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LA PARTICIPACIN POLTICA ELECTORAL DE LOS PUEBLOS INDGENAS EN EL PER 1

1

PROYECTO DE SISTEMATIZACIN

DE LA INFORMACIN EXISTENTE

SOBRE LA PARTICIPACIN

ELECTORAL DE LOS PUEBLOS

INDGENAS EN EL PER

INFORME PRELIMINAR

DOCUMENTO DONDE SE PLANTEA EL

MARCO LEGAL NACIONAL E

INTERNACIONAL DE LA

PARTICIPACIN POLTICO-

ELECTORAL DE LOS PUEBLOS

INDGENAS DE PER

2013


2

Jurado Nacional de Elecciones Direccin Nacional de Educacin y Formacin Cvica y Ciudadana

PROYECTO DE SISTEMATIZACIN DE LA INFORMACIN EXISTENTE SOBRE LA PARTICIPACIN ELECTORAL DE LOS PUEBLOS INDGENAS EN EL PER

Elaboracin de contenidos: Manuel Valenzuela Marroqun y David Velsquez Silva Aportes y coordinacin: Enith Pinedo Bravo


3

BALANCE DE

LEGISLACIN

INTERNACIONAL SOBRE

EL TEMA INDGENA


4

ndice

Legislacin Internacional

Primera etapa la Colonia

Conquista europea y derecho de gentes

Segunda etapa siglos XX y XXI

Legislacin Nacional

Repblica de indios y repblica de espaoles

La legislacin electoral durante el perodo de las cortes de Cdiz (1812-1815)

Los indgenas en la vida poltica republicana durante el siglo XIX

Los indgenas y la definicin de la ciudadana en las normas del siglo XIX

El fin de las elecciones del modelo gaditano: la reforma electoral de 1896 y la exclusin de

los analfabetos del sufragio

La legislacin electoral de finales del siglo xix e inicios del siglo XX

La legislacin de las ltimas cinco dcadas

El gobierno de Juan Velasco Alvarado y la reivindicacin indgena andina

La constitucin de 1979: el voto universal y el retorno a la democracia

Las cuotas electorales y otras normas sobre la participacin de los indgenas


5

Legislacin

Internacional


6

Primera etapa La Colonia

Para el tratamiento de la legislacin internacional en torno a los indgenas,

daremos inicio a este documento con algunas referencias sobre el Iusnaturalismo

y su influencia en el pensamiento de algunos personajes renombrados de la

academia colonial, toda vez que es considerado como el punto de partida del

posterior desarrollo de lo que deriv en el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos.

En efecto, la fuerza del Iusnaturalismo racional en el siglo XVI permiti un

viraje en la comprensin de los derechos del hombre al reclamar que stos eran

derechos estrictamente individuales. Como parte de un proceso, este estadio no

fue fcilmente aceptado por los seguidores de la otra vertiente iusnaturalista, la

teolgica, y ello por los sujetos sobre los que gira precisamente este documento.

Como sostiene Alexander vila, uno de los principales conflictos del siglo XVI


7

que incidi en el cambio de posturas en el iusnaturalismo tuvo que ver con el

problema de lo indgena. (vila 2012:108) Incluso finalizado este proceso,

debe tambin recordarse que en el siglo XX esta corriente recibi fuertes crticas

del positivismo normativista kelseniano. No obstante, tampoco hay que olvidar

que despus de la Segunda Guerra Mundial, dado el consenso en reconocer el

valor del ser humano, se hicieron fuertes las corrientes preocupadas por dotar de

fundamentos racionales a la doctrina de los derechos humanos, con lo que el

Iusnaturalismo retom vigencia.

Si bien no es objeto de este documento analizar el proceso desarrollado desde

el Derecho de Gentes hasta lo que hoy se conoce como Derecho Internacional

de los Derechos Humanos, s resulta conveniente realizar un repaso que d

cuenta de los principales hitos que han marcado la relacin con los pueblos

indgenas desde la conquista europea, toda vez que es justamente a partir de esa

evolucin, en la que protagonistas han sido los indgenas mexicanos y

peruanos, que hoy se tiene al Derecho Internacional de los Pueblos Indgenas.


8

Conquista europea y derecho de

gentes

En efecto, es interesante verificar que buena parte de la literatura atribuye el

surgimiento, o al menos el fortalecimiento del Derecho de Gentes, a la influencia que

desde el siglo XVI marcaron los frailes dominicos Francisco de Vitoria y Bartolom

de las Casas. De esta manera, se ha atribuido a sus ideas dar lugar al nacimiento del

Derecho Internacional moderno, e, incluso, la aparicin de los primigenios cimientos

de la idea de derechos humanos en el sentido de principios generales vlidos tanto

para los ciudadanos europeos como para los recin conocidos indgenas del Nuevo

Mundo, fundamentando la libertad y la dignidad de todo ser humano. Esta

verificacin justifica que el estudio del tratamiento jurdico internacional de los

pueblos indgenas, aun cuando puede enfocarse en la legislacin plasmada en

tratados y convenios adoptados por diversos Estados, no deje de partir de la


9

conviccin acerca de la trascendencia de la llegada europea a Amrica y la

importante discusin jurdica a que dio lugar.

Como parte de esta discusin se formaron dos grandes bloques entre los pensadores

europeos de la poca: Uno en el cual se consideraban justos los ttulos que posean en

el Nuevo Mundo, en tanto se basaban en valores universales de Occidente; y otro

posterior que defenda la condicin humana de los indios, hacindolos sujetos de

derecho pese a que no fueran creyentes. Rescatando que los referidos dominicos

coincidieron en considerar, por ejemplo, que los nicos propietarios de ese mundo

nuevo eran los indios nativos y que la funcin de los espaoles en dichas tierras era

convertirlos a la fe catlica, no olvidemos tampoco que la empresa de la conquista

tuvo un fuerte sentido de cruzada, orientada a ganar territorios y almas para la

religin universal, y que las bulas alejandrinas estuvieron dirigidas a darle

legitimidad, justificando la gentilidad de los indgenas la conquista por los

cristianos1.

La temtica de los estudios de Francisco de Vitoria se ha extendido hasta lograr en la

actualidad cierta vigencia. Y es que el anlisis de la guerra, el trnsito de personas,

las aguas territoriales, etc. siguen constituyendo temas de discusin contempornea.

No obstante, lo que interesa ms en este documento es el discurso contenido en su

Relectio de Indis, pues funda el dominio en un principio intrnseco de la naturaleza

humana, preguntndose el profesor salmantino si los indios eran dueos de s o s

requeran de otros para organizarse. Para dar respuesta a esta interrogante, tal como

1 El papa Alejandro VI otorg a los Reyes Catlicos el reconocimiento de la posesin de los territorios

descubiertos y por descubrirse en el Nuevo Mundo, a cambio de la catequizacin de los conquistados.


10

sostiene Virginia Aspe2, el autor inserta la discusin en una cuestin antropolgica:

si el dominio es un derecho humano, en qu se sustenta este dominio, y, cmo es que

el dominio puede perderse entre los hombres. De cualquier forma, lo relevante en la

Relectio radica en que Vitoria coloca la capacidad de dominio como algo por

naturaleza en todos los hombres, siendo as su gran contribucin una nocin de

derecho subjetivo que establece diferencia con los seres irracionales.

Ahora bien, pese a estas consideraciones, el dominico en realidad cuestion la

capacidad de los indios para comprender la verdad evanglica y dej en la mesa la

carta de la compulsin [] para propagar la fe.3 De este modo, la educacin

propuesta no estuvo exenta de matices civilizatorios en la que adems de la

conversn a la fe cristiana buscaba, para mejor garantizar aqulla, su adaptacin a

las costumbres europeas.4 Puede entonces advertirse que en el discurso de Vitoria

primaba un componente etnocntrico, razn por la que, autores como Francisco

Castilla5, han llegado a afirmar que la Relectio de Indis no tena otra finalidad que

mostrar la legitimidad del dominio de las tierras americanas por los reyes de Espaa.

Complementada pues la llamada tica de la Conquista con lo que algunos

pensadores creen es un hito en la consideracin de ciertos derechos de los indios (es

decir, el rechazo de ttulos esgrimidos hasta ese momento para justificar el dominio

espaol), no debe quedar tampoco duda de que son diversas las variantes que se

perciben en el desarrollo terico del maestro de Salamanca: Al lado de su aporte en

el asentamiento de las bases para el reconocimiento, lento quizs, pero latente, del

2 ASPE ARMELLA, Virginia. Del Viejo al Nuevo Mundo: el trnsito de la nocin de dominio y derecho

natural de Francisco de Vitoria a Alonso de la Veracruz. Revista Espaola de Filosofa Medieval, N 17, 2010, p. 145. 3 Op. Cit., p. 146.

4 CASTILLA URBANO, Francisco. Francisco de Vitoria: una biografa de sus ideas polticas y religiosas.

Revista de Filosofa, N 36, 2000-3, p. 10. 5 Op. Cit. Loc. Cit.

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11

otro6, eje primigenio de la idea de derechos humanos -entendidos como facultades

genricas aplicables a europeos y aborgenes-, se encuentra la certeza de que siempre

parti de lo que consideraba ms idneo para la tarea de evangelizacin7.

En lo que concierne a Bartolom de las Casas, debe decirse que lo caracterstico en l

fue que fund los derechos de los indios en el iusnaturalismo racionalista.

