I.- INTRODUCCIÓN

En julio de 1980, el Perú recuperaba su democracia luego de doce años de gobierno

militar. El centro derechista Fernández Belaunde Terry regresaba como jefe de Estado,

luego de haber sido derrocado el 3 de octubre de 1968 por un golpe militar dirigido

por el general Juan Velasco Alvarado. La restauración democrática fue considerada

como un hecho histórico, en los términos como entendían la historia lo principales

dirigentes del partido Acción Popular, ganador en la elecciones presidenciales

realizadas el 18 de mayo. Sin embargo, un dirigente político que se alineaba en el otro

extremo del espectro político tenía también una forma muy particular de entender la

historia, lo cual le indujo a pensar que el periodo de la transición democrática era el

país propicio para iniciar la “Guerra Popular”.

Desde ese momento y hasta a mediados de la década del 90, el Perú se vio sacudido

por la violencia política. Aproximadamente 25.000 muertos y pérdidas económicas

equivalentes al monto de la deuda externa, sin incluir el daño psicológico y el

desplazamiento forzado de poblaciones enteras, fueron los costos de la guerra interna

desencadenada por Abímael Guzmán, quía y líder máximo del sendero Luminoso. La

guerra tuvo distintas fases y protagonistas. En una primera fase, se enfrentaron las

fuerzas armadas y policiales con Sendero. Posteriormente, bajo la forma de Rondas

Campesinas, se incorporó la población civil de las zonas más afectadas por la guerra, y

en ese momento el conflicto empezó a girar a favor del Estado. Hacia 1995, el gobierno

y las FFAA emergieron como los actores más importantes en la pacificación del país, y

las Rondas Campesinas junto con las comunidades de donde son sus integrantes

empiezan el retorno a su subalterno y cuasi marginal.

Narrar cómo se originaron, difundieron y fortalecieron las Rondas Campesinas en el Perú,

además de su valiosa contribución en la derrota del Sendero Luminoso, son los objetivos de

este trabajo. En primer lugar, se hará una somera revisión de la historia política peruana,

partiendo de considerar al periodo 1975-2000 como una etapa de crisis recurrentes, ya sean

políticas o económicas. En segundo lugar se presentarán las características sociales y culturales

detrás de su formación original en el departamento de Cajamarca y luego en el de Piura, para

continuar con su generalización en dichos departamentos ante la necesidad de luchar contra el

robo del ganado (abigeato) y las corruptas autoridades del estado en la sierra norte de Perú.

En tercer lugar, se revisará su expansión por otras zonas del territorio nacional y cómo se

produjo la incorporación de las rondas en la estrategia contrasubversiva diseñada por las FFAA

para combatir a Sendero Luminoso de una manera más efectiva, principalmente en la sierra

central y sur del Perú a partir de 1988. A manera de conclusión, se culmina con una reflexión

sobre las probables motivaciones, reales o imaginarias, que estuvieron presentes en las

mentalidades de los campesinos comuneros para incorporarse en uno de los bandos

contendientes en la guerra, además de lo que significó la decisión del estado de compartir

responsabilidades con un importante sector de la población rural organizada en la lucha contra

Sendero Luminoso.

II.- COMITÉS DE AUTODEFENSA

Los Comités de Autodefensa (CCAD) son organizaciones de la población rural o urbana,

surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa

Está aprobada la Directiva Nº 027 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

(Visita de Inspección e Instalación de la Base de Datos para el control de los Comités

de Autodefensa), vigente desde el 18 de enero del 2006, mediante la cual se dispone

la instalación de un Software, a fin de actualizar la base de datos de los integrantes de

los Comités de Autodefensa a Nivel Nacional.

El 26 de enero, se indemnizó a 22 deudos de fallecidos de Comités de Autodefensa y a

01 por invalidez temporal, cuyos casos fueron aprobados mediante Resolución del

CCFFAA Nº 221-2005, y cuyo monto ascendió a la suma de S/. 878,000.00 Nuevos

Soles.

2.1.- Comités de autodefensa reconocidos y autorizados por el CCFFAA

CEU (COMANDO ESPECIAL UCAYALI)

CUSCO HUANUCO

JUNIN LORETO

PASCO UCAYALI

COAM (COMANDO OPERACIONAL DE LA AMAZONÍA)

LORETO

COC (COMANDO OPERACIONAL DEL CENTRO)

HUANUCO LIMA

PASCO SAN MARTIN

AYACUCHO HUANCAVELICA

JUNIN

CON (COMANDO OPERACIONAL DEL NORTE)

AMAZONAS ANCASH

CAJAMARCA LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE PIURA

TUMBES

COS (COMANDO OPERACIONAL DEL SUR)

APURIMAC CUSCO

MADRE DE DIOS PUNO

Requisitos para indemnizaciones establecidas en el DS Nº 077.

Requisitos para el Reconocimiento como Comité de Autodefensa.

Requisitos para la Renovación de la Junta Directiva CAD.

2.2.- Normas legales

Decreto Legislativo Nº 741

Decreto Suprema Nº 077

Decreto Suprema Nº 068

2.3.- Comités de autodefensa (CAD)

Con relación a las organizaciones de base, hay que añadir algo sobre los llamados comités de autodefensa [CAD] o comités de autodefensa civil. El intento del ejército para establecer una alianza con las comunidades se remontaba a 1983, pero solo tuvo éxito años después, ya durante el gobierno de Alán García, cuando la Marina fue cambiada por el ejército de Tierra y las operaciones adoptaron un carácter más selectivo. Con ello se facilitó también un acercamiento más eficaz a los comunarios que seguían en el campo y estaban ya cansados de aquella situación. Este cambio coincidía en parte con el nuevo giro estratégico y prioridades geográficas que iba adoptando sendero, retirándose más hacia la selva y hacia el sur. Pero su proliferación con una alianza más decidida entre ejército y comunidades ocurrió recién en los años 90, bajo la presidencia de Fujimori.

La apuesta de los militares fue crear y entrenar a los CAD inspirados en parte en lo que sus colegas habían hecho ya en Guatemala con asesoramiento norteamericano, pero con una diferencia fundamental. En Perú existía ya desde antes y por motivos muy distintos, la exitosa experiencia de las “rondas campesinas” del campo de Cajamarca y otras regiones adyacentes, creadas en los años 70 desde las bases para hacer frente al

abigeato y avaladas por fin en 1986 desde el Estado con una ley específica que reconocía esa manera bastante autónoma de arreglar sus problemas con unas organización y normas propias de justicia comunitaria, según usos y costumbres.

En el sur, afectado ahora por el conflicto con Sendero, se intentó reproducir lo de las Rondas complementando con el apoyo logístico del ejército, tanto en armas como en pagos regulares a quienes debían estar movilizados de una manera más general y permanente que para los abigeos del norte. Se calcula que en 2000 había en todo el país 7.278 CAD con 400.369 personas, de las que el 60% estaba en el norte del país y el 28% en la zona sur andina; pero las primeras funcionaban, como en el pasado, de manera más autónoma y con mucha menos presencia de Sendero, mientras que en el Sur rondas y militares estaban mucho más vinculados y tenían más armamento y munición.

Sería con todo igualmente inexacto pensar que en el sur estas CAD actuaban siempre por imposición del ejército. Así fue en muchos casos, sobre todo al principio. Pero hay también casos en que la iniciativa para organizarse en rondas fue anterior a la llegada y apoyo del ejército o incluso en contra de la pasividad de éste, y otros en que aun trabajando ambos de forma combinada hubo un amplio margen de autonomía por parte de las CAD. Degregori y Del Pino describe la manera muy particular en que así ocurrió con grupos evangélicos en el valle bajo del Apurímac, después de haber sufrido fuertes matanzas por parte de Sendero y de Militares, y en alianza con los cocaleros de la parte más baja del valle. Se puede añadir que en muchas zonas cocaleras el Éjercito, Fujimori y los mismos Estados Unidos fueron relativamente condescendientes con cocaleros e incluso narcotraficantes a cambio de una alianza que beneficiara a ambos contra Sendero, incluso legalizando cultivos y reconociendo a los cocaleros como interlocutores válidos. Su argumento era que “si reprimimos a 50.000 cocaleros, creamos 50.000 colaboradores para SL”. Pero el presidente se dio la vuelta en cuanto desapareció el peligro senderista. Sin embargo, para entonces, esta experiencia previa provocó también un nuevo giro en los productores de coca, fortaleciendo su propia organización frente a las campañas de extirpación de la planta.

Toda esta situación creó varias ambigüedades, ante todo, por la dependencia de y alianza con militares, que eran también responsables de abusos en el campo, ampliados en tiempo de Fujimori incluso con escuadrones de la muerte; segundo porque el poder que daba esta militarización de campesinos en los CAD ampliaba también la posibilidad de abuso por parte de algunos miembros, que aprovechaban su mejor posición para resolver algunos pleitos privados internos o adoptar actitudes preponderantes. Pero, en conjunto, parece que ha prevalecido el aporte positivo de estos comités/ rondas y que, una vez terminado el conflicto, la inmensa mayoría se ha replegado de nuevo a sus actividades rutinarias en el campo sin desviarse hacia alguna forma de bandolerismo, como ha ocurrido en tantas situaciones semejantes de otras partes.

La situación de la selva revistió una complejidad especial porque allí confluyo además una pugna por la hegemonía local entre Sendero y el otro grupo guerrillero menor MRTA, la policía y el ejército, los productores de coca, los pueblos indígenas de la región y otros asentamientos. Hubo, según la zona y el momento, diversos tipos de acuerdo implícito u oposición entre esos varios actores: por ejemplo, en algunas partes los cocaleros entregaban recursos a los guerrilleros a cambio de ser protegidos por ellos frente a los militares; pero en otras partes la alianza era distinta: cocaleros con militares; e incluso con algunos CAD que, a cambio de proteger los cultivos de coca, recibían también de ellos recursos para el armamento.

Pero quienes, en este caso, quedaron más atrapados en medio fueron los asháninka, el segundo en población entre los pueblos indígenas de tierras bajas. Están ubicados entre los ríos Tambo y Ene, al que fluye el Bajo Apurímac y, por tanto, su territorio se convirtió en la región de natural de expansión de la guerrilla desde Ayacucho. No era la primera vez que tenían este tipo de visitas inesperadas. En la colonia fue allí, en la zona del Gran Pajonal, donde se refugio el célebre rebelde indígena Juan Santos Atahuallpa. Y apenas 25 años antes de Sendero actuó también ahí mismo la guerrilla del MIR, dirigida por Guillermo Lobatón. Pero ahora, cuando aparecieron tanto Sendero como el MRTA, ese pueblo ya tenía su propia organización, creada en 1970.

La guerrilla buscaba ampliar sus zonas de libre circulación en esas partes de selva ocupadas por los asháninka y con su violencia les causaron graves perjuicios, por muertes y desplazamientos forzados. La población de muchas comunidades quedó prácticamente cautiva, forzados a entrar a la guerrilla, que indoctrinaba también a los menores de 12 años. En otras partes, se escapaban a la selva o se desplazaron a otras comunidades y poblados mejor protegidos en espera de poder retornar a sus pagos cuando volviera la tranquilidad. Surgieron así los llamados “grupos poblacionales” que multiplicaban rápidamente su población, con sus problemas prácticos que ello suponía. Cuando, pasada la violencia, intentaron retornar a sus lugares originales muchos los encontraron ocupados por cocaleros, a los que Sendero había autorizado para tenerlos como aliados, o también por empresas madereras u otros.

Pero los asháninkas no se limitaron a esa resistencia pasiva. Un detonante ocurrió cuando a fines de 1989 el otro grupo guerrillero MRTA andaba por las comunidades del río Pichis y ajustició a un connotado dirigente local y a su compañero simplemente porque 25 años antes habían actuado contra la guerrilla de Lobatón. Las comunidades de la zona se irritaron y decidieron entonces defenderse y conformar su propio “Ejército Asháninka”, llegando a ocupar y proteger varias poblaciones de la zona para expulsar al MRTA, lo que finalmente se facilitó por la instalación de un nuevo puesto del ejército. Lo mismo hizo con alta eficiencia el grupo llamado ashéninka en el Gran Pajonal. Con una disciplina militar única y poniendo en pie de guerra a todos los jóvenes de 17 años en adelante con escopetas, arcos y flechas lograron mantener bajo su control a toda aquella región y rescatar varias zonas ocupadas por la guerrilla y por

cocaleros, con miles de comunarios cautivos desplazándose incluso fuera de su propia zona cuando se lo solicitaban. Sobre todo a partir de 1991, los asháninkas contaron con un soporte más directo del Ejército, que les apoyaba con armas, diez rifles por comunidad más una dotación mensual de munición, y acciones coordinadas. Se organizaron también rondas y CAD, con o sin ese apoyo del Ejército, era común que para poder cultivar, mientras unos realizaban esas tareas, los ronderos estuvieran protegiéndoles para evitar ataques sorpresivos.

Al final los Asháninkas ganaron, pero con un alto costo para este pueblo de apenas unas 50.000 personas: unos 10.000 fueron desplazados y murieron entre 3.500 y 5.000 sea por ataques o por malas condiciones en acuartelamientos forzosos por parte de Sendero; es decir, uno de cada tres o cuatro quedaron directamente afectados. Esta dolorosa y a la vez valiente experiencia sigue sirviendo a la organización asháninka para defenderse de otras posibles agresiones externas.

A nivel nacional, el líder de Sendero Abímael Guzmán fue capturado por Fujimori el 12 de septiembre de 1992 y la tensión fue bajando rápidamente, aunque la lucha armada persistió en tono menor en varias regiones, incluida la selva asháninka, según muestran los relatos de primera mano de Espinoza, a fines de 1994.

En ningún otro actor de la guerra, la línea divisora entre perpetrador y víctima, entre héroe y villano es tan delgada y tan porosa como en los Comités de Autodefensa (CAD) o rondas campesinas contrasubversivas. Su actitud durante la guerra, su subordinación a las Fuerzas Armadas (FFAA), la terquedad con la cual se niegan a entregar las armas y su innegable contribución a la derrota militar del Partido Comunista del Perú El PCP-SL Luminoso (PCP-SL) y, por lo tanto, al restablecimiento de la paz han causado opiniones contrapuestas. Pacificadores para unos, asesinos para otros, son inquietud para todos: para la Defensoría del Pueblo, para los ministerios de Defensa y del Interior, para el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR), para el Congreso de la República donde se han presentado varios proyectos de ley al respecto y, no en último lugar, para sus víctimas, que aún buscan justicia y para los familiares de los ronderos caídos, que reclaman indemnización.

2.4.- Los CAD en el escenario de la guerra

El PCP-SL consideraba al campesinado como columna vertebral de su lucha armada: «El campesinado [...] [es] la base de la guerra popular», dice en su documento El problema campesino y la revolución. Agregan: «ésta es una guerra campesina o no es nada». La guerra popular, entonces, debía desarrollarse desde el campo hacia las

ciudades y, con el consentimiento de una población tradicionalmente olvidada por los gobiernos de turno, lograron batir el campo ayacuchano de los representantes del viejo Estado en menos de dos años.

A partir de 1982, sin embargo, se producen puntos de quiebre y, poco después, las primeras respuestas violentas del campesinado al proyecto autoritario del PCP-SL. Probablemente la primera, pero con seguridad la más sonada, fue la de los iquichanos en las alturas de Huanta, que en enero 1983 mataron a siete subversivos en la comunidad de Huaychao y a cinco en Uchuraccay como reacción al asesinato de sus autoridades comunales.

En febrero del mismo año, se produce la sublevación de Sacsamarca cuando los comuneros, hartos de los abusos de los mandos del PCP-SL, los emborrachan y los matan a puñaladas y pedradas.

