cartografia de las resistencias

7/26/2019 Cartografia de Las Resistencias.

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Argentina: una cartografa de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la

inclusin y las discusiones sobre el modelo de desarrollo

Titulo

Svampa, Maristella - Autor/a Autor(es)

OSAL, Observatorio Social de Amrica Latina (Ao IX no. 24 oct 2008) En:

Buenos Aires Lugar

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Editorial/Editor

2008 Fecha

Coleccin

Soybeans; Agribusiness; Mining; Environment; Peasant and indigenous movements;

Trade unionism; Unemployed; Picketers; Fbricas recuperadas; Democracia;

Neoliberalismo; Empresas transnacionales; Agronegocios; Soja; Medio ambiente;

Minera; Movimientos campesinos e indgenas; Sindicalismo; Desocupados;

Piqueteros; Transnational corporations; Neoliberalism; Democracy; Recovered

factories; Argentina;

Temas

Artculo Tipo de documento

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/osal/20110418104401/02svampa.pdf URL

Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genrica

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Octubrede2008]

Argentina:

una cartografa de lasresistencias (2003-2008)

Entre las luchas por la inclusin

y las discusiones sobre elmodelo de desarrollo

Maristella Svampa

Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET y la Universidad

Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Resumen

El artculo plantea que en el ao 2004, en Argentina, se pas de unademanda de solidaridad a la de orden y que a pesar de la recuperacineconmica crecieron las desigualdades sociales. Agrega que el gobiernocoopt movimientos de desocupados piqueteros y que estos se fracciona-ron y perdieron protagonismo. Aade que aparecieron fuertes movimien -tos sindicales, muchas veces opuestos a las direcciones de los sindicatos.

Sostiene que las fbricas recuperadas se institucionalizaron y que surgieronmovimientos de clase media contra la precariedad. La expansin de la sojachoc con los pueblos originarios y con la economa campesina y la disputa

de la renta extraordinaria entre el gobierno y los exportadores, concluye, hainstaurado un clima de tensin poltica.

Abstract

The article puts forward the idea that in 2004 in Argentina there was a

switch from a demand for solidarity to one for order, and in spite of eco-nomic recovery, there was an increase in social inequality. It adds that the

government co-opted unemployed picket movements, which were then

broken up and lost importance. Moreover, it states that strong trade union

movements appeared, which on many occasions were opposed to the

direction of the unions. It sustains that the recovered factories were insti-


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ina:unacartografadelasresistenc

ias(2003-2008)]

tutionalized and that middle class movements against instability rose up.

The expansion of soybean production clashed with the indigenous peoples

and the rural economy. It concludes that the dispute over the extraordinary

incomes, between the government and the exporting farmers, has led toa climate of political tension.

Palabras clave

Desocupados, piqueteros, neoliberalismo, transnacionales, movimientoscampesinos e indgenas, medioambiente, sindicalismo, democracia, fbri-

cas recuperadas, minera, soja, agronegocios.

KeywordsUnemployed, picketers, neoliberalism, transnational corporations, rural and

indigenous movements, environment, trade unionism, democracy, recove-

red factories, mining, soybeans, agribusiness.

Mucho se ha hablado de los xitos polticos y econmicos que marcaron lagestin del gobierno de Nstor Kirchner (2003-2007). Entre ellos, se des-taca la salida de la gran crisis de 2001-2002, que sacudi los cimientos dela sociedad argentina. En este sentido, cabe recordar que esta crisis estuvorecorrida por demandas ambivalentes y contradictorias. Por un lado, existaun llamado a la solidaridad y a la autoorganizacin social, lo cual desem-

boc en la conformacin de un rico campo multiorganizacional de carcter

antineoliberal; por otro, la crisis expresaba tambin un fuerte llamado al

orden y al retorno a la normalidad frente a lo que poda considerarse comouna amenaza de disolucin social. As, durante 2002, la Argentina se con-virti en un laboratorio de nuevas formas de accin colectiva, visibles en

las movilizaciones de los desocupados, el surgimiento de asambleas barria-

les, la recuperacin de fbricas quebradas y la multiplicacin de colectivosculturales. Durante un tiempo, en este escenario de efervescencia y decruces sociales inditos, tendi a imponerse la demanda de solidaridad.Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones

as como la fragmentacin de las organizaciones de desocupados fuerondiluyendo la expectativa de una recomposicin poltica desde abajo, paradar paso a una fuerte demanda de orden y normalidad. En este sentido,Kirchner se hizo eco de este mensaje social, en la medida en que apunt aencarnar la exigencia creciente de normalidad, tal como apareca ilustradoen su consigna Por un pas en serio, por un pas normal.


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Sin embargo, los primeros gestos polticos de Kirchner

fueron ms all de esta demanda, mostrando una vez ms la productivi-

dad poltica del peronismo, en un escenario de crisis que desemboc en

el colapso de gran parte del sistema partidario argentino. Productividadmaniesta en las primeras medidas, que generaron una amplia expectativasocial y recolocaron en el primer plano el sistema institucional, redefinien-

do as la escena poltica. Entre los primeros gestos polticos, es precisodestacar el descabezamiento de la cpula militar y el recambio de la Corte

Suprema de Justicia, esta ltima estrechamente asociada al rgimen de losnoventa. Asimismo, el gobierno de Kirchner asumi como poltica de Esta -do la condena a la violacin de los derechos humanos realizada durante la

ltima dictadura militar (1976-1983), lo cual contribuy a echar por tierra lateora de los dos demonios que pona en el mismo plano el terrorismode Estado y la accin de los guerrilleros que haban avalado las gestionesanteriores, as como a impulsar una poltica de la memoria; demandasintrnsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de derechos

humanos en la Argentina.De este modo, el gobierno de Kirchner tuvo la habilidad

de instalarse en un espacio de crtica al neoliberalismo, nota comn de las

grandes movilizaciones de 2002. A su vez, su llegada se vio favorecida porla emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento

de gobiernos de centroizquierda, como el de Lula en Brasil y Chvez enVenezuela, en un contexto de crisis y crtica del consenso neoliberal. Estecambio de clima ideolgico se expresara en la retrica antineoliberal queKirchner asumira desde mediados del ao 2003, que apuntara a ciertosagentes econmicos nacionales (en especial, los productores del campo),

as como a algunas empresas privatizadas en manos de consorcios mul-

tinacionales. Esta retrica tuvo la capacidad de interpelar a gran parte delcampo militante, que se reconoce deudor de la tradicin nacional-popularasociada al peronismo histrico.

Por ltimo, al nal de su gestin, Kirchner poda exhi-bir as logros econmicos importantes respecto de la gran crisis de 2002,

cuando la devaluacin produjo una cada del Producto Interno Bruto (PIB)

del 16%, la tasa de desocupacin lleg a alcanzar un 21% y el salario realdisminuy un 24%. Entre 2003 y 2007, el PIB alcanz un crecimiento

anual de alrededor del 9%, mientras que la desocupacin fue descendien-do del 17,3% en 2003 al 8,5% en 2007, segn cifras del Instituto Nacionalde Estadstica y Censos (INDEC). En gran medida, las altas tasas de cre -cimiento econmico y el supervit fiscal se deben a la recuperacin de la

industria, post-devaluacin, as como a la expansin vertiginosa del modeloextractivo-exportador y la consolidacin de un nuevo modelo agrario.


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ias(2003-2008)]

Pese a los buenos ndices ma-

croeconmicos, el crecimiento fue muy desigual. Lasbrechas econmicas y sociales abiertas en los noventa,

y reforzadas luego de la salida desordenada de la con-vertibilidad entre el peso y el dlar, se consolidaron. As,si en la dcada anterior, el 10% ms rico ganaba 20 ve-ces ms que el 10% ms pobre, en la actualidad, la bre-cha es un 35% ms amplia: el primero supera 27 vecesal segundo. Cierto es que la pobreza, que al comienzo

de la gestin de Kirchner alcanzaba

el 57%, se redujo al 34%. Pero en

los noventa la brecha era del 24%(Lozano, 2005; 2006), todo lo cualhace pensar que la crisis de 2002instal un nuevo umbral desde el

cual pensar las desigualdades.En este marco de salida de la crisis,

xito econmico, persistencia de lasdesigualdades, reactivacin de la

tradicin nacional-popular y reforza-miento del sistema presidencialista, se operara un fuer-

te corrimiento de las fronteras del conicto social: as,entre 2003 y 2008 asistimos, por un lado, a una recon-

figuracin de las organizaciones de desocupados y una

reemergencia del conicto sindical; por otro, al compsde la explosin de los conictos socioambientales, irancobrando mayor importancia y visibilidad tanto las anti-

guas como las nuevas formas de lucha por la tierra y elterritorio. En todo caso, la dinmica de dichos conictosva diseando una cartografa de las resistencias diferen-

te a la de los noventa, pero en la que prevalecen loslenguajes de movilizacin pergeados en aquella po-ca: la utilizacin de la accin directa, la expansin de laforma asamblea y la demanda de autonoma.

En lo que sigue, a n de apreciar

los contornos de esta nueva cartografa, proponemos allector un recorrido en dos momentos: en primer lugar,nos abocaremos a dar cuenta de los cambios origina-

dos en el espacio organizacional piquetero (desocupa-dos), as como en las dimensiones ms novedosas queasume la accin sindical; en segundo, presentaremos

Nos abocaremos a dar

cuenta de los cambiosoriginados en el espacioorganizacional piquetero(desocupados) , as como enlas dimensiones msnovedosas que asume laaccin sindical


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las luchas de los movimientos campesinos e indgenas, las caractersticas

de las nuevas asambleas socioambientales (contra la minera txica y laspapeleras), para terminar con un breve resumen acerca del alcance y las

nuevas oportunidades que se abren frente al reciente conicto que en-frent al gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner (2007-2008) con losdiferentes sectores del agro movilizado (abril-julio de 2008).

