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Cuadernosde pensamiento político


Índice

RESEÑAS

187 MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA NAVARRO: Cambio de destino. Memorias(Jon Juaristi)

190 IGNACIO FERNÁNDEZ BARGUES: Informe sobre la decadencia de Cataluña reflejada en su Estatuto (Arcadi Espada)

193 JESÚS BARREIRO: Diccionario de adioses (Gabriel Albiac)196 ÓSCAR ELÍA MAÑÚ: Problema infernal. Estados Unidos en la era del

genocidio (Samantha Power)199 FERNANDO R. GENOVÉS: Contra el eje del mal (W. Kristol / R. Kagan)203 ENRIQUE BOTO: 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta (Jaime Ignacio

del Burgo)206 CARMEN IGLESIAS CAUNEDO: Menos utopía y más libertad (Juan Antonio

Rivera)208 CARLOS MARTÍNEZ-CAVA: La ideología invisible (Jesús Trillo-Figueroa)211 JOSÉ MANUEL DE TORRES: Los mitos de la nueva izquierda (Rodolfo

Casadei)

NÚM. 10 • ABRIL-JUNIO, 2006

5 Nota editorial

9 MIKEL BUESAVíctimas del terrorismo y política del perdón

23 ROGELIO ALONSOLa política antiterrorista: Las lecciones de Irlanda del Norte

43 SANTIAGO GONZÁLEZA qué llaman proceso de paz

55 MAURICIO ROJASLa inmigración. Una visión desde Escandinavia

77 BJORN LOMBORGPreocupaciones equivocadas

91 PEDRO SCHWARTZUn área abierta de prosperidad.Realismo e imaginación en el Atlántico Norte

109 RAÚL RIVEROMatar el periodismo

115 RAFAEL L. BARDAJÍ¿Adónde va América?

133 ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSOPolítica exterior e interés nacional

145 PEDRO BUENDÍACensura y represión en el mundo árabe

173 JAVIER ORRICOLa inmersión lingüística del Dr. Jekyll y Mr. Hide (Homenaje a J.R. Lodares)

E D I T A :

FAE S. F U N DAC IÓN PAR A E L ANÁLI S I S Y LO S E STU D I O S S O C IALE S

P A T R O N A T O :

Presidente: J O SÉ MARÍA A Z NARVicepresidente: ÁN G E L AC E B E S

Vocales:

Secretario general: JAV I E R F E R NÁN D E Z-LAS Q U ETTY

Director: JAVIER ZARZALEJOSRedacción: M I G U E L ÁN G E L Q U I NTAN I LLA NAVAR RO

J O SÉ MAN U E L D E TO R R E S

P U B L I C I D A D , A D M I N I S T R A C I Ó N Y S U S C R I P T O R E Sc/ Juan Bravo, 3-C, 7ª planta. 28006 MADRID

Tel.: 91 576 68 57 • Fax: 91 575 46 95www.fundacionfaes.org • [email protected]

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ISSN: 1696-8441 • Depósito Legal: M-45040-2003

Cuadernos de pensamiento políticono comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores


ESPERANZA AGUIRREFRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS

CARLOS ARAGONÉSJAVIER ARENAS

RAFAEL ARIAS-SALGADOJOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO

MIGUEL BOYERJAIME IGNACIO DEL BURGO

PÍO CABANILLASPILAR DEL CASTILLO

GABRIEL CISNEROSMIGUEL ÁNGEL CORTÉS

GABRIEL ELORRIAGAJAV I E R F E R NÁN D E Z-LAS Q U ETTY

ANTONIO FONTÁNMANUEL FRAGA

GERARDO GALEOTELUIS DE GRANDES

JUAN JOSÉ LUCASPEDRO ANTONIO MARTÍNRODOLFO MARTÍN VILLA

JAUME MATASANA MATO

ABEL MATUTESJAIME MAYOR OREJA

MERCEDES DE LA MERCED

JORGE MORAGASALEJANDRO MUÑOZ-ALONSOEUGENIO NASARREMARCELINO OREJAANA PALACIOLOYOLA DE PALACIOANA PASTORJOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCAJOSEP PIQUÉMARIANO RAJOYRODRIGO RATO *ALBERTO RECARTECARLOS ROBLES PIQUERJOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍALUISA FERNANDA RUDÍJAVIER RUPÉREZSORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍAALFREDO TÍMERMANSISABEL TOCINOBAU D I LI O TO MÉFEDERICO TRILLO-FIGUEROAJUAN VELARDEALEJO VIDAL-QUADRASCELIA VILLALOBOSEDUARDO ZAPLANAJAVIER ZARZALEJOS

* En la actualidad, en suspensión voluntaria de sus funciones.

Esta revista ha recibido una ayuda de la Dirección General del libro, Archivos y Bibliotecas para su difución en bibliotecas, centros culturales y universidades de España

NOTA EDITORIAL

Q uienes estiman que la libertad personal es el fundamento primariode la vida pública deseable, suelen encontrarse con frecuencia enuna situación incómoda. Por una parte, su tradición intelectual puedecontemplarse como un largo combate –con frecuencia heroico y muchasveces infructuoso– frente a lo que habitualmente se denomina «tiranía dela mayoría», tradición que previene de la querencia invasiva y expansivadel poder público, que –según el conocido aserto rousseauniano– terminainvariablemente por solicitar, si no se pone atención y remedio, «la enaje-nación total de cada asociado, con todos sus derechos a toda la comuni-dad»; es ésta una pretensión característica de los totalitarismos de cual-quier tiempo, y en la medida en que uno la patrocina, la disculpa o lacorteja, se distancia de la concepción democrática y liberal del Estado yse escora hacia posiciones excéntricas, electoral y doctrinalmente. Porotra parte, cada vez con mayor claridad se percibe la necesidad de mante-ner un Estado fuerte, capaz de ejercer una compulsión legítima sobre lavida pública cuando así lo requiere la protección del interés común. Setrata, desde esta segunda perspectiva, de limitar la presencia y la actividadde actores cuyo comportamiento o intención se juzgan incompatiblescon los principios del Estado democrático liberal, y, por tanto, de com-prender que la defensa de la libertad política no pasa sólo por establecer loslímites del Estado, sino también por el esclarecimiento de las obligaciones delEstado para preservar la libertad personal a la que debe servir, los dere-chos inviolables de la ciudadanía.

Hoy, es poco menos que evidente que quienes se han ocupado de es-tablecer con rigor los límites del Estado son quienes, prácticamente en so-litario, se han decidido a acometer también la reflexión y la acción sobrelas obligaciones de los Estados democráticos y liberales, dentro y fuera desu territorio, en defensa de derechos y valores que estiman universales; noporque así lo juzguen caprichosamente, sino porque son universalmentedemandados por quienes carecen de ellos y de los medios para procurár-selos por sí mismos. Es igualmente evidente que quienes disculpan o ani-

ABRIL / JUNIO 2006 5

man a Estados dedicados a enajenar totalmente a quienes se encuentranbajo su jurisdicción, quienes han tendido a negar o a omitir los límites delpoder (entre nosotros, los que mediante un ejercicio de cinismo extraor-dinario se permiten presentar la virtud constituyente de la transacción yde la disposición al consenso como prueba de que la derecha «no quería»lo que finalmente fue acordado, y omiten que incluso estando en vigor laConstitución de 1978 patrocinaron una declaración programática explíci-ta contra los principios de la democracia liberal, declaración que fue trau-máticamente, y quizás sólo aparentemente, rectificada con posterioridad),son también quienes eluden demandar al Estado el cumplimiento estrictode sus obligaciones para preservar la libertad, quienes renuncian a hacerdistinciones entre quienes pueden formar parte del sistema y quienes nopueden porque existen sólo para hacerlo desaparecer, quienes, en definiti-va, han fundado un territorio que se halla en un vaporoso estado en el quetodo puede negociarse, todo puede cambiar de nombre o identidad y to-do puede tratarse «políticamente», porque el Estado parece ser dueño detodo y no encontrarse obligado por nada. En esta forma «avanzada» deentender la democracia (se entiende que avanzada por abandono de lademocracia liberal –la que está en vigor porque así lo ha querido el elec-torado– y por aproximación a una nueva utopía radical) el Estado no tie-ne límites ni obligaciones. Pretende, por ejemplo, extender su jurisdicciónhacia el pasado pero desentenderse de sus obligaciones presentes, vindi-car a las víctimas del franquismo pero eludir a las de ETA y a las del terro-rismo iraquí. Y, lógicamente, procura alianzas y pactos con quienes, comoél mismo, estiman que avanzar es vulnerar límites y omitir compromisos.Frente al Estado democrático liberal, un Estado rampante.

Ante esta novedad, conviene reiterarse en los principios y ejercitarseen los trabajos que la libertad política demanda, que es la más intensa ex-presión de la igualdad, lo que todos necesitamos para dar valor a nuestravida, y no su opuesto; es por tanto la virtud política de mayor expansiónelectoral potencial y el principio que mejor puede fundamentar un ordenpolítico internacional realmente ecuménico.

Entre los más candentes problemas relativos a los límites del Estado seencuentra, obviamente, el de la represión y la censura. Cuba y el mundoárabe constituyen dos ejemplos perfectos. En Matar el periodismo yCensura y represión en el mundo árabe, Raúl Rivero y Pedro Buendía mues-tran, respectivamente, que cuando el Estado desborda sus límites arrollaen primer lugar los derechos de su propia población. La disputa no es só-lo ni principalmente entre diferentes concepciones culturales o ideológi-cas, entre distintos países o regiones, sino entre los gobiernos y sus gober-nados. La homogeneidad cultural o ideológica es sólo una ficción en la

Cuadernos de pensamiento político

6 NOTA EDITORIAL

que algunos incautos se enzarzan, perdiendo de vista que el conflicto fun-damental tiene lugar dentro de los países, dentro de las culturas y de las«civilizaciones», entre quienes aspiran a vivir libremente y quienes ahoganla legítima aspiración de éstos. De igual modo, como explica Javier Orricoen La inmersión lingüística del Dr. Jekyll y Mr. Hide. Homenaje a Juan RamónLodares, el programa socialista y nacionalista para Cataluña se fundamen-ta en la nada inocente sustitución de «lo propio» por «lo exclusivo», im-postura sin la que la pretendida homogeneidad de Cataluña sería desmen-tida a cada paso, en cada esquina y en cada conversación.

