cooperativismo de trabajo asociado en andalucia

HACIA LA EMPRESA TRADICIONAL // HACIA LA EMPRESA ALTERNATIVA

NIVEL Competencia de mercado Coordinación Planicación democrática

ECONÓMICO Individual/empresa Distribución Colectivo/Comunidad

Individual Propiedad Colectiva/social

NIVEL Democracia representativa Control Democracia participativa

ORGANIZATIVO Máximo output/Mínimo Socialmente responsable/ Coste/Intensiva en capital Tecnología Tecnología alternativa/ Intensiva en trabajo División detallada del trabajo División del trabajo Rotación de ocios y tareas

NIVEL Control burocrático Organización del trabajo Grupos autónomos

LABORAL Élite profesional Toma de decisiones Participación colectiva

Alienación Sentido del trabajo Con sentido

Fuente: Morales (1998) a partir de Clarke (1984).

INTRODUCCIÓN

Las empresas de trabajo asociado constituyen la manifestación más emblemática de la economía social y de la empresa autogestionada en Andalucía. Se trata de un fenómeno socioeconómico en el que se combinan varias dimensiones. Su dimensión tem-poral –más de dos décadas de historia–, su variedad jurídica –cooperativa, sociedad limitada y sociedad laboral– y su diversidad sectorial –presente en todos los ámbitos productivos– obligan, en muchas oca-siones, a asumir una perspectiva descriptiva, exce-sivamente global y genérica, que ha de ceñirse al análisis cuantitativo de los datos disponibles.

En la literatura especializada se insiste al menos en tres elementos diferenciales respecto a otras rea-lidades empresariales cuantitativamente más nume-rosas. En primer lugar, las empresas de trabajo asociado crean un empleo diferente al resto de pequeñas y medianas empresas, caracterizándose, entre otros factores, por un equilibrio entre viabi-lidad y solidaridad, por una mayor tendencia a la generación de empleo indefinido y por la flexibi-lidad salarial. En segundo lugar, su impacto en

el desarrollo es considerado como relevante dado el carácter esencialmente ascendente y participa-tivo de este tipo de asociacionismo. De hecho, son numerosos los municipios andaluces, e incluso las comarcas, donde las empresas de trabajo asociado constituyen el vehículo más importante para la crea-ción de empleo. Por último, este tipo de empresas no sólo ha demostrado ser un medio eficaz para encau-zar nuevas iniciativas de autoempleo, sino también para posibilitar la continuidad o revitalizar expe-riencias empresariales en crisis o para colaborar con la Administración en la provisión de determinados servicios (enseñanza, asistencia a domicilio,...).

No obstante, las generalizaciones son peligrosas. Por eso, en este trabajo se pretende realizar un análisis de su heterogeneidad como respuesta –sincrónica y diacrónica– a una serie de condicionantes económicos y sociales. Así, factores externos y tensiones internas –económicas, organizativas y laborales (Tabla n.º 1)– reflejan una combinación de resultados diferentes, aunque el modelo empresarial esperado, o deseado, tenga una vocación democrática y solidaria que pre-tende insertarse y sobrevivir en un entorno proclive a la centralización y a la competitividad a cualquier precio.

LAS EMPRESAS DE TRABAJO ASOCIADO EN ANDALUCÍA

Alfonso Carlos Morales GutiérrezETEA. Universidad de Córdoba

Tabla n.º 1Tensiones en la empresa autogestionada

Alfonso Carlos Morales Gutiérrez2

La Sociedad Andaluza [2000]

LA HETEROGENEIDAD DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO ASOCIADO

La heterogeneidad del asociacionismo de trabajo asociado obedece, al menos, a tres fuentes de diver-sidad: la que surge de su configuración jurídica al-ternativa; la que se origina de su dependencia del mercado y del uso de la tecnología asociada al sector donde se ubica; y la que emerge de factores sociales y territoriales.

Configuración jurídica

La acción colectiva de trabajadores que emprenden su propio negocio está recogida bajo dos fórmulas jurídicas: las cooperativas de trabajo asociado –de gran tradición legislativa–1 y las sociedades labora-les2 –reguladas en la década de los ochenta3. En la regulación jurídica actual, ambas comparten algu-nos rasgos: cierta limitación capitalista –control por parte de los trabajadores–, carácter igualitario –nin-guno de los socios puede disponer de una parte del capital que le garantice el control de la sociedad– y carácter personalista –títulos nominativos de capital social y transmisibilidad condicionada.

Este diseño, formulado jurídicamente, da lugar a la constitución de empresas formadas por tres tipos de agentes diferenciados: los trabajadores-propieta-rios, que desarrollan su actividad en la empresa y participan en su gestión y beneficios; los socios (per-sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas), que sólo aportan capital y que poseen un derecho limi-tado en su participación en la gestión y excedentes; y los trabajadores asalariados, cuya aportación se cir-cunscribe al trabajo y cuyo número suele estar res-tringido tanto en el caso de las cooperativas, como en el de las sociedades laborales.

Sin embargo, las cooperativas de trabajo aso-ciado se ajustan, además, a principios obligatorios de la doctrina cooperativa, como el voto democrá-tico en función de las personas y el reparto del exce-dente en función de la actividad cooperativizada (sociedad de personas), mientras que en las socieda-des laborales estos criterios son opcionales, puesto que tanto el derecho al voto, como el reparto del beneficio, pueden realizarse en función del capital aportado (sociedad de capitales)4. Estas diferencias, que justificaban la necesidad jurídica de establecer distintas normas para regular dichas realidades, han desaparecido en muchas ocasiones, debido, por un lado, a que las sociedades laborales se ajustan por su composición socioeconómica al principio de “un

socio un voto” y, por otro, a que el reparto del bene-ficio no diferencia significativamente en la práctica a una fórmula jurídica de otra.

Sin embargo, la realidad histórica que justificó la aparición de las sociedades laborales como fór-mula jurídica hace que dentro de éstas se detecten dos colectivos claramente diferenciados en (aunque algo menos en el territorio andaluz): uno, formado por empresas de tamaño mediano, grande e indus-trial, originadas por la transformación de otra socie-dad preexistente; y otro, por pequeñas entidades características del sector servicios5. Este perfil, vá-lido para las sociedades laborales del territorio espa-ñol en general, tiene menos vigencia para Andalucía, donde predominan las entidades pequeñas que desa-rrollan su actividad en el sector de servicios6. Las cooperativas de trabajo asociado presentan un nivel de heterogeneidad mayor que las sociedades labo-rales, diversidad que será puesta de manifiesto en otros apartados de este capítulo.

Heterogeneidad y especialización productiva

El análisis de la situación sectorial de las empresas de trabajo asociado, y su posición competitiva, nos muestra las dificultades de este modelo para situarse desahogadamente en el mercado. Sin obviar las tradicionales clasificaciones productivas (CNAE), hemos preferido agrupar las empresas de trabajo asociado en tres situaciones más o menos represen-tativas del colectivo, considerando la influencia tec-nológica en el modelo organizativo7:

a) Las empresas intensivas en mano de obra, y con cierto nivel de inversión por puesto de trabajo, dedicadas a actividades tradicionales de produc-ción. Bajo esta categoría consideraríamos aquéllas que desarrollan actividades de fabricación en serie, que precisan inversiones en activo fijo (tecnología) y cuyo diseño de puestos de trabajo no exige una elevada cualificación de los recursos humanos. La estructura de la organización precisa de un trabajo de naturaleza secuencial e interdependiente entre sus componentes (organización simple o burocrá-tica). Comprendería generalmente actividades8 que han surgido a partir de procesos de descentralización de la economía (sector confección textil, calzado,...) y que habitualmente no precisan un contacto directo con el consumidor, siendo sus clientes generalmente otras empresas.

b) Empresas con bajo nivel de inversión por puesto de trabajo situadas en el ámbito de los servi-cios. Los puestos de trabajo tampoco requieren una

Las empresas de trabajo asociado en Andalucía 3


cualificación muy elevada. Al contrario que el caso anterior, no precisan de una inversión elevada por puesto de trabajo y desarrollan actividades dirigidas directamente al consumidor final 9.

c) Empresas dedicadas al ejercicio de activida-des profesionales. En este caso, la realización de dicha actividad10 requiere un nivel elevado de cuali-ficación o de experiencia de sus componentes. Así se desarrolla una organización de carácter mancomu-nado e independiente, que generalmente mantiene una relación directa con el cliente (modelo profe-sional de organización). En estas entidades suele conjugarse participación y eficacia empresarial sin contradicción interna. La homogeneidad del grupo, el reducido tamaño, la alta cualificación –por cono-cimientos o experiencia– de sus miembros, son fac-tores sin duda de su éxito.

Las empresas de trabajo asociado como respuesta social

La expansión de las empresas de trabajo asociado en Andalucía suele conectarse estrechamente con el impacto de la crisis económica y el volumen de desempleo, pero esta correlación no se da nece-sariamente en todas las Comunidades Autónomas. Conviene reflexionar con precaución acerca de la complejidad del fenómeno del trabajo asociado, pues si, en algunos lugares, aparece relacionado no sólo al impacto de la crisis económica y el desem-pleo, sino a una estructura social relativamente poco articulada y desmembrada, tal y como ilustra el caso andaluz, también se nos presenta, en otros, como expresión inequívoca de una estructura social extre-madamente densa y vertebrada independientemente de los condicionamientos económicos derivados de los contextos de crisis, tal como nos enseña el caso vasco y, en particular, el complejo cooperativo de Mondragón. Tales consideraciones recomiendan prudencia a la hora de sentar premisas y de generali-zar acerca del cooperativismo, en general, y del tra-bajo asociado, en particular.

