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Contenido
Nota Introductoria .................................................................................................................. 3
DIAGNÓSTICO COMUNIDAD INDIGENA PIJAO AIMA ............................................................. 6
1. TERRITORIO ..................................................................................................................... 6
1.1 Ubicación Geográfica ............................................................................................... 6
1.2 Situación Jurídica del Territorio ............................................................................... 7
1.3 Infraestructura ......................................................................................................... 7
1.4 Componente Ambiental ........................................................................................... 7
2. DEMOGRAFÍA .................................................................................................................. 8
2.1 Desplazamiento ....................................................................................................... 8
3. DINÁMICA ECONÓMICA ................................................................................................ 11
4. AUTONOMÍA Y GOBIERNO ............................................................................................ 12
5. IDENTIDAD CULTURAL ................................................................................................... 16
6. SALUD Y BIENESTAR ...................................................................................................... 18
7. EDUCACIÓN ................................................................................................................... 20
8. DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIAS .................................................... 22
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Nota Introductoria
Los pueblos indígenas colombianos han vivido bajo el rigor de problemas estructurales
como: las consecuencias del conflicto armado, la presencia de megaproyectos que afectan
sus vidas colectivas y su entorno, el impacto de las redes del narcotráfico y la ineficiencia
política e institucional del Estado, de ahí que sus derechos constitucionales y legales se
vean afectados, configurando de esta manera una histórica y aguda afectación sistémica
que pone en riesgo la pervivencia de los pueblos y naciones indígenas que habitan el
territorio del segundo país con mayor diversidad étnica y cultural en el continente
americano.
En el marco de este difícil contexto, declarado judicialmente como el estado de cosas
inconstitucional, la Corte Constitucional ordenó al Estado, bajo el Auto 004 de 2009,
formular un programa de garantías y estrategias para los 102 pueblos Indígenas, así como
Planes de Salvaguarda étnica para 36 Pueblos Indígenas en inminente riesgo de
exterminio.
Basados en la noción del diálogo entre las entidades del Estado y los Pueblos Indígenas, la
Corte Constitucional pretende que dichos planes sean un proceso articulador entre estos
actores para abordar “de manera prioritaria el mayor riesgo que se cierne sobre los
pueblos indígenas, es decir, el del exterminio de algunas comunidades, sea desde el punto
de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus miembros como desde el
punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes” (Corte
Constitucional, en el Auto 004 de 2009).
El pueblo indígena Pijao se encuentra reconocido dentro de los 36 pueblos en riesgo
inminente de desaparición, circunstancia que ha motivado la búsqueda de rutas para
plantear su propio Plan Salvaguarda. Los comuneros de los cabildos, resguardos y
población desplazada han emprendido la identificación de factores que conllevan y
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sostienen su problemática social, económica, política y cultural, a partir del cual se ha
realizado el presente informe de diagnóstico y validación para el Plan de Salvaguarda
Étnica.
De manera articulada ponemos de manifiesto, tres partes estructurantes del presente
informe. El primero, consiste en un diagnóstico general desde la perspectiva institucional
en el contexto municipal del orden socio-geográfico, educativo, jurídico-político,
económico y cultural que delimita a sus pobladores. La segunda parte, presenta de
manera detallada el diagnóstico particularizado de cada una de las comunidades y
resguardos que conforman el pueblo Pijao, dicho trabajo se realizó de manera articulada ,
de ahí que el pueblo validó y reconoció esa parte de la información como propia y
ajustada a sus condiciones específicas, identificando los mismos aspectos de la primera
parte.
Como verá el lector, la estructura y sus segmentos pretenden mostrar diferentes aspectos
que entrelazados en la realidad sociológica y política, constituyen en éste diagnóstico
puntos focalizados de vital intervención.
