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Decanato de Derecho
“ESTUDIO JURÍDICO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO”
Sustentantes:
Lisselott Arisleyda Grullón De León 2009 - 0118
Katherine Jiménez Offrer 2013 - 0391
Sergio Michael Offrer Mora 2014 - 0064
Asesor:
Francisco Pérez Lora
Monografía para optar por el título de
Licenciatura en Derecho
Santo Domingo.
República Dominicana.
Abril 2018
ÍNDICE
PALABRAS CLAVES ............................................................................................. i
DEDICATORIAS .................................................................................................... ii
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................... ix
RESUMEN .......................................................................................................... xvii
ABSTRACT ....................................................................................................... xviii
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. xix
Capítulo I: Nociones generales de la Acción de Amparo como garantía de los
Derechos Fundamentales .................................................................................... 1
1.1 Generalidades de la acción de amparo .......................................................... 2
1.1.1 Origen y naturaleza jurídica ........................................................................... 3
1.1.2 Conceptualizaciones ...................................................................................... 9
1.1.3 Marco legal .................................................................................................. 13
1.2 Importancia y alcance de la acción de amparo ............................................... 18
1.3 Acción de amparo como garantía de los derechos fundamentales ................ 21
Capítulo II: Acción de Amparo ante el Tribunal Superior Administrativo ..... 25
2.1 Naturaleza jurídica y atribuciones del Tribunal Superior Administrativo ......... 26
2.2 Efectividad de la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo . 32
2.3 Acción de amparo como mecanismo para hacer cumplir una ley o acto administrativo ................................................................................................. 40
Capítulo III: Análisis de sentencias y propuesta tendente a hacer un aporte al
sistema jurídico dominicano ............................................................................. 44
3.1 Criterios jurisprudenciales del Tribunal Superior Administrativo .................... 45
3.2 Análisis jurídico de la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, refiriéndonos a los derechos fundamentales en general……...53
3.3 Propuesta tendente a hacer un aporte al sistema jurídico dominicano .......... 57
CONCLUSIONES ............................................................................................... xxii
RECOMENDACIONES ...................................................................................... xxiv
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. xxvi
ANEXOS ........................................................................................................... xxxv
Sentencia No. 094-2014
Sentencia No. 216-2012
Sentencia No. 00168-2014
I
Palabras Claves:
Acción de Amparo.
Tribunal Superior Administrativo.
Derecho Constitucional.
Derechos Fundamentales.
Garantías Constitucionales.
ii
DEDICATORIAS
A mi madre, María Altagracia de León, la mujer que con su entereza me
enseño lo que es vivir, a saborear el triunfo y la derrota, que con su ánimo y consejo
volvió a darme el empuje para seguir adelante.
A ella que supo ser madre y padre, quien ha luchado ilimitadamente por darme
lo mejor, con valores indefinidos, aunque hubo momentos difíciles y has sacrificado
por mi gran parte de tu vida, para formarme y educarme, siempre confió en mí y tuve
su apoyo incondicional en la distancia. Tu madre, la que siempre ha estado en mis
convicciones por lo que consideraba una lucha justa. Gracias a ti hoy veo realizado
lo que hace poco era solo ilusión.
“Todo lo que he conseguido en este mundo, te lo debo a ti, ya que sin tu apoyo
nunca hubiese alcanzado mis metas. Cuando sentía que todo se derrumbaba y que
mis sueños se escapaban, me alentaste. Desde siempre has sido mi fuente de
inspiración”
No existen palabras e ideas para expresarte mi amor y eterna gratitud por
todos los sacrificios que realizaste por mí, esos gestos jamás se borrarán de mi mente
y siempre los tendré presente. Si hoy en día soy alguien profesional, se debe
principalmente a ti, puesto que las lecciones más valiosas que adquirí. Te amo con
todas mis fuerzas.
Lo cierto es la persona con el corazón más hermoso que he conocido, esta es
una de las instancias en las que siento que encontrarás lo mejor de mí plasmado en
iii
estas líneas, lo mejor que, precisamente, resultó gracias a ti, ya que siempre has
potenciando mis cualidades para que yo pueda convertirme en una gran mujer.
Siempre tuviste en pie de lucha para que no me rindiera ni faltara nada ante las
adversidades, graduarme de la universidad es algo que no hubiese conseguido sin
tu valioso apoyo.
Quiero darte las gracias por haber solventado mis años en la universidad, por ser
el motor de arranque de mi vida y mi inspiración, este éxito es tuyo y de mi hija porque
todo lo he hecho y lo hago por ustedes.
Estoy finalizando una etapa más de mi vida. Agradezco la confianza que ha
depositado en mí, el apoyo en cumplir conmigo logros y tropiezos sin pedir nada
cambio y el esfuerzo que has realizado durante toda mi vida para que por fin llegara
este Momento.
Me siento lista para afrontar los retos de la vida. Ahora me siento preparada para
lograr todas mis metas y ser una mujer de éxito. Te amo madre que Dios te bendiga
y guarde siempre.
.
Lisselott Arisleyda Grullón De León
iv
A Dios las gracias, por haberme permitido llegar hasta este punto en mi vida,
haberme dado salud y bendiciones para lograr mis objetivos, además de su infinita
bondad y amor. Me siento tan feliz y orgullosa de culminar unos de los pasos más
importantes que he podido lograr, ser una profesional. “Que no te digan que el cielo
es el límite, cuando hay huellas en la luna”, siempre he confiado en mí, lo que he
querido ser y los pasos que he de seguir, por tanto, agradezco tanto Dios esta
oportunidad dada.
Dedico este trabajo final de grado especialmente a mis dos pilares, a las
personas que más admiro en mi vida, son mis deseos de consistencia, superación,
humildad, amor y sobre todo siempre luchar por lo que quiero ser en el futuro, mis
padres: A ti mami, Cesarina Offrer de la Rosa, por ser tan incondicional para mí en
todos los sentidos, por la confianza, por tus consejos, por siempre apostar a esperar
más de lo que yo puedo dar, sabes que eres lo más especial en mí vida, solo le pido
a Dios que nunca te aparte de mi lado, porque eres eso, mi vida.
A ti papi, Alexis Jiménez Paniagua, mi comandante, agradezco tanto tu
esfuerzo desde que nací, los sacrificios que siempre has hecho para darme lo mejor,
tus consejos y carácter que me hecho ser una persona con deseos de superación y
llena de proyectos, por demostrarme que no debe de importar de donde vengan, sino
hacia dónde vas… Dios y la vida me han dado uno de los mayores privilegios de todo
hijo ha de querer tener y es que como padre te sientas orgulloso de este paso y yo
dedicártelo a ti, es tuyo!!!
v
Mi segundo padre, Joel L. Jiménez Offrer, siempre lo he dicho y no me cansare
de decirlo: Eres mi más grande orgullo… desde pequeña debo tanto de tus cuidados,
cariño, de inculcarme todo lo practicado ahora de grande, una vida no me alcanzara
para agradecerte de tus consejos a diario, de preocuparte por mi como un padre a
un hijo, por enseñarme que los tropiezos en la vida son solo eso “tropiezos” y que
debemos de salir adelante siempre dando lo mejor de sí y no llevarse del que dirán.
Como hermano mayor asumiendo la responsabilidad de siempre poder contar
contigo y sobre todo apoyarme en momentos. ¡Eres demasiado especial!
Edison Jiménez Offrer, mi hermano, amigo, cómplice, compañero de
aventuras y demás… El de siempre apoyarme a emprender caminos como estos y
querer hacer de mí la mejor admiración para todos. Sabes lo especial que eres, te
debo tanto yo poder concluir esta etapa, por tu preocupación en este trayecto,
ayudarme en siempre lo necesario dando lo mejor de ti. Solo le pido a Dios que llene
de salud y éxitos tu vida para que continúes siempre ofreciendo lo mejor de ti a los
demás y puedas llegar bien lejos como siempre lo has hecho. Eres una admiración
para mí, siempre seré tu hermanita más pequeña, la de acompañarte en todos los
momentos y nunca decirte no para apoyarte a emprender proyectos. Te quiero con
el alma.
Mi hermana Natali Jiménez Offrer por ser el ejemplo de una hermana mayor,
la cual aprendí aciertos y de momentos difíciles, eres la mejor huella de yo seguir
para ser una mujer de carácter, respeto, espiritualidad, madurez y sobre todo
independencia. Gracias por ser una segunda madre, apoyando cada momento y
vi
etapas de mi vida, por ser la mejor estatuilla de yo sentirme orgullosa de ser quién
eres, por regalarme los mejores segunda parte de mí, a quien amo con el alma y
cuido con el corazón, mis sobrinos Noah de Jesús Aybar Jiménez (Mi Titi) y mi clon
Zoé Natalia Aybar Jiménez, son los ángeles más especiales enviados por Dios para
llenarnos de vida y momentos especiales.
Mis dos compañeros de aventuras y travesuras, mis queridos sobrinos Joel S.
Jiménez y Alyssa C. Jiménez, por ser enviados a llenarme de dicha felicidad y
ocurrencias. La vida me ha premiado de tal manera que ustedes son mis talleres de
como amar y cuidar a alguien que no es tuyo, pero a quien tu corazón le pertenece,
¡los amo!
A estas personas que son partes especiales de mi familia, mi cuñado
considerado como a un hermano, Wilson de Jesús Aybar, por tu apoyo incondicional,
consejos, tus ayudas y orientaciones en todo momento, al igual que mis cuñadas
Igris Delfis, Soraya Aquino y mi doña especial Socorro Martínez, todos con su granito
de arena y fortaleza hacer cumplir este gran paso en mi vida, siempre han de tener
un lugar especial en mí, porque de eso se trata la vida, ser agradecido… ¡Muchas
Gracias!
Sin excepción, a todos mis demás familiares, mis abuelos, tías, tíos, primos y
primas, por su apoyo, amor siempre, también compartir todos logros que están y los
que aún faltan.
vii
Aprovecho para decirles a todos que mis logros son de ustedes, este apenas
es uno de mis tantos, porque sin sus motivaciones y apoyo hubiera sido más
monótono y largo encaminarme hacia el camino correcto, los quiero desde lo más
profundo de mi corazón, ¡Muchas Gracias!
Katherine Jiménez Offrer
viii
A mis padres, Sergio Offrer y Adela Mora, por apoyarme incondicionalmente,
guiarme, por su trabajo, sacrificios en estos años, por estar conmigo y darme la base
para llegar hasta donde estoy.
A todos mis amigos y colegas que brindaron su amistad, su cariño sin nada a
cambio y compartieron conmigo durante estos años.
A toda mi familia.
Sergio Michael Offrer Mora
ix
AGRADECIMIENTOS
A Dios: Agradezco que me hayas dado vida y salud, porque nunca me dejaste
flaquear ni perder la fe y esperanza en los momentos más difíciles y lograr la
culminación de mis estudios profesionales.
A mi hija: Ashaira Medina Grullón, mi hija el tesoro que me ha regalado la vida,
porque su presencia ha sido y será siempre mi motivo más grande que me ha
impulsado a seguir siempre adelante, quien con su nacimiento me ha comprometido
con la vida, para que mañana tenga un legado modelo y contractivo. Quien ha hecho
latir mi corazón tan fuerte. ¡Por ser simplemente lo mejor que me ha pasado en la
vida! Me faltan palabras para expresar lo que siento porque ninguna palabra para mi
es suficiente, es el complemento de mi vida y felicidad, de lo que soy y lo que quiero
llegar a ser.
A mis hermanas: Diana Carolina Grullón y Yumeiry Alexandra Grullón,
Agradezco a dios por regalarme unas hermanas tan maravillosas y sobre todos mis
protectoras y amigas, Gracias por creer y confiar en mí, gracias por darme el
compromiso de entregarles este título, gracias a sus sabias palabras siempre con la
certeza de que yo lo lograría, me sentí con el compromiso de lograrlo y motivarme a
ser una profesional graduada.
Todo lo que he conseguido en este mundo, te lo debo a ti, ya que sin tu apoyo
nunca hubiese alcanzado mis metas. Cuando sentía que todo se derrumbaba y que
x
mis sueños se escapaban, me alentaste. Desde siempre has sido mi fuente de
inspiración”
Estas líneas para expresarte mi eterna gratitud por todos los sacrificios que
realizaste por mí, esos gestos jamás se borrarán de mi mente y siempre los tendré
presente. Si hoy en día soy alguien profesional, se debe principalmente a ti, puesto
que las lecciones más valiosas que adquirí, me las disté tú. Te amo con todas mis
fuerzas”.
A mis abuelos: Petronilo Rosario y Esmeralda de León, quienes son el
complemento indefinido de la felicidad de mi familia, con cualidades innumerables,
quiénes nos han dejado un legado de vida familiar admirable y digno de orgullo,
agradezco su dedicación, amor, respeto y enseñanza, durante mis 27 años de vida,
gracias a sus buenas costumbres y reglas radical hoy me siento orgullosa de quien
soy, porque sin su participación y sabios consejo no lo hubiera logrado.
A mis primas: Helen de León, Cindy Pamela Rosario, Yamilet Peguero,
quienes más que primas, son mis hermanas, mejores amigas, consejeras de familia,
mis cómplices y compañeras de vida, quienes tienen una vida ejemplar por ser
mujeres trabajadoras y luchadora por sus sueños, excelentes madres, y sobre todos
con valores admirables. Agradezco su apoyo en todo momento, en la tristeza y
alegrías, por siempre decir presente cuando menos lo esperaba, por hacerme sentir
que yo al igual que ustedes también podían lograrlo y dejarme bien claro que
tenemos el compromiso familiar de ser mujeres exitosas.
xi
A mis tíos (a): Quienes han sido siempre motivadores de inspiración,
demostrando en todo momento con certeza que todo se puede lograr, aunque sea a
base de sacrificio, demostrándome que hay cosas que son difíciles, pero no
imposible, son ejemplos de superación a seguir en vía de desarrollo, motivándome
cada uno con sus experiencias adquiridas y logros obtenidos en la vida. Quienes han
luchado ilimitadamente por el bienestar y armonía en la familia.
A mis compañeros: Katherine Jiménez Offrer y Sergio Offrer, Quienes en conjunto
trabajaron junto a mi incansablemente para hacer este logro posible, agradezco el
papel que cada uno responsablemente realizo durante el desarrollo de nuestro
trabajo final, estoy completamente agradecida por la armonía, coordinación y buen
manejo que cada uno tuvo porque este éxito es de todos y sin ustedes este momento
no hubiese sido posible.
Katherine Jiménez Offrer, amiga me siento agradecida de Dios por hacerla
parte de mi vida y de haberla conocido en el momento preciso, sé que Dios le tiene
muchos éxitos que aún esperan por ti, este es el principio de lo que siempre has
deseado, eres una mujer emprendedora y exitosa y siempre lo será. Me siento muy
agradecida y orgullosa por tu apoyo y paciencia durante el desarrollo de nuestra
carrera.
xii
A la Universidad APEC: Por abrir sus puertas a mi formación como profesional.
Por estar presente en cada requerimiento, por colaborar para la retroalimentación de
amplios conocimientos que antes desconocida y por ser partícipe de este momento
que hoy para mí es un sueño hecho realidad.
Lisselott Arisleyda Grullón De León
xiii
En primer lugar, agradecerle inmensamente a Dios por haberme permitido
cerrar una de las etapas más importante de mi vida, por llenarme de bendiciones,
éxito, esperanzas, consistencia, fortaleza y por acompañarme en los momentos los
cuales mi fe ha de querer desvanecer, pero con él agarrada de las manos me permitió
llegar hasta aquí, a sabiendas que sus planes son mejores que los míos y como este
es uno de ellos nunca me cansare de darte las gracias y agradecerte por tu infinita
misericordia. ¡Gracias Señor!
¡Mi familia por ser desde siempre mi motor de arranque y punto de partida, sin
su amor, apoyo y esa pisca de muleto de la suerte, nada de esto hubiese sido posible,
Los Amo!!!
De igual forma doy las gracias a la Universidad Acción Pro Educación y Cultura
(UNAPEC), por haber sido la institución que me formó como profesional del Derecho,
así como también a sus diferentes docentes Feliz Méndez, Elizabeth Arzeno, Mary
Berenita Ramírez, Gladys Suero, Elías Santini, Noel Báez, Francisco Ortiz, Santo
Román y César Noboa por brindarme sus conocimientos y su apoyo para poder
seguir a delante día tras día. Agradecer al docente y asesor del módulo de derecho
constitucional, el Lic. Francisco Pérez Lora, por su asesoramiento con la realización
de esta monografía.
Gracias de todo corazón a mis compañeros de la universidad, siendo a lo largo
de esta trayectoria una segunda familia, creando momentos felices, angustias,
desespero y grandes logros, adquiriendo experiencias, sobre todo por el disfrute que
xiv
con sus altas y bajas hicieron de nosotros hombres y mujeres de bien, que Dios nos
permita a todos desarrollarnos en grandes aspectos y sepan que es el comienzo de
una nueva vida, los extrañare.
En especial a las mejores amigas que Dios ha podido darme, Clara de la Rosa,
Crismely A. Matos, Marilyn Paulino, Katherine Prez y Jeannette Frías, gracias por
siempre estar, por su cariño, sus consejos, por aguantarme cada una de mis
ocurrencias y momentos que han podido ser, por siempre acompañarme, apoyarme
en lo necesitado y sobre todo por tenerlas, ¡¡¡las quiero!!!
¡Agradecerles por todo el apoyo mutuo, responsabilidad y sobre todo esfuerzo
a mis compañeros de monográfico, mi amiga Lisselott A. Grullón y mi primo Sergio
M. Offrer, chicos LO LOGRAMOS!!! Fueron muchos los días de desvelos, paciencia
y sobre todo FE de que saldríamos bien y adelante, gracias por confiar cada uno en
todas las ideas dadas y que realizáramos este gran sueño, felicidades para ustedes
también colegas.
Lisselott A. Grullón, Dios si supo a quién ponerme al lado para el final de esta
valiosa batalla, gracias por tanto amiga, su apoyo fuera y dentro de la universidad,
por hacerme parte de su familia y sobre todo por siempre contar con usted. Le deseo
todas las cosas buenas que se merece, a usted y su Ashaira… Gracias de todo
corazón, éxitos y bendiciones en la vida que lo demás ya Dios se lo ha concedido,
mujer emprendedora…
xv
Me llevo lo mejor de UNAPEC, finalizar mis estudios, grandes maestros,
compañeros, grandes amistades, tantas experiencias y sobre todo enseñanzas que
llego la hora de ponerlas en prácticas y comenzar una nueva vida…
¡Siempre Fe!
Katherine Jiménez Offrer
xvi
En primer lugar, agradezco a Dios por las bendiciones recibida en este tiempo
de estudio, quien me ha guiado y me ha dado fortalezas de seguir adelante.
Agradezco a mis padres por su apoyo, amor y trabajo en todos estos años. A
la Universidad APEC por haberme aceptado y ser parte de ella y por haberme abierto
las puertas para estudiar mi carrera, así como a cada uno de los docentes que dieron
los mejores de ellos para nuestros beneficios, sus conocimientos y su apoyo para
seguir adelante.
También agradezco a los asesores del monográfico Francisco Pérez Lora y
Pedro Gálvez, por permitir recurrir a sus conocimientos.
Para finalizar, a mis compañeras de monográfico Katherine Jiménez Offrer y
Lisselott Grullón, por la amistad y compañerismo en este trabajo final. Agradezco a
todos mis compañeros quienes ahora además considero amigos.
Sergio Michael Offrer Mora
xvii
RESUMEN.
El objetivo del presente estudio fue conocer a profundidad la figura jurídica de
la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Al tratarse de una de
las garantías de los derechos fundamentales buscamos valorizar y conocer dicha
figura, siendo ésta una de las maneras en que los derechos fundamentales pueden
ser reclamados de forma efectiva cuando sean vulnerados. Nuestra metodología
fundamentada en el análisis nos permite cuestionar cada una de las situaciones
referentes a la naturaleza jurídica de la acción de amparo respecto a su efectividad
ante un tribunal que no es el Tribunal Constitucional. Nuestras críticas producto del
análisis jurídico fueron sostenidas y fundamentadas a lo largo de este trabajo de
investigación, se trata de aportar información valiosa al sistema jurídico dominicano
desde otra perspectiva. Los resultados y hallazgos en este trabajo de grado fueron
muy satisfactorios y señalan no solo los avances de esta figura, sino también el
alcance de la misma con consecuencias significativas para el ordenamiento jurídico
dominicano.
xviii
ABSTRACT.
The objective of the present study was to know in depth the juridical figure of
the action of amparo before the Superior Administrative Court. Being one of the
guarantees of fundamental rights we seek to value and know this figure, this being
one of the ways in which fundamental rights can be effectively claimed when they are
violated. Our methodology based on the analysis allows us to question each of the
situations concerning the legal nature of the action of amparo regarding its
effectiveness before a court that is not the Constitutional Court. Our criticisms product
of the legal analysis were sustained and founded throughout this research work, it is
about providing valuable information to the Dominican legal system from another
perspective. The results and findings in this degree work were very satisfactory and
indicate not only the advances of this figure, but also the scope of the same with
significant consequences for the Dominican legal system.
xix
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación trata sobre el estudio jurídico de la acción
de amparo de los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo.
Siempre que se estudie el tema de las garantías de los derechos
fundamentales resultará interesante, independientemente de la forma en que el
mismo sea abordado. Esto es, sin duda alguna por la relevancia que efectivamente
tienen los derechos fundamentales como tal.
Cuando se habla de “prerrogativas esenciales de la personalidad humana”, se
entiende que son los derechos fundamentales, protegidos evidentemente por la carta
magna. Dentro de sus características sin duda se destacan la inviolabilidad e
imprescriptibilidad, de manera que los mismos deben operar siempre a favor de la
persona por el simple hecho de ser persona.
Este tema de investigación tiene como objeto de estudio la acción de amparo
ante el Tribunal Superior Administrativo, donde a través de un estudio amplio de la
doctrina, los criterios jurisprudenciales y las opiniones de importantes juristas en la
materia, se observará cómo se maneja la protección de los derechos fundamentales
desde esta óptica.