Por tanto, conviene explicar el asociacionismo de trabajo asociado no como un fenómeno unicausal, sino como la resultante de diversas variables. Para comprender la realidad y la evolución sociohistó-rica de este tipo de empresas, conviene conside-rar, junto a las variables de naturaleza económica, otras de carácter sociológico (origen, experiencia empresarial previa, distribución por sexos, cualifi-cación de sus componentes, etc.) (Tabla n.º 2) que hemos constatado a través de diversos estudios

empíricos (Morales Gutiérrez, 1989, 1992, 1996, 1998 y 1999).

Para la descripción de cada uno de estos mode-los de empresas de trabajo asociado vamos a seguir una lógica diacrónica. Así, las distintas posibilida-des que pueden adoptar las variables sociológicas identificadas como significativas para este tipo de empresas, se han agrupado en tres generaciones, que pueden asociarse incluso temporalmente a determi-nados periodos históricos. El análisis que se desa-rrolla a continuación puede ser seguido por el lector de dos maneras: siguiendo el argumento recogido en el texto, o bien consultando las notas que se inclu-yen al final del mismo.

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO ASOCIADO

La importancia cuantitativa del trabajo asociado en Andalucía puede estimarse a través de los datos de stock (entidades existentes) que nos aportan los censos realizados hasta el momento (1985, 1990 y 1996) (Tablas nº 3, 4 y 5) y los datos de evo-lución (número de entidades constituidas entre los años1975 y 199911) reflejados en los Gráficos n.º 1 y 2. Entre las conclusiones más significativas que nos aportan dichos datos pueden resaltarse las siguien-tes: que se trata de un sector que engloba a cerca de cinco mil empresas y cuarenta y seis mil traba-jadores (Tabla nº 3); que su nivel de empleo se ha duplicado en los últimos quince años (Tabla nº 3); que dos de cada tres entidades constituidas desapa-recen en los primeros cinco años de actividad12; que su cobertura territorial y nivel de presencia en los municipios andaluces, ha pasado del 40% en 1985 al 70% en 1996 (Tabla nº 4); que más de la mitad de las empresas de trabajo asociado se dedican a desa-rrollar actividades industriales, y de ellas más de la mitad se sitúan en sectores de demanda media y fuerte (Tabla nº 5); que, a nivel nacional, el número de entidades andaluzas representa un tercio de las empresas de trabajo asociado españolas; y, final-mente, que Andalucía constituye una de las Comu-nidades Autónomas más importantes en número de entidades creadas y empleos generados por año (unos dos mil puestos de trabajo anuales aproxima-damente)13.

Pero los datos agregados son un indicador insu-ficiente para detectar su evolución temporal y su impacto socioeconómico. Para ello se han consi-derado diversas fases en dicho recorrido temporal (hasta 1985; desde ese año hasta 1996, y a partir de



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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social; Junta de Andalucía (1987), Catá-logo de Bienes y Servicios (cooperativas no agrarias); ESECA (1990), Censo de Sociedades Cooperativas; ESECA (1995), Informe de la Econo-mía Social en Andalucía, y Junta de Andalucía (1997), Censo de sociedades cooperativas andaluzas y sociedades laborales de Andalucía.

1985 (CTA) 1990 (CTA) 1996 (CTA) 1996 (CTA+SAL) Tasa Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social; Junta de Andalucía (1987), Catálogo de Bienes y Servicios (cooperativas no agrarias); ESECA (1990), Censo de Sociedades Cooperativas; ESECA (1995), Informe de la Economía Social en Andalucía; y Junta de Andalucía (1997), Censo de sociedades cooperativas andaluzas y sociedades laborales de Andalucía.

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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social; Junta de Andalucía (1987), Catálogo de Bienes y Servicios (cooperativas no agrarias); ESECA (1990), Censo de Sociedades Cooperativas; ESECA (1995), Informe de la Economía Social en Andalucía; y Junta de Andalucía (1997), Censo de sociedades cooperativas andaluzas y sociedades laborales de Andalucía.

Tabla n.º 3Evolución del trabajo asociado en Andalucía

Tabla n.º 4Cobertura territorial del trabajo asociado en Andalucía en función de la tasa de población ocupada

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Tabla n.º 5Especialización productiva industrial en función del nivel de demanda en el trabajo asociado andaluz



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Fuente: Elaboración propia.

Figura n.º1Evolución del contexto socioeconómico del trabajo asociado



esa fecha), cuyo denominador común puede expli-carse, entre otros aspectos, en función de una serie de variables que afectan al desarrollo de este tipo de empresas (Figura n.º 1): las condiciones económicas del territorio; la articulación de intereses represen-tativos (movimiento asociativo); la respuesta de la Administración (marco legal y política de fomento); y una concepción de los problemas que, de forma más o menos consensuada, se consideran por los agentes implicados –cooperativistas y Administración funda-mentalmente– como el principal obstáculo que impide el desarrollo de estas fórmulas empresariales.

Primera etapa: 1975-1985

Entorno económico y social

El entorno económico en este período –hasta 1986– se caracteriza por una crisis generalizada y profunda (inflación y paro elevado), por la ausencia de una legislación andaluza específica, por la exis-tencia de un movimiento representativo en vías de institucionalización, y por una actitud desde la Administración generadora de falsas expectativas y que se resumía en la receta siguiente: crear una cooperativa = crear puestos de trabajo.

En 1978 nace la Federación de Cooperativas Andaluzas (FECOAN). Se trataba de un movimiento federativo multisectorial e ideológicamente homo-géneo, que intentaba agrupar las sensibilidades de diversas instituciones asociativas existentes en esos años iniciales de transición democrática: UTECO de Sevilla y Movimiento Rural Cristiano14. Desde esa fecha, y a través de una organización típicamente representativa15, FECOAN despliega una serie de actividades reivindicativas, institucionales, divulga-tivas, formativas, técnicas y comerciales16.

La política de fomento se encuentra protagoni-zada, entre otras, por medidas nacionales de larga tradición, como el Fondo Nacional de Protección al Trabajo17, que se reestructura en 1981 y que posibi-lita el acceso al crédito a estas pequeñas empresas en una época de elevados tipos de interés18. La lógica que parece vislumbrarse tras estas escasas medidas podría formularse de la manera siguiente: el pro-blema financiero constituye un escollo difícilmente superable para este tipo de entidades19.

Evolución

El número de cooperativas constituidas anualmente en ese primer período resulta insignificante, pero

registra un crecimiento continuado muy pronun-ciado en el primer lustro de los años ochenta: desde 1980 se superan las 150 entidades creadas cada año por término medio. El saldo final de entidades de tra-bajo asociado de ese período –cooperativas en este caso– lo registra el censo realizado para el año 1985: 1.541 entidades (casi el 50% de las cooperativas exis-tentes en Andalucía) con un predominio de iniciati-vas en el sector industrial y en el entorno urbano.

Su capacidad de respuesta como instrumento de lucha contra el paro en esa época puede evaluarse como cualitativamente satisfactoria (Haubert, 1991). En 1981, desaparecieron en Andalucía Occidental más de 30.000 puestos de trabajo, mientras las empresas de trabajo asociado crearon 5.000 pues-tos20 –la mitad de los generados en la región– e invirtieron 5.000 millones de pesetas21 –el 4% de la formación bruta de capital fijo realizada por todas las empresas de la región–, considerando, además, que eran muchos los municipios, e incluso las comarcas, donde las empresas de trabajo asociado eran prácti-camente la única fuente de empleo.

Pero este impacto en la economía andaluza era el efecto conjunto de diversos modelos de empresas de trabajo asociado que seguidamente describiremos en sus rasgos más sobresalientes.

Experiencias paradigmáticas

Las condiciones que se derivan de la crisis econó-mica del 73 –con elevadas tasas de paro–, la falta de hábito político democrático y la ausencia de ini-ciativas empresariales de carácter privado propician, entre otros factores, la aparición de empresas de trabajo asociado muy diferentes: unas, como ins-trumentos de continuidad de empresas en crisis o empresas fracasadas, ubicadas sobre todo en zonas urbanas; otras, como mecanismos subsidiarios de adaptación de las empresas capitalistas a la nueva situación del mercado –que requería bajos costes salariales, poca conflictividad y descentralización productiva en pequeñas unidades intensivas en mano de obra– y otras como símbolo de promoción y única salida para zonas rurales deprimidas.

Los arquetipos empresariales característicos de esta etapa fueron las empresas ave fénix, las coope-rativas inducidas y las cooperativas simbólicas. El modelo de empresa de trabajo asociado ave fénix (resurgir de las cenizas)22. El modelo es una de las causas de la aparición de las sociedades laborales (fórmula jurídica peculiar del trabajo asociado en España). La inflexión en el crecimiento de la activi-



dad económica a mediados de los años setenta y el surgimiento, como consecuencia, de elevadas tasas de paro estructurales, así como la incertidumbre de encontrar una nueva ocupación en el mercado de tra-bajo, provocan un cambio de actitud en el compor-tamiento de los trabajadores con riesgo de engrosar las filas de parados, que optan por la adquisición de empresas en dificultades para asegurar su puesto de trabajo23. Se vislumbra de esta forma la empresa de trabajo asociado como una vía de ajuste a los des-equilibrios del mercado laboral y como una con-secuencia de nuevas formas de integración produc-tiva, permitiendo acomodar el tejido productivo a las nuevas exigencias tecnológicas y de mercado.