Son acciones aisladas, locales y no coordinadas, y siempre han provocado una reacción violenta por parte de los subversivos; más de cien comuneros de Uchuraccay victimados por el PCP-SL y la matanza de Lucanamarca dan fe de ello. Mientras tanto, la mayoría del campesinado ayacuchano trata de mantenerse al margen de la guerra; no es, todavía, su guerra.

En diciembre de 1982, las FFAA se hacen cargo de la lucha contrainsurgente en Ayacucho y, tres semanas después, se instala la Infantería de Marina en Huanta. Una de las primeras medidas que los militares aplican es agrupar a los campesinos en núcleos poblados y organizarlos en Comités de Defensa Civil (CDC), al estilo de las aldeas estratégicas organizadas por el ejército estadounidense en Vietnam y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) de Guatemala. Puesto que la Marina de Guerra se basa para esto exclusivamente en criterios militares, sin tomar en consideración ni los problemas de subsistencia que causan las interferencias en el ciclo agropecuario para los campesinos ni las constantes rivalidades entre comunidades, la medida no tiene los resultados esperados; al contrario, los conflictos al interior y entre las comunidades se acentúan y muchas veces se vuelven sanguinarios. Según el historiador inglés Lewis Taylor:

[...] es evidente que las Fuerzas Armadas peruanas cometieron muchos de los errores perpetrados en Vietnam: las aldeas se establecieron al azar, sin tomar demasiado en cuenta las largas disputas entre comunidades; ocurrió una considerable interrupción de las actividades agrícolas de los campesinos, mientras que el suministro de alimentos por el gobierno y la ayuda para el desarrollo estuvieron ausentes gran parte del tiempo; las unidades de defensa civil recibieron inadecuada protección militar y los cuadros del PCPSL pudieron operar dentro de las aldeas, logrando debilitar a muchas unidades de defensa. (Taylor 1997: 102)

En la zona altoandina de la provincia de Huanta, se instalan algunas bases contrasubversivas multicomunales, donde se agrupan refugiados de diferentes comunidades. Ccarhuahurán, centro histórico de los iquichanos, es una de ellas. Cuando la Infantería de Marina llega a la comunidad en agosto de 1983, logra establecer un CDC sobre la base de los grupos de autodefensa que habían surgido fines de 1982, poco antes del asesinato de los siete subversivos en Huaychao. Los navales, que es como conocen a los marinos en la zona, establecen un destacamento de 36 soldados en el pueblo, donde se agrupan ocho anexos en este caso por voluntad propia con un total de 600 familias. Chaca, que como Ccarhuahurán pertenece al distrito de Santillana en las alturas de Huanta, es otra comunidad resistente donde se agrupan siete comunidades vecinas.

La presencia o ausencia de los militares parece un eje diferenciador en el comportamiento de los CDC.

Mientras que los ronderos de Chaca, que no cuenta con base militar, se dedican fundamentalmente a cuidar su pueblo (que sufrió varios ataques del PCP-SL), es decir, a la defensa, los de Ccarhuahurán tienen la mala fama de ser agresivos (paramilitarizados, según los participantes en un grupo focal con autoridades en Chaca), ya que incursionaron en comunidades vecinas en patrullas mixtas con los soldados con la intención de saquear, más que de buscar integrantes del PCP-SL.

En noviembre de 1983, se agrupan familias de diez comunidades (más tarde se juntarían otras como Uchuraccay o Iquicha) en Ccarhuapampa, en las afueras de la ciudad de Tambo, y forman la primera aldea multicomunal de desplazados. Desde el comienzo, Ccarhuapampa se organiza alrededor de su CDC según una lógica militar: el CDC establece un rígido sistema de vigilancia, restringe la movilidad de la población, expidiendo pases, y sanciona las trasgresiones a las normas con castigo físico. Cada vez más pueblos en el norte de la sierra ayacuchana empiezan a organizarse de la misma manera.

Incitada o, de todas maneras, tolerada por la Marina de Guerra, esta militarización llega a su extremo con asesinatos extrajudiciales cometidos por los CDC o montoneros, como también son llamados en esa época. Sonia Goldenberg observó que «los montoneros de Ccaccas [...] tienen potestad para detener a los extraños, vivos o muertos: «Aquí ya no hay garantías, podemos matarlos nomás», dijo un rondero. Esta licencia para matar fue confirmada por un oficial de la Marina [de Guerra] de Huanta» (Goldenberg 1984: 42).

La licencia para matar es asumida como tal por los campesinos. El 27 de diciembre 1984, un CDC en la sierra ayacuchana aprobó en asamblea «por unanimidad, en sentido de que, averigüen a los que han colaborado con los terroristas; entonces, a los culpables aniquilarán las autoridades de la Central». Que aparezca así en su libro de

actas revela que, por los años 1984 y 1985 la poca institucionalidad estatal que pudo haber existido antes en las zonas rurales de Ayacucho se ha desvanecido.

Desde el inicio, mucho antes de que el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori promulgara el decreto legislativo 740 en noviembre de 1991, que faculta la entrega de armas a las rondas campesinas, mandos locales del Ejército Peruano y, sobre todo, de la Marina de Guerra, cuyos destacamentos cuentan con más autonomía, han aprovisionado a los campesinos con armamentos.

A través de las FFAA, el Estado permite y promueve el uso de la violencia por parte de la población civil para enfrentar a los grupos subversivos.

De esta manera, a mediados de los años ochenta, cada vez más campesinos se ven involucrados en la guerra. La noción de un campesinado atrapado entre dos fuegos se ajusta cada vez menos a la realidad. Ahora son actores de la guerra y la guerra campesina contra el Estado que había propagado el PCP-SL concluyó, en muchos casos, en enfrentamientos entre los mismos campesinos.

1984 es el año en el cual las rondas campesinas contrasubversivas ganan protagonismo en algunas zonas del departamento de Ayacucho, empezando en las comunidades de Chiquintirca y Anchihuay en el distrito de Anco, provincia La Mar. Las organizaciones se distinguen de acciones contrainsurgentes anteriores porque ya no se trata solamente de una reacción espontánea y defensiva, sino de una estrategia ofensiva que incluye la organización forzada de pueblos vecinos y patrullas de búsqueda para capturar subversivos. También alcanzan un importante nivel de institucionalidad y forman centrales con sus respectivas juntas directivas. Hasta fines de 1991, cuando el decreto legislativo 741 estandardiza la denominación de las rondas contrasubversivas como Comités de Autodefensa (CAD), los campesinos se refieren a estas organizaciones casi indiscriminadamente como montoneros, rondas campesinas o Defensa Civil. La diferencia en la designación no indica una diferencia en la actitud, sino que depende mucho de la región y del momento.

2.5.- Las DECAS del valle del río Apurímac

El valle del río Apurímac y Ene (VRAE) es una zona de colonización, donde migrantes de la sierra cultivan café, cacao, frutas y, desde comienzos de los años ochenta, en proporción cada vez mayor, coca. Hasta ahora es la zona más dinámica de Ayacucho, con un campesinado estrechamente vinculado al mercado.

Para el PCP-SL, el VRAE fue una zona de repliegue después de que el departamento de Ayacucho fuera declarado en estado de emergencia. Cuando, en 1983, entran al valle, logran cierto apoyo entre los campesinos sin o con pocas tierras, pero chocan casi de inmediato con el sector más dinámico de un campesinado que poco antes se había organizado en la Federación Campesina del valle del río Apurímac (FECVRA) para

optimizar la comercialización de sus productos y que no estaba de acuerdo con la economía de subsistencia que propuso el PCP-SL.

El mismo año 1983 ingresa la Infantería de Marina al VRAE y ensancha la ola de violencia iniciada por los subversivos.

Para no quedar pulverizados entre dos fuegos, los campesinos tienen que decidirse: «En esa zona ya nadie puede ser neutral. A todos los neutrales los mataron ya», dice el dirigente Hugo Huillca (1993: 45). Cuando los montoneros de la sierra ayacuchana, que se habían formado poco antes en Chiquintirca y Anchihuay, bajan a la selva para organizar la población contra el PCP-SL, encuentran a un campesinado dispuesto a aliarse con ellos.

Decididos a expulsar a los miembros del PCP-SL, los montoneros se habían organizado en una marcha hacia el valle, a la cual se unieron cientos de campesinos en el camino. Fueron dirigidos por un militar que, con el tiempo, se ha convertido en un personaje mítico en el VRAE: el mayor, algunos dicen capitán Vic, quien dirigió la caravana de los ronderos río arriba. La presencia de Vic demuestra que, si bien las primeras organizaciones podrían haber sido espontáneas, el crecimiento y la expansión de las milicias campesinas fue un proceso apoyado, y muchas veces dirigido, por los militares.

La llegada de los montoneros a Pichiwillca centro poblado a pocos kilómetros de Palmapampa en abril o mayo de 1984 marca un hito en la organización campesina. Es aquí donde se constituye formalmente la Defensa Civil Antisubversiva (DECAS) del valle del río Apurímac el 21 de junio de 1984 y, desde Pichiwillca, se inicia dirigida por Antonio Cárdenas, quien, a pesar de su juventud, después se convertiría en el líder indiscutido de la organización su expansión por todo el valle: «A muchísimos pueblos los hemos invitado para que se organicen», dice Cárdenas en una entrevista con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en octubre 2002. La manera como forzaron la formación de las DECAS, sin embargo, pone en duda el carácter voluntario de la organización: los que se negaron fueron obligados a la fuerza y varios testigos comentan que las DECAS también cometieron matanzas para imponer las rondas. El mismo Antonio Cárdenas niega tales acusaciones; aunque reconoce que «sí hubo [excesos] en otras partes fuera del valle y quizás en el valle mismo hubo pequeños excesos de algunos comandos». Las denuncias contra las DECAS y la mala fama que tienen en algunos sectores de la población se deben, según él, en primer lugar, a inculpaciones de «pro senderistas o ideólogos que tienen cierta tendencia al terrorismo [que] nos han acusado, nos han calumniado».

Esta argumentación se repite en muchas entrevistas con ronderos. Hasta la actualidad, se encuentran opiniones muy controvertidas en relación con las DECAS. Ellas mismas mantienen un discurso que les atribuye la contribución decisiva a la pacificación; en cambio, en entrevistas con pobladores que no estaban directamente involucrados con

la autodefensa, encontramos posiciones mucho más críticas y contrarias. Un testigo de San Francisco manifiesta que «ellos actuaron no como defensa civil sino como sanguinarios, o sea, no tenían prácticamente ley, ellos actuaban como querían».

A pesar de o debido a estos métodos, las DECAS fueron la primera milicia campesina que logró constituir una red de organizaciones que abarcaba toda una región, en este caso el valle del río Apurímac. Hacia mediados de 1985, el PCP-SL estaba en pleno retroceso y las FFAA y DECAS habían logrado el control del valle.

Aparte del apoyo de los militares (que en los años subsiguientes disminuiría debido al descontento con la política contrainsurgente de Alan García Pérez), un factor importante fue la alianza temporal de las DECAS con narcotraficantes que pagaron cupos. Estos ingresos no solamente les permitieron comprar armas mucho antes de que Alan García Pérez o Alberto Fujimori Fujimori les entregó escopetas; sino además formar grupos de ronderos dedicados a la lucha contrasubversiva a tiempo completo: los rentados.

Con algunas excepciones contadas, como el célebre comando Huayhuaco, quien estuvo preso por narcotráfico, todo indica que la alianza con los narcotraficantes sirvió exclusivamente para la autodefensa. En la actualidad, ninguno de los dirigentes ronderos muestra signos de prosperidad; al contrario, la guerra ha perjudicado severamente su economía. He aquí una diferencia substancial con los grupos de autodefensa en Colombia que se disputan el control de las zonas donde se produce drogas y muchas veces se han convertido en bandas de delincuentes o sirven como sicarios a los grandes finqueros. Las DECAS tenían la oportunidad, porque en su momento controlaban el valle; pero, al menos en este sentido, se han quedado con las manos limpias.

2.6.- Rondas contrasubversivas en Huamanga: Vinchos

A comienzos de los ochenta, la zona al suroeste de la ciudad de Huamanga, que comprende los distritos ayacuchanos de Vinchos y San José de Ticllas, así como Santo Tomás de Pata en Huancavelica, era considerada como zona roja. Desde fines de los setenta, el PCP-SL Luminoso tenía presencia en la región mediante una generación de militantes con preparación política, en su mayoría estudiantes universitarios, ajenos todavía a la saña que pocos años más tarde marcaría el accionar del grupo subversivo. A partir de 1984, los mismos campesinos que en un inicio simpatizaban con el PCP-SL empiezan a voltearse y formar sus primeras organizaciones contrasubversivas. La ruptura se debe a diferentes factores. Un primer descontento se produce cuando el partido restringe la movilidad de la población y ya no dejan salir a nadie de la comunidad ni entrar.

Este primer desacuerdo se acentúa dramáticamente cuando el PCP-SL, de acuerdo con la extensión de su lucha armada hacia otras regiones, retira la primera

generación de mandos y la reemplaza con jóvenes locales, sin formación política, que empiezan a mezclar la lucha por el nuevo poder con intereses personales o familiares. Su prepotencia provoca casi de inmediato el rechazo de la población y se agudizan los innumerables microconflictos intra e intercomunales, entre familias y hasta entre familiares, que siempre han existido en el mundo campesino andino y que dan una dinámica particular a esta guerra. Estas pugnas se fusionan con la lucha rmada del PCP-SL y obtienen una nueva dimensión, violenta y sanguinaria. La ola de violencia que se desenlaza a partir de 1983 no se deja entender sólo con la lógica del PCP-SL, sino que obliga a tomar en cuenta los conflictos locales preexistentes.

Poco después, se producen los primeros asesinatos de autoridades comunales y campesinos acomodados. Es la muerte la «política canibalista» (J. R., Chupacc) del PCP-SL que se convierte en el detonante para que se produzca lo que los campesinos de la zona llaman el levantamiento. Se organizan reuniones clandestinas entre dirigentes de los diferentes pueblos; muchos de los cuales hasta ese momento habían simpatizado o estaban comprometidos con el PCPSL se voltearon. La lucha comienza con armas rudimentarias: lanzas, palos, huaracas y uno que otro hechizo o tiracha.

Como en el VRAE, la formación de las rondas no siempre fue un acto voluntario. Ya antes del ingreso de los militares y la consiguiente presión que ellos ejercían sobre el campesinado para formar CDC, fueron los mismos ronderos quienes, una vez organizados, obligaron a las comunidades vecinas a hacer lo mismo. Los que se resistían fueron forzados impetuosamente; a veces, esto produjo muertos. Las iniciativas del campesinado de enfrentar a los miembros del PCP-SL son tomadas con mucho interés por los militares. En agosto 1984, se produce un mitin en la plaza de Vinchos con la asistencia de 8,000 campesinos, donde el entonces jefe político militar en Ayacucho, el general EP Adrián Huamán Centeno, concede explícitamente a los ronderos el derecho «a defenderse de los asesinos con las armas que tengan en la mano» (DESCO 1989: 109).

De esta manera, hacia fines de 1984 encontramos algunas zonas en Ayacucho aparte del VRAE y de Vinchos, se podrían mencionar los distritos de Ocros y de Acos Vinchos en Huamanga y la zona altoandina de Huanta donde el campesinado, organizado en sus rondas contrasubversivas, logra, en cierta medida, neutralizar al PCP-SL, que no tiene otra opción que reconocer el papel nefasto que las mesnadas significaron para ellos. Un cuaderno de un militante del PCP-SL anónimo, al parecer un profesor, quien hace, a puño y letra, un detallado análisis de las rondas, llega a las siguientes conclusiones:

En tan corto tiempo, estas bandas han desaparecido a miles de personas despoblando muchos distritos. En todos los caminos que controlan, hacen difícil el tránsito de personas desconocidas. Han aniquilado decenas de comités populares e igualmente a cientos de compañeros de masa. Debido a esto, se han perdido muchas

bases de apoyo y el 90 por ciento de nuestros combatientes ha desertado o caído en manos del enemigo. La fuerza local se ha debilitado; muchos de sus pelotones han entregado al enemigo sus responsables y se han pasado a las filas de las bandas paramilitares.

