Autor:

ROMERO RATTI, María Victoria

Instituto Provincial de Capacitación Municipal - Ministerio de Ciencia y Tecnología

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Argentina.

Título de la Ponencia:

“Comunicación de Planes Subnacionales de Desarrollo Regional: El caso de

Córdoba (Argentina) 2005-2011”.

Mesa:

La Comunicación de las Políticas Públicas. (Número 15).

Coordinador: Dr. José Emilio Graglia

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Índice

I- Introducción…………………………………………………………………… Pág. 03

II- Políticas Públicas Y Comunicación………………………………………… Pág. 05

III- El Desarrollo Integral y el Municipalismo………………………………….. Pág. 08

a) El Desarrollo Integral…….……..………………………………………. Pág. 08

b) El Municipalismo…………………………………………………………. Pág. 09

c) La regionalización como estrategia. El caso de Córdoba…………… Pág.11

IV- Plan de Desarrollo Regional………………………………………………. Pág. 13

a) Las prioridades 2005-2010…………………………………………….. Pág. 14

b) El diseño del Plan de Desarrollo Regional…………………………… Pág. 16

V- Conclusión…….……………………………………………………………… Pág. 19

VI- Bibliografía……………...….…………………………………………………. Pág. 21

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I- Introducción

Existe un acuerdo generalizado sobre que los gobiernos subnacionales

enfrentan nuevos desafíos, entre ellos el de ser generadores de desarrollo, a lo que

se le suma el hecho de que deben hacerlo participativamente ya que los ciudadanos

reclaman ser protagonistas del proceso de gestión del desarrollo.

A partir de la reforma del Estado en Latinoamérica, proceso iniciado desde

mediados de la década de los ´90, ha adquirido gran relevancia el tratamiento del

tema de las diferentes estrategias de desarrollo que deben poner en marcha los

gobiernos, en sus diferentes niveles, a los fines de poder generar contextos

favorables al desarrollo, lo cual supone, el fortalecimiento democrático y la

promoción de nuevas prácticas de cooperación entre los diferentes actores

sociopolíticos.

Partimos del supuesto de que es preciso estimular el aprendizaje y la

cooperación entre los actores sociales y políticos, locales y regionales; un

aprendizaje que tienda a generar nuevos modos de gobernar la cosa pública. Es en

este marco donde la comunicación adquiere un rol fundamental ya que se

transforma en la herramienta que permite fortalecer el accionar de los distintos

sectores promoviendo una gestión participativa y en definitiva legitimando los

procesos de toma de decisión robusteciendo así los vínculos entre el estado y la

sociedad. Como sostiene Luciano Elizalde “La comunicación cumple tres funciones

generales en las que es necesario implicarla para gestionar los asuntos públicos:

primero, establece relaciones entre los jugadores; segundo, construye y proyecta

representaciones sobre objetos y jugadores, sobre relaciones entre jugadores entre

sí, sobre relaciones entre objetos (proyectos, programas, políticas, decisiones,

etcétera); en definitiva, la comunicación sirve para conocer ciertas representaciones

simbólicas sobre el mundo. (Elizalde, 2009:35).

En la Provincia de Córdoba en el año 2004 se introdujo una gran innovación a

partir de la sanción de la Ley de Regionalización N° 9.206 y la integración, puesta en

marcha y funcionamiento de las Comunidades Regionales lo cual significó un gran

esfuerzo de concertación intergubernamental.

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En los años 2005 y 2010 el Gobierno Provincial puso en marcha sendos

procesos de diagnóstico de prioridades regionales a los fines de que los actores

políticos (en primera instancia) identificaran las principales problemáticas a resolver

de cara al desarrollo de las regiones provinciales.

Para los municipios y comunas de Córdoba, el proceso de regionalización y el

asociativismo intermunicipal representa una oportunidad de diseñar y gestionar

políticas asociadas y coordinadas de desarrollo, de gobernar en términos de

governance, problemas regionales siendo gobiernos locales (Aguilar Villanueva,

1996).

De esta manera, el Plan de Desarrollo Regional implica necesariamente la

generación de estrategias de comunicación a los fines de involucrar a todos los

actores y así fortalecer la legitimidad democrática, asegurar el derecho de los

ciudadanos a estar informados y sobre todo transparentar la gestión pública.

