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CONTROL, CONTABILIDAD Y CAMBIO EN UNA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA ESPAÑOLA (1650-1900): LA SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS DE JAÉN

Juan Luis Lillo Criado

José Mª Carlos Álvarez López Universidad de Jaén

Resumen

El presente trabajo investiga la contabilidad de la Santa Capilla de San Andrés de Jaén,

institución eclesiástica que tiene determinados fines benéficos, en el periodo 1650-1900. El objetivo esencial ha sido la detección y explicación de los principales cambios contables y administrativos producidos en orden a la mejora de la información para la gestión, esencialmente de los caudales de la entidad para atender a la entrega de dotes a doncellas, vestir pobres y enseñar a niños sin recursos. A tal fin, hemos comenzado por una breve reseña de la Institución y su fundador, para continuar con los principales aspectos de su estructura organizativa, sistema contable y proceso de rendición de cuentas. El núcleo central de la aportación está en el análisis de los cambios contables producidos en el amplio periodo abordado, muy especialmente los del siglo XIX, de mucha mayor importancia y efectos en la gestión financiera y, en ocasiones, muy vinculados al particular celo y profesionalidad de ciertas personas, entre las que destaca Manuel Sagrista y Nadal, entre cuyas contribuciones destacan innumerables modificaciones en la teneduría contable relacionada con el método de cargo y data y en la aportación de diversas medidas para la buena práctica del gobierno, a más, en el terreno práctico de la gestión de caudales, de una reducción significativa de impagos de rentas. Igualmente, en el mismo comienzo del siglo XX, sobresale un intento de implantar la partida doble por otro componente ilustre de la propia familia Sagrista. 1. INTRODUCCIÓN

El auge de las investigaciones sobre contabilidad histórica (o historia de la contabilidad, según se enfoque) en los últimos tiempos es extraordinario, girando los trabajos en torno a las dos grandes corrientes que se discuten y confrontan en la disciplina: contabilidad histórica tradicional y moderna historia de la contabilidad. Siendo destacable en ambas la expresión de los cambios contables producidos en las diferentes épocas, pero difiriendo el tratamiento de los mismos, predominando más en la primera un punto de vista descriptivo que, sin embargo, no elude incidir en las causas y efectos, y en la segunda un enfoque interdisciplinar que trata de sustentar y explicar los cambios sobre la base de modernas teorías organizativas y sociológicas.

Desde la primera de las ópticas, que fue principalmente la seguida en un estudio más

amplio de la Institución que hoy nos ocupa, que concluyó felizmente como tesis doctoral del primero de los autores que suscriben, en este trabajo vamos a abordar los cambios contables más importantes acaecidos en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén en el amplio periodo que va de 1650 a 1900. Tales hechos tienen lugar como consecuencia de necesidades informativas nuevas o en respuesta a prácticas o criterios que no se aplican correctamente, pero, igualmente, el impulso para los cambios viene dado por la iniciativa, preocupación y compromiso de personas concretas, con cierta responsabilidad en la administración. En la Santa Capilla de San Andrés el protagonismo de algunos administradores fue notable, destacando especialmente uno, sobre todos, Manuel Sagrista y Nadal. Por ello, el principal

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referente en esta aportación en torno a cambios contables será precisamente el tiempo que esta figura estuvo implicada de forma directa en la administración de la Institución. En consecuencia, un punto de vista muy centrado en las personas, como esencial motor de cambio, será el que presida los objetivos de gran parte del trabajo.

En cualquier caso, con carácter previo a esa parte fundamental de la investigación, en

esta introducción, como es lógico, haremos las oportunas referencias a la importancia de la contabilidad eclesiástica y al estado de la cuestión sobre la misma, al encuadre de la Santa Capilla de San Andrés de Jaén, objeto de atención por nuestra parte, a su fundador, estatutos, contexto y entorno, etc., así como apuntaremos lo que creemos puede constituir la principal aportación del trabajo. Después de dicha introducción, la parte sustancial de la comunicación estará dividida en diversos epígrafes que tratarán de las siguientes cuestiones: organización administrativa y modelo contable, cambios anteriores a Sagrista Nadal (1650 a 1851), cambios impulsados por Sagrista Nadal (1854 a 1864) y valoración de los mismos, cambios posteriores a Sagrista Nadal (1875 a 1901) y conclusiones.

Una idea de la dimensión del potencial económico de la Iglesia, en el amplio horizonte

geográfico y temporal en que se sitúa nuestra Institución, la da, según Hernández Borreguero (2003: 7), el hecho de que en el sur de España, en gran parte de los siglos XVI al XVIII, entre un 15 y un 20% de las fincas urbanas y rústicas pertenecía a las instituciones eclesiásticas, a lo que Rodríguez Molina (2003) añade que las rentas más altas obtenidas de dicho patrimonio procedían especialmente de los cabildos catedralicios de Sevilla, Córdoba y Jaén. De ahí, tal vez, el inusitado interés por el estudio de esta parcela de la contabilidad histórica, de la cual distinguimos a continuación las que nos parecen aportaciones más relevantes; no sin antes aclarar que, dadas las peculiaridades de tales instituciones, muy ligadas a los territorios que ocupaban y, por tanto, sin unas conexiones de importancia con las de otros países, vamos a delimitar dicha revisión al caso español. Destacaremos, para no abusar de un excesivo número de referencias, sólo los trabajos principales de los autores que, por temas abordados, a continuación pasamos a mencionar.

Sobre contabilidad de monasterios y conventos debemos citar principalmente a Tua

Pereda et alt. (1998 y 2005), Prieto Moreno et alt. (2006) y Maté Sadornil et alt. (2004), quienes estudian el sistema contable del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Otra investigación que está arrojando importantes resultados es la iniciada por Ramos Stolle et alt. (2007), Gallego Rodríguez et alt. (2007) y Rivero Fernández et alt. (2005a, 2005b), relativa a la contabilidad en el Monasterio cisterciense de Santa María de Oseira.

Por lo que se refiere al ámbito de las catedrales y de sus cabildos, y de éstos con la

Hacienda, también se han realizado diversos trabajos. Ha sido bastante estudiada la contabilidad del cabildo de la Catedral de Toledo por Villaluenga de Gracia (2001, 2004 y 2005), que descubre en 1533 el cambio de la partida simple a la doble. Otras dos importantes contribuciones son las tesis doctorales de Calvo Cruz y Hernández Borreguero. La primera (Calvo Cruz, 2000) aborda la contabilidad de espolios y vacantes en la diócesis de Canarias en el periodo 1753-1851. En cuanto al trabajo de Hernández Borreguero (2003 y 2007) podemos comentar que se centra en la organización y sistema contable del cabildo catedralicio de Sevilla durante el periodo 1625-1650.

Respecto a las instituciones de menor entidad, conviene señalar las aportaciones

realizadas por Castro Pérez (2005), quien defendió su tesis doctoral sobre los registros

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contables del Señorío Episcopal de la Villa de Agüimes, de la que a su vez se han derivado diferentes trabajos (véase Calvo Cruz y Castro Pérez, 2005).

Por último y enlazando con la faceta benéfica y, quizá por ello, con una mayor

proximidad al trabajo que nosotros presentamos, debemos mencionar el análisis de los sistemas contables y de gestión de las instituciones benéficas relacionadas con la Iglesia de Toledo en el siglo XVI, realizado por Jiménez Montañés y Villaluenga de Gracia (2000), en el que, al igual que ocurriera en la Santa Capilla de San Andrés, el cabildo catedralicio nombraba visitadores para revisar las cuentas.

Nuestro trabajo se va a centrar, según ya hemos referido, en la Santa Capilla de San

Andrés de Jaén, perteneciente al grupo de las capellanías, consideradas como entidades menores en el orden eclesiástico. Éstas, según Vázquez García Peñuela (1992: 24), constituían fundaciones perpetuas peculiares en el seno de la Iglesia, cuya justificación, de acuerdo con Wobeser (1996: 119), giraba en torno a dos necesidades, una de tipo espiritual y otra material, de modo que su función, era, de un lado, contribuir a la salvación del alma de su fundador, para lo cual éste donaba bienes que en ocasiones incorporaban cuantiosos beneficios económicos, y, de otro, generar una renta para el mantenimiento del encargado de su gestión (el capellán) de forma vitalicia.

Pero, esta institución eclesiástica jiennense tiene unos fines fundacionales

sustancialmente diferentes, según sus estatutos (González Doncel, edición recopilada de 1926: 17 y 55): casar doncellas (al menos tres dotes de 10.000 maravedís cada año), vestir pobres (a 12 personas cada Jueves Santo), enseñar niños (al menos 12 cada año) y promover el culto divino. En cuanto al cuidado del culto, interesa mencionar que, desde el primer momento, a la Santa Capilla se le vincula la Noble Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, integrada por doscientos cofrades. Obsérvese que los tres primeros fines de la Institución son típicamente de beneficencia. Es decir, la idea de contribuir a la salvación del fundador, que evidentemente está en esta obra, se complementa con un método diferente, el cual ya no se basa tanto en una mera comunicación espiritual y exclusiva del capellán con Dios, sino en ejercer la caridad como complemento imprescindible, a consecuencia de los aires renovadores que se respiraban ya en Italia, donde residía su fundador, en los prolegómenos del Concilio de Trento.

El origen de la inicialmente denominada Capilla de San Andrés, parece que por

imitación de obras parecidas creadas en Italia a partir de la segunda mitad del siglo XV, se remonta a una Bula de 5 de mayo de 1515 del Papa León X para erigirla en la catedral de Jaén. Después, debido a los múltiples requisitos y contraprestaciones económicas exigidas por el cabildo catedralicio, y tras un Breve de dicho pontífice del 2 de abril de 1516, se situó en la Iglesia de San Andrés de la misma ciudad, de la que su fundador, Gutierre González Doncel era Prior. Como curiosidad interesa mencionar que la Institución pasó a denominarse “Santa Capilla” el 22 de marzo de 1519, tras esparcir de forma solemne en sus bóvedas y cementerio ocho libras de tierra santa extraídas de las catacumbas de las iglesias de Roma.

Tras el reconocimiento por parte de las altas esferas eclesiásticas, la Santa Capilla de

San Andrés se vio refrendada por la autoridad real, de modo que mediante Real Cédula de 25 de marzo de 1525, Carlos V le da su consentimiento y visto bueno y aprueba su fundación, fines y estatutos.

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El fundador de nuestra Institución, que se hacía nombrar con el título de Reverendo Señor Protonotario Apostólico, fue una persona con cierto poder y renombre en el plano eclesiástico, no sólo en Jaén, donde se supone que nació alrededor de 1458, sino en la misma Santa Sede, pues llegó a ser secretario y tesorero de León X y tesorero de Clemente VII (véase Ximénez Patón, 1628: 79), hasta su muerte en 1527 durante el saqueo de Roma realizado por las tropas de Carlos V. Mientras duró su estancia en Roma obtuvo toda una serie de beneficios económicos en diferentes iglesias de Jaén y de otras provincias en los años previos a la fundación de la Capilla1, los cuales donó a la misma y conformaron su patrimonio inicial (véase Higueras Maldonado, 1984), generador de cuantiosas rentas económicas.