Sin embargo, la opción de constituir una sociedad laboral frente a otro tipo de empresa de trabajo asociado, como las cooperativas, se debe a una serie de razones objetivas (Vidal Martinez, 1986): las restricciones legales en la percepción del sub-sidio de desempleo en las cooperativas24; el man-tenimiento del régimen de contratación laboral25, y la colaboración de terceros en el capital social de

la empresa26. En consecuencia, la sociedad anónima laboral permitía introducir la figura del capitalista y, por tanto, posibilitaba a los trabajadores accionistas minorar el riesgo de su experiencia empresarial, al tiempo que admitía que el sistema productivo cubriera los procesos de aplicación intensiva de capital a los que la pequeña empresa cooperativa muchas veces no puede hacer frente.• El segundo arquetipo empresarial de esta etapa son las cooperativas inducidas. La descentrali-zación productiva y la industrialización difusa son una de las estrategias para el abandono de las actividades empresariales, implicando la utilización intensiva de mano de obra en cooperativas que asumen la función que antes realizaba la fábrica27. Esta estrategia de reducción de costes laborales en la gran empresa industrial28 y la necesidad de paliar el problema del desempleo, por parte de la Administración, propicia la creación, en algunas ocasiones, de entidades inducidas o pseudocoo-perativas (Morales, 1992), que trabajan en condiciones laborales muy precarias y altamente dependientes. Estas pseudocooperativas, más que

Fuente: Morales (1991)

Figura n.º2Las cooperativas inducidas en el sector textil

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Sector Confección

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Paga salarios

Incorpora socios

Paga salarios

Incorpora socios

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PRODUCCIÓN

CONS

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COMERCIALIZACIÓN

Suministramateria prima



crear puestos de trabajo lo que han venido realizando es una redistri-bución del empleo: desaparición de la fábrica y su sustitución por talleres cooperativos.

Son cooperativas “inducidas” –ingenua o mali-ciosamente– por intereses exógenos, y cuya proba-bilidad de fracaso era muy elevada. Los puestos de trabajo creados suponían, en muchos casos, el retorno a situaciones de explotación muy semejantes a las acontecidas en la revolución industrial29, y en donde el oportunismo de ciertos desaprensivos –intermediarios entre la gran empresa y los talleres– aprovechaba el aislamiento en el que se encontraban muchas poblaciones rurales. La única acción posible era la de sobrevivir colectivamente en un territorio en decadencia o suministrar un sueldo a la unidad familiar, que sirviera de complemento a una renta agraria estacionalizada. No todas las cooperativas permanecieron impasibles ante este modelo de autoexplotación que cuestionaba los fundamentos de los valores utópicos del cooperativismo. Algunas evolucionaron hacia formas empresariales más eficientes y con vocación de transformación social. • También son propias de este período las que deno-minamos cooperativas simbólicas o instrumento de movilización social. Normalmente, surgían bajo la iniciativa de líderes sociales (alcaldes, sacerdotes rurales, agentes de desarrollo,...) que supieron con-jugar la necesidad colectiva ampliamente compar-tida de generar puestos de trabajo, con el desempeño de una actividad empresarial generalmente intensiva en mano de obra. Habitualmente, la experiencia no quedaba aislada, sino que, a partir de su ejemplo, se solían generar otras similares, gracias a la inquietud de esos líderes sociales que descubrían otras posibi-lidades para canalizar la acción colectiva y concre-tarla en realidades empresariales viables30.

La evolución de estas iniciativas hasta conver-tirse en instrumentos canalizadores de los recursos endógenos de una zona, implicaba generalmente una serie de fases. En primer lugar, una fase inversora, en los momentos de la constitución, en la que, al no disponer de capital necesario, la cooperativa “capita-lizaba el trabajo”: los cooperativistas pasaban largos períodos sin percibir salario alguno31. En segundo lugar, una fase de desarrollo, en donde aumentaba el número de socios, considerando el elevado índice de “rotación” de la plantilla; este número de socios le permitía manejar un volumen de recursos circulan-tes suficiente para realizar determinadas inversiones. Posteriormente, llegaba una fase de consolidación, en la que la cooperativa podía alcanzar una posición competitiva tal, que le permitía emerger casi total-

mente: cumplir todas las obligaciones fiscales y dar de alta en la Seguridad Social a los miembros de la cooperativa gradualmente –cada año un porcen-taje de socios. Paralelamente, se iba acometiendo un ajuste de plantilla y se arbitraban mecanismos para que los socios mejor adiestrados no abandona-sen la cooperativa32. Eventualmente, podría manifes-tarse una fase de expansión, caracterizada por una selección de sus clientes. La cooperativa conocía sus costes, y aquéllos su calidad, planteándose, incluso, la comercialización del producto por cuenta propia.

Segunda etapa: 1986-1996

Entorno socioeconómico

A mediados de la década de los ochenta se produce una eclosión de las iniciativas autogestionadas, ya sea mediante la variante cooperativa o la de sociedad laboral33. Esta fase se caracteriza por la primera regu-lación autonómica de cooperativas –a nivel anda-luz– y la regulación específica –a nivel nacional– de las sociedades laborales. El proceso de descen-tralización administrativa hacia las Comunidades Autónomas acelera exponencialmente su regula-ción específica y convierte al Estado español en el país con más leyes de cooperativas por kilómetro cuadrado.

El movimiento de la economía social se conso-lida en el ámbito de una sociedad marcada por un funcionamiento cada vez más corporativo: la articu-lación de intereses constituye una garantía de legiti-midad para las instituciones privadas y públicas. No obstante, el asociacionismo cooperativo se fractura en 1986 en diversas organizaciones, que postulan modelos asociativos diferentes: un modelo multisec-torial, encabezado por FECOAN, y un modelo uni-sectorial –sólo cooperativas de trabajo asociado–, que preconizan las organizaciones FUCA y FECO-OPTA. Este proceso de reestructuración obligó al movimiento cooperativo a estar atento más a su supervivencia como superestructura, que a los pro-blemas de las entidades representadas. Todo con-cluyó con la unificación en 1992 del movimiento de trabajo asociado, mediante la constitución de FAECTA, optándose por la opción unisectorial. En este período también surgen, a nivel andaluz, las pri-meras federaciones relacionadas con las sociedades laborales: FEANSAL y ASLAND.

Desde la Administración prolifera toda una serie de medidas de apoyo –más en el discurso que de hecho– en todas las esferas de la actuación pública,



que al ser incumplidas, o cumplidas parcialmente en determinadas ocasiones, se propicia cierta descon-fianza hacia este tipo de propuestas. Entre las medi-das de apoyo más sobresaliente conviene destacar las siguientes:

a) Medidas que emanan de instituciones centra-les, como la capitalización del subsidio de desem-pleo. La ley de Protección por Desempleo preveía que “(...) cuando así lo establezca algún programa de fomento de empleo, la entidad gestora podrá abonar de una vez el valor actual del importe de la prestación de nivel contributivo, correspondiente al período a que tenga derecho el trabajador en función de las cotizaciones efectuadas”. El Real Decreto 1044/1985 desarrolló dicha norma y reguló el abono de las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único, como una medida de fomento del empleo. La finalidad que perseguía el legislador fue la de “(...) propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados, facilitando la realiza-ción de un trabajo por cuenta propia o la incorpora-ción como socios a cooperativas de trabajo asociado o a sociedades laborales, a aquellas personas que hubieran perdido su trabajo anterior”. A nivel nacio-nal, el 21,3% de los trabajadores a los que se les concedió esta capitalización optó por fórmulas de trabajo asociado. Es destacable el caso de Andalucía por su mayor porcentaje en socios de cooperativas (13%) –casi el doble de la media nacional–; al con-trario de lo que sucedió en el resto del país, fueron los socios de sociedades laborales los que represen-taron un porcentaje muy elevado en detrimento de los autónomos34.

b) Medidas que emanan de instituciones euro-peas, pero de implantación autonómica, como las rentas de subsistencia. El Fondo Social Europeo (FSE) estableció un programa de ayudas a la contra-tación a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, equiparándose de esta forma a las medidas de incentivación a la contratación que venían disfru-tando otras formas jurídicas. Surgía así el programa de subvenciones en concepto de rentas de subsisten-cia, que pretendía facilitar el acceso a la condición de socio trabajador de una cooperativa, a desem-pleados menores de 25 años o parados mayores de 25 años, que llevaran inscritos al menos un año en la correspondiente Oficina de Empleo, mediante subvenciones a fondo perdido de 500.000 ptas. por trabajador que adquieriese la condición de socio anteriormente descrita35.

c) Medidas desde el Gobierno andaluz. La Admi-nistración andaluza plasmó en sus respectivos planes

económicos36 la voluntad de que la economía social contara con una serie de capítulos para su promo-ción y desarrollo. En concreto, es desde entonces la Dirección General de Cooperativas de la Junta de Andalucía la que ha venido coordinando el paquete más especifico de ayudas destinado a promocionar este tipo de empresas. Esta labor se ha centrado sobre todo en medidas para paliar los problemas financieros, atenuar los déficit de formación, apoyar la inversión, reestructurar los sectores y fortalecer los recursos técnicos de este tipo de entidades37.

No obstante, a pesar de la diversidad de medi-das en la política de fomento, las medidas de apoyo financiero comienzan a relegarse a un segundo plano, tomando cuerpo la gestión dele-gada mediante convenio con instituciones finan-cieras privadas. De hecho, desaparecen medidas crediticias específicas en los programas desarrolla-dos por entidades de crédito oficiales38. Predomina una perspectiva de empresa autogestionada como una entidad que precisa como requisito de supervi-vencia la integración en entidades de segundo grado y una buena capacidad de gestión, ya sea mediante la formación de sus componentes o mediante un adecuado asesoramiento.

Evolución

El ritmo de creación de cooperativas se duplica (300 entidades anuales) a partir de 1986, año que alcanzó el mayor número de cooperativas creadas. Las enti-dades de trabajo asociado se expanden por las zonas rurales y sectorialmente hacia las actividades del sector terciario. En 1988 cambia la tendencia (coin-cidente con el fuerte aumento registrado en la crea-ción de sociedades anónimas laborales): por primera vez en dicha década las cooperativas existentes son inferiores en número a las del año anterior. Además, desde que se legisló el sector por parte de la Admi-nistración andaluza, el ritmo de desaparición de cooperativas fue superior. La obligatoriedad de adap-tación de estatutos, la obligatoriedad de las audito-rías, el propio aumento de los fondos de reserva de carácter irrepartible y la aparición y profusión de la fórmula de la sociedad anónima laboral, fueron fac-tores, todos ellos, que imprimieron una aceleración en la desaparición de cooperativas, que se trans-formaron, en la mayoría de los casos, en empresas de capital.

