.

De esta forma, como ya se ha expuesto, el Estado es responsable de asegurar y garantizar,

por la fuerza si fuere necesario, las condiciones para que el mercado resuelva las problemáticas

sociales, en tanto éste reúne las organizaciones intermedias de mayor relevancia. Por esto no es para

nada extraño que bajo la lógica de la subsidiariedad del Estado los bienes sociales, culturales y

económicos, entre otras labores preferentes del Estado pre dictatorial, se conviertan efectivamente

en bienes de mercado, como ha ocurrido con la educación, salud, previsión y seguridad social, la

prestación y administración de recursos básicos, y lamentablemente un largo etcétera.

EL ESTADO DOCENTE

Esta nueva configuración social e institucional claramente tiene su repercusión en la

educación chilena, en tanto uno de los más importantes ámbitos de las políticas sociales del Estado

y, como es de suponer, sigue la misma suerte que las demás al instaurarse la política y economía

neoliberal por parte de la dictadura cívico-militar.

Las estructuras y procesos educativos están a todas luces condicionados por el contexto en el

que se desarrollan y evolucionan (o involucionan). En efecto, las formas de generación y transmisión

del conocimiento e los sistemas educacionales responden a las ideologías imperantes en el sistema y

la institucionalidad. Aún más, los procesos y modelos educacionales responden e incluso reproducen

el orden social en el que se encuentran, incluyendo por cierto sus reglas y mecanismos de


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legitimación. De hecho, hay voces que afirman que “La historia de los Estados modernos es la

historia de los sistemas de instrucción pública”. (Álvarez, 2001)

Con el desarrollo de las repúblicas liberales post-coloniales en América Latina en el siglo

XVIII y su posterior expresión en los países europeos post-monárquicos, los procesos y estructuras

educativas se institucionalizan, sistematizan y complejizan de forma creciente, llegando a un punto

crítico en el cual el Estado asume el desempeño de la función educativa de la sociedad: surge así el

denominado Estado Docente.

En Chile, el denominado Estado Docente es una noción que surge de la cristalización de un

ideario laico y liberal propio del contexto histórico del establecimiento de las instituciones

republicanas. Ya en la Constitución de 1833, se estableció la educación pública como labor preferente

del Estado, y en 1842 mediante una ley orgánica se funda la Universidad de Chile y se la pone a la

cabeza del sistema educativo nacional, confiriéndosele en el nombre del Estado las labores de

superintendencia, dirección y articuladora de la educación en todos sus niveles. De forma paralela, se

crea la Escuela Normal de Preceptores 8la más antigua de América) como la entidad pública

habilitada para formación de los profesores primarios. Asimismo, se funda en 1849 la Escuela de

Artes y Oficios en Santiago y en 1857 se funda la Escuela de Minas de Copiapó. Estos

acontecimientos y el soplo fundacional de un sistema público y nacional de educación e instrucción

llevan a un primer gran hito en la consolidación de este Estado Docente, y que corresponde a la

promulgación de la Ley General de Instrucción Primaria de 1860, que sella la obligatoriedad del

Estado de prestar los servicios educacionales primarios, de forma gratuita, para hombres y mujeres y

la obligación de contar con establecimientos elementales por cada dos mil habitantes, lo que justifica

además la expansión en infraestructura del sistema a lo largo del país.

Con esto se genera en el país la preocupación estratégica de abordar la tarea del desarrollo

mediante el fortalecimiento del sistema nacional de educación, lo que determinará en las décadas

posteriores que se perfeccione la labor educadora del Estado en función del desarrollo científico y

especialmente tecnológico. Sin embargo son dos principios inherentes a la consolidación de la labor

docente del Estado los que hacen que éste adquiera un rol fundamental en la historia republicana: por

una parte, la idea de que este Estado Docente debe crear y desarrollar la idea de una cultura cívica,

expresión de la solidaridad y corresponsabilidad social nacional; y la otra de inculcar los valores

republicamos y democráticos en la consolidación de la clase media burocrática que será la que en

definitivas cuentas dirigirá la acción del Estado. Tiene por tanto, un rol transformador de la realidad

chilena hacia una mayor secularización, mayor democratización e inclusión en la vida institucional

de los sectores sociales emergentes.