Reconociendo, al igual que Francisco de Vitoria, que los indgenas americanos, aun

fueran pecadores, eran los dueos reales de las tierras que ocupaban los espaoles,

debe resaltarse que su pensamiento no se mantuvo esttico debido a sus constantes

viajes al Nuevo Mundo, llegando a admitir, a diferencia del dominico universitario,

que las sociedades ah asentadas constituan verdaderas construcciones polticas

merecedoras de respeto. De esta forma, la evolucin en su pensamiento se muestra

primero por un consentimiento en el sometimiento de los indios, si bien pacfico, y

despus ya por una condena de la imposicin de un gobierno, aun cuando fueran

convertidos, partiendo para ello de una toma conciencia por la injusticia del sistema

de la encomienda, intentando incluso combatirlo. De esta manera puede apreciarse la

superacin a Vitoria cuando al referirse a la guerra declarada a los indios, asevera

que sta siempre ser injusta y tirnica por motivos de religin []8. De ah su

fundamental defensa con la propuesta y posterior concrecin de la figura jurdica

llamada Protector de Indios.

6 La comparacin es poco real si nos enfocamos en la idea actual de los derechos humanos, esto es,

como una serie de declaraciones polticas de carcter liberal individualista, y solo a partir del siglo XIX, de tipo ms social y econmico de cara a matices ms colectivos. 7 Para Virginia Aspe, Fray Alonso de la Veracruz es con quien efectivamente se est en el umbral del

incipiente desarrollo del ulterior tema de los derechos humanos, pues su va intermedia permite comprender variaciones esenciales en la ley natural por la pluralidad de culturas y usos entre los pueblos. De ah que sostenga que su aporte en el tema de los derechos humanos y del multiculturalismo (sic), sea fundamental. Op. Cit., p. 152. 8 SUREZ ROMERO, Miguel ngel. La situacin jurdica del indio durante la conquista espaola en

Amrica. Una visin de la incipiente doctrina y legislacin de la poca tendente al reconocimiento de derechos humanos. Revista de la Facultad de Derecho de Mxico, N 242, 2004, p. 242.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6709http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=115349


12

Con sus escritos, incluyendo a Historia de las Indias y Brevsima relacin de la

destruccin de las Indias, Bartolom de Las Casas muestra su proclividad al

iusnaturalismo racionalista en tanto se centra en la nocin de persona como ser

dotado de razn, libre y responsable por naturaleza y, por lo mismo, sujeto de

derechos y deberes. Como parte de ello, pretende demostrar la naturaleza humana

del indio y su concomitante dignidad [] (permitindole) abrir caminos para lo que

se conocer como Derecho Indiano [] (en el que) no hay lugar a la servidumbre

natural y, en consecuencia, se deber entender que los indios son seres humanos

titulares de derechos, en plano de igualdad respecto a sus congneres, incluyendo a

los espaoles.9 Es as como el fraile llega incluso a hacer referencia a que los

nativos americanos merecan autogobierno.

Sin profundizar en las diferencias entre las demandas de los dos dominicos espaoles

que aqu se han abordado, se resalta que ellas hicieron eco en los odos de Carlos I, y

como consecuencia de ello se promulgaron, en 1542, las nuevas leyes de Indias, las

cuales prohiban la esclavitud de los indios y se ordenaba que todos quedaran libres

de los encomenderos y fueran puestos bajo la proteccin directa de la Corona. Ahora

bien, aun cuando la aparicin de estas nuevas leyes no solucionara el problema de los

indios, fue el primer intento en procura de conseguir la persuasin sobre los

derechos de los nativos de Indias.10

9 VILA MARTNEZ, Alexander. Op. Cit., p. 111.

10 Ibid. Loc.cit., p. 110.


13

Segunda etapa Siglos XX y XXI

El marco jurdico internacional que envuelve actualmente el tratamiento sobre los

pueblos indgenas se concentra en dos instrumentos: El Convenio No. 169 Sobre

Pueblos Indgenas y Tribales en Pases Independientes, de la Organizacin

Internacional del Trabajo, en adelante C169 OIT, y la Declaracin de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, aprobada por la Asamblea

General en setiembre de 2007, en adelante la Declaracin de 2007. Sobre el primero

debe decirse que es el mayor esfuerzo adems, aceptado internacionalmente- en la

determinacin de los criterios de identificacin de los pueblos indgenas11

. En cuanto

al segundo, como sostiene Marco Aparicio, su aprobacin constituye un hito no solo

poltico sino tambin jurdico de importantes dimensiones porque, en trminos

generales, representa la plasmacin de derechos colectivos que irrumpen con fuerza

en el universo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos12

11

El Convenio no define qu son pueblos indgenas y tribales sino que describe los pueblos que pretende proteger (Artculo 1). 12

APARICIO WILHELMI, Marco. Los derechos polticos de los pueblos indgenas en la Declaracin de Naciones Unidas". En: Berraondo, Mikel (Coord.). La Declaracin sobre los derechos de los pueblos indgenas. Punto y seguido. Barcelona: Alternativa, 2008, p. 42.


14

Ahora bien, en la medida de que, aun con la carencia de definiciones aceptadas

uniformemente, rige un tratamiento jurdico internacional para ciertas minoras,

algunos estudiosos -afirma Rodolfo Stavenhagen13

- estiman que los derechos de los

pueblos indgenas deben ser considerados en el marco de los derechos de los grupos

minoritarios. Sin embargo, como este mismo autor argumenta, los pueblos indgenas

reclaman que su situacin no es comparable debido principalmente a dos razones:

porque son acreedores de derechos histricos dado que su presencia en el Estado

respectivo es anterior a la formacin de ste, caracterstica que no necesariamente

comparten con otras minoras (por ejemplo, grupos tnicos inmigrantes); y, porque

fueron sometidos por invasin, colonizacin o conquista habiendo constituido una

mayora numrica, por lo que demandan la restitucin de derechos perdidos y no la

proteccin de derechos concedidos. El destacado socilogo agrega que frente a las

normas sobre minoras, oscuras, indeterminadas y elaboradas atendiendo al contexto

europeo, rige en la actualidad lo que se denomina el Derecho de los Pueblos

Indgenas. En similar sentido se manifiestan otros autores al sostener que estos

pueblos tienen un rgimen jurdico propio, desarrollado precisamente en el seno de la

OIT y en la Declaracin de 200714

, pudiendo incluso ir ms all de las normas del

13

STAVENHAGEN, Rodolfo. Los derechos de los indgenas: algunos problemas conceptuales. En: Nueva Antropologa. Revista de Ciencias Sociales. No. 43, 1992, p. 94. 14

De acuerdo con Bartolom Clavero, hasta antes de la entrada en vigor de la Declaracin de 2007, la ONU consideraba a los PPII como minoras tnicas, posicin que mantendra el Comit de Derechos Humanos a pesar de la vigencia de aquella Declaracin. Para fundamentar esto, el autor recuerda que en el dictamen del caso de la ciudadana peruana del pueblo aymara, ngela Poma Poma (Com. No. 1457/2006, del 24 de abril de 2009), fundado en la degradacin ecolgica de unas tierras de cra de llamas y alpacas por polticas de extraccin y derivacin de aguas, el Comit se centr en lo dispuesto por el Artculo 27 PIDCP sin que la demandante lo hubiera invocado como aplicable, siendo ste un artculo que, segn l, potencialmente degrada a los pueblos. Y es que si bien el caso es individual, como por lo dems requiere el citado Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, su implicacin y su inters son colectivos. Lo es, de un carcter colectivo, el derecho al agua y a la ecologa que se dirime. Ante ello, no debera considerarse aplicable el Artculo 27 PIDCP, que obvia toda consideracin al carcter de pueblo. (Artculo 27 PIDCP: En los Estados en que existan minoras tnicas, religiosas o lingsticas, no se negar a las personas que pertenezcan a dichas minoras el derecho que les corresponde, en comn con los dems miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia


15

Derecho Internacional fundadas stas, finalmente, en los derechos humanos en una

visin occidental-, si encuentra respaldo en el pluralismo jurdico, un campo a

desarrollar sobre todo al interior de los Estados.

De cualquier modo, si bien los pueblos indgenas tienen subjetividad internacional,

es una de tipo limitada en tanto involucra derechos que dan lugar a obligaciones que

corresponden, no a la comunidad internacional, sino a los Estados en cuyas fronteras

se ubican, varios de los cuales como se sabe- han buscado bloquear la Declaracin

de 2007 ante la Asamblea General. Este hecho reafirma la conveniencia de analizar

las formas de implementacin estatal de los instrumentos internacionales aprobados,

no solo respecto de los tan recurridos temas de autodeterminacin y control sobre sus

tierras y recursos, sino tambin de otros que tienen sustento en la

participacin/representacin poltica. Es as como se aprecia la importancia de la

autonoma indgena como plasmacin del ejercicio del derecho de autodeterminacin

de los pueblos, siendo una de sus formas concretas la autonoma territorial, de la cual

se deriva como lgica consecuencia el autogobierno.

religin y a emplear su propio idioma. El subrayado es nuestro). Extrado del blog personal del autor, accesible en . Consulta efectuada el 29 de diciembre de 2012.

http://alainet.org/active/32935&lang=es


16

Legislacin

Nacional


17

Repblica de indios y Repblica de

espaoles

La posicin tuitiva de la Corona deriv en el establecimiento de una legislacin e

institucionalidad que tericamente deban proteger a los indgenas de sus convasallos

espaoles. En su relacin con el Rey, las diversas poblaciones americanas fueron

agrupadas en una comunidad de derecho, conocida como Repblica de Indios, la cual

era concebida como separada de la Repblica de Espaoles. A travs de la Repblica

de Indios se legisl privativamente para la poblacin indgena, reconociendo las

instituciones anteriores a la conquista (que no se opusieran a la religin catlica y al

derecho natural) que fueran tiles para la posicin de la Corona, al mismo tiempo

que se dieron una multitud de nuevas normas creando y regulando nuevas

instituciones. Respecto a las primeras, se reconoci la institucin curacal o

cacicazgo, considerndose a los curacas o caciques como seores naturales de la

poblacin indgena, otorgndoles por ello el rango de nobleza al interior de su nacin

(Spalding 1974: 37).