Aunque de manera detallada se encontrarán los argumentos necesarios para tener un
diagnóstico general del estado de pervivencia del pueblo Pijao, basta señalar las líneas de
acción más agudas como soporte de un resumen técnico que evidencia la vulneración
sistemática de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia:
El marco jurídico-político establecido para los Pueblos Indígenas en Colombia, contrasta
con una realidad económica precaria y con muchos impedimentos para que pueda
desarrollar sus capacidades y las posibilidades de una vida colectiva digna, lo cual incide
directamente en el ejercicio de sus derechos fundamentales como sujeto colectivo tales
como el derecho al territorio, la autodeterminación, la consulta previa, el ejercicio de su
autonomía, el gobierno propio y su jurisdicción especial, el acceso a servicios públicos
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como salud, educación y saneamiento básico esenciales para el desarrollo de cualquier
colectividad humana así como la posibilidad de estructurar sus programas de medicina
tradicional y educación propia.
Finalmente, según la información recolectada y sistematizada por el equipo técnico, se
presentan las matrices con las propuestas de líneas de acción identificadas por los
comuneros indígenas del pueblo Pijao de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, en
aras de constituir su propio Plan de Salvaguarda Étnico.
‘cerros de Ataco’ lugar: Ataco Ilustrada por Jeisson Castillo- Plan Salvaguarda Pueblo Pijao – 2014
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DIAGNÓSTICO COMUNIDAD INDIGENA PIJAO AIMA
1. TERRITORIO
1.1 Ubicación Geográfica
La comunidad indígena de Aima se encuentra asentada al suroccidente de la ciudad de
Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar - Mochuelo. La ciudad capital se encuentra
ubicada sobre el altiplano cundiboyacense, a una altitud promedio de 26.301 msnm,
aunque sus zonas montañosas alcanzan los 32.501 msnm. Comprende una superficie total
de 1.776 km² y un área urbana de 307 km². La zona en la que se encuentra la ciudad fue
antiguamente un lago, de esto dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores
no urbanizados de la Sabana y en la localidad de Suba (Plan de desarrollo 2012-2015,
Alcaldía de Bogotá).
Bogotá limita al sur con los departamentos del Meta (a través de Guamal, Cubarral y La
Uribe) y del Huila (a través de Colombia), al norte con el municipio de Chía, al oeste con el
río Bogotá y los municipios de , Cota, Funza, Mosquera, Soacha (zona urbana), Pasca, San
Bernardo, Arbeláez, Cabrera y Venecia (zona rural) del departamento de Cundinamarca.
Por el este llega hasta los cerros orientales y los municipios de La Calera, Chipaque,
Choachí, Gutiérrez, Ubaque. Está delimitada por un sistema montañoso en el que se
destacan los cerros de Monserrate (3.152 msnm) y Guadalupe (3.250 msnm) al oriente de
la ciudad (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de Bogotá).
Su río más extenso es el río Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles
de contaminación. Otros ríos importantes en la ciudad son el río Tunjuelo, que discurre
por el sur de la ciudad, el San Francisco, el Fucha, el Juan Amarillo o Salitre, los cuales
desembocan a su vez en el río Bogotá (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de Bogotá).
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A causa de su altitud, Bogotá tiene un clima templado; por su baja latitud presenta una
escasa oscilación térmica a lo largo del año. Las temperaturas regularmente oscilan entre
los 6 y 24 °C, con una media anual de 15 °C (Plan de desarrollo 2012-2015, Alcaldía de
Bogotá).
1.2 Situación Jurídica del Territorio
La guerra partidista de los años 50’s y 60’s, y el conflicto armado actual, han sido las
principales causas del desplazamientos forzado de la población indígena en el país, tanto
por los azotes de la violencia como por las duras condiciones socio-económicas
subsiguientes, condiciones que han hecho que esta población no pueda gozar de los
beneficios de la propiedad colectiva, ni trabajar en ella, al no poseer una territorio
colectivo para el desarrollo de sus usos y costumbres.
La comunidad de Aima constituyen uno de los tantos Cabildos Urbanos que existen en el
país y no ha obtenido reconocimiento por el Ministerio del Interior.
1.3 Infraestructura
La comunidad de Aima no posee participación dentro de ningún tipo de medio de
comunicación ni municipal, ni departamental, ni nacional. Tampoco existen planes,
programas o proyectos que incentiven la recreación de la comunidad.