De la centralidad de los desocupados a la reemergencia del conflictosindical. La reconfiguracin del espacio piquetero

No es ninguna novedad que en la Argentina de la ltima dcada emergie-ron nuevas formas de organizacin y accin colectiva, como producto de la

resistencia a las polticas neoliberales. Entre estas expresiones, la nota msoriginal fue la emergencia de un conjunto de movimientos de desocupados(piqueteros), a partir de 1996-1997. Desde sus orgenes, dichos movimien-tos estuvieron atravesados por diferentes corrientes poltico-ideolgicas,

que incluyen desde el populismo nacionalista hasta una multiplicidad deorganizaciones de corte anticapitalista1. Sin embargo, pese a la heterogenei-dad poltico-ideolgica, la existencia de un repertorio de acciones comunesy el desarrollo de una estrategia de cooperacin entre las diferentes co-

rrientes hizo posible que pudiramos hablar de un movimiento piquetero,en creciente ascenso poltico-social, ms all de los fuertes episodios de re-

presin registrados. Esto fue lo que efectivamente sucedi hasta mediadosde 2001, ao en que se realizaron las dos grandes asambleas piqueterasque reunieron a la casi totalidad del nuevo arco militante.

Como hemos dicho, con la asuncin de Nstor Kirchner,varias cosas cambiaron. Cierto es que el nuevo gobierno se encontr conorganizaciones piqueteras que contaban con un fuerte poder de convocato-

ria, en especial luego de las grandes movilizaciones de 2002. Sin embargo,la gran represin llevada a cabo en junio de ese ao, que cost la vida dedos jvenes militantes y centenares de heridos, supuso una primera gran

inexin, que golpe de lleno a las organizaciones y moviliz a vastos sec -tores sociales en contra de una poltica represiva abierta y la amenaza de

instalacin de un Estado autoritario. Al mismo tiempo, las organizaciones pi-queteras ya mostraban una gran heterogeneidad ideolgica y una tendenciacada vez mayor a la fragmentacin. En este sentido, la poltica de Kirchner

consisti en poner en acto, simultneamente, el abanico de estrategias dis-ponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras,pero evitando la represin abierta y sistemtica que la propia sociedad re -chazaba. Este proceso encontr una primera traduccin en el realineamien-to que la propia entrada de Kirchner produjo en el espacio piquetero, visible,por un lado, en la institucionalizacin e integracin de las corrientes afines a


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ias(2003-2008)]

la tradicin nacional-popular, dispuestas a apoyar la poltica del nuevo presi-

dente; y por otro, en la oposicin y movilizacin de las vertientes ligadas a laizquierda partidaria e independiente. Como consecuencia de ello, el proce-

so de reconguracin del espacio piquetero fue mayor. Por un lado, a partirde 2003, asistimos al nal de la alianza estratgica entre las dos grandesorganizaciones territoriales, la Federacin de Tierra y Vivienda, y la Corriente

Clasista y Combativa, que haban liderado las luchas antineoliberales desde1997. Por otro, el Bloque Piquetero Nacional, constituido por organizacionesligadas a partidos de izquierda y agrupaciones independientes, y protagonis-ta de grandes movilizaciones entre 2002 y 2004, sufri un gran desgaste y

debilitamiento, de cara al escenario de judicializacin del conflicto y estig-

matizacin meditico-social que se fue montando. Asimismo, las organiza-ciones ligadas a las corrientes autonmicas tambin conocieron una fuerteinexin. Veamos algunos detalles de estas transformaciones.

El retorno de la tradicin nacional-popular y el campo oficialista

La hiptesis de la integracin e institucionalizacin comenz a perfilarse tem-

pranamente como una de las tendencias centrales del gobierno de Kirchner,

alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en

el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las fuentes histricas deljusticialismo. Ms an, este nuevo giro del peronismo coincidi con la con-guracin de un nuevo escenario en Amrica Latina, atravesado por la circu-lacin de prcticas contestatarias y la emergencia de gobiernos de centroiz-

quierda. En este marco, Hugo Chvez devino el nuevo modelo de referencia,en virtud de sus anidades con la tradicin nacional-popular argentina.

Es cierto que, anteriormente, en el campo piqueteroalgunas de estas agrupaciones ya haban manifestado una tendencia hacia

la institucionalizacin (como la Federacin de Tierra y Vivienda); otras msincipientes haban desarrollado un perfil ms combativo (como la juvenil

Barrios de Pie). Por su parte, Kirchner, desde el poder, se encarg de pro -mover la creacin de nuevas organizaciones sociales, entre ellas el Movi-

miento Evita, un frente de organizaciones territoriales de fuerte presencia

en todo el pas que retoma claramente la iconograa peronista.Desde entonces, este conjunto de antiguas y nuevas

organizaciones recibe un tratamiento privilegiado de parte del gobierno na-

cional, beneficiadas por los nuevos programas sociales, entre ellos el PlanArraigo y Manos a la Obra, que contemplan la construccin de viviendas yel nanciamiento de emprendimientos productivos. A partir de 2005, variosdirigentes piqueteros se incorporaron al gobierno, especialmente en secre-taras ligadas a la accin social y comunitaria, a nivel nacional y provincial,

como en la cancillera, lugar privilegiado para llevar a cabo un entrelazamien-


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ctubrede2008]to de las acciones a nivel latinoamericano. En la actualidad, dichas organiza-

ciones atraviesan una etapa de franca estatalizacin, compartiendo espacios

de poder con intendentes y gobernadores anteriormente ligados a la poca

del menemismo o a lo ms rancio del aparato del justicialismo, sectores conlos cuales consideran que han entablado una disputa de poder2.Desde el punto de vista territorial, organizaciones como

Barrios de Pie ampliaron su campo de accin, en particular a partir del

programa nacional Promotores Territoriales para el Cambio Social, contro-

lado desde el Ministerio de Desarrollo Social y concebido como una red

de resolucin de problemas. Al mismo tiempo, la organizacin busc dis-tanciarse de la identidad piquetera, resignicada como una fase de la

lucha cuya reivindicacin se corresponde con el perodo de resistencia alneoliberalismo. En este marco, la relectura hace hincapi en el abandonodel piquete (corte de ruta) como estrategia de movilizacin, debido tantoal cansancio de los sectores medios como al acercamiento con el gobierno.De igual manera, el Movimiento Evita, al no poseer una historia piqueteraprevia, apunt a construir su identidad en torno de la militancia social y el

trabajo de organizacin realizado en los barrios3. As, ambos movimien-tos reivindican una tradicin ms movimientista, autodenindose como

organizaciones sociales, al tiempo que aspiran al desarrollo de un frentepoltico ms amplio, en el difuso espacio de la transversalidad impulsado

por Kirchner al comienzo de su gobierno.Dicha estrategia poltica sufri empero varios reveses:

por un lado, en 2007, en ocasin de las elecciones generales, el presidente

Nstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernndez de Kirchner,sellaron una alianza poltica con los sectores ms conservadores del pe-

ronismo, as como con los llamados radicales K4. Por otro lado, el propio

Kirchner, luego de la asuncin de su esposa a la Presidencia, prepar suretorno a la direccin del Partido Justicialista, lo que se hizo efectivo en abrilde 20085. Ambas decisiones echaron por tierra la ilusin populista de aque-llas organizaciones sociales que haban apostado a una suerte de cambiopoltico desde adentro o la construccin de una especie de transversa-

lidad, ms all de la estructura rgida del partido. En este sentido, dichosgrupos han tendido a sobreestimar la capacidad innovadora del gobierno

de los Kirchner, al tiempo que resignaron toda independencia, como lo

muestra la subordinacin fiel a las consignas impartidas desde la Casa Ro-sada: as, las movilizaciones protagonizadas desde entonces tienen comoantagonista a los sectores enfrentados con el gobierno (especialmente los

sectores formadores de precios y los sectores agrarios).Un devenir ms azaroso parece haber tenido la Fede-

racin de Tierra y Vivienda, ligada a la suerte de su mximo referente, el


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Debates[Argent


ias(2003-2008)] controvertido Luis DEla. Dicha organizacin sufri varias rupturas en los

ltimos aos, al tiempo que se vio enfrentada a la propia Central de Traba-jadores Argentinos (CTA), de la cual forma parte, debido a las ambiciones

del propio DEla, quien en 2003 vislumbr la oportunidad de alentar unproyecto propio, primero como candidato a gobernador de la provincia deBuenos Aires y, luego de su fracaso electoral, como funcionario del gobier-

no de Kirchner, desde la Subsecretara de Tierras para el Hbitat Social, a la

cual debi renunciar en 20066. Estos intentos por capitalizar polticamentela larga historia de la FTV y su desarrollo comunitario terminaron en el fra-

caso, y lesionaron fuertemente a la organizacin, en gran medida porquelas estrategias estuvieron subordinadas a un estilo de liderazgo personalista

y no a un proyecto colectivo. Todo ello no signic, sin embargo, un aleja-miento en relacin al gobierno de los Kirchner, del que DEla aparece comouno de sus defensores pblicos ms acrrimos e incondicionales.