En el presente trabajo veremos principalmente las características del proceso

de diagnóstico del Plan Provincial de Desarrollo Regional vinculándolo con las

principales premisas de la comunicación gubernamental a los fines de detectar las

fortalezas o debilidades que se presentaron en este sentido.

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II- Políticas Públicas y Comunicación

La interrelación entre política y comunicación es cada vez más estrecha, tal

como lo mencionáramos, la comunicación desde ésta perspectiva se transforma en

una herramienta eficaz que debe sumarse y complementarse con otros mecanismos

que permitan la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas efectivas de

cara a las necesidades sociales.

Partimos de una visión de las políticas públicas como “proyectos y actividades

que el estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración a los

fines de satisfacer necesidades de una sociedad” (Graglia, 2007:19).

En esta perspectiva la comunicación (que supone la difusión y divulgación de lo

que un gobierno proyecta y ejecuta) es un eslabón fundamental en el proceso ya

que es el instrumento que le permite a los gobiernos transparentar sus decisiones y

también su gestión. En definitiva se trata de la tarea de comunicar lo que se ha

diagnosticado, lo que se ha decidido y los programas que serán (o son) ejecutados

para resolver los problemas públicos que impiden la satisfacción de necesidades

sociales (Graglia, 2012).

La teoría de la comunicación integrada (Elizalde, 2009) nos permite acercarnos

a las premisas básicas de la comunicación teniendo en cuenta las tres funciones

antropológicas básicas: la de representar simbólicamente algo (qué se entiende por

desarrollo local y regional), la de establecer relaciones entre jugadores sociales

(definir las cuáles son las prioridades de desarrollo), y la de coordinar y ajustar

expectativas impersonales y sistémicas (el diseño del Plan de Desarrollo Regional).

Este punto de partida nos pone frente a los aspectos estratégicos de la

comunicación. Con esto queremos decir que la comunicación gubernamental no es

el objeto de estudio del presente trabajo sino que la 'utilizamos' como instrumento de

análisis de una realidad determinada, en este caso el proceso de diseño y gestión

del Plan de Desarrollo Regional.

En este marco es importante destacar que observamos un marcado 'déficit

comunicacional' en nuestros gobiernos, una mirada deficiente sobre la importancia

estratégica que tiene la comunicación en procesos de legitimación de las políticas

públicas que diseña y ejecuta.

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El diagnóstico de prioridades, en el marco de una política de regionalización en

la provincia de córdoba, parte del supuesto de que es necesario problematizar

ciertos temas a los fines de que se tomen decisiones públicas que los resuelvan, se

trata de que 'esos' temas pasen de la esfera privada a la pública.

En este sentido, recurrimos a la noción que Habermas plantea sobre el espacio

público, el cual tiene dos funciones básicas “detectar problemas y presionar para que

los espacios púbicos ´fuertes´ tomen decisiones en relación a las cuestiones

públicas del sector de la sociedad civil por efecto del procesamiento de 'sentido' que

realiza en mundo de la vida” (Elizalde, 2003; 286). La comunicación entonces debe

concentrarse en identificar los problemas y a la vez presionar en los espacios

públicos formales para que se tomen decisiones.

En este marco y como venimos sosteniendo la comunicación ya no debe ser

percibida como una posibilidad, sino más bien como una herramienta indispensable

de gestión de los asuntos públicos, ya que como lo mencionáramos es por medio de

ésta que se garantiza la participación de todos los actores sociopolíticos. Es la

herramienta que le permite a los actores pasar del terreno de lo privado al terreno de

lo público de manera incremental a través de la construcción de consensos que solo

son posibles participativamente.

De esta manera, y observando el proceso desde la gobernanza, podemos ver

un Estado que entiende que ya no puede resolver problemas públicos a solas, y

donde la ciudadanía tiene conciencia de que debe ser co-gestor de las políticas

públicas, es allí donde la comunicación se convierte en la ´bisagra´ que articula no

solo la problematización de los temas sino también la relación entre los actores

públicos y privados, y es en definitiva esto lo que garantiza la transparencia de los

procesos.

