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Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza
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EXPEDIENTE:
CDHEC/2/2017/---/Q
ASUNTO:
Violación al Derecho a la Legalidad y a la
Seguridad Jurídica en sus modalidades de
Dilación en la Procuración de Justicia.
QUEJOSA:
Q1.
AUTORIDAD:
Agencia Investigadora del Ministerio Público de
Delitos Contra la Vida y la Salud Personal, Mesa
II, Delegación Laguna I, Procuraduría General
de Justicia del Estado
RECOMENDACIÓN NÚMERO 97/2018
En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a 12 de noviembre de
2018, en virtud de que la Segunda Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza,
ha concluido la investigación realizada con motivo de los hechos que dieron lugar al expediente de
queja CDHEC/2/2017/---/Q, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, se elaboró el proyecto que, con base en
el artículo 127 del ordenamiento legal invocado, se turnó al Visitador General de esta Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que, finalmente, en apego a los
artículos 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 1, 2 fracción XIX, 3,
20 fracciones II, III y IV, 37 fracción V, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Coahuila de Zaragoza y 99 del Reglamento Interior de esta Comisión, el suscrito, en mi
carácter de Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza, he considerado lo siguiente:
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza
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I.- HECHOS
ÚNICO.- El día 20 de julio de 2017, ante la Segunda Visitaduría Regional de esta Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de
Torreón, Coahuila de Zaragoza, la C. Q1 compareció a efecto de interponer formal queja por hechos
que estimó violatorios a los derechos humanos presuntamente cometidos por personal de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, los cuales describió textualmente de la siguiente
manera:
“.....desde hace cinco años pusimos una denuncia en la Procuraduría General de Justicia
del Estado en esta ciudad, en contra de X porque el 23 de junio del 2012 se descarriló el
tren y se salieron como cinco vagones y uno de ellos arrastro a mi hermano de nombre AG1
causándole la muerte, y me traen a puras vueltas, el A1 me dijo que ya estaba todo que X
había aceptado la responsabilidad y que iba a indemnizar a mi cuñada, pero el día de ayer
le hablé por teléfono y me contestó el A2 y que no me podía atender porque tenía detenido,
siempre me están dando evasivas, cuando hace dos meses me dijo que ya estaba el cheque
de la indemnización, pero lo que ya se me hace raro es porque ayer una licenciada me dio
un número de carpeta de investigación siendo la X y me dijo que le habían mandado un
correo el E1, representante de X, y que estaban esperando la respuesta y no me explico
porque tiene número de investigación de este año cuando la denuncia se puso desde el
2012, por eso yo estoy desesperada porque cada licenciado de ahí me dice algo diferente
y nunca me han enseñado ningún papel de los que mencionan y pues me sale caro porque
siempre me dicen venga mañana y yo necesito ir en carrito y no tengo dinero, por lo que
solicito que se investigue que es lo que ha hecho el ministerio público y de ser posible que
me otorguen copias para yo tener la averiguación previa que se inició, siendo todo lo que
deseo manifestar.....”
Por lo anterior, la C. Q1, solicitó la intervención de ésta Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual, mediante la integración del expediente, logró recabar
las siguientes:
II.- EVIDENCIAS
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PRIMERA.- Queja interpuesta el 20 de julio de 2017 por la C. Q1, mediante la que reclamó
hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos atribuibles a personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, anteriormente transcrita.
SEGUNDA.- Mediante oficio ----/2017, de 18 de agosto de 2017, el A3, Delegado de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila
de Zaragoza, remitió el oficio ----/2017, de 16 de agosto de 2017, suscrito por el A1, quien informó
textualmente lo siguiente:
“.....en relación al Oficio Número ----/2017 de fecha 14 de Agosto del año 2017, en el cual
se solicita un informe pormenorizado con relación a los hechos de los que se duele el
quejoso, en el que se deban hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y
motivaciones de los actos u omisiones reclamados, si efectivamente estos existieren, así
como los elementos de la información que considera necesarios para la documentación del
asunto, Lo anterior motivo de la queja presentada por Q1, para lo cual me permito informar
lo siguiente a la fecha de recepción de la misma:
Que siendo el día 23 de JUNIO del año 2012 a las 1:30 horas del día en mención, esta
Representación Social tomo conocimiento que en la calle X a la altura de la Vivienda
marcada con el número X de la Colonia X en esta ciudad, se encontraba una persona del
sexo masculino sin vida, procediendo a iniciar la Averiguación previa penal número LI-H2-
AC----/2012, por lo que se procedió de manera inmediata al levantamiento de cadáver
siendo que esta persona respondía al nombre de AG1, así como se inició por parte de los
agentes investigadores a la localización de indicios, vestigio o evidencias que pudiera
esclarecer los hechos donde perdiera la vida la víctima, procediendo también a la entrevista
con testigos que pudieran aportar datos o bien en su caso que hubiesen sido testigos
presenciales de los hechos, siendo el caso que hasta la fecha esta unidad investigadora le
ha dado formal cumplimiento a la investigación pertinente para llegar a la verdad histórica
de los hechos pues de los mismos tal y como se desprende de las propias constancias que
obran en la averiguación previa que nos ocupa, dentro de la misma se han desarrollado
diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, cabe mencionar que se
logro la entrevista de todos y cada uno de los intervinientes en dicho accidente es decir el
maquinista de la locomotora así como los demás asistentes de la misma, además del
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representante legal de la empresa X, quienes hasta el momento en dicha carpeta no existe
documento alguno donde la empresa a través de su representante legal o apoderado se
haya comprometido al pago de la indemnización correspondiente puesto que argumentan
que la compañía de seguros que los cubre no acepta realizar el pago mencionado, mas
sin embargo esta representación social realizo gestiones de manera directa con el
representante de la zona norte de X mas no así el que alude la quejosa y quien reside en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, quien se le pidió interviniera a efectos de que por su
conducto la empresa responsable cubriera la indemnización correspondiente, refiriendo el
mencionado profesionista que agotara los alcances de gestión para lograr el pago
correspondiente y ayudar a la familia, audio a lo anterior me permito detallar la diligencias
que obran en la averiguación previa penal por tratarse de un hecho delictivo suscitado en
el sistema tradicional:
° ACUERDO DE INICIO POR PERSONA FALLECIDA DE FECHA DE 23 DE JUNIO
DEL AÑO 2012 A LAS 1.50 HORAS, INSPECCIÓN DE LUGAR Y LEVANTAMIENTO