Eso fue escrito en 1985. Quede claro, entonces, que a mediados de los ochenta hay un nuevo, e imprevisto, actor en la guerra: el campesinado organizado contra la subversión.

2.7.- Fines de los ochenta: expansión de las rondas contrasubversivas

Varios factores contribuyen a que, entre los años 1986 y 1989, se produjera una relativa calma en Ayacucho. Por un lado, el PCP-SL disminuye significativamente el número de sus acciones en el departamento, debido a la decisión tomada en el IV Pleno de su Comité Central de expandir la guerra hacia toda la sierra del país y como consecuencia de la arremetida de las FFAA y de las rondas campesinas que habían afectado seriamente sus bases de apoyo. Por otro lado, en julio de 1985, se retira la Infantería de Marina y es reemplazada por el Ejército Peruano, que aplica una represión más selectiva y busca cierto acercamiento a la población. Además, el relevo de varios generales de alto nivel después de las matanzas de Accomarca y Pukayacu lleva a las FFAA a crear un vacío en la lucha contrainsurgente, en otras palabras, los militares se retiran a los cuarteles.

En 1988, el PCP-SL lanza una nueva ofensiva. Había realizado su primer congreso y llegado a la conclusión de que era el momento para dejar atrás la primera etapa de la guerra popular, la defensiva estratégica, y declarar el tránsito hacia una nueva y superior etapa: el equilibrio estratégico. Esta segunda etapa de la guerra tendría que contar con mayor participación del campesinado, por lo cual se incrementan las presiones sobre las comunidades campesinas y se desata una nueva ola de violencia. La reacción del campesinado, esta vez, es inmediata. Hacia fines de los ochenta, las rondas, que en los años posteriores a 1985 habían pasado por un proceso de lenta descomposición, comienzan a multiplicarse rápidamente por toda la región. Una fecha clave es el 13 de abril de 1988. Ese día, una columna de cuarenta integrantes del PCP-SL fuertemente armados y escoltada por cientos de campesinos de la fuerza local ataca Pichiwillca, la base principal de las DECAS en el VRAE. Con la ayuda de los ronderos de Anchihuay, que al recibir la noticia inmediatamente salen en defensa de Pichiwillca, y un destacamento de la Marina de Guerra, el ataque es rechazado después de una tenaz batalla que deja un saldo de más de una decena de subversivos muertos (del Pino 1996: 150). Después del enfrentamiento, se inicia una nueva contraofensiva de las rondas, que se reorganizan, intensifican las patrullas de búsqueda, y, en dos años de patrullajes y enfrentamientos con las huestes del PCP-SL, recuperan el control del valle.

Esta vez, sin embargo, las DECAS no se limitan a controlar el valle, sino que extienden su accionar a la sierra. El 9 de agosto 1989, un grupo de 200 ronderos parte de Santa Rosa hacia Tambo, en una acción llamada operación Halcón (Fumerton 2002). El motivo de esta operación es reorganizar las rondas en los distritos serranos de la provincia La Mar, cuyas autoridades, ante el avance del PCP-SL, que encuentra poca resistencia en los CDC, habían mandado una solicitud pidiendo apoyo a la central de Pichiwillca, que no sólo acude al pedido y envía un grupo de comandos especiales por el lapso de un año a Tambo, sino que además asume los costos para su manutención. Son ronderos rentados, es decir, con sueldo y dedicados exclusivamente a la lucha contra el PCP-SL.

La iniciativa de las DECAS genera una fuerte polémica entre políticos, militares e intelectuales en Lima. Sectores conservadores, entre ellos el entonces candidato a la presidencia Mario Vargas Llosa, e incluso algunos sectores militares proponen que el Estado debe armar a las rondas contrasubversivas e involucrarlas oficialmente en la lucha contrainsurgente. Esta propuesta encuentra su portavoz en el diario Expreso, que el 25 de marzo de 1989 publica una amplia entrevista al comando Huayhuaco de Pichiwillca. En la entrevista, Huayhuaco sostiene que «combatir a la subversión, señores, es sumamente fácil [...]. Si el gobierno me diera, fiscalizándome con un grupo de oficiales conscientes, nada más unos cien fusiles, cien FAL, hasta noviembre o diciembre, devuelvo la paz al departamento de Ayacucho».

La crítica a esta posición viene, sobre todo, desde la izquierda, que teme una senderización de la sociedad. Pero también entre los militares se encuentran opiniones contrarias; en una entrevista con La República, el general EP Howard Rodríguez, jefe político militar de Ayacucho, afirma que:

[...] estaríamos promoviendo la creación de un ejército paralelo al nuestro. Provocaríamos una enorme contradicción: por un lado, el Estado con sus propios mecanismos de defensa, es decir, las fuerzas del orden, y, por otro lado, las rondas civiles con armas de guerra, un estamento paralelo que no está contemplado en la Constitución [Política]. Las consecuencias de aceptar este pedido serían imprevisibles. Aceptarlo sería reconocer la incapacidad del Estado para defenderse a través de los mecanismos que establece la Constitución.

Es en medio de esta polémica que se producen las primeras entregas de armas a los ronderos por el entonces presidente Alan García Pérez, quien visita el VRAE y, en Rinconada, tierra de Huayhuaco, entrega personalmente un centenar de escopetas a las DECAS. Éste es todavía un acto aislado que no pasa de lo simbólico, pero coincide plenamente con la decisión de amplios sectores del campesinado de luchar contra el PCP-SL. Es el caso en el valle de Huanta, por ejemplo, que antes se había resistido a las pretensiones de la Marina de Guerra de formar CDC y que ahora, ante la nueva ola de

violencia desatada por el PCP-SL, se organiza masivamente bajo el mandato del Ejército.

En todo este proceso, está presente la coerción de los militares y de las mismas DECAS, que incluyen castigos físicos y asesinatos. Sin embargo, la represión de la Marina de Guerra en años anteriores había sido mucho más cruenta y no daba resultados. Esta vez, la proliferación de las rondas no se debe solamente a la imposición militar, sino que expresa también la decisión del campesinado.

A fines de 1989, prácticamente todas las provincias norteñas de Ayacucho (Huanta, Huamanga y La Mar) están organizadas en rondas campesinas contrasubversivas, mientras que los pueblos de las provincias del centro sur (Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcashuamán, esta última creada en 1984) se muestran más reacios y se organizan recién en los años noventa ante la presión de los militares.

En principio, la organización de las rondas sigue los pasos a los miembros del PCP-SL, quienes, hacia fines de la década de 1980, intensifican su desplazamiento hacia el departamento de Junín, tanto por el valle del Mantaro como por el corredor natural del río Apurímac-Ene. Después de algunos años de dominio del PCP-SL, también los campesinos y nativos en el departamento de Junín se levantan y forman sus comités contrasubversivos, con lo cual ganan mayor protagonismo en el Alto y Bajo Tulumayo y en la selva central.

2.8.- Junín: las rondas del Tulumayo

La cuenca del Tulumayo comprende los distritos de Comas, Cochas y Mariscal Castilla en la provincia de Concepción. Es una zona productora de papa, con una larga tradición de organización comunal y muy articulada al mercado local y regional.

El primer ataque del PCP-SL en el Tulumayo se produce a mediados de 1987 cuando una columna maoísta arremete contra el puesto policial de Comas. Tras este atentado, la Policía Nacional abandona la región y el PCP-SL comienza a construir su poder, derrocando todo lo que representa al viejo Estado. Durante los dos años de su presencia, entre 1987 y 1989, organiza a las comunidades campesinas en comités populares y nombra a comuneros jóvenes y a algunas ex autoridades comunales como sus comisarios. El mando militar se encarga del entrenamiento de la población y les enseña tácticas de ataque, emboscadas, camuflaje y el manejo de explosivos. Con el apoyo de la fuerza local de las comunidades del Tulumayo, los subversivos realizan acciones de propaganda, destrucción de infraestructura pública y privada, bloqueo de carreteras y ajusticiamientos de personas consideradas contrarias a su causa.

Mientras el PCP-SL permite la interacción económica de las comunidades con el valle del Mantaro, la población soporta el nuevo orden impuesto. Es recién hacia finales de

1989 que surgen las primeras desavenencias, cuando los mandos del PCP-SL prohíben a los comuneros salir de la comunidad y llevar sus productos al mercado. En palabras de Elmer Orihuela, dirigente rondero del Tulumayo y actual alcalde de Cochas, el PCP-SL «comete un error, trancaron y empezaron a bloquear la carretera, desde Sacsacancha hasta acá». Quieren imponer una economía de subsistencia y permiten a los comuneros sembrar sólo lo suficiente para su propio consumo y la alimentación de las columnas maoístas; además, suprimen todo tipo de actividad comercial. Como consecuencia, aumentan el hambre y la desesperación entre la población hasta que, en diciembre de 1989, la situación se hace insostenible.

A mediados de ese mes se reúnen algunos pobladores en la comunidad de Talhuis con la intención de organizarse, de alguna manera, contra los subversivos. La fuerza principal del PCP-SL los ubica y los asesina, pero otros pobladores toman su lugar y dan forma a la primera organización para la autodefensa en el Tulumayo.

En los primeros días de enero de 1990, una comisión se dirige a la base militar de Concepción a pedir apoyo, pero el Ejército Peruano desconfía y les niega cualquier ayuda. Sin embargo, una vez tomada la decisión de enfrentar al PCP-SL, ya no hay marcha atrás. Los dirigentes instalan inmediatamente un sistema de vigilancia, tal como lo habían aprendido de los mismos integrantes del PCP-SL. La instrucción militar recibida de los mandos militares del PCPSL durante casi dos años ahora les ayuda mucho en la lucha contra los subversivos. Algunos mandos de la fuerza local se unen a la sublevación y a los pocos días se produce el primer enfrentamiento con una columna de la fuerza principal, donde mueren ocho comuneros (Guerrero 2002).

La noticia de la organización de los comuneros de Talhuis se difundió rápidamente y otras comunidades empiezan a organizarse en lo que llaman rondas campesinas. Su acción es rápida y cruel: en marzo de 1990, emboscan una columna del PCP-SL en un paraje cercano a Cochas; los nueve subversivos muertos en la operación son decapitados y sus cabezas son llevadas al cuartel en Huancayo para convencer a los militares de la decisión de combatir la subversión. Esta prueba contundente hizo que el Ejército Peruano disminuyera su desconfianza y, con el tiempo, se establezciera una estrecha coordinación entre militares y ronderos.

Desde entonces, las rondas campesinas recorren el Tulumayo en cumplimiento de un cronograma elaborado de manera conjunta con el Ejército Peruano. En marzo 1990, se reúnen delegados de todas las comunidades de la región en una asamblea general y se forma el Comité Central de las Rondas Campesinas del Alto y Bajo Tulumayo. En menos de tres meses, se organizan rondas contrasubversivas en las 48 comunidades del valle bajo la presión de los militares y del Comité de Rondas que repartió un ultimátum a todos los pueblos de organizarse y obligan al PCP-SL a retirarse definitivamente de la zona. Las patrullas de las rondas continúan hasta 1998 pese a

que los militares se retiran en 1994, año en que se levanta el estado de emergencia en Junín y el Ejército Peruano ordena el cese de las patrullajes.

Con el correr de los años, las rondas campesinas del Tulumayo han ampliado significativamente sus funciones: siguen velando por la seguridad de las comunidades, pero además han asumido nuevas tareas, como la dirección del trabajo comunal y la gestión de proyectos de desarrollo comunal, de protección ambiental y de administración de justicia. Cuentan con la legitimidad para convocar a las autoridades municipales y reclamar junto a ellas ante el Estado una mayor atención para la región (Guerrero 2002). En noviembre del 2002, su dirigente Elmer Orihuela fue elegido alcalde distrital de Cochas.

2.9.- Rondas de colonos y rondas nativas en la selva central

La selva central es el territorio tradicional de los asháninkas y nomatsiguengas, pero a la vez es una de las zonas más colonizadas, lo que ha generado graves conflictos entre nativos y colonos por el acceso a los recursos.

Los primeros rumores sobre la presencia del PCP-SL en la región se escuchan desde 1982.

Son colonos ayacuchanos, quienes entran a las comunidades para hablarles de su política.

Inicialmente, se trata de apariciones esporádicas, pero con el tiempo el PCP-SL logra atraer a parte de los colonos y de la población nativa. Con la ayuda de maestros, promotores de salud y líderes comunales, que sirven como bisagra, consigue establecer bases de apoyo en los ríos Ene y Tambo y a lo largo de la carretera marginal y comienza a instaurar el llamado nuevo Estado desde 1988. En 1990, ya tiene el control de la región; empiezan los tiempos del enrolamiento de los nativos para formar la llamada masa cautiva y de las primeras fugas de la población hacia el interior de la selva y hacia las bases militares o comunidades más seguras.

Pero es el MRTA, que a fines de los ochenta controla la zona de Oxapampa y Ciudad Constitución en el departamento de Pasco, quien sufre la primera respuesta violenta de los asháninkas. Como reacción al asesinato de su líder Alejandro Calderón, en diciembre 1989, se organiza el ejército asháninka (ovayeriite en su idioma) que, en menos de tres meses, logra expulsar a la subversión de la región. Las acciones armadas del ovayeriite, sin embargo, fueron dirigidas no solamente contra el MRTA, sino también contra los colonos y dejaron varios muertos en el camino.

A partir de 1990, se constituyen rondas de colonos y rondas nativas en el río Perené, en Satipo y en Pangoa, muchas por coacción de los sinchis y del Ejército Peruano. El capitán EP Carlos Méndez, de la base contrasubversiva Natalio Sánchez, coordina acciones conjuntas y patrullas con los ronderos y presiona la formación de más

comités en aquellas zonas donde todavía no se habían organizado. En la ciudad de Satipo, el Ejército Peruano organiza compulsivamente las rondas urbanas. Al mismo tiempo, algunas organizaciones nativas presentes en la zona, como la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) y la Federación de Comunidades Nativas Campa (FECONACA) promueven la formación de rondas nativas.

El mismo año 1990 se producen enfrentamientos no sólo entre ronderos y subversivos, sino también entre nativos y colonos y entre los mismos nativos organizados unos en la CECONSEC y otros en la FECONACA. El 4 de junio, siete asháninkas mueren en una pugna entre ronderos de ambas organizaciones (Benavides 1992: 548). Por otro lado, muchas de las acciones de las rondas nativas se dirigen contra los colonos, que se ven obligados a desplazarse.

Entre 1990 y 1991, también los asháninkas de los ríos Ene y Tambo se organizan para su defensa contra el PCP-SL. Mientras que en el Ene son los militares, acantonados desde 1991 en Cutivireni y valle Esmeralda, quienes impulsan la organización, son los mismos nativos lo que deciden organizarse en el BajoTambo siguiendo el modelo tradicional de los ejércitos asháninkas. En julio de 1990, en la comunidad nativa de Mayapo, se realiza el VI Congreso de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), cuyo presidente, Pablo Santoma, trata de organizar la resistencia contra el PCP-SL. Al finalizar el congreso, una columna del PCP-SL, integrada por colonos y nativos, secuestra y asesina a Pablo Santoma; a Oscar Chimanca, presidente del Consejo Nomatsiguenga de Pangoa; y a Dante Martínez, secretario de defensa de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

El asesinato de estos líderes es determinante para la formación de las rondas nativas o el ejército asháninka como lo denominan en la comunidad de Poyeni, que ocupa un lugar estratégico en la zona y es quizás el caso más emblemático que les recuerda su pasado guerrero a los asháninkas. El ejército asháninka patrulla desde Poyeni hasta Anapati, al comienzo solo y, desde 1991, junto con la Marina de Guerra, y se producen varios enfrentamientos con la fuerza principal del PCP-SL.