Siendo la gobernanza un proceso de acción colectiva en el que participan múltiples

actores con diferentes enfoques, intereses y niveles de conocimiento, poder y

recursos, el proceso no podrá ponerse en movimiento más que sobre la base de

acuerdos de los participantes (públicos, privados y sociales): un acuerdo sobre las

reglas de acceso para participar del proceso y un acuerdo sobre las reglas y

prácticas que deberán observarse a los largo del proceso (Aguilar Villanueva, 2009);

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entendemos que no es posible un proceso de estas características si descuidamos

los procesos comunicacionales.

En definitiva de lo que se trata es de construir redes de comunicación que

permitan a los gobiernos y a la sociedad civil no solamente fortalecer su vínculo sino

maximizar los beneficios resolviendo los problemas públicos y satisfaciendo las

necesidades sociales.

Con la gobernanza se abre un nuevo abanico de posibilidades de acción de los

diferentes actores, se trata ahora de construir y fortalecer las relaciones entre ellos a

los fines de construir proyectos consensuados de largo plazo. Ya los gobiernos no

pueden ni deben estancarse en la mera publicitación de los logros de su gestión,

como estrategias comunicacionales, deben (de manera imperativa) trabajar para

construir matrices comunicativas que les permitan relacionarse entre sí y con las

sociedades que gobiernan para lograr lo que Aguilar Villanueva menciona como

contenidos esenciales de la gobernanza, (…) la deliberación conjunta, interacción,

interdependencia, coproducción, corresponsabilidad, cogobierno, asociación entre

gobierno y las organizaciones privadas y sociales (Aguilar Villanueva, 2009:42)

Intentaremos en los apartados siguientes describir las características del

Municipalismo en Córdoba y cómo en ese marco se desarrollaron los diagnósticos

participativos desde la visión de la gobernanza local y atendiendo las

particularidades de la comunicación gubernamental en dichos procesos.

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III- El Desarrollo Integral y el Municipalismo

a) Desarrollo integral

Para que el desarrollo sea integral debe respetar la dignidad humana y buscar

el bien común. Tanto el respeto a la dignidad humana como la búsqueda del bien

común responden a principios que se realizan en un espacio y un tiempo de acuerdo

con circunstancias (Graglia, 2007).

Entendemos que el desarrollo debe fundarse en la cooperación entre los

actores, es decir partimos del supuesto de la existencia de un conjunto de

situaciones problemáticas que no pueden ser resueltas con decisiones y acciones

propias (individuales de cada territorio) sino que la mejor manera de ser resueltas es

de manera mancomunada, esto es, subsidiariamente; y es sobre esta base que el

desarrollo se asienta en principios solidarios y participativos.

Desde la visión que compartimos este desarrollo que buscamos como finalidad

debe ser necesariamente integral, esto es, debe incluir el crecimiento económico

pero debe también promover y garantizar la inclusión social, un crecimiento

económico inclusivo debe favorecer la incorporación efectiva de los sectores más

vulnerables y de los territorios más rezagados a los beneficios de una economía en

aumento (Böhm, 2006). También debe prever la protección del ambiente, es decir

debemos abonar por un crecimiento sostenible y sustentable ambientalmente.

Este desarrollo que buscamos para que sea integral debe fortalecer las

instituciones democráticas y generar herramientas que forjen una real cultura cívica.

Fortalecimiento institucional significa más y mejores instituciones

representativas y republicanas y éste, entre otros factores no menos importantes,

significa un federalismo real, con provincias y municipios capaces de ejercer sus

autonomías políticas, administrativas y financieras.

Por último, pensar el desarrollo integral nos conduce a asegurar que

necesitamos cultura cívica, esto es, una sociedad civil fortalecida e implicada, capaz

de cooperar, de cogestionar responsablemente y dirigentes conscientes y

comprometidos. (Merlo Rodríguez, 2011)

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b) El municipalismo

Los municipios latinoamericanos presentan una gran variedad de diferencias y

similitudes. Aun existen municipios que carecen de autonomía, y muchos otros que

son autónomos legal pero no formalmente, pero concentrándonos concretamente en

Argentina, vemos que “el régimen municipal argentino se configura a través de

diferentes diseños institucionales que a su vez poseen distintas denominaciones y

estructuras: municipios con carta orgánica o sin ella y comunas, delegaciones,

comisiones municipales, vecinales o de fomento. Dicho régimen comienza a

legislarse y rediseñarse en el año 1853 a través del artículo 5° de la Constitución

Nacional: “Cada Provincia dictará para sí una Constitución (…) que asegure su

administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas

condiciones, el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus

instituciones” (Merlo Rodríguez, 2011).

