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Cuestiones que requieren la adopción de medidas por el Consejo Económico y Social o que se señalan a su atención
A. Proyectos de resolución que el Consejo Económico y Social
someterá a la aprobación de la Asamblea General
1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al
Consejo Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de
resolución para someterlos a la aprobación de la Asamblea General :
Proyecto de resolución I
Integración del deporte en las estrategias de prevención de
la delincuencia y de justicia penal dirigidas a la juventud
La Asamblea General,
Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos
Humanos 1 , y recordando el compromiso compartido de los Estados
Miembros de respetar el estado de derecho y prevenir y combatir la
delincuencia en todas sus formas y manifestaciones,
Reafirmando también el carácter intersectorial de las cuestiones
relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal y la consiguiente
necesidad de incorporar mejor esas cuestiones en el programa más amplio
de las Naciones Unidas a fin de mejorar la coordinación en todo el sistema,
Recordando las reglas y normas internacionales pertinentes de las
Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal,
incluidas las Directrices para la Prevención del Delito2, las Directrices para
la Cooperación y la Asistencia Técnica en la esfera de la Prevención de la
Delincuencia Urbana 3 ,
las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil (Directrices de Riad)4 , las Estrategias y Medidas Prácticas Modelo
Actualizadas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
Campo de la Prevención del Delito y la Justicia Penal5, las Estrategias y
Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la
Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la
Justicia Penal 6 , las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) 7 y las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos
(Reglas Nelson Mandela)8,
Recordando también su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015,
en la que aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y
reconociendo, entre otras cosas, que el deporte es un importante facilitador
del desarrollo sostenible,
1 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
2 Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo.
3 Resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, anexo.
4 Resolución 45/112 de la Asamblea General, anexo.
5 Resolución 65/228 de la Asamblea General, anexo.
6 Resolución 69/194 de la Asamblea General, anexo.
7 Resolución 40/33 de la Asamblea General, anexo.
8 Resolución 70/175 de la Asamblea General, anexo.
Recordando además la resolución 7/8 de la Conferencia de los Estados
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 10
de noviembre de 2017, relativa a la corrupción en el deporte, en que la
Conferencia, entre otras cosas, expresó preocupación por el hecho de que la
corrupción pudiera socavar el potencial del deporte y la función que este
desempeñaba al contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y las metas que figuraban en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Acogiendo con beneplácito la Conferencia Internacional sobre
Medidas de Protección del Deporte frente a la Corrupción, celebrada en
Viena los días 5 y 6 de junio de 2018, y acogiendo con beneplácito también
la conferencia de seguimiento que se celebrará en Viena los días 3 y 4 de
septiembre de 2019,
Reconociendo la importancia de proteger a los niños y los jóvenes en
el deporte frente a toda posible explotación o abuso a fin de crear un entorno
seguro que propicie su desarrollo saludable,
Recordando su resolución 72/6, de 13 de noviembre de 2017, relativa
a la construcción de un mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el
ideal olímpico y, a este respecto, reconociendo el importante papel que
desempeñan el sistema de las Naciones Unidas y sus programas en los países
y la función de los Estados Miembros en la promoción del desarrollo
humano mediante el deporte y la educación física,
Recordando también el artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos
del Niño9, en el que los Estados partes reconocieron el derecho de los niños
al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, y recordando
además la Declaración y el Plan de Acción contenidos en el documento
titulado “Un mundo apropiado para los niños”10 , en el que los Estados
Miembros se comprometieron a promover la salud física, mental y
emocional de los niños por medio del juego y los deportes,
Recordando además el documento final del trigésimo período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “Nuestro
compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema
mundial de las drogas”11, en el que los Estados Miembros recomendaron que
se proporcionara acceso a los niños y los jóvenes a actividades deportivas y
culturales frecuentes, con miras a promover vidas y estilos de vida
saludables y como medida para prevenir el uso indebido de drogas, y
reconociendo la pertinencia de esta medida para mejorar la prevención del
delito y la justicia penal en general,
Recalcando la función de la Comisión de Prevención del Delito y
Justicia Penal como principal órgano normativo de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito,
Expresando preocupación por los riesgos que la corrupción y la
delincuencia en el deporte plantean para la juventud y por el gran número
de niños y jóvenes que pueden o no estar en conflicto con la ley pero que se
encuentran abandonados, desatendidos, maltratados, explotados o expuestos
al uso indebido de drogas, en situación marginal y, en general, en situación
de riesgo social,
Convencida de la importancia de prevenir la participación de los niños
y los jóvenes en actividades delictivas respaldando su desarrollo y
9 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.
10 Resolución S-27/2 de la Asamblea General, anexo.
11 Resolución S-30/1 de la Asamblea General, anexo.
fortaleciendo su resiliencia frente a conductas antisociales y delictivas, de
apoyar la rehabilitación de los niños y los jóvenes en conflicto con la ley y
su reinserción en la sociedad, de proteger a los niños víctimas y testigos, en
particular impidiendo la revictimización, y de atender las necesidades de los
niños y los jóvenes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y
convencida también de que en las respuestas integrales en materia de
prevención del delito y de justicia penal se deben tener en cuenta los
derechos humanos y el interés superior de los niños,
Reconociendo que los deportes y la actividad física tienen el poder de
cambiar las percepciones, contrarrestar los prejuicios y mejorar los
comportamientos, así como de inspirar a las personas, derribar las barreras
raciales y políticas, promover la igualdad de género y luchar contra la
discriminación,
Destacando que la rehabilitación y la reinserción social de las personas
privadas de libertad como resultado de una conducta delictiva figuran entre
los objetivos esenciales del sistema de justicia penal y que las Reglas Nelson
Mandela y otras
reglas y normas pertinentes, en particular las Reglas de Beijing y las Reglas
de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad12, recomiendan que las autoridades no solo ofrezcan programas
relacionados con la educación, la formación profesional y el trabajo, así
como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de
carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y
el deporte, sino que también presten especial atención a los reclusos y
reclusas jóvenes a este respecto,
Tomando nota con aprecio del informe del Secretario General titulado
”Fortalecimiento del marco mundial a fin de potenciar el deporte como
medio para lograr el desarrollo y la paz”13, que contiene una actualización
del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el
Desarrollo y la Paz14,
Reconociendo la complementariedad entre las iniciativas de
prevención de la delincuencia y de justicia penal dirigidas a la juventud y la
labor relativa al deporte para el desarrollo y la paz, y reconociendo también
que esas iniciativas se podrían mejorar mediante enfoques coherentes e
integrados a todos los niveles, con especial hincapié en la comunidad, la
familia, los niños y los jóvenes, incluidos los que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad,
Alentando la colaboración entre todas las instancias correspondientes
de gobierno y los interlocutores pertinentes de la sociedad civil a fin de
reforzar y mantener estrategias, programas e iniciativas eficaces de
prevención del delito, según proceda, y promover una cultura de paz y no
violencia,
Reconociendo la importante función de promoción que pueden
desempeñar las federaciones deportivas internacionales en la armonización
de las prioridades de los administradores deportivos, las Naciones Unidas y
los gobiernos nacionales y municipales en materia de políticas, y
reconociendo también la relación cada vez más estrecha entre el Comité
Olímpico Internacional y las Naciones Unidas en lo que respecta al deporte
para el desarrollo y la paz,
1. Reafirma que el deporte es un importante facilitador del
desarrollo sostenible y reconoce que contribuye cada vez más a hacer
12 Resolución 45/113 de la Asamblea General, anexo.
13 A/73/325.
14 Véase A/61/373.
realidad el desarrollo, la justicia y la paz promoviendo la tolerancia y el
respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los
jóvenes, las personas y las comunidades,
así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social;
2. Invita a los Estados Miembros, las entidades del sistema de las
Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional y otros interesados, incluidas las organizaciones, federaciones
y asociaciones relacionadas con el deporte, los atletas, los medios de
comunicación,
la sociedad civil, los círculos académicos y el sector privado, a que
promuevan una mayor conciencia y la adopción de medidas para reducir la
delincuencia a fin de contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible 15 por medio de iniciativas basadas en el deporte,
teniendo en cuenta la importancia que revisten las actividades de prevención
de la delincuencia y justicia penal dirigidas a la juventud, así como los
riesgos que entrañan para la juventud la corrupción y la delincuencia en el
deporte, y a que utilicen el deporte como instrumento para promover la paz,
la justicia y el diálogo durante el período en que se celebren los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos y posteriormente;
3. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que emprenda una campaña mundial de sensibilización y
recaudación de fondos durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Verano de 2020 y la Copa Mundial de Fútbol de 2022 para promover el
deporte y el aprendizaje basado en el deporte como parte de las estrategias
encaminadas a hacer frente a los factores de riesgo de la delincuencia juvenil
y el consumo de drogas entre la juventud y a que preste asistencia en esta
esfera a los Estados Miembros que la soliciten, e invita a los comités
organizadores nacionales, al Comité Olímpico Internacional y a la
Fédération Internationale de Football Association a que trabajen en estrecha
cooperación con la Oficina a este respecto;
4. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan la integración
del deporte en estrategias, políticas y programas intersectoriales de
prevención del delito y justicia penal, cuando proceda y conforme a la
legislación nacional, sobre la base de normas, indicadores y parámetros
fiables, y a que velen por el seguimiento y la evaluación de esas estrategias,
políticas y programas;
5. Alienta también a los Estados Miembros a que destaquen y
propicien la utilización del deporte como vehículo para promover la
prevención del delito
y la justicia penal y el estado de derecho, hacer realidad la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, asegurar la
participación de todas las personas sin discriminación de ningún tipo y
promover la tolerancia, el entendimiento y el respeto, que a su vez fortalecen
las sociedades pacíficas e inclusivas;
6. Acoge con beneplácito la labor de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en la esfera de la prevención del delito y
la justicia penal, en particular sus esfuerzos por promover el deporte en el
contexto de la prevención de la delincuencia juvenil y el consumo de drogas
entre la juventud como instrumento de preparación para la vida, así como
sus esfuerzos por hacer frente al riesgo que plantean para los jóvenes la
corrupción y la delincuencia en el deporte, entre otras cosas mediante la
elaboración de instrumentos y la prestación de asistencia técnica en el
contexto del Programa Mundial para la Aplicación de la Declaración de
15 Resolución 70/1 de la Asamblea General.
Doha: Hacia la Promoción de una Cultura de Legalidad, y del programa
mundial para la protección del deporte frente a la corrupción y el delito;
7. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, de conformidad con su mandato y en estrecha cooperación con
las organizaciones internacionales y los asociados pertinentes, siga
localizando y difundiendo información y buenas prácticas sobre el uso del
deporte y el aprendizaje basado en el deporte en relación con la prevención
del delito y la violencia, incluida la prevención de la violencia contra las
mujeres y los niños, así como en el contexto de la reinserción social de los
delincuentes, y que preste asesoramiento y apoyo a los encargados de la
formulación de políticas y a los profesionales;
8. Exhorta a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de
apoyo comunitario a la juventud a fin de hacer frente a los factores de riesgo
de la delincuencia y la violencia y alienta a los Estados Miembros a facilitar
instalaciones y programas deportivos y recreativos de ese tipo;
9. Alienta a los Estados Miembros a que, en cooperación con las
partes interesadas pertinentes, utilicen más ampliamente las actividades
deportivas para promover la prevención de la delincuencia juvenil a nivel
primario, secundario y terciario y propiciar la reinserción social de los
jóvenes infractores, así como para prevenir la reincidencia, y a que, a ese
respecto, promuevan y faciliten la investigación, el seguimiento y la
evaluación eficaces de las iniciativas pertinentes, incluidas las dirigidas a
las pandillas, con el fin de determinar sus repercusiones;
10. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de
elaborar marcos normativos claros dentro de los cuales se puedan llevar
adelante iniciativas basadas en el deporte para lograr cambios positivos en
los ámbitos de la prevención del delito y la justicia penal;
11. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que convoque una reunión de un grupo de expertos, en estrecha
coordinación con los Estados Miembros y en colaboración con todas las
entidades pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y el Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la Secretaría, con los institutos de la red del
programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y
justicia penal y con organizaciones deportivas como el Comité Olímpico
Internacional y la Fédération Internationale de Football Association, a fin
de examinar medios y métodos eficaces para integrar el deporte en las
actividades de prevención de la delincuencia y justicia penal dirigidas a la
juventud, sobre la base de sus programas en curso y teniendo en cuenta los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros planes de acción, reglas y normas
de las Naciones Unidas al respecto, con miras al análisis y la compilación
de un conjunto de mejores prácticas que tomen en consideración a las
diversas partes interesadas y mejoren la coordinación en todo el sistema, y
que presente un informe a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal para que lo examine en su 29º período de sesiones, así como al 14º
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal a título informativo y, en este sentido, acoge con beneplácito el
ofrecimiento del Gobierno de Tailandia de acoger dicha reunión de un grupo
de expertos en 2019;
12. Invita a los institutos de la red del programa de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal a que consideren
la posibilidad de incluir en sus programas de trabajo la cuestión de la
integración del deporte en las actividades de prevención de la delincuencia
y justicia penal dirigidas a la juventud, observando los esfuerzos de los
Estados Miembros por lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible
pertinentes;
13. Solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito que presente información al Secretario
General sobre la aplicación de la presente resolución como posible
contribución al informe que el Secretario General ha de presentar a la
Asamblea General en su septuagésimo quinto período de sesiones sobre la
aplicación de la resolución 73/24, de 3 de diciembre
de 2018, relativa al deporte como facilitador del desarrollo sostenible;
14. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten
recursos extrapresupuestarios para estos fines, de conformidad con las
normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.
Proyecto de resolución II
Seguimiento del 13er Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y preparativos
del 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Justicia Penal
La Asamblea General,
Poniendo de relieve la responsabilidad que asumieron las Naciones
Unidas
en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal en cumplimiento
de la resolución 155 C (VII) del Consejo Económico y Social, de 13 de
agosto de 1948, y de la resolución 415 (V) de la Asamblea General, de 1 de
diciembre de 1950,
Reconociendo que los congresos de las Naciones Unidas sobre
prevención del delito y justicia penal, en cuanto que importantes foros
intergubernamentales, han influido en las políticas y las prácticas nacionales
y han promovido la cooperación internacional en esa esfera al facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias, movilizar a la opinión pública y
definir posibles políticas en los planos nacional, regional e internacional,
Reconociendo la importante contribución de los congresos de las
Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal en cuanto que
promueve el intercambio de experiencias en materia de investigación,
elaboración de leyes y políticas y determinación de nuevas tendencias y
cuestiones relacionadas con la prevención del delito y la justicia penal entre
los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no
gubernamentales y los expertos de diversas profesiones y disciplinas que
participan a título individual,
Recordando su resolución 56/119, de 19 de diciembre de 2001, relativa
al cometido, la función, la periodicidad y la duración de los congresos de
las
Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente,
en la que se estipularon las directrices con arreglo a las cuales se celebrarían
los congresos,
a partir de 2005, conforme a los párrafos 29 y 30 de la declaración de
principios y programa de acción del programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal16,
Recordando también su resolución 70/174, de 17 de diciembre de
2015, y sus resoluciones 71/206, de 19 de diciembre de 2016, 72/192, de 19
16 Resolución 46/152 de la Asamblea General, anexo.
de diciembre de 2017, y 73/184, de 17 de diciembre de 2018, relativas al
seguimiento del 13er Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Justicia Penal y los preparativos del 14º Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,
Recordando además, en particular, que en su resolución 73/184
decidió que el 14º Congreso se celebrara en Kioto (Japón) del 20 al 27 de
abril de 2020, y que las consultas previas se celebraran el 19 de abril de
2020,
Teniendo presente que en su resolución 73/184 decidió que durante los
dos primeros días del 14° Congreso se celebrara la serie de sesiones de alto
nivel a fin de que los Jefes y Jefas de Estado o de Gobierno y los ministros
y ministras pudieran centrarse en el tema principal del Congreso 17, lo que
favorecería la celebración de un intercambio de opiniones útil,
Teniendo presente también que en su resolución 73/184 decidió que,
de conformidad con su resolución 56/119, el 14º Congreso aprobara una
única declaración, que se presentaría a la Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal para que la examinara,
Reconociendo la labor realizada por el Gobierno del Japón para
garantizar la eficacia de los preparativos del 14º Congreso,
Observando con aprecio la celebración de la Reunión Preparatoria
Regional de Europa por primera vez desde 1995,
Acogiendo con aprecio la decisión del Gobierno del Japón de organizar
el Foro de la Juventud con anterioridad al 14º Congreso, que da continuidad
a la iniciativa adoptada por el país anfitrión del 13 er Congreso,
1. Invita a los Gobiernos a que, al formular leyes y directrices de
política, consideren la posibilidad de tomar en consideración la Declaración
de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal
en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar
los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a
Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública 18, y a que hagan
todo lo posible, cuando proceda, por aplicar los principios que en ella se
enuncian, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas;
2. Invita a los Gobiernos y a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a que informen al
14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal sobre sus actividades destinadas a poner en práctica la Declaración de
Doha, con miras a impartir orientación para la formulación de leyes,
políticas y programas sobre prevención del delito y justicia penal en los
planos nacional e internacional y, con ese fin, solicita a l Secretario General
que prepare un informe sobre ese tema, que se presentará al Congreso para
que lo examine;
3. Observa con aprecio los progresos realizados hasta el momento
en los preparativos del 14º Congreso;
4. Acoge con beneplácito la labor emprendida por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para dar seguimiento a la
aplicación de la Declaración de Doha;
17 “Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho: hacia
el cumplimiento de la Agenda 2030”.
