bogotá, julio de 2010 - ilsa.org.co · nia peruana y de ellas sólo la del río inambari sería la...

ImpactosBoletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

No. 5 Bogotá, julio de 2010

Contenido

MOTT FOUNDATIONCHArlES STEwArT

Aproximaciones analíticas para una discusión sobre las estrategias energéticas de la banca multilateral Trayectorias y escenarios recientes 6

Impactos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo 18

Explosión de represas e hidroeléctricas 2

“Batiscafo”Hidroituango, un sueño convertido en pesadilla 24

¿Qué es el cambio climático? 28

¡Nos ahogamos!

Explosión de represas e hidroeléctricas

Boletín del Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

Bogotá, Julio de 2010 Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSACalle 38 No. 16-45, Bogotá 2455955, 2884772

Auspicia Charles Stewart Mott Foundation

Este boletín hace parte del proyecto Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la integración regional y las inversiones en infraestructura en Colombia.

Responsables

Jairo EstradaMargarita Flórez Sergio Moreno

Contacto: ([email protected])Imp

ac

tos

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS

Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos2

Al revisar las noticias que se producen en la región andi-na en el último semestre observamos que el número de represas con destino a un mercado de energía, cuya di-mensión varía según sea la entidad que reclama la ne-cesidad e imperiosidad de hacerlas, es creciente. Desde principios de la década, dentro de las fáciles respuestas a temas complicados que se encuentran en el sitio del Banco Mundial, se sostiene que invierten en proyectos de represas “porque éstas mejoran y aumentan la ge-neración de energía eléctrica, los sistemas de riego y el abastecimiento de agua en aldeas, ciudades e indus-trias y porque brindan seguridad en caso de sequías y protegen contra las inundaciones”.

Cuando en noviembre de 2000, la Comisión Mundial de represas, (CMr) publicó su informe final, después de haber hecho un largo trabajo a nivel internacional recibiendo los testimonios de afectados, de académicos, de organizaciones de sociedad civil, se pensó que la planificación y el financiamiento de nuevas represas tendría en

cuenta el dictamen de esta Comisión. Se menciona en ese documento final que las represas fueron consideradas indispensables para gran parte del mundo, se acudió a su construcción de1930 y 1970, y durante este lapso de 40 años su existencia fue sinónimo de desarrollo y progreso económico.

En dicho Informe la Comisión Mundial de represas, auspiciada por el mismo Banco Mundial, BM y la Unión de Conservación de la Naturaleza, (UICN), seña-laba que los impactos socio ambientales de este tipo de obras eran grandes y graves. En cuanto a las poblaciones, se anotó que tenía efectos radicales sobre la vida de los ribereños puesto que los obligaba a desplazarse, o hacía que cambiaran sus tradicionales oficios, como la pesca. Pero lo más negativo era que a menudo esos impactos eran desconocidos o mejor no tomados en

cuenta por parte de quienes planificaban y cons-truían las represas.

¿Qué es una gran represa?1

Según la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD), una gran represa tiene una altura mínima de 15 metros (desde los cimientos). Represas de 10 a 15 m de altura con un embalse de mas de 3 millones de m3 también son clasificadas como grandes represas. Utilizando estas definiciones, existen más de 45.000 grandes represas en el mundo.

¡Nos ahogamos!explosión de represas e hidroeléctricas

1 www.dams.org//docs/overview/wcd_sintesis.pdf

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS

Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos 3

También se constató que se producen grandes impactos sobre los ecosiste-mas y la biodiversidad relacionados con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero ya que toda acumulación de agua los causa debido a la descomposición de la vegetación. Se enfatizó que las medidas de miti-gación tradicionales no han tenido mucho efecto y las legislaciones se incli-naban a adoptar medidas compensatorias o a conservar segmentos de los ríos y la restauración de ecosistemas, cuando se desmantelan las grandes y pequeñas represas2.

Pues bien, a pesar de todo lo escrito y reflexiona-do ahora nos encontramos con una explosión de represas en nuestro países con serios problemas para los pobladores locales y los ecosistemas.

Acuerdo energético Perú – BrasilEste tratado bilateral muestra que no es sola-mente la habitual inversión que hace la banca multilateral en este tipo de emprendimiento, a través de la oferta de créditos para el sector ener-gético, o a petición de los gobiernos, sino que ahora para la construcción de represas se revive la negociación hace casi medio siglo, utilizada en el caso de Itaipú (Brasil – Paraguay). Esto queda claro en el acuerdo energético que se acaba de firmar entre Perú y Brasil3 con una duración de 50 años, denominado “Acuerdo para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de exceden-tes al Brasil”.

El objetivo es claro: tener un marco legal para promover el desarrollo de la infraestructura necesaria en el territorio peruano con destino a la produc-ción de electricidad destinada a su mercado interno y la exportación de los excedentes de potencia y energía eléctrica asociada al Brasil (artículo 2). Y establecer un nuevo marco legal que se traduce en la modificación del actual marco normativo de ambos países que regula las actividades re-lacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, con el fin de promover el desarrollo en el país de la infraestructura para la producción de electrici-dad, para el mercado interno nacional y la expor-tación de los excedentes de la potencia y energía asociada al Brasil (artículo 2. Objeto)

2 http://www.wrm.org.uy/boletin/42/informe.html.

3 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Electricidad/acuerdo 20junio 2010. pdf

www

.skys

crape

rcity.

com

/sho

Represa de Itaipú.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Este acuerdo compromete al Perú a suministrar a Brasil, un porcentaje de la electricidad generada con capital brasileño por 30 años4, sin conocer cuál es la propia necesidad energética de los peruanos. Ese cál-culo se deja para el futuro, pero el acuerdo si se firma ya a cuánto equivale ese porcentaje, es un asunto que se discutirá a puerta cerrada, es decir fuera del escru-tinio ciudadano.

Y para asegurar que se cumpla con el desarrollo sostenible, en el texto se declara que toda ope-ración incluida en él debe cumplir con este con-cepto al tenor de lo dispuesto en legislaciones nacionales e internacionales (artículo 9). Pero lo que no se menciona es que las represas se cons-truirán en la amazonia peruana, cuestión que pone en duda la sostenibilidad del mismo acuer-do. Y de acuerdo con especialistas en el tema, en estas mega obras están involucrados varios ríos afluentes del amazonas: el Inambari, ubicado en los límites amazónicos del Cusco, Madre de Dios

y Puno, en el sudeste del país, y el otro es el río Paquitzapango, donde se asienta el pueblo asháninka,5 18,000 de los cuales podrían ser desplaza-dos. En total se calcula que se intervendrán 7000.000 hectáreas de bosques amazónicos.

Para el período 2009 a 2021 se proyectan 52 hidroeléctricas para la amazo-nia peruana y de ellas sólo la del río Inambari sería la más grande hasta aho-ra proyectada en el Perú, la quinta en América latina e inundaría 40.000 hs en la zona de Madre de Dios, según un estudio publicado recientemente.6 El mismo documento sostiene que por su ubicación, las represas amazóni-cas en el Perú tendrían menos imp actos que las construidas en la amazonia brasileña, pero si se considera la alta diversidad de algunas de las zonas implicadas, este balance se empeora por el endemismo de alguna de las especies potencialmente involucradas.

Un punto álgido en la discusión es la cantidad de gases efecto invernadero que se producen en las represas, pues a pesar que quienes las impulsan, o planifican, de plano sostienen que constituyen parte de una nueva matriz energética limpia, esto tiene tanto de ancho como de largo dada la cantidad de metano que se desprende de la ma-

Un punto álgido en la discusión es la cantidad de gases efecto invernadero que se producen en las represas, pues a pesar que quienes las impulsan, o planifican, de plano sostienen que constituyen parte de una nueva matriz energética limpia, esto tiene tanto de ancho como de largo dada la cantidad de metano que se desprende de la materia orgánica que contienen.

4 Salazar Milagros, Qué se juega en el acuerdo energético Perú-Brasil, Jun 17 2010, http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews 95692; www.dar.org.pe

5 Tags: Acuerdo Energético Perú - Brasil, Inambari http://www.actualidadambiental.pe/5789

6 Dourojeanni Marc, Barandiaran Alberto y Dourojeanni, “Explotación de recursos naturales e infraestructura: ¿qué está pasando? Qué es lo que significa para el futuro?”, segunda edición, SPDA, 2010,página 53

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


teria orgánica que contienen, y en muchos casos hace que se produzca una mayor cantidad que la emitida por los combustibles fósiles. Hasta tal punto es su impacto que en el mismo estudio se cita a un científico que sostiene que nada más la del río Inambari aportaría un 5.8% adicional a las emisiones totales del Perú.

Toda esta explosión de proyectos se hace sin nin-guna discusión pública, sin que los ciudadanos y ciudadanas tengan a mano otros argumentos diferentes que el desarrollo que llegará a regio-nes, que como la amazónica, son objeto de dis-puta desde tiempos inmemoriales y que ahora parece que se dispone a convertirse en sitio para obras que la alejarán de su vocación de reserva ambiental del mundo.

http

://en

ergia

slim

pias.fi

les.w

ordp

ress.

com

/201

0/01

/inam

bari.

jpg

Central Hidroeléctrica

1 Embalse2 Presa3 Rejas filtradoras4 Tubería forzada5 Conjunto de grupos 6 Turbina hidráulica7 Eje8 Generador eléctrico9 Trasformadores10 Líneas de transportes de energía eléctrica

1

2

3

9

10

45

67

8

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


I. IntroducciónEl ejercicio analítico de los escenarios y de las trayec-torias recientes de la matriz energética regional, sin pretender agotarlas ni abordarlas exhaustivamente, implica dar cuenta de una serie de factores que per-mitan ilustrar las tendencias de la economía mundial, particularmente en la fase neoliberal. la discusión sobre las estrategias que la banca multilateral ha di-señado para el sector energético tiene como trasfon-do político un enfoque particular sobre el modelo de desarrollo. En ese sentido, puede registrarse -en el caso de América latina- una clara orientación hacia la profundización del extractivismo para atender las demandas del mercado externo1. Asumir este debate es imperativo. Es por esa razón que el presente docu-mento busca aportar elementos de juicio para ponde-rar las transformaciones y las proyecciones del sector energético en América latina a partir de la conside-ración y el examen de algunas directrices de política formuladas por la banca multilateral, en especial el

Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

la transnacionalización de las economías está incrementándose progresivamente. Prueba de ello puede observarse en un par de factores correlacionados: por un lado, las relaciones comerciales reflejan una clara tendencia hacia la internaciona-lización. Adicionalmente, las empresas transnacionales, atendiendo a los despla-zamientos geográficos de la fase de acumulación neoliberal para ubicar nuevas

oportunidades de ganancia y obtención de benefi-cios, han emprendido procesos de terciarización y de maquila para encontrar mano de obra barata. Es bien sabido que “el capitalismo es empujado hacia el crecimiento constante, y este crecimiento requiere

Aproximaciones analíticas para una discusión sobre las estrategias energéticas de la banca multilateral

Trayectorias y escenarios recientes

Desde 2001, América Latina viene aumentando los índices de sus exportaciones dadas las distancias entre los precios internacionales y los precios nacionales de un conjunto de productos básicos. Dicho aumento implica nuevas demandas para perfilar la circulación de mercancías y esto se traduce, necesariamente, en una presión importante del sector de transporte para la matriz energética y sus correspondientes niveles de consumo.