En este sentido y a los fines de fortalecer el municipalismo argentino, en la

reforma constitucional de 1994, a través del artículo 123° se introduce una novedosa

modificación: “Cada Provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto

por el art. 5º asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido

en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Con esto

vemos que el régimen municipal de nuestro país se encuentra normado con los

artículos 5° y 123° de la Constitución Nacional.

Se puede observar claramente que a lo largo de la historia de nuestro país los

municipios han ido reconfigurándose, reclamando para sí más y mejores

autonomías, reclamando el paso de lo formal a lo real, reclamando mayor

independencia administrativa, económica, financiera y también política.

Se observa un claro salto cualitativo que, con progresos y retrocesos, según los

diversos regímenes municipales de cada provincia argentina, en general, se puede

visualizar que en un primer momento las administraciones municipales se dedicaron

solamente a la prestación de los servicios urbanos (desde alumbrado e higiene

hasta vialidad y transporte). En una segunda etapa, los gobiernos municipales se

consagraron, además, a la promoción del desarrollo local. Este segundo momento

señalado no sustituye al primero. La promoción del desarrollo local se agrega a la

prestación de los servicios urbanos a cargo de los municipios. El paso de la primera

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a la segunda oleada del municipalismo se ha caracterizado por un proceso

incremental de transferencia de funciones del gobierno nacional a las provincias y de

las provincias a los municipios. Dichas transferencias de funciones se dieron tanto

explícita como implícitamente. (Graglia, 2006).

Ahora bien, en la consecución de este proceso se observa un tercer momento

u ´oleada´ donde la característica fundamental es el asociativismo intermunicipal

(Giuliano, 2006) donde los gobiernos locales se relacionaron cooperando

mutuamente en la prestación de servicios urbanos y, también, en la promoción de

desarrollos locales.

Es el paso de municipios que se asociaban para ayudarse en el ejercicio de

sus funciones dentro de sus respectivos ejidos o radios a una tercera ola que se

caracteriza por asociaciones intermunicipales gobernando regiones territoriales. Ésta

será la característica principal del nuevo municipalismo. En la tercera ola del

municipalismo, las administraciones y los gobiernos municipales seguirán prestando

los respectivos servicios urbanos (primera oleada), seguirán promoviendo los

respectivos desarrollos locales (segunda oleada) pero, además, se harán cargo de la

gestión de su región. Más precisamente, se harán cargo de la gestión del desarrollo

de su región. (Graglia, 2006).

Está claro que el desarrollo regional es el soporte del desarrollo local. Para que

se desarrollen las localidades debe progresar la región que las contiene. Hoy por

hoy, trabajar a favor del desarrollo local implica trabajar a favor del desarrollo

regional. En términos de desarrollo, lo local va indisolublemente ligado a lo regional.

A su vez, el desarrollo regional es el soporte del desarrollo provincial y nacional.

Para que se desarrollen las provincias y la Nación deben progresar las regiones

(Graglia y Riorda, 2006).

Es en este esquema, en la Provincia de Córdoba, en el año 2004 se introduce

una gran innovación a partir de la sanción de la Ley de Regionalización N° 9.206 y la

integración y puesta en funcionamiento de las Comunidades Regionales lo cual

lógicamente supuso un gran esfuerzo de concertación intergubernamental.

Es indudable que existe un escenario global que nos conduce a pensar en

gobiernos locales fuertes, autónomos (no solo formalmente), para lo cual es

necesario un marco de legalidad, que constitucionalmente y en el caso de Córdoba,

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a través de la sanción de la mencionada Ley de Regionalización están garantizados;

ahora bien ¿es el marco legal suficiente para pensar el desarrollo local y a partir de

éste el de las regiones?. Sabemos que esto no es suficiente, necesitamos de un

municipalismo que, en términos de gobernanza, sean capaces de erigir y sostener la

concertación entre el sector público, el sector privado y el ciudadano.

Sin un proceso de concertación construido en el escenario público colectivo es

impensable una política pública exitosa en términos de impacto social y político.

c) La regionalización como estrategia. El caso de Córdoba

Viendo al desarrollo como necesidad a satisfacer y considerando a la

centralización provincial como un problema a resolver (Graglia, Merlo y Kunz, 2005),

la Ley N° 9.206 supuso dos innovaciones trascendentes llamadas a reformar

estructuralmente el Estado provincial. A través de acuerdos y consensos se crean

veintiséis (26) regiones y se reconocen asociaciones intermunicipales (llamadas

“Comunidades Regionales”) a constituir como gobiernos de las regiones creadas.