A partir de su creación, y adicionalmente a la aportación inicial del fundador, la Santa Capilla fue agraciada con numerosos privilegios de la Santa Sede, y propiedades y beneficios económicos de particulares que buscaban las importantes indulgencias que igualmente le otorgó León X. Así, las donaciones, legados y mandas procedentes de los fieles se sucedieron a lo largo del tiempo, constituyendo un elevado número de patronatos agregados hasta alcanzar la cifra de ochenta (véase González Doncel, 1926: 169-197) que, de modo notable, iban acrecentando el potencial económico y financiero de la fundación raíz.

Entendemos que la contribución del trabajo que se expone a continuación, radica en el

hallazgo, de una parte, de una organización administrativo-contable muy bien delimitada, con unos mecanismos de control estrictos y adecuados a la gestión del patrimonio que se debía administrar y, de otra y esencialmente, en el descubrimiento de determinadas figuras de la administración de la Capilla, destacadas por su alta responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, en pro de ofrecer una información contable de utilidad para la toma de decisiones, lo que dio lugar a la introducción de cambios de importancia que produjeron determinadas mejoras y contribuyeron a que la entidad de referencia supusiera en su tiempo un hito de la contabilidad eclesiástica, especialmente propiciado por el buen hacer de Manuel Sagrista y Nadal, merecedor de que se destaque en adelante como un impulsor de consideración, en su época, de esta rama de la contabilidad.

2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTROL CONTABLE

Los estatutos de la Institución, que se publican por primera vez en octubre de 1532 y se

legitiman notarialmente el 22 de enero de 1631, giran principalmente sobre las normas para el gobierno y administración de la Santa Capilla en todos sus órdenes. Así, el Tratado Segundo (González Doncel, 1926: 43-101) establece y regula los cargos, funciones y responsabilidades, tanto de carácter económico como religioso. Nos interesa detenernos en los que tienen que ver con la administración y contabilidad, los cuales traducidos a la forma de un organigrama, podemos representar según se expone en el Cuadro 1.

1 Según Rodríguez Molina (2003: 16), era frecuente en la época que las buenas relaciones en la corte pontificia dieran como fruto abundantes beneficios eclesiásticos.

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Gobernador

Administrador consiliario

Abad consiliario

Consiliario Consiliario Diputado Diputado

Vicario Secretario Receptor

Perito revisor

Sustitutos y

ayudantes Amanuenses

Obispo

Provisor Canónigo Revisores

del obispado

ÁMBITO EXTERNO ÁMBITO EXTERNO ÁMBITO EXTERNO

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO INTERNO ÁMBITO INTERNO

Gobernador

Administ rador consiliario

Abad consiliario

Consiliario Consiliario Diputado Diputado

Vicario Secretario Receptor

Perito revisor

Sustitutos y

ayudantes Amanuenses

Obispo

Provisor Canónigo Revisores

del obispado

ÁMBITO EXTERNO ÁMBITO EXTERNO ÁMBITO EXTERNO

ÁMBITO INTERNO ÁMBITO INTERNO ÁMBITO INTERNO

Cuadro 1. Personas relacionadas con la contabilidad]

La Junta de Gobierno debía estar formada por siete miembros: un gobernador, un

administrador consiliario, un consiliario perpetuo, dos consiliarios y dos diputados, y era su misión principal velar por la buena marcha de la fundación y hacer cumplir sus fines sociales y espirituales, así como la gestión eficaz de los recursos económicos. Otros oficiales para desempeñar funciones relacionadas con el control económico de la Institución son: secretario, receptor, veedores, monidor y visitadores de cofrades enfermos. Nos detenemos breve, pero necesariamente, en las figuras del gobernador, administrador, secretario y receptor (véase estatutos, González Doncel, 1926: 43-101).

Al gobernador se encomendaba la máxima responsabilidad general del gobierno de la Institución, pero también tuvo algunas otras funciones en cierta medida relacionadas con la contabilidad, entre las que destacamos: la de intervención y asistencia en la rendición de cuentas al receptor; la de revisión de cuentas tras su correspondiente rendición; la de recepción de los visitadores ? en teoría encabezados por el obispo? para la rendición externa de cuentas; etc. El cargo de gobernador se renovaba anualmente de acuerdo con lo establecido en los estatutos.

El administrador tenía como funciones esenciales las de conservar y aumentar las

propiedades; invertir las rentas en los fines benéficos para los que fueron instituidas; custodiar y llevar el libro del administrador; intervenir en la formación y revisión de cuentas; vigilar el cumplimiento de las obligaciones del personal, etc. La renovación del cargo de administrador se realizaba cada siete años, aunque se podía ampliar por otro periodo igual.

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El secretario, por su parte, tenía principalmente las siguientes atribuciones: formación de cuentas (hasta 1850) y preparación para la visita externa; realizar los contratos y escrituras; informar a los nuevos miembros del gobierno de cuestiones diversas: beneficios eclesiásticos, rentas, deudores, etc.; entregar a los veedores las relaciones de fincas; realizar inventarios a los distintos oficiales; llevar el libro de entradas y salidas de dinero y efectos diversos, así como el libro del secretario; custodiar otros libros: de gastos de meses, de existencias de dinero, etc. El tiempo para el ejercicio del cargo, si cumplía adecuadamente sus funciones, era indefinido.

El receptor constituía uno de los elementos claves del sistema administrativo en general

y de la gestión de fondos en particular y, en consecuencia, sus funciones eran objeto de los principales procedimientos y controles contables. En el ámbito externo estaba sometido al acto de visitación, al frente del cual debía estar el obispo. Por su parte, en el ámbito interno, tenía la obligación de rendir cuentas, también anualmente, frente a los responsables de la Institución. El cargo de receptor se establecía por un año, aunque podía reelegirse, siendo sus principales atributos y condiciones los siguientes: ser diligente y fiel a la Institución, incompatible con el ejercicio de otros puestos, tener dedicación exclusiva, ser profesionalmente adecuado al cargo, tener solvencia económica y estar exento de recomendaciones; además, debía prestar fianza suficiente y en atención a ello se le otorgaba poder para el cobro de rentas. Por lo que se refiere a las funciones del mismo, podrían resumirse comentando que éste, en realidad, se identificaba con la típica figura del administrador independiente de fondos, cuya actividad y obligaciones, principalmente, se ceñían a las funciones recaudatoria, pagadora y de rendición de cuentas, lo que, a su vez, le exigía la llevanza de determinados libros: libro de hacienda, libro de gastos de meses, libro de salarios y cuaderno de no cobrados. En la faceta de cobros debía entablar incluso las oportunas actuaciones judiciales contra los deudores. Los pagos los tenía condicionados por el consiguiente proceso de intervención, a cargo del gobernador y administrador o un consiliario. Hemos podido comprobar que la intervención de pagos se realizó de forma habitual y con cierta escrupulosidad, por lo que puede afirmarse que cumplió razonablemente su función de control en este aspecto.

Por cuanto se refiere al sistema contable, éste tenía como objetivo esencial el de la

rendición de cuentas, siendo el método contable empleado el de cargo y data, como era lo general, sobre todo en los siglos XVI, XVII y XVIII, en los casos de gestión de haciendas encomendadas a administradores ajenos (véase González Ferrando, 1988: 190). Por el procedimiento de cargo y data, como es sabido, las operaciones se clasifican en dos grandes rúbricas (véase González Ferrando, 1988: 191): ingresos o recibo y gastos o data, y consiste en anotar, en primer lugar, todo lo recibido por el administrador —en la Santa Capilla identificado con la figura del receptor— como partida o partidas del cargo, ya fuera en efectivo o en especie ; en segundo término, todos los pagos o entregas en efectivo o en especie como descargo de lo recibido y, por último, en determinar el alcance resultante, el cual era común que fuera a favor del administrado; y éste se liquidaba mediante entrega en efectivo o en forma de compromiso de pago, o quedaba como primera partida del cargo del siguiente periodo.

La formación de cuentas en la Santa Capilla se materializaba periódicamente en unos

cuadernos de cuentas, recopiladores de la información recogida en toda una serie de libros contables, así como de la directamente obtenida de los oportunos justificantes de cobros y pagos. No había libros de cuentas propiamente dichos, de modo que los mencionados cuadernos, a los que en adelante nos referiremos como cuentas de granos (trigo y cebada) y

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maravedís, siempre se constituyeron como estados contables aislados independientes2. Dichas cuentas tenían una estructura similar y fueron elaboradas siempre por el método de cargo y data.

Las fases por las que discurría el proceso de formación y rendición de cuentas en la

Santa Capilla, que se restringía a las de granos y maravedís —y accesoriamente a la cuenta de gastos de meses— se pueden resumir como sigue. En primer término, la Junta de Gobierno adoptaba el acuerdo de formación, en teoría anual y a los cuatro o cinco meses desde la fecha de cierre, aunque, en la práctica, hubo periodos en que se refirió a dos, tres o cinco años conjuntamente. El tiempo medio empleado en la formación de cuentas, que realizaba el secretario en compañía del receptor, era de tres meses. A continuación se adoptaba el acuerdo de revisión de las cuentas formadas, para lo cual la Junta de Gobierno nombraba una comisión de entre sus miembros. Ésta emitía su correspondiente informe en un plazo que oscilaba entre uno y tres meses, habitualmente sin grandes reparos. El paso siguiente era la aprobación de las cuentas por la Junta de Gobierno, a la vista del informe de revisión, lo que también sucedía, por lo general sin mayores problemas, aproximadamente después de transcurridos siete u ocho meses desde la fecha de cierre. Y, para finalizar, se procedía a la revisión, censura y aprobación externa, que se concretaba en el acto de visitación del obispo o sus representantes; aunque el plazo efectivo lo podemos catalogar de indeterminado, dada, en muchas ocasiones, la no asistenc ia de dichos censores, que obligó a aprobar conjuntamente las de diez años o más. Puede verse un esquema del proceso completo, con sus variaciones esenciales en determinadas etapas, en el Cuadro 2.

Por su parte, los libros que suministraban los datos para la citada formación de las cuentas, ya fuera la de granos o la de maravedís en cuanto a la información que cada una necesitara, eran los que se mencionan a continuación. Un primer bloque proporcionaba directamente datos cuantitativos: el libro de hacienda, libro de gastos de meses, libro de salarios y cuaderno de no cobrados, además del cuadrante de rentas decimales para la cuenta de granos. Un segundo grupo, suministraba información más cualitativa que servía para cuantificar las correspondientes partidas: libro de dotes, libro de pobres y libro de cumplimiento de misas, a más del libro de actas para cuestiones muy puntuales, y, como documentación adicional, también las propias cuentas del año anterior, que servían para trasladar los alcances y los no cobrados ordinarios de la data.

Brevemente, nos detenemos en el libro de hacienda, libro de gastos de meses y cuaderno

de no cobrados. El libro principal y de mayor relevancia informativa era el libro de hacienda y había dos ejemplares, uno para el administrador y otro para el receptor (González Doncel, 1926: 84 y 89). Su contenido teórico se concretaba en lo siguiente:

− Posesiones, rentas de cada una, personas obligadas y vencimientos. − Gastos: naturaleza, fechas y sujetos. − Mandas a favor de la Institución. − Relación de deudores.

