concejo de medellÍn · 2018-09-20 · josé nicolás duque ossa santiago manuel martínez mendoza...

CONCEJO DE MEDELLÍN

SESIÓN ORDINARIA

ACTA 685

Junio 30 de 2015

ÍNDICE

ACTA 685

Asistencia

3

Orden del día

3

Aprobación del orden del día

5

Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.

5

Citación a funcionarios “Analizar los avances sobre las actuaciones del Área Metropolitana frente a las irregularidades en la contratación”.

5

Lectura de comunicaciones

73

Proposiciones

73

Anexos

75

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 685 3

FECHA: Medellín, 30 de junio de 2015 HORA: De las 9:10 a 12:08 horas LUGAR: Recinto de Sesiones ASISTENTES: Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente

Ramón Emilio Acevedo Cardona Roberto de Jesús Cardona Álvarez Germán Alberto Patiño Díez, Secretario General

Bernardo Alejandro Guerra Hoyos Aura Marleny Arcila Giraldo Carlos Mario Mejía Múnera Luis Bernardo Vélez Montoya

Miguel Andrés Quintero Calle Jaime Roberto Cuartas Ochoa Yefferson Miranda Bustamante

Carlos Mario Uribe Zapata Rober Bohórquez Álvarez John Jaime Moncada Ospina María Mercedes Mateos Larraona Carlos Alberto Bayer Cano Álvaro Múnera Builes

Juan Felipe Campuzano Zuluaga José Nicolás Duque Ossa Santiago Manuel Martínez Mendoza

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez Oscar Hoyos Giraldo ORDEN DEL DÍA 1. Verificación del cuórum 2. Aprobación del orden del día 3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.


4. Citación a funcionarios Por iniciativa de la bancada del Partido Liberal integrada por los concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada a “Analizar los avances sobre las actuaciones del organismo frente a las irregularidades en la contratación al interior de la entidad, tras el debate de control político realizado el pasado 7 de abril”. A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido de la U, integrado por los concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano Zuluaga y Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y como tercera bancada el Partido Cambio Radical, de la que hacen parte Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata. De igual manera, la Mesa Directiva programó la realización de este debate para la fecha indicada en el asunto y aprobó en el acta 644, citar al Personero, el Contralor General de Medellín; además se aprobó invitar la Fiscalía, y la Procuraduría General de la Nación, para que informen a la corporación sobre las respectivas actuaciones de control que han ejercido durante el transcurso del año frente a la contratación en el Área Metropolitana. 5. Lectura de comunicaciones 6. Proposiciones 7. Asuntos varios

DESARROLLO: 1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión.


2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron intervenciones. Fue aprobado. La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa se encontraba presente y no votó. 3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 3.1. Decreto Metropolitano 08 de 2015 --- Por medio del cual se confirma una comisión, se fijan unos viáticos, gastos de viaje y se hace un encargo. 3.2. Suscrita por la contralora General de Antioquia, Luz Elena Arango Cardona. Asunto: Delegación para asistir a la sesión a Gabriel Jaime Ramírez Villegas, contralor Auxiliar de Auditoría Integrada; Gildardo de La Cruz Restrepo Jaramillo, coordinador; Frank León Rueda Cardona, abogado; Erika Jazmín Ramírez Pérez, ingeniera; Nacira Raquel Matara Acuña, abogada del Comité Operativo de Auditoría Regular. 3.3. Suscrita por el director Seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Darío Giraldo Jiménez. 4° CITACIÓN A FUNCIONARIOS La presidencia: “Se encuentra con nosotros Patricia Zúñiga, directora (e) del Área Metropolitana, no para el debate sino que está encargada por decreto ante la ausencia del titular y los funcionarios Roberto Guzmán, Marjory Maya, Francisco Zapata, Lina Hincapié, Juan Esteban Martínez, Ana Milena Joya. De la Contraloría Departamental Gabriel Jaime Ramírez Gildardo de La Cruz Restrepo, Frank León Rueda, Erika Jazmín Ramírez, Nacira Raquel Matara


Acuña. El contralor de Medellín Juan Carlos Peláez Serna; el personero Rodrigo Ardila Vargas”. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “Yo pregunto: ¿vino Néstor Velásquez, jefe de Comunicaciones?”. Respondió la directora (e) del Área Metropolitana, Patricia Zúñiga: “Él no se encuentra en este momento en el recinto, no encontramos que él debía asistir a la invitación”. Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “No doctora, no se preocupe, lo único era que personalmente había solicitado que no se hiciera presente en este debate; la Mesa Directiva y los concejales han sido conscientes y conocedores de los improperios a la Corporación Concejo de Medellín, del jefe de Comunicaciones, que aún ostenta esa dignidad y eso es una afrenta a esta corporación. Partamos de ese hecho, hay decisiones políticas y administrativas disciplinarias, pero en el caso de la actitud asumida por el jefe de Comunicaciones, no es de buen recibo de este concejal ni de varios concejales. Por eso solicité el viernes anterior a la Mesa Directiva, que por favor no ingresara al recinto y entiendo que fue dada la recomendación, porque este no es un Concejo de payasos, este Concejo está denunciando contratación indebida por $20.000 millones, de una banda criminal que ha robado en el país más de $250.000 millones. Pido a los concejales si hay necesidad de la sesión permanente, estén aquí para autorizarla. “Medellín cómo vamos” dice muy claramente que este es un municipio rico, pero también dice que no hay priorización en el gasto y que hay despilfarro. Y en ese sentido, eso tiene que ver mucho con este debate, de cómo la falta de verificación en la contratación por ser un municipio rico, no nos excluye de encontrar bandas criminales en la contratación.


No es solamente el problema de mala fe del externo, al interior también hay gente que ayuda a que ese tipo de contratación se dé. He entendido que ha habido movimientos importantes al interior, entre ellos el de la doctora Vera Cristina, quien llega como nueva directora administrativa de la entidad, a reforzar el equipo de trabajo, luego de estar durante más de tres años y medio como Secretaria de Servicios Administrativos en el Municipio de Medellín y otros cambios que se han dado en el comité de contratación. Pediría, señor Presidente, que iniciáramos con la Administración Municipal, que fuera de lo que tiene la pregunta, hay algo que no se responde: “Qué mecanismos se han adoptado contra el equipo de Comunicaciones”. De nada serviría tener una buena relación, si aquí al jefe de Comunicaciones, Gabriel, quien lleva más de 20 años, le pidiéramos que con su equipo de trabajo iniciara un ataque contra el Área Metropolitana, tratándolos de payasos, a cada uno de ustedes. El respeto viene de manera mutua, aquí estamos denunciando una banda criminal, relacionada altamente con grupos al margen de la ley. Y pediría que la Administración hablara, luego la comunidad, se ha inscrito desde el sábado el doctor Martín Cardona, quien es el abogado representante de algunos comerciantes del sector de Palacé, quien ha abogado por la moralidad pública en un contrato de $4.500 millones. Ellos no se han opuesto a las ciclorrutas, están denunciando claramente cómo se adjudicó indebidamente un contrato de $4.500 millones a una banda de música o a unos constructores musicales o músicos constructores. Han instaurado una acción popular, que fue recibida y está en análisis actualmente. Pediría para él, si es posible, diez minutos, porque no pudieron venir los otros comerciantes y han delegado en él. Luego intervenimos los concejales que suscribimos la proposición de seguimiento. Señores concejales, agradezco mucho el gesto que tuvieron de haber aprobado la proposición de resaltar los 100 años del municipio de Peque, que fue suscrita por la Mesa Directiva, en cabeza del doctor Fabio Humberto Rivera. Para nadie es un secreto que es un municipio altamente Liberal, tuve la oportunidad de ir, después de las garantías brindadas en helicóptero el fin de semana y recordar de dónde vienen mis antepasados. Fundadores del municipio como Aureliano Guerra, quien hizo parte de las guerrillas liberales; igualmente mi abuelo Francisco Guerra y mi padre Bernardo


Guerra Serna. Zona agreste, pero está también en desarrollo con las regalías de Hidroituango que hemos acompañado y apoyado y que el Túnel del Toyo también lo beneficiará. Les envían un presente, que es ese café especial, que viene muy bien empacado, habla del desarrollo de la región. Café orgánico, o sea que no tiene componentes químicos, de sus laderas que están desde los 700 metros sobre el nivel del mar a los casi 2.800 metros en el nudo del Paramillo. Y por eso es que recordando la historia de mis ancestros, digo que me hago matar en este debate. Aquí no va a venir gente de otras zonas del país, confabulada con gente de aquí, a robarnos los recursos y a abusar de los nexos que se tienen para robarse la posibilidad de que contratistas debidamente legalizados, con mecanismos irregulares, se le entreguen contratos en el Área Metropolitana, en la Empresa de Desarrollo Urbano y en otras entidades que voy a mostrar. El debate es de seguimiento, pero traigo perlas nuevas, que voy a demostrar que no solamente el problema es del exterior sino también del interior de la empresa. Y que espero sean solucionadas en el día de hoy o en el transcurso del tiempo, con el fin de que volvamos a la normalidad. Pedir a la Secretaría que esta acta sea remitida como anexo a la primera remisión de toda el acta suscrita y avalada en el Concejo de la ciudad, a la Fiscalía General de la Nación, al Procurador General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, para que sirva de acervo probatorio en las denuncias ya instauradas por este concejal, por otros municipios y también por el Área Metropolitana”. Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: “Sería muy importante, doctor Bernardo, como es un debate de seguimiento, aquí se conociera desde dónde es que se maneja el Área. Porque usted había adelantado que había otro poder y al tiempo también usted reconoció la idoneidad del director y de funcionarios. Dentro de ese seguimiento sería muy importante conocer en ese sentido. Lo otro es que aquí se habló de una serie de contratistas que tienen una cantidad de contratos. Sería bueno conocer al detalle quiénes son esos que tanto contratan en el Área y que se repite la contratación. Es sustantivo eso para el debate como seguimiento. Porque si no, no nos vamos a encontrar con las realidades que ya se han expuesto en este recinto”.


Intervino la directora (e) del Área Metropolitana, Patricia Zúñiga: “Agradecemos esta invitación con el fin de poder continuar el tema de los avances en la contratación del Área Metropolitana. El Director ha mandado un saludo, lamentablemente no puede estar aquí, pero ha estado muy pendiente del tema. En primer lugar quiero manifestar que el Área Metropolitana ha adelantado una serie de actuaciones, que si bien a la fecha del 8 de abril, se expuso las de ese momento, con posterioridad a esa fecha también ha adelantado una serie de actuaciones hasta donde el marco jurídico nos lo permite. No podemos actuar fuera de ese marco, porque estaríamos pasándonos a unas funciones que no nos competen, desde el campo administrativo, desde la gestión pública a cargo de las entidades públicas y como servidores públicos, hemos adelantado una serie de acciones, todas enmarcadas en el derecho y en las competencias en el campo administrativo. Todo lo permitido lo hemos adelantado con un contenido y un fundamento precisos y con unas acciones que voy a señalar en esta presentación. En la sesión pasada habíamos iniciado con las actividades que se adelantaron dentro del proceso de construcción de la Unidad de Vida Articulada de San Javier. En este proceso de contratación se tuvo un presupuesto oficial en la etapa de licitación, de $14.630 millones, el plazo de ejecución de diez meses. El Área Metropolitana, ante una situación que se presentó luego de la adjudicación al proponente Consorcio Técnico UVA - Construcción y Obras de Ingeniería Civil SAS (40%), Carlos Manuel Vergara Barvo (40%) y Leonardo Jalil David Ordosgoitia (20%), por un valor de $14.341.009.096. Una vez adjudicado en audiencia pública, se presentó una manifestación por parte del Director de Obra, en la que manifestaba que él no había dado su consentimiento en el proceso. Esto llevó a que el Área tomara acciones inmediatas, aunque él después manifestara lo contrario, aduciendo que sí había dado su consentimiento. El Área en forma inmediata inició una serie de acciones como la instauración de las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría General, solicitó revisión de todo el proceso ante la Contraloría Departamental en la cual solicitó una auditoría exprés.


