Título del trabajo: Convergencia y medios públicos en Argentina. Un recorrido por la historia conceptual de lasConvergencia y medios públicos en Argentina. Un recorrido por la historia conceptual de las

genealogíasgenealogías

Apellido y Nombre de los autores/as: Fernández, Paola Elisabet.

Institución de pertenencia: Universidad Nacional de Quilmes

Año de elaboración del artículo: 2014

Roque Sáenz Peña, 352. CP: 1876. Quilmes, Argentina

E-mail/teléfono: fernandezp28@gmail.com. Tel: (011) 365-7100 int 452.

Tel particular: (011) 1538430399

BREVE RESEÑA: Paola Fernández es Lic. En Comunicación Social y actual maestranda de la Maestría en Industrias

Culturales: política y gestión, ambos por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Es auxiliar académico de la materia

Políticas de Comunicación, a cargo del Dr. Martín Becerra en la UNQ y profesora titular de la materia de Nuevas

Tecnologías de la Información y la Conectividad en educación secundaria. Actualmente, se encuentra en proceso de

tesis de maestría, cuyo tema es la Industria Editorial digital en Argentina y los procesos de concentración emergentes,

cuyo tutor es Dr. Martín Becerra.

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Convergencia y medios públicos en ArgentinaConvergencia y medios públicos en Argentina

Un recorrido por la historia conceptual de las genealogíasUn recorrido por la historia conceptual de las genealogías

Resumen: El presente trabajo, de carácter descriptivo, analiza el sistema de medios públicos en Argentina a partir de

la complejidad de su mercancía -simbólico y material- y las tensiones que surgen para su regulación. Desde esta

concepción, el presente trabajo abordará las estrategias comunicacionales, desde la perspectiva de la convergencia,

como espacios de mediación donde las audiencias interactúan con los contenidos. El objetivo de estas líneas apunta a

trazar un marco de situación de los medios públicos desde la perspectiva del derecho a la comunicación, para luego

establecer los parámetros en los que se inserta en la era de la convergencia. Esta decisión se fundamenta en que, para

contextualizar las características de las emisoras públicas en Argentina, es necesario rastrear las tensiones en las que

se desarrolló el concepto de manera global. Esta caracterización permite pensar la comunicación como derecho

habilitante. El propósito descriptivo del trabajo radica en unificar la historia argentina de la televisión pública y contribuir

a los estudios de la cultura que con ella trabajan, con el objetivo de analizar desde una perspectiva integral las

complicaciones para su consolidación, aún en pleno proceso de conversión tecnológica.

Palabras Claves: Políticas de Comunicación, Televisión, Sistema de Medios Públicos, Convergencia

Abstract: This paper, descriptive analyzes the public media system in Argentina from the complexity of symbolic

goods-and-materials and tensions that arise for their regulation. From this view, this paper will address the

communication strategies from the perspective of convergence, as intermediaries where audiences interact with the

content. The objective of this note aims to outline a framework for public media situation from the perspective of the right

to communicate, and then set the parameters in which is inserted in the era of convergence. This decision is based on

that, to contextualize the characteristics of public broadcasters in Argentina, it is necessary to trace the tensions in the

concept developed globally. This categorization suggests communication as enabling right. The descriptive purpose of

the work is to unify Argentina history of public television and contribute to studies of culture to her work, with the aim of

analyzing in a comprehensive way for consolidation complications, even in the process of technological conversion .

Keywords: Political Communication, Television, Public Media, Convergence

1.-Introducción:

Nunca es del todo cierto decir que en las sociedades modernas, cuando se hace evidente una necesidad social, se encuentra una tecnología

apropiada para ella. Esto sucede, en parte, porque algunas necesidades reales están (en algún período en particular) más allá del alcance del

conocimiento científico existente o previsible. Más aún porque la pregunta clave sobre la respuesta tecnológica a una necesidad es menos un

interrogante sobre la necesidad en sí misma que sobre su lugar en una formación social existente

Raymond Williams 1973:881

1 En Televisión, tecnología y cultura, Buenos Aires: Paidós.

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Desde sus orígenes, la televisión ocupó un lugar trascendente en el desarrollo de la sociedad y las Industrias

Culturales. Desde su constitución como industria, con las especificidades que contiene (costos fijos altos y costos

variables tendientes a cero, prototipos únicos, necesidad de reproducción a escala para percibir ganancias y demanda

aleatoria, entre otros) (Zallo, 1988), también se ha legitimado como caja de resonancia y multiplicadora de sentidos

(Martín Barbero, 1984). Sin embargo, seria incompleto hablar de su evolución -como dispositivo de recepción y

mediación social-, sin hacer un recorrido por los contextos en los que emerge en los diversos territorios.

Desde esta premisa, es necesario anclar los debates en torno a la televisión desde su complejidad, ya que el doble

valor de su mercancía -simbólico y material-, marca las tensiones que surgen para su regulación, dada las

transformaciones sociales que implica. Desde esta concepción, el presente trabajo abordará las estrategias

comunicacionales, desde la perspectiva de la convergencia, como espacios de mediación donde las audiencias

interactúan con los contenidos, a partir de los aportes de Raymond Williams (1984), quien adelantara que las

tecnologías emergentes son invenciones del hombre para satisfacer necesidades sociales y que alteran, a su vez, las

relaciones de tiempo y espacio.

En consecuencia, el recorrido apuntará a entender cómo los medios de comunicación, específicamente la televisión,

modifican las relaciones sociales. Porque lo que implica la digitalización y las interacciones en las redes sociales, son

alteraciones en las relaciones tiempo y espacio. Relaciones inmediatas, dinámicas, aleatorias y efímeras para algunos,

cambios radicales para otros2. Tal como caracterizara Elíseo Verón (2012), “lo emergente resulta, cada vez, del

surgimiento de un nuevo dispositivo técnico -desde el momento inaugural de la talla de instrumentos de piedra hasta

Internet- que genera un fenómeno mediático inédito, el cual modifica y complejiza la manera en que se exteriorizan-

materializan los procesos cognitivos de la especie”. (pp: 93)

En paralelo, las disputas latentes bajo el concepto de la Sociedad de la Información, medios públicos y convergencia

han sido históricamente enfocados por separado. Se desprende de esta afirmación, sobre todo en lo que respecta a

políticas públicas -entendiéndolas como el “conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de

intervención del Estado en relación a una cuestión que concita atención, interés y movilización de otros actores de la

sociedad” (Oszlak; O`Donnell, 19904)- su enfoque necesario como conjunto integral de planificaciones que consideren

la complejidad en la que la práctica se desarrolla.

En este sentido, es trascendente indicar que las políticas públicas de comunicación, comprendidas como “un conjunto

coherente, integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente

de principios dirigidos a guiar las instituciones de comunicación de un país” (Beltrán, 19745), connotan se manera

intrínseca, la noción de la comunicación como un derecho, a la vez que funciona como un derecho habilitante. Es decir,

las políticas públicas de comunicación deben ser transversales a todas las políticas públicas, ya que brinda información

sobre los derechos básicos de los ciudadanos y permite el control de los mismos sobre las acciones de gobierno.

En este marco de situación, el análisis de la convergencia en los medios públicos habilita repensar el enfoque desde

2 En palabras de Carlos Scolari (2013),”ese estado de gran fragmentación de dispositivos y textual, es una situación interesante. Siempre les digo a mis estudiantesque nos encontramos en un momento fascinante para trabajar y estudiar la comunicación. Es como ser escultor en Florencia en el 1500. Tener la profesión justaen el momento justo”. (En prensa). Entrevista publicada por el portal de la Universidad Abierta de Cataluña, España. Recuperado de http://ht.ly/meb5U.

3 En Carlón, M.; Fausto Neto, A. (comps). La política de los internautas. Nuevas formas de participación, Buenos Aires: La Crujía, pp:9-174 En Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Publicado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES),

Buenos Aires, Documento G.E, 1981, pp:112-1135 En Exeni, J.L. (1998). Políticas públicas para la comunicación pública. En Políticas de comunicación, Fundación La Paz

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las políticas públicas, a fin de comprender si las estrategias digitales implementadas en los mismos cumplen con la

parámetros internacionales que rigen las políticas públicas de comunicación, -de acceso y participación (Rossi, 2000)-,

a fin de identificar sus fortalezas y debilidades, así como futuras líneas de acción.

No obstante, en lo que respecta a la Argentina, los medios públicos se encuentran atravesados por contradicciones

tanto reglamentarias como políticas, producto de las controversias entre el sector privado y los gobiernos de turno, así

como las “relaciones peligrosas” coordinadas entre ambos actores. Desde esta perspectiva, retomar el análisis desde el

derecho a la comunicación, con el adicional del fenómeno de la convergencia, permite repensar la genealogía de los

medios públicos, sus funciones, alcances y limitaciones en la actualidad.

2.-Convergencia y Televisión

La evolución histórica de los diversos países de América del Sur en la dimensión socio-económico-política, y particularmente en la propia

televisión, establece marcos, más o menos rígidos, dentro de las cuáles se formulan aspiraciones y se establecen misiones a los medios públicos.

Por lo tanto, la misma definición de televisión pública, su gestión y programación no son definiciones establecidas canónicamente por la tradición

de las regiones de Europa, EE.UU. o Japón, sino que se enmarcan en las contingencias de América del Sur

Valerio Fuenzalida, 2013, pp: 85-8667

Los medios masivos de comunicación constituyen en sí mismos prácticas sociales contenidas en lo público y privado,

que no pueden reducirse a otras formaciones. El acto de ver televisión y navegar en la red es una práctica social, por lo

cual, el recorrido propuesto en estas líneas nos llevará a identificar las principales corrientes que caracterizaron las

tecnologías de la información y la comunicación -en adelante TIC-, como herramientas inherentes a las prácticas del

hombre. Pero también, en aquellas corrientes que consideraban a las tecnologías como elementos que alteraron la

sociedad. En otras palabras, la contraposición entre el determinismo tecnológico y social8, que ayudará a comprender la

complejidad en la apropiación de las tecnologías por parte de los Estados. En este punto, es necesario describir los

antecedentes para comprender el contexto convergente.

El objetivo de estas líneas apunta a trazar un marco de situación de los medios públicos desde la perspectiva del

derecho a la comunicación, para luego establecer los parámetros en los que se inserta en la era de la convergencia.