Por su parte, la evolución de las sociedades labo-rales se encuentra marcada por periodos significati-



vos. Por un lado, el período que va desde la fecha de promulgación de la ley hasta 1990, un período en el que se deja sentir el impacto de la adaptación de las sociedades laborales a la nueva normativa de las sociedades anónimas39. Por otro lado, el período que va desde 1990 hasta 1996, un período en el que las cifras de creación de entidades a nivel nacio-nal se estabiliza en torno a las mil por año, lo que implica una creación de empleo potencial en torno a los siete mil40 .

Experiencias paradigmáticas

En la década de los noventa, el sector público, ago-biado en su objetivo por reducir su déficit, busca formas de colaboración público-privada. Surgen multitud de iniciativas en el sector servicios, en donde grupos con una alta cualificación profesional buscan el aprovechamiento de las oportunidades que surgen de la proximidad y el conocimiento especí-fico de los recursos endógenos.

Por eso, muchas empresas de trabajo asociado se constituyeron como formas de colaboración público-privada. Se trataba del resultado de un contexto en donde el Estado llegaba a financiar la provisión de servicios sociales que podían considerarse bajo su ámbito de actuación. En ese contexto surgen coope-rativas que desarrollan actividades de interés general en una función de complementariedad con el sector público –cooperativas de enseñanza, sanitarias, de iniciativa social– y en las que su principal activo lo constituía la cualificación profesional de sus compo-nentes, siendo los temas de gestión un aspecto cru-cial de su desarrollo, y no siendo sus necesidades de financiación tan acuciantes como en otras cooperati-vas de trabajo asociado.

En otras ocasiones, las empresas de trabajo aso-ciado suponen la canalización de una experiencia alternativa. Algunos grupos sociales (ecologistas, grupos de solidaridad,...) intentan dar salida econó-mica a sus productos y servicios alternativos (acti-vidades o productos no contaminantes, comercio justo,...); sin embargo, la búsqueda y su dificultad para conectar con el mercado lleva a muchas inicia-tivas emblemáticas al fracaso ante la resistencia a sacrificar lo social por lo económico41. Del mismo modo, el progresivo auge de las entidades no lucra-tivas de acción social y/o la búsqueda de alternati-vas de inserción socio-laboral para colectivos con dificultades especiales de acceso al mercado de tra-bajo, propicia la creación de empresas de trabajo asociado peculiares, iniciativas que generalmente

buscan la protección y la gestión tuteladas, puesto que su función social le hace subordinar lo social a lo económico42.

Tercera etapa (1997-Actualidad)

Entorno socioeconómico

Este período se caracteriza por un ajuste legislativo: a nivel autonómico, para las cooperativas, y a nivel nacio-nal, para las sociedades laborales. La segunda ley anda-luza de cooperativas refuerza el carácter empresarial de las entidades y el control, aunque supone la pérdida de cierta especificidad en términos de economía social: se reduce el número mínimo de socios por entidad a la hora de su constitución como sociedad. Los ajustes legislativos para la sociedad laboral –permitiendo la constitución de sociedades limitadas laborales– favo-recen que esta forma jurídica supere a la cooperativa como cauce para generar autoempleo asociado.

El movimiento representativo del cooperativismo de trabajo asociado unificado intenta desarrollar planes estratégicos, aunque mantiene una relación excesivamente dependiente de la Administración, y goza de cierta estabilidad, que no continuidad (al menos tres cambios de presidentes y de sus respecti-vos equipos técnicos). En este período pierde fuerza el movimiento federativo sectorializado y comienza el protagonismo de la organización confederal de la economía social: CEPES.

Los instrumentos de apoyo público se orientan más a medio y largo plazo y con una política de coordinación –acompañamiento empresarial de las iniciativas– con organismos públicos próxi-mos a las iniciativas (ayuntamientos). Un ejemplo de estas políticas es el programa de Escuela de Empresas, cuyo objetivo ha sido complementar mediante formación y una infraestructura de apoyo (instalaciones, director técnico y consultora) la capacidad de los jóvenes del entorno rural para integrarse en el mercado de trabajo por cuenta propia a través de un proyecto de economía social. En el año 2000, conformaban este programa un total de 40 escuelas (35 directores técnicos y tres consultoras de apoyo), que habían permitido crear 352 empresas (mayoritariamente en el sector industrial), lo que implicaba 1.782 puestos de tra-bajo y una inversión generada de 3.200 millones de pesetas. Estas medidas de fomento parecen mostrar una perspectiva de empresa autogestio-nada que puede sobrevivir si se le acompaña en la gestión desde sus orígenes.



Evolución y tendencias

La trayectoria que se desprende a partir del análisis de los datos de la última década y la impronta que marca la legislación vigente, vislumbran un desarro-llo de las iniciativas de trabajo asociado marcada por las siguientes tendencias:• Cierto declive del ritmo de creación de coope-rativas de trabajo asociado y auge de las socieda-des laborales. Hoy día, nos encontramos con cifras de ritmo de constitución de cooperativas, tanto de entidades como de socios, inferiores a 198843. Sin embargo, el ritmo de creación de sociedades labo-rales ha ido aumentando en la última década, como demuestra el predominio de tasas positivas con una cota máxima precisamente en el último año tanto en número de entidades, como en número de socios. Nos encontramos, por tanto, con una fórmula joven y en expansión44.• Tendencia inexorable hacia la microempresa. Si dividimos el número de miembros de las empresas de trabajo asociado entre el número de entidades, podríamos obtener un indicador de la dimensión media en su constitución. Como muestra el Gráfico n.º 3, la tendencia en los últimos años es clara y común tanto para las cooperativas, como para las sociedades laborales: la dimensión media por entidad creada, que se desprende de los datos aportados, es cada vez menor45. Las recientes modificaciones legislativas rea-lizadas en las leyes cooperativas a nivel andaluz y nacional seguirán acentuando este proceso.• Terciarización de la empresa de trabajo asociado. Las crecientes oportunidades en este sector de la economía y las bajas necesidades de capital para crear empresas en este ámbito constituyen dos razo-nes de peso para justificar este comportamiento. La fórmula de trabajo asociado como remedio para una empresa en crisis, como ocurría en la década de los ochenta, se ha ido dejando a un lado46. La presencia en el sector servicios es cada vez mayor como puede verse en el Gráfico n.º 4.• La empresa de trabajo asociado como otro tipo de empresa familiar. Hoy día asistimos a una reva-lorización de la empresa familiar como agente eco-nómico. A tenor de los datos por género respecto a la composición del accionariado en las socieda-des laborales –cuya evolución aparece reflejada en el Gráfico n.º 5– puede deducirse que la empresa de trabajo asociado que se está creando es una empresa predominantemente familiar si considera-mos la incorporación creciente de la mujer en cali-dad de socio capitalista de la sociedad laboral como

un indicador indirecto de este comportamiento. Este hecho puede plantear nuevos retos de fun-cionamiento interno que es conveniente considerar. Aunque los datos disponibles se refieren a la socie-dad laboral, la cooperativa no escapa de este perfil cada vez más previsible, dada la tendencia a la reducción del número mínimo de socios.

CONCLUSIONES

La empresa de trabajo asociado constituye a nivel microeconómico un vehículo privilegiado de autoem-pleo colectivo, mientras que, a nivel macroeconó-mico, es un generador de capital social –no en el sentido económico, sino sociológico del término–, es decir, en tanto recurso que ayuda a los individuos y grupos a superar los dilemas tanto estáticos como dinámicos de la acción colectiva47.

Su evolución en Andalucía ha estado marcada por tres etapas diferenciadas por las condiciones económicas del territorio, la articulación de intereses representativos, la respuesta diversa de la Adminis-tración y una concepción, más o menos generali-zada, de los obstáculos que impiden su desarrollo como fórmulas empresariales. En cada una de dichas etapas, se ha fraguado un arquetipo específico de empresa de trabajo asociado acorde con estas cir-cunstancias socioeconómicas, que van desde los modelos empresariales defensivos y periféricos ori-ginados por crisis sectoriales en el ámbito industrial, hasta fórmulas de colaboración público-privada en el sector servicios.

Los cambios legislativos recientes han propiciado una serie de tendencias en sus características organi-zativas –auge de la sociedad limitada, reducción del tamaño, terciarización y propensión a un carácter familiar–, por lo que sería preciso no mostrar sólo su evolución creciente, sino también estar atentos a los indicadores cualitativos de su desarrollo. En efecto, el carácter microempresarial y familiar puede propi-ciar que los principios básicos de la economía social queden relegados como cuestiones marginales en su funcionamiento ante la urgencia de respuestas que exige un mercado que no favorece estos valores, sino más bien los contrarios.

Conviene, por tanto, ser conscientes de que su credibilidad y capacidad para transformar las rela-ciones económicas no se encuentra en el número de entidades existentes. Entre los indicadores cualita-tivos de desarrollo pueden citarse sus niveles efecti-vos de intercooperación social y económica, ya que



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éstos pueden mostrarnos hasta qué punto el creci-miento cuantitativo de estas entidades no ha sido a costa de cierta pérdida de especificidad como fórmu-las que generan una cultura de solidaridad impres-cindible para el éxito de las políticas de distribución equitativa de rentas y de crecimiento económico.