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Es asimismo, el desarrollo de la labor educacional mediante el Estado Docente que Chile da

el paso definitivo hacia su modernidad y da respaldo a su modelo de desarrollo. Clara muestra es el

innegable apoyo del sistema educacional, sobre todo superior, en la aplicación del Modelo de

Sustitución de Importaciones a finales de la década de 1930 bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda.

La sustitución de las importaciones no habría sido ni remotamente posible si el Estado no hubiere

emprendido el robustecimiento de su sistema educacional, como lo hace, en efecto con la creación de

la Universidad Técnica del Estado en 1947, su descentralización y la posterior creación de sus sedes

regionales, como así las de la Universidad de Chile. Estas medidas sellaron y permitieron el desarrollo

industrial de Chile de por lo menos las tres décadas posteriores. (Nef, 1999)

LA EDUCACIÓN NEOLIBERAL

Con la imposición de la lógica neoliberal, llega la contrarrevolución educacional y se sepulta

definitivamente la idea del Estado Docente. Si desde los inicios del siglo XIX, con el fin del

imperialismo colonial español, la independencia y la construcción de la nación, la sociedad converge

en que el Estado de la nueva república tiene de forma inherente una labor protagónica en la educación

social; los sectores golpistas luego de tomado el gobierno no hacen sino invertir la inspiración del

Estado en educación. Si en las previas constituciones, dese la de 1833 se afirma que la educación es

una labor preferente del Estado, en la Constitución autoritaria de 1980, de forma coherente con los

principios neoliberales, se consagra que “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar

a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho”. Es el

Estado subsidiario que ha herido y enterrado al Estado Docente, llega así la educación subsidiaria y

con ello los gérmenes de los groseros problemas y vicios del sistema educacional de nuestros días.

Se revierte de tal forma el compromiso del Estado con la labor educacional, y especialmente

con su articulación con el desarrollo nacional, que si en 1956 mediante la Ley 11.575 se establece

que el fisco destinará el medio por ciento de todos los impuestos fiscales y de los derechos de

exportación a un Fondo de Construcción e Investigaciones Universitarias, a repartirse entre todas las

universidades, estatales y privadas, para permitirles orientar su expansión, crecimiento e

investigación con las actividades productivas del país, para que 1977 se le quitara vigencia y se

aplique ahora su esquema de financiamiento a las Fuerzas Armadas, mediante las modificaciones a

la Ley Reservada del Cobre. (Lavados, 1995)

Es entrando en la década de 1980 que la dictadura militar alcanza sus mayor niveles de

estabilidad, y emprende con ello las reformas más importantes para sumergir a Chile en la lógica

neoliberal a todo nivel. Es durante esta década, la última antes de la transición, que se implementan

las denominadas “siete modernizaciones”, tendientes a la atomización de la sociedad civil y en


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general a permitir que los principios neoliberales y la lógica del mercado permeen las relaciones

sociales, resguardados ahora por la democracia protegida de la Constitución de 1980, a saber: la

reforma laboral, el nuevo sistema de pensiones, el nuevo sistema de previsión de salud, la

municipalización de la educación primaria y secundaria, la reforma del Poder Judicial, cambios en la

agricultura y la regionalización y cambios en la administración pública. (Menanteau-Horta, 2006)

Fieles a las ideas de Guzmán, la organización y estructura del sistema educativo debía

responder al principio de subsidiariedad, lo que se logró mediante la atomización del sistema. Así,

por una parte, el Estado pierde la administración de los establecimientos educacionales primarios y

secundarios públicos para ser puestos en manos de corporaciones dependientes de los municipios, y

acercarlos así a las denominadas organizaciones intermedias. Conjuntamente, se fortalece la

educación privada y se les ve ahora como una iniciativa de negocio y emprendimiento que debía

gozar de las libertades y bondades del mercado. Sin embargo, la máxima expresión ideológica en

educación del nuevo sistema lo constituye la creación de una nueva instancia o subsistema

educacional en el país: el de la educación particular-subvencionada. Se crea así un sistema mixto, de

provisión pública y privada con la novedad de esta instancia intermedia, en la cual proveedores

particulares prestan servicios educacionales con financiamiento público. Nuevamente el Estado al

servicio de las organizaciones intermedias, en este caso los empresarios educacionales. Asimismo, el

financiamiento público de educación se reduce progresivamente y, de forma consecuente, el

magisterio pierde la dignidad y el resguardo de ser considerados como empleados públicos, lo que

determina bajas remuneraciones, pérdida de su valoración social y la fragmentación gremial.