La acción de amparo tiene como fundamento la protección de los derechos
fundamentales. La importancia de este tema radica en la utilidad práctica que con el
tiempo va adquiriendo la figura jurídica y también cuando los derechos resulten
amenazados o vulnerados por parte de cualquier autoridad pública o particulares,
xx
para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo y para garantizar
la protección de los derechos colectivos y difusos.
A raíz de este análisis jurídico nos hacemos la siguiente pregunta de
investigación: ¿Cómo estudiar jurídicamente las acciones de amparo de los derechos
fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo?
Para alcance a esta interrogante se sistematiza de la siguiente manera:
¿Qué tan eficaz es la figura jurídica de la acción de amparo?
¿Cómo es llevada a cabo la acción de amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo?
¿Son las instituciones estatales verdaderamente cuidadosas cuando se trata de la
protección de los derechos fundamentales?
Para dar respuesta a las interregorantes anteriormente citadas, esta investigación
tiene como objetivo general: analizar las acciones de amparo de los derechos
fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y unos objetivos específicos
inclinados a:
Estudiar la importancia de la acción de amparo como garantía constitucional.
Determinar la naturaleza jurídica y atribuciones del Tribunal Superior Administrativo.
Analizar la efectividad de la acción de amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo.
Comparar y analizar la acción de amparo como garantía constitucional con otras
legislaciones extranjeras.
xxi
A tales fines, para una mejor comprensión del presente trabajo se estableció
un orden lógico que va desde lo general a lo particular, consistiendo en establecer
en principio las generalidades de la acción de amparo, su origen y naturaleza jurídica,
algunas conceptualizaciones del mismo y el marco legal. Luego se definirá la
importancia del alcance de la misma y la acción de amparo como garantía procesal
para la protección inmediata de los derechos fundamentales.
El segundo capítulo se centrará en la naturaleza jurídica y atribuciones del
Tribunal Superior Administrativo, la efectividad de la acción de amparo ante este
tribunal y análisis de esta acción como mecanismo para hacer cumplir una ley o acto
administrativo.
Finalmente, en el tercer y último capítulo que constituye el alma del presente
trabajo investigativo, se analizara de manera minuciosa algunos criterios
jurisprudenciales del Tribunal Superior Administrativo respecto a este tema, para de
este modo poder llevar a cabo una propuesta tendente a hacer un aporte al sistema
jurídico dominicano.
El resultado de esta investigación es proporcionar que sirva como
enriquecimiento intelectual y que el análisis jurídico como las propuestas dadas
puedan servir de fuente de acceso a todos aquellos estudiantes y juristas interesados
en la materia. De esta forma se estaría logrando el objetivo principal que es contribuir
con el fortalecimiento del derecho dominicano a través de nuestro aporte jurídico, a
la vez que se cumpla con el propósito del mandato de trabajo de grado establecido
por nuestra casa de altos estudios.
1
CAPÍTULO I:
NOCIONES GENERALES DE LA ACCIÓN DE AMPARO COMO
GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
“Un derecho no es algo que alguien te
da; es algo que nadie te puede quitar".
(Ramsey Clark)
2
CAPÍTULO I: NOCIONES GENERALES DE LA ACCIÓN DE AMPARO COMO
GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Para comprender mejor la finalidad de la figura jurídica de la acción de amparo es
necesario estudiarla desde sus orígenes y así entender su naturaleza jurídica y la
importancia de la misma que efectivamente radica en la protección de los derechos
fundamentales de cada persona.
Se trata de una institución jurídica que ha trascendido y la relevancia que ha
adquirido la misma es producto de constantes esfuerzos del legislador y la sociedad
en sentido general por proteger aquellos derechos establecidos en nuestra carta
magna y hacerlo de forma efectiva.
1.1 Generalidades de la Acción de Amparo.
Aun siendo el hombre sujeto de derechos y obligaciones, con el tiempo y a
raíz de diversas situaciones sociales pueden suscitarse constantes violaciones
teniendo como resultado grandes enfrentamientos.
Las garantías constitucionales deben existir por el simple hecho de que dotan
de cierta seguridad y protección a las personas y es ésta la finalidad de la figura
jurídica de la acción de amparo que estudiaremos minuciosamente en el presente
capítulo. Observando la evolución que la misma ha tenido a través de la historia hasta
nuestros días y cómo la misma ha tenido un efecto significativo en nuestro
ordenamiento jurídico.
3
Si bien, no había un procedimiento específico y tampoco nadie llamaba
amparo a ninguna acción; sí se incoaban acciones en caso de urgencia y para evitar
un daño inminente o hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita, como
suele llamarle la legislación dominicana del derecho común, particularmente sobre el
referimiento, derivado de la legislación francesa y que era este el método usado por
los abogados en ejercicio, para resguardar tanto los derechos fundamentales como
los demás derechos de los clientes (Henríquez, 2014, p.79).
1.1.1 Origen y naturaleza jurídica.
Desde la antigüedad se han desarrollado mecanismos para la protección de
los derechos y obligaciones del hombre. Si estudiamos a profundidad el derecho de
amparo en los Estados Orientales vemos como se destaca el protagonismo de la ley
de la divinidad y con ello se llevaban a cabo una serie de actos de arbitrariedad y
abusos desde el Estado.
Asimismo, Correa (2008, p.109) destaca el derecho francés, considerando
esta nación como la madre del derecho moderno, destacando una fuente importante
como lo es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1789 que
consigna derechos constitucionales de la persona humana. Tomando la esencia de
la misma para instaurarlos en la Constitución de 1836 donde se empieza a considerar
la acción de amparo.
En el derecho español se constituyó “el Juicio de Amparo” donde la justicia
ofrecía garantías a las personas, y las propiedades, reconociendo la inviolabilidad
4
del domicilio. Estas garantías constitucionales fueron afianzadas en la carta
sustantiva del año 1812, con la declaración de las garantías individuales,
consistentes en la creación de nuevas audiencias, libertad de pensamiento, la
protección de la propiedad privada y la inviolabilidad de domicilio del ciudadano
(Correa, 2008, p.102).
Sobre el origen del Amparo, la doctrina general coincide en afirmar que la
Acción de Amparo tiene por antecedentes la ley visigoda de Castilla, el fuero Juzgo
y las leyes castellanas empezando por las siete partidas. Además, de unos recursos
que existieron contra los actos del poder utilizados en la baja edad media, pasando
al Virreinato de Nueva España (México) en donde hubo un amparo colonial (Moreno,
2017, p.89).
En este mismo orden de ideas, Moreno (2017, p.48) establece que la primera
vez que se habló en el derecho legislado del amparo decretado por órganos
jurisdiccionales, para combatir agravios contra las garantías individuales haciendo
énfasis en los derechos humanos, fue en el proyecto de Rejón y la Constitución de
Yucatán del año 1841.
Aun cuando el nacimiento del amparo en México se ha situado en la
Constitución de Yucatán de 1841, en las Constituciones federales previas se
vislumbraban intentos de establecer una figura similar a lo que conocemos hoy en
día como los medios de control constitucional o de la constitucionalidad de los actos
de las autoridades (Fernández, 2011, p.63).
5
El origen de esta institución de forma más clara lo establece Perdomo (2006,
p.77):
“En Hispanoamérica, la institución tiene sus antecedentes en México, nación que por efectos de su cercanía con los Estados Unidos estuvo impregnada desde temprano de los derechos individuales enarbolados por la Revolución Francesa y del principio de la supremacía de la Constitución desarrollado por el juez Marshall en la famosa sentencia Marbury vs Madison de finales del siglo XVIII en los Estados Unidos. México ya consagraba el Amparo en su Constitución de Yucatán 1840, como recurso tutelar de todo hecho, acto o lesión a un derecho constitucional, a ser aplicado por el Poder Judicial. En México, el juicio de Amparo no solamente incluye la protección de los derechos constitucionalizados, sino también la acción para anular cualquier disposición contraria a la Constitución y el hábeas corpus”.
Asimismo, Perdomo (2006, p.93) sostiene como esta figura de México fue
extendiéndose a otros países de la región, como Brasil, Venezuela, Argentina y
Colombia.
Haciendo un análisis de lo antes establecido, la mayoría de los doctrinarios
coinciden con el hecho de que no fue sino hasta el año 1841 cuando nace la figura
jurídica del amparo. Partiendo de esta afirmación es importante destacar que para el
año 1836 ya se hablaba de la figura del Supremo Poder Conservador de manera que
se planteaba ya, desde ese tiempo que se hicieran valer actos de autoridad que
fueran violatorios de la carta magna.
En consecuencia, Soberanes (1998, p.115) destaca que, aunque la base del
nuevo texto constitucional fue el documento de Rejón, tras sufrir diversos cambios se
destaca la adopción del Juicio Constitucional de amparo en diversas modalidades.
Tal es el caso de:
6
Amparo por violación de garantías individuales por autoridad no judicial, en cuyo
caso conocería un juez de primera instancia.
Amparo por violación de garantías individuales por juez de primera instancia, para
lo cual conocería superior jerárquico.
Amparo contra actos del gobernador por violaciones de la Constitución.
Amparo contra actos inconstitucionales del legislativo, de los cuales igualmente
conocería la Corte Suprema y con efectos particulares.
Tras destacarse este hecho importante y transcendental, Prats (2012, p.39)
cuando hace referencia al origen del amparo, destaca que la misma es una institución
netamente latinoamericana debido a las explicaciones antes citadas. La misma es
incorporada con carácter más amplio en la Constitución de 1857 bajo el influjo de los
wrist estadounidenses pasando de manera progresiva a casi todo el resto de América
Latina adoptando diversos nombres.
En el caso de Brasil esta figura jurídica se destaca con el nombre de
“Mandamiento de Seguridad” y luego de analizar la Constitución del referido país se
trata de una garantía que permite a toda persona física o jurídica la protección de
aquellos derechos fundamentales que no estén protegidos por el habeas corpus o
por el habeas data, siempre que los mismos hayan sido lesionados o estén en peligro
de ser lesionados.
Por su parte, en Chile se le conoce a esta figura como “Recurso de Protección”
siendo aquella acción que la Constitución concede a aquellas personas que, como
consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación,
7
perturbación o amenaza de sus derechos y garantías constitucionales (Biblioteca del
Congreso Nacional de Chile).
Los derechos y libertades amparados por el recurso de protección, son en
términos generales los siguientes:
Derecho a la vida.
Igualdad ante la ley.
Libertad de conciencia y libertad de culto.
Libertad de enseñanza.
Derecho de propiedad.
Libertad de opinión e información.
Libertad de reunión.
Libertad de desarrollar cualquier actividad económica; Entre otros.
Asimismo, en Colombia se trata a esta figura jurídica con el nombre de “Acción
de Tutela” siendo esta un mecanismo de derecho procesal constitucional con
carácter específico y directo del que se puede valer toda persona, cuando los
derechos fundamentales han sido violados o existe amenaza de violación o de
vulneración por parte de una autoridad pública o de un particular encargado de la
prestación de un servicio o actividad pública, frente a la cual se encuentre en
circunstancias de subordinación (Blacio, 2018, p.80).
Lo establecido con anterioridad está sustentado en la Constitución de
Colombia de 1991 en su Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para
8
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela se destaca la “Acción de
Amparo Constitucional” de la siguiente manera:
Artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece que: “toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el
goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos
inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.
Es una acción protectora de los derechos y garantías constitucionales y, por
tanto, restablecedora de la situación jurídica infringida, que se tramita por un
procedimiento oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, conforme lo
dispone el segundo párrafo del artículo 27 citado (Huerta, 2011, p.56).
Analizando lo establecido, podemos estudiar lo siguiente: Si bien es cierto que
en Venezuela se define esta figura como protectora de los “derechos y garantías
constitucionales”, no es menos cierto que la misma, a pesar de que no hace
referencia literalmente a los derechos fundamentales, al establecer los derechos y
garantías constitucionales se entiende que se refiere efectivamente a aquellos
9
derechos fundamentales que son derechos constitucionales porque están
amparados en la constitución.
La evolución de esta figura en toda América Latina resulta bastante
interesante, más en el caso de Argentina donde el amparo fue creado de manera
jurisprudencial cuando entendieron que la libertad física no era el único derecho
fundamental que merecía protección. (Ver jurisprudencia argentina; caso Ángel Siri,
director de un periódico clausurado sin razón aparente).
En el caso de República Dominicana, el amparo llega de la mano de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque es importante destacar
que el mismo no se incorporó de manera inmediata. Se trata de la Resolución 217 A
(III), en fecha 10 de diciembre de 1948 en París. Estudiaremos en nuestro marco
legal lo establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
importancia de este texto en nuestro ordenamiento jurídico.
1.1.2 Conceptualizaciones.
El origen etimológico de amparo es el latín “anteparāre”, que tiene como
significado proteger, acobijar, defender y resguardar. Este término puede dar
referencia al resguardo que se brinda a una persona, animal o un objeto. En el ámbito
del derecho, un recurso o amparo es una garantía de naturaleza constitucional, que
se establece mediante un proceso de orden jurídico y que se produce a la hora de
haber una transgresión de los derechos, que tiene como propósito proteger los
10
derechos humanos que han sido establecidos en la constitución (Definista, 2014,
p.100).
La acción de amparo es una garantía prevista para casos excepcionales y, en
particular, para situaciones en las cuales exista una incuestionable urgencia y el
ordenamiento jurídico no cuente con otros mecanismos idóneos para remediar la
situación de que se trate (Acosta, 2012, p.65).
En nuestra Constitución se hace referencia a la acción de amparo, pero
entendemos que es importante destacar que dependiendo de la legislación del país
puede hacerse referencia al “Recurso de Amparo”. Esto es, por el hecho de que
según la normativa del derecho procesal constitucional de cada país el amparo puede
garantizarse a través de una acción jurisdiccional o de un recurso procesal.
Dicho esto, entendemos oportuno diferenciar el amparo como acción y como
recurso.
El amparo como “acción” consiste en proteger cualquiera de los demás
derechos que no se encuentren protegidos por el hábeas corpus. En tanto cuando
hablamos del amparo como “recurso” entendemos la misma como una garantía
procesal conferida al ser humano.
El amparo puede definirse como aquel procedimiento de carácter
jurisdiccional, extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los
derechos consagrados constitucionalmente, tendente a lograr el restablecimiento de
los mismos de una manera efectiva e inmediata (Blog, temas de Derecho, 2012).
11
En este mismo orden de ideas, el autor Fajardo (2007, p.83), establece que el
Amparo es una garantía de los derechos, pero que siendo el amparo una garantía de
los derechos, podría decirse que es un derecho de garantía.
Estudiando estos conceptos entendemos oportuno destacar el juicio de
amparo en México, como hemos destacado con anterioridad, la figura jurídica del
amparo tiene sus raíces mexicanas.
Por tanto, Ferrer, Martínez y Figueroa (2014, p.46) sostienen lo siguiente:
“El juicio de amparo mexicano es un medio de control constitucional a través del cual se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o, en ciertos casos, de particulares. Su ámbito de protección se extiende a la tutela de todo el orden jurídico nacional, pues comprende las funciones de habeas corpus o tutela de la libertad personal, la protección de los derechos fundamentales de fuente nacional e internacional, el control de constitucionalidad de leyes, así como el control de legalidad de los actos de las autoridades administrativas y de las sentencias judiciales”.
Una vez estudiadas estas conceptualizaciones, es necesario puntualizar la
existencia de algunos amparos especiales establecidos en nuestro país. Tal es el
caso del “amparo de cumplimiento” regulado por la ley 137-11, el mismo está
establecido en el artículo 104 que estudiaremos en la sección referente a la acción
de amparo como mecanismo para hacer cumplir una ley o acto administrativo.
Asimismo, se destaca la existencia del Amparo Colectivo establecido en al
artículo 112 de la Ley 137-11, sosteniendo lo siguiente:
“La defensa jurisdiccional de los derechos colectivos y del medio ambiente y
de los intereses colectivos y difusos procede para prevenir un daño grave, actual o
inminente, para hacer cesar una turbación ilícita o indebida, para exigir, cuando sea
12
posible, la reposición de las cosas al estado anterior del daño producido o la
reparación pertinente”.
Además, se destaca también el Amparo Electoral establecido en la Ley 137-
11, artículo 114:
“El Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de las acciones
en amparo electoral conforme a lo dispuesto por su Ley Orgánica”.
Párrafo. Cuando se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales,
de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria, se puede
recurrir en amparo ante el juez ordinario competente.
No obstante, para poder comprender cabalmente la acción de amparo es
ineludible delimitar su definición dejando claro aquellas figuras que podrían
confundirse con ésta.
La primera acción semejante es el hábeas corpus, institución muy antigua de
origen inglés, que tiene por objeto amparar el derecho fundamental de la libertad
física o corporal. Como es evidente, el hábeas corpus tiene un alcance mucho más
restringido, aunque tiene un valor fundamental como predecesor del amparo
(Perdomo, 2006, p.59).
Asimismo, Perdomo (2006, p.45) sostiene que el amparo tampoco es una
acción de inconstitucionalidad, pues su objeto esencial es proteger el derecho
fundamental de una persona que es víctima de un hecho, una acción u omisión que
lo lesiona. Mientras que la acción en inconstitucionalidad tiene por objeto la revisión
13
de una norma impugnada de inconstitucionalidad, en una confrontación directa con
la norma.
1.1.3 Marco Legal.
Puede destacarse que el precedente más remoto, cuando hablamos de la
base legal de la acción de amparo en nuestro país, es la consagración del “Amparo
Electoral” establecido en el artículo 117 de la ley electoral de 1962.
La misma establecía lo siguiente:
“Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del
ejercicio del sufragio, podría solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquiera
otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o
autoridad”.
En este mismo orden, de manera cronológica vemos como en el año 1996 nos
llega el amparo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado
por la Asamblea General de las Nacionales Unidas mediante resolución 2200 de
1966, en su artículo 3 donde se establece que los estados que forman parte de dicho
pacto se comprometen a garantizar la igualdad en el goce de los derechos civiles y
políticos enunciados en el mismo.
14
En tanto, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de
San José, firmado en la ciudad de San José, Costa Rica en 1969. Vemos como este
pacto nos obliga de una u otra forma a incorporar la figura jurídica del amparo en
nuestro sistema jurídico, bajo los términos del artículo 25 que establece lo siguiente:
Protección judicial:
1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley
o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
Según lo establecido por Núñez (2014, p.92) no existía en nuestro país un
mecanismo procesal que permitiera a los dominicanos llevar a cabo un procedimiento
en el cual pudiesen ejercer un recurso de amparo, sino hasta el año 1999 con una
15
importante resolución en la que se estableció un procedimiento a seguir para la
acción de amparo.
Un acontecimiento de suma importancia que marca un hito en el ordenamiento
jurídico dominicano respecto a esta figura, ocurre en el año 2006 con la creación de
la ley de amparo, la 437-06 estableciendo en su artículo 1 lo siguiente:
“La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una
autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos
o garantías explicitas o implícitamente reconocidas por la Constitución de la libertad
individual, tutelada por el habeas corpus”.
Para el año 2010, finalmente se incorpora la figura del Amparo en el artículo
72 de nuestra Constitución estableciendo lo siguiente:
Acción de amparo. “Toda persona tiene derecho a una acción de amparo
para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus,
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o
acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De
conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito
y no sujeto a formalidades”.
16
Párrafo. - “Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que
vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos suspendidos
están sujetos a la acción de amparo”.
La más reciente modificación Constitucional fue llevada a cabo en el año 2015.
Para estos fines, es importante destacar que dicha Constitución mantiene en su
artículo 72 las disposiciones relativas a la acción de amparo tal cual establecía la
Constitución del año 2010.
En este mismo orden de ideas es importante destacar la creación del Tribunal
Constitucional.
Artículo 184 de la Constitución:
Tribunal Constitucional. “Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la
supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de
los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y
constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos
del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”.
No obstante, Moreno (2017, p.99) plantea la existencia de una problemática
que debía ser resuelta, refiriéndose a la inconstitucionalidad de la ley 437-06 en
cuanto a que las sentencias emanadas de los Recursos de Amparo no podían ser
17
impugnadas, se creó la ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales 137-11, derogando así la ley 437-06.
Si bien es cierto que nuestro tema de estudio gira en torno al Tribunal Superior
Administrativo que estudiaremos más adelante, no es menos cierto que tratándose
de la Acción de Amparo es de suma importancia referirnos al Tribunal Constitucional.
De este modo damos profundidad y marcamos un marco constitucional para esta
figura, puesto que además de las disposiciones constitucionales, también se sustenta
en dicho tribunal.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana fue creado por la
Constitución de fecha 26 de enero de 2010. Su misión es garantizar la supremacía
de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos
fundamentales. El Tribunal constitucional fue concebido por la Constitución como el
órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad
(tribunalconstitucional.gob.do, 2018).
El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer en única instancia:
De las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,
reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la
república, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de
Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido.
18
Del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por
el órgano legislativo.
De los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno
de sus titulares.
De conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las decisiones
jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, y en los casos previstos por la
Ley 137-11.
De conocer los recursos de revisión que se interpongan en relación con
sentencias dictadas en materia de Amparo.
1.2 Importancia y alcance de la Acción de Amparo.
Conforme pasa el tiempo, más escuchamos hablar de los derechos
fundamentales y no es para menos, se trata de aquellos derechos inalienables, que
nos corresponden por el simple hecho de ser personas. De manera que, ésta es
precisamente la importancia de esta figura, aquella figura que nos protege de
aquellos actos de arbitrariedad por parte de cualquier persona o autoridad.
Por este motivo, es oportuno que dediquemos una sección justamente para
destacar la importancia de la acción de amparo. Para ello, llevaremos a cabo una
conceptualización de “Derechos Fundamentales”.
Al respecto, Barinas (2016, p.39) define los derechos fundamentales de la
manera siguiente:
19
“Una definición mucho más formal, estructural y abarcadora de derechos fundamentales la ofrece el influyente jurisconsulto italiano Luiggi Ferrajoli, quien en su conocida obra “Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”, propone la siguiente definición: “Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendido por “derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones), o negativas (de no sufrir lesiones), adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”.
Los derechos fundamentales han sido definidos como el conjunto de
facultades y prerrogativas, pertenecientes e inherentes de manera natural a toda
persona, y que el derecho público, particularmente y constitucional, se encarga de
imponer al Estado el respeto y la protección de conformidad con ciertos textos de
aplicación universal (Restrepo, 1995, p.45).