El año 1991 constituye el punto de quiebre en la ofensiva del PCP-SL en la región. A partir de este año, las FFAA y las rondas inician una contraofensiva que golpea duramente a los subversivos. Las rondas nativas se proyectan a defender su territorio y a recuperar a sus familiares secuestrados por el PCP-SL. También los sinchis, el Ejército Peruano y la Marina de Guerra realizan operativos, muchas veces en coordinación con las rondas. Ronderos y militares realizan patrullajes mixtos que duran hasta treinta días: un helicóptero los deja en un sitio y ellos se internaban en la selva durante 15 días y tienen otros 15 días para regresar (Espinosa 1995). En otras ocasiones, las rondas realizan patrullajes por su cuenta, previa coordinación con el Ejército Peruano.

Como consecuencia de los arrasamientos senderistas y de los ataques de las patrullas mixtas, desaparecen, hasta su parcial repoblamiento entre 1994 y 1996, las 14 comunidades nativas del alto Tambo y las treinta comunidades nativas del río Ene. Los integrantes del PCP-SL hacen creer a los asháninkas cautivos que serán cruelmente torturados en caso de caer en manos de los ronderos o de los militares. Por ello, el temor de que las patrullas del ejército asháninka llegaran hasta sus comunidades provoca que muchos nativos organizados en comités de apoyo huyan aterrorizados hacia zonas más aisladas de la selva, pero luego el PCP-SL los reagrupa implementando un orden estricto de control sobre la masa cautiva asháninka. La vigilancia constante por parte de los nativos del PCP-SL, los castigos ante cualquier señal de individualismo, hasta de signos de tristeza, mantienen a esta población sometida a un estado de servidumbre y condiciones infrahumanas de vida. Entre los años 1992 y 1994, militares y ronderos intensifican los patrullajes y logran recuperar muchas comunidades de las manos del PCP-SL. Finalmente, hacia 1995, las bases del PCP-SL están desarticuladas en la mayor parte de la selva central, aunque hasta la actualidad todavía hay presencia subversiva en algunas zonas de los ríos Ene y Tambo.

2.10.- Rondas y derrota estratégica del PCP-SL

El éxito de las rondas contrasubversivas en su lucha contra el PCP-SL, primero en Ayacucho y después en Junín, promueve su extensión hacia otros departamentos con fuerte presencia de grupos sediciosos. En San Martín, la primera ronda se formó en 1989 en Shapaja, a raíz del asesinato de un profesor muy querido en el pueblo, perpetrado por el MRTA. Desde entonces, han surgido muchas otras en toda la región. A comienzos de los años noventa, también muchas comunidades en la sierra del departamento de Huánuco se organizaron en varios CAD para enfrentar el terror generado por el PCP-SL.

En suma, con el correr de los años, las rondas contrasubversivas se han convertido en temibles oponentes del PCP-SL. Hacia los primeros años de los noventa, el PCP-SL había sido eliminado o desplazado de las principales zonas de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco y Huánuco. Los que «sacaron al pez del agua» e iniciaron su primera derrota estratégica fueron paradójicamente los mismos campesinos que, de acuerdo con el libreto maoísta, en un inicio fueron considerados como los principales aliados. La guerra campesina se había vuelto contra ellos.

En retrospectiva, los campesinos no fueron ni la materia manipulable que esperaba el PCPSL ni la masa sumisa que imaginaban las FFAA. La derrota del PCP-SL se inicia cuando los campesinos pierden el temor a las acciones del PCP-SL, que por varios años los había paralizado, y, al lado de los militares, se convierten en actores de la guerra.

2.11.- Una vida en la guerra

Con las rondas contrasubversivas se impone una lógica militar en los pueblos. La vida es organizada en función de la guerra; cualquier trasgresión de las reglas, que en medio del conflicto tiene mayor trascendencia, es drásticamente castigada. Tiene mayor sanción quedarse dormido o no hacer la guardia que violar a una mujer. Se rompe la tradición del acuerdo, que siempre fue un aspecto importante para resolver conflictos en las comunidades andinas y la reconciliación es reemplazada por el castigo físico:

Bueno, ese tiempo no había un buen arreglo, porque ese tiempo todo era castigo. Ese tiempo no había ningún juez, sólo los comandos hacían respetar las leyes, también había un teniente, sólo ellos castigaban al que se comportaba mal en la comunidad, lo golpeaban con la culata del arma. Teniente y comando eran los únicos que había en la comunidad, no había ni presidente; por lo tanto, no había ningún tipo de arreglo, sino castigo. (D. C., Chaca)

Era una vida sacrificada. Los campesinos tenían que abandonar sus chacras y someterse a una vida militarizada, con ejercicios, entrenamientos y caminatas de varios días, solos o al lado de los soldados. Vivir entre murallas que cercaron sus pueblos, hacer vigilancia todos los días en sus torreones, controlar la entrada y salida con pase, realizar la formación diaria e izar la bandera implican la incorporación de un orden militar, con sus códigos específicos y alteraciones de los ritmos de vida, a la cotidianeidad, de tal manera que, en algunos casos, hasta hoy les cuesta recuperar el orden anterior:

Ya no trabajábamos en la chacra porque todo era resguardo, salir de un sitio a otro sitio, rebuscar nuestra jurisdicción, porque esta zona de Quimbiri nos correspondía a nosotros.

Eso es lo que fue la orden de los militares, por si de repente en algún lugar habría un escondite de los senderistas. Teníamos que reforzar toda esta zona de la margen derecha porque de allá era la entrada. La margen izquierda es cordillera, no hay carretera; por lo tanto, no hay tránsito, sólo la entrada es por el lado de Ayacucho. Todo eso hemos estudiado minuciosamente previo ayuda de un comando que eran ex militares, fueron ellos quienes dirigían. Éramos ya netamente soldados. (E. H., Quimbiri)

En esta situación, la comunidad misma, en su totalidad, se convierte en un CAD y la estructura social se altera. Los que asumen el liderazgo son jóvenes ronderos, muchos de ellos licenciados del Ejército Peruano y, en algunos casos, pagados por la comunidad para dedicarse, a tiempo completo, a las tareas de defensa (los llamados tigres), quienes desplazan a toda una generación de autoridades mayores.

Estos jóvenes representan al personaje emblemático de las rondas en Ayacucho: el comando. Son elegidos por sus comunidades de acuerdo a sus cualidades belicosas:

«al más valiente, al que tenía más mando, a él le nombrábamos nosotros» (grupo focal con autoridades en Chaca). Con nombres de guerra como Tigre, Lobo, Bestia, Drácula y, basándose en sus relaciones con las FFAA, cuyos hábitos se reproducen en sus organizaciones, desplazan la meritocracia de las comunidades andinas y, a veces, se libran del control social en sus pueblos. Aunque parece que, en zonas con una larga tradición de organización en comunidades como las alturas de Huanta, la relación inicialmente conflictiva con la población fue cada vez más asimilada a la organización comunal, también hay casos extremos donde los comandos se han convertido en una manera de warlords, pequeños señores de la guerra que compitieron entre ellos. «Eran como dioses», dice un testigo en el VRAE, «ellos actuaron como reyes ya, prácticamente ellos, con el nombramiento que han obtenido, ya eran rey ya, a una persona que no le computaba ya le decían, ya, a la tortura. Huayhuaco era como rey; Opa, otro rey [...]».

Su relación con los militares es compleja. Obviamente, es una relación vertical, con una subordinación fáctica de los ronderos a las FFAA, que se expresa en la coacción para organizarse, en el control de las armas, en la obligación de reportarse cada cierto tiempo en el cuartel y en el acatamiento de órdenes para salir a patrullajes donde los campesinos muchas veces son utilizados como escudo, pues «nos ponían delante de ellos, a nosotros nos metían primero y ellos atrás venían, y con nosotros chocaban ellos [los militantes del PCP-SL]. Es verdad que nosotros les servíamos de protección» (G. T., Paqcha). Sin embargo, la crítica que se les hace a menudo de haber sido carne de cañón la sienten como una forma de menosprecio a su labor por la pacificación: «Cuando nosotros salíamos de patrulla, salíamos en patrulla mixta, ¿no?, el Ejército y la ronda. Entonces, quiere decir que un conocedor que conoce la zona, como nosotros que somos de acá , tenemos que encabezar, ¿no?» (A. Ch., Satipo).

Por otro lado, la vinculación con el Ejército Peruano les da también cierta satisfacción a los ronderos; es una forma de integración a la sociedad nacional y una forma de no sentirse marginados y excluidos. Además, la verticalidad no descarta el tutelaje. Cuando se acumulan denuncias por violaciones de los derechos humanos contra los comandos en Ayacucho, son los militares quienes los defienden con su asesor legal. Eso quiere decir que, en pleno estado de emergencia, las FFAA tenían que lidiar con fuerzas civiles que trataron de mantener o recuperar un mínimo de estado de derecho, entre ellas las ONG como Aprodeh y promotores evangélicos, y no podían evitar el temporal encarcelamiento de los ronderos. A comienzos de los noventa, muchos destacados dirigentes de los CAD estaban presos en la cárcel de Huamanga, aunque la mayoría salió después de pocos meses con la ayuda de los militares, del diputado aprista Alberto Valencia y del obispo de Ayacucho, Juan Luis Cipriani Thorne.

Otros, como el comando Gavilán, de Acos Vinchos, fueron amnistiados con la ley 26479 (Ley de Amnistía).

La identidad del guerrero contrasubversivo que los comandos construyen durante el conflicto no sólo les traerá problemas en la época de posguerra volveremos sobre eso más adelante sino que margina a las mujeres en la construcción de la historia oficial de la guerra contrainsurgente que enfatiza el heroísmo masculino.

Preguntados sobre el papel de la mujer en las rondas, los ronderos lo califican como «muy importante», pero las funciones que, según su memoria, se les asignaron eran secundarias. Las mujeres sólo vigilaban, pasteaban sus animales en sitios estratégicos y, cuando se acercaba algún desconocido, avisaban a la población con señales antes acordadas, que puede ser un choqe (es decir, un chasquido del látigo), cantando un qarawi o disparando un arma.

La historia real, sin embargo, parece ser algo diferente. Al menos en la sierra ayacuchana y de Junín, las viudas y las mujeres solteras, por lo general, estaban obligadas a participar en las rondas y, a veces, acompañaban a las patrullas a sitios no muy lejanos. En caso de ataques del PCPSL, también intervenían en los enfrentamientos. Algunas recibieron entrenamiento en el manejo de armas, sea por los mismos ronderos o por los militares:

[A los varones] les ayudábamos a patrullar, los que eran niños y los ancianos se escondían; al igual que los hombres, nosotras las mujeres nos defendíamos. Tú misma tenías que andar, pues, cuando te mandaban y, si eras sola, tenías que hacer igual que hombre, pues, así nos defendíamos. De los que tenían esposos, ellos iban a pelear y, de los que no teníamos esposos o éramos solas, teníamos que quedarnos a pelear nosotras mismas. En esa fecha, no había armas ni nada, sólo con huaraca, con piedras nos defendíamos. Ya después ya hemos comprado armas también y con eso nos hemos defendido. (E. Q., Chupacc)

Eso significa que «no solamente los varones estaban jugando con estas múltiples identidades masculinas, sino [que] las mujeres igualmente se inscribían dentro de este escenario.

Bajo las exigencias de la violencia y la ausencia de sus seres queridos, las viudas y madres solteras fueron empujadas a redefinir sus roles y a asumir labores de autodefensa» (del Pino y Theidon 1999: 25). Las mujeres también se hicieron macho, tanto en la vigilancia como en el arreglo de conflictos cotidianos intracomunales. En algunos casos, llegan a ser comandos de los CAD, como Tarcila Rojas Llacctahuamán de Ticllas, conocida como la comanda Tarcila. Sin embargo, son casos excepcionales que se dan recién en los años noventa, debido no sólo a la ausencia de varones sino también «a la redefinición de la estrategia del Ejército, al desarrollarse una mayor apertura hacia la sociedad civil local, integrando a los «lugareños» en sus propias bases» (del Pino y Theidon 1999: 26). Tarcila Rojas había vivido varios años en Huamanga como desplazada y, después de retornar a su pueblo, asumió el cargo en

mayo de 1993, cuando los militares capacitaron a treinta mujeres de su pueblo solteras y viudas en el manejo de armas y les entregaron tres escopetas para que salgan junto a los varones en patrullas. No obstante, ya no hubo enfrentamientos con columnas del PCP-SL en Ticllas en esta época.

La intervención directa en la guerra y en las rondas, el hacerse macho, evidentemente es sólo un aspecto de la participación de las mujeres en la guerra. En realidad, es una carga adicional a sus tareas tradicionales relacionadas con la reproducción y el cuidado de los hijos. Pero, en la construcción de la memoria, domina el personaje del guerrero masculino que margina lo femenino y lo equipara con lo débil y la presencia activa de las mujeres en la guerra queda en la sombra de la historia oficial. El revés de esta situación lo constituye la imagen de la mujer como víctima de abuso sexual. Los equipos móviles de la CVR han recogido relativamente pocos testimonios sobre violaciones; es un tema tabú que las mujeres tratan de evitar. Hay mucho más referencias indirectas sobre hijos sin padre, resultado de violaciones, aunque los declarantes dicen que principalmente han sido los militares quienes las han cometido. En cambio, hay poca información sobre violaciones perpetradas por ronderos.

2.12.- Excesos

No obstante los méritos que indudablemente tienen para el restablecimiento de la paz, no puede haber dudas de que las rondas contrasubversivas han contribuido a la espiral de la violencia más allá de lo que, en un contexto de guerra, se podría considerar inevitable. Las violaciones de los derechos humanos por parte de los ronderos, sin embargo, son un tema escasamente tratado en las publicaciones sobre el tema.

Aunque la formación de las rondas responde principalmente a un clamor de la población que ya no aguantaba más los abusos del PCP-SL, muchas veces es también un proceso impuesto, fuese por las fuerzas del orden o por los mismos ronderos de pueblos vecinos. Las comunidades que fueron obligadas a organizarse por la Marina de Guerra muchas veces no tenían otra opción que formar sus CDC para no arriesgarse a ser acusadas de estar en combinación con el PCP-SL.

Pero también aprovecharon su vinculación con los militares para arrasar a comunidades vecinas, de manera que se incrementaron así antiguos conflictos entre comunidades a una escala en la que la vida humana no valía nada.

Los ronderos de Acos Vinchos, en el distrito de Huamanga, incursionaron permanentemente en los anexos de la comunidad vecina de Quinua hasta que ésta también organizó sus CAD contra las rondas que los agredían (del Pino 1992: 507). En Vinchos, a su vez, se produce todo un enredo entre guerra popular, lucha contrainsurgente, ajuste de cuentas, abigeato y robos comunes. La CVR ha recogido varios testimonios sobre ronderos que, con los rostros cubiertos con pasamontañas,

ingresaron a una comunidad para organizarla y se llevaron el ganado y otros enseres de la población; también se produjeron muertos debido a los maltratos.