18 Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.
5. Toma nota con aprecio del informe del Secretario General19;
6. Toma nota con aprecio también de la guía para las deliberaciones
preparada por el Secretario General, en cooperación con los institutos de la
red del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito
y justicia penal, para su utilización en las reuniones preparatorias regionales
y en el 14º Congreso20;
7. Acoge con beneplácito los resultados de las reuniones
preparatorias regionales, que se celebraron en las cinco regiones y en las
que se examinó el tema general del 14º Congreso junto con los temas
sustantivos del programa y los temas de los seminarios, y toma nota de los
resultados que se deben tener presentes durante los preparativos y en las
deliberaciones del Congreso;
8. Invita a los Estados Miembros a que, como parte del tema general
y los temas sustantivos del programa que se van a examinar en el 14º
Congreso, consideren la posibilidad de centrarse en la labor de los
profesionales, den prioridad al fortalecimiento de la cooperación
internacional y la creación de capacidad y resalten las alianzas entre el
sector público y el privado en la labor relacionada con la prevención del
delito, la justicia penal y el fortalecimiento del estado de derecho;
9. Solicita a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
que, conforme a su resolución 73/184, comience a preparar, en reuniones
entre períodos de sesiones que se celebren con suficiente antelación al
Congreso, un proyecto de declaración estructurado, breve y conciso, con un
mensaje político firme y amplio que refleje los asuntos principales que se
examinarán en el Congreso, teniendo en cuenta los resultados de esas
reuniones preparatorias regionales, las consultas con las organizaciones y
entidades pertinentes y las deliberaciones celebradas al respecto en el marco
de los preparativos del 14º Congreso, así como el mandato y los objetivos
de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y
justicia penal;
10. Alienta a los Estados Miembros a que concluyan la negociación
de la declaración de Kioto con suficiente antelación antes del comienzo del
14º Congreso;
11. Pone de relieve la importancia de los seminarios que se
celebrarán durante el 14º Congreso, e invita a los Estados Miembros, las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y otras
entidades pertinentes a que proporcionen a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y a los institutos de la red del programa
de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal
apoyo financiero, organizativo y técnico para la preparación de esos
seminarios, lo que incluye la elaboración y distribución de la documentación
básica pertinente;
12. Invita a los Estados Miembros a incluir en sus delegaciones a
panelistas y expertos que puedan aportar conocimientos especializados
sustantivos a los seminarios, de manera que las deliberaciones que tengan
lugar en ellos sean dinámicas y fructíferas;
13. Reitera su solicitud al Secretario General de que, con sujeción a
la disponibilidad de recursos extrapresupuestarios, facilite la participación
de los países en desarrollo en los seminarios, y alienta nuevamente a los
Estados, a los institutos de la red del programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal, a otras entidades
19 E/CN.15/2019/11.
20 A/CONF.234/PM.1.
interesadas y al Secretario General a que colaboren para que los seminarios
se centren debidamente en sus temas respectivos y logren resultados
prácticos que generen ideas, proyectos y documentos en el ámbito de la
cooperación técnica al objeto de intensificar las actividades de asistencia
técnica a nivel bilateral y multilateral en materia de prevención del delito y
justicia penal;
14. Solicita al Secretario General que, de conformidad con la
práctica establecida, facilite los recursos necesarios para asegurar la
participación de los países menos adelantados en el 14º Congreso;
15. Alienta a los Gobiernos a que emprendan los preparativos
del 14º Congreso con suficiente antelación y con todos los medios
adecuados, entre otros, cuando proceda, el establecimiento de comités
preparatorios nacionales, con miras a contribuir a un debate product ivo y
debidamente centrado en los temas y a participar activamente en la
organización y realización de los seminarios,
la presentación de documentos de posición de los países sobre los diversos
temas sustantivos del programa y el fomento de las aportaciones de la
comunidad académica y las instituciones científicas pertinentes;
16. Invita a los Estados Miembros a que envíen al 14º Congreso
representantes al nivel más alto que corresponda, por ejemplo, Jefes de
Estado o de Gobierno, ministros o fiscales generales, formulen
declaraciones en la serie de sesiones de alto nivel sobre el tema principal y
los temas sustantivos del Congreso y participen activamente en las
deliberaciones enviando a juristas y expertos en elaboración de políticas,
con formación especializada y experiencia práctica en prevención del delito
y justicia penal;
17. Reitera su solicitud al Secretario General de que, de conformidad
con la práctica establecida, facilite la organización de reuniones
complementarias de las organizaciones no gubernamentales y profesionales
que participen en
el 14º Congreso, así como reuniones de grupos de interés de carácter
profesional o geográfico, y adopte medidas apropiadas para fomentar la
participación en el Congreso de la comunidad académica y de investigación;
18. Reitera también su solicitud al Secretario General de que aliente
a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que envíen
representantes al 14º Congreso, teniendo presentes el tema principal, los
temas del programa y los temas de los seminarios del Congreso;
19. Acoge con beneplácito el plan para la documentación del 14º
Congreso, preparado por el Secretario General en consulta con la Mesa
ampliada de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal 21;
20. Acoge con beneplácito también el nombramiento, por el
Secretario General, de los cargos de secretario general y secretario ejecutivo
del 14º Congreso, que desempeñarán sus funciones conforme a lo dispuesto
en el reglamento de los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención
del delito y justicia penal;
21. Solicita al Secretario General que prepare un documento de
información general sobre la situación de la delincuencia y la justicia penal
en el mundo para su presentación en el 14º Congreso;
22. Solicita a la Comisión que, en su 29º período de sesiones, dé alta
prioridad al examen de la declaración del 14º Congreso, con miras a
recomendar, por conducto del Consejo Económico y Social, medidas
21 E/CN.15/2019/11, secc. II.
apropiadas de seguimiento por la Asamblea General en su septuagésimo
quinto período de sesiones;
23. Solicita al Secretario General que vele por el debido seguimiento
de la presente resolución y que informe al respecto a la Asamblea General
en su septuagésimo quinto período de sesiones por conducto de la Comisión.
Proyecto de resolución III
Educación para la justicia y el estado de derecho en el
contexto
del desarrollo sostenible
La Asamblea General,
Reafirmando su compromiso con los propósitos y principios de la
Carta de
las Naciones Unidas y el derecho internacional, que son el fundamento
indispensable de un mundo más pacífico, próspero y justo, y reiterando su
determinación de promover su estricto respeto y de establecer una paz justa
y duradera en todo el mundo,
Reafirmando también el derecho de toda persona a la educación,
consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos 22 y
reconocido por los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales 23 ,
la Convención sobre los Derechos del Niño 24 , la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 25, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 26 y otros
instrumentos pertinentes,
Recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,
que se recogen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 27, son de
carácter integrado
e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, y
reconociendo la importancia de adoptar medidas que garanticen una
educación inclusiva y equitativa de calidad y promuevan oportunidades de
aprendizaje permanente para todos, incluidas más oportunidades para que
todos los niños, en particular las niñas, tengan acceso a una educación de
calidad, así como la necesidad de promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas,
Reconociendo la importante y positiva contribución de la juventud a
las iniciativas encaminadas a mantener y promover la paz y el estado de
derecho,
Reafirmando la Declaración de Doha sobre la Integración de la
Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del
Programa de las
Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y
Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la
22 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
23 Véase la resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
24 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.
25 Ibid., vol. 1249, núm. 20378. 26 Ibid., vol. 2515, núm. 44910.
27 Resolución 70/1 de la Asamblea General.
Participación Pública28, en la que los Estados Miembros pusieron de relieve
que la educación para todos los niños y jóvenes, incluida la erradicación del
analfabetismo, era fundamental para prevenir la delincuencia y la
corrupción y promover el estado de derecho y los derechos humanos
respetando al mismo tiempo la identidad cultural, y destacaron el papel
fundamental de la participación de los jóvenes en las iniciativas de
prevención
del delito,
Tomando nota de la Declaración de Incheon, titulada “Educación
2030: hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje
a lo largo de la vida
para todos”29, aprobada en el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, que
tuvo lugar en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015,
en la que se afirmó la idea de la educación como uno de los motores
principales del desarrollo, esencial para la paz, la tolerancia, la realización
humana y el desarrollo sostenible, y clave para lograr el pleno empleo y la
erradicación de la pobreza,
Reconociendo la importancia de adoptar medidas para garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad a todos los niveles –enseñanza
preescolar, primaria, secundaria, terciaria, de adultos y a distancia, incluida
la formación técnica y profesional– para que todas las personas puedan
acceder a oportunidades de aprendizaje permanente que las ayuden a
adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las
oportunidades que se les presenten de participar plenamente en la sociedad
y contribuir al desarrollo sostenible,
1. Reitera su invitación a los Gobiernos a que tengan en
consideración la Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención
del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las
Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y
Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la
Participación Pública28, aprobada por el 13er Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, al formular leyes y
directrices de política y a que hagan todo lo posible por aplicar, cuando
proceda,
los principios que en ella se enuncian, de conformidad con los propósitos y
principios de la Carta delas Naciones Unidas;
2. Recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible27, en la
que los Estados Miembros se comprometieron al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus metas y a velar por que todos los estudiantes
adquirieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover
el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para la
justicia con miras a lograr el desarrollo sostenible;
3. Insta a los Estados Miembros a que faciliten el acceso a la
educación para todos, incluidas las aptitudes técnicas y profesionales, y a
que promuevan las aptitudes de aprendizaje a lo largo de la vida para todos,
e invita también a los Estados Miembros a que promuevan los programas
educativos relacionados con la prevención del delito, la justicia penal y el
estado de derecho, en particular para los niños
y los jóvenes;
28 Resolución 70/174 de la Asamblea General.
29 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Informe Final del Foro Mundial sobre la Educación 2015, Incheon
(República de Corea), 19 a 22 de mayo de 2015 (París, 2015).
4. Exhorta a los Estados Miembros a que incorporen estrategias de
prevención del delito y justicia penal en todas las políticas y programas
sociales y económicos pertinentes, en particular los que afectan a la
juventud, con especial hincapié en los programas centrados en la ampliación
de las oportunidades de educación y empleo para jóvenes y adultos jóvenes;
5. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con el
derecho interno, alienten una mayor cooperación entre los sectores de la
prevención del delito y la justicia penal y el sector de la educación, así como
con otros sectores pertinentes, para promover la integración de la educación
para la justicia y el estado de derecho en sus sistemas y programas
educativos;
6. Pone de relieve el derecho a la educación, reconoce que la
inversión en una educación y una formación universales, inclusivas y de
calidad es la inversión más importante que pueden hacer los Estados en
favor del desarrollo a corto
y a largo plazo de los jóvenes, reitera que el acceso a una educación
académica
y no académica inclusiva, equitativa y de calidad a todos los niveles,
incluidas, cuando proceda, la educación compensatoria y la alfabetización,
en ámbitos como las tecnologías de la información y las comunicaciones
para quienes no recibieron una educación académica, la tecnología de la
información y las comunicaciones y el voluntariado son factores
importantes que permiten a los jóvenes adquirir conocimientos pertinentes
y desarrollar sus capacidades, especialmente su empleabilidad y su
capacidad empresarial, y obtener un trabajo decente y productivo, y exhorta
a los Estados Miembros a que adopten las medidas necesarias para que los
jóvenes tengan acceso a esos servicios y oportunidades, que les permitirán
ser motores del desarrollo;
7. Invita a los Estados Miembros a que elaboren programas de
sensibilización para transmitir valores fundamentales basados en el estado
de derecho y respaldados por programas educativos, que deberán ir
acompañados de políticas económicas y sociales que promuevan la
igualdad, la solidaridad y la justicia, y captar la atención de los jóvenes a fin
de contar con ellos como promotores de cambios positivos;
8. Invita también a los Estados Miembros a que, de conformidad
con su marco jurídico interno, redoblen sus esfuerzos en los planos nacional
e internacional por eliminar todas las formas de discriminación, como el
racismo, la intolerancia religiosa, la xenofobia y la discriminación por
motivos de género, en particular creando conciencia, elaborando materiale s
y programas educativos y, cuando proceda, considerando la posibilidad de
elaborar y aplicar leyes contra la discriminación, y a que, con esos fines, se
esfuercen por lograr todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
pertinentes, en particular los Objetivos 4, 5, 8, 10 y 16;
9. Acoge con beneplácito la labor que realiza la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco de su mandato, en
la esfera de la educación para la justicia y el estado de derecho, en particular
en el contexto de la iniciativa Educación para la Justicia, que es un
componente clave del Programa Mundial para la Aplicación de la
Declaración de Doha: Hacia la Promoción de una Cultura de Legalidad;
10. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que prosiga sus esfuerzos por promover la educación para el estado
de derecho
y la justicia en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular en el marco de su
alianza denominada Educación para la Ciudadanía Mundial en pro del
Estado de Derecho: Hagamos lo Correcto, y a ese respecto acoge con
beneplácito la publicación conjunta sobre el fortalecimiento del estado de
derecho mediante la educación, destinada a los encargados de formular
políticas (Strengthening the Rule of Law through Education: A Guide for
Policymakers);
11. Observa que el tema principal del 14º Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará en
Kioto (Japón)
en 2020, es “Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el
estado de derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030”, y acoge con
beneplácito los fructíferos debates y deliberaciones celebrados sobre ese
tema, y especialmente en relación con la educación, en las reuniones
preparatorias regionales para el Congreso;
12. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que informe de sus actividades encaminadas a promover la educación
para la justicia en el informe del Secretario General sobre la aplicación de
la Declaración de Doha en el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal;
13. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que
proporcionen recursos extrapresupuestarios para los fines antes descritos de
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.