Esta decisión se fundamenta en que, para contextualizar las características de las emisoras públicas en Argentina, es

necesario rastrear las tensiones en las que se desarrolló el concepto de manera global. Esta categorización permite

pensar la comunicación como derecho habilitante. En palabras de Nicholas Garnham (1990), la radiodifusión pública

constituye uno de los intentos más serios por llevar adelante una redistribución más igualitaria de los intercambios

simbólicos: su justificación radica en su superioridad para ofrecer a todos los ciudadanos, -cualquiera sea su

localización geográfica-, igual posibilidad de acceso a una amplia gama de entretenimiento, información y educación de

alta calidad, así como en la posibilidad que otorga al programador de satisfacer los diversos gustos de la audiencia y no

sólo aquellos que proporcionan los mayores beneficios.

Sin embargo, sería insuficiente analizar el concepto de servicio público por sí mismo si no se delinean las raíces en

Latinoamérica -la noción del servicio en la región esta atravesado por los modelos europeos y estadounidense9- y

6 Instituto de Estudios sobre la Comunicación RTA (editores) (2013). Pensar la televisión pública. ¿Que modelos para América Latina? Buenos Aires: La Crujía.7 En Pensar la televisión pública. ¿Que modelos para América Latina?, Buenos Aires: La Crujía

8 Cfr: Williams, R. (1973).Televisión, tecnología y forma cultural, Buenos Aires: Paidós.9 Cfr: Van Cuilenburg, J.; McQuail, D. (2005). Cambios en el paradigma de la política de los medios. Hacia un nuevo paradigma de políticas de comunicación. En:

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cuáles son las incertidumbres que enfrenta en la actualidad. Desde este anclaje, uno de los principales aspectos a

desarrollar será el sentido democrático de los servicios públicos en el nuevo ecosistema comunicacional que presenta

una creciente tendencia mercadocéntrica. Si a este marco de situación se agregan los procesos de digitalización, que

imponen un entorno sobreabundante de recursos comunicacionales, los medios públicos se encuentran en la disyuntiva

de adaptarse a las transformaciones vigentes, en las cuáles emergen tensiones políticas, económicas, culturales y

tecnológicas.

3.-Aproximaciones a la genealogía de las políticas de comunicación

Las primeras dinámicas de cooperación internacional se dieron entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX

(Garnham, 1991). En materia de telecomunicaciones, el gran acuerdo a nivel internacional fue el crear el tendido

eléctrico para poder conectar las redes telefónicas en el mundo, lo cual marcaría los primeros indicios de la Sociedad en

red (Castells, 1995). En consecuencia, los Estados Nacionales cedieron en su soberanía al adoptar el estándar

telefónico impuesto a nivel internacional. El pacto global consistió en el reparto del espectro radioeléctrico para dividir

las frecuencias y evitar las interferencias de las emisiones, división que quedó bajo la decisión de la Unión Internacional

de Telecomunicaciones (en adelante UIT)10 El período se caracteriza por la cooperación internacional, ligadas a la

intención de comunicar los mercados a nivel global, pero las decisiones “tierra adentro” continuaron en manos de los

respectivos gobiernos nacionales. Es decir, la UIT establecía las divisiones del espectro para evitar superposiciones y

garantizar servicios -así como la venta de aparatos tecnológicos que impulsaba el sector privado-, pero los actores que

operaban en cada región, así como a quienes eran otorgadas las licencias para explotar los servicios de radiodifusión

-en definitiva, las políticas de comunicación- eran responsabilidad de los Estados Nacionales (Mastrini, Mestman, 1999).

Un segundo momento se puede establecer desde la época de la posguerra hasta la década del 80 (Van Cuilemburg,

McQuail, 2005), con dinámicas socio-políticas orientadas hacia la discusión de los derechos humanos. En materia de

comunicación, esta discusión es representada en el debate del Nuevo Orden Mundial de la Información y la

Comunicación (NOMIC), cuyo organismo clave a nivel internacional fue una organización de la Organización de las

Naciones Unidas (ONU) : la UNESCO.

En este contexto, en la primera mitad de la década del '70, tiene lugar la primer sub-instancia, que los autores

denominan “formalista” (Graziano, 1986; Argumedo, 1987), que se sintetiza en la implementación de políticas públicas

que dotaran de herramientas legales para cumplir con los lineamientos propuestos por el NOMIC. Entre los aspectos

centrales, se encuentra la marcada concentración geográfico-económica que constituía un diagnóstico inicial sobre la

estructura de los medios de comunicación en América Latina, así como la dependencia tecnológica y de contenidos,

consecuencia directa del bajo desarrollo tecnológico de la región y la ausencia en la producción de contenidos propios.

De estas líneas se desprende que el mercado publicitario era muy pequeño -incluso la época está marcada por las

tensiones entre los empresarios gráficos y los de medios audiovisuales, ya que aumentaban las plataformas de

European Journal of Communication Nº 18, pp: 181-20710 La UIT es la institución encargada de administrar el espacio finito del espectro para todas las comunicaciones globales. Paradójicamente, en ella participan los

sectores privados más importantes del mundo y funcionarios públicos. No participa la Sociedad Civil y su inserción en territorio estadounidense establece dudasen cuanto a la objetividad y descentralización en la toma de decisiones. Cfr: Becerra, M. (2005). Las políticas de infocomunicación ante la Cumbre Mundial de laSociedad de la Información. En Cuadernos del CAC Nº21, Instituto de la Comunicación (InCom) de la Universidad Autónoma de Barcelona y Consejo delAudiovisual de Cataluña (CAC), Barcelona, p. 125-139. Recuperado de www.audiovisualcat.net/publicaciones/Q21cas.html

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distribución de información pero no los auspiciantes-, razón por la cual no alcanzaban a amortizar los altos costos que

infería la producción nacional11.

Una segunda sub-instancia que se identifica en esta época es a mediados del '70, que se denomina “contenidista”

(Argumedo, 1987; Graziano, 1986) En 1976, tiene lugar en San José de Costa Rica una conferencia intergubernamental

de políticas de comunicación del territorio latinoamericano, apadrinada por la UNESCO, donde se establecen las

matrices necesarias para la democratización de las comunicaciones. Es en esta línea donde emergen los conceptos

que formaran parte de las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), cuyas nociones claves son las categorías de

acceso -intervención estatal para garantizar la mayor cobertura del servicio, en respuesta al diagnóstico referido a la

concentración geográfica que indicaba una desigualdad en el alcance en territorio- y participación -referido a la

intervención de la sociedad en la adopción de políticas de comunicación y producción de contenidos propios,

representativos de la región, en respuesta a la variable de concentración económica y dependencia de contenidos

identificada en la región-. A estos dos conceptos centrales, surge un tercero que los complementa y que emerge con

fuerza, que es el de Servicio Público (Graziano, 1986). Se considera que los medios de comunicación no deben regirse

bajo la lógica comercial y se exigen otras matrices de desarrollo que impulsen el sector. La idea que se desglosa de

aquí es la separación de los medios que pertenecían a la esfera de los gobiernos y generar la noción de lo público, con

criterios que se tracen en contra de la concentración y fortalezca la producción local.

A partir de la década del 80, la nueva orientación va a ser en base a criterios económicos. La corriente liberal impone

las reglas de juego y las políticas de comunicación se encuentran atravesadas por las corrientes privatizaciones y la

concentración de la propiedad, en desmedro del carácter democrático que identifica la comunicación. Distintos

organismos internacionales buscaran fomentar el libre mercado a nivel mundial. El organismo clave de la época es la

Organización Mundial del Comercio -OMC, cuyo antecedente es el GATT12-. Este periodo marcó las tensiones entre los

diversos actores- Sociedad Civil, Empresas, Gobiernos- y conceptos hasta llegar a la Sociedad de la Información. Por

un lado, hablamos de procesos de transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas, y por otro de la aparición

de diversos relatos, tanto a favor como en contra de las tecnologías de la información y la comunicación.

Es en este punto donde surgen dos corrientes claves: el determinismo tecnológico y el social. El primero refiere a las

tecnologías como motor transversal a todos los procesos de producción, que dinamizaría la economía e impulsaría

mejoras sociales (Nora, Minc, 1981; Castells 1995). Este punto podía interpretarse como apresurado para la época, ya

que en efecto, el reemplazo en las fábricas de los medios de producción por nuevas herramientas no estaba al alcance

de ser apropiado por todos los operarios, lo que condujo crecimiento en la tasa de desempleo (Katz, 1995). La segunda

corriente refiere a la emergencia de la tecnología como respuesta de una necesidad social, la cual altera las relaciones

sociales y de producción en función de las apropiaciones que el colectivo de individuos realice de ellas (Williams, 1984).

En efecto, la corriente se enfoca en como los seres humanos adoptan los dispositivos en vigencia y reformulan su

11 Tal como reconoce Ramón Zallo (1992), una de las características principales de las producciones audiovisuales son los altos costos fijos que tiene larealización de un prototipo y los bajos o nulos costos variables. Si a este punto se le agrega la aleatoriedad de la demanda, el resultado es que la produccióninternacional o enlatados, donde el contenido viene con éxito de audiencia probado en el mercado local, resulta más barato

12 El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT), es un tratado internacional firmado el 30 de octubre de 1947. En 1986, una reunión convocada por elGATT en Uruguay, aprobó una declaración que marcó el inicio de una ronda de negociaciones comerciales multilaterales, que habría de conocerse como"Ronda Uruguay". Esta reglamentación imponía como objetivos la sustitución y ampliación del conjunto de acuerdos sobre el comercio internacional vigenteshasta la fecha. Uno de los aspectos más trascendentes fue la incorporación por primera vez del "sistema multilateral de comercio", que implicó la inserción detemáticas excluidas hasta el momento, en los que se destacan el comercio de servicios y la propiedad intelectual.

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interacción social -laboral o personal-.

Las transformaciones en el aspecto geopolítico, se rastrean en la caída del Estado de Bienestar, que se caracterizó

por la intervención activa del Estado en la promoción de mejoras sociales. La base del proyecto se fundamentó en un

aumento de los salarios y la consolidación de los sindicatos como base en la organización de los trabajadores, lo que

infería un aumento en el nivel de producción. Este modelo de Estado tuvo su auge desde 1945 hasta principios de la

década del 70, cuando surgen con fuerza los postulados neoliberales. Luego de la crisis del petróleo (197313) que

jaqueó el sistema capitalista, se comenzó a debatir sobre las funciones adoptadas por el Estado como garante del

modelo económico vigente. En este sentido, los argumentos expresaban que las crisis socio-económicas, que afectaban

sobre todo a Europa, se debían a que el Estado debía dejar de intervenir en la economía, no solo como controlador

sino también como generador y distribuidor de riquezas, ya que estas últimas funciones implicaban cuantiosas

inversiones de los mismos y dejaban sin ganancias a las grandes empresas. De esta forma se ponía en lugar central,

para la salida de la crisis, a la reducción del gasto público y la privatización de todo ente estatal.