En la direccin de proteger y explotar a los vasallos indgenas, en el Virreinato

peruano se crearon las reducciones de indios durante el gobierno del Virrey


18

Francisco de Toledo, es decir, asentamientos urbanos que reunan la poblacin

dispersa de diversos ayllus, creados con fines administrativos, fiscales pero tambin

cultuales (Klarn 2005: 90). Las reducciones o pueblos de indios como luego se

llamarnfueron diseados siguiendo el mismo modelo de la ciudad hispnica, con

sus instituciones de gobierno civil y eclesistico, cuyos edificios, asentados alrededor

de una plaza pblica, eran la expresin del tipo de vida civilizada que los monarcas

espaoles deseaban imponer a las poblaciones andinas (Thurner 2006: 34-35). Las

disposiciones reales tenan una orientacin fuertemente tuitiva en tanto mandaban la

plena autonoma y separacin de las reducciones indgenas respecto a la poblacin

espaola o mestiza para protegerlos como menores de edad-- de los abusos o

corrupcin de los otros cristianos, sin embargo, ms temprano que tarde, individuos

de diferentes orgenes tnicos terminaron asentndose en las poblaciones indgenas.

En la Repblica de Indios, dos fueron las instituciones representativas en la nacin

india: el cacicazgo y los cabildos indgenas. Respecto a los caciques el rol adjudicado

en el edificio colonial fue el de intermediacin entre la sociedad espaola e india: por

un lado, organizaban a la poblacin de su jurisdiccin para el cumplimiento de sus

obligaciones para con el Rey -el pago del tributo indgena y la mita-- y, por otro,

cumplan el rol de lderes y representantes de los ayllus ante las autoridades del

Monarca. Era as tambin su funcin regular las relaciones de reciprocidad al interior

de las comunidades, siendo esta atribucin fundamental para legitimar su autoridad.

El cargo de cacique era hereditario y comportaba nobleza, por lo que se obtena tan

slo despus de la probanza de limpieza de sangre. Como nobleza indgena, estaban

autorizados de vestir los smbolos y vestidos de su antigua estirpe, manteniendo el

recuerdo de su identidad prehispnica y la de sus gobernados (Spalding 1974: 38 y

44-45).

Por su parte, los cabildos indgenas fueron introducidos como queda dicho con la

constitucin de las reducciones o pueblos de indios en el siglo XVI. Corra a cargo


19

de los cabildos la organizacin de la vida comn al interior de las reducciones.

Estaban bajo su cuidado funciones como la de administracin de justicia, vigilancia

de las buenas costumbres, construccin y reparacin de los edificios comunales, la

observancia del culto, y el apresamiento y vigilancia de los infractores, como ha

anotado Claudia Guarisco. No era raro que en las reducciones hubiera dos cabildos,

uno para las poblaciones originarias (los descendientes de las familias fundadoras de

la reduccin) y otro que representaba a los forasteros (familias avecinadas

posteriormente en el pueblo y sus descendientes). La forma de eleccin de los

cabildantes fue por turnos, es decir, los cabildantes salientes designaban anualmente

a sus sucesores, bajo el principio de no volverlos a ejercer. Tal designacin no

implicaba la ausencia total de participacin de la poblacin, pues en cada pueblo los

padres de familia elaboraban sus propias propuestas, para que a partir de ellas, los

funcionarios salientes seleccionaran a los alcaldes y ministros entrantes (Guarisco

2004: 21). Tomando en consideracin los hallazgos de esta autora, puede extenderse

al caso indgena lo que acertadamente ha afirmado Francisco Nez para la sociedad

colonial: la larga presencia de instituciones representativas y prcticas polticas

permite afirmar que se constituy por ms de dos siglos una genuina cultura poltica

indgena virreinal (Nez 2005: 363).

Las figuras de ambas formas de autoridad convivieron por ms de dos siglos de

dominio espaol en Amrica, aunque debe afirmarse que era la institucin cacical la

que comportaba mayor poder y responsabilidad, pues mientras el cargo de cacique

estaba ligado a la condicin de nobleza y se ejerca de por vida, el alcalde de indios y

los regidores de su concejo, procedan de los indios del comn y su mandato no

superaba a un ao. Y ser precisamente la institucin caciquil la que a fines del siglo

XVIII terminar debilitndose, luego de la terrible represin a los colaboradores de

Jos Gabriel Condorcanqui luego de la Gran Rebelin (1780-1781), castigo que

signific la prdida de sus cargos, para ser reemplazados por criollos o mestizos. Los


20

aos posteriores a la Gran Rebelin representaron un perodo de descomposicin de

la institucin caciquil hasta su desaparicin en 1825, privndose a la poblacin

indgena de una institucin que por sus caractersticas haba sido la fuente de su

liderazgo y de su intermediacin con la sociedad blanca criollo-espaola (OPhelan

1997: 39-43 y 63).


21

La legislacin electoral durante el

perodo de las cortes de Cdiz (1812-

1815)

El ao de 1808 constituye fue decisivo para la historia poltica del mundo

hispanoamericano y, por lo mismo, tambin para el Per. La crisis desatada por la

captura del Rey Fernando VII gener en toda la Monarqua hispnica un vaco de

poder que fue llenado por la convocatoria de las comunidades territoriales existentes

en los diferentes reinos peninsulares y americanos para la formacin de rganos

soberanos en reemplazo del Rey ausente. La reunin de los representantes en las

Cortes de Cdiz parlamento que representaba bajo principios modernos la totalidad

de la Monarqua-- concluir con la redaccin y promulgacin de la Constitucin de

1812, cuerpo de leyes que, bajo el liderazgo de un grupo pequeo pero dinmico de

liberales espaoles, aboli las instituciones de Antiguo Rgimen (Guerra 1992: 319-

333).


22

La Constitucin de 1812 termin cancelando el Antiguo Rgimen en la Monarqua

hispnica, con sus viejas instituciones polticas, aboliendo los privilegios, eliminando

las distinciones legales entre los antiguos vasallos al concederles la ciudadana, y

otorgndoles el derecho de sufragio a los varones adultos o padres de familia, es

decir, los miembros de la Nacin espaola. La Constitucin de Cdiz o la Pepa

(como se la conocer por haber sido promulgada el 19 de marzo, da de San Jos),

consign en su primer artculo que la Nacin espaola estaba compuesta por todos

los espaoles de ambos hemisferios (la Pennsula y los reinos de Amrica) (art. 1) y

que la soberana resida esencialmente en la Nacin (art. 3), no pudiendo ser

patrimonio de ninguna familia ni persona (art. 2).

La Constitucin consecuentemente otorg la ciudadana a todos los espaoles libres

que hubieran nacido y estuvieran avecinados (tuvieran residencia fija) en territorios

espaoles, en la Pennsula y en Amrica; a los extranjeros avecinados por ms de

diez aos o que hubieran obtenido carta de naturalizacin; y los libertos, esclavos

que hubieran alcanzado la libertad (art. 5 y 19). Al definirse la ciudadana, esta

norma marc los lmites de la Nacin espaola: esta estaba compuesta por todos los

hombres libres nacidos y afincados en los territorios espaoles, lo que inclua a la

poblacin blanca (peninsular y criolla), la mestiza y la indgena. Bajo insistencia de

los diputados americanos, fue decisin de los legisladores gaditanos otorgar la

ciudadana a la poblacin indgena americana, habiendo sido considerados

legalmente desde el principio del perodo virreinal como vasallos libres, aunque en

minora de edad (OPhelan 2011: 96-98). El nico grupo tnico excluido de la

ciudadana fue la poblacin de origen africano en condicin de esclavitud, en tanto

no eran personas libres (art. 22).

La Constitucin gaditana reconoci de manera muy amplia la ciudadana,

concedindola incluso a la poblacin analfabeta. Para la inclusin de la poblacin

analfabeta, los legisladores hispnicos introdujeron una disposicin transitoria que


23

exoneraba a los varones adultos de este requisito hasta el ao de 1830 (art. 25). Al

ser declarados los indgenas como ciudadanos y miembros de la Nacin espaola,

aquella divisin jurdica de naciones y repblicas qued totalmente abolida,

compartiendo desde ese momento las instituciones con sus ahora conciudadanos

espaoles y criollos.

La legislacin de la Constitucin de Cdiz, a pesar de que tuvo una corta vigencia en

el pas (1812-1815 y 1820-1824), tendra una honda trascendencia en la

normatividad electoral peruana decimonnica. Bajo su inspiracin y modelo se

redactaran las leyes electorales y se disearan las instituciones y procedimientos

electorales republicanos decimonnicos. Adems de la amplia extensin de la

ciudadana, dos caractersticas adicionales sern los legados de la Constitucin de

Cdiz a la legislacin electoral decimonnica: nos referimos al sistema de sufragio

indirecto y el control de las lites del procedimiento electoral.

En una monarqua que se encontraba dispersa en dos hemisferios, poseedora de una

poblacin que se contaba en millones de habitantes, el problema tcnico de la

representacin se resolvi con la introduccin del sufragio indirecto, es decir, la

eleccin de autoridades por medio de elecciones sucesivas escalonadas: la norma

estableca que estas se hicieran por medio del sufragio indirecto, una forma de

votacin escalonada, donde los ciudadanos de la base de la pirmide (primer grado)

votaban por personas que se convertan en electoras en juntas que les corresponda

elegir a las autoridades. El nmero de elecciones sucesivas o grados dependa de la

amplitud de la jurisdiccin de la autoridad a elegir, pudiendo alcanzar hasta los

cuatro grados (Nez 2005: 369-370). Ahora bien, no era esta ciertamente su

principal funcin, resulta evidente que el sistema indirecto permita reducir la

influencia de la amplia base de ciudadanos que votaban en las elecciones, de modo

que los electores de los grados superiores elegan de acuerdo con libertad de


24

conciencia, sin recibir mandato imperativo de los ciudadanos de los niveles

inferiores.