En el lado opuesto se encuentran las iniciativas destinadas a alterardecisivamente el statu quo internacional en beneficio de la libertad políti-ca y económica, especialmente necesaria para los más pobres y los másoprimidos. Ése puede ser el caso de la nueva política exterior norteame-ricana, cuyo sentido, efectos, riesgos y obstáculos expone Rafael L.Bardají en ¿Adónde va América?; de la imprescindible recuperación delconcepto de interés nacional, según muestra Alejandro Muñoz-Alonsoen Política exterior e interés nacional; de la creación del Área Abierta deProsperidad Atlántica, iniciativa patrocinada por FAES que es expuestapor Pedro Schwartz en Un área de prosperidad. Realismo e imaginación enel Atlántico Norte o, finalmente, del necesario cambio de perspectiva so-bre los problemas globales, comenzando por la relevancia otorgada alcambio climático, como advierte Bjorn Lomborg en Preocupaciones equi-vocadas. Cómo nuestra obsesión por el calentamiento global nos impide actuarcorrectamente, y por la inmigración, cuya errónea concepción puede pro-ducir los efectos que describe Mauricio Rojas en La inmigración. Una vi-sión desde Escandinavia.

Pero donde con más gravedad se percibe la elusión de responsabilida-des por parte de este nuevo tipo de Estado, apenas naciente, es en su mo-do de encarar el terrorismo en España, previsible desde que el Gobiernoreveló su pensamiento sobre el terrorismo internacional hace ahora dosaños, ordenando el abandono de la población iraquí y exponiendo comoprueba de su acierto los efectos de su propia decisión y de otras semejan-tes. Las víctimas del terrorismo tienen derecho a pedir justicia porque laley se lo da, y en la medida en que eso es lo que hacen, merecen el res-paldo de todos los que creen que la vigencia del Estado de derecho esfundamental para asegurar la convivencia pacífica. Tienen derecho por-que hacer justicia es una obligación del Estado, no una opción a disposi-ción del Presidente del Gobierno. Al reclamar su derecho exclusivo aconceder o negar el perdón, no expropian al Gobierno de una facultadadquirida legítimamente por él, ni piden la alteración del sistema; no per-siguen tener en él una presencia privilegiada. Como afirma Mikel Buesa



en Víctimas del terrorismo y política del perdón, el Estado está obligado a ha-cer justicia, y el perdón –que carece de relevancia penal– corresponde só-lo a la víctima. La pena no es el precio con que se compra el delito: no daderecho a matar el estar dispuesto a cumplir la condena. Un efecto aúnmayor podría tener la iniciativa de premiar o complacer mediante conce-siones políticas o de representación a un sedicente encargado de «ponerfin» al terrorismo, imitando irreflexivamente el desastroso modelo irlan-dés. Como muestra Rogelio Alonso en La política antiterrorista: las leccio-nes de Irlanda del Norte, un proceso de esas características consolida yeterniza el chantaje sobre los actores políticos que nunca han hecho usode la violencia, cuyos sacrificios se solicitan para una paz que nunca aca-ba de llegar y contra la justicia debida a las víctimas. En esas condiciones,hablar de proceso de paz no deja de ser un modo de encubrir una nego-ciación que, como afirma Santiago González en A qué llaman proceso depaz, será empleada por los terroristas para fortalecerse frente al Estadode derecho, no para asumir voluntariamente su derrota.

El comunicado hecho público por ETA el pasado día 22 de marzo ex-presa sólo que la posición de ETA permanece intacta: ETA compra, novende; compra la desaparición de España como territorio de libertad, deigualdad y de derecho, no vende su propia desaparición. Y es llamativoque crea que la transacción está al alcance de la mano. Esa creencia es pre-cisamente lo opuesto a lo que puede causar el definitivo y completo desis-timiento de los terroristas, como llegó a producirse entre destacados mili-tantes de la banda hace apenas unos meses. El comunicado muestra unalista de la compra de lo que no está en venta y la exigencia de que se acep-te como medio de pago aquello para cuya erradicación existen los siste-mas políticos occidentales. De nuevo, ETA reitera sus fines y sus medios, ycondiciona la supresión de éstos a la consecución completa de aquéllos.

El número 10 de Cuadernos de Pensamiento Político incluye también lassiguientes reseñas: Informe sobre la decadencia de Cataluña reflejada en suEstatuto, de Arcadi Espada, por Ignacio Fernández Bargues; Diccionariode adioses, de Gabriel Albiac, por Jesús Barreiro; Problema infernal. EstadosUnidos en la era del genocidio, de Samantha Power, por Óscar Elía Mañú;Contra el eje del mal, W. Kristol y R. Kagan (eds.), por Fernando R.Genovés; 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta, de Jaime Ignacio delBurgo, por Enrique Boto; Menos utopía, más libertad, de Juan AntonioRivera, por Carmen Iglesias Caunedo; La ideología invisible, de JesúsTrillo-Figueroa, por Carlos Martínez-Cava; Los mitos de la nueva izquier-da, de Rodolfo Casadei, por José Manuel de Torres y Cambio de destino.Memorias, de Jon Juaristi, por Miguel Ángel Quintanilla Navarro.


8 NOTA EDITORIAL

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y POLÍTICA DEL PERDÓN 1


INTRODUCCIÓN

En su más sintética formulación, las distintas organizaciones devíctimas del terrorismo han recurrido a cuatro conceptos paraexpresar sus reivindicaciones políticas ante la sociedad española. Seha reclamado así la memoria de todos cuantos han sufrido directa-mente la violencia de los atentados terroristas, muy especialmente dequienes perecieron en ellos; se ha exigido también el restablecimientode la verdad con respecto a esas víctimas para que, reconociéndoseque su sufrimiento no ha sido la consecuencia de una culpa, se restitu-ya su dignidad como ciudadanos inocentes sacrificados por las organi-zaciones terroristas para infundir el miedo en el conjunto de la socie-dad; y se ha demandado justicia para que, por medio de la condenapenal de los individuos responsables de la actividad terrorista y la re-paración del daño causado, pudiera eludirse cualquier apelación a lavenganza como medio de satisfacción moral.

De estas reivindicaciones –que, tras muchos años de olvido, silen-cio y recortada atención por los poderes públicos, encontraron satis-

MIKEL BUESA

Mikel Buesa es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Presidente del Foro de Ermua.

1 Este artículo recoge, en lo esencial, la ponencia que, con el mismo título, presenté en el III Congre-so Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, celebrado en Valencia (España) los días 13 y 14 de febre-ro de 2006.

facción desde el final de la década de los noventa con la Ley de Soli-daridad con las Víctimas del Terrorismo, el Pacto por las Libertades ycontra el Terrorismo o la reforma penal de 2003– la más urgente, enel momento actual, es sin duda la que alude a la justicia, pues con laruptura del referido pacto –expresada nítidamente en la resolucióndel Congreso de los Diputados sobre el final dialogado de ETA que seadoptó durante el debate sobre el estado de la nación de mayo de2005– se ha instalado en la sociedad el convencimiento de la existen-cia de un proceso negociador entre el Gobierno y esa organizaciónterrorista en el que, además de algún tipo de pacto político, se buscaestablecer un acuerdo de «paz por presos», un alto el fuego a cambiode la aplicación de medidas de gracia a los terroristas encarcelados.

AMNISTÍAS, INDULTOS Y EXCARCELACIONES

Amnistiar, indultar o excarcelar a quienes corresponde la responsabi-lidad de haber hecho del crimen un instrumento de la política, se haconvertido, en virtud del pragmatismo de los gobernantes, en un in-grediente de sus estrategias para lograr el final de las organizacionesterroristas. Recientemente, en noviembre de 2005, el Gobierno britá-nico presentó la Northern Ireland Offences Bill, un proyecto de ley envirtud del cual se daba cumplimiento a un acuerdo entre Tony Blair ylos republicanos del Sinn Fein, para que unos 150 militantes del IRA,actualmente huidos, pudieran retornar libremente al Ulster. El PrimerMinistro defendió el proyecto señalando que con él se «pretendía po-ner fin al terrorismo», y eludió así la crítica de los demás partidos deIrlanda del Norte en la que se enfatizaba la idea de que su contenidoera «un insulto, una grotesca tomadura de pelo a las víctimas del te-rrorismo» 2. Afortunadamente no pudo lograr los apoyos necesariospara la ratificación de la ley por las Cámaras legislativas y, en enerode 2006, se vio obligado a retirarla.

El caso británico no es el único. En septiembre de 2005 se aprobóen Argelia una Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional en la que seamnistiaba a los terroristas responsables de actos individuales de vio-


10 VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y POLÍTICA DEL PERDÓN / MIKEL BUESA

2 Cfr. A. Romero (2005): «El Gobierno británico apoya una amnistía para terroristas con delitos de san-gre», El Mundo, 11 de noviembre.

lencia –excluyéndose a los participantes en masacres colectivas– y seexoneraba de responsabilidad a las fuerzas de seguridad estatales. Es-ta norma, aprobada en referéndum, fue duramente contestada por di-ferentes organizaciones, entre las que destacan las que acogen a losfamiliares de las más de 150.000 víctimas del Frente Islámico de Sal-vación. Así, Sultan Brahimi, presidente de la Organización Nacionalde Víctimas del Terrorismo, declaró que con esa ley «el Estado se hadespojado de todo derecho y toda humanidad»; y Cherifa Jedar, quedirige la asociación Yazairuna, en un acto celebrado en el cementeriode Blida, proclamó que «nadie tiene derecho a perdonar en nombrede las personas que están aquí enterradas», a la vez que reivindicó«nuestro derecho a la justicia, nuestro derecho a la memoria» 3. Ade-más, Amnistía Internacional señaló que esta ley puede «perpetuar unclima de impunidad y alentar nuevos abusos» en Argelia 4.

Que las amnistías se hacen contra las víctimas del terrorismo y nogarantizan que éste tenga su fin, ya lo sabíamos en España. Cuandoen octubre de 1977 se promulgó la ley que culminaba las medidas degracia decretadas por los Gobiernos de Adolfo Suárez desde un añoantes, ETA había asesinado a 66 personas. Después de la amnistíacaerían bajo su fuego otras 751. Por su parte, hasta ese momento elGRAPO había cometido 14 asesinatos; ulteriormente se responsabili-zaría de otros 70. Con el FRAP, el Movimiento Ibérico de Liberacióny los grupos anarquistas y de extrema derecha, ocurriría otro tanto; ysi se hace referencia a todas las organizaciones armadas que han prac-ticado el terrorismo en España, se establece un balance cuantitativode muertes en el que, con anterioridad al perdón estatal se anotan 97nombres, y con posterioridad, 1.165 más.