El campo de las organizaciones partidarias y autnomas

A la integracin, institucionalizacin y progresiva estatalizacin de los grupos

filopopulistas es necesario sumar la estrategia de disciplinamiento y crimi-

nalizacin que el gobierno de Nstor Kirchner aplic sobre los grupos ms

movilizados, entre los que se encuentran las organizaciones ligadas a lospartidos de izquierda, as como los grupos independientes y autnomos.Para ello, el gobierno nacional no dud en alimentar la estigmatizacin de la

protesta contraponiendo la movilizacin callejera a la exigencia de norma-lidad institucional, impulsando activamente la difusin de una imagen de

la democracia supuestamente acosada por las agrupaciones piqueteras.Poco importaba si las declaraciones gubernamentales

daban cuenta de un vaivn peligroso que iba de la judicializacin al reco -

nocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamientode la representatividad de las organizaciones a la afirmacin del derecho

legtimo a la protesta. La campaa de invectiva y descalicacin verbal tuvomomentos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Los es-quemas maniqueos y las simplicaciones ganaron el lenguaje periodstico yapuntaron a reducir la experiencia piquetera a una metodologa de lucha (elpiquete), as como se multiplicaron los ataques contra las organizaciones,acusadas de asistencialismo (dependencia en relacin al Estado por medio

de los planes sociales) y hasta de nuevo clientelismo de izquierda. El resul-tado fue el efectivo avance de la judicializacin, o entrega del conflicto a los

tribunales, y la instalacin de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido yavalado por amplias franjas de la opinin pblica.

Cierto es que los movimientos piqueteros tambin con-tribuyeron a esta situacin de aislamiento y deslegitimacin. Muy especial-


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ctubrede2008]

mente, las organizaciones ligadas a los partidos de iz-

quierda (que incluyen diferentes variantes del trotskismo)tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de

oportunidades polticas (la demanda de normalidad) y laproductividad poltica del peronismo, por lo que diagnos-ticaron que Kirchner representaba una pura continuidadrespecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia,y en un escenario de fuerte confrontacin, tendieron a

impulsar la movilizacin callejera, multiplicando los focos

de conflicto y, en ltima instancia, ol-

vidando la vulnerabilidad de las ba-

ses y la gran asimetra de fuerzas yrecursos existentes.En este contexto, todas las orga-nizaciones piqueteras opositorasal gobierno de Kirchner sufrieron

procesos de fragmentacin organi-

zacional y, en un fuerte marco de

reflujo de la accin en las calles, se

vieron obligadas a revisar sus estrategias de interven-cin poltica. Una de las organizaciones masivas quems sinti el debilitamiento del poder de convocatoria

fue sin dudas la Corriente Clasista y Combativa, ligada

al maosmo, que luego de un perodo de hesitacin, yhabiendo aceptado el desarrollo de emprendimientos

propuestos por el gobierno (sobre todo, la construc-

cin de viviendas), opt por el pasaje a la oposicin.

Por su parte, las organizaciones ligadas al trotskismo(como el Polo Obrero) presentaron una fuerte lnea de

continuidad respecto del perodo anterior, en la medida

en que buscaron subordinar la temporalidad propia delas organizaciones territoriales a lo poltico-partidario o,

ms recientemente, a lo poltico-electoral. Sin embargo,la distincin entre lo social-reivindicativo (el trabajo te-

rritorial, en sus diferentes aspectos) y lo estrictamente

poltico (y ello por encima de sus definiciones) continasiendo un elemento de debate y de reexin presenteen casi todas las organizaciones, dada la difcil coexis-tencia establecida, desde los orgenes mismos del ac-

cionar piquetero, entre la urgencia de las demandas ylas aspiraciones de corte emancipatorio.

Presentaremos las luchas

de los movimientoscampesinos e indgenas, lascaractersticas de las nuevasasambleas socioambientales(contra la minera txica ylas papeleras)


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ias(2003-2008)]

Por ltimo, las estrategias de las organizaciones inde-

pendientes fueron marcadamente heterogneas, tanto debido a la ausen-cia de un posicionamiento nico ante las polticas sociales desarrolladas

por el gobierno como al desinters en la creacin de espacios de articu-lacin poltica. Algunas de estas organizaciones, como el Movimiento Te-resa Rodrguez, aceptaron incorporarse a los planes de autoconstruccin

de viviendas y desarrollo de emprendimientos textiles (fbrica de guarda-polvos) que propuso el gobierno de Nstor Kirchner, en un proceso que,si bien implic logros, super rpidamente la posibilidad de ajustar las

lgicas (a la vez individuales y econmicas) desarrolladas por las coope-

rativas de vivienda y las unidades textiles a la lgica (a la vez colectiva y

poltica) propia del movimiento social.Una de las organizaciones autnomas que mejor sorteeste perodo de reflujo y reconfiguracin organizacional fue el Frente Daro

Santilln, proveniente de la Coordinadora Anbal Vern, espacio que tuvieraun gran protagonismo y resonancia con las clases medias entre 2002 y

2003. En efecto, el Frente Daro Santilln rechaz los proyectos productivospropuestos por el gobierno (autoconstruccin y pequeas fbricas textiles),pero al mismo tiempo continu con aquellos emprendimientos ligados a

la produccin artesanal y autogestin (panaderas, huertas comunitarias,bloqueras). Desde una perspectiva poltica, apunt a ampliar la accin ha-cia otros espacios el frente campesino, estudiantil y sindical, anudando

fuertes lazos con movimientos campesinos en especial con el Movimiento

Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Al mismo tiempo, potenci ladimensin cultural del movimiento (creacin de una editorial y una distribui-

dora cultural, entre otros), lo cual torn ostensible la coexistencia y entrelaza-miento novedoso del modelo del militante social con el del activista cultural.

Por ltimo, el movimiento extendi su plataforma discursiva, incorporandoactivamente la problemtica relativa a la defensa de los recursos naturales.En contraposicin, otro de los movimientos independientes ms emblem-

ticos del perodo 1997-2003, el Movimiento de Trabajadores Desempleados(MTD) de Solano expresin radical del autonomismo entr en una etapade visible declive, ligada tanto a la opcin por un desarrollo territorial focali-

zado (la concentracin en unos pocos emprendimientos productivos) como

a una estrategia aislacionista y claramente desmovilizadora. Esto se tradujo

en una significativa ausencia poltica en el plano regional y nacional, pese asu llamativa presencia en los foros internacionales alternativos.

En suma, una vez pasada la efervescencia social, y con

ello el perodo de resonancia con las clases medias movilizadas, hacia me-

diados de 2004 las organizaciones piqueteras disidentes se encontraronen las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un


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ctubrede2008]contexto poltico bien diferente al de los aos anteriores. As, la inexin

fue triple. Por un lado, y de manera casi paradojal, la crisis de 2001-2002otorg al peronismo una nueva oportunidad histrica, permitindole dar un

enorme salto a partir de la masicacin de los planes asistenciales. As, losdispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron, asegurando tanto laposibilidad de la reproduccin del peronismo desde abajo como el cierre

de la brecha disruptiva abierta por las organizaciones piqueteras. Por otrolado, ms all de la masificacin, la poltica social continu en la misma l-

nea que las anteriores, esto es, basada en la fragmentacin y la focalizacinde la ayuda social, lo cual termin por consolidar la matriz asistencial. Porltimo, el corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical y la

explosin de conictos socioambientales volvieron a colocar un velo de in-diferencia e invisibilidad sobre el accionar de las organizaciones piqueteras,en su gran parte debilitadas, encapsuladas en el trabajo territorial de los

barrios y con escasas posibilidades de hacer escuchar sus reclamos.Sin embargo, la dificultad por suscitar adhesiones y alia-

dos importantes por fuera del campo militante no fue exclusiva responsabi-lidad del gobierno nacional, de los medios de comunicacin o de la mirada

racista y unidimensional que adopt gran parte de la sociedad argentina.

Hacia adentro, necesario es decirlo, asistimos a una potenciacin mays-cula de las divergencias existentes entre las diferentes vertientes poltico-ideolgicas, esto es, el pasaje de la cooperacin al conicto. En este con-texto, los movimientos piqueteros crticos y antisistmicos se vieron muydebilitados y debieron resignar la centralidad que, hasta 2004, tuvieron enla cartografa argentina de las resistencias. Asimismo, las organizaciones o-cialistas tendieron a expandirse y multiplicar sus intervenciones, pese a quesu presencia en el plano de la recomposicin del nuevo poder peronista

contina siendo marginal.Finalmente, lo sucedido entre 2003 y 2005 dej plan-

teado como desafo no slo la importancia de la disputa cultural y simblica

en un escenario de agudizacin de los conictos sociales, sino tambin laurgencia de reexionar acerca de cmo tender puentes y generar articula-ciones entre los elementos ms positivos y aglutinantes de las diferentes

vertientes de la izquierda la tradicin nacional-popular, la tradicin marxis-ta clsica y la narrativa autonomista que recorren y desbordan del espacio

piquetero, atravesando el conjunto del campo militante.

El corrimiento del conflicto: sindicalismo y precariedad

Mientras la poltica gubernamental tenda a sellar las fronteras de la exclu-sin, las fronteras de la precariedad comenzaron a mostrarse ms exiblesy porosas, revelando un mayor protagonismo del extenso mundo de traba-


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ias(2003-2008)] jadores, sindicalizados y precarios. En efecto, a partir de 2004, el contexto

de crecimiento econmico sin redistribucin y con un fuerte aumento de la

precariedad marc el retorno de la conflictividad sindical, de la mano de la

tradicional Confederacin General del Trabajo (CGT), luego de una dcadade desmovilizacin y de una reorientacin hacia un sindicalismo de tipoempresarial. Desde 2004, la CGT se encuentra unicada bajo el lideraz-go de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durantelos aos noventa encabez el Movimiento de los Trabajadores Argentinos

(MTA), nucleamiento sindical peronista que oscil entre la crtica a la CGTocialista y la colaboracin con la CTA. Durante los aos de la gestin deKirchner, en un escenario ms bien segmentado y fuertemente corporati-

vista, el vnculo entre la CGT y el gobierno se desarroll en el marco delestilo peronista tradicional: a saber, entre la armacin de la dependenciapoltica y la apelacin a la fuerte capacidad de presin.