Las consecuencias de esta reorganización del sistema escolar son claramente visibles en

nuestros días y son el resultado de la operación del sistema como mecanismo de segregación

socioeconómica y reproductor de inequidades. Los sectores de mayor poder adquisitivo y capital

cultural acceden a los establecimientos particulares, los de sectores medios y medios acomodados

pueden eventualmente acceder al mismo, aunque el grueso de la matrícula se registra en los

establecimientos particulares-subvencionados, mientras que el grueso de los sectores sociales más

vulnerados ingresa a establecimientos municipales. De esta forma, los ricos se educan –y conviven-

con los ricos, y los pobres con los pobres.

Dado que la provisión de educación se rige ahora por las leyes del mercado, frente a las cuales

el nuevo Estado subsidiario no puede intervenir, el margen de utilidades es el indicador de éxito en

el nuevo sistema. Se justifican de esta forma que los sostenedores de establecimientos de dependencia

mixta minimicen los sueldos de sus profesores, no mejoren sus condiciones laborales y en definitiva

no inviertan de forma sustancial en mejorar los ambientes y procesos educativos y de aprendizaje. De


18

igual forma, los de dependencia municipal comparten en la práctica el mecanismo de financiamiento

de sus pares subvencionados, siendo ahora las municipalidades el último eslabón de la administración

pública cuyos gastos deben ser solventados en mayor medida por autofinanciamiento.

Así, se conforma una gradiente de calidad en los procesos y resultados educativos que sigue

la gradiente socioeconómica que reproduce el sistema educacional: los mejores educados son los de

mayor nivel socioeconómico, es decir de colegios particulares pagados; mientras que los peores

educados son los más vulnerados que corresponden a los de colegios de dependencia municipal en su

enorme mayoría, situándose en una posición intermedia los colegio subvencionados. Esta gradiente

se hace más grosera cuando habiendo abandonado la conducción del gobierno los militares y sus

aliados civiles, se implementa el copago en los establecimientos subvencionados, con lo cual la

calidad de educación queda sujeta con mayor fuerza al poder adquisitivo. (Bellei, 2013)

El destino de la educación universitaria no corre mejor suerte durante la década de 1980. La

reforma universitaria de 1981 corresponde a un despliegue despiadado destinado al debilitamiento

del sistema universitario estatal. Las primeras medidas corresponden a la reducción del

financiamiento de las universidades del Estado, con la creación de los Aportes Fiscales Indirectos,

que opera bajo la lógica de fondos concursables, con la particularidad que están condicionados al

puntaje que cada postulante a la universidad haya obtenido en las pruebas de selección, es decir que

se impone la lógica del financiamiento a la demanda y el abandono de las instituciones. Asimismo,

tanto la Universidad de Chile, como la Universidad Técnica del Estado, los brazos académicos,

docentes e innovadores del Estado, son mutilados e intervenidos. Con la excusa de la

descentralización, se amputan sus sedes regionales y se fusionan para dar lugar a las universidades

regionales, desarticulando en gran medida el sistema nacional construido durante la etapa de mayor

industrialización nacional. Se suspende la vigencia de sus estatutos, los que contenían las medidas

democratizadoras internas conquistadas durante la reforma universitaria de 1968, y se les despoja de

gran parte de su rol público. Por contraparte, al igual que ocurre con el sistema escolar, se permite

ahora la libre empresa en educación superior con todas las ayudas y facilidades que pueda otorgar

para ello el Estado. Sin embargo, las nuevas universidades (las universidades privadas no

tradicionales), sin excepción, carecen absolutamente de cualquier rol público y no cuentan además

con la complejidad que demanda el desarrollo de labores universitarias, como lo son la extensión,

docencia e investigación, sino que sólo se erigen como entidades docentes que se suman al esquema

reproductor del patrón de segregación social que ya acentúa el sistema escolar.