DE CADÁVER DE FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012 A LAS 1:30 HORAS, OFICIO
DE INVESTIGACIÓN CON NUMERO ESTADÍSTICO ---/2012 DE FECHA DE 23 DE
JUNIO DEL AÑO 2012, OFICIO DE DESIGNACIÓN NÚMERO ---/2012 AL A4
MÉDICO LEGISTA A EFECTO DE QUE REALICE NECROPSIA DE LEY AL CUERPO DE
“N” “N” MASCULINO DE FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012, OFICIO DE
DESIGNACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE LA PLANIMETRÍA DEL LUGAR DE LOS
HECHOS DIRIGIDO A LOS A5 Y A6 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012,
PROTOCOLO DE NECROPSIA CON NUMERO ESTADÍSTICO ---/2012 DE FECHA 23
DE JUNIO DEL AÑO 2012, FE MINISTERIAL DEL CADÁVER EN NECROPSIA DE
FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012 A LAS 11: 00 HORAS, IDENTIFICACIÓN DE
CADÁVER POR PARTE DE LA T1 QUIEN MANIFIESTA SER MADRE DEL HOY
OCCISO EL CUAL RESPONDÍA EN VIDA AL NOMBRE DE AG1 DE FECHA 23 DE
JUNIO DEL AÑO 2012 A LAS 13:02 HORAS, ACUERDO DE RECEPCIÓN DE
NECROPSIA DE LEY DE FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012 A LAS 16:00 HORAS,
OFICIO ---/2012 DIRIGIDO A LA E2 Y/O E3 REPRESENTANTES LEGALES DE X A
EFECTO DE QUE RINDAN INFORMES REFERENTE AL ACCIDENTE FERROVIARIO
OCURRIDO EL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2012 EN LA COLONIA X DE ESTA
CIUDAD, HECHOS EN LOS QUE PERDIERA LA VIDA EL AG1, CITATORIO ---/2014
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DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE X, A FIN DE QUE COMPAREZCA EL DIA
JUEVES 06 DE MARZO DEL AÑO 2014, OFICIO ---/2014 DIRIGIDO AL
REPRESENTANTE LEGAL DE X A FIN DE QUE MANIFIESTE EL NUMERO DE LA
MAQUINA ASÍ COMO EL NOMBRE DEL CONDUCTOR INCLUYENDO DOMICILIO Y
COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN DEL MISMO, LA EMPRESA PARA LO CUAL
TRABAJA Y TODOS LOS DEMÁS DATOS PERTINENTES A DICHO ACCIDENTE. Y
UNA VEZ RENDIDA DICHA INFORMACIÓN, DEBERÁ COMPARECER PARA
RATIFICAR EL CONTENIDO DE LA MISMA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS
CONTADAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL MENCIONADO OFICIO, CITATORIO
DE FECHA 11 DE MARZO DEL AÑO 2014 MEDIANTE EL CUAL SE CITA AL
REPRESENTANTE LEGAL DE X, CON DOMICILIO EN X EN ESTA CIUDAD A FIN DE
QUE COMPAREZCA EL JUEVES 13 DE MARZO DEL AÑO 2014 A EFECTO DE
LLAVEAR A CABO UNA DILIGENCIA DE CARÁCTER PENAL, OFICIO DE FECHA 17
DE MARZO DEL AÑO 2014 SIGNADO POR EL E4, MEDIANTE EL CUAL ACOMPAÑA
PODER AMPLIO Y NOTARIADO DEL NOMBRAMIENTO COMO REPRESENTANTE
DE LA EMPRESA DENOMINADA X DENTRO DEL CUAL DA CONTESTACIÓN A
NUESTRO OFICIO --- Y MEDIANTE EL CUAL PROPORCIONA IDENTIFICACIÓN DE
LAS MAQUINAS, NOMBRE DEL CONDUCTOR DEL TREN EN MENCIÓN DE FECHA
08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 A LAS 12:57 HORAS, DECLARACIÓN
MINISTERIAL E5 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 A LAS 11:41 HORAS
CITATORIO AL C. SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE X EN ESTA CIUDAD A EFECTO DE QUE COMPAREZCA EL 14 DE JULIO DEL AÑO
2015 A LAS 12 HORAS, COMPARECENCIA GENÉRICA DEL E6, DE FECHA 14 DE
JULIO DEL AÑO 2015 A LAS 12:19 HORAS, SECRETARIO GENERAL DEL
SINDICATO SECCIÓN 27 DE FERROCARRILES, OCIO MEDIANTE EMAIL
DIRIGIDO AL APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA EN EL CUAL SE DETALLA LOS
ANTECEDENTES DEL EVENTO Y CIRCUNSTANCIAS ASA COMO SE SOLICITA SE
REALICE LA INDEMNIZACIÓN DE LEY. DE IGUAL FORMA, ME PERMITO HACER
DE SU CONOCIMIENTO QUE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PENAL EN COMENTO
(LI-H2-AC----/2012) ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRÁMITE, PARA EFECTO
DE SER CONSIGNADA EN CASO DE QUE NO HAYA RESPUESTA POR PARTE DE LA
PERSONA MORAL RESPONSABLE. así mismo desde este momento quedo en la mejor
disposición para lo que se emite en lo relacionado con el presente asunto.....”
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TERCERA.- Acta circunstanciada de 13 de septiembre de 2017, levantada por personal de
la Segunda Visitaduría Regional de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila
de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, relativa a la
comparecencia de la quejosa Q1, a efecto de desahogar la vista en relación con el informe rendido
por la autoridad señalada como responsable, en la que textualmente manifestó lo siguiente:
“.....En cuanto al informe del A1, Agente del Ministerio Público de Homicidios, quiero señalar
que siempre me tuvo con la esperanza de que la empresa X iba a indemnizar a la familia
de mi hermano, y siempre me trajo dando vueltas y vueltas, por lo que dicha persona es
responsable de la dilación en integrar la averiguación, por lo que solicito se lleve a cabo una
inspección para que se advierta la tardanza en realizar las diligencias.....”
CUARTA.- Acta circunstanciada de 29 de noviembre de 2017, levantada por personal de la
Segunda Visitaduría Regional de esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila
de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, relativa a la diligencia
de inspección de la averiguación previa penal L1-H2-AC----/2012 que se inició con motivo del aviso
de persona fallecida el 23 de junio de 2012 tramitada por el Agente Investigador del Ministerio
Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en la que textualmente
se asentó lo siguiente:
“.....que me constituí en las instalaciones de la Agencia Investigadora del Ministerio Público
de Delito contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, ubicadas en Periférico Raúl López
Sánchez sin número de esta ciudad, con el fin de llevar a cabo una diligencia de inspección
dentro de la averiguación previa número L1-H2-AC-----/2012, que se inició con motivo del
accidente en el que falleciera quien en vida llevara el nombre de AG1, para lo cual presento
el oficio de comisión número SV----/2017 de fecha 9 de octubre del presente año, siendo
atendido por personal de dicha representación social, y una vez que me reciben el oficio en
cita, me permiten la indagatoria solicitada, en la que se advirtió la existencia de las
siguientes diligencias:
1.- Acuerdo de inicio de averiguación previa por aviso de persona fallecida de fecha 23 de
junio de 2012, iniciada por el A7, Agente del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y
la Salud Personal, Mesa II de esta ciudad.
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2.- Diligencia de inspección de lugar y levantamiento de cadáver de fecha 23 de junio de
2012.
3.- Oficio número ---/2012 de fecha 23 de junio de 2012, suscrito por el A8, Agente
Investigador del Ministerio Público, dirigido al Primer Comandante de la Policía
Investigadora del Estado, mediante el cual se solicita iniciar la investigación de los hechos.
4.- Oficio número ----/2012 de fecha 23 de junio de 2012, a través del cual se designa como
perito médico al A4, para que realice un dictamen en el que se indiquen los motivos del
fallecimiento de AG1.
5.- Oficio sin número de fecha 23 de junio de 2012, mediante el cual se solicita la
designación de un perito criminalístico de campo.
6.- Oficio número ---/2017 de fecha 23 de junio de 2012, que contiene Protocolo de
Necropsia de quien en vida llevara el nombre de AG1.
7.- Diligencia de fe ministerial de necropsia de fecha 23 de junio de 2012.
8.- Diligencia de identificación de cadáver de fecha 23 de junio de 2012.