Fuera de eso inició una actuación administrativa, en la cual solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General, en la cual el Área mediante unas resoluciones dio inicio a la actuación administrativa tendiente a esclarecer todas esas circunstancias que surgieron con posterioridad a la adjudicación. Se decretaron una serie de pruebas, una de mayor peso fue la prueba grafológica practicada por el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía General de la Nación. Ese estudio grafológico determina que la firma que se encontraba en la propuesta presentada por el consorcio, por parte del director de obra, no corresponde a las otras firmas que presentó y que suscribió ante notario público. Al tener esa circunstancia como una prueba avalada por un organismo competente, el Área procedió a revocar la adjudicación, al haberse obtenido por medios ilegales, porque en el pliego de condiciones se estableció que el director de obra debía consentir y suscribir la voluntad de participar en la ejecución de la obra, que era la firma de él y no la de otra persona o una firma de un tercero que tenía que validarse como personal para poder adjudicar la licitación y catalogar como un requisito habilitante esa situación. El Área Metropolitana fundamentó su revocatoria en una resolución con todo el acervo probatorio. Esa resolución, ante un recurso de reposición, fue confirmada al poco tiempo de haberse presentado el recurso. Conforme lo determina la Ley 80, el Área entró a verificar el informe integrado de evaluación, del oferente ubicado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y al constatar nuevamente el cumplimiento de los requisitos, en cuanto a los requisitos habilitantes, el factor de calidad, la capacidad financiera organizacional, la capacidad residual, la capacidad jurídica y el puntaje en la parte económica, adjudica el contrato al consorcio Diseños y Proyectos, representado por Diego Humberto Rodríguez. Este consorcio se encuentra conformado por dos firmas, en la que participan en el 50% cada una, que son Diseño Concreto Ltda., y proyectistas Civiles SAS. El contrato se adjudica por $14.382.244.252. El 26 de mayo se suscribió contrato y el 10 de junio se dio inicio a la ejecución de obras. La fotografía que está en la presentación, corresponde al día en que se suscribe el acta de inicio, con el fin de cumplir a la comunidad con una obra de importancia y hace parte del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín.


El contrato se encuentra en ejecución, con interventoría contratada, con lo cual el Área está cumpliendo con esta obra de importancia. Es importante mencionar que se hizo el análisis respectivo, en cuanto hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, presentada dentro de la propuesta del Consorcio Técnico UVA. Y haciendo el análisis del Decreto 1510 de 2013, en el que estipula y limita las causales para hacer efectiva una póliza de seriedad de la oferta, no se encuentra la revocatoria de la adjudicación. Por lo tanto no es posible hacer efectiva esa garantía de seriedad, de conformidad con lo que se encuentra expuesto en el concepto jurídico, analizado desde la Secretaría General del 15 de mayo. Como lo comentamos el 8 de abril, la Contraloría Departamental, ante la solicitud que elevó el Área Metropolitana, encontró que está no incurrió en algún faltante en la contratación estatal, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con los principios de la contratación pública, “legalidad, buena fe, publicidad, moralidad, transparencia y responsabilidad”. Al no encontrar algún presupuesto para imputar alguna responsabilidad contra el Área Metropolitana, procedió a archivar el proceso.


Otro proceso de contratación que fue analizado fueron los corredores de ciclorrutas en el municipio de Medellín y el mejoramiento de las existentes. Este contrato tiene un presupuesto oficial de $4.295 millones y un plazo de ejecución de 4.5 meses. Este contrato es en Palacé, en San Juan y en la 30. Se adjudicó al Consorcio Ciclorruta 2014, se encontraba conformado por Promaqco en el 70% y OLT Logistics S.A.S en el 30%. Se suscribió el 9 de septiembre de 2014 por $4.099 millones. El acta de inicio es del 16 de noviembre de 2014, fue suspendido ante 33 tutelas que se presentaron, en una de ellas se decretó como medida cautelar la suspensión de la ejecución de las obras. Posteriormente esta medida fue levantada por el mismo juzgado y finalmente, las tutelas, tanto en 1ª como en 2ª instancia se declararon no procedentes. Hay una particularidad conocida por todas, que en el certificado de la Cámara de Comercio de la empresa OLT Logistics S.A.S ha tenido una serie de cambios. Inició como Gustavo Fontalvo y su Banda en enero 20 de 2003, luego como OLT Construcciones del Caribe S.A.S el 14 de septiembre de 2011 y posteriormente el 19 de junio de 2012 pasó como OLT Logistics S.A.S. En el certificado de existencia y representación de los consorciados que presentaron la propuesta, tanto Promaqco como OLT Logistics S.A.S cumplieron con la exigencia al momento de presentar la propuesta, que tienen dentro de su objeto comercial la actividad de la construcción de obras civiles. En virtud de esto, podían presentar propuestas en el tipo de obras como la requerida por la entidad. A su vez, al momento de presentar la propuesta, en el registro único de proponentes, aportados con la propuesta, ninguno de los consorciados se encontraba incurso en alguna inhabilidad en el momento de la adjudicación. El Área Metropolitana, atendiendo la información del registro único de proponentes, RUP, en el que determina que eso es plena prueba y que las entidades no podrán exigir a los proponentes documentación distinta a la que aparece en el mismo, procedió a adjudicar esa licitación pública a este consorcio Ciclorruta 2014. En esta contratación hay dos situaciones especiales que se presentan en la ejecución del contrato y nos dimos cuenta porque no era fácil de determinarla al momento de la evaluación y es una inhabilidad sobreviniente, en primer lugar, posteriormente en una revisión se encuentra que una información que se reporta en el registro único de proponentes, presuntamente no corresponde a la verdad.


Son dos situaciones que se presentan, voy a explicar la primera que es la referente a la inhabilidad sobreviniente. Ante una información que el periódico El Tiempo presenta al Área Metropolitana, el 1º de abril, dicen que esta empresa tiene una declaratoria de caducidad de un contrato suscrito con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC. Esta caducidad es de OLT Logistics S.A.S y ante esto el Área de inmediato inició unas acciones, ese mismo día solicitó un registro único de proponentes a la Cámara de Comercio, donde solo evidenció el incumplimiento de un contrato de obra con la USPEC, el número 108 de 2013. Este registro único no da cuenta de la declaratoria de caducidad que sí constituye una inhabilidad del proponente más el incumplimiento que se evidencia dentro de este registro único de proponentes, no da para que se adquiera el estatus de inhabilidad del proponente. Posteriormente, el Área ante una solicitud al USPEC de las resoluciones y la obtuvo constatando que sí tenía una caducidad del contrato que nos habían comentado por el medio periodístico. El Área procede en forma inmediata por una resolución, a requerir al contratista de ceder el contrato o renunciar al mismo, por la obligación que este tenía de informar sobre las inhabilidades sobrevinientes desde el mismo artículo 9 de la Ley 80 de 1993, que impone la obligación a todos los contratistas, previa autorización de las entidades de ceder el contrato. La otra situación que se presenta en este contrato, es la experiencia habilitante. El contratista reportó una información que no corresponde presuntamente a la realidad en el registro único de proponentes. La Cámara de Comercio en su momento debía haber verificado esa información, para poder luego certificar una experiencia. Ante estas acciones llevó a que el Área Metropolitana adjudicara el contrato y posteriormente lo ejecutara. Frente a estas dos situaciones, el Área Metropolitana se ha dirigido al ente competente, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, donde ha presentado una queja formal, por las graves inconsistencias que se registran en el RUP por parte de la información aportada por OLT Logistics S.A.S y el no haber inscrito la caducidad administrativa. El Área expuso de manera clara y con un fundamento normativo, que la Cámara de Comercio debía verificar y certificar que los proponentes que se inscriben y acreditan una experiencia en el RUP, tiene que ser cotejada. Al no darse esa comparación, llevó a que la entidad por error ajeno a su voluntad, partiendo del principio de la buena y que el documento es plena prueba a que


se dieran estas circunstancias, ha llevado a que tenga este entredicho y haya afectado su imagen institucional. En este proceso también se solicitó una auditoría exprés a la Contraloría Departamental y también se ha dirigido a la Cámara de Comercio de Barranquilla, haciéndole saber la obligación que tiene de cotejar la información. Realmente las respuestas que hemos obtenido, tanto de la Superintendencia como de la Cámara de Comercio, no han sido alentadoras. ¿En qué sentido? En que inicialmente la Superintendencia piensa que nos estamos dirigiendo, a pesar de que la queja nuestra fue muy clara, que iba dirigida por prácticas restrictivas de competencia, que es una de las competencias que le asiste a la Superintendencia. Y que por lo tanto tampoco puede ejercer la actividad contractual entre las entidades públicas y procede a dar traslado a la Procuraduría General de la Nación. En un oficio posterior a este, también nos informa que ha iniciado una averiguación preliminar por violación a las normas sobre protección de competencias, que nada tiene que ver con la solicitud nuestra. Y después, el 12 de mayo nos oficia, haciéndonos saber que ha requerido a la Cámara de Comercio, para que directamente dé respuesta al Área Metropolitana sobre los hechos expuestos. Hay un cruce de información del Área y de la Superintendencia con la Cámara de Comercio. Lo mismo expone la Cámara de Comercio, que no le corresponde cuestionar la veracidad de los documentos reportados en los soportes de los formularios y que eso es competencia de otras autoridades; que la Cámara no exige que se verifique el soporte documental de la experiencia que se reporta en el Secop y en los demás archivos y que en lo que le corresponde a la caducidad administrativa, ellos se sujetan a los registros por los medios electrónicos que le imparten las entidades, por lo tanto no pueden responder ante la información que le reportó en su momento el Uspec. Esto lo repiten en diferentes comunicados en tres comunicaciones que en virtud de respuesta del Área Metropolitana y de la misma Superintendencia; el Área Metropolitana ha dejado claridad ante la Superintendencia y ante la Cámara de Comercio sobre lo que pretende que se investigue en virtud de las competencias que la asiste a la Superintendencia. Vamos a ver en el curso que está adelantando la Superintendencia que sigue o en que termina la investigación que dice estar adelantando esta.


El Área Metropolitana en virtud de los oficios y las decisiones adoptadas ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría debía actuar frente al contrato y teniendo en cuenta que la norma es clara determinó mediante un concepto que el paso siguiente era ceder la participación de la firma OLT Logistics S.A.S., que esta misma firma presentar al Área Metropolitana. Una vez esta firma cede su participación en vías en la Sociedad Vías y Vivienda S.A.S., representada por Andrés Jaimes Madariaga, el Área Metropolitana mediante resolución es 717 procedió a autorizar esa cesión y es así como se reinició la ejecución del contrato el 20 de mayo de 2015. La ejecución física de estas obras hoy en día se encuentra en más del 86%. Esta cifra la tengo a 25 de junio pero este fin de semana adelantaron un porcentaje de obra representativo y la ejecución financiera es del 54.8% equivalente a $2.244 millones de pesos. O sea que es menor a la ejecución física. Es importante aclarar que la Contraloría General de Antioquia también se pronunció sobre el actuar del Área Metropolitana en este proceso de contratación y ha manifestado que de acuerdo a la información aportada, el Área Metropolitana ha implementado todos los mecanismos tendientes a impedir una eventual ocurrencia irregularidades y en vista que no encontró detrimento patrimonial en contra de la entidad o de alguna circunstancia anexa a esta, procedió a archivar la investigación solicitada. Dentro de los dos procesos antes mencionados se tiene un concepto o un análisis profundo de la Contraloría del cual es necesario hacerlo saber para efectos de aclarar las situaciones. Otro tema es la interventorías. Del 2014 y 2015 se ha analizado la participación de Cristina Oliveros o de la Firma Ingeniería Básica S.A.S., y ha encontrado su participación en tres interventorías. Una de ellas es la interventoría para la construcción de la pista Súper Cross BMX María Pajón, de la cual ante una información que presentara la misma, sobre un certificado de experiencia profesional, el Área Metropolitana elevó la denuncia penal y solicitó la investigación disciplinaria. Es lo único que podemos adelantar como actuación administrativa y acción a seguir porque nos corresponde como servidores públicos dar a conocer presuntas irregularidades en la contratación cuando estas provienen de un tercero.


