aurelia fernández delgado
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
Vicerrectoría Académica
Escuela de Ciencias Sociales
Sistema de Estudios de Posgrado
Maestría Profesional en Derechos Humanos
Modalidad Proyecto Profesional
Análisis de la relación de la Política Nacional del Ministerio deEconomía, Industria y Comercio sobre la Responsabilidad SocialEmpresarial con los Derechos Humanos (espec íficamente en elámbito laboral) contenidos en el Objetivo Octavo de la Agenda deDesarrollo Sostenible 2030
Presentado en cumplimiento del requisito para optar por el título de
Magister en Derechos Humanos
Aurelia Fernández Delgado
San José, Costa RicaAgosto, 2020
1
Tabla de contenido
JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 4
Modalidad de trabajo…………................................................................................................ 6
Tipo de investigaci ón……....................................................................................................... 6
Delimitación
a.Temporal………….…….…......................................….........................................................
7 b.
Espacial………...................................................................…..............................................7
Preguntas…................................................................……....…...............................................
7
a. Pregunta general…………........................................…....…............................................... 7
b. Preguntas específicas………………………………………………………….………………... 8
Objetivos
a. General ………..................................................................…......................................…....
9 b.
Específicos............................................................…........…....................................….…...9
Estado de la cuestión………..................................................….......................................…...9
Marco teórico
……..................................................................…........................................…14
Metodología…………………………………….…………………….............................…......…
23
INTRODUCCIÓN.....................................................................…......................................…..
26
CAPÍTULO I Aspectos internacionales sobre la responsabilidad social empresarial y
los derechos humanos.…......................................................….....................……...…….…
29
1.1. Normativa internacional en torno a las empresas y los derechos humanos
laborales………………………………………………………………..……………………………. 32
1.2. Conceptualización de la responsabilidad social empresarial..……………………..………45
1.3. Agenda 2030 de Naciones Unidas……………….…..……….…………………………….. 50
2
CAPÍTULO II Política Nacional sobre la Responsabilidad Social EmpresarialEmpresarial………………………………………………………………………………………......532.1. Marco normativo
nacional................…………………………………………………........….54
2.2. Surgimiento de la Política Nacional
2017-2030……………………………………………...57
2.3. Vinculación de la Política sobre Responsabilidad Social con iniciativas
nacionales….…61
2.4. Marco Estratégico de la Política Nacional de Responsabilidad
Social…………………....63
2.5. Ejes temáticos de la Política Nacional de Responsabilidad Social………………………..67
CAPÍTULO III Ejecución de la Política Nacional de Responsabilidad
Social………………………………………………………………………………………...………..71
3.1. Plan de Incentivos para la Responsabilidad Social
Empresarial…..……....................…..72
3.2. Retos sobre la responsabilidad social en Costa
Rica……...................................…….….81
RECOMENDACIONES.....................................................................................................…..
84
CONCLUSIONES……………………………………………………...…..………………………...87
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................….…..91
3
Justificación
El punto de partida de este trabajo de investigación, surge de una reflexión sobre la
situación laboral que viven muchos trabajadores en este país. Recuerdo el caso de una
persona quien tenía veinte años de laborar para una misma compañía, no obstante, decidió
aceptar un nuevo empleo en otra empresa, pues le ofrecieron mejores condiciones
laborales.
Al empezar su nuevo trabajo, las funciones para las cuales fue contratado en un inicio
variaron. Como consecuencia de esto, se vio obligado a trabajar aproximadamente catorce
horas diarias, de lunes a sábado. Además, como era jefe y su salario resultaba “competitivo”,
no podía cobrar horas extras. Con tan solo cuatro meses de haber iniciado en este nuevo
trabajo, debido al extremo cansancio y por no poder disfrutar de su familia, se vio obligado a
renunciar.
En Costa Rica, mucho se habla sobre el tema de los derechos humanos, pero ¿quién
es responsable de la vigencia de los derechos humanos en el trabajo? Podríamos pensar, 4
partiendo de una visión exclusivamente paternalista, que es una tarea exclusiva del Estado.
Hemos aprendido que solo el Gobierno es el responsable del respeto, protección y garantía
de los derechos. Pero qué tal si ampliamos la pregunta: ¿solo es responsable el Estado?,
¿las empresas podrían también ser responsables? Lo cierto es que lo son.
La Organización de las Naciones Unidas, estableció los 31 Principios Rectores sobre
las Empresas y los Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos aprobó por
unanimidad el 16 de junio de 2011, reconociendo con ello el rol preponderante que juegan
las empresas en la tutela de los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030, la cual establece la hoja de ruta que deben seguir los países en
los próximos doce años en materia de derechos humanos, esto le da sentido a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En el octavo objetivo de dicho
documento se plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
En este punto, con base en el octavo objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, es importante esclarecer el sentido de la responsabilidad social empresarial, con el
cual se trabajó en este proyecto de investigación y es que, la responsabilidad social no se
reduce a lo que hace la empresa “con el dinero que le sobra”, pues a eso le podríamos
llamar caridad o filantropía. Por el contrario, se considera la responsabilidad social
empresarial, como la manera en que la empresa puede ejecutar sus negocios de manera
competitiva, pero sin caer en violaciones de derechos humanos.
Por esta razón, las empresas en Costa Rica, tienen un papel importante en la
protección de los derechos humanos y la justicia social, pues generan un impacto en las
vidas de las personas en aspectos globales, desde la pobreza, los recursos naturales, hasta
la corrupción, entre muchos otros. Por ello, los derechos humanos tienen que respetarse en
todas las fases de la cadena de producción de las empresas, empezando con la extracción y
obtención de materias primas, y finalizando con la toma de decisiones ejecutivas en las
sedes de las compañías.
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En la actualidad, ninguna empresa puede considerar reducir costos en sus
operaciones, incumpliendo con normas propias de derechos humanos, pues, a mediano
plazo, esto les saldrá más caro. El hecho de obligar a los trabajadores a una jornada por
encima de la establecida por el ordenamiento, con la excusa de “salarios competitivos”, es
inadmisible en un país como el nuestro, que pretende ser un modelo a seguir en el mundo
en cuanto a la protección de los Derechos Humanos.
De ahí que, el papel del Estado no puede limitarse a otorgar licencias y permisos para
que una empresa entre en funcionamiento, debe promover que las actuaciones
empresariales sean monitoreadas y, frente a cualquier desviación, aplicar la sanción
correspondiente.
Esto nos lleva a indicar que si bien el Estado, quizás no vulnera directamente los
derechos humanos, sí puede ser culpable por violaciones cometidas por terceros, en este
caso las empresas, si no ha desarrollado medidas necesarias, que permitan propiciar una
adecuada protección y garantía de los derechos humanos.
Esta visión de fomento por el respeto a los derechos humanos, es un valor adicional
para las empresas, no solo porque mejora su reputaci ón, sino también su capacidad para
atraer y retener buenos empleados, clientes y usuarios, así como la motivación y la
productividad de las personas trabajadoras, la percepción de los inversores, las relaciones
con los grupos de interés y las ventajas competitivas , por lo que todos como sociedad
salimos ganando con empresas comprometidas en el respeto y protecci ón a los derechos
humanos, en una sociedad que cada día lo amerita más.
Por lo que, se investigó si ¿en la actualidad el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, cuenta con políticas o normativa que permitan vincular a las empresas, a una
responsabilidad social empresarial enfocada al tema de derechos humanos en el ámbito
laboral, a efectos de dar cumplimiento al objetivo octavo de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas?
6
Modalidad de trabajo final de graduación
La modalidad que se escogió, para este tema de investigación es el Proyecto
Profesional, por cuanto esta modalidad me permite abordar la problemática escogida, desde
las teorías y técnicas de la disciplina del derecho. Además, posibilita una propuesta de
solución práctica ante la situación particular de las empresas en Costa Rica y su vinculación
con la responsabilidad social en la protección de los derechos humanos laborales.
Tipo de investigación
El tipo de investigación escogido es una investigación combinada, la cual se basó en
el libro del autor Jorge Ramírez Caro, en el que se utilizó tanto la investigación de campo,
por medio de entrevistas a una persona funcionaria del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio de Costa Rica (MEIC), en este se analizó qué ha realizado la instancia estatal,
para que las empresas respeten los derechos humanos en materia laboral, cuáles
mecanismos poseen para ejecutar la normativa internacional sobre el tema, asimismo se
realizó entrevistó a una colaboradora de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED),
en donde se verificó si el sector privado se ha interesado en respaldar políticas de
responsabilidad social, en el marco de respeto de los derechos humanos en el campo
laboral.
Siendo que además se efectuó una investigación documental, que permitió el
manejo de fuentes documentales, sean libros, revistas, entre otros, con lo cual se determina
el conocimiento que existe hasta este momento en torno al objeto de estudio escogido.
Delimitación espacial y temporal
Se escogi ó como límite temporal y espacial, estudiar las políticas que generó la
administración Solís Rivera, para vincular a las empresas a una responsabilidad social
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empresarial enfocada al tema de los derechos humanos en el ámbito laboral. Para ello, se
delimitó la búsqueda de información en la institución estatal del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.
Preguntas
Pregunta General: ¿Cuenta, en la actualidad, el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio, con políticas o normativa que permitan vincular a las empresas, a una
responsabilidad social empresarial enfocada al tema de derechos humanos en el ámbito
laboral, a efectos de dar cumplimiento al objetivo octavo de la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas ?
Con esta pregunta, se pretende verificar si en el país, se han implementado
políticas, planes de acción, o lineamientos, a efecto de que las empresas se vean vinculadas
al tema de la responsabilidad social, en torno a la protección de derechos humanos en el
campo laboral, con la finalidad de dar contenido al objetivo octavo de desarrollo sostenible,
dispuesto en la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas.
Específicas
¿Cuál es el marco normativo internacional, que resguardan los derechos humanos laborales
dentro del marco de la responsabilidad social empresarial?
¿Cuál fue el tratamiento que la Administraci ón Solís Rivera, por medio del Ministerio de
Industria, Economía y Comercio, asumió para vincular empresas a una responsabilidad
social, enfocada a los derechos humanos laborales?
¿Existen políticas o incentivos estatales, los cuales, busquen promover que las empresas
asuman compromisos de responsabilidad social en cuanto al cumplimiento de los derechos
humanos laborales?
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Con estas preguntas, se pretende proporcionar un análisis en la evolución de los
derechos humanos laborales dentro del marco histórico normativo, tanto a nivel internacional
como nacional, que permita al lector conocer cuáles principios o convenios, se exige hoy en
día que formen parte de la responsabilidad social de las empresas, la observancia de los
derechos humanos y específicamente los derechos laborales; de tal manera que ese
conocimiento, permita identificar cuáles políticas concretas posee el país, para vincular a las
empresas en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos laborales.
Partiendo de esto, se pretende identificar si el Estado costarricense, por medio del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, promueve políticas que les permitan a las
empresas proyectar como parte de su responsabilidad social, el resguardo de los derechos
humanos laborales. A partir de todas estas consideraciones, se logra dibujar el contexto que
vive el país, dentro del marco de acciones concretas que esté realizando, para conocer si
está cumpliendo con el objetivo octavo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
Objetivos
Objetivo general
Estudiar la actuación del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, durante la
Administración Solís Rivera, en cuanto a las políticas de derechos humanos en el ámbito
laboral, a partir de la identificaci ón de acciones de responsabilidad social empresarial, en
cumplimiento del octavo acuerdo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones
Unidas.
Objetivos específicos
Identificar el marco normativo internacional, que resguarda el tema de la
responsabilidad social empresarial y su vinculación con los derechos laborales, como parte
de los Derechos Humanos.
Estudiar la Política Nacional de Responsabilidad Social, a la luz del objetivo octavo
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su impacto en la responsabilidad social de las
empresas.
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Realizar recomendaciones de mejora con respecto a la ejecución de las políticas del
Ministerio de Econom ía, Industria y Comercio, en cuanto a la implementaci ón del objetivo
octavo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en el tema de la responsabilidad social
empresarial enfocada en los derechos laborales.
Estado de la cuestión
Para este trabajo de investigación se han revisado y sistematizado, hallazgos
relevantes proporcionados por estudios acerca del contexto regional de los derechos
humanos, y específicamente en el campo laboral, como parte de la responsabilidad social de
las empresas.
El análisis de la bibliografía existente sobre el tema escogido en este trabajo de
investigación, permitió reconocer cómo en otros países entre ellos México, Finlandia, Suecia,
Colombia, se han desarrollado planes de acción estatales en conjunto con las empresas, en
cuanto al tema de protección de los derechos humanos laborales, lo cual ha facilitado que
las empresas sean conscientes del riesgo que toman cuando su modelo de negocios, puede
contribuir a la violación de los derechos humanos y de ahí que puedan trabajar activamente
para hacer frente a estos riesgos (Villalobos, et al., 2015).
Asimismo, a través de la literatura consultada se pudo constatar que la
responsabilidad empresarial comenzó a percibirse en la agenda internacional en 1977, por el
Consejo de Administraci ón de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la
adopción de la Declaración Tripartita de los Principios sobre las Empresas Multinacionales y
la Política Social, lo cual otorgó a los empleados y a los trabajadores orientación en materia
de empleo, condiciones de trabajo, de vida y de relaciones de trabajo.
Una de las primeras iniciativas impulsadas por las Naciones Unidas, fue la
denominada Normas sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, que
tenían por objetivo imponer directamente a las empresas la obligación que los Estados ya
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habían adoptado sin cumplimiento, es decir, promover, respetar y proteger los derechos
humanos por medio del derecho internacional.
Más tarde, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el 31
de enero de 1999, pronunció un discurso ante el Foro Económico Mundial sobre el Pacto
Mundial, el cual se comenzó a implementar en julio del año 2000. Esta es la iniciativa
corporativa de sustentabilidad más grande en el mundo, porque cuenta con más de 10000
integrantes en más de 150 países. Cabe destacar, que su fin es exhortar a las empresas a
alinear las correspondientes estrategias y operaciones con principios universales basados en
cuatro pilares: derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción
(Villalobos, et al., 2015, p. 11).
Desde ese momento, se propuso aprovechar toda la fuerza de la acción colectiva para
fomentar la responsabilidad cívica de las empresas, de tal modo que contribuyeran a
solucionar los retos que plantea la globalización. Actualmente, la iniciativa comprende diez
principios que se derivan de instrumentos internacionales como, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa
a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaraci ón de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
En la iniciativa, participan gobiernos, empresas, organizaciones laborales y, de la
sociedad civil, así como la propia Organización de las Naciones Unidas, por medio de
diálogos sobre políticas, preparación en temas puntuales y alianzas para proyectos.
Asimismo, se han establecido sistemas de redes nacionales y regionales a fin de contribuir a
la aplicación del Pacto Mundial.
Por su parte, la Organizaci ón de las Naciones Unidas, le encargó al representante
John Ruggie, la tarea de implementar lo referente a los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas, además estableci ó los 31 Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos aprobó por
unanimidad el 16 de junio de 2011 (Villalobos, et., al. 2015, p. 13).
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La importancia de esos principios obedece a que se asignaron papeles y
responsabilidades a los dos principales actores dentro de la dinámica existente entre los
derechos humanos y la responsabilidad empresarial: los Estados y las empresas; pese a que
no son instrumentos coercitivos, permitió crear normas legítimas debido al amplio consenso
social, gubernamental y empresarial con el que cuentan.
De esta manera, se estableció el deber de los Estados de proteger los derechos
humanos, y, al respecto, se indicaron las acciones que se esperan de todas las empresas
domiciliadas en su territorio o jurisdicción. También, que estas deben respetar los derechos
humanos al abstenerse de infringirlos y responsabilizarse de las consecuencias negativas
sobre tales derechos humanos en las que tengan alguna participación. Asimismo, se
reconoció la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparación efectivas,
tanto judiciales como extrajudiciales.
La autora Micaela Cortés plantea una reflexión, sobre la posibilidad de considerar a
las empresas, como sujetos de derecho internacional y es que se han convertido en un
nuevo actor dentro de la escena mundial. Por ello, manifiesta que, en la actualidad, no existe
motivo alguno para que las empresas no sean consideradas como sujetos de derecho
internacional, esto por cuanto, el rol de los actores no estatales hoy en día es muy
importante como para ser ignorado y menos aún para ser limitados por las reglas existentes
de subjetividad bajo el derecho internacional (Cortés, 2016, p.16).
Es decir, en este libro sobre “La Implementación de los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos en el Perú”, se analizan las iniciativas que han buscado
relacionar la necesidad de proteger los derechos humanos, con el desarrollo de las
actividades de las empresas multinacionales, debido al creciente poder que estas han
adquirido y a su amplio posicionamiento a nivel global. Lo cual, es vital porque todas las
empresas, están en la capacidad de vulnerar los derechos humanos.
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Asimismo, el autor Scerpella Cevallos, ha tratado el tema propuesto en este trabajo
de investigación, enfocándolo desde el punto de vista de la ayuda que pueden brindar las
empresas privadas en cuanto, a la protección y garantías de los derechos humanos, pues se
han convertido en entidades que asumen una serie de responsabilidades para garantizarles
a sus trabajadores servicios que se condideran básicos y parte de los derechos laborales,
como, por ejemplo, servicios de postas médicas, guardería y, también, los de seguridad,
para que los trabajadores desempeñen sus labores de la forma más profesional y eficiente
posible, sin distraer su atención durante el horario de trabajo (Scerpella, 2012, p. 14).
Por su parte, el autor mexicano Humberto Cantú Rivera, aborda también el tema de
los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas, lo cual ha sido largamente
debatido a nivel internacional. Expone que el consenso logrado por los Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos Humanos tras su adopción en junio del 2011, ha implicado un
cambio de paradigma, ante el cual surgen nuevos retos para el derecho internacional. Así,
en su obra, analiza el estado de la cuestión dos años después de adoptar dicho instrumento,
para reflexionar sobre los avances logrados a nivel nacional e internacional, especialmente,
sobre la existencia de una responsabilidad empresarial en el área, la complicada cuestión de
la extraterritorialidad a nivel internacional –tanto en torno a la regulación como a la
adjudicación–, y sobre el carácter no vinculante de los Principios Rectores, a través de casos
específicos que se encuentran en discusión o que han sido resueltos recientemente a nivel
nacional (Cantú, 2013, p. 1).
Se ha estudiado el tema, tratando de explicar que si bien las responsabilidades de las
empresas no pueden ser internacionalmente reivindicadas o enmendadas en tribunales
internacionales, se debería impulsar que los Estados adopten legislaci ón civil, comercial,
constitucional o penal, para concretar la responsabilidad de estas por los derechos humanos
y para que así se generen obligaciones jurídicas claras, con la consecuente seguridad
jurídica para las mismas empresas y garantías para los titulares de los derechos humanos,
especialmente los grupos vulnerables. De hecho, en el marco elaborado por John Ruggie se
muestra claramente la interacción entre responsabilidades corporativas de respetar los
derechos humanos y obligaciones estatales de garantizarlos. Esto último, regulando los
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ámbitos que pueden impactar negativamente el goce de los derechos humanos y
fiscalizando el cumplimiento cabal de la normativa (Schönsteiner, 2011).
El estudio más reciente sobre el tema de los derechos laborales y acceso a la justicia,
dentro del país, lo realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, trabajó en seis
países de Centroamérica y República Dominicana, con el fin de establecer con precisión los
tipos de violaciones y la calidad del acceso a la justicia laboral del que disponen las
personas trabajadoras en condiciones especiales, para hacer valer sus derechos.
En este, se analiza el estado de la cuestión en la región y se comparan las diferentes
investigaciones elaboradas en cada país, con el objeto de identificar tendencias y patrones
regionales. Asimismo, la comparaci ón lleva a determinar las actividades en las que hay
evidencias de dificultades y obstáculos jurídicos e institucionales para el acceso a la justicia
laboral. Con ese trabajo de investigación, se profundiza el tema de violaciones de derechos
laborales en Costa Rica, sobre todo en temas de personas migrantes y violaciones a la
libertad sindical (Instituto Interamericano Derechos Humanos, 2009).
De esta manera, se puede extraer que sobre el tema de interés, se ha profundizado
en cuanto a la normativa que aborda la responsabilidad social de las empresas, a la
protección de los derechos humanos en general y también, específicamente, con relación a
los derechos laborales.
Se ha abordado la problemática desde la óptica del deber que tiene cada Estado de
proteger los derechos humanos, así como la responsabilidad de las empresas de respetar
los derechos humanos laborales y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de
reparación por parte de las víctimas.
Igualmente, el deber de protección a cargo de los Estados para que hagan cumplir las
leyes relativas a los derechos humanos, brindar asesoría a las empresas y, negar su apoyo a
empresas implicadas en violaciones a los derechos humanos. Con la correlativa obligación
de las empresas de abstenerse de infringir los derechos humanos, y contar con políticas
para asumir su responsabilidad en el marco de la diligencia debida.