En paralelo, se gesta el proceso tecnológico que marcaría los años posteriores, cuya base se rastrea en la disciplina

electrónica, dentro de la cual convergen la informática y la microinformática (Nora; Minc, 1981). El proceso clave de este

desarrollo tecnológico se lo denominó digitalización (Becerra, 2000), que viene a reemplazar los sistemas análogos

hasta entones conocidos. La gran diferencia entre los dispositivos tecnológicos “tradicionales” y los digitales radica en

su capacidad para almacenar información y sus alcances. Así, los sistemas análogos, parten de la transformación de

diferencias de un elemento en una reproducción eléctrica análoga a la fuente originaria14. En este sentido, una de las

principales limitaciones es su estructura física -material- y los alcances del soporte, derivados de su estructura.

Por otra parte, los sistemas digitales fragmentan la señal y la codifican en un sistema binario de ceros y unos (0 y 1).

Hay una mejora en la calidad de la señal, a la vez que permite su compresión, de manera que ocupe un lugar mucho

menor en la banda de transmisión. Esto hace que toda propiedad de almacenamiento multiplique su capacidad debido a

la codificación del sistema digital. Este es un punto clave en lo que respecta al proceso de digitalización y que permite

repensar las categorías de acceso y participación con las políticas públicas idóneas: dado el carácter finito del espectro,

el fenómeno abre la posibilidad de emitir, en un mismo ancho de banda, mayor cantidad de señales, con lo cual los

limites estructurales de los cables de transporte y difusión de datos ya no es un impedimento para la multiplicidad de

actores en el esquema mediático.

Al mismo tiempo, surgen discursos que empiezan a construir la arquitectura de las nuevas relaciones sociales de

producción. La noción de Sociedad de la Información le otorga el poder a aquellos individuos o grupos sociales que

posean el conocimiento, para lo cual la comunicación será un eje fundacional. La información será en este proceso el

capital más importante; quien tenga la información, tendrá el poder o más poder de negociación.

Desde esas premisas, los primeros ensayos de interconexión, se rastrean a partir de la década del '60 -y que luego

configurarían la estructura de Internet-, con la lógica que buscaba eliminar la centralidad de la producción de

13 Los países árabes, agrupados bajo la nomenclatura de Países No Alineados, aumentan el precio del barril de petróleo y bajan la producción, lo que también serelacionó con la caída de la tasa de ganancia. Con esta carta bajo la manga, los países buscaran negociar un nuevo orden de la información, reconociendo lacentralidad hegemónica de los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial y el desigual flujo de la información.14 El sistema analógico de registro de sonido también se empleó en base a la luz, en relación a la sonorización de las películas de cine. En este caso, se trataba de un rayo de luz corriente , que pasaba a través de un pequeño orificio y se proyectaba sobre la película que iba pasando frente a él, que tenía fotografiados distintos grados de negro o gris, que reproducía análogamente las vibraciones del sonido.

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información para constituirse en una arquitectura de red con muchos nodos.

Comienza a aparecer la idea de que serán estas nuevas tecnologías las que constituyan las bases de un nuevo

modelo social. En el marco del capitalismo estancado, con un sistema de producción fondista agotado, se necesitaba un

nuevo paradigma de acumulación. Se enfoca entonces la atención en las corrientes que impulsan las TIC como

herramientas que constituirán un nuevo sistema de acumulación y reproducción del capital, que se identifica bajo

diversos denominadores: aldea global, sociedad en red, sociedad del espectáculo, sociedad post-industrial15. Este

sistema se forma bajo la promesa de ser la nueva tracción del capitalismo; y por otro promete fomentar una mayor

democracia.

Esto conforma un imaginario particular y da lugar a un proceso de fetichismo de las tecnologías: se espera de ellas

promesas que no solo dependen del desarrollo tecnológico (es decir, la democratización dependerá de sus usos y de

las futuras regulaciones), sino de las apropiaciones que realicen los ciudadanos y los gobiernos de las mismas.

En paralelo a la explosión de la digitalización como fenómeno tecnológico, en la década del ´90 surge lo que se

conoció como el “Consenso de Washington”, que buscó recuperar las ganancias de los acreedores y desplazar a todas

las regiones del mundo las políticas económicas impuestas por los países desarrollados. La “propuesta” consistía en un

paquete de medidas, bajo la forma de programa económico, que los países latinoamericanos deberían aplicar para

impulsar su crecimiento. Una de las propuestas principales es la privatización de las empresas públicas; y en particular

del sector de las telecomunicaciones. En Argentina, el inicio del proceso está marcado por la privatización de los

canales de televisión 11 y 13, entregados respectivamente a Télele y Artear, dada las modificaciones a la Ley de

Radiodifusión 22.285 a través de la Ley de Reforma del Estado. Este dato no es menor, ya que ejemplifica la

trascendencia de los medios de comunicación para legitimar un modelo político-económico de gobierno

Desde esta perspectiva, la Organización Internacional de Telecomunicaciones (OIT) –organismo de la Naciones

Unidas-, va a ser uno de los principales impulsores de las privatizaciones. Con la excusa argumentativa de la

renovación tecnológica, se plantea que la única forma de modernizar el sistema es con las privatizaciones, ya que se le

adjudica al sector privado la capacidad de ser el único capaz de afrontar las inversiones que implica la innovación

tecnológica-. Este discurso neoliberal, junto con el discurso democratizador sobre el nuevo tipo de sociedad que

impulsarían las nuevas tecnologías y el desarrollo económico a través del sector servicios que las mismas facilitarían,

consolidan para el año 1994, el proyecto conocido como Sociedad de la Información (Castells, 1995).

Allí confluyeron las tensiones entre lo que Estados Unidos se postulara como Autopistas de la Información y Europa

como la Sociedad Global de la Información. La década del '90 coincide con momentos paradigmáticos de definición del

modelo europeo y norteamericano en torno al rol privado que habrán de tener los sistemas de telecomunicaciones.

En 1994, Buenos Aires es sede de la Conferencia de la OIT con la presencia del entonces vicepresidente

estadounidense Albert Al Gore. En este encuentro, el funcionario estadounidense expone la resolución de su país de

pasar de un sistema nacional de la información a un sistema global de las autopistas de la información, para lo cual se

consideraba imprescindible la privatización de las telecomunicaciones y la liberalización de los mercados. Así, de una

política nacional se pasa a una internacional que tendría que quedar en manos privadas, con tensión existente entre

15 En realidad, es incorrecto hablar de post-industrialismo. En sentido estricto, lo que impulsan las tecnologías aplicadas a la producción tanto de materias primas como se servicios, es fomentar los nuevos bríos del industrialismo, enfocado en esta etapa al sector servicios (Mastrini, Mestman, 1999)

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países, ya que las principales empresas se encuentran radicadas en territorio estadounidense.

Manuel Castells (1995) argumentaría que el aumento de información será la que maximice la producción -aunque no

logra trazar como sería el nuevo modelo económico de reproducción de capital-. Esto se basa en el desplazamiento de

las empresas, en cómo cambia el modo de producción y la reproducción de capital. Es, en otras palabras, el planteo de

Giles Deleuze -en función de crítica al proceso- en lo que refiere al cambio de la fábrica por las empresas, enfocado en

la modificación de las relaciones sociales emergentes, en el cambio del operario -que se identifica por sus capacidades

técnicas- al empleado -sujeto al trabajo mecánico impuesto por su empleador-

En este marco de situación surge la noción de Convergencia, dada la unificación de todas las fuentes de información

en un sistema digital. Lo que aparece como potencia es que cualquier tipo de señal puede ser traducida al código

binario y por ende transmitida en un mismo canal. Sin embargo, no va a resultar fácil es como eso se transforma en una

tecnología de uso social. Todos los adelantos e innovaciones tecnológicas eran aplicados a la producción en las fábricas

y mejoras en la comunicación de las empresas, pero se dificultaba legitimar un uso social de esa tecnología que

alteraban las relaciones laborales. Se infiere aquí que cada innovación tiene lógicas de uso y reglamentaciones

diferentes. La problemática surge del modo en cómo se regulan medios diferentes que convergen en un mismo soporte.

4.-Políticas de comunicación: un modelo para América Latina

Desde su concepción, el sistema de medios en América Latina se vieron condicionados por los marcos regulatorios de

dos modelos antagónicos de servicio público: el europeo y el estadounidense. Como se conoce, la región está

atravesada por las tensiones latentes entre las decisiones y negociaciones adoptadas por estas regiones (Becerra,

Mastrini, 2001)

La genealogía de los medios de comunicación masiva en Europa se caracterizó desde sus inicios por su consideración

como servicio público16. Esta instancia resultó decisiva para la conformación del sistema, ya que los aspectos iniciales

son los de mayor dificultad de ejecutar. Dada la importancia del servicio y las limitaciones de infraestructura para llevarlo

a cabo, fue el Estado el administrador de las frecuencias y quién estableciera los parámetros del servicio. Este aspecto

es fundamental a la hora de entender los conceptos de Políticas de Comunicación -en adelante PC- y luego las Políticas

Nacionales de Comunicación -en adelante PNC-: este modelo se basa en la concepción del derecho a la comunicación,

pero también en no dejar en manos de privado la regulación de un servicio como la comunicación. En este sentido, se

establecieron privilegios para la construcción del incipiente sistema de radiodifusión (Mastrini, 1995):

Régimen de monopolio, para garantizar la entrega de servicio que a su vez, no fuera competitivo. De esta

manera, se impulsaba la participación de los privados y un mercado potencial de audiencia para cada licenciatario.

Fuente de financiamiento, independiente y estable, que le permitiera a los medios públicos reemplazar la lógica

de venta por publicidad como las de las emisoras privadas. Esto va en relación directa con el punto anterior: dado el

doble mercado que presenta los medios de comunicación -como Industria Cultural-, tanto de anunciantes como de

audiencias, este modelo garantizaba de alguna manera la convivencia entre todos los actores participantes en el

16 Cfr.: Van Cuilenburg, J.; McQuail, D. (2005). Cambios en el paradigma de la política de los medios. Hacia un nuevo paradigma de políticas de comunicación.En: European Journal of Communication Nº 18, pp: 181-207

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espacio mediático sin que esto deje como rehenes de la disputa a las audiencias.17. Esta fuente radicaba en un

impuesto a cada ciudadano que comprara aparatos receptores, derivado luego a una caja de recaudación especial para

costear el servicio. Desde esta perspectiva, el canón generaba una vinculación particular entre el ciudadano y el

sistema: no se abona por obtener el derecho, sino para hacer posible la transmisión y la cobertura nacional.

Como contraprestación a los privilegios mencionados, existían una serie de obligaciones que los medios públicos

debían cumplir:

Servicio universal. Se basa en la llegada a todo el territorio nacional sin discriminación en el tipo de servicio y

oferta. Está relacionado al principio de igualdad -no excluyente-de toda la ciudadanía de recibir el servicio.

