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Colombia-Venezuela: ¿Continuidad del cambio?

Por Socorro Ramírez*

Los próximos cuatro años de gobierno de Juan Manuel Santos darán continuidad al nuevo tipo de relaciones establecida entre los jefes de Estado de Colombia y Venezuela desde el 7 de agosto de 2010, ante el peligroso escalamiento de las tensiones binacionales. Esa normali-zación se alcanzó con Hugo Chávez, y, a excepción de algunos momentos críticos, ha predo-minado con Nicolás Maduro. Por ahora se mantendrá, a no ser que la crisis venezolana o la polarización colombiana generen nuevos sobresaltos.

Santos y Chávez

La reunión de Santos con Chávez solo tres días des-pués de haber asumido el po-der, revivió varios principios de la vecindad (mutuo respe-

to a las opciones del gobierno vecino, no injerencia en el otro país y canales de comunicación recíproca) y redefinió la agenda.

Para revisar asuntos bilaterales y fronterizos, los dos presidentes acorda-ron reunirse cada tres meses. Aunque

el deterioro de la salud de Chávez solo permitió cuatro encuentros1, las reunio-nes entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Energía, Comercio y Transporte han sido más numerosas.

Tres indicadores mostraron muy pronto la mutua conveniencia de la nue-va relación. 1) La “destriangulación” de las relacio-

nes entre Colombia y Venezuela y de ambos con Estados Unidos ayudó a que las divergencias en torno a asun-tos internacionales no interfirieran en las dinámicas bilaterales. En las

decisiones del Consejo de Seguri-dad de la ONU sobre Libia, Siria o Palestina, Colombia no coincidió con Venezuela y si lo hizo con Estados Unidos, sin que esta discrepancia perturbara la relación mutua.

2) El interés compartido en el acerca-miento entre América Latina y El Caribe, así fuera entendido de modo distinto, ayudó a que las diferencias no lo entorpecieran. Santos y Chávez apoyaron el plan de reconciliación que permitió el retorno a Honduras del presidente depuesto Manuel Ze-

Las relaciones colombo-venezolanas bajo el primer mandato de Juan Manuel Santos se normalizaron.

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laya y de ese país a la OEA. En Una-sur, cada uno de los dos gobiernos postuló su candidato para la Secreta-ría y, finalmente, en lugar de dispu-tarse compartieron el período.

3) La urgencia para ambos países –por razones distintas- de poner fin a la confrontación armada colombiana, ayudó al inicio de los diálogos con las FARC y al acompañamiento de Venezuela.El acercamiento Santos-Chávez des-

cansó, sin embargo, sobre bases débiles. Sólo se basó en el diálogo oficial y no incorporó las comisiones binacionales -negociadora, de vecindad y militar- ni los esfuerzos de distintos sectores interesados en la buena vecindad. El predominio de la oposición a Chávez en las gobernaciones de los estados fronterizos, hasta diciembre de 2012 -cuando la oposición perdió en Zulia y Táchira y solo ganó en Amazonas- era aducido por el gobierno bolivariano como el obstáculo para convocar a las autoridades y organizaciones locales.

Santos y Maduro

La transición venezolana a la era posChávez, empezó a marchar bajo los mismos registros acordados en 2010 pero bien pronto la relación binacional se vería sometida a prueba.

En reunión con la canciller colombiana, Nicolás Maduro como presidente encargado, reiteró la

hermandad e integración con el país vecino, que Chávez había ordenado mantener junto al apoyo a los diálogos de paz. Luego de que el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela decidieran no convocar nuevas elecciones sino invocar una «continuidad administrativa» para obviar la juramentación de Chávez el 10 de enero, el gobierno colombiano -como sus pares latinoamericanos y caribeños- respetaron esa singular medida con el fin de evitar una crisis en la transición. Después, Santos se reunió en Santiago en la cumbre de la CELAC, con el presidente interino y el canciller venezolano, y luego asistió a los actos fúnebres de Chávez.

Ante la elección de Maduro por estrecho y cuestionado margen, Santos defendió en Unasur la necesidad de realizar una auditoría de los resultados, medida que inicialmente no era apoyada por Brasil, Argentina y el ALBA. Finalmente, los gobiernos de la región acordaron reconocer el triunfo chavista y, a la vez, apoyar la auditoría de los votos y la investigación de los hechos violentos ocurridos luego de las elecciones. En esas condiciones, el presidente colombiano participó en la posesión de Maduro. Sin embargo, la auditoría acordada no se realizó y las tensiones entre los dos gobiernos se agravaron. El líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles solicitó una reunión con Santos, quien le

informó a Maduro su decisión de recibirlo. La reunión generó una cadena de duras reacciones. El presidente de la asamblea legislativa venezolana alertó al pueblo y las Fuerzas Armadas ante lo que calificó como una agresión de Colombia. El canciller venezolano llamó a consultas al vocero de su gobierno en los diálogos con la guerrilla y agregó: “desde Bogotá se conspira contra la economía de Venezuela, se permite que se introduzcan grupos paramilitares armados”. El ministro del Interior dijo haber arrestado a paramilitares «con un plan orquestado en Colombia para asesinar a Nicolás Maduro y desestabilizar su gobierno». Maduro afirmó que recibir a Capriles era una traición, que desde Estados Unidos y Colombia se fraguaba -con conocimiento de Santos-, un “complot” para derrocarlo”, y amenazó con reconsiderar el acompañamiento venezolano a las negociaciones con las guerrillas.