1.4 Componente Ambiental
Dada la pérdida del territorio en el que se ubicaron alguna vez en zona rural, los miembros
de la comunidad se han visto forzados ha vivir en la ciudad en condiciones que han
obligado al cambio en la relación con el entorno, dadas las diferencias del ambiente
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citadino. Los recursos que otrora eran proporcionados por la tierra a través de prácticas
agrícolas, ahora deben ser adquiridos en tiendas y supermercados a cambio de dinero. De
igual forma sus tradiciones, usos y costumbres relacionadas con la naturaleza
característica de su territorio originas, se han visto socavadas en la ciudad.
2. DEMOGRAFÍA
El listado censal de la comunidad indica que la población total es de 387 personas,
pertenecientes a 100 familias.
2.1 Desplazamiento
Los desplazamientos de los miembros de esta comunidad se realizaron en varios periodos
por razones ampliamente conocidas, en su mayoría procedentes de los municipios de
Natagaima y Coyaima. Bogotá se convirtió en el punto más grande de recepción del país y
Ciudad Bolívar es una de las localidades donde más personas llegan en situación de
desplazamiento.
El Tolima es uno de los departamentos que más aporta personas en situación de
desplazamiento. Tendiendo en cuenta que las políticas de desplazamiento no tienen en
cuenta el enfoque diferencial, no se sabe a ciencia cierta si pertenecen a algún pueblo
indígena cuando hacen la declaración ante el Ministerio Público.
El desplazamiento de esta población, en medio de muchas dificultades y sin el amparo de
los entes institucionales (en su momento), generó un asentamiento dentro de los cascos
urbanos receptores y de acuerdo a sus usos y costumbres y en pro de una reconstrucción
propia, buscaron la forma de generar un amparo a la población que en ese momento se
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encontraba desamparada1: la creación de parcialidades organizadas en busca del rescate
de los usos, costumbres y tradiciones, que dentro de la dinámica citadina, se pierden con
suma facilidad, generando el sincretismo de lo indígena con lo urbano.
La comunidad manifiestó que su exodo se produjo por causas socio-económicas, la
búsqueda de mejores horizontes sin depender del inclemente clima de algunas regiones
del sur del Tolima y el Conflicto Armado Actual, la inclemencia de Grupos armados legales
e ilegales generadores de desplazamientos forzosos.
En las comunidades que se encuentran asentadas en Bogotá, el factor común de
desplazamiento es el conflicto Armado (AUC-FARC-FFMM), el cual responde a las
dinámicas vividas en el sur del Tolima entre 1999 y 2008, con el hostigamiento por parte
de los grupos armados en ciertos municipios. Es particular que una de las causas de
desplazamiento sean las condiciones socio-economicas, ya que la escalada del conflicto en
la region generó un descenso en la inversión a la agricultura, desplazamiento de los
dueños de las tierras por presiones economicas “vacunas” y expropiación de tierras por
acodomodamiento estratégico.
Figura 1. Formato Encuesta-CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO-(Bogotá)
1 Las comunidades asentadas fuera del territorio Pijao, han servido de apoyo a aquellas familias
que escapando del conflicto, las presiones y hostigaciones, se ven obligados a tomar destinos
desconocidos.
7%
48%
41%
4%
CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO (BOGOTÁ-SOACHA)
VIOLENCIA PARTIDISTAAÑOS 50'S
CONFLICTO ARMADO(FARC-AUC-FFMM)
CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS
MEGA PROYECTOS
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El FORMATO-ENCUESTA permitió evidenciar el municipio donde la escalada del conflicto
tuvo mas inclemencia con las comunidades indigenas que se dirigieron a Bogotá y Soacha.
En Primera instancia el municipio de Coyaima, aparece con la más alta tasa de expulsión
por causas del conflcito armado (AUC-FARC-FFMM), luego el municipio de Natagaima
también con una alta tasa de expulsion, de donde proviene la mayoria de líderes indígenas
que se encuentran en la ciudad de Bogotá.
Figura 2. Formato-encuesta –Registro Único de Población Desplazada-Registro Único de Victimas (Bogotá).