Programación equilibrada: diversa, representativa de los gustos y necesidades de todos los sectores sociales.

Esto posibilito la producción de programas educativos, culturales, informativos y entretenimientos de calidad, donde los

intereses de las minorías fueron incluidos en la parrilla de programación.

Defensa del interés y la cultura nacional: este es uno de los puntos complejos que enfrentaron las emisoras, ya

que la definición del interés nacional depende de quién sea el actor interpelado. Sin embargo, este punto se caracterizó

por priorizar la producción de contenidos nacionales de productores locales. Esto no excluyo, sin embargo, la emisión

de programación extranjera, pero se impulsó la producción propia antes que la compra de enlatados.

Por su parte, el modelo estadounidense se identificó con la conformación de un sistema comercial privado. En este

contexto, el Estado solo era responsable de la administración de las frecuencias, las cuales otorgaba a los privados a

través de licencias. Los sistemas de medios públicos en Estados Unidos quedaron limitados por la conformación de este

modelo, signado por el financiamiento por publicidad, las disputas entre los anunciantes y audiencias -sistema

competitivo-, resolución que impulsó la concentración de propiedad en detrimento de la calidad en la programación y el

derecho a la comunicación.

En América Latina, se adoptaría un modelo híbrido de ambas propuestas: parte de la constitución del sistema continuó

la línea impulsada por Estados Unidos comercial-privada, pero en paralelo desarrolló una radiodifusión de propiedad

estatal -no pública-, signada por el marcado sesgo gubernamental con el que emerge18

5.-Políticas Nacionales de Comunicación: un enfoque desde el territorio

Luego de identificar las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y políticas que atravesó la televisión desde

su emergencia, se identifica la necesidad de conceptualizar el carácter público de los medios de comunicación, para

luego poder desarrollar las estrategias convergentes en los medios públicos de comunicación en Argentina.

A tales fines, el concepto de PNC -acuñado al calor de los debates por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la

Comunicación entre los años 1970 y 1980- que, como se ha mencionado (Ver p: 4), implicó pensar las acciones directa

de los Estados nacionales en la creación de dispositivos o herramientas legales con el fin de garantizar los aspectos de

acceso y participación que se infiere, tienen los medios de comunicación en so doble valor: simbólico y material.

17 Cfr.: Mastrini, G. (1995). Servicio público en Europa, dinámica de un concepto. En Revista Causas y Azares Nº 4. 18 La televisión se inició por iniciativa del gobierno -no pública- con la transmisión el 17 de octubre de 1951 del acto por el día de la lealtad peronista.

Simbólicamente, este acontecimiento marca los manejos discrecionales de los gobiernos de turno en función de los intereses que cada uno tenia para con losmedios bajo su órbita.

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Desde este marco, el concepto de lo público que se retoma para efectuar estas políticas -olvidadas gracias al avance

de gobiernos neoliberales, procesos de concentración, centralización y desnacionalización de la propiedad (Becerra,

2000), pero que vuelven a la agenda en 2006- es el delineado por Antonio Pasquali (1986), que implica comprender la

relación entre el Estado y los medios, en el que propone que la comunicación y la cultura son problemas económicos a

la vez que políticos, y no encapsular el debate en torno a los emisores, canales y receptores. Se parte de pensar las

relaciones propietarias de los medios en un contexto integral donde convergen las políticas públicas y culturales. El

servicio público de radiodifusión constituye una organización fundamental para proveer a las sociedades modernas de

una herramienta comunicacional que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos. Si el comienzo

del siglo XXI está marcado por la transición de la radiodifusión analógica a la digital (Becerra, 2012) y una tendencia

mercado-céntrica en las políticas de comunicación, es fundacional analizar cómo se estructura el sistema de medios

para identificar si se cumplen las categorías para lo cual son concebidos.

Se plantea aquí a la apropiación de tecnología como una herramienta de mediación que debe ir acompañada de un

proyecto integral común (convergencia cultural). La tecnología no representa un fin en sí mismo, ya que el impulso

democratizador de la misma es posible con la aplicación de políticas públicas que acompañen sus potencialidades de

emancipación.

En términos generales, Antonio Pasquali (1986) caracterizó las características de un sistema integral de medios

públicos, de cara a las necesidades de América Latina y propone que deberían basarse en una doble independencia:

económica y política.

La independencia económica remite a que los criterios de programación que no se limiten a criterios que corresponden

a la lógica comercial. Esto no supone olvidar que hay una economía de la radiodifusión, pero sí que no puede ser el

único criterio organizativo. Por otra parte, la independencia política refiere a que el servicio público no debe depender de

la esfera gubernamental. Desde la óptica del autor, resulta fundamental establecer una identidad entre la sociedad y las

emisoras de servicio público, de lo que resulta fundamental su desglose de la esfera gubernamental.

El filósofo y comunicador venezolano agrega la necesidad de que la financiación del sistema de radiodifusión provenga

de fondos pertenecientes al erario público, y garantizar un vínculo entre el que financia y el que emite. El objetivo de

este punto es que la programación no dependa exclusivamente de la recaudación publicitaria, lo que permite la

complementariedad con el sector privado. El objetivo radica en generar alternativas, porque si el único criterio de

financiamiento es el publicitario se genera una gama muy acotada de contenidos. Otras características son la idea de

alcance nacional (universalidad del servicio) y el federalismo (desconcentración y deslocalización de la producción)

En lo que refiere a las categorías de acceso y participación, intrínsecas al concepto de lo público, Diego Rossi (2000)

sistematiza sus aspectos en función de los objetivos propuestos por la UNESCO en 1977 en la reunión en Belgrado19,

con la intencionalidad de dotar de mayor contenido a las propuestas de las PNC que se impulsaban a nivel mundial en

general y en América Latina en particular. De este modo, sus objetivos se fundaban en lograr un ciclo progresivo de

consecución de valores comunes a todas las naciones que adoptaran el modelo propuesto.

En este sentido, una de las premisas fundamentales del concepto es que la noción contempla la garantía de acceso

19 Cfr Argumedo, A. (1987). Los laberintos de la crisis. Anexo: breve reseña cronológica del debate internacional sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información ylas Comunicaciones, Buenos Aires: Punto Sur,

11

universal del servicio, es decir, la universalidad en su prestación, lo cual implica su llegada a la totalidad de habitantes

del territorio. En consecuencia, la categorización de este nivel básico permite la clasificación de dos factores que la

componen:

Elección: posibilidad de recibir al menos una señal audiovisual; y

Retroacción: posibilidad de interacción entre productores y receptores de programación y la intervención del

público en la transmisión de los programas. Este punto es clave a la hora de definir una de las potencialidades de la

convergencia tecnológica en lo que refiere a los medios públicos.

En el marco de la participación, el autor distingue tres niveles con la presencia activa de actores sociales:

Intervención de la población en la producción de mensajes: posibilidad de que el público, grupos o individuos generen

contenidos y dispongan de espacios donde emitirlos.

Intervención en la toma de decisiones respecto de la programación de una o más señales: poder en la toma de

decisiones sobre la programación de las emisoras.

Contribución para la formulación de políticas públicas: nivel asociado a la capacidad que tienen los poderes ejecutivos

y legislativos de una nación de poder debatir y consensuar políticas de comunicación.

Desde estas categorías de análisis, el desarrollo de Internet y los servicios de convergencia incorporan una variable

interesante a la esfera de la participación, ya que plantean un potencial democratizador en cuanto se considera que

abarata los costos de producción y difusión, al tiempo que permiten una mayor interacción. Sin embargo, las políticas

públicas deberán apuntar a la descentralización del acceso por conectividad, disponer equipos e impulsar las diferentes

capacidades del uso de la red.

6.-De la creación de políticas públicas a su implementación: las marcas de fuego del primer canal argentino y

público20

Si la televisión argentina pudiera psicoanalizarse y tuviera que narrar su infancia, destacaría como marcas de origen el

uso gubernamental del canal estatal (Canal 7), el temprano protagonismo del fútbol en la pantalla, la relación directa

entre anunciantes privados y programación, así como la terciarización de contenidos en productoras ligadas al mercado

publicitario y al aparato estatal. Todo esto, a partir del 17 de octubre de 1951, cuando la televisión criolla emitió como

primera imagen el balcón de la Casa Rosada con Juan y Eva Perón. La cámara que grababa el festejo del Día de la

Lealtad peronista en el bautismo del canal oficial era operada por un empresario, Jaime Yankelevich, y por un pionero

de la radio en 1920, Enrique Susini.

Martín Becerra, 2013: en prensa21

El 17 de octubre de 1951 marcó el nacimiento de la televisión en Argentina con la primera transmisión de un acto del

gobierno del General Juan Domingo Perón. Esta inauguración marcaría a fuego la historia de primer -y el único hasta

20 Dada las acciones del Estado impulsadas por Juan Domingo Perón durante su primer mandato en 1945, así como también para garantizar las inversionesnecesarias en el sector, el control de los medios lo relegó a manos privadas afines ideológicamente, por lo cual, Canal 7 estuvo un año, entre 1957 y 1958, bajoadministración privada, bajo la tutela del peronista Jorge Antonio. Cfr: Mindez, L. (2001) Canal 7: medio siglo perdido, Buenos Aires: Ciccus/La Crujía.

21 En Medios públicos, más allá de la consigna, publicado en Perfil el 31 de mayo de 2013. Disponible enhttp://www.ambito.com/suplementos/viernes/noticia_suplemento.asp?ID=690893&Seccion=Secciones%20Especiales Última visita: 20 de junio de 2014.

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2007- canal de televisión público en el país, ya que: “si algo le faltaba al gobierno para tener el control de la información

era el dominio de la televisión, tarea que por decisión directa de Perón fue encomendada a Jaime Yankelevich” (Arriba,

2005:8622) así como también las contradicciones regulatorias. Un dato ejemplifica lo dicho: no hay documento legal que

registre el origen de Canal 7 (Mindez, 2001).

Como registro de las contradicciones latentes en lo que refiere a los medios de comunicación, la televisión llega al país

diez años después de su origen en Estados Unidos e Inglaterra -cuando la radio fue pionera en la región-, pero también

tarde con respecto a América Latina, donde México, Cuba y Brasil, iniciaron transmisiones en 1950. Este aspecto es

clave para comprender la dependencia tecnológica que marcaría la historia de la televisión argentina.