De acuerdo con la Ley N° 9.206, se regionaliza el territorio provincial mediante

la creación de veintiséis (26) regiones en coincidencia con los departamentos

existentes. Esta Ley de Regionalización crea regiones político-administrativas (no

regiones socio-culturales ni socio-económicas).

Lo más importante del caso cordobés, ha sido el reconocimiento de

asociaciones intermunicipales (llamadas “comunidades regionales”) a constituir

como gobiernos de las regiones creadas, basadas fundamentalmente en la

construcción de consensos, es decir en la concertación como herramienta de

gestión.

Claramente, viendo su forma de constitución, las comunidades regionales son

asociaciones intermunicipales (o mancomunidades de gobiernos locales).

Vale señalar que también podrán participar de la comunidad regional, cuando

por resolución de sus cuerpos orgánicos así lo dispongan, los representantes de los

Consejos de la Sociedad Civil con asiento en la región.

Sin dudas la regionalización representa un acuerdo, una construcción de

consensos donde los engranajes de la comunicación adquieren un papel

protagónico. Se trata en suma, de un proceso consensuado, construido

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comunicacionalmente que, si bien se enmarca en un proceso mucho más global,

como lo es el cambio de roles de los gobiernos locales en relación a la promoción

del desarrollo, no hubiera sido posible sin la adecuada visión de la importancia de

una estrategia comunicacional.

Es concertadamente y, desde el ´modelo relacional de políticas públicas´

(Graglia, 2007) que se comunica la alternativa decidida participativamente, viendo al

desarrollo regional como la necesidad a satisfacer.

A continuación describiremos los procesos de diagnósticos promovidos por el

gobierno provincial a los fines de identificar las prioridades regionales para el

desarrollo.

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IV- Plan de Desarrollo Regional.

Como mencionáramos en apartados anteriores el proceso de regionalización

en la Provincia de Córdoba ha significado un gran esfuerzo de concertación

intergubernamental y un caso rico en cuanto a los mecanismos de ajuste mutuo

partidario (Lindblom, 1979), aplicados tanto en la integración como en el

funcionamiento cotidiano de las Comunidades Regionales.

Para los municipios y comunas, el proceso de regionalización y el asociativismo

intermunicipal es una oportunidad por un lado, para asumir nuevas

responsabilidades (competencias y recursos) provenientes del gobierno provincial, y

por otro, para ganar efectividad a través de la centralización de competencias y

recursos municipales y/o comunales, a los fines de intentar superar así las

dificultades provenientes de la escala poblacional y territorial de la generalidad de

los municipios y comunas existentes que dificultan la gestión del desarrollo regional.

(Graglia, Merlo y Kunz, 2005). En síntesis, es una oportunidad de diseñar y gestionar

políticas asociadas y coordinadas de desarrollo, de gobernar en términos de

gobernanza problemas regionales siendo gobiernos locales (Aguilar Villanueva,

1996).

A los fines de maximizar las oportunidades y minimizar de la complejidad que

trae aparejada el asociativismo y el pasaje de lo local a lo regional, es necesaria la

planificación concertada como así también la evaluación participativa, esto es un

Plan de Desarrollo. (Merlo Rodríguez, 2011)

Las prioridades identificadas con sus respectivos indicadores permitirían iniciar

(o reiniciar) un proceso de diseño y gestión de políticas de desarrollo regional, de

descentralización provincial y de integración intermunicipal, indispensables a los

fines de gobernar con sentido público (Aguilar Villanueva, 1996).

Partimos del supuesto de que la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional

sobre la base de la identificación y construcción participativa de las prioridades de

cada Región de la Provincia promueve el desarrollo integral a escala regional y

provincial.

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En este marco, el objetivo es diseñar participativamente un plan que promueva

el desarrollo integral a escala regional y provincial.