La amnistía no acabó entonces con el terrorismo, pero sí dejó enel desamparo a sus víctimas. Javier Ybarra, cuyo padre fue secuestra-do y ejecutado por ETA, ha recordado no hace mucho que «aquelladecisión –la del perdón y excarcelación de los asesinos– me supo arecompensa del mal», para añadir enseguida que «mientras los españo-les vivían una auténtica fiesta de libertad y democracia, nosotros asu-



3 Cfr. R. Meneses Aranda (2005): «El voto de los cementerios», El Mundo, 30 de septiembre.4 Cfr. R. Meneses Aranda (2005): «Argelia, entre la reconciliación nacional y la amnesia», El Mundo,

28 de septiembre.

míamos nuestra tragedia en soledad y silencio» 5. La de amnistía fue,por ello, una ley de injusticia; y si pudo resolver, zanjándolos definiti-vamente, los residuos de responsabilidad penal que pudieran subsis-tir desde el enfrentamiento civil entre los españoles y de la actividadpolítica durante el posterior régimen autoritario, no logró atajar elproblema del terrorismo.

A este fracaso se debe que, en los años ulteriores, se produjeran in-tentos de zanjar la cuestión de ETA mediante pactos entre el Gobier-no y esa organización en los que se intercambiaría la «paz» –es decir,el cese temporal o definitivo del empleo de la violencia con fines polí-ticos– por la excarcelación o suavización de las condiciones peniten-ciarias de los militantes «presos» de ella. El más notorio, por habersaldado la responsabilidad penal de 258 individuos vinculados a gru-pos terroristas, fue el derivado del acuerdo entre ETA político-military el entonces Ministro del Interior Juan José Rosón un mes antes deque la UCD fuera desalojada del ejercicio del poder por el PSOE. En-tre 1982 y 1989, esos etarras pudieron normalizar «su situación, enunos casos tras obtener un indulto, en otros gracias a la excarcelacióno la vuelta del exilio, sin riesgo de sufrir persecución policial o judi-cial» 6. Las condiciones de esa normalización las han recordado re-cientemente dos víctimas del terrorismo –Ángel Altuna y José IgnacioUstarán Muela, hijos de sendos asesinados por ETA político-militaren septiembre de 1980 7– al señalar que el correspondiente proceso sesaldó con una total impunidad para los terroristas, pues «no se siguióninguna investigación policial que permitiera continuar con los pro-cesos abiertos, no se reabrieron los casos archivados ni se investiga-ron los asesinatos de ETA por aclarar», de manera que, sin que se «re-conociera el daño realizado, ni se expresara un mero esbozo de…arrepentimiento, …se consideró que los presos que se situaban cerca-nos a los que habían dejado las armas estaban ya automáticamentereinsertados». Y ello hizo que, en aquel caso, no hubiera justicia, pues



5 Cfr. J. Ybarra (2005): «Zapatero cabalga hacia el conflicto», El Mundo, 20 de mayo.6 Cfr. F. Domínguez (2000): «El enfrentamiento de ETA con la democracia»; incluido en A. Elorza (Ed.): La

historia de ETA, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, pág. 313.7 El primero es hijo del capitán de la policía nacional Basilio Altuna, y el segundo es hijo del político de

UCD José Ignacio Ustaran Ramírez. Los asesinatos de ambos han quedado sin resolver, por lo que no sehan depurado las responsabilidades penales de quienes los cometieron.

no se tuvo en cuenta ni «el valor retributivo de la pena, (ni) la exigen-cia del reconocimiento del daño, (ni) una reinserción de tipo activo».En definitiva, «el atajo que erróneamente se tomó entonces» hizo quela reinserción de los polimilis, que muchas veces se pone como el ejem-plo a seguir, se acabara configurando como «una situación injusta» 8.

Si tenemos en cuenta todo esto, podemos pensar que, cuando enestos días algunos especulan con la posibilidad de aplicar medidas degracia a terroristas en el marco de un hipotético «proceso de paz» ne-gociado entre el Gobierno y ETA, esos mismos extienden a la vez untelón de olvido sobre el sufrimiento de unas víctimas que no han vistocompensada su amargura con la realización de la justicia. Porque hayque decir con rotundidad que, en España, la aplicación del derecho alos delitos terroristas ha supuesto, para sus ejecutores, unas penas no-toriamente insuficientes. Y ello ha afligido a las víctimas. Recuérden-se, por ejemplo, las palabras de María Luisa Ordóñez –viuda de unasesinado por los GRAPO– cuando señalaba que «después de pulve-rizarnos la vida a mi hija y a mí, tuvimos que soportar ver a SánchezCasas saliendo de la cárcel con el puño en alto y gritando que no searrepentía de nada; ¡qué justicia permite este escarnio!» 9. O las deJuan José García, ex guardia civil, el día de la excarcelación de Euge-nio Etxebeste, quien atentó contra él: «Antxon ha pasado seis años ymedio en la cárcel y yo llevo en mi cuerpo diecisiete… cicatrices» 10.Por cierto, que ese mismo Etxebeste fue quien ordenó el asesinato desu tío Ramón Baglietto. La hermana de éste –Nieves Baglietto, tíatambién del etarra, que tuvo que exiliarse del País Vasco al poco tiem-po del atentado, pues la amenaza se cernía también sobre ella– ha es-crito recientemente, evocando aquellos acontecimientos y observan-do los actuales intentos de negociación con ETA, que «corrió muchasangre, sangre que a la vista del camino que se ha emprendido… ha-brá sido estéril, …(pues) podemos pasar por el desprecio, la humilla-ción y el trago amargo de (un) intento de pacificación (basado en) elmercadeo de la sangre de las víctimas del terror» 11.



8 Cfr. A. Altuna y J.I. Ustaran Muela (2006) : «Justicia retributiva y reinserción activa», Carta al Director,ABC, 9 de febrero.

9 Cfr. V. Ródenas (2004): «Las víctimas del GRAPO siempre fuimos de segunda clase», ABC, 26 de mayo.

10 Cfr. D. Martínez y J. Pagola (2004): «Él, 6 años en prisión; yo, 17 cicatrices», ABC, 29 de enero.11 Cfr. N. Baglietto Martínez (2005): «Un cuarto de siglo entre el dolor y la esperanza», El Correo, 8 de mayo.

LA OPINIÓN PÚBLICA Y EL PERDÓN DE LOS TERRORISTAS

A pesar de que vivimos en días inquietantes y llenos de incertidum-bre, pues todo indica que el Gobierno se ha embarcado en algún tipode negociación con ETA en la que podría haberse puesto sobre lamesa, de nuevo, la idea de un intercambio de «paz por presos», nopor ello debe considerarse que la suerte está echada y que la oposi-ción a semejante proyecto es una batalla perdida. Digo esto porqueen la sociedad española ha arraigado con fuerza la idea de que a losterroristas no deben concedérseles medidas de gracia, de manera quelos españoles son poco proclives a aceptar una política de perdón.

Quizás, la investigación sociológica que mejor ha reflejado esta rea-lidad sea la realizada por Francisco Llera para la Fundación Víctimasdel Terrorismo en 2005 12, una investigación cuyos resultados han sidocorroborados por otras posteriores, menos completas 13. Esos resulta-dos, que se pueden visualizar en el gráfico adjunto, señalan destacada-mente lo siguiente:

• Una eventual negociación con ETA es aceptada por casi la mitadde los españoles, aunque siempre condicionada a que la organi-zación terrorista abandone sus actividades violentas; pero es re-chazada de manera radical por más de un tercio 14 y sólo se admi-te de forma incondicional por un poco más de la décima parte.Esa aceptación es, a su vez, compatible con un claro escepticis-mo en cuanto a la posibilidad de que el final de ETA esté cerca,pues un 55 por 100 de los entrevistados por el Euskobarómetrose muestran pesimistas a este respecto, en tanto que sólo el 39por 100 se inclinan por una actitud optimista 15.



12 Véase, Euskobarómetro (2005): Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas. IIª Encuesta nacio-nal «Percepción ciudadana sobre el terrorismo y sus víctimas», Avance de resultados, Fundación Vícti-mas del Terrorismo, Madrid [www.fundacionvt.org].

13 Véase, V. Prego (2005): «Los españoles rechazan que se negocie con ETA si no deja las armas», ElMundo, 12 de octubre; y V. Prego (2006): «Los ciudadanos no esperan que ETA declare una tregua en lospróximos meses», El Mundo, 4 de enero. Ambos artículos se basan en la «Encuesta El Mundo - SigmaDos» que se realiza periódicamente.

14 En Prego (2005) la proporción de quienes aceptan una negociación condicionada a una tregua seestablece en el 43 por 100 de los entrevistados, mientras que su rechazo se eleva hasta el 47 por 100. Porotra parte, algo más del 56 por 100 consideran que lo único que puede negociarse es la entrega de lasarmas.

15 En Prego (2006) la proporción de los que creen en la posibilidad de que ETA declare una tregua acorto plazo es de sólo un tercio, mientras que la mitad se inclinan por la opinión opuesta.

• Por otra parte, cuando se indaga acerca de la aceptación o no dediferentes tipos de contrapartidas en una negociación, la opiniónse divide casi por partes iguales –con una pequeña ventaja a fa-vor– en lo que atañe a las de naturaleza política que puedan serconsensuadas entre los partidos 16. Esa misma división –aunque



16 Este resultado es más equilibrado que el obtenido por Prego (2006), donde se señala que un 65 por100 de los encuestados rechazan cualquier concesión política a cambio de una tregua de ETA, mientrasque esa opción sólo la acepta un 23 por 100.

La opinión pública española y la negociación con ETA

FUENTE: EUSKOBARÓMETRO (2005); Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas

¿Negociar con ETA?

¿Conceder el perdón a los terroristas de ETA? ¿Cómo se valora la política penitenciaria?

Contrapartida de la negociación

ahora con un claro sesgo hacia el rechazo– se constata en lo quealude a la convocatoria de un referéndum para decidir el futuropolítico de Euskadi, lo que se compadece bastante bien con unaopinión mayoritaria –el 53 por 100– que entiende que ese refe-réndum no resolverá nada, y otra aún más inclinada a rechazarcualquier idea de independencia para esa región –el 74 por 100–.Pero, al valorar la posibilidad de que se concedan medidas degracia y reinserción a los terroristas encarcelados, el empate sedeshace completamente, pues casi dos tercios de los encuestadosse manifiestan en contra 17.

