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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2010.
Uno.- Aprobar el Acta de la sesión plenaria extraordinaria del día 14 de
mayo y ordinaria del día 19 del mismo mes, del año 2010.
Dos.- 1.- Quedar enterado del cumplimiento de los acuerdos adoptados en
dichas sesiones plenarias.
2.- Con relación al Acuerdo Num. 72, por el que se aprueba el Convenio
Marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Grupo de
Estudios de Política Criminal, se delega en la Comisión de Escuela Judicial la
designación de un representante del propio Consejo para formar parte de la Comisión
de Seguimiento del Convenio prevista en su cláusula cuarta.
3.- Con relación al Acuerdo Num. 127, por el que se encomendaba a la
Comisión de Estudios e Informes la elaboración de un estudio en el que se concretase
el alcance de la facultad de petición de informes sobre candidatos a plazas de
nombramiento discrecional, el Pleno acuerda, a la vista de lo resuelto por la
mencionada Comisión, encomendarle a la de Calificación la elaboración de dicho
estudio, que deberá ser sometido al Pleno para su definitiva aprobación.
Tres.- Quedar enterado de los informes de las Comisiones Legales y
Reglamentarias del Consejo.
Cuatro.- Tomar conocimiento de los informes emitidos por los Srs.
Vocales en relación con sus respectivos territorios.
Cinco.- Tras la celebración de las sucesivas votaciones de la propuesta de
la Comisión de Calificación para provisión de una plaza de Magistrado en la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, por el turno de juristas, vacante por jubilación forzosa
por razón de edad de D. José Enrique Bacigalupo Zapater, sin que ninguno de los
candidatos presentados hubiese alcanzado el número mínimo de votos para resultar
nombrado, el Pleno acuerda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial, la devolución de la propuesta a la Comisión de procedencia, a fin de que
presente nueva terna.
Seis.- Tras la celebración de las sucesivas votaciones de la propuesta de la
Comisión de Calificación para provisión de la Presidencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, vacante por expiración del mandato del
anteriormente nombrado, sin que ninguno de los candidatos presentados hubiese
obtenido el número de votos legalmente exigido para resultar nombrado, el Pleno
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acuerda anunciar nuevamente, mediante convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
la mencionada plaza.
Siete.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
cobertura de la Presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el Pleno acuerda
nombrar para tal cargo a D. José Manuel Sieira Míguez, Magistrado de la misma
Sala, en provisión de la vacante producida por expiración del mandato por el que
había sido nombrado anteriormente para el mismo cargo D. Ramón Trillo Torres,
actualmente jubilado por edad.
El presente nombramiento se produce por período de cinco años de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
y se fundamenta en los méritos y capacidad del candidato nombrado.
Debe plasmarse ante todo la destacada cualificación jurídica y profesional
de todos los candidatos concurrentes a esta plaza. Ello no obstante, como
ineludiblemente el nombramiento ha de recaer tan sólo en uno, el Pleno tiene en
consideración para fundamentar el presente nombramiento, los particulares méritos de
D. José Manuel Sieira, que, por el conjunto de los acreditados, su trayectoria
profesional y el proyecto de actuación que defendió ante la Comisión de Calificación,
resulta ser el candidato de más idónea consideración. Se pondera en esta valoración de
forma particular el perfil que reúne este Magistrado en el ámbito de la gestión.
Se encuentra entre los aspirantes con mayor antigüedad en la Sala a cuya
presidencia concurre, siendo también desde hace tiempo Presidente de su Sección 6ª.
A su pertenencia a la Carrera Judicial ha de unirse su condición de Abogado del
Estado en excedencia. Pero es su conocimiento añadido de lo que es el ámbito de la
gestión judicial lo que debe resaltarse en primer lugar. Dado el cargo que desempeñó
en su día, de Subdirector General de Relaciones con la Administración de Justicia, se
verifica una experiencia en el terreno gubernativo de suma importancia, y por ello este
elemento merece una especial ponderación a la vista de lo conveniente que resulta en
la organización de recursos humanos la dirección de una Sala como es la de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que es la que cuenta con mayor
número de Magistrados y personal auxiliar a su servicio del Alto Tribunal.
Su cualificación jurídica resulta acreditada no sólo por el alto nivel de las
resoluciones cuya selección acompaña a su currículo, sino también por el resto de
actividades que, como complemento de su estudio jurisdiccional del Derecho, se
añaden a su formación judicial.
Por último, merece también destacado comentario el proyecto de actuación
que presentó con la documentación de su candidatura. Demuestra un conocimiento de
la problemática y necesidades de la Sala Tercera, comparativamente superior, a la
vista del contenido de aquél y su estructura, al presentado por los restantes candidatos,
y aporta un elenco de soluciones para las principales demandas que ésta requiere que
merece una valoración singularmente positiva.
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Ocho.- Retirar del orden del día, para su inclusión en otra sesión plenaria,
la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, vacante por expiración del mandato de la
anteriormente nombrada.
Nueve.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
cobertura de la Presidencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, el Pleno acuerda
nombrar para tal cargo a D. Ignacio José Subijana Zunzunegui, Magistrado de la
misma Audiencia, por período de cinco años de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 337 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en provisión de la vacante
producida por expiración del mandato de la anteriormente nombrada, Dña. María
Victoria Cinto Lapuente.
El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad del
candidato nombrado. Veinte años de ejercicio ininterrumpido de la jurisdicción
culminan con su destino en la misma Audiencia Provincial a cuya presidencia ha
concursado, lo que acredita un conocimiento del mismo órgano judicial, de su
funcionamiento y necesidades, que el Pleno valora como de relevante interés. Tiene
asimismo reconocido por el Consejo General del Poder Judicial el mérito del
conocimiento del Derecho Civil propio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y
su actividad docente e investigadora complementan una formación jurídica cuya
solidez queda asimismo acreditada por el elenco de resoluciones judiciales aportadas
ante la Comisión de Calificación junto con la documentación que acompañó a su
solicitud.
Este conjunto de méritos, apreciados por el Pleno y reflejados en el
informe de la expresada Comisión, convierten al candidato nombrado en el más
idóneo de cuantos integraban la terna.
Diez.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
cobertura de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional, el Pleno acuerda nombrar para tal cargo a D. Diego Córdoba
Castroverde, Magistrado de la misma Sala, por período de cinco años de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 335 y 333 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
provisión de la vacante producida por nombramiento como Magistrado del Tribunal
Supremo de su anterior titular, D. Carlos Lesmes Serrano.
La motivación del presente acuerdo se fundamenta en los méritos y
capacidad del candidato nombrado. Su cualificación jurídica, sin dejar de reconocer la
valía de los restantes candidatos, ha de destacarse particularmente dentro del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, dentro del cual el Sr. Córdoba Castroverde
acredita más allá de una sólida formación, un verdadero prestigio. Es Magistrado
especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tras la superación de
las correspondientes pruebas en el año 1988, en las que obtuvo el número 1. Ha
ocupado destinos en este orden jurisdiccional, y desde el año 2004 preside Sección en
la misma Sala a cuya presidencia ha concursado, acreditándose con ello un
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conocimiento del funcionamiento de ésta que resulta de importante valoración para el
desarrollo de las presentes consideraciones.
Su ejercicio jurisdiccional del Derecho, especialmente en el orden
contencioso-administrativo, no es la única fuente de saber que consolida su formación
jurídica. Sus estudios de doctorado –en materias propias de su especialidad- sus
múltiples publicaciones a través de libros y artículos asimismo en torno a cuestiones
del derecho administrativo, su participación en actividades de formación judicial –en
calidad de ponente en no pocas ocasiones- y su actividad docente completan una
trayectoria que acredita un perfil de probada idoneidad en el terreno de los
conocimientos jurídicos.
Pero a ello han de sumarse otros méritos también de suma relevancia. Su
dedicación al derecho administrativo se ve complementada en la trayectoria
profesional de D. Diego Córdoba, con el estudio del Derecho Constitucional, materia
que por evidentes razones, está presente en todo el quehacer jurisdiccional. Consta
debidamente acreditada su estancia en el Tribunal Constitucional entre los años 1990 y
1993, desempeñando funciones en calidad de Letrado, que merecieron la distinción de
la medalla al mérito constitucional.