Igualmente en la interventoría de la construcción de la UVA San Javier también se presentó una situación de esta misma Firma, por un profesional que manifestó no haber dado su consentimiento para que aportaron su hoja de vida. Eso llevó igualmente a que el Área Metropolitana solicitara a la Procuraduría la investigación correspondiente. Y la última es la construcción de la cubierta de la pista de Hockey donde resultó adjudicataria, aunque hubo manifestaciones sobre una presunta documentación falsa. El Área Metropolitana remitió a la Procuraduría y a la Fiscalía denuncia penal. Aunque esta firma había sido rechazada en otros procesos no daba causal de rechazo o inhabilidad dentro de este proceso y por lo tanto el Área Metropolitana tenía que adjudicar el contrato si resultaba beneficiada y si resultaba que cumplía con todos los requisitos. De esto se hizo un análisis y se elaboró un concepto jurídico por parte de la Secretaría General. De igual forma ante esta situación de esta señora ingeniera, el Área Metropolitana solicito al Copnia que es la entidad pública que investiga a los ingenieros, adelantar las correspondientes investigaciones ante las irregularidades denunciadas ante la Fiscalía tanto en los proceso de la UVA de San Javier y en el proceso de la construcción de la pista Súper Cross Mariana Pajón. El Área Metropolitana ha dado a conocer estas situaciones a la Presidencia de la República. Mediante dos oficios ha expuesto todos estos argumentos y la Secretaría de la Presidencia de la República nos ha indicado que ha remitido copia a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las presuntas irregularidades en lo que se refiere a la firma OLT Logistics S.A.S. Para nosotros es importante llegar a unas conclusiones frente a la situación de estos procesos de contratación para clarificar el tema. De las arcas del Área Metropolitana no ha desaparecido un peso o un recurso por parte de contratista alguno. Todo se ha ejecutado y de la manera que se ha ejecutado se ha ido dando los pagos o la ejecución financiera. También contamos con el seguimiento de la Contraloría en todos los procesos y ellos se han pronunciado como lo acabamos de ver. Hemos adelantado todas las acciones posibles ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, el Copnia, la Superintendencia y le corresponderá a estas entidades pronunciarse de acuerdo a sus competencias frente a las situaciones expuestas en nuestros documentos. Todas las actuaciones, evaluaciones y decisiones en los procesos contractuales adelantados por la entidad se han ceñido a las normas contractuales y no se ha


determinado acción irregular alguna por parte de los funcionarios que han intervenido en la contratación. Esto para aclarar cualquier duda en que la entidad o al interior de la entidad puedan existir algunos nexos o alguna faltas con terceros, con vínculos de terceros o con intereses privados sino que han actuado bajo la norma y con los fines sociales y públicos y que les corresponde. Todas las irregularidades presentadas se han originado por parte de terceros en los cuales en algunas ocasiones han asaltado a buena fe de la entidad. Todas estas actuaciones han sido conocidas por los miembros de la Junta Metropolitana de la entidad y han respaldado las acciones adelantadas por la entidad. A su vez han solicitado que se informe a todas las alcaldías que conformen la Entidad a fin que conozcan estas situaciones y tengan sus controles en caso que se presente alguna irregularidad por parte de alguna firma similar a las que se han presentado por los terceros antes mencionados”. Intervino el vocero jurídico de empresarios afectados por la Ciclorruta de Palacé, el señor Martín: “Vengo a la corporación Concejo de Medellín como vocero jurídico del colectivo de empresarios afectados por la Ciclorruta de Palacé y quiero partir de lo siguiente ya que los medios de comunicación particularmente hoy, El Mundo, a través del columnista Carlos Cadena Gaitán, defensor y propulsor de los colectivos ciudadanos que promueven el uso de la bicicleta, han venido equivocándose en el sentido de que los comerciantes afectados en Palacé por ese corredor comercial son enemigos de las ciclorrutas y no es así. El colectivo de comerciantes de Palacé no es enemigo de las ciclorrutas, de la ejecución de los programas que tiene el Área Metropolitana recogido a través de los distintos acuerdos metropolitanos e incluso tal como quedó previsto en el Acuerdo 48 de 2014. A través mío un colectivo de comerciantes de Palacé promueve una acción popular que quedó radicada en el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Medellín con radicado 665. En estos momentos se están corriendo los términos, los 10 días para que las entidades vinculadas contesten la demanda y se está conociendo de la suspensión provisional de la obra. La Directora (e) del Área Metropolitana decía hace poco que prácticamente la obra está ejecutada. Si, pero no obstante seguimos insistiendo en la inconveniencia de la obra desde el


punto de vista comercial y económico. Reiteramos como lo decía el columnista de El Mundo, de hoy: ‘Hay un caso especial, se trata de Palacé, la vía de la discordia, de la eterna confrontación entre un sector de poderosos empresarios’. ¡Fatal esa afirmación! Nada más contrario a la realidad. Hay personas que llegan décadas creciendo una empresa y con esa decisión administrativa van a la quiebra. Hay alrededor de 4.000 empleos en ese corredor que se ponen en peligro. En esta acción popular que proponemos estamos buscando la defensa de tres derechos colectivos. La moralidad administrativa, el patrimonio público y la inconveniencia económica para los comerciantes afectados. No me voy a referir a los temas netamente políticos. Pero sí hay que enfatizar en que hay altísimas tasas de corrupción en el Área Metropolitana frente a este contrato. Si bien la Directora (e) del Área Metropolitana defiende a la institución Metropolitana es importante insistir en que a través del esfuerzo corporativo, de la valía corporativa del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, se ha logrado esculcar, si se puede llamar así, los problemas que tiene el Área Metropolitana en su contratación. Un periodista nicaragüense ya fallecido decía: ‘Mientras un misionero convierte un alma, el Estado pervierte mil’. Y creo que a través del esfuerzo corporativo de Concejo de Medellín podemos seguir limpiando las tasas de corrupción que hay en todo Medellín y sus entidades. Pero hay un aspecto clave que me parece pertinente mencionar frente a lo técnico y es la inexistencia de gobernabilidad entre algunas instituciones del Municipio de Medellín y el Área Metropolitana. Si nos referimos al contenido del POT aprobado el año pasado la ciclorruta de Palacé no debió haber sido construida en Palacé sino en otro sitio distinto. El POT sobre ese particular dice en el artículo 165 del Acuerdo 48. Movilidad no motorizada. Artículo 1. Literal c) vías de tráfico calmado. Son todas aquellas vías en las cuales las personas pueden mezclarse de manera segura con modos motorizados y no motorizados mediando para ello una señalización, infraestructura adecuada que indique la presencia de peatones y personas en situación de discapacidad en la calzada, así como los elementos físicos y tecnológicos que eviten que los vehículos transiten a más de 30 kilómetros por hora.


Dentro de esta clasificación se encuentran las vías compartidas o de uso compartido y vías denominadas zonas 30. Sobre ese particular en el artículo 182 establece en lo pertinente. Criterios de manejo para ciclorrutas. Red de vía y carriles para bicicletas.

a) Las ciclorrutas compartidas podrán implementarse en vías de servicios o vías de tráfico calmado

¿Será la carrera 50, Palacé, una vía de tráfico calmado? No lo es, el Acuerdo 48 de 2014 así lo establece. Por eso señores del Área Metropolitana, me parece que en asuntos como estos es necesario conciliar los intereses de necesidad con pertinente, novedad con necesidad. Insistimos, los comerciantes afectados por esa ciclorruta no están en contra de esta pero están desmejorados en sus intereses económicos y no obstante que la obra como tal ya está prácticamente terminada en un 90%, en el Juzgado 21 Administrativo y en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia que conocerá la Segunda Instancia insistiremos lo lícito y jurídicamente necesario a fin de seguir atacando lo lesivo de esta obra desde el punto de vista económico”. Intervino el contralor, Juan Carlos Peláez Serna: “Se le consultó a la Contraloría General de Medellín qué habíamos hecho con respecto a las denuncias que se habían hecho desde el punto de vista de la contratación del Área Metropolitana. Nosotros enviamos la respuesta al Concejo de Medellín donde les decimos que de acuerdo con la ley los competentes para ejercer el control fiscal al Área Metropolitana es la Contraloría General de Antioquia, de hecho la doctora Patricia y el doctor Elejalde informaron la vez pasada que ya habían hecho una auditoría exprés y ya tenían unos resultados. Por lo tanto a nosotros como Contraloría General de Medellín no somos competentes desde el punto de vista fiscal para hacer la auditoría al Área Metropolitana”.


Intervino el personero, Rodrigo de Jesús Ardila Vargas: “La Personería de Medellín inicia unas vigilancias administrativas con radicado número 01673 de 2015, 01674 de 2005, 858615699 de 2015, en relación a los procesos de contratación y adjudicación que se dieron en el Ecoparque Villa Turbay por $4.500 millones de pesos y con la contratación y adjudicación de la UVA San Javier por un valor de $14.500 millones de pesos. Esta Agencia del Ministerio Público reenvía a la Procuraduría Regional de Antioquia por la competencia, según el numeral 1 del literal b) del artículo 75 del Decreto 262 de 2000 que le otorga las competencias a los Procuradores Regionales tratándose del tema de las áreas metropolitanas. Entonces la Personería de Medellín dentro de estas investigaciones radicó, tomó todas las pruebas, todos los procesos que tenían allí y fueron remitidos a la autoridad competente”. Intervino el contralor Auxiliar de Auditoría Integrada de la Contraloría Departamental, Gabriel Jaime Ramírez Villegas: “Un saludo especial de la Contralora Luz Elena Arango. Al respecto tengo para manifestarles que la Contraloría General de Antioquia en el transcurso de este año ha realizado algunas atenciones de quejas. La primera solicita por el doctor Hernán Darío Elejalde López y Germán Alberto Patiño Díez en relación a una denuncia penal que había interpuesta por presunta irregularidades en la licitación pública 023 de 2014, que tiene como objeto la construcción de una UVA del barrio San Javier en la ciudad de Medellín, la cual fue finalizada el día 27 de marzo de 2015 y culminó con un traslado a la Procuraduría y otro a la Fiscalía, por parte de presuntos hallazgos con incidencia fiscal fue archivado. La segunda de ella interpuesta por las mismas personas. Tiene relación a la solicitud de revisión del proceso de selección efectuado a través de licitación pública número 26 de 2014, cuyo objeto es la construcción del parque Villa Turbay en el Jardín Circunvalar del Municipio de Medellín. El cual fue adjudicado mediante resolución metropolitana 362 de 2015 al Consorcio Eco Turbay dado que se ha generado observaciones posteriores a la adjudicación por parte del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Esta queja fue resuelta el 27 de marzo de 2015 y fue archivada por no encontrar mérito alguno.


La tercera tiene que ver con el contrato de ciclorrutas, una queja interpuesta por Germán Alberto Patiño Díez, Hernán Darío Elejalde, Álvaro Hernando Alvarado Beltrán y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Esta fue archivada el día 28 de mayo de 2015. En relación al contrato 08 de 2015 cuyo objeto es la interventoría a la construcción de la cubierta Hockey de la Liga de Patinaje de Antioquia en este momento se encuentra en investigación por lo tanto no puedo manifestarles las conclusiones”. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “Lamento mucho que los organismos de control no encuentre nada sino que archiven los procesos. Espero que la Fiscalía General de la Nación tenga la valentía que voy a tener en el día de hoy y que los aportes nuevos en el debate le sirvan a la Contraloría por hechos nuevos a desarchivar, porque la Contralora Departamental como dicen muchos diputados se distingue es por archivar procesos. Aquí me acaban de entregar un informe de la Contraloría de cómo modifican. Me hizo entrega de él, quien lo elaboró, Fernando Álvarez Jaramillo, contralor Auxiliar, de un informe de las irregularidades que se plasmaron el 25 de marzo de 2015. Comité Operativo, tema: Observaciones. Informe de la Auditoría Especial al Área Metropolitana que firman todos los profesionales; y después, lo que sucede normalmente en estas instancias ¡es que no sucede absolutamente nada! El profesional que me refiere el documento me dijo: ‘No tengo ningún problema que dé mi nombre’, Fernando Álvarez Jaramillo. Firma con otros abogados las irregularidades que se presentan en la contratación, dice que este informe fue manipulado. Ahí queda la denuncia para quien le corresponda la competencia porque este tema es de competencias. Acabó de llegar, vino el joven y se presentó y dijo: ‘Qué tan extraño que yo fui el que elaboré el informe y a mí no me invitan. Traen es a otro funcionario’. ¡Pueda ser que ahora no lo echen, como es tan habitual también en la Contraloría Departamental! Donde muchos de los procesos básicamente se archivan. Espero que con los nuevos aportes que voy a dar en el día de hoy les amerite algo para defender el patrimonio público. Estamos enfrentados al siguiente cartel: Ottomar Lascarro Torres, alías Ottico; Diego Rafael Boon Díaz, Jalil David Ordosgoitia, el (Gordo Jalil) zar de la contratación en Córdoba; Carlos Manuel Vergara Barbo, zar de la contratación en Sucre. Luis Alberto