Por su parte, la CTA, que nuclea sobre todo a trabajado-res del sector pblico y cuyas dificultades actuales son evidentes, pareciera

no haber encontrado una poltica coherente respecto del gobierno. Estaagrupacin, que en los noventa desempe un papel aglutinador y con -testatario, se ha visto muy desdibujada debido a las divergencias internas,

dado que incluye a conocidos dirigentes que simpatizan con la polticaocial. Por otro lado, pese a las promesas de Nstor Kirchner y su sucesora,Cristina Fernndez de Kirchner, el gobierno contina sin otorgar a la central

la personera gremial exigida.En el marco del aumento de la conflictividad sindical,

no han sido pocas las luchas protagonizadas por comisiones internas, en

ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centra-

les reconocidas. Entre estos actores se destaca el sector de servicios y

transporte (empresas de call center, subterrneos de Buenos Aires). Otrosconictos sindicales de base que tuvieron gran resonancia fueron protago-nizados por el sector pblico (educacin y salud). Desde las huelgas de loshospitales pblicos, amenazados por el desguace, hasta los persistentes

paros del sector docente (enseanza primaria y secundaria) en varias pro-

vincias, dichos conflictos han puesto de manifiesto el deterioro salarial y la

ampliacin de las fronteras de la precariedad, en una poca de prosperidadeconmica. El asesinato de un docente en la provincia patagnica de Neu-

qun (abril de 2007) a manos de la polica provincial y las constantes pujasen otras provincias revelaron la ausencia de propuestas integradoras en

torno a la recuperacin y revaloracin de lo pblico, as como la dificultad

de los propios sindicatos para nacionalizar los conictos.Sin embargo, estos conflictos de base han ido confi-

gurando la emergencia de una militancia sindical, que viene ensayando


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IXN24-O

ctubrede2008]nuevas experiencias de coordinacin. Un ejemplo lo

constituye el Movimiento Intersindical Clasista, que seform en diciembre de 2005 y rene una izquierda

basista, proveniente tanto del sector pblico como deltransporte (subterrneos). Otro caso es la Coordinado-ra de Trabajadores Precarios, conformada por jvenes

trabajadores de call center, encuestadores y becarios

universitarios. Estos trabajadores, en su mayor parteprovenientes de servicios caracterizados por el trabajo

exible y en negro, optaron por atra-vesar un camino organizativo propio.

Una de las caractersticas de dichaexperiencia reere a una accin mi-litante externa, esto es, que el de-sarrollo de una estrategia de resis-

tencia (y por ende de construccin

del sentido de la precariedad) parte

de las instancias de coordinacin, y

no desde el propio lugar de trabajo7.

Asimismo, en trminos tanto generacionales (jvenes)como de ethos militante, la dinmica de dichos espa-

cios de coordinacin presenta una afinidad mayor con

los colectivos de los movimientos alter-globalizacin,

que podemos hallar en otras latitudes (Europa), ligadosa la problemtica de la precariedad. As, sus acciones seinsertan ms en la lgica de los movimientos sociales

que en el registro sindical tradicional.

Frente a la ausencia de control y re-gulacin estatales que se advierte en las ms diversasesferas, la problemtica de la precariedad se ha veni-

do manifestando bajo diferentes formas. As, uno delos hechos que sacudi el pas fue la muerte de 194

jvenes en un incendio ocurrido en una discoteca (Re-

pblica de Croman) en la ciudad de Buenos Aires.Aunque el local tena capacidad para 1.200 personas,

en el momento del siniestro diciembre de 2004 ha-ba ms de 4 mil jvenes. El hecho se constituy en latrgica ilustracin de un modelo socioeconmico ex-cluyente, dejando a la vista una trama de corrupcin

empresarial y complicidad estatal, as como la vulnera-

bilidad y desproteccin de la vida de los ms jvenes.

Estos conflictos de base

han ido configurandola emergencia de unamilitancia sindical,que viene ensayandonuevas experienciasde coordinacin


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Debates[Argent


ias(2003-2008)]

Desde un comienzo, los familiares y sobrevivientes de esta tragedia se or-

ganizaron, exigiendo que la justicia actuara sobre los responsables directose indirectos. La presin de estos, as como las investigaciones efectuadas,

terminaron con la destitucin de Anbal Ibarra, el jefe de gobierno de laciudad de Buenos Aires, por mal desempeo de sus funciones, ocurrida

en marzo de 2006.Pero el efecto Croman presenta la particularidad de

combinar dos dimensiones: por un lado, como movimiento social inscribesu lgica de accin en un tipo de lucha contra la impunidad, pese al esca-

so apoyo obtenido por parte de los organismos tradicionales de derechos

humanos, hoy vinculados al gobierno. Por otro, como hecho social, produjo

una conmocin en la sociedad que desemboc en la desnaturalizacinde la precariedad. Esto se ha venido expresando en diferentes protestas(corte de calles), que tienen como protagonistas a estudiantes secundariosy vecinos que denuncian la precariedad (en trminos de infraestructura, deaumento de la inseguridad, de ausencia de control estatal) como algo anor-

mal e insoportable, e interpelan la responsabilidad del Estado. Dichas de-mandas pueden sintetizarse en una consigna contundente: No queremosotro Croman, que de alguna manera revela la instalacin de un nuevo

umbral desde el cual pensar ciertos hechos, antes vividos como catstrofesnaturales o simplemente como tragedias inevitables.

Por ltimo, recordemos que en la Argentina existe unimportante movimiento de fbricas recuperadas y autogestionadas por los

trabajadores, que involucran a unas 12 mil personas. En los ltimos aos,las fbricas recuperadas entraron en una etapa de fragmentacin organiza-

cional. Arma Julin Rebn (2007):

El gobierno de Kirchner intervino en algunos casos puntua-les, pero nunca incorpor la recuperacin como una poltica

de Estado, en especial, en lo que se reere a la cuestin de

la propiedad. Las expropiaciones temporarias (slo en la ciu-

dad capital y en la provincia de Buenos Aires existen algunos

procesos de expropiaciones denitivas) se debieron a legisla-

ciones provinciales y/o locales. Precisamente la inexistencia

de una poltica nacional de expropiacin llev a que la suerte

de las empresas recuperadas tienda a quedar sujeta a la vo-luntad del gobierno local, la discrecionalidad de los jueces y

avatares de ese proceso.

Por esta razn, varias fbricas recuperadas continan amenazadas de desa-

lojo, una vez pasado el perodo de cesin o comodato. Tal es el caso de los


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IXN24-O

ctubrede2008]trabajadores de FASINPAT (Fbrica sin patrones, ex Zanon), ubicada en el

norte de la Patagonia, quiz la experiencia ms resonante por su carcterantagonista del movimiento de fbricas recuperadas, y con mltiples lazos

con el resto del campo militante.En suma, la dinmica de los conflictos abiertos por laprecariedad y las nuevas formas de exclusin vinculadas al actual modelode acumulacin presagia escenarios inestables y un incremento de las mo-

vilizaciones. Sin embargo, estas acciones contestatarias se desarrollan enun marco de extrema fragmentacin organizacional, ausencia de instanciasduraderas de articulacin poltica y un fuerte poder integrador por parte del

gobierno. As las cosas, las organizaciones piqueteras y las nuevas formas

de accin sindical enfrentan dos desafos mayores: por un lado, la bsque-da de un horizonte de superacin del actual contexto de fragmentacin;por otro, la necesidad de repensar los cambios recientes operados en el

heterogneo mundo de las clases subalternas, en un pas en el cual losmovimientos sociales y las izquierdas antisistmicas siempre han tenidoenormes dificultades para articular polticas conjuntas y convertirse, por

ende, en grandes movimientos polticos.

Las luchas por la tierra y el territorio. Las fases del modelo neoliberalEn los ltimos veinte aos, el impulso del capitalismo neoliberal ha co-

nocido diferentes fases en Amrica Latina: un primer momento, en losnoventa, marcado por la desregulacin econmica, el ajuste fiscal, la po-

ltica de privatizaciones (de los servicios pblicos y los hidrocarburos), as

como por la introduccin generalizada de los agronegocios (los cultivos

de transgnicos mediante la siembra directa). Como arma Boaventurade Sousa Santos (2007), estas transformaciones confirmaron el carcter

meta-regulador del Estado, esto es, un Estado que emerge como enti-dad responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores

no estatales. Esto implic la generacin de nuevas normas jurdicas quegarantizaron la institucionalizacin de los derechos de las grandes cor-

poraciones y la aceptacin por parte de los estados nacionales de dicha

normativa creada en los espacios transnacionales.En 1994, la Argentina realiz una reforma constitucio-

nal que signic un cambio profundo en relacin a la explotacin de los

recursos naturales; por un lado, marc la renuncia del Estado nacional a lapropiedad de los mismos y consagr su provincializacin (gas, petrleo,

minera); por otro, dio paso a una obligada privatizacin al excluir al Estado(provincial o nacional) de cualquier tipo de explotacin. En este marco, lasgrandes empresas transnacionales fueron conformando enclaves de expor-tacin que abarcaron, en primer lugar, la explotacin de los hidrocarburos,


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Debates[Argent


ias(2003-2008)] y posteriormente fueron incluyendo la expansin de las

fronteras mineras y energticas. Asimismo, el procesode privatizacin trajo consigo el desmantelamiento de

la red de regulaciones que garantizaban un lugar a laseconomas regionales dentro de la economa nacional.La nueva poltica se tradujo en una manera diferente de

concebir el espacio geogrco nacional, que desplaz laidea de un modelo global de territorio subsidiado desde

el Estado nacional por la de territorio eciente. En con-secuencia, la viabilidad o inviabilidad

de las economas regionales pas

a medirse en funcin de la tasa derentabilidad.En la actualidad, el capitalismo neoli-

beral en Amrica Latina atraviesa unasegunda fase, caracterizada por la ge-

neralizacin de un modelo extractivo-exportador que apunta a consolidar yampliar an ms las brechas sociales

entre los pases del Norte y el Sur,en base a la extraccin de recursos naturales no renova-bles. La minera a cielo abierto, la construccin de mega-represas, los proyectos previstos por la Iniciativa para la

Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana

(IIRSA)8 y prontamente los agrocombustibles (etanol)

ilustran a cabalidad esta nueva divisin del trabajo. Entrminos de D. Harvey, la actual etapa de expansin del

capital puede ser caracterizada como de acumulacinpor desposesin9, proceso que produjo nuevos girosy desplazamientos, colocando en el centro de la dispu-

ta la cuestin acerca del territorio y el medioambiente.La presente etapa tambin aparece asociada a nuevosmecanismos de desposesin, como la biopiratera o la

apropiacin de formas culturales y cultivos tradicionales

pertenecientes a los pueblos indgenas y campesinos.