2 Primero la de granos y a continuación la de maravedís, hasta la total desaparición de la cuenta de granos en el año 1852, a consecuencia de la reducción del diezmo al 50% de su valor en 1821 y, posteriormente, su supresión en 1837 (Teruel Gregorio de Tejada, 1993: 143-151).

Acuerdo de formación

Secretario y receptor

Libro de hacienda

Libro de gastos de mes

Libro de salarios

Otros libros auxiliares

Junta de Gobierno

Cuenta de granos y maravedís

Acuerdo de formación

Secretario y receptor

Libro de hacienda

Libro de gastos de mes

Libro de salarios

Otros libros auxiliares

Junta de Gobierno

Cuenta de granos y maravedís

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Toda esta información podía incorporarse o estar recogida en el libro de hacienda, bien

de forma directa, como es el caso más común de las rentas de posesiones de todo tipo, tomadas de las escrituras y contratos correspondientes, bien indirectamente mediante el traspaso de los datos, más o menos resumidos, de otros soportes que, en buena medida, suplieron al mismo y, en cierta forma, se conformaron como libros auxiliares, tales como el libro de cumplimiento de misas, el cuadrante de faltas de horas de capellanes y músicos, así como, probablemente, el propio libro de actas de cabildos, para otro tipo de información, como la correspondiente a las cuotas de entradas de cofrades, las rentas del juro del tabaco y la del mayorazgo de Francisco Narváez, además de las clásicas de censos, casas, hazas, huertas y olivares.

No hubo nunca en la Santa Capilla libros concretos para la información exclusiva de los

movimientos de las rentas en especie, tales como el libro de granería que fue utilizado en

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otros entes eclesiásticos, llevado por cargo y data, caso del cabildo de la catedral de Toledo (Villaluenga de Gracia, 2001: 20), o del monasterio de Santo Domingo de Silos (Tua et alt., 1998: 24). Se utilizaba a tal fin, en cuanto a la información de los diezmos de los beneficios eclesiásticos, un documento más simple, denominado cuadrante de la Contaduría Mayor de Rentas Decimales3.

El libro de gastos de meses —denominado con nombres curiosos en otros entes religiosos, como libro de coplillas, en Santo Domingo de Silos (Tua et alt., 1998: 24)— era un libro que suplía de modo parcial al libro de hacienda en lo que al reflejo de tales cargas se refiere, sin que la información contenida en él se trasladara al principal. Recogía toda una serie de gastos, en general de naturaleza corriente, a título de ejemplo: fiestas, cera, obras de albañilería, portes de granos, gastos de escritura, limosnas para sermones, vestidos para pobres, etc. Este libro se utilizaba como soporte para la formación de la cuenta de gastos del mes, que también debía rendir el receptor.

Los libros o cuadernos citados eran, desde el punto de vista de la teneduría contable, eminentemente descriptivos y ninguno se formaba por el método de cargo y data habitual en la época (véase, por ejemplo, Tua et alt., 1998: 28-30, en referencia a libros diversos, que se llevaban por dicho procedimiento).

En último término, el cuaderno de no cobrados recogía saldos deudores antiguos de

muy difícil cobro, que, por este motivo, se separaban de las cuentas de granos y maravedís, quedando en éstas únicamente los deudores ordinarios o más fácilmente realizables.

3. REFORMAS ADMINISTRATIVAS Y CAMBIOS CONTABLES HASTA EL

INICIO DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Desde el comienzo del periodo que estudiamos, en 1650, y hasta el final del siglo XVIII, la vida de la Santa Capilla transcurre sin modificaciones de consideración en su configuración administrativo-contable, siempre ceñida ésta a lo regulado en los estatutos y con la preocupación especial de la rendición, revisión y aprobación de cuentas. No obstante, en este largo espacio de tiempo hubo algunas variaciones, precisamente en dicho proceso de censura, que tendían, en unos casos a simplificar la burocracia que el mismo llevaba asociada y, en otros, a velar por su escrupulosidad en aras de mejor garantizar la gestión de los fondos y, por tanto, el cumplimiento de sus fines. Las diversas modificaciones sobre el particular pueden observarse, muy esquemáticamente, en el Cuadro 2 introducido en el epígrafe 2. También son destacables algunos cambios en las cuentas: en primer lugar, el cambio temporal de la fecha de rendición anual en 1752 mantenido hasta 1873 y retomado en 1901, que pasa a ser el 31 de diciembre, habiendo sido hasta ese momento el 24 de junio (San Juan), en la de maravedís, y el 15 de agosto (Santa María), en la de granos; este cambio de fecha supone una significativa anticipación sobre otras instituciones que lo acogieron después, caso, por ejemplo, de la Universidad de Valladolid en 1794 (véase Busto Marroquín, 1991: 407). Igualmente es destacable, también en 1752, el cambio de moneda, del maravedí al real, emulando una práctica que parece había comenzado a adoptarse a partir de la segunda década del siglo, como sucedió en 1713, según Prieto et alt. (2006: 232) en el Monasterio de Silos.

3 Institución encargada de distribuir el montante global de las rentas procedentes del diezmo —cuya recaudación generalmente se arrendaba al mejor postor— entre los legítimos participes de cada diezmería. Al frente de ella estaba el contador-notario mayor (véase Muñoz Dueñas, 1988: 254 y 349).

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Dentro del siglo XIX podemos situar las principales iniciativas que llevan a determinadas reformas y, especialmente, la etapa de Manuel Sagrista y Nadal, en las décadas de 1850 y 1860, a la que dedicaremos el siguiente epígrafe. Pero, en los primeros algo más de cincuenta años de dicho siglo que tratamos aquí, también merecen destacarse algunas acciones. En el ámbito de la metodología e información contable, en primer lugar la aparición en 1801, junto a las cuentas de este año, de un interesante estado consolidado del cargo y data de la Santa Capilla y todos sus patronatos agregados, tanto en maravedís como en granos, que probablemente se elaboraría en otros momentos posteriores, suministrando una información consolidada de gran utilidad para la gestión del conjunto de la Institución.

Y a caballo entre las dos mitades del siglo, interesa mencionar, primeramente, una sencilla pero eficaz modificación en el formato de presentación de las cuentas, que se introduce por primera vez en las cuentas rendidas de 1846 a 1848 (Legajo 42 A), y consistente en realidad en una simple variación del método de cargo y data. Ello procede de un informe de revisión emitido por el consiliario Martín de Quesada y el diputado Clemente de la Chica en relación con las cuentas de 1845 (Cabildo de 18 de junio de 1849, Libro 27 de Actas de Cabildos), mediante el cual exponen la falta de claridad y visión global de las mismas, debido a la multitud de anotaciones, derivadas de todas las operaciones producidas; por lo que se propone un modelo más sintético en el que se anotan los importes globales de las diferentes partidas, los cuales se desgranan en relaciones adjuntas. Un ejemplo del nuevo modo de anotación lo podemos ver, por ejemplo, en las siguientes trascripciones de un cargo y de una data de maravedís de la correspondiente cuenta de 1846-1848, en la que se observa la referencia a las relaciones (números 6 y 1), que aglutinarían el conjunto de anotaciones con detalle:

Anotación extraída del cargo de maravedís (Cuentas 1846-1848, Legajo 42 A):

Yd. son cargo ochenta y un mil cuatrocientos diez y siete rs. diez y ocho mrs. a que ascienden las rentas en metálico en los tres años que comprende esta cuenta cuyo por menor mostrado numerado y clasificado consta de la relación que acompaña con el nº. 6

81.417,18

Anotación procedente de la data de maravedís (Cuentas 1846-1848, Legajo 42 A):

Yd. seiscientos y sesenta rs. distribuidos a los Sres. del Gobierno con inclusión de los del Receptor y Secretario por la consignación del Mayorazgo de Narváez en los tres años de esta cuenta al respecto de 220 rs. cada uno y consta de la relación nº. 1

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Una idea de la simplificación que esto supuso la da, por ejemplo, el hecho de que en la cuenta de maravedís de 1846-1848 el número de asientos del cargo y data es, respectivamente, 8 y 15, frente a 288 y 160 que contenía la misma relativa al año 1845.

En segundo término, el gobernador Antonio María Guijosa, con el fin de mejorar la gestión administrativa, propone el 26 de enero de 1851 (Libro 28 de Actas de Cabildos), y pone en práctica después, dos medidas de notable importancia, sobre todo de cara a facilitar la transición al renovar el cargo de gobernador, procurando que la información esencial de partida en el nuevo periodo fuera clara y relevante, así como para disponer en la gestión corriente de una información precisa sobre la disponibilidad de efectivo:

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1. Confección de una memoria por parte del gobernador cada final de año (el día de San Silvestre, para más precisión) indicativa de las gestiones llevadas a cabo durante su mandato, con el fin de que la nueva junta tomase conocimiento del estado real de la Institución.

2. Elaboración y presentación mensual al gobernador, por parte del receptor, de un estado demostrativo de las entradas y salidas de efectivo. La puesta en marcha del estado mensual de cobros y pagos fue inmediata, ya que el 2 de marzo del mismo año hay constancia de ello.

Igualmente, Antonio María Guijosa introduce una variación de cierto calado en el

proceso de rendición y formación de cuentas, que tiene como aportación principal un trasvase de funciones desde el secretario al receptor, en el sentido de que el responsable de la formación de cuentas sería en adelante el receptor, en lugar del secretario, debiendo el primero presentarlas al administrador para su revisión, y continuando el proceso según lo reflejado en el Cuadro 2.

En un plano diferente, hay que exponer otras reformas administrativas, promovidas en pro de la mejor gestión del patrimonio, destacando un cambio relevante que se produce en 1828 en el sistema retributivo del receptor, el cual pasa a ser variable o a comisión sobre los cobros realizados. Desde 1650 hasta 1827 la retribución había sido de carácter fijo, como un sueldo normal de un trabajador más de la Institución, fijado al principio en 40.000 maravedís. Este importe, con algunas variaciones poco importantes, se mantuvo hasta 1778 en que se incrementó en 500 reales, con una resultante en maravedís de en torno a 60.000; a partir de ahí y hasta el referido año del cambio (1828) hubo alguna modificación más, siendo quizás la más destacable una reducción del 25% en 1822 a causa principalmente de la disminución de las rentas procedentes de los beneficios eclesiásticos originada en el decremento del diezmo a la mitad4.

Fue el gobernador Fernando Cañabate y Gamiz (véase: acuerdo de 14 de marzo, Libro

24 de Actas de Cabildos), el que, después de la revisión de las cuentas de 1826, y tras conocer el déficit anual de 6.861 reales y 20 maravedís, propuso el nuevo esquema, argumentándolo con las siguientes palabras:

… siendo el interés el único móvil del corazón humano en todo orden de cosas y habiendo acreditado la experiencia que el hombre se afana más en aquello que le reporta más utilidad y resultando que el Receptor del Caudal de la Virgen tiene dotación fija…, podía consignársele en vez de ésta el 5% de lo que recaude…

El gobernador pretendía dos objetivos prioritarios para la Fundación. Por un lado,

aumentar los fondos disponibles necesarios para hacer frente a los pagos corrientes y, por otro, disminuir el elevado número de deudores que la Institución iba acumulando año tras año en sus partidas de no cobrados. También desde esta fecha la consignación que el receptor tenía fijada en especie —en fanegas de trigo— quedó suprimida.