Hemos mencionado denuncias sobre abusos cometidos por las DECAS en el valle del río Apurímac. Se presume también que los ronderos del Tulumayo cometieron violaciones de los derechos humanos durante sus patrullajes e incursiones a poblados alejados en coordinación con los militares. En 1991, emprendieron un rebusque en la zona de ceja de selva de Junín y secuestraron a siete u ocho personas que fueron desaparecidas. El 11 de septiembre 1993, un grupo de ronderos asháninkas entró al anexo Delta de Pichanaki, dio muerte a diez colonos y dejó heridos a otros dos por no querer organizarse en rondas contrasubversivas.

Muchos televidentes recordarán todavía el testimonio de Graciela Juscamaita en la Audiencia Pública de la CVR en Huancayo sobre el asesinato, cometido por los ronderos de Andamarca, de su hermana Irma y sus cinco hijos menores.

En el ámbito ayacuchano, la peor reputación la poseen los CAD de Quinua y de Ocros. A los dirigentes de Quinua, se les imputa nada menos que 26 homicidios; los ronderos de Ocros, bajo la dirección del comando Lagarto, no solamente han desarrollado toda una estrategia agresiva para arrasar comunidades vecinas, sino que además actuaron con impunidad y bajo protección de los militares.

La organización de las rondas, entonces, es un proceso difícil y doloroso, con avances y retrocesos, plagado de violaciones de los derechos humanos y embrollado con pequeños conflictos locales. Existen dirigentes de los CAD que reconocen lo que ellos llaman excesos, término que implica que se trata de hechos excepcionales, irregulares; pero, a la vez, aluden a que la guerra que es así y señalan su desconocimiento sobre temas de derechos humanos, tema que recién en estos últimos años ha copado la agenda de las ONG activas en la zona y, en cierta medida, del mismo Estado.

Las violaciones de los derechos humanos, sin duda, representan el lado más oscuro de las rondas contrasubversivas y hay que tener mucho cuidado con generalizaciones. El otro ángulo del problema lo constituyen el caso de miles de campesinos que han defendido sus vidas y sus pertenencias y fueron heridos y muertos en emboscadas del PCP-SL asumiendo una función que, por definición, debería desempeñar el Estado. También hay que dejar claro que no todas las rondas contrasubversivas han mostrado una conducta agresiva y expansiva como la observada en el valle del río Apurímac, de Ocros o del Tulumayo. Muchas, quizás la mayoría, nunca han salido de la jurisdicción de su comunidad, se han limitado a aspectos netamente defensivos y se han disuelto sigilosamente una vez pasada la guerra.

2.13.- Los CAD después de la guerra

A fines de 1991, las rondas contrasubversivas reciben un impulso de gran impacto con la promulgación del decreto legislativo 741, que las reconoce legalmente como organizaciones de la población surgidas «libre y espontáneamente», aunque en muchos casos fueron impuestas por las FFAA, y uniformiza su denominación como CAD. Hasta ese momento, el apoyo del Estado a las rondas fue, más bien, tibio y, a veces, contradictorio: las FFAA las impulsaron y el Poder Judicial encarcelaba a sus dirigentes. Fue Alberto Fujimori Fujimori quien estaba convencido de que los movimientos campesinos contrasubversivos merecía mayor atención y legalizó la participación del campesinado en la lucha. Para sus críticos, fue un paso más hacia la militarización de la sociedad.

Los mismos ronderos, sin embargo, lo consideran un paso indispensable para su consolidación y, por lo tanto, para la pacificación del país.

El decreto legislativo 741 fue presentado por el Poder Ejecutivo, al que el Parlamento de entonces había concedido facultades legislativas, dentro del paquete de decretos relacionados con la lucha contrainsurgente. Se planteaba que su función era luchar por la autodefensa de la comunidad, evitar la infiltración del terrorismo, defenderse de los ataques de éstos y apoyar a las FFAA y a la Policía Nacional en las tareas de la pacificación. En su artículo 3, se señala que su funcionamiento se encuentra enmarcado geográficamente bajo el control de los comandos militares respectivos. Según la versión proporcionada a la CVR por el Comando Conjunto de las FFAA, existirían actualmente en el país alrededor de 8,000 CAD reconocidos legalmente con aproximadamente 500,000 integrantes. Si eso es así, los CAD se habrían duplicado desde el año 1993 (véase del Pino 1996: 181) en un período cuando el PCP-SL ya estaba en pleno retroceso. Sin embargo, el listado que el ministerio de Defensa ha entregado a la CVR incluye también a muchas rondas campesinas norteñas de Cajamarca y Piura que surgieron a comienzos de los ochenta principalmente como mecanismo de defensa contra el abigeato y que, por lo general, no están armadas. Por lo tanto, es difícil establecer siquiera una aproximación sobre el número actual de CAD.

Inversamente al aumento en números oficiales, las actividades de los CAD han bajado considerablemente. Ya no salen a ejecutar patrullajes de búsqueda ni hacen vigilancias en sus torreones. La vida ha vuelto a una normalidad un tanto engañosa. Engañosa porque las secuelas de la guerra están siempre presentes: «Ya no es como antes, todo ha cambiado», dice la esposa del comando Sombra en Pichari. Su marido, dice, en cuyo cuerpo se hallan todavía cascos de granada de una emboscada del PCP-SL que lo dejó casi ciego, «ha cambiado bastante, ya no es el de antes, antes era más tranquilo. Desde que lideró, volvió de otra forma. Ha quedado como traumado».

Obviamente, Sombra no es el único rondero que sufre secuelas de la violencia. El comando Espartaco, de Vinchos, describe los problemas que se han dado en las familias de los ronderos:

Por ejemplo, hay muchos ronderos enfermos hasta ahora, ¿no?, de repente traumados se han quedado, hasta locos. No viven una vida normal, de repente paran peleando con sus esposas, muchos de los comandos han roto su hogar. Entonces, a veces, yo ya no quería ni recordarme, porque la gente ha vivido una realidad pero cruda, eh, y yo me sentía culpable, porque yo había tomado esa iniciativa el 88 a reorganizarnos y había gente que sufría. Peor cuando sufríamos bajas, cuando morían los ronderos, y a mí me venían las viudas:

«Espartaco, tú eres el que lo has llevado a esto a mi esposo, tú eres el que ha organizado, tú tienes que responsabilizarte de nosotros».

Pero aun así no quieren dejar sus funciones defensivas; no quieren dejar las armas.

Incluso en zonas donde no se ha notado ni la sombra de la presencia del PCP-SL por varios años, la opinión mayoritaria refiere que todavía no es el momento para entregar las armas y algunos se ponen beligerantes cuando se toca el tema: «Si es que recogen armas, nosotros estaremos llenando la Plaza de Armas o Palacio de Gobierno, ya no en Ayacucho, sino en cuatro o cinco departamentos» (R. A., Vinchos).

Puede ser que eso se deba al miedo que está presente todavía y el más mínimo rumor sobre supuestos movimientos de una columna subversiva causa nerviosismo. Un tema recurrente en todas las entrevistas es la potencial amenaza del PCP-SL que, en la mayoría de los casos, ya no se justifica, pero siempre es mencionada para insistir en la continuidad de las rondas.

Las memorias de la guerra hacen que, para la población afectada, la paz signifique, en primer lugar, seguridad, es decir, la confianza en que el horror no se va a repetir. En las comunidades del Huanta, del VRAE y de la selva central, la presencia del PCP-SL, por muy golpeado que haya sido, es percibida todavía como una amenaza real. El retiro del Ejército Peruano de las zonas limítrofes con Viscatán, último refugio del PCP-SL en la región, por lo tanto, es visto con preocupación y la población se siente desprotegida por el Estado. Siguen demandando el retorno de las bases militares y la entrega de mejores armas para sus rondas.

Pero es cierto también que el arma se ha convertido en parte de su identidad: «algunos dicen quitarnos los armamentos sería como quitarnos nuestro documento de identidad, así dicen, ¿no?» (G. F., Vinchos). Muchos comandos han asumido el rol de guerrero, que ha dominado su vida por muchos años, al punto que ya no se imaginan una vida distinta. Esta identidad del guerrero contrasubversivo la utilizan para distinguirse de las rondas campesinas del norte, «que han defendido su ganado;

nosotros hemos defendido la patria». En un taller en Huanta, organizado por la Defensoría del Pueblo y la ONG SER el 11 de mayo de 2002 donde precisamente se planteó la posibilidad de convertir a los CAD en una suerte de rondas norteñas, los participantes decidieron que «no están de acuerdo con el cambio de los Comités de Autodefensas [sic] por Rondas Campesinas debido a que los CAD dan priorizan la defensa de las vidas humanas y no intereses materiales como las Rondas Campesinas del Norte del Perú» (Acta del I Encuentro Regional de Comités de Autodefensa, Huanta, 11 de mayo 2002).

La presencia de miles de campesinos armados en un contexto de posguerra obviamente causa preocupación entre los representantes del Estado y en la misma sociedad, sobre todo en regiones tan conflictivas como el valle del río Apurímac, donde se da la presencia simultánea de residuos del PCP-SL, narcotraficantes, campesinos cocaleros en pie de lucha y varios CAD.

Siempre existe el riesgo de que un sector de estos últimos «siga organizado pero como bandas de delincuentes, otro sector pudiera ser captado por el PCP-SL, otro sector podía ser afín o aliado del narcotráfico [...]» (Wilmer Arazamendi, Comisionado para la Paz y el Desarrollo en Ayacucho).

Sin embargo, nada de eso se ha dado hasta ahora. Hasta donde sepamos, no hay ni un caso de una banda paramilitar o criminal que haya surgido de las rondas y no está demás recordar otra vez el ejemplo de Colombia. Quizás, por ello, no se haya lanzado todavía una campaña masiva de desarme y probablemente también hay quienes esperan que el problema se resuelva por sí mismo.

Muchas de las armas entregadas por el Ejército Peruano hace diez años actualmente están inoperativas; además, hay una notoria escasez de municiones.

Siendo eso así, es probable que el arma tenga más valor simbólico que real para los ronderos. La posibilidad de ser escuchados y plantear sus demandas la consiguen ahora recordándonos, con la escopeta como símbolo, que ellos pusieron su cuota en la pacificación.

Como contaba un rondero del Tulumayo, es por las armas que «al menos nos escuchan cuando vamos a reclamar».

No obstante, a pesar del relativo poder que han ganado, existe una fuerte sensación de abandono entre los CAD que causa resentimiento frente al gobierno y a las mismas FFAA. Ahora que sus servicios ya no son necesarios, sienten que ellos también tienen su década perdida. El decreto supremo 077, que estipula las indemnizaciones para ronderos caídos y heridos en combate, no responde a sus demandas. Por un lado, sólo considera a beneficiarios a partir del año 1992, cuando lo peor ya había pasado; por otro lado, exige una lista de requerimientos que es casi imposible de cumplir. Según

información proporcionada por el Ministerio de Defensa a la CVR, de las noventa solicitudes reclamando indemnizaciones que ha recibido, hasta fines del año 2002, sólo 44 fueron aprobadas a escala nacional.

A la sensación de abandono, se suma, a veces, la rabia por sentirse discriminados frente a los limeños que, según ellos, reciben mucho más atención por parte del Estado:

Hay una desigualdad tremenda; en la calle Tarata en Miraflores soltaron un coche bomba, ¿si o no?, en Lima, ¿si o no? A ellos, rapidito se les canalizó para que ellos pudieran negociar, sin interés les dieron plata, y acá tantos campesinos que ofrendan las vidas, hay tantos horrores, ni siquiera un trapo, ni siquiera una consideración. Hay una tremenda desigualdad, hay este tipo de abuso y violencia también, en cierto modo, violencia institucionalizada. De arriba viene la violencia, pues, por ejemplo, ellos sacan las leyes a su favor, todo es a su favor, para un pobre no hay nada, gato muerto por todo lado. (J. R., Chupacc)

Ésta es la tonalidad que se repite en todas las entrevistas: «el Perú nos debe a los ronderos, el Perú nos debe a nosotros». En octubre del 2001, en Satipo, se ha formado el Comité Ejecutivo Nacional de Rondas Campesinas y Comités de Autodefensa para canalizar sus demandas hacia el gobierno. Con el mismo objetivo, los ex líderes del VRAE han constituido su propia asociación. Lo que piden es que el Estado reconozca sus sacrificios.

Al resentimiento por el abandono y la discriminación, se agregan los problemas internos que surgen con la política del Estado que privilegia a los desplazados y margina a los que resistieron. En algunas comunidades ayacuchanas, hay riñas entre los CAD y los retornantes que se han beneficiados con los programas del PAR:

¿Quiénes son los retornantes? Estando en el PCP-SL eran cabecillas y ahora regresan como retornantes y el Estado ahora los apoya para construir sus casas, buenas viviendas, inclusive les dieron dinero, les dieron calaminas y ganados. Entonces, ¿cuál es la gracia? O sea que nosotros hemos defendido para ellos sus tierras, sus bienes aquí en el pueblo; ellos regresan con mano limpia y todavía se les construyen sus casas. Entonces, eso nos lleva también a un resentimiento a nosotros. (O. O., Vinchos)

Pareciera que, en el mundo de posguerra, no hay lugar para los CAD. Su reputación está manchada con sangre y su autoritarismo y los valores masculinos que guardan no son atractivos para agencias internacionales ni para las ONG que promueven la cultura de paz y la equidad de género. En este contexto, son otros los actores que ganan protagonismo, como los clubes de madres o las alcaldías.

Pareciera, por otro lado, que el tema es desagradable para el Estado, que prefiere callar al respecto. En la nueva Ley de Rondas, no se toca en ningún punto el tema de

los CAD, aunque deja el camino abierto para que éstos puedan organizarse e inscribirse bajo la figura de las rondas norteñas.

La frustración generalizada debido a la desatención por parte del Estado, a veces, está acompañada de un marcado discurso en contra del estado de derecho que socava su autoridad, sobre todo entre los dirigentes históricos. Dado que ya no pueden corregir de la manera en la que estaban acostumbrados, porque ello atentaría contra los derechos humanos, presentan al estado de derecho como un obstáculo para restablecer el orden y reorganizar a los CAD. No obstante, también es cierto que, por más que lamentan las limitaciones que les impone el estado de derecho, tampoco las pasan por alto. Esto, de alguna manera, se ha visto facilitado por la labor de la Defensoría del Pueblo con su trabajo desde el Programa de Protección a las oblaciones Afectadas por la Violencia (PPPAV). No estarán de acuerdo con las nuevas disposiciones legales que les atan las manos, pero no dudan de que deben acatarlas.

2.14.- ¿Un futuro para los CAD?

Para las personas afectadas por la violencia política, la paz tiene una connotación muy concreta: está definida por la experiencia y el trauma de la violencia vivida que aún está muy presente en las comunidades. Para el Estado, es una tarea principal brindar las condiciones para que la población se sienta segura. Ello implica no solamente la presencia de sus instituciones, en este caso las fuerzas del orden, sino también que la población tenga confianza en estas instituciones. Cualquier propuesta de desarmar a las rondas debe ser acompañada por una política de seguridad.

La presencia de los CAD se justifica todavía donde no se dan dichas condiciones. En zonas colindantes con Viscatán, por ejemplo, existen comunidades que recién están repoblándose y se exponen al peligro de incursiones del PCP-SL. Si el Estado no puede darles protección y la única forma efectiva sería a través de la instalación de bases militares son las rondas las que deben asumir esta tarea, debidamente entrenadas y armadas, fuese por los militares o por la Policía Nacional, puesto que, en tiempos de paz, el ente encargado sería el Ministerio del Interior.

En principio, sin embargo, el Estado debe recuperar el monopolio de la lucha contrasubversiva y esto significa que no hay lugar para civiles con armas. Tarde o temprano, los CAD, como organizaciones armadas, deben desaparecer, aunque el Estado tiene que reconocer su responsabilidad y la deuda que tiene con ellos. Es conocido que las bases militares entrenaban a los comandos de los CAD y que brindaban indicaciones a la población civil sobre manejo de armas, inteligencia y defensa. Además, les han proporcionado armamento aún antes del decreto legislativo

740, se les ha obligado a participar en patrullas mixtas y han cubierto violaciones de derechos humanos cometidas por ronderos.