Los derechos fundamentales adquieren su verdadera dimensión cuando se
fundamentan en un poder constituyente atribuido al pueblo, lo que, si es más que
una idea metafísica, exige la articulación de una serie de procedimientos jurídicos
que garanticen el efectivo y concreto sometimiento a la Constitución de todos los
órganos estatales, es decir; del poder constituido (Prats, 2005, p.100).
Ciertamente, si los derechos fundamentales descritos en nuestra Constitución
no fueran acompañados de mecanismos jurídicos capaces de concretizar estas
prerrogativas, que son las llamadas garantías constitucionales, la misma solo sería
una letra muerta con un soplo de vida solo en la mente de sus creadores y los ilusos
que en ella creyéramos (Henríquez, 2014).
En vista de la importancia que tiene la acción de amparo por el hecho de
proteger nuestros derechos fundamentales, es lógico que entendamos que su
20
alcance entonces, es tan amplio y preponderante como lo son los derechos
fundamentales. De manera tal que la fuerza que pesa sobre los derechos
fundamentales es la misma fuerza que sostiene y fundamenta esta figura como
protectora de estos derechos.
La Suprema Corte de Justicia Dominicana estableció que el objeto del amparo
es la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución de la Republica, la ley y la Convención de los Derechos Humanos,
contra actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas que actúen o no
en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares (Guerra, 2013, p.45).
Se destaca además la importancia de la acción de amparo en el hecho de que
la misma es una figura restablecedora, al hablar de esto nos referimos a que la misma
restablece la situación jurídica infringida, haciéndolo de forma inmediata.
Al plantearnos la idea de estudiar la importancia de la acción de amparo no
buscamos basarnos en simples conceptos, sino estudiar y analizar qué sería de una
sociedad y un sistema jurídico sin una figura que proteja los derechos fundamentales
establecidos en nuestra carta magna.
Asimismo, vemos lo derechos fundamentales como el conjunto de
prerrogativas inherentes a cada persona, como unidad básica de valor moral y
teniendo derecho a que los mismos sean garantizados sin menoscabar su pleno
disfrute personal y social siempre que se fijen los límites establecidos por cada
sistema jurídico. Partiendo de ello y asumiendo estas prerrogativas como esenciales
21
para vivir y vivir en sociedad, queda más que fundamentada la importancia del
Amparo para salvaguardar estos derechos.
La acción de amparo tiene por objeto proteger a toda persona de cualquier
hecho, acto u omisión que lesione o amenace con lesionar un derecho
constitucionalmente protegido, con excepción de la libertad física o corporal, que se
encuentra protegida por el hábeas corpus (Perdomo, 2006, p.90).
En este mismo orden, la importancia de la acción de amparo también radica
en el hecho de los presupuestos procesales. Entendiendo por ello que esta acción
se lleva a cabo con carácter excepcional.
1.3 Acción de Amparo como garantía de los Derechos Fundamentales.
Existe una conexión importante entre la sección anterior y esta. Con
anterioridad hemos establecido que la importancia de la acción de amparo radica en
que la misma busca la protección de los derechos fundamentales. En esta sección
hacemos una justificación de esta premisa estudiando precisamente el amparo como
garantía de los derechos fundamentales. Dejando claro que estamos ante dos
situaciones diferentes, importancia y alcance de la acción de amparo y acción de
amparo como garantía de los derechos fundamentales.
Al estudiar la acción de amparo como garantía de los derechos fundamentales
es preciso hacer alusión al artículo 68 de nuestra Constitución que establece lo
siguiente:
22
“La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a
través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la
posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados
o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes
públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por
la presente Constitución y por la ley”.
Haciendo un análisis de lo descrito con anterioridad, vemos como la Acción de
Amparo no es una mera conceptualización que hace el legislador en nuestra carta
magna, se trata pues de vincular a todos los poderes públicos a que vean esta figura
como protectora de los derechos fundamentales y cuando la misma sea estudiada,
se aborde desde la perspectiva de la protección inmediata de los “Derechos
Fundamentales”.
Si tenemos que definir esta figura sin duda, “Protección de los Derechos
Fundamentales” ha de ser la primera idea que llegue a nuestras mentes.
Dedicamos esta sección haciendo énfasis de manera tan determinada en los
derechos fundamentales precisamente porque los mismos tratan de aquellos
derechos inherentes a la personalidad humana. Por tanto, no es para menos que se
aborden de esta manera.
El amparo como garantía de los derechos fundamentales aporta a todo el
ordenamiento jurídico dominicano la seguridad y protección que cada persona
23
perece, destacando en este sentido la condición de dignidad humana que pesa sobre
cada ser humano y esta figura no está al margen de la misma.
En principio los derechos fundamentales fueron destacados como
“iusnaturalismo” y para poder entender el porqué de esta acción como garantía de
los derechos fundamentales, puntualizaremos esta definición.
El iusnaturalismo sostiene que el origen de los derechos humanos no reside
en la ley positiva, sino que parte de la naturaleza propia del ser humano, una
naturaleza que es superior y precedente a cualquier ley positiva. Una definición
clásica de iusnaturalismo es la siguiente: el derecho natural es aquel que la
naturaleza da a los seres humanos por el simple hecho de serlo. En el caso de las
tradiciones religiosas, los derechos naturales son una de las características con las
que Dios dota a los seres humanos (Amnistía Internacional, s.f).
En este mismo orden de ideas, pero haciendo referencia a los derechos
subjetivos, Amiama (1986, p.99) destaca lo siguiente:
“Los derechos subjetivos aparecen en el concepto de la idea política del liberalismo y es cuando son positivizados en el derecho vigente para constituirse en contrapeso al poder político, y servir de garantías de posiciones subjetivas. Igualmente han sido llamados derechos absolutos y se han definido como aquellas prerrogativas del hombre que, en el concepto de la vida moderna de la humanidad, se consideran indispensables para que el hombre pueda cumplir normalmente sus fines naturales y sociales. Aunque estos derechos se consagran en las Constituciones para precisarlos y reafirmarlos se sostiene en la teoría política que su existencia es superior y anterior a todo pacto constitucionalista”.
Al estudiar la acción de amparo como garantía de los derechos fundamentales,
también fundamentamos en sentido amplio “los derechos humanos” donde la
24
comunidad internacional los reivindica como superiores a los respectivos derechos
positivizados.
Entendemos ineludible hacer un paréntesis, tratando la figura jurídica de la
acción de amparo como garantía de los derechos fundamentales, para dejar claro los
conceptos de debido proceso y tutela judicial efectiva.
Esto es, porque ambos conceptos quedan encerrados en el capítulo II de
nuestra Constitución sobre las garantías de los derechos fundamentales donde se
encuentra la acción de amparo que es el objeto de estudio del presente trabajo final.
Este concepto (Debido Proceso) no debe ser confundido, no obstante, con la
tutela judicial efectiva, pues mientras el primero es relativo a los derechos
fundamentales de todo tipo de proceso (jurisdiccional, administrativo, arbitral, militar,
disciplinario, político y particular), la tutela judicial efectiva, además de tener su origen
diferente, solo tiene carácter jurisdiccional (Prats, 2005, p.78).
En tanto, retomando la esencia de la Acción de Amparo como protectora de
los derechos fundamentales, Prats (2013, p.100) deja por sentado que esta acción
debe llevarse a cabo siempre para reclamar la protección de los derechos
fundamentales. Por ello, este jurista afirma lo siguiente:
“… lo cual realza la necesidad de que exista en el accionante un interés
calificado, personal, legítimo y directo, es decir, que haya una lesión directa, actual o
inminente sobre sus derechos que le legitime para acudir a los tribunales en
búsqueda del restablecimiento de la situación jurídica subjetiva infringida, ya sea por
sí o mediante un legítimo representante que actúe en su nombre”.
25
CAPÍTULO II:
ACCIÓN DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR
ADMINISTRATIVO.
26
CAPÍTULO II: ACCIÓN DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO.
Una vez estudiada la acción de amparo, sus orígenes, naturaleza jurídica e
importancia, es preciso estudiar el Tribunal Superior Administrativo desde sus
orígenes hasta su estructura en la actualidad, para de este modo poder vincular está
institución jurídica ante este tribunal, comprender la efectividad y alcance del mismo
y de este modo sostener nuestro estudio jurídico.
2.1 Naturaleza jurídica y atribuciones del Tribunal Superior Administrativo.
No es posible abordar el tema de la acción de amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo, sin antes estudiar la historia de la justicia tributaria y administrativa en
nuestro país para de este modo poder conocer su naturaleza jurídica y
posteriormente analizar las atribuciones del mismo.
Desde el siglo XVI, se pueden encontrar los primeros esbozos del Tribunal
Contencioso-Administrativo. En efecto, en 1510, el Rey Fernando de Aragón creó en
el territorio Dominicano la Real Audiencia. Este tribunal supremo, ubicado en Santo
Domingo, era un cuerpo administrativo competente para conocer de los asuntos
contenciosos que ocurrían en la colonia. Más particularmente, conocía de las
apelaciones contra las decisiones del gobernador (Issuu, 2010, p.90).
En otro orden, Amaro (2007, p.109) sostiene que el Tribunal Superior
Administrativo tiene su origen en la reforma constitucional del año 1875, destacando
27
además el artículo 41 con la denominación de Consejo de Estado ante la facultad
atribuida a la Cámara de Diputados, para conocer en funciones de Consejo de
Estado, durante el receso del congreso nacional de las acciones contenciosa-
administrativas.
Asimismo, Issuu (2010, p.66) sostiene que, con las reformas Constitucionales
de 1881, 1896 y 1907, la gestión de los asuntos contenciosos-administrativos pasó
bajo el control del Poder Judicial. Como consecuencia, la Suprema Corte de Justicia
se encargó de la Función Administrativa.
Con la reforma constitucional del año 1942, es cuando verdaderamente el
legislador obtiene la facultad de crear o suprimir tribunales cuya naturaleza radicara
en el hecho de conocer y por consiguiente decidir sobre aquellas controversias
surgidas entre la administración estatal y los administrados.
En tanto, partiendo de lo establecido con anterioridad, se destaca como el
sistema contencioso administrativo gana independencia respecto al Poder Judicial a
partir de esta reforma, llevada a cabo en el año 1942. En este contexto se destaca el
artículo 33 inciso 11.
No es sino hasta agosto del año 1947, cuando se promulga la ley no. 1494,
que instituye la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta jurisdicción fue
organizada en base a un Tribunal Superior Administrativo, una Procuraduría General
Administrativa y Tribunales Contenciosos Administrativos de Primera Instancia. En la
referida ley se establece que el Tribunal Superior Administrativo es competente para
28
conocer los recursos contencioso-administrativos de primera instancia o cuando los
mismos provengan de actuaciones de los órganos de la administración pública.
La ley 183-02, del 8 de enero de 2002, aprueba la ley Monetaria y Financiera
e instituye el Código Financiero y Monetario. Mediante la ley no. 10-04, del 8 de enero
de 2002, se dispone que a cámara de cuentas ejercerá las funciones de Tribunal
Superior Administrativo hasta tanto sea creado un nuevo tribunal (Amaro, 2007,
p.132).
Al respecto, un hito significativo que marcó la evolución de la justicia tributaria
y administrativa en nuestro país fue la promulgación de la ley no. 13-07, donde el
legislador facultó a la Suprema Corte de Justicia para dividir el Tribunal Contencioso
Tributario y Administrativo en dos (2) salas, integradas por no menos de tres (3)
magistrados entre los cuales habrá un juez presidente. Además, estableció que la
jurisdicción administrativa estará conformada por dos grados de jurisdicción, primer
grado corresponde a los Juzgados de Primera Instancia y el segundo grado a los
Tribunales Superiores Administrativos, cumpliendo así con el principio del doble
grado de jurisdicción (Observatorio Judicial Dominicano, ojd.org.do).
En este mismo orden, la ley 13-07 también crea la jurisdicción contenciosa-
administrativa municipal. Estando a cargo de los juzgados de primera instancia en
atribuciones civiles, donde conocen aquellos recursos de los particulares con relación
a los actos administrativos de los ayuntamientos.
29
En tanto, Issuu (2010, p.59) destaca como el proyecto de reforma
constitucional del año 2009 en su artículo número 152 instituye la creación de un
Tribunal Superior Administrativo con jurisdicción nacional y asiento en Santo
Domingo, integrado por lo menos cinco magistrados designados por el Consejo
Nacional de la Magistratura teniendo las mismas condiciones de inamovilidad y
requisitos para su nombramiento que los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Con la Constitución del 26 de enero de 2010, la jurisdicción contencioso-
administrativa toma un carácter constitucional. Por consiguiente, en apego a la sexta
disposición transitoria el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, pasó a ser
Tribunal Superior Administrativo.
La sexta disposición transitoria de la Constitución del (2010) instituyó lo
siguiente:
“El Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el
Tribunal Superior Administrativo creado por esta Constitución. La Suprema Corte de
Justicia dispondrá las medidas administrativas necesarias para su adecuación, hasta
tanto sea integrado el Consejo del Poder Judicial”.
En este mismo orden de ideas, es importante destacar que siendo la
Constitución del año 2015 nuestra más reciente modificación Constitucional, la sexta
disposición transitoria queda intacta respecto a su contenido.
30
Asimismo, nuestra actual constitución en su capítulo IV de las jurisdicciones
especializadas, sección I de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo
164 establece lo siguiente:
“La Jurisdicción Contencioso Administrativa estará integrada por Tribunales
Superiores Administrativos y Tribunales Contencioso Administrativos de primera
instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial y
procedimientos serán determinados por la ley. Los Tribunales Superiores podrán
dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurribles en casación”.
Párrafo I. Las y los jueces de los Tribunales Superiores Administrativos
deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de cortes de apelación.
Párrafo II. Las y los jueces de los Tribunales Contencioso Administrativos
deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los jueces de primera instancia.
En otro orden, en cuanto a la definición de la justicia administrativa, Issuu
(2010, p. 134) considera esta como un conjunto de medios que permiten dirimir los
posibles conflictos que se produzcan entre los particulares y el Estado.
El Tribunal Superior Administrativo es un órgano jurisdiccional de carácter
nacional, es competente para conocer y decidir, en primera y última instancia,
cuestiones relativas al cumplimiento, caducidad, rescisión, interpretación y efectos
de los contratos administrativos (cesiones y contratos de servicios públicos o de
construcción de obras) celebrados por el Estado (Observatorio Judicial Dominicano).
31
En cuanto a las atribuciones del Tribunal Superior Administrativo, establecidas
en el artículo 165 de nuestra Constitución, pueden estacarse las siguientes:
Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos,
tributarios, financieros y municipales de cualquier Tribunal Contencioso
Administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter.
Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y
disposiciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como
consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares,
si éstos no son conocidos por los Tribunales Contenciosos Administrativos de
primera instancia.
Conocer y resolver en primera instancia o en apelación, de conformidad con
la ley, las acciones contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos
entre la administración pública y sus funcionarios y empleados civiles.
Es importante resaltar, además, la figura del procurador general
administrativo, establecido en el artículo 166 de nuestra carta magna:
“La administración pública estará representada permanentemente ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa por el procurador general administrativo y, si
procede, por los abogados que ésta designe. El procurador general administrativo
será designado por el poder ejecutivo. La ley regulará la representación de los demás
órganos y organismos del Estado”.
32
En este mismo orden, no podemos estudiar la acción de amparo ante este
tribunal sin antes destacar sus principios fundamentales:
Legalidad.
Doble grado de jurisdicción.
Dualidad jurisdiccional.
Justicia.
Igualdad.
Equidad.
Eficacia.
Jerarquía.
Objetividad.
Transparencia.
Publicidad.
Debido proceso.
Oralidad.
2.2 Efectividad de la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
Al escuchar hablar de la acción de amparo lo primero que llega a nuestras
mentes es el Tribunal Constitucional. Por ello, nuestro trabajo de grado se centra en
aquellos casos donde se lleva a cabo esta acción ante el Tribunal Superior
Administrativo. De manera que estudiando la efectividad de esta figura ente este
tribunal se sustenta nuestro estudio jurídico.
Un texto que justifica la efectividad de la acción de amparo ante el Tribunal
Superior Administrativo viene del destacado jurista Eduardo Jorge Prats (2013, p.
78), sosteniendo lo siguiente:
“Una de las bellezas y bondades del sistema de justicia constitucional dominicano es el hecho de que en la República Dominicana, contrario a lo que ocurre en Europa y algunos países de la región americana, como es el caso de Panamá, todo juez, no importa su jerarquía en la organización judicial, es un juez constitucional, es decir, es un juez que, como quiere y manda la Constitución y la Ley
34
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, puede y debe aplicar la Constitución y, en general, el bloque de constitucionalidad, para solucionar las controversias que se dirimen en su jurisdicción. Esto significa que hay una mayor proximidad de la justicia constitucional al ciudadano y que el juez ordinario está empoderado de lo constitucional, en la medida en que el Tribunal Constitucional (TC), en tanto jurisdicción constitucional especializada, no monopoliza la potestad de rendir justicia constitucional”.
En tanto, asumiendo lo establecido, entendemos que ciertamente el Tribunal
Superior Administrativo no está ajeno al cumplimiento cabal de la Constitución para
de esta manera dar solución a aquellos casos en los que haya sido vulnerado
cualquier derecho fundamental. Tal como lo establece Eduardo Jorge Prats, de este
modo hay una “mayor proximidad de la justicia constitucional al ciudadano”. De
manera que, el tribunal constitucional como jurisdicción especializada no monopoliza
la potestad de rendir justicia constitucional y con ello queda evidenciado el importante
alcance que tiene la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
En este contexto es importante abordar el concepto de “Constitucionalización
del ordenamiento jurídico”, atendiendo a la fuerza vinculante de la constitución.
De acuerdo con Riccardo Guastini, por “constitucionalización del
ordenamiento jurídico” podemos entender un proceso de transformación de éste, al
término del cual “resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales”,
porque la ley fundamental resulta “extremadamente invasora, entrometida, capaz de
condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción
de los actores políticos, así como las relaciones sociales (Carbonell y Sánchez, 2012,
p. 98).
35
Sin duda, con el tiempo el Tribunal Superior Administrativo ha adquirido un
empoderamiento significativo en materia constitucional, quedando evidenciado el
interés de este órgano por hacer valer nuestra carta magna y aquellos derechos
fundamentales vulnerados no son la excepción para que este tribunal proteja
cabalmente dichos derechos.
Para, Prats (2013, p.80) existe una manifestación clara de este
empoderamiento constitucional por parte de los jueces en su labor jurisdiccional del
Tribunal Superior Administrativo. En vista de que este tribunal lidio con las relaciones
entre los ciudadanos y la administración es evidente como pueden darse casos de
sanciones por una autoridad administrativa, negación de forma arbitraria de una
licencia, autorización o permiso tarde o temprano, ya sea por la vía de Amparo
Constitucional, el Recurso Contencioso Administrativo o de las medidas cautelares,
arriba al Tribunal Superior Administrativo.
Por tanto, debido a las situaciones antes citadas, el Tribunal Superior
Administrativo está obligado no solo a rendir justicia administrativa, sino también
justicia constitucional debido a que los administrados gozan evidentemente de
derechos fundamentales, de manera que los jueces de este tribunal deben tutelar
cabalmente estos derechos.
Para ello, citamos nuevamente a Prats (2013, p.51) quien afirma lo siguiente:
“La importancia del Tribunal Superior Administrativo como jurisdicción constitucional ordinaria crece en la medida en que el Tribunal Constitucional ha cercenado sus propias competencias al negarse, contrario al mandato expreso del artículo 185.1 de la Constitución y la voluntad clara del constituyente de 2010, expresada en los trabajos preparatorios de la reforma constitucional, a verificar la constitucionalidad de los actos administrativos impugnados mediante la acción directa en
36
inconstitucionalidad. Esto significa que, hasta que no haya un viraje jurisprudencial del Tribunal Constitucional que subsane está clara violación de la Constitución, la única jurisdicción donde es posible cuestionar un acto administrativo es el Tribunal Superior Administrativo”.
Asimismo, Prats (2013) afirma que llama la atención el interesante diálogo que
se da entre el Tribunal Superior Administrativo y la tercera sala de la Suprema Corte
de Justicia en cuanto al conjunto de decisiones que han impactado de manera
significativa la relación entre la justicia administrativa y los ciudadanos. Además, se
destaca el importante diálogo que se da también entre el Tribunal Superior
Administrativo y el Tribunal Constitucional en cuanto a las revisiones de amparo, a lo
que este renombrado jurista llama “Derecho Administrativo Constitucional”.
Entendemos, según este análisis, que lo que se pretende con el derecho
administrativo constitucional, es afianzar el sistema jurídico dominicano, de manera
que se busque lograr que la administración actúe siempre sometida al derecho y por
ende salvaguardando los derechos fundamentales de cada persona.
Ante esta situación, veamos lo establecido por nuestra carta magna en su
artículo 138 en cuanto a los principios de la administración pública:
. “La administración pública está sujeta en su actuación a los principios de
eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y
coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.
37
En tanto la Ley regulará los siguientes aspectos:
El estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública con arreglo
al mérito y capacidad de los candidatos, la formación y capacitación
especializada, el régimen de incompatibilidades de los funcionarios que aseguren
su imparcialidad en el ejercicio de las funciones legalmente conferidas.
El procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos
administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las
excepciones que establezca la ley.
Si deseamos una premisa un tanto más exacta para justificar la efectividad de
la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, queda sustentada en
que dicha acción vincula a todos los poderes y podríamos decir que vincula a todas
las instituciones. No se trata de encasillar la acción de amparo en el Tribunal
Constitucional, sino estudiarla desde el punto de vista del fin para el cual ha sido
instituida esta figura y su fin es proteger derechos fundamentales, en tanto lo
importante es la manera en que las instituciones, los organismos, la propia
Constitución y los tribunales dan fiel cumplimiento a la naturaleza jurídica para la que
ha sido creada la misma.
Al respecto, entendemos preciso estudiar la conceptualización del derecho
constitucional procesal como destaca Sagúes (2002), no para vincularnos con su
38
definición en el más amplio sentido, sino para estudiar su alcance, de manera que
nos pueda servir para asociar el amparo con el Tribunal Superior Administrativo.