El ámbito de la gestión tampoco resulta desconocido para el aspirante
nombrado. Desempeñó la Jefatura del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo entre
los años 2000 y 2004, ocupándose por tanto de la organización y gestión no sólo de
las cuestiones de naturaleza gubernativa que corresponde preparar para despacho del
Presidente, sino también de un significativo número de efectivos al servicio de las
diferentes Salas, lo que le ha proporcionado sin duda un conocimiento de la
problemática que genera la optimización de recursos humanos de suma importancia a
la hora de ocupar la Presidencia de una Sala, como es la de lo contencioso-
administrativo de la Audiencia Nacional, de importante dimensión y complejidad.
Por último, el programa de actuación defendido ante la Comisión de
Calificación del Consejo General del Poder Judicial resulta asimismo merecedor de
una valoración muy positiva, acumulándose a los méritos anteriormente reseñados,
como consta expresamente en el informe que la propia Comisión eleva al Pleno.
Este cúmulo de méritos y circunstancias, el perfil que –por sus diversas
cualidades- reúne D. Diego Córdoba Castroverde, no sólo le acredita como habilitado
para el puesto al que aspira, sino que permite afirmar que le convierte en el candidato
más idóneo de cuantos han aspirado a la Presidencia para la que mediante el presente
acuerdo se le nombra.
Once.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
cobertura de la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, el Pleno acuerda nombrar para tal cargo a D. Luis
Ángel Garrido Bengoechea, Magistrado de la misma Sala, por período de cinco años
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en provisión de la vacante producida por nombramiento como Presidente del
mismo Tribunal Superior de Justicia de su anterior titular, D. Juan Luis Ibarra Robles.
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El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad del
candidato nombrado, reflejados en el informe de la Comisión de Calificación, que el
Pleno asume. En cuanto se refiere a la solidez de su formación jurídica, resulta
acreditada por la calidad de las resoluciones remitidas junto con la documentación
presentada a propósito de esta convocatoria, que ponen de manifiesto un profundo
estudio y conocimiento del Derecho Administrativo, que ha de calificarse como
relevante cualificación. Acredita asimismo un período de dieciocho años en el
ejercicio de esta jurisdicción, perteneciendo en la actualidad a la misma Sala a cuya
presidencia aspira.
Pero ha de resaltarse particularmente con relación a este candidato, su
experiencia en el ámbito gubernativo, al formar parte de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por elección, no sólo en la actualidad,
sino ya en período anterior, lo que indudablemente aporta a su experiencia y
trayectoria profesional un componente de especial valoración a la hora de otorgarle la
confianza que supone el presente nombramiento para la Presidencia de la misma Sala,
en la que como Presidente, se estima que ese conocimiento de la órbita de la gestión
resultará de sumo interés.
Si a todo ello se suman los méritos complementarios, como el interés que
reviste su programa de actuación o los que en el terreno de la docencia y la
investigación jurídica acredita el candidato, se alcanza la conclusión de que resulta –
sin minusvalorar en absoluto al otro componente de la propuesta- el más idóneo para
el puesto para el que resulta nombrado.
Doce.- Retirar del orden del día, para su inclusión en otra sesión plenaria,
la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión de la Presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, que resultará
próximamente vacante por jubilación voluntaria del actualmente nombrado.
Trece.- Retirar del orden del día, para su inclusión en otra sesión plenaria,
la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión del puesto de Inspector/a
Delegado/a, vacante en el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder
Judicial.
Catorce. Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
provisión de dos puestos de Profesor/a Ordinario/a, vacantes en la Escuela Judicial, el
Pleno acuerda:
1.- Nombrar a Dña. María Teresa Martín de la Sierra García-Fogeda,
Magistrada con destino en el Juzgado de 1ª Instancia Num. 20 de los de Barcelona, como
Profesora Ordinaria de la Escuela Judicial, en el Area de 1ª Instancia, por período de dos
años renovables anualmente de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, declarándola asimismo en la situación administrativa de
servicios especiales en la carrera judicial durante el tiempo en que desempeñe el citado
puesto.
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Este nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad de la candidata
nombrada. Su laboriosidad en el ejercicio de la jurisdicción queda acreditada en el análisis
que sobre este punto se acompaña a la documentación de la propuesta por la Comisión de
Calificación. A ello ha de sumarse la cualificación jurídica que demuestra la calidad de
sus resoluciones, y asimismo la experiencia docente que asimismo consta, especialmente
referida a las actividades realizadas bajo la organización del propio Consejo General del
Poder Judicial. Este conjunto de méritos, apreciados por el Pleno, conducen a la
conclusión de su absoluta y destacada idoneidad para obtener el nombramiento al que
responde el presente acuerdo.
2.- Nombrar a Dña. Amelia Mateo Marco, Magistrada con destino en la
Audiencia Provincial de Barcelona, como Profesora Ordinaria de la Escuela Judicial, en el
Area de 1ª Instancia, por período de dos años renovables anualmente de conformidad con
lo previsto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, declarándola
asimismo en la situación administrativa de servicios especiales en la carrera judicial
durante el tiempo en que desempeñe el citado puesto.
Este nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad de la candidata
nombrada. La cualificación jurídica que acredita desde el ejercicio de la jurisdicción en
órgano colegiado en el orden civil se considera de sumo interés para impartir la materia
propia del puesto docente ofertado, valorándose asimismo por el Pleno, de conformidad
con el informe de la Comisión de Calificación, las actividades docentes complementarias
que constan en el currículo de la candidata nombrada como mérito de idoneidad. Por ello,
su destacado perfil la convierten en acreedora de la plaza objeto del presente acuerdo.
Quince.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
provisión de dos puestos de Profesor/a Ordinario/a de Instrucción, vacantes en la Escuela
Judicial, el Pleno acuerda posponer la cobertura de uno de los puestos referidos, y
nombrar a Dña. Silvia Armero Villalba, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Barcelona, por
período de dos años renovables anualmente de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser declarada en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Fiscal durante el tiempo en que
desempeñe el cargo para el que resulta nombrada.
El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad de la
candidata nombrada, detallados en el informe de la Comisión de Calificación que se
acompaña a la propuesta y asumidos por el Pleno. Su acreditada formación jurídica se
complementa con la experiencia docente que acredita en su currículo, a lo que debe
sumarse su actividad investigadora en el terreno de las publicaciones jurídicas, y
fundamentalmente el perfil que resulta consustancial a su condición de integrante del
Ministerio Fiscal, que en este concreto puesto resulta de especial relevancia a juicio del
Pleno. Por este conjunto de méritos se considera que la expresada candidata se convierte
en la más idónea de entre los aspirantes a la plaza objeto de resolución en el presente
acuerdo.
Dieciséis.- Examinada la propuesta de la Comisión de Calificación para
provisión de un puesto de Profesor/a Ordinario/a Area de Constitucional, vacante en la
Escuela Judicial, el Pleno acuerda nombrar para tal plaza a D. Rafael Bustos Gisbert,
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Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Salamanca, por período de dos años renovables anualmente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser declarado
en la situación administrativa de servicios especiales en su cuerpo de origen durante el
tiempo en que desempeñe el cargo para el que resulta nombrado.
El presente nombramiento se fundamenta en los méritos y capacidad del
candidato nombrado, que constan detalladamente analizados en el informe de la Comisión
de Calificación que ha sido considerado por el Pleno. Su actividad en el campo de las
publicaciones de Derecho Constitucional resulta destacable como mérito por cuanto
acredita una formación jurídica de especial consideración en el campo específico de esta
rama del Derecho, que puede resaltarse sobre la que –aún reconociendo sus méritos-
aportan los restantes aspirantes de la terna. A ello debe sumarse de forma especialmente
digna de mención su experiencia en el campo de la gestión, acreditada a través del
desempeño de los cargos que constan detallados en el mencionado informe, en
correspondencia con el currículo del candidato. Por este conjunto de cualidades se alcanza
la conclusión de que su perfil resulta ser el más idóneo para el puesto anunciado.
Diecisiete.- Retirar del orden del día, para su inclusión en otra sesión plenaria,
la propuesta de la Comisión de Calificación para provisión del puesto de Jefe/a de Area de
Relaciones Externas e Institucionales de la Escuela Judicial.
