BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS PERSPECTIVA SUR 7 de Octubre de 2011 / Año 1 / Nro. 4

Ciudad segura, ciudad pública

El desafío de los municipios en la gestión de la conflictividadpor Carola Concaro

”Somos el Ministerio en el barrio” - La seguridad participativa como respuesta a la inseguridadpor Yanilda Gonzalez

¿Policias de repuesto?por Facundo Salles Kobilanski

Foto: Lucía Galli.

EditorialCiudad segura, ciudad pública

Uno de los ejes del actual gobierno nacional es larevalorización de las acciones y discursosrelacionados con el respeto de los DerechosHumanos por parte del Estado y sus funcionarios.En relación a este eje de accionesgubernamentales también se encuentra lademocratización de la política de seguridad,apuesta que el actual gobierno ha enfatizado conla creación del actual Ministerio de Seguridad de laNación.

Sin embargo, en este contexto, se han registradograves acontecimientos alrededor de protestassociales, sindicales y ocupación de espaciospúblicos por parte de algunos sectores sociales,que fueron violentamente reprimidos (por acción uomisión) por las policías provinciales o la PolicíaFederal (Bariloche, junio de 2010; Ciudad deBuenos Aires, octubre de 2010; Formosa,noviembre de 2010; Ciudad de Buenos Aires,diciembre 2010; Ingenio Ledesma, julio de 2011).

Estos acontecimientos demuestran la necesidadde profundizar las líneas de acción iniciadas enmateria de seguridad. En este número dePerspectiva, discutimos acerca de las funciones ycapacidades de las fuerzas de seguridad, lasposibilidades de acción y generación de políticasde los gobiernos locales y la potencialidad de laparticipación comunitaria. Desde nuestra visión,resulta indispensable aportar al desarrollo de leyesque establezcan pautas de actuación policiales quepermitan articulaciones democráticas entre elsistema judicial y las distintas fuerzas provincialesy nacionales. En este sentido, consideramos que elcompromiso de los gobernadores provinciales ylos funcionarios nacionales, presente en el Consejode Seguridad Interior, debiera ser una granherramienta para la generación de mecanismosefectivos para democratizar este sector de laspolíticas públicas.

por Carola Concaro *

El desafío de los municipiosen la gestión de laconflictividad

“Hacerse cargo” para los municipios significa asumir el pro-blema de la seguridad pública como un problema local derespuesta local. De hecho, las respuestas preventivas, entiempo y forma, tienen como atributo principal el anclaje te-rritorial y la participación comunitaria, dos valores marcada-mente locales. En este sentido es que se puede afirmar quelas capacidades actuales de los gobiernos locales –sujeto elloal tamaño de la jurisdicción, al presupuesto o al grado deconflictividad social que sufra- son suficientes para provocarmodificaciones sustantivas sobre la realidad social y crimi-nal, de modo autónomo, eficaz y preventivo. Esto nos obligaa pensar en el diseño de nuevas políticas públicas pero tam-bién nos enfrenta a la necesidad de reasignar, reordenar y re-pensar recursos existentes. En este marco es que tiene lugarla imperiosa necesidad de reubicar en el mapa de las políti-cas de estado a las políticas de gestión de la conflictividad(PGC)1 El objetivo de las PGC es permitir que se desarrollela conflictividad dentro del marco social; pero, al mismotiempo, evitar que el abuso de poder y la violencia se con-viertan en el modo de resolver los conflictos.

El nivel municipal debe pensar la construcción de un modelolocal de seguridad que reconstruya el sistema de gestión dela conflictividad para darle contenido y cauce a las diferentesmodalidades de intervención. Esto tiene un valor táctico parael municipio maximizando, con ello, su capilaridad en la in-

por Yanilda Gonzalez *

”Somos el Ministerio en el barrio” - La seguridadparticipativa comorespuesta a la inseguridad Los procesos de democratización en América Latina coin-cidieron con un aumento importante de las tasas de deli-tos y de la sensación de inseguridad en la sociedad. Antelas fuertes demandas de la sociedad, una de las respues-tas estatales más innovadoras ha sido la incorporación deactores sociales como solución a la problemática. Estanueva “seguridad participativa” involucra a organizacio-nes comunitarias y vecinos/as en el diagnóstico de pro-blemas locales de seguridad y el diseño de soluciones. Enalgunos casos, también funcionan como órgano de con-trol externo de las fuerzas de seguridad. Las políticas deseguridad participativa son llamativas porque promuevenla participación de la sociedad en la provisión de la segu-ridad, una de las principales funciones del estado, la cualha sido tradicionalmente considerada como dominio ex-clusivo de la policía.

La seguridad participativa, con distintas modalidades, hasido implementada en varios países de la región, entre ellosArgentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Uru-guay, y Venezuela. En los últimos meses el nuevo Ministe-rio de Seguridad ha comenzado a implementar en laCiudad Autónoma de Buenos Aires el Plan Nacional de Par-ticipación Comunitaria en Seguridad, el cual promueve laparticipación de integrantes de organizaciones comunita-rias a través de “mesas barriales.” Los y las integrantes delas mesas elaboran “mapas del delito” y evalúan el accionarpolicial en sus comunidades. Un punto a destacar de lasnuevas mesas es que incidirán directamente en la seguri-dad y el accionar policial: las paradas fijas y patrullas poli-ciales se basarán en los datos provenientes de las mesas.

Si bien la participación directa de actores comunitarios po-sibilita el empoderamiento de la ciudadanía en materia deseguridad y un mayor acercamiento entre la sociedad y supolicía, también deberá enfrentar desafíos importantes. Lapolitización, la cooptación, y la falta de continuidad en elrespaldo político e institucional pueden debilitar o anularla potencialidad de la participación comunitaria, como noshan enseñado otro tipo de experiencias.