4 El diezmo, que era un tributo eclesiástico (Rodríguez Molina, 1986: 188-247), fue reducido al 50 por ciento por el Decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821 (Teruel Gregorio de Tejada, 1993: 143-151).

12

Hemos analizado los efectos de esta medida5, para darle una visión de conjunto, hasta el final del siglo XIX, mediante el estud io de la evolución del sueldo del receptor, de las rentas unitarias por finca y de las no cobradas. Con dicho fin, hemos optado finalmente por no deflactar las series de los datos que se utilizan, por dos motivos: en primer lugar, porque no existen buenos índices de precios al consumo, o de precios al por mayor, para esa época, y ninguno en el caso de Jaén; en segundo término porque, al estar el mercado en proceso de integración por entonces, podría ser arriesgado emplear un índice nacional o de otra localidad. Además, la tendencia general de los precios en el periodo fue de estabilidad, especialmente en el intervalo 1828-1853 (Barquín Gil, 2001: 149). Por otra parte, en los “no cobrados”, no tiene sentido la deflactación de una partida que se construye, como es el caso, con deudas acumuladas desde atrás en un número indeterminado de años. Pues bien, contando con que la evolución del sueldo del receptor hasta 1827 (periodo de salario fijo) es poco relevante por sus escasas variaciones, se ha constatado, de otra parte, una estabilización en torno a 52.000 maravedís entre 1828 y 1844, con la excepción un sorprendente pico en 1830, y una clara tendencia ascendente a partir de 1845.

Esto nos indujo a plantearnos si tal incremento podía ser debido a un mayor celo y

mejor gestión recaudatorios, por lo cual también estudiamos la evolución de las rentas de la Santa Capilla, decidiendo que el mejor índice a tal fin era el cociente entre las cifras anuales de las mismas y el número de fincas (expresado el resultado en reales), para los diferentes tipos, es decir, para las procedentes de casas, censos, hazas, huertas, olivares. Mediante los gráficos 1 y 2 se observa la evolución de las retribuciones del receptor (1650-1899) y de este último indicador de renta por finca en el periodo 1828-1899, que se apoyan en los importes extraídos de las cuentas de la Santa Capilla.

5 En un trabajo de mayor profundidad titulado “Contabilidad y cobros de rentas en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén. Dos siglos y medio tras la búsqueda de la eficiencia (1650-1900)”, publicado en De Computis (Nº 4, junio 2006), se analizan más exhaustivamente dichos cambios en el sistema retributivo de la Santa Capilla, sus efectos e implicaciones.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1649

-1650

1662

-1663

1675

-1676

1688

-1689

1701

-1702

1714

-1715

1727

-1728

1740

-1741 175

417

6717

8017

9418

0718

20183

3184

7186

0

1879

-1880

1892

-1893

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Gráfico 1. Evolución del sueldo de re ceptor en maravedís (1650-1899)

Gráfico 2. Evolución del cociente rentas /número de fincas en reales (1825-99)

Igualmente, hemos indagado sobre las partidas no cobradas y su evolución en la referida etapa, observando, como puede verse en el Gráfico 3, que se produce un descenso muy acusado en los años 1836 y 1845, explicado por importantes declaraciones de fallidos, y consiguiente eliminación de las cuentas, que se acordaron en tales fechas, y no por mejor gestión de cobro, descubriendo asimismo que en los años intermedios y siguientes, en que no se producen las citadas bajas formales, los saldos más bien tienden a incrementarse. Aunque es justo destacar algunos descensos, de cierta relevancia, en los años 1857-1858 y, especialmente, en el periodo 1860-1864, que coinciden con bastante aproximación con las épocas en que Manuel Sagrista y Nadal tuvo importantes responsabilidades en el gobierno y administración de la Santa Capilla.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1825

1830

1836

1841

1846

1851

1856

1861

1866

1877

1882

1887

1892

1897

Casa

Censo

Hazas

Huertas

Olivares

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

1828

1832

1837

1841

1845

1849

1853

1857

1861

1865

1875

-1876

1879

-1880

1883

-1884

1887

-1888

1891

-1892

1895

-1896

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Gráfico 3. Evolución importes “no cobrados” en reales (1828-1899)

Por lo anterior, si nos ceñimos al periodo objeto de análisis en este apartado y

prescindimos de la segunda mitad del XIX que trataremos en los siguientes epígrafes, y particularmente nos centramos en el intervalo 1828-1850, concluimos que el cambio desde una remuneración fija a otra variable, sobre la base de la recaudación efectuada, no produjo el efecto principal deseado de incrementar y mejorar relativamente la recaudación de las rentas de la Institución. Es cierto que dicha recaudación aumentó en los años finales de la primera mitad del siglo (1845-1850), pero no tanto por la mejor gestión de cobros, que se mantuvo en unos parámetros similares según indica la evolución de los no cobrados, sino por la revisión al alza en la cuantía de las rentas exigidas. Obviamente, por este hecho, la retribución al receptor, al estar a comisión, también ascendió, sin que, como hemos argumentado, fuera causa de su mejor hacer. Así, dicho empleado, fue el único beneficiado por el cambio. 4. REFORMAS Y CAMBIOS CONTABLES EN EL TERCER CUARTO DEL SIGLO

XIX. CONTRIBUCIÓN DE MANUEL SAGRISTA

Desde nuestro punto de vista, Manuel Sagrista y Nadal fue la persona de mayor influencia en las cuestiones relativas a la organización administrativo-contable durante toda la vida de la Institución. Algunas notas biográficas6 nos indican que Sagrista nació en Manresa en 1794 en el seno de una familia de industriales y comerciantes. Se formó en Francia y llegó a Jaén como Oficial Segundo de la Contaduría de Propios y Arbitrios. En 1837 el Jefe Político Provincial lo nombró Jefe de la Sección de Contabilidad del Gobierno respectivo, servicio que organizó y desempeñó hasta 1841. Ingresó en la Santa Capilla el 26 de marzo de 1820 y años más tarde ocupó en la misma los principales cargos: gobernador en 1854, 1857 y 1858, y administrador desde el 24 de mayo de 1860 hasta el 14 de febrero de 1864. 4.1. MANUEL SAGRISTA COMO GOBERNADOR (1854, 1857 Y 1858)

Manuel Sagrista era todo un experto en administración pública y, además, tenía fama de rígido e imparcial. En el horizonte del comienzo del año 1854, en que inaugura su etapa de gobernador, y con tales antecedentes, no tardaría en detectar diversas deficiencias, anomalías —incluso abusos— en la gestión de la Santa Capilla, entre las que destacaban, de una parte, cierta incompetencia y escaso celo profesional en la llevanza de libros caso, por ejemplo, del libro de hacienda que, habitualmente, estaba desactualizado— y, de otro lado, una mala gestión del cobro de rentas e incluso de conservación de las mismas propiedades que constituían su patrimonio. Por esto, de inmediato comenzó a proponer las correspondientes medidas correctoras.

Nos centramos, en primer lugar, en los cambios más técnicos relacionados con la teneduría contable, de cara a recuperar una información más válida y sistematizada. Se trata, fundamentalmente, de dos modificaciones de formatos de estados contables, ambos a presentar por el receptor, que se aprueban en el Cabildo de 22 de enero de 1854 (Libro 29 de

6 Obtenidas gracias a la gentileza del ilustre historiador local Manuel López Pérez.

15

de Actas de Cabildos): el modelo de presentación de cuentas para su rendición anual y el modelo del estado mensual de tesorería incorporado por Guijosa en 1851.

1) Nuevo formato de presentación de cuentas.

En la Ilustración 1 reproducimos este modelo, tal y como figura reflejado en el Libro 29 de Actas de Cabildos. De su observación se deduce que, con carácter previo a la formación de las cuentas, debía elaborarse un cuadrante de ingresos, por rentas de fincas rústicas y urbanas, del que se extraería a continuación la correspondiente información. El contenido de dicho cuadrante debía ser el siguiente, por columnas:

1ª columna: Clase de finca o producto que generaba la renta. 2ª columna: Nombre de la persona obligada a su pago. 3ª columna: Débito pendiente de cobro a fin del año anterior. 4ª columna: Importe devengado durante el año al que se refería la cuenta. 5ª columna: Débito total resultante, incluyendo lo pendiente de cobro de años anteriores,

más lo devengado en el año de la cuenta. 6ª columna: Importe cobrado durante el año de la cuenta. 7ª columna: Débito pendiente a final del año de la cuenta.

Una vez totalizadas, se formaban las cuentas, utilizando la siguiente estructura:

1ª) Parte del Debe, a la izquierda, para reflejar las cantidades correspondientes a:

• El alcance positivo procedente del año anterior. • El importe total que había resultado cobrado en la 6ª columna del cuadrante

anterior (importe cobrado durante el año de la cuenta). • Cualquier clase de ingreso con origen diferente a los recogidos en el cuadrante

elaborado previamente. • Y, en su caso, el déficit correspondiente, cuando la suma total de las cantidades

anotadas en el Haber superase a las del Debe.

16

Ilustración 1. Modelo de cuentas propuesto por Manuel Sagrista Fuente: Cabildo de 22 de enero de 1854 (Libro 29 de Actas de Cabildos)

2ª) Parte del Haber, en la derecha, para registrar los importes procedentes de:

• El alcance negativo del año anterior. • Los pagos realizados por diversos conceptos.

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• Y, en su caso, el superávit obtenido a favor de la Institución, cuando la suma total de las cantidades anotadas en el Debe fuese mayor a la del Haber.

3ª) Parte central, con el nombre del patronato al que pertenecían las cuentas ? el de la

Santa Capilla o el de cualquiera de sus agregados? , para la descripción resumida de los orígenes o inversiones cifrados en el debe y haber.

Así, y al contrario de lo sucedido en épocas anteriores, podemos decir que estamos en

presencia de un criterio de caja puro, pues con este nuevo formato el cargo se realiza por el importe cobrado y no por las rentas devengadas, no aludiéndose a que se datara o abonara la cuantía no cobrada de la parte devengada que, como hemos señalado, quedaba recogida de modo individualizado para cada deudor en la 7ª columna del cuadrante previo. El resultado obtenido con cualquiera de los dos formatos de presentación ? el tradicional usado de cargo y data y el propuesto por Sagrista? era el mismo, pero el caudal informativo y la sistematización que se conseguía con este último, sería superior. En la Ilustración 2 reproducimos la primera página de las cuentas del año 1853, rendidas, según el nuevo esquema, por el receptor José de Garre (Legajo 42 B). Obsérvese el trazado y contenido del cuadrante previo a su formación.

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Ilustración 2. Cuadrante previo a las cuentas de 1853 Fuente: Cuentas de 1853 (Legajo 42 B)

2) Modelo mensual del estado de cobros, pagos y existencias.