• Este último aspecto puede matizarse si se tienen en cuenta laspeculiares condiciones de quienes han cometido delitos de te-rrorismo. Las medidas de perdón son completamente rechaza-das por un poco más del 44 por 100 de los encuestados, quienesa su vez reclaman el cumplimiento íntegro de las penas a las quehan sido condenados los terroristas 18. Pero se aceptan por un 41por 100 en el caso de los terroristas que no han cometido delitosde sangre 19. Y queda un residual 12 por 100 que admite el per-dón de manera incondicionada a todos los reclusos condenadospor terrorismo 20.

• Finalmente, la política penitenciaria del Gobierno con respectoa los terroristas de ETA se ve de forma muy crítica por los es-pañoles. Sólo una cuarta parte la considera correcta, mientrasque algo más del 48 por 100 la rechaza por entender que debeser más inflexible, y otro 14 por 100 por considerar que ha deser más flexible. Ello parece indicar que una eventual políticade acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o de gene-rosidad en la concesión de terceros grados, puede encontrar undifícil encaje en la actual configuración de la opinión públicaespañola.



17 En Prego (2006) el rechazo a las medidas de gracia es aún más intenso, pues alcanza a más del 87por 100 de los entrevistados, aunque la pregunta alude a los presos con delitos de sangre.

18 Esta frecuencia es prácticamente la misma que la obtenida en Prego (2005).19 Lo mismo se señala en Prego (2005).20 En Prego (2005) este porcentaje baja al 7 por 100.

En resumen, se puede afirmar que, en la sociedad española, existeuna poderosa corriente de opinión que rechaza los pactos con terro-ristas y, de manera singular, que esas componendas impliquen la re-petición de las dolorosas experiencias de la amnistía y del pacto conlos polimilis, dando lugar a la excarcelación de quienes son responsa-bles de delitos irreparables y ni siquiera se han arrepentido de su par-ticipación en ellos. Por ello, cuando enfrentamos el riesgo de que elGobierno pudiera querer imponernos una política de perdón a los te-rroristas, nosotros, quienes hemos sido víctimas del terrorismo, tene-mos que alentar esa corriente de opinión y ganar la batalla de la soli-daridad de la sociedad con nuestro sufrimiento.

LAS VÍCTIMAS Y LA POLÍTICA DEL PERDÓN

A las víctimas del terrorismo se les pregunta con frecuencia acerca desu actitud ante sus victimarios y, en particular, sobre su disposición aperdonar el agravio sufrido. La raíz de esta cuestión puede estar en eltrasfondo cristiano y católico que impregna a la sociedad española, demanera que en ésta pudiera existir un poso cultural que impele a bus-car siempre, a través del perdón, la reconciliación entre las partes que,por el motivo que fuere, se encuentran en conflicto. Además, no ha si-do infrecuente que su planteamiento se haya realizado en un marcoestrictamente político, pues se ha pensado que la solución del proble-ma del terrorismo –en el caso concreto del terrorismo nacionalista–requiere ineludiblemente algún tipo de perdón, en tanto que compo-nente esencial de la pacificación del País Vasco.

Personalmente, la pregunta me sorprendió en el año 2002 conocasión del juicio oral en el que fueron condenados los asesinos de mihermano Fernando Buesa. Y desde entonces he tratado de darle res-puesta 21. Pero antes de entrar en ella, considero relevante mencionar,por su acierto e influencia, la que mucho tiempo antes, en 1996, for-muló Enrique Múgica, ante la insistencia de los periodistas, con moti-



21 Mi contribución a elucidar la cuestión del perdón se concreta en dos artículos que me han servidopara redactar las páginas que siguen. Se trata de los titulados «Del perdón», publicado en El Correo y enDiario Vasco el 12 de Julio de 2002, e «¿Indultar a terroristas? La imposible política del perdón», publica-do en ABC el 25 de Mayo de 2005.

vo del asesinato de su hermano Fernando. Su contestación fue a lavez sencilla y profunda; y tal vez por ello se ha repetido con profusiónposteriormente: «Ni olvido, ni perdono». Son, en efecto, muchas lasvíctimas que han hecho suya esta fórmula tratando de expresar conella su reclamación de un castigo equitativo para los que les agravia-ron, pues, como escribió Cristina Cuesta, «es un insulto… hablar deperdón sin hablar de memoria, verdad y justicia» 22. Y, de esta manera,las organizaciones que han agrupado a las víctimas españolas del te-rrorismo han desechado cualquier idea de venganza para enfatizar ensu demanda de justicia.

La cuestión del perdón a los terroristas se puede plantear desdeuna perspectiva jurídico-política como el resultado de algún tipo deproceso negociador con ellos que daría lugar a la aplicación de medi-das de gracia. Se diría entonces que el Estado, en aras de la supera-ción del conflicto político violento que ha supuesto el terrorismo,aplica una política de perdón haciendo uso de la prerrogativa de in-dulto que, heredada del viejo sistema absolutista, las constitucionesdemocráticas reservan al soberano –en nuestro caso, conforme al ar-tículo 62 de la Constitución Española, al Rey–. Política de perdónque siempre será discutible, pues contradice los valores superiores dejusticia e igualdad que la propia Constitución proclama. Ello es asíporque el perdón regio supone un tratamiento desigual del indultado–que, en España, siempre lo será a título individual, pues la normasuperior prohíbe expresamente los indultos generales o amnistías–con respecto a quienes hubieran podido cometer un delito similar alsuyo, e instaura, para el caso concreto al que se aplica, un estado de in-justicia que puede agraviar a las víctimas de dicho delito. Es por estemotivo por el que Kant rechazó la posibilidad del derecho de graciacon respecto a «los crímenes de los súbditos entre sí» porque, en ta-les casos, «la impunidad… es la suma injusticia contra ellos» 23. Laamnistía, el indulto, el perdón que otorga el Estado no es, de estemodo, sino la renuncia a resolver los conflictos mediante la aplica-



22 Cfr. C. Cuesta (2000): Contra el olvido. Testimonios de víctimas del terrorismo, Ediciones Temas deHoy, Madrid, pág. 224.

23 Cfr. I. Kant (1989): «Doctrina del Derecho»; incluido en Metafísica de las costumbres, Editorial Tec-nos, Madrid, pág. 174.

ción del derecho, la dejación de la responsabilidad de administrar lajusticia, pues, como ha destacado Sandrine Lefranc, «el orden jurídi-co no puede tolerar la irrupción del perdón, …porque no existe elorden del perdón… (y éste) incluso podría ser un fermento de des-trucción del orden» 24.

Sin duda con la conciencia de estas dificultades, nuestro legisladorestableció en la vigente ley de 18 de junio de 1870 que los indultos sedecidieran sólo «por razones de justicia, equidad o utilidad pública»,limitando así la acción del poder ejecutivo. Éste, de acuerdo con ladoctrina establecida por el Tribunal Supremo, ha de ajustarse a dosprincipios: por un lado, el de proporcionalidad, de manera que se re-duzcan las penas que pudieran resultar excesivas; y, por otro, el dereinserción social, exigiendo a los penados su arrepentimiento 25. Puesbien, ninguno de ambos supuestos sería de aplicación a los terroristasque han cometido sus delitos en España –principalmente a los deETA–; primero, porque, como se mostró en la discusión que precedióa la reforma penal que, con respecto a ellos, se aprobó en 2003, lascondenas que se les han venido aplicando, horadadas por beneficiospenitenciarios a todas luces desmedidos, han sido en la práctica muybenignas, a la par que insuficientes; y segundo, porque la contriciónha estado ausente de las expresiones públicas de los terroristas 26 y deninguna manera podría interpretarse como acto de compunción elacuerdo político fruto de cualquier negociación. En definitiva, cuando



24 Cfr. S. Lefranc (2004): Políticas del perdón, Ediciones Cátedra, Madrid, pág. 161.25 En las líneas precedentes he seguido al fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Sequeros. Vid. su ar-

tículo Sequeros (2005): «Un indulto razonado y razonable», El Mundo, 19 de febrero.26 Es aquí pertinente evocar la observación que, en sus memorias de presidio, escribiera en 1862 Fió-

dor Dostoievski acerca de sus compañeros de infortunio: «Durante aquellos años no vi entre aquellagente ni el menor indicio de arrepentimiento, ni la menor pesadumbre por su crimen; …la mayoría seconsideraban en su fuero interno completamente justos… Evidentemente, el criminal que se ha rebela-do contra la sociedad la odia a muerte y casi siempre se considera a sí mismo inocente, y a ella, culpa-ble». Cfr. Dostoievski (2001): Memorias de la casa muerta, Alba Editorial, Barcelona, pág. 44. Con refe-rencia a los terroristas de ETA, un escandaloso ejemplo ampliamente difundido es el de De JuanaChaos, convicto por haber participado en múltiples asesinatos y cuya condena suma varios miles deaños. Este individuo solicitó langostinos y champaña a la dirección de la cárcel en la que estaba enaquel momento recluido, para festejar la ejecución de Tomás Caballero a manos de sus correligionarios;y también declaró, con motivo del atentado mortal contra el matrimonio Jiménez Becerril, que «me en-canta ver las caras desencajadas de los familiares en los funerales; …sus lloros son nuestras sonrisasy acabaremos a carcajada limpia» (ABC, 9 de enero de 2004). La falta de arrepentimiento ha sido amplia-mente documentada para los miembros del IRA en Irlanda por R. Alonso (2003): Matar por Irlanda. El IRAy la lucha armada, Alianza Editorial, Madrid.

observamos a los terroristas de ETA y constatamos sus actitudes, te-nemos la misma impresión que evocó Primo Levi al recordar su vaga-bundeo por la ruinas de Munich después de ser liberado de su reclu-sión en Auschwitz: «Me parecía revolverme entre turbas de deudoresinsolventes, como si todos me debiesen algo y se negasen a pagárme-lo. Estaba entre ellos… pero ninguno miraba a los ojos, …eran sor-dos, ciegos y mudos, …todavía capaces de odio y desprecio, prisione-ros todavía del viejo complejo de soberbia y de culpa» 27.