Además, habrá que sensibilizar más a las ins-tituciones públicas y privadas de estas tendencias para que reconozcan a los diversos interlocutores representativos de las empresas de trabajo asociado como referentes de una realidad social cada vez más amplia e inserta en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

NOTAS

1 Las leyes autonómicas más relevantes son: la derogada Ley 2/1985, de 2 de mayo, de sociedades cooperativas andaluzas (BOJA del 4) y la vigente Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Socie-dades Cooperativas Andaluzas (BOJA de 5 de mayo).

2 Entre las disposiciones que han marcado el desarrollo de las sociedades laborales hay que resaltar las siguientes: Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (BOE del 30). La Ley 15/1986 fue parcialmente modificada por el artículo 15 de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma par-cial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de sociedades (BOE del 27). Se introdujo el capital social mínimo fundacional de 10 millones de pesetas, aunque en las Disposiciones Transitorias se facilitaba la adapta-ción para las ya constituidas. Aunque no reformó su articulado, sí hizo necesaria una profunda reforma de la Ley 15/1986, la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada: la Disposición Adicional 7ª de esta Ley 2/1995 orde-naba al Gobierno la remisión en breve de un Proyecto de ley de Sociedades Laborales. Por último, tenemos la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales (BOE del 25, corrección de errores de 10 de julio). Regula la figura de la Sociedad Anónima Laboral con un capital social fundacional mínimo de 10 millo-nes de pesetas, y la Sociedad Limitada Laboral con un capital social fundacional mínimo de 500.000 pesetas. Su artículo 21, donde se regula el encuadramiento en el sistema de seguridad social de los socios trabajadores, ha sido redactado por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Acompañamiento a la de Pre-supuestos para el ejercicio 1999.

3 La Ley 1/1964 de 11 de febrero, aprobatoria del II Plan de Desarrollo, y la ley 22/72, de 10 de Mayo, que aprobó el III Plan de Desarrollo, hacen referencia a los mecanismos asociativos, para la unión o agrupación de Pequeñas y Medianas Empresas, pero sin que se llegara a establecer una regulación legal con-creta, ni se expresara la denominación de dichas asociaciones. Esta tímida regulación gubernamental se concretó más tarde en el acceso de este tipo de sociedades a la ayuda financiera del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Las Ordenes Ministe-riales dictadas anualmente por el Ministerio de Trabajo y Segu-ridad Social para desarrollar los programas del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, designaron a las uniones de empre-sarios como “Empresas Asociativas Laborales” a efectos de

la concesión de la asistencia económica y técnica prevista en dichos programas, hasta el año 1979, como “Sociedades Labo-rales” hasta el año 1983, como “Sociedades Anónimas Labo-rales” en 1984, y, de nuevo, como “Sociedades Laborales” en 1985, estableciéndose en todas las Ordenes los requisitos que habían de cumplirse para ser beneficiarias de subvenciones financieras. Sin embargo, esta voluntad política tuvo una débil resonancia en aquellos momentos puesto que no existían las condiciones objetivas y subjetivas que estimularan la partici-pación de los trabajadores en el capital de la empresa. En realidad lo que se pretendía era el fomento del accionariado obrero a través del mantenimiento de la estructura jurídica de la empresa.

4 Los datos de una encuesta del INFES (31/12/93) referida a todo el Estado mostraba las siguientes diferencias de hecho entre ambas formas jurídicas: 1) La presencia de trabajadores en el sector industrial era notablemente superior en las socieda-des anónimas laborales; 2) Las cooperativas de trabajo asociado tenían una presencia superior en la construcción y en los ser-vicios; 3) El número de trabajadores por sociedad era superior en las cooperativas de trabajo asociado; 4) En las cooperativas de trabajo asociado había mayor presencia de trabajadoras que en las sociedades laborales –el ratio trabajadores/mujeres era menor–; 5) El número de trabajadores sin cualificar era propor-cionalmente superior en las cooperativas de trabajo asociado; 6) El número de jóvenes –menores de veinticinco años– también era mayor en las cooperativas de trabajo asociado. En el Informe General del Libro Blanco se ofreció un análisis conjunto de las empresas de trabajo asociado españolas (CTA y SAL), que muestra una similitud de fondo entre la CTA y la SAL; más allá de sus abismales diferencias jurídicas los datos corroboran que la SAL es una empresa de trabajadores autogestionada por ellos mismos. Según estos datos, casi el 82% del capital social de las empresas SAL pertenecía a sus socios de trabajo y, además, dicho capital estaba repartido de forma muy igua-litaria entre ellos (el 83% de los socios de trabajo poseían la misma proporción de capital social). Por lo que respecta a los socios capitalistas, éstos poseían sólo el 17% del capital social, y existen razones para pensar que, en buena medida, se trataba de capital familiar. En efecto, el hecho de que dicho capital esté muy igualitariamente distribuido entre los “capitalistas” y que en las empresas SAL registradas en 1989 fueran mujeres el 58% aconseja aceptar la hipótesis de una fuerte presencia de capital familiar.

5 Los siguientes datos constatan esta diferenciación. Tres de cada cuatro sociedades laborales tienen menos de diez trabaja-dores, pero representan sólo un tercio del empleo que se genera en este sector. Por otro, un número reducido de sociedades labo-rales –que no alcanza el 7% (más de 25 trabajadores)– tiene una importancia en el empleo generado en torno al 37% (Monzón y Morales, 1997).

6 Así, en 1995 realizamos (Monzón y Morales, 1995) un mapa de sociedades laborales por Comunidades Autónomas combinando la dimensión media (9,8 trabajadores por entidad) y sector (industrial/servicios), en donde se distinguían cuatro tipo de Comunidades Autónomas según la combinación de ambas variables. Andalucía se encontraba en el grupo de Comunidades Autónomas con dimensión media inferior a la media nacional y predominio del sector servicios.

7 En un estudio financiado por la Fundación Fernando Garrido Tortosa intentamos contrastar en una muestra de 100



cooperativas de trabajo asociado andaluzas (Morales, 1999) hasta qué punto esta especialización productiva se ajustaba a cierta configuración organizativa. Se detectaron diferencias (con un nivel de significación del 99,9%, 95% y 90%) en el tamaño, origen, régimen de la seguridad social, nivel de definición e identificación con la misión empresarial y preocupación por los recursos humanos. Las tradicionales de producción se distin-guían predominantemente por su origen (de trabajadores de otra empresa o del paro), por su escasa preocupación por los recursos humanos, y por una misión empresarial comprendida sobre todo por los directivos. Las tradicionales de servicios eran pequeñas o medianas, también con poca preocupación por los recursos humanos, con trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social y con una misión definida, y compartida, pero en conflicto. Las profesionales eran pequeñas y de nueva crea-ción, predominaba el Régimen de Autónomos, la preocupación por los recursos humanos y una misión definida y compartida.

8 Se incluirían dentro de este grupo las siguientes activida-des: construcción y otras relacionadas, fabricación y actividades relacionadas con la madera, confección textil, metal, fabrica-ción y carpintería metálica, industria del plástico y papel, tipo-grafía y artes gráficas.

9 Las actividades que pueden situarse dentro de este grupo serían: alimentación, hostelería y repostería, transporte sanita-rio, mensajería, reparación y venta de maquinaria; transporte de viajeros; automoción, talleres y ventas de repuestos; limpieza.

10 Dentro de este grupo se sitúan actividades tan diversas como: actividades deportivas, educación, traducción e interpre-tación, autoescuelas, instalaciones eléctricas y fontanería, ase-sores, informática y aplicaciones.

11 El INFES ha venido elaborando, desde septiembre de 1993 y con carácter trimestral, información sobre las coopera-tivas y sociedades laborales en situación de alta en los fiche-ros de Códigos de Cuenta de Cotización y de Autónomos de la Seguridad Social. Las cifras que aquí se presentan son una sín-tesis de las periódicamente obtenidas, y hacen referencia bási-camente al comportamiento de estas sociedades de economía social y sus trabajadores en su ordenamiento geográfico y sec-torial. A nivel comparativo y para otros aspectos se ha utilizado el estudio de Monzón y Barea (1991).

12 A nivel nacional disponemos de datos para las sociedades laborales. La tasa de mortalidad de las sociedades laborales se acerca al 60%. En efecto, si comparamos los datos del Libro Blanco (1991) en los que se afirmaba que existían 3.472 enti-dades activas en el segundo semestre de 1990 de las creadas con anterioridad al 31-12-88 con un volumen de empleo de 54.343 trabajadores, y comparamos con los datos disponibles al 31-12-95 en el que el número de sociedades laborales que se habían dado de alta en la Seguridad Social ascendía a 1.450 con un número de trabajadores que se cifraba en 18.411, obte-nemos unas conclusiones algo desalentadoras. En cinco años habían desaparecido tres de cada cinco sociedades laborales, lo que supuso una reducción de puestos de trabajo de dos tercios sobre el empleo existente hace un lustro. Si se realiza un análi-sis a corto plazo (1995-1996) se observa cómo es en las socie-dades con más de dos años de antigüedad donde se produce un mayor número de defunciones, aunque el porcentaje de dismi-nución es bastante similar: una tasa de mortalidad anual para aquellas sociedades con al menos dos años de antigüedad del 6%. El impacto sobre la reducción de puestos de trabajo es

superior para aquellas sociedades laborales dadas de alta entre 1989-1991.

13 Esta estimación la hemos realizado con los siguientes datos: 300 empresas de nueva creación que sobreviven –tasa de mortalidad del 50%– a seis empleos fijos por empresa por término medio, más un aumento del 5% en la plantilla de las existentes, más el empleo generado con carácter eventual. Estas hipótesis nos situarían en unas cifras cercanas a los dos mil puestos de trabajo anuales.