Así, en resumidas cuentas, el sistema educacional se transforma en un escenario más del

mercado, donde el que puede pagar puede acceder, perdiendo la condición de un bien social de acceso


19

público, de derecho garantizado y de labor importante para el desarrollo social. El sistema

educacional, de forma consecuente con los principios que inspiran la institucionalidad neoliberal, es

despolitizada, purgada e intervenida para convertirlas efectivamente en una más de las organizaciones

intermedias. Sin embargo, las universidades del Estado mantienen su gestión burocrática, aunque

cuenten con menos del 20% de financiamiento estatal. Claramente y lejos de ser una falla del sistema,

es una medida de (re)presión, una soga al cuello que asegura la limitación de la actividad de la

universidad pública con el fin de proteger el régimen imperante. La dictadura y el legado de su acecho

no pueden correr el riesgo de abrir espacios de pensamiento como, de hecho deberían ser las

universidades. Por su parte las Escuelas Normales son simplemente extinguidas.

La expansión de las labores, atribuciones y capacidades de la Universidad de Chile y,

posteriormente de la Universidad Técnica del Estado, junto con las otras instituciones educacionales

públicas fue un factor clave para el desarrollo democrático, científico y tecnológico de Chile desde el

inicio de su vida republicana, cristalizando los dos principios fundamentales del Estado Docente: la

formación de una cultura cívica solidaria y republicana, y la formación en dichos valores de los

sectores emergentes para su inclusión en la vida institucional. Es decir, el curso natural e

ininterrumpido durante más de un siglo fue tendiente a integrar la labor educacional y sus principales

instituciones en el tejido social, siendo la puerta de entrada para la participación de la sociedad civil

en la discusión pública. Luego de la reforma de 1981, las universidades, escuelas y en fin todas las

instancias de formación e instrucción pública son castradas y degradadas: son desde ahora una pieza

más, reemplazable por cierto, del proceso productivo. Su rol transformador social se reduce a la

producción de capital humano de calificación variable y dependiente de su capacidad de pago y/o

endeudamiento, apto para desempeñarse en el mercado.

Como se establece al inicio de esta reflexión, más que la legitimidad de origen o elección de

un gobierno, y de la institucionalidad en general, es el ejercicio de sus funciones donde las

instituciones públicas están más expuestas al examen y cuestionamientos ciudadanos. A lo largo de

ya casi 25 años de imperio y hegemonía de la institucionalidad heredada por la dictadura pinochetista

a lo largo de la transición a la democracia, el funcionamiento del sistema educacional no ha estado

libre de tensiones y cuestionamientos. La grosera segregación social que perpetúa, los cuestionables

mecanismos de financiamiento público a la iniciativa privada, tanto en la educación elemental como

en la superior, el lucro, la selección y la desregulación de la oferta de formación técnica y profesional

han sido los aspectos que frecuentemente surgen en los momentos de mayor agitación. Claras

muestras de dichas tensiones corresponden a las movilizaciones estudiantiles de 2006, durante la

primera administración de Michelle Bachelet, y durante el 2011 durante el gobierno de Sebastián

Piñera. En ambas ocasiones se pudo apreciar es todo su esplendor la respuesta del Estado neoliberal


20

a la soluciones de la nueva cuestión social en el campo de la educación, aunque en la primera de

forma más evidente.

Las movilizaciones de 2006 perseguían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de

Enseñanza (LOCE), promulgada sólo 4 días antes del término del gobierno militar de Pinochet, y la

desmunicipalización de la enseñanza escolar, entre otras demandas. La salida al conflicto generado

por las movilizaciones fue la formación del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la

Educación. Si bien la estética de esta instancia planteaba una diversidad bastante amigable, al analizar

su composición es posible apreciar que la integran los ideólogos educacionales de la transición, que

lejos de modificar el sistema ideado en dictadura, lo perfeccionan y blanquean durante los gobiernos

de la concertación. Asimismo, están en la comisión representantes de grupos sociales ampliamente

favorecidos por el sistema neoliberal, como los representantes de colegios particulares pagados

ligados a la Iglesia Católica Ricardo Ezzati y Jesús Triguero, este último además representante de las

Instituciones de Educación Escolar Privadas. Otros nombres notables son los de José J. Brunner, el

ideólogo educacional concertacionista defensor de la labor empresarial en el campo universitario y

Harald Beyer, ministro de Educación del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, quien será en 2011

destituido de su cargo mediante una acusación constitucional en el parlamento.