La pregunta que quizás causa más contrariedades es qué hacer con los CAD en las zonas donde ya no hay presencia subversiva. Llama la atención que ni el Comando Conjunto ni el Ministerio de Defensa hayan planteado, hasta el momento, alternativa alguna sobre el futuro de los CAD, aunque éstos legalmente responden a ellos. El Ministerio del Interior ha buscado el contacto con las rondas a través de sus Comisionados para la Paz y el Desarrollo y ha ensayado un tímido todavía proceso de desmilitarización y ha buscado alternativas relacionadas con el desarrollo comunal. Los sectores estatales más vinculados a los CAD, sin embargo, han sido el PAR y la Defensoría del Pueblo, principalmente a través del PPPAV. Estas instituciones han orientado su trabajo hacia las compensaciones a favor de los ronderos o sus familias y de indemnizaciones amparadas por hechos de muerte o invalidez, así como hacia el fortalecimiento de las organizaciones comunales.

Mayoritariamente, las opiniones de las ONG que, de alguna forma, trabajan el tema de las rondas resaltan el carácter obligatorio que tuvo la formación de los CAD. La influencia en su formación y funciones marca la distancia con la naturaleza democrática de las rondas campesinas del norte. Son proyectos políticos distintos y, por tanto, merecen un tratamiento legal diferenciado.

En una apuesta por la institucionalidad y el fortalecimiento de las organizaciones locales dentro de un estado de derecho, los CAD deberían adecuarse a las rondas norteñas.

También existen algunas propuestas para otorgarles tareas más ligadas al desarrollo, aunque con la notable excepción del Tulumayo se trata de ideas que faltaría poner en práctica más que de iniciativas concretas. Su redefinición en Comités de Autodesarrollo nunca trascendió y respondía más a la política de clientelismo del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori que a la iniciativa de los mismos ronderos que carecen de una perspectiva clara sobre las nuevas funciones que deben desempeñar. Conforme ha quedado atrás, la amenaza del PCP-SL fue, más bien, a la autoridad comunal y/o municipal que fue reestableciendo sus funciones y liderando el progreso de las comunidades.

Por otro lado, la marginación de los CAD por parte de organismos de apoyo, como la cooperación internacional y las ONG, hace más difícil aún que asuman tareas de desarrollo. Para que ello cambie, tendrían que renunciar al autoritarismo masculino y militarizado que los caracteriza; eso, evidentemente, tendrá que ir acompañado con propuestas alternativas.

El tema que más se discute en torno al futuro de los CAD tiene que ver con la seguridad ciudadana, que les daría la oportunidad de aprovechar su experiencia y, en cierta forma, mantener su identidad. Es evidente que el Estado no está en condiciones para combatir efectivamente la delincuencia común y el abigeato en muchas zonas

rurales y hasta urbanas. Por lo pronto, los CAD se resisten todavía a adecuarse al modelo de las rondas norteñas, aunque parece más una cuestión de principios que de contenido. En realidad, muchos ya han asumido la protección de sus pueblos contra ladrones y abigeos y ésa es precisamente la función de las rondas del norte.

Los CAD de Huanta, organizados en el Comité General de Autodefensas Civiles y Desarrollo de la Provincia de Huanta (CACIDH) han dado un primer paso formal en esta dirección.

En febrero del 2002, han aprobado un reglamento titulado Comités de Autodefensa contra la delincuencia común, donde establecen que «el escenario de posguerra interna y aumento de la violencia delincuencial planea como tema el de la seguridad ciudadana». El CAD de Sivia, en el VRAE, ha destacado a cuatro jóvenes para tareas de resguardo; por un sueldo mensual de 400 soles, brindan servicio de seguridad en fiestas, ordenan la circulación de los vehículos de transporte urbano y realizan otras tareas similares.

El Comité Central de Rondas Campesinas del Alto y Bajo Tulumayo, como vimos, ha logrado legitimidad ante la población por sus labores de gestión de proyectos de desarrollo comunal, de vigilancia a instituciones del Estado y por su lucha contra el abigeato y la delincuencia común. En algunas comunidades, se han convertido en la única autoridad efectiva después de la violencia al haber desaparecido las autoridades anteriores por asesinato o amenaza. Con la presencia del dirigente rondero Elmer Orihuela en la alcaldía de Cochas, están ideando cómo pueden articular su trabajo con el del municipio.

En resumen, pensamos que no hay sólo una solución para los CAD. La diversidad de situaciones que se presenta en la actualidad requiere respuestas matizadas y adaptadas al contexto específico. Cualquier propuesta que no tome en cuenta esta complejidad sólo incrementará el descontento entre los ronderos.

Un reto aparte es la desmilitarización de la vida cotidiana y la construcción de una cultura de paz que rompa el círculo de reproducción de la violencia política en la vida comunal y familiar, lo cual se traduce en autoritarismo e impunidad en el hogar y en la comunidad. Eso, por cierto, es quizás el desafío a superar más difícil y requiere de una acción concertada entre el Estado, las ONG y la sociedad civil organizada.

III.- RONDAS CAMPESINAS

3.1.- Los orígenes. Las rondas campesinas en Cajamarca y Piura

Las primeras Rondas Campesinas, reconocidas oficialmente desde 1991 como Comités

de Autodefensa Civil, se formaron en 1976 en el caserío de Cuyumalca en el nor andino

departamento de Cajamarca. Desde su fundación, las rondas tuvieron como objetivos

prioritarios el combate a la delincuencia común, sobre todo a los ladrones de ganado

comúnmente conocidos como abigeos, y el rechazo de las autoridades, jueces y

policías locales corruptos, cómplices de la situación de permanente inseguridad en que

vivía la población de ese caserío. En la decisión de la mayoría de los habitantes para

organizarse en rondas influyó el hecho de que la delincuencia se había constituido en

un serio problema en esta localidad, ya que junto al cotidiano robo de ganado, se

incrementaba de manera alarmante el índice de homicidios y atracos. El éxito obtenido

por las rondas fundadas en Cuyumalca en la disminución del delito permitió que en

otras provincias de Cajamarca, tales como Chota, Cutervo y Hualgayoc, se organizaran

Rondas Campesinas siguiendo pautas organizativas y objetivos muy similares a las

primeras.

En tal sentido, se puede afirmar que desde sus momentos iniciales las Rondas

Campesinas surgieron como alternativa frente a la ausencia del Estado y los riesgos

que en el plano de la seguridad individual y colectiva conllevaba esta situación.

Además, son organizaciones que necesariamente tuvieron que confrontarse con la

práctica corrupta de los escasos administradores de lo público en la zona, lo cual

significó originalmente echarse encima tanto a las autoridades civiles como militares.

Es por eso que las primeras Rondas Campesinas en el departamento de Cajamarca,

donde no hay que olvidar el apoyo otorgado por los ganaderos más acomodados del

departamento, se organizaron teniendo quizá sólo en común el adelantar acciones en

contra de un Estado que había abandonado sus funciones más elementales, como

otorgar seguridad y justicia a sus ciudadanos. Las rondas de Cajamarca estuvieron

formadas desde sus inicios por campesinos que luego de la ley de reforma agraria

promulgada en 1969, y la subsecuente desaparición de las grandes haciendas y el

poder gamonal terrateniente vinculado a ellas, pasaron a ser considerados como

parcelarios libres. Los parcelarios libres, habitantes mayoritarios en las provincias

mencionadas5, se habían convertido desde tiempo atrás en pequeños propietarios que

gozaban de una relativa prosperidad económica. Ésta se basó en su buena capacidad

para articularse a un circuito mercantil regional en expansión a través de la producción

—por lo demás muy competitiva para los estándares regionales—, de ganado vacuno y

sus derivados como cueros, leche y quesos. La competitividad mercantil se veía

favorecida por la existencia de fuertes redes comerciales con la costa peruana, en

especial el departamento de Lambayeque y sus provincias de Chiclayo y Ferreñafe, las

cuales habían sido establecidas por medianos y grandes comerciantes cajamarquinos

desde comienzos de siglo. Entre éstos se destacaban los que tenían sus sedes en las

provincias de Chota y Cutervo. Los comerciantes serranos lograron incrementar

considerablemente la circulación de dinero en la región, ya que al lograr colocar en la

costa la producción mayoritariamente ganadera de las provincias cajamarquinas en

donde tenían sus propiedades, acumularon suficiente capital como para destinarlo a

otras actividades igualmente rentables. Por ejemplo, comenzaron a financiar bajo

distintas modalidades las labores que realizaban sus coterráneos, o contribuyeron al

mejoramiento urbano de las pequeñas ciudades y capitales de provincia donde vivían

al invertir en hoteles, cines o almacenes de abarrotes o electrodomésticos. En lugares

donde la banca estatal de fomento o comercial difícilmente llegaban, ellos las suplían

con buenos niveles de eficiencia al contar, sobre todo, con la confianza de los

campesinos ya que se veía con buenos ojos la presencia de esta nueva clase de

comerciantes y agentes financieros.

Volviendo al tema de la reforma agraria en el departamento de Cajamarca, podemos

decir que se llevó adelante como el capítulo final de un proceso de transformación del

campo peruano que se había iniciado en los años cincuenta, en medio de grandes

protestas, movilizaciones y reivindicaciones campesinas. Así se propició, por ejemplo,

que en Cajamarca la gran propiedad terrateniente se fuera diluyendo en las dos

décadas siguientes, las haciendas se parcelaran y, en consecuencia, desaparecieran los

vínculos que históricamente se habían tejido entre el Estado oligárquico y sus

representantes a nivel local y regional6. Los funcionarios de la reforma agraria

prácticamente no encontraron nada que expropiar cuando llegaron, ya que la hacienda

tendió a desaparecer cuando se constató que no era viable económica y políticamente

hablando. En conclusión, es a partir de la desaparición del pacto oligárquico que se

originó un vacío político a través del progresivo debilitamiento de la presencia del

Estado y el gobierno central en la región, el cual pudo ser llenado por las Rondas

Campesinas con acciones sustentadas en la defensa de sus intereses, ahora claramente

privados, en contra de la delincuencia común y las malas autoridades. Pero si Rondas

Campesinas como las de Cajamarca se organizaron teniendo como referente principal

una acción apresuradamente considerada como anti estatal, años después surgirían

otro tipo de rondas cuya propuesta de organización se sustentó en motivaciones algo

diferentes. Estas rondas justamente buscaban que se fortaleciera la presencia del

Estado y sus respectivas instituciones, ya que esa era la mejor manera de ponerle fin a

la delincuencia y a las distintas manifestaciones que había adquirido. Veamos las

Rondas Campesinas de la sierra de Piura para así establecer los disímiles motivos que

tuvieron los campesinos de esta región, ubicada también en el norte del país, para

organizarse en Rondas Campesinas y luchar contra la delincuencia, reclamando, a su

vez, una mayor presencia del Estado.

Las Rondas Campesinas en la sierra de Piura se organizaron a partir de 1980 en las

provincias de Huancabamba y Ayabaca. Al igual que lo acontecido en Cajamarca, la

mediana y gran propiedad terrateniente, cuya fuente de riqueza y poder era la

ganadería, la producción de aguardiente y dulce a base de caña de azúcar, empezó a

perder importancia desde comienzos de los años cincuenta. Esta pérdida de

importancia se agudizó conforme se iban deteriorando las condiciones de vida de los

terratenientes debido a dos factores: primero, la ruina de la producción local por la

escasa inversión y niveles de productividad alcanzados, lo cual originó una débil

competitividad de sus productos en el mercado regional; segundo, el proceso de

parcelación de las haciendas, el cual se veía estimulado por organizaciones campesinas

cuyos orígenes y luchas reivindicativas, influidas por las ideas socialistas que

difundieron intelectuales como Luciano Castillo e Hildebrando Castro Pozo, se

remontaban a la primera mitad de la década de los treinta. La desarticulación a nivel

local del esquema de dominación oligárquico no pudo ser resuelta por las autoridades

del gobierno militar encargadas de administrar la reforma agraria. Más aún, la

ausencia de una tradición comunitaria en la zona contribuyó a que la posterior

transformación de la naciente organización campesina en comunidades, tal como lo

exigía la ley de reforma agraria, no estuviera exenta de graves problemas. Aquí

tendremos, por ejemplo, que muchos de los campesinos que posteriormente formaron

parte de las rondas llegaron a plantear una importante cantidad de demandas ante los

tribunales especializados, ya que su interés primordial era acceder a la propiedad de la

tierra en forma de parcelas. Esta aspiración hiba totalmente en contra del espíritu

comunitarita del cual eran portadores los funcionarios gubernamentales que

trabajaban en Sinamos (organismo del Estado Creado por el dictador Juan Velasco

Alvarado para cumplir las funciones de un partido político al servicio de la revolución

nacionalista), quienes alentaban la organización de cooperativas agrarias de

producción similares a las formadas en la costa luego de la rápida expropiación de las

grandes haciendas azucareras y algodoneras. La idea de organizar cooperativas

resultaba una propuesta difícil de ser aceptada en la sierra de Piura ya que no se

ajustaba, en términos generales, a la principal demanda que los pobladores de

Huancabamba y Ayabaca habían presentado en los últimos 50 años: acceso a la

propiedad de la tierra.

Se puede inferir entonces, que la propuesta del gobierno militar de Juan Velasco

Alvarado (1968-1975) para que los pobladores del campo peruano tuvieran tierras

compartidas, no era parte del ideario campesino de la sierra de Piura al comenzar la

década del setenta. Los campesinos piuranos sólo se agruparían de manera muy

pragmática en comunidades cuando constataron los beneficios legales y económicos

que traía consigo el pertenecer a una. Los grupos campesinos que lograron organizar

los funcionarios de Sinamos durante la primera etapa de la reforma agraria, devinieron

en comunidades campesinas legalmente reconocidas apenas en la segunda mitad de la

década del ochenta, participando activamente en el proceso de reconocimiento de las

comunidades durante el gobierno de Alan García (1985-1990). El resultado de esta

actitud fue la existencia de comunidades campesinas muy débiles en su organización y

funcionamiento, lo cual en gran medida condicionó la aparición y posterior

permanencia de un comportamiento institucional sometido no sólo a los intereses de

los pobladores más ricos y poderosos, sino también a las organizaciones políticas

partidarias que actuaban en la zona. Lo sucedido en Huancabamba y Ayabaca quizá

nos permita entender el carácter de las demandas con que surgieron las Rondas

Campesinas en estas provincias, además de contribuir a establecer las diferencias con

las de Cajamarca. En el trabajo ya citado de Ludwig Huber, el autor establece que

siendo ganaderos acomodados los que impulsaron la primera ronda en 1980,

inmediatamente establecieron las bases organizativas y legales que fueron asumidas

por la mayor parte de las rondas surgidas en los años siguientes. Todas ellas fueron

muy formales al tener desde su fundación, por ejemplo, juntas directivas con distintos

cargos y estuvieron sometidas a estatutos que normaban su funcionamiento. Esto

indujo a que la mayor parte de las rondas proclamaran su disposición a trabajar dentro

de los márgenes que la ley y el Estado establecían. En consecuencia, las rondas en la

sierra de Piura inmediatamente buscaron el reconocimiento legal vía su inscripción en

los registros públicos, y además se propusieron trabajar al lado de las autoridades del

Estado. El carácter inicialmente considerado como “estatista” en la organización de las

rondas piuranas tendrá cambios importantes en los años siguientes en medio de un

agravamiento generalizado de la situación del país, mas este aspecto sobrepasa las

dimensiones del presente trabajo.