En las comunidades indígenas visitadas en Bogotá el 67% de sus integrantes no ha hecho
el RUV, sabiendo que algunos de los miembros de las parcialidades se han visto en la
obligación de dejar su territorio, no por las presiones del conflicto armado, sino por el
mejoramiento de las condiciones socio económicas. Aquellos que si hicieron el RUV (el
33%), han recibido las ayudas humanitarias, el kit de aseo y les fue ofrecido el albergue,
pero el hacinamiento en estos lugares no permite que sea la mejor opción.
2.2. Casos emblemáticos
Sandra Guzmán, se pudo ver de forma directa las dinámicas de persecución que han
vivido los desplazados indigenas. Estas dinámicas de desplazamiento evidencian
movimientos de intereses personales y colectivos, por lo que el enfoque de la entrevista
33%
67%
REGISTRO UNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA-REGISTRO UNICO DE VICTIMAS
(BOGOTÁ)
SI
NO
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no estuvo en saber el porqué del desplazamiento, sino el como fue vivida la condición
indígena-desplazado.
La comunera de sede hace años, desplazada de Natagaima en 2001 a causa del conflicto
armado, comenzó el éxodo por Colombia cuando los Paramilitares pusieron su nombre y
el de sus esposo en una lista de objetivos militares. Desde ese año, Sandra y su familia
comenzaron a desplazarse por el territorio colombiano apoyándose en sus redes
familiares de apoyo. En este devenir por algunas regiones del país, primero estuvieron en
el departamento del Valle del Cauca, luego se dirigen a Antioquia donde son recibidos por
la familia del esposo, y, finalmente, en el 2008 se dirige a Bogotá, donde su esposo es
encarcelado por no haberse presentado a un juicio en su contra en el pasado. Las
afectaciones de la familia Guzmán se generaron principalmente por la necesidad del
anonimato a cambio de mantenerse con vida. En este sentido, así como su esposo no
pudo asistir al juicio, se vieron obligados a vender la vivienda y la finca en Natagaima por
debajo del costo real, pagando así el impuesto obligado a los paramilitares para evitar
represalias.
3. DINÁMICA ECONÓMICA
El sector de economía popular sigue siendo un rubro importante de la economía
capitalina. Según el Instituto Para la Economía Social (IPES) la ciudad aún cuenta con 19
plazas de mercado distritales que se ubican en barrios populares y ejercen contrapeso a la
llegada de grandes superficies, de esta manera logran regular el esquema de precios de
los alimentos, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria de una metrópolis de
aproximadamente 7,5 millones de habitantes.
Los vendedores ambulantes, aunque controvertidos por la ocupación que ejercen sobre el
espacio público, pertenecen al sector de la economía popular y siguen siendo uno de los
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principales ejes de generación de empleo y dinámica económica en la ciudad. Ante estas
realidades los esfuerzos de la administración distrital se han enfocado desde 2004 en el
aprovechamiento económico regulado del espacio público (Plan de desarrollo 2012-2015,
Alcaldía de Bogotá).
En el caso de la comunidad de Aima, debido a que su lugar de asentamiento actual es la
ciudad, se ven obligados afrontar las dinámicas de supervivencia citadinas (trabajar para
comer, en cualquier cosa, porque no está la tierra que suple las necesidades básicas). Es
por esto que la mayoría de sus miembros ejercen trabajos en celaduría, albañilería y
comercialización de productos agrícolas en las plazas de mercado. Incluso algunos han
decidido incursionar en el comercio con base en la gastronomía propia, bien de interés
cultural inmaterial, a través de la venta de tamales, lechonas y almojábanas para su
sustento.
A pesar de lo anterior, la gran mayoría de los integrantes de la comunidad manifestaron
una carencia de oportunidades laborales y condiciones dignas de las mismas, debido a la
falta de preparación o el sub empleo al cual se ven obligados a aceptar por falta de
territorio propio en el cual poder desarrollar sus usos y constumbres. También indican que
no sienten ningún respaldo para llevar a cabo procesos de autodesarrollo, debido a las
trabas administrativas de las instituciones del gobierno.