14 Sin prácticamente haberse establecido, en el momento de la transicición política, estructuras democráticas en el coope-rativismo andaluz, en Andalucía se sintió la necesidad, en la década de los 70, de disponer de una organización representa-tiva que, partiendo de los principios internacionalmente acep-tados, fuera a establecer una alternativa de participación real al cooperativismo andaluz. Nace la Federación de Cooperati-vas Andaluzas (FECOAN) de la confluencia de dos grupos dife-rentes que buscan entonces similares fines. De una parte, la UTECO de Sevilla, fundamentalmente (junto con algunas coo-perativas aisladas de esa provincia) perteneciente al Movimiento Democrático de Cooperativas (MDC), que comienza a organi-zarse a partir de 1973 en diferentes puntos del Estado español. El otro grupo estaba formado por los asistentes a una Semana sobre Cooperativismo, celebrada en Madrid a principios de 1978, organizada por el Movimiento Rural de Adultos, en el que, a nivel andaluz, participaron representantes de cooperati-vas de las provincias de Granada, Málaga, Sevilla y Cádiz. Tras diversas reuniones y una gran Asamblea celebrada en Antequera el 11 de junio de 1978, y después de realizarse campañas por las provincias andaluzas y elaborados diversos temas, en el mes de diciembre de 1978, se celebra en Sevilla un Congreso constitu-yente del cooperativismo andaluz.

15 En su aspecto representativo, la decisión soberana corres-pondía a la Asamblea General, quien elegía a su Consejo Gene-ral, con representantes de cooperativas de todas las provincias andaluzas. Dicho Consejo General elegía, a su vez, al Consejo Ejecutivo (compuesto por 16 personas) y un Consejo Perma-nente integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero, el Secretario General, el Secretario de Información y Publica-ciones y el Director de la Escuela Andaluza de Formación Coo-perativa, organismo educacional y formativo de FECOAN.

16 Puede destacarse entre otras actividades, la reivindicación de la memoria histórica del Día Mundial del Cooperativismo, cuya celebración llega a producirse en distintos lugares emble-máticos –a nivel cooperativo– de la geografía (Fuentevaqueros, El Algarrobo, El Viso del Alcor, Trebujena...). En orden a pro-mocionar el cooperativismo como opción social y empresarial, FECOAN promovió la celebración, en 1983 y en Sevilla, la I feria nacional de cooperativas, con asistencia de más de 100 cooperativas, tanto andaluzas como de otras Comunidades espa-ñolas. Se publica la revista Andalucía Cooperativa. En cuanto a acción técnica, FECOAN estableció conciertos con distintos Gabinetes técnicos en provincias andaluzas, para el servicio de las cooperativas a esta organización asociada y luego fue desplegando una estructura de apoyo territorial. Por su parte, la Escuela Andaluza de Formación Cooperativa, iniciando sus actividades en 1979, vio pasar por sus aulas a más de 5.000 cooperativistas hasta 1985. En octubre de 1984, representantes de FECOAN asisten, especialmente invitados, al XXVIII Con-greso de la ACI, celebrado en Hamburgo, asistiendo al Pleno del mismo. Con motivo de ello, FECOAN pasa a formar parte, como



miembro número 22, del Buró Económico del Comité Agrícola de la ACI.

17 El FNPT fue creado, junto con otros fondos, por Ley 45/1960 de 21 de julio y en su exposición de motivos, después de señalar que “(...) la más alta justificación del alzamiento nacional consistió en el designio de implantar un orden social más justo, que acabara con las discordias que han ensangren-tado durante más de un siglo la historia de España, “justifica la creación del fondo a partir de” (...) las exigencias de una con-cepción cristiana de la sociedad y de la economía y apela a los principios católicos de la justicia social, tan hondamente arrai-gados en la conciencia del movimiento nacional”. No cabe duda que el contexto en que nació el FNPT era muy distinto del que emerge en la década de los ochenta, tanto en términos de estruc-tura (económica, social, política), como de coyuntura, pero es ilustrativa la anterior cita como modelo de una concepción cari-tativa o filantrópica del fenómeno cooperativo.

18 En 1981 se configuró la Unidad Administradora del FNPT, dependiente directamente del Ministro del departamento (Tra-bajo), experimentando notables variaciones. Así, los programas de ayuda se centraron cada vez más en el fomento del empleo a través de cooperativas y sociedades laborales, en las distintas modalidades y líneas de financiación. Además de la financia-ción que directamente ofrecía el FNPT, existía un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la CECA para el desarrollo de un programa de asistencia financiera a trabajado-res autónomos y sociedades cooperativas y laborales, por el cual los préstamos, concedidos por las Cajas de Ahorros Confedera-das eran subvencionados, en parte, por el FNPT. Puede decirse que la Unidad Administradora del FNPT ha sido la principal fuente de financiación pública para este tipo de cooperativas, tanto para el capital inicial como para el desarrollo, contem-plando esencialmente la financiación de activos fijos y la de capital circulante. Pueden destacarse, entre otros problemas de este instrumento y de sus respectivas medidas emanadas, la insuficiente financiación que suponían algunas líneas de apoyo, la lentitud en la concesión de las ayudas que, en algunos casos, dada su urgencia, suponía recurrir a créditos puente, y el alto nivel de morosidad de los beneficiarios, dada la mecánica esta-blecida para la asignación de garantías.

19 Por niveles de capitalización de las empresas, llaman especialmente la atención las enormes necesidades de financia-ción de las cooperativas de trabajo asociado cuyo inmovilizado por trabajador no alcanza las 200.000 pesetas. En esta catego-ría de empresas (la casi totalidad de ellas con pocos meses de actividad) las necesidades de financiación a corto plazo suponen 55.000 pesetas por socio (el doble de las deudas a corto plazo que quedan por rembolsar y poco más que el capital social) y las necesidades de financiación a medio y largo plazo 275.000 pesetas (diez veces más que las deudas por reembolsar). En total, con 330.000 pesetas por socio, estas cooperativas nece-sitan cuantías que suponen casi siete veces el capital social y que superan unas 20.000 pesetas las necesidades de las empre-sas cuyo inmovilizado por trabajador se sitúa entre 200.000 y 700.000 pesetas. Las cantidades necesitadas aumentan luego con la capitalización de las empresas, para llegar a un millón de pesetas cuando el inmovilizado por trabajador rebasa los dos millones (Haubert, 1984: 191).

20 En 1981, las empresas de trabajo asociado existentes a principio de año consiguieron aumentar en un 5% el número de sus puestos de trabajo fijo. Si se añaden los puestos de trabajo

creados por estas empresas constituidas en 1981 o que empeza-ron a funcionar este año, el aumento llega al 30% (descontando los puestos de trabajo suprimidos durante el año). Extrapolando los resultados de la encuesta al conjunto de Andalucía Occiden-tal, podemos estimar que en 1981 las empresas de trabajo aso-ciado crearon alrededor de 3.000 puestos de trabajo fijos. Pero habría también que tomar en cuenta unos 1.300 puestos de trabajo que corresponden a empresas de trabajo asociado formadas por agrupación de trabajadores autónomos o por conversión de una empresa privada en crisis –ya que dichos puestos casi seguramente hubieran desaparecido caso de no haberse formado la empresa colectiva–, así como más de 1.000 puestos de eventuales.

21 El mismo trabajo señala también algunos datos de su capacidad inversora, lo que revela el papel en el desarrollo de determinadas zonas de las empresas de trabajo asociado. Así cuando la empresas consideradas en la muestra cerraron el ejer-cicio con excedente neto (lo que ocurrió con el 42% de ellas, mientras que el 18% lo cerraron con pérdidas), más del 70% del importe, como promedio, se volvió a invertir en la empresa. Además, sea por autofinanciación o por recursos al crédito, el 80% de las empresas de trabajo asociado realizaron inversiones durante el año considerado. En total, en una Andalucía donde otro tipo de empresas se descapitalizaban a un ritmo acelerado, los trabajadores asociados aumentaron en un 18% el capital pro-ductivo de sus empresas e invertido en un año casi 200.000 ptas por trabajador. Extrapolando resultados al conjunto de Andalu-cía Occidental, y contando las inversiones nuevas y las amorti-zaciones, se puede decir que las inmovilizaciones realizadas por las empresas de trabajo asociado alcanzaron casi 5.000 millo-nes de pesetas (esto supone el 4% de la formación bruta de capi-tal fijo realizada por todas las empresas de la región). Además, limitándonos a las empresas que operan en el sector industrial, podría estimarse en un 8% su peso en todas las inversiones del sector y en un 20% su peso en las inversiones destinadas a la creación de nuevos establecimientos.

22 Constabamos la existencia de este tipo de cooperativas que surgen de sus propias cenizas (ave fénix), de la misma forma que A. Thomas (1984) lo manifiesta en su estudio de los resultados económicos de las cooperativas de confección en el Reino Unido durante el período 1975-82 (Thomas, 1984).

23 La historia de estas entidades se inicia con la constitución en 1963 de la “Sociedad Anónima Laboral Transportes Urba-nos de Valencia” (SALTUV) cuando los empleados de la “Com-pañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia”, a la vista de la próxima caducidad de la concesión y de lo que ello había de representar para su futuro, estudian y proponen, entre otras soluciones, la adjudicación de la futura concesión a una enti-dad autogestionada por los propios empleados bajo la forma jurídica de “Fundación Laboral” (FULTUV). La SALTUV pro-duce escuela. En Palma de Mallorca, el 4 de enero de 1968, se constituye la “Sociedad Anónima Laboral de Autobuses Inter-urbanos”, todas con la misma finalidad que su precedente: la explotación de transportes urbanos.