1 La estrategia que el Banco Mundial ha diseñado para el sector energético es un fiel reflejo de esa tendencia. Se propone “brindar apoyo a los países ricos en recursos naturales para gestionar las industrias extractivas a lo largo de toda la cadena de valor”. Cfr. Banco Mundial, Síntesis sectorial estrategia energética, BM, Washington, D.C., 2009, p. 23.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


aumentos en los ingresos de energía para sostener la continua expansión de la maquinaria utilizada para disciplinar y reemplazar trabajo humano vivo del pro-ceso de producción. Esta dinámica se vuelve particularmente clara cuando consi-deramos la rápida y vigorosa industrialización que está tomando lugar en China2, India y Brasil”3, las llamadas “economías emergentes”.

Desde el punto de vista político, ese conjunto de transformaciones ha desatado una serie de consecuencias que también vale la pena considerar como parte del análisis, a saber: i) el llamado a aumentar la velocidad de rotación de las mercancías dentro de los mercados internaciona-les se ha constituido como una de las causas del conflic-to relacionado con la construcción de grandes obras de infraestructura e interconexión física y la sobreexplota-ción de los recursos naturales; ii) una clara dependencia de hidrocarburos motivada, en buena medida, por la in-dustrialización de la agricultura. En dicho contexto son evidentes las presiones inflacionarias.

II. Imperativos comerciales y matriz energéticaDesde 2001, América latina viene aumentando los índices de sus exportaciones dadas las distancias en-tre los precios internacionales y los precios nacionales de un conjunto de productos básicos. Dicho aumento implica nuevas demandas para perfilar la circulación de mercancías y esto se traduce, necesariamente, en una presión importante del sector de transporte para la matriz energética y sus correspondientes niveles de consumo.

De tal suerte, la dinámica del comercio mundial ha denotado un importante crecimiento que se obser-va en el volumen monetario del mercado mundial. Esto se hace especialmente evidente en el caso de los flujos de volúmenes físicos (toneladas transpor-tadas) por la relación existente entre las necesidades de transporte de mercancías y los recursos energé-ticos necesarios. El volumen físico de las transac-ciones se incrementó cuatro veces entre 1964-2007 pese a los escenarios de crisis que se presentaron durante los periodos 1972-1973; 1978-1983, 1988-1992 o 2000-20014.

www.

traza

com

ex.cl

/hom

e/wp

-con

tent

/uplo

ads/2

010/

02/p

uerto

-bue

na-a

vent

ura.j

pg

2 En este caso, es reconocida la ampliación de su presencia en América Latina. “En apenas diez años China ha establecido relaciones diplomáticas y económicas con 21 de los 33 países latinoamericanos y la inversión china en los diferentes países latinoamericanos es ya de 50.000 millones de dólares (unos 35.000 millones de euros)”. Cfr. “China inicia el cambio en la geopolítica internacional” en Desde abajo edición on-line, Bogotá, 07 de abril de 2010.

3 Tom Keefer, “An energy crisis (among others) is in the air” en The Commoner edición on-lin e, Londres, número 13, invierno de 2008.

4 Para mayor información sobre este punto véase Sergio Arelovich [et al], Escenarios energéticos de América del Sur. Energía, integración y modelo productivo: aportes para un debate necesario, Cono sur sustentable / Oxfam / Fundación Heinrich Böll, Santiago de Chile, 2008, p. 10.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


resulta interesante dar cuenta de las posibles asociaciones entre la articulación productivo-comercial y la situación del comercio interregional e intrarregional dentro de la geografía económica y el proceso de transnacionalización del siglo XXI. El incremento de los volúmenes de comercio internacional obedece a las trayectorias particulares que ha adquirido dicho proceso, relacionadas —por lo general— a las transformaciones de las condiciones de producción, el panorama comercial y la disposición de condiciones para potenciar la inversión extranjera.

Una aproximación preliminar permite afirmar que los segundos destinos en importancia de las exportacio-nes de América del Norte son “Asia (18,7%) y Europa (16,6%) con participaciones similares; que América del Sur y Caribe tienen como principal destino a América del Norte (31,4%); y que la Comunidad de Estados In-dependientes destina el 57,9 % de sus exportaciones a la zona Europa. El caso de América latina es ilustrati-vo: un cuarto del comercio exterior tiene como destino la misma región. los mercados con más peso son los de Norteamérica, la Comunidad Europea y el Sudes-te Asiático. El destino y el origen de los intercambios de diez países de América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Ve-nezuela y Ecuador) constituyen la expresión de las formas y contenido de la integración a los mercados mundiales. Desde la óptica de las exportaciones, los diez países exportaron en 2007 el 20,2 % del total a la misma región y el 79,8 % al resto del mundo”5.

De acuerdo con los registros de la Asociación latinoamericana de Integración

(AlADI), para el período 1995-2007 los principales destinos de las exportaciones

tuvieron el siguiente comportamiento: “Argentina: el principal destino de las ex-

portaciones fue Brasil (21,7 %), seguido por Estados Unidos (9,79 %) y Chile (9,42

%). Bolivia: destinó el 25,31% de sus exportaciones a Brasil, el 15,85 % a Estados

Unidos y el 8,04 % a Argentina. Brasil: el 20,08 % fue destinado a Estados Unidos,

un 9,06 % hacia la Argentina y los el 5,53 a los Países Bajos. Chile: Estados Uni-

dos (15,83 %), Japón (12,69 %), China (8,76 %) y Corea del Sur (5,44 %). Colombia:

destinó el 40,2 % a Estados Unidos, un 10,8 % a Venezuela y un 5,02 % a Ecuador.

Ecuador: con número similares a Colombia, exportó el 42,86 % a Estados Unidos, a

Perú el 7,24 %, a Colombia el 5,62 % y a Panamá el 5,07 %. Paraguay: considerando

la aclaración metodológica expuesta, de las exportaciones computadas destinó

el 30,46 % a Brasil, un 15,55 % a Uruguay, el 8,17 % a

los Países Bajos y a Argentina un 7,89 %. Perú: destinó

Lo que resulta característico de la región es el claro sesgo primario y extractivo de las exportaciones. De ahí que la discusión sobre el actual modelo de desarrollo resulte de la mayor importancia. El intercambio de mercancías en la región, pero también a escala global, tiene como rasgo fundamental un crecimiento relativo de las transacciones más que un aumento de la producción.

5 Ibíd. p. 14.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


el 24,22 % a Estados Unidos, a China el 8,85 %, a Suiza el 6,50 % y a Japón 5,63 %. Uruguay: destinó a Brasil 22,83 % de sus cargas, un 11,29 % hacia Argentina y el 10,80 % a Estados Unidos. Venezuela: fue proveedor de Estados Unidos en 50,50 % de sus ventas externas, y después destinó 10,15 % hacia Antillas Holandesas y

3,59 % a Colombia”6.

De las estadísticas se desprende la clara dependencia que países como Colombia, Venezuela y Ecuador tienen con Estados Unidos. las importaciones de estos tres países reflejan la misma tendencia: “Para el caso de Colombia, por ejemplo, las compras provenientes de Estados Unidos en el período 1995-2007 representan el 31,03 % del total. En el mismo período, Venezuela importó del mismo origen un 33,98 % de sus com-pras, y Ecuador lo hizo en un 21,8 %”7.

lo que resulta característico de la región es el cla-

ro sesgo primario y extractivo de las exportaciones.

De ahí que la discusión sobre el actual modelo de

desarrollo resulte de la mayor importancia. El inter-

cambio de mercancías en la región, pero también a

escala global, tiene como rasgo fundamental un cre-

cimiento relativo de las transacciones más que un

aumento de la producción. los países que profundi-

zaron sus relaciones comerciales en la región están

empeñados en mejorar las condiciones de inter-

cambio. Por otro lado, aquellos que han profundiza-

do sus relaciones comerciales con los mercados de

Norteamérica, la Comunidad Europea y Asia, tienen

como objetivo perfilar sus ventajas competitivas.

los procesos de reprimarización de las economías de la región obedecen a un pa-

trón histórico: las economías latinoamericanas se han caracterizado por su rol en

la provisión de materias primas y productos semielaborados. la correlación entre

los hidrocarburos y la producción de alimentos es cada vez más estrecha. Diversos

factores lo demuestran. las demandas de combustible que emplea la maquinaria

destinada a la producción agrícola; algunos derivados del petróleo se utilizan para

incrementar la productividad por hectárea cultivada; la movilización de los volú-

menes de producción requiere del desarrollo del sector transporte, incluyendo

-desde luego- una compleja red de vías multimodales; el declive mundial de la

extracción de hidrocarburos8 provoca una diversifica-

ción de las fuentes energéticas y se apela a las renova-

bles originadas en la producción agrícola; entre otros.