El modelo de comunicación adoptado a los fines del gobierno estuvo atravesado por la fuerte intervención del Estado,

consecuente con las políticas públicas impulsadas en los procesos económicos y sociales. Durante la presidencia de

Perón, entre las medidas más significativas, el Estado creó la Agencia de Noticias Telenoticiosa Americana (TELAM23) y

aprobó la primera -y única hasta el 2009- Ley de Radiodifusión en 1953. En este sentido, la oportunidad de designar al

sistema de medios como público se desperdició al designar el sistema como de Interés Público. Tal como expone Sergio

Arriba (2005), “se precisó el servicio de radiodifusión como de “interés público”, desatacando que el Poder Ejecutivo

podría autorizar la particulares su prestación mediante licencias sujetas a condiciones establecidas por la Ley”, así

como también se destaca que “la definición tuvo presente no colisionar con la concepción de servicio público que regía

en ese momento” (p: 89). Esto significó que los servicios públicos pertenecían en esencia al Estado y bajo ningún

concepto podrían ser cedidos para su explotación a terceros. En esta perspectiva, la primera Ley de Radiodifusión en

democracia estará marcada, tanto en el plano simbólico como legal, por el sesgo gubernamental para consolidar y

legitimar en la opinión pública al gobierno. Desde un plano interpretativo, se infiere que la sanción de la ley correspondió

a los objetivos a largo plazo pensados por el General Perón para la construcción y aleación ideológica de su imaginario

político.

La Ley creó el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) y el Servicio Internacional de Radiodifusión (SIR); así como su

dependencia del Ministerio de Comunicaciones. Con condicionamientos en la programación, dada la censura previa

estipulada en el Art 1, el gobierno peronista estableció, tras la implementación de políticas públicas, toda la normativa

necesaria para regular la estructura de propiedad del mapa mediático. Ya en 1954, el llamado a licitación para la

explotación de tres redes de radiodifusión24 terminaría de conformar un modelo argentino de gestión: las contradicciones

entre el marco legal, por un lado y su implementación, por otro. Dado que la Ley establecía que el llamado a licitación

debía ser dentro de los 90 días de la promulgación de la misma -lo que en efecto no ocurrió-, la Revolución Libertadora

revocó las licencias por, paradójicamente, incumplir una norma que luego derogarían en 1955. A fuerza de sinceridad,

los militares se adecuaron a la Ley vigente en el momento de tomar el poder.

Vale mencionar que las tres redes de radiodifusión hasta la fecha eran privadas y que el Estado asumió la potestad del

derecho de las frecuencias -con la opción de revocarlas ante incumplimientos de los licenciatarios, según las normas

22 El peronismo y la Política de Radiodifusión. En Guillermo Mastrini (editor). Mucho Ruido pocas leyes. Economía y políticas de comunicación en Argentina (1920-2004), Buenos Aires, La Crujía, pp:71-100

23 Podría interpretarse la creación de esta Agencia de Noticias como respuesta a las nociones del NOMIC con respecto a la descentralización de la información ysu independencia de los países hegemónicos -Estados Unidos e Inglaterra, principalmente-. A su vez, es correlativa con la noción de Perón en lo que respecta ala comunicación, ya que concebía al Estado como interventor directo de todo lo que tuviera relación con la comunicación, a fin de filtrar aquella información queatentara contra los intereses de su poder.

24 Decreto Nº 9.967/54, firmado el 16 de junio de 1954 y publicado en el Boletín Oficial 9 días después.

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establecidas-. Esta estructura conformaría una red de cabeceras, centralizadas en Buenos Aires y de retransmisión al

interior. Así, una frase que caracterizó la primer Ley de Radiodifusión y el sistema de medios vigente es: “los medios

salían de la égida del Estado y se quedaban en el área de gobierno” (Russovich; Lacroix, 1986)

Bajo esta perspectiva, se marca la gran contradicción que tuvo el sistema de medios desde sus orígenes. Si la

televisión nació bajo iniciativa gubernamental -no pública-, la radio -su antecesora tanto en términos tecnológicos como

reglamentarios- fue por iniciativa privada. Las diversas motivaciones que dieron origen a ambos medios en la Argentina

marcan la ambigüedad con la que se caracterizó el sistema, la explicación de la adopción de un modelo mixto -entre el

europeo y estadounidense- y la complejidad para su regulación, así como también la complejidad en la adopción de un

verdadero servicio de comunicación pública.

Así, “en la primera presidencia de Perón (1946-1952) se formó un sistema extraordinario de medios de comunicación y

en la segunda presidencia (1952-1955) se regularizó y normatizó a la radiodifusión a partir de la sanción y leyes

sustanciales. El resultado de ambas etapas fue la formación y consolidación de un proceso de concentración,

centralización y regulación ideológica” (Arriba, 2005:9825)

En este sentido, se perdió la oportunidad de consolidar un sistema de medios de comunicación consecuente a su

calidad de derecho público. Sin embargo, lo que se desprende de la regulación y las acciones vigentes es la

trascendencia del servicio como legitimador de opinión, así como su conversión en herramientas intrínsecas para

consolidar los objetivos del gobierno. Ya desde sus inicios, la televisión pública en particular y el sistema de medios en

general, quedaría identificado por el uso propagandístico y gubernamental -sin muchas diferencias en términos

conceptuales con las apropiaciones por parte de la dictadura-, alejándose tanto del modelo de servicio público europeo

-en su calidad cultural-, como del estadounidense -ya que tampoco se consolidó en su carácter comercial-. Como diría

Mafalda26, "El hombre poco a poco ha ido logrando dar rienda suelta a su libertad de limitarse."

Diez años después y Golpe Militar mediante, con la autodenominada Revolución Libertadora27, surge en el país la

televisión privada comercial y termina con la hegemonía de la televisión pública. Impulsada por la dictadura, el origen

del sector privado en Argentina marca la correlación de fuerzas, así como la complicidad entre los actores privados y los

gobiernos militares, tal como sucedería en el ´76 con Papel Prensa28. Este proceso estuvo atravesado por la derogación

de la Ley adoptada en democracia y la sanción de un decreto reglamentario en 1957, cuyos objetivos eran básicamente

tres: la erradicación de todo resabio peronista, la nacionalización de los medios de comunicación -la ley impedía el

ingreso de capitales extranjeros- y la transmisión en red, habilitada por el peronismo para garantizar la llegada a todo el

territorio argentino. De los tres objetivos planteados, la Revolución Libertadora saldría airosa solo en el primero. De

estas líneas se desprende una apreciación que marcaría los años futuros y las relaciones establecidas: la televisión

comercial surge bajo el mandato militar de la denominada “dictablanda”, lo que se podría identificar como premonitorio a

la hora de entender la cooperación entre los sectores privados y los gobiernos militares. Y este no es un dato más. Los

militares siempre entendieron la necesidad del manejo de los medios de comunicación a la hora de instalar un discurso

25 Ibídem26 Personaje de historieta argentina creado por Joaquín Salvador Lavado –más reconocido por su apodo, Quino- en 196227 Encabezada en 1955 por Eduardo Leonardi y sucedida en 1958 por Pedro Eugenio Aramburu.28 Los dueños y directivos de los tres diarios más importantes de la Argentina, Clarín, La Nación y La Razón, se apropiaron, en complicidad con el Estado

terrorista, de la única empresa productora del insumo para la producción de diarios. Cfr Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli (2010). Silencio por sangre. Laverdadera historia de Papel Prensa, Buenos Aires: Miradas al Sur.

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único -a fuerza de sinceridad, Perón que provenía del mismo entorno también lo tuvo claro-, pero sobre todo la

necesidad de complicidad con el sector comercial privado. Así, el servicio de radiodifusión fue declarado de interés

público y se determinaron las bases para el próximo llamado a licitación, donde se incluía la privatización de las radios

comerciales que se hallaban en manos del Estado y la adjudicación de licencias para instalar canales de televisión

(Mastrini, 2005). Esto ejemplifica la decisión de los militares en confiar la administración de los medios a actores

privados, que definen al sistema de medios por la concentración de la propiedad, la rearticulación de las cadenas y la

participación de capital extranjero -aunque estos dos últimos puntos estaban expresamente imposibilitados por la

regulación en vigencia-. Sin embargo, se interpreta así que los negocios con el sector privado fueron claves a la hora de

legitimar los Golpes de Estado en Argentina.

En efecto, luego del gasto público en la inversión inicial para la experimentación de la televisión por parte del Estado y

cuando comienza su consolidación como medio masivo -en Argentina la población era de 17.876.954 habitantes y

existía una cantidad aproximada de 7.000 aparatos de televisión- (Graziano, 197429), la política implementada por los

militares consistió en la apertura del llamado a licitación para el desarrollo de la televisión privada. Los tres nuevos

canales de televisión del área metropolitana de Buenos Aires -9, 11 y 13- quedaron atrapados en la disyuntiva entre la

falta de conocimiento acerca del medio que estaba en vías de desarrollo y los altos costos necesarios para su

financiación -dada la necesidad de invertir en equipos para iniciar las transmisiones-. En consecuencia dada la

imposibilidad por ley de permitir la inversión extranjera, así como la transmisión en red -esto implicaba producir solo

para Capital y no poder retransmitir para el Interior, lo que paradójicamente imposibilitó la llegada de la televisión pública

a las audiencias del interior-, se creó la figura de las productoras de contenidos, cuyos responsables eran las cadenas

estadounidenses NBC, ABC y CBS30. En paralelo, canal 7 se veía atravesado por deudas, debido a su gran inversión

inicial para transmitir, así como la migración de su plantel actoral y técnico a los canales privados, no sólo bajo la

promesa de mejores pagos, sino porque los mismos estarían en tiempo y forma. Bajo esta línea, la programación se

basaba en un híbrido entre lo comercial y lo cultural, sin tener una correcta noción de ambos. Lo comercial no era

atractivo para la audiencia ni para los anunciantes, mientras que lo cultural no era representativo de la ciudadanía.

Es a mediados de la década del '60, más precisamente en 1962, que se inicia el mercado de la televisión por cable en

las provincias del interior. Dado que por la época solo se podía ver televisión en Capital Federal, el área metropolitana y

algunas ciudades del interior -más allá de la hegemonía de la radio como dispositivo de información y comunicación de

masas-, surge por iniciativa privada -al igual que la radio- la televisión por cable. La primera experiencia se realizó en

noviembre de 1963 en el barrio de Villa Cabrera, en la localidad de Córdoba, y el primer permiso se otorgó un mes

después. Tal como afirma Gustavo Bulla: “El sistema de televisión por cable, tal como la conocemos hoy, con una gran

multiplicidad de señales entre locales e internacionales, y oligopolizado en su estructura de propiedad a través de un

puñado de grandes operadores, debió esperar hasta la década del '80 para iniciar su expansión, tecnología satelital

mediante. Una década atrás, a fines de los '60, eran 29 lo sistemas de cable desparramados por el territorio argentino,

lo cuál de alguna manera le dieron origen al sofisticado sistema actual” (2005:132). Desde este punto, es pertinente

considerar, en lo que respecta a la emergencia de la televisión por cable, más allá del salto tecnológico que significó,

29 En Los dueños de la TV argentina. En Revista Comunicación y Cultura, Nº3, Buenos Aires: UBA.30 Cfr: Mastrini, G. (2005). El antiperonismo como factor clave de los inicios de la televisión privada argentina. En Mastrini, G. (Editor), Mucho Ruido, Pocas Leyes.

Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004), Buenos Aires: La Crujía, pp:101-111

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que surge por iniciativa privada dada la ausencia de una política de Estado que garantizara la universalidad del servicio.

La retirada hacia fines de la década del '60 de los capitales extranjeros, debido a la saturación del mercado en el país

por un lado y en respuesta a una estrategia económica de las grandes productoras de consolidar su negocio en Estados

Unidos, por el otro, marcó un quiebre en el sistema mediático argentino Este marco aceleró el proceso de estatización

de las emisoras y productoras locales, iniciada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse y cuyo fin se identifica

durante el mandato provisorio de María Estela Martínez de Perón31. Esto configura uno de los modelos para la televisión

argentino como no se había presentado hasta el momento. Tal como definen Rodolfo Morone y Diego de Charras

(2005), “el proyecto incluía el modelo de servicio público, un desplazamiento de los contenidos hacia una televisión de

carácter complementario, una mayor participación de las organizaciones de los trabajadores del sector, del poder

legislativo y otro tipo de entidades, disminución de la carga publicitaria, mayor producción nacional y más contenidos

culturales” (p: 126). Vale aclarar, que la estatización de los medios se impuso en líneas de negociación iniciadas por

Juan Domingo Perón con los sindicatos y los empresarios de los medios, antes de su muerte el 1 de julio de 1974.

Finalmente, los medios se estatizarían y cercenarían todo ideal cercano al servicio público. En consecuencia, los cuatro

canales líderes en producción y distribución de contenidos en el país, conformarían las principales herramientas que

favorecerían al Proceso de Reorganización Nacional, la dictadura que mayor sangre derramó en la historia argentina.

6.1.-La televisión se emite con sangre: los medios y la conversión tecnológica entre el crimen y la impunidad

del Estado

El 24 de marzo de 1976, la Junta Militar compuesta por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo

Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, toman el poder y plantean la necesidad de reorganizar la sociedad bajo

nuevas estructuras políticas y económicas. En lo que respecta a los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas se

repartieron el control de los medios32.

Con la intención de contrarrestar el poder que la Armada ejercía sobre los medios, el Ejército puso bajo su mando a la

Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), este último como organismo

de control de los contenidos. A su vez, la SECOM, que dependía del Ministerio de Economía, era quien mandaba en el

sector de las comunicaciones. Tenía bajo su órbita la prestación del Servicio Oficial de Radiodifusión (LRA Radio

Nacional) y del Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), la administración y el control del espectro

radioeléctrico y participaba de los aspectos técnicos que se relacionan con los servicios de radiodifusión sonora y

televisiva (Postolski; Marino, 2005)

Bajo este contexto, la fuerte acción del Estado impulsó la conversión tecnológica principal de la década, a través de

Canal 7 y la inversión multimillonaria en equipos -la última hasta el 2005- para la transmisión del Mundial de Fútbol de

1978. En este marco de situación, se puede argumentar una inferencia no menor: si la ausencia de políticas públicas

audiovisuales no fueron implementadas por, omisión o decisión de los gobiernos democráticos, para garantizar el

31 María Estela Martínez de Perón –conocida como Isabel-, asume la presidencia tras la muerte de Juan Domingo Perón dada su condición de Vicepresidenta- Seconsideran en estas líneas su mandato como provisorio dada su destitución bajo el Golpe de Estado de 1976. Más allá de lo subjetivo, las emisoras detelevisión fueron estatizadas durante su ejercicio en democracia y no en dictadura

32 Tal como redactan Glenn Postolski y Santiago Marino (2005) “en el reparto original, la división de señales fue la siguiente: Canal 9 para el ejército, que también controlaba Canal 7 (luego ATC), que estaba bajo la dependencia del Poder Ejecutivo; Canal 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Armada” (p:165)

16

derecho a la información y la comunicación, los militares siempre tuvieron en claro la acción a través de políticas para lo

diametralmente opuesto. Si se considera que de las cuatro leyes de radiodifusión en Argentina, dos fueron bajo

gobiernos de facto y dos bajo mandatos democráticos -y ninguna de estas dos aplicadas de forma plena- se permite la

afirmación que los militares tenían claridad con respecto a la importancia de los medios de comunicación como

formadores de opinión y las reglamentaciones legales para cumplirlas.

El inicio de Argentina Televisora Color (ATC), con la construcción de su edificio y la incorporación de una nueva norma

de transmisión -PAL N- para emitir a color, implicaron altos costos para el Estado tras la necesidad de reconversión

tecnológica, lo que marcó un punto disruptivo en la vida de la emisora pública33. Tal como afirman Postolski y Marino

(2005):

Durante la administración de Isabel Perón se habían realizado las primeras pruebas de

emisión, pero será a partir de la constitución del EAM78 (Ente Autárquico Mundial 78), bajo

la dictadura, que se definió la norma y comenzó la inversión para construir el Centro de

Producción de Programas de Televisión SA (luego sería Argentina Televisora Color). Se

inauguró el 19 de mayo de 1978. Los costos totales del Mundial 78 son aún hoy récord:

520 millones de dólares, frente a los 150 que costó España 82. De esta suma, la

construcción de ATC se llevó 40 millones en el edificio y 30 millones más en equipamiento.

Los partidos solo se emitieron en color para el exterior. Luego de un período de pruebas,

las transmisiones en color comenzaron el 1 de mayo de 1980. Primero lo hicieron Canal 13

y ATC, luego Canal 9 y finalmente el 11” (p: 17334)

En consecuencia, la adopción de una nueva tecnología les sirvió a los militares como excusa, más que como fin en sí

mismo, para legitimar un gobierno acosado por las denuncias en el extranjero y que veía cada vez más compleja la

invisibilidad de los crímenes cometidos. En este sentido, podemos inferir una conclusión un tanto contradictoria por los

contextos: tanto la inversión que marcó los orígenes de la televisión en Argentina como la realizada en 1978, con las

obvias distancias entre ambos -dado que el mandato de Perón era constitucional - respondieron a legitimar procesos de

concentración, centralización y regulación ideológica.

El déficit contraído en el período -que aunó buena parte de la deuda externa argentina-, la corrupción en sus

funcionarios y la ausencia de una decisión que guiara su programación, trazaron un cóctel que fue difícil de erradicar

en los años posteriores, ya sea por acción u omisión de los gobiernos venideros.

En consecuencia, el Decreto-Ley 22.285 de 1980, marcaría las directrices con las cuales se reglamentaría el sistema

de medios audiovisuales, paradójicamente, hasta el 2009. Este es un dato trascendente que identifica el modelo

argentino: encerrado en disputas políticas y económicas, así como por la incapacidad del Estado de impulsar una ley en

democracia, el sistema debió regirse, hasta 26 años después de recuperado el régimen constitucional, por una ley

pensada para un país dominado por la represión y la censura. Desde esta premisa, los únicos beneficiados -los cuales

33 Cfr Santiago Marino y Glenn Postolski (2005). Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios. En Mastrini, G.(Editor). Mucho Ruido, Pocas Leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004), Buenos Aires, La Crujía, pp:155-184

34 Ibídem

17

negociaban en consecuencia- eran los medios privados, en detrimento de los medios públicos y de lo público. Las pujas

de poder, incluso, atraviesan el cumplimiento efectivo de la Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual -26522-,

sancionada y reglamentada en 200935.

6.3.-Medios públicos en democracia: entre los fantasmas del pasado, la incapacidad y la acción

El retorno de la democracia en 1983 encontró a una Argentina erosionada en todos los aspectos. La cuantiosa deuda

externa que dejó la dictadura36 -en parte por la exorbitante suma invertida en Canal 7-, la desaparición de una

generación37 -de estudiantes, intelectuales, sindicalistas, periodistas, entre otros- y la deslegitimación de los partidos

políticos, imponían un panorama desafiante para el presidente electo Raúl Alfonsín.

Pese a la necesidad de erradicar una ley de radiodifusión impulsada por el Gobierno de Facto, la existencia de

proyectos políticos y legislativos para su reemplazo no llegaron a ser sancionados y el mapa mediático no produjo

cambios estructurales. El sistema de propiedad de los medios continuó a la deriva, sin una política de planificación por

parte del Estado, así como su desatención hacia las modificaciones culturales y tecnológicas del momento – inicio de

las radios de frecuencia modulada -FM- y la televisión por cable o suscripción, entre otras-.

Dada la incapacidad política de continuar el mandato, preso de disputas internas, descontento social y el fantasma del

Golpe Militar acechando la Casa Rosada38 y el sillón de Rivadavia, Alfonsín se ve obligado a entregar el mando con

anticipación a quien ganara las elecciones en 1989: Carlos Saúl Menem. Es durante su mandato cuando se realizaron

las reformas más significativas en el sistema de medios de comunicación y se consolidarían las políticas neoliberales

que configuraron el mapa actual: privatización, concentración de la propiedad, centralización de la producción,

diversificación y transnacionalización de los capitales

Enfocado este recorrido a los marcos conceptuales, las políticas públicas adoptadas por los gobiernos mencionados

responden a las pujas entre el sector privado, el gobierno y sus demonios internos. Alfonsín perdió la ocasión de pensar,

en una sociedad restringida en sus formas de comunicación por la represión vivida, en otra comunicación (Com, 2005),

mientras que su sucesor lo hizo en detrimento del derecho ciudadano a la información y la comunicación. Como eje de

legitimación para implementar políticas neoliberales, el presidente oriundo de La Rioja privatiza las primeras empresas,

que son ni más ni menos que los canales de televisión. Canal 11 y 13, que pasan en consecuencia a manos privadas39,

lo que abrió las puertas de la “estructura de propiedad privada de los medios radioeléctricos, que desembocaron en un

35 La implementación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual quedó reducida a una disputa por la estructura de propiedad, polarizada entre lalucha de poder entre el Estado y el Grupo Clarín. Cfr: Becerra, M. (2012). El kirchnerismo alberga tensiones políticas y comunicacionales. Publicado en LaNación, 8 de julio de 2012. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1488209-el-kirchnerismo-alberga-tensiones-politicas-y-comunicacionales . Última visita: 20de junio de 2014