9.- Acuerdo de recepción de certificado médico de necropsia de fecha 23 de junio de 2012.
10.- Actuación ministerial de recepción de escritos de fecha 15 de agosto de 2012.
11.- Oficio número ---/2012 de fecha 30 de octubre de 2012, mediante el cual se solicita al
Representante Legal de X, un informe sobre el accidente ferroviario en el que falleciera
AG1.
12.- Citatorio de fecha 04 de marzo de 2014, dirigido al Representante Legal de dicha
empresa, para que se presente el día 6 de marzo de 2012, a una diligencia de carácter
ministerial.
13.- Oficio número ---/2014 de fecha 11 de marzo de 2014, mediante el cual se solicita
información al representante legal de la empresa, sobre el nombre del conductor de la
máquina y datos del accidente sucedido el día 23 de junio de 2012.
14.- Citatorio de fecha 11 de marzo de 2014, dirigido al representante legal de Ferrocarriles
de México, para que comparezca a una diligencia ministerial a celebrarse el día 13 de marzo
de 2014.
15.- Informe de fecha 17 de marzo de 2014, que rinde el E4, Apoderado Legal de la empresa
X, mediante el cual informa que el nombre del conductor de la máquina es E7.
16.- Citatorio de fecha 2 de abril de 2014, dirigido al representante legal de X, recibido por
E8, para que comparezca el día 4 de abril del mismo año, a una diligencia ministerial.
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17.- Citatorio de fecha 2 de abril de 2014, dirigido a E1, para que comparezca a una
diligencia ministerial a celebrarse el día 21 de abril de 2014. (Se advierte que esta persona
no aparece como inculpado o testigo, sino que fue autorizado para recibir notificaciones en
el poder notarial que acompañó el E4, Apoderado de la empresa ferroviaria.)
18.- Citatorio de fecha 22 de abril de 2014, dirigido a E7, para que comparezca el día 30
del mismo mes y año, a una diligencia ministerial.
19.- Orden de presentación de fecha 2 de mayo de 2014, dirigido al Primer Comandante de
la Policía Investigadora del Estado, emitida en contra de E7, identificado como el conductor
del tren que provocó el deceso de AG1.
20.- Citatorio de fecha 7 de octubre de 2014, dirigido a E5, en su carácter de inculpado,
para que se presente el día 8 del mismo mes y año, siendo recibido en la fecha de su
expedición por parte del E4.
21.- Citatorio de fecha 6 de octubre de 2014, dirigido a E7, para que se presente a una
diligencia de carácter ministerial a celebrarse el día 10 de octubre de 2014.
22.- Declaración ministerial a cargo de E7, rendida el día 6 de octubre de 2014, durante la
cual el inculpado se reserva a declarar sobre los hechos reclamados.
23.- Declaración ministerial a cargo de E5, rendida el día 10 de octubre de 2014, durante
la cual el inculpado se reserva declarar sobre los hechos reclamados.
24.- Oficio de fecha 9 de julio de 2015, dirigido al Secretario General del Sindicato de
Trabajadores del X, mediante el cual se solicita rinda un informe sobre el accidente
ferroviario.
25.- Diligencia de fecha 14 de julio de 2015, relativa a la comparecencia de E6, quien refirió
ser Secretario General del Sindicato en cita, a través de la cual informa que el conductor de
la máquina es E7 y el garrotero E9.
Siendo todas las diligencias que obran en autos de la indagatoria, por lo que concluyo la
diligencia realizada.....”
Evidencias que se valorarán de forma individual y en su conjunto, en sana crítica y de
acuerdo a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.
III.- SITUACIÓN JURÍDICA
La quejosa Q1, ha sido objeto de violación a sus derechos humanos concretamente a su
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de
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justicia por servidores públicos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra
la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región
Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza en virtud de que personal de dicha
representación social incurrió en un retardo negligente en la función investigadora del delito, dentro
de la averiguación previa penal iniciada con motivo del descarrilamiento de un tren ocurrido el 23
de junio de 2012 en la citada ciudad, evento en el que resultó fallecido el hermano de la quejosa
AG1, evitando con ello se le administrara justicia en forma pronta y expedita, según se expondrá
en la Recomendación.
Las garantías de legalidad y seguridad jurídica están contenidas en los artículos 14 y 16 de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se consagran en los siguientes
términos:
Artículo 14.- “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.”
Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.”
IV.- OBSERVACIONES
PRIMERA.- Dispone el artículo 2, fracción XI, de la Ley de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, que los derechos humanos son las garantías
individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los reconocidos en los
Convenios, Acuerdos y Tratados Internacionales en los que México sea parte.
SEGUNDA.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza,
es el organismo constitucional encargado de tutelar que sean reales y efectivos los derechos
fundamentales de toda persona que se encuentre en el territorio coahuilense, por lo que, en
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cumplimiento a tal encomienda, solicita tanto a las autoridades como a servidores públicos, den
cabal cumplimiento a las disposiciones legales.
TERCERA.- De conformidad con el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 195 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,
19 y 20 fracciones I, III y IV de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza, este organismo público defensor de los derechos humanos es competente
para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones que se imputen a autoridades y
servidores públicos de carácter estatal y municipal.
CUARTA.- Para el análisis y estudio que se efectúa en el presente capítulo, los conceptos
de violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la
procuración de justicia fueron actualizados por servidores públicos de la Agencia Investigadora del
Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, precisando
que la modalidad expuestas implica la siguiente denotación:
Violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en
la procuración de justicia:
1.- El retardo o entorpecimiento malicioso o negligente;
2.- En las funciones investigadora o persecutoria de los delitos;
3.- Realizada por las autoridades o servidores públicos competentes.
Una vez determinada la denotación de la violación al derecho a la legalidad y a la seguridad
jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia, se está en aptitud de entrar al
estudio de todos los elementos que permitirán establecer la relación entre los hechos motivo de la
queja que dio origen a la presente Recomendación y la forma en que estos violentaron el derecho
humano referido, en su modalidad mencionada.
En primer término, el respeto al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de las
personas, se traduce en que los servidores públicos están obligados a hacer cumplir y observar la
ley, para lo cual deben realizar todas las actividades necesarias para ello, conforme a lo dispuesto
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en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales
suscritos y ratificados por México, y en las leyes y los reglamentos aplicables.
En tal sentido, el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, vigente al momento en que ocurrieron los hechos
materia de la queja, establece lo siguiente:
“Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, y su incumplimiento, dará lugar al procedimiento y a las
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que incurra, y sin
perjuicio de sus derechos laborales:
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.- a XXI.- …………
XXII.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servidor público.
XXIII .- a XXVII.- ………
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como falta administrativa.”
Es entonces, que el ejercicio indebido en la función pública, se establece como el
incumplimiento de la obligación de las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover,
respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los derechos humanos, así como
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Bajo esta tesitura, los diversos instrumentos internacionales que regulan el actuar de las
naciones, en materia de Derechos Humanos y de los cuales nuestro País es parte, establecen el
derecho a la justa determinación de sus derechos, el cual se contempla en el artículo 10, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 8, de la Convención Americana
de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, de igual forma en el artículo 14, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Precisando lo anterior, la quejosa Q1 fue objeto de violación a su derecho humano a la
legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de justicia, por
servidores públicos de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la
Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la
ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en virtud de que existió retardo negligente en la función
investigadora del delito realizada por personal de dicha representación social, dentro de la
averiguación previa penal iniciada con motivo del descarrilamiento de un tren ocurrido el 23 de
junio de 2012 en la citada ciudad, evento en el que resultó fallecido el hermano de la quejosa AG1,
indagatoria en que personal de la representación social omitió desahogar las diligencias necesarias
para esclarecer los hechos denunciados y, con ello, se entorpece la indagatoria respectiva y genera
un estado de incertidumbre en la quejosa, según se expondrá en párrafos siguientes.
