10A EL NUEVO SIGLO MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO DE 2020 OPINIÓN10A EL NUEVO SIGLO MIÉRCOLES 5 dE fEbRERO dE 2020

Jaime Pinzón López

“Es imperioso para garantizar los

derechos”

OPINIÓN

Este episodio político-penal, de las elecciones del 2018 y dramatizado

por la condena impuesta a Aída Merla-no y por su teatral fuga para liberarse de la pena impuesta por el delito im-putado: corrupción electoral y ahora su captura en Venezuela, ejecutada en razón de que estaba identificándose con un documento falsificado, para re-fugiarse, actitud con la cual procuraba su residencia clandestina en el país de los vecinos.

La autoridad colombiana, afana-da por su extradición, demanda al señor Guaidó, presidente ad-hoc de la República Bolivariana, en ejercicio de la supuesta potestad que ejerce en rivalidad con el desacreditado Maduro, ordene la extradición de la desertora para que sufra la repren-sión impuesta y de la cual se evadió astutamente. Esta intención ha sido severamente criticada por su impro-cedencia.

Muchos conceptos emitidos a este respecto: hay quienes sostienen que esta aspiración ningún sentido lógico tiene, pues el señor Guaidó es un presidente imaginado que poder real no ejerce en ese Estado. Otros, más realistas, concluyen que la señora

Merlano deberá pagar la pena que le corresponde padecer por el delito cometido en esa nación y, de otra parte, porque será una disculpa de la autoridad para justificar su re-chazo a lo que el Dux Iván pretende, desconociendo el mandato del su contrincante.

En medio de ese episodio otros rezan para que ella no vuelva al país y porque su presencia los aterra en la medida en que decida ella contar todo lo que sabe acerca del negocio electoral que dio pie para que la juzgaran. Y porque se sabe, y es una hecho notorio que no exige prueba individual, que muchas campañas políticas en este país no dependen, exclusivamente, de las ideas y ca-lidades de los candidatos. Lo que promueve y asegura el triunfo es la inversión económica, trueque que se

traduce en la elección del aspirante que cuenta con el pago económico de quien, luego, habrá de pasarle las cuentas del dinero otorgado a su cliente político. Dinero que se invierte en el medio popular, bien pagando la publicidad para convencer o, sim-plemente, haciendo una publicidad -negocio- directamente.

Son contados en los dedos de las manos los que logran su éxito simple-mente por sus calidades personales. Un alumno, al que mucho aprecio por sus méritos y valores éticos, se lanzó a una candidatura de edil, y únicamente contaba con $15 millones para su campaña, por supuesto nada consiguió. Quien triunfo lo alcan-zó invirtiendo $200 millones. Esto es algo que demuestra que el dinero es el éxito y no los discursos y argumentos políticos reales.

Los cómplices de la Merlano son miles de miles; los que vendieron el sufragio y principalmente los que fi-nanciaron la campaña; y no solamen-te a ella la apoyaron en ese sentido, esa es una vieja costumbre en este país. Desde los presidentes hasta los alcaldes se valen de ese medio: para comprar votos y hacer propaganda.

Sin querer decir que es el delito de mayor impacto social, uno de los

crímenes que más aterra a los ciuda-danos de bien es el atraco, por ser un hecho sorpresivo, alevoso y conmi-natorio, tan grave e impresionante que los medios de comunicación muestran cifras estadísticas, donde la integridad física de las víctimas en la mayoría de los casos es vulnerada de manera fatal, generando a la vez una conmoción de grandes proporciones, tanto en la víctima del delito, como en sus entornos familiar, laboral y social.

Sobre el tema se han adelantado varios debates entre profesionales y expertos en seguridad ciudadana, sin lograr consenso que conduzca a la ex-tirpar este flagelo en la sociedad. Han esgrimido como primera alternativa el consejo un poco manido de evitar caer en el atraco, manteniendo un ni-vel de alerta en los desplazamientos y el entorno de sus actividades cotidia-nas, recomendación valedera hasta el punto de lograr comprometer al ciudadano con su propia seguridad, pero limitándolo en el diario vivir, obligándolo a recapacitar sobre la

responsabilidad de velar por la vida y bienes de las personas que le cabe a las administraciones e instituciones.

Por lo anterior, entendemos que se deben implementar planes y pro-gramas sostenibles en el tiempo y medibles con temprana frecuencia, para prevenir y eliminar esta patolo-gía social, estrategias que demandan compromisos bilaterales de ciuda-danos con autoridades de todo nivel.