Otro elemento importante del ordenamiento establecido por la Constitucin de 1812

fue el papel que otorg a las lites locales en la composicin de las instituciones

claves en la preparacin y ejecucin del proceso electoral como las juntas destinadas

para la confeccin del padrn de electores o las juntas de recepcin de sufragios. En

virtud de su posicin privilegiada en la primera junta, las lites locales tenan el

control del sealamiento de las personas con derechos polticos, mientras que, por

medio de la segunda, podan ejercer influencia decisiva en el proceso electoral, el da

mismo de la eleccin. Como ha mostrado bien Chiaramonti, dispuesto as el proceso

electoral, sus resultados debieron ser producto de negociaciones entre las lites

locales, previas al mismo acto de sufragio (Chiaramonti 2005).

Estos dos elementos permiten aquilatar el peso de la participacin indgena en los

procesos electorales en las postrimeras del perodo virreinal. Siendo la poblacin

indgena la mayoritaria del virreinato (representaba en 1791 ms del 56% de la

poblacin), podra pensarse que su peso electoral fue notable; sin embargo, el propio

diseo del sistema terminaba aplacando el poder del nmero, pues por un lado, los

notables locales tenan el control del padrn ciudadano y, por otro lado, el sistema

indirecto generaba filtros que limitaban progresivamente la presencia indgena en los

niveles superiores de las juntas de electores. En ese contexto, como ha notado bien

Cristbal Aljovn, las poblaciones indgenas tuvieron mayor oportunidad y de hecho

se hicieron del control de los municipios de pequeas poblaciones rurales, donde

ellos eran la abrumadora mayora (Aljovn 2005: 40-41).

El experimento liberal espaol concluy con el retorno de Fernando VII al trono en

1814, abrogndose la Constitucin de Cdiz y sus innovaciones polticas, lo que

significaba el retorno al Antiguo Rgimen. Sin embargo, el perodo de crisis de la


25

Monarqua hispnica leg a los reinos americanos el espacio y las armas polticas

para proyectar la constitucin de repblicas autnomas. Formadas en Amrica

diversas juntas de gobierno que terminaron desconociendo al Rey espaol, sus

ejrcitos combatieron por la independencia de las nacientes repblicas. La

organizacin poltica de los nuevos Estados seguir en gran parte la herencia

gaditana, estableciendo instituciones y prcticas basadas en la soberana de la

Nacin.


26

Los indgenas en la vida poltica

republicana durante el siglo XIX

Por lo mencionado anteriormente, es importante reconocer que las instituciones

representativas y las elecciones eran objetos conocidos por la poblacin indgena

peruana antes del nacimiento del Estado republicano. Haban sido una prctica

familiar en los cabildos de los pueblos y reducciones, como parte de las instituciones

de la Repblica de Indios. El advenimiento de la Repblica, al igual de lo que haba

significado la introduccin de la Constitucin de Cdiz, represent pues el

desconocimiento de estatus legales diferenciados entre la poblacin blanca y mestiza,

por un lado, y la poblacin indgena, por otro. Heredero de los principios de la

revolucin francesa y del liberalismo hispnico, el nuevo Estado republicano naca

bajo el principio que todos los miembros de la nacin peruana eran iguales como

sujetos de derechos y por tanto iguales ante la ley (Aljovn 2000: 75-76).

Desconocindose las diferencias culturales, sociales y econmicas, se concibi al

ciudadano como un individuo, abstracto y racional. Es por esta razn que desde la


27

legislacin de Per independiente se otorg la ciudadana a las poblaciones indgenas

y, con ello, el derecho de sufragio.

Vale la pena aadir que para los grupos criollos y mestizos decimonnicos, lo

indgena en el Per era visto bajo la categora de indio, no considerndose parte de

ella a las poblaciones nativas amaznicas. Como indias fueron consideradas desde el

perodo colonial las diversas poblaciones que, habiendo formado parte del

Tawantinsuyo, fueron sometidas a los dominios del Rey espaol y que habitaban

mayoritariamente la regin andina o sierra. La vasta regin amaznica fue

prcticamente desconocida en todo este perodo y en el siglo XIX. Habitada por

poblaciones con economas cazadoras-recolectoras y sin complejas estructuras de

dominacin, fueron vistas por los colonizadores y luego por los lderes criollos como

poblaciones salvajes que deban ser sometidas a la civilizacin Occidental,

aprendiendo en primer lugar la religin catlica y junto con ella la forma de vida

hispnica. Enviados a las fronteras alto-amaznicas, misioneros jesuitas y

franciscanos formaron con mucha dificultad pueblos o reducciones para convertir a

las poblaciones amaznicas; no obstante, en la segunda mitad del siglo XVIII, dicha

proyeccin al Oriente tuvo un fuerte revs con la Rebelin de Juan Santos Atahualpa

(1742) y la expulsin de los jesuitas (1767), no pudindose recuperar sino a fines del

siglo XIX y la primera mitad del XX, ya bien entrado el perodo republicano. En

virtud de ello, en el imaginario republicano, los pueblos amaznicos o eran

poblaciones a integrar-civilizar o a combatir, pero por ningn motivo formaban parte

de la nacin peruana, aquella formada por criollos, mestizos e indios, concebidos

abstractamente iguales y racionales.

Considerando solo a las poblaciones costeas y serranas, los lderes criollos aunque

conceban la ciudadana de manera abstracta, ello no implicaba que no fueran

conscientes de las disparidades econmicas, sociales y culturales que separaban a la

poblacin indgena del resto de sus conciudadanos criollos y mestizos. En orden de


28

destruir los vestigios del antiguo ordenamiento legal espaol, durante los albores

republicanos se aboli el ttulo de cacique y se desconoci legalmente la existencia

de las comunidades indgenas. Y es que fue un principio republicano el acabar con

todo tipo de nobleza hereditaria, como era el caso de los caciques: en un gobierno

republicano su presencia resultaba irreconciliable con los principios liberales. La

abolicin del ttulo de cacique tuvo como consecuencia inmediata la desaparicin del

liderazgo tnico de la poblacin indgena y con ello, de una otrora slida institucin

que haba representado a las comunidades indgenas frente a los agentes externos por

centurias. Coincidiendo en esta voluntad de crear ciudadanos-individuos con

intereses propios, fueron abolidas tambin las comunidades indgenas, llevndose a

cabo paralelamente una reforma agraria que, al repartir las tierras comunales,

buscaba convertir a los indgenas en pequeos propietarios que orientaran su

produccin hacia el mercado. Esta ltima reforma mostr su ineficacia, en tanto se

produjo una rpida apropiacin de tierras antes indgenas por parte de poblacin

agraria criolla y mestiza, razn por la cual se tuvo que detener dicha medida, sin que

ello llevara al retorno del reconocimiento legal de las comunidades, el cual slo se

verificara en 1920.

Un ltimo elemento entorpeca el ingreso de la poblacin indgena al mundo de la

ciudadana: el pesado tributo indgena. Introducido desde los primeros aos de la

Conquista, el tributo indgena era la muestra ms palpable de sujecin de los nuevos

vasallos al Monarca hispnico. Aunque era calculado como una capitacin

individual, su pago siempre haba sido efectuado corporativamente por las

comunidades, concibindose desde la perspectiva de estas como parte de un pacto

recproco con el Monarca espaol que les permita el disfrute de las tierras

comunales al ser estas empleadas en parte para el pago de dicha imposicin. Al poco

tiempo del arribo del general Jos de San Martn, una de sus primeras medidas fue la

abrogacin del tributo indgena, argumentando que era una de las ms abyectas


29

muestras del brbaro gobierno espaol. A pesar de este manifiesto deseo, el tributo

indgena fue reintroducido pocos aos despus, en tanto resultaba ser un ingreso

sustancial de las arcas del nuevo Estado (entre el 40 y 60%), en el contexto posterior

a una guerra de independencia que haba empobrecido la economa peruana y

erosionado las estructuras administrativas del Estado colonial. Hasta mediado del

siglo XIX, cuando se descubre y explota el guano de las islas, el tributo indgena fue

uno de los renglones ms importantes de la fiscalidad del dbil y pobre Estado

republicano. La contribucin indgena, como fue rebautizado el tributo, mantuvo

aquella distincin legal que por principio era desconocida por la Repblica peruana y

fue eliminada definitivamente solo a finales de la centuria (Walker 2004: 238-239).

La ruptura con la Monarqua hispnica y la declaracin de la Independencia del Per

se hizo bajo los estandartes de la soberana popular: sera el pueblo o la nacin el

sujeto en el que resida la soberana, por lo que le corresponda a ella, dirigir su

propio destino. De acuerdo con las Constituciones promulgadas, la forma de

gobierno adoptada por el Estado peruano fue el popular representativo, la cual

implicaba la participacin del pueblo en el Estado a travs del sufragio para la

eleccin de autoridades. Las elecciones deban llamar a los ciudadanos

peridicamente, sin importar las diferencias tnicas y culturales, siempre y cuando

cumplieran los requisitos de la ciudadana. Sin embargo, la mayor parte del siglo

decimonnico estuvo jalonado por golpes de Estado y guerras civiles, habiendo sido

este el medio el ms usado para llegar al poder. Los caudillos militares fueron las

figuras dominantes; no obstante, ello no signific la ausencia de elecciones. Por el

contrario, los caudillos ms consolidados luego de llegar al poder por las armas,

convocaban elecciones para cubrir su autoridad con la legitimidad republicana

(Aljovn 2000).