Este cambio vino motivado por la necesidad de aumentar el control financiero sobre los

caudales de la Institución, y, con toda seguridad, influido por las prácticas contables habituales de la época, con las que Sagrista estaría familiarizado. En el Cabildo de referencia de enero de 1854 se aprobó con el título de Estado que debe dar el Receptor mensualmente al Sr. Gobernador. Es verdad, como señalamos anteriormente, que la primera iniciativa en torno a este estado contable databa de 1851, promovido por Guijosa, pero a diferencia de éste,

19

Sagrista dio un paso más, llegando a suministrar la estructura que debía regir para la confección de dicho modelo. El formato, como puede comprobarse en la Ilustración 3, se estructuraba en tres partes, para el cargo, la data y un resumen, con el contenido y función que siguen:

1ª) Cargo, que en el caso correspondiente al primer mes del año estaría formado por las

existencias de efectivo o alcances a favor de los patrona tos agregados a final del año anterior, más los cobros efectuados durante el mes (en el modelo figuran con la denominación de Ingresos en el mes). El hecho de que en el modelo se partiese de las existencias o alcances a favor de los diferentes patronatos agregados es indicativo de que estamos ante un estado de tesorería consolidado, ya que, si se tenían en cuenta las existencias de los mismos, en buena lógica también se tendrían que considerar sus cobros y pagos.

2ª) Data, donde se recogían los pagos realizados por los distintos conceptos expresados en el modelo: nóminas, dotes (especificando el patronato), obras, etc.

3ª) Resumen, por el que expresaba el importe de las existencias en metálico para el mes siguiente, obtenido por diferencia entre los totales del cargo y data.

Ilustración 3. Estado mensual de cobros y pagos (Cargo)

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Ilustración 3. Estado mensual de cobros y pagos (Data) Fuente: Cabildo 22 de enero de 1854 (Libro 29 de Actas de Cabildos)

En segundo término, abordamos los cambios de carácter administrativo que vienen

motivados más directamente por la desidia y escasa responsabilidad de los empleados relacionados con la administración, especialmente del receptor, como es el caso de José de Garre, quien no suministra a Sagrista las cuentas y demás documentación contable requeridas reiteradamente al poco de tomar posesión (véanse, por ejemplo, los Cabildos de 12 de febrero y 19 de febrero de 1854, Libro 29 de Actas de Cabildos). Podríamos decir que este apartado abarcaría las reformas tendentes a alcanzar prácticas de buen gobierno de la Institución ante una situación manifiestamente mejorable en dicha época, y dada la importancia capital que este gobernador concede a una puntual y fiable información contable, sin la cual no veía posible tomar decisiones acertadas y proponer medidas correctoras. Y es ahí, en nuestra opinión, donde radicaba el principal motor que impulsaba a Sagrista a la mejora continua, tal vez anticipándose en buena medida a la visión de una de las principales funciones actuales de la contabilidad en torno al paradigma de utilidad, más allá de la típica rendición de cuentas de entonces.

Todo esto le lleva sin dilación (véase cabildo 23 de febrero de 1854, Libro 29 de Actas de Cabildos), a proponer ciertas medidas para regularizar la administración del Establecimiento…, así como para mejorar su situación financiera. Nos centramos en este momento en las reglas de buena administración, según palabras del mismo Sagrista; las cuales están concebidas, principalmente, para aumentar el control sobre las operaciones llevadas a cabo por el receptor aunque, incluía, en menor medida, algunas recomendaciones para una mejora de la información contable, y otras que iban dirigidas a garantizar la protección del patrimonio. Son las siguientes:

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1ª) Con el objetivo de evitar rendiciones de cuentas agrupadas, de varios años, se reiteraba al receptor su obligación anual ineludible, cada 22 de diciembre, así como la de renovación de fianzas y de ingreso de los alcances positivos, ese mismo día.

2ª) Obligación del receptor de comunicar al administrador cada partida cobrada, por

medio del oportuno justificante. 3ª) Intervención de pagos del gobernador, no admitiéndose en la rendición de cuentas los

pagos realizados sin dicho requisito. 4ª) Confección por el receptor de un estado mensual de existencias, cobros y pagos de

efectivo, según el modelo antes explicado, que pudiera apoyar al gobernador en su función de visar los libramientos de pago presentados por el primero.

5ª) Autorización limitada de obras del administrador al receptor por cuantía inferior a 100

reales. Para cuantías superiores, requerimiento de la aprobación del gobierno. 6ª) Exigencia de conocimiento y visto bueno previos del gobierno para formalizar los

arrendamientos de las fincas propiedad de la Institución. Sin dicho requisito, la operación sería nula y sin efecto. Como veremos más adelante, esta medida, junto a la siguiente, dirigidas principalmente a proteger el patrimonio, se vieron potenciadas por un paquete de medidas específico que con tal fin presentó Sagrista tres meses después.

7ª) Bajo la necesidad de regularizar la situación de los arrendatarios, obligación de

requerimiento por parte del receptor a los deudores que tuviesen pendiente de pago la renta de un año, para presentación de avales suficientes garantes de la deuda, bajo amenaza de despedida. Respecto de los que estuviesen al corriente en los pagos, comunicación de que, tras la finalización del contrato, se operaría un aumento de su renta anual si un perito tasador así lo confirmase.

8ª) Obligación del receptor de presentar al gobernador, tres días antes de la fecha de

renovación de cargos en la junta general de elecciones, un estado contable conteniendo, por una parte, los alcances a favor o en contra y las partidas pendientes de cobro a final del año anterior, y por otra, los ingresos, gastos y créditos pendientes de cobro del año en curso, con explicación de sus causas. Todo ello con el objeto de comunicarlo, a modo de memoria, a toda la cofradía.

Dichas medidas y/o reglas podemos considerarlas en parte como un auténtico código de

prácticas de buen gobierno, y en parte como un catálogo de normas de control interno respecto de las funciones administrativo-contables, especialmente sobre el área de tesorería, también en línea con las pautas que hoy se siguen en materia de auditoría.

Pues bien, en este tipo de propuestas aún incide, en un enfoque que desborda el puro

ámbito administrativo de gestión corriente, durante su primer año de mandato, y amplía las medidas en torno al propio control del gobierno de la Institución, como órgano colegiado responsable del cumplimiento de sus fines. Esto sucede por la existencia de ciertas prácticas, introducidas y toleradas por gobiernos anteriores, pero contrarias a lo previsto en los estatutos, que estaban minando el más que deteriorado patrimonio de la Institución; entre ellas, la de ventas de fincas excelentes sin el acuerdo previo de la cofradía (según manifestaba en Cabildo de 14 de mayo de 1854, Libro 29 de Actas de Cabildos), con ganancia nula, pero

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en beneficio del interés privado; o la de arriendo de fincas a miembros de la cofradía. Las referidas medidas, sobre la base del capítulo XXVI del Tratado Segundo de los Estatutos (González Doncel, 1926: 79), que regula el oficio de gobernador y previene que: …por ningún respeto ni causa consienta que los bienes de la Santa Capilla se disminuyan, antes trabaje mucho por el aumento de ellos…, propuestas en dicho Cabildo de 14 de mayo, son las siguientes:

1ª) Prohibición de admitir solicitudes de cofrades ni miembros de la Junta de Gobierno,

para arrendar, comprar, permutar o prestar bienes de la Santa Capilla. 2ª) Las ventas a censo deberían acordarse con la concurrencia de toda la cofradía, sin ser

válidas, por tanto, las aprobadas exclusivamente por los miembros del gobierno. 3ª) Los bienes entregados por los deudores como garantía del pago de sus obligaciones

debían ser fincas rústicas y, en ningún caso, podrían aceptarse las urbanas. Deducimos que esta medida y alguna de las posteriores se justificaba, dada la precaria situación financiera de la Institución, en los excesivos gastos que había que desviar para el adecuado mantenimiento y conservación de las casas de su propiedad.

4ª) Limitaciones a la admisión de permutas: De fincas rústicas, sólo en el caso de que la

recibida estuviera en la ciudad de Jaén y la entregada fuera, y si la transacción resultara claramente ventajosa para la Santa Capilla. De urbanas, únicamente si el bien recibido fuera finca rústica y si tuviera mayor valor y renta que el entregado.

En tercer lugar, nos concierne indicar y explicar los cambios dirigidos a mejorar la gestión de cobros de la entidad. Sagrista observó también el mal funcionamiento de la gestión económico-financiera de los recursos, llegando a considerar que si no actuaba de inmediato, la vida de la Santa Capilla tenía los días contados (véase Cabildo de 19 de febrero de 1854, Libro 29 de Actas de Cabildos). Sagrista observó, entre otras cosas, las elevadas cantidades que se habían declarado fallidas en los últimos años (511.026 reales y 18 maravedís). Lo cual venía en gran parte derivado de que la rendición de cuentas no se cumplía en plazo y se dilataba por largos periodos de tiempo, como el caso de las rendidas el 18 de junio de 1849 por el receptor José Noguera Calahorro de nueve años (1837-1845), en las que se declaró fallido casi la mitad del importe antes mencionado. Y ello debido, como él decía, a ... la falta de cumplimiento de los receptores por una parte y la tolerancia y bondad mal entendida del Ilustre Gobierno por otra.

Por todo ello, y para la realización en lo posible de los descubiertos que existen a favor del mismo, valorados en las cuentas de 1852 en 213.112 reales y 1 maravedí, en el mismo Cabildo anteriormente citado, de 23 de febrero de 1854 (Libro 29 de Actas de Cabildos), se introdujeron las medidas que más abajo se comentan.

1ª) Confeccionar una relación de créditos fallidos —a favor de la Santa Capilla y patronatos agregados—, con expresión de deudores, años, obligaciones y avalistas. Y otra lista de los derivados específicamente de réditos de censos, con deudores, fincas hipotecadas y últimos pagadores.

2ª) Establecimiento de una oficina para las tareas anteriores, dirigida por el gobernador y

compuesta además por uno de los consiliarios, turnándose con uno de los diputados, el

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secretario o vicesecretario, el receptor y un auxiliar amanuense, éste último como único remunerado por dicho trabajo.

3ª) El gobernador establecería el modo y el medio de hacer efectivos los importes fallidos

de los deudores de la ciudad de Jaén, dando para ello las ordenes oportunas al receptor. Y sería al gobierno de la Institución a quien correspondería establecer el modus operandi para los cobros de deudores de fuera de la ciudad.

4ª) El gobernador informaría en cada cabildo de las gestiones realizadas y de sus

resultados. Asimismo, daría cuenta periódicamente de los inconvenientes encontrados, para que el gobierno actuara en consecuencia.

El problema de la gestión de cobros parece que incluso se remonta a un siglo antes, al menos en lo que se refiere a las rentas de censos, lo que nos consta que descubre Sagrista por sí mismo (Acta del Cabildo de 14 de mayo de 1854, Libro 29 de Actas de Cabildos), al realizar el informe respectivo, no sin grandes esfuerzos ? debido a la falta de claridad y a la letra antigua de los documentos custodiados en el archivo? . Se deduce de dicho informe, aparte de una cifra notable pendiente de cobro (53.096 reales 15 maravedís), un significativo desconocimiento en los periodos anteriores de los deudores, una antigüedad muy llamativa de muchos de los censos, caso del referente a Manuel Gascón, cuyo último pago data de 1770, así como, sorprendentemente, que algunas personalidades, con un alto status social, como el Vizconde de los Villares o el Duque de Abrantes, hubiesen dejado de hacer efectivas sus deudas.