4. AUTONOMÍA Y GOBIERNO
El proceso de conformación de la comunidad Indígena Aima arrancó en el año 2005 en la
ciudad de Bogotá, en primera instancia en la localidad de Usme. Sin embargo, debido a
que la mayor parte de la comunidad habitaba en la localidad de Ciudad Bolívar2,
2 Según Naciones Unidas el 20% de los desplazados del país arriban a la localidad de Ciudad
Bolívar.
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decidieron organizar la parcialidad en torno a los principios del territorio y de los usos y
costumbres propias al pueblo Pijao. La idea de organizar una parcialidad surgió con el fin
de mantener esos saberes ancestrales, proteger la cultura y ser participes dentro de las
nuevas dinámicas a las cuales pertenecen (Bogotá).
A lo largo de las administraciones distritales el espacio que se les ha dado ha sido mínimo.
Con el pasar del tiempo y la lucha de más de cuatro años que se ha dado por el
reconocimiento como Cabildo Urbano, el Ministerio del Interior ha desconocido la falta de
garantías que existen en los territorios actuales. Con el diseño de la “Política Pública para
Cabildos Urbanos” se encuentra a la espera de lo que se resuelva en la Mesa de
Concertación Indígena, para generar directrices de reconocimiento de las comunidades en
esta situación.
Figura 3. Comunidad Indígena Aima (Bogotá-Ciudad Bolívar).Tomado por PSP 2014
La comunidad asistió a la reunión que se desarrollo en el año 2013 en la ciudad de Cali,
con el fin de poner orden a sus aspiraciones legales como parcialidad urbana, debido a
que por el hecho de no encontrar su asentamiento y desconocer su historia de violencia y
falta de oportunidades en lo rural, se vieron obligados a buscar nuevos rumbos, sin querer
perder su esencia como indígenas, fomentando sus usos y costumbres desde el cabildo.
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Actualmente la comunidad está a la espera del pronunciamiento de la Mesa Permanente
de Concertación Indígena, la cual evidenciará las necesidades de estas poblaciones y
tomará determinaciones al respecto. Esto debido a que no tienen la capacidad para tomar
decisiones en cuanto a salud, educación, situación militar u algún tipo de proyecto
productivo para el bien de la parcialidad. Lo anterior debido a que el Ministerio del
Interior no ha sido claro en la directriz de reconocimiento a las parcialidades urbanas, por
lo que estas no pueden desarrollar plenamente su derecho.
Figura 4. Formato-encuesta aplicado a las comunidades de Bogotá (determinante de municipios expulsores).
La comunidad indicó, que la situación militar para aquellos que son desplazados por la
violencia y con RUV y/o RUPD, se ha convertido en una situación de voluntad de las
autoridades militares, debido a que estas maltratan a los jóvenes que llevan el registro,
diciéndoles “guerrilleros”, todo por que sus documentos son del sur del Tolima.
En cuanto a la justicia propia, el choque de trenes es inminente debido a que no poseen el
registro del Ministerio del Interior el cual los deja sin herramientas ante la ley, no pueden
hacer uso de su condición innata de indígena y deben pedir que las Organizaciones
32%
38%
4%
3%
2%
7%
5%
0%
0%
1% 1%
1%
6%
LUGAR DE PROCEDENCIA (BOGOTÁ)
NATAGAIMA
COYAIMA
DOLORES
AMBALEMA
PURIFICACION
ORTEGA
CHAPARRAL
SAN ANTONIO
IBAGUÉ
SALDAÑA
ATACO
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Indígenas del territorio (en este caso la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima –
ACIT, con la cual tienen filiación) intercedan por ellos ante la justicia ordinaria. Esto para
los que no pertenecen en la actualidad a ningún listado censal de algún resguardo dentro
del territorio, pero los que estando fuera del territorio aún pertenecen, se encuentran
“blindados” ante la justicia ordinaria.
Actualmente la comunidad siente que el riesgo aun persiste dimensionado en otras
presentaciones, como por ejemplo: las bandas de micro tráfico, las cuales están
fortaleciéndose en la ciudad y se convierte en un riesgo para los jóvenes y niños de la
comunidad; la delincuencia común ha tomado un papel importante en la zona,
representadas en las altas tasas de homicidio por hurto, las cuales han conllevado a que
los barrios marginales de la ciudad (donde viven la mayoría de los miembros de la
comunidad), sean estigmatizados por las entidades municipales.