6 Cifras extraídas de las estadísticas de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Consúltese su sitio en Internet http://www.aladi.org/7 Cfr. Sergio Arelovich Op. Cit. p. 15.

www.

galer

iacolo

mbia

.com

/inde

x.php

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


III. Hacia un esbozo general de las trayectorias históricas de las estrategias energéticasDurante el régimen de acumulación vigente hasta la década de 1970, donde el Estado asumía un rol fundamental en el campo económico, la explotación y la

transformación de las fuentes de energía estaba a cargo del sector público. la participación del sector privado no alcanzaba niveles importantes. la banca multilateral, en especial el BM y el BID, financiaba la construcción de obras de infraestructura pero la ges-tión del sector era parte de las funciones del Estado. Una década más tarde, con los ordenamientos jurídi-cos destinados a la entronización del proyecto polí-tico-económico del neoliberalismo, la banca tendría cada vez más injerencia en la determinación de los niveles de participación de agentes privados dadas la condiciones que establecía para el desembolso de los créditos. Al respecto puede mencionarse el desarrollo de nuevos marcos de regulación para el sector ener-gético y la promoción de esquemas de interconexión energética (aunque, desde el punto de vista discursi-vo, se hablase de “integración energética”).

Otras razones asociadas al avance del proceso de neo-liberalización también serían fundamentales para el aumento de la participación del sector privado. Baste

mencionar la flexibilidad de los mercados financiero y comercial, la exacerbación de la dependencia de los países de la región frente a la dinámica del capital trans-nacional y de las finanzas internacionales, la promoción de la reprimarización y la terciarización de la economía, la garantías jurídicas para incentivar la inversión ex-tranjera directa, el impulso de las exportaciones, la desnacionalización y la trans-nacionalización de la economía, entre otros. En concreto, los recursos energéticos fueron objeto de privatización y las empresas trasnacionales empezarían a copar espacios estratégicos dentro del sector energético.

Desde la década de 1980, las estrategias energéticas, incluyendo las tentativas integracionistas, adquirieron una orientación tendiente a la liberalización y un

horizonte espacial cada vez más amplio alcanzando escalas continentales, ambos aspectos impulsados por el consenso de washington. Se intentaba pro-yectar así el camino hacia la desnacionalización y la

La banca multilateral, en especial el BM y el BID, financiaba la construcción de obras de infraestructura pero la gestión del sector era parte de las funciones del Estado. Una década más tarde, la banca tendría cada vez más injerencia en la determinación de los niveles de participación de agentes privados dadas la condiciones que establecía para el desembolso de los créditos.

8 Para mayor información véase Ramón Fernández Durán, “El inicio del fin de la era de los combustibles fósiles. Peak oil: mercado versus geopolítica y guerra” en Revista Viento Sur edición on-line, Barcelona, otoño de 2006.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


transnacionalización del sector energético, principalmente por la eliminación pro-gresiva de obstáculos para el aumento de la participación privada y de empresas transnacionales en los procesos de exploración, producción, distribución y venta de productos de gas y petróleo.

Aunque en muchos casos las empresas estatales no perdieran el control de la indus-tria, las reformas estructurales tendrían como consecuencia la entronización de una lógica de mercado. Desde entonces, las disposiciones jurídicas para la protección a la inversión extranjera en América latina -que en algunos casos adquieren un nuevo status mediante los tratados de libre comer-cio- incorporan dicho sesgo. las presiones promovidas por los organismos multilaterales como el Fondo Mo-netario Internacional (FMI), el BM, el BID, la CAF, entre otras, será determinante. los condicionamientos para la financiación de grandes obras de infraestructura en el sector energético son especialmente ilustrativos en ese sentido.

En la actualidad, las políticas de financiamiento del BM se sostienen sobre los siguientes pilares: “1) mejo-ra del desempeño operacional y financiero del sector energético; 2) consolidación del buen gobierno para mejorar la contribución de la energía al desarrollo económico equitativo (…) Contar con empresas de energía eficaces y financieramente sólidas es un re-quisito esencial. la mala gestión de las empresas de energía eléctrica da como resultado operaciones in-eficaces y grandes pérdidas técnicas y no técnicas que reducen la capacidad de financiar nuevas inversiones. Poner un precio a la energía por debajo del costo agrava las dificultades financieras de todas las empresas, públicas o privadas. la consolidación del buen gobierno es necesaria para garantizar que la energía con-tribuya al desarrollo económico equitativo. El buen gobierno es necesario en todos los niveles del sector: Gobierno, organismos estatales, empresas y consumidores”9.

Se trata de un conjunto de directrices que desde la década de 1980, en contextos de crisis de la deuda y de arremetida del proceso de neoliberalización me-diante políticas de ajuste estructural, propendían por la privatización de las empresas estatales del sector. Directrices que ahora se profundizarán10. la banca multilateral condiciona entonces los desembolsos para el desarrollo de proyectos energéticos con pau-tas tendientes hacia la exacerbación de la inversión

www.

flick

r.com

/pho

tos/a

rman

dosil

va/

Carbón del Cerrejón.

9 Banco Mundial, Op. Cit. p. 13.

10 En la estrategia energética del BM se sostiene que “el GBM continuará respaldando los objetivos múltiples de las reformas institucionales y de las políticas e incluso creará un entorno que posibilite la participación e inversión del sector privado. Se buscará de manera activa lograr asociaciones entre el sector público y el sector privado”. Ibíd. p. 14. y continúa: “El GBM brindará financiamiento y asesoramiento para alentar y apoyar a los marcos normativos eficaces y ayudará a los países a crear el entorno propicio para atraer inversiones privadas, utilizando la ventaja comparativa del GBM en lo relativo a proporcionar experiencia y lecciones aprendidas a través de diversos sectores y distintos acuerdos de gestión e inversiones”. Ibíd. p 24.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS

12 Observatorio sobre Nueva Geografía Económica, Impactos Socioambientales y Derechos Humanos

privada y la flexibilización de las regulaciones que res-tringían el libre comercio en ese campo.

El BID, por su parte, también había diseñado directri-ces específicas para lo que consideraba como los prin-cipales desafíos del campo energético en la región. En su estrategia energética de 2000 demandaba: “i) la consolidación de las reformas estructurales y regula-doras emprendidas durante la primera mitad de esta década; ii) la extensión de las opciones modernas de energía en términos accesibles a todos los habitantes; iii) el desarrollo de patrones de producción y uso de energía eficientes y compatibles con el medio am-biente; iv) la atracción de los capitales extranjeros y nacionales necesarios para el financiamiento del sec-tor, y v) la integración de los mercados energéticos de la región como elemento clave en sus procesos de in-tegración económica”11.

la Iniciativa para la Integración regional Suramericana (IIrSA) también vendría a profundizar muchos de dichos componentes. Se trataba de dar cuenta de los obstácu-los institucionales que restringían la implementación de obras de infraestructura pero desde un enfoque que privilegiaba la interconexión física. En lo que atañe al campo de la energía, IIrSA se constituía en un espacio para exacerbar la apertura a los mercados y profundizar la interconexión física como parte los componentes más importantes de las estrategias energéticas.

El discurso de los principales representantes de la banca suele identificar, casi que de manera automá-tica, una aparente sincronía entre el crecimiento del campo energético y los índices de desarrollo de los países latinoamericanos12. lo cierto es que, así como ha aumentado el consumo de energía13, los índices de pobreza se incrementan de manera alarmante. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América latina, un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarca-ba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza

La evidencia reciente y muchas experiencias históricas nos permiten afirmar que los países que se han especializado en la extracción y la exportación de recursos naturales normalmente no han logrado desarrollarse. Esto es así, sobre todo, para aquellos que disponen de una sustancial dotación de un único o unos pocos productos primarios

11 Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategia para el sector de energía. BID, Washington D.C., 2000, p. 8. Muchos de esos desafíos fueron desarrollados en un documento más reciente. Véase Banco Interamericano de Desarrollo / Corporación Andina de Fomento, Hacia la integración energética hemisférica: retos y oportunidades, BID/CAF, Caracas, 2008.

12 En su estrategia energética, el Banco Mundial elabora un diagnóstico de la situación del sector y afirma que “la energía es fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza (…) El crecimiento económico constante -esencial para reducir la pobreza- y la consiguiente demanda de energía tendrán consecuencias a nivel mundial”. Banco Mundial, Op. Cit. p. 2.

13 Para una valoración del incremento del consumo véase, Adriana Barrios Giraldo, “La energía en el mundo” en Astrid Martínez, Energía y desarrollo. Ensayos sobre hidrocarburos en Colombia y en el mundo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, 2003, pp. 67-156. “En América Latina, el consumo de energía aumenta cuando crece la economía, pero no cae en la misma proporción cuando hay recesión. De manera que la tendencia del consumo energético es siempre creciente, aun cuando la economía no crezca. Hoy se consume 7% más de energía que en 1980 para generar la misma unidad de producto, lo que demuestra que la región ha perdido grados de eficiencia energética. Cfr. Gerardo Honty, “Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra”, en Revista Nueva Sociedad, No. 204, Buenos Aires, julio/agosto de 2006, p. 126.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes14.

las trayectorias históricas de la región han demostra-

do que la supuesta relación energía y desarrollo social

es más bien ficticia. la importación de energía genera

dependencias, la exportación tiene consecuencias so-

bre la balanza de pagos y aumenta las vulnerabilidades

frente a posibles cambios de las economías que impor-

tan, el consumo de energía está concentrado y tiene

serios impactos ambientales. “Aunque pueda causar

sorpresa, la evidencia reciente y muchas experiencias

históricas nos permiten afirmar que los países que se

han especializado en la extracción y la exportación de

recursos naturales normalmente no han logrado de-

sarrollarse. Esto es así, sobre todo, para aquellos que

disponen de una sustancial dotación de un único o

unos pocos productos primarios: parecen estar conde-

nados al subdesarrollo, atrapados como están en una

lógica perversa, conocida como la “paradoja de la abundancia” (Karl). la profusión

de recursos naturales tiende, entre muchos otros procesos endógenos de carácter

patológico, a distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos,

a redistribuir regresivamente el ingreso nacional y a concentrar la riqueza en pocas

manos, mientras se generaliza la pobreza, se originan crisis económicas recurrentes

y se consolidan mentalidades “rentistas”, además de profundizarse la débil y escasa

institucionalidad, alentarse la corrupción y deteriorarse el ambiente”15.

Como puede apreciarse en esa breve y somera recapitulación16, las directrices y las

estrategias diseñadas e implementadas para el sector energético sólo pueden ser

comprendidas en toda su complejidad en un contexto de importantes transforma-

ciones políticas y económicas relacionadas con el proceso de neoliberalización: el

modelo de desarrollo se inclinaba hacia la búsqueda de inversión extranjera directa

y la promoción de exportaciones; la re-regulación de

los mercados financiero, laboral y comercial, lo que im-

plicaba una readecuación de las funciones del Estado

—incluyendo el desmonte del Estado como “instancia

de intermediación” del conflicto de clases—; la depen-

dencia de las economías nacionales frente a la dinámi-

ca del capital transnacional; la crisis de la valorización

financiera del capital soportada en un esquema de en-

deudamiento progresivo del Estado; el llamado a “ga-

rantizar el crecimiento” privatizando activos públicos; la

14 Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, Panorama social de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 5.