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A partir de lo encontrado en la bibliograf ía estudiada, en el caso particular de Costa
Rica, no existe un estudio que permita identificar si el Estado ha impulsado políticas o planes
de acción, dentro del marco establecido por la Organización de Naciones Unidas y los
principios rectores de las empresas y los derechos humanos, de forma tal que se promueva
cumplimiento efectivo de los derechos humanos laborales en las pequeñas y medianas
empresas, con lo cual la utilidad de este trabajo de investigación, será verificar si el Estado
ha tomado una actitud activa sobre el tema, o, por el contrario, no ha despertado interés
dentro de las políticas estatales.
Marco teórico: primera parte. Examen y análisis de teorías sobre el tema
A través de la información recopilada por medio del estado de la cuestión y la
indagación en diferente literatura relacionada con el tema de investigaci ón, considero que
entre las teorías más relevantes hasta este momento se encuentra la planteada por el autor
Luis González Pérez, quien razona que la responsabilidad social empresarial abarca, por lo
menos, los derechos humanos, las prácticas de trabajo y de empleo (como la capacitación,
la diversidad, la igualdad de género, la salud y el bienestar de los trabajadores), las
cuestiones medioambientales y la lucha contra el fraude y la corrupción, sin dejar de lado la
participación de las comunidades locales, así como la integración de las personas con
discapacidad.
Además considera que a través de los 31 Principios Rectores sobre las Empresas y
los Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos aprobó por unanimidad el 16
de junio de 2011, se asignaron papeles y responsabilidades a los dos principales actores
dentro de la dinámica existente entre los derechos humanos y la responsabilidad
empresarial: los Estados y las empresas.
De tal forma, por un lado, está el deber del Estado de proteger los derechos humanos,
así como de enunciar claramente cuáles acciones se esperan de todas las empresas
domiciliadas en su territorio o jurisdicción al respecto. Por otro lado, que las empresas
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también deben respetar los derechos humanos al abstenerse de infringirlos y hacer frente a
las consecuencias negativas sobre tales derechos en las que tengan alguna participaci ón
(Villalobos, et al., 2015).
El autor Thomas Wissing realizó un estudio sobre diferentes investigaciones
desarrolladas por la Organización Internacional del Trabajo, lo cual le permitió concluir que
cada vez existen más evidencias que demuestran que el respeto a las normas
internacionales de trabajo acompaña la mejora de la productividad y los resultados
económicos de las empresas que respetan, promueven y protegen los derechos laborales.
Indica que, generalmente, son empresas que logran tener mayores tasas de productividad,
que están mejor afianzadas con sus clientes, con sus consumidores, por ser empresas
responsables en sus principios.
Asimismo, este autor señala, que, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
se reconoce el papel creciente de las empresas como actores globales, con los riesgos y con
todas las oportunidades que eso significa. Por tanto, al globalizarse las cadenas de
producción, así como de las cadenas de suministro, de servicios y de comercio, hace que
reflexione en torno a la aplicación del marco normativo internacional, no solamente por los
Estados, por los gobiernos, sino también directamente por las empresas, de ahí que
considere que existe una responsabilidad cada vez mayor del sector privado, el cual
entiende que debe asumir un papel directo en la promoción y defensa de los derechos
humanos desde el ámbito de la gestión empresarial (Villalobos, et al., 2015).
El autor Enrique Guadarrama López, analiza el binomio empresa-derechos humanos,
para eso efectúa un recorrido histórico-jurídico en la evolución de la figura de la empresa. En
esa evolución histórica, explica que actualmente nos encontramos en lo que denomina
cuarta etapa, la cual corresponde al inicio del siglo XXI y establece que dentro del papel de
las empresas está el asumir su responsabilidad frente a la observancia y respeto a los
derechos humanos, tanto al interior de la organizaci ón como en relación con la sociedad.
Esta etapa se identifica bajo el binomio empresa-derechos humanos, como ya se mencion ó.
16
En cuanto a la observancia del cumplimiento de la responsabilidad social de las
empresas, el Estado asume obligaciones específicas derivadas de compromisos
provenientes de la agenda establecida por organismos internacionales, señalando entre
esos compromisos los Principios Rectores de Naciones Unidas, Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible (Villalobos, et al., 2015).
Las posturas de los autores Luis González Pérez, Enrique Guadarrama López y
Thomas Wissing, son acordes al objeto que se ha propuesto investigar en este proyecto; la
explicación del por qué se consideran convincentes, se desarrollará en la segunda parte de
este marco teórico.
El autor Roy Eriksson, plantea el análisis de Planes Nacionales sobre Empresas y
Derechos Humanos, utilizado en Finlandia para el respeto de los derechos humanos. Señala
que en este país existe una larga tradici ón de respeto hacia la legislación sobre derechos
laborales, seguridad en el trabajo y protecci ón del medio ambiente, así como en la lucha
contra la corrupción, en que han sido involucrados todos los actores de Finlandia (Villalobos,
et al., 2015).
Asimismo, el autor Mikael Stahl, estudia la responsabilidad social de las empresas,
propiamente lo que realiza el Gobierno sueco sobre este tema y cómo trasladan la vigilancia
en el cumplimiento de las políticas en derechos laborales, no solo de las empresas que
están en dicho país, sino a todas las empresas suecas que se encuentran en otros
mercados internacionales.
Indica que, dentro de lo solicitado en Suecia para promover la responsabilidad
empresarial de derechos humanos, se encuentra requerir informes de sustentabilidad de las
empresas estatales y privadas, por lo que los objetivos tienen que formularlos las juntas
directivas y deben centrarse en la diversidad, en asuntos ambientales, derechos humanos,
condiciones de trabajo, lucha contra la corrupción, ética empresarial, y también en la
igualdad de género (Villalobos, et al., 2015).
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La autora Micaela Cortés Cabieses, sostiene que si bien los Principios Rectores de la
Organización de Naciones Unidas no crean nuevas obligaciones para los Estados en materia
de protección y respeto de los derechos humanos, al menos buscan una actuación bajo el
marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al proponer lineamientos para
una adecuada actuación, enfatizando la relación Estado-empresa-derechos humanos. Esto
implica, a su vez, que los Estados deben de desarrollar las medidas necesarias a fin de
evitar que los entes privados causen afectaciones a los derechos humanos, lo contrario
podría implicar responsabilidad internacional (Cortés, 2016).
Dentro del tema de responsabilidad social de las empresas en torno a los derechos
humanos, el autor Carlos Scerpella Cevallos, considera que las empresas tienen un rol y
dentro de este tienen que actuar con responsabilidad social, pues son la principal fuente de
inversiones y de creación de empleo, y los mercados pueden ser medios muy eficientes para
distribuir los escasos recursos. Ambos elementos constituyen fuerzas poderosas capaces de
generar crecimiento económico, reducir la pobreza y aumentar la demanda del imperio de la
ley, contribuyendo así con la realización de una amplia gama de derechos humanos
(Scerpella, 2012).
No se selecciona a Scerpella, pues su teoría se basa en el caso de las empresas
extractivas, específicamente las grandes mineras, en el marco de la obligación que tienen en
cuanto al respeto y promoci ón de los derechos humanos, pero aplicado concretamente al
tema de seguridad del personal trabajador, por lo que al ser tan concreto su objeto de
estudio, no es posible aplicarlo para la investigaci ón que se propone en este proyecto de
graduación.
Humberto Cantú Rivera, expone que, de acuerdo a lo estipulado por los Principios
Rectores de la ONU, se desprende que la empresa debe adoptar estrategias de
administración y gestión hacia su interior y ante las cadenas de suministro y demás socios
comerciales, como la práctica de debida diligencia, las evaluaciones de impacto en los
derechos humanos y los correspondientes procesos de medición y seguimiento en cuanto a
su debida implementación, los procesos de reparación de las consecuencias negativas
ocurridas con motivo de sus actividades industriales y un compromiso político a nivel
18
gerencial en la empresa respecto a la asunción de su responsabilidad de respetar los
derechos humanos (Cantú, 2013).
Sin embargo, no se escoge a Humberto Cantú porque su estudio se basa en los
desafíos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y sobre la
reticencia al establecimiento de obligaciones directas derivadas del orden internacional, en
este tema. De ahí que su enfoque, es diferente a lo que se pretende en este trabajo de
investigación.
La autora Adelaida Ibarra Padilla, considera que en torno al concepto de
responsabilidad social empresarial, existe una gran diversidad de definiciones y enfoques; no
obstante, ella lo entiende como una estrategia organizacional de competitividad consistente
en la inclusión, tanto en el nivel estratégico como operativo de la organización, de las
preocupaciones de los grupos de interés o stakeholders internos y externos en la búsqueda
de un triple beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar social y preservación del
medio ambiente. De esta manera su enfoque de la responsabilidad social empresarial, se
delimita al planteado en el marco de los principios del Global Compact, por ser este el código
aspiracional de mayor aceptación a nivel mundial (Ibarra, 2014).
Esta autora, propone una definición de responsabilidad social empresarial, la cual se
comparte por ser integral, en armonía y acorde con la visión de responsabilidad que se
quiere identificar en este trabajo, por lo tanto su utilización será aceptable para el proyecto
de graduación.
Judith Schönsteiner (2011), sostiene que las responsabilidades de las empresas no
pueden ser internacionalmente reivindicadas o enmendadas en tribunales internacionales,
por lo que se deber ía impulsar a los Estados para adoptar una legislación civil, comercial,
constitucional o penal y así concretar la responsabilidad de las empresas en cuanto a los
derechos humanos, de forma tal que tengan obligaciones jurídicas claras, con la
consecuente seguridad jurídica para las mismas empresas y garantías para los titulares de
los derechos humanos, especialmente los grupos vulnerables.
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El enfoque de esta autora, va encaminado a la forma en que los Estados pueden
exigir responsabilidad a las empresas por medio de sus legislaciones, es una posición que si
bien escapa del marco de investigaci ón propuesto para este proyecto, no se descarta su
utilización, pues plantea argumentos relevantes para esta investigación.
Marco teórico-segunda parte: valoración crítica de la teoría
Al haber estudiado las diferentes posturas de los autores citados, a efectos de este
trabajo de investigación se escoge una teoría ecléctica, por cuanto se utilizaron las
posiciones de cuatro autores, de quienes se considera que las teorías asumidas,
representan la visión con la cual se pretende abordar este trabajo de investigación, pues si
bien en sus estudios no se establecen políticas concretas de los Estados en cuanto a los
avances normativos que pueden desprenderse del objetivo octavo de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, sí lo mencionan, como parte de la responsabilidad social que deben
cumplir las empresas.
De esta manera, los autores Luis González Pérez, Enrique Guadarrama y Thomas
Wissing, ofrecen una visión de responsabilidad social empresarial, acorde al respeto de los
derechos humanos, incluso ponen énfasis en que parte de esa responsabilidad, consiste en
el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Asimismo, realizan estudios los cuales
permiten identificar que cuando las empresas son respetuosas de los derechos humanos,
mejora considerablemente su productividad y eficiencia económica, por ello, lejos de verse
como una carga para la empresa, el hecho de cumplir con ciertos estándares básicos de
protección de derechos laborales, les genera rendimientos provechosos a corto plazo.
El autor Thomas Wissing, por ejemplo, describe los diferentes instrumentos de la
Organización Internacional de Trabajo, relativos a los derechos humanos laborales, lo cual
es esencial para abarcar el primer capítulo del proyecto de investigación, referente al marco
normativo internacional, sobre este tema.
20
Incluso su planteamiento, es totalmente aceptable frente a lo que se pretende con
este proyecto de investigación, pues el autor considera que mayor productividad en la
gestión del trabajo, conlleva a una reducción de conflictos laborales costosos y a obtener
una mayor estabilidad y cohesión social.
Por lo que, se considera convincente su teoría, pues concluye que la responsabilidad
social de las empresas, no se agota con el cumplimiento de la ley, sino que es el mínimo que
se tiene que exigir y de ahí en adelante comienza la responsabilidad social; y ese
compromiso obliga a las empresas a entablar consultas con los grupos afectados de su
operación, velar por la no discriminaci ón, la igualdad de oportunidades, promover políticas
empresariales, de inclusión de personas con discapacidad, así como de otros grupos
vulnerables; respetar la libertad de asociación de los trabajadores, pagar salarios dignos, no
contratar a niños y, niñas antes de la edad de admisión al empleo, entre otros.
En el caso de Luis González y Enrique Guadarrama, se consideran aceptables sus
teorías en la medida en que sugieren la elaboración e implementación de planes nacionales
de empresas y derechos humanos, los cuales proponen que tienen que ser elaborados
conjuntamente entre los Estados, las empresas y la sociedad civil, ya que deben ser
documentos de carácter oficial que articulen las prioridades y propongan las acciones y el
desarrollo de políticas que cada Estado adoptará en la temática de la responsabilidad social
empresarial.
Por otro lado, la autora Adelaida Ibarra, como se explicó en el punto octavo del marco
teórico, ofrece una conceptualizaci ón sobre responsabilidad social empresarial, concreta,
integral y satisfactoria a efectos de trabajar con ella en esta investigación, de tal forma, los
insumos que ofrecen estos cuatro autores, permitirán desarrollar los capítulos propuestos en
el proyecto de investigación.
Definición operacional de las categorías utilizadas
En cuanto a la definición de derechos humanos que se utilizó en este trabajo de
investigación, se escoge la teoría ético dualista o mixta, la cual es una combinación y
21
complementación entre las teorías iusnaturalista e iuspositivista. La primera refiere a la
noción de los derechos humanos que se afirma y reconoce que todo ser humano, por el
simple hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos inherentes a la persona; y
la segunda, mantiene la posición de que los derechos humanos son aquellos que se
encuentran establecidos y tipificados en una normativa para exigir su respeto y garantía de
los mismos atributos de todo persona, e inherentes a su dignidad frente al Estado.
Para ello, se considera la definición que propone el autor Antonio E. Pérez Luño,
quien indica que son “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad, y la igualdad humana, las
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional
e internacional” (2003, p. 48).
Partiendo precisamente de la teoría escogida, ético dualista, se procedió a definir el
concepto operacional que se manejará en este trabajo de investigación, en relación con la
manera de entender derechos laborales, por lo tanto, se propone una definición que abarque
tres actores involucrados en el escenario laboral, como lo son el Estado, la empresa y el
trabajador, sumado a las características propias de este tipo de relación.
De ahí que, se entiende por derechos laborales al cconjunto de normas y principios
que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, y de ambos con el
Estado, el cual se basa en una prestación voluntaria, subordinada y retribuida de la actividad
humana, por la producción de bienes y servicios, en que el Estado y las empresas tienen la
obligación, según el derecho internacional, de respetar y promover los derechos de los
trabajadores, durante la relación laboral.
Otro de los conceptos que interesa indicar en este proyecto es el de empresa, si bien
existen diferentes posiciones teóricas sobre la empresa, siendo una de ellas la teoría clásica,
en la cual se limita a combinar los factores para obtener los productos que le permitan lograr
el máximo beneficio, es decir, consideran a la empresa dentro del ámbito exclusivamente
privado, desvinculada en su totalidad de una función social.
22
Por lo que, en este trabajo se asume la posición teórica social de la empresa, cuya
visión considera que estas no deben perseguir solo fines económicos, sino también sociales,
imponiéndoles la responsabilidad de observar y respetar los derechos humanos, tanto al
interior de la organización como en relación con la sociedad. Con esta teoría, se identifica el
binomio empresa-derechos humanos.
De ahí que, se conceptualiza a la empresa como una unidad económico-social, la cual
se integra por elementos humanos, materiales y técnicos, cuyo objetivo es la confección de
utilidades, por medio de su participaci ón en el mercado de bienes y servicios, dentro del
marco de respeto y promoción de derechos humanos.
Por otro lado, en cuanto al concepto de responsabilidad social empresarial, se utilizó
la definición propuesta por la autora Adelaida Ibarra, quien proporciona un concepto integral
y en armonía con la visión de derechos humanos que se usó en este proyecto; por lo tanto,
se entiende por responsabilidad social empresarial, a una política organizacional de
competitividad que consiste en la inclusión, tanto en el nivel estratégico como operativo de la
organización, de las preocupaciones de los grupos de interés o stakeholders internos y
externos en la búsqueda de un triple beneficio: rentabilidad económica, mejora del bienestar
social y preservación del medio ambiente.
Es decir, comportamientos de negocio basados en valores éticos y principios que
contienen una estrategia de mejoramiento continuo en la relación entre la empresa y sus
partes, que para efectos de este trabajo, se delimita como parte a los trabajadores, pues se
busca incrementar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, incorporando para ello el
tema de los derechos humanos, en las condiciones laborales.
METODOLOGÍA
Respuesta a la pregunta general y lograr el objetivo general
23
Interesa dar una aproximación conceptual de lo que se va a entender por
metodología, a efectos de realizar este trabajo de investigaci ón, resulta apropiada la que
ofrece Sánchez Zorilla, quien afirma que la metodología “se ocupa de estudiar las
estrategias más exitosas de investigación, con la finalidad de darnos ciertas pautas
orientadoras para localizar un problema y luego, para crear un diseño de contrastación
adecuado a ese problema”. (2014, p. 85). La técnica, hace referencia “a los instrumentos con
que vamos a recoger información de campo y procesar la información bibliográfica o
documental” (Ramírez, 2011, p. 85).
Partiendo de esas definiciones, se escogió como método utilizar el cualitativo, el cual
permitió explicar y conceptualizar el objeto de estudio. Este método, parte del “presupuesto
epistemológico de que se deben ver los fenómenos humanos como fenómenos de sentido
que pueden ser comprendidos por medio de esfuerzos intelectuales de parte de quien
investiga y de la naturaleza del fenómeno” (Ramírez, 2011, p. 92).
Por otro lado, como técnicas cualitativas de investigaci ón, se utilizaron las técnicas
documentales, las cuales sirven para procesar información documental, sobre la normativa
nacional e internacional en relación con los temas de responsabilidad social de las
empresas, el objetivo octavo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones
Unidas, así como de los derechos humanos, espec íficamente los derechos laborales, esto
permitió hacer inferencias que conllevaron al análisis del contenido, entendiendo este último
como “la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la
comunicación” (Abarca, 2012, p. 194). La técnica empleada para procesar este tipo de
información documental fueron los resúmenes o reseñas, lo cual posibilitó sintetizar las ideas
centrales relacionadas con el objeto de estudio.
Asimismo, la siguiente técnica cualitativa que se usó es la técnica de campo, por
medio de la entrevista, entendiéndola por “el procedimiento de recolección de la información
basado en una interpretación entre dos personas o más, a través de la conversación como
herramienta principal” (Abarca, 2012, p. 100).
24
Por lo que, se utilizó la entrevista cualitativa estandarizada o estructurada de tipo
abierta, es decir, se formuló un listado de preguntas ordenadas que sirvieron de guía para
las personas entrevistadas, pero de respuesta libre o abierta. Se inició con preguntas
generales sobre el tema, para así culminar con preguntas más espec íficas. Asimismo, se
seleccionaron las personas por entrevistar; cada entrevista se hizo de manera individual,
personal, por medio de llamada telefónica y correo electrónico.
Las entrevistas se realizaron a una persona funcionaria pública del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC), esto a efectos de determinar las
políticas estatales enfocadas en la responsabilidad social de las empresas en el tema de
derechos laborales, y del sector privado, se entrevistó a una colaboradora de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo (AED).
Método y técnica planeada para el análisis y la discusión sobre el conjunto de
resultados y hallazgos
Se utilizó el método cualitativo, pues se pretende mostrar en el desarrollo del trabajo,
una exposición sistematizada de los resultados y hallazgos, a través del análisis e
interpretación de los datos que arrojaron el objeto de estudio.
Además, como técnica de investigación se realizó un esquema capitular, en el cual se
desarrollaron tres capítulos, los dos primeros capítulos responden a las preguntas
específicas, de forma tal que se logren contestar los objetivos específicos, que se pretenden
cumplir con el trabajo de graduación.
Por otro lado, cada capítulo contiene un título acorde con las preguntas y objetivos
específicos, así como una introducción, en la que se indica el punto de partida del tema por
tratar, un adentramiento de la materia objeto de estudio, así como la exposici ón de los
resultados y hallazgos que se van obteniendo; finalmente, una conclusión parcial, sobre el
resultado alcanzado hasta ese momento. Se culminará con un tercer capítulo dedicado al
objetivo general, con el cual se analiza si se cumplió con dicho objetivo, así como los retos
que tiene el país y posibles recomendaciones.
25
Método y técnica para elaborar las conclusiones y recomendaciones.
En la conclusión, se exponen los hallazgos encontrados durante la investigaci ón,
contestando de esta manera las preguntas, tanto la general como las específicas, por lo que
el método escogido fue el cualitativo y la técnica de conclusión la sintética, es decir se
expresó de “forma sumaria los resultados capitales a los que llegó la investigación”
(Ramírez, 2011, p. 92).