Dieciocho.- Aprobar el nombramiento del Jurado del Premio “Rafael
Martínez Emperador” del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente a la
vigésimo cuarta edición, convocada por Acuerdo del Pleno de 28 de enero de 2010
(BOE del día 12 de febrero) que, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de
la convocatoria, queda integrado por los siguientes miembros:
Presidente:
- Excmo. Sr. D. Carlos Dívar Blanco, Presidente del Consejo General del Poder
Judicial o Vocal en quien delegue.
Vocales:
- Excmo. Sr. D. Claro José Fernández-Carnicero González, Vocal del Consejo
General del Poder Judicial
- Excma. Sra. Dña. Margarita Robles Fernández, Vocal del Consejo General del
Poder Judicial
- Ecxma. Sra. Dña. Maria de los Ángeles Sánchez Conde, Fiscal de Sala.
- Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo.
- Ilma. Sra. Dña. Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho
Constitucional. Directora General del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.
Secretario:
- Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, Secretario General del Consejo
General del Poder Judicial.
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Diecinueve.- Proceder al nombramiento de los miembros de la Carrera
Judicial que se relacionan en la propuesta, como Tutores que han de intervenir en la fase
de prácticas jurisdiccionales a desarrollar por los Alumnos de la Promoción 61 de la
Escuela Judicial, dentro del Plan docente del curso 2009/2011, aprobado por acuerdo de
la Comisión Permanente por razones de urgencia en sesión de 30 de julio de 2009 y
ratificado por acuerdo del Pleno de 29 de septiembre del mismo año.
Veinte.- Convocar a concurso público para su provisión, siete plazas de
Letrado/a al servicio del Tribunal Supremo, integradas en el Gabinete Técnico de
Información y Documentación del Alto Tribunal, con expresa indicación de que la
especialización jurídica requerida es principalmente Civil (2 plazas), Penal (2 plazas),
Contencioso-Administrativo (2 plazas) y Social (1 plaza), convocatoria que seguirá el
modelo de la última aprobada por acuerdo del Pleno de 18 de noviembre de 2009.
Veintiuno.- Ampliar en una más, el número de plazas de Magistrado/a
suplente de la Audiencia Provincial de Cádiz en el año judicial 2009/2010 y nombrar
para provisión de la misma a Dª. María Trinidad Durán Martín, de conformidad con lo
previsto en el artículo 147.1 del Reglamento 1/95, de 7 de junio de la Carrera Judicial.
Veintidós.- Ratificar el acuerdo nº 117º, de 12 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se estima el recurso de alzada
nº 66/10, interpuesto por Dª. LUZ CALVÉ MORTES, Jueza en prácticas de la 60ª
Promoción de la Escuela Judicial, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial de fecha 29 de diciembre de 2009 (BOE de 14 de
enero de 2010), y reconociéndole, por tanto, el mérito preferente del idioma valenciano
para las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña y Baleares.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo a la recurrente y comuníquese al Servicio
de Personal Judicial (Sección de Selección) del Consejo General del Poder Judicial.
Veintitrés.- Ratificar el acuerdo nº 118, de 12 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se estima el recurso de alzada
nº 76/10, interpuesto por Dª. MARÍA JOSÉ JUAN GARCÍA, Jueza en prácticas de la
60ª Promoción de la Escuela Judicial, contra Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial de fecha 29 de diciembre de 2009 (BOE de 14 de
enero de 2010), y reconociéndole, por tanto, el mérito preferente del idioma valenciano
para las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña y Baleares.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
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Notifíquese el presente acuerdo a la recurrente y comuníquese al Servicio de
Personal Judicial (Sección de Selección) del Consejo General del Poder Judicial.
Veinticuatro.- Ratificar el acuerdo nº 78, de 25 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se propone a la Comisión de
Selección de las pruebas de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, a D. Rafael Mozo
Muelas y a D. Manuel Olmedo Palacios, Magistrados, como Vocales del Tribunal
Calificador numero 1 del proceso selectivo convocado por acuerdo de 9 de marzo de
2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 304 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Los correspondientes nombramientos surtirán efectos a partir de la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Veinticinco.- Ratificar el acuerdo nº 113, de 27 de abril, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se aprueba el informe emitido
con relación al Proyecto de Orden Ministerial por la que se determina la estructura y se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Judiciales y de las
Secretarías de Gobiernos incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia
para la implantación de la nueva oficina judicial.
Veintiséis.- Ratificar el acuerdo nº 119, de 12 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se estima el recurso de alzada
nº 91/10, interpuesto por Dª. Ana Isabel García-Galbis Sevilla, Jueza en prácticas de la
60ª Promoción de la Escuela Judicial, contra el acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial de fecha 1 de febrero de 2010 (BOE de 10 de
febrero siguiente), y reconociéndole, por tanto, el mérito preferente del idioma
valenciano para las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña y Baleares.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente acuerdo a la recurrente y comuníquese al Servicio de
Personal Judicial (Sección de Selección) del Consejo General del Poder Judicial.
Veintisiete.- Ratificar el acuerdo nº 120º, de 12 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se estima el recurso de alzada
nº 111/10, interpuesto por D. Andrés Salas Felipe, Juez en prácticas de la 60ª
Promoción de la Escuela Judicial, contra acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial de fecha 1 de febrero de 2010 (BOE de 10 de
febrero siguiente), y reconociéndole, por tanto, el mérito preferente del idioma
valenciano para las Comunidades Autónomas de Valencia, Cataluña y Baleares.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
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Notifíquese el presente acuerdo al recurrente y comuníquese al Servicio de
Personal Judicial (Sección de Selección) del Consejo General del Poder Judicial.
Veintiocho.- 1. Ratificar el acuerdo Num. 106º, de 25 de mayo, adoptado
por la Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se autoriza el gasto
correspondiente a la prórroga, para el periodo comprendido entre el 5 de junio y el 4 de
octubre de 2010, del contrato suscrito con la empresa CAR PARKING, S.L., para la
utilización por el personal que presta servicios en la sede central del Consejo General
del Poder Judicial, de plazas en el aparcamiento público de concesión municipal sito en
la Plaza de la Villa de París de Madrid, por un importe de 95.000 Euros, IVA incluido,
que se imputará a la aplicación 08.01.111M.202 del presupuesto de gastos del Consejo
para 2010.
2. Encomendar a la Comisión Presupuestaria el estudio de fórmulas
alternativas que faciliten al personal al servicio del Consejo su desplazamiento al centro
de trabajo, pero permitan minorar el coste derivado del servicio que viene prestándose
con arreglo al sistema de aparcamiento concertado.
Veintinueve.- Vista la propuesta de la Comisión Permanente, para
ratificación del acuerdo Num. 14º, adoptado en la sesión de 21 de mayo, por el que se
estima el RECURSO DE ALZADA nº 113/10, interpuesto por D. Conrado Gallardo
Correa, en su calidad de Presidente de la Asociación Judicial “Foro Judicial
Independiente”, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de 16 de febrero de 2010, por el que se aprueba
la Circular nº 25/2010, relativa a la instrucción de las vacaciones anuales para los Jueces
y Magistrados que prestan sus servicios en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma, el
Pleno acuerda:
1.- No ratificar la propuesta.
2.- Declarar la pérdida de objeto del mencionado Recurso de Alzada, toda vez que por
acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 23 de marzo de 2010, se había procedido a
objetar la indicada Circular de Vacaciones de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, a fin de que se acomodase estrictamente a lo acordado por esta
misma Comisión en fecha 1 de febrero pasado, a raíz de la consulta evacuada por el
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre el alcance de la nueva redacción del
artículo 371 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal
Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación
de la misma, sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente acuerdo al recurrente y comuníquese al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Treinta.- Ratificar el acuerdo Num. 74º, de 31 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente, por razones de urgencia, por el que se dispone la ampliación de
crédito del acto de entrega de despachos a los Jueces en Prácticas de la 60ª Promoción
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de acceso a la Carrera Judicial destinada a la celebración de una cena de trabajo la
noche anterior al acto de entrega de despachos.