15 Cfr. Jürgen Schuldt / Alberto Acosta, “Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿Una maldición sin solución?” en Revista Nueva Sociedad, No. 204, Buenos Aires, julio/agosto de 2006, p. 71.

16 El presente documento no pretende agotar ni abordar exhaustivamente el proceso de configuración institucional que sostiene la matriz energética de la región. Sin embargo, no desconocemos la importancia de escenarios creados para la interconexión física, energética y de comunicaciones en América Latina.

www.

skcre

ntal.

cl/im

g/no

ticias

/not

_1_2

4/IIR

SA%

2520

NORT

E%25

20PE

RU.JP

G

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


reprimarización y la terciarización de la economía; entre

otros.

Por otro lado, la mayoría de los llamados “gobiernos progresistas” han impulsado directrices con talante neodesarrollista que profundizan el modelo expolia-dor de los recursos naturales en la región sin ningún tipo de contemplaciones socio-ambientales. Iniciati-vas como Petroamérica —la propuesta de integración energética enmarcada en la Alternativa Bolivariana para la América (AlBA)—, y la formulación de un Tra-tado de Seguridad Energética, han demostrado una tentativa de reasumir la coordinación del sector de la energía en la región pero que, en sentido estricto, no se diferencia, en términos programáticos, de las directrices de política diseñadas por la banca y por los organismos multilaterales. Esto ha puesto nuevos temas dentro de la agenda de discusión de varios sec-tores sociales. A manera de ilustración, se ha empeza-do a debatir sobre los escenarios y las consecuencias que lo anterior pueda significar para la injerencia del BID en la región y los alcances de IIrSA.

los procesos de privatización, la interconexión y la promoción de escenarios de

competitividad en los mercados han provocado, en muchos casos, que los recur-

sos energéticos involucren la participación de empresas transnacionales. A propó-

sito de los procesos de interconexión, no sobra mencionar que se han sustentado

sobre los imperativos de las empresas transnacionales con el propósito, de por sí

bastante restringido, de movilizar electricidad y gas.

los proyectos de interconexión física buscan generar las condiciones necesarias

para acceder y explotar los recursos naturales asumiendo menores costos y dis-

minuyendo, por lo tanto, los costos de extracción y producción. Ese es uno de

los mecanismos privilegiados para “optimizar”, para “alcanzar la eficiencia” de los

recursos energéticos. Como se aprecia, la transformación del sector enérgico in-

volucra nuevas lógicas y nuevas dinámicas dentro de las tentativas de integra-

ción. los agentes privados son los que actualmente pueden asumir en mejores

condiciones para dar cuenta del proceso de comercialización de intercambios a

nivel macro. Para ello deben “modularse” todas las restricciones de orden jurídi-

co que puedan afectar al agente encargado de la co-

mercialización de la energía17. Constituyéndose como

su propio arbitro, dicho agente puede tranzar en un

mercado para vender en otro. Como consecuencia, se

Pese al declive en los índices de extracción, combustibles como el petróleo, el carbón y el gas continuarán siendo una parte importante de la matriz energética en el mundo. Si bien el consumo se mantendrá, desde ya es posible anticipar escenarios en los que se incrementarán los precios y habrá nuevas conflictividades geopolíticas por los desplazamientos espaciales para obtener acceso a nuevas reservas o a otras formas de generación de energía

17 El BM lo plantea del siguiente modo: “se propone que el GBM intensifique las medidas para (…) ayudar a los Gobiernos y a las agencias estatales a establecer marcos jurídicos, regulatorios, contractuales y fiscales claros y justos” (el destacado es nuestro). Cfr. Banco Mundial, Op. Cit. p. 23.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


apropia de la diferencia de precio. la banca multila-teral considera que la privatización es el mecanismo más expedito para reducir precios.

Pese al declive en los índices de extracción, combusti-bles como el petróleo, el carbón y el gas continuarán siendo una parte importante de la matriz energética en el mundo. Si bien el consumo se mantendrá, desde ya es posible anticipar escenarios en los que se incre-mentarán los precios y habrá nuevas conflictividades geopolíticas por los desplazamientos espaciales para obtener acceso a nuevas reservas o a otras formas de generación de energía18. los casos asociados a la pro-ducción de agro-combustibles (con sus ya reconocidos impa ctos en términos de desplazamiento de pobla-ciones, deterioro ambiental y mitigación de formas de economía popular) y a la construcción de hidroeléctri-cas lo expresan claramente. Estas características hacen parte de la configuración de un nuevo orden político-económico. Se encuentran vinculadas con dos lógicas con-sustanciales: por un lado, la intensificación de acti vidades socioeconómicas situadas en estructuras espaciales determinadas. Por el otro, la expansión geográfica y la reorganización institucional como elemento fundamental del proceso de acumu-lación.

la energía se constituye, dentro de dicho escenario, en una mercancía para el modelo hegemónico de de-sarrollo extractivista, de sumo interés para la inversión extranjera. la discusión de este problema se hace hoy ineludible. las reacciones no se han hecho esperar. Un conjunto de organizaciones sociales han participado en el proceso de consultas públicas del BM a propósi-to de la publicación del documento expositivo sobre su estrategia energética19. las demandas se centran en temas fundamentales como el cambio climático, el desarrollo sustentable, la pobreza y las dificultades de acceso a energía. El proceso ha contado con una serie de deficiencias que fueron notificadas mediante una carta dirigida a varios funcionarios encargados del sector de energía en el BM20. En dicho documento se sintetizan las críticas que las organizaciones socia-les han formulado frente a la síntesis de la estrategia energética publicada por el banco. Ese, sin duda, es un buen comienzo.

18 La banca multilateral tendrá alto grado de responsabilidad en dichos escenarios. A manera de ilustración, cabe mencionar que una de las estrategias del BM es, precisamente, lo que denomina como “la diversificación de la cartera de energía”. Busca “la diversificación a distintas fuentes de energía que puedan ser más económicas y destinarse a distintos usos (como la utilización moderna de la biomasa, el biogás, las centrales geotérmicas, las micro centrales y pequeñas centrales hidroeléctricas, la cogeneración, la energía eólica y solar para la calefacción y la electricidad)”. Véase Banco Mundial, Op. Cit. p. 19. Las consecuencias sociales y ambientales serán considerables.

19 Las veinticinco organizaciones involucradas en el proceso de consulta son: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Perú), Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Perú), Amazon Watch (USA), Amigos da Terra - Amazônia Brasileira (Brasil), Asociación Civil Labor (Perú), Asociación para la Conservación del Patrimonio del Cutivireni (Perú), Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (Perú), Bank Information Center (USA), Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Argentina), Centro para el Desarrollo Humano (Perú), Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (Perú), Cross Cultural Bridges (Bolivia), Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (Perú), Fundación Pachamama (Ecuador), Centro de Análisis e Investigación (México), Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brasil), Instituto del Tercer Mundo (Uruguay), Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (República Dominicana), Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (Colombia), International Accountability Project (USA), Justicia para la Naturaleza (Costa Rica), Liga de Defensa del Medio Ambiente (Bolivia), Manejo y Conservación de Tierras y Aguas (Perú), Servicios Educativos Rurales (Perú), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (Perú).

20 Para mayor información véase: http://www.bicusa.org/es/Article.11956.aspx

www.

agro

carib

e.com

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Arelovich, Sergio [et al], Escenarios energéticos de América del Sur. Energía, integración y modelo productivo: aportes para un debate necesario, Cono sur sustentable / Oxfam / Fundación Heinrich Böll, Santiago de Chile, 2008.

Banco Interamericano de Desarrollo, Estrategia para el sector de energía. BID, washington D.C., 2000.

Banco Interamericano de Desarrollo / Corporación Andina de Fomento, Hacia la integración energética hemisférica: retos y oportunidades, BID/CAF, Caracas, 2008.

Banco Mundial, Síntesis sectorial estrategia energéti-ca, BM, washington, D.C., 2009.

Barrios Giraldo, Adriana, “la energía en el mundo” en Martínez, Astrid, Energía y desarrollo. En-sayos sobre hidrocarburos en Colombia y en el mundo, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, 2003, pp. 67-156.

“China inicia el cambio en la geopolítica internacio-nal” en Desde abajo edición on-line, Bogotá, 07 de abril de 2010.

Bibliografía

Comisión Económica Para América Latina y el Cari-be, Panorama social de América Latina, CEPAl-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008.

Fernández Durán, Ramón, “El inicio del fin de la era de los combustibles fósiles. Peak oil: mercado versus geopolítica y guerra” en Revista Viento Sur edición on-line, Barcelona, otoño de 2006.

Honty, Gerardo, “Energía en Sudamérica: una inter-conexión que no integra”, en Revista Nueva Sociedad, No. 204, Buenos Aires, julio/agosto de 2006, pp. 119-135.

Keefer, Tom, “An energy crisis (among others) is in the air” en The Commoner edición on-line, londres, número 13, invierno de 2008.

Schuldt, Jürgen / Acosta, Alberto, “Petróleo, rentis-mo y subdesarrollo: ¿Una maldición sin so-lución?” en Revista Nueva Sociedad, No. 204, Buenos Aires, julio/agosto de 2006, pp. 71-89.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


La venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. La razón: la hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exportación a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo y Puerto Rico.

El Gobierno Nacional de Colombia, a través del Con-

sejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes)

del 2008, definió la construcción de varias Hidroeléc-

tricas en diferentes lugares del país y al mismo tiem-

po determinó el sistema de financiación. Autorizó por

tiempo indefinido a la Empresa Emgesa, filial de la mul-

tinacional española-chilena Endesa, para que con sus

recursos propios y para su único y exclusivo beneficio,

construya la central hidroeléctrica El Quimbo, que es-

tará localizada en el sitio geográfico encañonado de-

nominado “El Quimbo”, a 1.300 metros, aguas arriba, de

la desembocadura del río Páez sobre el río Magdale-

na, al sur del embalse de Betania, en jurisdicción de los

Municipios de Gigante, Garzón, El Agrado y Altamira

del Departamento del Huila, Colombia.

El proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo fue nego-

ciado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe en

bolsa, enmarcado por el Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases

son la confianza inversionista y la seguridad democrática. la obra es la primera

que se vende bajo el esquema de subasta por cargo de confiabilidad, que significa

que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación

diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo

así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de regulación de Energía y Gas.

la construcción de la obra está calculada en 700 millones de dólares y tendrá

capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país,

cifra que representará para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el

excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo

cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Porce IV, Hidrosoga-

moso, Cucuana en el Tolima, Urrá II.

la venta del futuro Quimbo fue hecha en junio de 2008 y la opinión pública del

Huila la fue conociendo poco a poco, casi de una manera secreta. la razón: la

Impactos del proyecto hidroeléctrico El Quimbo Miller A. Dussán Calderón Miércoles, 29 de julio de 2009Profesor Universidad Surcolombiana Directivo Plataforma Sur de Organizaciones Sociales - http://plataformasur.blogia.com

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


hidroeléctrica tendría la exclusiva función de producir energía para la exporta-

ción a Ecuador, Centroamérica Plan Puebla-Panamá y el Caribe -Santo Domingo

y Puerto rico.

El embalse tendría una longitud de 55 kilómetros al nivel máximo normal de

operación (cota 720 msnm), un ancho máximo de 4 km y un ancho promedio

de 1,4 km. El área de inundación sería de 8.586 hectáreas: 5.300 están en pro-

ducción y 2.000 de ellas son tierras de antiguos parceleros del Incora (Instituto

Colombiano de reforma Agraria, en el pasado) producto de la reforma agra-

ria de los años sesenta-setenta del siglo anterior.

la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo,

tendrá un impacto drástico, profundo e irreversible

y representa una inmensa pérdida para la región en

lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favo-

reciendo exclusivamente los intereses de Emgesa:

• Inundación de cultivos permanentes y transitorios

(Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectá-

reas, además de pastos e instalaciones ganaderas.

• Inundación e inutilización de vías carreteables pri-

marias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares

y vías peatonales.

• Desplazamiento de 427 familias y viviendas con resi-

dencia permanente.

• Desplazamiento de 1.466 personas residentes con

pérdida de puestos de trabajo.

• Afectación de la producción y comercialización

agropecuaria por un valor de 32.000 millones de pe-

sos anuales (750 predios)

• Pérdida permanente de jornales de trabajo.

• Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones

previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.

• Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la

represa y sobre su zona de influencia.

• Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de

antigüedad).

• Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.

Foto

grafí

a: Lu

is Ro

berto

Chiap

pe -

MAVD

T.

Zona donde se construirá la hidroeléctrica El Quimbo.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”.

• El embalse, por elevación del nivel del agua, deja fuera de servicio puentes de vías troncales de primer orden, como el de El Balseadero y el de la Jagua e inco-municados, por la ruta actual en servicio, a varios municipios y localidades. In-comunica territorios entre sí, y áreas de fincas y a éstas con las vías actuales. El Estudio de Impacto Ambiental, que presentó Emgesa, para obtener la licencia Ambiental, hace referencia en forma muy genérica a esos problemas, sin analizar los costos permanentes para los usuarios afectados, al menos por el periodo útil previsto, ni definir el tipo y alcance legal de la obligación que asume.

Además, el represamiento del agua para la produc-ción alimentaria implica:

• Afectación de la producción de bienes de consumo lo-cal y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.

• Disminución porcentual de la participación de pro-ducción agropecuaria local en el PIB regional (El mu-nicipio de El Agrado, perdería 30%)

• la destrucción de experiencias históricas significati-vas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso la Escalereta).

• la desarticulación de tejidos sociales con tradicio-nes históricas que tienen orígenes prehispánicos.

Sin notificar previamente a los municipios ni a ningu-no de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la licencia Ambiental, el presidente de la república mediante resolución número 321 del 1 de

septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléc-trico El Quimbo”. Con esta autorización Emgesa podrá reclamar “la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias” en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acor-dado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en gene-ral, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.

El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados -y nunca reparados- por la hidroeléctrica de Betania Huila de propiedad de Emgesa, ha creado un movimiento de resistencia, acompañado por Plataforma Sur, en de-

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


fensa del territorio, las comunidades locales, el río Magdalena, el agua, el Maci-

zo Colombiano y la biodiversidad que ha convocado foros, mesas de discusión,

debate en el Congreso de la república y participado en las discusiones convoca-

das por el Gobierno. Además, se han realizado diferentes manifestaciones tales

como las del 12 de febrero, día de la audiencia, y la marcha de campesinos desde

el municipio de Pital a Balseadero y en Neiva, el 5 de marzo, acompañados de

estudiantes universitarios y de secundaria.

la Audiencia Ambiental sobre el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, convocada

por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero en

el Municipio de Gigante, confirmó que este proyec-

to no es viable por los efectos negativos de diverso

orden que se han denunciado, particularmente, la

severa afectación de la seguridad y soberanía ali-

mentaria y la vulneración de los derechos humanos

y derechos fundamentales de los pobladores de la

región. la gran asistencia, más de 1500 personas, es

uno de los indicadores de la profunda preocupación

que existe por la ejecución del proyecto, en especial

en las comunidades directamente afectadas, como

en las organizaciones sociales y ambientalistas. Han

reconocido los delegados del Ministerio de Am-

biente, que las voces de oposición al proyecto son

mayoritarias y que sus argumentos son sólidos de

manera que no pueden ignorarse.

la audiencia fue así mismo un espacio importante para que en presencia de los or-

ganismos de control y de los medios de comunicación, las comunidades manifes-

taran las graves denuncias como Emgesa viene adelantado obras sin tener licencia

y presionando a los habitantes para que abandonen sus tierras. El Ministerio del

Medio Ambiente mediante resolución 227 del 11 de febrero de 2009 formuló car-

gos a la compañía, presuntamente por haber iniciado obras sin la respectiva licen-

cia ambiental.

la más elocuente de las respuestas a las críticas que los campesinos, académicos,

organizaciones sociales, ambientalistas y algunos líderes políticos y religiosos

del Huila hacen al proyecto, por afectar los ecosistemas e intereses nacionales y

regionales, es el anuncio de la entrada en operación del batallón especial ener-

gético N° 12 en la Jagua Huila, zona de influencia del proyecto hidroeléctrico

El Quimbo, con el único propósito de garantizar la seguridad a la multinacional

Endesa Emgesa.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Emgesa, apelando al viejo expediente de corromper a las élites y sobornar a las comunidades, provocó la firma de un convenio secreto que hemos denominado acta de capitulaciones comprometiendo al Gobernador del Huila y a los alcaldes de la zona directamente afectada a actuar en contra de los intereses regionales y particularmente de la mayoría de los participantes en la audiencia pública quienes expresaron el rechazo al megaproyecto.

El batallón energético en la Jagua –iniciativa del gobernador Jorge Sánchez- convertirá a la región-centro más pacífica del Huila en una de las zonas más militarizadas del territorio donde se generen graves riesgos de represión y per-secución contra los opositores del proyecto y las comunidades inermes y se acentúe el conflicto armado interno que padecemos. los estudios demuestran

que los megaproyectos impuestos en el país contra la voluntad de los ciudada-

nos han sido generadores de violencia, despojo, persecución, desarraigo de las

comunidades y muerte, como en los levantamientos

de los indígenas por la defensa del territorio –más

de 1200 asesinatos-, o lo que sucedió con la cons-

trucción de Urrá I.

la inversión de 142 mil millones de pesos de los re-

cursos públicos de toda la Nación, más de lo que

Emgesa ofrece como compensaciones por el control

del agua y de parte de nuestro territorio, para garan-

tizarle la seguridad al proyecto, equivale a reducir las

inversiones en solucionar problemas de salud, educa-

ción, empleo, vivienda, entre otros y, a incrementar la

rentabilidad de las multinacionales.

De igual manera, Emgesa, apelando al viejo expe-

diente de corromper a las élites y sobornar a las

comunidades, provocó la firma de un convenio

secreto que hemos denominado acta de capitula-

ciones comprometiendo al Gobernador del Huila

y a los alcaldes de la zona directamente afectada a

actuar en contra de los intereses regionales y par-

ticularmente de la mayoría de los participantes en

la audiencia pública quienes expresaron el rechazo al megaproyecto. la firma

del vergonzoso convenio era uno de los requerimientos básicos exigido por el

Ministerio de Ambiente a Emgesa para justificar el otorgamiento de la licencia

bajo el supuesto de haberse logrado la concertación entre los diferentes actores

sociales del Huila.

Mediante resolución 0899 del 15 de mayo, minambiente otorgó licencia ambien-

tal para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, es decir, se auto-

riza la desaparición y destrucción de una parte importante de la reserva Forestal

Protectora de la Amazonía, de la mejor zona agrícola del Departamento del Huila

y de la riqueza ictiológica propia del río Magdalena. Todos son daños ciertos, per-

fectamente conocidos y previsibles.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


414.p

hoto

buck

et.co

m/a

lbum

s/pp2

24/p

oliniz

acion

es

El propio estudio de impacto ambiental presentado por la empresa beneficiaria

de la licencia, reconoce los daños que el proyecto causará al ambiente y a las per-

sonas y la extensión de tales daños es prueba suficiente de que los conceptos

técnicos en los cuales se fundamentó la decisión de no solicitar un diagnóstico

ambiental de alternativas estaban equivocados.

Si los estudios determinaron tal nivel de daños, lo razonable era denegar tempo-ralmente la licencia y exigir a su peticionario la pre-sentación de alternativas, por lo cual Plataforma Sur solicitó, mediante recurso de reposición, se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir

del Auto No. 515 del 22 de febrero de 2008 que de-claró que el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, no re-quería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y en su lugar se ordene la presenta-ción de dicho diagnóstico.

Con esta actuación jurídica se pretende defender el derecho fundamental al medio ambiente, la protec-ción de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos, el agua, las comunidades y el río Magda-lena, razón por la ratificamos nuestro decidido com-promiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios

http://www.analitica.com/medioambiente/9807707.asp

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


La trampa de la globalización neoliberal, además de convertir la prestación de los servicios públicos en un muy lucrativo negocio privado y disparar las tarifas a niveles astronómicos, restringe la posibilidad de hacer inversiones estatales en este tipo de proyectos, al aplicar la exigencia del FMI, absurda por lo demás, de contabilizarlas como gasto público.