No es casualidad entonces queen este escenario de reprimarizacin de la economa,

caracterizado por la presencia desmesurada de gran-

des empresas transnacionales, se hayan potenciado

las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los

movimientos indgenas y campesinos, al tiempo que

En el marco del aumento de

la conflictividad sindical, nohan sido pocas las luchasprotagonizadas porcomisiones internas, enciertos casos por fuera de ladirigencia de los sindicatos ode las centrales reconocidas


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ctubrede2008]

han surgido nuevas formas de movilizacin y participacin ciudadana,

centradas en la defensa de los recursos naturales, la biodiversidad y el

medioambiente todo lo cual va diseando una nueva cartografa de las

resistencias. Estos conictos se insertan en una dinmica multiescalar,en la que lo global y lo local se presentan como un proceso en elque se cristalizan, de un lado, alianzas entre empresas transnacionales yestados que promueven un determinado modelo de desarrollo y, de otro,resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo nilos estilos de vida que ste impone. En el marco de dichos procesos, laconstruccin de un lenguaje sobre la territorialidad se ha venido cargan-

do de nuevas significaciones y valoraciones, a partir del rechazo a una

concepcin ecientista e instrumental que exhiben tanto los gobiernoscomo las empresas transnacionales y determinados actores locales. En laArgentina, tanto la expansin del modelo sojero como del de la minerametalfera a gran escala podran pensarse como un ejemplo paradigmti-

co en el cual una visin de la territorialidad se presenta como excluyentede las existentes (o potencialmente existentes), generando una tensinde territorialidades (Porto Gonalves, 2001). As, la denicin de lo quees el territorio y, de manera ms general, de cul es el modelo de desa-

rrollo viable, tiende a convertirse en ellocusdel conicto.Seguidamente, buscaremos dar cuenta de las diferen-

tes movilizaciones y movimientos sociales que se desarrollan bajo estalgica del conicto.

Mercantilizacin, nuevo modelo agrario y luchas por la tierra

Desde nes de los noventa, la expansin del modelo sojero, caracterizadopor el uso de las nuevas tecnologas de acuerdo a estndares internaciona-

les (semillas transgnicas mediante la siembra directa), coloc a la Argenti-na como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgni-cos. Su vertiginoso desarrollo implic una restructuracin global del sistemaagrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la po -ltica excluyente de los aos noventa.Sin embargo, su xito inicial no sloest relacionado con el agotamiento del modelo anterior, sino tambin consu capacidad relativa de articular diferentes actores econmicos: mientrasque en el sector semillero aparecen las grandes empresas multinacionales

(como Monsanto y Cargill) y unos pocos grandes grupos econmicos lo-cales, en el circuito de produccin surgen otros actores econmicos, entre

ellos los terceristas (los que cuentan con el equipamiento tecnolgico),los contratistas (suerte de productores sin tierra, entre los cuales se in-

cluyen lospoolsde siembra y los fondos de inversin) y, por supuesto, los

pequeos y medianos propietarios, muchos de ellos rentistas.


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Debates[Argent


ias(2003-2008)]

La contracara de dicho proceso ha sido tanto la po-

tenciacin como la emergencia de problemticas econmicas, sociales y

ambientales. As, por ejemplo, entre 1988 y 2002, desaparecieron 103.405

establecimientos agrarios en el nivel nacional. A la reduccin del nme -ro de explotaciones es necesario agregar el incremento de la superciemedia, que pas de 243 a 587 hectreas. Segn el Grupo de EstudiosRurales (GER, 2004: 112), las tcnicas de siembra directa disminuyeronentre un 28 y un 37% el uso de mano de obra, lo que gener un fuertexodo de la poblacin rural. Por otro lado, el aumento de la rentabilidadviene acompaado por el avance de la deforestacin, el uso masivo de

agrotxicos y una tendencia al monocultivo. A esto debemos sumar lo que

supone la sojizacin del modelo productivo en trminos de renuncia de lasoberana alimentaria; o, en otro nivel, de posibilidad de independencia ydesarrollo tecnolgico, vista la tendencia a exportar slo productos prima-rios(commodities) y no productos con mayor valor agregado. Por ltimo, lainstalacin y expansin del nuevo modelo agrario trajo consigo el desplaza-miento de poblaciones y las amenazas de desalojos para las comunidades

campesinas, sobre todo en la llamada frontera agrcola (las reas margi-

nales), como en las provincias de Santiago del Estero y Salta.

En el marco de la hegemona del modelo sojero, hanvenido desarrollndose variadas formas de resistencia, en especial de la

mano de movimientos campesinos, cuya accin va delineando la tensin

existente entre una agricultura industrial y una agricultura campesina o fa-miliar (Domnguez et al., 2007: 239-246). Uno de los movimientos cam-pesinos de mayor trayectoria es el MOCASE, en la provincia de Santiago

del Estero, que surgi en 1985 y cuenta con unas 9 mil familias organi-zadas, tanto por el tema de la tierra como por la comercializacin de sus

productos. En un contexto de expansin de la frontera agrcola, la accindel MOCASE no resulta nada fcil. Desde hace aos, la organizacin espermanentemente hostigada por las guardias paramilitares de los grandes

terratenientes, as como por la judicializacin de los conflictos en torno a

la propiedad de la tierra. Recordemos que, aunque muchos campesinosno cuentan con los ttulos de las tierras, la reforma constitucional de 1994incorpor el reconocimiento al derecho veinteal, abriendo con ello la posi-

bilidad de titularizacin de las tierras a indgenas y campesinos.

De manera ms reciente, tambin en otras provinciasse han venido desarrollando movimientos campesinos que luchan contrael avance de la soja y por la titularidad de las tierras. Tal es el caso delMovimiento Campesino de Crdoba y del Movimiento Campesino de For-

mosa (MOCAFOR), este ltimo incorporado desde hace varios aos a la

CTA. Asimismo, dichas organizaciones, que conforman hoy el Movimiento


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ctubrede2008]

Nacional Campesino e Indgena, han sido objeto de las polticas sociales del

gobierno de Kirchner. Desde 2006, participan en el Programa Social Agro-pecuario, que depende de la Secretara de Agricultura, lo que sin embargo

no ha conllevado ningn cambio de estatus en relacin con la tenencia dela tierra (Giarracca, 2007).La problemtica de la lucha por la tierra presenta di-

mensiones ms dramticas, si hacemos referencia a las organizaciones

y pueblos indgenas. Entre ellas, las comunidades Kolla, Mapuche, Wich,Toba y Ava Guaran han protagonizado en aos recientes una sostenida re-

sistencia a los desalojos y, al mismo tiempo, no abandonaron su lucha por

alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. Una de las regiones

ms afectadas es la Patagonia, donde actualmente se lleva a cabo un pro-ceso de reprivatizacin de la tierra que implica la expansin de ambiciososproyectos de explotacin hidrocarburfera, mineros, energticos, foresta-les y tursticos. El desarrollo de estos megaemprendimientos afecta sobretodo a las comunidades mapuches. Uno de los casos ms conocidos esla contaminacin del yacimiento petrolero de Loma de la Lata, en manos

de Repsol-YPF, donde las comunidades Kaxipayi y Paynemil presentanniveles de intoxicacin alarmantes por la acumulacin de ms de diecisiete

metales pesados en sus tejidos. Desde hace aos la cuestin se debate enla Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Asimismo, la expansinde la frontera energtica abri otros frentes de conicto, entre los cuales sedestaca el proyecto que prev crear seis represas sobre el ro Corcovado(situado a 100 kilmetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la re -sistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedaraninundadas con la construccin.

Otro de los conictos ms resonantes es el que enfren-

tan las comunidades mapuches y la corporacin italiana Benetton, conver-tida en el mayor latifundista de la Argentina, con 900 mil hectreas en laregin. As, se han dado numerosos casos de recuperacin comunitaria detierras en las provincias de Neuqun (con el apoyo de la Coordinacin deOrganizaciones Mapuche y el Consejo Asesor Indgena-CAI) y Ro Negro

(con el respaldo de la Ruka Mapuche). Muchos de estos casos han entradoen la va de la judicializacin, pese a que la Constitucin Argentina, refor-mada en 1994, reconoce la preexistencia tnica y cultural de los pueblos

originarios a la formacin de los propios estados, as como su derechode propiedad y de posesin sobre las tierras tradicionalmente ocupadas.Asimismo, en noviembre de 2006, se aprob la Ley de Emergencia de laPropiedad Comunitaria Indgena, que frena por cuatro aos los desalojosde comunidades, con el propsito de relevar en vistas a regularizar la

situacin territorial de las comunidades originarias existentes en el pas, a


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ias(2003-2008)]

fines de garantizar el control de los bienes de la naturaleza por parte de los

pueblos originarios (Agosto y Briones, 2007).