Aprobar conforme a la memoria económica contenida en el Anexo I que se
adjunta a la documentación correspondiente a este Acuerdo, la cantidad de MIL
DOSCIENTOS EUROS (1.200 €) con cargo al Programa 111.0 del presupuesto para el
año 2010 del Consejo General del Poder Judicial. El citado presupuesto ha sido
fiscalizado de conformidad por la Intervención del mismo Consejo.
Se delega en el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial la
modificación de las partidas que componen la memoria presupuestaria en lo preciso
para el mejor desarrollo de la actividad, siempre que no se supere el límite de lo
presupuestado, adoptándose por el Director de la Escuela Judicial las medidas precisas
para el buen desarrollo del mismo.
Treinta y uno.- Ratificar el acuerdo Num. 79º, de 31 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente, por razones de urgencia, por el que, cumplimentando lo
requerido en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público, se comunicó al Ministerio de
Economía y Hacienda que:
1.- Con efectos del 1 de junio, y hasta el mes de diciembre del presente año, en
términos anuales, las retribuciones de los miembros del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial se reducirán en los siguientes porcentajes:
- Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial:
15% de las retribuciones básicas y 10% en cuanto a las retribuciones
complementarias
- Vocales del Consejo General del Poder Judicial:
10% de sus retribuciones.
- Secretario General:
9% de sus retribuciones.
2.- Asimismo, procede comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda la
conveniencia de establecer algún tipo de medida compensatoria, que palie el efecto
contrario al criterio de progresividad que sustenta el espíritu del Real Decreto-Ley de
Medidas extraordinarias para reducción del déficit público, en relación con la
minoración de las retribuciones de los Jueces en prácticas que cursan sus estudios en la
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, que supone, un 9,73% del
sueldo a partir del 1 de junio de 2010, único ingreso que perciben, al carecer de
retribuciones complementarias.
Treinta y dos.- Ratificar el acuerdo nº 96º, de 31 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima el Recurso de
Alzada nº 134/09, interpuesto por D. ANTONIO PUERTA ORTEGA, contra el
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 28 de
abril de 2009, por el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo de esta dicha
Comisión de 10 de marzo de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del Estado del día
20 siguiente, entre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado/a, no
figurando el hoy recurrente como incluido en dicha relación.
12
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Servicio
de Personal Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Treinta y tres.- Ratificar el acuerdo nº 97º, de 31 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 147/10 y acumulados, interpuesto por D.
FRANCISCO SESEÑA SANTOS, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 15 de
Barcelona, contra los Acuerdos de la Magistrada Decana de dicha capital de 20 de abril
y 10 de mayo de 2010, por los que se atribuye, por reparto, al órgano jurisdiccional del
que es titular la hoy recurrente, el conocimiento de las ejecutorias penales nº 847/2006,
3065/2009, 3140/2009, 2337/2009, 3119/2009 y 3281/2009.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo al recurrente y comuníquese a la Magistrada
Decana de los Juzgados de Barcelona.
Treinta y cuatro.- Ratificar el acuerdo nº 98º, de 31 de mayo, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 159/10 y acumulado, interpuesto por Dª.
INMACULADA CASARES BIDASORO, Magistrada con destino en la Sección 30ª de
la Audiencia Provincial de Madrid, contra sendos acuerdos del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de 7 y 14 de mayo de 2010, por los que deniega la
concesión de una licencia por enfermedad y, como consecuencia de lo anterior, se
dispone su inmediata reincorporación a su puesto de trabajo, respectivamente.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente acuerdo a la recurrente y comuníquese al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Servicio de Personal Judicial de este
Órgano Constitucional.
Treinta y cinco.- Ratificar el acuerdo nº 5º, de 2 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, sobre la determinación del personal al
servicio del propio Consejo que ha de atender los servicios esenciales (mínimos) en la
jornada de huelga convocada para el día 8, en los siguientes términos:
a) Aprobar la consideración como personal mínimo para atender los servicios
esenciales en el Consejo General del Poder Judicial al siguiente personal:
Por Órgano Técnico:
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
o Un funcionario/a de nivel superior
o Un/a funcionario/a de nivel medio o nivel administrativo o nivel
auxiliar
Por Sede del Consejo:
o Una persona de nivel subalterno
o Una persona encargada del Registro y otra de Control de acceso al
edificio, ésta última en funciones simultáneas de atención al servicio
telefónico
b) El Secretario General del Consejo General del Poder Judicial procederá en
cada caso a la designación de las personas a quienes corresponda la prestación de los
servicios mínimos.
Treinta y seis.- Ratificar el acuerdo nº 6º, de 2 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima el recurso de
reposición nº 10/10, interpuesto por D. MANUEL JAIME MARTÍNEZ AFÁN, contra
el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, adoptado
por delegación del Pleno, de fecha 14 de julio de 2009 (BOE 17 de julio), por el que se
resuelve concurso convocado por acuerdo del Pleno de 29 de enero del mismo año, para
la provisión de plazas de Magistrado suplente y Juez sustituto en el año judicial
2009/2010, en diferentes Tribunales Superiores de Justicia, en el particular relativo al no
nombramiento del hoy recurrente para el cargo de Juez sustituto en el ámbito del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al Servicio
de Personal Judicial (Sección de Selección) del Consejo General del Poder Judicial.
Treinta y siete.- Ratificar el acuerdo nº 7º, de 2 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima el recurso de
alzada nº 137/10, interpuesto por D. LORENZO PÉREZ CONEJO, titular del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, contra el acuerdo de la Comisión
Permanente de este Órgano Constitucional, adoptado en reunión de 9 de marzo de 2010,
por el que, a la vista del informe del tribunal calificador de las pruebas de
especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas por
acuerdo del Pleno de 10 de octubre de 2007 (BOE de 18 de octubre), sobre el grado de
aprovechamiento de las licencias concedidas por estudios con objeto de la preparación
de estas pruebas, se dispone que debe compensar el período disfrutado como licencia a
cargo de sus vacaciones anuales.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
14
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Notifíquese el presente acuerdo al recurrente y comuníquese al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, y al Servicio de Personal
Judicial de este Órgano Constitucional.
Treinta y ocho.- Ratificar el acuerdo nº 45º, de 7 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, al amparo de lo establecido en el
artículo 57 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del
Poder Judicial, con relación al escrito presentado por D. Juan Pablo González González,
Magistrado con destino en la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el que promueve
expresamente la recusación de los Vocales D. José Manuel Gómez Benítez y Dª.
Margarita Uría Etxebarria para su participación en el procedimiento de nombramiento
de Presidente de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, acordándose por dicha
Comisión por mayoría:
Inadmitir dicha recusación a trámite, por entender que resulta un manifiesto
abuso de derecho la pretensión deducida, dada la naturaleza del procedimiento en el
que se intenta hacer valer, con el voto en contra del presente acuerdo del Vocal D.
Manuel Almenar Belenguer, considerando que el órgano competente para resolver
sobre la admisión de la recusación dirigida contra D. José Manuel Gómez Benítez era
la propia Comisión de Calificación de la que forma parte; y con relación a la Vocal
Dña. Margarita Uría Etxebarría, tendría que ser resuelto este incidente por el Pleno.
Contra esta resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses y el potestativo de reposición
ante el Pleno del mismo Consejo en el plazo de un mes, contados ambos plazos desde el
día siguiente al de su notificación.
El acuerdo adoptado por el Pleno se produjo en ausencia de los Vocales D. José
Manuel Gómez Benítez y Dña. Margarita Uría Etxebarría, con la expresa abstención de
Dña. Gemma Gallego Sánchez, y con el voto en contra de Dña. Concepción Espejel
Jorquera, quien aún entendiendo que la recusación promovida debe rechazarse, no
comparte la motivación expresada por la Comisión Permanente.
Treinta y nueve.- Aprobar, en los términos de la propuesta (acuerdo nº 50º, de 7
de junio, de la Comisión Permanente), el Convenio de Colaboración a suscribir entre el
Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
través de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, en materia de
formación continua de Jueces y Magistrados para los años 2010 y 2011, delegándose su
firma en representación del Consejo en las Vocales Dª. Gabriela Bravo Sanestanislao y
Dª. Concepción Espejel Jorquera.