Figura 5. Formato-Encuesta. Amenazas Actuales (Bogotá)
Las condiciones de Restitución, Reparación y Retorno, se presentan como proyectos
utópicos para los miembros de la comunidad, desplazados víctimas del conflicto armado,
ya que las promesas legales del Estado colombiano, tienen un sentido caritativo e ideal
19%
18%
1% 11%
2%
10%
38%
1%
AMENAZAS ACTUALES (BOGOTÁ)
BANDAS DE MICROTRAFICO
DELINCUENCIA COMUN
DISCRMINACIÓN
FALTA DE OPOTUNIDADLABORAL
MEDIO AMBIENTE
MEGA PROYECTOS
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para el contexto nacional, pero con grandes diferencias en relación a la realidad que se
viven en un país en el que la reparación debe hacerse aún en medio del conflicto.
Figura 6. Encuesta-formato. Beneficiados con el programa de restitución de tierras (Bogotá)
Finalmente, los miembros de la comunidad hicieron alusión en varias ocasiones a la
discriminación que sufren por parte de las instituciones del Estado y de la sociedad en
general.
5. IDENTIDAD CULTURAL
La comunidad de Aima se conformó para evitar que las generaciones que habían sufrido el
flagelo del conflicto durante las últimas dos décadas, perdieran la identidad cultural de la
cual son pertenecientes, además de proteger sus derechos. La concepción de organizarse
y fortalecer la identidad cultural se da en la recuperación de los usos y costumbres
ancestrales en el marco del cabildo (cuerpo socio-político).
Según la comunidad, aunque se conservan bailes tradicionales, los cuales han sido
recuperados por los mayores de la comunidad, las dinámicas citadinas han obligado al
1%
99%
BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
(BOGOTÁ)
SI NO
17
desarraigamiento en parte de los usos y costumbres propias, debido a que los jóvenes y
niños se ven sometidos a la presión de sus nuevos círculos sociales.
De manera informal la comunidad ha cumplido con los usos y costumbres asociativos y ha
intentado rescatar los saberes ancestrales que en medio de los cuerpos socio-políticos se
evidencian, no obstante esta figura no ha tenido repercusión alguna sobre las instancias
legales, debido a la falta de registro por parte de la Dirección de Asuntos Étnicos del
Ministerio del Interior.
Actualmente no existe ningún espacio para que las nuevas generaciones retomen las
prácticas ancestrales a través de los saberes propio de su cultura y aquellos espacios
creados por la propia comunidad se ven obstaculizados por la falta de recursos para el
desarrollo de las actividades.
Mujeres Indígenas
Es evidente que las mujeres de la comunidad no poseen una voz de liderazgo, como para
ser conductoras de las comunidad, debido a que el machismo es una constante dentro de
la misma (no pueden dejar sus funciones en el hogar, ni con sus hijos, por hacer cuenta de
los asuntos de la comunidad). Hoy en día no existe ningún tipo de plan, programa o
proyecto, en la búsqueda de la caracterización de las mujeres dentro de la comunidad.
Familia
El núcleo familiar en el contexto de ciudad se ha visto afectado, según la comunidad,
debido al desprendimiento que genera la ciudad de sus tradiciones y costumbres, en la
constante búsqueda de nuevos horizontes, generando una posición apática a la vida
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colectiva en algunos de sus miembros. Las dinámicas de la ciudad van en contra y
propician por el desarraigamiento cultural de los comuneros, en primer aspecto porque
las formas de comportamiento (tiempos-espacios) no se encuentran de la mano con la
identidad cultural propia y conlleva así a los jóvenes a que desconozcan sus raíces
culturales.
6. SALUD Y BIENESTAR
A pesar de que en Bogotá el 86% de la población indígena encuestada refirió recibir
atención en salud de acuerdo a su condición, la comunidad de Aima presenta una difícil
situación con respecto a este aspecto, debido a que la barrera del registro por parte del
Ministerio del interior, no les permite verse beneficiados de lo que por ley les corresponde
como población indígena. Debido a lo anterior los miembros de la comunidad se ven
obligados a utilizar el Sisbén como salvavidas, debido a sus escasos recursos.