Villamizar alías Lucho Villamizar; Roberto Carlos Arrieta, alías el Nono Arrieta; Fernando Mendoza Mendoza, alías El Pluma; Javier Mizger Pacheco, hermano del Representante a la Cámara, José Carlos Mizger Pacheco, quien asumió la curul al renunciar el candidato hasta hace poco a la gobernación de Sucre, Yahir Acuña; Darío Peinado Cabello, quien fue el que llevó al sur del César a Ottomar Lascarro cuyo padre está siendo investigado por desaparición forzosa cuando fue Alcalde de Carmen de Bolívar en ese Municipio según lo reporta la Revista Semana. Municipios donde hay contratación con lo mismo que sucedió en el Área Metropolitana. Certificaciones falsas, Cámara de Comercio con inconsistencias. Son los siguientes que han enviado información donde alguno de estos contratistas tiene contratos irregulares. En Córdoba, Montería, San Antero, donde inició Jalil David Ordosgoitia, Sampués, Buenavista, Tierra Alta, Uré, Montelíbano, Chimán, Purísima, Chinú, Valencia, Pueblo Nuevo, Planeta Rica, Lorica, Cereté, La Apartada, San Andrés de Sotavento, Cotorra, Ayapel, Puerto Escondido, San Pelayo, San Bernardo del Viento, Chuchín, Corporación Autónoma Regional, que es lo mismo como el Área Metropolitana, de El río San Jorge; Gobernación, el último contrato denunciado es la ejecución en el Municipio de Sahagún de la Sede de la Universidad de Córdoba por cerca de 25 mil millones de pesos. Este mismo cartel de sucre se mueve en los siguientes municipios: Guaranda, San Marcos, Majahual, Sucre-Sucre, Galeras, San Benito Abad, especialmente en la vía con el Invías, Sincelejo, Sampués, La Unión, Coveñas, Tolú Viejo, Tolú, Chalán, Buenavista, San Pedro, Ovejas, Los Palmitos y la Gobernación de Sucre y la Corporación Autónoma de esa región. En El César también en los municipios del sur de El César, principalmente Pelaya, Chiriguaná, Curumaní, Río de Oro, Codazzi. Llega información también de El Chocó de los departamentos también de él Atlántico, Magdalena, Bolívar y básicamente es el carrusel de los cupos indicativos que se manejan muchos de ellos desde el Congreso de la República donde el modus operandi es que quien lo tiene lo vende por el 35% a quien va ejecutar. 15% en impuestos e imprevistos y el contrato solamente le queda el 50% para ejecutar. Por eso las obras las dejan tiradas o inconclusas o de pésima calidad. Otro de los ejemplos recientes es Los Espolones en Tolú, un contrato por el mismo monto de la ciclorruta que se iban a ganar en Medellín para utilizarla como un jineteo ¿cuál es el jineteo? Se ganan un contrato irregularmente y con


el anticipo, los $7.000 millones, tapan el otro contrato en el cual vienen deficitados. Ya la oficina de la Presidencia, Transparencia por la Presidencia, a través de su Director ha hecho denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría. El último contrato que hemos detectado es en el Municipio de Tolú que tiene que ver para el corregimiento Las Pitas, el alcantarillado por $3.500 millones, contrato que dejaron sin ejecutar y que se ha decretado la caducidad del contratista. Contralor, entonces nos estamos enfrentando no solamente a contratistas en el Área Metropolitana, le pediría que sus funcionarios revisara el contrato en la EDU hecho por una de las personas que mencioné. Contrato 291 de 2014. Objeto. 291 de 2014. Jalil David Ordosgoitia, el zar de la contratación de Córdoba. Construcción de la adecuación vía, rieles El Picacho y sistema de redes de alcantarillado desde el sector de Las Carmelitas, abscisa kilómetro 0 más 00 hasta el Parque Mirador de El Picacho. Plan Maestro El Picacho dentro del marco del proyecto Jardín Circunvalar de Medellín en la comuna 6. Ese contrato en la EDU fue otorgado al Zar de la corrupción que pretendió engañar al Área Metropolitana con la Unidad de Vida Articulada de San Javier y que ahora está siendo ejecutada por el segundo como debió haber sido, no como lo solicitaron algunos miembros del Concejo que había que aclarar la caducidad del contrato. En ese sentido comparto la medida tomada por el Área Metropolitana. Igualmente quiero retrotraerme a lo que fue en el mes de abril cuando denunciamos a Diego Boon dándose la gran vida en los países, especialmente en Dubái, lanzándose con Ottomar Lascarro, lanzándose seguramente con los dineros públicos que han adquirido en varios contratos esta red de contratación.


Que es muy parecido a la manera como trabajaba Emilio Tapias y que le aplicaron seis años por enriquecimiento ilícito. Emilio Tapias es de Sahagún y esta gente en su gran mayoría es del municipio contiguo denominado Chinú. Esto es Isla Palma: Como ellos disfrutan con los dineros púbicos. Claramente los 14 mil millones que es lo que destapa este ejercicio de control político. Yo leí en su debido momento antes del debate desde el mes de febrero lo que estaba sucediendo y le reporté al periódico El Tiempo, a la Revista Semana y a los diarios más importantes del país lo que venía sucediendo con un cartel, el cual detectamos en el Concejo de Medellín pero que las autoridades no habían visto. Recuerdo también que el Subsecretario de Salud, implicado en el carrusel de la contratación de las ambulancias, la semana pasada también fue condenado por


recibir $200 millones de pesos donde el 50% de los concejales de Bogotá están implicados, igualmente el Personero de esa ciudad y el Contralor de esa ciudad. El comité de contratación para ese entonces, es bueno mencionarlo, Nadia Maryori Maya Lopera, subdirectora de Proyectos a quien solicité se me entregara cuales fueron los procedimientos para su selección y la pruebas técnicas y fue imposible que las pudiéramos obtener. Muy cercana, con nexos en el Municipio de Sabaneta.


Carlos Mario Gómez Correa, secretario General que ya no está en esa entidad y ahora hace parte de la Secretaría General de Terminales de Transporte. Donde llegue Carlos Mario Gómez y la encuentre con Luis Alfonso Bravo, Luis Alfonso Bravo barre con él ¿Quién es Luis Alfonso Bravo? El asesor del Gobernador, del Alcalde, gana cerca de 40 millones de pesos mensuales y fue también el abogado de El Cebollero a quien la Corte Suprema ratificó su condena de 15 años la semana pasada. Gustavo Adolfo Gómez, profesional universitario; Roberto Enrique Guzmán Benítez, Tatiana Fattoni Petertini, Eugenio Bohórquez, Victoria Eugenia Bohórquez, Juan Carlos Barba Ríos, Sandra Milena Soto Gómez y Wesly Urán Ramírez ¡Póngale cuidado a Wesly! Y lo he dicho y lo he venido sosteniendo. Aquí me falta un candidato, no sé si va a ser a la alcaldía de Donmatías o a la Asamblea Departamental de Antioquia, el señor Berrío, por eso he venido diciendo que nombrar en comité de contratación precandidatos que determinan la contratación para luego salir a los procesos electorales y más como sale en este comité de contratación tan mal librado, porque este comité cambia totalmente; quisiera preguntar a la directora (e) Patricia Zúñiga ¿quiénes conforman el nuevo comité de contratación y porqué salieron las otras personas? Hay gente sin experiencia. Estos comités de contratación no deben tener ese tipo de personas con tan poca experiencia. Las firmas falsas, pero las firmas falsas voy a mostrar que se repiten en muchos contratos del Área Metropolitana. ¿Quiénes conforman este consorcio? El consorcio de la UVA, yo ya les di un listado de personas que están implicadas en ese cartel de la contratación que es más peligroso que el mismo de la ciudad de Bogotá por sus nexos, que voy a explicar a continuación. Conformado por Coning Construcciones.


Coning Constructores, esa empresa la dirige Adolfo León Gutiérrez con el 40%. Carlos Manuel Vergara Barvo con el 40% y Leonardo Jalil Ordosgoitia con el 20%. Por eso, señor Contralor, le pido sinceramente que evalúe el tema del Cinturón Verde en la EDU con este contratista y el proceso que se entregó en El Picacho.


E igualmente le solicito a la Contraloría Departamental, si se digna, si lo quiere, si quiere luchar contra la corrupción, que evalúe los contratos de la señora Dora Cristina Oliveros Zapata que es la que hace las interventorías y tiene documentación falsa en el Área Metropolitana ¡Si se dignan! porque en mi visita al Municipio de Peque este fin de semana, me enteré que quien hizo la interventoría al mantenimiento de la vía por el Departamento de Antioquia, es el Consocio Intervías Antioquia, conformado por Ingeniería Básica, de Dora Cristiana Oliveros Zapata, quien hemos denominado ‘la jefe de las certificaciones falsas en el Municipio de Medellín y el Departamento’, quien se presta para todo lo que hacen los que he denunciado de otras regiones. Las experiencias presentadas para la UVA, si ustedes ven es: Planeta Rica, Sampués ¡Pueden ser reales!


El contrato para la construcción y mejoramiento de ciclorrutas por $4.300 millones, se obtuvo con más irregularidades aún. Quisiera que pusiéramos el vídeo de Noticias Uno, ellos identifican y encuentran en Barranquilla quien es Gustavo Fontalvo y como se encuentra en la miseria. Primero, a esto, hubo otro espacio de Noticias Uno, denuncian: ¡Qué tal esto! Porque es ilógico que una banda musical termina siendo, unos músicos constructores en el país.

- Se proyectó vídeo Continuó el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “Ahí disculpan las deficiencias técnicas en el video pero es muy diciente. Yo no sé por qué la Contraloría Departamental no se pregunta cómo le entregan a una banda musical 4 mil millones de pesos para ejecutar paraderos de buses en todo el Área Metropolitana y el anticipo de 2.300 millones para las ciclorrutas. Ahí hay un problema de moralidad pública, si yo le entrego a alguien que es una empresa inexistente, ilegal. Insisto, cómo es que los organismos de control no se dan cuenta que en este certificado con el cual se obtienen las ciclorrutas de Medellín de San Juan, La 30 y Palacé, que aporta para que le entreguen el contrato de 4.300 millones y le den un anticipo de más de 2 mil millones de pesos a Ottomar Lascarro, uno de los cabecillas de la banda, no se dan cuenta y archivan.


Ese no es el logo de Sincelejo. La unión temporal Sincelejo integrada por la empresa OLT Logistic 93% (eso es falso porque era otra empresa) eso es un montaje que ayudó a montar alias Lucho Villamizar. Lucho Villamizar es el que supuestamente hace el contrato y según la información, autoriza que le den 50 millones de pesos en Sucre, en Sincelejo para que él permita este certificado falso. Lo que pasa es que hacer investigaciones desde los escritorios es muy difícil.


Luis Alberto Villamizar Lopera fue denunciado por Julio Sánchez en La W hace dos años, pero aquí en la Contraloría no les importa. Ese certificado señores de la Contraloría Departamental es falso y con ese le entregaron el contrato. Está en la papelería de Sincelejo Sucre y lo firman en Sahagún Córdoba, se les olvidó cambia en donde firmaba Emilio Tapias. A Jesús Patermina le dicen El Mono. A lo anterior, hay que sumar la inhabilidad y las reiteradas sanciones que tiene el contratista, pero, además, que se trata del mismo cartel que ganó el contrato para la uva de San Javier. Ustedes mismos me hicieron llegar la cesión del contrato con la Gobernación de Bolívar por la inhabilidad sobreviniente.

Este no nos lo hicieron llegar ustedes, este lo sacamos nosotros. Es del 22 de enero del 2015. Señores de la Contraloría, investiguen un poquito, yo sé que hay muchos compromisos políticos, pero el compromiso primario es con el Departamento y con el Municipio de Medellín. ¿A quién le ceden ese contrato?