De las constancias que integran el expediente, existe una dilación en la procuración de
justicia, enmarcada en los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, por lo que los
diversos ordenamientos constitucionales y legales en los que se encuentran protegidos esos
derechos humanos, establecen lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“ARTÍCULO 1.-
...
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.
“ARTÍCULO 17.-
...
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Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”
“ARTÍCULO 20.-
...
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos y elementos de
prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los
recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia
deberá motivar y fundamentar su negativa;
III. a VII. ...”
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor al momento en que se
presentó la queja por hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos:
“Artículo 7.-Dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El
ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las
condiciones que establece la Constitución Federal.
.....
Todas las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, tendrán la
obligación de promover, respetar, proteger y establecer los mecanismos que garanticen los
derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. El Estado deberá de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que determine la ley.”
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“Artículo 113.- La procuración de justicia es una función esencial y por tanto indelegable del
Estado que tiene por objeto proteger los intereses de la sociedad y resguardar la
observancia de la ley, particularmente por lo que toca a la investigación y persecución de
los delitos del orden común. Se ejerce a través de un órgano de la administración pública
centralizada, denominado Procuraduría General de Justicia del Estado que se integra por el
Ministerio Público, sus órganos auxiliares y áreas de apoyo.
La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El Ministerio Público es la institución única e indivisible, que dirige la investigación y
persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos y, en su caso, promueve
el ejercicio de la acción penal ante los tribunales de justicia, protege y brinda atención a las
víctimas del delito y testigos, con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos del imputado
y demás intervinientes. En el ejercicio de su función de investigación y persecución de los
delitos, el Ministerio Público goza de total autonomía, para garantizar su independencia en
la emisión de las determinaciones de su competencia, por lo que ningún funcionario del
Poder Ejecutivo o de cualquier otro poder podrá intervenir en sus decisiones.
La actuación del personal de procuración de justicia se regirá bajo los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, transparencia, objetividad,
independencia y respeto a los derechos humanos.
El Procurador General de Justicia presidirá al Ministerio Público y será el titular de la
dependencia, con las facultades y obligaciones que establecen esta Constitución y las leyes.
En el ámbito de la investigación y persecución de los delitos, las decisiones del Procurador
únicamente estarán sujetas al mandato de la ley.”
Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza:
ARTÍCULO 6.- “PRINCIPIOS RECTORES. Son principios rectores de la presente Ley los
siguientes:
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A. En lo referente a las atribuciones del Ministerio Público:
VIII. LEGALIDAD. El Ministerio Público realizará sus actos con estricta sujeción a la Ley.
Siempre que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito que se persiga de oficio
estará obligado a investigarlo. La misma obligación tendrá respecto de los delitos que sólo
se persigan por querella a partir de que la misma le sea formulada.
El ejercicio de la acción penal será obligatorio tan pronto estime acreditadas las categorías
procesales, según las contemple el Código de Procedimientos Penales, y siempre que la
misma resulte procedente conforme a lo dispuesto en esta Ley.
El no ejercicio de la acción penal sólo podrá decretarse por las causales expresamente
determinadas en la ley.
IX. OPORTUNIDAD. En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá
suspender la investigación del delito o prescindir total o parcialmente de su persecución
ante los Tribunales, en los casos expresamente establecidos en la Ley y en los términos
señalados por la misma.
B. En lo referente a la integración de la Averiguación Previa y a la actuación del Ministerio
Público durante el proceso:
IV. LEALTAD. Quienes con cualquier carácter intervengan en la Averiguación Previa deberán
conducirse con lealtad y buena fe, evitando planteamientos dilatorios o meramente
formales, así como cualquier abuso en las facultades que les concede la Ley.
V. REGULARIDAD. El Ministerio Público velará por la regularidad en la integración de las
indagatorias, vigilará el correcto ejercicio de las facultades otorgadas a quienes en ellas
intervienen y procurará su celeridad y su encauzamiento al descubrimiento de la verdad
histórica.
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16
Podrá aplicar criterios de economía procesal y subsanar y corregir los defectos o excesos
en sus actuaciones siempre que la Ley no disponga lo contrario y ello resulte conducente
para los fines de la indagatoria o para preservar los derechos de los involucrados o de
cualquier tercero con interés debidamente acreditado.
VII. TRATO DIGNO. El Ministerio Público y sus auxiliares deberán proporcionar un trato
digno y adecuado a toda persona con la que, con motivo de sus funciones, deban
interactuar, independientemente de su edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión,
ideología, orientación sexual, posición social o económica, discapacidad, condición física o
estado de salud.
Siempre que el ofendido o la víctima se lo solicite le orientará y explicará suficientemente
los tramites, procedimientos y posibles vicisitudes que puedan presentarse o que tengan
que atenderse con motivo o como resultado de la integración de la indagatoria en la que
estuvieren interviniendo”.
ARTÍCULO 7.- “ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público tendrá las
atribuciones y obligaciones que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública
Estatal, el Código de Procedimientos Penales, la presente Ley y otros ordenamientos
jurídicos; además de las siguientes:
A. En la Averiguación Previa:
III. Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que este y otros
ordenamientos jurídicos le otorguen. Para ello se auxiliará de la Policía Investigadora del
Estado y de los Servicios Periciales y, en su caso, de los demás órganos y autoridades que
prevea la Ley.
V. Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones,
preservar el lugar de los hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la Averiguación
Previa las pruebas que tiendan a acreditar las categorías procesales que determine el Código
de Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para
acreditar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados.
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C. Generales:
I. Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado y el Orden Jurídico que de ellas emana.
V. Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita administración
de justicia.”
Precisado lo anterior, la C. Q1, al presentar su queja, refirió que presentó denuncia en
contra de la empresa X, en virtud de que el 23 de junio de 2012, un tren se descarriló y uno de los
vagones arrastró a su hermano AG1, causándole la muerte y que el personal de la Agencia
Investigadora del Ministerio Público le informó que dicha empresa había aceptado su
responsabilidad en el accidente y que por ello iban a indemnizar a la esposa de la víctima, sin
embargo, a la fecha de la presentación de la queja ante éste organismo no le habían entregado
ninguna indemnización a pesar de que estuvo acudiendo permanente con el representante social,
autoridad que además no realizó las diligencias necesarias para integrar la averiguación previa a
pesar del tiempo transcurrido, queja que merece valor probatorio de indicio que genera una
presunción razonable sobre el hecho que se investiga.
Por su parte, el Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna
I, remitió el informe suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la
Vida, Mesa II, de la ciudad de Torreón, quien admitió la existencia de la indagatoria, refiriendo en
su informe que el 23 de junio de 2012, a las 01:30 horas, la representación social a su cargo tomó
conocimiento de que en calles de la colonia X de la ciudad de Torreón, se encontraba el cuerpo de
una persona del sexo masculino sin vida, procediendo a iniciar la averiguación previa penal L1-H2-
AC----/2012 en la que se llevó a cabo el levantamiento de cadáver de una persona que respondía
en vida al nombre de AG1, por lo que Agentes de la Policía Investigadora procedieron a la
localización de indicios, vestigios o evidencias que pudieran esclarecer los hechos en los cuales
perdiera la vida la víctima.