La expansin de los movimientos socioambientales. Las asambleas contrala minera txica10

Las reformas realizadas durante los aos noventa resultaron cruciales

para la reorganizacin y futura expansin del modelo extractivo-expor-tador. En lo que respecta al sector minero, se establecieron condicionesleoninas para la explotacin. As, en primer lugar, este conjunto de me-didas consisti en la autoexclusin del Estado y el otorgamiento de be-necios y exenciones al capital transnacional, algunos de los cuales son:

estabilidad scal por treinta aos, exencin del pago de los derechosde importacin, deduccin del 100% de la inversin en el impuesto alas ganancias, exencin del pago del canon por tres aos para el des-cubridor del yacimiento. Y nalmente, en cuanto al pago de regalas, seestableci un porcentaje mximo del 3% al valor boca mina declaradopor la empresa (del que se descuentan los costos que implica el procesodesde su extraccin hasta el traslado para la exportacin), as como la noobligacin de liquidar divisas en el pas.

En segundo lugar, la construccin de un andamiaje le-gal fue acompaada desde el Banco Mundial mediante el Programa de

Asistencia a la Minera Argentina (PASMA), cuyo principal objetivo consisti

en realizar reformas regulatorias e institucionales tendientes a alentar la

inversin privada en minera. El proyecto, que tuvo una duracin de seisaos (1995-2001), se ejecut a nivel del Estado nacional y seis provincias.Posteriormente se llev adelante la segunda fase, que incluy esta vez adiecisiete provincias. Entre los componentes del proyecto se encuentran el

desarrollo del marco institucional, el sistema de catastro y registro minero,el manejo ambiental y el sistema unicado de informacin minera.

Por ltimo, se implement tambin una legislacin defacilitacin fronteriza para que los lmites entre pases y sus consecuen -tes incumbencias no fueran un impedimento para la explotacin a amboslados de la cordillera de Los Andes. El Tratado de Integracin y Comple-mentacin Minera con Chile, rmado en julio de 1996, rige la explotacinintegrada de yacimientos compartidos por los dos pases. A partir de dicho

instrumento, el trnsito de bienes pero tambin de personas deja de serregulado por los estados. De esta manera, se congura un territorio dondese desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses

mineros. En el marco de este tratado, el primer proyecto a desarrollarse sedenomina Pascua-Lama, localizado en ambos lados de la cordillera, para el

caso argentino en la provincia de San Juan.


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IXN24-O

ctubrede2008]En este marco, y al igual que en

otros pases latinoamericanos como Per, Ecuador y

Guatemala, se fueron generando una serie de moviliza-

ciones socioambientales contra la minera txica. Estosmovimientos, conocidos como asambleas de vecinos ode autoconvocados, se sitan en pequeas y medianaslocalidades de la zona cordillerana y precordillerana de

varias provincias. En la Argentina, uno de los casos pio-neros y emblemticos fue el conicto que mantuvo la

poblacin de Esquel, ubicada en unaprovincia patagnica, contra la em-

presa minera canadiense MeridianGold. Gracias al alerta dado por tc-nicos y ambientalistas de la regin,

la comunidad de Esquel se movilizcontra la explotacin de una minade oro a cielo abierto, riesgosa para

la salud y el medioambiente. Asimis-mo, siguiendo los pasos de Tambogrande11, los vecinos

autoconvocados organizaron un plebiscito, en marzo de2003, que arroj un rotundo no a la minera txica,reuniendo al 81% de la poblacin. Posteriormente, en2006, la empresa minera intent judicializar el conictoal querellar a seis asamblestas de Esquel por viola-cin de secretos empresariales. Sin embargo, el efectoEsquel tuvo un arrastre multiplicador, despertando aotras regiones en las que ya se haban implantado o se

proyectan emprendimientos mineros de gran enverga-dura, que involucran a conocidas multinacionales. As,en la actualidad existen ms de cincuenta asambleascontra la minera txica, en ms de nueve provinciasargentinas. En todos los casos, la composicin de di-chas movilizaciones reeja un carcter heterogneo ymultisectorial, con una marcada presencia de las clases

medias, y en muchos casos de sectores profesionales

(docentes, tcnicos y otros), encargados de proponer/elaborar un saber contra-experto, a n de confrontarcon el discurso dominante.

Al comps de la explosin de losconflictos socioambientales, las asambleas se han

orientado a la conformacin de una red de territorios

La definicin de lo que es

el territorio y, de manerams general, de cul es elmodelo de desarrollo viable,tiende a convertirse en ellocusdel conflicto


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Debates[Argent


ias(2003-2008)] que dio origen a diversos colectivos de organizaciones, entre ellas la Asam-

blea Coordinadora Patagnica, Asamblea Comarcal, Asamblea Regional No

a Pascua Lama y Plenario de Organizaciones del NOA (noroeste argentino).

Estas asambleas regionales integran la Unin de Asambleas Ciudadanas(UAC), que desde 2006 funciona con el objetivo de potenciar las luchasde las comunidades. El carcter asambleario de la UAC (que ha realizadoya seis encuentros nacionales) refleja empero las dificultades de construir

instancias de segundo grado, que potencien los antagonismos existentesen funcin de una lgica de acumulacin poltica. Sin embargo, pese asus dificultades, la UAC se ha convertido en un lugar de intercambio de

experiencias y, por ende, de ampliacin de las demandas, entre las cuales

se incluye una incipiente y progresiva afinidad valorativa con la cosmovisinde los movimientos campesinos e indgenas, histricamente invisibilizados

y relegados al margen de la sociedad. De hecho, el Movimiento Campesinoe Indgena ha participado de los ltimos dos encuentros.

Estos conflictos socioambientales tienen lugar en el

marco de un entramado complejo, en el cual se encuentran involucrados

diferentes actores sociales, econmicos y polticos en el nivel local, regional,

estatal y global. En este sentido, cabe sealar que la multiescalaridad suele

combinarse perversamente con una tipologa muy expandida en AmricaLatina:las economas de enclave. As, estos emprendimientos suelen en-contrar un contexto favorable en aquellas regiones caracterizadas por unamatriz social ms jerrquica y escasamente diversicada desde el punto devista econmico, en la que imperan gobiernos provinciales y municipalesde bajsima calidad institucional y sobreabunda el empleo estatal12. En estecontexto, las asimetras propias de la dinmica entre lo local (las asambleasde autoconvocados) y lo global (empresas multinacionales) tienden a exa-

cerbarse: las movilizaciones suelen ser ms errticas y la vulnerabilidaddel colectivo, mayor. Esta realidad parece ajustarse a varias provincias delnoroeste argentino, como La Rioja, San Juan, Salta, Catamarca y Tucumn.El paradigma lo constituye sin duda la provincia de San Juan, actualmente

gobernada por un dirigente peronista que fuera el encargado de promoverla ley minera en los aos noventa, quien posee intereses econmicos enel sector. As, en Calingasta, una de las localidades ms afectadas de laprovincia, las diferentes tentativas por llevar a cabo un referndum con

relacin al tema de la minera han fracasado. La suspensin del plebiscitoen tres oportunidades reafirma el compromiso del Estado provincial y su

alianza con las empresas transnacionales para garantizar la expansin de laactividad minera en dicha regin. Asimismo, a nes de 2007, la Legislaturade esa provincia sancion un nuevo rgimen contravencional que estable -ce la pena de treinta das de crcel o trabajo comunitario a todo aquel que


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IXN24-O

ctubrede2008]anunciando desastres, infortunios o peligros inexistentes provoque alarma

en lugar pblico o abierto al pblico, de modo que pueda llevar intranqui-lidad o temor a la poblacin (ver ), en un evidente

intento por acallar la resistencia contra la minera a cielo abierto.Muy diferente es el caso de aquellas otras provinciasque cuentan con un fuerte tejido social y una economa ms diversicada,como Mendoza y Crdoba. As, en 2007, presionada por las movilizacionessocioambientales, la Legislatura de Mendoza aprob una ley contra la mi-

nera txica, y la provincia de Crdoba, con todos sus vaivenes, se aprestaactualmente a seguir sus pasos. Asimismo, en las provincias patagnicas, laexistencia de una matriz social ms abierta y la presencia de una poblacin

de tipo aluvional favorecieron el rpido proceso de empoderamiento de losmovimientos, tal como lo demostr el caso de Esquel, y posteriormente lasprovincias de Ro Negro y La Pampa, que rpidamente se plegaron a san-cionar una normativa que prohbe el desarrollo de este tipo de minera.

Por otro lado, la posibilidad de xito de las moviliza-ciones socioambientales tambin est ligada a otro tipo de factores: porejemplo, a la etapa de realizacin en la cual se encuentra el proyecto

(prospeccin, exploracin o explotacin). As, la mayor parte de las ac -

ciones exitosas se reeren a proyectos mineros que se encontraban enuna etapa de prospeccin o exploracin. Muy diferente es el caso de lasacciones de resistencia una vez que el emprendimiento se encuentra enuna fase de explotacin y desarrollo. El caso ms emblemtico es el dela minera La Alumbrera, instalada desde 1997 en Andalgal, provincia deCatamarca, que cuenta con un mineraloducto de ms de 200 kilmetrosde extensin, que comunica el yacimiento con la ciudad de Tucumn. Enlos ltimos aos, han sido numerosas las denuncias de contaminacin a

causa de la rotura de dicho mineraloducto. En un contexto de economade enclave, la accin econmica y social de la empresa tiende a acallar

toda disonancia. En todo caso, a once aos de la instalacin del primerproyecto de minera a cielo abierto en el pas, resulta posible establecer de

manera cierta cules fueron los impactos sociales, econmicos y ambien-

tales. Frente a ello, y por primera vez en la Argentina, en el mes de juniode 2008, la justicia fall en contra de una minera, haciendo responsable a

La Alumbrera por graves daos ambientales.