Además la comunidad indica que no se hace el buen uso de la información en las
instituciones encargadas de la población desplazada, porque en ciertos casos les dicen que
si entran a trabajar con un contrato, van a perder todos los derechos como desplazado
para así nunca más poder hacer uso de ellos.
19
Figura7. Formato-encuesta. Beneficios en educación por condición de desplazado indígena (Bogotá)
Figura 8. Formato-Encuesta. Entidades prestadoras de salud de la población en situación de desplazamiento
La comunidad manifiesta que el Estado cita la estabilización como premisa del Estado para
con la población en situación de desplazamiento indígena, pero en la realidad se aborda
de manera contraria, porque la formalización de un trabajo para una persona de escasos
recursos y escaza preparación académica, no van a ser los más altos, pero ese trabajo
formal si le exige cumplir con las normas de pensión y seguridad social, las cuales lo
86%
14%
ATENCIÓN EN SALUD POR CONDICION DE DESPLAZADO INDÍGENA
(BOGOTÁ)
SI
NO
24%
22%
15%
5%
5%
4%
4%
3% 3%
3%
3% 2% 1% 1% 1%
4%
Entidades prestadoras de salud de la población en situación de desplazamiento
(BOGOTÁ)
CAPITAL SALUD
NINGUNA
CAPRECOM
SISBEN
CRUZ BLANCA
SALUD COOP
FAMISANAR
SALUD TOTAL
NUEVA EPS
20
obligan a dejar el subsidio que estaba recibiendo por su condición de desplazado indígena,
a esto se debe que dentro de las comunidades haya una gran mayoría de miembros
dentro del régimen contributivo y no en el subsidiado.
En cuanto a la medicina tradicional, esta es ejercida a través de los recursos propios, sin el
apoyo de ninguna entidad estatal que promueva la practica tradicional. Quien ejerce la
medicina tradicional en la comunidad se ve obligado a vender su conocimiento fuera del
territorio para poder subsistir. Actualmente no existe ningún tipo de programa en cuanto
a salud propia para el pueblo Pijao en el distrito de Bogotá.
Los miembros de la comunidad no tienen conocimiento acerca del SISPI, debido a que los
cabildos en contexto de ciudad aún no están definidos por el Estado colombiano.
Entre las principales enfermadades que padece la comunidad en el contexto de ciudad se
encuentran: físicas - cardio vasculares y virales y - espirituales.
7. EDUCACIÓN
Las ayudas escolares para la comunidad en situación de desplazamiento en Bogotá son
mínimas, la alta exigencia de útiles escolares en los colegios públicos distritales, va en
contra vía de la directriz de austeridad que esas instituciones deben tener, esto debido a
que ningún ente encargado de la población desplazada genera una ayuda (más familias en
acción, es un tipo de asistencialismo condicionado, el cual va ligado a controles médicos
de crecimiento, y asistencia escolar. Las instituciones oficiales argumentan que no se
pueden generar ayudas materiales). Lo anterior va de la mano con la lucha que la
comunidad argumenta que deben vivir los miembros de la generalidad de Bogotá por los
cupos escolares, los cuales no están garantizados ni son fijos en los colegios del distrito,
por lo que deben someterse a todo tipo de peripecias para poder matricular a los
menores. La Secretaría de Educación ha sobrellevado ese inconveniente durante los
21
últimos diez años. Por otro lado, las distancias sobre las cuales otorga el distrito los cupos,
no son acordes a la situación de movilidad que se vive en la ciudad.