Proyecto de resolución IV
Fomento de la asistencia técnica y la creación de capacidad
para fortalecer las medidas nacionales y la cooperación
internacional contra la ciberdelincuencia, incluido el
intercambio de información
La Asamblea General,
Recordando su resolución 65/230, de 21 de diciembre de 2010, en la
que hizo suya la Declaración de Salvador sobre Estrategias Amplias ante
Problemas Globales: los Sistemas de Prevención del Delito y Justicia Penal
y su Desarrollo en un Mundo en Evolución, aprobada en el 12º Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, y solicitó
a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal que estableciera,
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 42 de esa Declaración, un grupo
intergubernamental de expertos de composición abierta para que realizara
un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético y las respuestas
de los Estados Miembros, la comunidad internacional y el sector privado
ante ese fenómeno, incluido el intercambio de información sobre legislación
nacional, mejores prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional,
con miras a examinar opciones para fortalecer las actuales respuestas
jurídicas o de otra índole frente a la ciberdelincuencia en los planos nacional
e internacional y proponer otras nuevas,
Recordando también sus resoluciones 46/152, de 18 de diciembre de
1991, 60/1, de 16 de septiembre de 2005, 67/1, de 24 de septiembre de 2012,
69/193 y 69/196, de 18 de diciembre de 2014, 70/178, de 17 de diciembre
de 2015, 71/209, de 19 de diciembre de 2016, y 72/196, de 19 de diciembre
de 2017, y 73/186 y 73/187, de 17 de diciembre de 2018,
Recordando además su resolución 70/174, de 17 de diciembre de 2015,
en la que hizo suya la Declaración de Doha sobre la Integración de la
Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del
Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y
Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e
Internacional y la Participación Pública,
Acogiendo con beneplácito la resolución 26/4 de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal, de 26 de mayo de 2017, en que la
Comisión decidió que el Grupo de Expertos encargado de Realizar un
Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético, de carácter
intergubernamental y de composición abierta, dedicara sus reuniones futuras
a examinar de manera estructurada cada una de las cuestiones principales
que se abordaban en el proyecto de estudio exhaustivo sobre el delito
cibernético preparado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito bajo los auspicios del Grupo de Expertos, alentó al Grupo de
Expertos a que elaborara y le presentara posibles conclusiones y
recomendaciones y solicitó a la Oficina que reuniera periódicamente
información sobre las novedades, los progresos y las mejores prácticas que
se hubieran observado,
Acogiendo con beneplácito también el plan de trabajo del Grupo de
Expertos para el período 2018–2021, que fue aprobado por el Grupo de
Expertos en su cuarta reunión, celebrada en Viena del 3 al 5 de abril de 2018,
Observando que el Grupo de Expertos dedicará su próxima reunión a
la cooperación internacional y la prevención, teniendo en cuenta la
información sobre esas cuestiones reflejada en el proyecto de estudio
exhaustivo sobre el delito cibernético, las observaciones presentadas por los
Estados Miembros y los acontecimientos recientes en los planos nacional e
internacional,
Recordando su resolución 73/186, en la que, entre otras cosas, hizo
notar con aprecio la celebración de la cuarta reunión del Grupo de Expertos
y exhortó a los Estados Miembros a que apoyaran el plan de trabajo del
Grupo de Expertos,
Recordando también su resolución 73/187, en la que solicitó al
Secretario General que recabase las opiniones de los Estados Miembros
sobre los problemas a que se enfrentaban en la lucha contra la utilización de
las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos
y que presentase un informe basado en esas opiniones para examinarlo en
su septuagésimo cuarto período de sesiones,
Recordando además que, en su resolución 73/187, decidió incluir en
el programa provisional de su septuagésimo cuarto período de sesiones un
tema titulado “Lucha contra la utilización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones con fines delictivos”,
Destacando la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación
entre los Estados Miembros en la lucha contra la ciberdelincuencia, lo que
incluye prestar asistencia técnica a los países en desarrollo que la soliciten
para mejorar su legislación nacional y reforzar la capacidad de sus
autoridades nacionales para hacer frente a la ciberdelincuencia en todas sus
formas, por medios como su prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento, poniendo de relieve en este contexto la función que
desempeñan las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal, y reafirmando la importancia de respetar los
derechos humanos y las libertades fundamentales al utilizar las tecnologías
de la información y las comunicaciones,
Acogiendo con aprecio la labor del Grupo de Expertos y su énfasis en
los debates sustantivos entre profesionales y expertos de los Estados
Miembros,
Observando que la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional 30 es un instrumento que pueden
utilizar los Estados partes para prestar cooperación internacional con miras
a prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional y que
algunos Estados partes pueden utilizar en algunos casos de
ciberdelincuencia,
Consciente de las dificultades que afrontan todos los Estados para
combatir la ciberdelincuencia, y poniendo de relieve la necesidad de reforzar
las actividades de asistencia técnica y creación de capacidad, cuando se
solicite y en función de las necesidades nacionales, teniendo en cuenta las
dificultades específicas que a ese respecto afrontan los países en desarrollo,
Aguardando con interés las deliberaciones que se celebrarán durante
el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, que tratará cuestiones relativas a la ciberdelincuencia, como
las pruebas electrónicas,
Acogiendo con aprecio los esfuerzos realizados por la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover la aplicación
del Programa Mundial contra el Delito Cibernético a fin de cumplir su
mandato de prestar asistencia técnica y crear capacidad para combatir la
ciberdelincuencia,
1. Acoge con aprecio los resultados de la quinta reunión del Grupo
de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito
Cibernético, de carácter intergubernamental y de composición abierta,
celebrada en Viena del 27 al 29 de marzo de 2019;
2. Reconoce la importancia de la labor del Grupo de Expertos para
seguir intercambiando información sobre legislación nacional, mejores
prácticas, asistencia técnica y cooperación internacional, con miras a
estudiar diferentes opciones para fortalecer las actuales respuestas jurídicas
o de otra índole frente a la ciberdelincuencia a nivel nacional e internacional
y proponer otras nuevas;
3. Observa con aprecio que el Grupo de Expertos formulará, de
conformidad con su plan de trabajo para el período 2018-2021, posibles
conclusiones y recomendaciones que presentará a la Comisión;
4. Reconoce que el Grupo de Expertos es un foro importante para
el intercambio de información sobre legislación nacional, mejores prácticas,
asistencia técnica y cooperación internacional con miras a estudiar
diferentes opciones para reforzar las actuales respuestas jurídicas o de otra
índole frente a la ciberdelincuencia a nivel nacional e internacional y
proponer otras nuevas;
5. Alienta a los Estados Miembros a que formulen y apliquen
medidas para garantizar que la ciberdelincuencia y los delitos en que son
pertinentes las pruebas electrónicas puedan investigarse y enjuiciarse de
manera efectiva a nivel nacional y que se pueda obtener cooperación
internacional eficaz en ese ámbito conforme al derecho interno y de
conformidad con las disposiciones del derecho internacional pertinentes y
aplicables, incluidos los instrumentos internacionales de derechos humanos
aplicables;
6. Insta a los Estados Miembros a que alienten la capacitación de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades de
investigación,
los fiscales y los jueces en el ámbito de la ciberdelincuencia, entre otras
30 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
cosas para que adquieran las competencias necesarias en materia de reunión
de pruebas y tecnología de la información, y dotarlos de los medios
necesarios para que puedan desempeñar eficazmente sus respectivas
funciones de investigación, enjuiciamiento y fallo de los delitos
cibernéticos;
7. Alienta a los Estados Miembros a que se esfuercen por prestar,
cuando se les solicite y con arreglo a las necesidades nacionales, asistencia
técnica apropiada y crear capacidad a largo plazo a fin de que las autoridades
nacionales puedan combatir con más eficacia la ciberdelincuencia y que
continúen intercambiando opiniones sobre experiencias prácticas y otros
aspectos técnicos a ese respecto;
8. Reafirma la función que incumbe a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, de conformidad con la resolución 22/8
de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, de 26 de abril de
2013, como depositaria central de leyes relativas a la ciberdelincuencia y de
experiencias adquiridas en ese ámbito con miras a facilitar la evaluación
continua de las necesidades y la capacidad de la justicia penal y la prestación
de asistencia técnica y su coordinación;
9. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que continúe recopilando información periódicamente sobre las
novedades, los progresos y las mejores prácticas que se hayan observado y
comunicando periódicamente esa información al Grupo de Expertos y a la
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal;
10. Invita al Grupo de Expertos a impartir asesoramiento, basándose
en su labor, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
entre otras cosas con respecto al Programa Mundial contra el Delito
Cibernético, a fin de ayudar a determinar cuáles son las necesidades más
prioritarias en materia de creación de capacidad y las medidas más eficaces
para atenderlas, sin perjuicio de otras cuestiones previstas en el mandato del
Grupo de Expertos ni de la condición de la Comisión en cuanto que órgano
rector del programa contra el delito de la Oficina;
11. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que continúe prestando a los Estados Miembros, cuando se le solicite
y con arreglo a las necesidades nacionales, asistencia técnica y para la
creación de capacidad a largo plazo a fin de que puedan combatir la
ciberdelincuencia, por conducto del Programa Mundial contra el Delito
Cibernético y, entre otras cosas, sus oficinas regionales, en relación con la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de la
ciberdelincuencia en todas sus formas, reconociendo que la cooperación con
los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales
pertinentes, el sector privado, la sociedad civil y otras partes interesadas
pertinentes puede facilitar esta actividad;
12. Invita a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de
cooperar, cuando proceda y de manera responsable, con el sector privado y
la sociedad civil con miras a elaborar medidas para combatir la
ciberdelincuencia;
13. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten
recursos extrapresupuestarios para los fines descritos anteriormente, de
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas;
14. Solicita al Secretario General que informe a la Comisión en su
29º período de sesiones acerca de la aplicación de la presente resolución.
Proyecto de resolución V
Lucha contra la explotación y los abusos sexuales de niños,
niñas y adolescentes en línea
La Asamblea General
Reconociendo la posibilidad de que los niños, las niñas y los
adolescentes que sean víctimas31 de la explotación y los abusos sexuales en
línea sufran traumas que alteren su vida e incluso afecten negativamente a
su trayectoria de desarrollo,
Reconociendo que los avances en las tecnologías de la información y
las comunicaciones han comportado importantes ventajas económicas y
sociales para los países, las comunidades y los niños, las niñas y los
adolescentes al impulsar el desarrollo económico y alentar la
interconectividad mediante el intercambio de ideas y experiencias, pero que
esas ventajas también ofrecen a los delincuentes pedófilos oportunidades sin
precedentes de acceso, producción y distribución de material que muestra
abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y atenta contra su integridad
y sus derechos y permiten el contacto nocivo con ellos en línea, con
independencia de su ubicación física o nacionalidad,
Preocupada porque las nuevas y cambiantes tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluidas las posibilidades de cifrado y
las herramientas de anonimato, se están utilizando indebidamente para
cometer delitos que entrañan explotación y abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes,
Observando que la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes pueden adoptar muchas formas, como, entre otras, conductas
delictivas que implican y que no implican contacto físico, actividades
delictivas en línea, trata de niños, niñas y adolescentes con fines de
explotación sexual, captación con fines sexuales, utilización de imágenes de
abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes con fines de chantaje y
extorsión, adquisición, producción, distribución, facilitación, venta, copia y
posesión de material que muestra abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes y acceso a él y emisión en directo de abusos sexuales de
niños, niñas y adolescentes, y que todas las formas de explotación son
nocivas y tienen repercusiones negativas en el desarrollo y el bienestar a
largo plazo de los niños,
las niñas y los adolescentes y en la cohesión de las familias y la estabilidad
social32,
Poniendo de relieve que el creciente número de maneras de producir,
distribuir, vender, copiar, coleccionar y ver en línea material que muestra
explotación y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y la posibilidad
de que las personas se reúnan en línea y promuevan la explotac ión y los
abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes han aumentado los riesgos a
que estos están expuestos, ya que, entre otras cosas, normalizan la
explotación y los abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes y alientan el contacto nocivo con estos, y observando que
31 Con frecuencia se utiliza el término “supervivientes” para reconocer que los niños,
las niñas
y los adolescentes que son víctimas de la explotación y los abusos sexuales en línea
pueden reponerse de los traumas que han sufrido.
32 Las acciones mencionadas en este párrafo no son necesariamente constitutivas de
delito en todos los Estados Miembros.
esta conducta vulnera y amenaza la integridad, los derechos y la seguridad
de los niños, las niñas y los adolescentes,
Observando que la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional 33 es un instrumento que pueden
usar los Estados partes para cooperar en el plano internacional con miras a
prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional y que, en
algunos Estados partes, puede ser utilizado en algunos casos de abusos y
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea,
Destacando la importancia de mejorar la coordinación y la
cooperación entre los Estados Miembros para prevenir y combatir la
explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea,
identificar a los niños, las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas,
llevar a los autores ante la justicia y reforzar
la prestación de asistencia técnica a los Estados que la soliciten para mejorar
la legislación nacional y fortalecer la capacidad de las autoridades
nacionales para hacer frente a la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en todas sus formas,
en particular en lo que respecta al proceso de prevención, detección,
investigación
y enjuiciamiento y la recuperación física y psicológica y a la integración
social de los niños, las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas,
Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño 34 y el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía35,