Cuarenta.- Ratificar el acuerdo nº 30º de 18 de mayo, adoptado por la Comisión
Permanente, por el que:
1.- Se acepta la renuncia presentada a la Presidencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del
Magistrado D. JOAQUÍN MARÍA MIQUELEIZ BRONTE, acordando asimismo su
adscripción a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, de conformidad con lo establecido en el artículo 340 de la Ley
15
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Orgánica del Poder Judicial, hasta la adjudicación de la plaza correspondiente del que
hubieren elegido, teniendo preferencia, además, durante los dos años siguientes al cese,
a cualquier plaza de su categoría de las que deben proveerse por el concurso voluntario
no reservada a especialista.
2.- Se acuerda convocar para su provisión, la plaza que resulta vacante como
consecuencia de la renuncia anterior, en los términos previstos en el artículo 333 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de
7 de junio, de la Carrera Judicial, entendiéndose actualmente el artículo 2 del
Reglamento 1/2010, de 25 de febrero, por el que se regula la provisión de plazas de
nombramiento discrecional en los órganos judiciales, de la Presidencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarenta y uno.- Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión
Permanente (acuerdo 58º de 15 de junio) la convocatoria mediante anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, de las Presidencias de las Salas Primera, Segunda y Quinta del
Tribunal Supremo, por próxima expiración del mandato de los anteriormente
nombrados, con arreglo a las Bases que se adjuntan a la documentación del acuerdo, en
cuya elaboración se ha seguido el modelo aprobado para la Presidencia de Tribunales
Superiores de Justicia por acuerdo del Pleno de 24 de marzo de 2010, con las
modificaciones que impone el artículo 8 y concordantes del Reglamento 1/2010 para las
Presidencias de Sala del Tribunal Supremo.
Cuarenta y dos.- Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión
Permanente (acuerdo 70º de 15 de junio) el Convenio de Colaboración a suscribir entre
el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación de Prensa de Aragón, delegando
expresamente su firma en la Vocal Portavoz del Consejo Dª. Gabriela Bravo
Sanestanislao.
Cuarenta y tres.- Ratificar el acuerdo nº 95º, de 15 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 161/10, interpuesto por D. FRANCISCO
SESEÑA SANTOS, Magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 15 de Barcelona,
contra los siguientes Acuerdos:
- Comunicación de la Magistrada Decana de los Juzgados de Barcelona, de 29
de marzo de 2010, participándole la suspensión de la Junta Sectorial de
Jueces de lo Penal convocada para el día 7 de abril, y señalando otra en su
sustitución para el siguiente día 19, a las 13 horas.
- Acta de la Junta Sectorial de Jueces de lo Penal de Barcelona, celebrada el
19 de abril de 2010.
- Acuerdo de la Magistrada Decana de los Juzgados de Barcelona, de 23 de
abril del mismo año, denegando una nueva convocatoria de Junta de Jueces
de lo Penal que había sido solicitada por el hoy recurrente.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
16
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo al recurrente y a la Magistrada Decana de los
Juzgados de Barcelona.
Cuarenta y cuatro.- Ratificar el acuerdo nº 96º, de 15 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 162/10, interpuesto por Dª. ANA MARÍA
GARCÍA FERNÁNDEZ, Procuradora de los Tribunales, en representación del
Magistrado D. José, contra Acuerdo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de 9 de abril de 2010, por el que habiéndose hecho efectiva la ejecución de la
sanción de suspensión de funciones por tiempo de seis meses, decretada por el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. en su reunión de 25 de febrero anterior, impuesta al
Magistrado D. José por su actuación como titular de un Juzgado de lo Mercantil, como
autor de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
no ha lugar a pronunciarse sobre su baja por enfermedad.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo al recurrente y comuníquese al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
Cuarenta y cinco.- Ratificar el acuerdo nº 103, de 15 de junio, adoptado por la
Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se desestima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 163/10, interpuesto por Dª. MARÍA
JESÚS SOLANA TALAVERA, Magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 12 de
Barcelona, contra Acuerdo de la Magistrada Decana de dicha Capital, de 10 de mayo de
2010, por los que se atribuye, por reparto, al órgano jurisdiccional del que es titular la
hoy recurrente, el conocimiento de la ejecutoria penal nº 543/10.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo a la recurrente y comuníquese a la Magistrada
Decana de los Juzgados de Barcelona.
Cuarenta y seis.- Aprobar en los términos de la propuesta (acuerdo nº 104º, de
15 de junio, de la Comisión Permanente) la suscripción de un Convenio de
Colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Mediterránea
de Derechos Humanos, de acuerdo con los términos de la propuesta, delegando
expresamente su firma en representación del Consejo en la Vocal Portavoz, Dª. Gabriela
Bravo Sanestanislao.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Cuarenta y siete.- Ratificar el acuerdo Num. 101º, de l5 de junio, adoptado por
la Comisión Permanente por razones de urgencia, por el que se estima la solicitud de
suspensión instada en el recurso de alzada nº 172/10, interpuesto por D. JOSÉ
MANUEL MARCO COS, Dª. ADELA BARDÓN MARTÍNEZ, Dª. MARÍA
ÁNGELES GIL MARQUÉS y D. RAFAEL GIMÉNEZ RAMÓN, Magistrados/as
integrantes de la Sección 3ª (civil) de la Audiencia Provincial de Castellón, contra el
Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, de 14 de abril de 2010, sobre modificación de las normas de reparto de
asuntos en la forma propuesta por el Presidente de la referida Audiencia.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de la misma,
sin perjuicio de cualquier otro que pueda estimarse procedente.
Notifíquese el presente Acuerdo a la parte recurrente y comuníquese al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al
Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón.
Cuarenta y ocho.- Disponer el cumplimiento de la Sentencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2010, por la que se estima el Recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Magistrada Dña. Eva contra el Acuerdo
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13 de septiembre de 2007, por el
que se le había impuesto sanción de suspensión de funciones por tiempo de un mes
como autora de una falta muy grave del artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y en consecuencia, respecto de la expresada Magistrada ha de practicarse la
liquidación correspondiente de los haberes dejados de percibir, durante el tiempo de
cumplimiento de la sanción (desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2007 –un mes-) con
sus intereses legales hasta su completo pago, reponiéndosele en el puesto que ocupaba
en el Escalafón de la Carrera Judicial antes del cumplimiento de la sanción.
Cuarenta y nueve.- Interesar de la Consejería de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Cantabria, el otorgamiento de un plazo extraordinario de prórroga por
periodo de quince días para la emisión del preceptivo informe al Proyecto de Decreto
por el que se crea el Registro Telemático de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Cincuenta.- Aprobar, en los términos de la propuesta, el informe emitido
por la Comisión de Estudios con relación al Anteproyecto de Ley de Mediación de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Cincuenta y uno.- Aprobar, en los términos de la propuesta, el informe
emitido por la Comisión de Estudios relativo al Anteproyecto de Ley Orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica 12/95, de 12 de diciembre de Represión del
Contrabando.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Cincuenta y dos.- Aprobar el informe emitido por la Comisión de Estudios
relativo al Anteproyecto de Ley Reguladora del Recurso de Casación en materia de
Derecho Civil de Cataluña, asumiendo asimismo como comentario al artículo 5 el texto
de la enmienda presentada ante el Pleno por el Vocal D. Carles Cruz Moratones, que
queda incorporada a la redacción definitiva del informe.
Contra el presente acuerdo formulan voto particular los Vocales D. Claro
José Fernández-Carnicero y Dña. Concepción Espejel Jorquera.
Cincuenta y tres.- Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre
el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias, para la puesta en
marcha del Centro Atlántico de Estudios Judiciales en materia de formación y difusión
de los principios de fortalecimiento del Estado de Derecho, gobernabilidad del entorno
atlántico y mejora del espacio de seguridad jurídica, modificando el texto presentado
como propuesta en los siguientes términos:
a) En las actividades formativas que se desarrollen en el marco del Convenio se
tendrá en cuenta la opinión de la Comisión de Escuela Judicial.
b) Por cuanto respecta a la Cláusula Cuarta (Financiación), el Consejo General del
Poder Judicial asumirá los gastos correspondientes al desplazamiento,
alojamiento y manutención del personal a su servicio que asista a las distintas
ediciones del Centro Atlántico de Estudios Judiciales.
