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Paula Canelo

EL PROCESO EN SU LABERINTO

La interna militar de Videla a Bignone

prometeo ) I i b r o s

Canelo, Paula El proceso en su laberinto : la interna militar, de Videla a Bigno-

ne. - la ed. - Buenos Aires : Prometeo Libros, 2008. 248 p. ; 21x15 cm.

ISBN 978-987-574-253-6

1. Sociología Política. I. Título CDD 306.2

O De esta edición, Prometeo Libros, 2008 Pringles 521 (C11183AEJ), Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4862-6794 / Fax: (54-11) 4864-3297 infoOprometeolibros.com www.prometeolibros.com www.prometeoeditorial.com

ISBN: 978-987-574-253-6 Hecho el depósito que marca la Ley 11.723 Prohibida su reproducción total o parcial Derechos reservados

Índice

Agradecimientos 11

Introducción 13

Capítulo 1: La primera presidencia de Videla (1976-1978) 37

Capítulo 2: La segunda presidencia de Videla (1978-1981) 101

Capítulo 3: Las presidencias de Viola, Galtieri y Bignone (1981-1983) 161

Conclusiones 215

Bibliografía y fuentes 227

Capitulo 1.

La primera presidencia de Videla (1976-1978)21

El 24 de marzo aparece en escena un grupo de hombres atípicos en relación con la tradición reciente.

Una nueva generación militar que hace de la unidad interna un dogma capital saliendo así del dima de competencia y disenso

que frustró los ensayos anteriores. Mariano Grondona, Carta Política, agosto de 1976.

A primera vista se advierte que la expresión "derecha" corresponde a una actitud política muy general

en la que pueden coincidir grupos sociales y políticos diversos y que se definen fundamentalmente por sus opuestos. Sin duda esos grupos adquieren mayor homogeneidad

cuando las situaciones se hacen críticas y los enfrentamientos precipitan la polarización.

La imagen de que la derecha es un sector compacto de la sociedad se acentúa entonces;

pero quizá lo que más contribuya a acentuarla sea la visualización de sus adversarios (...)

los cuales le prestan una cohesión que no siempre tiene. José Luis Romero (1970: 23-24)

La alianza cívico-militar que promovió el golpe de Estado de 1976 contra el gobierno constitucional de Isabel Perón estuvo conformada por los únicos actores que podían reclamar para sí cierta condición de "inocencia" en relación con el caos que se proponían conjurar: una nueva generación de militares, di-ferente de aquélla que había conducido la Revolución Argentina 22, y ciertos

21 Parte de los materiales que se presentan en este Capítulo han sido publicados en Cane-lo (2001, 2004 y 2007). 22 En contraposición a los "azules" de caballería que habían llevado adelante las sucesivas presidencias de Onganía, Levingston y Lanusse, los militares que llegan al poder en 1976 habían pertenecido, en su mayoría, al bando "colorado", pero dada su baja graduación du-rante los conflictos de principios de la década del sesenta, habían sobrevivido a las purgas

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Paula Canelo El Proceso en su laberinto

grupos de la "derecha liberal tradicional", cuyos objetivos confluyeron, al me-nos inicialmente, con los de una nueva corriente del liberalismo económico, la "derecha liberal tecnocrática" (Heredia, 2004; O'Donnell, 1997a).

Entre estos actores militares y civiles se consolidó un diagnóstico común acerca de la naturaleza de la crisis argentina y de los instrumentos que de-bían ser aplicados para restablecer el "orden". Ambos encontraban las causas principales de la larga crisis argentina en la forma distintiva en que se habían establecido las relaciones entre la sociedad y el Estado desde mediados de la década del cuarenta, y en el modo particular de constitución de actores liga-dos a ese modelo, que se expresaba en una creciente activación social y polí-tica que desafiaba el "normal" funcionamiento del capitalismo argentino y que denotaba la ausencia de una clase dirigente "proba", tras el agotamien-to del Proyecto Nacional de la "ilustrada" Generación del Ochenta. La exten-dida convicción de que se encontraban ante una oportunidad histórica única para impulsar su proyecto refundacional se vio fortalecida por la percepción de una amenaza común y por un compartido y visceral antipopulismo 23 .

Por un lado, para las Fuerzas Armadas cohesionadas tras los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional24, la profunda crisis imperante en los al-

con que los "azules" habían intentado "depurar" a las Fuerzas Armadas, para comenzar a ocupar altos cargos recién durante el tercer gobierno peronista. Esta común pertenencia "colorada" tendrá varias consecuencias, entre ellas, en el diagnóstico sobre la crisis previa al golpe de Estado, en la construcción de la amenaza, y en las solidaridades y enfrentamien-tos que se establecerán con distintos grupos de militares retirados. 23 Para un análisis más completo de la "coalición golpista" que llevaría adelante el golpe, que incluía también a la Iglesia Católica, a algunos partidos políticos y organizaciones em-presarias, etc., véase Sidicaro (2004) y Novaro y Palermo (2003) entre otros. Acerca del rol juzado por los civiles nacionalistas en el régimen, consutar Canelo (2008). Lq Desde mediados de la década del cincuenta, en los Estados Unidos había comenzado a operarse un cambio de concepción estratégica, desde una concepción de "guerra total" y de defensa hemisférica a otra que, contra el telón de una progresiva capacidad nuclear sovié-tica, privilegiaba la "guerra limitada", la respuesta flexible y el control del "enemigo inter-no" —o "subversión comunista"— en las regiones bajo su dominio (López, 1986). En este contexto, el país del Norte había comenzado a elaborar una doctrina militar basada en el supuesto desarrollo de una guerra mundial no convencional, que requería de la adopción de nuevos métodos de instrucción militar, y a exportar políticas de seguridad que incluían la intervención militar oculta mediante el uso de mercenarios, la intervención directa, el apoyo logístico, el financiamiento, y la asignación y formación de especialistas militares, además de la coordinación a nivel continental; ya en 1936 los países de la región habían adherido a la política de seguridad hemisférica de la potencia occidental, y con posteriori-dad a la Segunda Guerra Mundial se habían institucionalizado las relaciones político-mi-litares a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y los Pactos de Ayuda Militar (Frühling, Portales y Varas, 1982; Vázquez, 1985). Asimismo, y de mano de los instructores franceses que acercaban las experiencias de la "guerra contrarrevoluciona-ria" y las metodologías "antisubversivas" empleadas en las guerras de Argelia e Indochina

bares del golpe indicaba que el peronismo había dejado de ser, como habrían afirmado los "azules", una barrera de contención contra la "subversión", transformándose, por el contrario, en su puerta de entrada, tal y como ha--, brían sostenido los "colorados" herederos de los "gorilas" de la Revolución Li-bertadora. P,fronismo y "subversión" eran ahora asociados en una construcción dual del oponente: la figura de la "subversión" -si bien era com-prendida en términos muy amplios, intentaba dar cuenta de un enemigo ideológico, "nihilista", "apátrida", que llevaba adelante una agresión total, en "connivencia" con un enemigo "corrupto", "demagogo" y "oportunista", principal beneficiario del entramado estatal "ineficiente" y de las prácticas po-líticas "venales" que debían ser objeto de reestructuración. Por otro lado, y tras el aprendizaje otorgado por sucesivas y "fallidas" experiencias de gestión económica "populista", desarrollista o keynesiana, el nudo del problema es-taba claro para los civiles liberales. A pesar de sus diferenciá, todas habían in-tentado colocar al sector industrial como eje dinámico del proceso de acumulación, y, en el caso del populismo, este énfasis se había visto acompa-ñado por un aumento "intolerable" de las expectativas y demandas de los sec-tores populares, y por la creciente gravitación de las organizaciones sindicales como actores políticos; de allí que el principal objetivo de los liberales -tan- to "tradicionales" como' "tecnocrátioár"- era el desarme de las bases de sus-- tentación económica del populismo.

De esta forma, para ambos aliados, la larga crisis argentina sólo podía ser solucionada mediante la concreción de dos objetivos inseparables: la desacti-vación de las estructuras populistas y el aniquilamiento de la 'subversión", lo que suponía no sólo desarticular el modelo socioeconómico de posguerra si-no también implantar un nuevo orden social. Y esta refundación era insepara-

por el Ejército francés (García, 1995), la lucha contra el enemigo interno "subversivo" y la preservación de las "fronteras ideológicas" se transformaron, progresivamente, en la nueva misión del militar latinoamericano (López, 1986). En la Argentina, esta redefinición doc-trinaria y el abandono de la Doctrina de la Defensa Nacional que había primado durante los años peronistas, había comenzado a operarse hacia 1958 en la Escuela Superior de Gue-rra a partir de la influencia de ciertos oficiales argentinos que habían realizado sus estudios en Francia y de especialistas franceses, entre ellos, el coronel Carlos J. Rosas y el teniente coronel Patrice de Naurois. Los principales desarrollos teórico-conceptuales de este cam-bio doctrinario se darían en las revistas profesionales, y sus "desarrollos prácticos" estarían a cargo del Estado Mayor General del Ejército, bajo la forma de ejercitaciones, cursos de posgrado, juegos sobre la carta, conferencias, etc. (López, 1986; Rouquié, 1981). Acerca de la Doctrina de Seguridad Nacional y su influencia en las Fuerzas Armadas latinoamerica-nas pueden consultarse, entre otros, Andersen (2000), Ansaldi (2004), Armony (1999), García (1995), López (1986), Mazzei (2002), Robin (2005), Rouquié (1981 y 1984) y Váz-quez (1985).

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ble de una tarea inicial de "reordenamiento" en dos planos: la "lucha antisub-veTsiva" y la 'normalización" económica, por lo que resultaban imperativos tanto la unidad en las tareas represivas como el alineamiento detrás de las po-líticas del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

En el apartado I de este Capítulo analizaremos cómo la "lucha antisubver-siva" fue empleada como un recurso fundamental de cohesión institucional yyzle legitimación ante la sociedad, e identificaremos los motivos de su agota-miento y la apertura de un espacio de revitalización de la legitimidad en tor-no de una promesa de orden político. En el apartado II veremos cómo alrededor de la política económica comenzaron a gestarse incipientes conflic-tos internos -generados no sólo por la fragmentación del equipo económico sino, y sobre todo, por el creciente distanciamiento entre sus objetivos y los de los elencos militares-, y abordaremos también las estrategias mediante las cuales el ministro de Economía buscó sortear estos frentes. En el apartado III analizaremos la experiencia del Ministerio de Planeamiento y su Proyecto Na-cional, plan político cuya posibilidad de existencia respondió a las priorida-des de la "masacre represiva" y cuya pronta decadencia inició el ocaso de la fracción "dura" del Ejército. En el apartado IV exploraremos el proyecto polí-tico del almirante Massera y su coincidencia con las ambiciones de la Arma-da, que encontraron en la crítica sistemática de la política económica un instrumento fundamental para la lucha interfuerzas. Por último, en el aparta-do V veremos cómo, en un contexto de profundas divergencias internas en torno de los objetivos políticos del régimen, pero ante la necesidad de revita-lizar su legitimidad tras el agotamiento de la "lucha antisubversiva", las tres Fuerzas se embarcaron en la redacción y compatibilización de diversos planes políticos con miras a la definición de una propuesta política común.

I. La 'lucha andsubversive: el 'mito de los orígenes'

¿Alcanza con decir que no hubo guerra, que el campo de batalla nunca se constituyó como tal,

salvo en la cabeza de los siniestros ejecutores? Algo es evidente: la intervención de las Fuerzas Armadas fue política antes que mi-

litar. Y es en el escenario de la política o si se quiere del derrumbe y la degradación de la política

(que los militares no construyeron solos), en condiciones que venían del pasado,

donde hay que situar cualquier intento de entender el papel jugado por las representaciones de una guerra

que se proyectaba como una lápida sobre la escena colectiva. Hugo Vezzetti (2002: 78-79)

El 23 de diciembre de 1975 el Ejército argentino reprimió un intento de copamiento al Depósito de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" de Mon-te Chingolo -partido bonaerense de Quilmes-, organizado y ejecutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En el asalto, informaban los principales diarios de Buenos Aires, habían muerto 50 guerrilleros, 4 milita-res y 2 oficiales de policía; La Nación y Clarín coincidían en que se trataba de "la agresión (...) más grave que ocurre en una guarnición militar próxima a la Capital Federal" (Clarín, 24/12/1975), y también la más importante, "por su sincronización, cantidad de efectivos y armamento, área de operacio-nes y objetivos" (La Nación, 24/12/1975). El infructuoso intento, en el que la organización armada había involucrado prácticamente todas sus fuerzas disponibles, procurando revertir su situación de aislamiento, no hizo más que destruir toda su capacidad operativa (D'Andrea Mohr, 1999; Frontalini y Caiati, 1984). Pocos meses antes, el 5 de octubre, también la organización Montoneros había producido su última acción militar, con el fallido inten-to de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N°29 de Formosa.

A fines de enero de 1976, el enemigo milita, estaba, a todas vistas, derro-tado. Así lo aceptaba un informe del Comando General del Ejército:

"El ataque al arsenal 601 y el consiguiente rechazo del intento, de-muestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto a su presunto poder militar, a lo que se agrega su nula captación de voluntades populares. La derrota del oponente reve-ló graves falencias organizativas y operativas que muestran escasa capacidad militar y sí gran peligrosidad en delincuencia mayor, es decir, el secuestro, el asesinato, el robo, el atentado, la destrucción de la propiedad. El episodio de Monte Chingolo indica la incapa-cidad de los grupos subversivos para trascender el plano militar. Su actividad se relega al ejercicio del terror, obvia evidencia de su debilidad" (Clarín, 31/1/1976)

Sin embargo, para los militares argentinos, la lucha no hacía más que em-pezar. Lejos de limitarse a una amenaza armada factible de ser conjurada me-diante el empleo de la fuerza militar, el enemigo que se proponían combatir, sostenían, poseía particularidades excepcionales. El mismo llevaba adelante una "agresión total" mediante una acción "permanente, integral, universal y multiforme", empleando estrategias inusuales -la infiltración, la captación ideológica, la acción psicológica, etc.- para amenazar todos los ámbitos de actividad humana -el moral, el político, el económico, el social, el cultural, etc. Y esta excepcionalidad del enemigo requería y justificaba, además del empleo de una metodología represiva convencional, la adopción de "méto-

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dos no convencionales". En la aplicación de la metodología represiva legal o convencional, que fue dirigida sobre todo contra altos dirigentes políticos y sindicales, la responsabilidad era asumida por el Estado o por órganos repre-sivos legales, y mediaba algún tipo de normativa previa. Por el contrario, la metódblbgía ilegal o no convencional, aplicada sobre aquellos opositores considerados como "infiltración marxista" o "subversión", estuvo basada en la dandestinización del Estado, en la actividad de "grupos de tareas" que ope-raban en todo el territorio nacional bajo la dirección centralizada de las Fuer-zas Armadas pero a su vez con significativos niveles de autonomía, y en el armado y administración de centros clandestinos de detención ubicados en general en dependencias militares o policiales (Acuña y Smulovitz, 1995). La estrategia represiva ilegal, que predominó ampliamente sobre la legal, jugó un papel central en la distribución y fortalecimiento del poder militar 25 : la mayor participación en las operaciones de aniquilamiento implicaba mayo-res cuotas de poder -tal el caso paradigmático de los "señores de la guerra"-, y el involucramiento personal de la inmensa mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas en el accionar represivo permitía mantener un verdadero "piab-délarigirlildedoi de la "masacre represiva" (Vezzetti, 2002) 26 -ba-

25 Entre los factores que determinaron la elección y el predominio de la represión clandes-tina es posible señalar la, influencia que la Doctrina de Seguridad Nacional había alcanzado al interior de las Fuerzas Armadas, la experiencia del gobierno de la Revolución Argentina, cuya estrategia preponderantemente legal se había visto desvirtuada por la "Ley de Amnistía" y el Devotazo en 1973, la posibilidad que ofrecía la clandestinidad de evitar o retardar las sanciones internacionales, la siniestra eficacia disciplinaria que el terror tenía sobre el cuerpo social, la oportunidad que ofrecía para dirimir conflictos internos a las pro-pias Fuerzas Armadas, etc. (Acuña y Smulovitz, 1995). Potash (1994) afirma que la discu-sión acerca de cómo enfrentar a la "subversión" había comenzado en 1970 y se había

— saldado en 1974 a favor del método empleado desde 1976; según Acuña y Smulovitz (1995), la decisión acerca de los alcances y modalidad de la estrategia represiva había teni- db-Weli¿Ptienibre de 1975 a partir de tina `resolúción déVidela, entonces comandan-te en jefe del Ejército, en una reunión a la que habrían acudidó Viola como jefe de Estado Mayor y los comandantes de Cuerpo, y en la que se habría acordado que además de las mo-difitaciones enTa-ridnriativa legal era necesario desarrollar una estrategia clandestina, y que lOs opositores no iófo deliran ser neutralizados sino también exterminados físicamente. El testimonio détirlpettot Peregrino Fernández ante el Comité Argentino por los Derechos del Hombre en Madrid el 1 de abril de 1983, reveló además la existencia de una "Orden General de Batalla" del 24 de marzo de 1976 que habría sido comunicada a todos los ge-nerales, almirantes y brigadieres en actividad (Frontalini y Caiati, 1984). 26 Desde el punto de vista estrictamente teórico y siguiendo a Vezzetti (2002), optamos por la noción de "masacre represiva" por sobre la más difundida de "genocidio", ya que el empleo de esta última ha excedido la calificación jurídica para ser empleada tanto en la descripción de los efectos del terrorismo de Estado como en la de los efectos de pobreza, precarización y exclusión social de determinadas políticas económicas. A diferencia de lo que implica la definición estricta de "genocidio", que supone que "la víctima es elegida só-lo por lo que es sin ninguna posibilidad de elegir o actuar para evitar su destino: no hay profesión de fe, compromiso con el enemigo o incluso colaboración con sus verdugos que

se del que llamaremos "consenso antisubversivo" 27-. La."lucha antisubversiva" fue, en esta etapa refundacional, el principal re-

curso de legitimación del régimen militar -con el transcurso del tiempo se transformaría, además, en el principal "logro profesional" de las Fuerzas Ar-madas-. La forma en la cual el Proceso construyó a su oponente fue un cla-ro ejemplo de designación de un "enemigo absoluto"recurriendo a numerosos elementos propios de la cultura política argentina y agudizados por el clima de violencia creciente que había comenzado a gestarse a fines de

- la década del sesenta: entre ellos, la tendencia a la construcción de escenarios de confrontación totales, la reivindicación de la violencia como herramien-ta legítima para saldar diferencias políticas, un creciente desplazamiento de lo político a lo militar, o de la política a la guerra (Calveiro, 1998), y una ge-neralizada concepción "unanimista" -entendida como la equiparación de la propia doctrina con la identidad nacional y una acentuada intolerancia ha-cia el conflicto, asociándolo con la división, el faccionalismo y los intereses particularistas (Martuccelli y Svampa, 1997)- . La contienda fue definida en términos de una verdadera "guerra total" (Arditi, 1995) o "contraposición total" (Vezzetti, 2002), donde las Fuerzas Armadas eran las portadoras del "espíritu heroico" (Janowitz, 1967) 28 necesario para triunfar en una "guerra de aniquilamiento" (Schmitt, 1984) de tales dimensiones, espíritu que teñi-ría en forma distintiva los sucesivos escenarios de confrontación que serían desplegados por la dictadura.

pueda ahorrarles la muerte", entendemos que la "lucha antisubversiva" fue una "masacre represiva" porque fue el producto de una decisión política, llevada adelante por motivos políticos, y dirigida contra las víctimas por lo que "hacían o pensaban (o por lo que se cre-ía que pensaban y lo que se temía que pudieran hacer)" (Vezzetti, 2002: 159). 27 El "consenso antisubversivo" se basaba en un diagnóstico común sobre la naturaleza del enemigo sobre la validez de los métodos 'excepcionales" que debían ser empleados en su erradicación, y sobre la convicción de que la "masacre represiva" era necesaria, legítima, y un verdadero "acto de servido". Sus partidarios compartían el atamiento a un "pacto de sangre" propio de una profesión que desarrolla "tareas fundamentales" -de vida o muer-te-, por lo que requiere de solidaridades institucionales extremas (Huntington, 1995). El cumplimiento de dicho pacto requería, asimismo, del respeto a rajatabla de un "pacto de silencio" que debía colocarse por encima de cualquier otra consideración moral, conve-niencia política o interés personal o institucional. 28 lanowitz sostiene que "la historia de la moderna organización militar es la historia de la lu-cha entre los jefes heroicos, que representan el tradicionalismo y la gloria, y los expertos en or-ganización militar, interesados en la conducción científica y racional de la guerra (...) El experto en organización militar refleja las dimensiones científicas y pragmáticas de la guerra; es el pro-fesional que mantiene vínculos efectivos con la sociedad civil. El jefe heroico es una perpetua-ción del tipo del guerrero, del oficial a caballo que representa el espíritu marcial y el tema del valor personal" (Janowitz, 1967: 33). Mientras que los "jefes heroicos" defensores del "espíritu

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combativo" y la gloria, serían homologables a los "líderes carismáticos" weberianos (Johnson, 1962a), los "expertos en organización", portadores del "espíritu técnico", tenderían a desarro-llar conocimiento especializado similar al de los administradores y funcionarios civiles (Jano-witz, 1967; Nordlinger, 1977). Así como Weber (1999) señala al proceso de burocratización como un rasgo central de las sociedades modernas, Janowitz identifica también una tendencia, en el seno de la organización militar, a desplazar al "líder heroico" por los jefes "expertos en or-ganización militar" (Janowitz, 1967). Volveremos sobre esta cuestión en las Conclusiones. 29 Es en esta necesidad de obtener la adhesión incondicional de la sociedad que deben in-terpretarse varias escalofriantes declaraciones de distintos funcionarios. Entre ellas, sin du-das la más difundida es la del general Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que manifestó al International Herald Tribune, en París, el 26 de mayo de 1977, "primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus sim-patizantes, luego a los indiferentes y por último a los tímidos"; pero también el vicealmi-rante Lambruschini, jefe del Estado Mayor de la Armada, señalaba en 1976 la necesidad de considerar enemigos no sólo a los "subversivos", sino también a "los impacientes, los que ponen por encima del país los intereses de sector, los asustados, los indiferentes" (La Na-ción, 4/12/1976). 30 El general Videla, del arma de infantería, había ingresado al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942, pertenecía a la promoción 73 -al igual que Viola, Suárez Mason y Urica-rriet, entre otros-, y había egresado de la Escuela Superior de Guerra en 1956 con el título de oficial de Estado Mayor. Ese mismo año había ascendido a mayor y había sido asesor de la de-legación militar argentina en los Estados Unidos, oficial de Estado Mayor en la Subsecretaría de Guerra y jefe del Batallón de Infantería en el Colegio Militar. A fines de 1960 había ascen-dido a teniente coronel, y un año después había sido jefe del Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar; en noviembre de 1962 había prestado servicios en el Estado Mayor General del Ejérci-to; en marzo de 1964 había viajado a la escuela de adiestramiento que los Estados Unidos te-nían en la zona del canal de Panamá; en 1966 había realizado el Curso Superior de Estrategia en el Centro de Altos Estudios; en 1971 había ascendido a general y había asumido la direc-ción del Colegio Militar, para luego ocupar la jefatura del Estado Mayor y luego la del Estado Mayor Conjunto. En 1975 había ascendido primero a general de división y luego a teniente general, grado con el que había asumido la jefatura del Ejército en reemplazo del general Al-berto Numa Laplane, designado por el tercer gobierno peronista (Vázquez, 1985). 31 El almirante Massera había ingresado en la Armada en 1942, graduándose en la pro-

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món Agosti32, además de otros encumbrados jefes militares, en actividad y retirados. Esta labor presentó, durante los primeros años, un ordenamiento en dos etapas: mientras que la primera podría ser denominada la hora del sa-crificio, caracterizada por la construcción del escenario de confrontación y la primacía del "espíritu heroico", la segunda podría caracterizarse como la de la soledad del poder, donde el "sacrificio" se transforma en aislamiento, abriéndose la necesidad de articular una promesa de contenido político.

Inaugurando la hora del sacrificio, hacia mediados de 1976 Videla recordaba cuál había sido el destino del "proceso de institucionalización" encara-do por el general Lanusse durante las postrimerías de la Revolución Argentina, y los momentos centrales del proceso de pasaje de la "prescinden-cia profesionalista" a la intervención militar:

"El 25 de mayo de 1973, las Fuerzas Armadas de la Nación entre-garon el poder a quienes, por imperio de un resultado electoral, debían asumir el poder político de la República. (...) Por cierto que el comienzo no fue feliz. Baste recordar (...) que ese día las tropas debían haber desfilado en honor de las autoridades que asumían la función pública y se vieron impedidas de hacerlo por una turba que desordenadamente copó la calle (...) que esa mis-ma noche fueron abiertas las puertas de las cárceles para que go-zaran de libertad esos mismos delincuentes que hoy constituyen un flagelo social de la Argentina (...) que días inmediatamente después, las oficinas públicas eran tomadas por asalto por grupos armados que querían imponer a su gente (...). Frente a esa provo-cación, la respuesta de las Fuerzas Armadas fue una sola: pruden-cia. (...) A partir de mediados de 1974 y más precisamente a partir

moción 73 de la Escuela Naval Militar -paralela a la promoción 75 del Colegio Militar y a la promoción 12 de la Escuela de Aviación Militar- en 1946. Había realizado varios cur-sos de especialización, entre ellos, el de la Escuela de Aplicación para Oficiales en 1951, el de Oficiales de Información en 1953, el curso general de la Escuela de Guerra Naval en 1958 y el de Extensión Superior en 1967. Entre 1956 y 1957 había sido profesor de la Es-cuela de Guerra Naval, y a lo largo de su carrera militar había sido destinado, entre otros, al Servicio de Informaciones Navales, al Estado Mayor de la Flota de Mar, al Estado Mayor General Naval y a la Junta Interamericana de Defensa (Vázquez, 1985). Massera había asumido la Comandancia de la Armada en diciembre de 1973, nombrado por el tercer go-bierno peronista. 32 El brigadier Agosti pertenecía a la última promoción de la Fuerza Aérea que había ingre-sado en el Colegio Militar, y que había egresado del mismo en 1947, paralela a la promoción 76 del Ejército y a la 74 de la Armada. Había participado activamente en la sublevación anti-peronista de 1951 encabezada por el general Benjamín Andrés Menéndez, y había asumido la Comandancia de la Fuerza tras la sublevación del brigadier Capellini, líder del núcleo na-cionalista-gentista de la Fuerza Aérea, en 1975 (Fraga, 1988; Seoane y Muleiro, 2001).