36 La deuda externa argentina aumentó de 7.875 millones de dólares en 1975, a 45.087 millones en 1983 (Postolski; Marino, 2005:183)37 En 1979 y frente a las denuncias de las familias de las víctimas en el exterior, Jorge Rafael Videla declara: “Le diré que frente al desaparecido en tanto éste

como tal, es una incógnita, no tiene entidad. No está muerto ni vivo...Está desaparecido". Diario Clarín, 14 de diciembre de 1979. En Caraballo, L; Charlier, N;Garulli, L (1996). La Dictadura (1976-1983). Testimonios y documentos, Buenos Aires: Oficina de Publicaciones CBC-UBA

38 Denominación de la Casa de Gobierno en Argentina39 Canal 13 queda en manos de Arte Radiotelevisivo Argentino -ARTEAR S.A.- Este grupo esta conformado por Ernestina Herrera de Noble -directora del diario

Clarín-, Héctor Horacio Magnetto por AGEA SA e INVARAR S.A., Alberto Gollán -Canal 13 y LT2 de Rosario-; José Bonaldi y Arón Braver -Canal 12 deCórdoba-; Jorge Enrique Estornell -Canal 8 de San Juan y Canal 8 de Mendoza-; Eduardo García Hamilton -ex director del diario La Gaceta de Tucumán-; LuisAlberto Pérez -director del diario El Territorio de Posadas-; Ricardo Sáenz Valiente -propietario del diario La Calle de Entre Ríos.Canal 11, por su parte, quedaría en manos de Televisora Federal -Télele-, conformada por Editorial Atlántida -Constancio y Aníbal Vigil-; Francisco y SantiagoSoldatti; Luis Zanón; Avelino Porto y una sociedad de diez canales del interior al mando de Alejandro Massot (Baranchuk, 2005) Ambas licitaciones están atravesadas por las primeras modificaciones a la Ley de Radiodifusión a los fines del gobierno menemista: el impedimento del ingresode las empresas gráficas a los medios audiovisuales quedaría reglamentado gracias a las reformas constitucionales provistas por la Ley de Reforma del Estadoque afectaba indirectamente la ley 22.285.

18

mapa hipercomercial y fuertemente concentrado hacia la segunda mitad de la década de los 90” (Rossi, 2005:238)

Bajo este contexto, el sistema de medios estuvo atravesado por cuatro puntos centrales:

La ausencia de una legislación formulada en democracia, donde la ley que regula es la reglamentada en

dictadura, con modificatorias en detrimento del derecho a la comunicación;

centralización de la producción y emisión en la capital de Buenos Aires, en contradicción con la organización

político-administrativa de carácter federal que impulsa la Constitución Nacional;

televisión abierta centralizada en el casco urbano metropolitano, sin conformación de un tendido de redes

nacional de infraestructura de transmisión. Esto garantizó la expansión en el interior de la televisión por cable, dada las

pocas alternativas de visionado fuera de las grandes ciudades por parte de la ciudadanía, ni siquiera por parte de los

medios públicos; y

las privatizaciones y desnacionalizaciones de los principales canales nacionales, marcado por la re-regulación40

del sistema de medios, adaptado a los fines e intereses del menemato y el sector privado-.

En contradicción con las políticas adoptadas hasta finales de su mandato, “en el ocaso de un gobierno que durante

diez años propició la privatización y concentración de los medios de comunicación” (Albornoz; Hernández, 2005: 283), el

Congreso de la Nación sanciona en el noviembre la Ley 25.208 que establecía la creación de una empresa estatal no

gubernamental, llamada Ente Radio y Televisión Argentina (RTA), al mando de la gestión de los medios de radiodifusión

públicos -Canal 7, Radio Nacional y las emisoras que integraban el Sistema Oficial de Radiodifusión (SOR)-. Esta

iniciativa contemplaba una estructura pluralista de la conducción de RTA -Directorio con cinco miembros y un comité de

evaluación compuesto por representantes de sindicatos de medios de comunicación, universidades, asociaciones de

consumidores y de Iglesias, entre otros-, bajo control parlamentario -Comisión Bicameral-. Esta ley fue promovida luego

de que perdiera las elecciones la fórmula propuesta por el Partido Justicialista -al que pertenecía y pertenece Carlos

Menem- y sería vetada por Fernando de la Rúa, pocos días después de ocupado el sillón presidencial.

Consecuente con el acto mencionado De la Rúa crea, mediante Decreto Nº 94/01 en 2001, el Sistema de Medios

Públicos --, que integraban el SOR, Canal 7 y la Agencia de Noticias TÉLAM. A su vez, “delegaría a la Secretaria de

Cultura y Comunicación el ejercicio de los derechos societarios que le corresponden al Estado Nacional por su

participación en el capital accionario del Sistema” (García Leiva, 2005: 291)

Hasta el momento, el sistema de medios públicos en general y la emisora de televisión en particular, representaron las

contradicciones de los gobiernos de turno. Quien supiera ser líder en audiencia y se caracterizara por una buena

programación (Ulanovsky, 2001), fue rehén de las falencias de los distintos gobiernos que no supieron que hacer con

ella o bien de aquellos que si lo hicieron, pero en detrimento del derecho a la comunicación, favoreciendo así los

negociados del sector privado. En consecuencia, se permite asegurar que, la conformación de una estructura de

medios públicos, tanto bajo los mandatos de Menem y De la Rúa como el gobierno provisorio de Duhalde41,

respondieron a una suerte de “manotazos de ahogado” para legitimar un poder que se perdía, así como garantizar la

40 En términos de Guillermo Mastrini y Mariano Mestman (1999) no es correcta la noción de des-regulación en el período, ya que esto significa la ausencia delEstado en la implementación de políticas públicas, cuando en realidad fue el mismo Estado el impulsor de las políticas que marcaron el mapa mediático.

41 Luego de la crisis social, política y económica que culminó con la renuncia de De la Rúa, Duhalde llega a la presidencia por elección de la Asamblea Legislativael 2 de enero de 2002, no por voto popular. Tras el hecho conocido como “La masacre de Avellaneda”, protesta social cuya represión policial, por órdenes delgobierno, provocará la muerte de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, obligó adelantar las elecciones -previstas para octubre- siete mesesantes.

19

permanencia de sus políticas en los sucesivos mandatos. En otras palabras, no responde a la noción de políticas

públicas, sino más bien a maniobras maniqueas de los partidos políticos. Tal como expresan Mastrini; Albornoz;

Baranchuk; Bulla; García Leiva; Marino y Rossi (2005)42:

“(…) La continuidad de las directrices de políticas fueron absolutas, más allá de las

características de los gobiernos de turno, lo cual denota su entramado social-institucional

hegemónico que no ha podido ser resuelto en términos democráticos. Otra continuidad

histórica puede ser hallada en el manejo de los medios públicos que fueron utilizados,

gobierno tras gobierno, como órgano de difusión de la actividad oficial, ante la indiferencia de

la ciudadanía. Canal 7, Radio Nacional, el Servicio Oficial de Radiodifusión, así como

numerosas estaciones de televisión y radios provinciales y municipales que, a partir de la

propiedad estatal, ha contribuido al desprestigio de lo público” (p:313)

Una vez más, los medios públicos quedan bajo las marcas del sesgo gubernamental y los alejan de la apropiación

por parte de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a la comunicación.

7.-Convergencia y Medios públicos

El servicio público de radiodifusión constituye una organización fundamental para proveer a las sociedades modernas de una herramienta comunicacional que

garantice el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos. Si el comienzo del siglo XXI esta marcado por la transición de la radiodifusión analógica a la

digital y una tendencia mercadocéntrica en las políticas de comunicación, es de suma importancia contar con una activa participación de la sociedad civil en la tarea

de legitimar los servicios públicos y en dotarlos de la arquitectura institucional que los transforme en representantes de las inquietudes y necesidades del conjunto de

la población, con independencia política de los gobiernos e independencia económica del mercado.

Guillermo Mastrini, 201343

Tal como propone Martín Becerra (2010), podría sintetizarse el recorrido realizado en líneas precedentes en los

aspectos tecnológicos que atravesaron la historia de los medios en Argentina, a fin de relacionarlos con el proceso de

convergencia a caracterizar. En consecuencia, el fenómeno puede anclarse en lo que el autor reconoce como el inicio

de una nueva etapa multimedial, convergente, financierizada y de alta penetración del capital extranjero, que rastrea sus

orígenes en 1976. Así, podríamos marcar un breve recorrido de los principales saltos tecnológicos para trazar su

correlato en la actualidad, para lo cual son pertinentes las palabras de Becerra (2010), quien sintetiza que:

la historia de los medios en Argentina puede restringir su perspectiva al examen de los

saltos tecnológicos y a las condiciones que motivan el nacimiento de la radio de amplitud

modulada (AM) en 1920, de la televisión abierta en blanco y negro en 1951, de la

televisión color en 1980, de la frecuencia modulada en radio en 1980, de la televisión por

42 Palabras finales, en Mastrini, G. (2005) (Editor). Mucho Ruido, Pocas Leyes. Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004), Buenos Aires:La Crujía, pp:307-314

43 Medios públicos y derecho a la comunicación. En Herramienta: debate y critica marista, Nº 47. Recuperado de http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-47/medios-publicos-y-derecho-la-comunicacion.

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cable -en tanto medio masivo- a partir de la década del '80 del siglo XX y de Internet a

partir del último lustro del siglo pasado. Ninguno de los “nuevos” medios sustituyó

completamente a los anteriores, aunque cada salto tecnológico reubicó el espacio de la

realización social de los medios precedentes (p: 344)

En consecuencia, a partir de 1979 es donde se identifican nuevas formas de intervención estatal y en 1989, con la Ley

de Reforma del Estado mediante, la regulación como mecanismo de asignación discrecional de recursos (Becerra,

2010). Desde este contexto, emerge el fenómeno convergente, de concentración y centralización que caracteriza el

escenario mediático en la actualidad.

El descuido de las emisoras públicas durante el menemato, así como la reticencia del estamento político a generar un

sistema de medios públicos fuera de la órbita estatal, que impidió un modelo alternativo de comunicación -al privado

comercial- incluso dos décadas después de la dictadura militar. Y si bien “desde 1999 y con mayor énfasis en 2003, el

sistema de medios de gestión estatal contó con una política de renovación tecnológica y estética, su dirección sigue

siendo dirigida por el Poder Ejecutivo y su orientación, entonces, continua ligada bajo el gobierno de turno” (Becerra,

2010:24)

En este marco de situación, las transformaciones en el mapa de medios, producto de los procesos de digitalización y

convergencia, alteran sustancialmente la estructura del sistema de medios de comunicación, cuyo potencial no puede

entenderse si no se ancla en la necesidad de revertir el contexto mencionado. Tal como identifica Henry Jenkins (2006),

“el cambio más significativo puede ser el paso del consumo mediático individualizado y personalizado al consumo como

una práctica en red” (pp: 20). Así, la convergencia representa un cambio de paradigma: el paso de los contenidos

específicos de un medio a los contenidos que fluyen por múltiples canales mediáticos, a la creciente independencia de

los sistemas de comunicación y a los múltiples modos de acceder a los contenidos.