Observando que, en algunos Estados Miembros, cada vez más se
utiliza la expresión “material que muestra explotación o abusos sexuales de
niños, niñas
y adolescentes” en referencia al término “pornografía infantil” para reflejar
mejor la naturaleza de ese material y la gravedad del daño que sufren los
niños, las niñas y los adolescentes en ese contexto,
Reafirmando la importancia de los instrumentos jurídicos
internacionales existentes que contribuyen a la lucha contra la explotación
y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y contienen
definiciones convenidas internacionalmente, y reconociendo la importancia
de utilizar una terminología que refleje la gravedad del daño que esa
conducta inflige a los niños, las niñas y los adolescentes,
Reconociendo la importancia de los instrumentos jurídicos
internacionales en vigor que obligan a las partes a tipificar como delito los
abusos y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y que permiten
entablar una cooperación internacional eficaz en el contexto de la lucha
contra la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes,
Recordando sus resoluciones 73/154, de 17 de diciembre de 2018,
relativa a la protección de los niños contra el acoso, 73/148, de 17 de
diciembre de 2018, titulada “Intensificación de los esfuerzos para prevenir
y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: el
acoso sexual”, 69/194, de 18 de diciembre de 2014, relativa a las Estrategias
y Medidas Prácticas Modelo de las Naciones Unidas para Eliminar la
Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la
Justicia Penal, y 72/195, de 19 de diciembre de 2017, relativa a las medidas
para mejorar la coordinación de la lucha contra la trata de personas, las
33 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
34 Ibid., vol. 1577, núm. 27531.
35 Ibid., vol. 2171, núm. 27531.Ibid., vol. 2225, No. 39574.
resoluciones del Consejo Económico y Social 2011/33, de 28 de julio de
2011, relativa a la prevención, protección y cooperación internacional contra
el uso de las nuevas tecnologías de la información para el abuso o
explotación de los niños, y 2004/27, de 21 de julio
de 2004, relativa a las directrices sobre la justicia para los niños víctimas y
testigos de delitos, y la resolución 16/2 de la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal, de 27 de abril de 2007, relativa a las respuestas
eficaces en materia de prevención del delito y justicia penal para combatir
la explotación sexual de los niños,
Reconociendo las singulares e importantes funciones que tienen los
progenitores, los tutores legales, las escuelas, la sociedad civil, las
asociaciones deportivas, las comunidades, las instituciones del Estado y los
medios de comunicación a la hora de garantizar la protección de los niños,
las niñas y los adolescentes contra la explotación y los abusos sexuales en
línea y prevenir todas las formas de violencia, entre otras cosas
promoviendo la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes en
Internet,
Reafirmando la importancia del programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal para promover medidas
eficaces encaminadas a fortalecer la cooperación internacional a ese
respecto,
Afirmando la importancia de la labor del Grupo de Expertos encargado
de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético y su
contribución a la comprensión de la amenaza de la ciberdelincuencia,
Observando la importancia de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito y su Programa Mundial contra la Trata de Seres
Humanos, su Programa Mundial sobre la Violencia contra los Niños en el
Ámbito de la Prevención del Delito y la Justicia Penal y su Programa
Mundial contra el Delito Cibernético, a través de los cuales la Oficina
imparte capacitación y presta asistencia técnica a los Estados que las
solicitan con el fin, entre otros, de combatir los abusos y la explotación
sexuales de niños, niñas y adolescentes, incluidos los que se cometen en
línea,
Reconociendo la importancia de las iniciativas y alianzas
internacionales, regionales y bilaterales de múltiples interesados que
impulsan la protección y la promoción efectivas de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes
y la eliminación de la explotación y los abusos sexuales de estos en línea y
a través de las cuales se llevan a cabo investigaciones con el objetivo de
establecer una base empírica rigurosa sobre el uso de Internet por parte de
los niños, las niñas y los adolescentes, y, al respecto, observando la labor
llevada a cabo, entre otros, por la Alianza Mundial WeProtect y Global Kids
Online,
Recordando la resolución 27/3 de la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal, de 18 de mayo de 2018, en que la Comisión expresó
preocupación por el hecho de que el uso delictivo de las tecnologías de la
información y las comunicaciones hacía posible que los delincuentes
cometieran actividades ilícitas como la captación, el control y la acogida de
niños víctimas de la trata de personas y la publicidad de la trata de esos
niños, así como la creación de identidades falsas que les permitía someter a
abuso o explotación a niños, captar a niños con fines sexuales y crear
material que mostraba abusos de menores emitidos en directo o de otro tipo,
Recordando también la resolución 26/3 de la Comisión de Prevención
del Delito y Justicia Penal, de 26 de mayo de 2017, relativa a la
incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas de
prevención del delito y justicia penal,
así como en la labor para prevenir y combatir la delincuencia organizada
transnacional,
1. Insta a los Estados Miembros a que tipifiquen como delito la
explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, incluidos
la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea,
para poder enjuiciar a los autores, doten a los organismos encargados de
hacer cumplir la ley de las facultades adecuadas y proporcionen
herramientas para identificar a los autores y las víctimas
y combatir eficazmente la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes;
2. Insta también a los Estados Miembros a que, con arreglo a su
marco jurídico interno, redoblen sus esfuerzos para combatir la
ciberdelincuencia en relación con la explotación y los abusos sexuales de
niños, niñas y adolescentes, en particular cuando se cometen en línea;
3. Exhorta a los Estados Miembros que sean partes en el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía35
a que den cumplimiento a sus obligaciones jurídicas;
4. Insta a los Estados Miembros a que creen una mayor
concienciación pública de la gravedad de los materiales que muestran
explotación y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, del hecho de
que esos materiales constituyen delitos sexuales contra los niños, las niñas
y los adolescentes y del hecho de que la producción, la distribución y el
consumo de esos materiales hacen que más niños, niñas y adolescentes
corran el riesgo de sufrir explotación y los abusos sexuales,
ya que, entre otras cosas, normalizan la conducta que se muestra en esos
materiales y alimentan la demanda de esos materiales;
5. Insta también a los Estados Miembros a que, de conformidad con
su ordenamiento interno, adopten medidas legislativas o de otra índole para
facilitar la detección por los proveedores de servicios de Internet y de acceso
a Internet y otras entidades pertinentes de material que muestre explotación
y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y a que garanticen, de
conformidad con su ordenamiento interno, que los proveedores de servicios
de Internet y de acceso a Internet, y otras entidades pertinentes, denuncian
ese material ante las autoridades pertinentes y lo retiran, en particular en
cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley;
6. Alienta a los Estados Miembros a que, de conformidad con su
ordenamiento interno, doten de recursos apropiados a la investigación y la
persecución judicial de los delitos que entrañan explotación y abusos
sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea;
7. Alienta también a los Estados Miembros a que intercambien de
manera proactiva información sobre las mejores prácticas y a que adopten
medidas para combatir la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas
y adolescentes, entre otras vías incautándose de los materiales que muestran
abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes, eliminándolos de Internet y
reduciendo el tiempo empleado en hacerlo, con arreglo a su ordenamiento
interno;
8. Alienta además a los Estados Miembros a que impliquen a las
instituciones gubernamentales responsables de las telecomunicaciones y las
políticas de protección de datos y al sector de la tecnología de la información
y las comunicaciones en el fortalecimiento de la coordinación nacional para
combatir la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes
en línea;
9. Alienta a los Estados Miembros a que impliquen a las
instituciones gubernamentales competentes y al sector privado en sus
esfuerzos por facilitar la denuncia y el seguimiento de las operaciones
financieras sospechosas con el objetivo de detectar, disuadir y combatir la
explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea;
10. Alienta también a los Estados Miembros a que mantengan un
equilibrio adecuado entre la elaboración y la aplicación de políticas de
protección de la privacidad y la adopción de medidas para identificar y
denunciar los materiales que muestran abusos sexuales de niños, niñas y
adolescentes y la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y
adolescentes en línea;
11. Alienta además a los Estados Miembros a que diseñen medidas
de prevención de la delincuencia eficaces y con base empírica y a que
apliquen dichas medidas como parte de sus estrategias generales de
prevención de la delincuencia con el fin de reducir el riesgo de que los niños,
las niñas y los adolescentes sean objeto de explotación y abusos sexuales en
línea;
12. Alienta a los Estados Miembros a que, cuando corresponda,
preparen material informativo y análisis que fundamenten las evaluaciones
de riesgos en materia de explotación y abusos sexuales de niños, niñas y
adolescentes en línea y el diseño de medidas de mitigación eficaces, entre
otras vías reuniendo datos cuantitativos y cualitativos pertinentes,
desglosados por edad, sexo y otros factores relevantes, según proceda, y
alienta también a los Estados Miembros a que incorporen la perspectiva de
género en sus estudios y análisis sobre la explotación y los abusos sexuales
de niños, niñas y adolescentes en línea;
13. Insta a los Estados Miembros a que establezcan e implementen
políticas públicas y a que intercambien de manera proactiva información
sobre las mejores prácticas, como los programas de apoyo a las víctimas y
la incorporación de la perspectiva de género, a fin de proteger y defender a
los niños, las niñas y los adolescentes contra la explotación y los abusos
sexuales, incluidos los que se cometen en línea, y contra la distribución no
consentida y con carácter de explotación de material que muestre a las
víctimas;
14. Alienta a los Estados Miembros a que identifiquen y apoyen a los
niños, las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas de la explotación
y los abusos sexuales en línea dándoles acceso a programas, atención y
apoyo psicosocial de calidad y con base empírica para su recuperación
física, psicológica y social, así como a atención psicológica y psicoterapia
del trauma, rehabilitación y reintegración social, garantizando y
manteniendo la protección de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes afectados, la privacidad de las víctimas y la confidencialidad
de sus denuncias, con la ayuda de todas las partes interesadas pertinentes;
15. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a diseñar y aplicar
medidas que mejoren el acceso a la justicia y la protección, entre otras vías
por medio de su legislación nacional y otras medidas destinadas a los niños,
las niñas y los adolescentes que hayan sido víctimas de la explotación y los
abusos sexuales en línea, teniendo presentes procedimientos apropiados
para los niños y que tengan en cuenta las cuestiones de género, con el fin de
reparar de manera justa y oportuna la vulneración de sus derechos;
16. Invita a los Estados Miembros a que intercambien mejores
prácticas en lo que respecta a las denuncias de la explotación y los abusos
sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea, como los indicadores, y
medios para generar mayor conciencia pública de esos mecanismos de
denuncia;
17. Exhorta a los Estados que no lo hayan hecho a que estudien la
posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional33 y el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional 36 , o de adherirse a esos
instrumentos, habida cuenta de su papel en la lucha contra la trata de niños
con fines de explotación sexual, entre otros;
18. Exhorta a los Estados Miembros a que, de conformidad con su
marco jurídico interno y el derecho internacional aplicable, fortalezcan la
cooperación internacional para combatir los abusos y la explotación
sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea, mediante, entre otros
medios y cuando corresponda,
la asistencia judicial recíproca y la extradición, así como la cooperación
entre los distintos cuerpos policiales y organismos, a fin de combatir esos
delitos y garantizar que los autores sean llevados ante la justicia y las
víctimas sean identificadas, respetando el derecho de los niños, las niñas y
los adolescentes a la privacidad;
19. Insta a los Estados Miembros a que demuestren su labor y sus
esfuerzos constantes por seguir fortaleciendo la cooperación internacional
en la lucha contra la explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y
adolescentes en línea, por ejemplo, velando por que la explotación y los
abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea se examinen
exhaustivamente en el contexto y sobre la base del plan de trabajo del Grupo
de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito
Cibernético, que constituye un valioso foro para las deliberaciones sobre
ciberdelincuencia;
20. Alienta a los Estados Miembros a que aporten recursos a la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en particular a
su Programa Mundial contra el Delito Cibernético, a fin de luchar contra la
explotación y los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en línea;
21. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten
recursos extrapresupuestarios para la aplicación de los párrafos pertinentes
de
la presente resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos
de
las Naciones Unidas.
Proyecto de resolución VI
Asistencia técnica prestada por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en relación con la lucha
contra el terrorismo
La Asamblea General,
36 Ibid., vol. 2237, núm. 39574.
Recordando todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la
asistencia técnica y legislativa para combatir el terrorismo, en particular las
más recientes37,
Recordando también que el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones constituye una de las amenazas más serias para la paz y la
seguridad internacionales y que todos los actos de terrorismo son criminales
e injustificables, cualquiera que sea su motivación y dondequiera,
cuandoquiera y por quienquiera que sean cometidos, y que deben ser
condenados inequívocamente,
Reafirmando que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones
no puede ni debe asociarse a ninguna religión, nacionalidad, civilización o
grupo étnico,
Reafirmando también su respeto por la soberanía, la integridad
territorial, la independencia y la unidad de todos los Estados de conformidad
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Destacando nuevamente la necesidad de reforzar la cooperación
internacional, regional y subregional para prevenir y combatir eficazmente
el terrorismo,
en particular aumentando la capacidad nacional de los Estados mediante la
prestación de asistencia técnica basada en las necesidades y prioridades
identificadas por los Estados solicitantes,
Poniendo de relieve la necesidad de hacer frente a las condiciones que
propician la expansión del terrorismo, respetando plenamente al mismo
tiempo los propósitos y principios fundamentales de la Carta de las Naciones
Unidas y el derecho internacional,
Recordando la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura
de Paz 38
y el Programa Mundial para el Diálogo entre Civilizaciones 39,
Reafirmando su preocupación por el hecho de que los terroristas
podrían utilizar la delincuencia organizada transnacional en su beneficio
como fuente de financiación o de apoyo logístico, reconociendo que la
naturaleza y el alcance de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia
organizada transnacional varían según el contexto, y poniendo de relieve la
necesidad de coordinar las actividades a nivel local, nacional, subregional,
regional e internacional para responder a esta amenaza, de conformidad con
el derecho internacional,
Recordando en particular su resolución 72/194, de 19 de diciembre de
2017,
en la que, entre otras cosas, exhortó a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito a que siguiera mejorando la asistencia técnica
que prestaba a los Estados Miembros que la solicitaban con objeto de
desarrollar su capacidad para pasar a ser partes en los tratados y protocolos
internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo y aplicarlos, en
particular mediante programas específicos y la capacitación de los
funcionarios de justicia penal y aplicación de la ley competentes, cuand o se
le solicitase, a fin de desarrollar su capacidad para responder eficazmente a
los actos terroristas, prevenirlos, investigarlos y enjuiciar a sus autores,
37 Resoluciones de la Asamblea General 72/194, 72/284, 73/174, 73/186 y 73/211 y
resoluciones del Consejo de Seguridad 2133 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199
(2015), 2253 (2015), 2309 (2016), 2322 (2016), 2341 (2017), 2347 (2017), 2349
(2017), 2368 (2017), 2396 (2017)
y 2462 (2019).
38 Resoluciones 53/243 A y B de la Asamblea General.
39 Resolución 56/6 de la Asamblea General.
mediante la preparación de iniciativas pertinentes y la participación en ellas
y mediante la elaboración de instrumentos técnicos y publicaciones, en
estrecha consulta con los Estados Miembros,
Reiterando todos los aspectos de la Estrategia Global de las Naciones
Unidas contra el Terrorismo40 y la necesidad de que los Estados continúen
aplicando plenamente los cuatro pilares de la Estrategia, y recordando su
resolución 72/284,
de 26 de junio de 2018, titulada “Examen de la Estrategia Global de las
Naciones Unidas contra el Terrorismo”,
Reconociendo la importancia de combatir el terrorismo y prevenir el
extremismo violento cuando conduzca al terrorismo, destacando a ese
respecto la importancia de aplicar de manera integrada y equilibrada la
Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo en sus cuatro
pilares, reconociendo los esfuerzos del Secretario General a ese respecto, y
reafirmando que la responsabilidad principal de aplicar la Estrategia recae
en los Estados Miembros,
Acogiendo con beneplácito la alianza entre la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura para promover la educación como
instrumento para prevenir la delincuencia en todas sus formas, incluido el
terrorismo, y defender el estado de derecho,
Observando con aprecio la labor que realiza la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito para apoyar a los Estados Miembros en
sus iniciativas de prevención y lucha contra el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones en el contexto de la prevención del delito y la
justicia penal, y reiterando que esa labor debe realizarse en estrecha
coordinación con los Estados Miembros,
Tomando nota del informe del Secretario General sobre la asistencia
técnica en la aplicación de los tratados y protocolos internacionales relativos
al terrorismo41,
Recordando su resolución 71/291, de 15 de junio de 2017, por la que
estableció la Oficina de Lucha contra el Terrorismo,
Observando la firma del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha
Antiterrorista de las Naciones Unidas por las entidades de las Naciones
Unidas, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y
la Organización Mundial de Aduanas, y observando también la función que
desempeña la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en
su calidad de Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Respuestas Jurídicas y
de Justicia Penal al Terrorismo,
Reconociendo el importante papel que pueden desempeñar los
parlamentos para prevenir y combatir el terrorismo y hacer frente a las
condiciones que conducen al terrorismo, y reconociendo también la
pertinencia de la alianza establecida entre la Unión Interparlamentaria, la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina de
Lucha contra el Terrorismo a ese respecto,
Acogiendo con beneplácito las orientaciones de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la cuestión de los niños
afectados por el terrorismo, incluidas las relativas a la prevención de la
participación de los niños en grupos terroristas y la rehabilitación y
reintegración de esos niños, que figuran en el manual sobre la función del
40 Resolución 60/288 de la Asamblea General.
41 E/CN.15/2019/5.
sistema de justicia con respecto a los niños reclutados y explotados por
grupos terroristas y grupos extremistas violentos (Handbook on Children
Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: the Role
of the Justice System), y los tres manuales de capacitación conexos,
Observando que los Estados Miembros podrían experimentar
dificultades para obtener y utilizar pruebas admisibles, incluidas pruebas
digitales, físicas y forenses, en particular en las zonas afectadas por
conflictos armados, que puedan utilizarse para ayudar a enjuiciar a los
combatientes terroristas extranjeros y a quienes los apoyan y lograr que sean
condenados,
1. Insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que
consideren la posibilidad de hacerse partes en los tratados y protocolos
internacionales existentes relativos a la lucha contra el terrorismo, y solicita
a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que, con
arreglo a su mandato y en estrecha coordinación con las entidades
pertinentes del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de
las Naciones Unidas, siga prestando asistencia técnica a los Estados
Miembros que la soliciten para la ratificación y la incorporación al derecho
interno de esos instrumentos jurídicos internacionales;
2. Alienta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad
de ratificar otros tratados pertinentes o adherirse a ellos para apoyar la
cooperación internacional en asuntos penales, como la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos42, y exhorta a los Estados Miembros a que apliquen de manera
efectiva los instrumentos en que sean partes;
3. Alienta también a los Estados Miembros a que continúen
promoviendo, de conformidad con sus marcos jurídicos, una coordinación
eficaz entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras
entidades pertinentes y las autoridades responsables de prevenir y combatir
el terrorismo, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito que, cuando se le solicite y con arreglo a su mandato, continúe
prestando asistencia técnica a ese respecto;
4. Exhorta a los Estados Miembros a que continúen fortaleciendo
la coordinación y cooperación internacionales a fin de prevenir y combatir
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones con arreglo al derecho
internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, a que apliquen
efectivamente los instrumentos internacionales y las resoluciones de las
Naciones Unidas pertinentes, a que consideren la posibilidad de concertar,
cuando proceda, tratados sobre extradición y asistencia judicial recíproca, a
que permitan el intercambio efectivo de inteligencia financiera pertinente y
a que velen por que se imparta a todo el personal competente capacitación
adecuada para la ejecución de actividades de cooperación internacional;
5. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, con arreglo a su mandato, preste asistencia técnica con ese fin a
los
Estados Miembros que la soliciten, entre otras cosas manteniendo y
mejorando su asistencia relacionada con la cooperación jurídica y judicial
internacional relativa a la lucha contra el terrorismo, también en lo que
respecta a los asuntos penales relacionados con los combatientes terroristas
extranjeros, y promoviendo el desarrollo de autoridades centrales fuertes y
eficaces para la cooperación internacional en asuntos penales;
42 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.
6. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas que,
conforme a su mandato, fortalezca la prestación de asistencia técnica a los
Estados Miembros que la soliciten en relación con la reunión, análisis,
preservación, almacenamiento, utilización e intercambio de pruebas
forenses y electrónicas para la investigación y el enjuiciamiento de delitos
de terrorismo y relacionados con el terrorismo y en relación con el
fortalecimiento de la asistencia judicial recíproca a ese respecto, y acoge
con beneplácito la guía práctica para la solicitud de pruebas electrónicas
transfronterizas (Practical Guide for Requesting Electronic Evidence Across
Borders)43;
7. Exhorta a los Estados Miembros, entre otras cosas por conducto
de las autoridades centrales pertinentes, y a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y otras entidades competentes de las
Naciones Unidas que prestan apoyo al fomento de la capacidad, a que
compartan mejores prácticas y conocimientos técnicos, de manera oficiosa
y oficial, con objeto de mejorar la reunión, la gestión, la preservación, el
intercambio y la utilización de información y pruebas pertinentes, de
conformidad con el derecho interno e internacional, en particular la
información y las pruebas obtenidas de Internet o en las zonas afectadas por
conflictos armados, a fin de que las personas que hayan cometido delitos
sean investigadas y enjuiciadas de manera efectiva, incluidos los
combatientes terroristas extranjeros que regresan de zonas afectadas por
conflictos armados o que se trasladan a ellas;
8. Alienta a los Estados Miembros a que, según proceda, utilicen
las plataformas y los instrumentos elaborados por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, incluido el portal de gestión de
conocimientos Intercambio de Recursos Electrónicos y Legislación sobre
Delincuencia, con el
fin de facilitar la cooperación internacional en asuntos penales relacionados
con el terrorismo y proporcionar a la Oficina información pertinente para
promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias y la información
de contacto
de las autoridades designadas y otros datos pertinentes para que se
incorporen en su base de datos;
9. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, en cooperación con la Organización Internacional de Policía
Criminal (INTERPOL) y otras entidades pertinentes del Pacto Mundial de
Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas, continúe
prestando asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten para
reunir, registrar e intercambiar datos biométricos a fin de verificar
debidamente y de manera responsable a los terroristas, incluidos los
combatientes terroristas extranjeros, de conformidad con el derecho interno
y el derecho internacional, acoge con beneplácito la publicación del
compendio de las Naciones Unidas de prácticas recomendadas para el uso y
el intercambio responsables de datos biométricos en la lucha contra el
terrorismo (United Nations Compendium of Recommended Practices for the
Responsible Use and Sharing of Biometrics in Counter-Terrorism),
elaborado en el marco del Grupo de Trabajo sobre la Gestión de las
Fronteras y el Cumplimiento de la Ley en relación con la Lucha contra el
Terrorismo, y destaca la importancia de alimentar las bases de datos de
INTERPOL a ese respecto y hacer pleno uso de ellas;
10. Destaca la importancia de que los Estados Miembros establezcan
y mantengan sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos,
43 En cooperación con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo y la
Asociación Internacional de Fiscales.
transparentes y responsables, con arreglo al derecho internacional aplicable,
como base fundamental de toda estrategia para combatir el terrorismo, y
solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que,
cuando proceda, tenga en cuenta en sus actividades de asistencia técnica
para combatir el terrorismo los elementos necesarios para desarrollar la
capacidad nacional a fin de reforzar los sistemas de justicia penal y el estado
de derecho;
11. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, conforme a su mandato en el ámbito de la prevención y la lucha
contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, continúe
desarrollando los conocimientos jurídicos especializados y continúe
fortaleciendo la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que
la soliciten con respecto a la adopción de medidas eficaces de justicia penal
en materia de prevención del terrorismo conformes con todas las
obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en
particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho
internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario;
12. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que siga mejorando la asistencia técnica que presta a los Estados
Miembros que la solicitan con objeto de desarrollar su capacidad para pasar
a ser partes en los tratados y protocolos internacionales relativos a la lucha
contra el terrorismo y aplicarlos, en particular mediante programas
específicos y la capacitación de los funcionarios
de justicia penal y aplicación de la ley competentes, cuando se le solicite, a
fin de desarrollar su capacidad para responder eficazmente a los actos
terroristas
y su financiación, prevenirlos, investigarlos y enjuiciar a sus autores,
mediante la preparación de iniciativas pertinentes y la participación en ellas
y mediante
la elaboración de instrumentos técnicos y publicaciones, conforme a su
mandato y en estrecha consulta con los Estados Miembros;
13. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, con arreglo a su mandato y, cuando proceda, en colaboración
con las entidades competentes del Pacto Mundial de Coordinación de la
Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas, continúe prestando asistencia
a los Estados Miembros que la soliciten para hacer frente a la amenaza de
los combatientes terroristas extranjeros, incluidos los combatientes
terroristas extranjeros que regresan y cambian de ubicación, a través de sus
actividades de desarrollo de la capacidad, con miras a mejorar su
cooperación, formular medidas pertinentes y respuestas de justicia penal
adecuadas, prevenir la financiación, la movilización, los viajes, la captación,
el adiestramiento, la organización y la radicalización de combatientes
terroristas extranjeros, velar por que toda persona que participe en la
financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo,
o que preste apoyo a esos actos, comparezca ante la justicia y formular y
aplicar respuestas de justicia penal adecuadas, de conformidad con las
obligaciones pertinentes previstas en el derecho internacional y en la
legislación interna;
14. Exhorta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que mejore su coordinación con la Oficina de Lucha contra el
Terrorismo y otras entidades del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha
Antiterrorista de las Naciones Unidas con objeto de prestar asistencia
técnica integrada sobre medidas de lucha contra la financiación del
terrorismo a los Estados Miembros que la soliciten y sobre la base de los
informes de evaluación mutua de los Estados Miembros en el marco de la
lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, incluida
asistencia que mejore la capacidad de los Estados Miembros para cumplir
sus obligaciones internacionales de prevenir y combatir la financiación del
terrorismo;
15. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que continúe prestando asistencia técnica a los Estados Miembros
que la soliciten, según proceda, para que valoren sus riesgos en materia de
financiación del terrorismo y determinen cuáles son las actividades
financieras, los servicios financieros y los sectores económicos más
vulnerables a los riesgos de financiación del terrorismo,
de acuerdo con las normas internacionales pertinentes relativas a la lucha
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y acoge con
beneplácito las orientaciones publicadas por las Naciones Unidas, en
particular el manual de directrices para los Estados Miembros sobre la
evaluación del riesgo de financiación del terrorismo (Guidance Manual for
Member States on Terrorist Financing Risk Assessments), publicado por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito;
16. Alienta a los Estados Miembros a que continúen definiendo,
analizando y haciendo frente a los vínculos posibles o existentes y, en
algunos casos, cada vez mayores entre la delincuencia organizada
transnacional, las actividades ilícitas relacionadas con las drogas, el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, a fin de fortalecer las
respuestas de la justicia penal a esos delitos, reconociendo que los terroristas
pueden utilizar la delincuencia organizada transnacional en su beneficio
como fuente de financiación o de apoyo logístico y que la naturaleza y el
alcance de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada
transnacional varían según el contexto, y exhorta a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que, conforme a su mandato,
apoye los esfuerzos de los Estados Miembros en ese sentido cuando estos lo
soliciten;
17. Exhorta a los Estados Miembros a que intensifiquen las
actividades tendentes a mejorar la seguridad y la resiliencia de las
infraestructuras esenciales y la protección de los objetivos particularmente
vulnerables o “fáciles”, como la infraestructura y los lugares públicos, y a
que formulen estrategias para prevenir los daños causados por atentados
terroristas contra instalaciones de infraestructura esenciales, proteger contra
esos daños, mitigarlos, investigarlos, darles respuesta y recuperarse de ellos,
en particular en la esfera de la protección civil,
y a que consideren la posibilidad de establecer alianzas, o fortalecer las
existentes, con los sectores público y privado a ese respecto, y exhorta a la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que siga
prestando asistencia técnica a los Estados Miembros que la soliciten con
vistas a reforzar sus respuestas de justicia penal, así como sus estrategias
para reducir el riesgo de atentados terroristas contra infraestructuras
esenciales;
18. Exhorta también a los Estados Miembros a que fortalezcan la
gestión de sus fronteras para prevenir de manera eficaz el movimiento de
combatientes terroristas extranjeros y grupos terroristas, y solicita a la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que continúe
prestando asistencia técnica con ese fin a los Estados que la soliciten;
19. Reconoce con aprecio la cooperación entre la Oficina de Lucha
contra el Terrorismo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la
Organización de Aviación Civil Internacional y la Oficina de Tecnología de
la Información y las Comunicaciones de la Secretaría en el marco del
Programa de las Naciones Unidas sobre los Viajes relacionados con el
Terrorismo con el objeto de prestar asistencia técnica conexa a los Estados
Miembros que la soliciten a fin de desarrollar su capacidad legislativa y
operacional, en particular en lo que respecta a la reunión,
el análisis y el intercambio eficaz de datos sobre viajes, como la información
anticipada sobre los pasajeros y el registro de nombres de los pasajeros;
20. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, conforme a su mandato, siga ampliando sus conocimientos
especializados sobre el marco jurídico internacional de la lucha contra el
terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear establecido en los
tratados y protocolos relativos al terrorismo a fin de seguir prestando
asistencia a los Estados Miembros que la soliciten para prevenir y combatir
esas formas de terrorismo, y acoge con beneplácito el módulo de aprendizaje
electrónico elaborado por la Oficina a ese respecto;
21. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito que, con arreglo a su mandato, siga apoyando a los Estados
Miembros que
lo soliciten en lo que respecta a la ejecución de programas de formación
encaminados a fortalecer las respuestas en materia de prevención del delito
y justicia penal ante la destrucción y el tráfico de bienes culturales por
terroristas;
22. Solicita además a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito que, con arreglo a su mandato, continúe ampliando sus
conocimientos jurídicos especializados en estrecha consulta con los Estados
Miembros a fin de seguir prestando asistencia a los Estados Miembros que
la soliciten para prevenir y combatir el uso de la tecnología de la
información y las comunicaciones con fines delictivos, en particular
Internet, así como los medios sociales y otros medios, con miras a planificar,
financiar, cometer o incitar a que se cometan ataques terroristas, y que preste
apoyo a los Estados Miembros para que penalicen e investiguen esos actos
y enjuicien a los responsables de manera efectiva, de conformidad con el
derecho interno y las normas internacionales aplicables y con pleno respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad
de expresión, y para alentar la utilización de Internet como instrumento para
luchar contra la propagación del terrorismo, en estrecha cooperación con las
empresas privadas y las plataformas de medios sociales;
23. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que preste, cuando se le solicite, asistencia técnica para consolidar la
capacidad de los Estados Miembros de elaborar y ejecutar programas de
asistencia y apoyo a las víctimas del terrorismo con arreglo a sus leyes
nacionales pertinentes, haciendo hincapié en las necesidades especiales de
las mujeres y los niños;
24. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito que, por conducto de su Programa Mundial sobre la
Violencia contra los Niños en el Ámbito de la Prevención del Delito y la
Justicia Penal, continúe prestando apoyo a los Estados Miembros que lo
soliciten, de conformidad con la legislación nacional pertinente, para
prevenir la participación de los niños en grupos armados y terroristas y
asegurar que los niños de quienes se sospeche o a quienes se acuse o declare
culpables de haber infringido la ley, en particular los que se vean privados
de libertad, teniendo presente las reglas y normas de las Naciones Unidas en
materia de justicia juvenil, y los niños que son víctimas y testigos de delitos
sean tratados de tal forma que se respeten sus derechos y su dignidad de
conformidad con el derecho aplicable, incluido el derecho internacional, en
particular las obligaciones dimanantes de la Convención sobre los Derechos
del Niño 44 , para los Estados partes en esa Convención, así como del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados 45, y que se adopten las
medidas pertinentes a fin de reintegrar de manera efectiva a los niños que
hayan estado asociados con grupos armados y grupos terroristas;
25. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que, en cooperación con las entidades pertinentes del Pacto Mundial
de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas, ayude a
los Estados Miembros que lo soliciten a incorporar perspectivas de género
en las respuestas de la justicia penal al terrorismo a fin de prevenir la
captación de mujeres y niñas como terroristas y promover la plena
protección de las mujeres y las niñas contra todas las formas de explotación
o violencia perpetradas por terroristas, de conformidad con las obligaciones
que les impone el derecho de los derechos humanos, teniendo también en
cuenta, según proceda, las aportaciones de las partes interesadas pertinentes,
incluida la sociedad civil, y acoge con beneplácito a este respecto el manual
sobre las dimensiones de género de las respuestas de la justicia penal al
terrorismo (Handbook on Gender Dimensions of Criminal Justice Responses
to Terrorism), que, entre otras cosas, trata sobre las dificultades que sufren
las familias de los combatientes terroristas extranjeros;
26. Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas que
proceda, de conformidad con el derecho interno, para mantener un entorno
seguro y humano en las cárceles, generen instrumentos que puedan ayudar
a hacer frente a la radicalización conducente a la violencia y el reclutamiento
por terroristas y elaboren evaluaciones de riesgos para valorar si los reclusos
son susceptibles al reclutamiento por terroristas y a la radicalización
conducente a la violencia, teniendo en cuenta, según corresponda, las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos
(Reglas Nelson Mandela) 46 , y utilicen la información proporcionada por
otros Estados por conducto, entre otros, de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito sobre enfoques y buenas prácticas en
materia de prevención de la radicalización conducente a la violencia y el
reclutamiento por terroristas en las cárceles, y alienta a la Oficina a que
intensifique su asistencia técnica a ese respecto;
27. Insta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que, en coordinación con otras entidades del Pacto Mundial de
Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas, continúe
fortaleciendo su cooperación con las organizaciones y los arreglos
internacionales, regionales y subregionales en la prestación de asistencia
técnica, y observa las iniciativas conjuntas en curso puestas en marcha las
entidades del Pacto Mundial;
28. Expresa su reconocimiento a los Estados Miembros que han
apoyado las actividades de asistencia técnica de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras cosas mediante
contribuciones financieras, e invita a los Estados Miembros a que
consideren la posibilidad de hacer más contribuciones financieras
voluntarias sostenibles y prestar apoyo en especie, de conformidad con las
normas y los procedimientos de las Naciones Unidas, en particular en vista
de la necesidad de prestar asistencia técnica más acertada, eficaz y
coordinada en relación con las respuestas de la justicia penal para prevenir
y combatir el terrorismo;
44 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1577, núm. 27531.