Pero existe también una aproximación ética a la cuestión del per-dón, a partir de la cual sólo cabe concluir que el perdón estatal es ra-dicalmente ilegítimo. Vladimir Jankélévitch 28, delimita con nitidezlas tres condiciones que se requieren para definir el perdón. La pri-mera alude al hecho de que éste es siempre «un acontecimiento…que tiene lugar en tal o cual instante del devenir histórico», que se si-túa en un momento determinado porque no es el tiempo el que per-dona y el perdón no es desmemoria, pues para perdonar es ineludi-ble el recuerdo del agravio. La segunda destaca que el perdón sólose puede realizar dentro de «una relación personal entre dos hom-bres, el que perdona y el que es perdonado»; y, por ello, ningún per-dón verdadero puede ser el resultado de una decisión colectiva, nin-gún Parlamento ni ningún Gobierno puede perdonar en nombre dequien ha sido agraviado, «ni el Estado, ni el pueblo, ni la Historia–nos recuerda Sandrine Lefranc– pueden pretender perdonar» 29. Y latercera señala que el perdón se desenvuelve al margen de cualquierlegalidad, pues es «un don gratuito del ofendido al ofensor». De ahíque nunca pueda exigirse –pues nadie tiene la obligación de perdo-nar– y sólo se pueda pedir. El perdón, entonces, puede ser rechaza-do con toda legitimidad.

Por consiguiente, cuando el poder político negocia medidas degracia con los terroristas, priva ilegítimamente a las víctimas de su de-recho a ser los sujetos del perdón. Y ello se hace tanto con respecto alas que vieron su vida arrebatada por asesinos, como a las que hemos



27 Cfr. P. Levi (1995): La tregua, Muchnik Editores, Barcelona, pág. 208.

28 Vid. V. Jankélévitch (1999): El perdón, Editorial Seix-Barral, Barcelona. 29 Cfr. S. Lefranc (2004), pág. 137.

sufrido el dolor de su pérdida y no somos sino espectros supervivien-tes a los que no nos queda más que un hálito para expresar la reivindi-cación moral de nuestra mortificación. Los que murieron nunca po-drán perdonar, pues bajo el peso de la losa que se cierne sobre ellosen los cementerios, jamás lograrán dar expresión al que hubiera podi-do ser su deseo; y nosotros, los que les hemos sobrevivido no nos po-demos poner en su lugar, pues aunque hayamos vivido su ausencia, nisiquiera hemos rozado esa muerte que llegó para arrancárnoslos. Elperdón a los que han cometido el delito más absoluto, a los que hanperpetrado el crimen irreparable, no es posible bajo ninguna circuns-tancia por intenso que pudiera ser el deseo de un Gobierno o, incluso,de una sociedad para concederlo.

Sólo los que hemos sido sus víctimas tenemos el derecho al per-dón de los terroristas. Tal derecho se limita al agravio concreto quehemos sufrido cada uno de nosotros personalmente, sin que puedaextenderse sobre el de otras víctimas, incluso cuando éstas fuerannuestros seres más queridos. Y podemos ejercerlo a nuestra voluntad,pues nadie tiene la potestad para exigírnoslo. Podemos negarnos aperdonar y reivindicar nuestro resentimiento sin que nadie tenga ra-zón para reprochárnoslo.

En definitiva, cuando se propugna el indulto a terroristas comocontrapartida de cualquier negociación de «paz», cuando se busca im-poner el perdón estatal, se usurpa el derecho de las víctimas a conce-der o negar el perdón por los agravios que han sufrido, y se realizauna injusticia contra ellas. Si así acaba ocurriendo, se podrá afirmarque el pacto que se logre no habrá establecido una paz verdadera,pues, como dijo mi hermano Fernando Buesa unos meses antes de serasesinado, «la paz sin justicia no es paz; la justicia exige que los dañosque se causaron se reparen, exige sobre todo que las condenas secumplan…; (y por ello) yo no puedo estar de acuerdo en que quienha cometido un delito gravísimo de terrorismo, que ni siquiera ha pe-dido perdón a las víctimas a quienes ofendió, y que además cumple sucondena de acuerdo con la ley, esté en la calle» 30. Entonces, a las víc-



30 Cfr. F. Buesa (2002): Nos queda la palabra… Recopilación de los discursos pronunciados por Fer-nando Buesa Blanco en las Juntas Generales de Álava, Juntas Generales de Álava tomo II, pág. 255. Eltexto procede del discurso pronunciado en el Pleno de las Juntas Generales de Álava el 19 de Abril de1999, con ocasión de sendas mociones presentadas por los partidos nacionalistas acerca de la excar-celación de etarras.

timas se les habrá impedido su reivindicación de justicia y no de ven-ganza –porque, aun en el límite en el que se les ha colocado, siguencreyendo que ni la más cruel de las represalias puede borrar la culpade los asesinos–, y se habrá hecho una vez más verdadera, porque laHistoria se escribe muchas veces simplemente cambiando las fechas,la sentencia que dejó dicha Albert Camus: «las víctimas acaban de lle-gar al colmo de su desgracia: se fastidian».



LA POLÍTICA ANTITERRORISTA:LAS LECCIONES DE IRLANDA DEL NORTE


El 27 de noviembre de 2005 el diario El País publicaba en su sec-ción de Nacional una información sobre la organización terroris-ta ETA en la que podía leerse el siguiente subtítulo: «Los expertos delGobierno asumen como modelo de referencia los acuerdos de Irlandadel Norte». Días después, el 5 de diciembre, el mismo periódico inci-día en que el Gobierno español, asesorado por determinados «exper-tos» había tomado el referente norirlandés como inspiración de supolítica en relación con la situación de dicha organización terrorista ysu brazo político, Batasuna. Asimismo, el 11 de diciembre, el diario ElCorreo informaba de que «Emisarios del Gobierno y de la izquierdaabertzale exploran las bases de un proceso como el irlandés». Lasconclusiones que dichos «expertos» transmitían en estas informacio-nes, así como la profusión con que se establecen paralelismos entre Ir-landa del Norte y el País Vasco, particularmente desde el entorno dela organización terrorista y del nacionalismo vasco, hacen pertinenteun análisis comparativo entre ambos contextos.

ROGELIO ALONSO

Rogelio Alonso es profesor investigador Ramón y Cajal en Ciencia Política en la Universidad Rey JuanCarlos.

ESTADIOS EN EL PROCESO DE CONCLUSIÓN DEL TERRORISMO

En el proceso con el que en Irlanda del Norte se ha intentado ponertérmino a una prolongada campaña de violencia como la perpetradapor la organización terrorista IRA es posible distinguir dos etapas. Enla primera de ellas los principales partidos democráticos y los Gobier-nos británico e irlandés coincidieron en negar cualquier expectativade éxito a la citada organización terrorista, confirmando de ese modola ineficacia de su violencia e incentivando por ello el abandono de lamisma 1. En un segundo estadio la estrategia de la negación se habríavisto alternada con significativos gestos hacia el IRA y su brazo políti-co, el Sinn Fein, sustentados en la creencia de que la transición desdeel terrorismo a la democracia así lo requería. Sin embargo, esta con-tradictoria gestión del proceso se ha traducido en una impunidad eindulgencia hacia el Sinn Fein que ha minado los fundamentos de lademocracia obstaculizando seriamente la normalización política de laregión al tiempo que ha garantizado la perpetuación de la organiza-ción terrorista. Esta experiencia alerta sobre los contraproducentesefectos que determinadas iniciativas promovidas desde el Gobiernoespañol pueden tener en la política antiterrorista contra ETA.

La pertinencia de la perspectiva comparada se aprecia al observarcómo diversos actores políticos y sociales en nuestro país insisten enemular el denominado proceso de paz norirlandés 2. La fascinaciónpor dicha región ha sido constante desde la década de los noventa,como evidenció la tregua de ETA decretada en 1998 como conse-cuencia del pacto formalizado entre el grupo terrorista y los partidospolíticos nacionalistas PNV (Partido Nacionalista Vasco) y EA (Eus-ko Alkartasuna), alianza ésta inspirada en una deliberada tergiversa-


24 LA POLÍTICA ANTITERRORISTA: LAS LECCIONES DE IRLANDA DEL NORTE / ROGELIO ALONSO

1 Henry Patterson, The Politics of Illusion. A Political History of the IRA. Londres: Serif, 1997.2 A este respecto, sirvan como muestra las repetidas declaraciones realizadas durante el verano de

2005 por políticos de diverso signo en las que al referirse a la posibilidad del final del terrorismo de ETAplanteaban paralelismos con el escenario norirlandés. Véase por ejemplo, «El camino de Irlanda», GemaZabaleta, Odón Elorza, Denis Itxaso, El Correo, 22 de agosto de 2005; «Usabiaga echa en falta un manifies-to del Gobierno como el que dio paso a la tregua del IRA», El País, 19 de septiembre de 2005; «Las limitacio-nes del acuerdo o consenso», José Ramón Scheiffer, Deia, 19 de septiembre de 2005. Todos estos pronun-ciamientos coinciden en su errónea interpretación de lo que verdaderamente sucedió en Irlanda delNorte, contrastando con el riguroso análisis que del proceso norirlandés en perspectiva comparada hanrealizado otros autores, como se aprecia en «Hipótesis sobre el final de ETA», Patxo Unzueta, El País, 1 deseptiembre de 2005, y «Downing kalea», Florencio Domínguez, El Correo, 5 de septiembre de 2005.

ción de los pasos que precedieron el alto el fuego del IRA 3. Los por-tavoces de estos partidos han argumentado que semejante acuerdopretendía facilitar la desaparición de ETA mediante la constitución deun frente nacionalista que el grupo terrorista interpretaría beneficiosopara sus intereses al sustentarse en la radicalización del nacionalismoinstitucional. Utilizando esta misma lógica también el IRA intentóuna coalición similar que fue rechazada por los representantes del na-cionalismo en el norte y el sur de Irlanda al considerar éstos enorme-mente contraproducente la legitimación del terrorismo que esta es-trategia conllevaba y que además hubiera impedido cualquierposibilidad de entendimiento con las víctimas de la violencia en la co-munidad unionista. Tras haber descartado los representantes nacio-nalistas tan peligrosa propuesta, y ante la manifiesta debilidad de laorganización terrorista como resultado de la eficacia de medidas anti-terroristas adoptadas por los Gobiernos británico e irlandés, el IRAoptó por decretar un alto el fuego en agosto de 1994.