As como los caudillos luchaban entre s, con el apoyo de heterogneas alianzas que

incluan las lites locales y grupos subalternos como las comunidades indgenas, eran


30

tambin estos grupos los llamados a participar en las elecciones para la legitimacin

de los caudillos triunfantes. Su participacin en ambos escenarios (guerras y

elecciones) iba aparejada, cuando el caudillo se alzaba victorioso, de la satisfaccin

de las demandas locales, personales o familiares. Especialmente, en la primera mitad

del siglo XIX, fueron los caudillos los grandes articuladores de los intereses de un

pas social, econmica y polticamente no integrado. Como ha mencionado la

historiografa reciente, fue el XIX un siglo de amplia y casi indetenible movilizacin

poltica; ello sin lugar a dudas por la inexistencia de una elite dominante y por la

debilidad del Estado republicano, sin los medios administrativos y coercitivos para

canalizar el conflicto por las instituciones formales (Del guila 2013). En ese

contexto general deben comprenderse los procesos electorales decimonnicos y sus

normas electorales. En la retrica del perodo, los ciudadanos virtuosos luchaban

por el bien de la Patria, fuera a travs de elecciones o a travs de guerras civiles.


31

Los indgenas y la definicin de la

ciudadana en las normas del siglo

XIX

Si se da lectura las Constituciones decimonnicas, puede advertirse que estas

establecieron diferentes frmulas de inclusin de la poblacin en la Nacin peruana.

Como herederas del derecho natural, la mayora de ellas coincide en que la Nacin es

producto de la libre asociacin de sus miembros, es decir, como surgida de un pacto

poltico entre los hombres para alcanzar su bienestar; sin embargo, entre las

constituciones peruanas existe discrepancia respecto al estatus que otorgan a los

miembros de la comunidad poltica. En las constituciones consideradas como

inspiradas por el liberalismo doctrinario, la Nacin es concebida como conformada

por ciudadanos (Constitucin 1828 y 1834), el estatus del habitante nacido libre del

Per es el de ciudadano, no existiendo otros criterios salvo la nacionalidad y la

libertad personal para ser considerado como tal. Por otro lado, se encuentran las


32

Constitucin de 1823, 1839, 1856 y 1860, donde se define la Nacin peruana como

la reunin o asociacin poltica de los peruanos, lo que equivale a decir que la

membresa a la nacin incluye slo el derecho de nacionalidad y no el de ciudadana.

Por el contrario, los derechos de la ciudadana en estas ltimas cartas

constitucionales solo se alcanzaran con el cumplimiento de otros requisitos, ms

restrictivos que los de nacionalidad y libertad personal. Esta diferencia entre las

constituciones liberales doctrinarias y sus sucesoras es formal pero importante,

pues implica concepciones diferentes de la ciudadana: las primeras son ms

generosas no establecindose distincin entre ser peruano y ciudadano, mientras que

las segundas establecen formalmente comunidades de derecho concntricas, donde la

ciudadana comporta una membreca ms restringida y con derechos especficos.

Si se observa el cuadro N1, la ciudadana se alcanza siguiendo requisitos adicionales

a la nacionalidad y la libertad personal en las Constituciones de 1823, 1839, 1856 y

1860. La mayora de ellas, incluyendo, las de 1828 y 1834, prescriben como

requisitos propios del ciudadano, el de edad (21 o 25 aos) o el estado civil de

casado. El ciudadano decimonnico es concebido como el varn adulto que ha

alcanzado la mayora de edad y se encuentra en plenitud de facultades; en su defecto,

el ciudadano es tambin concebido como el cabeza de familia, aquel que adquiere la

responsabilidad de ser jefe de hogar al estar casado. Las Constituciones de 1828,

1834, 1856 y 1860 consideran que se alcanza el mundo de la ciudadana cumpliendo

solo ambos requisitos. Por su parte, las Constituciones de 1823 y 1839 incorporan

requisitos capacitarios y econmicos a la definicin de la ciudadana, como saber

leer y escribir, y tener propiedades, ejercer profesin o pagar una contribucin al

Estado.

Respecto al derecho de sufragio, estas ltimas Constituciones (1823 y 1839) no

prescriben requisitos adicionales para su ejercicio, pues el mismo filtro de la


33

ciudadana formalmente-- restringe el nmero de los varones considerados como

capaces para ejercerlo. En las Constituciones de 1828 y 1834, tampoco se prescriben

requisitos adicionales para el sufragio. Ahora bien, aun cuando para el caso de la

primera, no existir norma reglamentaria que aada requisitos para el sufragio, esto

no sucede con la Constitucin de 1834, la misma que tiene en la Ley Orgnica de

Elecciones del 29 de agosto de 1834, su lgico desarrollo, fijando esta restricciones

del tipo capacitario y econmico. En lo que concierne a las Constituciones de 1856 y

1860, los requisitos para el acceso a la ciudadana y el ejercicio del sufragio se

encuentran en el mismo texto y dispuestos separadamente. Para estas normas, el

sufragio se ejerce cumpliendo con los requisitos alternativos capacitarios, censitarios,

econmicos o profesionales, como saber leer y escribir, ser jefe de taller, tener una

propiedad raz o estar retirado del servicio del Ejrcito o la Armada.

Fuera en las Constituciones o en las normas electorales, las vallas al ejercicio del

sufragio fueron bastante reducidas durante todo el siglo XIX, permitiendo la

definicin de una ciudadana poltica bastante inclusiva. Esta ciudadana fue otorgada

en primer trmino en funcin de criterios poco restrictivos, a saber, nacionalidad,

edad y estado civil. Segn estos criterios bsicos, tenan derecho de sufragio todos

los hombres (en el sentido de varn) nacidos en el pas o los nacidos en el extranjero,

hijos de padres peruanos que manifestaran su voluntad de adquirir la ciudadana

peruana, que habiendo nacido libres, estuvieran casados o llegaran a los 25 o 21 aos

de edad. A estos se superponan los ya mencionados requisitos capacitarios,

censitarios, econmicos y profesionales que en teora fungan de filtro para

discriminar a los ciudadanos alfabetos, racionales, productivos o industriosos; sin

embargo, estos requisitos tuvieron limitada eficacia, en tanto fue su aplicacin

pospuesta o entraaban clusulas alternativas que no significaban una verdadera

restriccin. Veamos ello con detalle.


34

En las Constituciones de 1823, 1839 y en la Ley Electoral de 1834 se prescribieron

clusulas capacitaras, restringiendo el derecho de sufragio a aquellos ciudadanos

que supieran leer y escribir. Esta clusula no lleg a entrar en vigor sino hasta 1896,

siendo pospuesta. No obstante ello, incluso aquellas constituciones pospusieron la

aplicacin de este requisito repetidamente, para que el derecho de sufragio se

extendiera a la poblacin analfabeta, especialmente la poblacin indgena quechua y

aimara hablante. La Constitucin de 1823 afirmaba en su artculo 17, numeral 3, que

la calidad [saber leer y escribir] no se exigir hasta despus del ao de 1840; al

tanto que la Constitucin de 1839, manifestaba en su artculo 8, numeral 2, que

ser requisito para la ciudadana el [s]aber leer y escribir, excepto los indgenas y

mestizos, hasta el ao de 1844, en las poblaciones donde no hubiere escuelas de

instruccin primaria.

En las Constituciones decimonnicas posteriores, las de 1856 y la de 1860, el

requisito de saber leer y escribir, no era taxativo, sino ms bien alternativo a algunos

otros que permitieron el acceso de la poblacin indgena al sufragio, como el ser

propietario de un bien raz, en tanto poseedores de parcelas individuales y

beneficiarios de las tierras comunales, o como licenciados de unos ejrcitos que

contaban con un componente de tropa mayoritariamente indgena. Ser solo la

reforma electoral efectuada por una reforma constitucional y la dacin de la ley

electoral de 1896 que el requisito de alfabetismo se hizo obligatorio como el nico

que restringa el derecho de la ciudadana activa.

De manera similar, consideraciones de tipo censitario no fueron tampoco

limitaciones excluyentes para el acceso del sufragio de la poblacin. En el Per, no

se estipul en ninguna constitucin ni ley electoral, la fijacin de una cifra de renta

para el sufragio en las elecciones de primer grado; por el contrario, bastaba solo

pagar alguna, sin importar su monto, para tener voto en este nivel de la estructura


35

electoral. A diferencia del modelo francs y de la tendencia general de las otras

repblicas hispanoamericanas, no fue intencin de los legisladores restringir el

sufragio en el primer grado a las poblaciones indgenas, sea por mecanismos

capacitarios o censitarios; al contrario, como lo sostiene la historiografa electoral

reciente, este voluntarismo republicano no expresaba sino la consciencia de que un

Estado basado en la soberana popular no poda legitimarse sobre una reducida

cantidad de electores, sobre todo si se consideraba su novedad y debilidad

estructural. Esta propensin a la inclusin en la ciudadana, expresada prescripcin

de una serie de requisitos alternativos, permiti a diversos grupos sociales

decimonnicos (corporaciones) el ejercicio de sufragio, en tanto que muchos de sus

miembros no podan cumplir ms que un requisito, lo que ha permitido hablar a

Alicia del guila de la existencia de una ciudadana corporativa en el Per del siglo

XIX (Del guila: 2013).