Hasta aquí las acciones de mayor interés impulsadas por Sagrista en su primer año de gobernador. Durante los dos años siguientes, 1855 y 1856, tal y como disponen los estatutos, Manuel Sagrista desempeñó los cargos de consiliario y diputado, y en 1857, volvió a ocupar el puesto de gobernador, que renovaría por un año más, 1858, para continuar con la gestión de los expedientes, abiertos en 1857, relacionados con la exención de la incautación de los bienes de la Santa Capilla afectados por la ley de 1º de mayo de 1855 sobre desamortización civil y eclesiástica. El resultado fue favorable a la Institución y, sin duda, la actuación de Sagrista sería decisiva.

En esta segunda etapa como gobernador, y por lo que se deduce de los cabildos

correspondientes, se consolida el modo de hacer de Sagrista, por medio de las medidas que ya introdujo anteriormente. No obstante, también aportó nuevas ideas interesantes, tales como, por ejemplo, un plan de salarios que propuso en un cabildo de 12 de enero de 1857 (Libro 29 de Actas de Cabildo) con miras a reestablecer el aspecto religioso y, especialmente, el educativo. El plan comprendía a 18 dependientes y suponía un incremento de 1930 reales al año, que daba por bien empleados si se mejoraba el estado de decadencia de la educación. Igualmente, es destacable la iniciativa presentada y aprobada en cabildo de 27 de septiembre de 1858 (Libro 29 de Actas de Cabildos), por la que, dada la extrema carestía de fondos, se suprimieron los salarios de los miembros del gobierno ? por importe de 2.120 reales anuales? , con el fin de destinarlos al pago de dotes y vestidos para pobres, en detrimento de sus propios intereses.

4.2. MANUEL SAGRISTA COMO ADMINISTRADOR (1860-1864)

Sagrista fue en el año siguiente (1859) consiliario, y el 24 de mayo de 1860 se le

nombró administrador de la Santa Capilla. Lo primero que pone de manifiesto, de nuevo,

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sobre la base de las cuentas entregadas por el receptor (Cabildo de 23 de julio de 1860, Libro 30 de Actas de Cabildos) es la elevada cifra de créditos sin cobrar (247.789 reales y 15 maravedís) y de cantidades declaradas fallidas en diversas cuentas de años anteriores (343.390 reales y 17 maravedís). Igualmente, expresa críticamente su decepción por el modo en el que sus antecesores habían desempeñado la administración y la baja formación administrativa y contable que habían demostrado. Lo cual le lleva, en el mismo cabildo, a presentar un paquete de siete medidas de mejora, que le fueron aceptadas. Se pueden resumir de la siguiente forma:

En relación con libros o estados contables:

1ª) Formación de nuevos libros de hacienda para el administrador y el receptor, puesto

que los existentes, a pesar de los esfuerzos del propio Sagrista en su etapa de gobernador, no estaban actualizados.

2ª) Exigencia al receptor de presentación al gobierno de estados cuatrimestrales de

alcances, de la Santa Capilla y de sus patronatos agregados, visados por el administrador.

Respecto del control de fondos, formación y revisión de cuentas: 1ª) Intervención por el administrador de todos los cobros recibidos por el receptor. 2ª) Intervención por el administrador de los pagos. Obsérvese cómo, en el afán por

protagonizar el control de buena parte de la vida administrativa de la Santa Capilla, en esta medida se produce el cambio de interventor de pagos, que el mismo Sagrista había solicitado para el gobernador cargo ocupado por su persona en el cabildo de 26 de febrero de 1854.

3ª) Instauración como fecha de pago de los salarios la de final de mes, por medio de

nómina, con el páguese del gobernador y el VºBº del administrador.

4ª) Formación de cuentas por el receptor, con censura previa del administrador, y elevación al gobierno para su aprobación antes del final de cada mes de enero. Así quedaba derogado el acuerdo del cabildo de 26 de febrero de 1854, por el que las cuentas debían ser presentadas por el receptor el 22 de diciembre de cada año.

Por lo que se refiere a la mejor gestión del patrimonio y de sus rentas, exigencia al

administrador de que extendiera las papeletas de arrendamiento de fincas por el mismo valor del periodo anterior o superior. La confección por menor importe necesitaría la aprobación por parte de todo el gobierno.

De todas formas, tampoco en este periodo el receptor atendía puntualmente, según Sagrista, sus obligaciones, y ello mermaba la eficiencia de la recaudación de rentas, así como restaba a la información contable capacidad para ayudar a la toma de decisiones.

Sagrista fue perdiendo apoyos por su crítica constante y su afán desmesurado de ponerlo

todo en cuestión, como se deduce, por ejemplo, de un documento de 12 de junio de 1862, relacionado con los reparos que puso a las cuentas de 1861 (Legajo 60 B), y emitido por una comisión del gobierno creada al efecto. Además, su delicado estado de salud a partir de entonces hizo que el 14 de febrero de 1864 (Libro 30 de Actas de Cabildos) presentara carta de dimisión y abandonara el cargo.

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4.3. JUSTIFICACIÓN Y EFECTOS DE LA ACTUACIÓN DE MANUEL SAGRISTA

Aunque, la gestión de cobro de los ingresos de la Santa Capilla y, en general, la administrativa, fue en ocasiones negligente y poco profesional, la época que nos ocupa ahora no fue de las peores en el terreno económico, dentro de las dificultades del siglo XIX en su conjunto. Así, la demografía experimentó un notable crecimiento, se inició una lenta pero visible industrialización, mejoró el comercio en general, tanto interno como externo y, principalmente —por cuanto nos interesa en mayor medida—, la agricultura creció significativamente, también al nivel de la provincia de Jaén (véase Pascual y Surdrià, 2002: 204-240; Tortella, 2000: 29-50 y Garrido González, 1994: 256-313). Lo cual nos hace suponer, en efecto, que los arrendatarios no tenían mayores inconvenientes —económicos— que en etapas precedentes para atender sus pagos.

Una cuestión diferente era la situación de las arcas estatales para atender el compromiso

de su deuda, de modo que, por ejemplo, las dificultades en el cobro de los intereses de censos públicos por parte de la Santa Capilla, derivados de la inversión de capitales en la Caja de Amortización —procedentes de enajenaciones de fincas, particularmente a causa de la septimación de Godoy en 18067—, fueron muy serias. A ello se unió, en el ámbito económico de nuestra Institución, la reducción y desaparición subsiguiente del diezmo eclesiástico, respectivamente en 1821 y 18378, que dio al traste con las rentas de los beneficios eclesiásticos. Rentas de censos y de beneficios eclesiásticos fueron antes, precisamente, las de mayor cuantía. En consecuencia, ello supuso un descenso muy importante en el devengo y recaudación de ingresos, en esta segunda mitad del siglo XIX en que Sagrista protagoniza en buena medida la dirección y gestión de la Santa Capilla, al punto de calificarse de estado de apuro jamás visto, que llega, por ejemplo en 1851, a no poder dotar doncellas, ni vestir pobres, ni decir misas.

Con tales condicionantes, Manuel Sagrista ocupó prácticamente la década 1854-1864 en

el terreno de la administración de la Santa Capilla, proponiendo toda una serie de actuaciones y medidas en orden a su mejora, según hemos visto. Trataremos ahora de avalar determinadas iniciativas y de evaluar en lo posible los resultados de sus propuestas. Prescindimos de ahondar en el acaparamiento de funciones sobre el control financiero, que trató de reservar para sí mientras ocupó los dos cargos de mayor relevancia, gobernador y administrador, aunque, desde nuestro punto de vista, ello quedó justificado por exceso de profesionalidad y responsabilidad en el mantenimiento de la Institución y consecución de sus fines.

En relación con las propuestas de teneduría contable, debemos indicar que el formato de cuentas de Sagrista aplicado por vez primera a las cuentas de 1853 se mantuvo operativo hasta 1875, en que aparece la normativa civil oficial para la beneficencia. Y que esta innovación produjo, sin duda, efectos beneficiosos en la información financiero-patrimonial, dado que el estadillo previo al propio modelo de cuentas revelaba datos capitales relativos a los bienes generadores de rentas y a la situación de las mismas respecto de su cobro. Así, quizá se pudo sustituir la información llamada a suministrarse por los libros de hacienda, los cuales con frecuencia estaban desactualizados, según hemos podido deducir del análisis realizado en esta etapa.

Por lo que se refiere a las medidas tendentes a conseguir una mayor efectividad de la

información y un incremento en el control del patrimonio, también propuestas en 1854 —en 7 Véase Herr (1991: 199-200). 8 Véase Teruel Gregorio de Tejada (1993: 143 y 151).

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las tandas de enero, febrero y mayo—, y suplementadas principalmente en 1860, primeramente hemos comprobado que continuó redactándose la memoria anual que había introducido Antonio María Guijosa en 18519, y cuando fue confeccionada por Sagrista alcanzó los máximos niveles informativos.

Por su parte, el modelo para el control de tesorería, materializado por Sagrista en un

estado mensual de cobros, pagos y existencias, como continuación a la también iniciativa de Guijosa, parece que no llegó a elaborase con carácter general no hay constancia del mismo en los libros de actas y que ello pudo perjudicar la intervención de pagos por cuanto suponía de ausencia de la información necesaria al respecto.

En el mismo ámbito del control financiero, creemos que los resultados fueron

desiguales. De un lado, hubo algunas medidas que no llegaron a implantarse o conseguirse efectivamente a pesar de la insistencia de Sagrista; entre ellas, la del cumplimiento del plazo de rendición de cuentas, ni la de renovación de fianzas e ingreso de alcances inmediatos; tampoco la intervención de cobros por el administrador, que se mostró en la práctica irrealizable; y opinamos asimismo, en virtud de la documentación analizada, que el estado general informativo acordado para presentar, en cada caso, antes del cabildo de elecciones, no llegó a elaborarse, como tampoco, por lo que hemos podido indagar, se confeccionarían los estados cuatrimestrales.

Por el contrario, del lado de las mejoras efectivas, continuó la intervención de pagos, si

cabe con mayor insistencia, aunque, como hemos visto, el propio Sagrista trató de dirigir dicha función hacia sí mismo, independientemente del cargo que ostentara; parece que se respetó la propuesta de autorización del administrador para realizar obras menores; y se puso un énfasis mayor en el cumplimiento del proceso establecido para concertar arrendamientos y en el seguimiento de los mismos.

Asimismo, creemos que el conjunto de iniciativas dirigidas a la protección del

patrimonio, en particular las de mayo de 1854, debieron tener un cierto efecto positivo —aunque esto nos resulta difícil de constatar fehacientemente—, lo cual pudo incluso venir inducido por la propia aprobación de las mismas que, en paralelo, suponía reconocer un cúmulo de abusos y negligencias; así, por ejemplo, la que se concretó en no admitir solicitudes de arrendamientos de bienes por parte de cofrades o miembros del gobierno, o la de requerir el acuerdo de la cofradía para realizar ventas a censo. Sin olvidar la ejemplarizante medida de la eliminación de los sueldos de los miembros de la Junta de Gobierno, a instancias de Sagrista, a causa de la penuria de los caudales de la Institución.