Conning Construcciones y Obras de Ingeniería Civil, parte del cartel, otra vez Adolfo León González Guzmán el que tiene el 40% de las ciclorruta de la UVA San Javier. Lastor Constructores S.A.S 50%, o sea: un familiar del jefe de la banda. Este es el listado de los asistentes a la audiencia de adjudicación de la uva de San Javier:


Vamos a ver el video de la audiencia. Yo les había requerido que me mandaran el video de la audiencia al inicio me dijeron que no era posible porque se borraban, después fue posible y ubicamos a Ottomar Lascarro, miren la pinta de él. Es el del celular que está hablando al fondo, ese es el cabecilla de la banda quien asiste en representación de los de la UVA.

- se proyectó video A Ottomar Lascarro lo pueden buscar. A mí me canceló todo y se desapareció de las redes sociales. La inhabilidad de OLT Logistic estaba reportada en la Procuraduría, bastaba una simple verificación. También estaba en la Procuraduría, si la gente mía lo puede hacer, ustedes por qué no.


Es hasta el año 2019, cinco años. El cartel tiene su propio servicio de interventorías: Dora Cristina Oliveros, la reina de las falsas certificaciones. Ella sigue normal señor Contralor, como si no pasara absolutamente nada señor Personero. Se presentó para la intervendría de la pista de BMX en Medellín con la siguiente documentación falsa:


Miren quién le certifica Juvenal Palacios Chamat que está metido en unos problemas con la Superintendencia por lavado de activos por 45 mil millones de pesos. Certificación autentica de Copacabana:


Certificación autentica que dice que esa no es la certificación. En ese momento no hubo denuncia penal, señores Contraloría, Por el contrario, al otro día (23 de diciembre) Premian a Cristina Oliveros con otro contrato:


El Área Metropolitana debió verificar la información presentada por esta contratista. Por ejemplo, esta otra supuesta carta de intención: Mire esta carta de intención:


Este documento es nuevo doctora Zúñiga. Miren la firma de Mauricio García y dice la Contraloría que no hay ningún problema. Miren la firma de la cedula:

Totalmente diferente. Y esta la que aparece en otra carta de intención presentada por cristina oliveros para obtener el contrato de interventoría a la descontaminación de quebradas:


Miren la firma, ya la g es minúscula, es totalmente distinta. Cristina Olivera le firma a la gente como si no pasara absolutamente nada y en un proceso de adjudicación. Otra cosa es que usted autorice, ya cuando hizo una obra para un cobro, para un certificado, pero en un proceso de adjudicación en donde el autorizado ni siquiera está informado. La pista Hockey también fue autorizada con irregularidades en el proceso de contratación con firmas falsas de Mauricio García. De esto “no se dio cuenta” tampoco el área metropolitana, a pesar de tener advertencia: Ahí tienen la comparación de las firmas

Miren como son de distintas, parece hecha por una mujer, muy cuidadosa en la caligrafía, pero no es la firma mediante la cual se podría ganar la pista de Hockey. Le ayudo para que su gente reconozca que el Concejo de Medellín también aporta, así digan que es que se les apareció Mi Diosito. No, se les apareció Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Yo creo mucho en el Señor, pero en este caso, no es propiamente el Señor el que actuó, como les dijeron en la comuna


13 a los habitantes – Gracias a mi Dios –no, gracias a que los corruptos fueron develados. NCLUSIVE, EN AMBOS PROCESOS LICITATORIOS, EL ÁREA METROPOLITANA LE permite a Cristina Oliveros certificarse en causa propia: Ella misma certifica sus obras y muchas de ellas no las construye, entonces yo con yo para la interventoría de descontaminación de quebradas. Para certificar una trabajadora suya y obtener interventoría a cubierta de pista de hockey, sin soporte alguno, para la misma pista de Hockey, ella misma certifica que trabaja con ella.


El Área Metropolitana, irresponsablemente, sostiene que aun estando alertada sobre la documentación falsa, no podía hacer nada para evitar que esta corrupta obtuviera estas licitaciones, dizque porque se trataba de procesos distintos; como si no tuviera la potestad, y al tiempo el deber de verificar la información sospechosa. El mismo pliego de condiciones en el caso de la cubierta de la pista de hockey señalaba la potestad de verificación que cuidadosamente se omitió: o sea, el mismo pliego decía:

¿Por qué no lo hacen? Si el mismo pliego que ustedes elaboran, habla claramente de esa potestad. El Área Metropolitana denuncia a la cámara de comercio de Barranquilla ante la superintendencia de industria y comercio, acusándola de no ver el elefante que tampoco quiso ver:

Y ante tan crasa inconsistencia, ustedes le entregan un contrato en el 2013 para los paraderos de buses, también con firmas falsas.


Yo le pregunto a la Contraloría adjudicar un contrato cuando, por ejemplo en el caso de las ciclorrutas 26 proponentes, mientras los 25 restantes que pueden cumplir con los requisitos y entregárselo a la persona que no los cumple ¿eso es normal? Sin embargo, el elefante es mucho más grande. Este cartel ya se había instalado en el área metropolitana con documentación falsa, y son varios los procesos contractuales donde fue usado el mismo modus operandi, sin que se haya hecho absolutamente nada. A esta constructora sería bueno investigarla: AZ Constructores SAS, así fue la entrada de los corruptos: el contrato de paraderos de buses


Las cartas de intención y las certificaciones de experiencia también tienen firmas que no coinciden con las de otros documentos. Mire esta firma: Firma de la carta de intención de Silvia Lida Solipa Henao


Comparen esta letra con la misma de Mauricio García, es la misma letra. Esa no es la firma de Silvia Solipa. Si en mi equipo de trabajo podemos verificar, por qué el Área Metropolitana que tiene más funcionarios no lo hace.


Silvia Solipa firma así:

Esta es la real firma de Silvia Solipa que está en la hoja de vida. Muy distinta a la anterior que es con caligrafía, básicamente cuando uno está aprendiendo a escribir. Vea otra firma en carta de intención de ese mismo proceso señores de la Contraloría. Otra falsedad en el proceso de 2.500 millones.


Mire la firma, parece que no supiera escribir o que escribiera más bien, si es diestro, con la izquierda.


Vamos a ver la verdadera firma de Abaunza López Ruviery:

Muy distinta, totalmente distinta. Señores de la Contraloría departamental, 2.500 millones le entregaron. El problema no es solamente certificar que me entregó las obras, sino cómo esta banda criminal se ha tomado ciertas instancias de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. Modo de operación idéntico al de Cristina Oliveros Zapata, que también se presentó para realizar la interventoría de la uva de San Javier. Entonces yo me gano la construcción con certificaciones falsas y también voy por la interventoría, pues si dos corruptos se ganan construcción e interventoría, al fin y al cabo nadie dice absolutamente nada. Carta de intención falsa para la UVA de San Javier:


Katherine Cardona Sepúlveda hace la declaración bajo juramento con fines extraprocesales en la Notaría 17 del Municipio de Medellín y le reporta al Área Metropolitana esa situación. Le regaló a si amigo Ottomar, esta certificación falsa para el contrato de ciclorrutas, por eso es que la moralidad pública aquí no está presente.


La certificación dice que Claudia Liliana Suárez Higuita trabajó con ella, lo cual es totalmente falso, la niña no conoce ni el Chocó ni el municipio de Certegui. Esto es de lo último que pudimos bajar y que nos enviaron a nuestro correo electrónico cerocorrupcion. De todos esos municipios que leí al inicio hay información de este cartel de la contratación:


El Meridiano de Sucre:


Esto lo está denunciando el concejal del Polo en Cartagena, contratación por 250 mil millones de pesos con Jalil David Ordosgoitia. Y esta es la perla.

Es el mismo valor de la UVA de San Javier, allá se los robaron. Ganándose la UVA de San Javier, Jalil David Ordosgoitia tapar el problema que tiene ahora a nivel nacional, pues tanto en Tolú como en Coveñas, no tienen con qué financiar las obras. Eso se denomina jineteo. Ottomar Lascarro


lugar detalle y objeto a contratar cuantía

Alcaldía de Manaure Cesar mantenimiento y mejoramiento de la vía Manaure Sabana

1,910 millones

Alcaldía de Pelaya Cesar

Pavimentación vías en concreto rígido y obras de urbanismo en el corregimiento de San Bernardo

1,900 millones

Alcaldía de Tolú Viejo Sucre Mantenimiento y mejoramiento de la vía Piche y Arroyo Grande

1,800 millones

Tolú construcción de colectores de alcantarillado

1,900 millones

Alcaldía de San Diego en Cesar

Mejoramiento de la vía terciaria del corregimiento de Media a Tocaimo en el Municipio de San Diego Cesar

1,800 millones

Barahona Atlántico Mejoramiento y mantenimiento de la vía 9 Cordialidad Pital

1,000 millones

Corpocesar

Interventoría Técnica, administrativa y financiera para el contrato cuyo objeto es terminación de las obras de arquitectura bioclimática para la nueva sede de Corpocesar 437 millones

Alcaldía de Buena Vista Sucre

mantenimiento y adecuación de centros educativos en la zona rural del municipio de buena vista 90 millones

Alcaldía de Buena Vista Sucre construcción de 40 unidades sanitarias 120 millones

Alcaldía de Mahates Bolívar Construcción del puente en concreto reforzado sobre el Arroyo de Songó 203 millones

Invias Obras de emergencia en carretera a cargo de Dirección Territorial del Cesar 300 millones

Corporación Autónoma Regional del Atlántico

Saneamiento ambiental de los basureros a cielo abierto, priorización en los municipios de Ponedera, Palmar de Varela, Soledad, Candelaria, Santa Lucia, Malambo, Luruaco, Polonuevo, Manatí y el corregimiento de Campeche en el municipio de Baranoa 550 millones


Señor Presidente, permítame más tiempo, pues este un trabajo muy arduo de tres meses y sería injusto con mi equipo de trabajo, no dar a conocer esto a la opinión pública a los compañeros y a la Administración Municipal para que vean con quién estamos tratando. Diego Boom

lugar detalle y objeto a contratar cuantía

Chinchiná

construcción de obras complementarias para la cancha sintética en la zona de La Doctora del Municipio de Chinchiná Caldas 170 millones

Chinchiná Mejoramiento y conservación a la Vía La Estrella 450 millones

Chinú Córdoba

mejoramiento, adecuación y arreglo de optimización de aula escolar para el salón de laboratorio 530 millones

consorcio de meritos abierto para propuesta técnica simplificada del alcantarillado 16 millones

adecuación de aulas 17 millones

concurso de meritos abierto 10 millones

Municipio de San Pelayo 33 millones

20 millones

vía de San Pelayo 6 mil millones

Santa Cruz de Lórica

construcción del pavimento en concreto hidráulico de vías urbanas barrio Nuevo Oriente mil millones

Pelaya Cesar 6,500 millones

San Antero Córdoba

redes eléctricas y sistemas de energía alternativa 70 millones de pesos

San Marcos Sucre

estudios y diseños del Centro de Integración Ciudadana del Municipio de San Marcos departamento de Sucre 17 millones


Santa Cruz de Lórica mantenimiento y conservación de vías 2 mil millones

Salamina Caldas 25 millones

Momil Córdoba 15 millones

Sabanalarga Atlántico Centro de Integración Ciudadana 600 millones de

San Andrés de Sotavento Institución educativa 99 millones

San Andrés de Sotavento vías 8 mil millones

Salamina Caldas 15 millones

Sampués 18 millones

Cienaga de Oro 700 millones

Cienaga de Oro 700 millones

Salamina Caldas

Son más o menos 60 municipios, incluyendo al Municipio de Medellín y al Área Metropolitana. Por eso es que yo escribí al fiscal, al contralor y al procurador porque estamos en presencia de una banda criminal, de una contratación que lo mismo que hicieron en Bogotá lo están haciendo a nivel nacional y entraron al área metropolitana. Esta gente no entra gratis, tienen el mismo mecanismo que tenían de comprar concejales, comprar contralores, personeros y funcionarios en las entidades, pues a ellos no se les aparece la virgen de la noche a la mañana con un contrato, inicialmente de 2.500 millones, luego otro de 4.500 y después de 15 mil. Ellos van ascendiendo en los montos de la contratación.