El derecho constitucional procesal, es un sector del derecho constitucional
que se ocupa de algunas instituciones procesales reputadas fundamentales por el
constituyente (formal o informal). Entre estas cuestiones procesales pueden
mencionarse, por ejemplo, ciertas garantías de una recta administración de justicia,
garantías para los jueces, para las partes, formalidades esenciales del
procedimiento, etcétera (Sagúes, 2002).
Encerrados en esta definición, podemos puntualizar una argumento que dota
de un alto grado de justificación a nuestro trabajo de grado, trata cuando el autor
antes citado sostiene que el Derecho Constitucional Procesal se ocupa de
instituciones procesales reputadas fundamentales por el constituyente, en este caso
el punto de análisis es lo que el mismo autor destaca como “instituciones procesales”,
de manera que puede entenderse como deja el campo amplio para que las figuras
constitucionales se expandan y tengan un mayor alcance constitucional.
No se limita a una institución netamente de carácter constitucional, sino a
aquellas instituciones procesales reputadas como fundamentales. De manera que, si
hablamos de institución procesal el Tribunal Superior Administrativo ciertamente lo
es.
Asimismo, es ineludible puntualizar que, en todo caso, independientemente
del tribunal, lo que se busca a través de este estudio y lo que se ha venido trabajando
39
en todo el sistema jurídico dominicano es fortalecer siempre la supremacía
constitucional.
Si las especificaciones antes descritas, estudiadas y analizadas respecto al
alcance de la acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, se
justificara: ¿Qué otros argumentos podemos analizar?, se establece esta
interrogante precisamente porque sirve de fundamento y puede verse en esta
sección la manera en que ha calado la figura jurídica de la acción de amparo hasta
la administración, recordando además como la misma alcanza la materia electoral
también.
De manera que, sin duda alguna, se hace cada vez más efectiva esta figura
ante el Tribunal Superior Administrativo.
Para concluir y fundamentar aún más la presente sección y nuestro trabajo de
grado, basta con dejar establecidas las disposiciones de los artículos 74 y 75 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales que
rezan de la manera siguiente:
Artículo 74: “amparo en jurisdicciones especializadas. Los tribunales o
jurisdicciones especializadas existentes o los que pudieran ser posteriormente
establecidos, deberán conocer también acciones de amparo, cuando el derecho
fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional
específico que corresponda a ese tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo
caso, el procedimiento previsto por esta ley”.
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Artículo 75: “amparo contra actos y omisiones administrativas. La acción de
amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que
sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”.
Vemos entonces como la propia ley deja claro el campo de la acción del
amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.
2.3 Acción de amparo como mecanismo para hacer cumplir una ley o acto
administrativo.
La acción de amparo o amparo constitucional tiene una amplia extensión, en
vista de que no se limita a la simple protección o garantía de los derechos
fundamentales como se ha expresado de manera reiterada en nuestro trabajo de
grado. Esta figura jurídica también es un mecanismo de protección para hacer
cumplir una ley o acto administrativo. Con ello, se fundamenta aún más el porqué de
nuestro estudio jurídico, al estudiar esta figura desde el Tribunal Superior
Administrativo.
Por ello, Medina (2015, p.62) destaca lo siguiente:
“La acción de amparo ha sido concebida por el constituyente como una garantía procesal que posee el ciudadano a fin de hacer frente al exceso de poder de los órganos del Estado y los particulares. Por esto, esta acción es la vía procesal idónea para que las personas puedan: (i) garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales; (ii) hacer cumplir una ley o acto administrativo; y, (iii) salvaguardar los derechos e intereses colectivos y difusos”.
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La ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales no. 137-11, respecto a la admisibilidad y legitimación para la
interposición de la acción de amparo, en su artículo no. 65 establece lo siguiente:
“La acción de amparo será admisible contra todo acto omisión de una
autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos
protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data”.
Con este artículo establecido en la ley Orgánica del Tribunal Constitucional
queda evidenciado el sentir del legislador por darle un alcance a la acción de amparo
que además de indicar la protección inmediata de los derechos fundamentales,
también proteja contra todo acto omisión de una autoridad pública y con ello queda
claro que esta figura también es un mecanismo para hacer cumplir la constitución y
las leyes de nuestro país.
En este mismo orden de ideas, si se ha estudiado la admisibilidad de la acción
de amparo, también es importante estudiar las causas de inadmisibilidad
establecidas en el artículo 70 de la referida Ley, estableciendo lo siguiente:
“Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de amparo, luego
de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin
pronunciarse sobre el fondo”, en los siguientes casos:
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1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva
obtener la protección del derecho fundamental invocado.
2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta
días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u
omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.
3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.
Retomando la esencia de la presente sección, Henríquez (2014) sostiene que
la acción de amparo puede atacar a un acto u omisión en el sentido indicado, de un
particular o de una autoridad pública sea ésta ilegal o arbitraria. Por ilegalidad se
entenderá no sólo la violación a la constitución, sino a cualquier ley del derecho
positivo relacionada efectivamente con la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.
De manera que, con lo establecido se fundamenta también el alcance de la
acción de amparo como mecanismo para hacer cumplir la Constitución, una ley o
cualquier acto administrativo.
Sin embargo, la base legal sobre el cual se sostiene la premisa que hemos
venido destacando tantas veces sobre “la acción de amparo como mecanismo para
hacer cumplir una ley o acto administrativo” se encuentra sustentada en la Ley 137-
11, artículo número 104 estableciendo lo siguiente:
“Amparo de cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que
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el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una
norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un
reglamento”.
En consecuencia, destacamos el artículo 105 de la referida Ley, la misma trata
de la legitimación de la Acción de Amparo y establece lo siguiente:
“Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier
persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de
cumplimiento”.
Párrafo I. Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto
por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el
cumplimiento del deber omitido.
Párrafo II. Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio
ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el
defensor del pueblo.
44
CAPÍTULO III:
ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y PROPUESTA TENDENTE A HACER
UN APORTE AL SISTEMA JURÍDICO DOMINICANO.
45
CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE SENTENCIAS Y PROPUESTA TENDENTE A HACER
UN APORTE AL SISTEMA JURÍDICO DOMINICANO.
El presente capítulo constituye la manera en que se llevan a cabo los criterios
jurisprudenciales establecidos hasta el momento por el Tribunal Superior
Administrativo, también otorgará bases para posteriormente analizar el
comportamiento de esta figura jurídica ante este tribunal y así fundamentar el estudio
jurídico.
3.1 Criterios jurisprudenciales del Tribunal Superior Administrativo.
No es posible llevar a cabo un análisis significativo y profundo de la acción de
amparo ante el Tribunal Superior Administrativo sin estudiar minuciosamente los
criterios jurisprudenciales que forman el alma de este trabajo de grado. Aquellos
casos llevados ante este tribunal que hacen extender el derecho constitucional a
otras jurisdicciones y nos muestran el amplio alcance de la figura jurídica de la acción
de amparo.
Si bien es cierto, hay una gran cantidad de casos en materia de amparo
llevados a cabo ante el Tribunal Superior Administrativo. Dentro de la investigación
de sentencias el 75% de los casos consultados han sido desestimados por dicho
tribunal, muchos de los cuales han sido inadmisibles por falta de interés por la parte
accionante y otras por no llevar a cabalidad el cumplimiento de la ley 137-11 Orgánica
del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
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Los casos analizados en la presente sección se han llevado a cabo porque
cumplen con la objetividad, requisitos y parámetros de dicha investigación, puesto
que se resaltarán los criterios sobre los cuales se ha fundamentado el Tribunal
Superior Administrativo respeto a las violaciones de los derechos fundamentales.
Para información más detallada sobre los hechos se puede estudiar la sentencia
íntegra en la parte anexa.
Criterio Jurisprudencial del Tribunal Superior Administrativo referente al
derecho fundamental a la propiedad.
Uno de los casos llevado a cabo ante la segunda sala del Tribunal Superior
Administrativo en materia de acción de amparo por Aquino Auto Mall, S. R. L. Contra:
Dirección General de Aduanas (DGA) y su exdirector, Ing. Fernando Fernández.
No. de expediente: 1400094
No. de Sentencia: 094-2014
Fecha: 13/03/2014
Para llevar a cabo un resumen de los hechos, la parte accionante, sociedad
comercial la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L., alegó la violación de parte de la
Dirección General de Aduanas (DGA), del derecho fundamental a la propiedad y de
actuar de forma arbitraria en su contra, con la retención y decomiso de tres (3)
vehículos descritos en nuestro anexo, importados por la parte accionante, recibido
en la Administración de Aduanas de Puerto de Santo Domingo y pagados los
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impuestos correspondientes. Alega, asimismo, que no ha violado ningún precepto
legal y que, con la actuación, la Dirección General de Aduanas (DGA) ha cometido
un acto de crueldad al retenerle los vehículos en cuestión, sobre la base de que se
encuentra prohibida su importación por ser los mismos vehículos de salvamento, de
conformidad con el Decreto no. 671-02.
Ante estos hechos el Tribunal Superior Administrativo sostuvo los siguientes
criterios estimando que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha vulnerado los
derechos fundamentales de la parte accionante la empresa Aquino Auto Mall, S. R.
L., sobre propiedad y sobre el debido proceso administrativo, en razón de retener los
vehículos importado por la accionante, sin justificación legal alguna.
Este tribunal sostiene además que de acuerdo al artículo 51 de la
Constitución, el derecho fundamental a la propiedad involucra el reconocimiento y la
protección del Estado para garantizar a toda persona el goce, disfrute y disposición
de sus bienes, por lo cual dicho artículo dispone que "1) Ninguna persona puede ser
privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés
social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o
sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley…" y
"5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva,
los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su
origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados
o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
48
psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda
infracción prevista en las leyes penales…"
En el ámbito administrativo y por efecto del numeral 10 del artículo 69 de la
Constitución, "Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas", lo cual proscribe actuaciones arbitrarias de
parte de los órganos y entidades de la administración pública respecto de los
derechos y las reclamaciones de los administrados.
Por todo lo expuesto que esta sala concluye que la Dirección General de
Aduanas ha retenido un vehículo de motor, propiedad de la parte accionante, de
manera injustificada y arbitraria, sin ninguna razón válida
Ante este hecho la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo declaró
buena y válida la acción de amparo y acogió la misma interpuesta por la sociedad de
comercio Aquino Auto Mall, S. R. L., contra la Dirección General de Aduanas (DGA),
por haberse demostrado la conculcación de sus derechos fundamentales a la
propiedad y al debido proceso administrativo y, en consecuencia, ORDENA a la
Dirección General de Aduanas (DGA) a entregar a la sociedad de comercio
accionante Aquino Auto Mall, S. R. L., los vehículos descritos en la parte anexa de
nuestra investigación.
Además de condenar a la Dirección General de Aduanas (DGA) a pagar una
astreinte, por la suma de Mil pesos (RD$1,000.00) diarios, contados a partir del quinto
49
día de notificada la presente sentencia, a favor de la empresa Aquino Auto Mall, S.
R. L.
Criterio Jurisprudencial del Tribunal Superior Administrativo referente a
los derechos fundamentales derecho a la Igualdad y derecho a la seguridad
social.
Otro caso que hemos considerado digno de analizar es el llevado a cabo ante
la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo en materia de acción de amparo
interpuesto por el señor Juan Bautista Corporán Torres en contra del Instituto
Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Haciendo un resumen de los hechos cabe destacar que en fecha trece (13) de
junio del año dos mil doce (2012), el señor Juan Bautista Corporán Torres interpuso
un recurso de amparo contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), con la
finalidad de solicitar a esta jurisdicción, entre otras cosas, que se le reintegre a sus
funciones desempeñadas, para continuar los trámites legales, a fin de que sea
otorgada la pensión a la que tiene derecho, en base a lo estipulado por la Ley 437-
06, del Recurso de Amparo, los artículos 1 y 2 de la Ley 41-08, 58, 65, 66 de Función
Pública, 8, 39, 60 de la Constitución, y 1 de los derechos humanos.
Ante esta situación, el Tribunal Superior Administrativo declaró bueno y válido
el recurso de amparo interpuesto por el señor Juan Bautista Corporán Torres contra
el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). Además, En cuanto al fondo, declara
la vulneración de los artículos 145 de la Constitución y 65 de la Ley 41-08, de Función
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Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, ordenando así la
reintegración del recurrente Juan Bautista Corporán Torres en la nómina como
auxiliar de mantenimiento del Instituto Dominicano de Aviación Civil en base a su
último salario, a fin de esperar su proceso de pensión conforme al art. 65 de la ley de
Función Pública, abonando los salarios caídos desde la exclusión de nómina.
Además, condena al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al pago de
una astreinte diario de mil pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$1,000.00),
por cada día que transcurra sin darle cumplimiento a la presente decisión.
Uno de los criterios establecidos por la segunda sala del Tribunal Superior
Administrativo estuvo basado en el artículo 60 de la Constitución expresando lo
siguiente: derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad
social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para
asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad,
discapacidad, desocupación y la vejez.
Asimismo, se fundamentó esta decisión bajo el criterio de lo establecido en el
artículo 68 de nuestra Constitución referente a las garantías de los derechos
fundamentales.
Además, este tribunal sostuvo lo siguiente:
Que si bien el art. 91 de la ley 137-11 sobre los procedimientos
constitucionales y específicamente respecto al amparo, cuando indica que la
sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para
51
la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante
o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio, sin embargo, conforme al
art. 93. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con
el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado, que
como el impetrante solicita condenaciones, las cuales estaban previstas en la antigua
ley 437-06 sobre amparo, posibilidad que fue suprimida por la ley 137-11, es evidente
que aun generándose daños, el tribunal de amparo está impedido de fijar
condenaciones por daños y perjuicios, pero si puede fijar astreintes que aseguren el
cumplimiento efectivo de lo decidido, a consecuencia de lo cual se fija el astreinte
que en la parte dispositiva así se indica.
Criterio Jurisprudencial del Tribunal Superior Administrativo referente a
la tutela de derechos fundamentales a un debido proceso, dignidad humana,
confianza legítima, igualdad, trabajo, libertad de empresa y a la seguridad
jurídica.
El siguiente caso fue llevado a cabo por ante la primera sala del Tribunal
Superior Administrativo, atribución: acción de amparo. Entre: Miguel Darío Bencosme
Compres. Contra: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).
No. de expediente: 14-00084
No. de sentencia: 00168-2014
Fecha: 08/05/2014
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La acción de amparo se llevó a cabo bajo el sustento de alegadas violaciones
a los derechos fundamentales del señor Miguel Darío Bencosme Compres a un
debido proceso, dignidad humana, confianza legítima, igualdad, trabajo, libertad de
empresa y a la seguridad jurídica.
Ante esto, el accionante, señor Miguel Darío Bencosme Compres, interpuso la
presente Acción Constitucional de Amparo, a fin de que se le restituyan los derechos
fundamentales que le han sido vulnerados en ocasión de que no se le ha hecho
entrega del lote no. 17, correspondiente al ''politécnico Moca etapa 2, nivel M/P'', del
cual resultó como adjudicatario conforme al sorteo ME-CCC-SO-2013-05-GD,
conforme al acto auténtico levantado por el licenciado Rafael Leónidas Rosario
García, notario público de los del número para el municipio de Moca, provincia
Espaillat, en fecha 19 de noviembre de 2013, y contrario a las publicaciones erradas
hechas en el periódico Listín Diario.
Dicho esto, la primera sala del Tribunal Superior Administrativo declaró buena
y válida en cuanto a la forma, la presente acción constitucional de Amparo interpuesta
por el señor Miguel Darío Bencosme Compres y acogió en cuanto al fondo, la citada
acción constitucional de amparo, al haberse comprobado la violación al derecho
fundamental del debido proceso, en consecuencia, ORDENA al Ministerio de
Educación de la República Dominicana (MINERD), la entrega al señor Miguel Darío
Bencosme Compres, del lote no. 17, por haberlo ganado en el sorteo de obras ME-
CCC-SO-2013-05-GD, correspondiente al ''politécnico Moca etapa 2, nivel M/P''
conformado por 48 aulas, de fecha 19 de noviembre de 2013.
53
El criterio jurisprudencial sostenido por la primera sala del Tribunal Superior
Administrativo ante el presente caso se fundamentó en lo que hemos establecido con
anterioridad respecto a la tutela de sus derechos fundamentales a un debido
proceso, dignidad humana, confianza legítima, igualdad, trabajo, libertad de empresa
y a la seguridad jurídica, ya que el Ministerio de Educación de la República
Dominicana (MINERD), no había obtemperado a la entrega del lote No. 17,
correspondiente al ''politécnico Moca etapa 2, nivel M/P'', del cual resultó como
adjudicatario conforme al sorteo de licitación pública ME-CCC-SO-2013-05-GD.
Que el tribunal, partiendo de los hechos probados en el presente caso ha
podido percibir que la parte accionada ha conculcado el derecho fundamental al
debido proceso que posee el accionante, toda vez que de manera arbitraria y sin
justificación le ha arrebatado los derechos a realizar la obra correspondiente al lote
No. 17, sobre la construcción del ''politécnico Moca etapa 2, nivel M/P'', los cuales
adquirió válidamente al resultar adjudicatario en primer lugar de los mismos en el
sorteo de licitación pública ME-CCC-SO-2013-05-GD, celebrado en fecha 19 de
noviembre de 2013
3.2 Análisis jurídico de la Acción de Amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo, refiriéndonos a los derechos fundamentales en general.
Con el análisis jurídico, se pretende establecer mejoras en cuanto a la calidad
de acceso a la justicia por parte de este tribunal respecto a la acción de amparo y por
qué no, respecto a cualquier otra figura. No se trata de establecer una crítica
54
desfavorable para esta institución sino más bien de llevar a cabo un análisis de
manera objetiva.
Se ha estudiado gran parte de los criterios jurisprudenciales establecidos por
el Tribunal Superior Administrativo y también visto como este tribunal ha tenido como
finalidad en cada una de sus decisiones mantener la supremacía de nuestra
Constitución.
Nuestro análisis no es más que un estudio profundo de lo que acontece ante
el Tribunal Superior Administrativo respecto a la acción de amparo. Es de importancia
destacar que, aunque hemos analizado tres casos donde se ha declarado admisible
la acción de amparo, existen otros casos donde la misma se declara inadmisible, se
trata de aquellos en el que diversas instituciones estatales y las personas en sentido
general no cumplen con los procesos conforme nuestra Constitución y conforme a lo
establecido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales.
Si bien es cierto esta figura ha tenido una evolución significativa en todo el
sistema jurídico dominicano, además del alto alcance que la misma ha adquirido con
el tiempo, no es menos cierto que la misma busca que se lleve a cabo el cumplimiento
cabal de la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué ocurre en aquellos
casos, de hecho, son muy frecuentes donde la parte perdidosa, en este caso
instituciones estatales no cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el
Tribunal Superior Administrativo?
55
Tal como hemos destacado en reiteradas ocasiones, la acción de amparo
salvaguarda y protege los derechos fundamentales. Esta institución está
perfectamente reglada en nuestro sistema jurídico. Pero no es posible un sistema
jurídico donde una institución tan importante como ésta esté reglada y que
posteriormente traiga inconvenientes para su puesta en ejecución.
Ante esta situación no se cumple el cometido para el cual ha sido creada esta
figura, quedando en una especie de limbo jurídico respecto a la ejecución de la misma
pues la importancia de cada figura radica en su efectividad, esa efectividad que lleva
al cumplimiento cabal haciendo que se cumplan las disposiciones establecidas en
nuestra carta magna y las leyes.
Para sostener nuestro análisis hemos entrevistado a la destacada jurista
Frinette Padilla Jiménez, con gran experticia en la materia, ex jueza de la segunda
sala del Tribunal Superior Administrativo y docente en ejercicio en el área civil y
administrativa.
Quien en fecha 27 del mes de marzo de 2018 luego de haber establecido una
extensa conversación respecto a la acción de amparo ante el Tribunal Superior
Administrativo y haber hecho un análisis de esta figura, estableció lo siguiente:
La acción de amparo, si bien es cierto que ha sido una gran ayuda legislativa
para la protección constitucional de los derechos fundamentales de las personas
establecida en la Constitución dominicana y en la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los procedimientos constitucionales con sus diferentes tipos de
56
Amparo, ya ha abierto una brecha importantísima para la protección de dichos
derechos, no menos cierto es que el problema del amparo es la eficacia puesto que
no todas las instituciones del Estado, sobre todo los amparos por acción u omisión
de la administración y de los amparos de cumplimientos que son los que más llegan
al Tribunal Superior Administrativo son cumplidos por la parte a la que se le ordena
el cumplimiento de una determinada acción fruto de la acción de amparo.
En tanto, esto hace que nos falte una garantía más fuerte que permita que se
puedan ejecutar las acciones de amparo porque en el área donde más ha tenido
eficacia es respecto al cumplimiento de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información
Pública.
Uno de los grandes problemas respecto a esta figura es que cuando llegan al
Tribunal Constitucional las acciones de amparo para que sean revisadas, cuando se
convierten en precedentes vinculantes no todas las instituciones quieres cumplir, por
ejemplo, en reponer a los empleados públicos en materia de función pública o en el
caso de pagar una astreinte y trae muchos inconvenientes el problema de la
ejecución.
Si bien es cierto que recientemente el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado al respecto para la ejecución de las decisiones dictadas por este
tribunal, no menos cierto es que hay que ver cómo será el cumplimiento de las
sentencias de Amparo. Hubo que reglamentarlo precisamente porque el
cumplimiento de las sentencias de Amparo era muy precario.
57
Debe haber un juez de la ejecución de la Acción de Amparo, así como de la
ejecución de todas las decisiones que dicta el Tribunal Superior Administrativo a los
fines de que este juez como en otros países se encargue de ejecutar, poniendo a los
que han sido perdidosos en la Acción de Amparo en el cumplimiento de sus
obligaciones establecidas por el mismo y en la restitución de los derechos
fundamentales.
Entiendo que todavía falta mucho por hacer, pero la creación y la puesta en
ejecución de un juez de la ejecución administrativa incluyendo de la Acción de
Amparo sería altamente importante para que se puedan proteger aún más los
derechos fundamentales.