Finalmente, nos centramos en las medidas que perseguían una mejor gestión de cobros

de las rentas de la entidad y, particularmente, de las partidas catalogadas como “no cobrados” por impago de requerimientos anteriores. No sin advertir que algunas de las cuales, como es el caso concreto de las relativas a los censos contra el Estado, se vieron mediatizadas por las circunstancias y decisiones político-revolucionarias del momento —esencialmente la desamortización de Madoz de mayo de 1855—, que impidieron un más decidido impulso a tales iniciativas.

Hubo, como hemos visto, propuestas relacionadas con el conocimiento y actualización

previos de los deudores, que, hemos podido deducir, se llevaron a buen término. Más

9 Véase sobre este particular el Cabildo de 26 de enero de 1821 (Libro 28 de Actas de Cabildos).

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específicamente, para las rentas de censos, el propio Sagrista preparó un informe detallado de impagados. Todo lo cual había de servir de base para acometer las subsiguientes acciones efectivas de cobro, que se pusieron bajo la acción del gobernador desde el primer momento en marzo de 1854. Así interesa, en último lugar, obtener evidencia respecto de si tales acciones y celo particular de Sagrista produjeron los resultados apetecidos; es decir, si mejoró la gestión de cobro.

Sobre ello ya expusimos anteriormente la evo lución del sueldo del receptor, de las

rentas unitarias por propiedad, así como la evolución de los saldos de créditos “no cobrados”, especialmente desde 1828, año en que el sistema de retribución al receptor pasó de importe fijo a comisión. Y concluíamos que en general este cambio no mejoró por sí la gestión de cobros, pero apuntábamos una excepción, por lo que se refería a determinados pequeños intervalos, los cuales coinciden muy aproximadamente con la época de Sagrista en responsabilidades de gobierno y administración, sin que los receptores de turno hubieran destacado precisamente por su mayor implicación de partida. Nos centramos, por tanto, ahora en explicar y demostrar esta evidencia, sobre la base principal del estudio de la evolución de las partidas no cobradas, en que Sagrista se implicó a fondo, lo que también dio lugar, como es obvio, a unas mejores cifras globales de rentas cobradas y, por su efecto, de más altos importes pagados al receptor. Así, a partir de los datos contenidos en el Gráfico 3 anterior, hemos acotado el Gráfico 4, relativo al periodo 1850-1866, el cual representa la evolución de los citados saldos de “no cobrados” en la década de Sagrista, así como los años inmediatamente anteriores y posteriores, desagregando las tendencias para cada tipo de renta.

Gráfico 4. Evolución de rentas “no cobradas” en maravedís (1850-66)

Tras la observación del mismo se aprecian, entre otros, los siguientes hechos: - Se inicia la época de Sagrista en los primeros años (1854-1856) con una visible subida de los no cobrados, que no supone otra cosa, a nuestro entender, que la continuación de una tendencia que provenía de los años anteriores y que, como ya expusimos, era opinión bastante generalizada que se debía, principalmente, a la laxitud y dejación de los cargos implicados. - Especialmente, se producen importantes incrementos en los impagos de censos, también en los primeros años. Sin embargo, ello pudo deberse a los problemas que presentaron los

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Olivares

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réditos de la Caja de Amortización por la preocupante situación de la Hacienda Real, no del todo remediada con la amortización de Madoz de 1855. - Contando con las observaciones anteriores, y presuponiendo que las acciones de Sagrista deberían de requerir de un cierto tiempo para producir algún resultado, se constata cómo, aproximadamente entre 1856 y 1858 —Sagrista volvió al cargo de gobernador en 1857-1858— se produce un descenso generalizado en los “no cobrados”, respecto de todas las clases de rentas sin excepción, más intenso en las procedentes de censos que tomó Sagrista bajo su responsabilidad personal. - Entre 1858 y 1860, en que nuestro personaje no ocupa cargo ejecutivo, puede verse un nuevo incremento de los impagados. - No obstante, a partir de 1860 y hasta 1864, etapa en que Sagrista asume la administración de la Santa Capilla, se produce otro descenso en los no cobrados, en general más importante que el anterior, esencialmente en 1861, manteniendo una relativa estabilidad con tendencia a la baja en los años siguientes, lo que lleva a situar las cifras de no cobrados en cuantías menores que las de 1850, en la mayoría de los casos. - Los referidos descensos de impagados producidos en la década de referencia, y particularmente en los años de mayor protagonismo de Sagrista, alguno especialmente significativo, como el de 1861, hemos comprobado —mediante los registros en los libros de cuentas— que en ningún caso se debieron a declaraciones formales de fallidos ni, en consecuencia, a eliminaciones de deudores de las cuentas.

Finalmente, comentar que en la década posterior a Manuel Sagrista (1865-1874), con la que termina el tercer cuarto del siglo, no hubo cambios destacables ni en lo que se refiere al método contable ni en cuanto a reformas tendentes a la mejora de la gestión del patrimonio y, particularmente, de los cobros. En relación con este último aspecto, puede verse en el Gráfico 3, relativo a los “no cobrados” e incluido en el epígrafe 3, que estos saldos tienen de nuevo, con alguna excepción, una evolución al alza. 5. REFORMAS Y CAMBIOS EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XIX

Durante los últimos veinticinco años del XIX los cambios contables en la Santa Capilla vinieron, en buena medida, forzados por la legislación de beneficencia para la rendición de cuentas, especialmente la Instrucción de 27 de abril de 1875. No obstante, la Institución continuó sometiendo sus cuentas a los trámites evacuados en etapas anteriores, es decir, a la comisión de miembros de la Junta de Gobierno para su revisión, hasta alcanzar la aprobación definitiva.

Después de varios intentos de los gobiernos de la nación de someter al conjunto de

instituciones de beneficencia a la jurisdicción civil, para lo que se alumbraron determinadas normas, especialmente en el siglo XIX, entre las que destaca la misma constitución de 1812, así como una Real Orden de 30 de agosto de 1870 por la que la Santa Capilla perdía teóricamente su autonomía eclesiástica, a la que la Institución se resistió en cierta medida bajo el argumento de falta de claridad en el ámbito subjetivo de aplicación, fue el Real Decreto e Instrucción de 27 de abril de 1875, el que finalmente introdujo a la Santa Capilla en la normativa pública de beneficencia y la obligó, de forma efectiva, a una rendición de cuentas ante los poderes públicos.

Sin embargo, no forma parte del objetivo del trabajo el análisis de cambios contables derivados simplemente del cumplimiento de normas públicas, particularmente si los cambios consisten, como es el caso, en el mero trámite de rellenar unos modelos surgidos de la propia

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normativa. Nos interesa, como se argumentó al principio, el cambio contable que surge de nuevas necesidades informativas en pro de la mejora de la gestión de la entidad, muy adherido, por lo demás, a las personas que velaron por la administración y finanzas de la misma. Por ello, sólo mencionaremos sintéticamente las nuevas obligaciones legales y nos detendremos, si hay ocasión, en la clase de aportaciones propias de la Institución que hemos perseguido.

Según la Instrucción de 27 de abril de 1875, la contabilidad se llevaría con arreglo al

sistema que estuviera acordado en cada entidad pero, además, destaca, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas y la de presentar presupuesto anual a la respectiva Junta provincial, con arreglo a dicha norma y según los modelos en la misma aprobados, que debían ir acompañados de toda una serie de relaciones explicativas y justificantes y se apoyaban en otros documentos complementarios como, por ejemplo, los que detallaban los distintos grupos de ingresos y gastos. Ambos mandatos parecen que se cumplieron razonablemente, pero con cierta dilación en los plazos en ocasiones. Puede verse el modelo de rendición de cuentas, concretado a las de 1874-1875 (Legajo 44 A) de la Santa Capilla, en la Ilustración 4, de la que se deduce la composición del debe con las siguientes clases de ingresos: de fincas rústicas, de fincas urbanas, de censos, de mandas, de conceptos diversos; y la del haber con la distribución de gastos que sigue: de personal y administración, de material y de fundación.

Desde el punto de vista de la formulación de cuentas, la intervención de la autoridad civil

y el sometimiento a la legislación de beneficencia supuso para la Institución una serie de cambios forzados inmediatos, entre los que podemos destacar los siguientes:

1º) Desde 1873-1874 (Legajo 44A) se dejó de rendir cuentas por años naturales (véase

artículo 103 de la Instrucción de 1875), para volver al intervalo 1 de julio a 30 de junio. 2º) Se alteró la unidad monetaria de expresión de las cuentas, que pasó, también desde

1873-1874, de reales a pesetas. 3º) Hubo que suplir el déficit informativo sobre los “no cobrados” que tenían los modelos

de cuentas de la Instrucción de 1875, que no destinaban ningún espacio a tal fin, por una relación detallada ad-hoc, en las cuentas del último cuarto de siglo.

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Ilustración 4. Primera página de las cuentas de 1874-1875 Fuente: Cuentas de 1874-75 (Legajo 44 A)

Por otra parte, tras el análisis de las cuentas correspondientes a esta etapa final, debemos

destacar que el efecto más significativo —y perverso— de las disposiciones comentadas y su implementación práctica fue, con toda seguridad, el notable retraso que se produjo, sistemáticamente, en la aprobación de cuentas por parte de la autoridad civil, así como la dilación que igualmente se producía en la remisión de las mismas, ajustadas a los modelos

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oficiales, desde la Santa Capilla a dicha autoridad. Se dan casos en que las comunicaciones entre una y otra se dilatan más de una década, como ocurrió, por ejemplo, con las cuentas relativas a 1873-1874, sobre las que, tras ser remitidas (cabildo de 16 de octubre de 1875, Libro 31 de Actas de Cabildos), el Gobierno Civil tardó trece años en contestar que no se ajustaban a los modelos exigidos (cabildo de 20 de mayo de 1888, Libro 32 de Actas de Cabildos), o como las de 1874-1875 que no fueron enviadas a la autoridad civil hasta 1889, con catorce años de retraso (cabildo de 19 de mayo de 1889, Libro 32 de Actas de Cabildos), para terminar por aprobarse el 29 de septiembre de ese mismo año.

En cuanto a los presupuestos, como dijimos, se formulaban y enviaban, si bien con

cierto retraso también. Y es destacable el hecho de que esta nueva obligación supuso el oportuno diseño de una estructura organizativa para ello que consistió en la creación cada año, por abril, de una comisión encargada, la cual los debía presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno y ésta remitirlos a la Junta Provincial de Beneficencia, aproximadamente en el plazo de dos meses, tras lo cual debían pasar para su aprobación a la Dirección General.

Por otra parte, y ya en los límites del intervalo temporal objeto de estudio (1899), se produjo un cambio legislativo en virtud del cual los procesos de formación de presupuestos, por un lado, y los de rendición de cuentas, por otro, se vieron directamente afectados. Esta nueva norma comenzó a aplicarse en la Santa Capilla a las cuentas rendidas por la Institución a comienzos del siglo XX. Se trata de la Instrucción de 14 de marzo de 1899, referente al ejercicio del protectorado del Gobierno en la beneficencia particular. Sin embargo, el examen que hemos realizado de sus preceptos nos indica que las modificaciones fueron mínimas en los plazos de presentación, número de copias, etc., manteniendo incluso al pie de la letra los modelos anteriores, por lo que no es relevante que los destaquemos. La Santa Capilla de inmediato adoptó dicha norma, y así junto a las cuentas de 1901 (Legajo 45 C) encontramos un certificado, expedido en Madrid el 24 de diciembre de 1902 por la Dirección General de Administración, que prueba que la misma rendía con regularidad sus presupuestos y cuentas con arreglo a la referida Instrucción.