No es justo que el jefe de comunicaciones en el anterior debate diga lo siguiente en su red, así sea personal, pero estaba aquí en el debate manejando todo lo de comunicaciones del Director:

Todo porque yo dije en sesión del 7 de abril: “entonces cómo así esta banda musical, wipi wipi y cada kilómetro sacaba y mamaba ron y se ponía a tocar por el kilómetro que inauguraba o que hacia” Y no es solamente un kilómetro, estamos hablando de más 250 mil millones de pesos.


El último mensaje del twitter lo dijo porque en aparecía mi lema “Cero corrupción” que ha sido mi lema hace 18 años y que me ha valido cuatro atentados, exiliados y cientos de amenazas, entre ellos sufragios. Por todo esto es un irresponsable, yo no sé cómo sigue en la entidad.

Yo reto a ese señor a que me diga que lo que he dicho aquí en el Concejo y el 7 de abril es mentiras. Muy pocos son los varones que son capaz de enfrentar a este tipo de contratista, son más de 250 mil millones de pesos. Una bala puede estar por alrededor de los 2 mil pesos, un sicario por 100 mil pesos hace la vuelta y muchos están en condiciones de pagar los 100 mil pesos. Lo que pasa es que este señor, Néstor Velásquez no sé por qué sigue en la institución. Lo grave es que hay otros miembros de la comunidad, no quiero entrar en discusión con mis compañeros que entraron en ese juego, pero el gran responsable, el que no debería de estar, es el Jefe de Comunicaciones, yo le pregunto ¿de qué lado está? De la banda musical o de la legalidad. Rober Bohórquez Álvarez, también hizo unas denuncias muy graves contra ese mismo personaje de Cambio Radical. Esto está como el programa de televisión Toque la Orquesta, entonces uno tenía que identificar el instrumento para ganar –Pacheco, déme toda la orquesta – yo estoy identificando a los responsables de la orquesta, he tenido el valor civil de dar nombres, asumir y correr riesgos a expensas de que nosotros en esos territorios tenemos nuestro sustento, en Sucre en donde fui apuñaleado


hace dos años y tres meses por denunciar el manejo irregular de las regalías de dos exalcaldes de ese municipio y llevar a la cárcel a siete concejales de esa municipalidad. Hay más para otro debate, por eso le digo que la EDU también está ahí. Señor Contralor, ayúdenos en esta causa, hay que hacer causa común en defensa de los recursos públicos, este municipio es un municipio muy rico, pero no puede despilfarrar la plata. Les presento a quienes han sido los responsables de este descalabro financiero en muchos proyectos

Celebrando en Paris con buen vino. A mano derecha está Diego Boom Díaz y el otro es Ottico, Ottomar Lascarro.


Termino con lo siguiente: Ottomar Lascarro para entrar a la alta sociedad de Córdoba, con todos estos contratos y con todos estos anticipos, deslumbró a una de las mujeres de la alta sociedad de Montería, Carolina Ramírez Aljure exmujer de Gianluigi Mancuso Dereix hijo del Mono Mancuso que hoy está en los Estados Unidos. Ella deslumbrada por los regalos de viajes, bolsos Louis Vuitton, zapatos, la gran vida con los dineros públicos, lo mismo que hizo Emilio Tapia. Accedió al pedido de mano en Paris, hizo una importante fiesta en el Hotel Santa Clara con un costo de más de 300 millones de pesos

Esta es la foto de los dos personajes, de los jefes del cartel de la contratación del país que entró al Área Metropolitana y que lo vimos en representación en el video del consorcio de la UVA técnica. Ahí se enlazan, ahí está la prueba reina.


Entra a la gran sociedad de Córdoba para tapar la situación social ¿cómo lo hace? Robándole al erario público, robándole al Área Metropolitana, robándoles a los habitantes de Medellín y a los habitantes de más de 60 municipios en el país. Yo aspiro que los nuevos movimientos que hay con la llegada de la que fue jefe de Servicios Administrativos, la doctora Vera Cristina Ramírez, con otros movimientos en la parte administrativa, del Tesorero, del Secretario General, pero le quiero decir que la gente sigue adentro, los culpables de que estas personas entraran siguen adentro y se burlan de este Concejo, burla que aceptó seguir el Jefe de Comunicaciones de la entidad, pagado con recursos públicos, de quien yo exijo su renuncia”. Intervino el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza: “Debo de reconocer que el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos puso una alerta en un momento determinado en el Concejo de Medellín y además le hizo seguimiento; mal haría yo de no hacerlo. Lo que sí debo de decir es que bajo ninguna circunstancia, hoy se dieron los nombres que en un principio de habían dado y que tenían, de acuerdo con aquella presentación y lo tomo como una corrección, una incidencia de contratación en el Área Metropolitana y en otras entidades de la ciudad. Tengo entendido que el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos ofició al señor Gobernador del Departamento para darle a conocer el cuestionamiento de los contratistas y si mal no estoy, pues estaba tratando de ubicar a uno de los contratistas, aparecen en ese listado una persona que hoy no aparece acá, pues no es un contratista habitual del Área Metropolitana ni de la EDU, no había como respaldar la contratación. El trabajo es interesante porque pone en alerta, no solamente a las entidades públicas del Municipio de Medellín y del Departamento, sino que evidencia una serie de contrataciones por fuera de la ciudad y por fuera del Departamento y eso me parece muy interesante, no porque yo haya nacido en Sucre, pues no puedo negar ahora que nací en Corozal Sucre. Lo que sí se puede colegir abiertamente es que los que querían ingresar por medio de la UVA de San Javier, no ingresaron. Yo voy a decir algo aquí que el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos hizo y lo hizo por una mala información, pues si es una buena información lo repite. Esto lo voy a contar porque todas mis actuaciones no las hago ni disfrazado, yo nací con esta


mascara: A mí llegó un par de documentos, allí observaba que sin hacer una prueba grafológica, tenía duda de las dos firmas. Cada quien tiene su estilo y valoro el del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y en su curucuteo, pues él hace eso, de lo contrario no hubiera presentado aquí todos los nombres que hemos visto (cuando digo curucuteo me refiero a la investigación para que no pase como con el periodista argentino refiriéndose a los colombianos, lo que nosotros entendimos es lo que realmente se conoce aquí, pero no lo que ellos determinan por la expresión de malvenido) Yo fui donde el Gerente, le pedí una cita al Gerente y me senté con el Gerente y le dije: Gerente aquí hay una contratación sobre la UVA de San Javier y aparece este consorcio apuntándole a ganar y al parecer está en primer lugar, no lo sé, es bueno que usted lo averigüe porque aquí hay una firma que no me coincide a mí, pero yo le dejo los documentos y el primer favor que le pido es que sea consecuente con mi llegada aquí y que si tiene que entregarse la obra, se aplace la entrega de la misma, pues repito, las firmas no me coinciden, entonces como tengo esa duda yo no lo puedo afirmar – conversamos de otras cosas, de otros procesos. Me pareció una muy buena llegada la del doctor Aníbal, el señor Alcalde de la ciudad, por todo lo que ha representado. Yo no sabía que el hijo de Ramón tenía tanta consideración y no sabía de su capacidad hasta verlo en la gerencia por lo que ha hecho, reconocido aquí por todo el mundo. Entonces al otro día, el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos va al Área Metropolitana con la información que ya tenía. Ya el Área Metropolitana sabía y estaba dudando de las firmas. Creo que soy claro y le pueden preguntar a funcionarios que están aquí, si el gerente les echo el cuento. Yo no conocía ningún integrante del comité de contratación, si alguien de ese comité le dijo al honorable concejal, se lo dijo porque incomodé, porque se sintió incómodo. El doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos trinó, yo no voy a publicar el trino porque él está aquí al frente: “quién fue el concejal que estuvo en el Área Metropolitana intrigando por una contratación”. El trino lo escribió él y yo hago lo que hace todo el mundo, yo tengo personas que leen, yo también leo, yo leo a Petrarca, yo no voy a leer trinos que no me dejan nada, yo me encuentro con mi alma en los escritos que busco, pues creo que la tengo limpia y trato de


lubricarla cada día. El doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos no volvió a trinar porque conoció la verdad ¿el concejal estuvo hablando con alguien del comité de contratación o funcionarios del Área Metropolitana? Le tenían que decir la verdad, que no, que yo fui fue donde el Gerente y hablé con él. El Área Metropolitana ya tenía indicios sobre otras cosas que después también sacó aquí el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos sobre el tema de alguien que se ganó una auditoría. Yo quería intervenir porque como yo me voy el 31 de diciembre del Concejo de Medellín por mandato constitucional, de acuerdo con la elección. Yo no soy enemigo aquí de nadie, pero sí puedo responder abiertamente ante cualquiera de mis compañeros y amigos, pues tengo amigos aquí, sobre mis actuaciones y este es un debate muy importante por eso. Lo que tuvimos aquí no es otra cosa que un cambio de propuesta para el Estado. El particular se ve avocado en una serie de conductas que obliga a la Administración Municipal a que se tengan más y mejores controles. Se me ocurre a mí por ejemplo que un comité de contratación debe de saber de muchos oferentes y conocer la firma que está radicada en notaría, la foto como aparece uno en la cedula. Esta no es una obligación que la ley le dé a las entidades públicas, pero a raíz de esto que se está viendo, eso podría ser una función del comité de contratación. Yo estoy de acuerdo que en el comité de contratación haya personas que tengan experiencia y que no estén de paso, que estén sentados allí, que los comités sean todos creíbles en todas las administraciones, allí no debería de jugarse con la parte de entrar y salir. Las contralorías tenían en la Ley 1474 el control de advertencia. Como la contralora Sandra Morelli en su pelea con el señor fiscal cuando él dijo que había hecho mal uso del control de advertencia y se llenó de controles de advertencia, terminó declarándose inconstitucional el control de advertencia y esto ha sido nefasto, pues esto bien manejado y en tiempo real ayuda muchísimo. ¿Qué pasa si la Contraloría tiene un hallazgo de 15 mil millones de pesos en una entidad pública del Municipio de Medellín? Ya el hallazgo está ¿Quién responde por eso? Volvemos al tema de la ley de repetición, pero ya se perdió el billetito, pero en cambio con el control de advertencia no pasaba eso, pero ya no hay control de advertencia, otro instrumento que se tenía para proteger los dineros públicos.


Vuelvo al tema particular del control en el Área Metropolitana. Estoy plenamente convencido de que la ciudad a raíz de estos debates entendió que el Área Metropolitana actuó con diligencia. Esa es mi postura, yo no estoy diciendo que no exista el cartel, entre otras cosas, yo traía también los nombres aquí, son los mismos nombres que tiene el doctor Bernardo Alejandro, porque están circulando por todas partes, Roberto Carlos Arrieta. Llamó la atención que hay un Mendoza dos veces, estos debe ser ricos, porque yo el Mendoza lo herede de mi abuelo materno que fue quien compro a mi abuela, tenía plata el tipo en la época, a mí no me duele decir eso; es más, yo estoy sentado aquí en una curul y tengo la voluntad de la gente de Medellín y soy autónomo en la curul como lo es cada uno de mis compañeros. Pueda que tenga una condición social diferente a otros, pero tengo la misma valía y tengo el mismo espacio, Javier Pacheco, Otomar Lascarro, Jalíd David, Luis Villamizar, Carlos Vergara, Darío Peinado. Estos nombre están girando a nivel nacional y desde un principio el doctor Bernardo los mostró aquí, pero, antioqueños no hay, en el primer debate hubo nombres de antioqueños; por eso repito, lo tomo como una corrección. Cuando yo digo que fulano tiene tantos contratos ¿Dónde están? O zutano hizo tantas obras en tal parte ¿Dónde están? Que es distinto. Desde el punto de vista legal me parece la actuación justa, a tiempo, acertada y continua del Área Metropolitana ¿remitió a quién? A las autoridades competentes; es más, le dijo a la Contraloría Departamental, independiente de la crítica que hace el doctor Bernardo Alejandro de la Controlaría que no puedo hacerla yo, porque yo no tengo esos documentos y porque no tengo constancia de absolutamente nada de ello. Le pedí una auditoría express y la Contraloría Departamental respondió como tenía que responder, en los términos de la auditoría express, fue consecuente con la petición, problema que se presentaba y la respuesta fue que no había responsabilidad fiscal. Es una cosa que la ciudad debe conocer. Una cosa es lo que quisieron hacer los particulares con el Área y otra cosa es lo que se hizo, es decir, a mí nunca la policía ha ido a mi casa a tumbarme la puerta, considero, que es porque no tengo comportamientos para que lo hagan, por eso no me tienen que aplaudir, eso es apenas lo normal de los ciudadanos y ciudadanas de todas partes del mundo.