Si consideramos a la convergencia como una manifestación cultural y social, es posible pensar en un cambio de

concepción en la genealogía de los medios públicos. Los espectadores se encuentran en un nuevo sistema mediático

que permite la interacción y participación en el sistema de medio, así como un cambio en el consumo de los contenidos

audiovisuales. Germán Rey (2005) reconoce el fenómeno y lo problematiza a través del impacto en las televisoras

públicas, al afirmar que “el afianzamiento de la intermedialidad, la aparición de otros conceptos de producción, la

necesidad de alianza con productores independientes para abastecer las carteleras de programación y el resurgimiento

de géneros y formatos son temas que desde la televisión comercial privada llenan de interrogantes a la proyección de la

televisión pública” (p.8045) Estas prácticas alteran la lógica comercial de la industria cultural y a su vez, la matriz

normativa del sistema

El crecimiento de la oferta y el impacto tecnológico, la transformación de las empresas de comunicación y la

modificación desde parámetros regulatorios son el marco de referencia que permiten pensar en un nuevo sistema

mediático, que convive entre viejas antinomias y nuevas oportunidades. Los avances de las tecnologías de la

44 Las noticias van al mercado: etapas de la historia de los medios en la Argentina. En Lugones, Gustavo y Jorge Flores (comps.), Intérpretes e interpretaciones dela Argentina en el bicentenario, Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, p. 139-165.

45 El escenario móvil de la televisión pública. Algunos elementos de contexto. En (Omar Rincón (comp.). Televisión pública: del consumidor al ciudadano, BuenosAires Editorial La Crujía, pp:69-99

21

información y la comunicación han incorporado nuevas herramientas y formas de intermediación e interactividad que re-

configuran el espacio mediático.

La convergencia mediática representa para América Latina la oportunidad de legitimar el concepto de lo público en lo

que medios de comunicación se refiere, ya que la aplicación adecuada de las herramientas tecnológicas potencia los

principios de acceso y participación. La importancia que se le otorgó al sector para la consolidación del sistema

democrático, no tuvo su correlato en marcos legislativos que acompañen el desarrollo de escenario mediático,

encerrado en disputas por la estructura de propiedad46. Tal y como adelantara Rey (2005):

Las variaciones en el escenario social están modificando radicalmente la identidad de la

televisión pública en el continente. Sociedades más urbanas, modernas y globalizadas

descentran el carácter del funcionamiento de los medios públicos de comunicación y,

dentro de ellos, a los sistemas públicos de televisión. Porque no son solamente las

sociedades las que están cambiando rápidamente, sino el propio universo mediático el

que esta evolucionando en profundidad. El crecimiento de la oferta y el impacto de la

tecnología, la modificación de las industrias televisivas nacionales y la transformación de

los marcos regulatorios son sólo algunas de las expresiones de la conmoción de las

identidades mediáticas que en muy pocos años han convertido en irreconocible el

panorama pasado de la televisión, así como han llenado de incertidumbre su itinerario

futuro (p.7047)

Bajo esta perspectiva, lo que es relevante aquí son “las prácticas iniciales alrededor de la oferta de contenidos y

servicios ofrece la televisión. Nunca antes estuvo tan cerca de la interactividad funcional de Internet, aunque sigue

faltando una interactividad que concentre todas las oportunidades de interacción en la pantalla del televisor como lo

hace la computadora cuando el usuario consume televisión en la Web” (Igarza, 2013:12448)

En este marco, 2006 representa un punto de inflexión con los períodos mencionados en las líneas precedentes, ya que

el año corresponde a la inversión en tecnología hacia Canal 7 o Televisión Pública por parte del presidente Néstor

Kirchner49 que permitió el proceso de transformación que redefinió al sistema de medios públicos en el país. A partir del

2003, el período atraviesa no solo la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -26.522- sino también

la adopción de la norma ISBD-T para transmitir por Televisión Digital Terrestre (TDT), ya que RTA administra un paquete

de señales que se emite por este sistema - incluido Canal Encuentro-, así como también el proceso tecnológico que la

46 En Argentina, el desarrollo del sistema de medios de comunicación estuvo intrínsecamente relacionado con el marco político. La importancia del sistema tuvo sucorrelato en políticas públicas que impulsaron su desarrollo de acuerdo a intereses gubernamentales y económicos, fundamentalmente del sector privado. Deacuerdo a corrientes de análisis europeas (Escuela de Frankfurt) los medios de comunicación como formadores de opinión en la esfera pública son de vitalimportancia a la hora de consolidar -o no- el sistema político en el cuál se insertan. En lo particular, los medios públicos no fueron la excepciónCfr: Mastrini, G. (2010). La televisión estatal en la Argentina: entre el poder político y el negocio. En La palabra empeñada: investigaciones sobre medios ycomunicación pública en Argentina” Fundación Friedich Ebert, Buenos Aires, Argentina; pp: 152-165. Recuperado dehttp://www.academia.edu/2915893/La_palabra_empenada._Investigaciones_sobre_medios_y_comunicacion_publica_en_Argentina

47 El escenario móvil de la televisión pública. Algunos elementos de contexto. En (Omar Rincón (comp.). Televisión pública: del consumidor al ciudadano, BuenosAires: La Crujía, pp:69-99

48 La televisión pública en la era de la argumentación. En Instituto de Estudios sobre la Comunicación RTA (Editores). Pensar la televisión pública- ¿Qué modelospara América Latina?, Buenos Aires: La Crujía, pp:117-141

49 Se renovó toda la flota de cámaras ya que la última vez que se efectuaron cambios fue en 1978 cuando se compraron equipos para transmitir a color el Mundialde Fútbol 78. Desde esa fecha hasta el 2006, no hubo inversión en tecnología para la emisora pública.

22

adopción de este sistema significa. La sanción en 2009 de la Ley 26522 que regula la conformación de un sistema de

medios públicos en red, marca también un antes y un después en lo que respecta a los medios públicos, ya que se

conforma Radio y Televisión S.A., que crea el Sistema de Medios Públicos -SMP-. En este marco político, en mayo de

2005 emerge la segunda señal pública, Encuentro, a través del Decreto N.° 533/0550 y en diciembre del mismo año, fue

reconocido por la Ley de Educación Nacional N.° 26.20651. Comenzó su transmisión un año más tarde, el 5 de mayo de

2007. En consecuencia, se entiende la intervención del Estado como impulsor de políticas públicas de comunicación

que interpelan al ciudadano como sujeto de derecho, lo que se entiende como un punto disruptivo con los períodos

anteriores. Sin embargo, pese a su reglamentación, la Ley 26522 continua, en 2013, sin entrar en plena vigencia, no

solo por la judicialización por parte del Grupo Clarín, sino también por la incapacidad de la autoridad de aplicación

-AFSCA- y del mismo gobierno, de garantizar su operacionalización52.

En este sentido, el desafío del período implica pensar si la apropiación tecnológica por parte de los medios públicos en

Argentina, así como las políticas culturales desde el Estado que propiciaron la conformación de un sistema de medios

públicos en 2009, responde a las nociones de acceso y participación del conjunto de la ciudadanía a los medios

públicos.

8.-Consideraciones parciales

El desafío actual de las emisoras públicas ante la digitalización se enmarca entre las tensiones entre los actores

privados, los actores sin fines de lucro y el gobierno. La reducción de la implementación de la Ley 26522 a una disputa

en la estructura de propiedad, así como la ausencia de una mención específica al fenómeno de la convergencia, marca

las propias limitaciones y contradicciones del gobierno a la hora de operacionalizar políticas públicas que garanticen la

participación plena de la ciudadanía, pero que también forman parte de una suerte de “costumbres argentinas” que

caracterizaron la historia de los medios en el país. Dada la deslegitimación que atraviesa el sistema de medios públicos

en Argentina, consecuencia de malas acciones de los gobiernos que marcaron a fuego su gestión, es fundamental que

el enfoque actual trascienda las disputas políticas y consigan ocupar un lugar importante en el nuevo entorno digital. Tal

como afirma Martín Becerra (2013):

El desafío de las emisoras gestionadas por los Estados es múltiple ante la

digitalización. Además de hacer frente a los actores privados que en casi todos los

países latinoamericanos (con la excepción de Chile) lideran las preferencias de las

audiencias televisivas, los canales públicos deben competir con las múltiples

plataformas. (…) La convergencia digital representa para los propios líderes de

audiencia un permanente cuestionamiento a la provisión de contenidos programados

50 Para el acceso a la documentación, registros y decretos, consultar el portal judicial argentino INFOJUS. Ver http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento&registro=DECRETOS&docid=DEC%2520C%2520000533%25202005%252005%252024. Última visita: 20 de junio de2014.

51 Disponible en http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf. Última visita: 9 de agosto de 201352 Cfr Marino, Santiago; Mastrini, Guillermo y Martín Becerra (2010). El proceso de regulación democrática de la comunicación en Argentina. En

Oficios Terrestres, La Plata: UNLP, pp: 11-25.

23

desde la pantalla televisiva por la mudanza de muchos espectadores a las descargas

en Internet. Esta práctica social, crecientemente extendida, ha sido hasta ahora

respondida con la generación de portales atractivos con los contenidos Hight Definition

(HD) por parte de algunos operadores privados y públicos de televisión en la región.

Los años futuros serán cruciales para confirmar o relativizar esta expectativa desatada

desde la irrupción de la convergencia en la distribución y consumo de señales

audiovisuales (p: 51)

A partir de este recorrido conceptual, el propósito se constituyó por comprender las dinámicas de comunicación y los

procesos socio-políticos que atraviesan a la televisión pública en Argentina. El servicio público de radiodifusión

constituye la columna vertebral para proveer a las sociedades modernas de una herramienta comunicacional que

garantice el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía. Pese a la ilusión emancipadora y democratizadora

de las tecnologías, el servicio público que representa la televisión constituye todavía un eje de articulación social. Si el

comienzo del siglo XXI esta marcado por la transición de la radiodifusión analógica a la digital, es vital la participación

activa de la sociedad civil en la tarea de legitimar los servicios públicos y en dotarlos de la arquitectura institucional que

los transforme en representantes de las inquietudes y necesidades del conjunto de la población, con independencia

política de los gobiernos e independencia económica del mercado.

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