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En la configuración de este desquiciado escenario es posible encontrar el origen de dos de los imperativos más importantes que se impuso desde el inicio el régimen militar. Por un lado, obtener el apoyo incondicional de la sociedad, demandándole no sólo sumisión y obediencia, sino además adhe-sión total, ya que en dicho escenario no había lugar para la neutralidad (Ma-lamud Goti, 2000) 29 . Por otro, conservar sellada la unidad institucional requerida por la naturaleza de la tarea emprendida y por la autopostulación de las Fuerzas Armadas como "modelo último" de recomposición social. En la persecución de ambos objetivos, la construcción de la amenaza "subversi-va" jugó un papel fundamental.

Durante el Proceso, el fortalecimiento de la unidad interna de las Fuerzas Armadas fue una de las tareas más relevantes que debieron desempeñar los comandantes en jefe y miembros de la Junta Militar, el general Jorge Rafael Videla30, el almirante Emilio Eduardo Massera 31 y el brigadier Orlando Ra-

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de la muerte del ex presidente Perón, el proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 entró en un franco plano inclinado de deterioro (...) que hizo crisis a fines de 1975. (...) Las Fuerzas Armadas cre-ían en el proceso y esperaban (...) también hicieron oír su voz res-ponsable, serena, advirtiendo los riesgos que el proceso corría". (Clarín, 25/5/1976.)

Aún cuando les había entregado un bien muy reclamado, los Decretos N°261, 2770, 2771 y 2772, que disponían la progresiva intervención de las Fuerzas Armadas en la "neutralización y/o aniquilamiento" de los "elemen-tos subversivos" 33—, según Videla, el gobierno de Isabel Perón no había es-cuchado las "serenas recomendaciones" de las en pos de la adopción de "prontas soluciones". Y dado que las Fuerzas Armadas no habían sido escu-chadas, éstas se habían visto obligadas a gestar una "respuesta institucional" ante una "crisis también institucional". Para Videla, no había alternativas. O los militares asumían el poder de la Nación, o la puerta quedaba abierta pa-ra el copamiento del poder por parte de los "agentes del caos": la "demagogia", la "corrupción" y la "subversión".

"La demagogia, agitada con fines puramente electorales a través de slogans, rótulos y frases hechas, no hizo más que enfrentarnos en antinomias estériles y confundirnos profundamente, a punto tal, que hoy es difícil distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Esa demagogia, además, por ser complaciente, dio origen a la corrupción, concebida ésta en la más amplia acepción de la pala-bra, que llegó a generalizarse en todos los estamentos del Estado. Esa corrupción -justamente por ser generalizada- motivó el tras- tocamiento de los valores tradicionales, es decir, subversión. Por-que subversión, no es ni más ni menos que eso: subversión de los valores esenciales del ser nacional." (Clarín, 25/5/1976.)

Ante estos enemigos, las Fuerzas Armadas debían "afirmar los valores tra-dicionales que hacen a la esencia del ser nacional y ofrecer estos valores co-

33 El 5 de febrero de 1975, por Decreto N°261, el gobierno peronista había dispuesto "ejecu-tar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accio-nar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán"; sería precisamente en Tucumán donde comenzaría a funcionar el primer centro dandestino de detención en el marco del Operativo Independencia, bajo el mando del general Vilas primero y del general Bussi después. Posteriormente, el 6 de octubre de 1975, por Decretos N°2770, 2771 y 2772, el mismo gobierno había ampliado dicho marco legal y había dispuesto "ejecutar las operacio-nes militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los ele-mentos subversivos en todo el territorio del país" (D'Andrea Mohr, 1999; García, 1991).

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mo contrapartida a toda ideología extraña que pretenda suplantar(los) (...) erradicar la corrupción, ofreciendo como norma la honestidad, la idoneidad y la eficiencia. Finalmente, combatir a la demagogia, anteponiendo a ella la autenticidad de nuestros actos, inspirados solamente en la verdad". (Clarín, 25/5/1976). El enfrentamiento central entre Fuerzas Armadas/sociedad vs. enemigo está planteado, mientras prima una legitimidad "heroica" basada casi exclusivamente en la "lucha antisubversiva". Videla recordaba pocos días después, en el 166° aniversario de la creación del Ejército, a sus invalorables socios, integrantes de la "gran familia militar":

"A los integrantes del Ejército Argentino, incluyendo a la Gendar-mería Nacional (...) les hago llegar mi saludo como comandante general y les expreso el orgullo que experimento al comandar ese extraordinario potencial humano. Hago extensivo este saludo a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Argentina y a toda la gran fa-milia militar. (...) Continuemos la marcha sin reparar en todo el sacrificio que sea menester, confiados en que alcanzaremos el sin-gular destino de bienestar y libertad, que espera y merece el pue-blo argentino". (La Nación, 30/5/1976.)

Entre mediados de junio y principios de julio de 1976, mientras las Fuer-zas Armadas llevaban adelante una masacre dandestina de inusual magni-tud y ferocidad, se producían varios atentados contra la "gran familia militar". El 18 de junio, una bomba estallaba bajo la cama del general Cesa-rio Cardozo, jefe de la Policía Federal; el 3 de julio otra bomba destruía el co-medor de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando un saldo de 21 muertos y 63 heridos; inmediatamente después, el 4, en la parroquia San Pa-tricio del barrio porteño de Belgrano, aparecían asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas de la congregación de los palotinos irlandeses, episodio que sería conocido como la "masacre de San Patricio" y que, si bien había si-do obra de grupos de tareas de la Armada en el marco de su enfrentamiento con el Ejército (Kimel, 1989), era presentado ante la opinión pública, como muchos otros ajustes de cuentas internos, como obra de la "subversión". Pe-ro los "asesinatos" de militares y miembros de las fuerzas de seguridad en manos de la "subversión", y la consiguiente multiplicación de "héroes y már-tires" sólo fortalecían la cohesión institucional 34 .

34 En el sepelio de Cardozo, el general Reynaldo Bignone, director del Colegio Militar, sos- tenía, refiriéndose a la "subversión" que "cuando una fuerza está en derrota, cuando no le queda estructura, cuando no le queda fe (...) cuando en definitiva no es fuerza, produce

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El 7 de julio de 1976, durante la cena de camaradería de las Fuerzas Arma-das35, Videla radicalizaba su discurso sosteniendo que "el sacrificio (...) es y será la norma esencial de los hombres de armas a lo largo de todo el proceso (...) La subversión sirve a una causa esclavista y a una concepción que aniqui-la los derechos humanos. Una concepción nihilista, sin Dios, sin libertad, sin dignidad humana y sin lealtad. Una concepción donde rigen los antivalores de la traición, la ruptura de los vínculos familiares, el crimen sacrílego, la crueldad y el engaño sistemático". (La Nación, 8/7/1976). El general Antonio Domingo Bussi, comandante de la V Brigada de Infantería y gobernador de la provincia de Tucumán, señalaba que "la subversión comete un grave error al asesinar militares (...) No se dan cuenta que por cada general que cae hay otros cuarenta que se disputan la ocupación de su puesto de acción en prime-ra línea" (La Nación, 19/7/76). En agosto, en la celebración del Día de la Fuer-za Aérea, Agosti sostenía que "nuestros muertos (...) constituyen el punto de no retorno en nuestra decisión de lograr los objetivos propuestos de sanea-miento y reorganización nacional". (La Nación, 11/8/1976.)

Pero los militares procesistas no estaban solos en la recreación de una amenaza de magnitud adecuada a la de la tarea emprendida: los acompaña- ban, en carácter de "tutela paternal", distintos grupos de militares retirados , que se hablan empeñado, durante experiencias autoritarias anteriores, en el exorcismo de otras amenazas variadas. Particularmente éste era el caso de ex pr-otagonistas dé-Irirévolución Libertadora, ahora agrupados en asociacio-nes cívico-militares que realizaban actos de conmemoración del golpe de 1955 y de la personalidad del general Aramburu. La agrupación con mayor visibilidad pública era la "Comisión de Afirmación de la Revolución Liber-tadora", presidida por el ex vicepresidente de la Nación, almirante (RE) Isaac Rojas -paradigma de la recalcitrante Marina "colorada"- e integrada, entre

los mayores desatinos, produce mal por el mal mismo, busca en su retirada dejar la tierra arrasada. (...) Si quisieron dar signo de su derrota, más cabal no lo pudieron encontrar (...) el sacrificio y las heridas (...) son también un supremo símbolo y una definitiva evidencia de dónde está la verdad y dónde está la mentira". (La Nación, 20/6/1976). Durante el acto por el atentado contra la Superintendencia, el comisario general Julio Oruezábal, superin-tendente de Administración, sostenía que "los mensajeros de la barbarie (...) buscan en el crimen y en los más torpes y cobardes atentados un escape a sus pasiones incontroladas (...) Estos camaradas caídos bajo la siniestra mano de la sinrazón son un nuevo estandar-te sagrado y brillante que sabremos mantener en alto" (La Nación, 4/7/1976). 35 Durante el Proceso, los discursos pronunciados en dichas cenas estuvieron a cargo de los distintos comandantes en jefe, según un procedimiento "rotativo": el discurso del primer año le correspondió al comandante en jefe del Ejército, el del segundo año al de la Armada, el del tercer año al de la Fuerza Aérea y así sucesivamente, recomenzando con el Ejército en 1979. Al respecto, consultar Canelo (2001).

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oros, por el general (RE) Carlos Toranzo Montero, ex comandante en jefe del Ejército, cuyo hermano Federico era el presidente de la "Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas" 36 . Estos viejos miembros de la "gran familia militar" entendían que era fundamental la transmisión de su experiencia a las nuevas autoridades, a las que consideraban sus legítimas sucesoras: los retirados, si bien estaban libres de las responsabilidades "bu-rocráticas" de los funcionarios del régimen, no lo estaban de las "profesio-nales". Toranzo Montero afirmaba que "hace un año (...) negros presagios de destrucción y caos (...) se habrían cumplido si las Fuerzas Armadas (...) no hubiesen derrocado al gobierno más corrupto y corruptor de que tienen me-moria los anales de nuestra historia, digno continuador físico y moral de aquel que tuvo que derrocar la Revolución Libertadora (...) La semilla que la Revolución Libertadora sembró en la tierra fértil de las Fuerzas Armadas (...) comienza a rendir sus demorados frutos". (La Nación, 17/9/1976). Rojas de-claraba su "abierta disposición para ayudar a las Fuerzas Armadas que han tomado a su cargo la abnegada conducción de este pesado y complejo pro-ceso (...) Muchas cosas hay, pues, que aclarar, explicar y enseñar, para evitar que el silencio y el olvido faciliten nuevas recaídas como las ya padecidas". (La Nación, 17/9/1976).

A diferencia de los "gorilas" retirados, que se sentían precursores de la nueva experiencia nucleados tras su férreo antiperonismo, distintos protago-nistas de la Revolución Argentina ingresarían en escena para tender una ma-no solidaria al régimen, pero en forma aislada, enfrentados entre sí por rencillas no saldadas heredadas del pasado reciente 37 . El general (RE) Rober-to Levingston advertía que "la nueva etapa requiere, indispensablemente, te-ner claridad sobre el pasado para no volver a cometer viejos errores y, sobre

36 Otras organizaciones del mismo tipo y de fuerte gravitación durante el período eran la "Comisión Permanente de Homenaje a Aramburu", presidida por el general (RE) Bernar-dino Labayru, la "Cruzada Aramburiana", presidida por el capitán de navío (RE) Aldo Mo-linari, y la "Comisión de Homenaje al teniente general Eduardo Lonardi", presidida por el vneral de brigada (RE) Eduardo Señorans, entre otras. -17 Por caso, luego de la publicación del libro Mi testimonio, del general Lanusse, Onganía lo acusará de sustentar "una actitud política, intencionada o no, preocupada por sembrar el es-píritu de derrota en el seno de las Fuerzas Armadas, introduciendo en sus cuadros un falso sentimiento de inferioridad respecto a la aptitud de las instituciones castrenses para servir co-mo vehículo creadores (sic) de orden para una Nación en crisis" (La Nación, 2/9/1977). La-nusse, por su parte, será protagonista de varios altercados, entre ellos, será detenido junto a los ex comandantes Gnavi y Rey como consecuencia de la investigación del caso ALUAR en mayo de 1977, poco después de haber realizado dedaraciones en contra de los métodos re-presivos dandestinos. Hacia fines de la dictadura, Lanusse calificará al gobierno de Videla co-mo una "calamidad", y al general como un 'gobernante nefasto" (Clarín, 11/10/1983).

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38 El general Actis, del arma de ingenieros, se había desempeñado en el Comando de Inge-nieros y Dirección General de Ingenieros como 2° comandante; en 1970 había sido desig-nado interventor general de YPF y hacia 1976 se desempeñaba como presidente del EAM 78, organismo a cargo de la realización del XI Campeonato Mundial de Fútbol en la Argentina. 3 J El general Harguindeguy, del arma de caballería, había ingresado al Colegio Militar en 1943 y pertenecía a la promoción 74 -al igual que Galtieri y la mayor parte de los "seño-res de la guerra"-; había egresado de la Escuela Superior de Guerra con el título de oficial de Estado Mayor. Durante la comandancia de Carcagno se había desempeñado como jefe de la Brigada de Caballería Blindada I de Tandil, y como jefe IV -Logística- del Estado Ma-yor durante la jefatura de Anaya, para ser nombrado durante la Comandancia de Videla, como 2° jefe del Cuerpo de Ejército I y luego como jefe de la Policía Federal (Fraga, 1988; Mittelbach y Mittelbach, 2000).

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que "hoy sólo operan grupos esporádicos", y que en el caso del ERP "sus cua-dros ya han sido eliminados", quedando sólo "un treinta por ciento" del to-tal de efectivos (La Nación, 26/8/1976). El general Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo, sostenía que "nuestro cuerpo asestó decisivos golpes a la delin-cuencia subversiva en las seis provincias" de su jurisdicción (La Nación,

13/10/1976) y el general Bussi afirmaba que "la subversión está erradicada en Tucumán" (La Nación, 25/11/1976)40 .

La trampa estaba tendida. Para que el recurso de la amenaza continuara legitimando al régimen, éste necesaria e inevitablemente debía agotarlo, rin-diendo cuentas de su "eficiencia" ante la sociedad. Y reconocer que la "lucha contra la subversión" llegaba a su fin requería reemplazar el principal recur-so de legitimación del régimen -y también, su recurso de cohesión más im-portante-, por uno nuevo. Aquí comenzará a articularse una nueva estrategia basada, en primer lugar, en aceptar la necesidad de superar la soledad del po-der mediante la promesa -ambigua y difusa, pero potente- de una "demo-cracia representativa, republicana y federal" y, en segundo lugar, en cerrar la "etapa de reordenamiento" mediante ciertas modificaciones en la construc-ción del escenario de confrontación.

Por un lado, en enero de 1977 el régimen daba a conocer, bajo el rim-bombante título Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el pro-

ceso nacional, el primer documento oficial que pretendía encarnar la propuesta política del régimen y donde la creación de un "Movimiento de Opinión Nacional" (MON) resultaba centra141 . En él se sostenía, entre un sinfín de ambigüedades, que el objetivo del Proceso

"no es otro que la instauración de una verdadera democracia, au-ténticamente representativa, con plena vigencia de nuestros prin-cipios republicanos tradicionales, con un auténtico y efectivo federalismo, sustentadas por corrientes de opinión nacionales

40 Esta "competencia" continuaría por algún tiempo. A mediados de 1977 Menéndez anun-ciaba que "la parte armada de Montoneros y ERP, en toda la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, está absolutamente aniquilada (...) Yo creo que el peligro ahora es que estos delin-cuentes van a intentar refugiarse en la población (...) para volver a subvertir(la) y excitarla" (La Nación, 12/5/1977). El general Juan Carlos Trimarco, comandante de la Segunda Briga-da de Caballería Blindada -Cuerpo II-, señalaba que "las bandas subversivas están virtual-mente desarticuladas (...) al ERP se le han producido una serie de bajas de consideración en los últimos meses, quedando en una situación sumamente crítica. (Montoneros) también ha sufrido fuertes pérdidas a nivel humano, material y de infraestructura (...) han optado por llevar fuera del país a sus cuadros de mayor valor" (La Nación, 26/6/1977). 41 Este documento inicial será, junto con los Documentos Básicos del Proceso, el punto de partida para la elaboración de los distintos Planes Políticos que serán analizados en los apartados III y V de este Capítulo.

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todo, para eliminar las causas profundas que originaron el desastre, muchas de las cuales se mantienen disimuladas, disfrazadas o encubiertas en el pre-sente" (La Nación, 5/11/1976).

En la voz de los retirados comenzaban a tomar cuerpo internas militares de larga data. Las mismas se organizaban aún alrededor del eje "azules"/"co-lorados": mientras que el antiperonismo de los "gorilas" de la Libertadora parecía haber encontrado a su más fiel heredero en el bando "colorado", en el que habían militado varios integrantes del Proceso, los "azules" de la Re-volución Argentina quedaban relativamente excluidos de este arco de solida-ridades, señalados como los culpables del "salto al vacío" de 1973.

Los atentados contra militares parecían multiplicarse mientras las Fuerzas Armadas continuaban con la salvaje masacre de opositores. Dos días después del secuestro de los dirigentes radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, el 19 de agosto de 1976, un atentado le costaba la vida al ex interven-tor en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y recientemente designado pre-sidente del Ente Autárquico Mundial 78 (EAM 78), general (RE) Omar Actis38. Sin embargo, hacia fines de 1976, varios altos funcionarios parecían coincidir en que, como afirmaba el ministro del Interior, general Albano Har-guindeguy39, el régimen se aproximaba "al éxito final contra los subversivos" (La Nación, 28/11/1976). Entre los comandantes de Cuerpo o "señores de la guerra", máximos responsables operativos de la "masacre represiva", comen-zaba a entablarse una siniestra competencia, que buscaba dar cuenta de la propia eficiencia en la tarea. El general Luciano Benjamín Menéndez, coman-dante del III Cuerpo, afirmaba que en su jurisdicción "la tarea conjunta de las tres fuerzas armadas ha permitido poner en desbande a las dos organizacio-nes que centraron la lucha antisubversiva: el ERP y Montoneros", destacando

El Proceso en su laberinto Paula Canelo

amplias y sólo urgidas por la grandeza del país y el bien común, basada en una sociedad unida, organizada y solidaria y con una economía vigorosa que permita la plena realización individual y social argentina (...) Pero esta intervención de las FF.AA., si busca

1 el cambio que el país reclama (...) debe también limitarse en el tiempo y asegurar su desemboque (...) Para ello es menester que la acción de las FF.AA. facilite en el futuro la formación de un mo-vimiento de opinión nacional, vital y amplio, que admita a todos aquellos que deseen la verdadera grandeza del país y se sientan consustanciados con los postulados del gobierno nacional." (Ba-ses para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso na-cional, enero de 1977, subrayado en el original).

En abril de 1977, Videla anunciaba vagamente la apertura de un "diálo-go con la civilidad", que "solamente reconoce como exclusiones al corrupto, al delincuente económico o al delincuente subversivo (y) que acepta el apor-te de todo aquel que en función de idoneidad, capacidad, honestidad y re-presentatividad quiera enriquecer las ideas que las Fuerzas Armadas vayan lanzando" (La Nación, 5/4/1977). Días después, comunicaba la elaboración de una "Propuesta de Unión Nacional":

"He afirmado hace muy poco que 'el tiempo del silencio ha pasa-do. Ello significa cabalmente que hay que buscar las mejores ide-as, allí donde se encuentren, para ir gestando en forma compartida, la construcción de una Argentina renovada (...) Una dinámica y recíproca comunicación entre gobernantes y goberna-dos, representa el medio más idóneo para alcanzar la concordia que constituye la base para la libertad, la democracia pluralista, la justicia social, el desarrollo económico y el avance cultural. Éstos son los valores principales en torno de los cuales girarán las ide-as-fuerza que habrán de sustentar la Propuesta de Unión Nacio-nal que el gobierno de las F.F.A.A. ha de explicitar al país (...) será ngcesario convocar a la ciudadanía a una auténtica Unión NaZi-J--

nal pasma -T--"á en la convergencia cívico-militar" (La Nación, 16/4/197.7).

Por otro lado, y en paralelo a estos anuncios, el régimen publicaba un ex-tenso documento denominado La subversión en la Argentina, elaborado por el Estado Mayor General del Ejii-chó, a cuyo frente se encontraba el general Viola. En el mismo se detallaban los orígenes, evolución, fases de desarrollo, estrategias de acción y situación del "enemigo subversivo":

"a. La subversión no constituye un hecho aislado propio de nuestro país, sino que es una manifestación más de la acción constan-

te y de la expansión experimentada por el marxismo en el mundo. (...) b. Las distintas BDSM 42 que actúan en la Argentina aparecen ofreciendo un espectro de caminos diversos para alcanzar un mis-mo fin: la implantación de un socialismo marxista. Proporcionan distintas alternativas sobre cómo alcanzar ese objetivo para posi-bilitar una mayor captación, al ofrecer posturas ideológicas apa-rentemente distintas y con mayor o menor grado de un supuesto nacionalismo. c. Si bien con una distinta definición del centro de gravedad (...) todas las BDSM desarrollan o pretenden desarrollar su acción en todos los ámbitos (político, social, gremial, psicoló-gico, cultural, económico) y mediante la acción armada rural o ur-bana. Todas también, con sus acciones, pretenden a través de la adhesión, el control o dominio de la población llegar a la insu-rrección general. d. La acción subversiva marxista llegó a contar con efectivos y simpatizantes en número no despreciable enquis-tados en todos los ámbitos (...) e. El poder de las bandas subver-sivas, después de haber alcanzado su mayor apogeo entre mediados de 1974 y 1975, comenzó a dedinar, y se mantiene en un ritmo descendente que no logran modificar. El ámbito donde más se materializa este constante deterioro es el del accionar ar-mado. (...) quedando casi exclusivamente limitadas al asesinato y al terrorismo. f. A partir de la asunción del gobierno por parte de las FF.AA. se produjo el mayor desgaste de las BDSM tanto en per-sonal como en material, desgaste que continúan sufriendo (...) g. Montoneros continúa siendo la BDSM de mayor desarrollo y pe-ligrosidad como consecuencia del hábil encubrimiento de su mar-xismo. No obstante no han logrado la respuesta buscada en la población. (...) h. La BDSM que sufrió el desgaste más fuerte fue el PRT-ERP quien se halla inmerso en una gran crisis (...) k. Me-rece destacarse el cambio de estrategias de las BDSM que hizo que la lucha armada pasara y se mantuviera en un segundo plano y ad-quirieran mayor importancia las acciones indirectas. Las actuales técnicas están destinadas a captar a la población, y de no ser posi-ble, llevarla a adoptar, aun involuntariamente, actitudes insurre-cionales (...)" (La subversión en la Argentina, 20/4/1977).

El documento proyectaba un escenario donde era vital lograr la activa co-laboración de la sociedad dada la inminencia de "rebrotes subversivos":

"3. La subversión desarrolla dos líneas de acción para alcanzar el poder: la acción armada y la acción insurreccional de masas. El Ejército, apoyado por las otras dos FF.AA., está derrotando a los ór-

42 BDSM: "Bandas de Delincuentes Subversivos Marxistas".

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ganos de ejecución de la acción armada y a los activistas de la ac-ción insurreccional de masas. Gracias a esta acción militar, la delin-cuencia subversiva se encuentra en franca retirada. 4. Sin embargo, debemos estar conscientes que los agentes marxistas seguirán in-tentando la erosión de nuestros valores y la captación de ingenuos (...) 6. La estrategia militar argentina ganará esta lucha, como todas las que libró, pero sólo con el apoyo de todo el pueblo argentino podremos ganar la paz que anhelamos. En el logro de esa paz Uds. tienen un lugar que ocupar y una tarea que cumplir" (op. cit.).

Los cambios en el escenario de confrontación se justificaban por la trans-formación de la estrategia del enemigo "subversivo": el mismo había sido de-rrotado en la "etapa militar", o de "acción armada", pero poseía la capacidad de transformarse en "infiltración ideológica", "terrorismo" y "subversión de los valores" -en este marco, la figura de la "campaña antiargentina" 43 comen-zaba a volverse central- 44 . El cierre de la etapa de "reordenamiento" que ensa-yaban las Fuerzas Armadas no prescindía de una conveniente ambigüedad: enunciar por un lado la promesa del "diálogo" y de la "democracia" no cons-tituía obstáculo para, por el otro, continuar agitando la amenaza "subversiva".

La nueva etapa buscaba generar un nuevo consenso, el de la "Unión Na-cional", basado en el "diálogo amplio" con la civilidad, aun cuando simultá-neamente se desalentaban las expectativas sobre "calendarios electorales". En este marco, en el discurso de los altos jefes militares comenzaba a crecer tan-to la percepción de los riesgos de la soledad del poder, como la imprecisión

43 El discurso de la "campaña antiargentina" surgía a mediados de 1976, cuando Harguin-deguy afirmaba que "existe, sin duda, una campaña muy bien dirigida desde el exterior pa-ra desprestigiar a las actuales autoridades y entorpecer el Proceso de Reorganización Nacional" (Clarín, 3/6/1976). Uno de sus principales artífices había sido el contralmirante César Guzzetti, ministro de Relaciones Exteriores, quien, sobre todo durante los meses pre-vios y posteriores a la visita de la "Misión Amnesty", había declarado en la Asamblea Gene-ral de las Naciones Unidas que "el terrorismo internacional (...) dramático flagelo que asola el mundo entero (invoca) pretendidas reivindicaciones sociopolíticas y la vigencia de los de-rechos humanos" (La Nación, 6/10/1976). Para Guzzetti, "el terrorismo en la Argentina es una prolongación del terrorismo internacional que tiene sus bases en diversas capitales eu-ropeas, entre ellas, París (...) los terroristas hallan en dichas capitales un apoyo logístico, fi-nanciero y material, y una base favorable a la propaganda y la acción psicológica" (La . Nación, 9/10/1976). Sobre la "campaña antiargentina", consúltese Franco (2002) y Jensen (2004). Retomaremos estas cuestiones en el apartado IV del Capítulo 2. 44 Varios acontecimientos posteriores parecieron Confirmar, en las desquiciadas mentes militares, el diagnóstico del informe, fundamentalmente, que la "subversión" se transfor-maba para pasar a operar en forma de "infiltración" y "terrorismo". El 30 de abril de 1977 hacían su primera aparición pública las Madres de Plaza de Mayo, mientras que el 7 de ma-yo el canciller Guzzetti era herido en un atentado supuestamente ejecutado por Montone-ros y debía ser reemplazado por el vicealmirante Oscar Montes.