Asimismo, dicha autoridad, refirió que dentro de la averiguación previa penal se habían
desarrollado diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, habiendo entrevistado a todos
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y cada uno de los intervinientes del accidente, entre ellos, el maquinista de la locomotora,
asistentes de la misma y el representante legal de la empresa, agregando que en la indagatoria no
existe documento alguno en donde la empresa se haya comprometido al pago de la indemnización
puesto que la compañía de seguros que los cubre no aceptó realizar el pago, motivo por el cual la
representación social a su cargo realizó gestiones con el representante de la empresa X, zona norte,
a quien se le pidió que cubriera la indemnización respectiva, pero que no hubo respuesta positiva,
informe que hace prueba plena de las actuaciones practicadas y desarrolladas en la indagatoria.
Al existir contradicción entre el informe rendido con lo manifestado por la quejosa, en
cumplimiento al artículo 111 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Coahuila de Zaragoza, se le dio vista a la quejosa, quien manifestó que el A1, titular de la
representación social que tenía a su cargo la indagatoria, siempre le dio esperanzas de que la
empresa X iba a indemnizar a la familia de su hermano AG1 y que por ello estuvo dando vueltas a
las oficinas de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, solicitando se llevara a cabo una
diligencia de inspección en la averiguación previa a fin de que advirtiera la dilación en las diligencias.
En virtud de lo solicitado por la quejosa, personal de ésta Comisión se constituyó en las
oficinas de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud
Personal, Mesa II, de la ciudad de Torreón, para realizar una diligencia a la indagatoria iniciada con
motivo del fallecimiento de quien en vida llevara el nombre de AG1, llevando una descripción de
todas y cada una de las diligencias que se habían realizado dentro de la averiguación previa penal,
las cuales quedaron asentadas en el acta que para tal efecto se levantó y que genera la prueba
idónea para constatar si dentro de la indagatoria existió dilación y negligencia en el actuar del
Agente del Ministerio Público que debió agilizar su integración.
De lo expuesto tanto por la quejosa como por lo informado por la autoridad señalada como
responsable, se desprende que no existe controversia en cuanto a la existencia de la indagatoria
iniciada con motivo del fallecimiento de quien en vida llevara el nombre de AG1, por lo que una
vez analizado el informe de la autoridad y la información recabada durante la inspección que se
realizó por personal de este organismo, respecto de la averiguación previa penal LI-H2-AC-----
/2012, se advierte que en la indagatoria, una vez iniciadas las diligencias ministeriales, esto es a
partir de que se tuvo conocimiento del accidente ferroviario sucedido en la colonia X de la ciudad
de Torreón, se desarrollaron los siguiente hechos:
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En primer lugar, no obstante que no se recabó la querella de persona que tuviera el carácter
de víctima, se realizaron 9 diligencias en la fecha del accidente, esto es el 23 de junio de 2012,
entre las cuales se encuentra las siguientes: acuerdo de inicio por aviso de persona fallecida,
inspección de lugar y levantamiento de cadáver, solicitud al Primer Comandante de la Policía
Investigadora del Estado para la realización de las investigaciones correspondientes, designación
de perito médico para conocer los motivos del fallecimiento del occiso, solicitud de designación de
perito en criminalística de campo, recepción del protocolo de necropsia, fe ministerial de necropsia,
identificación de cadáver y recepción del certificado de necropsia.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2012, se recibieron documentales las cuales se
agregaron a la indagatoria, es decir, transcurrió casi dos meses para que se llevara a cabo la
actuación en cita, luego de la última actuación; posteriormente, el 30 de octubre de 2012, el Agente
del Ministerio Público gira oficio al representante de la empresa X para solicitarle información sobre
el accidente ferroviario en el cual resultó una persona fallecida, lo cual sucedió a más de dos meses
de la última actuación de 15 de agosto de 2012.
Luego de lo anterior, el Agente del Ministerio Público, el 4 de marzo de 2014 giró citatorio
al representante legal de la empresa ferroviaria para la realización de una actuación ministerial, lo
cual sucedió a más de 1 año y 4 meses de la última actuación, es decir, la de 30 de octubre de
2012, habiendo realizado la representación social en marzo de 2014, tres diligencias, entre ellas la
solicitud de información a la empresa X para que proporcionara el nombre del conductor del tren
que ocasionó el accidente, giró un citatorio a la empresa ferrocarrilera para que su representante
legal compareciera a una diligencia ministerial y, por último, recibió un informe de la empresa
ferrocarrilera mediante el cual informa el nombre del conductor de la máquina de ferrocarril.
Asimismo, el 2 de abril de 2014, la autoridad ministerial giró citatorio al representante legal
de la empresa ferrocarrilera para que compareciera a una diligencia ministerial, y en la misma
fecha, giró citatorio a diversa persona para la práctica de una diligencia ministerial a celebrarse el
21 de abril de 2014; de igual forma, el 22 de abril de 2014, giró citatorio al conductor de la máquina
a quien se le atribuye el accidente y al no comparecer en la citada fecha, el 2 de mayo de 2014,
se giró orden de presentación en su contra, sin que se haya cumplimentado por los agentes de la
Policía Investigadora, a quienes se les solicitó.
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Al continuar con la descripción de las diligencias, se advirtió que el 6 de octubre de 2014
se citó al inculpado para que compareciera a una diligencia ministerial, lo cual sucedió a más de 5
meses de ello; posteriormente, el 7 de octubre de 2014, se emitió citatorio a diversa persona y el
6 y 10 de octubre de 2014, se recibieron las declaraciones ministeriales de las personas citadas. La
siguiente actuación se llevó a cabo el 9 de julio de 2015, consistente en solicitar un informe sobre
el accidente ferroviario, lo cual sucedió a casi 9 meses de la última actuación y la última diligencia
se realizó el 14 de julio de 2015, a través de la cual comparece diversa persona para proporcionar
el nombre del conductor y garrotero de la máquina que participó en el accidente en el que resultara
fallecido una persona y, desde esa fecha hasta la de la inspección, esto es, el 29 de noviembre de
2017, no obra diligencia alguna, lo que se traduce en que por más de 2 años 4 meses, no se realizó
diligencia alguna.
Respecto de lo anterior, personal de la citada representación social que tuvo a su encargo
la indagatoria, debió realizar las diligencias necesarias para integrar debidamente la averiguación
previa penal y las diligencias que se realizaron fueron en intervalos largos de tiempo entre unas y
otras sin que exista una causa legal que justifique tal circunstancia de retraso, lo que se traduce
en un retardo negligente por parte del Agente del Ministerio Público responsable de su integración,
pues su deber legal le impone realizar diligencias necesarias para cumplir, en el tiempo y forma
debido, es decir, con la celeridad que el asunto requiere, circunstancias que no acontecieron en el
presente asunto y a consecuencia de esa dilación, no se ha concluido la averiguación previa penal,
lo que implica que no se ha garantizado a favor de la quejosa el acceso a la procuración de justicia,
en atención a que la procuración de justicia es una función que tiene por objeto proteger los
intereses de la sociedad y resguardar la observancia de la ley, lo anterior además de que puede
generar que prescriba el derecho para ejercitar la acción penal por el transcurso del tiempo, lo cual
haría nugatorio el derecho a que se aplique la ley.