En este proceso de conclusión del terrorismo del IRA confluyerontanto dinámicas internas que afianzaron en el propio grupo terroristalas críticas hacia la continuidad de la violencia, como adecuados com-portamientos por parte de otros actores, esto es, partidos democráti-cos y Estados, cuya firme respuesta fue la que llevó finalmente a la or-ganización a juzgar su violencia como ineficaz. Debe recordarse quetanto en el caso de ETA como en el del IRA a menudo se subestimaque sus dirigentes han elegido el terrorismo libremente tras descartarotros métodos. No es el terrorismo una simple expresión de protestaespontánea más allá del control de los individuos que lo perpetran, niuna imposición o reacción inevitable ante unas condiciones materia-les e históricas determinadas, sino una táctica elegida entre un reper-torio. De ahí que se renuncie a la misma cuando los costes políticos yhumanos que de ella se derivan son elevados y cuando las expectati-vas de éxito desaparecen 4. Estos factores son los que en el IRA pro-



3 Para un análisis detallado de la instrumentalización que el nacionalismo vasco ha realizado del pro-ceso norirlandés con el fin de justificar la radicalización de su posicionamiento político desde la Declara-ción de Lizarra hasta el denominado Plan Ibarretxe, véase Rogelio Alonso, «Pathways out of terrorism inNorthern Ireland and the Basque Country: the misrepresentation of the Irish model», Terrorism and Politi-cal Violence, volumen 16, número 4, (2004), pp. 695-713.

4 Sobre esta cuestión véanse los capítulos cuatro, cinco y seis de Rogelio Alonso, Matar por Irlanda. ElIRA y la lucha armada. Madrid: Alianza editorial, 2003, así como Martha Crenshaw, 1991, «How TerrorismDeclines», Terrorism and Political Violence, 3: pp. 69-87.

vocaron el cuestionamiento de la violencia que antecedió al cambiode voluntad materializado en la conclusión de su campaña y en laaceptación de principios hasta entonces considerados como anate-mas y recogidos en el Acuerdo de Viernes Santo, aprobado en abrilde 1998, que daría paso a la participación del Sinn Fein en el mismosistema que intentó destruir.

OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS EN LA TRANSICIÓN DESDE ELTERRORISMO A LA DEMOCRACIA

Como ya se ha adelantado, si bien el cese de la violencia del IRA seprodujo en la ausencia de concesiones significativas hacia el movi-miento terrorista y su entorno, inauguró un proceso en el que susrepresentantes políticos se beneficiaron de gestos por parte de losGobiernos británico e irlandés que generarían perjudiciales conse-cuencias para la normalización política repercutiendo negativamenteen el objetivo de la desaparición de la organización terrorista. No sólocontinúa la limitada autonomía norirlandesa suspendida desde el oto-ño de 2002, sino que además diversos grupos terroristas, entre ellos elIRA, permanecen activos. Aunque el IRA ha abandonado su campa-ña de atentados terroristas no ha renunciado en cambio a la recopila-ción de inteligencia y a otras actividades criminales que le garantizanfinanciación y poder. Como ha indicado Ian Pearson, ministro delMinisterio para Irlanda del Norte (NIO, Northern Ireland Office), «elmovimiento republicano se ha convertido en uno de los más sofistica-dos grupos criminales del mundo» 5. Es cierto que el Sinn Fein ha op-tado por las vías políticas, pero sin renunciar a la contribución delIRA, que mediante sus actividades ilegales continúa al servicio delpartido político, garantizándole beneficios mediante la promesa de ladesaparición de la banda, que lógicamente no llega, al ser dicho obje-tivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían deconseguirlo. Es decir, las vías políticas emprendidas no son en absolutodemocráticas, propiciando un escenario que seduce sin duda a ETA ya Batasuna. Reveladores resultan en este sentido los pronunciamien-



5 Citado en «Look around you, Tony, no one else is still wooing Sinn Fein», Dean Godson, The Sunday Ti-mes, 20 de marzo de 2005.

tos del Primer Ministro irlandés y del británico en 2005 y 2004, res-pectivamente. En enero de 2005 Bertie Ahern reconocía en el Parla-mento irlandés que en su intento por introducir al Sinn Fein en el cen-tro del sistema de partidos había ignorado las actividades delictivasen las que el IRA venía viéndose involucrado. Unos meses antes TonyBlair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que repre-sentantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir elGobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein, aso-ciado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA 6.

Estas concesiones fueron criticadas por los representantes de lacomunidad unionista durante años, siendo dichas reclamacionesignoradas una y otra vez por los Gobiernos británico e irlandés al en-tender que el fortalecimiento político del Sinn Fein aseguraba la con-tinuidad del alto el fuego del IRA. Sin embargo, las palabras pronun-ciadas por el Primer Ministro británico en octubre de 2002 exponíanlos peligros de semejante política al enfatizar que la continua existen-cia del IRA como una organización terrorista activa justificaba total-mente la negativa de los unionistas a compartir el Gobierno de Irlan-da del Norte. En ese sentido, Blair subrayó: «Ante una pregunta tanclara como la siguiente: ¿por qué el Gobierno irlandés no aceptará alSinn Fein en el Gobierno del sur [de la República de Irlanda] hastaque el IRA detenga sus actividades mientras que los unionistas sí de-ben aceptar al Sinn Fein en el Gobierno de Irlanda del Norte?, hayrespuestas muy sofisticadas. Sin embargo no hay respuesta más sencilla,reveladora y directa que la propia pregunta» 7. De ese modo articulabael propio Primer Ministro británico la incoherencia de una políticacomo la descrita basada en favorecer a un partido como el Sinn Fein apesar de las actividades de una organización terrorista como el IRAdirectamente vinculada al mismo. Esta estrecha relación entre dichasformaciones ha resultado evidente para los máximos responsables dela política antiterrorista en el Reino Unido e Irlanda, que en ningúnmomento han dudado de que el liderazgo de ambas organizacionesrecaía en personajes como Gerry Adams y Martin McGuinness.



6 Prime Minister’s press conference, 15 de enero de 2004, http://www.number-10.gov.uk/output/Page5157.asp.

7 Prime Minister’s speech on Northern Ireland, Belfast, 18 de octubre de 2002, http://www.number-10.gov.uk/output/Page1732.asp.

De ese modo la política de ambos Gobiernos prescindió de princi-pios básicos de un sistema democrático aceptando el chantaje delSinn Fein que tan eficazmente ha planteado a lo largo de los últimosaños Gerry Adams, su presidente y uno de los máximos dirigentes delgrupo terrorista IRA. Así lo hacía en la última campaña electoral, enmayo de 2005, al pedir el voto para su partido asegurando que así selograría la desaparición del IRA al tiempo que alertaba de que el va-cío político que caracterizaba la situación se llenaría con violencia sisu formación no salía fortalecida de las elecciones. La misma inten-ción perseguía su apelación al IRA un mes antes para que consideraseabandonar la lucha armada, declaración pública que Michael McDo-well, ministro de Justicia irlandés, definió como un golpe de efecto in-troducido en vísperas de unas elecciones con la finalidad de atraersevotos desde el electorado nacionalista 8. Ante el fracaso de treintaaños de violencia, el IRA se ha erigido en la mejor baza utilizada porAdams para rehabilitar su imagen de presidente de un partido comoel Sinn Fein que hasta la declaración de alto el fuego obtenía una in-significante representación electoral en el norte y en el sur de Irlanda.Al presentarse como la figura a la que se debía ensalzar y fortalecercon concesiones bajo pretexto de que sólo así sería capaz de convenceral IRA de la necesidad de dejar la violencia, Adams ha perpetuadodeliberadamente la existencia del grupo terrorista mientras reforzabasu perfil político. De ese modo se ha coaccionado a la sociedad alprometerse la desaparición del IRA al tiempo que continuaba infrin-giendo la ley mediante la extorsión, el contrabando y otros métodoscriminales auténticamente mafiosos, incluido el asesinato. La implíci-ta amenaza que supone esta actitud ha colocado una gran presión so-bre la sociedad y las víctimas del terrorismo del IRA transformandoel llamado proceso de paz en un injusto instrumento de coacción.

Los contraproducentes efectos de esta política los han sufrido di-rectamente los partidos que hasta muy recientemente representaron ala mayoría del electorado nacionalista y unionista, esto es, el SDLP(Social Democratic and Labour Party) y el UUP (Ulster UnionistParty), al verse claramente superados en las últimas elecciones al Par-lamento británico por el Sinn Fein y el DUP (Democratic Unionist



8 Citado en «IRA told disband before May election», Mary Dundon, Irish Examiner, 11 de abril de 2005.

Party), liderado por el reverendo protestante Ian Paisley. El que du-rante décadas fue el principal partido nacionalista de Irlanda del Nor-te, el SDLP, ha incurrido en contradicciones que el electorado no hapasado por alto. Por un lado el SDLP insiste en que no se puede tolerarque el Sinn Fein, beneficiándose de la amenaza que representa la pre-sencia del IRA, ejerza un veto sobre los avances políticos al continuardicho grupo involucrado en diversas actividades criminales mientrassigue además inextricablemente unido a un partido político. Sin embargo,cuando ante semejante realidad los unionistas han reclamado la cola-boración del SDLP para formar una coalición que excluyera al SinnFein del Gobierno de la región, los nacionalistas se han negado. Conese incoherente comportamiento lanzaban al electorado un mensajesuicida: el Sinn Fein puede e incluso debe condicionar la normaliza-ción política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático.

A lo largo de los años en los que el IRA y ETA han mantenido suscampañas terroristas, la búsqueda de la legitimación de sus accionesha sido una constante. Afortunadamente estos grupos terroristas nohan logrado que una mayoría de las sociedades vasca y norirlandesalegitimara dicho terrorismo. Ese es uno de los motivos por el que susciclos vitales han alcanzado un declive que les llevó a declarar el cesede sus actividades, siendo la decadencia de ETA evidente todavía apesar de la ruptura de su tregua. En este periodo ambos grupos terro-ristas han persistido en buscar una legitimación que algunos sectoresse muestran partidarios de otorgarles a cambio de una declaraciónformal o tácita de cese de sus acciones. Tanto el IRA como ETA, encontextos de grave debilidad, han aprovechado esta disposición desectores políticos y sociales obteniendo positivos resultados. Lo hanhecho afianzando una peligrosa dinámica consistente en propugnarlo que han denominado como «procesos de paz» en los cuales se in-tenta que los grupos terroristas y los partidos políticos que los repre-sentan obtengan la legitimidad que previamente fueron incapaces delograr. Es por ello por lo que estos procesos, valiéndose de un enga-ñoso lenguaje que busca el respaldo mayoritario de sociedades ansio-sas de paz, pueden llegar a convertirse en instrumentos con los quecontrarrestar eficaces políticas antiterroristas responsables de la refe-rida deslegitimación del terrorismo. La paz así entendida se convierteen un mero espectáculo en el que lo importante no es realmente el lo-gro de la paz, la normalización y la reconciliación, sino la proyección



pública de que se asiste a un proceso histórico. De ese modo, se esce-nifican actos que permitan que el llamado «proceso de paz» se muevaaunque sea en contra de una auténtica paz, como demuestra la formaen la que el desarme del IRA se ha acometido.