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en la definición de los objetivos que debían evitarla. El 29 de mayo, en el Día del Ejército, Videla destacaba la necesidad de avanzar en la definición de un 'sentido político" para el Proceso: según el presidente, "el diálogo será el ele-mento más valioso para evitar los males que implica la soledad del poder. La consecuencia de esta soledad suele ser la tentación de caer en posiciones elitistas o corporativas (esquemas) proclives a producir la sectorización de las Fuerzas Armadas, como paso previo al fracaso del proceso" (La Nación,

30/5/1977). Sin embargo, la propuesta también contenía riesgos, ya que "sus- cita adhesiones pero también genera rechazos. Somos plenamente conscien-tes de ello" (La Nación, 30/5/1977), los que debían ser asumidos, ya que por detrás se escondía el peligro mayor: fracasar.

"Si no le damos a este proceso un sentido político, una propuesta política, corremos el riesgo de que pueda terminar como otros pro-cesos militares, con una salida de compromiso, como consecuencia de no haber encontrado justamente una motivación de orden polí-tico y haberse esterilizado en una actitud ordenancista. Es decir, al dar una propuesta política, en absoluto estoy hablando de calenda-rios ni alianzas políticas. Estoy diciendo que hay que dar una pro-puesta política, convencido de que este proceso tiene que triunfar, porque si así no fuera y corriera el riesgo final de otros procesos, po-dríamos decirnos que fuimos torpes al no haber aprovechado la ex-periencia de los anteriores, y en este caso no podemos ni siquiera darnos el lujo de haber sido torpes" (La Nación, 18/6/1977).

Durante la cena de camaradería del 7 de julio, también el almirante Mas- sera identificaba la aparición de un nuevo imperativo en el camino de las Fuer-zas Armadas: "en vías de concretarse la victoria en el terreno de las armas (...) quiera Dios que no confundamos la paz con el mero silencio de los explosi-vos, porque entonces, sólo habríamos conseguido una tregua efímera entre aquella lucha y una nueva turbulencia ansiosa y destructiva, capaz de retrasar, más aún, ese futuro tantas veces postergado" (La Nación, 8/7/1977). En ese marco, la cohesión interna y la legitimidad eran "primordiales":

"Todos sabemos que la victoria que estamos alcanzando se debe a dos factores primordiales, la unidad de las Fuerzas Armadas y la solidaridad de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas. Pero en la medida en que vayan desapareciendo los episodios terroristas vi-sibles tendrá que hacerse cada vez más evidente nuestra capacidad para crear un fervor de dimensión nacional, porque si la presencia de un enemigo Cornild .-demostró-hasta qu-é -punio-estaba intacta la aptitud de reacción de este pueblo, vamos a canalizar esta inmen-

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sa energía positiva, no ya para defendernos, sino para conquistar nuestro destino como país" (La Nación, 8/7/1977)

Massera realizaba una clara advertencia: una vez agotados los factores que habían operado hasta el momento como "garantía de éxito", las Fuerzas Arma-das necesitarían revitalizar su legitimidad, canalizando la "solidaridad" de la ciudadanía en objetivos "de futuro". Y la advertencia alcanzaba su verdadera dimensión cuando el almirante comparaba la eficiencia del recurso de legiti-mación anterior con la incertidumbre actual, ya que "a primera vista parece im-probable que se pueda reemplazar algo tan concreto como una amenaza física por algo tan poco específico, como un deseo lleno de buenas y vagas intencio-nes" (La Nación, 8/7/1977).

Ante la necesidad de definir los objetivos concretos que debían subsanar la soledad del poder, comenzaba a colarse en los discursos de los comandan-tes una incipiente turbulencia que interrumpía la fluida unanimidad de la perorata de la "lucha antisubversiva". La convocatoria de Videla y las adver- tencias de Massera encontraban a un Agosti reticente, que señalaba el 10 de agosto, en el Día de la Fuerza Aérea:

"El futuro, inexorablemente, tomará el rumbo que se le imprima en esta actualidad decisiva. (...) La doctrina del Proceso no prescin-de de la participación de la ciudadanía. Sí -por ahora- la limita, la prepara, normatiza y la selecciona. El diálogo evitará el aislamien-to y la soledad del poder. Pero las formas de participación popular en las decisiones políticas sólo serán posibles cuando se corrijan las causas del descrédito argentino." (Discursos del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Orlando Ra-món Agosti. 1977-1978: 9-17.)

El "amplio diálogo" propuesto por Videla en un inicio eran abruptamente clausurado por Agosti, para quien el acercamiento con los civiles no debía su-poner, bajo ningún punto de vista, participación popular en las decisiones po-líticas, sino simplemente la "recolección" de opiniones de "distintos sectores de la sociedad". Posteriormente, el régimen ejercería su soberanía al "decidir":

"El gobierno nacional recogerá opiniones de distintos sectores de la sociedad. Y después decidirá. Por sí y ante la historia. Porque su legitimidad no reside en el voto, sino en la decisión y en la capa-cidad con que cumpla el propósito de recrear la convivencia ar-gentina." (Discursos del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Orlando Ramón Agosti. 1977-1978: 9-17.)

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Las Fuerzas Armadas habían recorrido un largo camino, de la hora del sa-

crificio a la soledad del poder. Progresivamente, la legitimación basada en la lucha antisubversiva" iba siendo desplazada por la necesidad de encontrar cri-

/Idos de orden más político. Sin embargo, la sola mención del "diálogo" con los civiles parecía haber irritado los ánimos de algunos integrantes de la "gran familia militar" que debía, por todos los medios, mantenerse unida.

Por el momento, este conjunto de recomendaciones de los comandantes se cristalizarían cuando, el 2 de agosto de 1977, la Junta Militar apruebe los contenidos del Proyecto Nacional, el primer plan político institucional de las Fuerzas Armadas, a cargo del Ministerio de Planeamiento y el general Díaz Bes-

Pero antes de analizar las tribulaciones de los artífices del Proyecto Na-

aonal, abordaremos el otro eje fundamental de la estrategia refundacional del régimen: la política económica.

II. La política económica de Martínez de Hoz en un estrecho desfiladero

El programa económico puesto en marcha en la actual etapa busca adaptarse a las condiciones del mundo moderno

y ajustar la economía a la realidad. Es un programa pragmático y flexible en oposición

a las rígidas fórmulas dogmáticas; adopta las medidas necesarias con firmeza y determinación, sin concesiones a la demagogia.

José Alfredo Martínez de Hoz, Clarín, 12 de septiembre de 1977

Como vimos, los dos objetivos iniciales que perseguia simultáneamente el régimen militar eran el aniquilamiento de la "subversión" y la "normali- zación" económica, privilegiando, por sobre cualquier otro imperativo, tan- to la "masacre represiva" como la política económica de Martínez de Hoz 46

y su equipo. Sin embargo, y a diferencia de la fuerte cohesión que operaba sobre las Fuerzas Armadas la "lucha antisubversiva", alrededor de la política

45 Este plan, que será analizado en el apartado III del presente Capítulo, no encontrará los consensos suficientes para constituirse como el pilar político del régimen. Sin embargo, el Proyecto Nacional no agotaba las necesidades ni ambiciones de refundación política de las Fuerzas Armadas que, ya desde enero de 1977, se habían embarcado en la redacción de otros planes, uno por cada Fuerza, que serán analizados en el último apartado de este Capítulo. 46 José Alfredo Martínez de Hoz, abogado y poseedor de una amplia trayectoria profesional, había desempeñado varios cargos públicos, entre ellos, ministro de Economía de la Nación en 1963, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación entre 1962 y 1963, presidente de

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económica comenzarían a gestarse irup_ortantes conflictos, fundamental-mente en el interior de los cuadros de gobierno -por el momento las críticas externas no alcanzarían el nivel que presentaron durante la segunda presi-dencia de Videla-. Estas tensiones estaban originadas, por un lado, en las diferencias existentes entre los objetivos del ministro y su equipo y los de im-portantes sectores de las Fuerzas Armadas, y por otro, en las contradicciones que atravesaban el seno mismo del equipo económico.

La coincidencia que había acercado, en los albores del golpe de Estado, el diagridsucts civil rern-iiIitar, revelaría muy pronto su fragilidad: a poco de an-da-r, Tos -Objetivos perseguidos mediante la política económica mostraron su incompatibilidad con valores e intereses arraigados en el imaginario militar. En primer lugar, la puesta en escena de medidas económicas que impulsaban un vertiginoso crecimiento del mercado financiero -en particular, la Reforma Financiera de 1977- y el consecuente aumento de los comportamientos "es-peculativos" y "extranjerizantes", amenazaban los proclamados valores "pro-ductivistas" y "nacionalistas" de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el anunciado objetivo de lograr una economía abierta e integrada al mercado mundial -sobre el que se avanzó fundamentalmente desde fines de 1978, con la apertura comercial-, conspiraba contra el crecimiento de una industria que 14 mayoría de los elencos militares concebía como fundamental para el desa-rrollo bélico nacional. Por último, el proclamado "antiestatismo" del equipo y su propósito de llevar adelante una profunda reducción del aparato estatal, generaba un profundo malestar entre quienes, por formación y pertenencia, entendían que el Estado debía jugar un papel activo como promotor econó-mico y como actor privilegiado de la planificación (O'Donnell, 1997a; Sch- _ varzer, 1984). Pero más allá de estas contradicciones "ideológicas", que respondían a una cierta "incompatibilidad valorativa" entre militares y civi-les, la amenaza más concreta que presentaba el avance del ministro para estos sectores de las Fuerzas Armadas residía en que gran parte de las medidas pro-

la Junta Nacional de Granos en 1957 y ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas de la intervención federal a la provincia de Salta en 1956. También había ocupado cargos elec-tivos: presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, presidente de la Sec-ción Argentina del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, presidente de ACINDAR, presidente del Consejo Empresario Argentino, presidente del Consejo Consulti-vo del Centro Internacional de Informaciones Económicas, vicepresidente de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y miembro de la Junta Empresarial Aseso-ra de la Organización de Estados Americanos, entre otros (Vázquez, 1985).

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puestas -entre otras, la apertura comercial, la política de privatizaciones, la re-ducción administrativa, etc.- parecían atentar directamente contra el poder y los intereses de perpetuación -de las burocracias estatales, dentro de las cuales os militaresocupaban un lugar de preeminencia.

"—Así, bien por inspiración ideológica o por netos intereses materiales, am-plios sectores de las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer diversos contro-les, bloqueos y resistencias ante los avances de quien con el tiempo se transformaría en "superministro" de Videla. Los mismos se cristalizaron en un conjunto de "reaseguros institucionales" a los que fue sometido el minis-tro de Economía. En primer lugar, Martínez de Hoz debió aceptar una eva- luación permanente de las Fuerzas Armadas, debiendo dar cuenta de sus — actos no sólo a la Junta Militar, sino también a las asambleas periódicas que reunían a los cuadros militares superiores. En segundo lugar, la "autonomía decisiva" y "normativa" (Oszlak, 1980) de Economía estuvo limitada, por un lado, por la Secretaría General de la Presidencia, en manos del general José Rogelio Villarreal y de Ricardo Yofre 47 -el primero de ellos cercano a la frac-ción "politicista" del Ejército48 y el segundo a la Unión Cívica Radical (UCR)-, y por otro, por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), en la que estaban representadas tripartitamente las Fuerzas, tutela que fue refor-zada, además, por el nombramiento de tres "oficiales de enlace" ante el Mi-nisterio de Economía, uno por cada Fuerza, con poder de veto sobre las decisiones ministeriales 49 . Por último, en su proceso de ocupación del apa---

47 El general Villarreal pertenecía a la promoción 76 del Colegio Militar y al arma de in-fantería; durante la Comandancia de Carcagno había sido destinado a la Jefatura V del Es-tado Mayor General y durante la de Anaya había sido jefe de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV de Córdoba, cargo en el que había permanecido hasta ser designado por Videla como jefe 1 del Estado Mayor General a fines de 1975 (Fraga, 1988). Yofre ha-bía sido asesor de Arturo Mor Roig, ministro del Interior de Lanusse entre 1971 y 1973 y activo participante en la "salida política" (Potash, 1994). 48 Definiremos a la fracción "politicista" del Ejército en el Capítulo 3; por el momento basta señalar que sus integrantes eran partidarios de un acercamiento con las organizaciones civiles por considerarlag inlérlcicutóras válidas para superar el aislamiento del régimen, y que, aun cuando podían ser calificados de "desarrollistas" desde el punto de vista económico, su prin-cipal objeción a la política económica residía en que la misma requería del mismo aislamien-

,P;:i que pretendían evitar. Los principales obstáculos que le presentó esta fracción a Martínez de Hoz durante esta etapa inicial fueron la presencia de "politicistas" en la Secretaría General y la del general Horacio Tomás Liendo al frente del Ministerio de Trabajo, cuyo estilo para con las organizaciones sindicales fue mucho más "dialoguista" que lo que requería la agenda del "su-perministro" (Abós, 1984; Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 1994). 49 Al frente de la CAL se encontraba el vicealmirante Antonio Vañek, sucesor de Lambrus-chini -uno de los principales apoyos de Massera en la Armada-. Los "oficiales de enlace" eran, hacia 1978, el comodoro Domingo Torea Paz, el capitán de navío Hugo Montagna-ni y el teniente coronel Mársico Arana.

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rato estatal, las Fuerzas Armadas privilegiaron los organismos donde las fun-ciones operativas prevalecían sobre las funciones normativas, ocupando los centros de gasto del Estado, que quedaron bajo su control (Castiglione, 1992) 50. Así, la "colonización" y "militarización" del aparato estatal y el mo-delo institucional tripartito 51 fueron herramientas fundamentales para las distintas fracciones militares que, por distintos motivos, veían conveniente controlar la gestión del equipo económico.

Además del frente militar, otra importante fuente de tensiones fue la hete-rogénea composición del equipo económico: entre los reclutados se encontra-ban desde hombres de la "derecha liberal tradicional" hasta miembros de una nueva corriente del liberalismo económico, la "derecha liberal tecnocrática", ambas expresión de las contradicciones que albergaba un liberalismo vernácu-lo en plena transformación 52. La primera de estas vertientes estaba integrada

)

50 Según Castiglione (1992), aun cuando los militares estaban ausentes de los cargos prin-cipales en las Secretarías del Ministerio de Economía, sí predominaban en los Organismos Descentralizados dependientes de las mismas, con fuerte incidencia en el nivel de gasto pú-blico: por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Comercio, el Instituto Nacional de Vitivi-nicultura, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Industrial, el caso del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 51 Los rasgos centrales del modelo institucional serán analizados en el apartado IV del pre-sente Capítulo. 52 El equipo económico inicial estaba integrado por Juan Alemann -secretario de Hacien-da-, Guillermo Klein -secretario de Programación y Coordinación Económica-, Raymundo Podestá -secretario de Desarrollo Industrial-, Mario Cadenas Madariaga -secretario de Agri-cultura y Ganadería-, Fernando Puca Prota -secretario de Recursos Naturales y Ambiente Hu-mano-, Santiago de Estrada -secretario de Seguridad Social-, Guillermo Zubarán -secretario de Energía-, Federico Camba -secretario de Transporte y Obras Públicas-, Guillermo Bravo -secretario de Comercio-, Alberto Fraguío -secretario de Comercio Exterior-, Alejandro Es-trada -interventor en la Junta Nacional de Granos-, Alberto Grimoldi -subsecretario de Co-mercio Exterior-, y Luis García Martínez -jefe de asesores del Ministerio de Economía-, entre otros. Al frente del Banco Central se encontraban Adolfo Diz -presidente-, Christian Zimer-man y Alejandro Reynal -vicepresidentes-, Francisco Soldati y Enrique Folcini -directores-, y Ricardo Arriazu -jefe de asesores-, entre otros. Varios de ellos ya habían ocupado cargos públicos durante la Revolución Argentina o el inte-rinato de Cuido, entre ellos Martínez de Hoz, Klein, Alemann, Camba, Puca Prota, de Estra-da, Estrada y Diz; al menos García Martínez, Cádenas Madariaga y Zubarán provenían del Club Azcuénaga, círculo de intelectuales, políticos y economistas liberales promovido por Jaime Perriaux -ex ministro de Justicia de Lanusse y miembro de la "Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana"- y el general (RE) Hugo Miatello, mientras que Martínez de Hoz, Podes-tá y de Estrada habían militado en los orígenes de la democracia cristiana o en grupos católi-cos. Martínez de Hoz y Perriaux se habían conocido casi treinta años antes del golpe y sus inquietudes políticas se habían iniciado durante la década del cuarenta, en tomo del ateneo de estudios "Ateneo de la Juventud Democrática Argentina" y la revista Demos, en los que co-laboraban numerosos miembros de la elite civil liberal-conservadora integrante de los gabi-netes de distintos gobiernos autoritarios (Túrolo, 1996). Perriaux elaboraría en abril de 1978 uno de los tantos documentos políticos con los que se intentaba dar forma y contenido a la "salida política", que será analizado en el último apartado de este Capítulo.

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porlePieStnt— lantesde las _viejas clases dominantes agrarias diversificadas en actividades industriales, comerciales y financieras: aunque se encontraba

---6Trticamente debilitada desde los años treinta, conservaba un importante pe- so ideológico y un gran prestigio social, además de la propiedad de importan-

edios de comunicación -el diario La Nación, entre otros-, desde los ales defendía el retorno al liberalismo económico vigente en la década del

treinta a través de un discurso oligárquico tradicional (O'Donnell, 1997a) 53 . Por el contrario, los integrantes de la "derecha liberal tecnocrática" postulaban

la adaptación local de las prepuestas a la Hayek o Erhardt, y, en el marco de las o-- transformaciones internacionales de la década del setenta, y el aumento de la liquidez en los mercados financieros, abrazaban las propuestas teóricas de Mil- ton Friedman 54 (O'Donnell, 1997a).

Ambas corrientes compartían un sencillo diagnóstico: la única forma de terminar con la inflación era desarmar las bases de sustentación del popu-rs-m- o. Sin embargo, diferían significativamente en cuanto a las recetas que de-bían ser implementadas. Por un lado, los "liberales tradicionales" postulaban una interpretación monetarista clásica de la inflación basada en el enfoque cuantitativo de la moneda, en la que es la cantidad de moneda la que deter-Tina la inflación y el nivel de precios; desde esta perspectiva, el origen de la 'Id ación es el déficit estatal financiado por la emisión monetaria, (Jessua, La-brousse, Vitry y Gaumont, 2001; cit. en Heredia, 2004). De allí que proponían implementar un ajuste ortodoxo, basado en la recesión y el ajuste del gasto

53 Para Rouquié (1981), ésta sería la derecha ilustrada de los "patricios progresistas" po-seedores de la "gallina de los huevos de oro", cuya incuestionada legitimidad social, en un marco de agotamiento de su proyecto nacional, estaría en la base misma de la prolongada "crisis hegemónica" argentina. Los principales exponentes de esta corriente dentro del equipo económico eran Juan Alemann y los funcionarios vinculados con el agro, entre ellos, Mario Cadenas Madariaga, Alberto Mihura y Carlos Lanusse, y fuera del ámbito del equipo, el ingeniero Álvaro Alsogaray, Alberto Servente, presidente de la Bolsa de Comer-cio, y los miembros del Consejo Empresario Argentino, entre ellos Ricardo García -presi-dente-, José Estensoro, Ricardo Grüneisen, Armando Braun, Celedonio Pereda, Francisco Soldati, Rafael Ferrer, Agustín Roca y Federico Zorraquín. 54 La influencia de los "tecnócratas" se expandía en círculos privados, tales como institu-tos de investigación -entre ellos, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoame-ricanas (FIEL), el Instituto de Estudios Económicos de la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea (IEERAL-FM) y el Centro de Estudios Ma-croeconómicos de Argentina (GEMA), lobbies y empresas, y era la puerta de entrada en la Argentina de los postulados de la Escuela de Chicago que ya habían sido ensayados por la dictadura chilena (Heredia, 2004; Novaro y Palermo, 2003; O'Donnell, 1997a; Ramírez, 2003) Sus exponentes en el equipo económico eran Guillermo Klein, Alejandro Estrada, Alberto Grimoldi y Ricardo Arriazu, entre otros. Para una amplia caracterización del espec-tro liberal del momento, consultar Heredia (2004).

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público, a fin de alcanzar la estabilización macroeconómica, postulada como objetivo máximo (Reinhardt y Peres, 2000) 55 . Por el contrario, el "enfoque monetario de la balanza de pagos" al que adherían los 'tecnócratas" prescin-día del control de la demanda para concentrarse en la fijación de algunos pre-cios clave: la cotización del dólar, las tarifas de los servicios públicos y los salarios. El tipo de cambio debía ser sometido a un cronograma de devalua-ción futura a tasas decrecientes -inferiores a la tasa de inflación-, bajo el su-puesto de que las disminuciones en las tasas de crecimiento de las variables bajo control provocarían una declinación progresiva de las tasas de inflación, hasta igualarlas -o hacerlas "converger"- con las internacionales. En este es-quema era necesaria también la apertura comercial y financiera de la econo-mía a la competencia, a fin de desacelerar los precios internos e igualarlos con los internacionales, al tiempo que la apertura financiera viabilizaba la entra-da de capitales con los que se financiaba el déficit comercial resultante del ti-po de apertura aplicado. Los "tecnócratas", a diferencia de los "liberales tradicionales", eran portadores de una crítica aún más profunda al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones: el objetivo máximo a alcanzar no era ya la estabilización macroeconómica, sino la completa liberalización de la economía de la interferencia estatal; de allí que propusieran la liberan-

zacion deTos mercados dordésticos, la privatización de empresas públicas, la apertura comercial y la apertura a los flujos financieros internacionales (Rein-hardt y Peres, 2000).

Martínez de Hoz emprendió su gestión por un angosto sendero, flan- tmlado por los obstáculos que le opondrían los elencos milita-

res y por otro poTra--ffetéfóleiieídad deI campo liberal, que se expresaría en el seno Ldel equipo economico. Sus recursos mas preciados serán, por un la- _ , do, la hibridez en la implementación de políticas -mezclando estrategias or-todoxas con políticas gradualistas- y la ambigüedad en su discurso público -enarbolando alternativamente las banderas de la heterodoxia y las de la or-todoxia- y, por otro, ejliállázzósk.sus más-acérrimos defensores en la cúpu-la misma del poder militar, en las figuras de Videla y Harguindeguy, a quienes se sumaría posteriormente Galtieri. El que llamaremos "núcleo estable" del Proceso, posicionado, por otra parte, como un 'triángulo estraté-

55 Según Reinhardt y Peres (2000), este tipo de diagnóstico suponía que el excesivo gasto pú-blico estaba orientado a sostener un inherentemente deficiente modelo económico, que po-sibilitaba la supervivencia de una industria ineficiente e incapaz de someterse a la competencia internacional, mediante el rent-seeking, los subsidios estatales y un alto grado de proteccionismo.

gico" -conformado por la Presidencia y los Ministerios de Economía e Inte-

ribr-- estaría dotado de una extraordinaria estabilidad en el tiempo, resis-ileindo las críticas más diversas. Por otra parte, la política económica también encontraba adhesiones entre otros importantes funcionarios, tal como el go-bernador de la provincia de Buenos Aires, general de brigada (RE) Ibérico Saint Jean, los altos mandos de la Fuerza Aérea, vastos sectores del Ejército y numerosos civiles y militares retirados.

El 2 de abril de 1976 Martínez de Hoz dirigió su primer discurso al país, sentando las bases de la "filosofía económica" del Proceso. El ministro resu-mía los componentes centrales del diagnóstico liberal que había justificado el golpe de Estado: la necesidad de eliminar el déficit fiscal y la inflación persis-tente -esta última producto, sobre todo, de la "emisión monetaria" orienta-da a cubrir el primero-, la condena al Estado interventor y una paralela defensa de la "empresa privada" y del "mecanismo de mercado" como "prin-cipio básico, orientador de la actividad económica" (Clarín, 2/4/1976). Re-chazando al mismo tiempo las opciones tradicionales de shock "que el país no parece estar en condiciones de soportar" -la memoria del "Rodrigazo" pa-recía estar demasiado fresca como para aventurarse en experimentos del esti-lo- y las estrategias "excesivamente gradualistas por no producir efectos suficientemente vigorosos", el ministro pretendía situarse en una posición in-termedia. La amplitud de los principios defendidos por el titular de Econo-mía y su capacidad para restirriklás aspiraciones del también amplio espectro néral permitieron que el apoyo inicial a la política económica por parte de estos sectores fuera contundente -muy probablemente la drástica caída del salario real provocada por las primeras medidas operó en el mismo sentido-, y que los primeros meses de gestión fueran, en términos generales, pacíficos.

Las primeras medidas implementadas consistieron en la aplicación de un severo ajuste ortodoxo, mediante una devaluación de la moneda -paralela a la suspensión de las retenciones al agro y a la disminución y/o eliminación de los reembolsos a las exportaciones de bienes no tradicionales-, un conge-lamiento de los salarios del sector público y la liberación de los precios, los Primeros pasos en la apertura comercial con una modificación de aranceles

faestabIecimiento de un doble tipo de cambio. Estas disposiciones, acom-pañadas por la obtención de un cuantioso préstamo externo, le permitieron al ministro, en pocos meses, obtener superávit comercial y reducir tanto la inflación como el déficit fiscal, y habilitaron a Videla a defender estos avan-ces como "una prueba inequívoca de los aciertos iniciales (...) aunque los frutos no podrán apreciarse de inmediato" (Clarín, 25/5/1976). Sin embar-go, las resistencias del frente militar, para el que la desocupación y la rece-

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Sión resultantes de este tipo de ajustes no resultaban aceptables, obligaron al ministro a rendir cuentas y a advertir que "estamos (evitando) toda causa de desocupación masiva de obreros" (La Nación, 30/6/1976). Ante el Consejo de Almirantes, integrado por todos los almirantes en actividad con destino en el país y presidido por el almirante Massera, y el brigadier Agosti, que sos-tenían estar "preocupados" por los "ingresos de los sectores más bajos de la población" y que demandaban "resultados positivos a corto plazo", el mi-nistro se declaraba partidario de evitar los "costos sociales" clásicos de los ajustes antiinflacionarios -recesión y desempleo-, y que para ello estaba im-plementando un "programa gradual, no de golpe (porque) si lo hubiéramos hecho de golpe se nos hubiera podido hacer un cargo serio" (La Nación, 23/9/1976).