A medida que se conocen más detalles de la anun-ciada subasta para entregar en concesión, la cons-trucción, propiedad, operación, mantenimiento y posterior devolución de la hidroeléctrica Pesca-dero - Ituango, se va configurando una verdadera pesadilla.

Varias décadas se ha hablado del sueño de construir y poner en operación el mayor proyecto de genera-ción de energía de origen hidráulico de la historia del país (2.400 megavatios), que además es el de menor costo por megavatio (U$ 1’167.000), y el que puede producir a más bajo precio un kilovatio en el país (U$ 0,02); según los expertos, es uno de los más baratos del mundo. los promedios hablan de que construir y poner en funcionamiento una hidro-eléctrica puede valer U$ 2’500.000 por megavatio instalado, la generación de un kilovatio originado en planta térmica tiene un costo que ronda los U$

0,045, y en hidroeléctrica alrededor de U$ 0,03. Este mismo Kilovatio se vende al estrato 4, en Colombia a U$ 0,06.

El sitio para que semejante sueño se pueda hacer realidad está ubicado en nuestro departamento, y en el lugar en el que está concebido y casi totalmente diseña-do el hoy denominado Hidroituango. Este hecho desde luego lo convierte en un valioso patrimonio de todos los antioqueños, y consecuentemente de todos los colombianos. Pero también lo convierte en objetivo de los grandes inversionistas, cuyo afán al despuntar el sol cada día es encontrar dónde materializar el sueño de colocar sus capitales con la mayor tasa de ganancia posible.

los cálculos más pesimistas hablan de que desde el momento en que empiecen a funcionar las ocho turbinas generadoras, Hidroituango puede vender U$ 700 millones por año, sin contar los ingresos de otros U$ 15 millones al año por la asignación de Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. Con una rentabilidad mínima del 60%, los U$ 2.800 millones que cuesta el proyecto, más los costos fi-nancieros, pueden ser recuperados en diez años de operación.

“Batiscafo”:Hidroituango, un sueño convertido en pesadillaPor Jorge Gómez GallegoDiputado Asamblea Departamental de AntioquiaPolo Democrático Alternativowww.jorgegomezdiputado.org

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


carlo

sego

nzale

zc.b

logsp

ot.co

m/2

010/

04/m

i-ciud

ad

la trampa de la globalización neoliberal, además de convertir la prestación de los

servicios públicos en un muy lucrativo negocio privado y disparar las tarifas a ni-

veles astronómicos, restringe la posibilidad de hacer inversiones estatales en este

tipo de proyectos, al aplicar la exigencia del FMI, absurda por lo demás, de con-

tabilizarlas como gasto público. De esta forma, ni por la vía del endeudamiento,

ni por la de inversión de recursos propios, se le facilita al Estado, la posibilidad de

entregar a todos los colombianos el disfrute de este fabuloso negocio y desde

luego lo direcciona hacia los planes de negocios de

los monopolios globales.

Esta política, profundizada sin medida por el uribis-

mo, al punto de convertir la “confianza inversionista”

en artículo de fe, se agrava en Antioquia, y en este

caso particular, por la incidencia que en el proyecto

tiene la Gobernación de Antioquia, y su Instituto para

el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

la empresa promotora del proyecto Hidroituango

era de manera equilibrada propiedad del IDEA y las

Empresas Públicas de Medellín, tal vez la única em-

presa colombiana prestadora de servicios públicos

domiciliarios que se ha salvado, al menos en lo que

tiene que ver con su propiedad, 100% del Munici-

pio de Medellín, del vendaval privatizador. lo lógico

entonces era que EPM, por su experiencia, músculo

financiero y por su naturaleza pública, sacara ade-

lante el proyecto.

Sin embargo, en una operación de toma hostil de la

empresa promotora, el IDEA adquirió los derechos de accionistas minoritarios,

convirtiéndose en socio mayoritario (algo más del 52%), lo que le dio poder de-

cisorio en la Junta. Pero ese poder, contrasta con su escasa capacidad financiera,

ya que con apenas 388.000 millones de patrimonio (unos U$ 195 millones), no

tiene la más remota posibilidad de aportar el dinero suficiente para apalancar los

créditos requeridos para realizar el proyecto, en compañía del socio minoritario

EPM, que si la tiene.

El escenario ideal para adelantar el proyecto, se configuraría si los dos socios se

comprometieran a colocar el 40% del valor del proyecto con recursos propios, y

obtener uno o varios créditos por el restante 60%. Pero esto implica que el IDEA

coloque U$ 560 millones, que no tiene, ni va a tener en el corto o mediano plazo,

mucho menos si se tiene en cuenta el alegre manejo que la gerencia le da a ese

importante patrimonio regional.

Región donde se construirá la Hidroeléctrica de Hituango.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


los socios han hecho capitalizaciones de la empresa en proporción a su participación accionaria por 300.000 millones de pesos, y deberán incrementarlas este año a 560.000 millones. El IDEA tiene urgencia de recuperar los recursos invertidos, a los que hay que sumar los que empleó para hacerse al control mayoritario, cercanos a los $ 100.000 millones, pues si no lo hace, puede co-lapsar, además de colocar en grave riesgo la viabilidad fiscal del propio Departamento de Antioquia.

En cambio, Empresas Públicas de Medellín tiene un patrimonio superior a 16 billones de pesos (U$ 8.000 millones), una disponibilidad de caja cercana al billón de pesos (U$ 500 millones) y activos corrientes que se estiman hoy en un billón ochocientos mil millones de pesos (U$ 900 millones), es decir, no solo puede cargar con el proyecto, sino que lo que ha aportado hasta hoy no le hace cosquillas a su salud financiera.

Y es precisamente el desespero del IDEA, lo que hace que el proyecto esté en gra-ve riesgo de caer en manos de inversionistas extranjeros, pues en su condición de socio mayoritario ha precipitado la subasta, poniendo en competencia a EPM, única firma nacional precalificada, actualmente generadora de 2.574 Mw, con un consorcio coreano que certifica generación de más de 60.000 megavatios, con las Centrales Eléctricas del Brasil, propietarias de la gigantesca Itaipú, y generadora de casi 40.000 megavatios, y con la Corporación China de las Tres Gargantas, due-ña del mayor proyecto de generación del mundo con 18.200 megavatios, entre las hidroeléctricas; aparte de tres constructoras multinacionales de origen brasi-leño, con fuertes nexos con el capital financiero (Camargo Correa, Odebrecht, y Andrade Gutiérrez). Todos los competidores extranjeros de Empresas Públicas de Medellín la superan en lo que denominan músculo financiero.

¿Y qué es lo grave de que caiga en manos extranjeras? El gerente del IDEA res-ponde que como nos pagarán una prima, una regalía y nos devolverán la central operando en 35 o 40 años, será un excelente negocio. Pero eso significa que al menos el 50% de los beneficios económicos negocio se vayan al exterior, y esto en el evento, muy improbable por las experiencias conocidas, de que todo funcione como un relojito. Desde otro punto de vista, significa que el país dejará de percibir una suma calculada en U$ 12.000 millones de hoy, durante los próximos 50 años. Eso, en pesos de hoy, ¡son veinticuatro billones!

la última ocurrencia, hecha pública hoy por el Presidente Uribe, consiste en declarar zona franca la hidroeléctrica, lo que le sumaría gabelas tributarias enormes al inver-sionista extranjero, reduciendo en una suma aún difícil de calcular los ingresos nece-

La última ocurrencia, hecha pública hoy por el Presidente Uribe, consiste en declarar zona franca la hidroeléctrica, lo que le sumaría gabelas tributarias enormes al inversionista extranjero, reduciendo en una suma aún difícil de calcular los ingresos necesarios para atender las responsabilidades del Estado.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


sarios para atender las responsabilidades del Estado. Al doctor Uribe le conoce el país el gusto por los caballos finos, pero también su adicción a las zonas francas, so-bre todo cuando se trata de beneficiar a inversionistas extranjeros, y a algunos nacionales, especialmente si se trata de sus hijos.

Con razón importantes ex – alcaldes, ex – goberna-dores, dirigentes gremiales, columnistas, diputados, parlamentarios y expertos, han prendido alarmas sobre el tema, al punto que el doctor Juan Gómez Martínez le ha pedido al Gobernador que no se con-vierta en el Marroquín del siglo XXI, rememorando el vergonzoso despojo del canal de Panamá por Estados Unidos a principios del siglo pasado, y ha calificado la entrega de Hidroituango como un “crimen de lesa pa-tria”. Palabras mayores para calificar un proyecto que pasa aceleradamente de sueño a pesadilla.

carlo

sego

nzale

zc.b

logsp

ot.co

m/2

010/

04/m

i-ciud

ad

Municipio de Ituango.

Valorando como muy importante que las Empresas Públicas de Medellín sigan jugando como posibles ejecutoras y operadoras de la central hidroeléctrica de Itua ngo, y después de conocerse el “acuerdo de voluntades” suscrito el pasado sábado entre el ente municipal e Hidroituango, el corporado del POLO en la Duma departamental de Antioquia Jorge Gómez expresó su preocupación porque el pacto po-dría convertirse en una especie de “falso positivo”.

Al respecto, llamó la atención sobre tres aspectos que deben ser tenidos en cuenta para valorar y analizar el principal proyecto de desarrollo que efectivamente puede adelantar Antioquia en la ac-tualidad. Afirmó que “cualquier prima que se pague para acceder a la construcción, operación y explotación en concesión del proyecto, bien sea por parte de las Empresas Públicas de Medellín, o por un operador extranjero, será siempre, un anticipo a las utilidades, traídas a valor presente, pues primas del tipo pirámide especulativa, o negocio ma-fioso, no existen en el mundo de la economía real”.

Por esa razón, mientras mayor sea la denominada prima, “me-nores serán los rendimientos futuros, o mayor será el tiempo de con-cesión, y en consecuencia, mayores serán los recursos que, debiendo ser recibidos por las próximas administraciones, serán efectivamente recaudados y gastados por la de Luis Alfredo Ramos”, lo que a juicio del Diputado, se convertiría en un gasto de vigencias futuras.