45 Ibid., vol. 2173, núm. 27531.
46 Asamblea General, resolución 70/175, anexo.
29. Solicita al Secretario General que siga proporcionando recursos
suficientes a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
para que lleve a cabo actividades con arreglo a su mandato a fin de ayudar
a los Estados Miembros que lo soliciten a aplicar los elementos pertinentes
de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo 40;
30. Solicita también al Secretario General que en su septuagésimo
quinto período de sesiones le presente un informe sobre la aplicación de la
presente resolución.
B. Proyectos de resolución que se someten a la aprobación del
Consejo Económico y Social
2. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al
Consejo Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de
resolución:
Proyecto de resolución I
Aumento de la transparencia en los procesos judiciales
El Consejo Económico y Social,
Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción 47 ,
en particular su artículo 11, que obliga a los Estados partes, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin
menoscabo de la independencia del poder judicial, a adoptar medidas para
reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los
miembros del poder judicial,
y recordando también la Guía de aplicación y marco de evaluación para el
artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ,
en la que se destaca la importancia de la transparencia en la lucha contra la
corrupción en los procesos judiciales,
Recordando también la Carta de las Naciones Unidas, en la que los
Estados Miembros afirmaron, entre otras cosas, su voluntad de crear
condiciones bajo las cuales pudiera mantenerse la justicia y de lograr la
cooperación internacional para promover y alentar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales sin discriminación de ningún tipo,
Recordando además todos los principios, compromisos y obligaciones
internacionales de los Estados partes relativos a la transparencia en los
procesos judiciales, incluidos los que figuran en la Declaración Universal
de Derechos Humanos 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos 49 , así como en otros instrumentos internacionales pertinentes,
teniendo en cuenta también otros documentos pertinentes reconocidos
internacionalmente,
Reconociendo que determinados miembros de la sociedad, como los
niños, las víctimas de violencia y las personas con necesidades especiales,
deben recibir una protección adicional y son más vulnerables cuando están
en contacto con el sistema de justicia penal,
47 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146.
48 Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.
49 Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.
Recordando la resolución 40/146 de la Asamblea General, de 13 de
diciembre de 1985, en la que la Asamblea hizo suyos los Principios Básicos
relativos a la Independencia de la Judicatura50,
Teniendo presentes los Principios de Bangalore sobre la Conducta
Judicial 51 ,
en los que se hace hincapié en los valores de independencia, imparcialidad,
integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia en el ejercicio de
las funciones judiciales, y tomando nota del comentario sobre estos,
Convencido de que la falta de independencia, imparcialidad,
integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia en los procesos
judiciales puede socavar el estado de derecho, fomenta la corrupción y
quebranta la confianza del público en el sistema judicial,
Reconociendo la variedad de los marcos jurídicos de los Estados
Miembros, y reconociendo también la diversidad de enfoques respecto de la
transparencia en los procesos judiciales, de conformidad con las tradiciones
constitucionales y jurídicas de los Estados Miembros,
1. Observa de los esfuerzos conjuntos de los presidentes de
tribunales supremos y magistrados de tribunales superiores de 37 países que,
durante un período de seis años, han elaborado principios destinados a lograr
la transparencia en los procesos judiciales, junto con medidas para la
aplicación efectiva de tales principios, y observa también que la Declaración
de Estambul sobre la Transparencia en los Procesos Judiciales y las medidas
para la aplicación efectiva de la Declaración de Estambul52 tienen por objeto
aumentar y reforzar la confianza del público en el derecho de las personas a
un proceso justo a cargo de un tribunal competente, independiente e
imparcial establecido por la ley;
2. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito que, en el marco de su mandato y con los recursos disponibles, siga
prestando asistencia a los Estados Miembros que la soliciten con objeto de
reforzar sus sistemas judiciales;
3. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con sus
marcos jurídicos internos y sus obligaciones internacionales, tomen en
consideración todas las buenas prácticas y los documentos que sean
pertinentes, incluida la Declaración de Estambul sobre la Transparencia en
los Procesos Judiciales, al formular sus programas y reformas legislativas
en la esfera de la administración de justicia;
4. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que
proporcionen recursos extrapresupuestarios para los fines enunciados en la
presente resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos
de las Naciones Unidas.
Proyecto de resolución II
Lucha contra la delincuencia organizada transnacional y
sus vínculos con el tráfico ilícito de metales preciosos y la
50 Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, Milán, 26 de agosto a 6 de septiembre de 1985: informe preparado
por la Secretaría (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.86.IV.1), cap.
I, secc. D.2, anexo.
51 E/CN.4/2003/65, anexo; véase también la resolución 2006/23 del Consejo Económico
y Social, anexo.
52 E/CN.15/2019/CRP.2.
minería ilegal, en particular mejorando la seguridad de las
cadenas de suministro de metales preciosos
El Consejo Económico y Social,
Recordando su resolución 2013/38, de 25 de julio de 2013, titulada
“Lucha contra la delincuencia transnacional organizada y sus posibles
vínculos con el tráfico ilícito de metales preciosos”, en la que subrayó la
necesidad de elaborar estrategias y medidas amplias, polifacéticas y
coherentes para luchar contra el tráfico ilícito de metales preciosos e invitó
al Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre
la Delincuencia y la Justicia a que realizara un estudio amplio sobre los
posibles vínculos entre la delincuencia organizada transnacional, otras
actividades delictivas y el tráfico ilícito de metales preciosos,
Recordando también que el 25 de mayo de 2016, en el 25º período de
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, se publicó
el informe sobre la primera fase del estudio, titulado Reforzamiento de la
seguridad y la integridad de la cadena de suministro en metales preciosos ,
Recordando además que, en el informe del Instituto Interregional de
las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la
Justicia, titulado Reforzamiento de la seguridad y la integridad de la cadena
de suministro en metales preciosos, se indicó que, entre otras cosas, la
investigación sobre el tráfico ilícito de oro era extrapolable a las gemas de
color, puesto que las vulnerabilidades eran similares y el destino de las joyas
era el mismo, y que la colaboración entre las principales partes interesadas
en relación con el oro y las gemas podría aumentar la eficacia de las
intervenciones y maximizar los resultados,
Expresando su preocupación por el tráfico ilícito de recursos
naturales, incluido el oro y otros metales preciosos, por grupos delictivos
organizados transnacionales,
Observando los esfuerzos del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL) y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia por elaborar informes 53
en los que se destacó que el tráfico ilícito de minerales y metales preciosos
y la minería ilegal eran amenazas cada vez mayores y que cada vez
generaban más ingresos para los grupos delictivos organizados
transnacionales,
Recordando la Declaración de Doha sobre la Integración de la
Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco Más Amplio del
Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y
Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e
Internacional y la Participación Pública 54 , en cuyo
párrafo 9 g) los Estados Miembros acordaron esforzarse por proseguir el
análisis y el intercambio de información y prácticas relativas a otras formas
de la delincuencia organizada transnacional en evolución y de diverso
impacto en los planos regional y mundial, como el tráfico ilícito de metales
53 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente e INTERPOL, The Rise of
Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development
and Security (Nairobi, 2016); United Nations Environment Programme, The State of
Knowledge of Crimes that Have Serious Impacts on the Environment (Nairobi, 2018);
INTERPOL, Norwegian Center for Global Analysis y Global Initiative against
Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows (2018).
54 Asamblea General, resolución 70/174, anexo.
preciosos y la minería ilegal, a fin de prevenir y combatir más eficazmente
el delito y fortalecer el estado de derecho,
Recordando también la resolución 72/196 de la Asamblea General, de
19 de diciembre de 2017, en la que la Asamblea expresó preocupación por
la participación de grupos delictivos organizados en el tráfico de metales
preciosos en algunas partes del mundo, así como por el considerable
aumento del volumen y la incidencia transnacional de dicho tráfico y la
variedad de delitos relacionados con él, y por la posibilidad de que el tráfico
de metales preciosos se utilice como fuente de financiación de la
delincuencia organizada y otras actividades delictivas conexas,
Alarmado por la explotación de los puntos vulnerables de las cadenas
de suministro de oro y otros metales preciosos, que tiene efectos negativos
en los medios de subsistencia de las comunidades y el medio ambiente, entre
otras cosas, así como en la capacidad de los Gobiernos de regular la minería
y el comercio de metales preciosos y atajar el comercio ilícito y el blanqueo
de dinero vinculados a la producción y el comercio de metales prec iosos,
Preocupado por la creciente implicación de grupos delictivos
organizados en el tráfico ilícito de metales preciosos, así como por el
considerable aumento del volumen y la diversidad de delitos transnacionales
relacionados con ese tráfico y la frecuencia con que se cometen en algunas
partes del mundo,
Reconociendo que la minería ilegal y el tráfico ilícito de metales
preciosos por grupos delictivos organizados podrían constituir delitos
graves,
Preocupado por los efectos negativos de la utilización de mercurio
para la explotación ilegal del oro, en particular el oro de aluvión, dado que
contamina y degrada el medio ambiente y entraña graves riesgos para la
salud humana en los miembros más vulnerables de la sociedad, en particular
las mujeres, la infancia y las generaciones futuras,
Reconociendo el derecho soberano de los Estados a adoptar medidas
apropiadas para proteger sus propios recursos naturales,
Alarmado por la velocidad a la que está aumentando la explotación
ilegal de oro de aluvión en zonas naturales y tierras indígenas protegidas,
Observando la singular vulnerabilidad de los mineros artesanales,
tanto del sector formal como del informal, a la explotación por grupos
delictivos organizados y los riesgos que conlleva la utilización de mercurio
en la minería de oro artesanal informal y en la ilegal, en particular la minería
de aluvión,
Conocedor de que la vulnerabilidad de la cadena de suministro facilita
el tráfico ilícito de metales preciosos y contribuye a la creación de una base
de ingresos importante para los grupos delictivos organizados, lo que, por
consiguiente, podría contribuir a la expansión de las empresas delictivas,
propiciar la corrupción y, a través de esta, debilitar el estado de derecho,
Destacando que es necesario promover la adhesión universal a la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos55 , la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción56 y otros instrumentos internacionales pertinentes, así
como su utilización y su plena aplicación, a fin de prevenir y combatir la
minería ilegal y el tráfico ilícito de metales preciosos, y destacando también
la importancia que reviste la cooperación internacional entre los Gobiernos
55 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.
56 Ibid., vol. 2349, núm. 42146.
de los Estados Miembros y las entidades del sector privado para luchar
contra la delincuencia organizada transnacional, como se describe en varios
informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y
el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre
la Delincuencia y la Justicia,
Teniendo presente la importancia de las alianzas y las sinergias entre
los Gobiernos de los Estados Miembros, la sociedad civil y el sector privado,
en particular en lo referente al diseño de medidas y estrategias para luchar
contra el tráfico ilícito de metales preciosos y el blanqueo del dinero
resultante de esa actividad en el contexto de la prevención de la delincuencia
organizada transnacional y sus vínculos con otras formas de delincuencia
organizada transnacional,
Tomando nota de los resultados a los que se hace referencia en el
informe técnico del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia titulado Reforzamiento
de la seguridad y la integridad de la cadena de suministro en metales
preciosos en relación con los vínculos entre la delincuencia organizada
transnacional, otras actividades delictivas y el tráfico ilícito de metales
preciosos,
Observando que el tráfico ilícito de metales preciosos y la minería
ilegal podrían estar vinculados a otras formas de delincuencia organizada
transnacional y que podría tener lugar paralelamente a otros delitos y
actividades ilegales, incluidos, entre otros, el blanqueo de dinero y la
corrupción, o junto con ellos,
Recordando los mandatos de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia de prestar asistencia
técnica a los Estados Miembros a fin de fortalecer su capacidad para
prevenir y combatir el tráfico ilícito de metales preciosos,
Tomando nota de los documentos de orientación57, como los que se
enumeran en el anexo II de Reforzamiento de la seguridad y la integridad
de la cadena de suministro en metales preciosos, relativos a la mejora de la
seguridad de la cadena de suministro de metales preciosos frente a los
grupos delictivos organizados, cuya aplicación en la práctica podría permitir
a los países beneficiarse de los metales preciosos y prevenir al mismo
tiempo el tráfico ilícito de metales preciosos y la minería ilegal,
Tomando nota también de las orientaciones existentes elaboradas por
las organizaciones especializadas pertinentes, como el Foro
Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo
Sostenible, relativas a la promoción de la formalización del sector artesanal
y en pequeña escala para proteger a los mineros artesanales y a los pequeños
mineros, tanto del sector formal como del informal, frente a la explotación
por los grupos delictivos organizados,
1. Invita a los Estados Miembros a que, de conformidad con su
marco jurídico interno, consideren la posibilidad de penalizar, cuando
proceda, el tráfico ilícito de metales preciosos y la minería ilegal y adopten
las medidas apropiadas para prevenir y combatir el tráfico ilícito de metales
preciosos y la minería ilegal por grupos delictivos organizados, entre otras
cosas controlando y protegiendo la cadena de suministro y promulgando las
57 Como la guía de debida diligencia relativa a las cadenas para el suministro
responsable de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de
alto riesgo.
leyes necesarias para prevenir e investigar el tráfico ilícito de metales
preciosos y enjuiciar a los responsables;
2. Invita a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que
consideren la posibilidad de hacerse partes en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos55 y en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción56;
3. Alienta encarecidamente a los Estados Miembros a que utilicen
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos y la Convención contra la Corrupción con
miras a fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatir el
tráfico ilícito de metales preciosos y la minería ilegal;
4. Invita a los Estados Miembros a que promuevan una mayor
seguridad de las cadenas de suministro de metales preciosos para evitar la
infiltración de grupos delictivos organizados;
5. Invita también a los Estados Miembros a que tomen nota y
consideren la posibilidad de ejecutar un plan de acción nacional en materia
de metales preciosos con arreglo al marco definido por el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia, en cooperación con la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos, que figura en Reforzamiento de la
seguridad y la integridad de la cadena de suministro en metales preciosos,
en el que se pone de relieve la importancia de, entre otras cosas, elaborar
evaluaciones nacionales de riesgos en relación con la integridad de la cadena
de suministro de metales preciosos, establecer laboratorios regionales para
el análisis de metales preciosos en los que se describa el perfil de los metales
preciosos y se analicen sus características distintivas y fortalecer la
capacidad de los Estados Miembros para proteger la cadena de suministro
frente a la infiltración de grupos delictivos organizados;
6. Invita además a los Estados Miembros a que compartan ejemplos
de leyes nacionales, regionales e internacionales pertinentes, normas
reguladoras y estudios de casos sobre mejores prácticas para proteger las
cadenas de suministro de metales preciosos que sean pertinentes al estudio
de temas como la prevención del blanqueo de dinero y el control de las
importaciones y las exportaciones con las instituciones pertinentes, como
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia;
7. Invita a los Estados Miembros a que trabajen en colaboración
con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones
sobre la Delincuencia y la Justicia, la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y otras organizaciones internacionales y regionales para
definir y promover el uso de soluciones que utilicen nuevas tecnologías y
puedan contribuir de forma específica a prevenir y combatir el tráfico ilícito
de metales preciosos y la minería ilegal por grupos delictivos organizados,
incluidas tecnologías que fortalezcan la integridad de la cadena de
suministro de metales preciosos, especialmente en lo que respecta a la
rastreabilidad, la autenticación y la criminalística, tecnologías relacionadas
con la criminalística y tecnologías de análisis y visualización
de macrodatos a fin de vigilar los cambios en las tendencias y modalidades
de delincuencia;
8. Alienta a los Estados Miembros a que cooperen entre sí para
impartir formación en metales preciosos al personal de los organismos
encargados de hacer cumplir la ley en lo que respecta a la identificación, la
investigación, la toma de muestras, el envío de muestras a los laboratorios
para su análisis, el registro y la notificación de incautaciones y la creación
de estadísticas pertinentes sobre incautaciones y procesos judiciales a nivel
nacional;
9. Alienta también a los Estados Miembros a que, de conformidad
con su marco jurídico interno y sus obligaciones internacionales, se presten
la asistencia más amplia posible, en especial mediante acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales sobre cuestiones relacionadas con la aplicación
de la ley, y mejoren la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley
para combatir los delitos relacionados con el tráfico ilícito de metales
preciosos y la minería ilegal;
10. Alienta a los Estados partes a que adopten, de conformidad con
sus obligaciones, medidas en consonancia con la Convención contra la
Corrupción,
en particular los capítulos II y V, cuando proceda, y a que las apliquen a los
delitos comprendidos en la Convención relacionados con el tráfico ilícito de
metales preciosos y la minería ilegal;
11. Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas
necesarias para localizar, embargar preventivamente, decomisar y, en los
casos en que proceda, restituir el producto del tráfico ilícito de metales
preciosos y la minería ilegal,
de conformidad con lo dispuesto en la Convención contra la Del incuencia
Organizada y la Convención contra la Corrupción;
12. Invita a los Estados Miembros en cuya jurisdicción no constituya
delito la posesión, la importación, la exportación, el transporte, el comercio
o la venta
de metales preciosos obtenidos ilegalmente a que adopten las medidas
legislativas o de otro tipo que sean necesarias y adecuadas para velar por
que se regule debidamente la integridad de la cadena de suministro de
metales preciosos;
13. Alienta a los Estados Miembros a que intensifiquen la
cooperación internacional y el intercambio de información y mejores
prácticas entre las autoridades judiciales y encargadas de hacer cumplir la
ley, de conformidad con su marco jurídico interno y sus obligaciones
internacionales, con miras a prevenir y combatir el tráfico ilícito de metales
preciosos y la minería ilegal;
14. Alienta también a los Estados Miembros a que consideren la
posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas para
fortalecer los controles fronterizos, entre otras cosas mediante las
tecnologías apropiadas que sean necesarias para prevenir y detectar el
tráfico ilícito de metales preciosos y la utilización de mercurio en la minería
ilegal;
15. Invita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que continúe prestando, cuando se le solicite, asistencia técnica a
los Estados Miembros, y alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito, el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y otras organizaciones
internacionales y regionales pertinentes a que coordinen estrechamente sus
actividades e intensifiquen la cooperación entre ellas a fin de ayudar a los
Estados Miembros a combatir el tráfico ilícito de metales preciosos y la
minería ilegal;
16. Solicita al Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito que le presente en su 29º período de
sesiones un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución;
17. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que aporten
recursos extrapresupuestarios para los fines descritos anteriormente, de
conformidad con las normas y los procedimientos de las Naciones Unidas.