Fieles a los principios despolitizadores a los que responde la institucionalidad neoliberal, la

Comisión reúne una masa crítica de Tecnócratas, quienes deben dar respuesta y soluciones ante los

problemas no desde un punto de vista político, sino que técnico y factible. Aquí se reproduce

nuevamente el principio de subsidiariedad: en una instancia ofrecida por el Estado (la Comisión), las

organizaciones intermedias entregan soluciones en los campos que les son propios sin recurrir a la

ideología ni a una respuesta política en general, como así no aborda en caso alguno reformas

estructurales, sino que se vale de la acción y financiamiento público para resolver las consecuencias

derivadas de los fallos del mercado. De este modo, no es de sorprender que el gran producto que

perfila esta Comisión, que corresponde a la Ley General de Educación como reemplazo de la LOCE

haya resultado inmediata y mediatamente insuficiente.

Ya para el año 2011 se genera una movilización estudiantil que alcanza los tres principales

niveles del sistema educativo: básico, medio y superior. En su conjunto, las demandas se orientan a

la reversión de las políticas educativas neoliberales: financiamiento basal adecuado a las instituciones

estatales, democratización, fin al régimen de municipalización, gratuidad, fin al financiamiento a la

demanda, retirada del sistema bancario de los mecanismos de financiamiento de estudios superiores,

terminar con la educación subvencionada, etc. Asimismo, se suman progresivamente demandas que

desbordan el ámbito educacional, como lo son la reversión también de las políticas aplicadas en el


21

campo de la administración de los fondos de pensiones, de la previsión de salud, de la legislación

laboral hasta llegar incluso a la demanda cada vez más fuerte de convocatoria a la formación de una

Asamblea Nacional Constituyente para abrogar la constitución autoritaria de 1980.

Así, ante la disminución de los espacios de encuentro tradicionales (la escuela, la

Universidad), la calle se convierte en un espacio de convergencia, que también simboliza la aspiración

de recuperación del espacio y los bienes públicos. Se reviven, por ejemplo, los cacerolazos, no vistos

desde los tiempos de mayor pobreza y represión durante la dictadura militar, como así el abierto

desafío a la labor represiva de las fuerzas policiales. Se muestra y expresa el descontento liderado por

una generación que no conoce la represión y la persecución, que no conoce del toque de queda y que

con mayor naturalidad los sentidos de solidaridad social, corresponsabilidad y participación, propios

de nuestra historia pre-dictatorial. Es en consecuencia la generación ajena a fetiche de lo anti-público

y anti-político, médula del pensamiento neoliberal.

LA AUTOINMUNIDAD DEL SISTEMA

Una premisa del correcto funcionamiento del Estado subsidiario, es que éste debe proveer las

condiciones para el correcto funcionamiento de las organizaciones intermedias, con el fin también de

alejarlas de cualquier tipo de conflicto que pudiera dar paso a su contaminación política, la que debe

residir sólo en los partidos políticos. En pos de la mantención de dicha estabilidad, el Estado, o más

bien el establishment subsidiarista no puede hacer oídos sordos de forma indefinida a las

incomodidades sociales.

Si antes de la dictadura militar el Estado mediante su labor docente formaba explícitamente

a los sectores sociales emergentes para capacitarlos en las materias de la convivencia democrática y

su desempeño en las diversas estructuras sociales, el día de hoy el Estado subsidiario hace algo

similar, aunque a modo de sacrificio en beneficio de la estabilidad y paz social que requiere y

demanda el mercado. De una u otra forma y por diversos mecanismos, aunque subsidiarios

claramente, las diversas soluciones que el sistema imperante ha dado a las tensiones del sistema

educativo se han traducido en cada vez mayor medida en una mayor permeabilidad del sistema

educacional a quienes fueron postergados por el mercado. De forma involuntaria e incipiente, si se

quiere, los espacios educacionales, sobre todo los espacios universitarios, están retornando a su

condición de espacio de encuentro y diálogo social. Aún por la acción de los préstamos bancarios y

el sistema de becas, sectores marginados de la discusión pública acceden a las ciencias, la tecnología,

la formación profesional y, más importante aún, acceden a dialogar y convivir con sus semejantes

más diferentes.