Derivado de lo anterior, el Ministerio Público es una institución que brinda atención a las
víctimas del delito con el respeto irrestricto a los derechos humanos de cualquiera persona que
intervenga en la indagatoria y que la actuación del personal de la procuración de justicia se regirá,
entre otros, bajo los principios de legalidad, lealtad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos, principios a los que debió sujetarse la autoridad responsable y que omitió
hacer en perjuicio del quejoso, según se expuso en párrafos anteriores.
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En tal sentido, resulta evidente que a la quejosa no se les ha garantizado el acceso a la
justicia y, en general, se ha visto violentado su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica,
pues es posible afirmar que la investigación de los delitos y persecución de los probables
responsables no puede diferirse en el tiempo de manera ilimitada, debido a que la imposibilidad
material para obtener los elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad de quien
intervino en su comisión se diluye conforme trascurre el tiempo, y es por ello que el límite de
actuación de los servidores públicos se encuentra en la posibilidad real de allegarse nuevos
elementos de juicio; de lo contrario, el mantener una investigación abierta después de trascurrido
un plazo razonable puede arrojar información poco confiable sobre la eficacia con la que se
desempeñan las instancias de procuración de justicia, sobre todo cuando el paso del tiempo es el
principal obstáculo para llegar a la verdad y a la justicia en las investigaciones.
Por ello, la autoridad debe realizar todas las actuaciones necesarias para determinar lo que
en derecho corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y a la
de las diligencias que practique, sin embargo, la autoridad investigadora incurrió en una dilación
en la procuración de justicia, según se expuso anteriormente, esto al no darle el debido seguimiento
a la integración de la averiguación previa penal.
Por lo tanto, se acredita que personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de
Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, encargado de la indagatoria,
incurrió en retardo negligente en la función investigadora de los delitos, tendiente a practicar
diligencias en tiempo prudente para fortalecer la investigación para acreditar datos que
establecieran que se había cometido un hecho que la ley señale como delito y de que existía la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para investigar y conocer la
verdad histórica de los hechos de la denuncia y, con base en ello, determinar lo que procediera
conforme a derecho, no obstante tener el deber legal de hacerlo.
Aunado a lo anterior, como ya se mencionó, en la fecha en que se realizó la inspección a la
indagatoria, 29 de noviembre de 2017, la última diligencia practicada en el averiguación previa era
la realizada el 14 de julio de 2015, lo que evidencia un retardo injustificado en la atención oportuna
en la indagatoria de referencia que se instruye por el homicidio de quien llevara en vida el nombre
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de AG1 y, con ello, se dejó de actuar dentro de la misma, por más de 2 años 4 meses después de
la última actuación ministerial.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla, en los plazos y términos previstos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial, como actividad estatal previa a la impartición de justicia
penal y el artículo 21 establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al
Ministerio Público, el cual se auxiliara de una policía que estará bajo su autoridad y mando
inmediato; y, por su parte, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza, establece que compete al Ministerio Público, como representante social, a través de sus
agentes, la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales.
De lo anterior se deriva que, para que una persona ocurra ante los tribunales a solicitar se
le imparta justicia en un asunto penal, es requisito indispensable lo realice a través del Ministerio
Público, quién es el único que puede investigar los delitos y su persecución, y, en virtud de que
tiene dicha potestad en forma exclusiva, es evidente la importancia que reviste su función, para
garantizar la seguridad jurídica de quienes ocurran ante dicha institución y, precisamente, esa
función debe de estar apegada a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, a los que se refiere el artículo 109, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los cuales son ratificados por la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza en su artículo 160, fracción 3, máxime si se considera que en la fase de averiguación
previa penal, la autoridad investigadora realiza una serie de diligencias, en ejercicio de sus
funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional.
Por ello, en dicha fase, el Ministerio Público es la autoridad administrativa con facultades
para integrar la indagatoria; este periodo se inicia con la denuncia o la querella y concluye cuando
el Ministerio Público está en aptitud de ejercitar o no la acción penal ante la autoridad judicial, por
lo que la autoridad debe realizar todas las actuaciones necesarias para determinar lo que en
derecho corresponda, de acuerdo a la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y/o
querella y a la de las diligencias que practique, sin embargo, la autoridad al no realizar esa función
incurrió en inactividades injustificadas durante el trámite del expediente, según se expuso.
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Con lo anterior, la actuación de la autoridad, contraviene y violenta en perjuicio de la
quejosa el artículo 6 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza,
relativo a los principios rectores en lo referente a las atribuciones del Ministerio Público y en lo
referente a la integración de la averiguación previa, a saber, la legalidad, lealtad, regularidad y el
artículo 7 relativo a las atribuciones del Ministerio Público, antes transcritos y el artículo 149, 150
y 151 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en vigor al
momento en que se integró la indagatoria respectiva, relativos a la competencia del Ministerio
Público, a su deber de lealtad y objetividad y a sus obligaciones durante la investigación, los cuales
establecen lo siguiente:
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ARTICULO 149. Competencia del Ministerio Público.
Compete al Ministerio Público conducir la investigación y resolver sobre el ejercicio de la
acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias
pertinentes y útiles para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quién
lo cometió o participó en su comisión.
ARTICULO 150. Deber de Lealtad y de Objetividad
El Ministerio Público debe obrar durante todo el proceso con absoluta lealtad para el
imputado y su defensor, para la víctima u ofendido y para los demás intervinientes en el
proceso. (.....) en este sentido, su investigación debe ser objetiva y referirse tanto los
elementos de cargo como de descargo, procurando recoger con urgencia los elementos de
convicción y actuando en todo momento conforme a un criterio objetico, a fin de
determinar, incluso, el no ejercicio de la acción penal o el sobreseimiento (.....)
ARTICULO 151. Obligaciones del Ministerio Público.
Por los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:
II. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos;
V. Determinar los hechos concretos, personas, domicilios y demás lugares u objetos que
deben ser investigados;
VIII. Requerir informes y documentación a otras autoridades o a particulares, así como
solicitar la práctica de peritajes y demás medios de investigación;
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XV. Realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proporcionar auxilio a
víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del ministerio público, policías,
peritos y en general, de todos los sujetos que con motivo de su intervención en el
procedimiento, corran un riesgo subjetivo para su vida o integridad corporal;
XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;
XXI. Aportar los medios de prueba para la comprobación del delito y de la responsabilidad del
acusado, de las circunstancias en que hubiese sido cometido, de la existencia de los daños,
así como para la fijación del monto de su reparación.”
Con lo anterior, resulta evidente que se violentó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica
de la quejosa, por la existencia de una dilación en la procuración de justicia por personal de la
Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II,
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón,
Coahuila de Zaragoza.
El Estado ha diseñado un sistema normativo y un conjunto de instrumentos e instituciones
para procurar y administrar justicia, pues no es permitido que los particulares la alcancen por sí
mismos, sino a través de los órganos del Estado; sin embargo, estas instituciones deben ajustar su
actuación precisamente al sistema normativo y particularmente deben proteger y respetar los
derechos humanos, entre los que se encuentra el del acceso a la justicia que, a su vez, comprende
la garantía del plazo razonable.
Por otra parte, las conductas en que incurrieron las autoridades responsables implican una
violación a los derechos humanos que consagra nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad
con la siguiente normatividad:
El artículo 8.1. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, establece que:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter”.
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A su vez, el artículo 25.1. dispone:
“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales”.