INTRODUCCIÓN
Uno de los principales desafíos de los Estados, en un mundo cada vez más
globalizado, es entender que, la visión del Estado como ente que debe resolver todos los
problemas que se presentan dentro de su territorio, así como solventar a todas las personas
sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, cada vez más, está siendo
reemplazada, pues si bien cada país tiene la obligación internacional de respetar, proteger y
realizar tales derechos, ya no es posible afirmar que sea una tarea que le corresponde
asumir solo a los Estados, pues en la construcción de un mundo más igualitario en el acceso
26
de oportunidades para todos y todas, los gobiernos requieren la participaci ón de diversos
actores de la sociedad para conseguir ese propósito.
Por ello, a nivel internacional, se ha seguido la doctrina constitucional de diversas
naciones, de tal manera, se ha considerado que los derechos fundamentales y humanos
deben ser respetados por las empresas y organizaciones privadas, pues parte de los efectos
de la globalización, se ven claramente reflejados en las responsabilidades de las personas
jurídicas, ya que se presentan como protagonistas crecientes en la satisfacción de diversos
derechos; por ende, en el ejercicio de las actividades empresariales se debe promulgar el
respeto de los derechos humanos, o, en su defecto, remediar posibles abusos en torno a
ellos. Estas responsabilidades se extienden, de acuerdo con lo indicado por el
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Empresas y
Derechos Humanos, el profesor John Ruggie, a todos los derechos humanos reconocidos en
el mundo.
Así, en este trabajo se pretende estudiar el fenómeno de la responsabilidad social que
ha venido adaptándose a lo largo del tiempo por parte de diversas organizaciones y
empresas, tanto públicas como privadas; por ello, se hace un recuento de diversas
propuestas que se han formulado en el ámbito internacional para reducir las desigualdades,
combatir la pobreza, la falta de acceso de oportunidades en el campo laboral, las
discriminaciones, entre otros, es decir, se busca entender la correlación que existe entre la
responsabilidad social empresarial y los derechos humanos en el ámbito laboral.
En ocasiones, si bien la práctica se encuentra distante del discurso “formal” que
manejan algunas empresas cuando hacen referencia a los derechos humanos en temas
como la sustentabilidad de las empresas, esa dificultad se presenta como uno de los retos
por solucionar para que la prevención y mitigaci ón de impactos sociales y ambientales,
incluyendo los impactos al ejercicio de los derechos humanos, deje de ser una dicotom ía
entre el ideal que la empresa propugna y los desafíos y las situaciones reales en terreno.
27
Por eso, se considera que las empresas no pueden seguir teniendo como único fin la
generación de riqueza a toda costa, sin importar si en la obtención de las ganancias se
afecta el medio ambiente, se violan los derechos laborales de sus colaboradores, entre
otros, pues la visión de una mejor sociedad radica en que, las organizaciones o empresas
puedan orientar sus recursos a la consecución de objetivos que no perjudiquen de ninguna
manera los derechos humanos, partiendo de que esos derechos no son estáticos y deben
ajustarse a la realidad social que esté viviendo cada país y que ese respeto tendrá que
abarcar todas las cadenas de valor que estén de por medio.
Con esto, se quiere decir que, la responsabilidad social que pueda tener una empresa
no puede limitarse a ella, sino que el esfuerzo debe orientarse a verificar que ese
cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras, se está ejecutando
por otras empresas asociadas, ya sea porque le suministran la materia prima, colocan el
producto o servicio que se brinda, entre otros.
Parte de los esfuerzos que Costa Rica ha adoptado junto con otros países miembros
de las Naciones Unidas, es la suscripción de una agenda que pretende para el año 2030,
cumplir con una serie de objetivos de desarrollo sostenible, lo cuales procuran alcanzar el
progreso de la humanidad por medio de 17 objetivos, que trabajan diversos factores de
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las
personas en todo el mundo.
De tal manera, en este trabajo se analiza qué acciones ha emprendido Costa Rica en
la implementación de esta agenda, cuyo enfoque de estudio se centra en el octavo objetivo
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el cual consiste en el trabajo decente y crecimiento
económico, pues es evidente que para acceder a un trabajo digno se requiere que las
empresas y organizaciones se comprometan a respetar los derechos laborales y visualicen
los derechos laborales estipulados en la normativa nacional, como un piso mínimo básico a
cumplir, pero que esto no los limite a otorgar mejores condiciones laborales.
28
Es así como, en el capítulo primero, se analiza la normativa internacional que existe
con respecto a la vinculación de las empresas con los derechos humanos laborales, se
reflexiona sobre el concepto de la responsabilidad social empresarial y se estudia la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
En el capítulo segundo, se determina cuál ha sido la Política Nacional que decidi ó
seguir nuestro país para la consecución de la responsabilidad social, se estudia cómo surgió,
el marco estratégico propuesto, los ejes temáticos que la conforman y su vinculación con
diversos planes nacionales preexistentes.
Finalmente, en el capítulo tercero se analiza cómo ha sido la ejecución de la Política
Nacional de Responsabilidad Social, los planes de incentivos destinados por el país para la
consecución de la responsabilidad social empresarial, los actores nacionales que promueven
la responsabilidad social en Costa Rica; por último, se observan los retos enfrentados por la
Política Nacional tal y como está construida en la actualidad de frente a la realidad que
presentan sobre todo las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, se identifica una serie de recomendaciones para una implementación
efectiva de la Política Nacional de Responsabilidad Social, es así como, en el trabajo se
reflexiona sobre la importancia de comprender esa interrelación entre derechos humanos de
carácter laboral y la responsabilidad social que tienen las empresas en su cumplimiento.
CAPÍTULO IAspectos internacionales sobre la responsabilidad social empresarial y los derechoshumanos
En la actualidad es común que se hable sobre el tema de la responsabilidad social
empresarial, sin embargo, en ocasiones, el abordaje que se hace de este conlleva a
interpretaciones erradas o definiciones equivocadas sobre su concepto.
29
Durante los últimos años, diversos actores que tienen que ver con los derechos
humanos han dirigido la mirada sobre las empresas, determinando diferentes
preocupaciones, pues la mundialización económica ha extendido el poder con las empresas,
ya que la explosión del comercio internacional y las relaciones financieras han ido
invadiendo, cada día con más frecuencia, el capital, la mano de obra, la tecnología y otros
recursos cuyo destino se basa principalmente en factores económicos.
De ahí que, las operaciones transnacionales de empresas rebasan la capacidad de
regulación de cualquier sistema nacional. Compañías con gran poder económico ejercen una
enorme influencia en la política normativa, ya sea para bien como para mal, lo que
finalmente repercute en los derechos humanos de millones de personas.
Lo primero que debe explicarse es que la responsabilidad empresarial comenzó a
percibirse en la agenda internacional a partir del año 1977, por lo que el Consejo de
Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la adopción de
la Declaraci ón Tripartita de los Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política
Social, otorgó a los empleados y a los trabajadores orientación en materia de empleo,
condiciones de trabajo, de vida y de relaciones de trabajo, dicha declaración fue actualizada
y surgió una nueva versión en el año 2006.
Asimismo, en la Declaración de Filadelfia, que es la reafirmación de la Constitución de
la OIT, se establecieron cuatro principios básicos y bastante importantes pues inspiran hoy
en día los derechos humanos laborales, siendo que, el primero de los principios establece
que el trabajo no es una mercancía, lo cual implica que no debe ser sujeto solo a
consideraciones económicas, sino que tiene que ponerse en el centro de atención la
dignidad del ser humano, de la persona trabajadora y la persona empleadora.
El segundo principio hace referencia a la libertad de expresión y asociación, libertades
que son necesarias para el progreso constante en una sociedad; el tercer principio establece
que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos, no se
puede vivir dignamente cuando existen grandes desigualdades y brechas económicas y el
30
cuarto principio se refiere a que las personas trabajadoras y empleadoras deben colaborarse
en un plano de igualdad junto con la asistencia de los Estados (Declaración Filadelfia, 1944).
Dentro de las primeras iniciativas impulsadas por las Naciones Unidas, se encuentran
las Normas sobre las Empresas Trasnacionales y otras Empresas Comerciales , las cuales
fueron creadas en agosto del 2003 por la Subcomisi ón de las Naciones Unidas para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Estas normas enuncian una lista
detallada de las obligaciones empresariales en la esfera de los Derechos Humanos, y tienen
como objetivo obligar que las empresas promuevan, respeten y protejan los derechos
humanos por medio del derecho internacional.
Por su parte, en 1999 el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, pronunció un discurso ante el Foro Económico Mundial sobre el Pacto Mundial, el
cual se comenzó a implementar en julio del año 2000.
“Ésta es la iniciativa corporativa de sustentabilidad más grande en el mundo,
porque cuenta con más de 10 mil integrantes en más de 150 países. Cabe
destacar, que su objetivo es exhortar a las empresas a alinear las
correspondientes estrategias y operaciones con principios universales basados
en cuatro pilares: derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción” (Villalobos, et al., 2015, p. 11).
A partir de ese momento, se ha tratado de emplear toda la fuerza de la acción
colectiva para fomentar la responsabilidad social de las empresas, de manera tal que, éstas
contribuyan en la solución de los retos que plantea la globalización.
Por cuanto, si bien algunos sostienen que el derecho internacional se aplica
únicamente entre Estados, o que las obligaciones que conllevan los derechos humanos le
competen solo a estos, y que el derecho internacional no puede crear obligaciones legales
para las empresas, lo cierto del caso es que, esta visión ya no puede mantenerse, pues las
obligaciones de los Estados, conllevan a la creación de obligaciones sustantivas que esos
Estados no pueden asumir de manera aislada, requieren para su cumplimiento de diversos
actores de la sociedad civil, incluidas las empresas.
31
Piénsese, por ejemplo, cuando los convenios de la OIT exigen que el Estado debe
eliminar toda discriminación en el trabajo, así como respetar la libertad sindical, entre otros
derechos, el cumplimiento efectivo de ese deber impuesto al Estado, genera a su vez,
obligaciones al menos de manera indirecta que deben acatar las empresas para lograr el
respeto real y efectivo del derecho humano protegido.
De hecho, diversos autores consideran que este tipo de visión paternalista obedeció
a que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se vio
obligada a crear diferentes instrumentos internacionales que versaran sobre la protección de
los derechos humanos, tras los abusos cometidos contra gran parte de la humanidad. Los
instrumentos internacionales aprobados en este tiempo estuvieron dirigidos solamente a los
Estados, pues consideraban que solo aquellos constituían la mayor amenaza para los
derechos humanos, por ende, dejaron a un lado a otros actores.
Sin embargo, en el mundo globalizado en el que nos movemos, entendiendo por
globalización a la “creciente interdependencia de los Estados, resultante de la creciente
integración del comercio, las finanzas, la gente y las ideas en un mercado global” (Banco
Mundial, 2002); el comercio internacional y los flujos de inversión transfronterizos son
elementos principales de esta integraci ón, esto ha generado que el concepto de empresa
transnacional o multinacional, sea cada vez más utilizado y, con ello, va aparejada la
complejidad de las relaciones de las empresas y el respeto de los derechos humanos, por lo
que, “el rol de los actores no estatales hoy en día es muy importante para ser ignorado y
menos aún para ser limitados por las reglas existentes de subjetividad bajo el derecho
internacional” (Cortés, 2016, p.15).
No obstante, lo anterior no significa que los Estados dejarán de ser el principal sujeto
en el campo de derecho internacional, ni que, organizaciones privadas tengan que contar
con los mismos derechos y deberes, más bien, se apuesta porque las empresas puedan ser
titulares de obligaciones internacionales específicas y que frente a un eventual
incumplimiento de su parte, puedan incurrir en responsabilidad internacional.
32
De manera que, la distribución de responsabilidades entre los gobiernos y las
empresas se encuentra en un proceso de evolución, que busca asegurar el respeto de las
normas del derecho internacional, por lo que, en la actualidad se puede decir con certeza
que existe una clara tendencia a extender las obligaciones de derechos humanos más allá
de los Estados, para así aplicarlos a los individuos (verbigracia las condenas de personas
por crímenes de lesa humanidad), las organizaciones internacionales y las empresas
privadas.
Esto, porque el crecimiento y posicionamiento que han desarrollado las empresas
resulta de gran relevancia, pues todas las empresas, sin importar tamaño, número de
colaboradores, monto de facturación, el sector en el que se encuentren, entre otros factores,
todas están en la capacidad de vulnerar los derechos humanos.
1.1. Normativa internacional en torno a las empresas y los derechos humanos
laborales
La tesis central de las normas internacionales de los derechos humanos laborales, es
promover y garantizar el desarrollo económico y social de las personas; buscan la mejora de
la vida y la dignidad del ser humano. Asimismo, las normas internacionales de trabajo
permiten la existencia y respeto de estándares mínimos de regulación, de diversos actores
de la sociedad en el marco de una economía global.
Por lo que, ante la creciente demanda pública sobre el rol que juegan las empresas en
relación con los derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas asumió la
responsabilidad de encontrar mecanismos de rendición de cuentas y frenar las actividades
del sector privado que vulneraban los derechos humanos.
Es así como, en 1973, estableci ó la Comisi ón de Empresas Transnacionales, cuya
finalidad era investigar los impactos generados por las empresas e identificar las medidas
que podrían aplicar los Estados para mitigar y minimizar los efectos negativos (ONU,
Resolución No. 1913).
33
En 1983, se crea el Proyecto de Código de Conducta de las Naciones Unidas para las
Empresas, con el cual se pretendía dar lineamientos tanto sociales como ambientales para
las empresas, “las empresas transnacionales cooperarán/deberían cooperar con los
gobiernos de los países en que funcionan con miras a contribuir al proceso de desarrollo y
responderán/deberían responder favorablemente a las solicitudes de consulta que se les
haga a este respecto. Estableciendo así relaciones mutuamente beneficiosas con esos
países” (ONU, 1983); no obstante, diversos factores impidieron la aprobación de este
Proyecto.
Pese a que no fructificó su realización, lo cierto del caso es que evidenció la
necesidad de crear un instrumento, que permitiera abordar la relación empresa y derechos
humanos. De esta manera, el 31 de enero de 1999, en el marco del Foro Económico de
Davos, Kofi Annan presentó el Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Pacto
Mundial, 2019). La creación del Pacto Mundial en el año 2000 significó un hecho de gran
importancia para lograr que las empresas se comprometieran con el respeto de los derechos
humanos.
Es así como, dentro del marco normativo macro internacional que contempla el tema
de la responsabilidad empresarial y su vinculación con los derechos humanos, debemos
basarnos en los 10 principios del Pacto Mundial, pues de esos principios se han derivado
diferentes declaraciones, incluso emitidas por Naciones Unidas en materia de derechos
humanos, trabajo, medioambiente y corrupción.
Básicamente, el primer principio del Pacto Mundial busca que las empresas apoyen y
respeten la protección de los derechos humanos, dentro de su ámbito de influencia; en
segundo lugar, que las empresas no sean cómplices en la vulneración de derechos
humanos. Asimismo, en tercer lugar, busca que las empresas apoyen la libertad de afiliación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
En cuarto lugar, las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacci ón o amenaza; el quinto principio busca que las empresas
apoyen la erradicaci ón del trabajo infantil; el sexto principio plantea la abolición de las
34
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación; el séptimo busca que las empresas
mantengan un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Por otro lado, el octavo principio pretender fomentar una mayor responsabilidad
ambiental; el noveno busca favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con
el medioambiente y, finalmente, el décimo principio pretende que las empresas trabajen en
contra de la corrupción en todas las formas, incluidas la extorsión y el soborno (Pacto
Mundial, 2019).
Si bien es cierto, el Pacto Mundial cuenta con gran apoyo, el texto presenta varias
deficiencias en la práctica, por ejemplo, no posee un mecanismo para monitorear el
comportamiento de las empresas, pues, aunque los miembros del Pacto deben estar
rindiendo cuentas a través de Reportes de Progreso, en realidad no hay manera de
comprobar la veracidad de la información que contiene cada informe, y la única sanción, es
la expulsión de los miembros que no cumplan con la obligación de informar por tres años
consecutivos.
Asimismo, el carácter general que tienen los diez principios impide una uniformidad en
su aplicación a nivel internacional, esto por cuanto, el Pacto no provee una guía o
lineamientos para su implementación, de ahí que, cada organización tiene libertad en cuanto
a la interpretación y contenido que quiera darle a cada principio.
Por otro lado, en el año 2000, el sector industrial extractivo creó una serie de
principios de prácticas responsables, a los cuales llamaron los Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos (en adelante, los Principios Voluntarios), estos fueron
impulsados por los Estados Unidos, el Reino Unido, empresas del sector extractivo y
organizaciones no gubernamentales, el objetivo radica en que las empresas de esta industria
cuenten con una guía para resguardar la seguridad de las operaciones extractivas, en
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
De tal manera, que
35
para su correcta aplicación, los Principios Voluntarios invitan a las empresas a
implementar tres aspectos: en primer lugar, una evaluación que les permita
identificar los impactos en derechos humanos que generan sus operaciones,
tanto de manera directa como a través de terceros. En segundo lugar, en los
Principios Voluntarios se evidencia la importancia de que las empresas
mantengan adecuadas relaciones con la seguridad pública, entendiendo el rol
primordial del Estado en mantener la seguridad y el orden. Finalmente, cuando
las empresas contratan a personal privado de seguridad, deben asegurarse de
que exista un trabajo en conjunto con las fuerzas públicas y que su actuación
sea conforme a los derechos humanos (Cortés, 2016, pp. 19-20).
Encontramos, también, que en el año 2003 la Subcomisi ón de las Naciones Unidas
para la Promoci ón y Protecci ón de los Derechos Humanos, crearon las Normas sobre las
Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales en la
esfera de derechos humanos, las cuales tenían como objetivo regular el comportamiento
empresarial en un contexto de globalización, dentro de las obligaciones que imponían estaba
que,
“los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los
derechos humanos consagrados en la legislación internacional y nacional,
asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso velando por que
las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respeten los derechos
humanos. Dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las
empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de
promover y proteger los derechos humanos consagrados en el derecho
internacional y en la legislación nacional...” (ONU, 2003).
Sin embargo, una vez más, el principal inconveniente que tuvo la aplicación de estas
normas fue la negativa por parte de los países desarrollados de crear un código obligatorio,
pues buscaban un documento carente de fuerza vinculante.
En el año 2005, por medio de una iniciativa coordinada entre el Pacto Mundial y el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se crearon los Principios para la
Inversión Responsable de la Organización de Naciones Unidas; con estos principios se
36
busca que los inversores integren aspectos ambientales, sociales y de gobernanza
empresarial (denominados “ASG”, por sus siglas en inglés). Los principios previstos en este
instrumento son seis:
1. Incorporaremos las cuestiones ASG en nuestros procesos de análisis y de
adopción de decisiones en materia de inversiones;
2. Seremos propietarios de bienes activos e incorporaremos las cuestiones ASG a
nuestras prácticas y políticas;
3. Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen las informaciones
apropiadas sobre las cuestiones ASG;
4. Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios en la comunidad global
de la inversión;
5. Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los Principios; y
6. Informaremos sobre nuestras actividades y progresos en la aplicación de los
Principios. (Unep Finance Initiative, 2019)
Por otra parte, entre los diferentes instrumentos internacionales están la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaraci ón de la Organizaci ón Internacional del
Trabajo relativo a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, pues si bien no son instrumentos que refieran espec íficamente un apartado
sobre la responsabilidad de las empresas, lo cierto del caso, es que sí permean sus
actividades.
Asimismo, dentro del marco normativo de acción sobre la responsabilidad social
empresarial, se encuentran las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la
Organización para la Cooperaci ón y el Desarrollo Económico (OCDE), las cuales son
recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en
sus países o que poseen la sede en ellos, en temas como la transparencia, empleo y
relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los
consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad, entre otros, fueron
actualizadas en el año 2011; se creó un nuevo capítulo sobre derechos humanos, acorde
con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
37
Las Líneas Directrices contienen normas no vinculantes, que pretenden regular la
conducta empresarial dentro del contexto global, de conformidad con la normativa
internacional y con las leyes nacionales que le sean aplicables, y pese a que sus normas no
son vinculantes, estas Directrices constituyen el único código de conducta empresarial
acordado multilateralmente que los gobiernos se han comprometido a promover.
Si bien es cierto, la Organización Internacional del Trabajo es el organismo encargado
de determinar las normas laborales internacionales y promover los derechos fundamentales
en el trabajo, las Directrices, al ser un instrumento no vinculante, tienen como función que
las empresas cumplan con las normas y principios que emite entre otras organizaciones, las
de la Organización Internacional de Trabajo.