En la Navidad de 1976, Martínez de Hoz identificaba como sus principa-les éxitos haber "reducido drásticamente la espiral inflacionaria", haber su-perado la cesación de pagos, haber revertido la "tendencia (negativa) de la balanza comercial (...) y del balance de pagos", detentar un nivel récord de reservas en el Banco Central, haber reabierto las fuentes de financiamiento externo, la disminución de "ciertos factores de creación de expansión mone-taria", etc. En este contexto, el éxito de la gestión a cumplir durante 1977 de-pendería de lograr "la reducción del déficit del presupuesto (...) a un límite compatible con la reducción de la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la economía", para lo que resultaba imprescindible tanto aumentar la re-caudación56 como reducir los gastos estatales, racionalizando las empresas del Estado y la administración pública. Sin embargo, el ministro advertía que la "reducción de los gastos del Estado" no era tarea fácil, ya que demandaba "además de cierta dosis de paciencia, una gran dosis de persistencia y acertar con las medidas que, poco a poco, vayan produciendo un consenso y con-vencimiento general de su necesidad" (La Nación, 24/12/1976) 57 .

A pesar de sus innegables "logros", las dificultades del equipo económico para reducir el gasto público derivadas, entre otros factores, de las resistencias

56 El objetivo de aumentar los recursos tributarios se había logrado, durante 1976, me-diante la indexación de los recursos impositivos por Ley N° 21.281 de abril de 1976, que establecía un régimen de actualización de los créditos a favor del Estado; en septiembre de 1977 se extendería la indexación a la mayor parte de los ingresos impositivos con la Ley N° 21.636 (Schvarzer, 1984). 57 Durante el año 1977 la atención de Economía estaría centrada en la reducción de los gas-tos del Estado, y tanto Martínez de Hoz como Alemann comenzarían a percibir importan-tes obstáculos en este plano; analizaremos estas tensiones en el Capítulo 2.

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de las Fuerzas Armadas, lo llevaron a perder su primera batalla contra la infla-ción, que en el último trimestre de 1976 ascendía al 7 por ciento mensual, per-judicando la posibilidad de implementar las reformas previstas para 1977, en particular, la Reforma Financiera. Así es que el 8 de marzo de 1977 la conduc-ción económica estableció una tregua de precios por 120 días acompañada por una reducción arancelaria para aquellos productos que registraran alzas "injus-tificadas", contradiciendo, mediante este recurso a la heterodoxia, el principio de liberación de precios en que había basado el plan del 2 dé abril ., su crítica ha-cia el "pernicioso mecanismo de control de precios" del gobierno peronista y su vocación antidirigista.

La reacción ortodoxa fue inmediata. El ingeniero Álvaro Alsogaray de-nunciaba que "la mentalidad estatista, desarrollista, dirigista y populista es-tá infiltrada dentro y fuera del gobierno (...) la inflación no sólo no está contenida, sino que amenaza acelerarse nuevamente (...) volver al control di-recto de precios (supone) una pesada carga y (renunciar) a principios y téc-nicas que (el equipo económico) inicialmente proclamó como las mejores" (La Nación, 6/4/1977). Martínez de Hoz argumentaba que el "pragmatis-mo" de su plan y la "necesidad de reaccionar con rapidez", no implicaban el abandono del programa del 2 de abril, y que la "medida artificial" del con-trol de precios sólo había sido motivada por la necesidad de frenar otro fac-tor artificial, la "expectativa inflacionaria" (La Nación, 13/4/1977).

La tregua de precios de 120 días fue suficiente para permitir la implemen-tación de una de las reformas de mayor alcance de la gestión del ministro: la Reforma Financiera del 1° de junio 58 . La misma era defendida por el "tecnó- Zata" Alejandro Estrada, que sostenía que el sistema financiero heredado era congruente con el "pernicioso modelo distribucionista" que centraba la dis-tribución de la riqueza "en el sistema de precios, y no, como lo indica una sana política, a través del sistema fiscal", donde la "preocupación esencial era procurar dinero barato para (...) un grupo de privilegiados", con la conse-cuente "desaparición del crédito como instrumento de financiamiento" (La Nación, 5/5/1978). Estrada identificaba la importancia estratégica que la Re-forma presentaba para los planes refundacionales del ministro: terminar por

58 Las primeras medidas preparatorias de la Reforma habían sido implementadas durante 1976, aprovechando el amplio margen de maniobra con que contaba el Banco Central, presidido por Adolfo Diz, cuyos funcionarios se encontraban libres de la interferencia que las burocracias militares le presentaban a la aprobación de las leyes. Sin embargo, alrede-dor de la legislación relativa a la reforma definitiva se habían gestado fuertes conflictos, en-tre los partidarios de una "garantía estatal para los depósitos", mayoritarios en la CAL, y quienes la rechazaban; a pesar de que entre estos últimos se encontraba el ministro, la ga-rantía finalmente fue aprobada (Novaro y Palermo, 2003).

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un lado con las tasas reales negativas con que el Estado subsidiaba al sector industrial, y permitir por otro la incorporación del capital extranjero al mer-cado de créditos (Kosacoff, 1996).

La Reforma consistió en una rápida liberación de las tasas de interés y en una paulatina eliminación de los controles sobre el flujo de capitales. Fue acompañada por una política monetaria contractiva, orientada a controlar la demanda global, con la que el ministro abandonaba las expectativas de cre-cimiento, asumiendo el riesgo de provocar una recesión y de crispar los áni-mos de los elencos militares. Como consecuencia de la Reforma el sector financiero experimentó una expansión espectacular -a partir de la multipli-cación de entidades financieras y del ingreso de los grandes bancos interna- cionalesirááCijo argentino-, pero la inflación continuó creciendo, ahora • -y con los salarios aún reprimidos- por la incidencia que los costos finan-cieros comenzaron a tener dentro de los costos empresarios, y dentro de un marco recesivo, producto de la política contractiva que incidió también en una explosión de las tasas de interés 59 . El ministro no se preocupaba por de-mostrar indicadores de &seri-ler-lo -favorables, sino por dotar a su gestión de un alto componente de irreversibilidad °: capitalizando el crédito político acumulado avanzaba en su objetivb de máxima, el de transformar las reglas de juego de la economía, demostrando que estaba dispuesto a jugar su jue-go a fondo a pesar de los bloqueos de los uniformados -o tal vez precisa-mente a causa de éstos-.

Estas presiones no se limitaban al plano público, y hacia 1977 los mili-tares también las volcaban en los documentos reservados que circulaban en despachos y cuarteles con miras a consensuar la propuesta política del régi-

59 Las altas tasas de interés eran en buena medida producto de la "garantía estatal" a los depósitos, y constituían un elemento clave en en la dinámica de acumulación que comen-zaban a privilegiar los agentes económicos, orientada al aprovechamiento de las ventajas que otorgaba la denominada "bicicleta financiera". t'° Según Canitrot (1980) el gobierno, desestimando perspectivas de crecimiento a futuro, decidicilalrefoi-rna con el objetivo de interrumpir el clima de relativa bonanza de fines de 1976 y de limitar la libertad de operación de las empresas, favoreciendo los intereses de sus 'aliados sociales. Para Schvarzer (19.84) la Reforma fue la medida fundamental que permi-tlóno sólo asegurar la irreversibilidad de lo actuado sino, y sobre todo, la permanencia y elpoder del equipo, cuyos integrantes, en caso de mejorar la situación económica general en un contexto de críticas crecientes, se habrían vuelto prescindibles. De acuerdo con No- varo y Palermo (2003), la Reforma puede ser comprendida dentro de la estrategia más ge-neral del ministro, que consistía en combinar objetivos de largo plazo que permanecieron invariables -y que respondían más a la intención de realizar profundas reformas estructu-rales que a presentar indicadores satisfactorios de "buen desempeño económico"-, con ob-jetivos de corto plazo que eran sometidos a cambios de rumbo de acuerdo con las necesidades coyunturales.

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men. Por caso, el Plan Nueva República, de mayo de 1977, elaborado por el general Jorge Olivera Royere, secretado -general del Estado-Mayerr y cercano argl_iiéral Suárez Mason, recomendaba "lograr mantener una situación so-cioeconómica que elimine tensiones sociales", "no sobrepasar los índices normales de desocupación" y avanzar "con el menor costo social posible". En octubre, en el documento Consideraciones sobre el proceso de institucio-

ita2Tzación y el Movimiento de Opinión Nacional dela Afinad-Lis:5S marinos advertían que era "condición fundamental que el gobierno consolide la eco-nomía nacional y mejore las condiciones sociales (para) lograr la adhesión Lel apoyo de la ciudadanía", recuperando sobre todo la "capaCidad adquisi-tkaSk j91 salarios, hoy deprimida a niveles crítiCni". Por su Paité, la 'Fuerza Aérea, en su documento Bases Políticas para la Reorganización Nacional, pe-día "una equitativa distribución de la riqueza y úri mejoramiento en el nivel de vida, particularmente en las clases asalariadas", pero denunciaba "la per-manencia de rasgos negativos dentro de la organización económica y social", tales como "un Estado sobredimensionado que no se ha reducido, y posible-mente haya crecido", al igual que los voceros civiles del liberalismo.

En diciembre, comenzó a gestarse un enfrentamiento entre las fracciones en que se hallaba dividido el equipo económico, personificadas en este caso en el secretario de Comercio, Alejandro Estrada -quien había asumido ese cargo en abril de 1977, luego de desempeñarse como interventor en la Junta Nacional de Granos- y el secretario de Comercio Exterior, Alberto Fraguío. El conflicto había surgido durante el mes de junio en torno de la política de re-ducción arancelaria aplicada por Estrada que, según Fraguío, "perjudicaba a la industria nacional", para posteriormente ampliarse con motivo de la eleva-ción de las tasas de interés del régimen de prefinanciación de exportaciones (La Opinión, 13/12/1977). La disparidad de criterios llevó a Martínez de Hoz a unificar ambas Secretarías en una sola -de Comercio y Negociaciones Eco-nómicas Internacionales-, que quedaba a cargo de Estrada, previa renuncia de Fraguío e interinato de Guillermo Walter Klein, secretario de Programación y Coordinación Económica, y mano derecha de Martínez de Hoz. El nuevo y poderoso secretario, que ahora monopolizaba todo el manejo comercial del país, era un fervoroso defensor de la liberalización total de la economía, y par-ticiparía posteriormente en la adopción del "enfoque monetario de la balan-za de pagos"61 .

61 Según Túrolo, Estrada había sido "partidario, inicialmente, del desarrollismo (y) se había orientado hacia la concepción liberal pocos años antes de incorporarse en el equipo econó-

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Entre fines de 1977 y principios de 1978 se inició un proceso de impara- bleacürriálát1511 de poder en manos de Martínez de Hoz, revelando que den-. tro de la estructura de tareas del régimen, la política económica se estaba convirtiendo en el tema prioritario. Posteriormente, el nombramiento de Vi-dela como presidente para un segundo período ampliaría el margen de ma-niobra deriii-ifitsTfo, quédu—rante 1978 se lanzaría aún con más fuerza en pos de una irreversible transformación de la economía -y la sociedad- argentinas.

III. El Ministerio de Planeamiento y los artífices del Proyecto Nacional

Lo que en estos momentos no está permitido es la política de partido, pero nosotros entendemos que estamos haciendo política (...)

en el sentido eminente de esta expresión. General Díaz Bessone, La Nación, 19 de noviembre de 1977

Dado que dentro de la estructura de tareas del régimen militar la "lucha antisubversiva" se encontraba dentro de las más altas prioridades, durante es-. ta etapael poder de los comandantes de los Cuerpos de Ejército fue primor-

Ya.-durante las postrimerías ' sdel tercer gobierno peronista, al frente de

mico en 1976 (...) el suyo no fue un liberalismo meramente teórico (...) estaba convencido de que la única solución para los problemas del país era la liberalización de la economía (...) la convicción intelectual de Estrada y del equipo que éste formó dentro del propio equipo económico -un grupo pequeño, pero homogéneo y extraordinariamente convencido de sus ideas- no participaba del gradualismo, al que sí adhirió Martínez de Hoz" (Túrolo, 1996: 225). Este "equipo dentro del equipo" estaba integrado por Juan Dumas -secretario de Ne-gociaciones Internacionales-, Héctor Legarre -subsecretario General-, Martín Braun Lasala -subsecretario de Precios y Abastecimientos-, Hugo Miguens -titular de Lealtad Comercial- y Alberto Grimoldi -subsecretario de Comercio Exterior y luego secretario de Industria-, entre otros.

c 62 Durante el Proceso, y bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, a partir de la división territorial de los Cuerpos de Ejército se establecieron las Zonas que organizaban la "masacre represiva". El Comando de Zona 1 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército I, con asiento en la Capital Federal y jurisdicción sobre esta última y las provincias de Buenos Ai-res y La Pampa; el Comando de Zona 2 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército II, con asien-to en Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones; el Comando de Zona 3 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército III, con asiento en la ciudad de Córdoba y jurisdicción sobre las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy; el Co-mando de Zona 4 estaba a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Cam-po de Mayo y jurisdicción sobre los partidos bonaerenses de Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, Tigre, 3 de Febrero y Vicente López; por último, el Comando de Zona 5 estaba a cargo del Cuerpo de Ejército V, con asiento en Bahía Blanca y jurisdicción sobre el sector sur de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Río Ne-gro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Mittelbach y Mittelbach, 2000).

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estas Comandancias se había cristalizado una elite de "señores de la gue-rra" 63, que durante el Proceso encabezó las operaciones "antisubversivas", in-tegrada por los generales Carlos Guillermo Suárez Mason, comandante del Cuerpo I, Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del Cuerpo II, Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Cuerpo III, Santiago Omar Riveros, co-mandante de Institutos Militares y Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuer- po V, y sus 2° comandantes y jefes de Estado Mayor 64 .

Predominantemente del arma de artillería -y sólo en segundo lugar de ca- ballería65-, y pertenecientes a la promoción 74 del Colegio Militar, varios de estos generales "duros" habían participado en la revuelta antiperonista de 1951, en la Revolución Libertadora en 1955 y en el bando "colorado" durante los enfrentamientos de principios de los sesenta. Si bien durante el Proceso

. • • • u. - esivas,...varios, de ellos ha- bían estuvieron involu

2enelasád9ATp919111es_eargos en el enmPlejo militar-indus-trial y en el Comando de Institutos Militares -que subordina a todos los

63 Esta designación responde a que estos comandantes eran depositarios de un poder fun-damentalmente territorial, basado en el desempeño de las tareas "operativas" contra la "subversión", dentro de las cuales tenían las más altas responsabilidades, gozando al mis-mo tiempo de un elevado nivel de autonomía. 64 Entre estos subjefes se encontraban Acdel Vilas, Femando Santiago y Carlos Dalla Tea, compañeros de la promoción 75 del Colegio Militar, y Jorge Olivera Royere. Vilas, del arma de infantería, llamado también el "general peronista", se había desempeñado desde diciem-bre de 1975 como 2° comandante del Cuerpo V, cargo desde el cual había tenido a su car-go el Operativo Independencia. Santiago, del arma de artillería, se había nucleado en tomo del desarrollismo de la revista Estrategia, dirigida por el general Guglialmelli, al igual que Azpitarte; entre 1975 y 1976 se había desempeñado como 2° comandante de Institutos Mi-litares, entre 1976 y 1977 como 2° comandante del Cuerpo III, y desde febrero de 1978 co-mo director nacional de Gendarmería, para pasar a retiro en noviembre de 1979. Dalla Tea, del arma de artillería, había militado en el populismo de los generales Carcagno y Cesio, inspirado en el auge de las corrientes peruanistas dentro del Ejército. Finalmente, Olivera Royere, que pertenecía a la promoción 74 y al arma de comunicaciones, se desempeñaría co-mo 2° comandante del Cuerpo de Ejército I como subordinado de Suárez Mason, y luego como secretario general del Estado Mayor; en mayo de 1977 tendría a su cargo la redacción del Plan Nueva República, plan político de características similares al Proyecto Nacional, pa-ra pasar a retiro en agosto del mismo año. 65 En este punto no coincidimos con la caracterización de Novaro y Palermo (2003), que identifican a estos "duros" como participantes del bando "azul", sosteniendo asimismo que los "blandos" -o "politicistas"- por ser de infantería, habrían sido "colorados". Los "duros" no eran predominantemente de caballería, sino de artillería, y tanto los "señores de la gue-rra" como los integrantes de la fracción "politicista" habían militado en el bando "colora-do", participación que ha sido constatada por Fraga (1988) entre otros. Riveros, Azpitarte y Díaz Bessone, del arma de artillería, habían sido compañeros de la promoción 74 del Cole-gio Militar, mientras que Suárez Mason y Menéndez, ambos de caballería, pertenecían a las Promociones 73 y 74 respectivamente. Tanto Riveros como Suárez Mason habían participa-do en la revuelta antiperonista de 1951, en la Revolución Libertadora y en el bando "colo-rado"; Azpitarte había participado al menos en 1951 y 1955, y Díaz Bessone en 1962.

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organismos militares de formación y perfeccionamiento- 66, lo que los llevaba a defender posiciones desarrollistas -cercanas a las de los "burócratas" al freh- te del aparato estatal-67 . Al mismo tiempo, su profundo anticomunismo y antiperonismo y sus concepciones corporativistas llevaban a estos 'duros" a . rechazar cualquier posibilidad de acercamiento con las organizaciones políti- cas y sindicales. Así, sus concepciones económicas y sus posiciones políticas los llevaron a ejercer dós resistencias: una contra el liberalismo "antiestatista" del equipo económico y otra contra la fracción "politicista" del Ejército 68 .

Hacia fines de 1976 el régimen perseguía dos objetivos: la profundiza-ción de la "lucha antisubversiva" y la consolidación del plan económico, lo que llevó a la cristalización de una coyuntural -aunque sólida- coinciden-cia entre los imperativos de aislamiento impuestos por la política económi-ca y las prioridades de la masacre ejecutada por los comandantes de Cuerpo 31,sus subordinados. La necesidad de entregar a los "señores de la guerra" mayores cuotas de poder en retribución por los avances en la "masacre re-presiva", y la de progresar en la elaboración de la propuesta política del go-bierno autoritario, llevó al régimen a involucrarse, el 29 de septiembre de 1976, por Ley N° 21.431 en, la creación de un Ministerio de Planeamiento. La nueva cartera, se anunciaba, estaría a cargo del general Ramón Genaro Díaz Bessone69, y su principal función sería redactar el plan político del ré--,

66 Riveros, graduado como oficial ingeniero militar, se había desempeñado como director de la Escuela Superior Técnica durante la Comandancia de Carcagno, y durante las Coman-dancias de Anaya y Laplane como director de Producción y luego vicepresidente de la Di-rección General de Fabricaciones Militares. Azpitarte había militado en el nacionalismo durante la Comandancia de Lanusse, incorporándose al núcleo de oficiales agrupado alre-dedor de Estrategia, y durante la Comandancia de Anaya había sido director de la Escuela Superior de Guerra y 2° comandante de Institutos Militares durante la Jefatura de Laplane. Suárez Mason había sido director de la Escuela de Caballería en 1972, 2° comandante de Institutos Militares durante la Jefatura de Anaya y jefe de Inteligencia del Estado Mayor -su carrera culminará como presidente de Menéndez había cumplido servicios en el Co-legio Militar de la Nación y en la Escuela Superior de Guerra. Finalmente, Díaz Bessone ha-bía actuado durante la Revolución Argentina primero en la Secretaría de Seguridad y luego en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Acción de Gobierno. 67 Si bien resulta particularmente notable la ausencia de trabajos que intenten analizar a estos "duros" por fuera de las funciones meramente represivas, la recuperación de sus tra-yectorias profesionales permite ubicarlos más certeramente dentro de la interna militar y explicar, entre otros aspectos, sus posiciones económicas. En este trabajo hemos identifica-do su cercanía con los que hemos llamado "burócratas", sin dudas una de las fracciones menos trabajadas para el período, que será analizada en el Capítulo 2. 68 Trabajaremos más profundamente las diferencias entre las fracciones "dura" y "politi-cista" del Ejército en el Capítulo 3. 69 La designación de Díaz Bessone no era casual. Durante el gobierno de Onganía se había desempeñado en la Secretaría de Seguridad, dedicada a la planificación estatal, y durante el

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gimen, el Proyecto Nacional70 . "--Wsrimitirénsobretritirritnente creación del Ministerio provocaron la reac-ción de la opinión pública liberal, que advertía que tras el concepto mismo de "planeamiento" se ocultaban las distintas -y a su entender, nefastas- versiones del desarrollismo vernáculo. Alsogaray sostenía que se trataba de "un contra-sentido total porque el gobierno, al querer implantar el sistema de libre em-presa privada a través del Ministerio de Economía, estaría siguiendo un rumbo determinado y al orientarse hacia la economía planificada al crear el Ministe-rio de Planeamiento estaría siguiendo un rumbo totalmente opuesto" (La Opi-nión, 2/11/1976; cit. en Sidicaro, 1996: 17). Era evidente que la creación de la pueva cartera contradecía varios de los principios declarados centrales por el régimen. En primer lugar, conspiraba contra el propósito de raciónalización de

"Vadministración pública, ya que suponía una importante proliferación de or- IITitSTrI6s .-S-etiét-arías, Subsecretarías, etc.- y personal 71 . En segundo lugar, y

gobierno de Lanusse había sido designado en la Secretaría de Estado de Planeamiento y Ac-ción de Gobierno, que absorbía las funciones del CONADE, el CONASE y el CONACyT. Asi-mismo, era uno de los creadores de la "Fundación Argentina Año 2000" y los Centros de Estudios Prospectivos, integrados por un equipo multidisciplinario de civiles y oficiales reti-rados, que había editado en 1973 el Proyecto Nacional Argentina Año 2000 (Quiroga, 1994). Varios de los miembros de la Fundación acompañarían a Díaz Bessone en la nueva cartera. 70 Recordemos que en enero de 1977 las Fuerzas Armadas habían intentado avanzar en este aspecto publicando las Bases para la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso nado-nal. Previamente a las Bases... había circulado asimismo, pero en forma restringida, un docu-mento elaborado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, juntamente con sus asesores Alberto Rodríguez Varela, James Smart y Jorge Aguado, Este plan, de octubre de 1976, se titulaba Un nuevo ciclo histórico ~tipo: del Proceso de Reorgani-iiain NiCTOnaTiTalerceralte'rxibralinearieZspira una estrategia nacional En él, don-

e r IffitaireVitténteg `dé Ta`I'fraCdories Más elitistas del régiMen 'anté la necesidad de elaborar un plan político, se advertía que "El tema central al que deberá respon-der el nuevo proyecto político es el de la vertebración de una nueva dase dirigente (...) inequí-vocamente identificada con la heredad tradicional y dispuesta a resistir hasta la victoria a la agresión marxista populista (...) Por lo tanto las FEAA. deberán evitar simultáneamente: el ais-lamiento respecto de la civilidad; la tentación del 'pacto' con la dirigenda civil preexistente (...) Por otra parte, los partidos perderán el monopolio de la representación en la sociedad y de la conducción del Estado (...) La representación de los intereses tendrá su ámbito propio en el Consejo de la República (donde) las FF.AA. participarán (...) como custodios de los intereses específicos de la seguridad y el potencial de la Nación, disponiendo de un poder de veto res -

acto de iniciativas en que estimen vulnerados dichos intereses" (Un nuevo ciclo...). La nueva cartera estaría conformada por dos Secretarías -la de Planeamiento, a cargo del

coronel Juan Carlos Duret, y la de Proyecto Nacional, a cargo del mismo Díaz Bessone- y nueve Subsecretarías, al frente de las cuales se encontraban varios ingenieros, economistas Y oficiales retirados. La dotación total de personal sería apreciada inicialmente por el mis-mo ministro en 600 personas (La Nación, 24/11/1976). Tiempo después Laidlaw, su suce-sor, hablaría de unos 890 empleados, que luego se habrían reducido a 500 durante su gestión (La Nación, 27/4/1978). Oszlak (1984) estima estos números en un total inicial de 1200 empleados, redimensionados a unos 450 en 1982.

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dado que a la nueva dependencia se le otorgaba el carácter de un "superminis- . terio'qife debía centralizar y coordinar las actividades de las carteras restantes, amenazaba con restarle autonomía a sus pares y con contraponerse asimismo con el "superministerio" de Economía. En tercer lugar, la idea misma de plani-ficación estatal, que asignaba al Estado la capacidad de fijar metas económicas y políticas, entraba en flagrante contradicción con la "filosofía económica" del Proceso 72 . Finalmente, entre las atribuciones del nuevo ministro se encontra-ba la de reemplazar al presidente en caso de ausentarse éste del país -con la co-rrespondiente merma del poder del ministro del Interior- y de asesorarlo -lo que le entregaba a los "duros" acceso directo al presidente-, al tiempo que sus posiciones políticas eran radicalmente contrarias a las de los miembros de la Secretaría General de la Presidencia.