Con lo anterior, se violentan los derechos a las garantías judiciales y protección judicial,
establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, respectivamente, que señalan lo siguiente:
“Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos
de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales
consagrados constitucionalmente”
“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad
competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener
pronta resolución”
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado
por la Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169 el 17 de diciembre de 1979, contempla
algunas disposiciones relativas a la actuación de los servidores públicos, al establecer en el artículo
1 y 2, respectivamente, lo siguiente:
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas
contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su
profesión”.
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“En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los Derechos
Humanos de todas las personas”.
De todo lo anterior, el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, dispone lo siguiente:
“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus
respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter,
incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión
de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y
sancionada en los términos de la legislación penal; y
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten
substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos,
cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.
Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos
bienes, además de las otras penas que correspondan.
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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.”
En ese mismo tenor, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y
Municipales del Estado de Coahuila, en su artículo 52, vigente al momento en que ocurrieron los
hechos, antes transcrito. De acuerdo con el Manual Para la Calificación de Hechos Violatorios de
los Derechos Humanos, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
“La seguridad jurídica es la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un
Estado de Derecho, bajo la vigilancia de un sistema jurídico normativo coherente y
permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente
a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus
diferentes esferas de ejercicio. El derecho a la seguridad jurídica comprende, entre otros,
el derecho a la legalidad, el derecho al debido proceso, a ser juzgado por tribunales
previamente establecidos dentro de un plazo razonable, el derecho de audiencia, el derecho
a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas; implican la abstención de actos privativos de la vida, de la
libertad, de las propiedades posesiones, o derechos, así como la prohibición de la aplicación
retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. En ese sentido es indispensable
garantizar la convicción al individuo de que su persona y bienes serán protegidos por el
Estado dentro de un orden jurídico preestablecido, y en la eventualidad de que sean
conculcados, le será asegurada su reparación. Con la finalidad de combatir la impunidad se
hace patente el reconocimiento del derecho a la seguridad jurídica que puede hacer valer
todo ser humano ante cualquier ataque a su persona, vida, libertad en todos sus aspectos:
personal, de procreación, de tránsito, de residencia, de religión, de opinión y expresión,
reunión y asociación, de propiedad y posesión de bienes y derechos, familia o domicilio. Por
último, es importante señalar que en la investigación de violaciones al derecho a la
seguridad jurídica no debe ser soslayado el marco normativo secundario, el cual busca
armonizar la legislación nacional con los compromisos adquiridos en el ámbito internacional,
con la intención de garantizar de forma eficaz la observancia de los derechos humanos.”
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que deben tomarse en
consideración tres elementos para la determinación del plazo razonable, a saber: a) complejidad
del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales.1 Ello
en virtud de que la integración de la averiguación previa penal tiene la particularidad de no estar
sujeta a plazo, sin embargo, ello no implica que pueda prolongarse indefinidamente en el tiempo,
por lo que la Corte ha fijado estos principios para la apreciación de la posible vulneración de la
garantía del plazo razonable. Esto constituye un parámetro para la determinación de la existencia
de violación a derechos humanos por omisión del Ministerio Público en la integración de la
averiguación previa. Con ello, se advierte que es la actuación negligente del Ministerio Público la
que ocasiona un perjuicio latente al derecho por parte del ofendido a que se le administre justicia
de forma pronta y expedita.
Al respecto, vale la pena retomar el contenido de la Recomendación General número 16
formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el plazo para resolver las
averiguaciones previas, dirigidas a todos los Procuradores Generales de las Entidades Federativas
que en la parte que interesa señala:
“La falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia
del país no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los
responsables de la investigación, quienes en muchos de los casos se dedican a esperar que
las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o que los
peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación en la
que se realicen las diligencias mínimas necesarias.”
Otra parte de dicha Recomendación General establece que:
“Es importante señalar que para esta Comisión Nacional los agentes del Ministerio público,
a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de
su labor con las diligencias mínimas para:a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación
previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos
prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C. Número 137. Párrafo 166.
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acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito
a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo
de los análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las
víctimas del delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del
delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de
averiguaciones previas, g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas
si no se han agotado las líneas de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de
investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función”
De ahí que todo servidor público debe ajustar su conducta a los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y, en caso de apartarse de ellos deberá fincársele la
responsabilidad que resulte procedente y en el presente asunto, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley no aplicaron los principios de los que se refieren los artículos mencionados,
toda vez que incurrieron en una violación a los derechos humanos de la quejosa, en la forma antes
expuesta.
Para esta Comisión de los Derechos Humanos, quedó acreditado que personal de la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila
de Zaragoza, violó los derechos humanos de la quejosa Q1, pues con la dilación en la procuración
de justicia en que incurrieron ello implicó una violación a su derecho a la legalidad y a la seguridad
jurídica.
Es importante señalar que no es cuestión de estudio, de referencia, de valoración ni de
pronunciamiento por parte de esta Comisión, el hecho de que la autoridad debiese determinar o
no el ejercicio de la acción penal por los hechos materia de la indagatoria, pues por disposición
constitucional, ello constituye una función propia del Ministerio Público, de la que este organismo
carece de competencia para intervenir, sino lo que constituye violación al derecho humano a la
legalidad y seguridad jurídica de la quejosa es el deber de la autoridad de determinar lo que en
derecho corresponda en relación con la investigación de los hechos materia de la indagatoria y,
por ello, la importancia de emitir la presente Recomendación estriba no tan solo para restituir los
derechos de la parte quejosa o para señalar a las autoridades responsables de las violaciones de
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sus derechos humanos, sino más bien, en dar a conocer las irregularidades que estructuralmente
presentan las actuaciones de la autoridad.
No pasa inadvertido, que los funcionarios encargados de la procuración de justicia tienen el
deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en tal sentido, en un
sistema basado en normas jurídicas y procedimientos resulta reprochable que incurran en
conductas que violen los derechos humanos de las personas, en franca violación al artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes transcrito.
Es de suma importancia destacar que en atención a que la quejosa Q1 o, en su caso, quienes
dependían de su fallecido hermano, tienen el carácter de víctima, toda vez que ha quedado
plenamente demostrado que fue objeto de violación a sus derechos humanos por personal de la
Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II,
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón,
Coahuila de Zaragoza, por lo que resulta procedente y necesario emitir la presente Recomendación.
En tal sentido, en el ámbito internacional, se han creado los Principios y Directrices Básicos
sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de
Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derechos Internacional Humanitario a interponer
Recursos y obtener Reparaciones, dicho instrumento establece que:
“.....Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia,
remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.....”
Asimismo, establece que:
“.....La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados
concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al
Estado.....”
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31
De igual manera, se establece en la Ley General de Víctimas, en su artículo 7:
“Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y
deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados
y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la
protección más amplia de sus derechos.
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:
I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y
enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos
humanos, y a su reparación integral;.....”
De igual manera, para que pueda existir reparación plena y efectiva, la misma se podrá
otorgar en diversas formas, siendo estas mediante las medidas de restitución, compensación,
rehabilitación, satisfacción y medidas de garantías de no repetición, resultando aplicables al caso
concreto, la medida de satisfacción y de garantía de no repetición y por lo que hace a la medida
de satisfacción, han de aplicarse las sanciones administrativas y, en su caso, judiciales, a los
responsables de las violaciones a los derechos fundamentales de la quejosa.