Delegar la firma del mismo en el Vocal Presidente de dicha Comisión y delegar
asimismo la ejecución del acuerdo en la misma Comisión.
Cincuenta y cuatro.- 1. Aprobar, en los términos de la propuesta, el desarrollo
de la etapa de Jueces en prácticas tuteladas del 1 de septiembre de 2010 al 13 de mayo
de 2011.
2. Delegar expresamente en la Comisión de Escuela Judicial y en el Director de
la Escuela Judicial la adopción de todas las decisiones que sean necesarias para la
adecuada puesta en marcha de la actividad.
3. Aprobar un crédito de 378.056 € (trescientos setenta y ocho mil cincuenta y
seis euros) para la realización de esta etapa formativa, dentro del referido Plan Docente,
que se imputarán al Programa Presupuestario 111 O del Consejo General del Poder
Judicial para el año 2010, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción
de las medidas que, para la mejor ejecución de las actividades, impliquen redistribución
interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a
que éstas dan lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.
4. Aprobar un crédito de 400.000,50 € (cuatrocientos mil euros y cincuenta
céntimos) para la realización de esta etapa formativa, dentro del referido Plan Docente,
que se imputarán al Programa Presupuestario 111 O del Consejo General del Poder
Judicial para el año 2011, delegando expresamente en la Secretaría General la adopción
de las medidas que, para la mejor ejecución de las actividades, impliquen redistribución
interna de las cantidades expresadas en el presupuesto y de los expedientes de gasto a
que éstas dan lugar, siempre que no se supere el importe total de lo presupuestado.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Cincuenta y cinco.- Aprobar, con las modificaciones que se incorporan a la
redacción definitiva, el Informe emitido por la Comisión de Modernización e
Informática relativo al Proyecto de Real Decreto por el que se crean y constituyen 132
Juzgados, y se constituyen 2 Juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales correspondientes a la programación del
año 2010 y 50 plazas de Juez de adscripción territorial.
Cincuenta y seis.- Vista la demanda de indemnización por responsabilidad
patrimonial presentada por D. Ramón Gorbs i Gorbany, Magistrado, contra el Consejo
General del Poder Judicial, el Pleno acuerda, en los términos de la resolución motivada
que sustenta la propuesta, declarar que no ha lugar a lo solicitado, toda vez que no
concurren los presupuestos normativos y jurisprudenciales aplicables (artículo 139.1
Ley 30/92 y artículo 6 del Real Decreto 429/1993) al no concurrir un daño efectivo,
individualizado y evaluable económicamente.
Notifíquese esta resolución haciendo saber al interesado que cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación.
Cincuenta y siete.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe emitido
por la Comisión de Modernización e Informática relativo a la constitución del Juzgado
de lo Mercantil nº 3 de Oviedo, de nueva creación, en su propia sede o en la localidad
de Gijón y, en general, sobre la constitución con carácter permanente de órganos
judiciales fuera de su propia sede, al amparo de lo dispuesto en el artículo 269.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
Cincuenta y ocho.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe emitido
por la Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de Resolución de
la Dirección General de Justicia y Menor de la Generalitat Valenciana, por la que se
establece un programa concreto de atención continuada para instrumentar
transitoriamente la retribución de las sustituciones que realicen los funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial en puesto de Tramitación Procesal y Administrativa, el cual
merece una valoración favorable al ajustarse a las previsiones del artículo 12 del Real
Decreto 1909/2000, hasta la total implantación del nuevo sistema retributivo.
Cincuenta y nueve.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe
emitido por la Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de
Decreto sobre estructura y organización de la Oficina Judicial en Cataluña, así como las
normas básicas de funcionamiento de su Servicio Común Procesal General y de
Ejecución.
Sesenta.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe emitido por la
Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de Decreto de creación
del Servicio Común Procesal de Archivo Judicial Territorial de la Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, con la matización de que
20
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
sería más conveniente que del nombre desapareciera “Procesal”, ya que en el mismo no
se realizan actuaciones procesales propiamente dichas.
Sesenta y uno.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe emitido por
la Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de Resolución de la
Directora de la Oficina Judicial y Fiscal del Gobierno Vasco, por la que se determina la
organización detallada de la nueva Oficina Judicial en el Partido Judicial de Getxo, así
como las normas básicas de funcionamiento de su Servicio Común Procesal General y
de Ejecución.
Sesenta y dos.- Aprobar en los términos de la propuesta, el informe emitido por
la Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de Resolución de la
Directora de la Oficina Judicial y Fiscal del Gobierno Vasco, por la que se determina la
organización detallada de la nueva Oficina Judicial en el Partido Judicial de Irún, así
como las normas básicas de funcionamiento de su Servicio Común Procesal General y
de Ejecución.
Sesenta y tres.- A propuesta de los Vocales Delegados para el Centro de
Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, el Pleno acuerda:
1. Adoptar la política de “papel 0” en la actividad editorial del Consejo General
del Poder Judicial, de forma que todas las publicaciones dirigidas a la Carrera Judicial
deberán ser accesibles a través de la web del Poder Judicial, únicamente en formato
digital.
2. Potenciar el desarrollo de las publicaciones digitales del Consejo General del
Poder Judicial, de forma que cumplan con los estándares y requerimientos técnicos
precisos en dicha clase de publicaciones.
3. Mantener, con carácter excepcional y siempre que así sea requerido para el
cumplimiento de las actividades protocolarias o institucionales del Consejo General del
Poder Judicial, la realización de ediciones en papel, en tiradas no superiores a los 200-
300 ejemplares. La realización de cada una de estas ediciones deberá contar, en todo
caso, con la aprobación de la Comisión Permanente a través de la propuesta que a tal
efecto presenten los Vocales del CENDOJ.
Sesenta y cuatro.- Con relación a la propuesta de la Comisión Presupuestaria
para desestimar la petición de Doña Ángela Navas Chillón sobre reconocimiento de la
antigüedad por parte del Consejo General del Poder Judicial desde la fecha de su
nombramiento como secretaria de Vocal, el Pleno acuerda: Reconocer el derecho de la
solicitante a percibir una retribución complementaria por antigüedad, por aplicación
directa de la Directiva del Consejo 1999/70 de 28 de Junio, relativa al Acuerdo marco
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Se considera
que el reconocimiento de este derecho ha de llevarse a cabo mediante un complemento
personal equivalente a la cantidad que le correspondería percibir en concepto de trienios
y se acuerda encomendar a la Comisión Presupuestaria la ejecución de este acuerdo,
concretando el modo de aplicación.
21
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
Sesenta y cinco.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.c
del Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial, a propuesta del Consejo
Rector, el Plan Docente de Formación Inicial de la Promoción 62 de la Escuela Judicial.
(Curso 2010-2012), en los términos de la documentación adjunta a la propuesta, si bien
encomendando a la Comisión de Escuela Judicial la oportuna modificación a fin de que
en el Programa de la Fase Presencial, el Seminario 8.4.13, sobre La Administración de
Justicia en el Estado Autonómico, se refiera expresamente a Derechos lingüísticos,
sume el estudio de la materia en el marco del Derecho Comunitario, y se ubique en sede
de Derechos Fundamentales, y no en las materias multidisciplinares.
Sesenta y seis.- Autorizar el gasto correspondiente a la prórroga, para el período
comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2010, de los acuerdos marco
suscritos por el Consejo con una serie de editoriales jurídicas para el suministro de
bases de datos de legislación y jurisprudencia y revistas jurídicas on line para su
utilización por el Consejo, por un importe total de 372.291,40 euros, I.V.A. excluido
(439.303,85 euros, I.V.A. 18 % incluido), con cargo al concepto presupuestario
08.01.111P.620 del presupuesto del Consejo para 2010.
Sesenta y siete.- Autorizar la realización de visita de Inspección a la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional y en los Juzgados Centrales de lo Contencioso
Administrativo números 4, 5 y 8.
Sesenta y ocho.- 1. Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión de
Modernización e Informática, el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Consejo
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la implantación e integración
de las aplicaciones informáticas de gestión de las Salas y Secretarías de Gobierno en el
Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia.