A pesar de estas contradicciones, voceros del régimen destacaban que la creación del Ministerio respondía a la necesidad de elaborar un Proyecto Nacio-

nal que estableciera las políticas fundamentales para el mediano y largo plazo. A diferencia de las carteras restantes, de carácter "técnico", las tareas del nuevo Ministerio, se sostenía, eran de carácter "creativo" o "político". Los objetivos perseguidos se explicitaban en las primeras páginas del Proyecto Nacional:

"De acuerdo con las disposiciones de la Ley N°21431 de creación del Ministerio de Planeamiento y su Decreto Orgánico N°2594/76 (Anexo IV), competen a dicho Ministerio las misiones de elaborar y actualizar el proyecto Nacional, con el sentido de proposición de una empresa r un destino para la nación, acorde con su perfil humano y su entidad histórica El presente documento también llena otras necesidades operativas para la for-mulación del Proyecto Nacional. 1.1. Someter los lineamientos generales de su encuadre concep-tual, los objetivos y los cursos de acción propuestos para su logro, a la consideración de la Junta Militar. 1.2. Rermitir_,definir la "Etapa Fundacional" en su verdadero al-cance, y posibilitar las correcciones necesarias en materia de orga-nización del Poder Político, ejercido por las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar la conveniente estabilidad, cohesión y continui-dad, más allá de lo personal. (...) El objetivo real es la articulación de un nuevo sistema político apto para realizar y hacer irreversi-bles los logros de la intervención militar.

72 Para un análisis detallado de las contradicciones ideológicas entre el Proyecto Nacional y el proyecto Videla-Martínez de lloz, consultar Quiroga (1994) y Sidicaro (1996), entre otros.

1.3. Servir de base para la consulta y la recepción de aportes de la comunidad a través de sus figuras y entidades más representativas y calificadas (...) 1.4. Predisponer las condiciones para el consenso y la adhesión activa al Proyecto". (Proyecto Nacional, Ministerio de Planeamiento, 25/5/1977: 3.)

El Proyecto Nacional buscaba fundamentar el proyecto político del régi-men militar a partir de principios de naturaleza ético-filosófica y de elementos teóricos frecuentemente utilizados en las ciencias sociales contemporáneas (Sidicaro, 1996). El texto señalaba que la decadencia argentina se explicaba por la ausencia de una gran política nacional, cuya única expresión se había eclipsado junto con la "Generación del Ochenta". De allí que la larga crisis ar-gentina sólo pudiera ser superada por una "nueva generación del Ochenta", que emprendiera la fundación de una "Nueva República"; paradójicamente, dentro del imaginario de los artífices del Proyecto Nacional convivían tanto componentes del más rancio liberalismo conservador como del nacionalismo

" más corporativista. El orden deseado debía consistir, a nivel económico, en una "modernización" estructural concretada mediante una activa presencia es-tatal, que apuntara, a través de una concepción nacionalista y desarrollista, a

"a) preservar el poder de decisión nacional frente a la acción de los países desarrollados y las empresas transnacionales (...); d) fijar cri-terios y pautas de promoción sectorial y regional. (...); f) Establecer y mantener una política de distribución del ingreso y de precios re-lativos (...); g) Delinear y ejecutar un plan de inversiones públicas acorde con los criterios de orientación y eficiencia, fijados confor-me a los principios éstablecidos; h) Adecuar el accionar del capital extranjero y de las empresas transnacionales a los reales intereses y prioridades de la economía argentina". (Proyecto Nacional: 310)

"Ejercer a través del Estado, en cuanto gerente del bien común, el principio de subsidiariedad; una actividad de supervisión, promo-ción y ordenamiento; de coordinación y arbitraje de los grupos in-termedios y de sectores, mediante: 1) La orientación de la actividad económica: -Fijando reglas de juego claras y estables. -Promovien-do la difusión de la propiedad privada (...) Esto excluye las concen-traciones monopólicas sean privadas o estatales. -Desarrollando la infraestructura necesaria (...). -Asegurando el normal funciona-miento de los mecanismos de mercado (...)" (op. cit.: 339).

A nivel político, el Proyecto Nacional encontraba su antecedente más cer- c,anoeneiciorp-Oritivismo del onganiato. En primer lugar, recuperaba la su-

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cesión por etapas entre el planeamiento, la consulta y la_decisión 73 : el pla-neamiento consistía en el diseño de un plan general -el Proyecto Nacional- tarea del nuevo Ministerio -órgano que reunía las funciones de planeamien-to con las consultivas, antaño ejercidas por el triángulo conformado por el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), el Consejo Nacional de Defen-sa (CONADE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONACYT)-, la posterior consulta implicaba el "intercambio de opiniones con los argenti-nos, con sus instituciones, con los organismos del Estado y naturalmente con las propias Fuerzas Armadas (...) con excepción de los que han sido juz-gados por corruptos y subversivos" (La Nación, 12/8/1977) 74, y la decisión descansaba finalmente en la Junta Militar. En segundo lugar, el documento revelaba un significativo desprecio por la representación política partidaria -que "no debía ejercer el monopolio de la democracia"-, y le concedía una extrema importancia a los "cuerpos intermedios" o "asociaciones interme-dias" cuya actuación debía ser "encuadrada" con "clara y precisa legislación" (Proyecto Nacional: 333). Por último, la marca, del onganiato se revelaba en los largos plazos temporales previstos: "el tiempo mínimo para lograr dicha recuperación (...) puede fijárselo (...) en doce años" (op. cit.: 354); "(se) pre-vé la iniciación, en 1986, de una etapa de transición, con la incorporación crecléiné-dé-Civiles, hasta llegar al año indicado, de 1991, en que se habrían

73 Desarrollo, seguridad y planeamiento, conceptos indisolublemente unidos en el idea-rio de la Revolución Argentina, habían sido los ejes a partir de los cuales se había intenta-

. do rediseñar el Estado durante el gobierno dé Onganía. A nivel organizativo, se había buscadoIa constitución de una estructura piramidal -como regimientos dentro de una di-visión- que imbricara tres sistemas: el planeamiento, la consulta y la decisión. A nivel ins-titucional, el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad Nacional se había dividido en tres planos: en el del planeamiento y la acción, se había creado el CO-NADE; en el de la integración de la seguridad con el desarrollo el CONASE; y en del pla-neamiento tecnológico el CONACYT (Rouquié, 1981). Esta preponderancia de la planificación respondía en buena medida a la influencia que alcanzaban por entonces las teorías difundidas por los expertos de las organizaciones internacionales, que identifica-ban a la correcta planificación de la acción de gobierno como una de las claves del éxito de una gestión, y a la experiencia pionera -1966- del gobierno brasileño en establecer un Mi-nisterio de Planeamiento, considerado el pilar de su "milagro económico". 74 La consulta se iniciaría con la formación de cuatro comisiones: del Área Educativa, la deno-minada "sector universitario", con participación de rectores de las universidades nacionales y privadas, entre otros; y del Área Economía, las correspondientes al "sector agropecuario", "sec-tor industrial" y "sector comercial", de las que participarían, respectivamente, dirigentes de las corporaciones agrarias -Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argen-tina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, etc.-, industriales - empresarios del Interior, Movimiento de Unidad Industrial, Movimiento Industrial Argentino, etc.- y de servidos -Bolsa de Cereales, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio, banca nacional y cooperativa, etc.-. (La Nación, 26/8 y 6/9/1977).

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alcanzado ya las condiciones para la Nueva República" (La Nación,

6/9/1977). Hasta aquí, los apetitos políticos del Proyecto Nacional eran coherentes

con el aislamiento social requerido por el plan económico y con los objeti-vos de la "masacre represiva" que llevaban adelante los- "señores de la gue-rra". Estos últimos parecían estar ampliamente consustanciados con las propuestas de Planeamiento, apoyo que se manifestaba en un documento de

"mayo de 1977, el Plan Nu2va República, elaborado por el general Jorge Oli-vera Royere, ex 2° comandante del Cuerpo I y ahora secretario general del Es-tado Mayor del Ejército 75 . Además de ofrecer un diagnóstico de la situación al 24 de marzo de 1977 donde se destacaba la "imprecisión en la definición del poder", la "situación social comprimida a límites máximos", el "riesgo de aislamiento político-social" del régimen, la "cohesión institucional con alto grado de indefinición político-ideológica" y la "ineficiencia de algunos militares en el ejercicio de la función pública", el Plan coincidía con la pré-dica desarrollista del Proyecto Nacional cuando proponía "encarar por el sector público el incremento de la infraestructura requerida para el desarro-llo" y el "desarrollo de industrias básicas" y "polos de desarrollo" en el inte-por del país, al tiempo que recomendaba "no sobrepasar los índices normales de desocupación" y avanzar en los objetivos económicos "con el menor costo social posible". También sostenía que "un cambio realmente profundo y renovador sólo podrá efectuarse y consolidarse en un período que no podrá ser menor a los 12/15 años" (Plan Nueva República: 3 y ss.).

Sin embargo, los imperativos políticos del gobierno militar se modifica-rían muy pronto para determinar, en diciembre de 1977, el fin de la expe-riericia de Planeamiento y el inicio de un proceso de decadencia de los "duros" dentro de la estructura de poder. En el plano externo, tras el viraje en la política de derechos humanos de los Estados Unidos auspiciado por la fla-mante administración demócrata de James Carter, los temores del régimen hacia posibles sanciones internacionales por el empleo del terrorismo esta-

75 No coincidimos con Seoane y Muleiro cuando afirman que este plan habría sido avala-do por el general Viola (véase Seoane y Muleiro, 2001: 294). El contenido del Plan Nueva

República coincide con los principios defendidos por entonces por los "duros", y los ante-cedentes profesionales y el perfil público de Olivera Royere lo acercan significativamente a los "señores de la guerra", más concretamente a Suárez Mason, a quien no sólo había acompañado desde diciembre de 1975 como 2° comandante del 1 Cuerpo, sino a quien ahora debía su cargo al frente de la Secretaría General del Estado Mayor.

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Paula Canelo


tal, comenzarían a ganar importancia en la agenda gubernamental 76 . En el plano interno, la ambiciosa propuesta de Díaz Bessone comenzaría a girar en el vacío al menos por dos razones.

Por un lado, la intención de que Planeamiento operara como un "primer ministerio", no podría superar el hecho de que, hacia fines de 1977, el verda-dero poder pasaba por Economía, único "superministerio" del régimen, y que dicho privilegio sólo podía ser compartido, en todo caso, por el Ministerio del Interior. Así, mientras Díaz Bessone presentaba su renuncia a la Junta Militar, la prensa informaba que "la decisión del Ministro de Planeamiento fue con-secuencia de disímiles apreciaciones entre su cartera y la de Economía sobre el tratamiento de algunas cuestiones vinculadas directamente con el área que conduce el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (...) la consideración de algunos temas referidos a la futura estructura económica nacional, crearon (...) una fi-sura que se fue ampliando con el tiempo" (La Nación, 31/12/1977). La Na-ción señalaba además que, continuando con la ya tradicional dinámica institucional del régimen, la sanción de la "Ley de Planeamiento" había sido bloqueada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía, quedando vir-tüalmente "congelada" (La Nación, 3/1/1978) 77 .

Por otro lado, y a pesar de la defensa del Proyecto Nacional que había realizado la Junta Militar 78, éste no despertó grandes pasiones, ni siquiera en

76 Carter había asumido la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero de 1977 y en agosto se había realizado la primera de las tres visitas a la Argentina de Patricia Derian, sub-secretaria de Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos y posterior testigo en el Juicio a las Juntas. En septiembre Videla había viajado a Washington para reunirse con Carter y varios presidentes latinoamericanos, desarrollando la tesis de la "guerra sucia", mientras que en diciembre se había iniciado un proceso de progresivo des-mantelamiento de los principales centros clandestinos de detención (Seoane y Muleiro, 2001). Estos temas serán desarrollados en el apartado IV del Capítulo 2. 77 Según La Nación "la iniciativa habría llegado a la Presidencia con el visto bueno de los restantes ministerios, pero no con la firma del titular de la cartera de Economía (...) A ello se habría sumado también la opinión contraria del Poder Ejecutivo, por entenderse (...) que la Ley Nacional de Planeamiento, tal cual estaba proyectada, convertía prácticamente a la cartera de Planeamiento en una especie de 'superministerio', que invadía jurisdiccio-nes y, además, porque en la práctica iba a dificultar el normal desenvolvimiento de las actividades en los distintos ámbitos del Estado" (La Nación, 3/1/1978). Para una recons-trucción de las versiones entregadas por la prensa alrededor de la renuncia de Díaz Besso-ne, véase Quiroga (1994). 78 En julio de 1977, Massera sostenía en la cena de camaradería que "estamos fundando otra vez la Patria, cuya expresión es el Proyecto Nacional, que transparenta la vocación hu-manística inmanente en nuestra sociedad" (La Nación, 8/7/1977). Agosti afirmaba que "el objetivo de fondo es superar los factores causales de los problemas argentinos, restablecer la confianza en el país y su futuro y dar vida a un Proyecto Nacional entendido como des-tino para la Nación" (La Nación, 11/8/1977). En Septiembre, un Editorial de La Nación

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el seno del Ejército. Si bien los "duros" le habían otorgado su apoyo median-te-el-Plarrispáb7Tei-las Secretarías de los Comandos en Jefe de las distintas Fuerzas castigaron duramente las propuestas de Planeamiento en un documento reservado denominado Crítica al Proyecto Nacional, donde se sostenía que era "conveniente someter a la Junta Militar tres o cuatro mo-delos de país para su análisis y selección. Debiera incluir alternativas respec-to a las estrategias en campos prioritarios, a los tiempos probables que demandará y a los costos sociales y políticos (...) No se identifica claramen-te el modelo económico y el esquema de crecimiento a adoptar (...) No tie-ne (articulación política), ya que considera la Institucionalización exclusivamente en lo referido a las FFAA (JM-PEN). No tiene una sustenta-ción política visualizable". (Crítica al Proyecto Nacional. Secretarías de los Comandos en Jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, 1977.)

Asimismo, el Plan Nueva República había sido ásperamente criticado por los "politicistas" de la Secretaría General de la Presidencia, en un trabajo re-servado titulado Comentario sobre el Documento "Plan Nueva República'. En él se afirmaba, en relación con el plan de los "duros", que "el mismo no constituye un aporte suficiente respecto a los lineamientos que exige el Pro-ceso para concretar una nueva síntesis histórica a través de la convergencia cívico-militar. Tal aserto se funda en los siguientes criterios: a) Su desarrollo no contempla la idea de SíNrrEsis, concepto del cual ni se hace mención. b) Constituye un conjunto de aspiraciones que, sin una sistematización sufi-ciente, no alcanzan a conformar ni un programa de gobierno ni un plan de acción política (...) c) Se evidencia falta de unidad conceptual (...) e) De tal modo, se observan algunas contradicciones y se advierten conceptos cuyo sentido merece una mayor aclaración y precisión". (Comentario sobre el Do-cumento "Plan Nueva República': 3-4, énfasis y subrayado en el original.)

Así, en un contexto de modificación de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, de profundización del poder de Economía y de ausen-cia de apoyos sólidos dentro de las Fuerzas, el destino de la experiencia de Pla-

criticaba duramente al Proyecto Nacional -afirmando que "la Junta Militar (...) no ha es-tado en uno de sus días más felices al convertir 'en general' en documento de Estado a un trabajo en el cual campean muchos conceptos rutinarios y otros expuestos confusamente, sin contar con los que son políticamente riesgosos" frente a lo cual, la Junta habría resuel-to -según consta en las Actas Secretas de la reunión del 18 de octubre de 1977 reproduci-das en Vázquez (1985)-, "que el secretario general de turno de la Junta Militar conversará con el director del diario y le expresará el desagrado de la Junta (...) El señor Ministro de Planeamiento invitará al señor director del diario para esclarecer el contenido del editorial" (Sidicaro, 1993: 413.)

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Tras décadas de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas argentinas en los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional, el Proceso de Reorga-nización Nacional marcó el desenvolvimiento pleno de sus tres principios básicos: una concepción específica de la guerra y del enemigo militar, una determinada concepción de la Nación y una particular relación entre las Fuerzas Armadas y el sistema político, denominada "pauta intervencionista" (López, 1986), que supone el involucramiento total de las mismas en la ges-tión de gobierno. Ya durante la Revolución Argentina la influencia de la Doctrina había ido marcando la creciente participación de las Fuerzas Arma-das en la estructura y las responsabilidades del gobierno 81 , con el propósito de permanecer de manera prolongada en el poder, desplazando los impera-

79 El 24 de enero de 1978 asumía como nuevo ministro de Planeamiento el general Julio Laidlaw, saliente secretario de Inteligencia del Estado, que mantendría un bajo perfil pú-blico, a diferencia de su antecesor. En noviembre del mismo año se tomaría una resolución definitiva: convertir a Planeamienlo en una Secretaría dependiente de la Presidencia de la Nación. A su frente quedaría, hasta fines del gobierno militar, el brigadier José Miret, y Pla--

neamiento colaboraría en la redacción de algunas leyes y varios estudios, pero nunca recu-peraría la importancia que había mantenido entre 1976 y 1977. Sobre la trayectoria posterior de Díaz Bessone como presidente del Círculo Militar y su enfrentamiento con el general Balza durante la década del noventa, consúltese Canelo (2006a). °C) En este sentido, disentimos con Yannuzzi (1996) cuando sostiene que la caída de Díaz Bes-sone habría implicado un triunfo de la fracción "politicista", ya que los "duros" lograron con-servar un importante poder de veto que les permitiría incidir significativamente en la propuesta política final del Ejército, tal como analizaremos en el apartado V del presente Capítulo. ° 1 El involucramiento institucional había aumentado a lo largo de las tres presidencias de di-cho régimen: mientras que Onganía había intentado gobernar con la Junta y las Fuerzas Ar-madas al margen, centralizando las decisiones en el Poder Ejecutivo, Levingston había

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neamiento fue el olvido79. Su final iniciaría el ocaso lento pero implacable de los "duros": si bien habían sido sometidos por el poder de Economía, serían pasados a retiro recién hacia fines de 1979, por lo que conservarían durante algún tiempo un significativo poder de veto sobre los avances de sus contrin-cantes "politicistas" en la interna del Ejército80.

IV. Massera y las ambiciones institucionales de la Armada

"El poder es una experiencia imborrable. Yo había oido decir que el poder aísla,

pero sólo viviéndolo se sabe hasta qué punto el poder es un pacto con la soledad,

aunque yo traté permanentemente de romperlo cada vez que pude".

Almirante Massera, La Nación, 17 de septiembre de 1978.

tivos "correctivos" de experiencias autoritarias anteriores para internarse en objetivos de índole "refundacional". Pero fue recién con el Proceso que se es-tableció la "pauta intervencionista" típica de la Doctrina que compromete-ría a las Fuerzas Armadas qua instituciones en la gestión de gobierno: las mismas emprendieron una vertiginosa militarización del aparato estatal, a

;partir de un novedoso modelo institucional 82 . El primer rasgo de este modelo era el reparto tripartito del poder. Con ex-

cepción de los cargos municipales, que quedaban en su mayoría en manos de civiles afines, las intervenciones a los medios de comunicación, los sindi-catos, las obras sociales, las organizaciones empresarias y los directorios de empresas públicas fueron repartidas "equitativamente" entre las tres Fuerzas; la mitad de las gobernaciones quedó en manos del Ejército y la otra mitad se repartió en partes iguales entre la Armada y la Fuerza Aérea; mientras que la organización y el ejercicio del poder represivo también fueron comparti-mentados según este criterio tripartito. En cuanto al Poder Ejecutivo, mien-tras que las carteras del gabinete -con la excepción de Educación y Economía, que eran asignadas a civiles- eran repartidas según un criterio de dos para cada Fuerza83 , la Presidencia quedaba, de acuerdo con las necesi-dades de la "situación de excepción", en manos del Ejército 84 .

El segundo rasgo del modelo era la preponderancia de la Junta Militar

por sobre el Presidente. Según los Documentos BáSicos del Proceso85 , la Jun-ta Militar, "órgano supremo de la Nación", definía las funciones y el funcio-namiento de los tres niveles superiores de gobierno, designaba al presidente -requiriendo unanimidad de sus tres integrantes y que se tratara, además, de

debido aceptar una estrecha tutela de la Junta Militar y la seudoparlamentarización de su go-bierno con una creciente participación de las Fuerzas Armadas, mientras que finalmente La-nusse, como presidente, había oficiado en rigor como presidente de la Junta (López, 1986). 82 Sobre los rasgos centrales de este modelo institucional, consultar entre otros, Acuña y Smulovitz (1995), Castiglione (1992) y Novaro y Palermo (2003). 83 En el gabinete inicial al Ejército le correspondían los Ministerios de Trabajo e Interior -a cargo de los generales Horacio Tomás Liendo y Albano Harguindeguy respectivamente-, a la Armada los de Relaciones Exteriores y Bienestar Social -a cargo de los contralmirantes Cé-sar Guzzetti y Julio Bardi-, y a la Fuerza Aérea los de Defensa y Justicia -en manos del bri-gadier mayor (RE) lose María Klix y el brigadier auditor Julio Amaldo Gómez-. 84 Dada la primacía que en este reparto conservaba el Ejército, autores como Quiroga 1994) califican a esta distribución del poder de "compartida" y no "tripartita". 5 Con esta denominación se hace referencia a la Proclama, al Acta fijando el propósito y

los objetivos básicos para el Proceso de Reorganizacion Nacional, a las Bases para la Inter-

vención de las FFAA, a los Propósitos y Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, al Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, al Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar (IM), Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) (Ley N°21.256), y a la suspensión parcial de la vigencia del artículo 23 de la Constitución Nacional.

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un oficial superior retirado- y a los miembros de la CAL, controlaba su ac-tuación, se reservaba el derecho de destituirlos, y absorbía varias funciones que según la Constitución Nacional le correspondían al Ejecutivo y al Legis-lativo -el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, las funciones militares y de guerra y la declaración del estado de sitio, y la designación de los miem-bros de la Corte Suprema y de otros altos funcionarios-. Un rasgo novedoso en relación con otros regímenes autoritarios era que los comandantes se re-servaban las decisiones sobre los nombramientos en las Fuerzas Armadas, conservando así una herramienta decisiva en el manejo político del personal militar; asimismo, el presidente de la Nación no podía ser, al mismo tiem-po, miembro de la Junta (Novaro y Palermo, 2003).

Los propósitos perseguidos mediante la elección de este modelo institu-cional eran varios, y en buena medida procuraban evitar los errores cometi-dos por gobiernos militares anteriores. Se buscaba un masivo respaldo de las instituciones armadas al régimen mediante su virtual autoatamiento al des-tino de la experiencia; un control mutuo del ejercicio del poder entre las di-ferentes Fuerzas con miras a la neutralización de los conflictos internos; y sobre todo a partir de las enseñanzas dejadas por la experiencia de "excesi-va" autonomía del general Onganía, se pretendía evitar la "personalización" del poder mediante el acotamiento de la autoridad presidencial por parte de la Junta Militar y el desempeño rotativo de los cargos de presidente, miem-bro de la Junta Militar y comandante en jefe (Acuña y Smulovitz, 1995). Sin embargz y a pesar de todas estas precauciones, este modelo institucional atentaría contra el cumplimiento de estos objetivos, potenciando además el surgimiento y desarrollo de los conflictos internos de las Fuerzas Armadas, trasladándolos a toda la estructura de poder. De esta forma, los clásicos en-frentamientos interfuerzas que se habían entablado entre la Armada y el Ejército durante décadas, encontrarían que este modelo les permitía expre-sarse en la cúpula misma del poder militar, más concretamente, en el seno de la Junta, en las figuras de Videla y Massera.

A diferencia del Ejército, la Armada argentina no había desempeñado un papel político muy relevante hasta 1955, cuando su participación en el de-rrocamiento del régimen peronista la había proyectado a un primer plano. En dicha oportunidad, el virulento antiperonismo de los marinos, personi-ficado en la figura del almirante Isaac Rojas, había contribuido significativa-mente con el ambicioso intento de retornar a las condiciones del preperonismo encarado por la Libertadora, que sin embargo fracasaría ante la obstinación de la resistencia popular y el descomunal despliegue político del líder en el exilio. Años después, tras su retorno al país, Perón se cuidaría

de neutralizar el tradicional antiperonismo de la Armada argentina, seleccio-nando para ello a un oficial en ascenso, llamado Emilio Eduardo Massera, cuyas ambiciones políticas y erráticas orientaciones ideológicas lo volvían un interlocutor conveniente, proyectándolo velozmente hacia la Comandan-cia de la Fuerza86 .

A partir de 1976, la Armada intentaría recuperar el protagonismo perdido, alineada tras la conducción de un almirante muy particular, portador de un ambicioso proyecto político de carácter estrictamente personal 87 . Las ambi-ciones institucionales de la Marina coincidieron así, próvidencialmente, con las del propio Massera, que contaba con sólidos apoyos dentro de los altos mandos de la Fuerza -entre ellos, el del vicealmirante Eduardo Fracassi y el del almirante Armando Lambruschini, secretario y jefe del Estado Mayor Ge-neral Naval respectivamente-, y que ejercía un poderoso liderazgo sobre los cuadros intermedios (Somos, 17/6/1983). En la disputa por el poder y por la recuperación del protagonismo perdido resultaba fundamental la identifica- __ ción de un adversario común, que fue encontrado en el Ejército88. Y como, dados los compromisos institucionales contraídos, este adversario común no podía ser atacado directamente, Massera encontró en la crítica hacia la políti-

86 Durante el transcurso de su carrera militar Massera había cultivado relaciones estrechas con políticos y sindicalistas, lo que había sido facilitado por sus destinos profesionales. En 1955, como teniente de navío, había sido ayudante secretario del almirante Olivieri, mi-nistro de Marina de Perón; en 1958, había sido jefe del Departamento "B" del Servicio de Informaciones Naval, que tenía a su cargo los temas políticos y de inteligencia interior; du-rante el gobierno de Lanusse había sido destinado por el almirante Gnavi -de orientación desarrollista-, entonces comandante en jefe de la Armada, al Ministerio del Interior, desde donde había colaborado con el ministro y'dirigente radical Arturo Mor Roig en la salida política. Posteriormente, estos antecedentes serían apreciados por Perón, que le ofrecería a Massera la Comandancia de la Armada: el marino asumiría el cargo el 7 de diciembre de 1973, desplazando al almirante Álvarez y a los siete vicealmirantes que lo seguían en el or-den jerárquico, menos "apropiados" para los objetivos del flamante gobierno peronista (Túrolo, 1996).

