aportes censo agropecuario

Aportes Censo Agropecuario No.001 / Julio de 2012-1-

Aportes para valorar ladiversidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Tercer Censo Nacional Agropecuario

Por:Ruby Esther León Díaz(*)Investigadora grupo de investigación IDCARÁN, Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas,Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Nacional de ColombiaFacultad de Ciencias Humanas

Centro de Estudios SocialesGrupo de investigación IDCARÁN

3 de marzo de 2012ISBN 978-958-46-0200-8

Con el apoyo de:


Aportes para valorar la diversidad de la ruralidad de las comunidades negras, afrocolombianas,

raizales y palenqueras en el Tercer Censo Nacional Agropecuario.

Por:Ruby Esther León Díaz 1

Grupo de investigación sobre Igualdad Racial, Diversidad Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras-IDCARÁNCentro de Estudios SocialesFacultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia-sede Bogotá

Esta publicación fue posible gracias al apoyo del Instituto Republicano Internacional y el gobierno y el pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del Acuerdo Cooperativo No. 514-A-09-00005.

Las opiniones expresadas en este material no representan aquellas de USAID y/o las del gobierno de Estados Unidos, ni las de las demás organizaciones o entidades que apoyan esta publicación

3 de marzo de 2012

ISBN 978-958-46-0200-8

1 El presente texto fue escrito con la orientación de la profesora Claudia Mosquera Rosero-Labbé Investigadora directora del grupo de investigación IDCARÁN, Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia y directora del proyecto Obstáculos y Potencialidades de los procesos de auto-identificación étnico-racial con miras al Censo Nacional de Población del año 2015 en Colombia, financiado por la Fundación Ford. Agradezco a la profesora sus indicaciones bibliográficas y el trabajo de corrección que dedicó al documento.


AcrónimosACAPA Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Patía Grande sus Brazos y la EnsenadaCIDH Comisión Interamericana de Derechos HumanosCCJ Comisión Colombiana de JuristasINDH Informe Nacional de Desarrollo HumanoMRR Macro Regiones propuestas por el PNDPND Plan Nacional de DesarrolloPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPPTPPD Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población DesplazadaTCCN Territorios Colectivos de Comunidades NegrasUAF-E Unidades Agrícolas Familiares-étnicasUPE Unidades Productivas Étnicas


Consideraciones inicialesEn Colombia la población afrocolombiana se en-cuentra distribuida por todo el territorio nacional. De acuerdo con la regionalización propuesta por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para Todos” 1,4 millones de afrocolombianos se concentran en las macro regiones Central1 y Ca-ribe insular2 en donde representan el 38% de la población total; y en la macro-región del Pacífico3 el 73% de la población hace parte de las “comuni-dades negras”.

La relevancia demográfica de la población afro-colombiana contrasta con sus precarias condicio-nes de vida en las zonas urbanas y en las zonas rurales en donde, las comunidades negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras soportan aun mayores situaciones de desigualdad. Ello hace que la población afrocolombiana sea conside-rada como uno de los conjuntos de pobladores de la sociedad particularmente vulnerables a las condiciones del territorio (PNUD-INDH, 2011:114). Sin embargo, son escasas las estadísticas que per-miten cuantificar su situación social, económica, ambiental, etc.

La ruralidad de las comunidades negras, afroco-lombianas, raizales y palenqueras se configura

–entre otras relaciones- en la díada territorio-cul-tura. Esa relación indica la necesidad colectiva del territorio para el mantenimiento de la diversidad cultural de esas comunidades. La ocupación física colectiva tiene que ver con la utilización cultural y de subsistencia étnica que se hace del territo-rio e incluye “las vías de acceso, recursos natu-rales, cultivos, plantaciones y su entorno, tierras utilizadas para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y otros fines” (CIDH, 2010:14). Asimismo, existe un vínculo es-piritual con el territorio que es transmitido por generaciones. Estas características especiales de los territorios colectivos y ancestrales de comuni-dades negras, afrocolombianas, raizales y palen-queras deben considerarse en las intervenciones agenciadas por el Estado, de manera particular en la elaboración de estrategias nacionales y locales que buscan la recolección de información estadís-tica nacional.