C. Proyectos de decisión que se someten a la aprobación del
Consejo Económico y Social
3. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal recomienda al
Consejo Económico y Social que apruebe los siguientes proyectos de
decisión:
Proyecto de decisión I
Nombramiento de dos miembros y renovación del
nombramiento de otros dos miembros del Consejo
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas
para Investigaciones sobre
la Delincuencia y la Justicia
El Consejo Económico y Social decide hacer suyos el nombramiento de
Carolina Lizárraga Houghton (Perú) y Youngju Oh (República de Corea) y
la renovación del nombramiento de Carlos Castresana Fernández (España)
y Joel Antonio Hernández García (México) como miembros del Consejo
Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia.
Proyecto de decisión II
Informe de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal sobre su 28º período de sesiones y programa
provisional de
su 29º período de sesiones
El Consejo Económico y Social:
a) Toma nota del informe de la Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal sobre su 28º período de sesiones;
b) Reafirma la decisión 21/1 de la Comisión, de 27 de abril de 2012;
c) Aprueba el programa provisional del 29º período de sesiones que
figura a continuación.
Programa provisional del 29º período de sesiones de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal
1. Elección de la Mesa.
2. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.
3. Debate general.
4. Cuestiones de gestión estratégica, presupuestarias y administrativas:
a) Labor del grupo de trabajo intergubernamental permanente de
composición abierta sobre el mejoramiento de la gobernanza y la
situación financiera de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito;
b) Directrices de política y cuestiones presupuestarias relacionadas
con el programa de las Naciones Unidas en materia de
prevención del delito y justicia penal;
c) Métodos de trabajo de la Comisión;
d) Composición del personal de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito y otros asuntos conexos.
5. Debate temático sobre las medidas eficaces para prevenir y combatir
el tráfico ilícito de migrantes, protegiendo al mismo tiempo los
derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito, en particular de las
mujeres y los niños, y los derechos de los niños migrantes no
acompañados.
6. Integración y coordinación de los esfuerzos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de los Estados
Miembros en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal:
a) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos;
b) Ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción;
c) Ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales
para prevenir y combatir el terrorismo;
d) Otras cuestiones relativas a la prevención del delito y la justicia
penal;
e) Otras actividades en apoyo de la labor de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en particular las
actividades de la red del programa de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal, las
organizaciones no gubernamentales y otros organismos.
7. Utilización y aplicación de las reglas y normas de las Naciones Unidas
en materia de prevención del delito y justicia penal.
8. Tendencias de la delincuencia a nivel mundial y nuevas cuestiones y
respuestas relativas a la prevención del delito y la justicia penal.
9. Seguimiento del 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal y preparativos del 15º Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
10. Contribuciones de la Comisión a la labor del Consejo Económico y
Social, en consonancia con la resolución 72/305 de la Asamblea
General, incluidos el seguimiento, el examen y la aplicación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
11. Programa provisional del 30° período de sesiones de la Comisión.
12. Otros asuntos.
13. Aprobación del informe de la Comisión sobre su 29º período de
sesiones.
D. Asuntos que se señalan a la atención del Consejo
Económico
y Social
4. Se señalan a la atención del Consejo Económico y Social las siguientes
resoluciones y decisión aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal:
Resolución 28/1
Fortalecimiento de la implicación de todos los miembros
de la sociedad en la prevención del delito
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal ,
Reafirmando su profunda preocupación por los efectos de la
delincuencia, en particular la delincuencia organizada transnacional, en la
seguridad y en la estabilidad y el desarrollo políticos, sociales y económicos
de los Estados y las sociedades,
Teniendo presente que los Gobiernos tienen una función de liderazgo
en la elaboración de estrategias, políticas y programas de prevención del
delito y en el mantenimiento de marcos institucionales para su aplicación y
examen,
Reconociendo que las medidas de prevención del delito eficaces y
debidamente aplicadas no solo previenen la delincuencia y la victimización,
sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al
desarrollo sostenible de los países,
Reconociendo también que la prevención del delito por lo general
comprende estrategias, políticas y programas que tienen por objeto reducir
tanto el riesgo de que se cometan delitos como los posibles efectos
perjudiciales de la delincuencia para las personas y la sociedad,
Afirmando que, cuando proceda, las medidas nacionales de prevención
del delito deberían tener en cuenta los vínculos entre la delincuencia local y
la delincuencia organizada transnacional,
Recordando todas las resoluciones de las Naciones Unidas que tratan
el tema de la prevención del delito,
Reafirmando la necesidad de que se prevenga y se combata la
delincuencia organizada transnacional en todas sus formas y
manifestaciones existentes y emergentes y de que los Estados partes
cumplan de manera efectiva con las obligaciones que les incumben en virtud
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus Protocolos58 , la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción59 y otros instrumentos internacionales pertinentes,
Recordando en particular el artículo 31 de la Convención contra la
Delincuencia Organizada, relativo a las medidas destinadas a prevenir la
delincuencia organizada transnacional,
Observando la importancia de tener en cuenta, cuando corresponda,
las directrices de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y
otras reglas y normas internacionales pertinentes, en particular las
Directrices para la Cooperación y la Asistencia Técnica en la esfera de la
Prevención de la Delincuencia Urbana 60 y las Directrices para la Prevención
del Delito61, al elaborar las políticas nacionales de prevención del delito,
58 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.
59 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2349, núm. 42146.
60 Resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, anexo.
61 Resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, anexo.
Recordando el documento final de la cumbre de las Naciones Unidas
para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015, titulado
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”62,
Recordando también la resolución 73/183 de la Asamblea General, de
17 de diciembre de 2018, titulada “Refuerzo del papel de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal en la contribución a la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”,
Reconociendo la importancia de promover el desarrollo sostenible
como complemento de las estrategias, las políticas y los programas de
prevención del delito,
Teniendo presentes los compromisos contraídos por los Estados
Miembros que se enuncian en el párrafo 7 de la Declaración de Doha sobre
la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco
Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los
Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel
Nacional e Internacional y la Participación Pública, aprobada en el 13er
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal 63 , relacionados con la prevención del delito, en particular el
compromiso de procurar crear un entorno de aprendizaje seguro y positivo
en las escuelas, con el apoyo de la comunidad, y de incorporar la prevención
del delito en los sistemas educativos y en los programas sociales y
económicos pertinentes, en particular los que afectan a la juventud,
Acogiendo con beneplácito la labor de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, con arreglo a su mandato, en el ámbito
de la prevención del delito, que incluye la elaboración de herramientas
técnicas y la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la
solicitan, así como su continua labor destinada a mejorar las estrategias,
políticas y programas que han demostrado ser eficaces, incluida la que
realiza en colaboración con las entidades pertinentes de las Naciones
Unidas,
Acogiendo con beneplácito también los esfuerzos de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por ampliar y facilitar la
ejecución de su programa de preparación para la vida destinado a entornos
deportivos, llamado “Juega, vive”, que tiene por objeto prevenir la
delincuencia, la violencia y el uso indebido de drogas, así como su programa
“Familias Fuertes”,
Reconociendo la diversidad de enfoques de la prevención del delito,
como los basados en el desarrollo, en la comunidad y en la prevención de
situaciones propicias al delito, y destacando la importancia de intercambiar
conocimientos y poner en común prácticas de eficacia demostrada a nivel
nacional y entre países en desarrollo, países desarrollados y países con
economías en transición,
Reconociendo también que las estrategias, las políticas y los
programas de prevención del delito amplios y eficaces pueden reducir
considerablemente la delincuencia y la victimización, ya que abordan las
causas fundamentales y los factores de riesgo de la delincuencia y la
victimización, y pueden reducir en gran medida los costos financieros y
sociales de la delincuencia,
Reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros de elaborar
estrategias, políticas y programas de prevención del delito y crear y
62 Resolución 70/1 de la Asamblea General.
63 Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.
mantener marcos institucionales para su aplicación, seguimiento y
evaluación, y observando al mismo tiempo que esa labor debería basarse en
un enfoque participativo, de colaboración e integrado que comprenda a
todas las partes interesadas pertinentes,
Poniendo de relieve la necesidad de establecer las alianzas necesarias
con todas las partes interesadas pertinentes en el proceso de formulación de
estrategias, políticas y programas de prevención del delito eficaces,
Destacando la importancia de intensificar las iniciativas y medidas de
prevención del delito que estén orientadas a las familias, las escuelas, las
instituciones religiosas y culturales, las organizaciones comunitarias y el
sector privado y aprovechen todo su potencial a fin de combatir los
problemas sociales y económicos que son las causas profundas de la
delincuencia,
Poniendo de relieve que la educación para todos los niños y los
jóvenes, incluida la erradicación del analfabetismo, es fundamental para
prevenir la delincuencia, y destacando a ese respecto la importante función
que desempeña la participación de la juventud en las iniciativas de
prevención del delito,
Acogiendo con beneplácito las iniciativas comunitarias que se han
puesto en marcha para prevenir la delincuencia, incluidas las campañas de
concienciación y la labor de apoyo a la reinserción social y la rehabilitación
de los delincuentes,
Reconociendo la importancia de reforzar las alianzas entre los sectores
público y privado en la prevención del delito mediante el intercambio de
información, conocimientos y experiencias y mediante la realización de
acciones conjuntas y coordinadas, con el propósito, entre otros, de prevenir
y combatir el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones
con fines delictivos,
Observando la importancia de incorporar consideraciones relativas a
la prevención del delito en todas las estrategias, políticas y programas
sociales y económicos pertinentes, incluidos los relativos al empleo, la
educación, la salud, la vivienda y el urbanismo, la pobreza, la marginación
social y la exclusión y los que hacen especial hincapié en las comunidades,
las familias, la infancia y la juventud,
Reconociendo que las medidas de prevención del delito deberían
concebirse y aplicarse de conformidad con el estado de derecho y las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
Observando los progresos realizados por los Estados Miembros con
miras a establecer políticas y programas eficaces de prevención de la
delincuencia urbana, en particular en el contexto de la aplicación de la
Nueva Agenda Urbana64, y alentando un mayor intercambio de experiencias,
Convencida de la necesidad de reforzar la cooperación local, regional
e internacional para prevenir y combatir eficazmente las actividades
delictivas, dondequiera que se lleven a cabo,
1. Insta a todos los Estados Miembros que no lo hayan hecho a que
consideren la posibilidad de ratificar la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos 58 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción59 o de adherirse a
ellos, e insta a los Estados partes a que apliquen eficazmente sus
disposiciones;
64 Resolución 71/256 de la Asamblea General, anexo.
2. Exhorta a los Estados Miembros a que formulen políticas,
estrategias y programas de prevención del delito que incluyan enfoques
multidisciplinares y participativos de prevención e intervención tempranas,
en estrecha cooperación con todas las partes interesadas, incluida la
sociedad civil, y solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito que siga proporcionando asistencia técnica a los Estados
Miembros que la soliciten a tal efecto;
3. Alienta a los Estados Miembros a que incorporen
consideraciones de prevención del delito en sus planes nacionales
destinados a aplicar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 62 y en
todas sus estrategias, políticas y programas sociales y económicos
pertinentes, de acuerdo con sus leyes y prioridades nacionales, haciendo
especial hincapié en las comunidades, las familias, la infancia y la juventud,
a fin de hacer frente de manera eficaz a las condiciones que pueden propiciar
la aparición de la delincuencia y la violencia;
4. Exhorta a los Estados Miembros a que adopten estrategias,
políticas y programas eficaces de prevención del delito destinados a las
mujeres, así como a los niños y a otros miembros vulnerables de la sociedad,
en los que se incluyan medidas contra las agresiones sexuales, la explotación
sexual, la trata de personas y los delitos relacionados con las drogas y otros
delitos, y a que, con tal fin, promuevan las mejores prácticas, como el uso
de la tecnología para apoyar la recuperación inmediata de niños perdidos, la
prestación de asistencia jurídica y la protección de las familias frente a la
violencia doméstica;
5. Alienta a los Estados Miembros a que incorporen una perspectiva
de género en sus estrategias, políticas y programas de prevención del delito,
de modo que tengan en cuenta las necesidades y las perspectivas de las
mujeres y las niñas,
y alienta también a los Estados Miembros a que pidan a las mujeres y las
niñas que contribuyan a la formulación, la aplicación, el seguimiento y la
evaluación de esas estrategias, políticas y programas, cuando proceda;
6. Alienta también a los Estados Miembros a que estudien la
posibilidad de adoptar en sus estrategias, políticas y programas de
prevención del delito un enfoque que esté centrado en las víctimas y tenga
en cuenta los traumas que estas hayan sufrido, y a que tengan en
consideración las aportaciones de las víctimas al elaborar y llevar a la
práctica esas iniciativas, cuando proceda;
7. Alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito a que intensifique sus esfuerzos por apoyar a los Estados Miembros,
con arreglo a su mandato y cuando se le solicite, en los ámbitos de la
prevención del delito y de prevención de la violencia contra las mujeres y
las niñas, mediante programas eficaces de prevención del delito, incluidas
iniciativas de prevención de delito a nivel local;
8. Invita a los Estados Miembros a que fomenten las alianzas con
el sector privado y la colaboración con la sociedad civil en la prevención del
delito, así como en los programas destinados a ayudar a las víctimas del
delito y reducir la reincidencia, como los programas de inclusión social, los
planes de empleo para los miembros vulnerables de la sociedad, como las
víctimas y los exreclusos, y, cuando proceda, las medidas no privativas de
libertad, de conformidad con su marco jurídico interno;
9. Invita también a los Estados Miembros a que colaboren con la
comunidad académica y la comunidad de investigación a fin de evaluar el
impacto en la prevención del delito de las políticas, estrategias y programas
en ese ámbito, teniendo en cuenta las aportaciones y las contribuciones de
todas las partes interesadas;
10. Alienta a los Estados Miembros a que adopten las medidas
pertinentes, de acuerdo con sus respectivos contextos nacionales, para
promover la difusión, utilización y aplicación de las reglas y normas de las
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal,
incluido el estudio y, cuando lo consideren necesario, la difusión de los
manuales, textos y materiales de creación de capacidad ya existentes
elaborados y publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito;
11. Alienta también a los Estados Miembros a que procuren estrechar
la coordinación y la cooperación entre las instituciones nacionales
responsables
de prevenir y combatir la delincuencia urbana y a que elaboren las medidas
de prevención necesarias que tengan en cuenta los vínculos entre la
delincuencia urbana y todas las formas y manifestaciones de la delincuencia
organizada en algunos países y regiones, como los delitos cometidos por
bandas, a fin de abordar las repercusiones de la delincuencia urbana y
relacionada con las bandas para la infancia y la juventud mediante políticas
eficaces, con vistas a fomentar la inclusión social y las oportunidades de
empleo y facilitar la reintegración social de los niños y los jóvenes;
12. Invita al Secretario General a incluir información sobre la
aplicación de la presente resolución en los informes que tiene la obligación
de presentar a la Asamblea General en relación con el tema de la prevención
del delito y la justicia penal;
13. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a aportar
recursos extrapresupuestarios para los fines enunciados en la presente
resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos de las
Naciones Unidas.