Asimismo, el xito de estas acciones de resistencia de-pende del sistema de oportunidades polticas. Un caso relevante es el de laprovincia de La Rioja, donde desde hace ms de un ao las asambleas de

Chilecito y Famatina realizan un corte que impide el acceso de la empresaBarrick Gold (una de las compaas mineras ms grandes del mundo, de

origen canadiense) al territorio en el que se propona iniciar la etapa de


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Debates[Argent


ias(2003-2008)] exploracin. A mediados de 2007, las acciones de lucha

encontraron una novedosa oportunidad poltica, a raz

de un conflicto interno dentro del Partido Justicialista

provincial, que deriv en el desplazamiento del gober-nador. En el marco de la crisis poltica, el gobernadorsustituto sancion por decreto una ley que prohbe laminera contaminante. Sin embargo, una vez consolida-do por la va electoral, ste busc limitar el alcance de laley, que hasta el da de hoy no ha entrado en vigor.

Por ltimo, no olvidemos que, desdela rbita del gobierno nacional, se ha

venido confirmando la continuidaddel modelo minero13, y nada pare-

ce indicar que la actual gestin deCristina Fernndez de Kirchner vaya

a orientarse hacia una discusin

acerca del modelo de desarrollo, en

lo que se reere a la explotacin delos recursos naturales y el rol de las

grandes empresas transnacionales, frente a un contextooptimista en trminos de inversiones extranjeras.

La Asamblea Ambientalista de Gualeguaych

Uno de los conflictos socioambientales ms resonan-

tes es sin duda el de Gualeguaych (provincia de Entre

Ros), donde los vecinos se movilizaron en contra de la

instalacin de dos papeleras, Botnia y Ence, de origen

transnacional. A diferencia de otros reclamos socioam-bientales, como el de las mineras, el conflicto por las

pasteras aade un registro para nada suplementario, al

involucrar a dos pases vecinos y traer por ende al pri-

mer plano cuestiones referidas a la soberana estatal.Dicho conflicto se retrotrae al ao

2003, cuando el gobierno uruguayo, bajo la presidencia

de Jorge Batlle, aprob la construccin de dos plantas

papeleras en la costa del ro Uruguay, que dicho pascomparte con Argentina. Recordemos que, desde nesde los ochenta, impulsado por el Banco Mundial (BM)

y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Uruguay

apost al desarrollo del modelo forestal, cuyo destino

no era otro que la industria papelera internacional (ver

nada parece indicar

que la actual gestinde Cristina Fernndezde Kirchner vaya aorientarse hacia unadiscusin acerca delmodelo de desarrollo


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ctubrede2008]Giarracca, 2007). Lo cierto es que, mientras del lado uruguayo se des-

oyeron las voces que advertan sobre la extensin del monocultivo deleucalipto, del lado argentino se ignoraron tambin las advertencias de las

organizaciones ambientalistas frente a la amenaza de contaminacin quepodran producir ambas plantas papeleras (Bergel, 2006). Pese a ello, aambos lados del ro Uruguay, las organizaciones ambientalistas continuaron

realizando una intensa campaa de difusin y alerta en la poblacin. Asi-mismo, el Frente Amplio uruguayo, que durante su campaa electoral sehaba manifestado en contra de la construccin de las papeleras, una vez

en el gobierno opt por apoyar su instalacin.El 30 de abril de 2005 se realiz una enorme movili-

zacin que culmin con el abrazo al ro Uruguay, que se constituy en elacta de nacimiento de la Asamblea Ambiental de Gualeguaych. Del ladoargentino, entre 2005 y 2006 se realizaron intensas movilizaciones queincluyeron largos cortes de los pasos fronterizos que unen ambos pases.Los asamblestas autoconvocados lograron, de este modo, mediante una

protesta pacca que conjugaba la desobediencia civil con la democraciaasamblearia, colocar el conflicto en la agenda poltica nacional e interna-

cional. En ese marco de internacionalizacin del conicto, la empresa Ence

decidi cambiar la zona de emplazamiento de la pastera. No as Botnia,compaa de origen nlands, que opt por continuar las obras para nal-mente entrar en funcionamiento a mediados de 2007.

El conicto desemboc en dos querellas: la primera,ante el tribunal internacional de La Haya, ante el cual la Argentina radic

una denuncia por amenaza de contaminacin, y cuyo juicio definitivo to-

dava est pendiente. La segunda fue una causa abierta en el tribunal delMercado Comn del Sur (MERCOSUR), ante la presentacin de Uruguay,

que denunci la ilegalidad de los cortes de los puentes fronterizos. Porsu parte, desde principios de 2007, frente a la falta de respuesta de las

autoridades, la Asamblea de Gualeguaych retom el corte del puente

internacional por tiempo indefinido, tensando enormemente la relacin

entre ambos pases.El impacto de la Asamblea Ambientalista de Gualeguay-

ch est vinculado tanto a la duracin de la protesta como a su carcter

masivo: mujeres y hombres de todas las edades, mayoritariamente perte -

necientes a las clases medias, han venido recorriendo un largo camino quese tradujo tanto en un empoderamiento poltico como en una ampliacin

del horizonte respecto de la complejidad de los problemas socioambien-

tales. En este sentido, la experiencia de Gualeguaych representa el picoms alto de la corta historia asamblearia de la Argentina; sin embargo, tam-bin ha sido la experiencia que ms rpidamente mostr sus lmites. As,


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ias(2003-2008)]

desde un comienzo, la asamblea busc diferenciarse de los desocupados

(piqueteros), rechazando el mote de neopiqueteros que le adjudicabatanto la prensa argentina como uruguaya. Pero los lmites de Gualeguaych

no residen tanto en su carcter de clase o en su marcada autorreferenciali-dad (muy probablemente, debido a la sobreexposicin frente a los mediosde comunicacin), sino ms bien en el hecho de haber desarrollado una

fuerte matriz nacionalista. La intervencin del presidente argentino, NstorKirchner, en apoyo a la asamblea (en clave de Causa Nacional), y la res-

puesta no menos virulenta de su par uruguayo, Tabar Vzquez, resultaroncruciales en dicha inexin nacionalista. Por un lado, el enfrentamientoentre los dos gobiernos sirvi para reactivar la vieja oposicin entre pas

grande y pas pequeo que recorre histricamente la relacin. Por otro,el conicto enfrenta a dos pases que cuentan con una tradicin polticamuy diferente. As, mientras en la Argentina la accin poltica no-institu -cional est claramente instalada y constituye un repertorio habitual de las

organizaciones sociales, en Uruguay, la existencia de una fuerte tradicininstitucional ha generado una gran desconfianza hacia todo tipo de accin

que se desarrolle por fuera de los carriles institucionales habituales. De estamanera, el conflicto termin por instalarse en un registro de difcil solucin,

el de la exacerbacin de las lgicas nacionalistas, antes que en el terrenode la discusin del modelo de desarrollo.

En fin, ms all de las ambivalencias, las limitaciones

y los matices, tanto los movimientos campesinos e indgenas como las

nuevas movilizaciones socioambientales se instalan en un campo de difcil

disputa. Por un lado, deben confrontar directamente la accin global delas grandes empresas transnacionales, provenientes del Norte desarrollado,

que en esta nueva etapa de acumulacin del capital se han constituido en

los actores claramente hegemnicos del modelo extractivo-exportador. Porotro, en el plano local, deben confrontar con las polticas y orientaciones

generales de los gobiernos tanto a nivel provincial como nacional, quie-nes en su mayor parte consideran que en la actual coyuntura internacionallas actividades extractivas constituyen la va ms rpida si no la nica enesas regiones hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas ve-

ces postergado en estas latitudes.