De hecho, por medio de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico y la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, se promueve la forma en que se espera actúen las empresas,
pues tanto las Directrices como la Declaraci ón, están diseñadas para funcionar en forma
paralela sin que sus disposiciones entren en conflicto.
Entre las disposiciones que contienen las Directrices de la OCDE y que resultan de
interés en cuanto al tema del resguardo de los derechos humanos laborales, se encuentran
los siguientes:
1. a) Respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa
multinacional a constituir sindicatos y organizaciones representativas de su
elección o a afiliarse a ellos.
b) Respetar el derecho de los trabajadores empleados por la empresa
multinacional a encomendar a los sindicatos y organizaciones representativas
de su elección que los representen en las negociaciones colectivas y a iniciar,
bien sea individualmente o a través de asociaciones de empresarios,
negociaciones constructivas con dichos representantes con el objeto de llegar a
acuerdos sobre condiciones de empleo.
38
c) Contribuir a la abolición efectiva del trabajo infantil y tomar medidas
inmediatas y eficaces para garantizar de manera urgente la prohibici ón y la
eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
d) Contribuir a la eliminación de toda clase de trabajo forzoso u obligatorio y
tomar medidas adecuadas para impedir cualquier trabajo forzoso u obligatorio
en sus actividades.
e) Inspirarse, para sus actividades, en el principio de igualdad de oportunidades
y trato en el trabajo y no discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o
profesional por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social, o por cualquier otra circunstancia, a
menos que las prácticas selectivas respecto a las características del trabajador
favorezcan las políticas públicas establecidas que promuevan, de forma
expresa, una mayor igualdad de oportunidades laborales, o que dichas
prácticas respondan a los requisitos inherentes a un puesto de trabajo.
2. a) Proporcionar a los representantes de los trabajadores los medios
necesarios para la consecución de convenios colectivos eficaces.
b) Proveer a los representantes de los trabajadores la información que
necesiten para alcanzar negociaciones constructivas sobre las condiciones de
empleo.
c) Comunicar a los trabajadores y a sus representantes la información que les
permita hacerse una idea exacta y correcta de la actividad y de los resultados
de la entidad o, en su caso, del conjunto de la empresa.
3. Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los
trabajadores y sus representantes respecto a cuestiones de interés común.
4. a) Respetar unas normas de empleo y de relaciones laborales que no sean
menos favorables que las que se practican en empresas con condiciones
similares del país anfitrión.
b) Cuando las empresas multinacionales operen en países en desarrollo en los
que es posible que no existan empleadores con condiciones similares, ofrecer
los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo posibles en el marco
de las políticas públicas. Aunque estos han de estar adaptados a la situación
económica de la empresa, deberían ser al menos suficientes para satisfacer las
necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias.
c) Adoptar las medidas adecuadas para garantizar, en sus actividades, la salud
y la seguridad en el lugar de trabajo.
39
5. En la mayor medida de lo posible, emplear a personal local para sus
actividades y proporcionarle capacitaci ón con el fin de mejorar los niveles de
cualificación, en colaboración con los representantes de los trabajadores y, en
su caso, con las autoridades públicas competentes.
6. Cuando las empresas prevean cambios en sus actividades que puedan tener
efectos significativos sobre los medios de subsistencia de sus trabajadores, en
el caso concretamente del cierre de una entidad que implique ceses o despidos
colectivos, notificar dichos cambios con una antelación razonable a los
representantes de sus trabajadores y, en su caso, a las autoridades públicas
competentes y colaborar con los representantes de los trabajadores y con las
autoridades públicas competentes para atenuar, en la mayor medida posible,
los efectos adversos. Teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada
caso, convendría que la dirección enviase dicha notificación antes de tomar la
decisión definitiva. Pueden emplearse otros medios para establecer una
cooperación constructiva encaminada a atenuar los efectos de este tipo de
decisiones.
7. En el marco de negociaciones realizadas de buena fe con los representantes
de los trabajadores relativas a las condiciones de trabajo, o cuando los
trabajadores ejerzan su derecho a organizarse, no amenazar con trasladar
fuera del país en cuesti ón la totalidad o parte de la unidad operativa ni con
trasladar a trabajadores procedentes de entidades integrantes de la empresa
localizadas en otros países con el fin de influir injustamente en dichas
negociaciones o de obstaculizar el ejercicio del derecho a organizarse.
8. Permitir a los representantes autorizados de sus trabajadores negociar sobre
cuestiones relacionadas con convenios colectivos o con las relaciones entre
empleados y empresas y permitir a las partes consultarse acerca de asuntos de
interés mutuo con representantes patronales autorizados para adoptar
decisiones respecto a estas cuestiones (OCDE, 2011).
No obstante, en la publicaci ón de la OCDE, “10 años después”, se mostraron las
debilidades de estas Directrices, entre ellas se encuentra la falta de potestad sancionadora
de la misma OCDE, ausencia de voluntad política de los propios Estados participantes,
consecuentemente esto trae aparejado la falta de aplicación de esta iniciativa. Pese a ello,
en el informe se indica que
40
OECD Watch aún considera que las Directrices de la OCDE tienen el potencial de
realizar un aporte valioso al fortalecimiento de la conducta empresarial responsable.
Las Directrices podrían compensar parcialmente los vacíos que la globalización
genera en materia de gobernabilidad. En los diez años transcurridos desde su última
revisión, las Directrices conservaron su posición de único instrumento a nivel
internacional, avalado por los gobiernos, que aborda una gama exhaustiva de
prácticas empresariales y ofrece un mecanismo para plantear reclamos. Las
Directrices establecen principios y estándares de conducta empresarial responsable
(OECD Watch, 2010. p. 60).
Por su parte, en el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
Naciones Unidas, aprobó los 31 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos, la importancia de estos principios se debe a que le asignaron papeles y
responsabilidades a dos principales actores que existen dentro de la dinámica de los
derechos humanos y la responsabilidad empresarial, los cuales son los Estados y las
empresas. Estos, pese a que no son instrumentos coercitivos, sí permitió crear normas
legítimas por el amplio consenso social, gubernamental y empresarial con el que cuentan.
Estos principios establecen en primer lugar,
el deber del Estado de proteger los derechos humanos, así como de enunciar
claramente que se espera que hagan todas las empresas domiciliadas en su territorio
y/o jurisdicci ón al respecto. Por otro lado, se determinó que las empresas también
deben respetar los derechos humanos al abstenerse de infringirlos y hacer frente a
las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna
participación. Finalmente, pero no menos importante, se estableció la necesidad de
mejorar el acceso de las víctimas a vías de reparaci ón efectivas, tanto judiciales
como extrajudiciales (Villalobos, et al., 2015, p. 13).
Es decir, este instrumento no busca crear nuevas obligaciones, sino que, pretende
servir como guía postulando lineamientos para que los Estados y las empresas los
implementen, en tres ejes: proteger, respetar y remediar, todo en aras de evitar una
vulneración de los derechos humanos por parte del sector empresarial.
41
Asimismo, los Principios Rectores conminan, entre otras cosas, a la elaboraci ón e
implementación de Planes Nacionales de Empresas y Derechos Humanos, los cuales deben
ser planificados en conjunto por los Estados, las empresas y la sociedad civil; entre los
países que han desarrollado estos Planes se encuentran Dinamarca, Inglaterra, Alemania,
los Países Bajos, Italia, Estados Unidos, entre otros, en el caso de América Latina países
como Colombia y Chile, han presentado sus Planes Nacionales; otros como Argentina, Perú,
México y Nicaragua se encuentran en la etapa de formulación del Plan, en el caso de Costa
Rica ni siquiera ha presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos la
iniciativa para comenzar con el desarrollo del Plan.
Es así como, dentro del pilar de protecci ón que promueven los Principios Rectores,
hace referencia a la obligación del Estado en cuanto a la protección de los derechos
humanos de la actividad empresarial, por lo que resulta necesario que el Estado realice un
diagnóstico, a modo de línea de base, sobre la situación de los derechos humanos y las
empresas, designe una entidad responsable de impulsar un Plan de Acción Nacional sobre
Empresas y Derechos Humanos y difunda una cultura de derechos humanos entre los
ciudadanos.
En cuanto al pilar de respeto, se centra en la responsabilidad de las empresas de
respetar los derechos humanos y no generar impactos negativos sobre ellos, los Principios
Rectores establecen tres factores clave para su aplicación: el compromiso público de
respetar, por parte de la empresa, el desarrollo de un proceso de debida diligencia en
derechos humanos y el establecimiento de vías de reparación ante la ocurrencia de
potenciales impactos.
Por otro lado, con el pilar de remediar se busca brindar mecanismos de reparaci ón
para aquellas víctimas que sufren vulneraciones de sus derechos humanos por parte de las
empresas, este apartado exige que el Estado comunique la existencia y funcionamiento de
los mecanismos de reparación, y el entendimiento uniforme del concepto de derechos
humanos en las diferentes vías de remediación y entre los actores que forman parte de estas
(ONU, 2011).
42
Es importante indicar que los Principios Rectores no son una herramienta que
mencione con exactitud cómo los Estados y las empresas deben gestionar los impactos
relacionados con los derechos humanos; sin embargo a diferencia de los Principios
Voluntarios, los Principios Rectores buscan ser aplicados a todo tipo de empresas, por lo
que, esa generalidad permite que diferentes sectores se apropien de estos, lo cual también
sería visto como una desventaja, pues no se toman en cuenta las diversas caracter ísticas
propias de cada sector industrial, lo que puede ser un obstáculo para su implementación.
Al respecto en la resolución A/HRC/17/31, emitida por Naciones Unidas, en el
apartado No. 15 se indica que
los Principios Rectores no han sido concebidos como un juego de herramientas, que
baste con tomar y aplicar. Aunque los propios principios son universalmente
aplicables, los medios utilizados para su aplicación reflejarán el hecho de que vivimos
en un mundo con 192 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 80.000 empresas
transnacionales, un número diez veces mayor de filiales e innumerables millones de
empresas nacionales, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Por
lo que respecta a los medios de implementación no hay pues una "talla única" para
todos los casos.
Asimismo, otra de las desventajas que tienen los Principios Rectores es que no
cuentan con mecanismos de seguimiento, lo cual puede desembocar en la falta de
compromiso de los Estados para incorporarlos en su normativa, empresas que no van a
estar obligadas a rendir cuentas sobre sus avances, consecuentemente se estarían
prolongando violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas.
Por otra parte, se encuentra la Organización Internacional de Normalización ISO, que
cuenta con aproximadamente 163 miembros, provenientes tanto de países desarrollados
como en vías de desarrollo, las normas que emiten buscan proveer a las empresas y a los
gobiernos de herramientas prácticas en tres dimensiones: económica, ambiental y social
(ISO 2600 Responsabilidad Social).
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Estas normas desarrolladas por ISO son voluntarias, además su contenido está
protegido por derechos de copyright, por lo que, a efectos de accederlas se requiere comprar
cada documento. Asimismo, los estándares internacionales, están confeccionados por
diversos comités técnicos y se someten a consulta pública, por lo que, para su aprobación se
requiere de al menos el 75% de los organismos miembros de ISO con derecho a voto para
su publicación como norma internacional. En Costa Rica el Ente Costarricense de
Acreditación ECA, es la institución autorizada para regular estas certificaciones.
Existen dos certificaciones ISO que se relacionan con la sostenibilidad: la norma ISO
14001, que establece las directrices para implantar un sistema de gestión ambiental, cuyo
objetivo principal es promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios
que protejan al medio ambiente, minimizando cualquier efecto dañino causen las actividades
organizacionales y la guía ISO 26000 sobre responsabilidad social. La norma ISO 26000,
hace referencia a la responsabilidad social de las empresas y las organizaciones, esta
norma ofrece una guía en cuanto a la responsabilidad social y está diseñada para ser
utilizada tanto por el sector público como privado, en los países desarrollados y en
desarrollo, abarca siete ejes: en materia de gobernanza, participación activa y desarrollo de
la comunidad, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de
operación y asuntos de consumidores (Estévez, 2015). Costa Rica ha adoptado este modelo
por medio de la práctica y ha servido como guía para definir sistemas de gestión en
responsabilidad social y es la base para la norma de certificaci ón local INTE 35-01-01
(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2016).
Por otra parte, se encuentran las normas AccountAbility, las cuales son promovidas
por una organización internacional sin ánimo de lucro, fundada en 1996 con la participación
de empresas, organizaciones no gubernamentales, académicos y profesionales, dentro de
estas normas se encuentran las AccountAbility 1000 (AA1000), las cuales son reconocidas
internacionalmente y son de libre acceso, con ellas se busca proveer a las organizaciones de
estándares de mejora de su desempeño en sostenibilidad. Por su parte, la Norma de
Principios de AccountAbility AA1000APS, otorga a las organizaciones un conjunto de
principios reconocidos internacionalmente para enmarcar y estructurar la forma como
44
entienden, gobiernan, administran, implementan, evalúan y comunican su “accountability”
frente a sus grupos de interés. Esta norma identifica tres principios:
▪ El principio básico de inclusividad, que hace referencia al compromiso de ser
responsable con aquellos sobre los cuales una organización genera un impacto y con
los que generan un impacto en la organización, y que permite su participación para
identificar asuntos y encontrar soluciones. Este principio básico de inclusividad es
necesario para alcanzar los de Relevancia y Capacidad de Respuesta. La unión de los
tres principios respalda el alcance de la accountability.
▪ El principio de relevancia, que consiste en determinar la relevancia e importancia de
un asunto para la organización y sus grupos de interés.
▪ El principio de capacidad de respuesta, que hace referencia a la capacidad de una
organización para dar respuesta a los asuntos relevantes para los grupos de interés
que afectan a su desempeño en materia de sostenibilidad y se lleva a cabo a través
de decisiones, acciones y desempe ño, así como mediante la comunicaci ón con los
grupos de interés (Agencia Española de Cooperaci ón Internacional para el
Desarrollo, 2016). Interesa mencionar que en Costa Rica no se destaca aún su
aplicación, pues en realidad muy pocas empresas tienen conocimiento de
estas normas.
Por otro lado, se encuentra la OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SERIES (OHSAS18001) promovida por la British Standards Institution (BSI),
con esta norma se busca especificar los requisitos para crear un sistema de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir que una organización controle
sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. Este tipo de certificado,
pretende que las empresas logren disminuir los riesgos laborales, enfermedades, así como
aumentar la productividad, cumplir con la legislaci ón en materia de prevención y fomentar
una cultura preventiva en el trabajo. En Costa Rica, empresas como el grupo financiero BAC
CREDOMATIC y algunas empresas que exportan productos agrícolas a Europa la aplican.
1.2. Conceptualización de la responsabilidad social empresarial
45
Hoy en día las empresas son fuente de riqueza, lo cual se asocia con bienestar social,
progreso, desarrollo, entre otros factores. De hecho, en Costa Rica y en la mayoría de
países de la región, los empleos nuevos se están generando en el sector privado, no tanto
en el sector público.
La mayor parte de empleos generados en América Latina se dan a través de micro,
pequeñas y medianas empresas, en ocasiones, estas empresas pueden ser fuente de
violaciones a los derechos de los trabajadores, o afectan mediante sus operaciones los
derechos humanos de personas que quizás no son directamente sus colaboradores, pero
que se ven afectados por la operación comercial, por ejemplo, en derechos como a la
alimentación, salud, medio ambiente, entre otros.
Lo primero que debe explicarse, entonces, antes de analizar la definición sobre lo que
se entenderá como responsabilidad social empresarial, es que la responsabilidad social no
se agota en el cumplimiento de la ley; la ley es el piso mínimo que se exige, pues, a partir de
ahí, comienza la responsabilidad social, cuyo compromiso obliga a las empresas a no
contratar niños ni niñas antes de la edad permitida en cada país, a efectuar consultas con
grupos afectados por sus operaciones, velar por la no discriminaci ón, la igualdad de
oportunidades, la promoción de políticas empresariales de inclusión de personas con
discapacidad, así como de otros grupos vulnerables, que las personas colaboradoras
cuenten con salarios dignos, respeto por la libertad de asociaci ón de los trabajadores,
etcétera.
Por ello, se considera que la responsabilidad social empresarial se encuentra ligada al
concepto de desarrollo sostenible, ya que este último
significa darles más bienestar tanto a las generaciones presentes como a las futuras,
y se preocupa no solo de la justicia ambiental sino también de la social, económica e
intergeneracional. (…) El concepto de desarrollo sustentable definido por la Comisión
Brundtland como el conjunto de políticas que “garantiza las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. Este principio fue adoptado en 1992 la anterior conferencia en
Río de Janeiro, conocida como Cumbre de la Tierra (Sin autor, 2011).
46
La anterior definición, permite integrar los aspectos sociales, económicos y
ambientales del desarrollo, que busque la satisfacción de las necesidades humanas
actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades, es decir, forma parte de lo que se busca alcanzar con la
responsabilidad social que deben tener las empresas.
En torno a la definición de responsabilidad social empresarial, existe una variedad de
conceptos que cambian de acuerdo con el enfoque desde el cual se aborde. Por ejemplo, si
se parte de la autora Adelaida Ibarra Padilla, podemos encontrar un enfoque clásico, en ell
que la responsabilidad de una empresa está en aumentar las utilidades de los dueños; por
otro lado, si se parte de un enfoque estratégico, las obligaciones de la empresa no se limitan
a los accionistas,
sino que comprenden a un grupo más amplio, los stakeholders ; según el
enfoque del contrato social, la Responsabilidad Social Empresarial es un
pacto justo entre las instituciones y la sociedad, y la empresa como parte de
la sociedad necesita contribuir al bienestar de esta; desde el enfoque
virtuoso, la empresa es una institución socioeconómica que tiene una seria
responsabilidad moral con la sociedad. El enfoque del triple button line
señala que la RSE es la búsqueda de un triple beneficio: rentabilidad
económica, mejora del bienestar social y preservación del medio ambiente
(Ibarra, 2014. pp. 53-54).
De manera tal, se puede decir que la Responsabilidad Social Empresarial, conlleva al
respeto de una serie de principios agrupados en tres áreas de derechos humanos, como lo
son los laborales, medio ambiente y lucha anticorrupci ón; en este trabajo, el abordaje se
hace desde la perspectiva de los derechos humanos laborales. De ahí que, la
responsabilidad social empresarial pretende un triple beneficio: rentabilidad económica,
mejora del bienestar social y preservación del medio ambiente.
47
Por otra parte, diversos autores consideran que la responsabilidad social empresarial,
debe ser un elemento dejado a la voluntariedad de las empresas o soft law, pues sostienen
que son más efectivos los incentivos, en vez de imponer una regulación estatal obligatoria
para potenciar el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible, porque de por medio
se encuentra el interés de las empresas por mejorar la reputaci ón ante los consumidores,
competidores e inversionistas, así como para generar ventajas competitivas.
La perspectiva de gestión voluntaria presupone la existencia de una estrategia
empresarial que integra la preocupaci ón por los valores y principios de carácter social,
laboral y medioambiental, e igualmente la atención a las expectativas de los grupos de
interés con los que interactúa. Los códigos de buen gobierno son un ejemplo de soft law, es
decir, documentos formales en los que se expresa la voluntad y la disposición de la empresa
para el reconocimiento de todos los intereses en juego. En este se encuentran consignados
los principios que guían la corporación, los valores y los compromisos concretos de acción
(González,et al., 2006, p.164).
De esta forma, el soft law se caracteriza por no depender de la potestad regulatoria de
los Estados para su diseño e implementación, pues lo que priva es la participación voluntaria
en la construcción, adhesión y operación, obtenida a través del consenso y la toma de
decisiones se da como resultado de un diálogo entre diferentes actores que permiten
dotarlas de legitimidad, sin necesidad de que se actúe por medio del poder sancionatorio del
Estado.
Se encuentra la postura de la ley dura o hard law, cuyos defensores sostienen que la
imposición de políticas públicas por parte de los gobiernos, permiten soluciones con
estándares más altos, más comprensibles, durables, seguros, transparentes y con mayor
credibilidad; porque posibilitan conciliar mejor los diversos intereses en competencia y, así,
proteger el bien común, ya que ayudan a suplir fallas del mercado y protegen a los más
vulnerables, puesfaculta a los afectados por los abusos de las empresas ventilar
judicialmente sus reclamos y contar con mecanismos adecuados de reparaci ón.
48
En este sentido, González y Mayz señalan la posibilidad de que estos compromisos
legales sean vistos por algunas empresas como un obstáculo al desarrollo de sus
actividades. No obstante, la legislaci ón sobre este tema no solo es socialmente deseable
para los agentes económicos relacionados con las empresas, sino que además aseguraría a
cada firma que sus competidoras también se conducirán aceptando la misma
responsabilidad (González, et al., 2008, p. 37).