De la misma manera ratificó su posición de que “un aparente mal negocio con EPM, siempre y en todos los casos, será mejor que un su-

puesto buen negocio con una empresa extranjera, pues por malo que se considere o publicite el primero, tendrá la garantía de que las utili-dades se quedarán aquí ; mientras que uno virtualmente extraordina-rio con un inversionista extranjero, por el ofrecimiento de una mayor prima o anticipo de utilidades, en todas las circunstancias implicará la salida del país de una cuantiosa suma de dinero”.

Concluyó el Diputado Gómez con un llamado a extremar la vigi-lancia ciudadana y popular sobre Hidroituango, pues nada está acor-dado, y lo único que existe es un conjunto de declaraciones ambiguas y de acuerdos que no obligan a nada, ni a nadie. “Podríamos estar frente a un nuevo falso positivo, de los que acostumbra la administra-ción departamental, campeona en aquello de ser vísperas de mucho, y día de nada. Su afán de recibir hoy unos dineros que necesita de manera apremiante, podría comprometer de manera irresponsable los futuros beneficios económicos del proyecto, y terminar en la ver-gonzosa entrega de este valioso patrimonio nacional a un operador extranjero”.

Comunicado Medellín, Julio 9 de 2010. [email protected] y [email protected]

1 Triste expresión con la cual se conoce el asesinato de jóvenes en Colombia, por parte de miembros del ejército nacional en supuestos combates, bajo la sindicación de ser guerrilleros. Estos hechos actualmente suman cientos de víctimas y por ello se han interpuesto acciones legales contra el Estado.

El “acuerdo de voluntades” sobre Hidroituango, ¿un “falso positivo”1?

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


la tierra siempre ha estado en constante cambio, de hecho la variabilidad climática es considerada como un fenómeno natural que hace parte del proceso de forma-ción y evolución que dio origen a la vida en el planeta. Sin embargo, en los últimos años, las actividades huma-nas asociadas a la profundización del modelo económi-co han incrementado sustancialmente la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) lo que afecta di-rectamente el clima y conlleva al aumento de las tem-peraturas, cambios en las precipitaciones, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos en el planeta. las consecuencias no solamente afectan el país donde se producen sino que son de carácter global.

De acuerdo al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),1 los principales GEI atribuibles a las ac-tividades humanas son: el óxido nitroso (N2O), el meta-no (CH4) y el dióxido de carbono (CO2)2 que se genera en gran medida por el consumo de combustibles fósiles como el petróleo y carbón, por quemas talas, uso de aerosoles, por cambios en el uso de la tierra, pro-cedimientos industriales, y por fenómenos naturales como las erupciones volcánicas. Parte de las emisiones son capturadas por sumideros naturales, pero éstos en el futuro no están en capacidad de capturar gran parte del aumento de gases producido de forma natural y aquellos provenientes del desarrollo económico.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC

Ante la gravedad del problema y con la finalidad de tener un marco legal que colocara límites a las emi-siones, se firmó el 1992 esta Convención, que tiene

¿Qué es el cambio climático?

Con la finalidad de tener un marco legal que colocara límites a las emisiones, se firmó en 1992 la Convención sobre el cambio climático, que tiene como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias inducidas por el hombre, peligrosas en el sistema climático.

1El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su nombre en inglés) fue creado en 1.988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La función principal del IPCC consiste en analizar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo.

2El segundo informe del Grupo intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC 2.007) determino que el dióxido de carbono representa el 57% de los GEI, pero éste no es el único gas de efecto invernadero también las concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han aumentado considerablemente desde mediados del siglo dieciocho, época del inicio de la revolución industrial, como consecuencia de la acción humana. Cfr Rodriguez B. Manuel y Mance Henry, en “Cambio Climático: lo que está en juego” (Bogotá), Noviembre de 2.009.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


como objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias inducidas por el hombre, peligrosas en el sistema climático. Este nivel deseable debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático; que se asegure la producción de alimentos, y que se logre que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Principios de la CMNUCC

la Convención se basa en los siguientes principios:

• Protección del sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras

• Responsabilidades comunes pero diferenciadas de las Partes,

• Principio precautorio según el cual la falta de total certidumbre científica no debería utilizarse para pos-poner las medidas de mitigación del cambio climáti-co cuando haya amenaza de daño grave

• Derecho al desarrollo sostenible de las Partes,

• Cooperación para la promoción de un sistema eco-nómico internacional abierto y propicio al crecimien-to económico y desarrollo sostenible de todas las Partes.

• Inventarios nacionales de emisiones antropógenas de GEI y de programas nacionales de medidas para la mitigación del cambio climático.

Países Anexo I y II

la cantidad de emisión de gases depende del grado de desarrollo de los países, y es por ello que la Convención en su artículo 4 recoge una serie de compromisos específicos para los países pertenecientes al llamado Anexo I. Estos países son: (i) países miembros de la OCDE; (ii) la Comunidad Europea y los países que están en proceso de transición hacia una economía de mercado. Estos países se compro-meten a: (i) limitar sus emisiones de GEI de origen humano; (ii) proteger y mejorar los sumideros de dichos gases y (iii) a coordinar los instrumentos económicos y administrativos elaborados para conseguir el objetivo de la Convención.

los llamados países del Anexo II (miembros de la OCDE y la Comunidad Europea) tie-nen tres compromisos adicionales: (i) proporcionar recursos financieros para el cum-

http

://elt

hot.fi

les.w

ordp

ress.

com

/200

9/11

/cont

amina

cion.

jpg

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


En 1997 durante la Tercera Conferencia se adoptó el Protocolo de Kioto, el cual está vigente desde el 2005, cuando se consiguió la adhesión del 51% de los países que producen la mayor contaminación. Este acuerdo desarrolla aspectos de la Convención, y establece limitaciones cuantitativas de las emisiones de los GEI para los países industrializados y aquellos en transición a economías de mercado.

plimiento de las obligaciones por parte de los países en desarrollo; (ii) ayudar a los países en desarrollo particularmente vulnerables a hacer frente a sus costos de adap-tación; (iii) facilitar la transferencia de tecnologías apropiadas a países en desarrollo.

Protocolo de Kyoto

En 1997 durante la Tercera Conferencia de las Partes (COP 3), se adoptó el Protocolo de Kyoto, el cual está vigente desde el 2005, cuando se consiguió la adhesión del 51% de los países que producen la mayor contaminación (países del Anexo 1). Este acuer-

do desarrolla aspectos de la Convención y establece limitaciones cuantitativas de las emisiones de los GEI para los países industrializados y aquellos en transición a economías de mercado.

De acuerdo con el Protocolo de Kyoto, los Países del Anexo I asumen el compromiso de reducir, individual o colectivamente, durante el quinquenio 2008-2012, al menos un 5,2% sus emisiones antropógenas de los seis GEI objeto de control con respecto a las emisio-nes de 1990. Y si se pretende superar los dos grados centígrados de aumento de la temperatura global, los países industrializados deben reducir sus emisiones al menos un 30% sobre los niveles de 1990 para el 2020 y llegar a una reducción del 80% para el 2050. Asimis-mo, se contempla que los llamados Países emergen-tes: Brasil, China, India, México, Sudáfrica, Indonesia, Malasia deben empezar a asumir compromisos de reducción de sus emisiones.

Mecanismos de Flexibilidad

En este instrumento se previeron los Mecanismos de Flexibilización o compensa-ción que no representan la reducción de emisiones, sino que permiten a los países industrializados o de economías en transición “comprar” reducciones realizadas en el exterior, lo que dio origen a los mercados de carbono y por lo tanto una sa-lida de éstos países para eludir cualquier cambio en sus propios usos energéticos y prácticas industriales.

• Comercio de Emisiones

• Aplicación Conjunta

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (artículos 17, 6 y 12 del Protocolo).

los dos últimos son los denominados mecanismos basados en proyectos, debido a que la reducción de las emisiones, resulta de la inversión en proyectos ambienta-les. Dichos proyectos están encaminados a: a) reducir las emisiones antropógenas

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


www.

mas

r.com

.mx/

wp-co

nten

t/uplo

ads/2

008/

07/g

reenp

eace

-bea

r.jpg

por las fuentes; b) incrementar las absorciones antropógenas por los sumideros de los gases de efecto invernadero.

Colombia

Colombia ratificó la Convención (CMNUCC) mediante la ley 164 en 1.994 y el Pro-tocolo de Kioto fue adoptado por la ley 629 de 2.000. Aún falta mucho para que el país enfrente el Cambio Climático, que el tema se coloque en la agenda nacional y que se convoque a los ciudadanos para ser parte de esa transformación. Y, por el contrario, existe una tendencia a que las agendas de desarrollo se orienten e impulsen servicios energéticos con destino a los paí-ses industrializados como China, India y rusia, que se privilegie la producción de biocombustibles, extrac-ción de recursos energéticos y explotación de hidro-carburos3, al mismo tiempo que se intenta contener el aumento de las emisiones del país.

la Primera Comunicación Nacional de Cambio Cli-mático en Colombia (2.001), documento que se exige presenten los países ante la comunidad inter-nacional sobre su contribución al cambio climático, señaló que de las emisiones globales de dióxido de carbono, el país emite el 0.25%, constituido en su mayor proporción a las siguientes fuentes: i) el consumo de combustibles fósiles, en las industrias de generación de energía, el sector transporte y la industria manufacturera alcanzan la fuente más alta porque comprenden el 28.38%, luego le sigue ii) las actividades ganaderas con el 19.55%; iii) las activida-des agrícolas constituyen el 17,36%; y iv) las actividades del cambio en el uso de la tierra y la silvicultura simbolizan el 14.73%.

De acuerdo con la primera comunicación, se estima que en Colombia habrá un incremento de 1 a 2 grados centígrados para el año 2.050, situación que alterará considerablemente el sistema de precipitaciones tanto en la región andina como en las costas pacificas y atlántica, por la ocurrencia de inundaciones, deslizamien-tos, incendios forestales, escasez de alimento y agua, todo lo cual pondrá en riesgo y afectará a las comunidades locales. En julio de 2010 se publicó la segunda Comunicación Nacional.4

Hay que recordar que Colombia después de Brasil ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo, y por con-siguiente resulta preocupante la pérdida de diver-

3 La integración comercial de Colombia se ha fortalecido con el interés de llegar al continente asiático vía región pacífica. De acuerdo con las proyecciones del DNP se generará un aumento de éstos países en la demanda en carbón, petróleo, minerales, recursos tropicales y otros bienes y servicios que pueden proveerse por Colombia y los demás países de Suramérica.