El gobierno colombiano se negó a una diplomacia del micrófono y pidió volver al acuerdo con Chávez de respeto a las diferencias. A superar esa tensión de mediados de 2013, ayudaron las urgencias de ambos gobiernos: la de Maduro, de importar alimentos desde Colombia para atenuar

El gobierno colombiano se negó a una diplomacia del mi-crófono y pidió volver al acuerdo con Chávez de respeto a las dife-rencias. A superar esa tensión de mediados de 2013, ayudaron las urgencias de ambos gobiernos: la de Maduro, de importar alimen-tos desde Colombia para atenuar el desabastecimiento interno, y la de Santos, de aumentar las exportaciones para paliar la crisis agraria.

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En la foto paso de la frontera por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander que conecta a las ciudades de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela). Archivo CINEP/PPP

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el desabastecimiento interno, y la de Santos, de aumentar las exportaciones para paliar la crisis agraria. Dos meses después, Santos y Maduro se reunieron en Puerto Ayacucho, y luego se instauraron mesas de trabajo ministeriales y de las fuerzas de seguridad.

Una nueva desavenencia surgió cuando ante la reciente oleada de manifestaciones y su consiguiente represión. El presidente y la canciller colombiana llamaron, en febrero de 2014, al diálogo entre los venezolanos y al respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las libertades democráticas. Enseguida le respondió Maduro: “¿Él me va a venir a dar lecciones de democracia? Ya basta, carajo, de que se metan en los problemas de los venezolanos”. Y agregó, «Con sus homólogos de Chile y Panamá se están dejando llevar por la presión de Estados Unidos”. A su vez, la canciller colombiana afirmó: “El gobierno de Colombia es respetuoso de la soberanía de los Estados y considera necesario respetar los principios democráticos para buscar soluciones a la crisis por la que atraviesan los venezolanos». Poco después, fue escogida como parte de la comisión de Unasur, que ha tratado de estimular y facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Resultados de la normalización de relaciones

El compromiso entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, de respetar la independencia de su vecino en los asuntos internos, reconoce la soberanía de los estados como lo hace la Carta de la ONU. Ese viejo principio, que ha con-tribuido a mantener en innumerables casos la paz entre las naciones, ha veni-do siendo puesto en cuestión. La guerra de Estados Unidos contra el gobierno de Irak y sus funestas consecuencias ac-tuales, son un ejemplo de lo que puede derivarse del supuesto derecho de inje-rencia. Desde el punto de vista de la paz entre las naciones, resulta más oportuno que siga vigente entre vecinos. Así lo ha comprendido toda la región.

El resultado tangible más importante de este acuerdo fundamental entre Co-lombia y Venezuela es, sin duda, el de haber alejado la mutua crispación que, del 2008 al 2010, estuvo a punto de ge-nerar roces militares entre ambos paí-ses, con impredecibles consecuencias. Podemos añadir, además, que, indirec-tamente, la abstención del gobierno de Santos a intervenir en los problemas de su vecino ha despojado al gobierno bo-livariano del pretexto que éste tanto ha buscado para convertir a Colombia en

una amenaza creíble contra Venezue-la, patrocinada por Estados Unidos. Si Maduro pudiera mostrar al país como la fuente de ese gran peligro, exaltaría el nacionalismo de los venezolanos, los unificaría en torno a su gobierno y po-dría presentar a la oposición como una traición a la patria. Esa misma fórmula fue exitosamente empleada por Cuba a propósito del bloqueo impuesto por Washington, y durante las largas dé-cadas les les pangton, biano dos. ntra rnos de respeto permitió a los herma-nos Castro mantener a la nación unifi-cada en torno a su gobierno.