Finalmente, nos queda por destacar una propuesta de aplicación de la Partida Doble,

también a principios del siglo XX, la cual es realizada por Rafael Sagrista y Aguirre10, quien ocupó el cargo de administrador interinamente, por enfermedad de su tío Juan José de Bonilla y Forcada, el 20 de enero de 1901 (Libro 33 de Actas de Cabildos), y al fallecimiento de éste fue administrador titular, el 3 de noviembre del mismo año. El cambio a la Partida Doble lo propuso nada más tomar posesión, con el argumento de que así se sabría con exactitud los recursos de la corporación, y aludía a algunos estados contables que el receptor tenía que formular y presentar periódicamente ante la Junta de Gobierno (Libro 33 de Actas de Cabildos):

Cada trimestre formará el Receptor un balance de Caja, comprensivo no sólo del metálico sino también… de los créditos pendientes de cobro: este documento se presentará a la Junta mensual de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre; y en las de todos los meses del año y por el

10 La revista Don Lope de Sosa se hacía eco de su fallecimiento en el número correspondiente al mes de marzo de 1915 con la siguiente nota necrológica (véase Ca zabán Laguna, 1915: 95): “Falleció en Jaén el Teniente Coronel D. Rafael Sagrista y Aguirre. Dedicó su vida, —vida honrada, caballerosa y fecunda en actividad inteligente— a importantes obras de embellecimiento urbano. Su actuación como Administrador de la Santa Capilla de San Andrés, no se olvidará nunca, pues la arquitectura y el arte le deben mucho en la conservación y restauración de los tesoros que allí se encierran. Espíritu propicio a toda obra de progreso, Jaén ha perdido mucho al perder al Sr. Sagrista”.

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indicado oficial, se presentará, asimismo, una relación justificada del metálico que precisó para las atenciones del mes siguiente…

Rafael Sagrista señalaba también los libros que debían llevarse por el administrador y receptor, y hacía algunas recomendaciones con el fin de instaurar el nuevo método contable en el siguiente ejercicio económico (cabildo 4 de diciembre de 1901, Libro 33 de Actas de Cabildos):

Se llevarán dos libros, mayor y de caja: el primero, por el Administrador, el otro por el Receptor; en los cuales se harán cuantos asientos sean precisos, … Para implantar el sistema en el próximo año, el Receptor hará balance general, por fin del presente mes, … y entregando metálico y valores que tenga en su poder, con arreglo a lo propuesto.

Aunque la propuesta fue aprobada en todos sus términos, la Partida Doble no llegó nunca a aplicarse en la contabilidad de la Santa Capilla. En esta línea, hemos encontrado un cabildo de 23 de Junio de 1906 (Libro 33 de Actas de Cabildos) —fecha en la que Sagrista y Aguirre continuaba ocupando el cargo de administrador— donde se acordó reproducir la decisión adoptada el 4 de diciembre de 1901 de llevar la contabilidad por Partida Doble. Pero de nuevo fue en vano. Desgraciadamente, no hemos hallado ningún indicio que nos oriente acerca de las razones que impidieron su implementación. 6. CONCLUSIONES 1. El sistema contable de la Santa Capilla se asentaba, en primer término, sobre un conjunto

de libros, con la función esencial de control y registro del patrimonio y, en segundo lugar, sobre el oportuno proceso de rendición, revisión y aprobación de cuentas, que, a su vez, determinaba el método de llevanza de las mismas.

2. En teoría, el conjunto de libros de administración de la Santa Capilla era suficiente para los objetivos perseguidos por el sistema: control del patrimonio y rendición de cuentas. En la práctica, la teneduría de los mismos no siempre se hizo con la necesaria diligencia y hubo épocas en que el déficit informativo generado por este motivo impidió una adecuada gestión, a tiempo, de ambos objetivos. El mayor o menor éxito sobre el particular vino inducido esencialmente por el mayor o menor celo puesto, en cada momento, por los integrantes de la Junta de Gobierno respecto del cumplimiento de los estatutos.

3. El interés referido hizo que se introdujeran determinadas reformas y cambios contables para proteger el patrimonio, facilitar la rendición de cuentas y mejorar la información de cara a la toma de decisiones. Los principales cambios, de diversa naturaleza, claramente unidos a determinadas personas del gobierno de la entidad, se producen en el siglo XIX, que fue, por tanto, el periodo más dinámico en tal sentido, en comparación con toda la etapa anterior (1650-1800), que se caracterizó por un mayor conservadurismo. Destacan cinco momentos o escenarios y sus correspondientes personajes.

4. En primer término, el cambio en el sistema de remuneración al receptor, de fijo a variable, que introduce el gobernador Fernando Cañabate y Gámiz en 1828, ante la evolución preocupante que experimentaron los no cobrados y los déficits que generaban las cuentas, y con la expectativa de que se incentivara y mejorara la gestión de cobros. Dicha medida retributiva, que se mantuvo en adelante, no logró su objetivo, particularmente en cuanto se refiere a la mejora en la gestión de “no cobrados”, y el principal beneficiado pudo ser el receptor, que ganó más a causa del incremento de una buena parte de las rentas que decidió aplicar el gobierno de la Institución, especialmente en torno a la mitad del siglo.

5. En segundo lugar, en las cuentas de 1846-1848, un cambio de mera teneduría contable, tendente a simplificar la comprensión de las mismas, a instancias del abad consiliario

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Martín de Quesada y del diputado Clemente de la Chica: descripción sintética de las distintas partidas del cargo y de la data como cuerpo de las cuentas e incorporación de la información minuciosa de las principales partidas en relaciones aparte. Esto suponía reducir considerablemente el número de asientos de las cuentas formadas y observar con nitidez los gastos, ingresos y alcances.

6. En tercer lugar, una serie de medidas de cierto calado respecto de la gestión financiera, tomadas por el gobernador Antonio María Guijosa. De una parte, la introducción de dos estados contables muy relevantes: un estado mensual de movimientos de tesorería, a realizar por el receptor, y una memoria anual de los logros alcanzados por el gobernador. De otra parte, un intento de agilizar y, al mismo tiempo, fiscalizar mejor la rendición de cuentas mediante la asignación de la tarea de formación al receptor, en presencia del secretario —anteriormente las formaba este último—, así como la incorporación de una revisión interna, previa a la habitual, que debía efectuar el administrador. Con la excepción del estado de tesorería, que tuvo una vida efímera, todas se mantuvieron en el tiempo y contribuyeron, en particular, a aumentar el control sobre el receptor y, en general, a incrementar la cantidad y calidad de la información de naturaleza económico-financiera.

7. En cuarto lugar, Manuel Sagrista y Nadal extendió su acción e influencia durante la década 1854-1864, especialmente al ocupar los cargos de gobernador y administrador. Sagrista y Nadal acaparó, de hecho, una buena parte de las funciones asignadas en los estatutos para la gestión y administración de la Institución, y fue especialmente beligerante a la hora de intervenir, personalmente, en el movimiento de fondos. Su actitud se justifica en el afán desmedido de ser útil a la organización y en el convencimiento de que debía cumplir la misión ímproba de “salvar” y dar continuidad a tan noble entidad, máxime cuando no constataba la debida preocupación y preparación en otros cargos administrativos.

9. Gran parte de las medidas adoptadas por Sagrista y Nadal, además de abordar el perfeccionamiento de los formalismos y garantías de la rendición de cuentas, tienen como objetivos esenciales los de imponer toda una serie de reglas de buena administración y, sobre todo, poder obtener una información oportuna de cara a poder tomar decisiones (utilidad para la gestión).

10. En el ámbito de la mejora de la información y teneduría contable, Sagrista introduce un nuevo modelo de cuentas, implementado por un cuadrante muy rico en datos que, efectivamente, consiguió mayor calidad informativa y sustituyó, hasta cierto punto, al libro de hacienda. También propone un modelo para el estado de cobros, pagos y existencias de efectivo y consigue que se solicitara del receptor la realización de estados cuatrimestrales de los alcances; pero ninguna de estas últimas novedades llegaría a fructificar. Trata de utilizar información agregada y, por ello, se preocupa y ocupa personalmente de consolidar las principales cifras de la Santa Capilla y sus patronatos, aunque parece que los estados contables que confeccionó al efecto tuvieron un carácter esporádico y no consiguieron la necesaria continuidad.

11. En el plano del control y rendición de cuentas, Sagrista incrementa la exigencia de la intervención de pagos. E igualmente, trata de aumentar la fiscalización de los cobros de forma más minuciosa, sin obtener, en este caso, los resultados esperados, por la escasa operatividad del riguroso esquema que propuso. Por otra parte, incorpora un criterio de caja más puro en los modelos de cuentas, aunque las rentas devengadas y no cobradas quedaban reflejadas en otras relaciones. La memoria anual introducida por Guijosa alcanza sus máximos niveles informativos en sus años de gobernador.

12. Respecto de otras reglas de buena administración en orden a la protección del patrimonio, consigue que ciertas pautas de actuación calen en los gestores de la Santa Capilla, en

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especial las que se referían a seleccionar y garantizar mejor los contratos de arrendamiento y el seguimiento de los mismos; por ejemplo, la medida de no considerar con efecto ningún arrendamiento sin previo acuerdo del gobierno.

13. Finalmente, y dada la principal preocupación sobre la precariedad económica y de la contribución a la misma del elevado importe de partidas “no cobradas”, Sagrista, primero, puso cierta claridad en el estado de la cuestión elaborando relaciones de morosos y, después, impulsó la acción de cobro, que dio notables frutos, consiguiendo disminuir los saldos de no cobrados significativamente, en comparación con la situación y evolución de estas cifras en el resto del siglo XIX.

14. Sagrista fue, en fin, la persona más relevante en la entidad en el siglo XIX y, probablemente, uno de sus principales baluartes en toda su historia.

15. En quinto término, en el siglo XIX, y por causa de la calificación a la Santa Capilla como institución de beneficencia particular en 1870, se somete a la jurisdicción civil. La Instrucción de 27 de abril de 1875 establece modelos de cuentas, sin aportaciones de calado, a los que nuestra entidad se adapta de inmediato. La nueva normativa trae consigo algunas novedades, aunque éstas, con la excepción de la influencia positiva que seguro producirían los estados presupuestarios, no supusieron mejora informativa alguna y, por el contrario, tuvieron el efecto pernicioso de dilatar la aprobación de las cuentas y, con ello, también de los procesos internos de formación.

16. Traspasada la frontera del periodo objeto de estudio, en 1901, y a propuesta de otro Sagrista, el administrador Rafael Sagrista y Aguirre, se acordó la implantación de la Partida Doble para la llevanza de las cuentas. No obstante, esta medida no llegó a hacerse efectiva, probablemente por la complejidad que se asociaba a dicho método y por el hecho de que la normativa civil que afectaba a la Institución no la exigía.

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