4 www.ideam.gov.co

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Las soluciones al cambio climático colocan la capacidad del planeta para regular el clima de mecanismos de oferta y demanda propios del mercado, que pretende modificar. La regulación se realiza mediante el mercado de emisiones, lo cual impide o retrasa un abordaje del tema que tome en cuenta alternativas al modelo que causa las alteraciones.

sidad de especies, que no logren adaptarse a la misma velocidad del cambio violento en el clima que implicará una gran alteración en la regulación del aire y el agua.

las prácticas industriales, agrícolas, de suministro de energía, entre otros, deben

asumir cambios estructurales que impliquen un compromiso real con la reduc-

ción de emisiones y no como se piensa en “que aquellos que contaminan pueden

pagar a otro para que se encargue de limpiar5”, por

el contrario debe impedirse que el dinero permita la

continuidad en la contaminación. la pregunta, es si el

modelo de desarrollo económico actual permite te-

ner cambios estructurales que permitan transformar

las actividades económicas y dar prioridad a la vida

en el planeta.

las soluciones al cambio climático colocan la capa-cidad del planeta para regular el clima de mecanis-mos de oferta y demanda propios del mercado, que pretende modificar. la regulación se realiza mediante el mercado de emisiones, lo cual impide o retrasa un abordaje del tema que tome en cuenta alternativas al modelo que causa las alteraciones.

Comercio de Emisiones

Permite a las Partes adquirir créditos de otras Partes

para alcanzar, de forma eficiente desde el punto de

vista económico, los compromisos adquiridos en Kyo-

to. los que reduzcan sus emisiones más de lo comprometido podrán vender los

créditos de emisiones excedentes a los países que consideren más difícil o más

oneroso satisfacer sus objetivos.

Aplicación Conjunta

Consiste en la inversión, de un País en otro País, en proyectos de reducción de emi-

siones o de fijación de carbono. El país inversor consigue así las unidades de reduc-

ción de Emisiones para cumplir con sus compromisos con el Protocolo de Kyoto, a

un precio menor del que le hubiese costado en el ámbito nacional.

los potenciales países receptores serán los países con economías en transición de

mercado, tanto por sus escenarios de emisiones, como por su estructura económi-

ca que hace atractivas las inversiones en ellos. Estos

países se beneficiarán de la transferencia de tecnolo-

gías limpias.

5 Gilbertson T. y Reyes O. El mercado de emisiones como funciona y por qué fracasa. La Paz – Bolivia, pág 13.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Mecanismo de Desarrollo limpio (MDl) permite la inversión en proyectos de reduc-ción de emisiones o de fijación de carbono de un País en un País no incluido. Y el País recibe los créditos de reducciones Certificadas de Emisiones (rCEs, más conocidos por sus siglas en inglés CErs) del proyecto, que utiliza para alcanzar los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto.

Objetivos MDL

El país inversor hará uso de los créditos para alcanzar sus objetivos de reducción y limitación de emisiones.

El proyecto ha de contribuir al desarrollo sostenible del país huésped y a alcanzar el objetivo de la Convención de Cambio Climático que es la estabilización de las emi-siones de gases de efecto invernadero.

Desde el Protocolo de Kyoto (2004) hasta hoy han llegado a la Junta Ejecutiva del MDl más de 300 pro-yectos, y para el año 2012 se estima en más de 570 mi-llones el número de reducciones Certificadas de Emisiones.

Tipologías de proyectos

• Implantación de energías renovables

• sustitución de combustibles fósiles y la mejora de la eficiencia ener-gética.

• reducción de gases en procesos de la industria química, actividades agrarias, procesos de fabricación, de tratamiento y disposición de residuos, y con el trata-miento de emisiones fugitivas.

• Y en camino de registrarse, se encuentran proyectos enmarcados en actividades de forestación y reforestación, uso de solventes, construcción, transporte, trata-miento de metales, minería y distribución de energía.

Por ahora, este es el único mecanismo del que pueden participar los países en “vía de desarrollo” para comercializar los Certificados de reducción de Emisiones (CEr´s). Sin embargo éste mecanismo no ha demostrado la disminución de los GEI a nivel global, sino que ha trasladado la contabilidad de las emisiones por medio de la venta de compensaciones de un lugar a otro (países industrializados a países en vía de desarrollo), sin que se haga una reducción efectiva. En un estudio de caso de proyectos en Tailandia, India, Indonesia y Brasil6, se demuestra que por medio de éste mecanismo y el sistema de créditos, al contra-rio lo que se ha incrementado son las emisiones de 6 Para profundizar revisar Gilbertson, Op. Cit. Capítulo 4.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


CO2, al permitir que las empresas de los países industrializados excedan su tope o nivel máximo de emisiones.

En la actualidad existe una desigual distribución regional de los proyectos MDl, puesto que el 75 % de los proyectos están concentrados en solo cuatro países: China, India, Brasil y México7.

En Colombia el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es la Autori-dad Nacional Designada (AND) para decidir sobre el MDl, actualmente están regis-trados 146 proyectos MDl a nivel nacional, de éstos tan solo 54 tienen aprobación, únicamente 23 se encuentran registrados ante Naciones Unidas y sólo 7 tienen CEr´s8.

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, interesada en obtener la apro-bación nacional de un proyecto, debe presentar al Grupo de Mitigación de Cambio Climático del MAVDT el Documento de Diseño del Proyecto (PDD por sus siglas en inglés) y cumplir con las siguientes fases:

los proyectos MDl del país se encuentran distribuidos en cinco sectores: i) los proyectos industriales ocupan el mayor número de proyectos se han presentado 52; ii) energía en segundo lugar figura con 39 proyectos, y le siguen; iii) residuos 26; iv) forestal 16; y v) transporte 15, como se evidencia en el gráfico.

Es pertinente mencionar que los proyectos MDl, señalados anteriormente, pueden ser negociados y transados en dos mercados: (i) los de Kyoto, y (ii) los voluntarios, que son mayores que los primeros. los mercados voluntarios se subdividen a su vez, en dos: a) límites máximos de emisiones e intercambio, jurídicamente vinculante; y b) el mercado más abierto no vinculante y al detal9.

Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques – REDDEl informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) publicado en el año 2.007, estimó que el cambio de uso de la tierra generadas por la deforestación tropical era res-ponsable de un 20% las emisiones asociadas. Así las cosas, la creación y definición del mecanismo rEDD

Ciclo de Proyecto del MDL

Formulación Validación

Aprobación

Registro Monitoreo VerificaciónCertificación

ExpediciónRCE

Fuente: MAVDT. 2004

7 Colombia es el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL registrados ante la ONU, y el número 11 del mundo

8 Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, en la exposición “cambio climático, contexto general y posición de Colombia”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 7 abril de 2.010.

9 Ortega-P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas (eds.) 2010. Deforestación Evitada. Una Guía REDD + Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Conservación Internacional; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); The Nature Conservancy; Corporación Ecoversa; Fundación Natura; Agencia de Cooperación Americana (USAID); Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y Fondo para la Acción Ambiental. Bogotá. Pág 19.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


nace con el propósito de remunerar económicamente a los países poseedores de los bosques que mantengan su rendimiento. Este mecanismo es aceptado como uno de los más baratos para mitigar el cambio climático en comparación con la conversión hacia energías renovables, o más claramente visto como “la inclusión de los bosques como crédito para el mercado de carbono”.

Aunque aún en el país no se han aprobado proyectos dentro del mecanismo rEDD, conviene recordar que en Colombia cerca de la mitad de los bosques son reco-nocidos formalmente como propiedad colectiva de pueblos indígenas y comu-nidades afrodescendientes. Dada esta calidad, son esos pueblos y comunidades actores necesarios para escoger cuáles son los instrumentos que más les convie-nen, quienes deben evaluar los efectos directos que tendrá esta lógica económica, la cual conducirán a estos territorios a nuevos actores, nuevas dinámicas locales y un nuevo marco legal de acceso, control y tenencia de la tierra. Cabe preguntar-nos ¿Qué pasará con estos pueblos y comunidades que son los propietarios de los bosques donde habitan? Su inclusión dentro de las discusiones de mecanismos que mitiguen, o de adaptación al cambio climático, parece indispensable.

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Documento téc-nico V “Cambio Climático y Biodiversidad”, abril de 2.002.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Estrategias de reduc-ción de incertidumbre de las variables básicas en la estimación de gases de efecto inverna-dero (GEI), julio de 2.006, Colombia.

Gilbertson T. y Reyes O. El mercado de emisiones como funciona y por qué fracasa. la Paz – Bolivia

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desa-rrollo Territorial MAVDT, en la exposición “Cambio climático, contexto general y posi-ción de Colombia”, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 7 abril de 2.010.

Ortega-P., S.C., A. García-Guerrero, C-A. Ruíz, J. Sabogal. & J.D. Vargas (eds.) 2010. Defores-

Bibliografíatación Evitada. Una Guía rEDD + Colombia.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-

llo Territorial; Conservación Internacional;

Fondo Mundial para la Naturaleza (wwF);

The Nature Conservancy; Corporación Eco-

versa; Fundación Natura; Agencia de Coo-

peración Americana (USAID); Patrimonio

Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas

Protegidas y Fondo para la Acción Ambien-

tal. Bogotá.

Moreno Camila. Amigos de la Tierra Brasil. rEDD y

el futuro de los bosques: una opción por el

ambientalismo de mercado?. Porto Alegre –

Brasil, 2.010ibución al calentamiento global

del planeta expresado en porcentaje. Nota:

las áreas son proporcionales a las emisiones

históricas de CO2 de 1990 a 1999 provenien-

tes de la utilización de combustibles fósiles.

Fuente: World Resources Institute, 2002.

Juli

o d

e 2

01

0 N

º 5

IM

PA

CT

OS


Guia para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros elaborado por La Alianza Mundial de Derecho Ambiental, en español

http://www.elaw.org/mineros-eia-guia

Guia a Informe Libre, Previo e Informado elaborado por Oxfam Australia (disponible en ingles)

http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAUs-GuideToFreePriorInformedConsent-0610.pdf

bogotá, julio de 2010 - ilsa.org.co · nia peruana y de ellas sólo la del río inambari sería la...

Documents