Para poder lograr este objetivo se necesita en primera instancia que los actores

sociopolíticos identifiquen las principales prioridades de desarrollo de cada una de

las regiones provinciales, lo cual supone la construcción de acuerdos que superen (o

incluyan) la visión local de cada uno de los actores intervinientes.

a) Las prioridades 2005-2010

En el año 2005 el gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de un

convenio con la Universidad Católica de Córdoba, promueve el primer proceso de

identificación de prioridades a los fines de diseñar un Plan de Desarrollo Regional,

que permitiera poner en valor estas mancomunidades que fueron reconocidas luego

de la sanción de la Ley de Regionalización.

Sin dudas se trató de un proceso absolutamente novedoso, donde el gobierno

provincial promueve la formación de un espacio de concertación sobre la definición

de las principales problemáticas a resolver a los fines de satisfacer la necesidad de

desarrollo integral en cada uno de los espacios territoriales que conforman la

Provincia.

En el año 2010, y sobre la evidencia de un proceso que había avanzado muy

lentamente, nuevamente el Gobierno Provincial decide (re) iniciar el proceso en

vistas a contar con una política pública que les permita a los gobiernos locales

pensar y gestionar en términos regionales. En este caso lo hace a través de un

organismo público, el Instituto Provincial de Capacitación Municipal, dependiente del

Ministerio de Gobierno.

El equipo técnico que acompañó metodológicamente sendos procesos aseguró

el encuentro de actores políticos locales que pudieran identificar colectivamente las

principales problemáticas de la región superando la visión localista y promoviendo la

concertación y acuerdos colectivos sobre “lo regional”.

De esta manera fueron los actores políticos quienes acordaron qué era lo más

importante y urgente (priorización de problemas) a resolver a una escala territorial

diferente a la que gestionan cotidianamente.

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Se procuró que primara una “visión estratégica” en términos de desarrollo, que

en esa priorización que se realizaba la urgencia fuera una criterio, pero también que

se pudiera tener una mirada a largo plazo y sobre todo en términos de gestión

cooperativa (que prime lo regional y no lo local).

En este marco el equipo técnico (que desde distintos espacios institucionales

fueron dirigidos y co-dirigidos por los mismos técnicos) a través de actividades de

asistencia técnica que se llevaron a cabo mediante una metodología de

investigación acción participativa, impulsó la búsqueda de acuerdos donde primara

la idea de gobierno en términos de gobernanza, esto que se pudieran identificar

problemas cuya resolución pudiera ser abordados asociativamente.

En definitiva el diseño de intervención tanto en 2005 como en 2010, procuró

seleccionar herramientas metodológicas para el procesamiento y sistematización de

la información resultante de los espacios de diálogo que permitieran

fundamentalmente no solo asegurar la visión de los actores participantes sino

también de poner a la luz una cuestión más que importante, la necesidad de la

concertación como herramienta de gestión.

En base a la metodología mencionada, se realizaron talleres en cada una de

las regiones, trabajando con los Intendentes municipales y Presidentes comunales

integrantes de las respectivas Comunidades Regionales. En cada uno de ellos, se

solicitaba a cada participante que enunciara los tres problemas prioritarios de la

región (no de su municipio o comuna sino de la región, lo que suponía un esfuerzo

de adaptación a una nueva escala de análisis).

No es el objetivo de este trabajo exponer cada una de las prioridades

identificadas (para mayor información consultar www.incam.gov.ar) sino describir el

proceso de diagnóstico a los fines del diseño del Plan de Desarrollo.

En este sentido y desde la perspectiva comunicacional debemos destacar que

en ambas instancias de identificación de las prioridades, fue muy importante la tarea

del equipo técnico quien procuró metodológicamente integrar aquello que

mencionáramos al principio en palabras de Elizalde, la comunicación es una

herramienta que necesariamente debe estar implicada en la gestión de los asuntos

públicos, relacionando los “jugadores” (en este caso los actores políticos locales) a

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los fines de proyectar representaciones sobre objetos (Elizalde, 2009) es decir, que

se pudiera visualizar el tipo de desarrollo que estos actores desean para sus

territorios, pero sobre la base de la búsquedas de acuerdos para una gestión

asociada que permita resolver problemas locales que trascienden los territorios que

gobiernan.

b) El diseño del Plan de Desarrollo.