Es interesante, ver cómo en esta postura se señala que si bien la Responsabilidad
Social Empresarial puede presentarse independientemente de la normativa estatal, no
puede dejarse a la voluntariedad de las empresas, pues finalmente éstas son guiadas por un
interés principalmente utilitarista y mercantil; es decir, las empresas asumen voluntariamente
un comportamiento “virtuoso” solo si el costo por ese comportamiento es menor que los
beneficios.
Finalmente, existe una postura que busca ser más conciliadora pues sostiene que la
responsabilidad social empresarial, debe estar compuesta por una parte voluntaria, la cual
debe incentivarse por medio de fórmulas que busquen los poderes públicos y otra que es
obligatoria, es decir, impuesta y regulada por cada Estado.
Frente a la globalizaci ón, la discusi ón sobre la voluntariedad u obligatoriedad de la
Responsabilidad Social Empresarial desborda el ámbito nacional, pues “en el proceso de
creación del Derecho, la atención se desplaza ahora hacia los regímenes privados, esto es,
hacia los acuerdos obligatorios entre actores globales, la regulación del mercado privado
mediante empresas multinacionales, los sistemas de negociaci ón interorganizativos y los
procesos mundiales estandarizados” (Ibarra, 2014. p. 60).
De esta manera, parece acertado el concepto del autor Ricardo Sepúlveda al indicar
que
la responsabilidad social empresarial es un acto voluntario de la empresa de regresar a
la sociedad, de realizar cambios en favor de la sociedad, es sobre los temas, grupos y
alcances que quiere la empresa. El enfoque de derechos humanos implica un deber de
actuar de manera responsable en todas sus actividades conforme con los estándares49
de derechos humanos por considerarlas que ésa es la meta justa y equitativa de actuar
con independencia, si es una obligación legal o tiene una sanción, es decir el Estado
debe de actuar de manera que se garantice que la empresa no dañe la dignidad de las
personas, comunidades y la sociedad (Sepúlveda, 2016, pp. 45-46).
Es decir, la responsabilidad de las empresas en respetar los derechos humanos se
refleja, al menos en parte, en las leyes o reglamentos que cada gobierne implementa para
ayudar a que las empresas respeten los derechos humanos. No obstante, la responsabilidad
de respetar los derechos humanos no se limita al cumplimiento de las disposiciones de esas
leyes nacionales.
Eso es lo que se pretende con la responsabilidad social empresarial, que la
responsabilidad subsista más allá de asumir un conjunto de prácticas obligatorias impuestas
por ley, y asuma prácticas voluntarias, las cuales constituyan normas de conducta
auto-impuestas que impulsen la satisfacción de las necesidades sociales de sus integrantes
y de los demás miembros de la comunidad, todo esto con la finalidad de alcanzar una
promoción por los derechos humanos, pues incluso ese respeto tendría consecuencias de
carácter jurídico, financiero y para su reputación, ya que el incumplimiento podría afectar a
las empresas para obtener permisos, inversiones, entre otros. Por eso, cada vez es más
frecuente que cuando una empresa provoca un riesgo en relación con los derechos
humanos, está dando lugar al mismo tiempo a un riesgo para sus propios intereses a largo
plazo.
Por eso, el sistema de Naciones Unidas ha desarrollado resoluciones que tienen que
ver con la protección de los derechos de las personas e incluso de los pueblos, en especial
de aquellos grupos más vulnerables, incluyendo a pueblos indígenas, mujeres, niños, entre
otros, frente a actividades de empresas que resultan en la violación de derechos humanos;
no obstante, entre los primeros instrumentos internacionales que surgieron posterior a la
Declaración Universal de Derechos Humanos, no abordaron las obligaciones de los Estados
en relación con las empresas, pues más bien impusieron obligaciones para garantizar el
ejercicio de derechos e impedir abusos cometidos por los Estados.
50
Sin embargo, instrumentos posteriores, como la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminaci ón Contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre
Derechos del Niño y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, son
más expresos en hacer referencia a las actividades comerciales, y en establecer el deber del
Estado de regular los abusos cometidos por actores no estatales.
Por ejemplo, en el artículo 4 punto 1, inciso e de la Convención sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad, establece la obligaci ón por parte de los Estados partes en:
“Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discrimine por motivos de discapacidad”.
Resulta importante, también, la interpretaci ón de los órganos de tratado en relación
con el alcance de la responsabilidad de las empresas en la violación de derechos humanos y
las obligaciones que tienen los Estados al respecto. Así, por ejemplo, el Comité de Derechos
Humanos, en su Observación General No. 31, reconoció esta responsabilidad al señalar que
“las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos del Pacto sólo se
cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no sólo contra las
violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos
cometidos por personas o entidades privadas...”. El Comité, dispuso además, que los
Estados deben actuar con debida diligencia y que pueden infringir las obligaciones
impuestas por el Pacto sino adoptan las medidas adecuadas “para evitar, castigar, investigar
o reparar el daño causado por actos de personas o entidades privadas”.
1.3. Agenda 2030 de Naciones Unidas
Primero, es importante indicar que, en el año 2000, los países miembros de las
Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante
ODM) para el año 2015. Los ODM, consistían en ocho propósitos de desarrollo humano que
pretendían erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal,
promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud mental, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
51
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo (Organización Mundial del Comercio, 2020).
Al terminar el período de cumplimiento de los ODM y dado que, en la mayoría de
países miembros de la ONU no se logró cumplir con dichos objetivos, el 25 de septiembre de
2015 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un nuevo acuerdo mundial sobre
cambio climático. No obstante, ese mismo día los 193 Estados miembros se comprometieron
a adoptar la Agenda 2030 , el cual es un programa que aborda 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (en adelante, ODS), que, a su vez, se disgregan en 169 metas por alcanzar.
Es así como, la Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante 15 años,
los países que forman parte de las Naciones Unidas se comprometieron a movilizar los
medios necesarios para implementar los Objetivos, mediante alianzas centradas
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. De hecho, los ODS
representan un camino hacia el desarrollo sostenible abarcando las diferentes esferas
económica, social y ambiental, por ello, cuentan con la participaci ón de nuevos actores,
como lo son el sector privado y la sociedad civil.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con las 169 metas, tienen un alcance
más amplio y van más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al abordar las
causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor
de todas las personas. Los objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.
Por ello, los nuevos objetivos mundiales se diferencian de los Objetivos del Milenio,
pues estos últimos estaban dirigidos únicamente a los países en vías de desarrollo, mientras
que los ODS son de aplicación universal; además, los ODS abarcan más con la pretensión
de afrontar las desigualdades, el crecimiento económico, el acceso a un trabajo decente, las
ciudades y los asentamientos humanos, la industrialización, los océanos, los ecosistemas, la
energía, el cambio climático, el consumo y la producción sostenibles, la paz y la justicia.
52
Asimismo, es importante indicar que los ODS no son jurídicamente obligatorios, sin
embargo, se espera que los países los adopten como propios y además establezcan marcos
nacionales para alcanzar los objetivos, pues su cumplimiento y éxito se logrará por medio de
políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de estos.
Particularmente, de interés resulta el Objetivo número 8, pues se plantea promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos. Esto porque todas las personas merecen tener un buen empleo,
que sea seguro y esté bien remunerado; para nadie es un secreto que muchos empleos en
el mundo ponen en riesgo a los trabajadores, no ofrecen una remuneración suficiente que
permita llevar una vida cómoda, o no admiten hombres, mujeres o personas con
discapacidad en condiciones de igualdad, entre otros factores.
Lo anterior es preocupante, pues las personas que trabajan en entornos laborales
inseguros corren el riesgo de tener problemas en su salud, sufrir lesiones o incluso perder la
vida debido a las malas condiciones de trabajo. De ahí que, si no se cuenta con un empleo o
una buena remuneración, las personas no pueden acceder a condiciones mínimas y básicas
para vivir dignamente.
Por ejemplo, si las personas tienen un buen empleo en su propia comunidad, también
podrán ayudar a que se logre otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues al contar con
una buena remuneración, las personas pueden adquirir alimentos nutritivos para su familia y
así se cumplirá con el ODS 2, que es hambre cero, vivirá en un hogar dentro de un barrio
seguro, con ello se cumpliría el ODS 1, que es fin de la pobreza; así como el ODS 11, sobre
ciudades y comunidades sostenibles. Asimismo, esas personas trabajadoras accederán en
la compra de útiles escolares para que sus hijos tengan una buena educaci ón y de esta
manera, se cumple con el ODS 4, sobre educación de calidad.
Por otro lado, es importante mencionar que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
y las 169 metas de la agenda se supervisarán y examinarán a nivel mundial mediante un
conjunto de indicadores mundiales. El marco de indicadores mundiales será elaborado por el
Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
53
Sostenible y el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, finalmente, aprobará los
indicadores. Los gobiernos también elaborarán sus propios indicadores nacionales para
colaborar en el proceso de seguimiento de los progresos conseguidos en el cumplimiento de
los objetivos y las metas (Agenda para el Desarrollo Sostenible, 2020).
Por otra parte, se ha estimado que, a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, se requiere de una inversión anual en todos los sectores entre cinco y siete
billones de dólares, de manera que, los niveles de inversión actuales se encuentran muy
lejos de la escala necesaria. “Con una estimación de activos financieros mundiales de más
de 200 billones de dólares, la financiación está disponible, pero la mayoría de esos recursos
no se están canalizando hacia el desarrollo sostenible en la escala y con la rapidez
necesarias para alcanzar los ODS y los propósitos del Acuerdo de París sobre el cambio
climático” (Agenda para el Desarrollo Sostenible, 2020).
En Naciones Unidas, se estima, por ejemplo, que si se alcanza los ODS se pueden
crear hasta 12 billones de dólares de oportunidades de mercado y generar hasta 380
millones de nuevos puestos de trabajo en 2030. Por lo que, lejos de considerar que el costo
para desarrollar y cumplir con la Agenda 2030 es muy alto, deben más bien valorar las
bondades que se pretenden con esta, pues la finalidad de toda política sea nacional o
internacional, debe ir dirigida a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos.
CAPÍTULO IIPolítica Nacional sobre la responsabilidad social empresarial
En este apartado, interesa analizar la política que sigue el país en torno al tratamiento
de la responsabilidad social que se espera manejen las empresas, para así dar contenido e
incluso cumplir con los diversos compromisos internacionales que ha adquirido el país, entre
ellos, conseguir la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados en
la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
De hecho, se busca reflexionar cómo surge la política nacional sobre responsabilidad
social, cuáles son los entes rectores encargados de ejecutarla, así como los elementos que
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la conforman, ejes temáticos, estratégicos, principios y objetivos que persigue. Esto con la
finalidad de comprender el rumbo que ha decidido seguir el Estado, en aras de alcanzar la
implementación práctica tanto en las instituciones públicas, como empresas públicas y
privadas, de políticas sociales que promuevan el respeto por los derechos humanos.
2.1. Marco normativo nacional
Sin ser exhaustivo, es importante mencionar leyes internas que si bien no regulan de
manera directa el tema de la responsabilidad social empresarial, deben tomarse en cuenta,
pues forman parte del elenco normativo de nuestro país en torno a la orientación de mínimos
que deben cumplir las empresas, así, por ejemplo, la Ley No. 7739 Código de la Niñez y la
Adolescencia, la cual fue una ley promovida por el Ministerio de Trabajo y el Patronato
Nacional de la Infancia, con la cual se crea un régimen especial de protección a la persona
trabajadora adolescente.
Asimismo, la Ley No. 9028 y la Ley No. 8655 sobre Regulaciones al Tabaco, se trata
de una ley promovida por el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS), con esta ley se regulan las medidas que el Estado debe implementar para
instrumentalizar el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial
de la Salud. Por otro lado, la Ley No. 771 Ley General sobre el VIH/SIDA, tiene como
objetivo la promoci ón de la salud, la educaci ón, la prevención, el diagnóstico, la vigilancia
epidemiológica y la atención e investigación sobre el virus del VIH/SIDA, así como la
prohibición de discriminar a las personas portadoras de este virus.
Por otra parte, la Ley No. 2 Código de Trabajo, regula los derechos y deberes de las
personas empleadoras y trabajadoras con ocasión de una relación laboral, también se
cuenta con la Ley No. 8122, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminaci ón; Ley No. 7600 Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, cuyos objetivos consisten en servir como instrumento a las
personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, participación social, así
como el ejercicio de los derechos y deberes estipulados dentro del sistema jurídico,
garantizar a esta población una igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, desde
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salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura, entre otros; asimismo,
elimina cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
Por otro lado, se cuenta con la Ley No. 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y
Medianas Empresas y sus Reformas, se trata de una ley promovida por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, cuyo objetivo es la creaci ón de un marco normativo que
promueva un sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, todo lo cual conlleve
al desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas, logrando de esta manera
que este sector contribuya al proceso de desarrollo económico y social del país, a través de
la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y de acceso a la
riqueza.
Es importante aclarar que, mediante el artículo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley N° 6054 del 14 de junio de 1977,
corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ser el ente rector de las
políticas públicas en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo empresarial y
fomento de la cultura empresarial para los sectores industria, comercio y servicios.
Por otro lado, dentro de las principales organizaciones que están impulsando en el
ámbito internacional la aplicaci ón de principios de responsabilidad social y con las cuales
Costa Rica ha firmado diversos acuerdos, están la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Organización de Estados Americanos (OEA),
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Así, por ejemplo, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el país
firmó el acuerdo de la Perspectiva de la CELAC sobre Responsabilidad Social; con la
Organización de Estados Americanos, firmó la Convención Interamericana contra la
Corrupción; por otra parte, con la ONU ha firmado la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la Conferencia de Estocolmo, la Convención marco sobre el Cambio Climático, la
Cumbre sobre el Cambio Climático COP 21, Informe Bruntland, la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Mundial,
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Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos; por otro lado, con la
Organización Internacional del Trabajo suscribió la Declaraci ón relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración tripartita sobre empresas
multinacionales y política social; finalmente, con la Organizaci ón para la Cooperaci ón y el
Desarrollo Económico, firmó las Líneas directrices para empresas multinacionales.
Entre los ministerios del país que agrupan estos puntos focales de acuerdos, se
encuentran el Ministerio de Ambiente y Energía, quien se encarga de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático, la Cumbre sobre el Cambio Climático COP 21, Declaración de
Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Conferencia de Estocolmo; el Ministerio de
Comercio Exterior se encarga de las Líneas Directrices de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico para las Empresas Multinacionales; por su parte, el
Ministerio de Planificación tiene a cargo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encarga de la responsabilidad social
desde la Perspectiva de la CELAC y las Resoluciones de la OEA; por otra parte, el Ministerio
de Trabajo tiene al mando la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. Sin embargo, no todas las iniciativas y acuerdos que el país ha suscrito,
cuentan con una contraparte gubernamental que garantice el seguimiento de la gestión y
aplicación, incluso hay herramientas que tiene como contraparte el sector privado, tal es el
caso de la Asociación Empresarial para el Desarrollo, encargada del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, incluso el informe Bruntland de Naciones Unidas, el cual tiene como
objetivo definir un modelo de colaboración con las empresas para satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones; sin embargo, no
está a cargo de algún Ministerio.
Esto permite evidenciar que existe una dispersión en los diferentes instrumentos
internacionales, lo cual dificulta la coordinación que deber ía haber entre los acuerdos y los
entes estatales que los tienen a su cargo, esto pone en relevancia la necesidad de que se
promueva un diálogo estrecho entre los diversos ministerios y la creación de un foro, para
que de manera anual, o bien semestral, permita reunir a todas las partes involucradas para
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ponerlas de acuerdo con las iniciativas, y, de esta forma busquen lograr el mayor impacto
para el país y la máxima coordinación entre sectores.
2.2. Surgimiento de la Política Nacional 2017-2030
Partiendo de que, en los últimos años, se ha considerado que el tema de la
responsabilidad social ha dejado de ser solo un enunciado de buenas intenciones y que
muchos países más bien lo han considerado como un medio estratégico de gestión para
todos los gobiernos del mundo, de ahí que, Costa Rica no ha sido la excepción y por eso
diseñó una Política de Responsabilidad Social que, para su cumplimiento y ejecución,
abarca el periodo 2017 al 2030.
De hecho, en varios países, sobre todo a nivel de bloques regionales, han
implementado estrategias, políticas, leyes y planes nacionales sobre responsabilidad social
y sostenibilidad, lo cual responde a un incremento en la concienciaci ón por parte de la
sociedad y los actores que la componen, sobre la necesidad de que las organizaciones
integren y promuevan valores relacionados con aspectos ambientales, sociales y de buen
gobierno, así, por ejemplo, se encuentra la Estrategia Europea de Responsabilidad Social, la
cual instó a todos los Estados miembros de la Unión Europea a trabajar individual y
conjuntamente, a nivel público y privado, para incrementar el compromiso del Estado por una
conducta y gestión responsable (Comisi ón Europea, 2020), también se encuentra el Plan
Nacional de Acción de los Estados Unidos sobre la conducta responsable de los negocios, la
Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, la Política Nacional de
Responsabilidad Social de Holanda, entre otros.
En América Latina, en el año 2004, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de Naciones Unidas (CEPAL) publicó el Informe “Responsabilidad Social Corporativa
en América Latina: una visión empresarial”, al que le han sucedido múltiples documentos de
diversas organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial,
Organización de los Estados Americanos, Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa, entre otros, con ello se hace un llamado para promocionar la responsabilidad
social en la región.58
Asimismo, el gobierno de Costa Rica, el 28 de noviembre de 2014 en el marco de la
Reunión de Altos Funcionarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe
(CELAC) y de la Unión Europea el marco de la CELAC, acordó contar con una Política
Nacional de Responsabilidad Social que busca la difusión de buenas prácticas y mejorar los
niveles de confianza en las empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones del
sector público (RSE, 2018).
La Política Nacional de Responsabilidad Social se construyó por medio de un proceso
de diálogo, colaboraci ón y consulta, el cual, como se indicó, inició desde el año 2014, y
refleja importantes expectativas del sector público y privado. Esta política pretende ser un
punto de partida para consolidar acciones que conlleven a un plan de incentivos para la
responsabilidad social, la creación de guías de presentación de informes sobre
responsabilidad social, un plan de capacitación sobre el tema de responsabilidad social para
personas funcionarias públicas, así como la creación de estrategias e iniciativas
gubernamentales que permitan integrar criterios de sostenibilidad para que las empresas
actúen de acuerdo a esa responsabilidad que se les exige.
Esta política nacional, inició por medio de la administración Solís Rivera, liderado por
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, junto con la Comisi ón Interinstitucional,
integrado por representantes de la Presidencia de la República (Despacho de la Primera
Dama y de la Segunda Vicepresidencia), el Ministerio de Planificaci ón Nacional y Política
Económica, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Educaci ón Pública y el Instituto
Mixto de Ayuda Social, con lo cual se busca implementar un instrumento articulador de
múltiples esfuerzos y acciones para alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo,
con sostenibilidad y justicia.
La política nacional sobre responsabilidad social, se encuentra compuesta por siete
ejes, el primero de ellos tiene que ver con la promoción de la responsabilidad social como
elemento transformador de organizaciones más sostenibles; segundo, la transparencia y
buen gobierno en la base de todo sistema de gestión responsable; tercero, la articulación y
participación social y lucha contra la pobreza; cuarto, la gestión de las personas y fomento
del empleo; quinto, el respeto al medioambiente, mitigación y adaptación al cambio climático;59
sexto, la gesti ón integral de la cadena de valor: consumidores y proveedores y séptimo la
responsabilidad social en las relaciones exteriores de Costa Rica (RSE, 2018, p. 4).
De manera que, el objetivo principal de esta política nacional consiste en la promoción
de la responsabilidad social entre las empresas, organizaciones públicas y privadas para que
las buenas prácticas vayan aflorando y generalizándose, a través de modelos de gestión
responsable, implementación de políticas y estrategias acordes a la generación de una
economía social solidaria que permita adaptarse a la volatilidad de los mercados y al entorno
social cambiante, a la vez que se involucra y sensibiliza a la población sobre su importancia.
Es importante mencionar que esta política busca crear un marco aglutinador y de
coordinación que delinee los ejes y líneas de acción sustanciales para la implementación de
la responsabilidad social en Costa Rica en todo tipo de empresas y organizaciones, sean
públicas o privadas, por eso, no se sustituye a otras políticas públicas, planes nacionales o
iniciativas nacionales e internacionales.
Para elaborar esta política, se utilizaron modelos ya implementados en otros países,
las cuales sirvieron como fuente de inspiración; de hecho, se usaron las recomendaciones
recopiladas de iniciativas como la Estrategia Española de Responsabilidad Social, las Líneas
Directrices de la Organización para la Cooperaci ón y el Desarrollo Económico para las
Empresas Multinacionales, los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de
la Organización Mundial del Trabajo, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos, entre otras. De hecho, el proceso de desarrollo de esta
política nacional se ha logrado a través del apoyo financiero y técnico de la Cooperaci ón
Española.