En cuanto a la educación superior en la comunidad indican que la falta del registro de la
Dirección de Asuntos Étnicos, genera que las Universidades Públicas y Privadas no hagan
ningún tipo de salvedad con algún miembro de estas parcialidades. Otra es la situación
cuando algún miembro decide presentarse como desplazado (sin enfoque diferencial
porque la Unidad de Víctimas en el registro no especifica que este sea indígena) a alguna
de las Universidades Públicas, y la respuesta evidencia una vulneración que va en contra
incluso de la lógica, debido a que lo cobijan con la exención del pago de la inscripción,
pero si lo obligan a realizar el examen de ingreso (esto para el caso de la Universidad
Nacional de Colombia-Sede Bogotá-), el cual es una medida de competencia asimétrica
para con las víctimas.
Figura 9. Formato-encuesta. Beneficios en educación por condición de desplazado indígena (Bogotá)
Actualmente no existe ningún tipo de programa etnoeducativo para el pueblo Pijao en el
distrito de Bogotá. Tampoco les ha sido consultado ningún tipo de modelo propio
educacional. La malla curricular que se desarrolla con los estudiantes, es la que maneja la
universalidad del conocimiento por lo que no posee enfoque diferencial.
16%
84%
BENEFICIOS EDUCATIVOS POR LA CONDICIÓN DE INDÍGENA DESPLAZADO
(BOGOTÁ)
SI
NO
22
8. DINÁMICAS INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIAS
La comunidad de Aima manifiesta que las Organizaciones no dan abasto con la alta
demanda de desplazados que a Bogotá llegan día a día. Además indican que muchas veces
no hay ayudas porque mucha gente utiliza la figura de desplazado como negocio.
Por otro lado, la política publica de Desplazamiento -Estabilización- Reubicación- en la
comunidad no se ha cumplido plenamente, ya que en el imaginario del Estado los plazos
para que el proceso de estabilización se cumpla es muy corto, en relación a la realidad de
muchas de estas familias que en tres meses de ayudas económicas y con una familia
numerosa difícilmente cumplen las condiciones para depender de si mismas.
Asimismo, las ayudas por parte de las instituciones del Estado solamente están dirigidas a
estabilizar a quienes fueron victimas del conflicto de manera directa, pero quienes de
manera indirecta por las condiciones generadas por el conflicto tuvieron que abandonar
su lugar, no son tenidos en cuenta para una estabilización, reubicación y/o retorno.
De otra parte, la libertad de expresión es algo que no se le ha podido garantizar a la
mayoría de miembros de la comunidad, debido a que el miedo no se encuentra dentro de
la dinámica del Estado. La protección a las víctimas es mínima (a través de un teléfono
celular se debe llamar cuando se sienta que esta en peligro).
Restitución
la Comunidad reconoce normas que tratan el tema, pero citan textualmente lo que a ellos
le dicen las instituciones encargadas del tema como Unidad de Restitución de Tierras
“esto de la reparación es un proceso y hay que esperar porque usted no es el único”.
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Igualmente, la comunidad manifiesta que mas allá de la ayuda psicológica que recibieron
por parte de la Unidad de Atención y Orientación (actualmente Centro Dignificar), no
hubo otro acercamiento a lo menores. Debido a que los alcances del marco jurídico que
protege y ampara a las victimas de desplazamiento, ya que las directrices del Gobierno
Nacional encarnadas en la Unidad de Restitución de Tierras, el sur del Tolima no tiene aun
foco de aplicación para este tipo de procesos, ya que le conflicto armado y las condiciones
de seguridad aun continúan.
Retorno
La comunidad reconoce que se han expedido normas para tratar el tema, “pero como todo
en Colombia se queda en el papel”. No se ha podido llegar a ningún termino debido a que
en la mayoría de lugares de donde fueron desplazados lo miembros de la comunidad, aún
permanecen sus victimarios, por lo tanto no hay garantías para volver y desde el punto de
vista de quienes se vieron obligados a dejar sus territorios, gran parte de quienes se
encuentran registrados no han entrado a ser parte de la política pública de retorno, de la
cual reza el Decreto Ley 4633 de 2011.
Justicia
Actualmente, la Comunidad no hace parte ni tampoco posee representantes dentro de los
diálogos de paz que se están realizando actualmente con los grupos al margen la ley. Por
lo tanto la visión de las victimas y sus necesidades no han sido teneidas en cuenta por
ningun actor participes en los procesos de paz que se han llevado a cabo en Colombia.
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