36

Cuadro N 1: Definicin de la nacin, nacionalidad, ciudadana y derecho de

sufragio en las Constituciones del siglo XIX

Requisitos

Constitucin Poltica

(1823)

Constitucin Poltica

(1828)

Constitucin Poltica

(1834)

Constitucin Poltica

1839

Constitucin Poltica

1856

Constitucin Poltica

1860

Definicin de

Nacin

Todas las provincias del Per, reunidas en

un solo cuerpo forman la Nacin Peruana

(art. 10).

La Nacin Peruana es la asociacin poltica de

todos los ciudadanos del Per. (art. 1)

No se define expresamente.

La Nacin Peruana es la asociacin

poltica de todos los peruanos (art. 1)


poltica de todos los peruanos


poltica de todos los peruanos

Nacionalidad

Peruana

Son peruanos

1. Todos los hombres libres nacidos en el

territorio del Per.

2. Los hijos de padre o madre peruanos,

aunque hayan nacido fuera del territorio,

luego que manifiesten legalmente su

voluntad de domiciliarse en el pas.

3. Los naturalizados en l, o por carta de

naturaleza, o por la vecindad de cinco

aos, ganada segn ley, en cualquier

lugar de la Repblica. (art. 10)

No se indica como criterio separado de la

ciudadana

No se indica como criterio separado de la

ciudadana

Son peruanos por nacimiento:

1. Los hombres libres nacidos en el

territorio del Per.

2. Los nacidos en pas extranjero de

padres peruanos que estn al servicio

de la Nacin.

3. Los hijos de padre o madre peruanos

nacidos en el extranjero, siempre que

desde el lugar de su residencia, los

manden inscribir en el Registro Cvico

de la capital de la Repblica. (art. 5)

- Los que nacen en el territorio de la

Repblica.

- Hijos de padre/madre peruanos

que nacen en el extranjero, cuyos

nombres se inscriban en el Registro

Cvico por voluntad de sus padres,

mientras se hallan en la menor

edad, o por la suya propia, desde

que lleguen a la edad de veintin

aos.

- Los nacidos en el territorio de la

Repblica.

- Los hijos de padre /madre

peruanos, nacidos en el extranjero, y

cuyos nombres se hayan inscrito en

el Registro Cvico, por voluntad de

sus padres, durante su minora, o

por la suya propia, luego que

hubiesen llegado a la mayor edad o

hubiesen sido emancipados.

Ciudadano Para ser ciudadano es necesario:

1. Ser peruano.

Son ciudadanos de la Nacin Peruana:

1.- Todos los hombres libres nacidos en el

Son ciudadanos de la Nacin Peruana:

1. Todos los hombres libres nacidos en el

- Ser casado, o mayor de 25 aos.

- Saber leer y escribir, excepto los

indgenas y mestizos, hasta el ao de

Son ciudadanos los que ejercen sus

derechos polticos

Son ciudadanos en ejercicio, los

peruanos mayores de veintin aos;

y los casados, aunque no hayan


37

2. Ser casado, o mayor de veinticinco

aos.

3. Saber leer y escribir, cuya calidad no se

exigir hasta despus del ao de 1840.

4. Tener una propiedad, o ejercer

cualquiera profesin, o arte con ttulo

pblico, u ocuparse en alguna industria

til, sin sujecin a otro en clase de

sirviente o jornalero. (art. 17)

territorio de la Repblica.

2.- Los hijos de padre o madre peruanos,

nacidos fuera del territorio, desde que

manifiesten legalmente su voluntad de

domiciliarse en el Per.

[No se incluyen numerales dedicados a los

extranjeros] (art. 4)

Ser casado o mayor de 21 aos (art. 6)

territorio de la Repblica.

2. Los hijos de padre peruano, o de madre

peruana, nacidos fuera del territorio, desde

que se inscriban en el registro cvico en

cualquiera provincia

[No se incluyen numerales dedicados a los

extranjeros] (art. 3)

Ser casado o mayor de 21 aos (art. 4)

1844, en las poblaciones donde no

hubiere escuelas de instruccin

primaria.

- Pagar alguna contribucin, no

estando exceptuando por la ley.

- Casado o mayor de 21 aos.

(Const. 36)

llegado a dicha edad. ( Art. 37)

Derecho de Sufragio

Constituyen los Colegios Electorales de

parroquia, todos los vecinos residentes en

ella que estuviesen en ejercicio de la

ciudadana, presididos por el Alcalde o

Regidor que se designare, y asistencia del

Secretario y Escrutadores que nombrar el

Colegio de entre los concurrentes (art. 32)

Los Colegios Electorales de parroquias se

forman de todos los vecinos residentes en ella,

que estuviesen en ejercicio de la ciudadana,

reunidos conforme a la ley (Const. art. 12)

Reglamento de la ley de Elecciones de 19-05-

1828:

El Registro se formar por las Municipalidades

con arreglo de los artculos 5 y 6 de la

Constitucin lo que implica que estn

habilitados para el sufragio todos los ciudadanos

que no estn suspendidos o excluidos por la

Constitucin.

Ley Orgnica de Elecciones de 29-08-1834:

Para gozar de sufragio en las elecciones se

requiere

1. Ciudadano en ejercicio.

2. Natural de la parroquia, o tener en ella dos

aos de domicilio fijo, en el pueblo o

territorio que a ella pertenezca

3. Pagar una contribucin al Estado, o estar

reservado legalmente de pagarla, o tener

algn empleo pblico, o algn grado o

profesin cientfica, u oficio mecnico

sujeto a la contribucin industrial, o

pertenecer al clero secular. (art 5)

Los que hayan perdido o tengan

suspendidos sus derechos de ciudadana

(Ley electoral de 1839, art. 3)

El sufragio es directo: lo ejercen los

ciudadanos que saben leer y escribir o

son jefes de taller, o tienen una

propiedad raz, o se han retirado,

conforme a la ley, despus de haber

servido en el Ejrcito o Armada.

(Const. 37)

Ejercen el sufragio todos los

ciudadanos que saben leer y escribir

o son jefes de taller, o tienen una

propiedad raz, o se han retirado,

conforme a la ley, despus de haber

servido en el Ejrcito o Armada.

(Const. Art. 38)


38

El Per decimonnico era un pas con una poblacin mayoritariamente indgena que

representaba casi el 60% del total, disgregada en gran parte del territorio nacional,

especialmente entre los valles alto-andinos de la regin conocida como la Sierra. De

la poblacin indgena, es probable que slo una reducidsima minora supiera leer y

escribir, siendo predominante el habla del quechua y el aymara, lenguas

tradicionalmente orales. Por otra parte, si desde el perodo colonial lo indgena era

sinnimo de pobreza, esta condicin no cambi ostensiblemente en la Repblica; las

poblaciones indgenas vivan en base de una economa de auto-subsistencia

trabajando pequeas parcelas familiares y las tierras comunales. La cuasi

equivalencia entre lo indgena y la pobreza ha sido predominante en el Per

republicano, a pesar que en este grupo se produjese un lento proceso de

diferenciacin socio-econmica. Teniendo en cuenta ambas caractersticas de la

poblacin mayoritaria del pas, la aplicacin de requisitos capacitarios y censitarios

hubiera dejado a grandes extensiones del territorio nacional sin ciudadano alguno,

ms an, localidades sin electores para unos comicios que deban legitimar una

forma nueva de gobierno. Los indgenas eran necesarios para constituir la nacin

peruana.

Si en teora, todos los indgenas mayores de veintin aos o casados, que fueran

propietarios de un bien raz o pagaran la contribucin personal al fisco, eran

considerados como ciudadanos y podan ejercer su derecho de sufragio, estos

representaron siempre una cifra potencial, en tanto que la calificacin de los

requisitos para el acceso a la ciudadana activa estuvo a cargo de las lites locales, a

quienes se les confiri la responsabilidad de formar los registros cvicos, es decir, el

padrn de ciudadanos hbiles para sufragar. Las leyes electorales entregaron a travs

de diferentes instituciones la atribucin de calificar a los ciudadanos que podan

ejercer sus derechos polticos. Estas instituciones podan ser las municipalidades o


39

juntas de notables ah doc. De acuerdo a Csar Gamboa, estas instituciones estaban

conformadas segn el cuadro que se muestra a continuacin:

Cuadro N 2: Composicin de los registros cvicos en

las Constituciones del siglo XIX

Reglamento 1822

S. Martn

Reglamento 1825

Bolvar

Reglamento 1828

La Mar

Reglamento

1834

Orbegoso

Reglamento 1839

Gamarra

Reglamento

1849

Castilla

Reglamento

1851

Echenique

Reglamento 1855

Castilla

Reglamento

1857

Castilla

Reglamento 1861

Castilla

Reglamento 1892

Morales Bermdez

Las municipalidades

forman una comisin

particular encargada

de elaborar un censo

parroquial y un

registro de

ciudadanos. (art. 3)

[No se menciona en

la norma la

constitucin del

registro cvico, salvo

lo referente a la

distribucin de

boletos de votacin]

El registro cvico se

formar por la

municipalidad (art. 6)

El registro cvico es

formado por la

municipalidad de

provincia, mediante

una comisin del

alcalde, el cura 4

regidores, con noticia

del vecindario.