2. Delegar la firma del Convenio en el Presidente de la Comisión de
Modernización e Informática.
3. Designar al Vicepresidente del Consejo, D. Fernando de Rosa Torner, y a los
Vocales D. Manuel Almenar Belenguer y D. Carles Cruz Moratones, como miembros
de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento descrito en la Cláusula Tercera
del Convenio.
Sesenta y nueve.- 1. Aprobar, en los términos de la propuesta de la Comisión de
Modernización e Informática el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Consejo
General del Poder Judicial, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el
Ministerio de Justicia en materia de cesión de información tributaria a los órganos
judiciales.
2. Delegar la firma del Convenio en el Presidente de la Comisión de
Modernización e Informática.
3. Designar al Vicepresidente del Consejo, D. Fernando de Rosa Torner, y a los
Vocales D. Manuel Almenar Belenguer y D. Carles Cruz Moratones, como miembros
de la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento descrito en la Cláusula Tercera
del Convenio.
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SECRETARIA GENERAL
Setenta.- Visto el contenido de la denuncia formulada por D. Antonio Panea
Yeste y D. José Luis Mazón Costa, Abogados, contra el Vocal D. José Manuel Gómez
Benítez, por incumplimiento del deber de abstención, el Pleno acuerda por unanimidad
–en ausencia del Vocal denunciado- el archivo sin más trámites del escrito referido, toda
vez que los hechos que relata no son en modo alguno constitutivos de infracción ni
tampoco colisionan bajo ningún concepto con la observancia de los deberes que a los
miembros del Consejo le vienen impuestos en los artículos 117 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, ni 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial.
Setenta y uno.- Aceptar la renuncia presentada por Dña. María José Martínez
Sáinz al cargo de Letrada, Jefa de Sección en el Centro de Documentación Judicial, al
servicio del Consejo General del Poder Judicial, con efectos del día 5 de julio de 2010,
con el expreso agradecimiento del Pleno por la dedicación y profesionalidad acreditadas
durante el tiempo en que ha prestado servicios en el propio Consejo.
Setenta y dos.- Autorizar la reclasificación como “Jefa de Unidad N-24” del
puesto de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario al servicio del
Consejo General del Poder Judicial que desempeña en la actualidad en la Unidad de
Archivo y Registro del Servicio Central de Secretaría General la funcionaria Dª.
Lourdes Cortiguera Gil, con efectos desde su toma de posesión como funcionaria del
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, dado con ello continuidad a
su relación de personal al servicio del propio Consejo.
Setenta y tres.- Retirar del orden del día la propuesta de prórroga por período de
un año, con efectos del día 30 de junio de 2010, del nombramiento de D. Juan
Francisco Garnica Martín, para continuar prestando sus servicios en el mismo puesto
de trabajo que actualmente ocupa, como profesor ordinario en la Escuela Judicial.
Setenta y cuatro.- Prorrogar por un año, con efectos del día 1 de octubre de
2010, el nombramiento de D. Joaquín Delgado Martín, para continuar prestando sus
servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la
situación de servicios especiales que ya tiene declarada.
Setenta y cinco.- Prorrogar por un año, con efectos del día 5 de septiembre de
2010, el nombramiento de D. Juan Ramón Reig Purón, para continuar prestando sus
servicios en el mismo puesto de trabajo que actualmente ocupa, de conformidad con lo
establecido en el artículo 146.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo la
situación de servicios especiales que ya tiene declarada.
Setenta y seis.- Autorizar el gasto correspondiente al cuarto modificado del
contrato suscrito en 2005 con la empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones necesarios al Consejo (lote número 1:
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voz y datos), con el objeto de actualizar la centralita de la sede central y de renovar las
tres operadoras instaladas en la misma, por un importe de CUARENTA Y TRES MIL
CIENTO VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (43.126,83-€),
I.V.A. incluido (18%), con cargo al concepto M.620 del presupuesto del Consejo para
2010 y con el detalle que se recoge en el anexo a esta propuesta.
Setenta y siete.- Tomar conocimiento de la solicitud deducida por la Asociación
Judicial Foro Judicial Independiente con relación al incremento advertido en el número
de expedientes disciplinarios incoados en el primer año del presente Mandato del
Consejo General del Poder Judicial, encomendando a la Comisión Disciplinaria que
traslade a la mencionada Asociación Judicial la información expuesta en el Pleno sobre
las causas y circunstancias de las que resultan los datos estadísticos a que se refiere el
escrito que da origen al presente acuerdo.
Setenta y ocho.- Aprobar. en los términos de la propuesta, el informe
emitido por la Comisión de Modernización e Informática relativo al Proyecto de
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Institutos de Medicina Legal de
Andalucía.
Setenta y nueve.- Vista la propuesta de la Comisión Disciplinaria, para
dejar en suspenso la ejecución de la sanción de suspensión de funciones por tiempo de
15 días, que fue impuesta a la Magistrada Dª. Felicidad por acuerdo del Pleno de 19
de mayo de 2010, el Pleno acuerda acceder a lo solicitado hasta que se resuelva por la
Sala Tercera del Tribunal Supremo la pieza separada de suspensión cautelar de la
ejecutividad del acto administrativo impugnado instada en el Recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el mencionado acuerdo. El presente acuerdo se
fundamenta en las razones contempladas en el artículo 140.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, teniendo en cuenta por una parte los motivos de impugnación
esgrimidos, y, por otra, la naturaleza de los perjuicios que podrían causarse con la
inmediata ejecución de la sanción, cuya reparación, si no imposible, sí resultaría
difícil o cuando menos compleja, para el supuesto de que prosperarse lo solicitado en
sede jurisdiccional. De ahí que, con carácter excepcional a la regla general de
ejecutividad de los actos del Consejo, el Pleno acuerde dejar en suspenso la
mencionada ejecución, hasta tanto se resuelva la pieza separada de medidas cautelares
que origina la presente propuesta.
Ochenta.- Aprobar en los términos de la propuesta de la Comisión
Permanente, el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Consejo General del
Poder Judicial y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la celebración de
un Seminario sobre “La Crisis de la Justicia”, delegando la firma del mismo en
representación del Consejo en las Vocales Dª. Gabriela Bravo Sanestanislao, Dña.
Margarita Uría Etxebarría y Dña. Gemma Gallego Sánchez.
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Ochenta y uno.- Autorizar el proceso de selección de Magistrados
corresponsales nacionales de la Red Judicial Española (REJUE) en la renovación de
aquellas plazas que corresponde por expiración del periodo de cinco años o cese, de
los integrantes por traslado a otros territorios, según lo señalado en el Anexo II de la
propuesta, de conformidad con las Bases de la Convocatoria para la selección, que ya
fueron aprobadas por el Pleno en su reunión de 26 de noviembre de 2008, Anexo I de
la misma propuesta.
Delegar la ejecución del acuerdo en el Servicio de Relaciones
Internacionales.
Ochenta y dos.- Aprobar el informe emitido en el expediente de
Rehabilitación 1/10, instado ante el Ministerio de Justicia por D. Joaquín Luis
Sánchez Carrión, solicitando su rehabilitación como funcionario del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.
Ochenta y tres.- Aprobar el informe emitido en el expediente de
Rehabilitación 2/10, instado ante el Ministerio de Justicia por Dª. María Jesús Arias
Zorrilla, solicitando su rehabilitación como funcionaria del Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa.
Ochenta y cuatro.- Aprobar el informe emitido en el expediente 149/09
por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio
de Justicia D. Joaquín José Gómez Alba.
Ochenta y cinco.- Aprobar el informe emitido en el expediente 150/09 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Antonio Souvirón Rodríguez.
Ochenta y seis.- Aprobar el informe emitido en el expediente 19/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. José Manuel Vara González.
Ochenta y siete.- Aprobar el informe emitido en el expediente 43/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Diego Muñoz Jiménez y Dª. Josefa Maza Rueda.
Ochenta y ocho.- Aprobar el informe emitido en el expediente 47/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Unión Panadera Cacereña, S.A.
Ochenta y nueve.- Aprobar el informe emitido en el expediente 52/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Carmen Monterroso Castillejo.