7 Ha sido ya señalado que Massera tenía aspiraciones presidenciales, y que esto lo lleva-ba a cultivar fluidas relaciones con políticos peronistas, sindicalistas afines y líderes políti-cos internacionales (Túrolo, 1996; Uriarte, 1992; Vázquez, 1985). 88 Las modalidades de presión de la Armada sobre el Ejército combinaron dos estrategias: una pública, estructurada sobre los principios y contradicciones del modelo institucional, y una clandestina, apoyada en la modalidad de "ajustes de cuentas" generalizada en las Fuerzas Armadas, donde se empleaban los mismos métodos que en la "lucha antisubver-siva". Algunos ejemplos de la estrategia clandestina son los asesinatos del embajador en Ve-nezuela Héctor Hidalgo Solá, de la diplomática Helena Holmberg y de los curas palotinos de la parroquia de San Patricio.

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ca económica de Martínez de Hoz el principal eje articulador de su proyecto, volviéndola uno de los principales frentes de inestabilidad del régimen. Mientras se desempeñaba como comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar, la estrategia pública de oposición de Massera estuvo estructurada en dos etapas fundamentales: la primera, de crítica velada a la conducción económica bajo un discurso "antitécnico", y la segunda, de ma-yor identificación de su objeto de confrontación, potenciada por los impera-tivos políticos que se gestaban alrededor de la figura del "cuarto hombre".

Las veleidades políticas de Massera lo habían llevado, ya desde los inicios de su aparición en público, a desarrollar un estilo discursivo complejo, pla-gado de recursos metafóricos. El efecto de persuasión que buscaba ejercer so-bre la opinión pública argentina y sobre las Fuerzas Armadas lo llevaba a presentarse como "guía espiritual" de la primera y como "líder heroico" de las segundas, y a distanciarse de la prédica "técnica" de otros funcionarios ci-viles y militares. Ya desde 1977 dirigía críticas veladas a la conducción eco-nómica advirtiendo contra el "Dios-dinero".

"Durante los últimos treinta años se ha venido desarrollando una verdadera guerra mundial, una guerra que tiene, como campo de batalla predilecto, el espíritu del hombre. (...) Y Occidente, intoxi-cado de indiferencia, se fue replegando sobre sí mientras que del antiguo esplendor de su espíritu sólo un sistema económico pare-cía sobrevivir, como pobre testimonio último, de una civilización que se refugiaba en sus cavernas de cristal y acero, al amparo de las computadoras, como si realmente no tuviera otra cosa que ofre-cer. (...) queremos un país de personas, no de masas. Queremos un país de imaginativos, no de autómatas (...) Queremos un país en donde la economía no sea un fin, ni el dinero un ídolo, porque queremos un país en el que sólo Dios sea más importante que el hombre" (Clarín, 15/5/1977).

La "decadencia de Occidente", según Massera, respondía al agotamiento de su "espíritu" y a su reducción a la "técnica" y la "economía", reductos del "materialismo", por lo que era necesario reconstruir un "liderazgo moral". Durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Massera afirmaba:

"Si todo el mundo se debate en la violencia, es porque el materia-lismo -dialéctico o no- está copando la libertad, y nos está sumer-giendo en un universo de cosas sensoriales, en donde el espíritu tiene, cada día, un lugar más precario y lamentable. (...) Los idea-les dominantes de nuestro tiempo (convierten) a las personas en masas amorfas de consumidores compulsivos.(...) Desgraciada-mente (...) suele haber un tremendo desprecio por la vida huma-

na, y los místicos de la redención por las balas, o los fríos apósto-les de la penetración tecnocrática, conducen, por igual, a la masi-ficación del individuo, entronizando un dios-destrucción o un dios-dinero, que no podrán nunca satisfacer la necesidad de tras-cendencia (...) de la persona humana. Es así que unos y otros es-tán trabajando, ineludiblemente, a favor de la muerte (...)." (Clarín, 7/7/1977).

En su crítica al materialismo, Massera establecía una sorprendente iden-tidad entre los "místicos de la redención por las balas" que adoraban al "dios-destrucción" y los "fríos apóstoles de la penetración tecnocrática" que entronizaban al "Dios-dinero". Tanto el "subversivo" como el "tecnócrata", en su común desprecio por la individualidad humana, masificaban a los ar-gentinos y trabajaban por la "muerte". El adversario del almirante comenza-ba a delinearse con mayor claridad: una tecnocracia que le entregaba al mercado la vida humana y la convertía en una "máquina de consumo com-pulsivo". Durante esta etapa inicial, sin embargo, los embates públicos de Massera no superarían las denuncias sobre el avance del "Dios-dinero" ni plantearían, aún, los "costos" y "sacrificios" que acarreaba el plan económi-co para la sociedad argentina.

Hacia octubre de 1977, imperativos políticos más concretos acelerarán tanto la identificación del adversario como la radicalización de las críticas, abriéndose así la segunda etapa, en ocasión de la necesidad de resolver la cuestión del "cuarto hombre". A pesar de que los Documentos Básicos del Proceso establecían que el presidente de la Nación no podía ser integrante de la Junta Militar ni estar prestando servicio activo, el hecho de que el gene-ral Videla reuniera la titularidad del Ejecutivo en situación de actividad, la Comandancia del Ejército y fuera además miembro de la Junta Militar, vul-neraba todos esos principios. Dado que hacia fines de 1977 la "excepciona-lidad" que había justificado en un inicio esta situación parecía haber sido superada, los grupos contrarios a Videla, en particular la Armada, vieron en la cuestión del "cuarto hombre" una oportunidad privilegiada para avanzar en la conquista de espacios de poder.

Massera señalaba la necesidad de resolver prontamente la cuestión: 'cuando se considere adecuada la aparición de lo que el periodismo ha de-nominado el 'cuarto hombre' será porque han desaparecido las razones que justificaban la excepcionalidad de la estructura actual. (...) Si el presidente es, a la vez, miembro de la Junta, sufre una tensión psicológica extra, ya que se le exige que sea juez y parte (...) la tremenda dinámica de esa responsabili-dad necesita que las áreas de incumbencia estén bien limitadas" (Extra, no-

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Paula Canelo

viembre de 1977). El brigadier Agosti sostenía asimismo que era "necesario y conveniente dar plena vigencia al esquema de poder establecido en el Es-tatuto para el Proceso de Reorganización Nacional (porque) el primer man-datario debe disponer de todo el tiempo y concentración de energías requeridos para el ejercicio de sus elevadas funciones, como impulsor y coor-dinador de la acción ejecutiva del Estado nacional" (Extra, diciembre de 1977).

La Armada comenzó a presionar públicamente por el reemplazo del presi-dente en octubre de 1977 -simultáneamente con la finalización del plan polí-tico Consideraciones sobre el proceso de institucionalización y el Movimiento de Opinión Nacional, radicalizando su posición en diciembre, afirmando que "están dadas las condiciones para resolver el tema a muy corto plazo" (La Na- ción, 21/12/1977). La férrea postura de la Armada y el respaldo de la Fuerza Aé-_, rea le otorgaban una gran oportunidad a Iviassera, quien, al tiempo que rechazaba las versiones que lo colocaban como sucesor de Videla en la presidencia, se lanzaba a una crítica más directa de la política económica.

"Ciertos aspectos de la conducción económica deben ser rectifica-dos y/o dinamizados, para alcanzar el pleno logro económico-so-cial del Proceso de Reorganización Nacional (...) La estructura de poder en este Proceso se vertebra en la Junta Militar (...) yen el Po-der Ejecutivo Nacional desempeñado por un oficial superior de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, responsable del go-bierno y dependiente de aquélla. La situación que hoy se vive tie-ne carácter transitorio y antes de fin del año en curso, la Junta Militar resolverá cuánto durará esta situación excepcional" (La Nación, 12/10/1977)

Este cambio de estrategia provocó la reacción del núcleo Videla-Harguin- i deguy, que se vieron obligados a ratificar el apoyo de la Junta Militar a la po-

lítica económica. El ministro del Interior, verdadera contrafigura pública ante las declamaciones de Massera, respondía:

"(...) el Proceso de Reorganización Nacional rechazó prejuicios doctrinarios, influencias ideológicas y la falsedad de la demagogia para aplicar una política económica realista, seria, eficiente, asen-tada sobre bases éticas y puesta al servicio de los intereses nacio-nales, una política económica que conduce un equipo de hombres que merecen el respeto y la consideración de todos, pe-ro una política económica que, repito, y no me he de cansar de re-petirlo, no es de un equipo sino que es la política económica del Proceso de Reorganización Nacional, y por ende la política econó-

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mica que para esta circunstancia histórica han adoptado y es la política de las Fuerzas Armadas y tiene, en consecuencia, todo y el total apoyo de éstas (sic.)" (La Nación, 14/10/1977)

Preparando su retiro y transfiriendo sus funciones de comandante al vi-cealmirante Armando Lambruschini 89, entonces jefe del Estado Mayor Ge- neral de la Armada y uno de sus principales apoyos dentro de la Fuerza, Massera pedía:

"Argentinos: vengo a hablarles en voz baja a cada uno, casi vengo a callar para que me oigan. En medio del ruido de las máquinas y el tableteo de las cotizaciones, quiero que palabras tan poco frecuentes hoy como honor, coraje, dignidad, aceleren otra vez el pulso de un pueblo que no admite más quedar dormido. No soy otra cosa que un hombre de armas, pero sé que si la conquista y el dinero bastaran para obtener la gloria, la civilización occidental estaría más influen-ciada por los fenicios que por los griegos" (La Nación, 4/3/1978)

Verdaderamente, Massera iba a callar -a retirarse- para que lo oyeran -para poder hablar-, y dedicar así todas sus energías a la lucha por el poder político. En abril de 1978, ante dirigentes empresarios, planteaba los térmi-nos de lo que sería su estrategia posterior: la de una lucha cruenta entre la política, encamada en su persona, y la economía, personificada en Martínez de Hoz.

"No voy a hacer una disertación específicamente económica. En primer lugar, porque no es mi especialidad, y en segundo lugar porque creo que, así como soportamos una inflación monetaria, también padecemos, en este tema, una inflación verbal (...) una de (cuyas) consecuencias más notorias (...) es la naturalidad con que se confunden los roles de la política y los roles de la econo-mía. (...) Si fuera cierto que la política está subordinada a la eco-nomía -como sostienen los miopes de buena y de mala fe-, bastaría corregir las desviaciones económicas para que se solucio-naran los conflictos políticos, y todos sabemos que no es así. En

89 Lambruschini había ingresado en la Armada en 1942 -el mismo año que Massera- y se había graduado en la promoción 73 de la Escuela Naval Militar. En 1967, como capitán de navío, había sido asesor de la delegación ante la Junta Interamericana de Defensa, había comandado el crucero General Belgrano y se había desempeñado en la Dirección General del Personal Naval. Ya contraalmirante, en 1973, había sido jefe del Estado Mayor del Co-mando de Operaciones Navales, al tiempo que Massera era nombrado comandante en je-fe; había ascendido a vicealmirante en diciembre de 1975, desempeñándose corno jefe del Estado Mayor (La Nación, 15/9/1978).

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cambio, basta que la política (...) exhiba sentido del mando (...) basta que sea capaz de despertar el entusiasmo de la gente, para que la economía mejore, aumente la producción, y se estimulen las inversiones creadoras y no meramente especulativas. (...) sólo así, advertiremos que la economía se subordina a la política y la política a la moral" (La Nación, 28/4/1978).

Ese mismo día, en una reunión en el Edificio Cóndor quedaba saldada la cuestión del "cuarto hombre": se designaba a Videla presidente de la Nación hasta 1981 y se acordaba dar por terminado el período de "excepcionalidad" el 1° de agosto de 1978, día en que el general debía pasar a retiro, habiendo cesado previamente como comandante en jefe. Asimismo, se disponía la re-novación completa de los integrantes de la Junta Militar, por lo que Massera debía abandonar su cargo en septiembre y Agosti en enero.

Habiendo concluido la lucha alrededor de la designación presidencial sin haber obtenido demasiados réditos, la atención de los marinos se despla-zó, aún con más fuerza, hacia el campo económico. Cuando, a mediados de

1978, Martínez de Hoz anuncie "ajustes instrumentales en el programa eco-nómico, sin cambio de rumbo" -según titulaba La Nación-, aumente la pre-sencia pública de los "tecnócratas", y se filtren rumores acerca de la posibilidad de una política monetaria más dura, Massera denostará este nue-vo avance de la "técnica":

"No cabe duda de que nos encontramos todos preocupados por la situación económica del país (...) Mientras algunos teóricos siguen analizando prolijidades sobre antinomias como capitalismo y po-pulismo, el país reclama soluciones estructurales, soluciones que deben estar alejadas de ese esquema indeciso que nos ha sujetado durante tantas décadas. Es necesario entender que ahora la batalla se dará en otro campo. Mucho más que una opción entre escuelas económicas o estilos de gobierno, enfrentamos una disyuntiva mo-ral. (...) Los utopistas de izquierda y los utopistas de derecha pro-ponen solamente soluciones totalitarias que los argentinos ya no están dispuestos a tolerar. Durante demasiado tiempo se nos ha pe-dido paciencia y sacrificios para alcanzar un mundo feliz, que pa-rece estar cada vez más lejos" (La Nación, 17/6/1978)

Según Massera, las especulaciones alrededor de meros "tecnicismos" olvi-daban que "aquí nadie ha muerto por defender la ley de la oferta y la deman-da (ni) el equilibrio de la balanza de pagos (...) pero sí han muerto muchos por defender (...) el crecimiento integral de la República, del cual la economía

sana puede ser una de las tantas exigencias" (Clarín, 14/5/1978). Progresiva-

mente comenzaba a esbozarse en el discurso del almirante un estilo proposi-tivo en favor de la protección del salario, el trabajo y la "producción nacional" en contra de la "especulación". A sólo un mes de su retiro, Massera probable-mente comprendía que si quería sobrevivir políticamente debía afinar su pro-puesta política y económica. Según el marino, la Argentina debía emular el sendero seguido por los países desarrollados, buscar una alianza entre "clase obrera, clase empresaria y Estado" para "avanzar sobre el conocimiento y sus instrumentaciones técnicas e industriales", y "abrirse a mercados amplios" (La Nación, 8/8/1978); asimismo, debía crearse "un aparato productivo ba-sado fundamentalmente en la iniciativa privada" y "privatizar empresas esta-tales (...) con las excepciones lógicas, que permitan confirmar la regla, como por ejemplo lo relativo a la defensa y algunas industrias básicas" (La Nación,

29/8/1978). Finalmente, el 16 de septiembre había llegado la hora del retiro para

Massera, quien en su mensaje de despedida reclamaba:

"En los documentos fundacionales del gobierno de las Fuerzas Ar-madas figuran como objetivos prioritarios el saneamiento de la economía al menor costo social, el establecimiento de una econo-mía vigorosa (...) mediante el estímulo a la productividad, el alien-to a la inversión, la rápida reactivación del aparato productivo, la racionalización del Estado y la drástica desaceleración de la infla-ción. Sería mezquino no reconocer que algunos logros se han al-canzado, pero no ignoro que tanto los empresarios, los que viven de jornales y sueldos, como los sectores de menores recursos, están pasando particulares dificultades, y eso me preocupa, como me preocupa que no se haya detenido, todavía, el ritmo inflacionario, y que no se haya obtenido la velocidad que la Nación requiere pa-ra alcanzar las metas propuestas" (La Nación, 17/9/1978).

La condición de retirado le otorgaba a Massera grandes ventajas políticas: al desligarlo de las ataduras y responsabilidades institucionales, le liberaba las manos para avanzar en la consolidación de su proyecto político personal. A partir de su retiro militar eI almirante comenzará a posicionarse como un verdadero outsider desestabilizador del régimen, que hará de la crítica viru-lenta y radical hacia la politica económica su principal instrumento de po-der. Sin embargo, este nuevo posicionamiento coincidirá con el inicio de su divorcio de la Armada que, bajo la flamante conducción de Lambruschini, deberá comenzar a tomar partido ante los embates que su antaño conductor le dispensaba al régimen, pasando de una ambigua postura inicial a una cla-ra opción por el autoatamiento institucional.

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V. Los Planes Políticos y los fantasmas de la 'convergencia cívico-militar'

Aparentemente, los plazos políticos que se prevén aquí dan la impresión de ser demasiado largos.

Sin embargo, en este terreno domina la paradoja. Un gobierno que se niega a hacer política puede

verse impelido a una salida precipitada para salvar su estabilidad. Un gobierno que emprende una tarea política

puede canalizar las expectativas y las tensiones hacia la futura salida y,

de este modo, trabajar con mayor desahogo. Anticipar la salida y orientarla permite demorarla.

Negarse a ella es el mejor camino de llegar a ella pronto y sin preparación.

De un estudio recibido en el Estado Mayor General del Ejército en 1969 y reproducido en Lanusse (1977: 67, cursivas del autor)

Como vimos, si bien desde el inicio del Proceso la primacía de la "lucha antisubversiva" y la política económica había implicado la violenta clausura de los canales políticos, ante el inevitable agotamiento del recurso de legiti-mación otorgado por la masacre, el régimen se había visto en la necesidad de anunciar la apertura del "diálogo cívico-militar" y de iniciar una suerte de debate interno que permitiera elaborar una propuesta política común. Así, entre los primeros meses de 1977 -cuando Videla anunciaba el fin de la "eta-pa de silencio" y el inicio del "diálogo"-, y mediados de 1978, las Fuerzas Armadas se embarcaron en la redacción de diversos planes políticos con el objetivo de presentar ante la sociedad una "Propuesta para la Unión Nacio-nal", posteriormente bautizada Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, dado el reparto tripar-tito del poder previsto por el modelo institucional y la necesidad de conci-liar las distintas visiones en pugna, dichos planes debían ser sometidos a dos procesos de "compatibilización", el primero intrafuerzas y el segundo inter-fuerzas, de los que debía surgir la propuesta definitiva.

Mientras tanto, ante una sociedad expectante, altos funcionarios milita-res comenzaron a jugar un juego peligroso y ambiguo, basado en prometer por un lado una "democracia representativa, republicana y federal", y desa-lentar por otro cualquier especulación sobre la apertura de un calendario electoral, el papel futuro de los partidos políticos y las organizaciones sindi-cales, etc. El -célebre- slogan de esta estrategia fue "el Proceso no tiene pla-zos sino objetivos que cumplir"; el propósito era, fundamentalmente, ganar tiempo (Novaro y Palermo, 2003).

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El documento reservado Consideraciones sobre el proceso de institucio-

nalización y el Movimiento de Opinión Nacional, de la Armada, fue finali-

zado en octubre de 1977. En su Introducción se señalaba el estado de "gran desorientación" de la sociedad argentina, y se recordaban los peligros de rea- - lizar una convocatoria política sin una definición previa de objetivos consen-suados internamente:

"Existe hoy una gran desorientación respecto al objetivo que el go-bierno persigue con su apertura al diálogo (...) Cabe señalar que si se inicia el diálogo en lo político, sin que las FF.AA. hayan defini-do un criterio único sobre objetivos, estrategias, procedimientos, etc. del proceso de institucionalización, se corre el riesgo de la apa-rición de fisuras en su seno, dado que esa irresponsable falta de de-finición, puede dar lugar al choque de corrientes de opinión no coincidentes existentes en las mismas" (Consideraciones...: 1-2).

El documento de los marinos destacaba la importancia de "limitarse en el tiempo y asegurar un desemboque" mediante "la formación de un movimien-to de opinión nacional, vital y amplio, que admita a todos aquellos que deseen la verdadera grandeza del país y se sientan consustanciados con los postulados del gobierno nacional" (op. cit.: 3), lo que era considerado el imperativo más relevante para el éxito del régimen. A continuación se detallaban las fases a se-guir, sin delimitación temporal, siempre sujetas a la obtención de "objetivos":

"El proceso se desarrollará mediante la ejecución de tres fases, sin so-lución de continuidad ni lapsos de duración preestablecidos, las que se concretarán a través de la consecución de los respectivos objetivos. Fase 1: Asunción del control. Etapa ya cumplida cuya finalidad fue establecer las condiciones necesarias para transferir el gobierno al Presidente de la Nación. Fase 2: Reordenamiento institucional. El P.E.N. asume la responsabilidad de la acción de gobierno mien-tras la Junta Militar retiene la responsabilidad integral del proce-so. (...) Fase 3: Consolidación. Consiste en la transferencia progresiva a equipos civiles de las responsabilidades ejecutivas de gobierno. El objetivo fijado es apoyar un sólido movimiento cívi-co consustanciado con los grandes objetivos nacionales que per-mita materializar el fin ulterior del P.R.N. 2.3. Conclusiones (...) 2.3.1. En la fase actual de "Reordenamiento Institucional" el go-bierno militar deberá: a) Planificar e implementar gradualmente la estructura políti-co-institucional que ha de regir en definitiva. b) Normalizar las organizaciones políticas. e) Concretar las instrumentaciones legales y procedimientos nece-sarios para restablecer la democracia

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2.3.2. Se pasará a la 3ra. "Fase de Consolidación" cuando se alcan-ce una situación de seguridad, orden legal, eficiencia administra-tiva y prosperidad económica. En esta etapa se buscará: a) Transferir progresivamente el gobierno a los civiles, mientras las FF.AA. retienen el poder. Apoyar la constitución de un sólido movimiento cívico que haga suyos los objetivos de las Fuerzas Ar- madas y lo herede en el gobierno" (op. cit.: 3-5).

La Armada presionaba por la definición de las normas que hacían al "pro-ceso de institucionalización", especialmente en lo relativo a la "estructura po-lítico-institucional" 90, a los "partidos políticos" y a las "instrumentaciones" y "procedimientos" que apuntaran a "restablecer la democracia". Sin embar-go, la "transferencia" del gobierno a los civiles quedaba relegada a la "Fase de Consolidación", subordinada asimismo al logro de los más variados objeti-vos. Según los marinos, ,"la mejor alternativa de salida para instituciorializar al país, de manera tal que el P.R.N. se herede a sí mismo, es implementar una salida condicionada mediante la creación de un M.C. o partido político" (op. cit.: 14). Ahora bien, esta nueva organización no debía surgir ni de un parti-do político existente ni de la estructura sindical, ya que "se trata de estructu-ras con vicios y compromisos arraigados de vieja data, difíciles de superar" que "podrían crear el riesgo de ruptura de la unidad de criterios interfuerzas": debía ser, sin más precisiones, "totalmente nuevo" (op. cit.: 14). Su "compo-nente ideológico debe responder a un gran espectro de preferencias, para ser lo más representativo posible de las aspiraciones del pueblo argentino. En es-te sentido lo más conveniente y de más vasta adhesión podría ser un movi-miento político 'humanista', identificado con cursos de acción 'liberales' y fines 'nacionalistas'" (op. cit.: 18 - 19, subrayado en el original).

La tarea requería contar con "suficiente libertad de acción", para lo que debían lograrse los siguientes objetivos de corto plazo:

"8.2. Consolidar la unidad de las FF.AA. El factor común para cualquier intento serio de reorganización institucional pasa por la absoluta cohesión interfuerzas. (...) 8.3. Mejorar la situación socioeconómica. Se debe tratar de lograr la recuperación económica del país en el menor tiempo posible a la par de mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios, hoy de-primida a niveles críticos (...)

90 Puede verse aquí un reclamo directo al Ejército en el marco de la cuestión aún no re-suelta del "cuarto hombre": según los marinos, la "Fase de Asunción del control" se halla-ba superada, al igual que la "situación de excepcionalidad" que había justificado la retención de varios cargos por parte de Videla.

90

8.4. Minimizar las interferencias extranacionales. El país enfrenta una campaña internacional con motivo de la 'presunta 'violación de los derechos humanos' que puede derivar en la adopción de medidas de presión de tipo político—económico (...) 91 8.6. Prever la neutralización de la presión de los partidos políticos. (...) Para cuando esta presión llegue a un grado comprometedor, deberá tener instrumentada la ley que regle la reorganización de los partidos políticos (...) 92 8.7. Neutralización de la vieja dirigencia sindical. (...) mediante la nueva Ley de Asociaciones Profesionales (...) 93 8.10. Lograr el apoyo de la masa ciudadana al P.R.N. (...) la polí-tica salarial perdura y la prédica negativa de ciertos dirigentes sin-dicales y políticos desplazados y de los marxistas, está provocando que este importante sector se convierta en un actor indiferente (...) 8.11. Acción psicológica. Se puede afirmar que el P.R.N. estará condenado al fracaso si no logra captar el apoyo de la opinión pú-blica (...) Hay que evitar caer en el error de los anteriores gobier-nos militares que no publicitaron convenientemente su acción de gobierno (...)" (op. cit.: 22 y ss.).

( En el caso del Ejército, la elaboración de una propuesta común no fue tan sencilla como parecía haberlo sido para la Armada, liderada claramente por Massera, dado que el grado de fragmentación interna era mucho mayor. En noviembre de 1977, a los planes de la fracción "dura" se agregó un nuevo do-cumento reservado, el Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Na-cional, redactado por Ricardo Yofre, subsecretario general de la Presidencia. Este documento representaba una novedad en relación con sus pares de la Ar-mada y del Ejército ya que, mientras que éstos adherían a la estrategia de "no hablar de plazos, sino de objetivos" -sujetando los primeros al alcance de los segundos-, el Plan de Acción Política... advertía sobre la necesidad de comenzar a preguntarse, aun internamente, sobre el 'delicado tema de los plazos":

_ .

"Hasta la fecha las distintas autoridades nacionales han manifesta- do que este Proceso no tiene plazos sino objetivos que cumplir. Sin

91 Aquí se percibe con claridad la peligrosidad que ya representaba para el régimen el fren-te de los derechos humanos, lo que en el futuro llevaría a invitar oficialmente al país a la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 92 La advertencia de los marinos sobre la necesidad de aprobar el Estatuto de Partidos Po-líticos respondía a que era uno de los objetivos clave del régimen que iba siendo peligro-samente demorado por las desaveniencias internas; el mismo sería aprobado recién a mediados de 1982, durante el gobierno de Bignone, como analizaremos en el Capítulo 3. 93 La Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores N°22.105 también sería aprobada tardíamente, el 15 de noviembre de 1979. Al respecto, consultar Abós (1984).

91


embargo un plan, en cuanto herramienta de acción política, no ¡Buce e rescindir de lazos ,ues naturalmente se inserta en el tiempo. Por ello, el que se expone a continuación incluye períodos que, obviamente, son tentativos. Esto no quiere decir que los pla-

. --zos que se establezcan deben publicitarse de inmediato. Por el con-trario, por un tiempo prudencial el gobierno debe insistir con la ingeniosa frase de que "tiene objetivos y no plazos". La experiencia indica que si se anuncian los términos sin tener instrumentadas las soluciones, se reduce de inmediato el margen de maniobra expo-niéndose al gobierno al serio riesgo de perder el control del proce-so político. Sin embargo, lo expresado no es óbice para que las FF.AA., internamente, comiencen a reflexionar acerca del delicado tema de los plazos" (Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional: 24, subrayado en el original).