EL DESARME COMO EXIGENCIA INELUDIBLE

Al contrario de lo que muchos observadores han defendido, el desar-me de la organización terrorista IRA y la metodología con la que de-bía acometerse eran vitales. Tres fueron los gestos de desarme queprecedieron al último acontecido en septiembre de 2005. Ninguno deellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, queel desarme fuera verdaderamente eficaz. Así se desprende de las pala-bras del propio Martin McGuinness cuando en vísperas del desarmeacometido en octubre de 2003 reconocía que los anteriores actos nose habían llevado a cabo en condiciones «convincentes», de ahí queadmitiera la necesidad de «transparencia» para que los pasos del IRAno causaran «decepción» 9. El propio general canadiense John DeChastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayótambién que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, amenos que el desarme fuera «visible», se dudaría de las buenas inten-ciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas con-vertirían en ineficaz el desarme 10. A pesar de ello, en octubre de 2003y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La únicadiferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un reli-gioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hi-ciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como sehabía reclamado previamente. Sin embargo, esta única distinción resul-taba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas.

Dichos religiosos no eran aquellos que los unionistas habían pro-puesto, sino otros que sustituyeron a los que el IRA había rechazado.El recambio católico era particularmente desafortunado, al tratarse



9 «Arms chief ’could give confidence’», 4 de octubre de 2003, http://newswww.bbc.net.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/3163282.stm.

10 Transcripción de la rueda de prensa de John De Chastelain, Independent International Commissionon Decommissioning (IICD), 26 de septiembre de 2005, Belfast, CAIN Web Service, http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/decommission/iicd260905pc.htm.

del padre Alec Reid. Esta figura, presentada en Irlanda del Norte y elPaís Vasco como un generoso pacificador, carece de la confianza ne-cesaria entre la comunidad unionista al haber sido su objetivo duranteaños la constitución de un frente pan-nacionalista en el que los parti-dos nacionalistas no violentos se coaligaran con quienes han defendi-do el terrorismo. De ese modo, ha insistido Reid, los grupos terroris-tas cesarían en su violencia; ahora bien, a cambio de una peligrosalegitimación que haría que la debilidad de dichas organizaciones y desus brazos políticos se transformara en fortaleza. Lógico es por tantoque el unionismo desconfíe de quien ha defendido para el IRA algoque también parece propugnar para ETA, es decir, que las organiza-ciones terroristas obtengan una vez cesen sus campañas aquello queno pudieron conseguir a causa de las mismas, pero que en ese escena-rio lograrían precisamente como consecuencia de su terrorismo. Enotras palabras, mediante tan sutil mecanismo de coacción y manipu-lación el terrorismo resultaría finalmente eficaz a pesar de la presenta-ción pública de lo contrario.

Este es el motivo por el que resultaría contraproducente aceptarlas dos mesas que Batasuna plantea y que el Gobierno parece dis-puesto a conceder en el caso de que ETA declare el final de la vio-lencia. Si bien se insiste en que el Gobierno sólo se ocuparía en susnegociaciones con ETA de la situación de los presos, es éste un plan-teamiento que favorece el fortalecimiento de la organización terroris-ta, su legitimación y su consolidación como actor de influencia enotro proceso paralelo como el de la negociación política que gestio-naría su brazo político, esto es, Batasuna. Es razonable prever que enese contexto se verían reforzados quienes exigieran importantestransformaciones del marco jurídico político con el argumento sinte-tizado en la idea de que «en democracia y en ausencia de violencia to-dos los proyectos son válidos». Obsérvese cómo, desde diversos sec-tores políticos en nuestro país que incluyen a la propia organizaciónterrorista, se insiste en manipular la denominada Declaración deDowning Street, firmada por el Gobierno británico y el irlandés en di-ciembre de 1993, al identificarla como el comienzo del «proceso depaz» en Irlanda del Norte que se habría producido como consecuen-cia del reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Es total-mente falso que dicha Declaración reconozca semejante derecho tal ycomo lo ha venido reivindicando el IRA desde su existencia. La pro-



pia ETA lo apreciaba en uno de sus documentos internos en el quelos terroristas vascos evaluaban del siguiente modo el Acuerdo deViernes Santo aceptado por el IRA y el Sinn Fein en 1998: «Al puebloirlandés en su totalidad se le niega el derecho de autodeterminación,y por otro lado el gobierno de los 26 condados [de la República de Ir-landa] deberá cambiar su constitución, renunciando a 6 condados[los de Irlanda del Norte], hasta que sus ciudadanos decidan otra co-sa. Los irlandeses deberán aceptar la división de su pueblo» 11. Así locorroboraba Gerry Adams cuando aseguraba en 2000 que «la autode-terminación para la población de esta isla todavía tiene que conse-guirse» 12, exponiendo por tanto el equívoco repetido por el PartidoNacionalista Vasco que identifica como causa del alto el fuego delIRA el «solemne reconocimiento del Derecho a la Autodetermina-ción», o la manipulación de dirigentes y simpatizantes de Batasuna, eincluso del Partido Socialista de Euskadi, que vienen insistiendo ensemejante falacia.

Ante esta interpretación en torno al derecho de autodetermina-ción, es razonable prever que en una futura reforma del marco jurídi-co-político en el País Vasco se insistirá en la necesidad de satisfacerlos intereses nacionalistas en relación con dicha reivindicación. En unhipotético escenario de «ausencia de violencia», dicha reclamaciónsería probablemente respaldada por el nacionalismo institucional y elradical e incluso desde sectores no nacionalistas. Al reforzamiento deBatasuna contribuiría la presión que los partidos democráticos sufri-rían para aceptar los planteamientos de una formación ya legalizadacon el pretexto de que resultaría imprescindible asegurar que los «po-líticos» del movimiento terrorista controlasen a los más reacios aadoptar vías políticas en sustitución de la violencia con el objeto deque ETA no reanudase su campaña terrorista. Ese mecanismo dechantaje demostraría la eficacia de la violencia y sustituiría la derrotade ETA por un escenario en el cual el Estado declararía haber derro-tado a la organización terrorista, si bien ésta habría conseguido forta-lecer a su brazo político como consecuencia de la existencia de labanda generando al mismo tiempo una gran inestabilidad política y



11 Zutabe 91, junio de 2001.12 «Take ownership of the peace process», Gerry Adams, An Phoblacht/Republican News, 2 de marzo de

2000.

social. Quienes hoy aceptan que ETA y Batasuna desean poner fin ala violencia lo hacen, hasta la fecha, sin aportar pruebas sólidas. Lohacen además incidiendo en que el final del terrorismo sólo es posiblesi se allana el camino de ETA y Batasuna en esa supuesta salida. Sinembargo, las consecuencias que se derivarían de un escenario en elque la derrota política de la organización no quedase clara y contun-dentemente reflejada en las circunstancias políticas, poseen un enor-me potencial para desestabilizar la región e incluso la nación. Así pue-de anticiparse dado que tanto ETA como Batasuna ambicionan unpoder que paradójicamente el Estado podría facilitarles al entenderque una hipotética renuncia a la violencia equivale realmente a unaauténtica metamorfosis del movimiento terrorista.

Precisamente porque ETA se diferencia de otros grupos como elGRAPO al poder gozar su brazo político de un significativo apoyosocial en determinados contextos, como demostró el anterior periodode tregua, el Estado no puede permitirse la más mínima legitimaciónde dicho entorno y de la narrativa del conflicto que intenta difundir.Ello obliga a no confundir la debilidad de ETA, e incluso un posiblecese de su violencia como consecuencia de la misma, con la desapari-ción final y total del movimiento terrorista. Cierto es que ETA mues-tra una disposición al diálogo con el Gobierno, aunque en absolutocon el fin de rubricar su desaparición sino más bien con la finalidadde extraer concesiones en una hipotética mesa de partidos y no úni-camente en una negociación sobre presos. En esas condiciones, lospeligros para el Estado son enormes si se acepta entrar en una diná-mica definida por un «proceso de paz» del que ya se habla amplia-mente asumiendo una terminología tan ambigua en su significado co-mo beneficiosa para el movimiento terrorista a la vez que perjudicialpara el sistema democrático. Frente a ese escenario que sin duda se-duce a ETA y a Batasuna, el análisis comparado de fenómenos terro-ristas en España y Reino Unido y de las respuestas gubernamentalesen ambos contextos, permite concluir que en nuestro país la desapari-ción del terrorismo y de su capacidad de coacción y de adquisición depoder, tanto político como social, exige evitar iniciativas que agravenla división en materia antiterrorista entre los dos partidos mayorita-rios. Obliga además a medir la eficacia de la lucha antiterrorista no só-lo en función de la disminución de la violencia como consecuencia derazonamientos tácticos de la organización terrorista en contextos de



debilidad, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción ycontrol que su brazo político, y por tanto la propia banda, puede lle-gar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si recibe unrespaldo y una legitimación tan innecesarios como contraproducen-tes para los intereses del Estado.

LECCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS

Por tanto, se deduce de todo lo anterior que el denominado «procesode paz» norirlandés ofrece para el ámbito español tanto lecciones po-sitivas como negativas. Es por ello enormemente perjudicial para ladesaparición de la violencia y de la capacidad de coacción de la orga-nización terrorista ETA, así como para la normalización política en elPaís Vasco, la tergiversación de las enseñanzas que la experiencia norir-landesa aporta. Informaciones y declaraciones diversas a lo largo delos últimos meses sugieren que en efecto el proceso norirlandés estásiendo manipulado con la intención de respaldar determinadas deci-siones políticas en materia antiterrorista, ignorándose así sus contra-producentes efectos. Así se desprende por ejemplo de las tesis refleja-das en las informaciones del diario El País a las que se ha hechomención previamente.