El Área Metropolitana hizo lo que tenía que hacer, por eso no tenemos que aplaudirla, pero sí hay que reconocerle que hicieron lo que tenían que hacer. Me queda claro que en la Administración Pública tienen que agilizar y buscar otro tipo de controles ¿Por qué? Porque si bien hace parte del principio de la buena fe evitar este tipo de cosas, uno no alcanza a medir el daño que hace, yo no sé qué daño le hicimos al Área, yo creo que eso no es medido ni siquiera en el Área Metropolitana. Desde un principio estamos hablando sobre la contratación y la corrupción en el Área Metropolitana y al final con este seguimiento nos damos cuenta que el señor gerente envía todas las actuaciones y están el página web y al momento de las actuaciones remite a la Fiscalía y Procuraduría las posibles anomalías presentadas en aquel momento y hoy cuando la señora gerente encargada, nos viene a decir todo lo que ha pasado, uno tiene que concluir que la ciudad y el país tiene gente que juega sucio y que los que juegan sucio no solo están dentro del Estado. Estos señores que le iban a jugar sucio a la Administración Municipal, porque hay otro detalle, una cosa es que para un proceso licitatorio una persona está inhabilitada, pero eso no la inhabilita de otros procesos, también quedó claro eso, como pasó con la señora Beatriz, que ganó una interventoría y cuando se presentó estaba inhabilitada y para la otra no estaba inhabilitada y por eso se la ganó. Eso no es a la luz de la ley, es a la luz inclusive de la constatación de la documentación, porque esto tuvo que hacerlo el Área y ya lo explicaron aquí en el pasado debate y en este. Sí me queda una cosa difícil de entender, cómo una persona que trabaja en una Cámara de Comercio va a firmar, conoce una banda musical, la transforma en una banda que contrata para obras civiles y otras cosas, uno cuando va a hacer una S.A.S. va a la Cámara de Comercio, hay un señor que pone un revisado con un chulito y otra señora pone otro chulo y después uno llega allá para que le firmen y ahí vuelven a leer. Cómo no se van a dar cuanta, de dónde “carajo” sale que una entidad que es una banda musical y termina contratando para obras civiles, pero la certificación la dio la Cámara de Comercio, entonces, vuelvo al cuanto, de la buena fe y lo otro es que ese comité de contratación le va tocar como misión interna, entre otras cosas, el Área se rige por una junta directiva, no por la junta directiva de la ciudad que somos nosotros sino por una junta directiva, eso será si ellos lo acogen para que lo pongan en práctica.


Yo término con dos cosas que me parecen muy importantes, doctor Bernardo, yo a usted hoy le agradezco que no haya leído el trino de mi hija, si usted lo vuelve a leer, sabe que es trino indeterminado, yo sigo pensando lo mismo, salvo, el caso que la hermenéutica que yo aprendí, no es la misma que enseñaron para todos en mi universidad (universidad de Medellín) hubiese sido provocativo el trino, si hubiese dicho al final, el que le caiga el guante que se lo chante, hubiese sido distinto. Creo claro también que en este debate tenemos muy buenos funcionarios, Hernán Elejalde es un buen funcionario y tiene buenos colaboradores, no hay otra manera de las actuaciones a la fase de la ciudad, y están allí para que cada una de las personas que tiene inconvenientes las pueda ver, por supuesto, ni más faltaba, se puede desconocer el trabajo que hace un compañero independiente que no nos encontremos en la gran mayoría de las cosas, como el trabajo que ha hecho el doctor Bernardo con su grupo de asistentes”. Intervino la directora (e) del Área Metropolitana, Patricia Zúñiga: “Primero me refiero a lo que expuso el doctor Martín como abogado de los comerciantes de Palacé. La entidad en los permisos que obtuvo para la ejecución de las ciclorutas antes del inicio del proceso de contratación, esos permisos provienen de las autoridades competentes en materia urbanística y en materia de movilidad que son nada más y nada menos que el Departamento Administrativo de Medellín, el Departamento de Planeación de Medellín y la Secretaría de Movilidad. Ellos concedieron unos permisos donde autorizaban al Área Metropolitana en virtud de unos diseños aprobados por las mismas dependencias, la ejecución de esas obras; por lo tanto, el Área actuó de conformidad con lo dispuesto por las autoridades competentes como dice el Municipio de Medellín y actúa en armonía con dichos permisos, por lo tanto, encaja las actuaciones del Área Metropolitana en los permisos y lo dispuesto por la Administración Municipal. Es cierto que cursa por su parte una acción popular interpuesta por una serie de personas donde invocan unos derechos colectivos, esa acción popular se contestó por el Área Metropolitana en lo que corresponde a la solicitud de una medida cautelar, los comerciantes están en todo su derecho de interponer las acciones que consideren pertinentes y el Área Metropolitana también está en


todo su derecho de defender sus actuaciones; así qué, nos ajustaremos a lo que dispongan los jueces contenciosos administrativos. Por su parte debo contestarle al doctor Bernardo Alejandro algunas inquietudes, la primera es que el comité asesor evaluador está conformado en la actualidad por la jefe de presupuesto la doctora Sor Isabel Vélez, el jefe de la oficina jurídica administrativa que me acompaña en este momento, el doctor Roberto Guzmán, por la Secretaría General, en este caso, en mi calidad de Secretaría General conforme ese comité asesor, evaluador y un técnico que para el caso de acuerdo al objeto de la contratación se designa, esas son las cuatro personas que está conformado el comité asesor y evaluador. Debo aclarar que la

caducidad del contrato de OLT Logistics S.A.S. fue posterior a la celebración del contrato de ciclorutas que celebró con el Área Metropolitana. En virtud de esa situación sobreviene la inhabilidad y por eso ellos tenían la obligación de informarle al Área Metropolitana. No es que el Área Metropolitana haya suscrito un contrato cuando de por medio había una caducidad, eso fue posterior; de modo, que es bueno aclarar y no sé si hice énfasis cuando hice la presentación de hacer caer en cuenta que la caducidad fue posterior a la celebración del contrato; o sea, cuando el Área Metropolitana suscribió el contrato, esa firma no estaba inhabilitada, fue con posterioridad, claro que le asistía la obligación de informar esa situación al Área Metropolitana en virtud de que la misma norma lo dispone así. De todas maneras, aunque lo qué dice el concejal, obraba en la Procuraduría General de la Nación ese registro de caducidad, nosotros no hacemos ese control diario, permanente, día a día, de verificar que los contratistas están incursos o no en causal de inhabilidad proveniente del mismo registro ante la Procuraduría. Quisiéramos hacerlo y ese sería una de las acciones por hacer como hacerlo de manera aleatoria y verificar que los contratistas realmente conservan las calidades al momento de presentar sus ofertas y podríamos hacerlo como una acción de mejora, pero de manera aleatoria por un seguimiento y por constatar las circunstancias durante la ejecución del contrato. A su vez, debo manifestar que para el caso de los contratos de los paraderos, yo no me referí en la presentación a esta situación, teniendo en cuanta, que me parece que en la exposición del 9 de abril algo se dijo, pero voy a recordar algunas situaciones que queremos dejarlas claras.


Ese contrato se revisó con ocasión a las denuncias presentadas por el señor concejal, se revisó pero no se encontró situación de irregularidad alguna y voy a decir por qué, porque los certificados de existencia y representación de los consorciados, cumplieron con la exigencia de tener en su objeto social la actividad de construcción de obras civiles, porque en el RUT aportada en la propuesta, ninguno de los consorciados se encontraba en curso en causal de inhabilidad en el momento de la adjudicación. OLT Logistics S.A.S. aportó en el consorcio el contrato de la licitación pública 04 de 2012 cuyo objeto es la construcción de pavimento de la primera ensenada entre el Camú y Punta de Piedra en el municipio de Coveñas Departamento de Sucre por un valor ejecutado de 9.884 millones de pesos en lo cual participó la OLT Logistics con el 85%. Eso fue verificado en el registro único de proponentes en el Secop y en el certificado de Cámara y Comercio. Esa información coincidía con lo aportado, ante esa situación, vimos dentro del análisis que la situación estaba totalmente acorde a la realidad. La empresa contaba con la experiencia exigida en el pliego y como lo dije, no tenía en el momento ninguna causal de inhabilidad. El consorcio cumplía con todos los requisitos para celebrar el contrato y es así como el contrato realmente se ejecutó de acuerdo a las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. La obra se recibió, se recocieron 121 paraderos que están en todo el Valle de Aburrá, estos paraderos hoy en día se encuentran funcionando y hacen parte del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá Sitva. Los recursos fueron invertidos en el proyecto y hoy en día esas obras están al servicio de la comunidad, no encontramos ninguna situación irregular, la verificamos, revisamos, pero podemos decir que en ese contrato realmente no encontramos ninguna situación. Respecto a las firmas que presenta el señor concejal en su presentación. Para el Área Metropolitana en muy difícil entrar a hacer comparaciones de la firma si no hay por medio la tacha de la firma del mismo que la subscribe. De acuerdo con el decreto, yo tengo que irme a la norma, porque eso es lo que nosotros debemos atener en las disposiciones que sobre la metería rige, es precisamente el Decreto 019 de 2012, que es el de anti trámites que determina en su Artículo 36 la presunción de validez de la firma y dice que las firmas se presumen válidas mientras la persona no tache su firma o la persona a la cual dice tener su firma, es la misma la que la debe tachar.


No obstante señor concejal, la Fiscalía tendrá que determinar, porque todo ese material se aportó en las denuncias con todas las propuestas, tendrá que determinar si las firmas corresponden o no a la verdad, no lo podemos decir nosotros, ni nosotros podemos frenar un proceso de licitación por una comparación de firmas entre las cédula y un formulario, porque eso no nos corresponde, eso es materia penal y ellos tendrán que determinarlo. Para eso hemos recurrido a la Fiscalía a fin de que nos den esa determinación de si corresponde o no y tendrán sanción penal si es el caso, pero administrativamente no podemos actuar. Yo debo decir de todas formas que en el caso de los paraderos o de estas firmas, el Área Metropolitana no ha perdido un peso de su patrimonio por parte de las firmas que ha expuesto el señor concejal. Sí hay situaciones irregulares como usted lo ha presentado, como también nosotros lo hemos presentados ante los diferentes organismos, pero podemos decir con toda claridad y certeza que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá no ha perdido un peso por parte de malos manejos o de entregas a estos contratistas y que no se vean reflejados en las obras contratadas. En lo que corresponde al jefe de comunicaciones doctor Bernardo, el Área Metropolitana esta adelantado una investigación disciplinaria en la que se determinará la acción a tomar de acuerdo al procedimiento y al debido proceso. Una vez culmine el proceso estaremos dando información del mismo, ese es el paso a seguir, nosotros como lo dije al comienzo nos debemos a unos procedimientos, a unas normas, formalidades y debemos cumplirlas, porque si no también nos pueden investigar por otro lado a nosotros. Creo que esas son las inquietudes que tenía el concejal y los demás concejales para lo cual creo a ver dado algo de claridad en el actuar de la entidad, que nos esmeramos en hacer las cosas bien hechas y eso es lo que pretendemos, ejecutar y cumplir con las funciones que nos corresponden”. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “Creo que la foto que está circulando en la redes sociales del caso de Jara y Cavani cae muy bien para este debate. El árbitro que está al frente cree que Cavani es el que reacciona indebidamente y lo expulsa, pero en la foto posterior se muestra la realidad cuando Jara el jugador de Paraguay lo incita introduciéndole el dedo en el orto y en esto sucede lo mismo.