Los autores del documento advertían sobre la necesidad de acelerar los tiempos de la salida política, y para ello delimitaban dos etapas en la ejecu-ción del Plan. Durante la primera -que se extendería entre noviembre de 1977 y marzo de 1979-, el régimen debía centrarse en la "selección de inter-locutores", en la definición de la "mecánica y objetivos del diálogo", en el inicio del "segundo período presidencial de Videla" en diciembre de 1978 94, y fundamentalmente, en la 'legitimación expresa", que debía ser buscada mediante un referendum:

"Este referéndum tendría un alto significativo (sic) político en el plano nacional e internacional. Representaría la ratificación ciuda-dana de la Propuesta y de los instrumentos institucionales que se dicten, pero también, y fundamentalmente, la LEGIT1A1ACIÓN EXPRESA del Proceso de Reorganización Nacional. Simultáneamente, contri-buirá a distender las tensiones políticas y sociales que, como nues-tra historia lo demuestra, se generan durante el transcurso de todo gobierno (...) (y su sentido trascendente) radica en que ha de legiti-mar en una proyección hacia el futuro, la Propuesta de Unión Na-cional y, consecuentemente, las sucesivas instancias del Proceso (...)" (op. cit.: 31, énfasis y subrayado en el original)

También durante la primera etapa -a diferencia del documento de la Ar-mada, que preveía la incorporación de civiles recién durante la "Fase de Con-solidación"-, debía lograrse la participación civil en el gobierno, entendida

94 Como vemos, y al igual que la Armada, los integrantes de la Secretaría General no se privaban de intentar influir en la interna, aún no resuelta, del "cuarto hombre", presionan-do en este caso por la "reelección" de Videla.

92

como la "incorporación de aquellos civiles consustanciados con los objetivos de la Propuesta". Durante la segunda etapa, que se prolongaría entre marzo de 1979 y el 1° de marzo de 1983, debían implementarse las siguientes medidas en las fechas previstas:

"6.3.2.2. Promulgación de la Ley de Partidos Políticos. Fecha ten-tativa: marzo de 1980. (...) 6.3.2.4. Levantamiento de la suspen-sión de la actividad política. Fecha tentativa: abril de 1980. 6.3.2.5. Constitución y Reorganización de los Partidos Políticos. Duración: abril 1980-julio 1981 (...). 6.3.2.7. Convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. Fecha tentativa: julio de 1981. (...). 6.3.2.10. Elecciones para la Convención Constitu-yente.,, Fecha tentativa: primeros días de diciembre de 1981 (...). 6372.13. Elección del Presidente de la República por la Conven-ción Constituyente para el período 1983-1987. Fecha tentativa: julio 1982. (...). 6.3.2.15. Convocatoria a elecciones generales. Fe-cha tentativa: agosto 1982. En dichas elecciones se elegirán: sena-dores y diputados nacionales, gobernadores, miembros de las legislaturas, intendentes y concejales. (...). 6.3.2.18. Elecciones ge-nerales. Fecha tentativa: principios de marzo de 1983. 6.3.2.19. Asunción del Presidente de la República y demás autoridades el 1° de mayo de 1983" (op. cit.: 34-38).

Al igual que para los marinos, para los "politicistas" del Ejército la san-ción de la Ley de Partidos Políticos resultaba imperiosa; sin embargo, el inte-rés de los primeros en la conformación de un MON no parecía ser compartido por los segundos, muy probablemente por la cercanía de algunos miembros de la Secretaría General con distintas figuras de la UCR (Novaro y Palermo, 2003). Para ellos, la garantía de éxito del Proceso se encontraba en la delimitación de plazos no demasiado extensos -consideremos el abismo existente entre los 15 años previstos por el Proyecto Nacional y los escasos 6 de esta propuesta-. Pero lo que realmente diferenciaba a este plan de sus an-tecesores era que presentaba herramientas para alcanzar los objetivos, delimi- tando plazos concretos de acción institucional y política 95 .

95 En diciembre de 1977 Americo Chioldi, embajador en Portugal, contribuía con las pro-puestas de los "politicistas" en un documento enviado al general losé Villarreal, el Plan de Reforma Política Institucional. En él, el líder socialista advertía que "en la situación actual de la Argentina (...) las dos funciones, Fuerza y Política, han sido asumidas por las FFAA, desde luego con el gran consentimiento del pueblo. Éste es un hecho. Este hecho es el ries-go de las FFAA. No debe demorarse innecesaria e injustificadamente el momento de la res-titución de la Política a su función histórica. (...) Enunciados desafortunados (...) como los expresados por altos funcionarios del gobierno acerca de la duración posible del régimen actual, crean desasosiego y desconfianzas. (...) A la hora actual, todo nuestro empeño de-

93

Paula Canelo

Sin embargo, antes de pasar al proceso de "compatibilización interfuer-zas", el Plan de Acción Política.... debía ser aprobado por los generales. Y los mismos no ignoraban que la propuesta de la Secretaría General suponía renunciar tanto a la profunda renovación de las elites políticas que proponían conjuntamente los miembros del ala "dura" y los "moderados", como a los imperativos aislacionistas de la política económica. De allí que, "arbitraje" de los generales mediante, entre la propuesta inicial de la Secretaría General y el posterior documento definitivo del Ejército, las Bases políticas del Ejér- cito para el Proceso de Reorganización Nacional, existió un abismo. El tono y contenido de este nuevo documento, concluido en marzo de 1978, com-binaba la monotonía y vaguedad del Proyecto Nacional con el fervoroso pe-ro impreciso énfasis de la Armada en la conformación del MON, al tiempo que eliminaba todas las precisiones operativas de la propuesta de la Secreta- ría General. Ya en la Introducción, los generales advertían:

2) La filosofía y la finalidad que sustenta el PRN determinan cla-ramente que éste será un proceso que podemos calificar de 'largo', es decir sin precisiones previas de duración cronológica. 3) Debe descartarse una 'salida política' como ha sucedido en el pasado; el sentido trascendente del PRN impone la gestación de una 'descendencia' que conjugue nuestras ideas y las proyecte des-de el poder. 4) Los partidos políticos preexistentes no aseguran la trascenden-cia a que se aspira y por lo tanto no son aptos para encarar la des-cendencia del PRN. (...) Con este documento se aspira a proporcionar puntos de vista co-munes que posibiliten la expresión de un lenguaje coincidente y constituyan una guía cierta en un terreno de por sí dificultoso. Asi-mismo, evitará conceptual izaciones divergentes e interpretaciones dudosas que redundan en perjuicio de un valor prioritario: la uni-

be estar contra el sistema populista, de bases fascista o hitleriana. Pero debemos evitar lo que Alberdi, trabajando con la realidad de sus días, llamó 'exclusiones incivilizadas' (...) El país está necesitando un acuerdo entre la Fuerza y la Política y, dentro de la Política, de los sectores que la integran (...) El acuerdo debe ser sobre la base de coincidir en un candida-to a la Presidencia de la República que por los aportes de los firmantes asegure su mayoría. (...) Debe haber acuerdo para introducir una reforma institucional importante: el Poder Ejecutivo estará integrado por el Presidente de la República y por el Gobierno. El primero, con funciones de árbitro y de garante de la vigencia de las instituciones democráticas. Se trataría de un régimen que Maurice Duverger califica de cuasi presidencial" (Plan de Refor-ma Política Institucional: 5 y ss.).

94


dad del Ejército. Este documento es interno del Ejército y se difun-de exclusivamente a los señores generales. Es desaconsejable su lectura textual a los cuadros de la institución; por el contrario de-be aprovecharse toda oportunidad para el comentario y aclaración de sus conceptos principales en ejercicio de una docencia perma-nente que cohesione a la Fuerza alrededor de estas ideas, en el más breve lapso posible" (Bases políticas del Ejército para el Proceso de Reorganización Nacional: 1-3 a 3-3).

En el balance final predominaban las posiciones más reacias al acerca-miento con los civiles y al acortamiento de los plazos de la salida. Se seguía sosteniendo que el proceso sería "largo" -y esto como única referencia tempo-ial- y se descalificaba a los partidos políticos existentes como posibles partici-pantes de la "convergencia", de allí que se volviera prioritaria la generación de una "descendencia" enteramente nueva, tal y como habían recomendado los 'almirantes. Pero, a diferencia de la propuesta de estos últimos, para quienes el MON podía estar encamado indistintamente en un partido político nuevo o en un "movimiento cívico" -términos que empleaban como sinónimos-, en la versión de los generales la "descendencia" del régimen debía encamarse en forma de movimiento de opinlórt'áuprapartidario", y no COMO-paftido. Si bien no llegaba al extremo de pretender reemPlazar a las organizaciones polí-ticas tradicionales por "agrupaciones intermedias" de tono estrictamente cor-porativista, como había planteado el Proyecto Nacional, el documento caía en numerosas contradicciones a la hora de determinar qué hacer con aquéllas. A tono con el "etapismo" del momento, los generales delimitaban, dentro de la etapa mayor en la que ubicaban al régimen -definida, retomando los términos del Proyecto Nacional, como "Etapa Fundacional"-, varias subetapas, cuya su-cesión debía estar condicionada al "cumplimiento efectivo de determinados objetivos prioritarios, permanentes y específicos y no a la aplicación de rígidos calendarios o cronogramas" (op. cit.: 3-11):

"1) Subetapa de estructuración de un MON, sin actividad política partidaria. A) Objetivo político particular: Estructurar un movimien-to cívico-militar, suprapartidario y suprasectorial, consustanciado con los grandes objetivos nacionales implementados por las FFAA (...) 2) Subetapa de formación y normalización de partidos políticos

con actividad política partidaria. A) Objetivo político parti lar: Lo-

grar la formación de nuevos partidos políticos y normalizar los preexistentes sobre bases orgánicas modernas, representativas y responsables, aptos para conducir la nueva estructura del estado (...)

3) Subetapa de transición con gobierno cívico-militar. A) Objetivo

político particular: Implantar un régimen de transición en el cual

coexistan autoridades designadas por las FFAA y autoridades electas

95

por la ciudadanía, a fin de transferir el poder político de manera gra-

dual y condicionada (...) C) Pautas a tener en cuenta durante su de-

sarrollo: (1) Las FFAA darán por finalizado el PRN cuando hayan

logrado los objetivos básicos de reordenamiento y consolidación y

esté asegurada la continuidad del proceso por vía democrática." (op. cit.: 5-11 y ss., subrayado en el original).

El propósito de los generales de establecer un cierto equilibrio en la pug-

na intrafuerzas daba por tierra con el único de los planes que, hasta el mo-

mento, había procurado debatir sobre el "delicado tema de los plazos". La

única recomendación que recuperaban estas Bases... del documento de la

Secretaría General era la de "seguir repitiendo la ingeniosa frase (de que el

Proceso) 'tiene objetivos y no plazos"' que cumplir. Sin embargo, el _docu-

mento final del Ejército presentaba algunas precarias coincidencias con el de

la Armada: la importancia de conformar un movimiento de opinión adicto,

la de iniciar algún tipo cle diálogo con "figuras representaiivas", la de incor-

porar gradualmente a los civiles en la tarea de gobierno, y la de definir el fu-

turo esquema institucionaj de las Fuerzas Armadas -en particular enTo

relativo al "cuarto hombire"- 91 .

En marzo de 1978 algunos contenidos de estos dos planes políticos -el de

la Armada y el del Ejército- comenzaron a filtrarse en la prensa y el panorama

de rumores, sobreentendidos y exacerbación de expectativas se volvió más agu-

do. Los civiles parecían haber caído en el peligroso juego planteado por el régi-

men, que suponía "anticipar la salida y orientarla" para poder así "demorarla".

El día 30, Videla anunció ante la opinión pública los precarios puntos de acuer-

do alcanzados, que en nada modificaban la imprecisión generalizada:

"Será preciso, entonces, revitalizar las instituciones (...) Dicha tarea

tendrá, como objetivo, la conformación de pocas, vigorosas y pro-

gramáticas corrientes de opinión, la renovación de los cuadros diri-

gentes y la modificación de las prácticas partidistas (...) El diálogo es

un instrumento esencial del plan político y, en consecuencia, serán

convocadas las figuras más representativas del quehacer nacional

(...) Será una tarea común destinada a conformar la definitiva pro-

96 En este plano el Ejército recomendaba mantener la superposición de funciones entre la

Junta y el Poder Ejecutivo hasta el "tercer cuatrimestre de 1978", prolongar en un año la duración del futuro período presidencial, conservar las atribuciones de la Junta en cuanto

a la designación por unanimidad del presidente y su renovación, y sostenía que "el cargo

(debe ser) ejercido por un Oficial Superior de las Fuerzas Armadas (con) jerarquía de Ge-neral o equivalente, encontrarse en situación de retiro y haber prestado servicio en activi-dad durante el desarrollo del Proceso" (op. cit.: 3-4).

96

puesta política, expresión concreta de la convergencia cívico-militar

que es imprescindible vertebrar (...) La materialización de esta con-

vergencia importará, en este nuevo período, la progresiva incorpora-

ción de los civiles al gobierno (...) Sin duda, esta propuesta, por su

propia naturaleza, generará la posibilidad de conformar un amplio

movimiento de opinión que se situará por encima de los sectores y

de las tendencias. Todos estos hechos darán lugar a un largo período

de transición hacia la instauración de una democracia moderna, plu-

ralista y estable" (Clarín, 30/3/1978) 97 .

Cuatro meses después de la finalización de la propuesta política de los ge-

nerales, el 26 de julio de 1978, la Fuerza Aérea, concluía las Bases Políticas pa-

ra la Reorganización Nacional, documento de trabajo elaborado por la

Secretaría General de la Fuerza a cuyo frente se encontraba el brigadier Basilio

Lami Dozo98 , que completaba tardíamente la tríada de planes institucionales.

El trabájo comenzaba descalificando una posible "consulta pública fuera del

propio ámbito militar", considerando que la propuesta definitiva debía "origi-

narse en un acto de imperio de la Junta Militar, pues de lo contrario ello (...)

aparecería como un signo evidente de duda y falta de convicción", punto que

entraba en conflicto con la postura común del Ejército y la Armada acerca de

la necesidad de "dialogar", más tarde o más temprano, con los civiles.

A partir de esta particular observación inicial -válida a modo de muestra

sobre el contenido del documento-, las Bases Políticas... se internaban en

una multitud de generalidades inspiradas en una concepción corporativista

de la sociedad -muy similar a la del Proyecto Nacional- para, a continua-

ción, recomendar la adopción de medidas "urgentes" que debían brindar a

las Fuerzas Armadas "mayor libertad de acción". Gran parte de las mismas

eran transcriptas del documento de la Armada -"consolidar la unidad de las

FF.AA.", "mejorar la situación socio-económica", "minimizar las interferen-

cias extranacionales", "mejorar la eficiencia del gobierno", otorgarle mayor

importancia a la "acción psicológica", etc.-, pero se descartaban sin embar-

go las referidas a "lograr el apoyo de la masa ciudadana al P.R.N." ya que, en

97 Sobre el tema del "cuarto hombre", Videla anunciaba que "en meses más, se (produci-rá) una renovación en el más alto nivel de las Fuerzas Armadas" cuando la Junta Militar de-signe "al oficial superior, en situación de retiro, que ocupará la Presidencia de la Nación". 98 Lami Dozo había sido nombrado secretario general en 1977. El 17 de diciembre de 1981

asumiría la jefatura de la Fuerza, desde donde sería uno de los principales impulsores, junto

a Caltieri y Anaya, de la "recuperación" de las Islas Malvinas, cuestión esta última que ya era

redamada en las Bases Políticas... Investigaciones recientes, en particular la de Sivak (2005), sostienen que este documento habría sido redactado por Mariano Grondona.

97


Paula Canelo

la óptica de los brigadieres, el Proceso no debía dudar sobre su "incuestiona-ble legitimidad". Finalmente, el documento retomaba las preocupaciones de sus pares del Ejército y la Armada acerca de qué hacer con los partidos polí-ticos y las organizaciones sindicales, pero resultaba en este caso evidente que la Fuerza Aérea no le temía a las "exclusiones incivilizadas" contra las que ha-bía advertido Ghioldi. Para el tratamiento de la dirigencia política y sindical, los brigadieres proponían la sanción de "Actas de Exclusión":


respaldo electoral, se los invitará a formar dos o más fuerzas polí-ticas cuyo ideario fundamental será común: el ideario del Proceso de Reorganización Nacional. Al gobierno le será indiferente cuál de ellas triunfe en el futuro. Ninguna organización fuera de ellas será admitida. (...) La opción a ofrecer a los políticos y a quienes quieran serlo debe ser actuar dentro del sistema o no actuar en ab-soluto" (op. cit.: 36)

"6.2. Definición nominativa y acumulativa sobre qué personas quedarán excluidas de la actividad política y gremial. La Junta Mi-litar resolverá oportunamente sobre la nómina de protagonistas que por su acción anterior han demostrado una actividad incom-patible con el ideario de estas bases. (...) La exclusión debe ser temporaria o de por vida. (...) 6.3. Normalización institucional de asociaciones gremiales. pa-tronales, profesionales o similares. A efectos de asegurar un fun-cionamiento normal de estas entidades, y que aquellos que traten de asumir carácter de líder lo hagan con verdadero sentido repre-sentativo, se impedirá la acumulación de poder económico en es-te tipo de entidades (...) Será incompatible la actuación política de los dirigentes gremiales (...) 6.4. Los partidos políticos existentes deben deiar lugar al naci-miento de nuevos movimientos de opinión política. Es erróneo pensar que se podrá inducir desde el poder la creación de partidos políticos nuevos o de un movimiento de opinión nacional si se permite la subsistencia de la antigua estructura política partidaria. (...) debe promoverse una generación de nuevos líderes naturales desde las bases, que reemplacen a aquéllos que pretenden serlo como herencia del sistema vigente con anterioridad a marzo de 1976 (...) Es fundamental la superación de los partidos políticos nacionales y provinciales existentes a la fecha de aprobación de es-tas Bases Políticas" (Bases Políticas para la Reorganización Nacio-nal: 30-31, subrayado en el original).

Así, si bien los aviadores no dudaban de la importancia que adquiría la creación de "partidos o movimientos políticos adictos al Proceso", descarta-ban la posibilidad de que éstos compitieran, o tan sólo convivieran, con al- guna estructura política anterior, proponiendo un esquema donde la confrontación se redujera al enfrentamiento entre dos o más partidos, am-bos oficiales y de ideologías idénticas:

in-tereses y no entre ideologías. llna vez obtenido el elenco de alia-dos del gobierno que haya probado en el terreno de los hechos su

98

He aquí que, y ya a mediados de 1978 -año durante el cual Videla había prometido la presentación de la "Propuesta de Unión Nacional"-, los avances en precisión y operatividad política de los brigadieres completaban un círculo que retrotraía a las Fuerzas Armadas a diciembre de 1976 y a la revitalización de las versiones más recalcitrantes de los "duros" del Ejército. Si bien la propuesta final de los brigadieres coincidía, en términos generales, con las de /os- almiran-

aes y generales -donde las posiciones más aperturistas habían sido bloquea-das-, quedando así abierto el camino para la "compatibilización interfuerzas", la precariedad de esta coincidencia no auguraba un desemboque feliz.

Más aún, las Fuerzas Armadas no parecían advertir que, si bien habían lo-grado tomar la iniciativa ante los civiles -"anticipando la salida y orientán-dola" para "demorarla"-, sus profundas divergencias internas y sus temores a los fantasmas de la convergencia ya habían perjudicado la posibilidad de refundar significativamente el orden político argentino, aun cuando habían gozado de dos años de ausencia de actividad política.

El Proceso comenzaba a internarse en su laberinto.

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tanciosos alrededor de otros imperativos urgentes de la naciente democracia, tales como la profunda crisis económica, la distribución del ingreso o el co-lapso de las instituciones estatales.

La suerte de la "promesa democrática" (Aboy Carlés, 2001) quedaba sellada a la potencia de la justicia sobre los crímenes contra la humanidad. Y esta po-derosa asociación tendría consecuencias demoledoras en el futuro cercano, co-mo lo demostraría el incierto devenir de la sociedad argentina a partir de 1983.

Conclusiones

No existen en la historia de los hombres paréntesis inexplicables. Y es precisamente en los períodos de "excepción;

en esos momentos molestos y desagradables que las sociedades pretenden olvidar, colocar entre paréntesis,

donde aparecen sin mediaciones ni atenuantes, los secretos y las vergüenzas del poder cotidiano.

Pilar Calveiro (1998: 28)

1. A partir de una decisión política por excelencia, el golpe de Estado de 1976, y la constitución de la Junta Militar en poder soberano, las Fuerzas Ar-madas argentinas se embarcaron en la experiencia autoritaria más ambicio-sa de su historia: el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

La última dictadura militar, máxima expresión del poder arbitral -basa-

do en la posibilidad de presentarse como árbitros sobre los conflictos de la

sociedad civil defendiendo un "interés universal", el del Estado-, buscó clau-surar el largó ciclo de inestabilidad política argentina a través de una refun-

dación irreversible de la sociedad. En términos sociales, el régimen se propuso la recuperación del "orden", la autoridad y los "valores nacionales", la homogeneización ideológica de la sociedad y la transformación de los principales actores que habían entablado las alianzas sociales características de la conflictiva sociedad de posguerra. En el plano económico, buscó la - "normalización" y reestructuración económicas, la disolución de las bases estructurales del modelo de posguerra mediante la transformación de los ac-tores económicos -entre ellos, sobre todo, el "Estado intervencionista"- y una nueva inserción de la Argentina en el mercado mundial. Asimismo, el restablecimiento del "orden" resultaba inseparable de la restauración de las jerarquías en el sistema político, mediante la consolidación de una democra-cia estable, tutelada por las Fuerzas Armadas y basada en nuevos actores po-líticos adeptos, previa reestructuración de las mediaciones tradicionales -sobre todo, los partidos políticos y las organizaciones sindicales-.

Para desempeñar esta tarea "de excepción", las Fuerzas Armadas debían fortalecer tanto su legitimidad técnico-burocrática -esto es, su "apolitici-

214 215

dad"- cuanto su cohesión institucional, evitando los desgarramientos inter-nos que habían frustrado experiencias autoritarias anteriores. Sin embarg9, y a pesar del alineamiento institucional tras los postulados de la Doctrina de Segu ridad Nacional, ciertas particularidades del régimen militar contribuye-ron para que las disputas internas fueran altamente destructivas y conspira= ran contra su estabilidad y también contra el logro de los objetivos perseguidos. En primer lugar, el involucramiento conjunto de las tres Fuer-zas en el gobierno superpuso a los conflictos intrafuerzas los enfrentamien-tos interfuerzas, vulnerando la autoridad soberana de la Junta y transformando al pretendido Leviathan en un verdadero Behemoth215 . En segundo lugar, la elección de un modelo institucional basado en el reparto tripartito del poder y la supremacía de la Junta Militar sobre el presidente, favoreció que estos conflictos se trasladaran a toda la estructura guberna-mental, cristalizándose una estructura institucional en la cual los distintos grupos operaban según una lógica de veto, empate y paralelismo de poderes permanente. Por un lado, el copamiento tripartito del aparato estatal permi-tió la Conformación de verdaderos "cotos de caza" privados, desde los cuales los distintos grupos, persiguiendo sus propios objetivos particulares, opera-ron según un criterio cuasi predatorio del sistema en su conjunto; y creó ade- más una profunda fragmentación de los canales institucionales y otorgó a , los procesos de toma de decisiones un carácter tortuoso, lento e "ineficien-te". Por otro lado, la preponderancia de la Junta Militar sobre el presidente acotó el poder de este último al tiempo que fragmentaba y debilitaba la au-toridad de la primera, sometida a un permanente estado de deliberación. Por último, la alianza entablada entre militares y civiles liberales no sobrevivió

215 Hobbes (1992) personificó en el Leviathan y el Behemoth los dos monstruos de la es-catología judía, el conjunto de las condiciones del orden y del desorden, respectivamente. En.la discusión intelectual argentina resulta habitual asimilar las características del Estado terrorista argentino con el Leviathan hobbesiano luego de hermanar el período de grave crisis política anterior al golpe militar con el "estado de naturaleza" -véase, entre otros, Bo-rón (1997)-. También se identifica a la distinción schmittiana de "amigo/enemigo" como el origen del proceso sistemático de desaparición de personas -véase Malamud Goti (2000)-; o, en la misma línea, se denosta su lógica decisionista de reducción de la política a la guerra -véase, por ejemplo, Duhalde (1999)-. En otro trabajo (Canelo, 2002) hemos discutido con estas riesgosas extrapolaciones que olvidan, entre otras cosas, las especifici-dades históricas de los pensamientos de Hobbes y Schmitt. A nuestro entender, el régimen militar ignoró la "vieja y eterna conexión que existe entre protección y obediencia, manda-to y asunción del peligro, poder y responsabilidad", y ejerció "una 'potestas indirecta', que exige obediencia sin ser capaz de proteger, pretende mandar sin asumir el peligro de lo po-lítico y ejerce el poder por medio de otras instancias a las cuales deja toda la responsabili-dad" (Schmitt, 1990: 83). Para un tratamiento más amplio de estas cuestiones, consultar Dotti (2000).

216

a un breve período inicial de mutua fascinación en torno de la legitimidad técnica, para comenzar a derrumbarse a poco de andar, dado el progresivo

distanciamiento de los objetivos de ambos bandos.