(art. 7)

Junta conformada por

el gobernador, el

sndico procurador y

el cura conforman o

corrigen el registro

cvico

(art. 7 )

[Las municipalidades

fueron cerradas por la

Const. de 1839]

Junta conformada por

el gobernador, el

sndico procurador, el

cura y dos vecinos

conforman o corrigen

el registro cvico

(art. 7-9)

Hasta el

restablecimiento de

las municipalidades,

la junta de registro se

compone del

gobernador, el

sndico y el prroco,

y 2 vecinos elegidos

entre los 25 mayores

contribuyentes

(art. 1)

La junta

permanente

(propietarios

territoriales y el juez

de paz) desarrollan

el registro cvico

(art. 3)

La municipalidad

conforma el registro

cvico

(art. 1)

[La Constitucin de

1856 restituye las

municipalidades]

Junta de Registro

Cvico distribuir los

boletos de

ciudadana

(art. 13)

Junta de Registro

Cvico, compuesta por

el alcalde, los sndicos

y el Inspector de

Estado Civil.

(art. 10)

[La composicin de la

Junta se encuentra en

el art. 33 de la Ley de

municipalidades de

1892]

Siguiendo el modelo de la constitucin gaditana, un criterio no siempre expreso en la

legislacin electoral para la definicin de la ciudadana fue el de la vecindad. Ms

all de los criterios impersonales que establecan los requisitos de la ciudadana en

las normas, la vecindad era un criterio de estatus dentro de la vida local que

expresaba mucho ms que la residencia en un pueblo, una villa o una ciudad. Desde

el perodo colonial, la categora de vecino era un criterio de rango que solo poda

adjudicarse en sociedades de cara-a-cara, forjadas a travs relaciones personales que

podan dar cuenta de la historia familiar, la respetabilidad y la conducta de los


40

sujetos. Como criterio social y legal, la vecindad comportaba una serie de privilegios

y cargas para con la comunidad local y diferenciaba a quienes tenan participacin y

eran tiles al vecindario, de aquellos que no lo eran, como los forasteros, los vagos,

los enfermos y los delincuentes. Histricamente haba sido una tarea del patriciado

local el dirigir el vecindario y discriminar a los verdaderos vecinos de los que no lo

eran (Nez 2007: 237-238). Para el caso de los pueblos indgenas, o de

predominancia indgena, la categora de vecino se corresponda con el estatus legal

de originario, es decir, los descendientes de los linajes fundadores de la reduccin o

del pueblo, quienes a diferencia de los forasteros, tenan privilegios como acceso a

los bienes comunales, como las tierras de comunidad, los fondos de la cajas de

censos de indios, pero tambin cargas, como el pago de un mayor tributo indgena.

En la legislacin republicana, el criterio de vecindad estar presente a travs de las

causales por las que se suspenda la ciudadana. Si se observan las causales

establecidas en las constituciones decimonnicas, se podr observar una serie de

criterios que comportan un estatus legal especial como resultado de la aplicacin de

un procedimiento administrativo o judicial de carcter impersonal: deudor quebrado,

deudor al Tesoro Pblico, procesados criminalmente, naturalizacin a otro estado.

Por otro lado, se encuentran las causales que se oponen a las caractersticas

histricamente ligadas al estatus vecino (notabilidad y utilidad a la comunidad), que

slo pueden ser adjudicadas como producto del inter-conocimiento en las sociedades

locales: el modo de vivir conocido que se opone a la vagancia (que no solo se asocia

a la ausencia de trabajo, sino tambin a la movilidad espacial, al no tener residencia),

la ineptitud fsica o moral, la demencia, el abuso del juego y del licor. Entonces, las

lites locales criollas y mestizas agrupadas en las capitales de provincia y los

notables de ese origen en los distritos podan aplicar estos criterios de vecindad,

limitando el nmero de indgenas en los comicios. Por su parte, en los pueblos


41

indgenas, por lo menos en los casos estudiados, los individuos ms acomodados que

superaban el nivel de autosubsistencia lograban convertirse en autoridades locales.

Cuadro N 3. Razones por las que se suspende la ciudadana en las

Constituciones del siglo XIX

Constitucin Poltica

(1823)

Constitucin Poltica

(1828)

Constitucin Poltica

(1834)

Constitucin Poltica

1839

Constitucin Poltica

1856

Constitucin Poltica

1860

1. Por la condicin de sirviente

domstico.

2. Por la tacha de deudor

quebrado, o deudor moroso al

Tesoro Pblico.

3. Por no tener empleo, oficio o

modo de vivir conocido.

4. En los procesados

criminalmente.

5. En los casados que sin causa

abandonen a sus mujeres, o

que notoriamente falten a las

obligaciones de familia.

6. En los jugadores, ebrios,

truhanes, y dems que con

su vida escandalosa ofendan

la moral pblica.

7. Por comerciar sufragio en las

elecciones.

1. Por no haber cumplido veinte y

un aos de edad no estando

casado.

2. Por demencia.

3. Por naturalizacin en otro

estado.

4. Por estar procesado

criminalmente, y mandado

prender de orden judicial

expedida con arreglo a la ley.

5. Por tacha calificada de deudor

quebrado, o deudor al Tesoro

Pblico que legalmente

ejecutado no paga.

6. Por la de notoriamente ebrio

o jugador, o estar

judicialmente divorciado por

culpa suya.

7. Por la profesin religiosa,

mientras no se obtenga la

secularizacin conforme a la

ley.

1. Por no haber cumplido veinte y

un aos de edad no estando

casado.

2. Por demencia.

3. Por naturalizacin en otro

estado.

4. Por estar procesado


prender de orden judicial

expedida con arreglo a la ley.

5. Por tacha calificada de deudor

quebrado, o deudor al Tesoro

Pblico que legalmente

ejecutado no paga.

6. Por la de notoriamente ebrio

o jugador, o estar

judicialmente divorciado por

culpa suya.

7. Por la profesin religiosa,

mientras no se obtenga la

secularizacin conforme a la

ley.

1. Por ineptitud fsica o

mental, que impida obrar

libre y reflexivamente.

2. Por tacha de deudor

quebrado, o deudor al

Tesoro Pblico, que

legalmente ejecutado no

paga.

3. Por hallarse procesado


prender con arreglo a la ley.

4. Por notoriamente vago,

jugador, ebrio o divorciado

por culpa suya.

1. Por ineptitud fsica o mental,

que impida obrar libre y

reflexivamente.

2. Por tacha de deudor

quebrado, o deudor al

Tesoro Pblico, que

legalmente ejecutado no

paga.



prender con arreglo a la ley.

4. Por notoriamente vago,

jugador, ebrio o divorciado

por culpa suya.

1. Por incapacidad, conforme

a la ley.

2. Por hallarse sometido a

juicio de quiebra.


criminalmente, y con

mandamiento de prisin.

4. Por ser notoriamente

vago, jugador, ebrio, o

estar divorciado por culpa

suya.

A pesar de ello, las evidencias disponibles hacen pensar que las lites locales

negociaban en los lugares de alta concentracin demogrfica indgena la inclusin de

esta poblacin en los registros cvicos, compartiendo cargos concejiles locales con


42

los lderes comunitarios, o recibiendo su apoyo en los comicios para ser elegidos

como autoridades departamentales, obtener escaos en las elecciones parlamentarias

y apoyar al candidato presidencial. La posicin de las lites locales se refuerza si

considera con detalle la conformacin de los otros rganos electorales, como las

mesas receptoras de sufragios y las mesas escrutadoras que eran tambin copadas por

estos grupos. Gabriella Chiaramonti y otros investigadores a la luz de la

documentacin encontrada consideran que las poblaciones indgenas mejor

organizadas terminaban pactando con las lites locales o los caudillos militares

nacionales su apoyo tanto en las guerras civiles, como en los procesos electorales.

Bajo este esquema clientelar, las recompensas a tales ayudas y el acceso a puestos

concejiles municipales eran significativos para las comunidades indgenas, en tanto

les permitan la proteccin de sus tierras comunales, la exencin de la contribucin

indgena o el apoyo en las luchas contra sus rivales por el acceso a aguas u otros

recursos rurales15

.

Siendo imposible pensar en la existencia en el siglo XIX de un movimiento indgena

de dimensiones nacionales, es lgico concebir que estas poblaciones orientaran sus

tcticas y recursos preferentemente hacia la poltica local, lo que no implicaba que en

condiciones excepcionales su accin superara tales marcos, como en los contextos de

rebelin. Es probable que con la decadencia y abolicin final del cargo de cacique, se

reforzara este carcter local de la poltica indgena, espacio al que la legislacin

15

La participacin de la poblacin indgena en las elecciones decimonnicas ha sido siempre motivo de controversia. La imagen tradicional perciba a los indgenas como sujetos manipulados en unas elecciones, por las que los criollos y mestizos terminaban aprovechando el desconocimiento de las normas y del idioma castellano, adems del desinters de los pueblos indgenas por la poltica criolla. Sin una idea cabal de la nacin, el sufragio indgena segn esta perspectiva era degradado por las componendas de los famosos capituleros, quienes terminaban ganndose el voto de los indgenas por aguardiente, festividades y algunas monedas (Basadre 1980). Sin embargo, la historiografa contempornea considera que la participacin de la poblacin indgena fue ms compleja que esta narrativa criolla. En los ltimos dos dcadas se han hecho esfuerzos pro explicar las complejas relaciones polticas que mediaba el sufragio decimonnico, es decir, de qu manera el sufragio comunicaba los intereses de la poblacin indgena con las demandas del sistema poltico criollo (Nez 2005; Aljovn 2005; Chiaramonti 2005).


43

electoral nacional elaborada por las lites polticas blancas y mestizastendi o

procur fijar.