Todos creemos que todo está muy bien, pero hay gente como dice Santiago que le juega mal al Estado y en este caso tuvo que existir una cámara posterior para mostrar la realidad. Hay gente que le gusta que le hagan eso, a mí personalmente cuando en los debates aquí en el Concejo dicen “No nos metan el dedo en la boca” no me gusta y aquí este cartel de la contratación hizo lo mismo que hizo Jara con el jugador Uruguayo Cavani que no debió ser expulsado. Después se dan cuenta y lo sacan de la Copa América con tres fechas que es muy poco, por eso yo le anuncio también que espero doctora Zúñiga que la persona que ahora asume el tema del proceso disciplinario no sea el anterior jefe administrativo que está remplazando la doctora Vera, porque él le hace un comentario a alguien muy cercano de que no está de acuerdo con mis debates en el Concejo de la ciudad de Medellín y él va a subir como jefe de control disciplinario la investigación del jefe de comunicaciones. Esa situación yo pido que la controle. Yo sí voy a demandar al señor por injuria y calumnia, porque ni yo soy un payaso, ni estoy mintiendo como él dice y que es mero oportunismo y protagonismo. Aquí al concejal Miguel Andrés Quintero, porque un asesor de él puso un trino muy parecido, todos los colegas le pidieron la renuncia. No necesitábamos iniciar el proceso disciplinario, el mismo joven se fue y esto es más grave, pero todo se mira como lo mire Cavani o como lo mire Jara, pero la actuación al final, es de Jara totalmente irregular. Mi conclusión es que el Área Metropolitana sí ha hecho, pero le falta, tanto que adopta un manual de buenas prácticas después del debate, tanto qué después, doctor Fabio Humberto Rivera, usted que es miembro de la junta del Área Metropolitana en representación de este Concejo y que yo voté también por usted, con voz pero no con voto dentro de la junta, toma medidas, es modificar totalmente el comité de contratación con gente de experiencia, no con contratistas ni gente recién llegada de paso, eso es un correctivo que surge del debate, entonces sí hay productividad en el debate. También tomar otras medidas administrativas de mover gente que yo no puedo evaluar desde el punto de vista político o administrativo, pero lo cierto Santiago y quiero hacer una aclaración, yo no me reuní con el doctor Elejalde en la oficina de él antes del debate. Cuando yo me entero de la situación, acordamos un sitio externo a la entidad y fue el Club Unión a las 8 de la noche, no pudo cumplir a las 8 de la noche porque lo estaban condecorando del encuentro Dirigentes de Occidente, llego a


las 9:30 de la noche. Los dos nos reunimos, le entregué la información y él tenía citado todo el comité de dirección a partir de las 9:00 de la noche, entiendo que esa reunión comenzó hacia las 10:00 de la noche donde se tomaron medidas urgentes ante la situación. Planteamos en el debate, primero, que tenía que rodearse muy bien, con gente de su confianza, por eso llegó el jurídico que también es nuevo, por eso hay un nuevo secretario general que es usted y la reunión con él se dio después del debate donde usted estuvo presente y que valoraba el hecho de que la Secretaría General estuviera en cabeza de una persona que ya llevaba más de 20 años en la institución y que la conformación del comité de contratación debería de ser gente que tuviera que responder con su propio cargo, su propio patrimonio y que conociera la entidad, entonces, cambios sí se han dado y lo reconozco. Yo le pido a usted que remita, porque el problema no es que no se perdió un peso, el mensaje es, cómo la acción de Jara, hacer de todo en el Área Metropolitana. La acción de Jara el jugador de fútbol no se puede permitir, no es que yo le entregue eso, pero toda la documentación es falsa, todo lo de Ottomar Lascarro es falso, todo lo de Coveñas es falso, todas las certificaciones son falsas, la empresa es falsa ¿cuál es el mensaje hacia los contratistas que están dentro de la legalidad que son Cavani? No nos podemos mover porque atrás hay un Jara y entre la ley el que tiene la ventaja es el tramposo. Las competencias es la disculpa más interesante en cualquier tema de estos “eso no me compete a mí” yo sí le pido que vaya un poquito más allá sin infringir la norma sino defendiendo los recursos públicos. Si yo le entrego 4 mil millones de pesos a Ottomar Lascarro en anticipos, las obras las hizo, pero se ganó todo con documentación falsa. Le pido que envíe el tema de Mauricio García, Silvia Solipá y Rubiery Abaunza López que son firmas falsas, de las misma manera como enviaron la del señor Ardila que certificó claramente al inicio que no era su firma, yo le pido que investiguen por el bien de la entidad. En el 2013 nos metieron gol, en el 2014 otro y en el 2015 lo iban a meter, pero el Concejo de la ciudad de Medellín y los medios de comunicación incluido El Tiempo, Semana y Noticias Uno advirtieron de la situación y ustedes han tomado los correctivos en el momento que conocieron la situación, hacia atrás también hubo errores. Yo les pido honorables concejales que este debate va a ser de orden nacional. Ya salió de la jurisdicción del Municipio de Medellín para convertirse no solo departamental sino nacional, porque efectivamente estamos


ante una banda criminal de unos “músicos constructores” como lo dijo en su columna Raúl Tamayo en el periódico El Colombiano. Qué tal que ahora el Toyo se presente en la banda de música de Santa Fe de Antioquia y le adjudiquen porque llena los requisitos sin verificar. Les pido como lo pedí en el tema de restaurantes escolares, como lo he pedido en programas sociales y en otros temas de contratación del Estado, que tengan un verbo rector que sea verificar en nombre de los recursos públicos. Le pediría también a la oficina de control interno que me pase un informe de qué ha hecho la oficina de control interno ante la situación denunciada en el Concejo de la ciudad de Medellín. Las oficinas de control interno no pueden ser solo presencia institucional sino que también deben advertir sobre los correctivos que se deben tomar. Pediría como conclusión hoy para ser evaluada nuevamente la temática bien sea una comisión accidental o en otro debate en el Concejo de la ciudad de Medellín, qué medidas ha sugerido o tomado la oficina de control interno de la institución. Quiero agradecer la aferencia que han tenido ciertos funcionarios con este concejal de la ciudad de Medellín, pero vuelvo a insistir, personas como Néstor Velásquez no deben estar trabajando en el Estado, no está defendiendo los recursos públicos y si ustedes exigen respeto, yo también lo estoy pidiendo, porque aquí parece como si Hernán Elejalde saliera crucificado con los directores o como es remitido hablar de ellos, porque ellos delegaron en confianza y lo que pasa es que a veces confianza mata seguridad y hay gente que deshonró esa confianza que han tenido, especialmente Carlos Mario Montoya y luego Hernán Elejalde. Si no hubiera sucedido nada, el comité seguiría igual. Al miembro del comité, el doctor Berrío, creo que la gente de Donmatías está viendo este debate, le auguro muchos éxitos en su carrera política, bien sea como candidato a la alcaldía de su municipio por tercera vez o sus aspiraciones a la Asamblea Departamental de Antioquia, pero tampoco me va a callar como lo ha dicho en su pueblo. Él hizo parte de ese comité y de lo que estamos discutiendo hoy que no se puede repetir en ninguna entidad del Municipio de Medellín y mucho menos en el Área Metropolitana. Espero que la intervención en el día de hoy haya servido para que usted mire documentos nuevos. Hay evidencias totales de que esto en manos de las autoridades que evaluaron el caso Ardila que fue el ingeniero, son claramente regulares.


En el tema de la Contraloría Departamental, la Contraloría de Sucre determinó no hacer ninguna investigación sobre este tema. La Contraloría de Córdoba le dijo y lo ha dicho por escrito que iniciará los procesos respectivos, es vergonzoso que la Contraloría Departamental de Antioquia tenga el mismo pensamiento de la Contraloría de Sucre, uno de los departamentos más corruptos del país al igual que el Choco, en cambio la de Córdoba vamos a investigar, porque la mayoría de recursos son de ese departamento. El cartel de la contratación que infiltró el Área Metropolitana en cabeza de la empresa OLT Logistics S.A.S. se instaló en la región desde el 2013, cuando obtuvo un contrato por 2.300 millones de pesos para la instalación de paraderos de buses en varios municipios del Área Metropolitana, posteriormente obtuvo el contrato para la construcción de la ciclorutas de Medellín por 4.300 millones de pesos y gracias al control político se evitó que se suscribiera el contrato para la construcción de la UVA de San Javier por 14 mil millones de pesos que ya había sido adjudicado a este mismo grupo de contratistas. En todos estos procesos se presentaron certificaciones falsas y llama la atención que fueron presentadas certificaciones donde estos contratistas afirmaban haber construido carreteras que nunca construyeron, lo cual era una irregularidad si se observa que para la época esa empresa no podía ejecutar ese tipo de obras, estaba constituida como un banda de música. Segundo, los contratistas de obra actuaron en concurso con quienes se presentaron para obtención de interventorías respectivas. Aquí hay claro hecho que se denomina concierto para delinquir, esa banda de música lo que tocaba no era instrumentos musicales sino el concierto para delinquir. La señora Cristina Oliveros Zapata ha obtenido múltiples contratos de interventoría con certificaciones falsas y lo sigue haciendo. Muchas de las cuales favorecen a Ottomar Lascarro Torres dueño de OLT Logistics S.A.S. Llaman la atención las múltiples certificaciones de experiencia y cartas de intención de profesionales cuyas firmas fueron falsificadas, las cuales fueron presentadas en procesos contractuales para la interventoría a las descontaminación de las quebradas, construcción de la UVA de San Javier, construcción de la pista de BMX y a la construcción de la cubierta de la pista de Jockey entre otras, sobre todo, la de Jockey que se está hoy ejecutando. Tercero, todas estas certificaciones contienen irregularidades evidentes cuya detención no requeriría ningún esfuerzo especial, más aun, cuando ya había


antecedentes de denuncias por falsas certificaciones en procesos anteriores, las cuales no fueron reportadas oportunamente a la Fiscalía General de la Nación. Cuarto, Ottomar Lascarro Torres lidera un poderoso y peligroso cartel de la contratación en el nivel nacional donde se evidencia múltiples incumplimientos incluso, sanciones de caducidad inhabilitantes, lo cual evidencia graves riesgos para los recursos públicos de la región. Quinto, instauraré la demanda de injuria y calumnia contra el jefe de comunicaciones del Área Metropolitana por lo relatado en este debate del día de hoy”. 5° LECTURA DE COMUNICACIONES La secretaría informó que no había comunicaciones radicadas sobre la mesa. 6° PROPOSICIONES Se dio lectura a la siguiente proposición: 6.1 Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales, Santiago Manuel Martínez Mendoza, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Oscar Guillermo Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano Zuluaga. Citar al secretario de Educación, Juan Diego Barajas López y la directora de Buen Comienzo Sandra Castro para que den a conocer a la corporación y a la ciudad, avances, cobertura, inversión, retos, problemática y relación de la canasta financiera con las organizaciones sociales de la política de Buen Comenzó. Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: “Una proposición verbal, le pido al doctor Oscar Hoyos me acompañe en ella, tiene que ver con el incendio forestal que duró 11 días en la Ladera Oriental en el sector de Santa Elena y por incapacidad básicamente operativa y acciones de los vándalos, consumió durante 11 días esta ladera para que se analice el tema de las emergencias ambientales en la ciudad”.


Anexos:

1. Registro asistencia de concejales. (2 folios). 2. Comunicación suscrita por el Dr. German Patiño, (7 folios). 3. Comunicación suscrita por la Contraloría General, (1 folio – 1 CD). 4. Comunicación suscrita por el Área Metropolitana, (5 folios – 1 CD). 5. Comunicación suscrita por el Dr. German Darío Giraldo, (1 folio), 6. Comunicación suscrita para el Dr. Elejalde, (1 folio). 7. Comunicación suscrita, Base de datos enviada del área

metropolitana, (2 folios). 8. Comunicación suscrita para el Sr. German Patiño Diez, (1 folio). 9. Comunicación suscrita por el alcalde Aníbal Gaviria, (1 folio) 10. Comunicación suscrita por la Dra. Luz Elena Arango, (1 folio). 11. Comunicación suscrita, intervención de la administración, (1 folio). 12. Proposición suscrita verbal por el concejal Bernardo Alejandro

Guerra, (2 folios). 13. Proposición suscrita por el concejal Santiago Manuel Martínez, (1

folio). Transcribió: Nora Álvarez Castro

Fanny A. Bedoya Correa Yuly Alejandra Pulgarín Liliana Velásquez

Revisó: Lina María Pérez Arango

concejo de medellÍn · 2018-09-20 · josé nicolás duque ossa santiago manuel martínez mendoza...

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