22

Retomando la idea anterior, comienzan a entrar en las discusiones públicas las generaciones

que han crecido y se han desenvuelto ajenos a las presiones de sus generaciones anteriores, tales como

el miedo al asesinato, la desaparición, la prisión política y la tortura y aquellas prácticas propias del

terrorismo de Estado llevado a cabo de forma sistemática entre 1973 y 1990. Se generan de esta forma

nuevas discusiones y con ello nuevas tensiones en el sistema educativo, el que ha abordado mediante

la implementación de diversas políticas de Equidad educativa.

MÉRITO Y OPORTUNIDADES

El concepto de Equidad ha sido empleado con cada vez mayor frecuencia en el discurso

público. Como punto de partida, se puede entender la equidad como una noción de mayor complejidad

que la de igualdad, donde en virtud de sus méritos o condiciones, ciertas desigualdades son

justificables. Así, por ejemplo, puede resultar justificable dar un trato desigual pero preferencial a un

grupo social desfavorecido o vulnerado para lograr un efecto igualador con uno más favorecido.

(Bolívar, 2005) De esta manera podemos visualizar desigualdades injustas (las inequidades).

Sin embargo, desde la lógica subsidiaria, se suele emplear de forma conjunta las expresiones

de Equidad e igualdad de oportunidades, como de hecho lo hace la Organización para el Crecimiento

y Desarrollo Económico (OCDE), que establece que el concepto de equidad implica igualar

oportunidades. Dado que la Equidad es un concepto que a pesar de no resultar bien comprendido, ha

sido progresivamente elevado a la calidad de valor, al menos en el plano del discurso común, conviene

ser cuidadoso en su uso. (Espinoza & González, 2010)

Desde la lógica del Estado subsidiario, que centra su acción en la corrección de las fallas del

mercado abordando los componentes distributivos de la desigualdad, las medidas que han encontrado

mayor asidero en el sistema son aquellas orientadas hacia la igualación de oportunidades, dado que

mediante éstas se pueden abordar las consecuencias de las fallas del mercado en la solución de

problemáticas sociales, manteniendo sin embargo las estructuras y prácticas que originan dicha

desigualdad. De este modo, dichas medidas orientadas a corregir las inequidades, no afectan el origen

de dichas desigualdades injustas.

Esta naturalización de alcanzar una mayor equidad mediante políticas de igualación de

oportunidades tiene un efecto peligroso, ya que mientras dan un mensaje a la colectividad que todos

sus miembros tienen igual oportunidad de acceder a tal o cual beneficio o condición, a pesar de la

ocurrencia de desigualdades, su no resolución determina la ineficacia de dicho discurso por la

persistencia de los factores que dan origen a la inequidad en cuestión. De este modo, las medidas de

igualación de oportunidades pueden generar el surgimiento de sentimientos de exclusión (del

desarrollo, del progreso) y finalmente de pertenencia, dada la incapacidad del sistema de extender el


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goce de los beneficios y derechos a todos sus integrantes, profundizando las problemáticas de

segregación y polarización social.

Otro concepto ampliamente utilizado en estas discusiones es el del mérito y la meritocracia.

Al igual que sucede con el de equidad, el de meritocracia ha sido progresivamente elevado a la

condición de valor deseable en la sociedad, sobre todo en el ámbito del acceso selectivo al sistema

educativo. Hay que ser muy cuidadoso con el uso el concepto, dado que en el esquema imperante es

posible ver que se alinea más o menos bien con el concepto de igualdad de oportunidades. Esto dado

que individuos en distintas condiciones de origen, deben recorrer distancias distintas para llegar a

hacer uso de las oportunidades, las que pueden ser igualmente ofrecidas. Será merecedor de la

oportunidad ofrecida quien supere dicha distancia, es decir, tendrá los méritos para hacerlo, por lo

cual el sistema para aprovechar las oportunidades igualmente ofrecidas es meritorio. Sin embargo, la

competencia entre los individuos no es justa, dado que ambos no se ven enfrentados a las mismas

barreras y facilitadores.