Ya en el tema comercial, los gobiernos de Santos y Chávez acordaron que se le concediera prioridad al pago de buena parte de la deuda a los proveedores co-lombianos y se definieran nuevas reglas para hacerle frente a la necesidad com-partida de aumentar los intercambios pese al desacople de las economías. Se habló incluso de posibles alianzas pro-ductivas sectoriales. A la hora de la ver-dad, aunque se ha producido alguna re-cuperación del intercambio binacional, este difícilmente volverá a los récords del pasado. En la actualidad, el peso ma-yor del intercambio lo tienen la gasolina venezolana y el gas colombiano, acuer-do que Colombia ha decidido suspender en 2014 para abastecer la demanda na-

Durante el gobierno Santos se ha intentado recuperar el intercambio comercial binacional. Archivo CINEP/PPP

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cional ante el anunciado fenómeno del Niño. De todas formas, el gobierno bo-livariano, que es ahora el principal im-portador de su país, ha diversificado sus proveedores mientras los empresarios y comerciantes colombianos han entrado en otros mercados buscando evadir la incertidumbre económica, jurídica y de pagos de Venezuela.

En el campo de la infraestructura, los dos gobiernos revivieron muchos de los proyectos de mutua conveniencia que habían sido examinados en otros perio-dos cooperativos. Autorizaron la cons-trucción del puente Tienditas (Táchira) - Villa Silvania (Norte de Santander) que ya comenzó, y el estudio de la conexión de los oleoductos en zonas de frontera.

En lo relativo a la seguridad, los dos años de comunicación entre Santos y Chávez ayudaron a superar la estéril recriminación mutua sobre la presencia de guerrillas o de grupos paramilitares colombianos en Venezuela, y por prime-ra vez ambos gobiernos reconocieron que se está ante la consolidación violen-ta de estructuras criminales2, que, junto con guerrillas y mafias, aprovechan la corrupción de sectores de las fuerzas de seguridad y de la institucionalidad lo-cal a ambos lados de la frontera. Santos aceptó que la agudización de la confron-tación armada en esa frontera no solo depende de afinidades ideológicas entre las guerrillas y el gobierno bolivariano; y Chávez reconoció que «Ahí hay de todo... se interconectan contrabandistas con guerrilla, narcotráfico... una situa-ción muy, muy compleja››. 

La comunicación directa entre los mi-nistros de defensa y seguridad permitió renovar los acuerdos de lucha contra las drogas, el crimen organizado, la extor-sión y el secuestro. En algunas ocasio-nes, los comandantes militares y de po-licía regionales, de división y de brigada de ambos lados fueron autorizados a reunirse, compartir información y reali-zar operativos conjuntos o coordinados. Esto permitió el arresto en Venezuela y la extradición a Colombia de 20 grandes capos del narcotráfico y paramilitares. De guerrilleros hubo apenas un par de entregas simbólicas, luego se enredaron por presiones del movimiento chavista.

Por su parte, el gobierno de Colombia extraditó a Caracas a Walid Makled, narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos.

Sin embargo, hay que reconocer que estos resultados positivos se vuelven irrelevantes ante la magnitud de la pro-blemática acumulada en las fronteras compartidas.

Fronteras sin alternativas

El tema con menos acciones conjun-tas y menos avances es el del desarrollo fronterizo. En 2010, los cancilleres Hol-guín y Maduro se propusieron identifi-car posibles proyectos conjuntos a partir de iniciativas locales, pero no lograron avanzar mucho. Colombia adelanta en algunos ámbitos el Plan Fronteras para la Prosperidad con iniciativas concerta-das con actores locales, que aún tienen poco impacto.

través de diversos mecanismos: el cupo en dólares de las tarjetas de crédito, las importaciones y remesas.

La agudización de la crisis económi-ca venezolana y las medidas del gobier-no de Maduro para enfrentar la escasez y la inflación han agudizado la proble-mática fronteriza. Las devaluaciones del bolívar redujeron la capacidad de com-pra venezolana mientras al lado colom-biano se perdieron compradores, empre-sas y empleos. Además, ha aumentado el contrabando de alimentos, que cap-tura subsidios, evade aranceles y baja precios en competencia desleal con las industrias legales. También crece el contrabando de ganado promovido des-de Colombia mediante la exportación y retorno del ganado, operación que aprovecha el mayor precio colombiano y lleva a bandas criminales a cobrar so-bornos en ambos lados; y promovido desde Venezuela con la venta de anima-les o carne a pesar de su prohibición. La Ley de costos y precios justos antes de las elecciones municipales de 2013 en Venezuela así como la toma policial de almacenes para imponerla, aumentó el contrabando de electrodomésticos hacia Colombia.

Ante el agravamiento de esta proble-mática, los dos cancilleres acordaron en febrero de 2014 varias medidas: identi-ficación de venezolanos que adquieren divisas en Colombia y de colombianos que se las proveen; coordinación de ope-raciones anti contrabando y violencia; suspensión del envío desde Venezuela de encomiendas con alimentos, produc-tos de higiene personal y medicamen-tos; decomiso en Colombia y repatria-ción de ese tipo de bienes importados

El tema con menos acciones conjuntas y menos avances es el del desarrollo fronterizo

Colombia adelanta en algunos ámbitos el Plan Fronteras para la Prosperidad con iniciativas con-certadas con actores locales, que aún tienen poco impacto.