El fortalecimiento de las autonomías municipales como baluarte del

municipalismo cordobés, supone superar el aislamiento en pos del asociativismo a

los fines de resolver problemas públicos con el objetivo de satisfacer necesidades

sociales. La regionalización en la provincia de Córdoba plantea esta posibilidad

resolver a escala regional problemas locales que por su manifestación exceden el

localismo e implican esfuerzos compartidos entre municipalidades y comunas. El

asociativismo a escala regional es claramente una herramienta de gestión que

fortalece el desarrollo.

Insistimos en la idea de que la comunicación es un mecanismo doblemente

importante para gestionar los asuntos públicos, por un lado nos permite coordinar el

accionar de los actores que intervienen en el proceso y por otro lado para diferenciar

(o destacar) ciertas cuestiones en el escenario púbico.

Sabemos que formular una estrategia nos conduce a pensar en que debemos

formular objetivos pero sobre todo en cuál es la mejor manera de conseguirlos,

implica pensar en un hoy con vistas al mañana.

El proceso de regionalización de la provincia de córdoba, dado en un marco

global de (re) formulación de los roles municipales; la consiguiente puesta en marcha

de las Comunidades Regionales, que nos muestra esa figura de gobiernos locales

gobernando regiones; los procesos de diagnósticos llevados a cabo en los años

2005 y 2010, son la base en la que se sustenta una decisión gubernamental de que

en el año 2011 debíamos cumplimentar con el diseño del Plan de Desarrollo.

Ese es el escenario de este proceso. Conocer 'dónde estamos parados',

conocer nuestra realidad, es lo único que nos permite pensar en la cuál es la mejor

manera de alcanzar los objetos que pretendemos alcanzar. Con esto queremos

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decir, que diseñar el plan de desarrollo sin sendos procesos de diagnósticos

participativos que nos permitan realizar los balances y las perspectivas a casi diez

años de iniciado el proceso, sería hasta peligroso.

El proceso que tuvo como resultado la sanción de la Ley de Regionalización se

caracterizó por la construcción de importantes acuerdos políticos e

intergubernamentales, fue la base que permitió a los actores políticos pensar en la

idea de diseñar un plan a escala provincial de desarrollo regional. En conclusión son

la articulación de las herramientas de búsqueda de consensos, la que permite a los

actores construir un presente y una idea de futuro.

Otro principio nos conduce a afirmar que si ese gran acuerdo intersectorial e

intergubernamental que sentó las bases, podemos pensar, con herramientas

técnicas, que existe un consenso también sobro cómo alcanzar la meta, que es el

desarrollo la provincia a través de lo local y lo regional, esa es la fortaleza que

demos resguardar.

No tenemos dudas de que la construcción y sostenimiento del consenso sobre

qué tipo de desarrollo y de cómo debemos hacer para conseguirlo sigue siendo el

gran desafío. Reconocer colectivamente cuáles son las necesidades a satisfacer y

concertar las maneras y los medios para satisfacerlas construye poder, un poder que

es generado por el consenso.

Sabemos entonces que el consenso genera poder, poder de acción en los

actores que logran consensuar, ahora bien, en este marco la comunicación es una

herramienta que puede ser utilizada para fortalecer ese poder o bien para generar

disensos. Entonces debemos dejar bien en claro que en el marco del diseño y la

gestión del plan de desarrollo regional necesitamos construir una estrategia

comunicacional orientada hacia el consenso.

Como ya se expuso, el objetivo es diseñar participativamente un plan que

promueva el desarrollo integral a escala regional y provincial. Necesitamos entonces

una estrategia de gestión cooperativa, donde sector público, privado y civil puedan

encontrarse a los fines de generar acuresdos sobre como gestionar de cara al

desarrollo.

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Siguiendo a Graglia, destacamos la importancia que tiene desde ésta

perspectiva que se comuniquen los proyectos que se han decidido y las actividades

que se dirijan (Graglia, 2012).

Es responsabilidad de los administradores informar las actividades proyectadas

y ejecutadas, se trata ni más ni menos que el acceso a la información pública.

En este sentido, igual de importante resulta la divulgación de los proyectos y

actividades, cuya responsabilidad es de los gobernantes.

Desde este punto vemos la importancia que cobran los medios masivos de

comunicación en la construcción de la estrategia. Acá es donde los gobernantes

debe comprender la estrecha relación que existe entre los mecos y la política, sin

este entendimiento se presupone solo tendremos por parte de nuestros gobiernos

´reacciones´ a la agenda que imponen estos medios.