Por otro lado, interesa rescatar el concepto que maneja la política nacional sobre la
responsabilidad social y es que
se entiende como una manera voluntaria, inclusiva y sostenible de gestionar
empresas y organizaciones que debe ir más allá de la legislación. La misión de esta
política es sensibilizar, formar, comunicar y eventualmente establecer incentivos para
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que empresas y organizaciones públicas y privadas tengan en cuenta factores como
el comportamiento ético, los derechos humanos y laborales, la igualdad de
oportunidades, el empoderamiento de los empleados, la integridad de las cadenas
globales de suministro, el respeto por el medio ambiente, el diálogo con los grupos
de interés, la transparencia o el consumo responsable en su toma de decisiones. El
objetivo de esta toma de conciencia es la creación de valor tanto para la empresa
como para la sociedad (MEIC, 2020).
Es decir, nuestro gobierno sostiene que la responsabilidad social, debe construirse a
través de mecanismos que se originen de manera voluntaria por parte de las empresas, en
vez de nutrirse de elementos coercitivos impuestos por el Estado, todo lo cual permita una
integralidad entre los objetivos que busca cada empresa y su armonía con la sociedad.
Según la ministra de Economía Industria y Comercio, la señora Geaninna Dinarte
Romero, sostiene que entre las motivaciones por las cuales iniciaron con la creación de una
Política de Responsabilidad Social, obedeció a que hoy en día es impensable que el Estado
logre solucionar todos los problemas en un país, de ahí que tenían la necesidad de vincular
a otros actores de la sociedad civil para conseguir diversos objetivos. A través de esa
necesidad, lograron detectar que existían diversas empresas que si bien podían tener
estrategias de responsabilidad social empresarial, algunas no iban acorde con el Plan
Nacional de Desarrollo, ni con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
por eso el gobierno buscó un acercamiento con el sector privado, para poder trabajar los
objetivos país de manera conjunta, incluso, parte de la idea del gobierno es generar
encadenamientos productivos y aprovecharlos para transmitir conocimiento de las empresas
más grandes a las Pymes (RSE, 2018, p. 12).
De esta manera, el 22 de junio de 2017 cuando el gobierno aprobó la Política
Nacional de Responsabilidad Social, creó el Consejo Asesor de Responsabilidad Social
(CARS), como órgano máximo para coordinar las acciones dirigidas a la implementaci ón y
seguimiento de esa Política. Este Consejo Asesor, cuenta con una Secretaría Técnica
ejercida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y está integrado por dos
representantes de organizaciones referentes nacionales en materia de Responsabilidad
Social, un representante de la academia, un representante de la empresa privada referente
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nacional en esa materia y dos representantes del sector público (Consejo Asesor de
Responsabilidad Social, 2020).
Dentro de las funciones del CARS, se encuentran la implementación y seguimiento de
la Política Nacional de Responsabilidad Social, el establecimiento de medidas necesarias
para la asignación de los recursos para implementar la política nacional, fomentar la
participación de representantes del sector público, de la sociedad civil, academia, sector
privado, cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y
personas expertas en el tema; elaborar estrategias de comunicación para informar sobre la
Política Nacional de Responsabilidad Social y sus avances, entre otros temas que sean
competencia del grupo asesor (Consejo Asesor de Responsabilidad Social, 2020).
2.3. Vinculación de la Política sobre Responsabilidad Social con iniciativas nacionales
Para conformar y desarrollar la Política Nacional sobre Responsabilidad Social, se
basó no solo en iniciativas internacionales como las indicadas anteriormente, sea la Agenda
2030 de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico para las Empresas Multinacionales, los principios del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales, entre otros, sino que también su enfoque se obtuvo de planes e iniciativas
nacionales que ya existían en el país.
Así, por ejemplo, en el año 2016, el Ministerio de Econom ía, Industria y Comercio,
publicó un informe de diagnóstico sobre la situación de la Responsabilidad Social en Costa
Rica, para que sirviese como punto de partida e identificador de áreas de mejora para la
creación de la Política Nacional. En este informe, se detalla un análisis de iniciativas públicas
y privadas, así como organizaciones que se dedican a promocionar la Responsabilidad
Social y reservorio de buenas prácticas empresariales. Este documento se presentó en el
marco de una conferencia sobre Responsabilidad Social promovida por el Ministerio de
Economía, Industria y Comercio y que contó con experiencias internacionales de España y
Holanda, así como el apoyo de la Unión Europea (MEIC, 2020).
62
Por otra parte, a finales del año 2016, se lanzó un proceso de consulta a diversos
grupos de interés y eran relevantes para los efectos de creación de la Política Nacional,
consultas que consistieron en dos procesos, por una parte, la realización de talleres
presenciales y un proceso de consulta online. Esto permitió dar a conocer el proceso de
desarrollo de la Política Nacional de Responsabilidad Social, ya que este tipo de sesiones
buscaban entender las opiniones principales de esos grupos sobre el proceso de desarrollo
e implementación de la Política Nacional, con la finalidad de facilitar una instancia abierta y
participativa que permitiese legitimar la Política Nacional (MEIC, 2020).
Las sesiones de consulta presenciales se llevaron a cabo entre el 29 de noviembre y
el 2 de diciembre de 2016, y se contó con la participación de la Comisión Interinstitucional de
Responsabilidad Social, entidades y empresas del sector público, pequeñas y medianas
empresas, la Asociaci ón Empresarial para el Desarrollo (AED) y el Consejo Consultivo
Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS).
Por su parte, la consulta online estuvo a disposici ón pública entre el 3 y el 21 de
diciembre de 2016 y contó con 152 respuestas de ciudadanos pertenecientes a las
diferentes provincias del país y a distintos grupos de interés (administraciones públicas,
empresas públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, académicos).
En el mes de mayo de 2017, se realizó una segunda ronda de sesiones de consulta
con representantes de grupos como la Comisión Interinstitucional de Responsabilidad Social,
la Asociaci ón Empresarial para el Desarrollo (AED), la Unión Costarricense de Cámaras y
Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Estas sesiones trataron en detalle
el análisis de un borrador avanzado de la Política Nacional, enfocándose en elementos de
mejora cualitativa, mecanismos de implementaci ón y gobernanza. Asimismo, se realizó en
los meses de mayo y junio una encuesta online que permitió contar con valoraciones y
aportaciones enfocadas principalmente en la definición de Responsabilidad Social, su ámbito
de aplicación en el sector público y privado, así como establecer los mecanismos de
gobernanza e implementación (MEIC, 2020).
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Finalmente, se encuentra también como antecedente a la Política Nacional, el Plan
Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018, se trata de un plan que busca
reunir las acciones para que el gobierno pueda mejorar y promocionar el desarrollo del país
e incluye el concepto de “Responsabilidad Social Empresarial” como un elemento
fundamental de las alianzas público - privadas en el combate a la pobreza, el incremento en
la competitividad de las empresas y organizaciones públicas y privadas nacionales, el
emprendimiento y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, entre otros,
(MIDEPLAN, 2014). Se considera que la implementación y puesta en marcha de este Plan
aportará elementos de apoyo y cumplimiento para el desarrollo sostenible en Costa Rica, ya
que varias áreas de este plan nacional están reflejadas en la Política Nacional.
2.4. Marco estratégico de la Política Nacional de Responsabilidad Social
Dentro de los aspectos más importantes que interesa recalcar y que se pretende
alcanzar con la Política Nacional, está la mejora en la gestión de las empresas y
organizaciones, sean públicas o privadas, siendo esos preceptos de aplicaci ón voluntaria,
pues consideran que cuando se integran los aspectos sociales, laborales, ambientales,
económicos, entre otros, esto trae aparejado un impacto positivo.
Pues no solo mejora la competitividad de las empresas, en cuanto a sus bienes
intangibles como la reputación, la marca, bienes que adquieren un valor significativo en las
valuaciones de inversores, todo lo cual trae un mayor interés por parte de los consumidores
y la sociedad civil en aspectos éticos y de calidad en la gestión de las empresas, productos y
servicios que desarrollan.
Esto a la vez, afecta positivamente a las personas colaboradoras de estas empresas
pues se les respetarán sus derechos, sin necesidad de que tengan que acudir a otras
instancias administrativas o judiciales.
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De esta manera, la responsabilidad social es una forma de gestión responsable,
sostenible y de buen gobierno, que promueve la eficiencia, la diferenciaci ón competitiva e
innovación, aplicada a todo tipo de empresas y organizaciones, independientemente de su
tamaño, sector de actividad y estructura de propiedad.
Por otra parte, la Política Nacional sobre Responsabilidad Social se encuentra
estructurada a través de diversos principios y objetivos, con los cuales buscan promover
medidas, recomendaciones y acciones concretas que permitan otorgar a las empresas
privadas, así como a las empresas públicas, entidades de la administración pública,
organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y, en general, al conjunto de la
sociedad costarricense, las pautas para que conozcan el papel que deben cumplir junto con
el Estado en la promoción de la responsabilidad social.
Entre las principales motivaciones de la Política Nacional, se destaca organizar la
visión del Estado sobre su papel en la promoción y fomento de la Responsabilidad Social; la
identificación de las principales temáticas que deben ser incluidas en una visión de país y
sociedad responsable y sostenible; reafirmar el compromiso de Costa Rica con los principios
del desarrollo sostenible, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas, vincular esta Política Nacional con otros instrumentos, políticas y procesos
complementarios que abarcan materias relacionadas con la Responsabilidad Social; proveer
de una adecuada estructura de gestión y organización para implementar la Política
Nacional, de los recursos necesarios para su cumplimiento efectivo así como de un proceso
de actualización de las temáticas relevantes en el tiempo, a través de un plan de acción y
una estrategia nacional. Asimismo, se busca favorecer una visión compartida entre
empresas, Estado y sociedad civil sobre la importancia de estas materias en los objetivos de
crecimiento económico, lucha contra la pobreza, conservación del entorno natural y
promoción de Costa Rica como un país libre de corrupci ón. De manera que, esta Política
Nacional aspira a ser un elemento fundamental del modelo de crecimiento y desarrollo
sostenible de Costa Rica (MEIC, 2020).
En cuanto a los principios rectores que permean la Política Nacional, se encuentran la
coherencia y consistencia, pues se pretende promover una ruta clara que facilite la
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integración de la Responsabilidad Social en todos los aspectos de la gestión y el
ordenamiento de empresas y organizaciones; de esta forma, para su implementaci ón, se
requiere que los ejes de política sean coherentes entre sí y a la vez consistentes con otros
procesos de Política Nacional, para así evitar la duplicación de esfuerzos por parte de
empresas y organizaciones en su aplicación.
Otro de los principios es la exhaustividad, pues con la Política Nacional se aspira a
una visión acabada y completa del estado del arte de la responsabilidad social en empresas
y organizaciones públicas y privadas en Costa Rica y a nivel internacional. Esta
exhaustividad proviene de la participación de expertos en la materia y en la identificación de
un proceso de actualizaci ón regular de las temáticas y áreas clave que abarca la Política
Nacional.
Asimismo, dentro de esos principios rectores se encuentra la mejora continua, pues
se parte de la idea de que todo proceso o política de gestión debe aspirar a una mejora
continua aplicada a las empresas y organizaciones públicas y privadas. De manera que se
promueva la implantación de sistemas y procesos de actualización, revisión, mejora,
establecimiento de nuevas metas y medición objetiva.
Se encuentra, también, la voluntariedad, pues el cumplimiento normativo es la base
de todos los principios, acciones y medidas que establece la Política Nacional. De esta
forma, se entiende que las empresas y organizaciones públicas y privadas se encuentran al
día con sus obligaciones legales y normativas. Igualmente, el principio transformacional
pretende generar un cambio en la manera como se gestionan empresas y organizaciones
públicas y privadas, este principio transformador parte de la visión de que la responsabilidad
social aplicada de manera correcta genera mejoras en la gestión, eficiencias, competitividad
y la creación de valor compartido.
Por último, se encuentra la proporcionalidad, cuya idea principal es que las empresas
y organizaciones pequeñas con pocos empleados no deben tener las mismas expectativas
de gestión responsable que grandes empresas y organizaciones de alcance nacional e
internacional, o empresas y organizaciones públicas y privadas cuya actividad plantea un
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alto potencial de impacto social o ambiental. Asimismo, toma en cuenta las circunstancias
particulares de empresas y organizaciones pequeñas y medianas así como los apoyos
especiales que puedan requerir (MEIC, 2020).
Dentro de la visión que tiene la política nacional está, considerar que la
responsabilidad social que puedan tener las empresas conlleva un impacto social positivo
dentro de las comunidades, ya que actúa como factor de mitigación de violaciones a
derechos humanos, además aspira a que las acciones de las empresas y organizaciones
públicas y privadas ayuden, entre otras cosas, en la lucha contra la pobreza, a través de un
enfoque inclusivo en la construcción de políticas acordes con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Interesa recalcar someramente que, dentro de la política nacional para el fomento de
la responsabilidad social empresarial, se contemplan aspectos ambientales en la gestión de
empresas y organizaciones públicas y privadas, pues se espera que sus operaciones estén
en equilibrio con la naturaleza; además, que se usen de forma adecuada y eficiente los
recursos naturales, reutilizando materiales y reciclando residuos, es decir, buscar los
mecanismos y procesos que permitan evitar la contaminación ambiental en todas sus
formas. De ahí que parte de lo que esperado con la responsabilidad social de las empresas
es el fomento en la innovación de procesos tendientes a una mayor eficiencia en la
utilización de los recursos naturales y humanos, donde converja la mitigación de los efectos
negativos que se pueden dar en las funciones cotidianas de las organizaciones y empresas
públicas y privadas, pues se tiene como punto de partida que Costa Rica se convierta en un
líder en la atenuación y adaptación al cambio climático y carbono neutralidad, con el fin de
proteger la biodiversidad.
De esta manera, la política nacional apuesta por la transparencia como valor clave
para alcanzar con éxito todas estas metas, ya que se considera un factor esencial para
suscitar la confianza por parte de la sociedad civil y los mercados, y un valor fundamental,
pues coadyuva con la eficiencia de la gesti ón, la racionalizaci ón de los recursos, además
contribuye a evitar la corrupción y el soborno, puesto que, junto con la rendición de cuentas,
promueve un clima de tranquilidad y seguridad en la forma en que se está gestionando los
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recursos, y a la vez, la colaboración y alianzas públicas- privadas al facilitar los mecanismos
de comunicación entre las empresas, organizaciones públicas y entes de la sociedad civil.
Finalmente, es importante indicar que la promoción, protección y defensa de los
derechos humanos es una tarea fundamental de todo país, por eso Costa Rica no puede
quedarse ajena a este proceso, y de ahí que se adhiera a la noción de responsabilidad
compartida que asumen gobiernos, empresas y otras entidades de la sociedad civil como
actores relevantes en la protección de los derechos humanos. Por eso, en el contexto de la
Política Nacional sobre Responsabilidad Social se busca promover la defensa de los
derechos humanos en todas sus dimensiones, sean los derechos laborales, sociales,
económicos, políticos y culturales.
De esta forma, la orientación que se pretende posean las empresas y organizaciones
públicas y privadas, para lograr una competitividad vinculada con la responsabilidad social,
ayudará a que las empresas en Costa Rica coadyuven con un crecimiento económico
sostenible del país y facilitará la atracción de inversiones y operaciones de empresas
extranjeras que identificadas con este tipo de vínculos. Se contribuirá, por medio de la
vinculación entre competitividad y responsabilidad social, a que las empresas y
organizaciones públicas cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, minimizando
impactos negativos que afecten los derechos humanos y maximizando los efectos positivos
para quienes habitan en Costa Rica.
2.5. Ejes temáticos de la Política Nacional de Responsabilidad Social
La Política Nacional de Costa Rica sobre responsabilidad social empresarial se
compone de siete ejes temáticos, que a su vez contemplan 37 lineamientos, los cuales están
estrechamente vinculados a los principales temas de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, si bien todos los ejes no tienen una jerarquía entre sí y, por tanto, todos deben
aplicarse, en la administración Solís Rivera se consideró que tres ejes debían ser prioritarios
en su consecución: la lucha contra la pobreza y desigualdad, crecimiento económico y
empleo, transparencia y eficiencia. Dentro de los siete ejes que conforman la política de
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Costa Rica, se encuentran los siguientes: la promoci ón de la responsabilidad social como
elemento transformador de empresas y organizaciones; transparencia y buen gobierno en la
base de todo sistema de gestión; articulación y participación social y lucha contra la pobreza;
gestión de las personas y fomento del empleo; respeto al medio ambiente, mitigaci ón y
adaptación al cambio climático; gestión integral de la cadena de valor: consumidores y
proveedores; la responsabilidad social en las relaciones exteriores de Costa Rica (MEIC,
2020).
En este caso concreto, interesa rescatar la gestión de las personas y fomento del
empleo porque uno de los activos más importantes que tienen las organizaciones y
empresas son sus colaboradores; por ende, el establecimiento de políticas que promuevan
la no discriminaci ón, la igualdad en todas sus formas, la salud, el cumplimiento de la
normativa laboral, entre otras, son una prioridad en el marco de la responsabilidad social
empresarial, pues como se indicó anteriormente, esto marca el camino de la gestión
responsable de los recursos humanos, lo cual trae aparejada la creación de empleo de
calidad, que a su vez permite a mayor cantidad de personas participar en la generación de
riqueza y acceso a servicios básicos, y a su vez, mitigar la exclusión social y la pobreza. Es
decir, la consecución implica obtener otro, de ahí que ninguno guarda una relación jerárquica
entre sí.
Así, por ejemplo, dentro del eje o política de transparencia y buen gobierno, se
contempla como línea de acción promover y proteger los derechos humanos en empresas y
organizaciones públicas y privadas, en el que se propone
elaborar un Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos, sobre la base de los
Principios Rectores de Naciones Unidas y las iniciativas más destacadas a nivel
internacional. Se desarrollarán programas de información para compradores
internacionales sobre los principales aspectos de derechos humanos relevantes en el
contexto costarricense. Se promoverá un amplio consenso entre sector público,
privado y organizaciones de la sociedad civil para identificar los principales desafíos y
los mecanismos de eliminación de estos asuntos (…) Siendo la dimensión de
derechos humanos un factor clave en el modelo costarricense de Responsabilidad
Social, las acciones de fomento y sensibilización se harán extensibles a la ciudadanía
69
en general, en programas educativos, campa ñas de informaci ón y otras iniciativas
relevantes en la materia (MEIC, 2020).
Es decir, pese a que existen siete ejes diversos, con lineamientos espec íficos para
cada uno y siendo de interés para este trabajo el cuarto eje, lo cierto del caso es que todos
se interrelacionan y, de una u otra manera, permean el objetivo de esta investigaci ón; el
trabajo decente y crecimiento económico como derecho humano.
Es así que dentro de los lineamientos del eje cuarto, correspondiente a la gestión de
las personas y fomento del empleo, se encuentra como primer punto promover el trabajo
digno, formalizado y seguro, en donde se promueva la “implementación de medidas que
garanticen el respeto y protección de los derechos humanos y los derechos de los
trabajadores más allá de la propia empresa u organización, a lo largo de la cadena de valor”
(MEIC, 2020).
Como segundo punto, está la estimulación de la igualdad de oportunidades, la
diversidad e inclusión, ya que se
busca que todas las organizaciones, promuevan la igualdad en términos de
género, edad, discapacidad, nacionalidad, población indígena, población ex
privada de libertad, orientación sexual e identidad de género o estado civil para
que la fuerza laboral sea un reflejo de la sociedad. Los entornos laborales
diversos son más enriquecedores y contribuyen a crear un ambiente de trabajo
más abierto e innovador (MEIC, 2020).
En el tercer punto de lineamientos, está el fomento en el bienestar de los trabajadores
en todas sus dimensiones, en donde
además de las condiciones de salud y seguridad que exige la legislación, se insta a
que todas las empresas y organizaciones públicas y privadas se propongan mejorar
el bienestar de sus empleados de forma individual y generar un clima laboral óptimo.
Para ello se promover á, entre otras, la realización de mejoras en las instalaciones
70
para crear espacios más inclusivos, encuestas de clima laboral y programas que
mejoren los hábitos saludables de los trabajadores, entre otros (MEIC, 2020).
En espec ífico, con el lineamiento cuarto se busca impulsar la conciliación de la vida
laboral y personal/familiar, con esta pauta se pretende la construcción de una
sociedad basada en la calidad de vida de las personas que a su vez repercuta en la
competitividad del país, se necesita una nueva organizaci ón del trabajo en el que
hombres y mujeres puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida
empleo, familia, tiempo personal y ocio. Se favorecerá el desarrollo de fórmulas
como el teletrabajo, la flexibilización de los horarios y la racionalizaci ón de los
mismos que evidencian las prácticas familiarmente responsables de las empresas.