Todo el subrayado es una cita con palabras de la destacada jurista Frinette
Padilla Jiménez.
3.3 Propuesta tendente a hacer un aporte al sistema jurídico dominicano.
En vista de que nuestro estudio jurídico está basado en la figura de la acción
de amparo como tal, nuestra propuesta tendente a hacer es un aporte al sistema
jurídico dominicano basándose en los hallazgos de este minucioso estudio, la
propuesta está encaminada a hacer más efectiva la figura jurídica de la acción de
amparo, precisamente por los casos que han sido detallado en este análisis donde
en muchas ocasiones las instituciones estatales que resultan perdidosas no cumplen,
poniendo en tela de juicio la eficacia de esta figura.
58
No existe un verdadero fortalecimiento en un sistema jurídico si una de las
garantías a los derechos fundamentales no tiene eficacia y por tanto no se está
cumpliendo con la finalidad para la que ha sido creada.
Lo que se propone es un juez de la ejecución de la acción de amparo, siendo
una especie de juez de la ejecución administrativa, de este modo puede garantizarse
que todas las decisiones del Tribunal Superior Administrativo respecto a esta figura
sean cumplidas cabalmente de manera eficiente y eficaz, así estaríamos cumpliendo
con la naturaleza jurídica de esta acción que es la restitución inmediata por la
vulneración de cualquier derecho fundamental.
xxii
CONCLUSIÓN
La búsqueda jurídica realizada para el presente estudio deja ver la importancia e
interés de la acción de amparo y analiza la forma en que esta figura ha evolucionado
de manera significativa y trascendental en el sistema jurídico dominicano, la misma
ha ascendido de manera sorprendente y significativa manteniendo su naturaleza
jurídica y el fin para el cual ha sido creada.
En un sentido amplio la palabra “Amparo” significa seguridad, protección,
resguardo. Su significación legal es una garantía que otorga el ordenamiento jurídico
para garantizar la defensa de derechos fundamentales vulnerados. El mismo se
concede cuando no esté garantizado por otras acciones específicas como el hábeas
corpus que protege la libertad personal o el hábeas data que se refiere a la
confidencialidad de los datos personales. El significado de esta figura va más allá no
sólo porque se trata de una protección inmediata de los derechos fundamentales,
sino por el significado de garantía constitucional, los grandes problemas jurídicos y
sociales que pueden crearse a nivel nacional e internacional si los mismos no son
garantizados efectivamente.
Como resultado de esta investigación, es esta una figura jurídica que ha
jugado un papel fundamental cuando se trata de proteger los derechos
fundamentales de forma inmediata. Los hallazgos más relevantes se han centrado
en abordar esta figura desde otra perspectiva. No se trata tan solo de limitarse a
conocer la misma ante el Tribunal Constitucional, pues también es analizar de forma
xxiii
precisa cual es el alcance y efectividad de esta acción en materia administrativa,
manteniendo siempre la naturaleza para la cual ha sido creada.
Es impresionante el protagonismo que tiene esta figura ante la sociedad, se
puede observar en los criterios jurisprudenciales que se han creado en el Tribunal
Superior Administrativo en torno a esta institución jurídica. En la mayoría de los
casos, como resultado de diversos análisis o estudios jurídicos pueden detectarse
problemas significativos. Se ha notado un importante crecimiento de la acción de
amparo, pero de igual modo es necesario velar por la eficacia de la misma a través
de un juez de la ejecución administrativa que vele por el fiel cumplimiento.
Es importante resaltar, que siempre que se ejerza a conciencia, cumpliendo
con la carta magna y respetando cada uno de los fines para los que fue creada la
presente figura, no existiría problema alguno y la misma seguirá en constante
evolución.
Esperamos que el estudio jurídico y propuesta sea tendente a hacer un aporte
al sistema jurídico dominicano, dando paso a la reflexión por parte del lector sobre la
importancia de la figura jurídica de la acción de amparo, en tanto que no puede existir
en ningún ordenamiento jurídico una figura más importante que aquella que protege
y hace valer la protección de los derechos fundamentales.
xxiv
RECOMENDACIONES
Es necesario que el legislador ponga atención a la eficacia de la acción de amparo
como tal, con la creación de un juez de la ejecución administrativa se estaría dotando
al sistema jurídico dominicano de una especie de “protector” que va más allá de las
decisiones del Tribunal Superior Administrativo, porque su finalidad sería
precisamente dar fiel cumplimiento a dichas decisiones.
Estudiar cabalmente la figura jurídica de la acción de amparo, principalmente a
aquellos abogados en ejercicio, esto es, por el hecho de que en muchas ocasiones
se limitan a las disposiciones establecidas en la carta magna.
Estudiar la ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos, en vista
de que muchos casos en materia de amparo fueron inadmisibles por el Tribunal
Superior Administrativo precisamente por incumplimiento a esta ley.
Para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales es necesario
que se acoja y se interiorice el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional
para que sirva de soporte a la constitución y a las leyes que rigen esta materia.
La sociedad civil debe de asumir su papel como ciudadanos libres e independientes
y hacer cumplir sus derechos en los casos necesarios cuando son violentados sus
derechos fundamentales en la sociedad, para que se cumplan bajo las normas
constitucionales establecidas dentro del Tribunal Superior Administrativo.
xxv
Llevar a cabo el estudio de nuevas prácticas por parte de los órganos judiciales del
Tribunal Superior Administrativo de impulsar mecanismos para una especial
aplicación de las normas constitucionales y así crear un mejor funcionamiento de un
sistema jurídico para un mejor amparo a los derechos fundamentales.
“Un buen libro no sólo se escribe para
multiplicar y transmitir la voz, sino
también para perpetuarla”.
John Ruskin, Crítico y escritor
Británico. (1819-1900).
xxvi
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xxxv
A N E X O S
xxxvi
ANEXOS:
Tribunal Superior Administrativo
Fecha 13/03/2014
Materia amparo
Recurrente: Aquino Auto Mall, S. R. L.
Recurrido: Dirección General de Aduanas (DGA) y su exdirector Ing. Fernando
Fernández.
Fuente: Segunda Sala Tribunal Superior Administrativo
Departamento judicial: Distrito Nacional
Atribución: Acción de amparo
Parte: Aquino Auto Mall, S. R. L.
Contra: Dirección General de Aduanas (DGA) y su exdirector Ing. Fernando
Fernández.
No. de expediente: 1400094
No. de sentencia: 094-2014
Fecha: 13/03/2014
Yo, Evelin Germosén, Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo,
CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la
sentencia que sigue:
Sentencia no.094-2014
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República
Dominicana, a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014),
años 171 de la Independencia y 151 de la Restauración.
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de jurisdicción nacional,
regularmente constituida en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito
xxxvii
en la calle Juan Sánchez Ramírez no.1-A esquina Socorro Sánchez, sector Gazcue,
Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces:, Federico E. Fernández de la Cruz,
juez presidente; Mildred I. Hernández Grullón, jueza; Rafael Ciprián, juez; asistidos
de la infrascrita secretaria, ha dictado en sus atribuciones de jueces de amparo y en
audiencia pública la sentencia que sigue.
Con motivo de la acción de amparo interpuesta por Aquino Auto Mall, S. R. L., entidad
comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con
registro nacional de contribuyente no.130726541, con domicilio social ubicado en la
autopista Duarte Km. 28, Pedro Brand, de esta ciudad de Santo Domingo,
debidamente representada por su presidente Samy A. De Jesús Aquino, quien tiene
como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Gladys Antonia
Mejía Jiménez y Máximo Báez Peralta, dominicanos, mayores de edad, provistos de
las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0018485-2 y 001-1168211-8,
respectivamente, abogados de los Tribunales de la República Dominicana, con
estudio profesional abierto en común en la Calle Monte Cristi No.89, sector San
Carlos, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la Dirección
General de Aduanas (DGA) y su exdirector Ing. Fernando Fernández.
I. ANTECEDENTES:
1. Presentación y fundamentos de la acción.
En fecha 24 de enero del año 2014, fue recibida por secretaría de este Tribunal, la
instancia contentiva del recurso de amparo, instrumentada por los Licdos. Gladys
Antonia Mejía Jiménez y Máximo Báez Peralta, actuando en representación de la
sociedad comercial Aquino Auto Mall, S. R. L, contra la Dirección General de
Aduanas (DGA) y su exdirector Ing. Fernando Fernández, mediante la cual expresa;
Que importo tres (3) vehículos los cuales se describen a continuación: un carro
designado con la declaración 10030-1C01-1305-0002196, consignado a la empresa
Aquino Auto Mall, S. R. L, conteniendo un carro marca Honda Civic, color rojo, año
2008, cuatro puertas, chasis no. 1HGFA16538L020156, el segundo con una
declaración 10010-1C01-1306-0008D4, conteniendo una Minivan Chrysler, modelo
Town y Country, serie LT, año 2007, cuatro puertas, seis cilindros, chasis no.
2A4GP54L57R170344; consignado a la misma empresa y en tercera declaración no.
10010-1C01-1306-00090C, conteniendo un auto móvil marca Toyota Corolla, Año
xxxviii
2007, cuatro puertas, cuatro cilindros, chasis no. 2T1BR32E87C754241; consignado
a la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L.; Que deposito las certificaciones del país de
origen donde consta que esos vehículos ante descrito estaban en plena circulación
y están en condiciones perfecta para circular en la República Dominicana; Que en
fecha 25 del mes de octubre del año 2013, se depositó la instancia de fecha 24 de
octubre del año 2013 suscrita a la firma del Licdo. José Manuel Ortiz Hernández,
mediante el cual hace su exposición de hecho y de derecho por la cual el director
general de aduana debe solucionar el caso que nos compete; Que no conforme con
dicha actuación de la administración aduanera interpone formal recurso de amparo
por ante este tribunal, y mediante el cual solicita a esta jurisdicción; "PRIMERO: que
se admita buena y valida la presente acción de amparo en cuanto a la forma y en
cuanto al fondo que se ordene a la Dirección General de Aduanas (DGA), la entrega
de los vehículos con la siguiente declaración de la empresa Aquino Auto Mall, S. R.
L, declaración no. 10030-IC01-1305-0002196, conteniendo un carro marca Honda
Civic, color rojo, año 2008, cuatro puertas, chasis no. 1HGFA16538L020156, la
segunda declaración 10010-IC01-1306-0008D4, conteniendo una minivan marca
Chrysler, consignado Aquino Auto Mall, S. R. L. y la tercera declaración 10010-IC01-
130600090C conteniendo un Carro Toyota Corolla del año 2007; SEGUNDO: que se
condene a la Dirección General de Aduanas (DGA) y al exdirector Ing. Fernando
Fernández solidariamente al pago de una astreinte de diez mil pesos dominicanos
(10,000.00), por cada día de retardo en la entrega de los vehículos definidos a partir
de la sentencia a favor y provecho de la compañía Aquino Auto Mall, S. R. L.”
2. Audiencias celebradas:
Mediante auto no. 243-2014 de fecha treinta (30) del mes de enero del año dos mil
catorce (2014),
el juez presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo fijó
audiencia pública para el día miércoles doce (12) del mes de febrero del año dos mil
catorce (2014), a fin de conocer la acción de amparo.
1ro. En audiencia celebrada en fecha 12 de febrero del año 2014, comparecieron
todas las partes envueltas en el proceso, mediante la cual la Segunda del Tribunal
Superior Administrativo dictó la sentencia in-voce, mediante la cual fallo: El tribunal
prorroga el conocimiento de la presente audiencia, a los fines que la parte accionada
xxxix
deposite los documentos que pretende hacer valer, fija la audiencia para el día
5/3/2014, quedando abiertas todas las medidas. Vale cita para las partes presentes
y representadas
2do. En audiencia celebrada en fecha 05 de marzo del año 2014, comparecieron
todas las partes envueltas en el proceso, mediante la cual la Segunda del Tribunal
Superior Administrativo dictó la sentencia in-voce, mediante la cual falla; "PRIMERO:
El Tribunal prorroga del conocimiento de la presente audiencia, a los fines de que la
parte accionante deposite los documentos que ha demostrado al Tribunal en el día
de hoy, y así preservar el derecho de defensa del accionado; fija para el día 12 de
marzo del 2014. Vale cita para las partes presentes y representadas."
3° En audiencia celebrada en fecha 12 de marzo del año 2014, comparecieron todas
las partes envueltas en el proceso, manifestando el juez presidente: ¿alguna
medida? parte accionada: Hoy trajimos una documentación adicional, no tenemos
oposición que se conozca al fondo, no sabemos si la parte accionante quiere conocer
el fondo. Parte accionante: Le solicitamos al tribunal que sean leídos los documentos.
Procurador: No sabemos cuáles son los documentos, en ese sentido defendernos
sin conocer es totalmente contraproducente. Vamos a pedirle al tribunal una prorroga
a los fines de tomar conocimiento de los documentos y en una próxima audiencia
plantear los medios, preservando así el derecho de defensa. Parte accionante:
Siempre que se da un auto de un recurso de amparo, el auto mismo establece que
sea notificada a la parte accionada y a la procuraduría general administrativa, no
simplemente para que todos tenga conocimiento, entonces porque la Dirección
General de Aduanas (DGA) deposita ayer y no notifica y en ese momento a la
Procuraduría General Administrativa para que tomara conocimiento de los
documentos, insistimos que sean leídos esos documentos por la secretaria, porque
en el inicio hemos depositado los documentos, entonces en esa virtud que se rechace
el pedimento del Ministerio Público y que en un receso conozca los documentos,
porque ya caeríamos en denegación de justicia. Procurador: Si se observa, el colega
que ha dado calidad de aduanas me ha facilitado una copia y vemos que son muchas
copias, o sea que amerita que nosotros tengamos tiempo para leerlos. Juez
presidente: ¿Y los documentos que depositó la parte accionante, usted lo notificó?
Parte accionante: Si, se los notifique a las dos partes. Parte accionada: Ratificamos.
Procurador: Ratificamos. Parte accionante: Ratificamos. Juez presidente: El tribunal
en el entendido de que la Dirección General de Aduanas (DGA) no ha notificado en
un plazo prudente a la Procuraduría General Administrativa los documentos que
xl
pretende hacer valer en la presente acción, mal podría este Tribunal permitirle al
Estado prevalecerse de su propia falta a los fines de prorrogar la presente audiencia,
por lo que el tribunal rechaza la solicitud de prórroga invocada por la parte accionada
y la Procuraduría General Administrativa y ordena la continuación de la presente
audiencia. ¿La parte accionada y el Procurador General Administrativo tenían alguna
otra solicitud que hacer? Parte accionante: la Dirección General de Aduanas (DGA)
cuando Aquino Auto Mall, S.R.L. considera que sus derechos han sido violentados
como lo dispone el artículo 60 de la ley 137-11 e íntima la Dirección General de
Aduanas (DGA) para la entrega de los 3 vehículos de un Toyota Corolla, una Chrysler
y una guagua, la intimación se hizo el 30/1/2014, entonces aduanas notifica el
31/1/2014, donde le notifica el decomiso de los vehículos antes descritos, también
notifica el 31/1/2014, mediante oficio 97-2013 el reembarque, incluso la Dirección
General de Aduanas (DGA) esta violentado que tiene que ser por Sentencia para
hacer un decomiso, también el artículo 50 de nuestra Constitución establece que el
Estado (lee artículo 51) se ha hablado también en ese acto la Dirección General de
Aduanas (DGA) del artículo 1 del Decreto 176 del 2002, hemos depositado
debidamente traducidos los títulos de los vehículos, el título del Toyota es limpio (lee
la palabra Salvaje en el diccionario) en ese mismo sentido ese vehículo esta acto
para circular en la República Dominicana, muchas veces se lo ponen a sus
empleados o amigos de ellos, en el caso de la Chrysler tiene en el título "Salvaje"
pero se resolvió, se arregló y presenta la certificación que está depositada en original
(lee documento) y en cuanto a la Honda no han notificado absolutamente nada,
tampoco han querido entregarla, la Chrysler fue pagada los impuestos, con un
cheque al Banco Popular Dominicano de 55,52.32 y fue nacionalizado, porque
cuando una compañía paga sus impuestos es nacionalizado, debidamente aforado,
porque cuando una mercancía es aforada se detallan los daños y esa mercancía
pasó bien, diríamos que es un acto de mala fe, tener a una persona con todos sus
bienes paralizados, queremos también presentarle al Tribunal un listado de la
Dirección General de Aduanas (DGA) donde ordena el director entrega 45 vehículos,
con el mismo problema de salvado, con violación del artículo 2, del decreto 671,
tenemos un precedente de que si se entregan vehículos con características de
salvados, entonces porque también no incluimos a Aquino Auto Mall, S.R.L. para que
se desarrolle, en la notificación hacen alusión del artículo 196 del contrabando,
Aquino Auto Mall, S.R.L. no ha hecho ni siquiera la tentativa contra la Ley, actuamos
con el recurso jerárquico ante el Director de Hacienda, lo hicimos y tampoco tuvimos
resultados alguno, concluyendo al fondo de la manera siguiente: "Que se declare
buena y válida en cuanto a la forma de conformidad con la Ley; PRIMERO: que se
acoja en cada una de sus partes los artículos 6, 50 y 51 en su numeral 5 de la
Constitución Política de la República Dominicana, el cual dispone, sólo podrán ser
xli
objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos
ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes
de actividades de tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o
relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en
las leyes penales; SEGUNDO: que se ordene la entrega inmediata a la Dirección
General de Aduanas (DGA) y al Licdo. Fernando Fernández de los tres vehículos
consignado a la compañía Aquino Auto Mall, S. R. L, que se describen a
continuación: una (1) minivan marca Chrysler, modelo Town y Country, serie LT, Año
2007, cuatro puertas, seis (6) cilindro, chasis No. 2ª4GP54L57R170344, un automóvil
marca Toyota, modelo Corolla, año 2007, cuatro puertas, cuatro cilindro, chasis no.
2T1BR32E87C754241, y un Carro marca, Honda Civic, con declaración 10030-IC01-
1305-0002196, de la compañía Aquino Auto Mall, S. R. L; TERCERO: que se
condene a la Dirección General de Aduana y a su director a una astreinte de
RD$10,000.00 pesos por cada uno de los vehículos por cada día dejado de entregar
los vehículos antes descriptos a partir de la sentencia intervenida." Parte accionada:
El primer medio se refiere en cuanto a la falta de calidad, si vemos los títulos de los
vehículos que se reclaman en amparo no están a nombre de Aquino Auto Mall, S.R.L.
el embarque no puede sustituir esa propiedad, porque el conocimiento de embarque
solamente es oponible a uno de los dos y a la Dirección General de Aduanas (DGA)
para fines de notificación, por eso es que notificamos a Aquino Auto Mall el
conocimiento de embarque, estos son bienes muebles registrables, y estos no están
a nombre de la parte accionante y el segundo medio de inadmisión es sobre la
existencia de una vía judicial adicional, si bien observamos la naturaleza de acción
de amparo requiere dos elementos, el primero es la urgencia y el segundo la
afectación a un derecho fundamental, si la Dirección General de Aduanas (DGA) en
un caso parecido retiene un vehículo de manera arbitraria afecta directamente pero
de lo contrario sería indirectamente, el segundo elemento es la urgencia, si
observamos la características del objeto de amparo tiene plazos previstos, esto es
con la finalidad de establecer una urgencia, por tanto entendemos que esta no es la
vía apropiada para interponer la acción de amparo, por tanto la vía adecuada para
impugnar es el recurso contencioso administrativos, ya que este tribunal entiende
que los actos administrativos deben ser impugnados mediante el recurso
administrativo y no por el amparo, la accionante dice que se violenta el artículo 51 de
la Constitución, lo que se discute en este proceso es un decreto y bien la
administración pública tiene la facultad de establecer multas y el decomiso, la
Dirección General de Aduanas (DGA) ha actuado en apego al derecho, puesto que
se le otorgó un plazo de 30 días para el reembarque de sus vehículos, si la Dirección
General de Aduanas (DGA) notificó estos decomisos y otorgó el plazo y aun no
xlii
respondieron lamentablemente obtemperó a decomisarlos, vamos a concluir de la
manera siguiente: En cuanto a la forma, declarar inadmisible la presente acción por:
1. No haberse determinado la propiedad de los vehículos reclamados en amparo, ya
que los títulos depositados por la parte accionante expresan que los propietarios son:
del vehículo Toyota Corolla, la entidad Car Max, del Chrysler, la entidad 4JG Stars
Auto Sales y de Honda Civic, Car Max, por tanto, solicitamos declarar admisible por
falta de calidad para actuar, en virtud del artículo 44 de la Ley 834 del 1978 que
modifica al Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria de la Ley 137-11,
según artículo 7.12 de la misma ley. 2. Existir otra vía judicial idónea para la
resolución del presente litigio, ya que en primer lugar, se trata de un acto
administrativo cuya vía de impugnación ordinaria es el recurso contencioso
administrativo, y adicionalmente, la acción en amparo está concebida para reclamar
un derecho fundamental ante una violación grave y cuyos efectos puedan originar un
daño irreparable al accionante, por lo que el recurso contencioso administrativo
cumple con los requisitos para demandar la revocación de la acción reclamada en el
presente litigio, en virtud de las sentencias nos. 241-2012 del 22 de noviembre y 152-
2011 del 19 de diciembre del Tribunal Superior Administrativo; En cuanto al fondo,
rechazar la acción de amparo en virtud de que: 1. Los vehículos objeto del presente
proceso, según certificación aportada, son los denominados salvamentos, cuya
importación está prohibido por el Decreto 671-02 y se procedió al comiso pasado el
plazo de 30 días sin que la parte accionante obtempera a reembarcarlo, procediendo
la Dirección General de Aduanas a comisarlos." Procurador: Vamos a concluir de
manera pura y simple solicitando que se acojan las conclusiones de la Dirección
General de Aduanas (DGA) por estar sustentada en buen derecho y haréis justicia.