Obsérvese en primer lugar cómo en una de ellas se asume el «finalfeliz» del proceso norirlandés situándolo en julio de 2005, cuando elIRA anunció la finalización de su campaña terrorista 13. Sin embargo,es necesario tener presente que dicho anuncio tenía unos claros inte-reses propagandísticos, pues el IRA había abandonado mucho antessu denominada «lucha armada» al ser sus dirigentes conscientes de laineficacia de la misma después de treinta estériles años de asesinar sinconseguir sus objetivos. En cambio, el abandono de la tradicionalcampaña terrorista en fechas anteriores no había supuesto la desapa-rición de la organización ni la renuncia a implicarse en otras actividadescriminales. La primera modalidad de terrorismo le resultaba ineficaz,particularmente en el contexto posterior a los atentados terroristasdel 11 de septiembre de 2001 en el que la reanudación de los atenta-



13 «La carta de ETA mantiene la expectativa de paz en Euskadi pero aleja el inicio del proceso», El País,27 de noviembre de 2005.

dos le hubiese sido altamente costosa al movimiento integrado por elIRA y el Sinn Fein, motivando por ello su renuncia. Sin embargo, elIRA mantuvo su presencia y otro tipo de actividades delictivas que síle reportaban beneficios y que erróneamente fueron juzgados comomenos relevantes por parte del Gobierno británico.

Obsérvese asimismo cómo en el supuestamente histórico comuni-cado de julio de 2005 el IRA no anunció su completa desaparición,en cuyo caso Gerry Adams habría perdido el instrumento a través delcual ha chantajeado a Gobiernos y políticos a lo largo de los últimosaños. Este chantaje ha sido aceptado en el pasado por dirigentes queestimaron que así facilitaban la transición del terrorismo a la demo-cracia pero que ahora contemplan alarmados las consecuencias de suequivocada estrategia al haber logrado fortalecer al Sinn Fein, hoy elpartido nacionalista más votado en Irlanda del Norte. Muchos de ellosaceptan que hubiese sido más eficaz haber exigido al Sinn Fein lo mis-mo que se requeriría de cualquier otro partido para su plena acepta-ción en la democracia, rechazando por tanto favoritismos inspiradosen la presencia coaccionadora de un grupo terrorista a la sombra deun partido político que ha explotado así el sistema democrático.

Estas consideraciones permiten cuestionar el «final feliz» del pro-ceso norirlandés asumido por algunos de quienes buscan su aplica-ción al ámbito vasco. Ciertamente la enorme polarización política ysocial existente hoy en Irlanda del Norte, donde el gobierno autonó-mico continúa suspendido y en donde la segregación geográfica entrecomunidades no ha dejado de crecer, arroja serias dudas sobre unavaloración del proceso norirlandés tan positiva como exagerada. Asílo corrobora la ineludible conclusión de que el IRA ha logrado recu-perar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente,precedente que podría trasladarse al ámbito vasco si se cometiesenerrores de los que creíamos haber aprendido en nuestro país. Es porello por lo que deben cuestionarse los argumentos con los que se jus-tifican ciertos procedimientos bajo el pretexto de que mediante ellosse conseguirá la desaparición de la violencia etarra. Debe incidirse enque la organización terrorista utiliza tácticamente la violencia de ma-nera que en determinados contextos puede interpretar como más be-neficiosa su disminución, particularmente tras el atentado del 11 demarzo en Madrid. En ese escenario, y tal y como ocurriera en Irlanda



del Norte, se corre el peligro de reducir la presión sobre la organiza-ción terrorista y su brazo político al confundir las intenciones de ETAy Batasuna, confusión alimentada deliberadamente por las declaracio-nes de dirigentes del partido ilegalizado en las que prometen vías po-líticas y pacíficas.

Véase cómo ya hay significativos sectores de opinión que se de-claran convencidos de que ETA desea abandonar el terrorismo a pe-sar de la inexistencia de pruebas que así lo demuestren, mientras estegrupo continúa con sus actividades de extorsión, intimidación y pre-paración de asesinatos. Sin embargo, la disminución de algunas desus acciones, complementada con una retórica que promete paz y es-peranza, sirve como eficaz instrumento de coacción al utilizarse la an-siedad colectiva por que el final de ETA llegue pronto como elemen-to de presión que obligaría a aceptar ciertos «sacrificios y riesgos porla paz». Por tanto, ante una declaración de tregua muchos serían quie-nes defenderían concesiones que ahora se rechazan pero que en esascircunstancias presentarían como necesarias para consolidar dicho al-to el fuego con argumentos ya familiares como el de que debe apro-vecharse una oportunidad histórica con el fin de evitar más víctimas.Esta dinámica se ha reproducido en Irlanda del Norte en los últimosaños facilitando una contraproducente impunidad política, jurídica ymoral que en absoluto ha acercado una verdadera paz ni la normali-zación política.

En este sentido, obsérvese cómo las críticas de los unionistas almétodo de desarme han sido ignoradas en gran medida, exponiendocontradicciones en la política británica que benefician al IRA y alSinn Fein al concederles esa legitimidad antes negada. Así se despren-de de la declaración de De Chastelain al anunciar que el decomiso ca-reció de la «transparencia» requerida, extremo que, según él, debíaaceptarse porque «el IRA dijo que no iba a suceder», ya que el grupono admitiría que el desarme sirviera para transmitir una imagen de«humillación» o «culpa» 14. Se asumía por tanto como realista el plan-teamiento de una organización terrorista que además obtenía a cam-bio la promesa de que las personas con causas pendientes en busca y



14 Transcripción de la rueda de prensa de John De Chastelain, Independent International Commissionon Decommissioning (IICD), 26 de septiembre de 2005, Belfast, CAIN Web Service, http://www.cain.ulst.ac.uk/events/peace/decommission/iicd260905pc.htm.

captura podrían regresar a sus hogares con total impunidad. Las de-claraciones de Peter Hain, ministro británico para Irlanda del Norte,son especialmente alarmantes, al asegurar que esta medida es «dolorosa»para las víctimas pero «necesaria para cerrar la puerta de la violencia» 15.

Semejante escenario seduce a muchos en nuestro país ansiosos deimpulsar un «proceso de paz» del que constantemente se habla ya. Seinsiste en que dicho proceso no permitirá a ETA extraer precio políti-co alguno, sino que simplemente constatará su derrota. Sin embargo,razonables resultan las dudas al respecto cuando se intenta instalar enla opinión pública la idea de que la paz sólo llegará si se acepta la ex-carcelación anticipada de los presos etarras, el arrinconamiento de lascausas pendientes u otros gestos gubernamentales «de distensión»tras una declaración pública de tregua por parte de ETA. En este sen-tido, reveladoras y preocupantes resultaban las palabras del Obispode San Sebastián, Juan María Uriarte, al afirmar hace unos meses que«el bien superior de la paz se merece que todos recortemos inclusonuestras legítimas aspiraciones», de ahí que en su opinión «ningún in-terés partidista, ningún agravio del pasado y presente, ninguna de-mostración de violencia deban obstruir el camino hacia la paz» 16. Lomismo puede señalarse de las declaraciones de José Antonio Pastor,portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento vasco, enuna entrevista publicada en el diario Gara en la que advertía de quelas víctimas «no pueden convertirse en un agente político activo enun proceso de paz», pues «no lo han sido en ningún proceso del mun-do», de ahí que, en su opinión, sea necesario «pedirles una cierta dosisde generosidad» 17.

Esa lógica implica, por ejemplo, que las víctimas de la violenciaetarra acepten hoy el insulto que desde el Parlamento vasco se profierehacia ellas al crearse una ponencia en la que se omite el término te-rrorismo, pues hay quienes, alterando los referentes morales y políti-cos básicos, entienden que así se contribuye a la paz y a la reconcilia-ción. Esa misma lógica conduce a que las concesiones a ETA que hoy



15 Debates parlamentarios, 13 de octubre de 2005, Hansard, columna 451, en http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm051013/debtext/51013-08.htm#51013-08_spmin0.

16 El Correo, 30 de mayo de 2005. 17 Gara, 5 de febrero de 2006.

parecen inadmisibles, sean en el futuro interpretadas como aconseja-bles con el fin de que el «proceso de paz» avance. Se ignora así quecualquier legitimación de ETA, por mínima que sea, constituye unadeslegitimación de la democracia y de sus víctimas que concede sen-tido al terrorismo. El pragmatismo al que se alude para justificar se-mejante actitud no parece tal si observamos cómo en Irlanda del Nor-te esa misma estrategia ha generado una profunda polarizaciónpolítica y social. Por tanto, y como la experiencia norirlandesa de-muestra, se corre el peligro de que la sociedad sea tomada como re-hén por un «proceso de paz» que algunos desean que progrese a cos-ta de una paz justa y verdadera, y en contra de quienes más lamerecen: las víctimas del terrorismo. Es por ello por lo que BerthaMcDougall, viuda de un policía norirlandés asesinado por terroristasnacionalistas, que ha sido nombrada Comisionada de las Víctimas en Ir-landa del Norte, ha subrayado que la sociedad norirlandesa será inca-paz de progresar a menos que las autoridades se ocupen de las necesi-dades de las víctimas 18.

El comportamiento gubernamental descrito contradice claramen-te los principios en los que se sustenta la política antiterrorista espa-ñola que tiene como pilar el Pacto por las Libertades y contra el Te-rrorismo firmado en 2000 por el Partido Popular (PP) y el PartidoSocialista Obrero Español (PSOE). En el mismo, ambos se compro-meten a «trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitima-ción política directa o indirecta de la violencia», asegurando por elloque «de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventajao rédito político alguno». Se añade asimismo que «el diálogo propiode una sociedad democrática debe producirse entre los representan-tes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstasen nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de laviolencia». Como corroboran los pronunciamientos del Primer Mi-nistro británico y del irlandés antes citados, así como los sucesivos in-formes elaborados por la comisión independiente encargada de eva-luar las actividades de los grupos terroristas en Irlanda del Norte(Independent Monitoring Commission, IMC)19, el terrorismo ha extraído



18 Irish News, 27 de enero de 2006.19 Véase First Report of the Independent Monitoring Commission, Londres: The Stationery Office, 20 de

abril de 2004; Second Repo

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