Se fomentará la co-responsabilidad del cuido de niños y otras personas vulnerables
(MEIC, 2020).
El quinto lineamiento busca la inversión en la capacitación y formación, por lo que se
pretende destinar “recursos al incremento del nivel educativo de la fuerza laboral y de sus
oportunidades de aprendizaje a través de la mejora de sus conocimientos técnicos y de sus
habilidades interpersonales es apostar por el potencial de crecimiento y desarrollo de la
organización y del país. Se promoverá implementar iniciativas que faciliten e incentiven a las
organizaciones invertir un mayor presupuesto y horas en la capacitación interna y externa de
los empleados”. Por ello, con el lineamiento sexto, se intenta promover la empleabilidad y el
empleo joven, es decir, facilitar
la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral, mejorar su empleabilidad, promover
el emprendimiento o aumentar la calidad y estabilidad de los contratos, es una tarea
que las empresas y organizaciones públicas y privadas han de realizar de forma
conjunta. Se instará a mejorar los instrumentos para luchar contra el desempleo
juvenil, para disminuir la brecha existente entre la educación que reciben los jóvenes
y las necesidades que presenta el mercado laboral y para ampliar los programas de
orientación y acompa ñamiento de los jóvenes durante y tras su formaci ón (MEIC,
2020).
71
Finalmente, en el séptimo lineamiento, se estipula facilitar la inclusión social a través
del empleo, acá lo que se pretende es que para incorporar a aquellas personas que están en
riego de exclusión del mercado laboral, se busca promover “la generación de incentivos
específicos para que las empresas y organizaciones públicas y privadas, contraten a
personas que por sus diferentes circunstancias (personas sin hogar, personas con algún tipo
de discapacidad, personas mayores, persona migrantes, mujeres víctimas de violencia de
género, población indígena, etc.) tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo”
(MEIC, 2020).
Interesa mencionar que para la implementación y cumplimiento de todos los ejes, el
gobierno costarricense le delegó esa función al Consejo Asesor Mixto de Responsabilidad
Social y en ciertos puntos que tienen que ver con la vinculación de la responsabilidad social
con acuerdos comerciales y proyectos de cooperación al desarrollo en el campo regional y
exterior del país, lo delegó en el COMEX. Asimismo, en la Política Nacional se dice que la
misma debe ser implementada en periodo de tiempo “largo”, en donde se indica como
niveles de prioridad alto, medio y bajo, sin embargo, no se establece plazos específicos de
cumplimento de los ejes, lo único que se dice es que cada dos años, se deberá llevar a cabo
una revisión del Plan Nacional o Estrategia Nacional de Responsabilidad Social de Costa
Rica, esto con el fin de actualizar las temáticas a tratar, así como los objetivos y metas de
cumplimiento, no obstante, tampoco se menciona alguna consecuencia en caso de no
alcanzar esos objetivos y metas.
CAPÍTULO III
Ejecución de la Política Nacional de Responsabilidad Social
En este apartado se busca analizar la aplicaci ón práctica de la Política Nacional de
responsabilidad social para el caso de las empresas, si existen o no incentivos para
organizaciones o empresas privadas, la correlación entre los incentivos adecuados y la
adopción de prácticas responsables, así como los diversos actores privados y públicos que
se encuentran involucrados en este tema.
72
Además se busca reflexionar los retos que enfrente el país ante la defensa de un
desarrollo sostenible, en el marco de un mundo globalizado e interconectado, y es que la
responsabilidad social al contribuir con la mejora integral de la calidad de gestión de las
empresas, permite que éstas desempeñen un papel más positivo con la sociedad en general
pues involucra e impacta a diversos actores, con lo cual se consolida un tejido empresarial
más eficiente, competitivo, sostenible y en respeto a los derechos humanos.
3.1. Plan de Incentivos para la Responsabilidad Social Empresarial
Lo primero que debe analizarse es que generalmente las políticas estatales sobre
responsabilidad social, son políticas que buscan la promoción de ciertas pautas a seguir por
parte de las empresas, ya que no es algo que el estado costarricense lo establezca de
manera impositiva, sin embargo, en ocasiones se busca crear una serie de incentivos que
promuevan y faciliten la gestión de las empresas públicas y privadas para que adopten
normas de responsabilidad social. Por otro lado, en este tipo de políticas de fomento, se
pretende propulsar la documentación y divulgación de buenas prácticas, de forma tal que se
visibilice los esfuerzos de quienes lo están haciendo bien y pueda, a su vez, servir de
ejemplo para otras empresas o entidades.
De esta forma, las políticas de fomento deben ir acompañadas de incentivos para así
atraer el mayor número de participantes e integrantes, pues tendrán una motivación en
acoger el proceso. Es así como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN) elaboró una guía para la conformación de un Plan Nacional de Incentivos en el
tema de responsabilidad social, este plan toma en cuenta acciones estrat égicas, indicadores,
metas, estimación de recursos, ejecutores y periodo de ejecución.
El principal objetivo del Plan de Incentivos para la Responsabilidad Social es
impulsar una plataforma colaborativa de gestión del conocimiento que permita
centralizar en un solo lugar (one stop shop), los esfuerzos de la implementación de la
Política de Responsabilidad Social para Costa Rica. De esta forma se articular ían
herramientas y metodologías para la sensibilización y formación en sostenibilidad, se
buscaría visibilizar casos de buenas prácticas, reportes, normas y reconocimientos73
otorgados a empresas e instituciones en el país. La plataforma busca crear
conciencia, dar visibilidad y reconocimiento a las empresas que están haciendo
esfuerzos importantes, con particular énfasis en las PYMEs (Plan Incentivos
Responsabilidad Social, 2018).
Es así, como dentro de este Plan de Incentivos se proponen seis ejes de trabajo, el
primero de ellos es la creación del Sistema Nacional de Reconocimientos en
Responsabilidad Social, un sistema que permitiría articular diversos reconocimientos que ya
se encuentran en el país y además validar los nuevos, pues se homologar ían los criterios
para avalar y supervisar el otorgamiento de diversos reconocimientos de responsabilidad
social y sostenibilidad en el país, es decir, la idea no es competir con iniciativas que ya
existen y que son otorgados por terceros, sino capitalizar los reconocimientos actuales, para
que se ajusten a criterios de calidad y rigurosidad, pues dentro del Plan de Incentivos se
indica que el afán para recabar este tipo de información es evitar “duplicar los esfuerzos y
quitarles protagonismo a cámaras empresariales, instituciones, organizaciones e incluso
empresas que ya están premiando y reconociendo” (Plan Incentivos Responsabilidad
Social, 2018).
Asimismo, el gobierno pretende establecer un decreto ejecutivo que permita la
creación y reglamentación del Sistema Nacional de Reconocimiento en Responsabilidad
Social, así como la creación de un comité de evaluación de postulaciones de aquellos
reconocimientos existentes y los nuevos que se vayan creando; se propone efectuarlo
mediante una comisi ón o sub comité dentro de esa estructura para que, finalmente, todo
esto impulse los casos de buenas prácticas que puedan ejecutar las empresas e
instituciones galardonadas y así promover acciones que generen resultados deseados y
tangibles para otras empresas o instituciones.
Se contempla como criterios para validar el otorgamiento de reconocimientos y así
formar parte del Sistema Nacional de Reconocimientos, que las iniciativas que se presenten
sean una acción institucionalizada y no ocasional. De esta forma, según el Plan de
Incentivos para verificar el reconocimiento se tiene que cumplir con lo siguiente:
a. Cuente con políticas internas aprobadas y difundidas sobre el tema referido.74
b. Está alineado al enfoque de sostenibilidad acorde a la Política Nacional de
Responsabilidad Social.
c. Considera la perspectiva del enfoque de derechos humanos.
d. Estimule la capacitación y sensibilización de un número importante de
colaboradores en el tema.
e. Tenga bien definidos los parámetros y criterios para la postulación y premiación.
f. Sea evaluado por un comité de expertos que tengan los conocimientos necesarios
para valorar las iniciativas.
g. Es impulsado por una empresa, organización, institución pública, embajada,
organismo o iniciativa nacional o internacional con reconocida trayectoria y
reputación o bien una alianza entre distintas instituciones.
h. Tenga mecanismos para asegurar que no existan conflictos de interés por parte
del comité evaluador.
i. En la medida de lo posible, esté alineado con las disposiciones del rector
institucional en la materia.
j. Contar con la participación de ministros, vice ministros o miembros del CARS
(Plan Incentivos Responsabilidad Social, 2018).
En el segundo eje, se propone crear una plataforma colaborativa de registro de
proveedores responsables, es decir, implementar una plataforma que busque visibilizar a
pequeñas y medianas empresas que se estén esforzando en el tema de responsabilidad
social y sostenibilidad, para así reconocer su progreso; en el tercer eje, se pretende
fortalecer los procesos de capacitación en compras públicas sostenibles, de manera que se
dinamice la inclusión de criterios de sostenibilidad en las compras del Estado y las
instituciones, esto con la finalidad de reconocer los esfuerzos y el liderazgo de aquellas
empresas que lo vayan implementando.
En el cuarto eje, se busca crear una plataforma virtual de sostenibilidad que permita
su aprendizaje y la integración en la estrategia de empresas e instituciones mediante la
identificación de recursos de formación, guías, herramientas, estudios y casos de buenas
prácticas. Asimismo, con este punto se pretenden diseñar procesos de capacitaci ón para
organizaciones, cámaras, instituciones públicas y privadas, así como diseñar un módulo de
75
Reportes de Sostenibilidad que tome como base las guías para reportes que se
están definiendo como parte del proceso de implementaci ón de la política y que
establezcan requisitos mínimos para la elaboración del reporte en los distintos
sectores. Este recurso sería de mucha utilidad para Pymes que no cuentan con el
financiamiento requerido para contratar los servicios de una agencia de
comunicación o una editorial para desarrollar sus reportes. El formato y el llenado en
línea haría mucho más accesible el proceso de reporteo para Pymes (Plan
Incentivos Responsabilidad Social, 2018).
Para lograr lo anterior, se busca establecer un grupo de trabajo que se encargue de
evaluar los recursos y de definir la utilidad en la búsqueda de materiales para incluir en la
plataforma, según el tema que se quiera trabajar, el grupo, las metas por conseguir, así
como el tamaño de la organización y nivel de madurez de cada empresa e institución, con
ello se implementan machotes que sean fáciles de utilizar y adaptar por parte de las
empresas.
En el quinto eje, se promueve la articulación interministerial para estudiar la
conveniencia en el desarrollo de incentivos fiscales que vayan acorde con los objetivos de
las instituciones en temas económicos, sociales y ambientales, es decir,
estos incentivos van desde deducciones directas o indirectas aplicables al pago de
impuesto sobre la renta al hacer donaciones a organizaciones declaradas de utilidad
pública, hasta incentivos específicos que promuevan impactos que se quieran
impulsar o revertir. Tal es el caso de las deducciones aplicables por las cargas
sociales al contratar personas con discapacidad, o la ley de incentivos forestales que
ha logrado importantes logros en la recuperación de la cobertura boscosa en nuestro
país (Plan Incentivos Responsabilidad Social, 2018).
Sin embargo, en el propio Plan se indica que, ante la situación de crisis fiscal en el
país, con un déficit de 6,2 % del producto interno bruto, durante los primeros años en la
implementación de la Política de Responsabilidad Social para Costa Rica y en especial del
Plan Nacional de Incentivos, no van a proponer deducciones de impuestos u otros beneficios
o bonificaciones fiscales, como incentivo al comportamiento responsable de las empresas.
76
Además, en el Plan de Incentivos se dice que ante la consulta abierta realizada a
diversos sectores sobre el tipo de incentivos que prefieren, la respuesta del sector privado
fue que un 53 % de los participantes consideraban muy importantes los incentivos
financieros, ya sean fiscales o facilidad en el acceso a fondos de desarrollo empresarial, y un
31 % adicional lo consideraba de importancia alta, es decir, para un 84 % ese tipo de
incentivos le resulta relevante para el impulso de la responsabilidad social en el ámbito del
sector privado. De esta manera, lo propuesto por el gobierno a través del Consejo Asesor
de Responsabilidad Social, para valorar los incentivos por otorgar, serían los siguientes:
a. Impulsar la creación de líneas de crédito y productos financieros con tasas
preferenciales desde las distintas instituciones financieras del país, tanto públicas
como privadas.
b. Dar seguimiento a la creación de un mercado nacional de bonos verdes.
c. Dar seguimiento a los esfuerzos de la Estrategia de Previsi ón de Riesgos del
Instituto Nacional de Seguros, que busca, entre otras cosas, brindar tasas
preferenciales para empresas que evidencien reducciones importantes en la
accidentabilidad y la implementaci ón de estrategias internas de prevención de
riesgos en empresas de sectores claves que han sido identificados como prioritarios
(Plan Incentivos Responsabilidad Social, 2018).
Finalmente, en el sexto eje se busca la implementación de una estructura de
gobernanza del Plan de Incentivos de Responsabilidad Social, con lo cual se pueda poner en
marcha, esto a través del Consejo Asesor de Responsabilidad Social y la Secretaría Técnica
de la Responsabilidad Social, ejercida por el Ministerio de Economía Industria y Comercio.
De hecho, se espera que la secretaría conforme grupos de trabajo o comisiones para el
seguimiento de los seis ejes del plan y verifique si se requiere recurso humano adicional.
Pese a la existencia de este Plan de Incentivos, como puede observarse a la fecha,
no se ha concretado en la práctica, incluso mediante consulta realizada por correo
electrónico a la servidora Ximena Araya de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, el 19
de mayo de 2020, indicó que este tema si bien se viene desarrollando desde hace algunos
77
años por parte de la esfera pública, lejos de visualizarlo como una responsabilidad social, ha
tomado forma de "sostenibilidad”, y que ellos en su función de asesoría a las empresas se
basan no solamente en la Política Nacional de Responsabilidad Social de 2017, pues tiene
pendiente la reglamentación, por lo que toman en cuenta otros marcos de referencia como la
guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, las líneas Directrices de Conducta
Empresarial Responsable de la OCDE, Convenios de la OIT y principios rectores de
empresa y derechos humanos de Naciones Unidas. Agreg ó que todos estos documentos
son tomados en cuenta por las empresas en nuestro país y sobre todo las pymes porque sus
empresas ancla, es decir, a quienes le proveen y otros mercados se los empiezan a solicitar
para poder comprarles.
Se contactó a personal del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) y
el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). En una entrevista realizada a la
funcionaria Milagro Corrales, quien es asesora del despacho de la Ministra del MEIC, indicó
que desde finales del 2017, la administraci ón del señor Luis Guillermo Solís inició una
política estatal a efectos de dar cumplimiento al tema de responsabilidad social empresarial,
precisamente en atención al tema de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. No obstante,
el presente Gobierno se percató de que la política planeada por la administración pasada era
muy amplia y vaga, por tanto, actualmente el MEIC está trabajando en la implementación de
una política más concreta, la cual responda a objetivos estratégicos para el país. Sin
embargo, manifestó la funcionaria Corrales, que hoy Costa Rica no cuenta con un plan de
acción concreto sobre el tema de la responsabilidad social de las empresas, en torno al
objetivo octavo de la Agenda 2030 (Corrales. M, comunicación telefónica, marzo 25, 2019).
De esta manera, se desprende de lo comunicado por las colaboradoras Corrales y
Araya, que al Gobierno aún le espera camino por recorrer en la búsqueda de una política
que logre incentivar y fomentar la participaci ón de pequeñas y medianas empresas, en el
tema de responsabilidad social y es que la responsabilidad social empresarial no puede
verse como un ideal por perseguir, sino como una nueva forma de organización a la que
deben apostar todas aquellas empresas que quieran volverse competitivas dentro de un
marco globalizado, en el cual, parte de los efectos a los que se apunta es la protección y
promoción de los derechos humanos, en especial los laborales. De ahí que el Estado debe
78
tener una participaci ón más activa y descentralizadora del poder para que, a través de la
Política Nacional propuesta, así como los incentivos por otorgar, sean aspectos urgentes de
implementación dentro de la agenda pública.
Dentro de esa participaci ón activa que se espera por parte de la sociedad civil,
interesa recalcar algunos actores que cumplen una función primordial en el marco de la
responsabilidad social empresarial, entre estos se encuentran los siguientes:
a. Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) es una organización sin fines de
lucro que busca la sostenibilidad y competitividad de Costa Rica, a través de la promoción de
modelos responsables de negocios en las empresas. Es así como, la AED guía al sector
productivo a considerar principios de responsabilidad social como parte de su gestión,
reduciendo impactos negativos y maximizando impactos positivos en la sociedad, el
ambiente y la economía. La organización lidera acciones de orientación práctica en
sostenibilidad, instalación de capacidades, intercambio de buenas prácticas y conformación
de alianzas en temas prioritarios para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del pa ís.
Actualmente, está conformada por más de 140 empresas que trabajan de forma
coordinada con la sociedad civil y el Estado a través de alianzas público-privadas, esta
organización se ha consolidado como referente en Costa Rica en temas de responsabilidad
social y sostenibilidad y como la ventana a una nueva forma de hacer negocios para las
empresas que desean impactar de forma positiva a las partes interesadas con las que se
relacionan. Su misión es contribuir a una sociedad próspera, inclusiva, digna y en armonía
con el ambiente, a través de un sector empresarial consciente, articulado y comprometido.
(www.aedcr.com)
b. Cámara de Industrias de Costa Rica es la institución que representa al sector
industrial del país. Con el paso del tiempo se ha convertido en una organización líder que
pretende fortalecer la industria costarricense, promover su desempeño en el contexto de la
globalización y ayuda en el diagnóstico nacional de la situación de la Responsabilidad Social
en Costa Rica. Su misión consiste en impulsar el desarrollo sostenible del sector industrial y
apoyar la competitividad de las empresas asociadas. La Cámara de Industrias de Costa Rica
79
busca que sus empresas asociadas tengan un mejor clima de negocios y que aumente su
productividad. Lo primero lo logra mediante actividades de representatividad y de impulso a
iniciativas ante actores gubernamentales; lo segundo, con su oferta de servicios de
capacitación, consultoría, asesoría, etc. (CICR, 2019).
Una de sus principales iniciativas consiste en el programa la Excelencia, la cual es
una alianza con organizaciones líderes en el sector a nivel nacional e internacional. Las
empresas pueden participar en tres modalidades que tiene este programa como lo son:
• Premio a la excelencia: proceso dirigido a empresas que buscan demostrar su nivel de
desempeño con miras a obtener el galardón empresarial más renombrado del país y a la
vez, recibir realimentación sobre sus sistemas y resultados para mejorar.
• Ruta a la excelencia: proceso dirigido a empresas que requieren desarrollar actividades de
acompañamiento, formación, orientación y conocimiento de buenas prácticas para apoyar la
mejora de sus sistemas y resultados.
• Compromiso con la excelencia: proceso dirigido a empresas con proyectos de mejora
exitosos, que desean obtener reconocimientos y recibir realimentaci ón para fortalecer su
gestión de proyectos. Este esfuerzo, ha sido reconocido a nivel nacional mediante decreto
N° 28815, del 9 de agosto de 2000, en el cual se declara oficialmente como de interés
nacional (CICR, 2019).
c. Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS), se trata de una
entidad que buscar servir de plataforma de integración permanente y sostenible para la
definición, validación, posicionamiento, implementación y seguimiento de la Agenda Nacional
de Responsabilidad Social en Costa Rica. Se creó en el año 2008 con 17 organizaciones
fundadoras y en 2010 es declarada su labor de interés nacional mediante Decreto No.
36344-MEIC-MTSS-PLAN. En 2012, adopta su figura legal de Asociación sin fines de lucro
(ACCNRS-CR) y actualmente cuenta con 50 miembros. Su misión es ser una plataforma
multisectorial eficaz que promueve la cultura y la práctica efectiva de la responsabilidad
social y la construcción de un ambiente nacional que las propicie (CCNRS, s. f.).
80
d. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), creada
en el año 1988 como órgano de gestión de la política española de cooperación internacional
para el desarrollo. Se encuentra adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores de Espa ña y
articula sus esfuerzos en los diferentes países a través de las Oficinas Técnicas de
Cooperación (OTC), vinculadas a la Embajada de España. La OTC de la Embajada de
España en Costa Rica funciona de manera dependiente de la AECID.
Los programas que desarrollan en Costa Rica se revisan periódicamente mediante la
celebración de comisiones mixtas y la elaboraci ón conjunta de un acta con los acuerdos
alcanzados para la programación de la ayuda. En la actualidad, los programas se rigen por
la XI Comisión Mixta Hispano-Costarricense de Cooperaci ón, en el marco del IV Plan
Director de la Cooperación Española, con un foco especial en contribuir a bienes públicos
globales y regionales, y la utilización de instrumentos como la cooperación triangular y otros
vinculados con el intercambio de conocimientos, la innovación, la investigación y el
desarrollo. El Ministerio de Planificaci ón Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RREE) son, según la legislación costarricense,
las instituciones interlocutoras de la Cooperaci ón Española en Costa Rica. Actualmente,
destacan cuatro sectores de cooperación en Costa Rica: desarrollo rural, seguridad
alimentaria y nutrición; medio ambiente y cambio climático; gobernabilidad democrática y
crecimiento económico (AECID, 2016).