Parte accionante: El artículo 65 de la Ley 137-11, textualmente dice (lee), además la
Dirección General de Aduanas (DGA) notifica a Aquino Auto Mall, ¿por qué?, porque
está reconociendo su propiedad, porque si no notifica a Aquino Auto Mall, S. R. L y
en su domicilio no reconoce la propiedad de los vehículos, la misma notificación la
reconoce, están pagando los impuestos y lo ha traído Aquino Auto Mall, S. R. L, y la
misma Dirección General de Aduanas (DGA) le otorga su calidad y reconoce a
Aquino Auto Mall, S. R. L, es un derecho protegido, en ese aspecto que se rechace
en cada una de sus partes las conclusiones vertidas por la Dirección General de
Aduanas (DGA) ya que Aquino Auto Mall, S. R. L es el consignatario y propietario de
los vehículos antes descritos, que se rechacen las conclusiones, por improcedente,
mal fundada y carente de base legal y ratificamos nuestras conclusiones en cada una
de sus partes. Parte accionada: Con relación a la propiedad del vehículo,
entendemos que el contrato de transporte no obedece a un título de propiedad, son
bienes registrables, la finalidad de que se presuma de un título es oponible a las
partes pero no a terceros, y en segundo lugar cuando me referí al recurso de amparo
xliii
por otras vías, no es suficiente con que no se protejan derechos fundamentales, la
diferencia es la urgencia, no se ha constatado que haya un daño inminente, por tanto
ratificamos nuestras conclusiones. Procurador: Ratificamos. Juez presidente: El
Tribunal va a deliberar. Vistos los artículos 69 de la Constitución de la República
Dominicana, 1, 2, 6 párrafo I y II de la Ley 13-07 del 5 de febrero del 2007, 22 al 29
inclusive de la Ley 1494 del 1947. La Segunda Sala del Tribunal Superior
Administrativo "F a l l a" juez presidente: El tribunal acumula los medios de inadmisión
invocados por la parte accionada y ratificados por el Procurador General
Administrativo para dictar sentencia juntamente con el fondo en la presente acción,
en cuanto al fondo, el tribunal aplaza el fallo sobre el mismo hasta tanto se encuentre
en condiciones de deliberar y dictar sentencia definitiva.
3. Inventario de Documentos:
En fecha 11 de marzo del año 2014, se recibió por ante la secretaría general del
tribunal, la instancia contentiva del inventario de documentos, depositado por la
accionante, mediante la cual hace constar que deposita los siguientes documentos;
1) Certificado de título de motor de vehículo marca Toyota Corolla, chasis
no.2T1BR32E87C75421, año 2007, del sistema integrado d SIGA; 2) División de
vehículo de motor Honda, sistema integrado SIGA, chasis No.1HGF16538L020156
del 2008; 3) Recor abstracto del vehículo del departamento de Transporte de
Pensilvania, vehículo marca Chusler, sistema SIGA, de fecha 01/7/013, recibo
no.20130701-0934.
En fecha 12 de marzo del año 2014, se recibió por ante la Secretaría General del
Tribunal, la instancia contentiva del inventario de documentos, depositado por la
Dirección General de Aduanas (DGA), mediante la cual hace constar que deposita
los siguientes documentos; 1) Acto de alguacil no.36/2014, de fecha 31/1/14; 2) Acta
de comiso no.98-2013, de fecha 27/12/13, del vehículo marca Toyota Corolla CE/LE,
chasis no. 2T1BR32E87C75421; 3) Historial de vehículo auto CHEK, de fecha
11/2/14, del vehículo marca Toyota Corolla CE/LE, chasis 2T1BR32E87C75421; 4)
Certificado no.54016861, de fecha 5/8/13; 5) Acto del alguacil no.37/2014, de fecha
31/1/14; 6) Acta de comiso no.97-2013, de fecha 27/12/13; 7) Historial de vehículo
Auto Chek, de fecha 11/2/14; 8) Certificado de título del Estado de New Jersey,
emitido en fecha 24/4/13.
xliv
II. Consideraciones de la segunda sala luego de haber deliberado
4. Síntesis.
En fecha 24 de enero del año 2014, fue recibida por secretaría de este Tribunal, la
instancia contentiva del recurso de amparo, instrumentada por los Licdos. Gladys
Antonia Mejía Jiménez y Máximo Báez Peralta, actuando en representación de la
sociedad comercial Aquino Auto Mall, S. R. L., contra la Dirección General de
Aduanas (DGA) y su director Ing. Fernando Fernández, con la finalidad de solicitar a
esta jurisdicción entre otras cosas; "1) Que se admita buena y valida la presente
acción de amparo en cuanto a la forma y en cuanto al fondo que se ordene a la
Dirección General de Aduanas (DGA), la entrega de los vehículos con la siguiente
declaración de la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L 10030-IC01-1305-0002196, la
segunda declaración 10010-IC01-1306-0008D4 conteniendo una minivan marca
Chrysler, consignado Aquino Auto Mall, S. R. L y la tercera declaración 10010-IC01-
1306-00090C conteniendo un carro Toyota Corolla del año 2007; 2) Que se condene
a la Dirección General de Aduanas (DGA) y al director de Aduanas en la persona del
señor Fernando Fernández solidariamente al pago de una astreinte de diez mil pesos
dominicanos (10,000.00), por cada día de retardo en la entrega de los vehículos
definidos a partir de la sentencia a favor y provecho de la compañía Aquino Auto Mall,
S. R. L.
5. Competencia:
En fecha 26 de enero del año 2010, fue promulgada nuestra Constitución política,
que en sus artículos 164 y 165 instituye la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y
crea los Tribunales Superiores Administrativos, disponiendo en su título XV de las
disposiciones generales y transitorias, capítulo II, Disposición transitoria VI, que el
Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal
Superior Administrativo creado por esta Constitución.
xlv
Como es de principio legal que el tribunal apoderado de un asunto deba determinar
su competencia, y en el caso que nos ocupa, previo estudio y examen de la instancia,
se ha comprobado que se trata de una acción de amparo, motivo por el cual procede
declarar, como al efecto declaramos, la competencia del Tribunal Superior
Administrativo para conocer, deliberar y fallar dicha acción de acuerdo con las
disposiciones del artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, no. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011.
6. Regularidad de la acción:
La interposición de la presente acción constitucional es correcta en la forma y se
ajusta a los requisitos de la ley 137-11, por lo que se procederá, en el dispositivo de
esta decisión, a acogerla en el señalado aspecto.
7. Síntesis del conflicto:
I) La parte accionante, sociedad comercial la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L,
alega la violación de parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), del derecho
fundamental a la propiedad y de actuar de forma arbitraria en su contra, con la
retención y decomiso de los tres (3) vehículos los cuales se describen a continuación:
un carro designado con la declaración 10030-1C01-1305-0002196 consignado a la
empresa Aquino Auto Mall, S. R. L, conteniendo un carro marca Honda Civic, color
rojo, año 2008, cuatro puertas, chasis no. 1HGFA16538L020156, el segundo con una
declaración 10010-1C01-1306-0008D4, conteniendo una minivan Chrysler, modelo
Town y Country, serie LT, año 2007, cuatro puertas, seis cilindros, chasis no.
2A4GP54L57R170344; consignado a la misma empresa y en tercera declaración no.
10010-1C01-1306-00090C, conteniendo un auto móvil marca Toyota Corolla, año
2007, cuatro puertas, cuatro cilindros, chasis no. 2T1BR32E87C754241; consignado
a la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L.; importado por la accionante y recibido en la
Administración de Aduanas de Puerto de Santo Domingo y pagados los impuestos
correspondientes. Alega, asimismo, que no ha violado ningún precepto legal y que,
con la actuación, la Dirección General de Aduanas (DGA), ha cometido un acto de
crueldad al retenerle los vehículos en cuestión, sobre la base de que se encuentra
prohibida su importación por ser los mismos vehículos de salvamento, de
conformidad con el decreto no. 671-02.
xlvi
II) De su lado, la parte accionada Dirección General de Aduanas (DGA), concluyó en
la última audiencia expresando lo siguiente: En cuanto a la forma, declarar
inadmisible la presente acción por: 1. No haberse determinado la propiedad de los
vehículos reclamados en amparo, ya que los títulos depositados por la parte
accionante expresan que los propietarios son: del vehículo Toyota Corolla, la entidad
Car Max, del Chrysler, la entidad 4JG Stars Auto Sales y de Honda Civic, Car Max,
por tanto, solicitamos declarar admisible por falta de calidad para actuar, en virtud
del artículo 44 de la Ley 834 del 1978 que modifica al Código de Procedimiento Civil,
como norma supletoria de la Ley 137-11, según artículo 7.12 de la misma ley. 2.
Existir otra vía judicial idónea para la resolución del presente litigio, ya que en primer
lugar, se trata de un acto administrativo cuya vía de impugnación ordinaria es el
recurso contencioso administrativo, y adicionalmente, la acción en amparo está
concebida para reclamar un derecho fundamental ante una violación grave y cuyos
efectos puedan originar un daño irreparable al accionante, por lo que el recurso
contencioso administrativo cumple con los requisitos para demandar la revocación
de la acción reclamada en el presente litigio, en virtud de las sentencias nos. 241-
2012 del 22 de noviembre y 152-2011 del 19 de diciembre del Tribunal Superior
Administrativo; En cuanto al fondo, rechazar la acción de amparo en virtud de que:
1. Los vehículos objeto del presente proceso, según certificación aportada, son los
denominados salvamentos, cuya importación está prohibido por el decreto 671-02 y
se procedió al comiso pasado el plazo de 30 días sin que la parte accionante
obtempera a reembarcarlo, procediendo la Dirección General de Aduanas (DGA) a
comisarlos.
III) El Procurador General Administrativo concluyó de la siguiente manera: "Vamos a
concluir pura y simple solicitando que se acojan las conclusiones de la Dirección
General de Aduanas (DGA) por estar sustentada en buen derecho y haréis justicia."
8. Medios Planteados:
Que en fecha 12 de marzo del 2014, se conoció la última audiencia oral, pública y
contradictoria final de la presente acción de amparo, concluyendo las partes en litis
como se indica más arriba de las que se desprende la presentación de varios medios
de inadmisión a cargo de la parte accionada la Dirección General de Aduanas (DGA),
xlvii
a los cuales se adhirió el procurador general administrativo, respecto del cual han
tenido oportunidad de pronunciarse como se indica en esta sentencia todas las
partes.
Que, al presentar la Dirección General de Aduanas (DGA), varios medios de
inadmisión, procede en primer término conocer los mismos, y, luego, si ha lugar, el
fondo del asunto.
Que la Dirección General de Aduanas (DGA), solicitó la inadmisibilidad de la acción
en virtud de que la parte accionante no es el propietario del vehículo en cuestión y
de lo establecido artículo 70.1 de la ley 137-11, por existir otra vía judicial idónea para
la resolución del presente litigio, como es el recurso contencioso administrativo y no
la acción de amparo, ya que esta acción esta concedida para reclamar un derecho
fundamental ante una violación grave y cuyos efectos puedan originar un daño
irreparable al accionante.
Que la parte accionante, la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L, respecto de los
medios de inadmisión planteados expresó: La Dirección General de Aduanas (DGA)
está reconociendo su propiedad, porque si no notifica a la empresa Aquino Auto Mall,
S. R. L. y en su domicilio no reconoce la propiedad de los vehículos, la misma
notificación la reconoce, están pagando los impuestos y lo ha traído la empresa
Aquino Auto Mall, S. R. L., y la misma Dirección General de Aduanas (DGA) le otorga
su calidad y reconoce a la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L., es un derecho
protegido, en ese aspecto que se rechace en cada una de sus partes las
conclusiones vertidas por la Dirección General de Aduanas (DGA) ya que la empresa
Aquino Auto Mall, S. R. L. es el consignatario y propietario de los vehículos antes
descritos; por lo que solicita que se rechacen las conclusiones, por improcedente,
mal fundada y carente de base legal y ratificamos nuestras conclusiones en cada una
de sus partes.
9. Inadmisión por falta de calidad:
I) Referente al primer medio, alegando falta de calidad, el artículo 72 de nuestra
Constitución expresa: "Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para
xlviii
reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus,
cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda
autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o
acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De
conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito
y no sujeto a formalidades".
II) En cuanto a la calidad, el artículo 67 de la ley 137-11, establece: "Calidades para
la Interposición del Recurso. Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna
especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales
mediante el ejercicio de la acción de amparo", por lo que este Tribunal entiende que
al ser la parte accionante la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L, la consignataria de
dicho vehículo, lo cual reconoció la Dirección General de Aduanas (DGA), cuando le
notifica en su domicilio le está reconociendo la calidad para actuar en justicia, al ser
esta empresa la concesionaria de dichos vehículos, es procedente rechazar el medio
de inadmisión referente a la falta de calidad de la accionante para reclamar la entrega
de la mercancía retenida por la Dirección General de Aduanas (DGA).
10. Medio de inadmisión por existir otra vía:
1) Que la parte accionada solicita la inadmisión de la acción de amparo por considerar
que existen otras vías judiciales como lo es la del recurso contencioso administrativo,
por tratarse de un acto administrativo, conclusiones las cuales el procurador general
administrativo solicitó que se acojan; pedimento que la parte accionante solicitó que
se rechacen.
2) Que, al efecto, el artículo 70 numeral 1 de la ley no. 137-11 establece: "El juez
apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar
sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los
siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera
efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado".
3) Que del análisis de la acción de amparo que nos ocupa hemos podido comprobar
que las partes accionantes pretenden que se ordene la entrega de tres vehículos
xlix
retenidos o decomisados por la accionada la Dirección General de Aduanas (DGA),
violándosele el derecho a la propiedad.
4) Que el objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los derechos
fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la Constitución,
que sólo pueden ser reclamados por esa vía, por lo que, si existen otros recursos o
procedimientos para garantizar de forma efectiva la decisión de la pretensión que se
persigue la acción deviene en inadmisible. Que en ese tenor hay que resaltar que el
amparo no puede reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ya que el
propósito específico de su consagración, no es otro que el de brindar a la persona
protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos
constitucionales fundamentales. Es por esto que el interesado no puede recurrir en
amparo para esquivar el procedimiento que de modo específico ha regulado la ley a
tales fines.
5) Que en el caso que nos ocupa es evidente que siendo el Tribunal Superior
Administrativo la jurisdicción que en primera instancia analiza la existencia de
vulneración a derechos fundamentales con respecto a actos administrativos es la
llamada a tutelar en amparo cualquier vulneración a derechos fundamentales
producto de éstos, encontrándonos frente a una acción de amparo por violación al
derecho fundamental de derecho propiedad, siendo ésta la vía más efectiva para
proteger el derecho fundamental alegado, en vista de la urgencia, gravedad
manifiesta, y ser la más eficiente a los fines de llevar a la administración a la legalidad,
en tal virtud entendemos procedente rechazar el medio de inadmisión planteado por
la parte accionada, valiendo este considerando decisión sin necesidad de hacerlo
constar en la parte dispositiva de esta sentencia.
11. En cuanto al fondo de la presente acción de amparo:
II) Del examen de los argumentos de las partes y de las pruebas hechas valer, esta
sala ha podido determinar lo siguiente:
1) No existe controversia en cuanto a la retención de los tres (3) vehículos los cuales
se describen a continuación: un carro designado con la declaración 10030-1C01-
1305-0002196 consignado a la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L, conteniendo un
carro marca Honda Civic, color rojo, año 2008, cuatro puertas, chasis no.
1HGFA16538L020156, el segundo con una declaración 10010-1C01-1306-0008D4,
l
conteniendo una minivan Chrysler, modelo Town y Country, serie LT, año 2007,
cuatro puertas, seis cilindros, chasis no. 2A4GP54L57R170344; consignado a la
misma empresa y en tercera declaración No. 10010-1C01-1306-00090C,
conteniendo un auto móvil marca Toyota Corolla, Año 2007, cuatro puertas, cuatro
cilindros, chasis no. 2T1BR32E87C754241; consignado a la empresa Aquino Auto
Mall, S. R. L.; propiedad de dicha entidad comercial, porque dicho vehículos
alegadamente no cumples con las disposiciones del decreto no. 671-02 de fecha 27
de agosto del año 2002 y por no haberse cumplido las demás formalidades de ley en
cuanto al pago de los impuestos arancelarios.
2) Que el decreto no. 671-02 de fecha 27 de agosto del año 2002, prohíbe la
importación de vehículos de motor que no estén aptos para la circulación en el país
de procedencia, sea por causa de choques, inundaciones, incendios, catástrofes y
los denominados de "salvamento", por ser un riesgo para la seguridad ciudadana
(art. 1); el mismo decreto autoriza el comiso y destrucción de todo vehículo de motor
importado que no se encuentre amparado en una certificación del país exportador,
que haga constar que el vehículo exportado se encuentra en condiciones de transitar
(art. 2 de dicho decreto);
3) Entre las pruebas documentales para hechas valer por la parte accionante se
encuentra la Declaración Única Aduanera (DUA) No. 10030-1C01-1305-0002196
consignado a la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L, conteniendo un carro marca
Honda Civic, Color Rojo, año 2008, Cuatro Puertas, Chasis No.
1HGFA16538L020156, segundo con una declaración 10010-1C01-1306-0008D4,
conteniendo una minivan Chrysler, modelo Town y Country, serie LT, año 2007,
cuatro puertas, seis cilindros, chasis no. 2A4GP54L57R170344; consignado a la
misma empresa y en la tercera declaración no. 10010-1C01-1306-00090C,
conteniendo un auto móvil marca Toyota Corolla, Año 2007, cuatro puertas, cuatro
cilindros, chasis no. 2T1BR32E87C754241; consignado a la empresa Aquino Auto
Mall, S. R. L.;
4) Que conforme los actos de alguacil nos. 36 y 37-2014, de fecha 31 de enero del
2014, instrumentado por el ministerial Rafael R. Melo González, alguacil ordinario de
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la parte accionada
Dirección General de Aduanas (DGA), notificó al accionante el acta de decomiso en
li
la resuelve comisar los vehículos descritos anteriormente dejándolos a su cargo y
vigilancia.
III) De todo lo anterior que esta Sala estima que la Dirección General de Aduanas
(DGA) ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte accionante la empresa
Aquino Auto Mall, S. R. L, sobre propiedad y sobre el debido proceso administrativo,
en razón de retener los vehículos importado por la accionante, sin justificación legal
alguna; ello se deduce de los certificados emitidos para cada uno de los vehículos
retenidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). y que la accionada
no ha presentado a este Tribunal pruebas físicas de las condiciones de los mismos,
ni ninguna causa de las contempladas en el decreto no. 671-02 en cuanto a las
condiciones de aptitud de los vehículos, para la circulación en territorio nacional.
IV) De acuerdo al artículo 51 de la Constitución, el derecho fundamental a la
propiedad involucra el reconocimiento y la protección del Estado para garantizar a
toda persona el goce, disfrute y disposición de sus bienes, por lo cual dicho artículo
dispone que: 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa
justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor,
determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de
conformidad con lo establecido en la ley… y 5) Sólo podrán ser objeto de confiscación
o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el
patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia
transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales…
V) El debido proceso, conforme al artículo 69 de la Constitución, se refiere al derecho
que tiene toda persona, física o jurídica, a un proceso equitativo y justo, es decir, que
en toda causa judicial o administrativa en que se vea envuelta, se observe una serie
de garantías mínimas que aseguren la efectividad de sus derechos fundamentales.
En otras palabras, debido proceso significa que todo proceso, además de ser
regulado por ley y reservado a ésta, debe en su mismo contenido ser garantía de
toda aquellos derechos y principios tendentes a proteger a la persona frente al
silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino
también del propio legislador (Sentencia No. 1739-92 de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de fecha 1ro. de julio de 1992, pág. 4).
lii
VI) En el ámbito administrativo y por efecto del numeral 10 del artículo 69 de la
Constitución, "Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas", lo cual proscribe actuaciones arbitrarias de
parte de los órganos y entidades de la administración pública respecto de los
derechos y las reclamaciones de los administrados. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos se ha pronunciado en ese sentido, precisando que "es un
derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones
justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las
garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las
personas" (Caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, sentencia del 2 de febrero
del 2001, párrafo 127).
VII) Por todo lo expuesto que esta sala concluye que la Dirección General de
Aduanas (DGA) ha retenido un vehículo de motor, propiedad de la parte accionante,
de manera injustificada y arbitraria, sin ninguna razón válida, pese a no demostrar
que las condiciones enumeradas en el decreto no. 671-02 no concurren en la
especie, por todo lo cual que procede conceder el amparo solicitado y ordenar a la
parte accionada la Dirección General de Aduanas (DGA), la entrega inmediata de los
vehículos de motor en cuestión, una vez se hallan liquidados los impuestos, conforme
al régimen aduanero, contenido en la Ley No.34-89 del Régimen de Aduanas,
modificada por la Ley no.226-06.
VIII) Procede ordenar la imposición de una astreinte consistente en la suma de
RD$1,000 (mil pesos) por cada día de retraso en el cumplimiento de la presente
decisión, a partir del plazo que se otorgará, y a fin de hacer efectiva esta sentencia,
de acuerdo con el artículo 93 de la ley 137-11;
IX) Debe declararse el presente proceso libre de costas de conformidad con el
artículo 66 de la ley 137-11.
Por tales motivos y vistos los artículos 2, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 51, 68, 69, 72, 164, 165 y
166 de nuestra Constitución política; 66, 67, 70 de la ley 137-11, ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales del 13 de junio de
2011; así como el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos
liii
Humanos del 22 de noviembre de 1969,1 y 5 de la Ley 13-07, de fecha 5 de febrero
del año 2007, sobre transición hacia el control jurisdiccional de la actividad
administrativa del Estado; 1 de la ley 1494, de fecha 2 de agosto del año 1947; 44 de
la ley 834 de fecha 15 de julio del año 1978, ley No.3489 del Régimen de Aduanas,
modificada por la ley no.226-06.
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, administrando justicia, en
nombre de la República, por autoridad de la Ley y en mérito de los citados artículos:
F A L L A:
Primero: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la presente acción de
amparo, incoada por la sociedad de comercio Aquino Auto Mall, S. R. L, contra la
Dirección General de Aduanas (DGA).