La ilusin desarrollista y los nuevos escenariosConvengamos que mucho se ha escrito acerca de las dicultades que unagran parte de los movimientos sociales actuales tienen para comprender e

involucrarse en la compleja dinmica de reconstruccin del Estado, en el

marco de procesos nacionales caracterizados como gobiernos en disputa.Incluso se ha criticado la visin simplificada, y por momentos dogmtica-


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ctubrede2008]

mente autonmica, de movimientos y organizaciones sociales proclives a

ignorar las ambivalencias y dilemas que afrontan dichos gobiernos. Sin em-bargo, muy poco se ha hablado acerca de la ilusin desarrollistaque hoy

parece caracterizar a varios gobiernos de la regin y de las consecuenciasque ello podra aparejar en trminos de modelo de desarrollo.En efecto, la expansin vertiginosa del modelo extrac-

tivo-exportador y los grandes proyectos de infraestructura de la cartera delIIRSA parecen alimentar una ilusin desarrollista, habida cuenta de que, adiferencia de los aos noventa, las economas latinoamericanas se vieron

favorecidas por los altos precios internacionales de los commodities, tal

como se reeja en las balanzas comerciales y el supervit scal. El hecho

no puede ser desestimado, muy especialmente luego del largo perodode estancamiento y regresin econmica de las ltimas dcadas. En estacoyuntura favorable, no son pocos los gobiernos que han relegado a unsegundo plano o sencillamente escamoteado las discusiones acerca de

los modelos de desarrollo posible, habilitando as un nuevo impulso de

la visin productivista14.Para el caso argentino, necesario es decir que las pro -

puestas reformistas del gobierno de los Kirchner (2003-2007 y 2007-2008)

han sido de corte ms modesto y claramente continuista, tanto en lo quese reere al nuevo paradigma agrario como a la explotacin de los recursosnaturales. Una excepcin la constituye, como hemos dicho, el reclamo delos vecinos de Gualeguaych, en la provincia de Entre Ros. Sin embargo,en los primeros meses de 2008, se abrieron nuevas oportunidades pol-

ticas para una discusin, al menos en lo que respecta al modelo sojero ysus consecuencias, cuestin hasta ese momento reservada a unos pocos

especialistas, ecologistas marginales y movimientos campesinos. Veamos,

para terminar este artculo, en qu consiste dicha oportunidad.A fines de 2007, con un objetivo recaudatorio y fiscalis-

ta, la nueva presidenta, Cristina Fernndez de Kirchner, aument las reten-

ciones a las exportaciones de las mineras, hidrocarburos y productos agr-colas (entre ellos, la soja transgnica). Poco despus, a principios de 2008,anunci un nuevo aumento de las retenciones al agro, elevndolas al 44%.Pese a que las medidas fueron adoptadas en un contexto de estampida delos precios internacionales de los productos agrcolas que benecian a los

sectores agrarios, generaron un crudo enfrentamiento entre el gobierno ylos diferentes sectores organizados del campo. De manera indita, el fren-te agrario agrup tanto a las grandes organizaciones rurales (entre ellas la

tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios)como a aquellos representantes de los pequeos y medianos productores(Federacin Agraria Argentina). Durante cien das, estos actores llevaron


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ias(2003-2008)] a cabo conjuntamente una serie de bloqueos de rutas (paros agrarios y

lock-out) que dejaron al pas al borde del desabastecimiento y dividieron ala sociedad. La dinmica que adquiri el conicto dio especial visibilidad a

algunos de los socios menores del nuevo modelo sojero, entre ellos lospequeos productores agrarios, quienes llevaron a cabo una alianza nonsanctacon las corporaciones ms poderosas, histricamente identificadas

como el adversario. A su vez, las clases medias urbanas aportaron nuevasdimensiones polticas al conflicto, mediante numerosos cacerolazos realiza-

dos en apoyo a los reclamos agrarios, en los cuales no estuvieron exentasni las cuestiones de orden racista y clasista (el rechazo visceral al peronis-

mo, asociado tradicionalmente a los sectores populares), ni las demandas

institucionales (la distribucin del poder poltico, visiblemente concentradoen el matrimonio presidencial).

Por su parte, la escalada vertiginosa del conflicto mostr

la escasa exibilidad y apertura del nuevo gobierno de Cristina Kirchner, loque se tradujo en una inesperada licuacin del capital poltico y simblicoacumulado por el kirchnerismo desde la salida de la crisis y, por ende, en una

importante prdida de prestigio de la autoridad presidencial. Los sectoresaliados al oficialismo no dudaron en leer el conflicto en clave latinoamerica-

na, esto es, en el marco de una supuesta polarizacin entre la derecha oli-grquica y un gobierno nacional-popular o nacional-desarrollista. Lo cierto esque, ms all de las hiprboles de los discursos y las falsas polarizaciones, amedida que el conicto se agravaba, el gobierno tendi a enfatizar el carcterpopular de la medida, poco explicitado al inicio, abriendo una oportunidad dediscusin acerca de la necesidad de la redistribucin econmica y social.

Es importante subrayar que, en su mayora, los cortes deruta y bloqueos fueron sostenidos por asambleas de autoconvocados com-

puestas por pequeos productores. Uno de los lugares ms emblemticosde la protesta fue Gualeguaych. Sin que sea legtimo hablar de solapamien-to, el caso es que existi una suerte de comunicacin entre la AsambleaAmbiental de Gualeguaych y las protestas rurales, que reconocen comodirigente a Alfredo de Angelis, a la vez presidente de la Federacin Agraria de

la provincia de Entre Ros y miembro de la Asamblea Ambiental de Guale-

guaych. Asimismo, el conicto cre una oportunidad poltica para hablar dela situacin de los excluidos del modelo sojero, esto es, de los movimientos

campesinos e indgenas, que desde hace aos vienen sufriendo el desplaza-miento y despojo de sus tierras a causa de los desmontes y plantaciones de

cultivos transgnicos, en especial en el norte argentino.A nes de junio de 2008, en un contexto de estanca-

miento de las negociaciones y de agravamiento de la crisis, la presidenta

Cristina Fernndez de Kirchner decidi sortear las dificultades y transfiri al


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ias(2003-2008)] tculo: las organizaciones piqueteras, las nuevas instancias de coordinacin

sindical, las organizaciones campesinas e indgenas, los movimientos socio-

ambientales y, ms recientemente, los autoconvocados agrarios.

Sin embargo, la forma asamblea est lejos de ser unvo-ca, pues su expansin no est vinculada necesariamente con una denicinsustancial de la democracia o, para decirlo en trminos ms contempo-rneos, con un proyecto de corte emancipatorio. Desde esta perspectiva,lejos estamos de aquellas experiencias ligadas al ideario revolucionario (laComuna, el consejismo obrero), cuya discusin puebla bibliotecas enteras

del pensamiento de las izquierdas. As, la realidad que hoy confrontamosrequiere, antes que nada, el reconocimiento de que nos encontramos fren-

te a la generalizacin de una formaque apuntaprimordialmentea la defen-sa y desarrollo de la participacin, producida y alimentada desde abajo. Deah sus potencialidades contrahegemnicas cuando aparece asociada a un

horizonte poltico radical e instituyente, pero tambin sus lmites y posiblesdistorsiones cuando deviene una institucin en s misma, niega explcita-mente su vinculacin con un discurso poltico-ideolgico pero, de facto,

puede adoptar las formas ms perversas del pragmatismo, acompaando

o refuncionalizando las lgicas de poder de las clases dominantes.

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Debates[Argent


ias(2003-2008)]

Notas

1 Para una presentacin general de las

organizaciones de desocupados, ver

Svampa y Pereyra (2003).

2 La llamada Plaza del S, convocada

por Kirchner en el tercer aniversario de

su gobierno (25 de mayo de 2006), fue

la ocasin para reunir en un mismo es-

pacio un conjunto heterclito de organi-

zaciones, que iba desde los organismos

histricos de derechos humanos hasta

las organizaciones piqueteras ocia-

listas, pasando por los sindicatos de

la Confederacin General del Trabajo

(CGT) y las organizaciones del peronis-

mo bonaerense.

3 Para una lectura del Movimiento Ba-

rrios de Pie, ver Fornillo (s/f). Para el

Movimiento Evita, ver Natalucci (s/f).

4 Se trata de aquellos que proceden de

la histrica y cuasi extinta Unin Cvica

Radical, y que hoy apoyan al gobierno.

El vicepresidente electo en diciembre

de 2007, Julio Cobos, proviene de esta

vertiente.

5 Desde 2003, el Partido Justicialista no

ha presentado un candidato nico en

las elecciones nacionales. As, en ese

ao hubo tres candidatos peronistas ala presidencia. Tanto Nstor Kirchner

como Cristina Fernndez se presenta-

ron con el Frente para la Victoria, cuya

composicin partidaria es variable se-

gn los distritos, agrupando partidos de

centro y centroizquierda. En 2005, lue-

go de un agitado congreso partidario,

el Partido Justicialista fue intervenido.

Todo indica que la actual normalizacin

partidaria, bajo la jefatura de Kirchner,

dara por terminada la tmida experien-cia de transversalidad, inaugurada por el

Frente para la Victoria, as como fortale-

cera el sistema tradicional de partidos.

6 Para una lectura pormenorizada de la

relacin entre la CTA y la FTV, se sugiere

ver Armelino (s/f).

7 Para profundizar sobre este tema, verBarattini (2007).

8 Cartera de proyectos de infraestructura

de transporte, energa y comunicaciones

consensuada por varios gobiernos lati-

noamericanos en el marco de la IIRSA.

9 Para Harvey, el actual modelo de acu-

mulacin implica cada vez ms la mer-

cantilizacin y depredacin, entre otras

cosas, de los bienes ambientales. La

acumulacin por desposesin (lo que

Marx denominaba la acumulacin ori-

ginaria) ha desplazado en centralidad

a la dinmica ligada a la reproduccin

ampliada del capital. Este argumento

puede verse en Harvey (2004).

10 Retomamos aqu parte de nuestra

investigacin sobre conflictos socio-

ambientales, desarrollada en el marco

de la Universidad Nacional de General

Svampa, Maristella y Pereyra, S. 2003 Entre la ruta y el barrio. La experiencia de

las organizaciones piqueteras(Buenos Aires: Biblos).


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Sarmiento, Argentina, que cuenta con la

participacin de Lorena Bottaro y Ma-

rin Sol lvarez.

11 Recordemos que ya en 2002, enPer, uno de los pases latinoamerica-

nos ms afectados por el desarrollo de

la megaminera, la comunidad de Tam-

bogrande, compuesta mayoritariamen-

te por poblacin campesina de origen

indgena, expres su rechazo a la mine-

ra en un referndum que se constituy

en una suerte de cono y modelo para

otros pases.

12Durante los noventa, las localidades

petroleras del norte de Salta fueron un

caso emblemtico y anticipatorio, que

expresaba cabalmente la combinacin

entre el predominio de grandes capita-

les privados y extranjeros en el marco

de una economa de enclave, y gobier-

cartografia de las resistencias

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