Dado que las similitudes y diferencias entre las Rondas Campesinas de Cajamarca y

Piura saltan a la vista. Las primeras Rondas Campesinas tuvieron un origen no

comunitario puesto que se organizaron en un territorio donde las comunidades

carecen de justificación histórica, predomina el campesino libre en condición de

comunero y la pequeña propiedad es la forma hegemónica de tenencia de la tierra. Las

comunidades, por tanto, fueron muy débiles en su organización y funcionamiento,

llevando a que el interés privado fuera el condicionante principal en la decisión de

organizar rondas. Como dice Florencia Mallon, la sierra norte del Perú es una región

donde desde hace siglos se tiene: “... una tradición comunal mucho más débil... donde

aun antes de la conquista española las estructuras comunales habían sido importadas

del sur a través de la conquista incaica, sin mostrar raíces en la cultura norteña. En la

época de la independencia, aún cuando existían aldeas de pequeños propietarios,

éstas carecían de cohesión institucional, tierras comunales o tradición comunal de

lucha”. Al finalizar esta primera parte, cabe señalar la necesidad de continuar el debate

sobre el rol cumplido por las Rondas Campesinas en Perú durante los últimos 20 años.

La pregunta es: si las Rondas Campesinas fueron parte importante en la conformación

de una nueva institucionalidad, ¿por qué devinieron en actores políticos tan

conservadores? se considera que su actuación fue excesivamente sobrevalorada en

medios académicos e intelectuales quizá por la necesidad de encontrar emergentes

actores políticos que pudieran ser incorporados en la construcción de ese “nuevo

orden” del que se habló con tanto énfasis en América Latina durante la segunda mitad

de los años ochenta. La interpretación que se dio de las Rondas Campesinas en

particular y de los movimientos sociales en general los cuales rápidamente se

difundieron en América Latina en un contexto donde se acababan las dictaduras hasta

ese momento existentes: Brasil, Chile o Uruguay, o se trataban de consolidar las recién

logradas democracias: Perú, Argentina, Bolivia o Ecuador, sólo puede entenderse como

parte de la “euforia” predominante en las ciencias sociales durante el periodo en

mención.

Ton Salman, en un buen ensayo sobre los diversos análisis que se hicieron de los

movimientos sociales en América Latina, considera que la etapa eufórica se caracterizó

justamente por tener: una tendencia a autonomizar a los movimientos sociales en el

sentido de que se consideran como los anti-polos de todo lo estatal, e incluso de todo

lo “institucionalizado”, eran algo completamente nuevo, que se estaba desarrollando

paralelamente a las viejas estructuras, sin tener vínculo alguno con ellas; y una

tendencia a absolutizarlos partiendo del concepto de que a los movimientos sociales

les corresponde llevar a cabo todos los cambios sociales que antiguamente pesaban en

los hombros de la clase obrera, y de que, los movimientos sociales eran considerados

como prácticamente el único y garantizado vehículo de emancipación social.”

3.2.- Las rondas campesinas en la guerra

La experiencia original de las Rondas Campesinas de Cajamarca y Piura fue rescatada

por los servicios de inteligencia del Estado y rápidamente incorporada como pieza

fundamental en la nueva estrategia contrasubversiva puesta en práctica por las

Fuerzas Armadas peruanas a fines de la década de los ochenta, cuando el gobierno

estaba en manos de Alan García y el Partido Aprista Peruano. Las Rondas Campesinas,

que entre 1982 y 1983 fueron apresuradamente consideradas por altos mandos

militares e importantes líderes políticos y gubernamentales del gobierno de Fernando

Belaúnde (1980- 1985) como parte de la estrategia empleada por Sendero Luminoso

para comprometer al campesinado en la guerra que había desatado contra el Estado

peruano, pasaron desde 1988 a ser consideradas como el principal contingente de

reserva en la nueva estrategia de guerra contrasubversiva. Esto es lo que Carlos Tapia

acertadamente ha definido como “el decidido apoyo a la organización de la

autodefensa armada del campesinado”, lo cual se expresó en el hecho que el Estado:

“…impulsó firmemente la organización y el apoyo a la autodefensa campesina, ya no

sólo en Ayacucho sino en todos los Comités Regionales (CR) de SL que mostraban más

actividad: el CR Principal y el CR del Centro”.

El cambio de estrategia por parte de las Fuerzas Armadas indujo a los mandos militares

a centrar sus actividades en los departamentos donde Sendero Luminoso había

establecido el núcleo de sus acciones e intentaba construir su “EjércitoGuerrillero

Popular” (EGP). Teniendo en cuenta esta situación, hacia mediados de 1988 las Fuerzas

Armadas pusieron en práctica la nueva estrategia buscando, de manera inicial,

restablecer los vínculos perdidos con la población de los departamentos de Junín,

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, la cual había sido duramente golpeada por la

acción subversiva y la despiadada respuesta de las instituciones militares durante los

primeros años de la guerra. Los acercamientos iniciales no estuvieron exentos de

ciertas reticencias por parte de los campesinos, ya que aún mantenían vivo el recuerdo

de helicópteros sobrevolando y ametrallando sus comunidades, e infantes de marina y

soldados descendiendo de estos aparatos y disparando indiscriminadamente a todo lo

que se moviera. A partir de ese momento, los oficiales y soldados que luchaban contra

Sendero Luminoso eran oriundos de la zona, y hablaban el quechua, que es el idioma

predominante en la región sur andina del Perú. Esto último les facilitaba la

comunicación con los campesinos comuneros de la región en disputa, y permitía

oficializar una relación Estado-sociedad rural hasta ese momento muy débil. Además,

los militares comenzaron a llegar con útiles escolares que se entregaban a los niños de

las comunidades, quienes iban a estudiar en las escuelas construidas por soldados

usando los caminos que éstos habían habilitado. Por último, soldados y oficiales

comenzaron a alfabetizar a los adultos de las comunidades y a repartir alimentos que

se preparaban y consumían en los comedores comunales. En relativamente poco

tiempo, las FFAA lograron ganarse la confianza de los sectores sociales más afectados

por la guerra, utilizando lo que se conoce como el quinto dominio en la estrategia de

guerra contrainsurgente: la acción cívica. Los militares peruanos desarrollaron una

versión andina de la doctrina militar británica puesta en práctica en Asia,

específicamente en Malasia, durante los años en que se llevaba a cabo el proceso de

descolonización. La estrategia de guerra contrainsurgente diseñada por las fuerzas

armadas británicas, en la cual la acción cívica era sólo un elemento, impidió que las

guerrillas comunistas se tomaran el poder en Malasia en el momento en que el añejo

poder imperial se retiraba de sus posesiones coloniales en África y Asia. Obviamente,

la acción cívica resultó ser sólo uno de los componentes que traía consigo la nueva

estrategia practicada por los militares peruanos. Organizar y armar a la población civil

en Rondas Campesinas eran, en cambio, los objetivos prioritarios que se habían

propuesto alcanzar el Estado y las FFAA como los mecanismos más idóneos para

comprometer a importantes sectores de la sociedad rural en la confrontación contra

Sendero. La actitud gubernamental coincidió plenamente con la demanda del

campesinado comunero de organizarse, militarmente hablando, y así poder rechazar

con más eficiencia las agresiones senderistas. En tal sentido, y a pesar de las críticas

que surgieron en sectores de las Fuerzas Armadas sobre el potencial peligro que traía

consigo la entrega de armas a los civiles, el gobierno elegido en junio de 1990 optó por

hacerlo aceptando de manera implícita las demandas de la población en cuanto a la

necesidad que tenían de defenderse directamente de Sendero Luminoso. Durante los

dos primeros años del extinto gobierno de Alberto Fujimori, el Estado peruano se

comprometió no sólo a apoyar la organización de las rondas y entregarles armas, sino

también a prestar el adiestramiento militar y a otorgar la logística necesaria a las

comunidades que se organizaran para luchar contra Sendero. A cambio, las Rondas

Campesinas, ahora sí integradas mayoritariamente por campesinos comuneros,

aceptaron el control del Estado sobre su organización y futuras acciones.

La consecuencia fue la generalizada organización de Rondas Campesinas por toda la

sierra central y sur del país, más aún cuando recibieron el reconocimiento legal y

adquirieron el nombre oficial de Comités de Autodefensa Civil (CAD).

Para 1993, el departamento donde actuaba el comité regional principal de Sendero,

Ayacucho, llegó a tener 1.564 CAD y 61.450 ronderos. Lo seguían Junín con 525 CAD y

34.537 ronderos, Huancavelica con 198 CAD y 10.658 ronderos, por último estaba

Apurímac con 63 CAD y 3.616 ronderos; En ese año llegó a haber 4.205 Comités de

Autodefensa Civil en todo el país, los cuales reunían 235.465 ronderos y contaban con

16.196 armas, principalmente fusiles Winchester, Mauser, FAL, Kalashnikovs,

metralletas y revólveres de todo tipo, además de escopetas de fabricación casera

llamadas “hechizos”. Algunas características económicas y sociales de la sierra central y

sur podrían ayudar a entender el éxito y la rápida difusión de las rondas en la región.

Aquí hay que destacar, sobre todo, la vigencia de la comunidad campesina como

elemento distintivo en la organización del campesinado de la zona. A diferencia de los

departamentos de la sierra norte, Cajamarca y Piura, donde se organizaron las

primeras Rondas Campesinas finalizando los años setenta, en la región donde se aplicó

la primera gran derrota a Sendero Luminoso a fines de los ochenta predomina la

comunidad campesina “... nombre genérico dentro del que debe incluirse no sólo a las

comunidades denominadas tales o a las legalmente reconocidas, sino también a otros

centros poblados conocidos como parcialidades, pagos, pueblos, anexos o ayllus.”.

Más aún, continúa José María Caballero citando a Matos Mar16, en el Perú se tiene a

la comunidad campesina como una de las formas predominantes de organización

política, social y económica del poblador serrano sustentada en el control de un

espacio a través de la propiedad colectiva de la tierra, una utilización comunal de los

recursos basada en la reciprocidad, y un específico sistema de organización interna

aunada a la existencia de patrones culturales que recogen tradicionales elementos del

mundo andino.

En la sierra central y sur del Perú existe una tradición cultural, económica, política y

social gestada alrededor de la comunidad campesina desde por lo menos seis siglos

atrás, lo cual no ha impedido que ésta estuviera vinculada a la problemática del país en

su conjunto, sobre todo durante la forma republicana de gobierno iniciada en 1821.

Florencia Mallon, al estudiar la resistencia indígena y comunera en el departamento de

Junín contra el ejército de ocupación chileno durante la Guerra del Pacífico (1879-

1883), sostenía que: ... durante tres siglos de régimen colonial y cincuenta de

dominación republicana, los campesinos habían desarrollado y defendido una forma

viable y relativamente autónoma de economía doméstica, cultura comunal y política

local. Empero, su supervivencia no había dependido del aislamiento o del

enclaustramiento en una unidad corporativa ajena al mundo exterior; muy por el

contrario, las aldeas habían participado históricamente en la economía comercial en

sus propios términos, comerciando entre ellas mismas, así como más ampliamente,

utilizando los recursos obtenidos a través de dicho comercio para reproducir su

autosuficiencia básica. Esto último que menciona Florencia Mallon se dio con mayor

intensidad cuando el Valle del Mantaro fue plenamente incorporado a la economía

nacional, como despensa y reserva alimentaria de Lima por su importante producción

agrícola y ganadera. Además, la construcción de la carretera central desde Lima hasta

Huancayo, capital del departamento de Junín, y su posterior prolongación hacia el sur

le permitió a esta ciudad constituirse en el más importante centro comercial de la

región.

Más aún, la presencia de la actividad minera a gran escala desde comienzos del siglo

XX, con la subsecuente aparición de un proletariado minero bastante numeroso,

contribuyó a la formación y posterior consolidación de un mercado regional bastante

dinámico. En consecuencia, las comunidades de la sierra central lograron una relativa

prosperidad económica a diferencia de las que se ubican en los departamentos de la

sierra sur, atravesadas por graves problemas que se expresan con toda su crudeza en

las condiciones de pobreza extrema en que viven los campesinos de los

departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Lo anterior explica la

importancia de la región para los objetivos estratégicos de Sendero Luminoso. Por un

lado, la sierra central se podía constituir como una zona de la cual se podían extraer

recursos ilimitados para financiar la “guerra popular”. La riqueza agrícola y ganadera

del valle del Mantaro, la importante actividad minera en el norte del departamento de

Junín, principal fuente generadora de divisas para la alicaída economía peruana, más la

presencia de una inmensa central hidroeléctrica que abastece de energía a varios

departamentos de la costa central, incluida la capital del país, se constituyeron en los

motivos más relevantes en la estrategia senderista para su acción militar en la región.

La toma del poder se les facilitaría si se “estrangulaba” la capital y, en consecuencia,

colapsaban las principales actividades económicas y políticas que se desarrollaban en

Lima. Por otro lado, la inmensa cantidad de campesinado pobre que habita en la sierra

sur del país debería constituirse en el más importante contingente militar del

senderismo. Una vez que los campesinos hubieran captado el mensaje comunista

liberador contenido en el autodenominado “PensamientoGonzalo”, se incrementarían

las filas del EGP por medio del enrolamiento voluntario del “campesinado pobre”,

cooperando de esta manera al tránsito del “equilibrio estratégico” a la

“ofensivaestratégica”, última etapa de la guerra y vísperas de la toma del poder. Sin

embargo, las previsiones de Abimael Guzmán, (alias) “Gonzalo” no se cumplieron

porque chocaron con la dura realidad construida por sus acciones. Se puede afirmar

que a pesar de las condiciones tan dispares en las cuales se desenvolvían las

comunidades campesinas, las rondas surgieron como una alternativa viable para

expulsar a Sendero Luminoso de la región. Teniendo en cuenta lo expresado líneas

arriba, la mayor parte de las Rondas Campesinas de la sierra central y sur se formaron

siguiendo dos caminos claramente diferenciados. Algunas lo hicieron de manera

voluntaria y por propia iniciativa de los integrantes de las comunidades campesinas.

Éstas fueron las primeras en organizarse y se ubicaron en las zonas más

mercantilizadas y articuladas al mercado nacional. Aquí se destacan las que se

ubicaron en el departamento de Junín. Otras tuvieron la coerción como el fundamento

de su organización, y la conminación de las FFAA fue el factor determinante en la

decisión tomada por los campesinos para formar parte de las rondas18. Éstas, quizá

sobra decirlo, estuvieron desde sus comienzos altamente militarizadas y fueron las

más propensas a cometer abusos cuando Sendero había emprendido la retirada.

Principalmente se ubicaron en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

La difusión de las rondas como parte fundamental de la nueva estrategia que pusieron

en práctica las Fuerzas Armadas creó las condiciones para infringirle la primera, y quizá

definitiva, derrota política y militar a Sendero Luminoso en su estrategia maoísta de

“guerra popular,larga y prolongada”. Primera derrota, o victoria según el punto de

vista desde donde se le mire, que al impedir el cerco de las ciudades contribuyó al

traslado de los principales dirigentes políticos y cuadros militares de Sendero Luminoso

hacia las zonas urbanas, facilitándosele así el trabajo a los servicios de inteligencia en

el seguimiento de los jerarcas senderistas. La consecuencia obvia fue la captura de

Abimael Guzmán, el auto designado “presidente Gonzalo”, en la capital del país el 15

de septiembre de 1992 por la Policía Nacional, y la posterior desarticulación de

Sendero Luminoso con la detención de sus principales dirigentes políticos y militares.