* YG es Doctoranda en Ciencia Política en la Universidad de

Princeton y Becaria del Programa de Drogas, Seguridad y

Demcoracia del Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales

de Estados Unidos.

tervención y la consecuente eficiencia en la búsqueda de re-sultados preventivos y disuasivos. En un contexto democrá-tico la seguridad pública local debe asentarse y desarrollarseen el marco de una labor conjunta entre el gobierno munici-pal, la policía y las diferentes instancias comunitarias de or-ganización barrial, vecinal, municipal y regional. Debeapuntar a mejorar la seguridad pública local y la calidad devida de la población mediante la resolución de problemas yconflictos sociales que contribuyen o favorecen el aumentode la violencia y la criminalidad en la esfera local.2

En este sentido es que la creación del Ministerio de Seguri-dad de la Nación simboliza un cambio fundamental de pa-radigma en la política de seguridad pública nacional. Porprimera vez en el país se construye una agenda de resoluciónde los asuntos de la agenda de seguridad pública por sobrela respuesta policial. Construir capacidad de gestión, siste-mas de gestión de la información adecuados para la tomade decisiones y planificación estratégica con un fuerte com-ponente de participación comunitaria es la política que, agrandes rasgos, conforma la estrategia de gestión pública anivel nacional. Esas líneas son las que deben orientar la po-lítica pública que propicie la construcción de modelos degestión a escala, especialmente, a nivel municipal.

* CC es Licenciada en Ciencia Política. Directora Ejecutiva del Instituto Latinoa-

mericano de Seguridad y Democracia ILSED.

1.De las cuales, la política de seguridad, la judicial o la política criminal, entre

otras, forman parte. Para profundizar consultar el desarrollo que Alberto Binder

hace de la naturaleza del conflicto y del sistema institucional de gestión de la

conflictividad en Apuntes para un Análisis Político Criminal (2009)

2.ILSED, Estrategia de descentralización y fortalecimiento de la gobernabilidad

local de la seguridad pública, borrador para discusión.

Foto: Lucía Galli.

por Facundo Salles Kobilanski *

¿Policías de repuesto?

Con la puesta en marcha del Operativo Unidad Cinturón Sur en julio pa-sado, la Gendarmería (GNA) y la Prefectura (PNA) comenzaron a realizartareas policiales en áreas delimitadas del sur porteño. Aunque el reem-plazo de efectivos de la Policía Federal (PFA) por gendarmes y prefectoses un dato nuevo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), locierto es que el despliegue de la GNA para realizar tareas policiales no loes si tenemos en cuenta experiencias de este tipo en otras provincias delpaís.

Creada en 1938 para relevar al Ejército del control fronterizo, la GNA surgecomo una policía militarizada para operar en el ámbito federal. A partirde 1983, la GNA inicia una trayectoria que la acerca al polo civil, volvién-dose una herramienta fundamental para excluir a los militares de la se-guridad interior. Institucionalmente, la transformación de la GNA en unafuerza de seguridad plenamente integrada al sistema de seguridad pú-blica fue ratificada por su tardío traspaso junto a la PNA al Ministerio delInterior en 1995.

Como fuerza de seguridad federal, la GNA ya contaba con experiencia entareas que le corresponden a policías provinciales. En 1997 ya había des-empeñado tareas de seguridad permanentes en la CABA, cuando se leadjudicó la responsabilidad exclusiva de la seguridad en establecimientosde las comunidades judías y musulmanas. Además desde 2001, la GNAhabía comenzado a actuar en forma conjunta con la Policía Federal y laPolicía Bonaerense en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).Lo cierto es que a partir de 2003 con el despliegue de gendarmes en al-gunas “áreas calientes” del AMBA, la GNA comenzó a realizar en formaexclusiva estas tareas. Y esta experiencia volvió a replicarse no sólo en elAMBA, sino también en Mar del Plata y la Ciudad de Mendoza.

La diferencia de estas nuevas intervenciones de la GNA con las antece-dentes radica tanto en las expectativas de permanencia como en las basesde apoyo que generan en los municipios por parte tanto de intendentescomo de los vecinos. Como solución a mediano plazo, la contribuciónde los gendarmes y los prefectos a la seguridad porteña y de otras parteses bienvenida, pero se abren dos interrogantes abiertos respecto a susconsecuencias. Por una parte, la GNA y la PNA están poniendo a pruebasu capacidad adaptativa a contextos urbanos, lo que implica una granmovilidad de recursos pero también la posibilidad de que se arraiguenintereses institucionales en las nuevas funciones policiales. Por otraparte, una creciente injerencia del gobierno nacional en la competenciade los gobiernos provinciales y de la CABA en materia de seguridad,puede estar postergando necesarias transformaciones institucionales delas fuerzas de seguridad subnacionales, como es el caso de la Policía Me-tropolitana en la CABA. ¿No estaría facilitando el Plan Unidad CinturónSur una política elusiva de las responsabilidades en materia de seguridadpor parte del gobierno porteño?

* FSK es Licenciado en Ciencia Política (UBA) y Becario Doctoral Conicet.

El Centro de EstudiosPerspectiva Sur (CEPS) es elcentro de estudios de GeneraciónPolítica Sur (GPS). Su objetivo esproducir conocimiento paraprofundizar la democracia.

PERSPECTIVA es la publicaciónperiódica del CEPS para pensar losprincipales desafíos que nospresenta la realidad política,económica y social. En cadanúmero colaboran jóvenesinvestigadores con breves textosque expresan su punto de vista.

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