Por otro lado, interesa mencionar las principales empresas públicas y privadas que
fueron identificadas precisamente por la Agencia de Cooperaci ón Española (AECID) y se
presentan como líderes en el tema de responsabilidad social en nuestro pa ís:
EMPRESA PRIVADA EMPRESA PÚBLICA
1. Abbot2. Adobe Rent a Car3. AERIS4. Asuaire Travel5. APM Terminals6. Automercado7. BAC Credomatic8. Bayer9. BLP Abogados10. Bridgestone11. Café Britt12. Cargil
29. Grupo Mutual30. Grupo Roble31. Hewlett Packard32. Holcim33. Horizontes Nature Tours34. INTEL35. Kimberly Clark36. Laica37. Lego Education – AH38. Mapache Rent a Car39. Meco40. Movistar - Telefónica
1. AYA2. Banco Nacional3. CNFL4. Conglomerado Banco Popular 5.Empresa de Servicios Públicos de Heredia6. ICE 7. INS8. Municipalidad de Curridabat9. Municipalidad de Escazú10. Municipalidad de San José 11.Municipalidad de San Ramón12. Municipalidad de Alajuela 13.Programa SIFAIS
81
13. Chocolates Sibú14. Claro15. Coca Cola16. Coopelesca17. Coopesantos18. Coopeservidores19. Demasa / Grupo GRUMA20. Dole21. Dos Pinos22. Ebby23. El Viejo24. Etipres25. FIFCO26. FIFES27. Florex28. Proyecto Fundecooperación FondoAdaptación (10 micro empresas)
41. Península Papagayo42. Pinova43. Punto Rojo44. P&G45. Purdy Motors46. Swiss Travel47. Sardimar48. Sykes49. Tigo50. Walmart M y CA51. Farmagro52. Platanera Sixaola53. Red de empresas por derechosLGTBI54. Red de empresas Cambio Climático55. Red de empresas inclusivas (temadiscapacidad)56. Red de empresas contra la pobrezaextrema57. Programa RS sectorial azúcar58. Programa RS sectorial café59. Programa RS sectorial banano60. Programa sectorialtelecomunicaciones contra explotaciónsexual infantil
14. Programa Yo me Apunto Ministerio deEducación15. Parque La Libertad
Fuente: Agencia Cooperación Española, 2016.
Vemos que si bien hay una cantidad considerable de empresas que se identifican con
políticas de responsabilidad social, lo cierto del caso es que ese número es bastante bajo si
consideremos por ejemplo la cantidad de pymes que existían para el año 2017, según el
estudio más reciente elaborado por el MEIC al respecto, y es que para el sector industrial
existían 7115 empresas y solo en el sector de servicios, las pymes pasaron de 65.429
empresas en el 2012 a 71.377 en el 2017 (Arce, 2019, pp. 22, 25); de tal manera, es
necesario contemplar mayores esfuerzos por parte de todos los actores promotores de
responsabilidad social del país, para alcanzar aquellas pequeñas y medianas empresas que
se encuentran por fuera, así como identificar las razones por las cuales no se está logrando
el objetivo de abarcar el mayor número de empresas del país.
2.2. Retos sobre la responsabilidad social en Costa Rica
Si bien el país ha realizado esfuerzos en la consecución de una política nacional que
promueve la responsabilidad social en las empresas, sean estas públicas o privadas, vemos
que esa responsabilidad se orienta en gran manera a la protección del medio ambiente; en
realidad si bien la política nacional contempla el cumplimiento de todos los objetivos de
82
desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, se echan de menos políticas
claras en torno a los derechos humanos laborales.
Por otro lado, dentro de los retos que debe afrontar el Estado costarricense es lograr
una adecuada coordinaci ón entre las instituciones del Estado e incluso entre los diversos
departamentos dentro de una misma institución gubernamental, de manera que se busque
fortalecer la gesti ón de programas y proyectos del área de responsabilidad social, pues la
dispersión que tiene el país en este tema hace que muchas veces la empresa privada
desista de implementar políticas de responsabilidad social, pues la falta de identificación de
contactos claros y de coordinaci ón, la lentitud y complejidad en los procesos, entre otros,
provoca desmotivaciones en las empresas para implementar las políticas a lo interno de su
organización.
Esa falta de coordinación conlleva, en ciertos casos, a una duplicidad en los
programas que tienen a cargo diferentes instituciones del Estado, así, por ejemplo, no se
encontró ninguna coordinación entre los principios de la OCDE, los cuales son
responsabilidad de COMEX, o los ODS, que están bajo la supervisión de MIDEPLAN, entre
otros, por lo que, identificar este tipo de situaciones ayudará a evitar las duplicidades y así se
realizarán mayores esfuerzos que permitan generar más impacto, porque reduce el tiempo
de los procesos de formalizaci ón legal de alianzas o acuerdos entre una empresa y una
entidad estatal. Es decir, el papel del Estado no puede quedar reducido únicamente a la
creación de nuevas políticas públicas que promuevan prácticas de responsabilidad social a
lo interno del país, sino que es necesaria la implementación de un liderazgo por su parte en
cuanto aplicación, coordinación, gestión y evaluación.
Parte de los retos que enfrenta el Estado es buscar la reducción de costos que tienen
algunas certificaciones, pues, en ocasiones, resultan ser sumamente altos, sobre todo para
pequeñas y medianas empresas, las cuales son desprovistas de mecanismos reales para su
inserción en los programas de responsabilidad social; esto nos lleva nuevamente a
considerar la necesidad de generar procesos de sensibilización y aprendizaje en todos los
83
sectores para que puedan comprender el tema, se identifiquen con él y aprendan a aplicarlo
de manera correcta.
De esta manera, parte del reto que tiene el Estado costarricense en la aplicaci ón
práctica de la Política Nacional sobre la responsabilidad social empresarial es entender que
existe una desigualdad en el marco de nuestra sociedad, que finalmente genera inequidad, y
para combatirla no puede hacerlo solo, pues más allá de sus responsabilidades de
protección, de respeto, de garantía de los derechos humanos, no le compete únicamente el
gobierno esta responsabilidad, sino que la tenemos la ciudadanía y con mayor razón las
empresas que muchas veces alcanzan un poder legítimo con base en sus funciones y fines,
esto hace que incidan ya sea positiva o negativamente de cara a las personas. Por eso, la
toma de acciones y decisiones desde la función pública debe darse en un marco de
confianza entre las instituciones, la empresa y la sociedad civil, pues sin ella y sin la
responsabilidad que tienen las instituciones y empresas de permitir el ejercicio pleno de los
derechos, de nada servirían los avances en el papel, sino se traducen en una realidad
práctica.
De ahí la importancia en combatir la inequidad, a través de la confianza que el Estado
pueda generar tanto con la ciudadanía, el sector privado, organizaciones no
gubernamentales, así como también de cara a organismos y empresas internacionales, pues
si la mayoría de personas desconfían de las instituciones públicas, más bien propicia un
clima de debilidad e inseguridad en la democracia de nuestro país, ya que esa desconfianza
hará que se sientan marginados de las oportunidades o excluidos de los reconocimientos, es
decir, desprovistos del ejercicio de sus propios derechos.
Por eso, la desconfianza que tengan las empresas y las personas dentro de nuestro
estado de derecho, se vuelve igual de dañina como la falta de oportunidades económicas. El
Estado se encuentra obligado a luchar en contra de esto, de tal forma la responsabilidad
social que promueve el ejercicio pleno de los derechos fundamentales es una condición sine
qua non para lograrlo.
84
RECOMENDACIONES
Partiendo de los retos expuestos en el capítulo anterior, en este apartado se
puntualizan una serie de recomendaciones tendientes a minimizar el impacto que estos
generan dentro del marco de la responsabilidad social empresarial.
Por ello, como primer punto, se visualiza la necesidad de que el Estado implemente la
creación de una entidad rectora que sea líder en cuanto a la aplicación, coordinaci ón,
gestión y evaluación de la política pública sobre la responsabilidad social empresarial en la
protección de derechos humanos, en especial los laborales, lo cual trae aparejado lograr una
adecuada coordinación entre las instituciones del Estado e incluso entre los diversos
departamentos dentro de una misma institución estatal, donde se busque fortalecer la
gestión de programas y proyectos del área de responsabilidad social, con el fin de evitar
duplicidades en las funciones que actualmente están realizando diferentes instituciones,
pues esto permitiría obtener mayores beneficios que se traducen por ejemplo en la reducción
de tiempo en los procesos de formalización legal de alianzas o acuerdos entre una empresa
y una entidad estatal.
Como segundo punto, dentro de ese proceso de coordinación intergubernamental, se
encuentra el generar iniciativas que se impulsen junto con las municipalidades, ya que,
desde allí, se pueden atender de mejor manera las estrategias y planes para solventar las
necesidades de cada territorio, según su realidad económica, social y cultural. Además,
permitiría generar alianzas locales con empresas privadas y otros organismos que
favorezcan una mayor sostenibilidad a sus iniciativas.
Lo anterior es de suma importancia, pues todo aquello que impulse la aplicación de
políticas de responsabilidad social dentro de las empresas, proporcionará un efecto
multiplicador y de impacto en otras organizaciones, pues un programa exitoso de
85
responsabilidad social conlleva que esa experiencia sea comunicada y compartida como
buena práctica con otras empresas, con lo cual se facilita la replicación y la curva de
aprendizaje desarrollada previamente. De hecho, las cámaras empresariales, así como las
asociaciones promotoras de responsabilidad social, son un magnífico canal de
comunicación para permear iniciativas, marcar las pautas por seguir, sensibilizar y promover
nuevos conocimientos, es decir, todo lo que permita obtener una vía de comunicación
bidireccional entre empresa y Estado.
Al fortalecer las redes de la responsabilidad social empresarial y de los derechos
humanos, por medio de mecanismos que permitan documentar los beneficios tangibles y las
historias de éxito de las empresas, sería de gran valor para que una organizaci ón logre
documentar que, al respetar los derechos humanos, no baja su producción, sino que, por el
contrario, gozará de un reconocimiento por parte de la sociedad, del Estado, así como de
ese cliente-consumidor.
Como tercera recomendaci ón, se considera que la informaci ón referente al tema de
responsabilidad social debe contar con mayor transparencia y publicidad, para que sea de
fácil acceso al público en general, pues en la actualidad hay un vacío de informaci ón en
detrimento de los procesos de intercambio de experiencias y aprendizaje. De hecho, uno de
los grandes retos que tiene el país es lograr que exista una medici ón del impacto de los
programas de responsabilidad social, tanto en las organizaciones y empresas públicas y
privadas, como en las instituciones estatales.
Esto permitir ía medir, evaluar y monitorear la evolución de los programas, así como
re-definir indicadores requeridos para la consecución de las metas propuestas. De ahí que
parte de las recomendaciones que se pueden hacer al respecto está la obligatoriedad de
reportar anualmente los avances en el tema de responsabilidad social, tanto del sector
público como privado o, en caso contrario, explicar su ausencia. También es importante
establecer un mecanismo de supervisi ón, de vigilancia, de denuncia, de seguimiento y de
aplicación efectiva para que, finalmente, la implementaci ón de la responsabilidad social no
se quede solamente en compromisos de buenas intenciones.
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Por otra parte, como cuarta recomendación, se encuentra el hecho de que el Estado
puede analizar el caso de los Planes Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos, que
han sido exitosos en otros países, con el fin de valorar los factores de interés para
implementarlos en Costa Rica, por ejemplo, los países europeos que los han puesto en
práctica son Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, España, Finlandia, entre otros.
Sería bueno estudiar las fortalezas y debilidades que poseen estos mecanismos y
tropicalizarlos a nuestra realidad.
De hecho, en Finlandia han creado un nuevo instrumento que se llama Business with
Impact (BEAM), y es un programa que la Secretar ía de Relaciones Exteriores y la Agencia
Finlandesa de Financiamiento de Innovaciones iniciaron con el objetivo de impulsar a
empresas finlandesas y otros actores como universidades, organizaciones y demás actores
para resolver problemas de desarrollo e impulsar las innovaciones. “BEAM es un programa
que dura cinco años, de los 50 millones de euros con los que cuenta este proyecto, la mitad
viene del Estado y la otra mitad del sector privado. Los programas y empresas que son
apoyados a través de este programa tienen que mostrar impactos de desarrollo positivos y
sustentables en países en vías de desarrollo y respetar los derechos humanos” (Eriksson,
2015 p. 55).
Finalmente, el Estado debe apoyar, ya sea buscando fondos de cooperación para el
desarrollo, entre otros, incentivar a organizaciones y empresas cuyos proyectos tengan un
impacto en los derechos humanos laborales, pues esto trae aparejado el progreso de las
personas en general, de manera que se construya un marco de igualdad como referente
normativo para orientar la acción pública, en aras de reducir la vulnerabilidad y traducir el
crecimiento económico en un acceso más difundido al bienestar de todos y no de unos
cuantos; también, que se permita la participaci ón en la toma de decisiones no solo de
personeros del Gobierno, sino además de diversas organizaciones de la sociedad civil,
sindicatos y las propias empresas, y esto solo será posible si se demarcan claras
responsabilidades que posibiliten la rendición de cuentas y el seguimiento puntual de las
acciones.
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CONCLUSIONES
Aunque se han dado grandes avances en materia de responsabilidad social
empresarial, aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en cuanto a la
implementación y ejecución práctica de la Política Nacional sobre Responsabilidad Social.
Lo anterior porque los Estados han entendido que no pueden estar asumiendo de manera
exclusiva la prevención y promoci ón de los derechos humanos, sino que requieren de la
coadyuvancia de diversos actores sociales, en especial el sector privado.
Las empresas pueden ser y son fuente de riqueza, de bienestar social, innovación,
progreso y desarrollo, de hecho, si se estudia la estructura de empleo en Costa Rica, la
mayoría de empleos nuevos se están generando en el sector privado, no en el público, por lo
que gran parte de la generaci ón de empleo proviene de las micro, pequeñas y medianas
empresas. De esta manera, las empresas pueden ser fuente de violaciones a los derechos
de los trabajadores o afectar, a través de sus operaciones, derechos humanos de personas
que tal vez no son directamente sus colaboradoras, como consecuencia de la operaci ón
empresarial, por ejemplo, en derechos como a la alimentación, a la salud, ambiente, entre
otros. Por ello, es importante fomentar la responsabilidad de las empresas en el respeto de
los derechos humanos, pues, en el marco de operación transnacional y con la globalización
de las cadenas de producción, se han convertido en un reto para la gobernanza de estos.
Diversas empresas han entendido que deben asumir un papel directo en la promoción
y defensa de los derechos humanos laborales desde el ámbito de la gestión empresarial y
que ese respeto, no es lo mismo que tener gestos filantrópicos, es decir, entienden de forma
distinta lo que la empresa hace con su propia gestión, con sus clientes y con sus
proveedores en actos altruistas, pero que no necesariamente van en el sentido de incorporar
en la gestión misma de la empresa los principios de los derechos humanos.
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Partiendo de lo anterior, se han generado una serie de acuerdos y compromisos
internacionales, algunos voluntarios y otros de carácter vinculante y que están ligados con la
responsabilidad de las empresas en ámbitos espec íficos, como derechos de la infancia en
cuanto a la prohibici ón de trabajo infantil, derecho a la no discriminaci ón en el empleo,
derechos de las personas con discapacidad, derecho a la alimentación, derecho a la salud,
entre otros. Hay una serie de iniciativas regionales e internacionales que las empresas y sus
organizaciones han firmado, por ejemplo las normas guía ISO 26000 sobre Responsabilidad
Social, las Líneas Directrices de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE, Convenios
de la OIT y principios rectores de empresa y derechos humanos de Naciones Unidas, los
cuales presuponen un compromiso en el respeto de derechos humanos en general.
Parte de los compromisos que exige la responsabilidad social empresarial, es implicar
a toda la cadena de valor, de forma que las empresas asuman una responsabilidad más allá
de la puerta de su planta, pues involucra también a sus proveedores. Asimismo, las
empresas han entendido que esto no solo mejora su reputación, sino que además, aumenta
su capacidad para atraer y retener buenos colaboradores, clientes, usuarios, mejora la
motivación y la productividad del personal, así como la percepci ón de los inversores, las
relaciones con los grupos de interés y las ventajas competitivas que exige el mercado.
Es decir, el respeto por los derechos humanos y en especial los laborales,
obviamente, sigue siendo, en primer lugar, un postulado y una obligación ética, pero también
es un negocio que contribuye a lograr empresas influyentes y exitosas, pues lejos de
volverse una carga que incrementa los gastos en los cuales incurren las empresas, más bien
se vuelve un plus, existen evidencias que demuestran que el respeto a las normas
internacionales y nacionales de trabajo acompa ñan a la mejora de la productividad y los
resultados económicos de las empresas que respetan, promueven y ponen en práctica los
principios de la responsabilidad social.
En la construcción de una nación que sea más justa e igualitaria, lo cual es parte de lo
que se propone con los 17 objetivos de desarrollo sostenible dispuestos en la Agenda 2030
de Naciones Unidas, se debe apostar por el diálogo y el compromiso que debe asumir el
Estado costarricense de cara a diversos actores de la sociedad, en que no solo se escuche a
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un sector social-económico, sino que exista una amplitud de organizaciones a las que se les
invite a participar en la toma de decisiones, en procura de que la visión país sea fomentar el
valor de las personas, su dignidad, y que sus derechos fundamentales estén por encima de
cualquier privilegio o interés; es momento de que las instituciones y las empresas sean
fuente de certidumbre y de justicia en la protección y promoción de las personas y sus
derechos fundamentales.
Y bajo esta nueva forma de leer la realidad, al modificarse la percepci ón de que la
protección de los derechos humanos es terreno exclusivo de los Estados, se reconoce que
las empresas no solo están obligadas a respetar las normas nacionales e internacionales,
sino que también deben crearse mecanismos institucionales para rendir cuentas respecto al
impacto de sus actividades en torno a los derechos humanos.
Por ello, si bien se reconoce el esfuerzo que han realizado los últimos dos gobiernos
en la implementaci ón y desarrollo de una política atinente a la responsabilidad social, lo
cierto del caso es que aún falta mucho por recorrer, sobre todo ante la descoordinación entre
las propias instituciones del Estado, las cuales asumen de manera centralizada y cerrada la
consecución de objetivos, sin mecanismos que permitan integrar y sistematizar los avances
en la materia. Es necesaria la rendición de cuentas y transparencia por parte del Gobierno,
en publicitar los avances del Estado para cumplir con su compromiso de alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Se considera que el octavo objetivo de la Agenda es una plataforma para garantizar la
realización de otros objetivos, pues a través de un trabajo digno y decente al cual puedan
acceder las personas, los dotará de mejores oportunidades de acceso a servicios, no solo
básicos, sino que permitan un buen vivir, con ello se logrará disminuir la pobreza, la
desigualdad de género, y se podrá contar con mejores condiciones de salud y educación.
Es así como la responsabilidad social empresarial se presenta como un negocio
sustentable, el cual debe ir de la mano con la política pública del país, para alcanzar un
desarrollo nacional equitativo y sostenido, pues solo de esta manera alcanzaremos diversos
objetivos sociales que contribuyan a la protección de los derechos humanos laborales.
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En síntesis, es urgente un trabajo conjunto entre Estado y empresas para determinar
formas de cooperación conjunta con el objetivo de cerrar brechas que obstaculizan el
desarrollo sostenible del país, y es que, si bien Costa Rica se ha adherido a lo largo del
tiempo a numerosas iniciativas y tratados internacionales con un enfoque integral de
desarrollo sostenible, aún falta apoyo al desarrollo de las pymes dentro del compromiso de
responsabilidad social.
Finalmente, queda evidenciada la obligación en transversalizar la gestión de la
responsabilidad social, debido a la diversidad de temas que abarca, todo lo cual requiere de
una reflexión periódica en este sentido por parte de las autoridades competentes, para
evaluar la gestión y avances en materia de sostenibilidad, de acuerdo con los compromisos
internacionales adquiridos por el Costa Rica, promoviendo una mejor difusión y
sensibilización hacia el sector privado de las implicaciones de los compromisos
internacionales suscritos a nivel país, ya que esto puede contribuir en la definici ón de un
marco común de actuación para aquellas empresas menos iniciadas en temas de
responsabilidad social y, así, lograr un instrumento efectivo en la promoci ón, prevención y
protección de los derechos humanos laborales.
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