La ciudad, no sobra recalcarlo, debe concebirse para uso y disfrute del ciudadano, con una organización cívico social que permita detectar y atender con prontitud los clamores de auxilio o apoyo provenientes de la ciudadanía, una ciudad iluminada en las noches y aseada en las mañanas, con un tránsito organizado, controla-do y reconocido. Es decir, una ciudad

amable y segura, donde se respete la autoridad policial y se ejerza una pronta y efectiva justicia. Una socie-dad comprometida y cohesionada que presente a la delincuencia un frente único de lucha, porque de lo contrario las autoridades estarán sin respaldo y los criminales acorralarán al ciudadano desprevenido.

Escribo esto porque somos una sociedad incapaz de unir esfuer-zos para combatir la delincuencia. ¿Cómo es posible que un ciudadano que cae en manos de unos atraca-dores, y teniendo la posibilidad de ejercer su legítima defensa utilizando un arma, hoy enfrente voces que lo sindiquen de aplicar la pena de muerte antes de la legítima defensa, sagrado derecho que todo ser tiene? No es posible que de este caso se cai-ga en recursos políticos o leguleyos, para sacar partido de la situación que, lógico, se debe investigar y aclarar, pero por las autoridades. No es saludable abrir debate sin la in-formación necesaria y mucho menos condenar sin sustento; esa posición lejos de desanimar delincuentes, los envalentonará.

COLOMBIA Y VENEZUELA

Relaciones consulares

Sería bueno que el régimen de Nicolás Maduro hubiera terminado, pero hay realidades. A pesar

del reconocimiento de la presidencia interina de Juan Guaidó, de la posición de muchos Estados, es Maduro quien ejerce el poder, de manera abusivo, pero lo ejerce.

Colombia y Venezuela son pueblos hermanos, a través de la historia de una y otra parte, por diferentes motivos se han producido migraciones, cuentan con 2.000.000 de kilómetros de frontera, cinco millones de migrantes entre los dos, grupos de delincuentes que se desplazan de un lado al otro, la movilización actual constituye grave problema humanitario, de tránsito, comercio, salud, empleo, corresponde darle tratamiento bilateral adecuado.

Lo concerniente a pasaportes y visas, apostillada de documentos, asuntos que no pueden omitirse son motivo de preocupación para millones de venezola-nos y colombianos. Si bien es cierto que fue Maduro quien determinó romper relaciones, expulsar a nuestros funcionarios consulares acreditados, tal decisión no debe prolongarse, cada día las dificul-tades aumentan con una crisis por cuantificar.

Hasta Estados Unidos y Cuba, que ahora tienen legaciones formales, durante años sostuvieron abiertas oficinas para el trámite de elementales diligencias de norteamericanos y cubanos; hubo, en tiempos de la Guerra fría, teléfono rojo entre el Kre-mlin y la Casa Blanca; China jamás ha reconocido a Taiwán, sin embargo, el tránsito de ciudadanos de ambos países está regulado; en medio de la Guerra de las Malvinas de Argentina y Gran Bretaña el flujo de viajeros continuó; en la actualidad naciones europeas se ven obligadas a aceptar migraciones.

El Grupo de Lima reconoce como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, con el paso del tiempo los avances desarrollados tendientes a conseguir una salida democrática a la crisis no se concretan, la figura del mandatario provisional se ha vuelto sim-bólica, la comunidad internacional quisiera apertu-ra, realización de elecciones libres, el cumplimiento de los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos, lo cual no es factible a corto plazo y las declaraciones de buenos deseos gustan pero distan de servir de ayuda a ciudadanos urgidos de facilidades familiares y sociales, de aliviar su carga existencial.

El señor Maduro menciona la necesidad del intercambio consular, el presidente Iván Duque argumenta que hay muy pocas garantías para la prestación de servicios, intuye que la captura de la ex congresista Aída Merlano se quiere aprovechar para afectar a Colombia, en eso le asiste razón, pero se trata de un tema coyuntural, compartimos el rechazo a la dictadura, no obstante, porque esto se encuentra por encima de ideologías y posiciones de gobierno, reabrir relaciones consulares es im-perioso para garantizar derechos. La proliferación de indocumentados, la incertidumbre en cuanto a residencia, a su futuro, merece consideración. Las relaciones de gobiernos están rotas, no la de pueblos que han convivido y lo seguirán haciendo fraternalmente.

Fernando Navas Talero

“Quien esté libre de culpa que tire la primera

piedra”

Gral (r.) Ernesto Gilibert

“Sociedad no une esfuerzos para combatir delincuencia”

PRISMA

La defensa ante el atraco

BITÁCORA DE LA METAMORFOSIS

Los cómplices de la Merlano