II. Sólo durante los primeros aflos_del_régirpen -la primera presidencia

de Videla- los militares lograron mantener un elevado grado de cohesión institucional, basado en la "lucha contra la subversión", que constituía al mismo tiempo su principal recurso de legitimación social. En el contexto

oiorg-ació-Por la coriltiiicción de un desquiciááo y excepcional escenario de confrontación -en la que colaboraron activamente gran parte de la dirigen-cia política, empresarial, sindical y eclesiástica, y vastos sectores sociales-, la "masacre represiva" fue producto de una decisión política, cuyos motivos su-peraban ampliamente, aun cuando esta mirada es la que ha predominado en el debate académico local, los relacionados con la mera implantación de un "nuevo modelo de acumulación" o la consolidación de un "nuevo poder económico". La "masacre" que se recubría con un manto de "heroicidad", aun desatada con posterioridad a la virtual desarticulación de las principales organizaciones armadas, fue sin lugar a dudas la principal herencia de la dic-tadura, pero no sólo por sus efectos sociales devastadores, sino porque se transformaría, con el tiempo, en el único "logro profesional" de las Fuerzas Armadas argentinas, único "combate armado exitoso" (Huntington, 1995) librado, que pudo mantenerlas unidas mas allá de sus irreconciliables dife-

rencias en otros planos. Las características de este "logro profesional" son fundamentales para

comprender los motivos por los cuales el "consenso antisubversivo" caló tan hondo en las perturbadas solidaridades cuarteleras y la historia posterior de las Fuerzas Armadas argentinas. El mismo resultó del desempeño exitoso en una "guerra interna" -"mito de los orígenes" que se correspondía perfecta-mente con el escenario de "ascenso de los extremos" característico de la dé-cada del setenta (Vezzetti, 2002)- mediante la que se perseguía la "salvación" de una humanidad amenazada por un enemigo nada menos que total. La metodología represiva empleada, que en las alteradas mentes mili-tares, y también en la deformada visión que buena parte de la sociedad ar-gentina poseía sobre sus propias urgencias, era necesaria dada la naturaleza del enemigo, sólo fue compatible con la constitución de un "pacto de san-gre", irreconciliable con cualquier revisión de lo actuado, y con cualquier consideración moral, conveniencia política o interés personal o institucio-nal. Por último, la inexistente pero no por eso menos feroz "guerra" empren-dida permitía invocar una desquiciada pero eficaz legitimidad de tipo "heroico" (Janowitz, 1967), habilitando el surgimiento y consolidación de

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"liderazgos heroicos" de tipo carismático, tal el caso, por ejemplo, de Masse-ra o Galtieri cuya impronta excedía el campo militar para avanzar sobre la opinión pública. Menos públicos, pero mucho más sólidos y perdurables, fueron los "liderazgos operativos" (Waddell, 2006) articulados por los 'le- ñores de la guerra" en torno de su propio desempeño en las "tareas antisubversivas'216 .

Sin embargo, este eficaz recurso de cohesión interna y de legitimación so-__ cial contenía una limitación central: zu eficacia requería de su superación (Ca-nelo, 2001). Así, las Fuerzas Armadas se vieron, inevitablemente, en la necesidad de anunciar el fin de la "lucha antisubversiva" y sobre todo duran-te la segunda presidencia de Videla, de avanzar sustantivamente en los objeti-vos refundacionales planteados ya en la primera etapa del régimen: la política económica y la salida política. Sin embargo, en paralelo a este lento debilita-miento del recurso de la "lucha antisubversiva", las diferencias internas en tor-no a los objetivos económicos y políticos del régimen comenzaron a resultar evidentes, complicando la posibilidad de arribar al logro de los propósitos per-seguidos y revelando una situación de extrema fragmentación interna.

III. El caso de la política económica de Martínez de Hoz resulta particular-mente ilustrativo en este sentido. Al menos desde mediados de la década del se-senta, la llegada de los economistas liberales a los gabinetes de los gobiernos autoritarios -el caso más paradigmático, probablemente, sea el de Krieger Vase-na durante la Revolución Argentina-, comenzó a denotar una incipiente con-vergencia de intereses y valores entre los "técnicos de la violencia" y los "tecnócratas" civiles, y una tendencia a la conformación de una "elite manage-rial combinada" (Welch y Smith, 1974). En este marco, el Proceso fue un ver-dadero hito en el ascenso de los economistas liberales como grupo de funcionarios gubernamentales. Sin embargo, la coincidencia de diagnóstico que unió a las Fuerzas Armadas con estos civiles no pudo sortear los obstáculos que aparecieron a poco de andar: a pesar de la legitimidad técnico-burocrática que ambos grupos pretendían detentar, en el plano económico se entabló una verdadera lucha entre la técnica y la política.

La economía se transformó, durante el período, en el terreno privilegiado para el ejercicio de la política. La política económica fue el principal "tema de

216 Posteriormente, liderazgos de este tipo también serían articulados por los líderes "carapintadas", basados en este caso en su desempeño en la guerra de Malvinas. En efecto, y con-tra la tendencia creciente a reemplazar el espíritu "heroico" por el "técnico" que se iniciará durante el gobierno de Alfonsín y se prolongará durante el menemismo -dada por el ascen-so de la artillería contra las armas más tradicionales y el de los expertos en organización, ca-so Fernández Torres y Balza-, los "carapintadas" representarán los últimos estertores de este tipo de liderazgo heroico". Al respecto, consultar Canelo (2006a) y l)onadío (2000).

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oposición" (Yannuzzi, 1996; Novaro y Palermo, 2003) -mucho antes y en for-ma mucho más acentuada que la violación de los derechos humanos-, y el principal canal de expresión del despertar de la oposición política y sindical, cuyos lazos de colaboración con las Fuerzas Armadas o bien sus expectativas en torno a la apertura le impedían denunciar algo más que los costos del plan económico sobre la sociedad argentina. Pero también las fuerzas centrífugas que convulsionaban internamente al régimen hicieron de la política econó-mica su escenario. Mientras sus ejecutores -y defensores- se apropiaban de la legitimidad técnica para lanzarse en pos de la transformación de la economía y la sociedad argentinas, curiosamente, en este caso, el ejercicio de la política estuvo fundamentalmente a cargo de las Fuerzas Armadas. Así, motivados por convicciones ideológicas, conveniencias políticas, valores profesionales o inte-reses burocráticos, y haciendo extenso uso de la colonización del aparato esta-tal y del modelo institucional, vastos sectores de las Fuerzas Armadas ejercieron diversos controles y resistencias ante los avances del ministro y su equipo. Y los bloqueos más significativas fueron ejercidos desde las posiciones más encumbradas: desde la Comandancia de la Armada por el almirante Mas- sera, desde las Comandancias de los Cuerpos de Ejército por los "señores de la guerra", desde los despachos de las poderosas empresas del Estado por los "bu-rócratas", y desde distintos puestos clave -fundamentalmente, desde la Secre-taría General, el Ministerio de Trabajo y la Comandancia del Ejército- por los "politicistas".

Sin embargo, el ejercicio de la política en el terreno de la economía tam-bién fue utilizado por Martínez de Hoz, que ante estas oposiciones enarboló alternativamente un conjunto de recursos variados: el apoyo que le brindaban sus socios principales, Videla, Harguindeguy y Galtieri -suerte de "núcleo es-table" o "triángulo estratégico" del Proceso, dotado de una extraordinaria es-tabilidad en el tiempo-, sus contactos internacionales, y una fuerte ambigüedad e hibridez en su discurso y en las medidas económicas imple-mentadas. Pero su recurso sin dudas más preciado fue su evidente apego a la realpolitik, central, en la resolución de las tensiones que se plantearon duran-te el período entre los "liberales tradicionales" y los "tecnócratas" (Heredia, 2004; O'Donnell, 1997a), cuyo poder como grupo de funcionarios consoli-dado en un caso o emergente en el otro, a pesar de residir aparentemente en la posesión de determinadas pericias técnicas -fundamentalmente, en la ca-pacidad para controlar la inflación- respondió, finalmente, a las necesidades políticas coyunturales del ministro; y tambien en la conflictiva relación enta-blada con los "señores de la guerra", cuyos pavoneos guerreros el ministro su-po tolerar mientras no entorpecieran su marcha hacia la refundación de la

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Paula Canelo

sociedad. Asimismo, en su favor jugó la profunda fragmentación del frente militar: las divergencias que atravesaban a las Fuerzas Armadas contribuyeron para que las resistencias se presentaran desarticuladas -impidiendo la confor-mación de un frente común desde el cual pudiera impulsarse una propuesa alternativa a la del ministro y sus socios-, y que su carácter fuera netamente defensivo.

Si bien estos obstáculos lograron bloquear significativamente los ambicio-sos propósitos iniciales del ministro, éste logró concretar su objetivo de máxi-ma -la refundación irreversible de la economía y la sociedad argentinas-, aun cuando para ello debió abandonar varios objetivos menores, renunciables.

IV. Llamativamente, no fue en el plano de "la política" 217 donde estos mismos militares, tan activos políticamente en otros planos, jugaron el me-jor de sus juegos. Aquí, la profunda fragmentación interna se combinó con las particularidades del modelo institucional adoptado para llevar al régi-men al que sería el principal de sus numerosos fracasos.

En el ámbito de la "salida política", la "interacción burocrática" (Oszlak, 1980) se impuso ampliamente sobre las necesidades políticas del régimen: el cumplimiento de los pasos a seguir dentro de los arduos "canales de compa-tibilización" intra e interfuerzas de los planes políticos primó sobre el cum-plimiento de los objetivos y sobre el aprovechamiento de las oportunidades -amplias- con las que contó el régimen en un inicio. A pesar del silencio de la dirigencia política, que se mantenía inmóvil tras las expectativas de la aper-tura de un calendario electoral, y del terror generalizado producto de la "ma-sacre represiva" -que sólo parecía poder ser exorcizado por los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de la represión-, en este plano el régimen prescindió casi de cualquier tipo de colaboración para fra-casar. Asimismo, fue en este ámbito como en ningún otro donde se reveló la particular afición de los militares a saldar diferencias políticas mediante el sa-botaje, el veto y una crítica interna feroz, aun cuando lo que se ponía en ries-

217 Recurrimos aquí a la distinción de Arditi (1995) entre "la política" y "lo político". Mientras que el espacio de "la política" está integrado por el conjunto de instituciones que

Confrinrian el sistema político o el régimen político, o "el terreno de intercambios entre partidos políticos, de actividades legislativaS y gubernamentales de elecciones -y--represen- tación territorial y, en general, del tipo de actividades, prácticas y procedimientos.quese de-

sarrollan en el entramado institucional del sistema o régimen político" (Arditi, 1995:

342-343), "lo político" -y en este punto Arditi retorna a Schmitt (1984)-, puede ser enten-

dido como un "tipo de relacionamiento que se puede desarrollar en cualquier espacio, in- dependientemente de si permanece o no dentro del terreno institucional de la 'política'" (Arditi, 1995: 43).


go era el destino laexperienciacrup conjunto. La fragmentación política interna y los fantasmas de aperturas pasadas -particularmente, la conducida por el general Lanusse-, llevaron a !vela propuesta, política definitiva del ré-gimen fuera avara, tardía, y quedara aplastada, finalmente, bajo el derrumbe dé lá ecbiiiiri-a:Tárnbién aquí los militare¿VierOnextravijaa la oportunidad -aprovechada por ejemplo, por la dictadura chilena-, de avanzar en la refun-dación del sistema político mediante la reforma de la Constitución, limitán-dose a ejercer sobre la misma un "poder comisarial" 218 .

V. La fragmentación interna que presentaron las Fuerzas Armadas durante el período desafía a la mayoría de las herramientas analíticas articuladas hasta el momento. La literatura que sostiene la relevancia de una oposición central a partir de la cual se habrían articulado dos bandos relativamente estables -"libe-rales" vs. "nacionalistas", "duros" vs. "moderados", "halcones" vs. "palomas", "corporativistas" vs. "politicistas", etc.-, resulta limitada para comprender un panorama de extrema complejidad219 . A nuestro entender, la pregunta en tor-no a la forma en la cual se definieron las fracciones internas durante el Proceso debe plantearse en términos distintos a los habituales: más concretamente, debemos preguntarnos, ¿qué papel jugaron estas fracciones en el logro de la es-tabilidad de un régimen que permaneció en el poder durante casi ocho años a pesar de su elevada fragmentación interna? Entendemos que la respuesta a esta pregunta debe buscarse en la presencia de distintos subgrupos que procuraron desempeñar, dentro del convulsionado frente militar, el mismo papel de árbi-

218 Como señala Dotti, en distintos trabajos sobre el tema -ver Yannuzzi (1996) y Quiro-

ga (1994), entre otroS-, suele haber acuerdo en que el régimen militar fue una "dictadura soberana", por lo que se ubicaría entre aquéllas que detentan la "comisión de acción in-

Coialteldrada de un poávoir constituant", donde la soberanía "nace del acto de la consti-

titeraiderPoder 'ab,:soluto por el pueblo" (Schmitt, 1999: 193 y 54). Sin embargo, analizando las tensiones que atravesaron a los integrantes del Proceso en este sentido, con-

sideramos, junto Dotti, que ',pensaron su intervención bajo la forma de una dictadura co-misarial, provisoria, hasta que pudiera entrar nuevamente en vigencia, una vez

anornialriadála situación, la constitución también momentáneamente suspendida para

protegerla..." (Dotti, 2000: 757). Al respecto, consultar Canelo (2002).

219 La contraposición ideológica "liberales" vs. "nacionalistas" resulta de dudosa utilidad,

dada la dificultad para identificar posicionamientos ideológicos claros, como resulta evi-dente en el plano de la política económica. El eje "duros" vs. "moderados" -o "halcones"

vs. "palomas"- permite distinguir a los militares más proclives al acercamiento con los ci-

viles de aquellos más reacios; sin embargo, dentro del segundo grupo suelen ser agrupadas

figuras tan distintas como las de Videla o Viola, mientras que entre los "duros" suelen ser incluidas figuras como la de Ilarguindeguy o Galtieri junto a los comandantes de Cuerpo.

l'or último, el eje "politicistas" vs. "corporativistas" sólo resulta productivo a la hora de re-

ferirse a los posicionamientos en torno de la salida política, pero poco dice sobre los posi-

cionamientos sobre la política económica.

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tro que las Fuerzas Armadas pretendían jugar en la escena política más general. Y esos subgrupos fueron, fundamentalmente, los que podríamos denominar-, "moderados" -o moderadores- del Ejército en la interna intrafuerza y la Fuer- za Aérea en la interna interfuerzas.

En primer lugar, y frente a los extremos representados por los "duros" y los "politicistas" del Ejército, el que llamamos "núcleo estable" del Proceso -Vide- la y Harguindeguy fundamentalmente-, otorgó su apoyo a las distintas fraccio-nes alternativamente, de acuerdo con las necesidades políticas coyunturales, jugando como mediador, moderador o árbitro en los conflictos intrafuerzas; y esto es lo que explicaría, además, la permanencia del presidente y su ministro del Interior durante un tiempo extraordinariamente prolongado 220 .

En segundo lugar, el papel de estos moderadores dentro del Ejército fue ho-mologable al jugado por la Fuerza Aérea en la interna interfuerzas entre almi-rantes y generales -ferozmente potenciada, como vimos, por las ambiciones políticas de Massera y las expectativas institucionales de la Marina-. Dentro del esquema de poder tripartito, y continuando en este caso con una tradición his-tórica, la Fuerza Aérea jugó como moderadora entre el Ejército y la Armada, y su función principal fue desempatar -en general, a favor del Ejército- cuando las fricciones entre las otras dos Fuerzas se exacerbaron 221 .

VI. Si "lo normal nada prueba, (y) la excepción, todo" (Schmitt, 1985: 54), el análisis del período de colapso que se extiende entre 1981 y 1983, re-sulta particularmente útil para identificar las regularidades que permanecen ocultas durante los períodos de "normalidad" (Canelo, 20061)).

La sucesión de Viola, Galtieri y Bignone al frente de la presidencia de la Nación expresó la alternancia entre distintas fracciones que intentaron hallar

220 Si bien son numerosos los trabajos que se interrogan sobre los motivos de la perdurabi-lidad del ministro de Economía en su cargo -entre otros, Canitrot (1980) y Schvarzer (1984)-, no existe un nivel de reflexión similar en lo que hace a la igualmente sorprendente permanencia de la dupla Videla-Harguindeguy al frente del régimen militar. En este sentido, entendemos que ambos jugaron como verdaderos mediadores o árbitros en los conflictos dentro del Ejército; en forma similar a la de Martínez de 1 Ioz, fue su propia ambigüedad la que les permitió conciliar las fuertes presiones que recibieron de los más variados frentes y conservar sus cargos durante el tiempo estipulado. 221 Tradicionalmente ultracatólica y ultranacionalista, cuyo principal exponente intelec-tual durante la década del sesenta había sido jordán Bruno Genta, durante la dictadura la Fuerza Aérea hizo reserva de su nacionalismo para apoyar al plan económico liberal, aun cuando su elitismo a ultranza se expresó en sus posturas políticas. Durante el gobierno de Bignone, y tras la flagrante derrota en Malvinas, los aviadores también procuraron renun-ciar a su elitismo, siendo los primeros en presionar por una rápida apertura del cronogra-ma electoral, viendo que el sistema amenazaba con desquiciarse.

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distintas salidas para el régimen. En este caso en particular, el faccionalismo militar se expresó inevitablemente como alternancia, dada la elevada frag-mentación vertical que habían alcanzado las cúpulas -a diferencia de lo que sucedería durante el gobierno de Alfonsín, cuando, como resultado de una fragmentación sobre todo horizontal, los principales conflictos se entablen entre los "carapintadas" y el generalato-. Con la retirada de Videla, el poder de los moderadores cedió el paso a los extremos, que jugaron un juego de consecuencias complejas.

Por un lado, la variedad de los proyectos defendidos por "duros" y "po-liticistas" en las postrimerías del Proceso permitió contar con distintos recur-sos que fueron empleados de acuerdo con las necesidades coyunturales, y la alternancia entre fracciones constituyó un elemento fundamental para tran-sitar la situación de colapso, tal como durante regímenes militares anterio-res -entre ellos, la Revolución Argentina-. Con la política primero, con la guerra después y con la política una vez más, los "politicistas" y los "duros" se sucedieron para intentar superar los agotados recursos de legitimidad del régimen, alentados por las posturas de una oposición partidaria que se man-tenía obedientemente alineada tras la crítica a la política económica, la con-vocatoria guerrera de Malvinas o las negociaciones por el calendario electoral, sin pronunciarse contra los crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, sin embargo, la forma en la cual se sucedieron las fraccio-nes, mediante putschs internos, único modo de resolver los conflictos en una estructura altamente jerárquica dentro de la cual no está prevista su institu-cionalización, llevó a las Fuerzas Armadas a pagar altos costos.

En primer lugar, la pretendida "apoliticidad" del régimen terminó de de-rrumbarse, en un contexto de acelerada pérdida de legitimidad social y de fla-grante dificultad para gestar alianzas con actores extra-institucionales -las que sólo podrían ser reestablecidas por Ríos Ereñú a partir de 1985222-. Las Fuerzas Armadas cayeron en un estado de virtual aislamiento, ya que cualquier acerca-miento de las cúpulas con la dirigencia política era percibido en el frente inter-no como la vulneración del "pacto de sangre" en el que se apoyaba la cohesión interna y como la "traición" a los principios de solidaridad institucional.

En segundo lugar, las Fuerzas Armadas perdieron los principales atributos de su poder arbitral. La derrota de Malvinas, que las reveló incapaces de de-

222 Sobre la alianza establecida entre las cúpulas militares y el gobierno de Alfonsín a par-tir de 1985, consultar Acuña y Smulovitz (1995), Canelo (200613), Pucciarelli (2006 y 2007), y Verbitsky (2003).

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sempeñar su función profesional esencial, el "combate armado exitoso" (Huntington, 1995) en una guerra externa, dio por tierra con el "espíritu gue-rrero" que había predominado durante la mayor parte de la dictadura, e hirió de muerte el esprit de corps, abriendo la puerta para la gestación de intensos conflictos. Los mismos fueron particularmente notables -y sin dudas, los más trabajados por la literatura- en el caso de los enfrentamientos jerárquicos en-tre generales y "carapintadas" en el Ejército, pero también se debieron a una fuerte búsqueda de protagonismo de aquellas Fuerzas y especialidades que habían salido relativamente airosas del desastre bélico: la Fuerza Aérea, los "comandos" y la artillería, que alcanzarían mayor importancia durante la postransición (Canelo, 2006a). Asimismo, la revelación progresiva de las atrocidades cometidas durante la "masacre represiva" -encamada con parti-cular crudeza en el "show del horror" (González Bomba!, 1995)- les arreba-tó la legitimidad suprapolítica de que habían gozado y su condición de garantes del orden y de !ilegalidad estatal,rabastió7onsigp al Estado mis-mo, que luego de haber sido ferozmente feudalizado, denotaba una sustanti-va descornposición de sus funciones, Intre ellas, su condición fundamental de aparato normativo de moralización de las instituciones y-Ta sociedad (Vez- zetti, 2002).

A partir de estas "revelaciones", la totalidad de las Fuerzas Armadas se aglutinó tras el objetivo compartido de la impunidad, comenzando a resul-tar evidente su alineamiento tras la defensa exclusiva de los propios objeti-vos e intereses corporativos, ya no "universales" o asimilables a los del conjunto de la sociedad, sino "restringidos", en una actitud homologable a lo que Finer (1969) denominó "sindicalismo militar defensivo" y que aquí identificamos como poder corporativo.

VII. El saldo de la dictadura era complejo. A pesar de que, tal y como ha sido afirmado, el Proceso de Reorganización Nacional logró uno de sus pro l,

pósitos mayores, el de la irreversibilidad, varios de los objetivos impulsados __.„ alcanzaron un carácter inconcluso Y lo inconcluso del Proceso se encarnó

no sólo en los variados proyectos políticos que quedaron sepultados luego del veloz derrumbe del régimen sino, también, en una política económica que debió abandonar varias de sus ambiciosas metas limitadas por los impe-rativos de la política.

De la ambiciosa propuesta de refundación inicial, sólo restaba el éxito en la "guerra interna", lo que marcaría a fuego el futuro de las Fuerzas Armadas, cuya "profesionalidad" quedaría ligada a la "lucha contra la subversión". Asi-mismo,1-6s militares perdieron el atributo fundamental que les había permi-tido jugar un papel central en la escena política argentina al menos desde

1930: su posibilidad de presentarse como árbitros sobre los conflictos de la sociedad civil trasla pretendida- defensa de un "interés universal". Sin embar-

r g6,ta-raféberi- este tránsito, las Fuerzas Armadas supieron desplegar un ca-pital privilegiado que les permitió sortear bastante airosamente los peligros de disgregación, el correspondiente a su poder corporativo, basado en la de-fensa de su "interés particular", oculto en el pasado tras los blasones del po-der arbitral.

La transicióni la democracia reveló , la transición de un tipo , de poder mi-litar a otro. Lo que fue contemplado por propios y ajenos como una -tran-quilizadora- descomposición del poder militar parece haber sido, en verdad, un proceso de profunda recomposición. Y en paralelo al proceso de descomposición -y recomposición- del poder milltar, y del colapso del ré-gimen, la transición reveló, también, dos regularidades que se consolidarán como rasgos centrales de la democracia argentina.

La primera es el colapso de la dirigencia política. Anticipado en sus pos-turas colaboracionistas con la dictadura durante su período de máximo po-derío, fue claramente observable en las postrimerías del gobierno militar, donde un régimen tremendamente debilitado por la derrota en Malvinas pu-do, sin embargo, continuar dominando la agenda durante un período prolongado, ante una oposición que no acertaba a retomar las riendas de la transición. Este colapso fue, asimismo, un verdadero anticipo de las dificul-tades que tendrá la dirigencia política a la hora de pilotear la "incertidumbre democrática" (O'Donnell y Schmitter, 1986), en un marco en el que los ac-tores sociales y políticos entablarán intensas disputas en la lucha por la defi-nición de las reglas.

La segunda es la imposibilidad recurrente de "cerrar" la -herida abierta" por la dictadura militar. Ensayados tanto por los jerarcas militares como por sus sucesores civiles, todos los intentos por "clausurar" el tema de la viola-ción a los derechos humanos fracasaron estrepitosamente, generando el efecto cabillo: colocarlos en el centro mismo de la escena. En este plano se enfrentaron aun hoy- dos lógicas: la "ética de la convicción" y la "ética de la responsabilidad" (Weber, 1985). La primera fue practicada, paradójicamente, tanto por los militares "duros", los más acérrimos partida-rios de la masacre, cuanto por los organismos de derechos humanos, incan-sables luchadores por la realización de la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad. La segunda fue invocada tanto por distintos jefes militares -pri-mero por Videla y Viola con el intento "clausurista" de 1979, luego por Bignone y en el futuro por Ríos Ereñú mediante la "batalla legal" y por Bal-za mediante las "autocríticas" institucionales, entre otros-, cuanto por los

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Paula Canelo

sucesivos presidentes democráticos -Alfonsín, Menem y De la Rúa, entre otros-, que defenderán la "clausura" desde un cada vez menos tolerable pragmatismo (Canelo, 2006a). Cuando la "clausura" fue intentada por los jerarcas militares, el "consenso antisubversivo" predominante en el frente in-terno desató su potencia, poniendo en peligro la autoridad de las jerarquías, y cuando fue ensayada por los líderes políticos, arrastraron consigo a la "pro-mesa democrática", que desde la transición se encontraba estrechamente li-gada a la realización de la justicia por sobre los crímenes de lesa humanidad.

Y mientras la "ética de la convicción" y la "ética de la solidaridad" conti-núan enfrentadas, la "herida" permanece, entre nosotros, siempre abierta.

VIII. Durante más de tres décadas, las Fuerzas Armadas argentinas han orientado sus lealtades institucionales hacia el que consideran el único logro profesional alcanzado en muchos años: la "lucha antisubversiva .. Entre,otras cosas, esta convicción las ha llevado a resistir, más o menos exitosamente, los intentos civiles por juzgar los crímenes del terrorismo de Estado, y a avanzar sobre la seguridad interior manteniendo como hipótesis de conflicióérai—M- b'áte cartáTár",iiireVil formas" de la "subversión", a pesar de que seahárr

relegadas a espacios periféricos de la arena política, reducidas a la lucha por la preservación de los territorios estatales a los que pertenecen, y a las es-caramuzas presupuestarias.

El futuro de las Fuerzas Armadas argentinas se encuentra aún ligado a un pasado que continúa ensombreciendo nuestro porvenir. Es por eso que re-sulta imprescindible la implementación de una política militar integral que les permita construir una nueva identidad dentro del marco democrático, acompañada de una política de derechos humanos que impulse una activa revisión de ese pasado, la preservación de la memoria y el castigo de los res-ponsables de crímenes de lesa humanidad.

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