En cuanto a la medida de garantía de no repetición, es necesario atender a la promoción
de la observancia de funcionarios públicos de los diversos Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos y los contemplados en nuestra Constitución, así como a los lineamientos donde
se establecen facultades y obligaciones de servidores públicos en el área de procuración de justicia,
por lo que es necesario se brinde capacitación al personal de la Agencia Investigadora del Ministerio
Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, sobre la promoción,
respeto y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas y en la legislación
que regula su actuar, para que se conduzcan con apego a la ley.
Es menester recalcar que todo lo aquí expuesto tiene por finalidad, en estricto apego al
cometido esencial de esta Comisión, el colaborar con las instituciones que, como la actualmente
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se esfuerzan por erradicar prácticas comunes
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32
que en otros tiempos fueron insostenibles, y que ahora, al margen de la protección de los derechos
de legalidad y seguridad jurídica, obligan a todas las instituciones a la búsqueda de la protección
de los derechos fundamentales y crear los mecanismos legales necesarios contra toda conducta
que los lastime.
Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero y tercero del artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.
. . . . .
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.”
En este contexto, y al haber quedado plenamente acreditada la violación a los derechos
humanos de la quejosa, así como el incumplimiento a las obligaciones impuestas a la autoridad
ministerial, es necesario se tomen las medidas necesarias para evitar que se continúe incurriendo
en violación a sus derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de concluirse:
PRIMERO.- Son violatorios de los derechos humanos los actos denunciados por Q1,
cometidos por la dilación en la integración de la averiguación previa peal iniciada por el homicidio
de quien en vida llevara el nombre de AG1, en los términos expuestos en esta Recomendación.
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33
SEGUNDO.- Personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra
la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región
Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, incurrieron en violación al derecho
humano a la legalidad y a la seguridad jurídica en su modalidad de dilación en la procuración de
justicia, por los actos que han quedado precisados en la presente Recomendación.
En atención a que la carpeta de investigación respectiva, se lleva ante la Agencia
Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la
actualmente Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna I, de la ciudad
de Torreón, Coahuila de Zaragoza, cuyo superior jerárquico es el Fiscal Ministerial quien es el
responsable de supervisar, controlar, dirigir las actividades del Ministerio Público, según el artículo
26 de la Ley Orgánica de La Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, dicha autoridad
es el superior jerárquico de la autoridad que actualmente integra la indagatoria, sin perjuicio de
que el Fiscal General de Justicia del Estado verifique su seguimiento.
En virtud de lo señalado, al Fiscal Ministerial en su calidad de superior jerárquico de la
Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II,
de la actualmente Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna I, de la
ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, ante quien se lleva integra la indagatoria respectiva, se:
R E C O M I E N D A
PRIMERO.- Se instruya a la ahora denominada Agencia Investigadora del Ministerio
Público de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la actualmente
Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón,
Coahuila de Zaragoza, ante quien se lleva la averiguación previa penal LI-H2----/2012 iniciada con
motivo de accidente en que resultara fallecido AG1, a efecto de que, en forma inmediata,
desahogue las pruebas conducentes y necesarias que la indagatoria requiera por su naturaleza y
las que se encuentren pendientes de diligenciarse, tendiente a indagar sobre la verdad histórica de
los hechos y determinar lo que en derecho corresponda, lo que deberá de realizar en forma debida,
pronta y conforme a derecho, que conlleven a determinar la verdad histórica de los hechos, y, una
vez ello, proceda conforme corresponda para, con ello, concluir la averiguación previa penal, y
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garantizar a la quejosa el acceso a la procuración de justicia y, en caso de que ya la hubiere
concluido, remita las constancias que así lo acrediten.
SEGUNDO.- Se brinde información a la quejosa Q1 del estado y avances que se realicen
dentro de la averiguación previa penal LI-H2----/2012, iniciada con motivo de accidente en que
resultara fallecido su hermano AG1, manteniendo comunicación directa con ella, debiendo brindarle
trato digno y atención oportuna y adecuada.
TERCERO.- Se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad a efecto
sancionar al personal de la Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Unidad de Delitos
contra la Vida y la Salud Personal, Mesa II, de la actualmente Fiscalía General del Estado de
Coahuila de Zaragoza, Región Laguna I, de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, que ha
incurrido en la dilación en la procuración de justicia en perjuicio de la hoy quejosa, imponiéndosele
la sanción que en derecho corresponda, una vez sustanciado el procedimiento respectivo, con base
en lo expuesto en la presente Recomendación.
CUARTO.- Se instruya a los Agentes del Ministerio Público a efecto de que, en el ejercicio
de sus funciones, garanticen una adecuada procuración de justicia, desahogando las diligencias
mínimas para: a) evitar la dilación y/o irregular integración en el trámite de la averiguación previa
y/o carpetas de investigación, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia
por periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias
para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto, c) preservar los indicios del delito
a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) propiciar el desahogo de los
análisis y dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del
delito y a los testigos, f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la
eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas,
g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas
de investigación y h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos
de la policía que tengan a su cargo dicha función.
QUINTO.- Se implementen las medidas necesarias para que no se repitan actos de dilación
en la procuración de justicia que resulten violatorios de derechos humanos en perjuicio de persona
alguna por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
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SEXTO.- Para los efectos a que se refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se de vista a la Dirección General de Contraloría y
Vistaduría de dicho organismo para que, en relación con la presente recomendación, ejerza las
atribuciones que le correspondan, de conformidad con los términos establecidos en dicho precepto,
e informe de ello a esta Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En el caso de que la presente recomendación sea aceptada, de conformidad con el artículo
130 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza y 102
de su Reglamento Interior, solicítese al superior jerárquico de la autoridad responsable lo informen
a esta Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación y hágaseles saber
que, en caso contrario, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, lo anterior conforme
a lo dispuesto por el artículo 195 párrafo tercero, inciso 13 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza y se procederá conforme al numeral 130 de la Ley de la Comisión de los
Derechos humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En el supuesto de que sea aceptada la Recomendación que se emite, deberán exhibirse las
pruebas de su cumplimiento, las que habrán de remitirse a esta Comisión dentro de los quince días
hábiles siguientes a la fecha de la aceptación de la misma. En caso de estimar insuficiente el plazo,
podrá exponerlo en forma razonada, estableciendo una propuesta de fecha límite para probar el
cumplimiento de la Recomendación.
No omito hacer de su conocimiento que es obligación de todo servidor público, responder
a las recomendaciones que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza les presente, esto de conformidad a lo establecido por los artículos 102, apartado B,
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 195, tercer párrafo
punto 13, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Asimismo, hago de su conocimiento que de conformidad con el artículo 63 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, cometerá desacato el servidor público que tratándose de
requerimientos o resoluciones en materia de defensa de los derechos humanos no dé respuesta
alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. En ese sentido, en
caso de no pronunciarse sobre la recomendación emitida, podrá ser sancionado con alguna de las
penas previstas para las faltas administrativas que contempla el cuerpo legal antes invocado.
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Notifíquese personalmente esta resolución a la quejosa Q1 y por medio de atento oficio al
superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos a que haya lugar. Así, con
fundamento en las disposiciones legales invocadas en esta determinación y, con base a los
razonamientos que en ella se contienen, lo resolvió y firma el Doctor Xavier Diez de Urdanivia
Fernández, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de
Zaragoza. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------
DR. XAVIER DÍEZ DE URDANIVIA FERNÁNDEZ.
PRESIDENTE