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Noventa.- Aprobar el informe emitido en el expediente 54/10 por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia
por Dª. Rosa Chacón Juárez.
Noventa y uno.- Aprobar el informe emitido en el expediente 58/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Enrique Paredes Cerezo.
Noventa y dos.- Aprobar el informe emitido en el expediente 60/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Ultracongelados Badajoz, S.A.
Noventa y tres.- Aprobar el informe emitido en el expediente 62/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Carlos Perona Martínez.
Noventa y cuatro.- Aprobar el informe emitido en el expediente 64/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Noelia Carmena Alves.
Noventa y cinco.- Aprobar el informe emitido en el expediente 65/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Juan Monereo Vilalta.
Noventa y seis.- Aprobar el informe emitido en el expediente 66/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Valentín Martín Tomás y D. Julio Marques Blasco.
Noventa y siete.- Aprobar el informe emitido en el expediente 67/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Deogracias Sánchez Calderón.
Noventa y ocho.- Aprobar el informe emitido en el expediente 68/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. José Antonio León Bueno.
Noventa y nueve.- Aprobar el informe emitido en el expediente 70/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Rafaela Etelvina Sánchez Pérez.
Cien.- Aprobar el informe emitido en el expediente 75/10 por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia
por D. Antoni Riba Izquierdo.
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Ciento uno.- Aprobar el informe emitido en el expediente 133/09 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Francisco Javier Bover Martí.
Ciento dos.- Aprobar el informe emitido en el expediente 9/10 por anormal
funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de Justicia
por D. Miguel Moreno Ortiz y Dª. María del Carmen Moreno Expósito.
Ciento tres.- Aprobar el informe emitido en el expediente 59/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Josefina Hernández Fernández.
Ciento cuatro.- Aprobar el informe emitido en el expediente 63/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Fátima Hernanz Martín.
Ciento cinco.- Aprobar el informe emitido en el expediente 71/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Mª. Teresa Fernández López.
Ciento seis.- Aprobar el informe emitido en el expediente 74/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. José García Rosal.
Ciento siete.- Aprobar el informe emitido en el expediente 77/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Antonia Gloria Ramírez Alias y D. Iván Gimeno Carbonell.
Ciento ocho.- Aprobar el informe emitido en el expediente 85/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Grisaldina García Vargas.
Ciento nueve.- Aprobar el informe emitido en el expediente 86/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Pedro Gómez Ruiz.
Ciento diez.- Aprobar el informe emitido en el expediente 93/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por Dª. Ofelia Román Sanz y otros.
Ciento once.- Aprobar el informe emitido en el expediente 29/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Camilo José Lorenzo Pérez.
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Ciento doce.- Aprobar el informe emitido en el expediente 76/10 por
anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, instado ante el Ministerio de
Justicia por D. Noel Fermosel Alvarez.
Ciento trece.- Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de
alzada núm. 109/09 y recurso de reposición, acumulado, interpuesto por la Ilma. Sra. Dª
BERTA ALVAREZ LLANEZA, Magistrada, contra el Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 26 de mayo de 2009, adoptado
por razones de urgencia, (ex art. 57 del ROF), por el que se la suspende
provisionalmente de funciones al encontrarse incursa en un expediente de jubilación por
incapacidad permanente y el recurso de reposición, acumulado, contra el acuerdo del
Pleno del Consejo General de 25 de junio del mismo año, que ratifica el anterior.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento catorce.- Desestimar el recurso de alzada núm. 120/09, interpuesto
por D. MANUEL FRANCISCO GARAY PARAS, Presidente del Sector de Justicia en
Cantabria de la Central Independiente y de Funcionarios (CSI-F), contra el Acuerdo de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de abril de
2009, por el que se ratifica lo acordado por la Junta Sectorial de Jueces de primera
Instancia e Instrucción de Torrelavega, en reunión celebrada el 16 de marzo anterior,
relativo a las normas reguladora del procedimiento de presentación, registro y reparto
de asuntos penales.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento quince.- Desestimar el recurso de alzada núm. 180/09, interpuesto
por la Ilma. Sra. Dª. ASUNCIÓN GOMIS RODRIDO, titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 5 de Rubí (Barcelona), contra el Acuerdo de la Ilma. Sra.
Magistrada-Juez Decana de los Juzgados de esa Capital, de fecha 2 de julio de 2009, por
el que se atribuye el conocimiento de un concreto asunto jurisdiccional al Juzgado del
que es titular el recurrente.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento dieciséis.- Desestimar el recurso de alzada núm. 242/09, interpuesto
por D. CELESTINO SALGADO CARRERO contra el Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 7 de julio de 2009 (BOE de 2 de
septiembre de 2009), por el que se resuelve el concurso que, para la provisión de
determinadas plazas en la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado, fue convocado
por Acuerdo de la misma Comisión –BOE de 2 de junio-, en el particular relativo a la
inadmisión de la instancia formalizada por el hoy recurrente, por no llevar un año en su
destino desde la fecha del Real Decreto por el que se le nombró Magistrado especialista
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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SECRETARIA GENERAL
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento diecisiete.- Inadmitir el recurso de alzada núm. 36/06, interpuesto
por DON MANUEL TRABAZO DOPAZO contra un Acuerdo de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Pontevedra relativo a la composición de la Sección 2ª de dicha
Audiencia Provincial en el Rollo de Apelación nº 6140/2005, tramitado como
Expediente nº 96/10, de ejecución de sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, de fecha 8 de febrero de 2010, en el Recurso Contencioso-Administrativo nº
2/256/2006, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Raquel Olivares Pastor,
en representación del Sr. Trabazo Dopazo, contra el Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 26 de abril de 2006.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento dieciocho.- Estimar el recurso de alzada núm. 127/10, interpuesto
por Dª PATRICIA MONTAGUD ALARIO, alumna de la Escuela Judicial, contra el
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de fecha
23 de febrero de 2010, reconociéndole el mérito del conocimiento del idioma catalán en
el ámbito de las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares a los
efectos determinados en el artículo 114.3 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la
Carrera Judicial y denegándole el reconocimiento del mérito del conocimiento del
idioma valenciano en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el voto en contra de la Vocal Dª.
Almudena Lastra de Inés.
Ciento diecinueve.- Inadmitir el recurso de alzada núm. 251/09
interpuesto por la ILMA. SRA. Dª. ASUNCIÓN GOMIS RODRIGO, titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Rubí (Barcelona), con competencias
en materia de violencia sobre la mujer, contra el Acuerdo de la Ilma. Sra. Magistrada
Juez Decana de los Juzgados de la citada localidad, adoptado en fecha de 8 de
septiembre de 2009, por el que, resolviendo una cuestión de competencia suscitada entre
los Juzgados números 3 y 5, se atribuye el conocimiento de las diligencias a que se
refiere el Expediente de Cuestión de Competencia Nº. 3/09, al órgano del que es titular
la hoy recurrente.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento veinte.- Desestimar el recurso de alzada núm. 255/09 interpuesto
por D. JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ, titular del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 3 de Almería, contra el Acuerdo del Ilmo. Sr. Magistrado-Juez
Decano de los Juzgados de la citada localidad, de 16 de octubre de 2009, por el que se
rechaza de plano la recusación planteada por el hoy recurrente respecto de dicho
Decano en los asuntos que tengan carácter de gubernativos.
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SECRETARIA GENERAL
El presente acuerdo ha sido aprobado con el asentimiento de todos los
Vocales.
Ciento veintiuno.- Estimar el recurso de reposición núm. 52/10 interpuesto
por D. JULIO CÉSAR PICATOSTE, Magistrado con destino en la Audiencia
Provincial de Pontevedra, Sección 8ª, sede en Vigo, interpone recurso de reposición,
registrado con el núm. 52/10, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente de este
Órgano Constitucional, que adoptó por delegación del Pleno, de fecha 9 de diciembre de
2009, por el que se deniega la autorización, interesada en su momento por el hoy
recurrente, para compatibilizar su cargo judicial con el ejercicio de la docencia en la
Universidad de Vigo, en el curso académico 2009/2010.
El presente acuerdo ha sido aprobado con el voto en contra de la Vocal Dª.
Almudena Lastra de Inés.
Vº Bº
EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,