Resolución 28/2
Combatir el contrabando de bienes comerciales en los casos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal ,
Recordando la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional 65 , aprobada por la Asamblea
General en su
resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en la que, entre otras cosas,
se establece la definición de grupo delictivo organizado y se ofrece un
fundamento jurídico efectivo para la cooperación internacional con miras a
facilitar la investigación y persecución de todas las formas de delincuencia
comprendidas en ella,
65 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm. 39574.
Recordando también la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción66, que tiene la finalidad, entre otras, de promover y fortalecer
las medidas para prevenir y combatir la corrupción de manera más eficaz y
eficiente y que pueden aplicar los Estados partes para prevenir y combatir
los delitos comprendidos en su ámbito de aplicación y relacionados con el
contrabando de bienes comerciales, también en lo que respecta a los sectores
de las aduanas y el control de fronteras,
Recordando además la resolución 70/1 de la Asamblea General, de 25
de septiembre de 2015, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible”, por la que se aprobó el conjunto de
Objetivos de Desarrollo Sostenible universales y transformativos y sus metas
correspondientes, incluida la meta 16.4,
Expresando su preocupación por las consecuencias del contrabando de
bienes comerciales cometido por grupos delictivos organizados
transnacionales y algunos de los posibles vínculos entre ese delito y la
corrupción y otras formas de delincuencia organizada transnacional, como el
blanqueo de dinero y el tráfico de drogas,
1. Insta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de
valerse de las disposiciones sobre cooperación internacional de la
Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional65 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción66, en los casos en
que proceda y sea apropiado, para investigar y perseguir judicialmente el
contrabando de bienes comerciales;
2. Invita a los Estados partes a que consideren, cuando proceda, la
posibilidad de tipificar como delito el contrabando de bienes comerciales,
incluso tipificando los delitos que corresponda como delitos graves,
conforme a la definición que figura en el artículo 2, párrafo b), de la
Convención contra la Delincuencia Organizada, cuando el delito tenga
carácter transnacional y en él haya participado un grupo delictivo
organizado;
3. Alienta a los Estados Miembros a que compartan, en consonancia
con su marco jurídico interno y sus obligaciones internacionales, las mejores
prácticas y las dificultades encontradas en lo que respecta a prevenir y
eliminar el contrabando de bienes comerciales como forma de delincuencia
organizada transnacional y, a ese respecto, traben alianzas y construyan
redes, cuando proceda, a fin de promover la cooperación internacional;
4. Invita a los Estados Miembros a que expongan sus opiniones y
aportaciones sobre cómo puede contribuir la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal a hacer frente al contrabando de bienes comerciales
como forma de delincuencia organizada transnacional, y solicita a la
Secretaría que le presente un informe al respecto en su 29º período de
sesiones, como parte de los requisitos actuales en materia de presentación
de informes;
5. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que
proporcionen recursos extrapresupuestarios para los fines enunciados en la
presente resolución, de conformidad con las normas y los procedimientos
de las Naciones Unidas.
66 Ibid., vol. 2349, núm. 42146.
Resolución 28/3
Fortalecimiento de la cooperación regional e internacional
en las respuestas en materia de prevención del delito y
justicia penal al tráfico ilícito de fauna y flora silvestres
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal ,
Reafirmando las resoluciones de la Asamblea General 69/314, de 30
de julio de 2015, 70/301, de 9 de septiembre de 2016, y 71/326, de 11 de
septiembre de 2017, relativas a la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y
flora silvestres,
Recordando la resolución 2013/40 del Consejo Económico y Social,
de 25 de julio de 2013, relativa a las respuestas en materia de prevención
del delito y justicia penal al tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y
flora silvestres, en la que el Consejo alentó a los Estados Miembros a que
tipificaran como delito grave el tráfico ilícito de especies protegidas de
fauna y flora silvestres cuando estuvieran involucrados grupos delictivos
organizados,
Tomando en consideración la Declaración de la Conferencia de
Londres sobre el Comercio Ilegal de Vida Silvestre, celebrada los días 11 y
12 de octubre de 2018, en la que los representantes de los Gobiernos
exhortaron a la comunidad internacional a que actuara conjuntamente para
respaldar e impulsar medidas colectivas y urgentes que permitieran hacer
frente al comercio ilegal de vida silvestre en cuanto que constituía un delito
grave cometido por delincuentes organizados que afectaba a la economía,
la seguridad nacional y regional, las comunidades indígenas y los
ecosistemas,
Teniendo presente la importancia de la cooperación y los esfuerzos
internacionales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible67,
Recordando sus resoluciones 16/1, de 27 de abril de 2007, y 23/1, de
16 de mayo de 2014, relativas a la prevención y la lucha contra el tráfico
ilícito de productos forestales, incluida la madera, en las que alentó a los
Estados Miembros a que cooperaran en los planos bilateral, regional e
internacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de productos
forestales,
Reafirmando el marco jurídico que establece la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres 68 y el importante papel que esta desempeña como principal
instrumento internacional para garantizar que el comercio internacional de
fauna y flora silvestres no ponga en peligro su supervivencia, y
reconociendo los esfuerzos realizados por las partes en dicha Convención
para aplicarla,
Reafirmando también que la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional69 y la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción70 son instrumentos eficaces y parte
importante del marco jurídico de cooperación internacional en la lucha
contra el tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres, así
67 Resolución 70/1 de la Asamblea General.
68 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 993, núm. 14537.
69 Ibid., vol. 2225, núm. 39574.
70 Ibid., vol. 2349, núm. 42146.
como, cuando proceda, contra otros delitos contra el medio ambiente que
constituyen delitos graves,
Reconociendo la importante labor que lleva a cabo el Consorcio
Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, iniciativa
de colaboración de la secretaría de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Banco Mundial y
la Organización Mundial de Aduanas, mediante, entre otras cosas,
la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros,
Observando que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres podría estar
vinculado a otras formas de delincuencia organizada transnacional y que
podría tener lugar paralelamente a otros delitos y actividades ilega les,
incluidos, entre otros,
el blanqueo de dinero y la corrupción, o junto con ellos,
Reconociendo el papel crucial que desempeñan todas las partes
interesadas pertinentes, como la sociedad civil, así como las comunidades
locales, rurales e indígenas, en la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y
flora silvestres,
Expresando preocupación por la seguridad de todas las personas
implicadas en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional,
incluido el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres,
1. Reconoce los efectos económicos, sociales y ambientales del
tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, con respecto a los cuales es
necesario adoptar medidas firmes y fortalecidas en lo que respecta a la
oferta, el tránsito y la demanda, y pone de relieve nuevamente la
importancia, a este respecto, de que exista una cooperación internacional
efectiva entre los Estados Miembros, los acuerdos multilaterales sobre el
medio ambiente pertinentes y las organizaciones internacionales;
2. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas eficaces
para prevenir y combatir el grave problema de los delitos que repercuten en
el medio ambiente, como el tráfico de fauna y flora silvestres, entre otros,
mediante el fortalecimiento de la legislación, las investigaciones, la
cooperación internacional, la creación de capacidad, las respuestas de la
justicia penal y las actividades de los organismos encargados de hacer
cumplir la ley destinadas específicamente a combatir, entre otras cosas, la
delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el blanqueo de
dinero vinculados a esos delitos, de conformidad con el párrafo 9 e) de la
Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la
Justicia Penal en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas
para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado
de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública 71;
3. Insta a los Estados Miembros a que adopten medidas decisivas a
nivel nacional para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de fauna
y flora silvestres en lo que respecta a la oferta, el tránsito y demanda, en los
países de origen, tránsito y destino, entre otras cosas mediante el
fortalecimiento de la legislación y los reglamentos, cuando sea necesario,
para prevenir, investigar, perseguir y castigar adecuadamente ese tráfico
ilícito, así como mediante el endurecimiento de las respuestas en materia de
aplicación de la ley y justicia penal, y a que incrementen el intercambio de
información y conocimientos entre las autoridades nacionales,
así como entre los Estados Miembros y las autoridades encargadas de
71 Resolución 70/174 de la Asamblea General, anexo.
combatir la delincuencia internacional, de conformidad con los marcos
jurídicos nacionales y las obligaciones internacionales;
4. Reconoce que el Consorcio Internacional para Combatir los
Delitos contra la Vida Silvestre puede prestar una valiosa asistencia técnica
a este respecto, en particular mediante la prestación de apoyo a los Estados
Miembros que lo soliciten para aplicar las Herramientas para el análisis de
los delitos contra la vida silvestre
y los bosques, cuyo objetivo es fortalecer, cuando proceda, la capacidad de
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y judiciales competentes
para investigar y enjuiciar los delitos relacionados con la fauna y flora
silvestres y dictar los fallos correspondientes;
5. Alienta a los Estados Miembros a que prevengan y combatan la
delincuencia organizada transnacional que explota las especies protegidas
de fauna y flora silvestres, tanto terrestres como marinas, de conformidad
con los marcos jurídicos nacionales y las obligaciones internacionales, y a
que fortalezcan la cooperación internacional y regional a este respecto, entre
otras cosas mediante
el intercambio de información y de buenas prácticas adoptadas a nivel
nacional, regional e internacional;
6. Alienta encarecidamente a los Estados Miembros a que adopten
las medidas apropiadas, de conformidad con los marcos jurídicos nacionales
y las obligaciones internacionales, para reforzar la cooperación
transfronteriza y los controles de la aplicación de la ley, en particular
mediante el intercambio de información entre los organismos encargados de
hacer cumplir la ley y, cuando proceda, con la Organización Internacional
de Policía Criminal (INTERPOL), en lo que respecta a los casos de caza y
pesca furtivas, tráfico o venta ilegal, incluida la venta en línea, de especies
protegidas de fauna y flora;
7. Exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a
que consideren la posibilidad de hacerse partes en la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos72;
8. Exhorta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad
de utilizar las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción70 para prevenir y combatir la corrupción que puede facilitar
el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres;
9. Exhorta también a los Estados Miembros a que tipifiquen como
delito grave el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, en particular el de
especies protegidas, en los casos en que proceda, de conformidad con su
legislación nacional y tal como se define en el artículo 2, párrafo b), de la
Convención contra la Delincuencia Organizada, a fin de que, cuando esos
delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de
un grupo delictivo organizado, pueda prestarse una cooperación
internacional eficaz en el marco de la Convención para prevenir y combatir
la delincuencia organizada transnacional;
10. Exhorta además a los Estados Miembros a que intensifiquen y
refuercen la cooperación nacional, regional e internacional entre los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades de aduanas,
judiciales y otras autoridades competentes para hacer frente al tráfico ilícito
de fauna y flora silvestres;
72 Naciones Unidas, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 y 2326, núm. 39574.
11. Insta a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de
poner en marcha asociaciones de colaboración entre los organismos de
desarrollo y conservación locales, nacionales, regionales e internacionales,
o reforzar las existentes, para aumentar el apoyo a la participación de las
comunidades en las labores de conservación y gestión sostenible de la fauna
y flora silvestres y contribuir a que las comunidades locales retengan los
beneficios de la conservación y la gestión sostenible de la vida silvestre;
12. Invita a los Estados Miembros a que busquen medios de estrechar
la cooperación internacional a fin de fortalecer los esfuerzos, en los planos
regional y bilateral, para hacer frente al tráfico ilícito de fauna y flora
silvestres, como la Conferencia Regional para Combatir el Tráfico Ilícito de
Vida Silvestre que se celebrará en Lima en octubre de 2019, en estrecha
colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito;
13. Solicita, a este respecto, a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito que, en el marco de su mandato y con los recursos
disponibles, de conformidad con la resolución 2013/40 del Consejo
Económico y Social y en estrecha cooperación y colaboración con los
Estados Miembros, prosiga y refuerce su labor de recopilación de
información sobre las características y los flujos del tráfico ilícito de fauna
y flora silvestres, teniendo en cuenta las particularidades regionales;
14. Recomienda que los Estados Miembros promuevan campañas de
sensibilización que reflejen el enorme impacto ambiental y delictivo del
tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, y recomienda también que los
Estados Miembros adopten medidas que tengan por objeto lograr la
participación de las partes interesadas y la sociedad civil y concienciarlas a
ese respecto;
15. Solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, en particular por conducto de su Programa Mundial para Combatir
los Delitos contra la Vida Silvestre y los Bosques, entre otros, que siga
prestando asistencia técnica y para la creación de capacidad, con los
recursos disponibles, a los Estados Miembros que la soliciten para fortalecer
sus sistemas de justicia penal a fin de prevenir y combatir mejor los delitos
contra la flora y la fauna silvestres y los delitos forestales;
16. Solicita también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito que, en el marco de su mandato y con los recursos
disponibles, de conformidad con la resolución 2013/40 del Consejo
Económico y Social, en estrecha cooperación y colaboración con los Estados
Miembros y en asociación con los demás miembros del Consorcio
Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre y otras
organizaciones internacionales y regionales pertinentes, siga fortaleciendo
la recopilación de información sobre las características y los flujos del
tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, teniendo en cuenta las
particularidades regionales, e informe a la Comisión sobre estas tendencias
bienalmente mediante la publicación del informe World Wildlife Crime
Report;
17. Invita a los Estados Miembros y a otros donantes a que realicen
contribuciones extrapresupuestarias para los fines mencionados
anteriormente, de conformidad con las normas y los procedimientos de las
Naciones Unidas.
Decisión 28/1
Informe del Consejo Directivo del Instituto Interregional
de
las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia
y la Justicia
5. En su séptima sesión, celebrada el 23 de mayo de 2019, la Comisión
decidió transmitir al Consejo Económico y Social el informe del Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la
Delincuencia y la Justicia (E/CN.15/2019/8), que se había preparado de
conformidad con la decisión adoptada por el Consejo Directivo en la reunión
que había celebrado los días 16 y 17 de enero de 2019 de informar al
Consejo Económico y Social, por conducto de la Comisión, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo IV, párrafo 3 e), del Estatuto del Instituto (resolución
1989/56 del Consejo Económico y Social, anexo).