Un buen reflejo de este análisis es el que ofrece el actual sistema de admisión a las

universidades estatales y privadas tradicionales. El Estado ha adoptado diversas medidas para igualar

oportunidades, así si un estudiante que no puede costear el arancel de su carrera ingresa a la

Universidad, se le ofrecen mecanismos para resolver dicho problema, por lo cual existe la igualdad

de oportunidades de acceder a la universidad, dado que todos los aspirantes deben superar la misma

barrera de selección: la obtención de un puntaje ponderado suficiente. Sin embargo si comparamos

dos estudiantes de condiciones socioeconómicas extremas y con capitales culturales notoriamente

distintos, como de hecho ocurre, aunque ambos tienen la oportunidad de acceder y costear (por sus

medios propios o mediante becas) una carrera universitaria, las dificultades a superar por el estudiante

más pobre y vulnerable determinan en la práctica la persistencia de la inequidad.

Así, como afirma Fanti, “la meritocracia termina convirtiéndose en una ideología porque

sirve para justificar moralmente a los que ocupan las posiciones de privilegio al mismo tiempo que

responsabiliza a los perdedores por no haber hecho el esfuerzo necesario para ganar”. De este modo

los sistemas que se dicen meritocráticos, lejos de conseguir la resolución de inequidades, pueden

naturalizar o blanquear el aprovechamiento de posiciones de privilegio, dando la falsa sensación de

igualación. Así, además, los sistemas de selección por mérito responderían en definitiva al patrón con

el que se distribuyen los privilegios en la sociedad, lo que queda de manifiesto, por ejemplo, con la

alta correlación con la situación socioeconómica y el resultado de las pruebas de selección y

evaluación estandarizadas aplicadas en nuestro sistema educacional (PSU y SIMCE).


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CONCLUSIONES

El análisis expuesto deja entrever que el sistema educacional chileno ha experimentado una

transformación eminentemente regresiva desde el inicio de la dictadura cívico-militar pinochetista en

1973, momento desde el cual la acción del gobierno se avoca a la destrucción del Estado Docente en

todas sus formas, desde la formación escolar primaria y secundaria, como así de la formación

superior, especialmente de aquella confiada a las universidades del Estado.

Asimismo, dicha involución del sistema educativo responde de forma casi univoca a la

aplicación de nuevos paradigmas y concepciones sobre la democracia y el rol que en esta juega la

educación. Se instala con la dictadura cívico-militar en 1973 las nuevas concepciones ideológicas,

que tienen una raigambre en visiones y creencias pocas veces exploradas en el discurso colectivo,

como lo son las inspiraciones bélicas de la concepción autoritaria de la democracia que expresa

Pinochet, o el origen de la acción despolitizadora y debilitante del Estado del régimen en el

pensamiento de Jaime Guzmán.

Se inicia así, desde el 11 de septiembre de 1973, un proceso de contrarrevolución social,

política, económica, cultural e incluso simbólica que permea en todos los ámbitos de la sociedad. Se

sientan las bases para una institucionalidad dócil y servil al mercado, el cual ya no sólo administra

los bienes y servicios que les considerábamos propios, sino que también los que por más de un siglo

defendimos como del dominio público, cuyo goce lo procuraba el Estado en tanto institución social

que llamaba al sentido e progresividad, corresponsabilidad y solidaridad social, para lo cual, por

cierto, se valía de su labor docente.

Si bien los cambios pueden ser lentos o de tan ubicuos, invisibles, surge de este análisis

también la idea de que existen numerosas contradicciones de nuestro régimen político, que guardan

en el tiempo el surgimiento de tensiones y conflictos que el sistema neoliberal no puede solucionar

sin retroceder. Surge asimismo la esperanza de que la llegada de las nuevas generaciones y de los

sectores sociales emergentes, hoy huérfanos y despojados del Estado Docente y Benefactor, traigan

de regreso al Estado y la democracia.

Es finalmente el producto pretendido de este análisis, la invitación a la indagación y al

cuestionamiento de las verdaderas inspiraciones y justificaciones de nuestro actual modelo de

desarrollo, al que espera contribuir de forma modesta.


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democracia, estado y educación:de la democracia liberal a la democracia de guerra y del estado...

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