Segundo: ACOGE, en cuanto al fondo, la presente acción de amparo, interpuesta
por la sociedad de comercio Aquino Auto Mall, S. R. L., contra la Dirección General
de Aduanas (DGA), por haberse demostrado la conculcación de sus derechos
fundamentales a la propiedad y al debido proceso administrativo y, en consecuencia,
ORDENA a la Dirección General de Aduanas (DGA) a entregar a la sociedad de
comercio accionante Aquino Auto Mall, S. R. L., previo pago de los impuestos
correspondientes, los vehículos descritos a continuación: minivan marca Chrysler,
modelo Town y Country, serie LT, año 2007, cuatro puertas, seis cilindros, chasis no.
2A4GP54L57R170344; un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, año 2007,
cuatro puertas, cuatro cilindros, chasis no. 2T1BR32E87C754241; y un carro marca
Honda Civic, color rojo, año 2008, cuatro puertas, chasis no. 1HGFA16538L020156,
por ser dichos vehículos de su propiedad, por los motivos antes expuestos.
Tercero: ORDENA, que lo dispuesto en el numeral segundo de este dispositivo sea
ejecutado en un plazo no mayor de cinco (05) días, contados a partir de la notificación
de la presente sentencia.
liv
Cuarto: CONDENA a la Dirección General de Aduanas (DGA) a pagar una astreinte,
por la suma de mil pesos (RD$1,000.00) diarios, contados a partir del quinto día de
notificada la presente sentencia, a favor de la empresa Aquino Auto Mall, S. R. L,
Quinto: ORDENA la comunicación de la presente sentencia por secretaría a la parte
accionante, empresa Aquino Auto Mall, S. R. L., a la Dirección General de Aduanas
(DGA) y al procurador general administrativo.
Sexto: DECLARA libre de costas el presente proceso.
Séptimo: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el boletín del
Tribunal Superior Administrativo.
Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncian, ordenan, mandan y firman:
Federico Fernández de la Cruz
Juez presidente
Mildred I. Hernández
Jueza
Grullón Rafael Ciprian
Juez
Evelin Germosén
Secretaria general
lv
DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los Jueces antes
mencionados, celebrando audiencia pública el mismo día, mes y año expresados, la
que fue leída por mí, secretaria que certifica.
Evelin Germosén
Secretaria general
La presente sentencia de fecha trece (13) del mes de marzo del año dos mil catorce
(2014), es copia fiel conforme a su original a cuya prueba me remito, la cual expido
para ser notificada al procurador general administrativo. En la ciudad de Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los
trece (13) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014).
Evelin Germosén
Secretaria general
lvi
Tribunal Superior Administrativo
Fecha 07/11/2012
Materia Amparo
Recurrente: Juan Bautista Corporán Torres
Recurrido: Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
Sentencia no. 216-2012.
República Dominicana, a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil
doce (2012), año 169 de la independencia y 150 de la restauración.
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción Nacional,
ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, No. 1-A, esquina Socorro Sánchez,
Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: Frinette
Padilla Jiménez, jueza presidente; Mildred Inmaculada Hernández Grullón, jueza;
Sergio Antonio Ortega, Juez; asistidos de la infrascrita secretaria, ha dictado en sus
atribuciones de amparo y en audiencia pública la sentencia que sigue:
Con motivo del recurso de amparo interpuesto por el señor Juan Bautista Corporán
Torres, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral
No. 002-0111371-9, domiciliado y residente en la calle Padre Ayala No. 50, San
Cristóbal, R.D., quien tiene como abogada constituida y apoderada especial a la
Licda. Filomena Corporán, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de
identidad y electoral No. 002-0011686-1, abogada de los Tribunales de la República
Dominicana, con estudio profesional abierto en la calle General Legar No. 54,
Condominio Plaza del Parque, suite 104, y ad-hoc en la calle Francisco J. Peynado
esquina calle Padre Billini, Ciudad Nueva, Distrito Nacional; lugar donde el
accionante hace formal elección de domicilio para todos los fines y consecuencias
legales del presente recurso, contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
lvii
Antecedentes:
1.- Que por instancia de recurso de amparo de fecha 13 de Junio del año 2012 y
depositada por ante la secretaría del Tribunal Superior Administrativo en fecha 13 de
junio del 2012, suscrita por la Licda. Filomena Corporán, de generales anotadas,
actuando a nombre y en representación de Juan Bautista Corporán Torres, cuyas
conclusiones son las siguientes: "PRIMERO: En cuanto a la forma acoger como
buena y válida la presente acción de amparo interpuesta por el señor Juan Bautista
Corporán Torres, en contra del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), por
conducto de su abogada apoderada, por haber sido hecha conforme a la ley.
SEGUNDO: En cuanto al fondo: ordenar al Instituto Dominicano de Aviación Civil el
inmediato reintegro del empleado Juan Bautista Corporán Torres, a la nómina de
empleados y que esta continúe los trámites legales a los fines de que le sea otorgada
la pensión a la que tiene derecho. En base a lo estipulado la ley 437-06 del recurso
de amparo, el art. 1 y 2 en la Ley 41-08 art. 58, 65, 66 de función pública, Constitución
art. 8, 39, 60 y los derechos humanos art. 1. TERCERO: Condenar a la parte
demandada Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)al pago de una
indemnización por el monto de un millón de pesos (RD$1,000,000.00) a favor del
señor Juan Bautista Corporán Torres como justa reparación de los daños causados
como lo establece el art. 1382 del código civil. CUARTO: condenar a la parte
demandada Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al pago de las costas
civiles del procedimiento distrayéndola a favor y provecho de la abogada
concluyente, quien afirma haberla avanzado en su mayor parte.
2.- Que mediante auto no. 1576-2012 de fecha 20 de junio del año 2012, de la
Magistrada Juez Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo,
mediante el cual fija audiencia pública para el día cuatro (04) de Julio del año 2012,
donde autoriza a la parte recurrente citar al Instituto Dominicano de Aviación Civil
(IDAC) y al Procurador General Administrativo, con la finalidad de conocer el recurso,
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 y 77 de la Ley 137-11 de fecha
13 de junio del año 2011, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
3.- Que en la audiencia de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil doce (2012), la
parte recurrente, a través de la Licda. Filomena Corporán (parte accionante),
manifestar: "nuestro representado es empleado del Instituto Dominicano de Aviación
lviii
Civil (IDAC) desde el día 01 de octubre del año 2007 hasta el día 30 de diciembre del
año 2011, pero resulta que el mismo se enfermó y fue evaluado clínicamente por
facultativos particulares y de la misma institución en la que laboraba, pues esa
situación de enfermedad lo mantuvo en atenciones médicas permanente como hasta
la fecha aún sigue enfermo. Resulta, que el mismo es sorprendido con una
cancelación no obstante haber sido evaluado por facultativos de la institución y
particulares y luego de haberle recomendado su pasividad hasta la vía de su pensión.
Bien, inmediatamente se le comunica la suspensión pues le se hacen los
mecanismos de procedimiento y nos obstante los documentos presentados de su
enfermedad ellos ratificaron la cancelación vulnerando así sus derechos
fundamentales, lo que nos pone hoy en condiciones de humanidad el tratar de que
el señor se le reconozcan sus derechos y que el expediente siga el curso que
normalmente que siguen los expedientes con estas condiciones para su posible
pensión, por lo que concluimos: 1) En cuanto a la forma, acoger como buena y válida
la presente acción de amparo interpuesta por el señor Juan Bautista Corporán
Torres, en contra del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), por conducto de
su abogada, por haber sido hecha conforme a la Ley. 2) En cuanto al fondo, ordenar
al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el inmediato reintegro del empleado
Juan Bautista Corporán Torres a la nómina de empleados y que ésta continúe los
trámites legales a los fines de que sea otorgada la pensión a la que tiene derecho.
En base a lo estipulado en la Ley no. 437-06, del recurso de amparo, los artículos 1
y 2 de la ley no. 41-08; artículos 58, 65, 66 de función pública; la Constitución en los
artículos 8, 39 y 60, y en los derechos humanos el artículo 1. 3) Condenar a la parte
demandada, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al pago de una
indemnización por el monto de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor del
señor Juan Bautista Corporán Torres, como justa reparación de los daños causados,
según como lo establece el artículo 1382 del código civil dominicano. 4) Condenar a
la parte demandada, Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al pago de las
costas civiles del procedimiento, distrayéndolas a Rodríguez Frías y Julián Guzmán
(parte accionada), manifestaron lo siguiente: "si la colega lo que pretendía era que la
demanda siga su curso legal y depósito un recurso de reconsideración y que pasado
el plazo para la interposición de recurso jerárquico, entonces que el tribunal decida
qué hacer con esto y decida si la accionante tiene o no la razón, pero el accionante
no debió querer venir aquí, después de 7 meses, a realizar un amparo; él tomo el
lugar que tenía que tomar y no se concilió; Concluyendo de la manera siguiente: "1)
Que se declare el medio de inadmisión de la presente acción de amparo, sobre la
base del artículo 70 numeral 1 de la ley no. 137-11, por existir otras vías judiciales
para obtener la protección efectiva del derecho invocado. 2) Que se declare el medio
inadmisión de la presente acción de amparo sobre la base de la prescripción de dicha
lix
acción, según favor y provecho de la abogada concluyente, quien afirma haberlas
avanzado en su totalidad. Y haréis justicia, bajo reservas"; que, por su parte, lo
establecido en el artículo 70 numeral 2 de la ley no. 137-11, pues han trascurrido más
de sesenta (60) días desde que el accionante fue desvinculado el día 30 de diciembre
del año 2011 hasta la interposición de la presente acción el día 13 de junio del año
2012, por lo que han transcurrido más de cinco meses. 3) En cuanto al fondo de la
acción, que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de ase legal. Bajo
reservas"; que el Licdo. David Betances (procurador adjunto), manifestó lo siguiente:
"igual que en el caso anterior, concluimos: Primero: Que sean acogidas las
conclusiones presentadas por la administración en el presente caso, por estar
presentadas y fundadas de conformidad con la Constitución y la ley de la materia, y
en consecuencia, sea declarado inadmisible la presente acción de amparo según el
artículo 70 de la ley no. 137-11, tanto por la causal 1, como por la 2, así como por la
tercera, es decir, la acción de amparo es notoriamente improcedente, a tal punto de
que se pide al tribunal que ordene el pago de una indemnización a favor del
accionante. Segundo: En caso de no acogerse los medios de inadmisión planteados,
que tenga a bien rechazar la presente acción de amparo por no haber incurrido la
Administración en vulneración de derechos fundamentales en contra de la
accionante, pues las actuaciones de la Administración no son ni arbitrarias ni
manifiestamente ilegales, sino todo lo contrario. Y haréis justicia"; que la Licda.
Filomena Corporán (parte accionante), manifestó lo siguiente: "Se puede ver todo el
proceso y todas las situaciones de salud que llevaron al accionante al estado pasivo
en el que se encuentra, que mediante documentos anexos al expediente se puede
verificar, y el mismo es separado abruptamente sin valorar esos motivos avalados
por documentos que fundamentan sus estado de salud, e independiente de eso se
procedió al proceso conciliatorio y allí le dieron continuidad a la cancelación, y es
cuesta arriba que la Procuraduría General Administrativa, que representa al Estado
y que también debe representar a los ciudadanos que somos pare del Estado, pues
le dé razones a la institución para que lo ponga o lo deje en la situación que él esta,
y yo los escucho a ellos hablar al margen de la situación del señor Juan Bautista
Corporán Torres y al margen de la ley, y al ministerio público no le interesa la suerte
de ese señor, por eso vamos a solicitar, según el Ministerio Público, lo que le
favorezca al Estado, pero ¿Y yo? y ¿Mis derechos fundamentales? Ahora esto no
procede y no pasó nada, por lo que concluimos de la manera siguiente: "Primero:
Que se rechacen las conclusiones vertidas por la Procuraduría General
Administrativa y los abogados del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) por
improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; y, por consiguiente, Segundo:
Que se acojan en todas sus partes nuestras conclusiones anteriores. Y haréis
justicia";
lx
4.- Que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó de manera in voce
una sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:
FALLA: se acumulan los medios de inadmisión para ser fallados conjuntamente con
el fondo, y se reserva el fallo sobre el fondo del presente expediente, relativo a la
Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor Juan Bautista Corporán
Torres, en contra del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), para una próxima
audiencia que será comunicada a las partes mediante Auto del Tribunal.
Acto administrativo recurrido:
5.- Mediante acción de personal no. 018074, de fecha treinta (30) de diciembre del
año dos mil once (2011), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), le
comunicó al señor Juan Bautista Corporán Torres que, con efectividad al día de la
fecha, ese Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) había decidido prescindir de
sus servicios como auxiliar de mantenimiento, por violar el artículo 84, acápite 3,
sobre dejar de asistir al trabajo durante tres días laborables;
Fundamentos y argumentos jurídicos del recurrente:
6.- El recurrente expresa en su recurso de amparo, que la situación le está creando
serias dificultades, lo que pone en la necesidad de actuar a los fines de que se le
reconozcan sus derechos, como lo establece el artículo 72 de la ley 41-08, de función
pública; que con tal actitud se violentan sus derechos, en franca violación a la
Constitución, en sus artículos 8, 39 y 60, así como el artículo 1 de los derechos
humanos;
Fundamentos y argumentos jurídicos del Procurador General Administrativo:
7.- El Procurador General Administrativo solicitó que sean acogidas las conclusiones
presentadas por la Administración en el presente caso, por estar presentadas y
fundadas de conformidad con la Constitución y la ley de la materia, y en
lxi
consecuencia, sea declarado inadmisible la presente acción de amparo según el
artículo 70 de la Ley No. 137-11, tanto por la causal 1, como por la 2, así como por
la tercera, es decir, la acción de amparo es notoriamente improcedente, a tal punto
de que se pide al tribunal que ordene el pago de una indemnización a favor del
accionante; y que en todo caso, en caso de no acogerse los medios de inadmisión
planteados, que tenga a bien rechazar la presente acción de amparo por no haber
incurrido la administración en vulneración de derechos fundamentales en contra de
la accionante, pues la actuaciones de la administración no son ni arbitrarias ni
manifiestamente ilegales, sino todo lo contrario.
La parte recurrida en respuesta al recurso y al dictamen planteado por el procurador
general administrativo:
8.- La parte recurrida concluyó de la manera siguiente: "1) Que se declare el medio
de inadmisión de la presente acción de amparo, sobre la base del artículo 70 numeral
1 de la ley no. 137-11, por existir otras vías judiciales para obtener la protección
efectiva del derecho invocado. 2) Que se declare el medio inadmisión de la presente
acción de amparo sobre la base de la prescripción de dicha acción, según lo
establecido en el artículo 70 numeral 2 de la ley no. 137-11, pues han trascurrido más
de sesenta (60) días desde que el accionante fue desvinculado el día 30 de diciembre
del año 2011 hasta la interposición de la presente acción el día 13 de junio del año
2012, por lo que han transcurrido más de cinco meses. 3) En cuanto al fondo de la
acción, que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de ase legal. Bajo
reservas";
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo después de haber deliberado:
9.- Que en fecha trece (13) de junio del año dos mil doce (2012), el señor Juan
Bautista Corporán Torres interpuso un recurso de amparo contra el Instituto
Dominicano de Aviación Civil (IDAC) con la finalidad de solicitar a esta jurisdicción,
entre otras cosas, que se le reintegre a sus funciones desempeñadas, para continuar
los trámites legales, a fin de que sea otorgada la pensión a la que tiene derecho, en
base a lo estipulado por la Ley 437-06, del Recurso de Amparo, los artículos 1 y 2 de
la Ley 41-08, 58, 65, 66 de Función Pública, 8, 39, 60 de la Constitución, y 1 de los
Derechos Humanos;
lxii
10.- Que somos competentes para conocer y fallar sobre el presente proceso en
virtud de las disposiciones del Artículo 1ro. de la Ley 13-07, de fecha 5 de febrero del
año 2007 sobre Transición hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad
Administrativa del Estado, mediante la cual le fueron traspasadas las competencias
de la Cámara de Cuenta de la República Dominicana en funciones de Tribunal
Superior Administrativo al Tribunal Contencioso Tributario y que posteriormente por
mandato constitucional fue denominado Tribunal Superior Administrativo, que
igualmente somos competentes para conocer de las acciones de amparo al tenor de
la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos
constitucionales, al rigor de los art. 74 y 75 que confieren competencia a las
jurisdicciones especializadas en materia de amparo.
11.- Que del estudio del expediente abierto en ocasión del presente proceso se
establecen los siguientes hechos: 1.- Que el recurrente fue destituido o cancelado su
nombramiento, figura que reserva la Ley de función Pública para los servidores
públicos de libre nombramiento y remoción, que no es el estatus del recurrente que
figuraba como personal de estatuto simplificado, pero en licencia médica permanente
por tanto en espera de la pensión correspondiente, con estatuto de estabilidad por
imperio del Art. 65 de la ley 41-08, 2.- Que según certificaciones depositadas por el
recurrente en el expediente, el mismo laboró desde el 1 de octubre del año 2007
hasta el 30 de diciembre del 2011, desempeñando el cargo de auxiliar en la sección
de mantenimiento en la oficina nivel central, del Instituto Dominicano de Aviación Civil
(IDAC), con un sueldo mensual de RD$12,000.00; 3.- Que el servidor público
entiende que fue desvinculado de su trabajo, y pide que sea reintegrado de
inmediato, a los fines de que sea otorgada a su favor la pensión a que tiene derecho;
a consecuencia de lo cual el Ministerio de Administración Pública, mediante C.P. No
DRL.59/2012, decidió: "PRIMERO: Levantar acta de no conciliación en el presente
caso, ante la posición del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), de mantener
la separación del empleado en los términos de la Acción de Personal No. 018074, de
fecha 30/12/2011, por entender que el mismo violentó el artículo 84, acápite 3, de la
Ley No. 41-08, de Función Pública y de la parte del Sr. Juan Bautista Corporán
Torres, por no estar de acuerdo con la posición asumida por la Institución.-
SEGUNDO: Se le recomienda al empleado Sr. Juan Bautista Corporán Torres, hacer
uso de los recursos que la Ley No. 41-08 del 16 de enero del 2008 de Función Pública
pone a su disposición establecidos en los artículos 72 al 76 de la referida Ley; y la
Ley No. 13-07, de Transición Hacia el Control Jurisdiccional de la Actividad
lxiii
Administrativa del Estado, del 5 de Febrero del 2007.- TERCERO: La presidencia de
la Comisión de Personal emitirá el acta de las reuniones celebradas según las
normas legales correspondientes.- CUARTO: Este Ministerio tramitará el Acta
correspondiente conforme con las normas y procedimientos legales establecidos";
4).- Que el recurso de amparo del que estamos apoderado fue interpuesto después
de agotadas las vías de conciliación ante el MAP, los recursos de reconsideración y
Jerárquico en la forma correspondiente y no recibió respuesta alguna, que si en la
línea de recursos, lo ordinario era que interpusiera el Recurso Contencioso
Administrativo, sin embargo al interponer la acción de amparo, será necesario
analizar si independiente de haber tenido otra vía, el petitorio puede ser encausado
por la vía de tutela constitucional prevista en el amparo.
12.- Que de conformidad con el art. 60 de la Constitución política, expresa lo
siguiente: "3) Derecho a la Seguridad Social. Toda persona tiene derecho a la
seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social
para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad,
discapacidad, desocupación y la vejez";
13.- Que de conformidad con el art. 62 de la Constitución política derecho al trabajo,
en sus numerales 3) y 5, expresa lo siguiente: "3) Son derechos básicos de
trabajadores y trabajadoras, entre otros: la libertad sindical, la seguridad social, la
negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e
intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal"; y "5) Se prohíbe toda clase de
discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las
excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora";
14.- Que de conformidad con el art. 68 de la Constitución política: "garantías de los
derechos fundamentales. - la Constitución garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la
persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus fundamentales vinculan a
todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos
establecidos por la presente Constitución y por la ley";
15.- Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley no. 41-08, sobre Función Pública
y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, establece lo siguiente: "El
lxiv
empleado público de estatuto simplificado que tenga derecho a una pensión o
jubilación de conformidad con las leyes vigentes, no podrá ser destituido
injustamente, y seguirá percibiendo su salario hasta que dicha pensión o jubilación
le sea concedida. El servidor de carrera al cumplir los requerimientos de edad y años
en servicios previstos para su retiro tiene derecho a recibir la pensión o jubilación que
conforme a la ley le corresponda";
16.- Que de conformidad con el art. 145 de la Constitución política "Protección de la
Función Pública", La separación de servidores públicos que pertenezcan a la carrera
administrativa en violación al régimen de la función pública, será considerada como
un acto contrario a la Constitución y la ley, de lo que se desprende que si bien la
Suprema Corte de Justicia ha entendido que el amparo es una vía excepcional, que
no puede utilizarse cuando existen vías idóneas efectivas, sin embargo cuando la
vulneración deviene en una grosera vulneración a los principios rectores de la propia
constitución, la vulneración del derecho tutelado esta obstaculizada por situaciones
procesales insalvables o cuando dificultan el acceso a la justicia, sobre todo en
presencia de actuaciones groseramente contrarias a la propia constitución y la ley la
vía del amparo es la única efectiva para de manera rápida restituir la primacía
constitucional y los derechos conculcados.
17.- Que la ley de función pública cataloga los servidores públicos en esa condición
el derecho de estabilidad laboral e impide que sean desvinculados, por lo que una
actuación contra derecho y en abierto desprecio de la obligación constitucional de
protección que amerita no solo la función pública, sino también la condición de
persona incapacitada a la espera de los procedimientos de pensión y con una
disposición legal a su favor, es obvio que la entidad Instituto Dominicano de Aviación
Civil (IDAC) es responsable de la actuación injustificada y arbitraria, debiendo
responder por los daños que tal actuación ha implicado.
18.- Que la consecuencia del acto contrario a la Constitución y el cese contrario a
derecho se saldará con la reposición del servidor público que en este caso disfrutaba
de estabilidad laboral por su condición de incapacitado para el trabajo y en espera
de pensión, por lo que procede restituirle en el cargo que venía desempeñando, y el
abono de los salarios dejados de percibir.
lxv
19.- Que si bien el art. 91 de la ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales
y específicamente respecto al amparo, cuando indica que La Sentencia que concede
el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa
restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar
la amenaza a su pleno goce y ejercicio, sin embargo, conforme al Art. 93. astreinte.