Como hemos dicho, la legislacin republicana decimonnica fue heredera de las

disposiciones de la Constitucin de Cdiz. Como ella, las elecciones peruanas en este

perodo fueron mayoritariamente indirectas, en las que los ciudadanos elegan por

representantes que a su vez elegan a las autoridades del Estado. En las elecciones de

algunas autoridades, el proceso electoral poda tener hasta tres grados, como lo eran

las elecciones nacionales para presidente de la Repblica, Diputados y Senadores. El

sistema indirecto era un importante filtro para limitar el peso demogrfico de la

poblacin indgena en el campo y de la plebe en la ciudad. Esta clara limitacin del

componente ms numeroso de la poblacin era especialmente elocuente en los

requisitos para la eleccin de autoridades. La amplitud o laxitud en la definicin de la

ciudadana fue diseada para que las elecciones de primer grado fueran

multitudinarias e inclusivas, cerrando al mismo tiempo el ingreso a estos grupos

sociales a los cargos de representacin poltica. Veamos esto con ms detalle.

En el nivel parroquial, por encima de los ciudadanos con derecho a voto, eran

elegidos los electores parroquiales, ciudadanos que deban elegir a su vez a las

autoridades. En el mbito local, los electores parroquiales se encargaban luego de su

reunin en un colegio electoral de votar en favor de los alcaldes, regidores, sndicos

procuradores y jueces de paz. Fuera del mbito local, les corresponda constituirse en

el colegio electoral provincial para nominar las autoridades departamentales (por

ejemplo los prefectos para la Constitucin de 1828) y elegir a las autoridades

nacionales, como diputados, senadores y el presidente de la Repblica. Como se

aprecia en el Cuadro N 5, los requisitos para ser elegidos electores parroquiales son

los que corresponden a los ciudadanos con derecho a voto, a los que se le suman

adicionales prescripciones que los hacen ms restrictivos.


44

Por ejemplo, en la Constitucin de 1823, para acceder al derecho de sufragio era

necesario el ser casado o mayor de 25 aos, saber leer y escribir, tener una

propiedad, ejercer una profesin, arte, ttulo pblico o ejercer una industria til,

mientras que para ser elector parroquial se haca necesario que la propiedad

declarada, el arte, la industria o el oficio ejercido rindiera anualmente 300 pesos,

establecindose con ello una valla censitaria, o alternativamente el ser profesor

pblico o de una ciencia, imponindose un requisito capacitario diseado para

favorecer a los religiosos, profesionales o intelectuales sin grandes ingresos o

propiedades. En la Constitucin de 1828 las vallas son ms evidentes, en tanto hemos

visto que esta norma casi no dispone restriccin para el sufragio ms que la libertad

personal, nacionalidad, edad o estado civil casado. De manera similar a la de 1823,

para ser elector parroquial se impone que los candidatos tengan propiedades o

capitales que rindan anualmente 300 pesos, pero se libera de este requisito pecuniario

a quienes tengan un oficio o arte, en tanto ostenten el grado de maestro (superior al

de oficial artesano o graduado en un arte), es decir, se aumenta con ello la valla

capacitaria. La valla de la Ley electoral de 1834 funciona de manera similar a la de la

Constitucin de 1828, con la importante innovacin de eliminar un monto fijo del

valor de la propiedad o del capital o industria, con tal que la propiedad pague su

contribucin al fisco y sea manifiesto que el capital o industria pueda solventar o

mantener al elector parroquial.

Es interesante notar que estas restricciones en teora no necesariamente deban

eliminar el ejercicio de dichos cargos por parte de la poblacin indgena en funcin

de su origen tnico, pero era claro que se imponan nuevos lmites. En las leyes

electorales de 1828 y 1834, se haca explcito que era posible elegir electores

parroquiales indgenas o analfabetos, que para efectos de la legislacin decimonnica

significaba indgena. Segn la Ley electoral de 1828, era lcito elegir en los pueblos

indgenas un tercio de electores parroquiales que no supieran leer y escribir,


45

mientras que la Ley de 1834 esta restriccin se hace extensiva a los pueblos que no

haya copia de individuos que sepan leer y escribir. De acuerdo a lo dicho, para

ambas normas, estaban facultados a ser elegidos los indgenas que cumplieran con

los requisitos econmicos y profesionales, es decir, se permita el ingreso a este

cargo de los miembros de las comunidades indgenas de mayores ingresos, incluso

aquellos que no supieran leer y escribir, hasta un tercio del nmero en sus

poblaciones (Ver Cuadro N 4).

Por su parte, la Ley Electoral de 1839 fue mucho ms restrictiva en este respecto.

Acab con los requisitos alternativos como poseer propiedad raz, capital, industria o

ejercer magisterio en oficio, arte o ciencia, imponiendo como filtro nico la posesin

de un bien raz en produccin y que pague contribuciones al Estado. Es decir, a

diferencia de sus predecesoras, la Ley electoral de 1839 exclua a aquellos indgenas

que podan haber ejercido este cargo por ser maestros artesanos o ser religiosos,

concentrando este cargo en los propietarios productores y contribuyentes.

Consecuente con este tipo de restriccin, la ley no mencionaba salvedad alguna

respecto al nmero de indgenas o analfabetos que podan componer los colegios

electorales parroquiales y provinciales. Es evidente que la ley del ao 1839 fue

producto del mismo consenso poltico que permiti la aprobacin de la Constitucin

de 1839, considerada como la ms conservadora del siglo XIX.

En un contexto poltico diferente, se promulgan las leyes electorales de 1846 y 1851

que modifican los requisitos de elector parroquial eliminando el requisito restrictivo

de ser propietario y contribuyente, prescribiendo para este cargo nicamente la

ciudadana activa, la residencia en la parroquia por dos aos y la capacidad de lecto-

escritura. Este ltimo requisito no impone tampoco limitacin insuperable para la

poblacin indgena en la prctica, en tanto que las mismas normas disponen de

artculos en los que se prev la posibilidad de electores parroquiales indgenas

(Cuadro N 4). La ley de 1851 es suficientemente explcita a este respecto al punto


46

de indicar que el quedaban exceptuados de estos cardos todos quienes no [s]abe[n]

leer y escribir, excepto los indjenas que pagan contribuciones.

La Constitucin de 1855 estableci el sufragio directo, eliminndose el cargo de

elector parroquial; no obstante, con la Constitucin de 1860, el sufragio indirecto es

reintroducido y con l el elector de parroquia. El nico requisito limitativo que se

impone para el ejercicio de esta dignidad fue la capacidad de lecto-escritura,

restriccin suficiente para limitar la amplitud de los ciudadanos pasibles de ser

elegidos, pues en esta ocasin, la norma no estableca concesiones a los indgenas

analfabetos. As, el cumplimiento irrestricto de este requisito implic que, aunque el

ejercicio del sufragio poda ser amplio (a travs de la ciudadana corporativa), las

lites criollas se estaban alejando de las frmulas alternativas e inclusivas de dcadas

anteriores (con excepcin de la ley de 1839). Antes que otra cosa, esta norma

terminaba ratificando lo que en la prctica siempre haba sucedido en las elecciones

decimonnicas: el acceso a los puestos de electores parroquiales a los indgenas con

mayores recursos, aquellos que haban podido vincularse exitosamente a la economa

mercantil o haban logrado su posicin sometiendo a los indgenas de comunidad,

convirtindose en propietarios.


47

Cuadro N 4: Excepciones indgenas en la eleccin de cargos de elector parroquial

1828 1834 1846 1851

Excepciones

indgenas en la

eleccin de cargos

En los pueblos indgenas no podr

sufragarse, sino por un tercio ms

de electores que no sepan leer ni

escribir; si correspondieren dos o

tres electores, podr ser uno que no

sepa leer ni escribir; si cinco o siete,

dos, as progresivamente. (art. 31.

Ley de Elecciones 19-05-1828)

Art. 41. Los electores que no sepan

leer y escribir, nombrarn adjuntos

de su confianza, que les escriban

los votos, les lean los papeles que

juzgan conveniente, firmen las actas

a su nombre. Antes de ejercer este

cargo prestarn juramento de

fidelidad y sigilo ante la mesa

(dem)

En las parroquias que no haya copia

de individuos que sepan leer y escribir

no podrn sufragarse sino por un

tercio a lo ms de electores que

carezcan de esta calidad. Si

correspondiesen dos o tres electores,

podr ser uno que no sepa leer ni

escribir; si cinco o siete, dos y as

progresivamente.

(Ley de 29-08-1834)

Art. El elector [de parroquia] que se

negare firmar el acta de que se

habla el artculo anterior; o que por

no firmar se ausentare del colegio

sin causa legtima manifestada al

mismo, ser multado en veinte y

cinco pesos, no ser que sea

indgena, y ser privado de la voz

activa y pasiva por cuatro aos. (Art.

57, Ley de 22-12-1849)

Art. 27. Para ser elector de parroquia

se requiere:

1. Ser ciudadano en ejercicio

2. Ser natural o tener dos aos de

vecindad en su parroquia,

cualquiera de las de la provincia

que corresponda.

3. Saber leer y escribir, excepto los

indjenas que pagan contribuciones.

(Ley 29-12-1851)

En el caso de las elecciones para diputados y senadores, las normas electorales s

establecieron requisitos que eran insuperables para la eleccin de cualquier

campesino indgena y en general para cualquier ciudadano peruano de modesta

condicin. Para ser elegido a estos cargos, se deban cumplir con requisitos

capacitarios y censitarios. Respecto a los primeros, se mantuvo la prescripcin de

lecto-escritura, mientras que para los segundos, la eleccin en estos cargos exiga la

propiedad de bienes especialmente bienes races-- o el desarrollo de actividades

econmicas con ingresos elevados. Para el caso de los diputados, los bienes o rentas

exigibles anualmente fluctuaron entre los 800 y 500 pesos, siendo esta cifra la

dominante en las Constituciones decimonnicas. El monto de propiedad e ingresos

para el caso de los Senadores fue tendencialmente ms elevado q

balance de legislación electoral indigena ife-jne.pdf

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