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La falsa buena idea del senador Roy Barreras
Por Eduardo Mackenzie
10 de febrero de 2012
¿A qué juega el senador Roy Barreras con su propuesta sobre el caso
del Coronel Alfonso Plazas Vega?
El legislador del partido de la U pretende que la reciente propuesta del
ex presidente Álvaro Uribe de votar una reforma constitucional que
ponga fin a la injusticia que se está cometiendo contra el Coronel
Alfonso Plazas Vega y contra el General Jesús Armando Arias Cabrales,
condenados a largas penas de prisión por su actuación en la defensa
del Palacio de Justicia en 1985, en juicios donde se violaron todas las
reglas del Derecho y donde se emplearon falsas pruebas, “no es viable,
como tampoco lo es la idea de una ley de punto final, perdón y
olvido”.
Roy Barreras estima que los “estándares internacionales”, es decir los
obscuros preceptos extranjeros ante los cuales nuestra Constitución
debe arrodillarse, tampoco lo permiten. Para Roy Barreras la única
salida es aplicar a esos altos oficiales la llamada “justicia transicional”.
¿Pero quien dijo que esos oficiales están buscando leyes de “punto
final” que los favorezcan, o que se dicte un decreto de amnistía, o que
se invente alguna salida de “perdón y olvido” para ellos? No, ellos
piden otra cosa, mucho más sana y directa: que la justicia colombiana
cumpla con su deber, que revise los fallos y que los tribunales de
instancia actuales, con la legislación vigente, los declare inocentes.
Ellos no están pidiendo que les hagan favores, ni que se hagan
maromas con sus expedientes, ni que se improvise una legislación de
circunstancia para sacarlos de la cárcel por la puerta de atrás.
Ellos son ciudadanos que, a justo título, se saben inocentes, pues su
actuación en el Palacio de Justicia fue legal y sus abogados lo han
probado de manera reiterada en los procesos. Ellos piden que las
instancias judiciales colombianas corrijan los errores e ilegalidades que
ciertos operadores judiciales cometieron contra ellos y los declaren
inocentes. “No necesito amnistías, sino mi absolución”, dijo el coronel
Plazas a un diario de Bogotá el 8 de febrero de 2012. ¿No es muy digna
de respeto esa actitud?
Pero como el senador Barreras no cree en la inocencia de esos héroes
de la República él les propone tan sólo una hipotética “rebaja de
penas”, como dice El Espectador (8 de febrero de 2012). El
parlamentario propone que la suerte de esos oficiales quede
dependiendo de él, de su proyecto de reforma que se tramita en el
Congreso, y que él llama “marco legal para la paz”.
“Aun siendo culpables, merecen una solución jurídica en el marco de la
justicia transicional. Y en el supuesto de ser inocentes, lo que merecen
es regresar a su casa", dice Roy Barreras. Ese enfoque es confuso. ¿En el
supuesto de ser inocentes? ¿No ha visto el senador lo que revela el
magistrado Herminsul Darío Lara Acuña en su salvamento de voto?
¿No ha visto cómo los dos otros operadores, Alberto Poveda y
Fernando Pareja, cruzaron la línea roja al firmar un fallo perverso y
demente, por ser político y antijurídico, en donde reutilizan pruebas
descartadas por todo el mundo (incluidas dos jueces: María Stella Jara
y María Cristina Trejos) y en donde pretenden imponer sanciones que
no existen en Derecho y a personas que no estaban siendo juzgadas?
Si creyera en la inocencia de ellos, el senador Barreras no antepondría
sus intereses personales (sacar adelante su inconveniente proyecto de
“justicia transicional”) sino que pediría, como hacen miles de
colombianos, que la Corte Suprema de Justicia regrese al buen camino
y haga respetar la ley.
El texto de Roy Barreras aprobado hasta hoy en comisiones no ofrece
nada a los militares pues solo cobija, como dice la prensa, “a los grupos
armados ilegales que se acojan a un proceso de negociación”. Habría
que rediscutir el proyecto, volver al texto inicial que incluía a los
llamados “actores del conflicto”, dentro de los cuales él incluye
erróneamente a los militares y policías de Colombia. Interpretando las
declaraciones del senador Barreras, El Espectador concluía: “Eso sí, la
justicia transicional aplicaría para los militares a cambio de la verdad,
por ejemplo, decir dónde están los desaparecidos del Palacio. A cambio
tendrían rebaja de penas.”
Se ve que detrás de todo esto lo que hay es un pedido disimulado de
que los inculpados digan “donde están los desaparecidos”. Ellos, sin
embargo, han hablado muy claro al respecto. Lo de los “desaparecidos”
es una leyenda fabricada por el M-19. El senador Barrera debería
actualizarse al respecto y lanzar esa pregunta a la Fiscalía, pues en sus
subterráneos es donde están, desde hace años, los cuerpos de esos
“desaparecidos”, como explicó el doctor José Vicente Rodríguez
Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de
Bogotá.
La justicia transicional parte de un principio muy discutible: los “actores
del conflicto” son culpables o no, pero eso no es central. Todos ellos
terminan no siendo juzgados, ni castigados, ni absueltos, en virtud de
una cierta “filosofía” que pretende que “la suerte del criminal importa
poco”, mientras lo que cuenta es “resolver el conflicto”, “atender a la
víctima”, reconciliarla con su victimario, para que hagan la paz. Es una
justicia excepcional, “de reparación”, dicen, cuyo objetivo no es la
justicia en sí, sino llegar a un nuevo modus vivendi, que permita hacer
la transición entre una guerra civil y un apaciguamiento. Es una
“justicia” que puede ser aplicada por magistrados y por no
magistrados.
Esa justicia es un artefacto reciente que se aplica (con resultados
mediocres) a algunos países africanos que han tenido genocidios y
matanzas inmensas, y guerras civiles verdaderas, y donde la justicia es
rudimentaria o inexistente y los hechos criminales no son investigados
o casi, pues el tiempo ha pasado y el desorden institucional fue
enorme. Entonces esa “justicia” deja sin proceso a la gente, a la
inocente como a la culpable. Es lo que han hecho o tratan de hacer en
Uganda (primer país donde fue experimentada esa “justicia” en 1974),
en Sudáfrica, Ruanda, República Democrática del Congo, Burundi,
Ghana y Sierra Leona.
¿Quién puede estar interesado en que los militares que salvaron al país
en 1985 reciban ese tratamiento y no reciban una sentencia que los
declare, por fin, inocentes? ¿Quién tiene interés en que las aberraciones
judiciales de hoy no sean objeto de sanciones? ¿Quién tiene interés en
poner en un signo de igualdad entre los que asaltaron y destruyeron el
Palacio de Justicia y quienes defendieron el Estado democrático? Los
héroes militares tienen derecho a una verdadera declaratoria de
inocencia y a actos de reparación por parte de un tribunal colombiano.
Ese derecho no puede ser trocado por una salida exótica, de medio
pelo, originada en una legislación digna de países donde no hubo
Derecho, ni Estado de Derecho, o donde éste se derrumbó de veras.
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