El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto
de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado, que como el
impetrante solicita condenaciones, las cuales estaban previstas en la antigua ley 437-
06 sobre amparo, posibilidad que fue suprimida por la ley 137-11, es evidente que
aun generándose daños, el tribunal de amparo está impedido de fijar condenaciones
por daños y perjuicios, pero si puede fijar astreintes que aseguren el cumplimiento
efectivo de lo decidido, a consecuencia de lo cual se fija el astreinte que en la parte
dispositiva así se indica.
Por tales motivos, y vistos los artículos: 60, 62, numerales 3 y 5; 68, 69, numeral 10,
y 72 de la Constitución de la República; 1, 5 y 7 de la Ley 13-07, de transición hacia
el control jurisdiccional de la actividad del Estado de fecha 6 de febrero del año 2007;
24, 65, 72, 73, 74, 75, 76 y 87 de la Ley No. 41-08 de fecha 25 de enero del año
2008.
La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo administrando justicia en
nombre de la República, por autoridad de la Constitución y la Ley y en mérito de los
citados artículos.
F A L L A:
Primero: DECLARA bueno y válido el recurso de amparo interpuesto por el señor
Juan Bautista Corporán Torres, en fecha trece (13) de junio del año dos mil doce
(2012), contra el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).
Segundo: En cuanto al fondo, declara la vulneración de los artículos 145 de la
Constitución y 65 de la Ley 41-08, de Función Pública y crea la Secretaría de Estado
de Administración Pública, por tanto ordena la reintegración del recurrente Juan
Bautista Corporán Torres en la nómina como auxiliar de mantenimiento del Instituto
lxvi
Dominicano de Aviación Civil (IDAC)en base a su último salario, a fin de esperar su
proceso de pensión conforme al Art. 65 de la ley de Función Pública, abonando los
salarios caídos desde la exclusión de nómina.
Tercero: CONDENA al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), al pago de una
astreinte diario de mil pesos dominicanos con 00/100 centavos (RD$1,000.00), por
cada día que transcurra sin darle cumplimiento a la presente decisión.
Cuarto: ORDENA que la presente sentencia sea comunicada por Secretaría a la
parte recurrente Juan Bautista Corporán Torres, al Instituto Dominicano de Aviación
Civil (IDAC) y al Procurador General Administrativo.
Quinto: DECLARA el proceso libre de costas.
Sexto: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal
Superior Administrativo.
Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.
Frinette Padilla Jiménez
Jueza presidente
Mildred I. Hernández Grullón
Jueza
Sergio Antonio Ortega
Juez
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Greisy Rijo Gómez
Secretaria General
DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los jueces antes
mencionados, celebrando audiencia pública el mismo día, mes y año expresados, la
que fue leída por mí, secretaria que certifica.
Greisy Rijo Gómez
Secretaria General
La presente sentencia de fecha siete (07) del mes de noviembre del año dos mil doce
(2012) es copia fiel conforme a su original a cuya prueba me remito, la cual expido
para ser notificada al procurador general administrativo. en la ciudad de santo
domingo, distrito nacional, capital de la república dominicana, a los siete (07) días del
mes de noviembre del año dos mil doce (2012)
Greisy Rijo Gómez
Secretaria General
lxviii
Tribunal Superior Administrativo
Fecha: 08/05/2014
Materia amparo
Recurrente: Miguel Darío Bencosme Compres
Recurrido: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)
Fuente: Primera Sala Tribunal Superior Administrativo
Departamento judicial: Distrito Nacional
Atribución: Acción de amparo
Parte: Miguel Darío Bencosme Compres
Contra: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD)
No. de expediente: 14-00084
No. de sentencia: 00168-2014
Fecha: 08/05/2014
Yo, Evelin Germosén, Secretaria General del Tribunal Superior Administrativo,
CERTIFICO que en los archivos a mi cargo existe un expediente que contiene la
sentencia que sigue:
Sentencia no. 00168-2014:
En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los ocho (08) día del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), año
171° de la Independencia y 151° de la restauración.
La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción Nacional,
ubicada en la calle Juan Sánchez Ramírez, no.1-A, esquina calle Socorro Sánchez,
sector de Gazcue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República
Dominicana, con la presencia de sus jueces: Judhit Contreras Esmurdoc, Jueza
Presidenta; Rafael A. Báez García, juez; Dilcia María Rosario Almonte, jueza;
lxix
asistidos de la infrascrita Secretaria General, ha dictado en sus atribuciones de
amparo y en audiencia pública, la sentencia que sigue:
Con motivo de la acción constitucional de amparo, interpuesta por el señor Miguel
Darío Bencosme Compres, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral No. 054-0013794-8, domiciliado y residente en la calle nuestra
señora del Rosario, No. 101, estancia nueva, municipio Moca, provincia Espaillat,
quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al licenciado Benito
Manuel Pineda, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y
electoral No. 031-070332-4, con estudio profesional abierto en la calle Gaspar
Polanco, No. 50, segundo nivel, sector Bella Vista, Distrito Nacional, en Contra del
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).
1.- Presentación de la acción:
En fecha veintidós (22) del mes de enero del año dos mil catorce (2014), fue recibida
vía secretaría de este Tribunal la instancia contentiva de la Acción Constitucional de
Amparo instrumentada por el licenciado Benito Manuel Pineda, quien actúa en
representación del señor Miguel Darío Bencosme Compres, contra el Ministerio de
Educación de la República Dominicana (MINERD), por alegadas violaciones a sus
derechos fundamentales a un debido proceso, dignidad humana, confianza legítima,
igualdad, trabajo, libertad de empresa y a la seguridad jurídica.
2.- Audiencias celebradas:
Mediante auto no. 277-2014, de fecha 05 de febrero de 2014, la jueza presidenta de
la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, fijó audiencia pública para el día
cuatro (04) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), a fin de conocer la
acción constitucional de amparo que nos ocupa.
En audiencia celebrada en la fecha precitada, las partes conciliaron reenviar el
conocimiento del caso para el día 03 de abril de 2014, a las 09:00 a.m.
lxx
Mediante auto no. 1326-2014, de fecha 24 de abril de 2014, la jueza presidenta de la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, fijó audiencia pública para el día
ocho (08) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), a fin de conocer la acción
constitucional de amparo que nos ocupa.
En audiencia celebrada en la fecha precitada, la jueza presidenta manifestó:
''¿Alguna solicitud?''; ACCIONANTE: ''Se trata de la asignación de una obra por parte
del Ministerio de Educación en la provincia Espaillat de la cual salió ganancioso
mediante sorteo el accionante del primer lugar del lote 17 de la construcción de dicho
politécnico Moca etapa 2, nivel M/P, nuestro representante fundamenta su acción de
Amparo en dos ejes fundamentales, el primero lo podemos llamar audiencia de
confianza legítima y el segundo la vulnerabilidad de los derechos fundamentales del
accionante como son el derecho de igualdad, de libre empresa, y el derecho al
trabajo; el accionante participó de manera confiada pensando que el MINERD iba a
respetar los resultados que se obtuvieron a través del libre juego mediante el sorteo,
es así que nos encontramos frente a un acto auténtico de sorteo de obras del
licenciado Leónidas Rosario García, de fecha 19 de noviembre de 2013, provincia
Espaillat, asistido por tres notarios auxiliares donde se demuestra en el acto que se
cumplió con el procedimiento estricto que establece el pliego de condiciones para
este tipo de sorteo, lo cual además fue debidamente contactado por los asistentes,
los notarios auxiliares y la jerarquía de educación, sin embargo, nadie cuestiona el
hecho donde se dice que el ganador es nuestro representado, entonces yéndonos al
bloque constitucional, el derecho de Amparo, nosotros entendemos que es
completamente accionar en ese sentido, debido a la vulneración a derechos
fundamentales que hace el Ministerio de Educación a la hora de publicar los
ganadores, ya que nos encontramos con un hecho sorpresivo, en donde el Ministerio
de Educación pone el nombre de otro ganador y excluye de manera sorprendente e
ilegal a nuestro representado, es una exclusión completamente ilegal, que vulnera
los derechos de nuestro representado, nuestro sistema jurídico está fundamentado
en que cuando hay un demandante y aporta prueba, la otra la otra parte debe
demostrar mediante prueba que nosotros no tenemos razón en nuestras
acusaciones, educación no ha presentado tampoco un solo argumento, en tal virtud
nosotros de manera respetuosa concluimos: PRIMERO: En cuanto a la forma,
declarar como regular y válida la presente Acción de Amparo, por haber cumplido
con todos los requerimientos legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, comprobar y
declarar la vulneración de los derechos fundamentales al accionante, Miguel Darío
Bencosme Compres, esto es: El derecho al debido proceso, a la dignidad humana, a
la confianza legítima, a la igualdad, al trabajo, a la libertad de empresa y a la
lxxi
seguridad jurídica, entre otros derechos fundamentales consagrados en nuestro
bloque de constitucionalidad, y en consecuencia, ordene al Ministerio de Educación
la restitución del goce de los derechos constitucionales que le han sido conculcados;
TERCERO: Declarar el proceso libre de costas por tratarse de una Acción de Amparo
conforme prevé el artículo 66 de la ley no. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y sus modificaciones'';
ACCIONADO: ''El Ministerio de Educación celebró un sorteo de obras, para otorgar
mediante este sistema a los participantes obras que se ofertan, previo a ese sorteo
hay una especie de verificación en la que se cumplen los requisitos que establece la
Ley, ciertamente no depositamos documentos porque sería sobre abundar lo que ya
ha depositado el accionante, lo hemos observado muchas veces y hemos visto que
no tiene contradicción; si bien es cierto que la Acción de Amparo es una vía de
derecho que tiene libertad probatoria, entendemos que si hubiera lugar para violación
de derecho fundamental sería el amparo la vía más idónea, pero este no es el caso,
ya que la Ley No. 340-06, en su artículo 47 establece la vía correspondiente para
atacar un acto administrativo, sin embargo, entendemos que debía atacarse por la
vía que establece dicho artículo, siendo así el Ministerio de Educación le ha asignado
una obra al segundo lugar de ese sorteo, saliendo por alguna razón descalificado el
primer oferente; En ese sentido, habiendo admitido que si ciertamente existe un acto
auténtico, vamos a concluir de la siguiente manera: PRIMERO: Que el tribunal
pondere si hubo o no conculcación de derecho fundamental de parte del Ministerio
de Educación, y que en consecuencia, bajo la premisa del exponente de que no
existe derecho fundamental conculcado en la adjudicación de la obra de que se trata,
tenga a bien rechazar la presente acción por improcedente, mal fundada y por haber
sido interpuesta al margen de lo que ordena la ley no. 340-06; SEGUNDO: Que se
declaren de oficio las costas por mandato de la Ley que rige la materia; TERCERO:
Que se nos otorgue un plazo de 48 horas para producir conclusiones y motivaciones
en ampliación''; PROCURADOR ADJUNTO: ''Nos adherimos a las conclusiones
vertidas por las partes accionadas''; ACCIONANTE: ''La Ley No. 340-06, presenta un
procedimiento y es verdad, pero es cuando la autoridad competente toma una
decisión, educación no emitió ninguna opinión en cuanto a ese hecho; tanto la
Procuraduría General Administrativa, como la parte accionada, no nos han dado
aquiescencia, ellos no han presentado nada, y no se presenta porque la autoridad
competente no ha tenido ningún sustento para no darle la obra al accionante,
entonces el accionante tiene razón en reiterar las conclusiones vertidas
anteriormente, cuando el derecho es suficiente se aplica justicia''; ACCIONADO:
''Ratificamos''; PROCURADOR ADJUNTO: ''Ratificamos''. Siendo aproximadamente
las 12:00 p.m., el tribunal se reservó el fondo del presente proceso a fin de decidirlo
lxxii
en dispositivo a las 04:30 p.m., tal y como se encuentra copiado en la parte in fine de
esta decisión.
3.- Pruebas documentales depositadas por la accionante:
1) Original de compulsa del acto auténtico No. 1, levantado en fecha 19 de noviembre
de 2013, por el licenciado Rafael Leónidas Rosario García, notario público de los del
número para el municipio de Moca, provincia Espaillat; 2) Original de publicación
hecha por el Ministerio de Educación en el periódico Listín Diario en fecha 05 de
diciembre de 2013, edición No. 34,682; 3) Copia fotostática del Decreto No. 625-12,
dado por el Presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, en
fecha 10 de noviembre de 2012.
Consideraciones de la primera sala luego de haber deliberado:
4.- Síntesis:
El accionante, señor Miguel Darío Bencosme Compres, ha interpuesto la presente
Acción Constitucional de Amparo, a fin de que se le restituyan los derechos
fundamentales que le han sido vulnerados en ocasión de que no se le ha hecho
entrega del lote No. 17, correspondiente al ''Politécnico Moca-Etapa 2, Nivel M/P'',
del cual resultó como adjudicatario conforme al sorteo ME-CCC-SO-2013-05-GD,
conforme al acto auténtico levantado por el licenciado Rafael Leónidas Rosario
García, notario público de los del número para el municipio de Moca, provincia
Espaillat, en fecha 19 de noviembre de 2013, y contrario a las publicaciones erradas
hechas en el periódico Listín Diario.
5.- Competencia:
Que en fecha veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil diez (2010), fue
promulgada nuestra Constitución Política, que en sus artículos 164 y 165 instituye la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa y crea los Tribunales Superiores
Administrativos, disponiendo en su Título XV de las Disposiciones Generales y
Transitorias, Capítulo II, Disposición Transitoria VI, que el Tribunal Contencioso
Administrativo y Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo
creado por la Constitución.
lxxiii
Que es de principio legal que el Tribunal apoderado de un asunto deba determinar
su competencia, en el caso que nos ocupa, previo estudio y examen del mismo, se
ha comprobado que se trata de una acción de amparo, motivo por el cual procede
declarar, como al efecto declaramos, la competencia del Tribunal Superior
Administrativo para conocer, deliberar y fallar el mismo de acuerdo con las
disposiciones del artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, No. 137-11, de fecha trece (13) del mes de junio
del año dos mil once (2011).
6.- Admisibilidad de la acción:
Que la acción constitucional de amparo presentada por el señor Miguel Darío
Bencosme Compres, debe ser declarado admisible en virtud de que cumplió con los
requisitos establecidos en el artículo 72 de la Constitución política de la República
Dominicana, promulgada en fecha 26 de enero de 2010, y la Ley no. 137-11,
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
7. En cuanto al fondo:
I) Que el accionante, señor Miguel Darío Bencosme Compres, persigue con la
presente acción constitucional de amparo, la tutela de sus derechos fundamentales
a un debido proceso, dignidad humana, confianza legítima, igualdad, trabajo, libertad
de empresa y a la seguridad jurídica, ya que el Ministerio de Educación de la
República Dominicana (MINERD), no ha obtemperado a la entrega del lote No. 17,
correspondiente al ''Politécnico Moca etapa 2, nivel M/P'', del cual resultó como
adjudicatario conforme al sorteo de licitación pública ME-CCC-SO-2013-05-GD.
II) Que la parte accionada, el Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD), en cuanto al fondo concluyó solicitando el rechazo de la acción
constitucional de amparo de que se trata, por improcedente, mal fundada y carente
de base legal, ya que no se ha conculcado ningún derecho fundamental en el proceso
de adjudicación de la referida obra.
lxxiv
III) Que la Procuraduría General Administrativa, se acogió a las conclusiones vertidas
por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), por entender
que las mismas están fundadas en derecho.
IV) Que en el expediente se encuentra depositada una compulsa del acto de
comprobación no. 01, levantado por el licenciado Rafael Leónidas Rosario García,
en su calidad de Notario Público de los del número para el municipio de Moca,
provincia Espaillat, en fecha 19 de noviembre de 2013, relativo a la celebración del
sorteo de obras marcado con el número ME-CCC-SO-2013-05-GD, en el cual
establece que observó que el señor Miguel Darío Bencosme Compres, resultó
adjudicatario del primer lugar del lote No. 17 de la Provincia Espaillat, a saber, de la
construcción de la obra relativa al ''Politécnico Moca-Etapa 2, Nivel M/P''; asimismo
obra depositado un ejemplar del periódico Listín Diario, sección La República, edición
No. 34,682, de fecha 05 de diciembre de 2013, en el cual no se hace constar que el
accionante es el adjudicatario, sino el nombrado Eudis Domingo Pichardo Escoto,
quien resultó como adjudicatario en segundo lugar.
V) Que en base a lo anterior, conforme a nuestra facultad para valorar los elementos
de prueba que son suministrados por las partes en ocasión de un proceso,
estimamos que en la especie el acto de comprobación hecho por el notario público,
licenciado Rafael Leónidas Rosario García, por haber dimanado de un oficial público
se encuentra revestido de una fuerza probatoria de mayor jerarquía que el recorte
del periódico Listín Diario, a los fines de hacer prueba respecto a la publicación de
los adjudicatarios del proceso de licitación pública nacional ME-CCC-SO-2013-05-
GD, ya que no obra ninguna prueba que demuestre lo contrario.
VI) Que a partir de la valoración conjunta y armónica de los elementos probatorios
que reposan en el expediente, el tribunal ha podido constatar como hechos ciertos,
los siguientes: a) que en fecha 19 de noviembre de 2013, el Ministerio de Educación
de la República Dominicana (MINERD), llevó a cabo el sorteo aleatorio
correspondiente al concurso de licitación ME-CCC-SO-2013-05-GD, para la
construcción de 401 nuevas escuelas en todo el país; b) que el señor Miguel Darío
Bencosme Compres resultó adjudicatario del primer lugar del lote no. 17,
correspondiente al ''Politécnico Moca etapa 2, nivel M/P''; c) que a los fines de hacer
de conocimiento de la población nacional la celebración de dicho procedimiento, el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), procedió a publicar
lxxv
en el periódico Listín Diario, sección la república, edición no. 34,682, de fecha 05 de
diciembre de 2013, los resultados a los que arrojó el mismo, omitiendo en la casilla
correspondiente a la adjudicación del lote No. 17 el nombre del señor Miguel Darío
Bencosme Compres, dando como adjudicatario en primer lugar al nombrado Eudis
Domingo Pichardo Escoto, quien quedó en segundo lugar.
VII) Que el artículo 69 de la Constitución Política de la República Dominicana
establece la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso de la manera siguiente:
''Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho
a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará
conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El
derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro
de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial,
establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia
y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia
irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad
y con respeto al derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos
veces por una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;
7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de
las formalidades propias de cada juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación
a la ley; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal
superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada
recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas''.
VIII) Que en tal sentido, la parte accionada se ha defendido aduciendo que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental al accionante, ya que le asignó la susodicha
obra al adjudicatario en segundo lugar debido a que el señor Miguel Darío Bencosme
Compres, quien resultó adjudicatario en primer lugar, fue descalificado por alguna
razón, lo que da cuenta de que existe un acto Administrativo que debe impugnarse
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y no ante el juez de amparo, sin
embargo, el tribunal advierte que en el expediente no obra depositado ningún
documento que revele que el impetrante haya sido descalificado del procedimiento
de licitación pública ME-CCC-SO-2013-05-GD, ni tampoco la existencia de algún
acto administrativo mediante el cual los derechos de los que resultó adjudicatario en
lxxvi
primer lugar hayan sido traspasados al adjudicatario en segundo lugar, señor Eudis
Domingo Pichardo Escoto.
IX) Que el tribunal, partiendo de los hechos probados en el presente caso ha podido
percibir que la parte accionada ha conculcado el derecho fundamental al debido
proceso que posee el accionante, toda vez que de manera arbitraria y sin justificación
le ha arrebatado los derechos a realizar la obra correspondiente al lote no. 17, sobre
la construcción del ''Politécnico Moca-Etapa 2, nivel M/P'', los cuales adquirió
válidamente al resultar adjudicatario en primer lugar de los mismos en el sorteo de
licitación pública ME-CCC-SO-2013-05-GD, celebrado en fecha 19 de noviembre de
2013, por lo que en ese tenor procede acoger las conclusiones del accionante, y en
consecuencia, ordenar al Ministerio de Educación de la República Dominicana
(MINERD), entregar al señor Miguel Darío Bencosme Compres, la referida obra, tal
y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia.
X) Que procede declarar el presente proceso libre de costas de conformidad con el
artículo 66 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales.
Por tales motivos y vistos los artículos 69, 72, 164, y 165 de la Constitución
Dominicana; 65, 66 y 75 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales del 13 de junio de 2011.
La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, administrando Justicia, en
nombre de la República, por autoridad de la Ley y en mérito de los citados artículos:
F A L L A:
Primero: DECLARA buena y válida en cuanto a la forma, la presente Acción
Constitucional de Amparo interpuesta por el señor Miguel Darío Bencosme Compres,
en contra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), por los
motivos expuestos.
lxxvii
Segundo: ACOGE en cuanto al fondo, la citada Acción Constitucional de Amparo
interpuesta por el señor Miguel Darío Bencosme Compres, al haberse comprobado
la violación al derecho fundamental del debido proceso, en consecuencia, ORDENA
al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), la entrega al señor
Miguel Darío Bencosme Compres, del lote No. 17, por haberlo ganado en el sorteo
de obras ME-CCC-SO-2013-05-GD, correspondiente al ''Politécnico Moca-Etapa 2,
Nivel M/P'' conformado por 48 aulas, de fecha 19 de noviembre de 2013.
Tercero: DECLARA libre de costas el presente procedimiento en razón de la materia.
Cuarto: ORDENA la notificación de la presente sentencia vía secretaría a la parte
accionante, señor Miguel Darío Bencosme Compres, a la parte accionada, el
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), y a la Procuraduría
General Administrativa.
Quinto: ORDENA la publicación de la presente sentencia en el boletín del Tribunal
Superior Administrativo.
Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncian, ordenan, mandan y firman.
Judhit Contreras Esmurdoc
Jueza presidenta
Rafael A. Báez García
Jueza
Dilcia María Rosario Almonte
Jueza
lxxviii
Evelin Germosén
Secretaria General
DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los jueces antes
mencionados, celebrando audiencia pública el mismo día, mes y año expresados, la
que fue leída por mí, secretaria que certifica.
Evelin Germosén
Secretaria General