3.3.- El campesino comunero frente al “nuevo poder”

La pregunta que surge en esta parte del trabajo sería: ¿Qué motiva a lascomunidades

campesinas a organizarsecontra Sendero Luminoso? Una respuesta de carácter

tentativo se sustenta en el hecho que Sendero Luminoso actuó siempre en sentido

contrario a los intereses del campesinado serrano, sobre todo del más pobre. Esta

actitud se evidencia cuando constatamos las acciones de Sendero en los territorios

donde originalmente llegó a tener presencia intermitente y un control más estable de

territorio: confiscaba las cosechas con el pretexto de financiar la “guerra popular”,

asesinaba a las autoridades tradicionales previa realización de una farsa denominada

“juicio popular”, reclutaba por la fuerza a los jóvenes campesinos sin importar sexo o

edad, eliminaba a las autoridades locales elegidas por el pueblo y designaba a los

“comisarios”. Estos “comisarios” eran en su mayoría jóvenes militantes procedentes de

otros lugares, en algunos casos no hablaban quechua, y se propusieron controlar hasta

el más mínimo detalle las actividades públicas y privadas que se realizaban en el

interior de las comunidades y pueblos donde ejercía el “nuevo poder”. Además de

confiscar cosechas, Sendero prohibió que las comunidades comercializaran sus

productos agrícolas y ganaderos entre ellas o en los mercados de las pequeñas

ciudades con las que colindaban, condenando a las comunidades campesinas y sus

habitantes a la miseria absoluta. Por último, realizó durante todos esos años una serie

de matanzas en las comunidades que resistieron su “nuevo estado”, en las que no

discriminaron mujeres, ancianos, niños y adultos. Desde la lógica senderista, ésta era la

mejor manera de escarmentar a los posibles opositores y, lo más importante para

ellos, se creaban las condiciones necesarias para que el “nuevo poder” pudiera

afianzarse en el territorio inicialmente dominado. Las semillas de un Estado totalitario

se venían sembrando en los Andes peruanos. La consecuencia más nefasta para la

población fue que lo “nuevo” sólo trajo consigo desolación y muerte. Una de las

consecuencias más dramáticas de esta absurda forma de operar fue el desplazamiento

masivo de la población desde los territorios que los insurgentes llegaron a controlar,

hacia las zonas periféricas de las más importantes ciudades costeñas y serranas del

país.

Lima, Huancayo, Ica, Arequipa y Chimbote se constituyeron en las más grandes

receptoras de los casi 800.000 desplazados que produjo la violencia política. Esto, de

por sí, terminó agravando los problemas ya bastantes serios que tenían en la atención

de servicios básicos, infraestructura urbana mínima y seguridad. La mayor parte de la

población civil que habita las zonas rurales donde actuaba Sendero Luminoso, al tener

que soportar lo más rudo y violento de la manera de operar senderista, abandonó una

neutralidad que le ocasionaba serios perjuicios y optó por una decisión bastante

pragmática: ponerse al lado del Estado a través de una alianza con las Fuerzas

Armadas. Las exigencias que plantearon las comunidades en aquel entonces

abarcaban, en primer lugar, la entrega de armas, lo cual les permitiría enfrentar la

insurgencia en igualdad de condiciones, y, en segundo lugar, recibir un completo

respaldo político a su decisión de confrontarse con Sendero Luminoso. El apoyo

reclamado al Estado lo logran por medio de la decisión del presidente elegido en 1990

y ahora prófugo de la justicia peruana, Alberto Fujimori, de entregar armas a las

rondas campesinas y otorgarles reconocimiento legal.

Desde ese momento las rondas pasaron a ser consideradas oficialmente como fuerzas

auxiliares en la confrontación contra Sendero Luminoso, cuando en realidad eran ya

desde un tiempo atrás las principales contendoras, lograron la entrega de armas a gran

escala y los ronderos alcanzaron el mismo estatus que los soldados que cumplen con el

servicio militar obligatorio. Los decretos legislativos 741 y 759 de noviembre de 1991

las legalizaron, y a partir de ese momento las Rondas Campesinas se constituyeron en

el componente esencial del frente cívico-militar encargado de combatir y derrotar las

aspiraciones de Sendero por tomarse el poder.

3.4.- Las Rondas Campesinas y la jurisdicción especial indígena

La Constitución de 1993, en su artículo 149º, bajo la configuración constitucional del

Estado Peruano como una naciónpluricultural y multiétnica, al regular el rol de las

Rondas Campesinas, se afilió al espíritu de la regulación del instituto rondero

contemplado en la Ley General de Comunidades Campesinas de 1897 y en cierta

medida recogió la alusión a las Rondas Nativas del Reglamento de Organización y

Funciones de los Comités de Autodefensa de 1992, puesto que reconoció su carácter

de órganos de apoyo (auxilio) de las autoridades comunales –campesinas y nativas- en

el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, conforme

a su derecho consuetudinario y con el límite de no violar los derechos fundamentales

de las personas.

Sin embargo, del texto constitucional no aparece una mención expresa a las Rondas

Campesinas organizadas fuera del ámbito de las Comunidades Nativas y de la

Comunidades Campesinas, que, según la primera Ley de Rondas Campesinas de 1986,

se rigen en lo que sea pertinente por la legislación de las comunidades campesinas –sin

que por ello se conviertan en tales comunidades- y tienen como funciones esenciales

la defensa de sus tierras, el cuidado de su ganado y demás bienes, así como la

cooperación con las autoridades en la eliminación de cualquier delito.

Aunque en la práctica la Rondas Campesinas vienen efectuando actividades que han

desbordado el enfrentamiento al abigeato, tales como la realización de obras de

infraestructura de interéspara la comunidad, la vigilancia e intervención sobre

conductas anti-sociales de manera amplia; normativamente se puede sostener, por un

lado, que las Rondas Campesinas organizadas fuera del ámbito de las Comunidades

Campesinas sólo tendrían relativas facultades resolutivas de conflictos de orden penal,

en cooperación con las autoridades, y, de otra lado, que las Rondas Campesinas

creadas al interior de las Comunidades Campesinas y Nativas tendrían facultades de

apoyo para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por las autoridades comunales,

las cuales se ampliarían a la directa administración de justicia y resolución de

conflictos, en la medida que los dirigentes de este tipo de Comité Especializado formen

parte –y no sean dependientes- de la Directiva Comunal de una Comunidad

Campesina.

3.5.- Ley Nº 27599

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; ha dado la ley siguiente:

LEY QUE CONCEDE AMNISTÍA A LOS MIEMBROS DE LAS RONDAS CAMPESINAS Y/O

COMUNALES QUE VIENEN SIENDO PROCESADOS POR TENENCIA ILEGAL DE ARMAS Y

SECUESTRO

Artículo 1º.- Objeto de ley

Concédase amnistía general a los miembros de las rondas y/o comunales reconocidas

en la ley 24571, que se encuentren procesados por la tenencia ilegal de armas y

secuestro, siempre y cuando este último hecho no esté signado de desaparición o

tortura de los afectados.

La amnistía alcanza a los miembros de las rondas campesinas y/o comunales que por

cualquier hecho o delito vinculado con sus labores vienen siendo procesados y/o

hayan sido condenados después del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Artículo 2º.- Aplicación jurisdiccional de la ley

El Poder Judicial dejará sin efecto y en el estado en que se encuentren las denuncias y

procesos judiciales que involucren a las personas comprendidas en el artículo

precedente, disponiéndose el archivamiento definitivo de los procesos.

Las autoridades correspondientes, en el mismo acto de archivamiento dispondrán la

inmediata libertad de todos aquellos a quienes refiere la presente Ley que estuviesen

recluidos, inclusive a aquellos con sentencia condenatoria ejecutada o en ejecución.

En ambos casos se dispondrá igualmente la anulación de los antecedentes policiales y

judiciales de las personas beneficiarias de la presente Ley.

Artículo 3º.- Excepción de la Ley

El beneficio de la amnistía no alcanza a aquellos ronderos que hayan sido denunciados,

procesados o condenados por delitos contra la humanidad, tortura con lesiones

graves, secuestro seguido de desaparición del o de las personas secuestradas,

terrorismo, narcotráfico, delitos contra la libertad sexual, en calidad de autores o

partícipes.

Artículo 4º.- Vigencia de la ley

La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario

Oficial el peruano.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil uno.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor Presidente

de la República, en cumplimiento de los Artículos 108º de la Constitución Política y 80º

del Reglamento del Congreso, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil uno.

3.6.- Constitución Política

Art. 149º.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de

las Rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su

ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no

violen los derechos fundamentales de las personas. La ley establece las formas de

coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con los demás

instancias del Poder Judicial.

3.7.- Código Penal

Art. 15º.- El que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder

comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa

comprensión, será eximido de responsabilidad. Cuando por igual razón, esa posibilidad

se halla disminuida, se atenuará la pena.

Art. 20º inc. 8.- Está exento de responsabilidad penal: el que obra por disposición de la

ley, en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o

cargo.

IV.- IMPORTANCIA

Aun cuando en realidad se denoten excesos en las actuaciones de las rondas

campesinas y con todo lo que causan no sólo en el ceno familiar de los aprehendidos,

así como el impacto que presentan frente a las autoridades de cualquier índole,

sustancialmente tiene gran importancia su existencia y reconocimiento constitucional,

desde que forman parte de nuestro Perú en la solución y lucha contra el crimen y en

sus diversos problemas que los aquejan, en tanto que es la misma comunidad quien la

sufre directamente sin tener presencia estatal que seguramente en forma inmediata lo

requieren. Su importancia, no es más que una consolidación de una realidad existente

como son las rondas campesinas, y una muestra de los derechos constitucionales y

humanos que le corresponde a estas comunidades, y que provienen del mandato

constitucional y que deben ser respetadas por cualquier entidad u organización estatal

o particular. De la misma forma como estas comunidades tienen obligaciones y

derechos, así también se espera que éstas mantengan respeto a las autoridades

estatuidas por Ley. Igualmente su importancia radica en la labor de colaboración y

ayuda a las comunidades campesinas y nativas en el quehacer de la administración de

justicia en base al derecho consuetudinario con apego a los derechos fundamentales

de la persona dentro de su circunscripción territorial, administración de justicia que es

ejercida en paralelo con la ordinaria o común, que en realidad tiene efectos de ayudar

en la descongestión de la justicia ordinaria y para cumplir con este cometido deben ser

entrenados al igual que los jueces de la justicia común que espero el Estado ponga

mucho énfasis en ello.

V.- PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Como una solución inmediata considero que a la defensoría del pueblo se le prevea la

posibilidad de conminarlos a realizar mayor contacto, traduciéndose en realizar una

labor pedagógica y como mensaje hacia las rondas se debe manifestar que cuando

éstas aprehendan a un ciudadano común por mas que sea una criminal avezado, como

labor preventiva deben aprehenderlos, poniendo a disposición de su autoridad de

justicia inmediata más cercana, de no ser así, a la policía nacional más cercana, a la

fiscalía más cercana o en todo caso a cualquier juez del distrito y provincia y porque no

decirlo al defensor del pueblo de su localidad que es el principal defensor de los

derechos de la persona con el objeto de que estos funcionarios recurran al lugar de los

hechos y tratar de resolver el problema de difícil y peligrosa solución a veces y así dar

protección a los agraviados.

Como se podrá apreciar el problema planteado no es fácil de solucionar, razón por la

cual me atrevo dar algunas otras soluciones al serio problema proveniente de las

funciones de la ronda campesina que, cuyos excesos no tienen ningún sustento en la

Ley:

1) que en la normatividad de cada organismo se prevea la obligación de efectuar una

labor de campo para orientar y educar sobre derechos fundamentales y derechos

humanos; que los organismos como las ONG y la Defensoría del Pueblo de manera

descentralizada efectúen una labor pedagógica y de orientación agresiva y constante

de lo que significa el respeto de los derechos fundamentales de las personas y otras

disciplinas afines, como describirles cuáles son sus límites de los directivos de las

rondas conjuntamente así como de la población.

2) que el Estado a través del Ministerio del Interior instruya a la autoridad política y a

la policía que efectúe también una labor pedagógica en el mismo sentido y sobre todo

que sea la entidad inmediata de interlocución de atender con los problemas que

aquejan a los pobladores a fin de anticiparse a la actitud de los ronderos.

3) que se debe dar participación a los Gobiernos Regionales y Locales para efectuar la

labor mencionada.

4) que el Ministerio Público y los Jueces de diversa categoría deben efectuar la misma

labor pedagógica aludidas y para tales efectos debe buscarse ayuda presupuestaria a

través de las ONG encargadas de realizar labores sociales y del Estado y quizás una de

las más importante es que frente a un hecho de posible vulneración o amenaza del

derecho a la libertad de libre tránsito y demás derechos conexos, el juez constitucional

deba buscar de inmediato o ser asistido por el funcionario que representa a la

defensoría del pueblo de la localidad y juntos enfrentar el problema, claro sin

pretender de dejar de cumplir con las obligaciones de la labor de juez.

De otro lado, debo expresar que como todo orden jurídico por el hecho de vivir en un

Estado Constitucional de Derecho, debe cumplirse las disposiciones constitucionales,

por lo que tal como las rondas campesinas

actúan en la mayoría de los casos en forma irregular, resultaría necesario y urgente

que se preste y otorgue atención inmediata a las Comunidades Campesinas y Nativas

que vienen administrando justicia con el apoyo de las Rondas Campesinas, y esta

ayuda debe traducirse en orientaciones, charlas, sobre el significado de los derechos

fundamentales de la persona y sobre las normas y los principios que regulan el proceso

judicial, para no tener que lamentar sobre algunos infortunios que vienen pasando los

ciudadanos aprehendidos. También es necesario que estas comunidades junto con los

integrantes de las rondas, deben instruirse para adquirir conocimientos someros de

derechos fundamentales, y otros temas relacionados a la función jurisdiccional, así

como permitir y acceder a ser atendidos en forma permanente sobre dichas funciones,

lo que servirá para menguar los excesos de su actividad y así de esa manera se

fortalecerá el Estado de Derecho así como se obtendrá la consolidación funcional de

las autoridades competentes, Poder Judicial y Rondas Campesinas, cuyo objetivo

principal es la reducción o eliminación de la criminalidad.

Finalmente, como se podrá apreciar la problemática y solución de las actividades de las

Rondas Campesinas, claro está que se debe combatir con la participación exclusiva del

Estado, de la sociedad, autoridades, debiendo expedirse una normatividad que

contemple la interrelación con las autoridades haciendo constar expresamente la

coordinación y respeto en relación a lucha contra la criminalidad.

Dado a la importancia como se encuentran consideradas a nivel constitucional las

Comunidades Campesinas y Nativas a las cuales integran a las Rondas Campesinas

como promotor y ayuda hacia a ellas, con el objeto de hacerle más sólidas y dotarles

de responsabilidad y tal vez con el devenir del tiempo sean reguladas otorgándoseles

derechos y obligaciones como todo servidor y funcionario público, deben ser

consideradas como parte dentro de su estructura del Ministerio del Interior,

concediéndoles además su propio presupuesto para su desarrollo y puedan contribuir

en el bienestar de sus pueblos.

VI.- CONCLUSIONES

Señalaba en expresiones anteriores que la labor de las rondas campesinas en el

escenario social como están diseñadas en la ley, tiene mucha relevancia e importancia

a los fines del Estado tal como se ha indicado. Primordialmente debe concluirse que el

reconocimiento y existencia de las rondas campesinas, aparte de lo que se ha

manifestado se debe a la pluralidad étnica, sustancialmente, la justificación de su

reconocimiento es también debido a la ineficiencia y falta de operatividad y

desatención exclusivamente del Estado; y aun cuando haya excesos en sus funciones,

ello no significa que se encuentren fuera del contexto de los principios del Estado de

Derecho, en tanto que forman parte de todo el sistema productivo del país.

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