Se trata entonces de contar con un plan que prevea una estrategia

comunicacional que permita ´captar´ la demanda social realizada a través de los

medios, pero también que nos permita anticiparnos; y el único modo de conseguir

esto es por medio del diseño y la gestión de políticas públicas participativas que

tiendan, en el sentido de la gobernanza, a la generación de consensos sostenibles

en el tiempo entre actores de todos los sectores, que instale capacidades en los

gobiernos locales de modo tal que la gestión de los asuntos públicos se realice a los

fines de satisfacer la necesidad del desarrollo de localidades, regiones, la provincia y

por ende de la nación.

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V- Conclusiones

Pensar en el desarrollo regional, supone pensar a los gobiernos locales como

agentes del desarrollo lo cual implica asumirlos como generadores de estrategias de

crecimiento económico, de cuidado del ambiente, de fortalecimiento de las

instituciones y sobre todo generadores de acciones que tiendan al civismo, todas

estas bases del desarrollo integral.

Este desarrollo integral, genera un desafío para los gobiernos locales ya que

implica un nuevo modelo de gestión a escala local y regional, un nuevo

municipalismo que los tiene como protagonistas. Hoy el municipalismo supone

además de la prestación de los servicios urbanos la promoción del desarrollo a

escala local y sobre todo regional, lo cual prevé asociaciones intermunicipales que

gobiernen mancomunadamente las regiones territoriales a los fines del desarrollo

regional y por extensión del desarrollo de la Provincia.

La regionalización en la provincia de Córdoba plantea esta posibilidad resolver

a escala regional problemas locales que por su manifestación exceden el localismo e

implican esfuerzos compartidos entre municipalidades y comunas. El asociativismo a

escala regional es claramente una herramienta de gestión que fortalece el

desarrollo.

Las actuales condiciones sociales y políticas (nacionales e internacionales)

evidencian la necesidad de que los estados asuman la importancia que tiene

gestionar asociadamente, entre ellos mismos o bien entre otros niveles de

gobiernos, pero también la necesidad de la concertación público-privada a los fines

de satisfacer necesidades sociales. Al respecto Aguilar Villanueva sobre el concepto

de gobernanza local dice: “De este modo, para resolver los problemas y superar los

desafíos actuales se requiere ascender a un nivel superior de información,

inteligencia, recursos, organización y eficiencia que rebasa las potencialidades

gubernamentales y las de cualquier actor económico y social, razón por la cual se

exigen formas sinérgicas de deliberación, interacción y asociación público-privada,

gubernamental-social: conjunción de jerarquías, mercados y redes sociales”. (Aguilar

Villanueva, 2009: 8).

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En este sentido, pensar en el desarrollo supone también conocer cuáles son

las prioridades para conseguirlo.

La capacidad de gestión es un requisito indispensable para la gobernanza y, a

su vez ésta última necesita de herramientas que favorezcan la gestión asociada

entre los actores sociopolíticos, donde la presencia de herramientas de

comunicación determina la consecución de acuerdos que garantizan la legitimidad

de los procesos.

El diseño y la gestión de un Plan de Desarrollo Regional debe prever la

articulación de herramientas comunicacionales que relacionen a los actores entre sí

y que les permita la generación y fortalecimiento de acciones de concertación.

Es la comunicación (que supone información y divulgación) de los asuntos

públicos la que de manera real y efectiva permite la generación de consensos en el

espacio público colectivo.

El Plan de Desarrollo Regional es una política pública que tiene por finalidad

satisfacer la necesidad de desarrollo, y como lo sostienen Crespo, Garrido, Carletta

y Riorda, “toda política debe transformarse en un hecho comunicable (…). En esta

concepción, el rol de la comunicación adquiere una importancia particular ya que los

actores de la misma tienen limitaciones de carácter temporal para interactuar de

manera veloz y dinámica, en búsqueda de un resultado determinado”.

En el marco de un proceso que dio inicio en 2005, en 2011 nos encontramos

con el diseño de un Plan de Desarrollo Regional que parte de dos presupuesto

básicos, la incorporación de un nuevo modelo de gestión, la gobernanza, y sobre

esta base la necesidad de contar con una estrategia de comunicación que permita

gestionar en ese sentido y sobre el principio de la búsqueda de consensos en el

escenario público, para legitimar y dar transparencia a la gestión.

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