24 Ha de tenerse en cuenta no obstante el agravio compara-tivo, que fue subsanado con el Real Decreto 1043/1985 de 19 de junio, de la sociedades laborales respecto a las cooperativas de trabajo asociado, ya que los socios de éstas no tenían acceso a percibir las prestaciones por desempleo aunque se hubiese cotizado para recibirlas, mientras que los socios-trabajadores de aquellas sí. Sin duda, esto inclinaba cualquier proyecto de “sal-vación de una empresa” hacia una fórmula como la SAL, en



lugar de la alternativa cooperativa.

25 Continuar con el régimen laboral significa para este tra-bajador que ha optado por la permanencia de su lugar de tra-bajo mediante la adquisición colectiva de una empresa, lo que supone, entre otras, las siguientes consecuencias: continuar siendo trabajador por cuenta ajena, poder reclamar sus derechos laborales ante los tribunales, acceder a las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y percibir las prestaciones económicas y asistenciales, en caso de quedar en desempleo, y cumplir los requisitos requeridos por la normativa vigente. En definitiva, con-servar sin posibilidad de ser cuestionados, un conjunto de dere-chos frente a instituciones públicas como la Seguridad Social.

26 Puesto que ello significaba entre otros aspectos: (1) cubrir la necesidad de capitalización de la empresa recién adquirida (estos colectivos de trabajadores son muy conscientes de los problemas estructurales que padece la sociedad que adquieren, son conocedores de la necesidad de capitalización que requiere la empresa, y saben que, a corto plazo, difícilmente el nivel del excedente de explotación va a poder financiar inversiones que exige el proceso); (2) compartir los riesgos que conlleva cual-quier experiencia empresarial. Asimismo, y muy en consecuen-cia con lo que acaba de mencionarse, es el deseo de disminuir el riesgo personal de su experiencia empresarial al compartirlo con otras personas que no colaboran directamente en el proceso de producción. Las personas físicas o jurídicas que están apor-tando su trabajo en la unidad productiva son socios propietarios. Esto les permite participar tanto en el beneficio como en la ges-tión, en proporción al capital aportado.

27 Más del 93% de las cooperativas limitaba su actividad al montaje de las distintas partes componentes del producto según especificaciones del cliente cobrando un precio por ello, por lo que se encontraban totalmente alejadas de los circuitos de comercialización. Solamente 17 cooperativas elaboraban y ven-dían sus productos propios, normalmente como segunda activi-dad, pues también en estos casos la primera solía ser el montaje de piezas para terceros. Por tanto, se trataba de meras vende-doras de mano de obra, sin ningún poder de mercado y precio aceptables. El cliente de las cooperativas –fabricantes y distri-buidores de productos de confección– ejercía un dominio prácti-camente total en la transacción, tanto más si éste era único como ocurría en el 74% de los casos.

28 Pueden aportarse como ventajas de la descentralización productiva –además de la reducción de costes laborales– las siguientes: adaptar las necesidades de empleo a la demanda del producto; centrar su gestión económico-financiera en los elementos de naturaleza circulante; obtener una rentabilidad superior –no sólo por la reducción de costes–, sino porque se circunscriben más a la comercialización, donde se obtienen los mayores márgenes.

29 Estas condiciones pueden entreverse en los siguientes datos: (a) condiciones físicas: (más del 53% de las cooperati-vas tenían una jornada laboral superior a las 45 horas semanales –con casos en los que se alcanzaba las 55–, y el 28,5% de las cooperativas tenía un espacio disponible por trabajador infe-rior a los 7,5 m2, llegando en algunos casos a los 2,2 m2 por trabajador), (b) condiciones económicas (más del 75% de los trabajadores de estas cooperativas –los propios cooperativis-tas– se situaban en unos niveles retributivos inferiores al salario mínimo interprofesional, y en el 80,3% de los casos no existían diferencias salariales; además, algo más del 50% de las coope-

rativas investigadas no cotizaban a la Seguridad Social).

30 La cooperativa Sierra Nevada puede encuadrarse dentro de este tipo de experiencias. La cooperativa se crea en 1977 por trece socias para realizar la limpieza de locales y edificios. Los comienzos fueron duros, escaseaba el trabajo, no se cubría la jornada completa, ni salarios completos y se dieron de baja seis de los socios fundadores. A principios de 1979 se adopta una serie de medidas, que van a poner los cimientos para asentar la organización y su forma de gestión de la cooperativa: se designa el primer gerente, se redacta el primer reglamento de funcio-namiento interno y se consigue un contrato de limpieza con un ambulatorio de la localidad. Desde 1980 a 1987 la coopera-tiva experimenta un proceso de crecimiento paulatino en distin-tas variables económicas y sociales: adquiere un local (1980, 1984), elementos de transporte y maquinaria (1984), se afilia a una federación de cooperativas, se acometen actividades for-mativas, se reconocen económicamente a los trabajadores deter-minadas contingencias laborales (1985) y se alcanzan los 65 empleos y una facturación que supera los setenta millones de pesetas. En el año 1987 se produce una crisis interna por la dimisión de la presidenta y, posteriormente, de todo el Consejo Rector. También se ponen de manifiesto los primeros problemas de liquidez por el retraso en el pago de ciertos clientes, sobre todo los de naturaleza pública. Una vez superada esta crisis, la cooperativa experimenta un cambio cualitativo, adquiriendo una madurez empresarial y una imagen externa favorable como empresa importante en el sector. Así, inicia la década de los noventa. En 1991 se superan los doscientos millones de pesetas de facturación y los veinte millones de beneficios, que se capi-talizan íntegramente. En 1992, el importe pendiente de cobro alcanza los cien millones de pesetas y se tienen que aplazar los pagos de salarios y reducir los días de vacaciones, entre otras medidas. En 1993 los anticipos laborales sobrepasan por pri-mera vez las cien mil pesetas, pero la deuda con las Adminis-traciones sigue ascendiendo casi de forma inexorable, lo que obliga a tomar nuevas medidas para resolver este problema de liquidez. Recientemente fue reconocida como una de las expe-riencias cooperativas más importantes de Andalucía.

31 Se trata de una práctica generalizada en las cooperativas de trabajo asociado de cualquier sector y territorio (Direcció General de cooperació, 1986).

32 En el caso de cooperativas con mano de obra femenina –como las de confección textil– se dan casos de creación de guarderías laborales, ya que la maternidad constituye una de las causas más importantes de las bajas de sus socios.

33 De hecho el Libro Blanco de la Economía Social en España (1991) puso de manifiesto que el 76% de las cooperati-vas de trabajo asociado tenían menos de diez años de antigüe-dad, o lo que es lo mismo, fueron creadas en la década de los ochenta (dicho de otra forma, que sólo el 2% de las cooperati-vas tenían más de treinta años de antigüedad). Sólo siete Comu-nidades Autónomas poseían cooperativas con más de treinta años de antigüedad, destacando el País Vasco con casi un 10%, País Valenciano y La Rioja con un 7% y Castilla-La Mancha con un 5% de las entidades existentes en dichos territorios.

34 En los doce primeros meses de aplicación, cerca de 66.555 parados lo solicitaron y la cantidad media cobrada en estos meses por los trabajadores a los que se les reconoció el dere-cho fue de 932.200 pesetas, ascendiendo el importe total de los abonos efectuados a 54.317 millones de pesetas. No obstante,



el impacto real de esta medida en lo que respecta a las coopera-tivas de trabajo asociado fue el siguiente: sólo el 7,3% de los tra-bajadores a los que se les concedió esta capitalización, optaron por la fórmula cooperativa, ascendiendo al doble (14,0%) los que eligieron como forma societaria la SAL. Sin embargo, la salida profesional mayoritaria fue el trabajo autónomo (78,7%). Estos socios de cooperativas se concentraron en Cataluña (23,9%), Andalucía (17,0%), Comunidad Valenciana (13,0%) y País Vasco (10,3%).

35 Esta subvención equivalía al 30% del salario medio bruto de los trabajadores de la industria y se encontraba financiada al 50% por el FSE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respectivamente; tenían establecido un cupo para la Comunidad Autónoma andaluza (en el año 1986 de 620 rentas de subsisten-cia, de las cuales 347 fueron para jóvenes menores de 25 años y las 273 restantes para personas de 25 años o mayores).

36 A finales de 1983 la Consejería de Economía, Planifica-ción, Industria y Energía, elaboró el primer Plan Económico para Andalucía (PEA), que cubría el período 1984-86. El texto del Plan, publicado en 1985, constituía el soporte técnico y el desarrollo de la Ley 7/1984, de 13 de junio, aprobada por el Parlamento de Andalucía en sesiones que tuvieron lugar durante el primer semestre de 1984. En la misma línea de planificación económica se realizó el documento de trabajo titulado Programa Andaluz de Desarrollo Económico 1987-1990 (PADE), donde se plasmaron las directrices fundamentales de política econó-mica para el período que se menciona. El documento se estruc-tura en cinco capítulos en donde, después de realizar un Análisis General y comparado de la Economía Andaluza (sus proble-mas, la política regional española y comunitaria, etc.) se deta-llan los aspectos esenciales de cualquier programa: objetivos y estrategia, programas de actuación propiamente dichos, recur-sos para su ejecución y, por último, las fases de realización, con-trol y revisión. Si se compara el PADE con el Plan de 1984-86, los avances, en cuanto a concreción, son considerables en lo referente al cooperativismo. En el anterior Plan las referencias al cooperativismo se limitaban a la consideración de un objetivo intermedio (la creación de empleo mediante el fomento de coo-perativas) y las medidas clásicas de subvenciones (financieras, asistencia técnica y cursos) sin concretar más al respecto. Sin embargo, el PADE, a pesar del avance respecto a la cuantifica-ción que en él se realiza, no presenta ninguna novedad en torno a las medidas de fomento llevadas hasta el momento.