Sin alternativas sustanciales, las re-giones fronterizas han seguido someti-das al comercio irregular y a distintas formas ilegales de aprovechamiento del desfase entre las dos realidades econó-micas, la diferencia cambiaria, la eva-sión fiscal y la defraudación aduanera. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo y Colombia una de las más caras, los acuerdos intergubernamenta-les son insuficientes y, hay corrupción en las fuerzas de seguridad. Entonces se ha fortalecido ese contrabando que mueve en varios ámbitos fronterizos más recursos que la cocaína acrecentan-do con ello el poder y las ganancias de grupos irregulares y de mafias transfron-terizas. En otro campo, las medidas de la Comisión Administradora de Divisas (CADIVI), dispararon la especulación a

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de contrabando; combate al “carrusel” del ganado; incremento de controles y ventas de gasolina de Petróleos de Ve-nezuela (Pdvsa) a Ecopetrol; reducción de remesas a Colombia de 900 a 500 dólares, y envío en pesos. Además, se suspendieron las remesas y aumentaron los controles en los pasos fronterizos formales, lo que afecta la población lo-cal, sin atacar las causas o la magnitud de la problemática compartida y menos las estructuras criminales.

Ante la situación, crece el malestar fronterizo. En Cúcuta ha habido bloqueos de puentes y marchas, así como en el Tá-chira y Mérida donde se han presentado las protestas más fuertes contra la insegu-ridad, la escasez y la inflación. Asimismo, los indígenas asentados en la franja fron-teriza Guajira, han denunciado el asesina-to de 29 wayús señalados de delincuentes o contrabandistas, el desabastecimiento con la consiguiente hambruna, y una mi-litarización que, sin embargo, no impide el paso del contrabando.

Los nuevos cuatro años

Reelegido bajo la bandera de la paz, Santos intentará darle continuidad al cambio que se generó desde su primera posesión con respecto al gobierno cha-vista. Sin embargo, la relación no está a salvo de tensiones. Las negociaciones con las Farc y el ELN así como la crisis venezolana van a tener repercusiones en la frontera debido a su articulación con muy diversas dinámicas en ambos lados. Además, la importante migra-ción de profesionales e inversionistas venezolanos a Colombia es vista por el gobierno de Maduro como la fuga

de opositores que conspiran contra su gobierno. En la campaña presidencial colombiana se puso de presente que muchos de esos migrantes así como sectores radicales de la oposición en Venezuela se han mostrado favorables a Uribe y han querido exigirle a Santos que presione internacionalmente a su par venezolano.

Para una solución consistente de esas problemáticas compartidas es urgente que la relación no dependa solo de los gobiernos; que las fuerzas de seguridad incrementen su actuación conjunta, y que a ambos lados se construyan ins-tituciones eficientes, trasparentes y de-mocráticas. En materia de justicia, en particular, es indispensable que se les quite a los irregulares la posibilidad de mantener sus clientelas a través de su actuación inmediata a favor de quien re-curre a ellos o a través de la imposición de sus propias “soluciones” de fuerza.

Es fundamental empoderar a las po-blaciones fronterizas para que estén en condiciones de transformar cada ámbi-to en una región basada en proyectos productivos, de infraestructura o am-bientales, que generen empleo urbano, reactiven la economía campesina y se construyan sobre la base de una fuer-te confianza y convivencia ciudadana y gubernamental.

Referencias

1 Santa Marta el 10 de agosto de 2010, Caracas el 2 de noviembre de 2010, Car-tagena el 10 de abril de 2011, Caracas, y la Habana el 7 de marzo de 2012.

2 Según el libro la Frontera Caliente, en las últimas décadas el ELN y las FARC desplazaron parte de sus estructuras hacia uno y otro lado de la frontera. Los carteles de Cali y del norte de Valle hicieron lo mismo. Con paramilitares y apoyo político y económico local, estos les disputaron negocios y territorios a las guerrillas. A comienzos de la primera década del siglo XXI, el Bloque Norte paramilitar se tomó parte del tráfico de gasolina. También, y tras la búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos o Europa, llegaron a Venezuela grupos mexicanos (“Zetas” y de Sinaloa) y colombianos (“Rastrojos” y “Urabeños”).

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Es fundamental empoderar a las poblaciones fronterizas para que estén en condiciones de transformar cada ámbito en una región basada en proyectos productivos, de infraestructura o ambientales, que generen em-pleo urbano, reactiven la econo-mía campesina y se construyan sobre la base de una fuerte con-fianza y convivencia ciudadana y gubernamental.

* Socorro Ramírez Profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, doctorada en Ciencia Política y con Diploma de Estudios Avanzados en Relaciones Internacionales en la Universi-dad Sorbona de Paris. Autora invitada.

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