37 En 1986 el volumen de recursos gestionados por la Junta de Andalucía para la promoción y estímulo al cooperativismo fue de cerca de mil millones de pesetas (sin duda, superior al de cualquier otra Comunidad Autónoma). En otro orden de cosas, no llegaron al 6% las cooperativas de trabajo asociado que se beneficiaron de las ayudas financieras, siendo los sectores más beneficiados (absorben más de la mitad de las mismas): la acuicultura, la industria de la madera y la construcción. Años más tarde el nivel de ayudas se multiplicó por cuatro. Así en 1994 el Gobierno andaluz destinó 3.921 millones de pesetas en ayudas al cooperativismo, la mayor parte dirigidas a comple-tar la inversión empresarial (2.523 millones de pesetas), otras a subvencionar la creación de empleo, escuelas de empresas, complejos cooperativos y programas de promoción y forma-ción. En cuanto a las ayudas concedidas a la creación de pues-tos de trabajo, los empleos respaldados –que no creados– por dichas ayudas ascendieron a 2.856 puestos de trabajo.

38 Partiendo de la política crediticia seguida por el BCI que

nos aporta el análisis de los datos suministrados por su Memo-ria Anual de 1986, la entidad de crédito oficial dedicó 37.918 millones de ptas. a financiar PYMES, lo que supone un 14,8% de la actividad total del banco. Aunque estos datos pueden refle-jar el apoyo minoritario a la PYME, el incremento porcentual respecto al año 1985 de casi un 95% sobre el importe bruto concedido –en el que se incluyen las cooperativas, apoyo a las Zonas de Urgente Reindustrialización (ZUR), etc.– parece brin-darnos un cambio cuantitativo relevante en la política seguida hasta el momento. Podemos destacar como un aspecto sobresa-liente la línea 15/15, que fue un éxito rotundo, con un 41% del número de concesiones brutas y un 31 % del importe total de concesiones a las PYMES, que en términos generales representa un crédito medio de 5,5 millones. Sin embargo, en lo que res-pecta a la línea específica para cooperativas, se produjo una dis-minución del 50% aproximadamente. Esta cifra puede llevarnos a falsas conclusiones, puesto que la desaparición de líneas espe-cíficas de carácter subjetivo –es decir, atendiendo a su forma societaria– fue sustituida, dada su aceptación en el mercado, por líneas de crédito mejor adaptadas a su dimensión, a las cuales acudieron todo tipo de PYMES prescindiendo de su forma social.

39 La Ley 19/1989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Unión Europea (y, en consecuencia, el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) introdujo modificaciones sensibles en el régimen de las sociedades laborales: el capital mínimo, para las de constitución posterior a la Ley, era de diez millones de pesetas suscritos, de los que tenían que estar desem-bolsados desde el principio al menos el 25%, debiéndose des-embolsar el resto “en el plazo que se fije en los Estatutos”. En cuanto a las que ya estaban constituidas cuando se promulgó la Ley, antes del 27 de Julio de 1993 habían de alcanzar un capital mínimo de cuatro millones de pesetas (desembolsando al menos el 25%) y tenían de plazo hasta el 31 de diciembre de 1996 para ampliarlo hasta diez millones. Además, introduce una serie de requisitos legales y obligaciones registrales, que originan un coste muy sensible para las empresas pequeñas. Esta modifica-ción de su regulación legal incidió gravemente en la figura de la Sociedad Anónima Laboral (SAL), puesto que al devolver a la sociedad anónima (SA) su naturaleza de gran sociedad de capi-tales, le quitó a la SAL la naturaleza que le corresponde como más propia de pequeña sociedad de personas. Así, de hecho, a partir de la entrada en vigor de esta nueva regulación, sólo las empresas con un cierto tamaño adoptaron la forma de SA, tomando las pequeñas la de SAL, y en consecuencia se frenó en seco el desarrollo de este tipo de empresa social en lugares donde la creación de pequeñas empresas era predominante. En cuanto a las ya existentes en aquel momento, aunque la Ley les concedió a éstas unos plazos más amplios para cumplir las nuevas exigencias, respecto a los de otras SAL esta ventaja no fue suficiente y muchas SAL tuvieron que transformarse en Sociedades Limitadas (SL). Por falta de información ade-cuada y, en algunos casos inducidas interesadamente por agen-tes externos, se estima en al menos un 35% el número de SAL que se transformaron en SL durante el período 1990-93, man-teniendo un reparto accionarial similar o idéntico al de la SAL (Millana, 1996).

40 En efecto, a partir de 1991 se inicia el cambio de ten-dencia y en 1992, 1993 y 1994 se vuelve a recuperar el ritmo normal de creación de SAL, con incrementos del 40% en 1992,



31% en 1993 y 22% en 1994.

41 Tal es el caso de Velociclo. Seis socios fundadores –unos, en una situación de desempleo con necesidad imperiosa de encontrarlo, y otros, estudiantes universitarios con una gran inquietud por el autoempleo, pero sin formación en el ámbito empresarial– deciden en 1995 crear una empresa de mensajería urgente con bicicletas. El proyecto parte de la convicción de que es posible satisfacer las necesidades en materia de mensa-jería, intermediación y comunicación de las personas y orga-nizaciones a las cuales se sirve, a través de un servicio más personal y humano, promoviendo el respeto del medio ambiente y la implicación personal y colectiva. El gran problema inicial, como ocurre en la mayoría de las nuevas experiencias, fue la falta de solvencia económica para comenzar el negocio. Este problema fue solucionándose, en parte, trabajando en precario en otras empresas con el fin de destinar los salarios a aporta-ciones de capital social, durante el tiempo que se estaba ges-tando la idea. Además, se consiguieron Bonos Solidarios. Los valores sociales del ecologismo y su difusión se transforman en misión distintiva de la experiencia y nexo de unión entre sus componentes. El asamblearismo, la participación en la vida ciu-dadana y en las redes organizativas relacionadas con su activi-dad, solía ser su tónica habitual de funcionamiento. A pesar de los reconocimientos, su buena imagen y reputación e incluso premios a nivel autonómico, la iniciativa fracasa cuatro años más tarde. Quizás lo social ha pesado más que lo económico y el componente utópico más que la visión empresarial.

42 Como ocurrió en el caso de Midelqueso a comienzos de 1996, cinco promotores minusválidos deciden crear su propio negocio como alternativa a las dificultades que tenían para acce-der al mercado laboral. Siempre con la ayuda de la Escuela de Empresas, presentan un proyecto de viabilidad para la fabrica-ción de quesos artesanales. Dicha entidad les asesoró en materia empresarial (técnica y burocrática); además facilitó a los pro-motores la asistencia a los cursos de Elaboración artesanal de quesos y Maestro quesero. Aproximadamente transcurre un año y medio entre la constitución de la cooperativa y su puesta en funcionamiento. En este tiempo la cooperativa obtiene la calificación como Centro Especial de Empleo (junio del 96); recibe la resolución aprobatoria de subvención por un importe de 9.162.795 ptas. para la creación y puesta en marcha del Centro Especial de Empleo (Diciembre del 96); recibe la resolu-ción aprobatoria de subvención a la inversión de la Dirección General de Cooperativas de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía por un importe de 9 millones de pesetas (marzo del 97); y se empieza la construcción de las instalacio-nes en una parcela de 1.500 m2. En noviembre de 1997 se inau-gura las instalaciones y empieza a funcionar produciendo una gama variada de quesos (queso fresco y queso semicurado de leche de vaca, de cabra, de oveja y de mezcla; y queso curado de leche de cabra y de oveja), siendo el producto estrella el queso puro de leche de oveja según la receta tradicional de la comarca. A pesar de las dificultades propias del proyecto, sus socios promotores han sabido integrar diversos factores para la consecución del mismo: la creencia en las posibilidades de las personas discapacitadas, el aprovechamiento de los recur-sos naturales, la apuesta por unas inversiones óptimas para el desarrollo de la empresa, la búsqueda de la financiación y política de autofinanciación, una actitud de formación e información continua de sus componentes, y una decidida apuesta por la calidad. Está previsto en los próximos años duplicar sus cifras de ventas, así como aumentar la produc-

ción diaria de los 600 kilos hasta los 1.400 kilos en los cinco queso artesanales que fabrica y un aumento de plantilla hasta los doce puestos de trabajo.

43 Esto no es exclusivo del territorio andaluz. En España el promedio de creación de este tipo de entidades supera las 1.500 con un número de socios en su constitución próximo a los 10.000. Sin embargo, el ritmo de creación de entidades cooperativas de trabajo asociado ha ido disminuyendo en la última década como demuestra el predominio de tasas negati-vas. Excepto el periodo comprendido entre 1992 y 1994, donde se alcanza el máximo número de entidades (2.560) y de socios (13.491), la evolución en la creación de las cooperativas de tra-bajo asociado ha ido en descenso.

44 Conviene precisar que, si bien la sociedad anónima labo-ral aglutina a nivel nacional el 47,4% de entidades y el 72,0% del empleo, el crecimiento espectacular de sociedades labora-les se debe a las sociedades limitadas (son el 90% de las crea-das desde 1998).

45 De esta forma, en el período considerado casi se ha redu-cido casi a la mitad: de siete socios de media por empresa de trabajo asociado creada en 1988 a cuatro socios por entidad constituida en 1999.

46 El 51,4% de las cooperativas y el 64,2% de las sociedades laborales creadas en 1999 se formaron en el sector servicios. Además, en el caso de las sociedades laborales el peso de la pro-porción de empresas creadas en el sector industrial ha caído del 43% en 1991 al 18% en 1999.

47 Sobre la acepción sociológica de la noción de “capital social” hay una extensa bibliografía. Remito la lector al número monográfico de la revista Zona Abierta (2001) de reciente publi-cación, coordinado por A. De Francisco y F. Herreros. Sobre la aplicación del enfoque del capital social a los procesos de desa-rrollo, puede verse Moyano (2001).

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cooperativismo de trabajo asociado en andalucia

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