La relación territorio-cultura ha sido protegida a nivel nacional por la Constitución Política4 y la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Asimis-

1 Abarca los departamentos de: Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. 2 Se constituye con los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Pro-videncia y Santa Catalina 3 Está conformada por los departamentos de: Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. El 46% de su población es rural.4 Artículos: 7, 8, 10, T-55.

mo, varias sentencias5 de la Corte Constitucional protegen esa relación con base en la idea de que

“el derecho al territorio de los grupos étnicos re-presenta la base material necesaria para la super-vivencia y el desarrollo de sus culturas (Sentencia T-652 de 1998 – Corte Constitucional)” (Acción So-cial, 2010:36).

En el ámbito internacional el derecho al territorio, que incluye el uso y disfrute de las tierras y de los recursos que en ellas se encuentran, las comuni-dades negras, afrocolombianas, raizales y palen-queras están amparadas por varios organismos e instrumentos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2010) considera como principal instrumento de protección el Convenio 169 de la OIT –Ley 21 de 1990-. Otras fuentes de derecho que convergen son: instrumentos inte-ramericanos de derechos humanos6, tratados in-ternacionales y pronunciamientos de sus órganos de interpretación7 , la costumbre internacional y otros instrumentos internacionales8.

Con base en la consideración respecto de la rele-vancia del derecho al reconocimiento, valoración y protección de la relación territorio-cultura, en el presente documento busco plantear propuestas para la incorporación de un módulo étnico-racial referido a las comunidades negras, afrocolombia-nas, raizales y palenqueras en el marco del Censo Nacional Agropecuario 2010 “Hay campo para to-dos”. Para contextualizar la propuesta caracterizo, de manera general, la “ruralidad” de las comunida-des negras, afrocolombianas, raizales y palenque-ras, presento un diagnóstico referido a la afecta-ción de los territorios colectivos y de ocupación ancestral de éstas comunidades y, para finalizar, propongo algunas temáticas que deben ser ope-racionalizadas en la iniciativa de recolección de información agropecuaria a realizarse en 2013.

La presente propuesta ha sido socializada con el espacio abierto de la “Mesa de Trabajo Interinsti-tucional sobre Censo Agropecuario”9 instituida 5 Entre ellas: T-380/1993, T-652/1998, T-955/2003.6 Incluye la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos7 Se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; el Pacto Interna cional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Cul-turales; la Convención sobre los Derechos del niño y el Comité de Derechos del Niño; y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.8 Entre estos: la guía para la “adopción e implementación de normas políticas y públicas en los países del sistema interamericano”; interpretaciones efectuadas [comunicaciones a los Estados, informes sobre las visitas] por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas; y el “Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (CIDH, 2010 8)9 La Mesa tiene como antecedente el “Kuagro” constituido en Cartagena de Indias (2009) en el marco de las “Jornadas de trabajo sobre visibilidad estadística étnico-racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Colombia: lecciones aprendidas y nuevos retos de cara al Censo Nacional de población del año 2015”. Este espacio fue creado para mantener discusiones públicas sobre la incorporación de la temática


desde 2011 para analizar, discutir e incidir en los sistemas de estadística nacional propuestos por el gobierno nacional en términos de visibilización de la población afrocolombiana.

La Mesa Interinstitucional está conformada por: organizaciones representadas por Maura Nasly Mosquera (AFROLIDER y CNOA), Juan de Dios Mosquera y Jafet Paz Rentería (CIMARRÓN); Pastor Murillo (experto del Comité Eliminación Discriminación Racial-CERD); la academia re-presentada por Fernando Urrea y Carlos Viáfara (CIDSE-Universidad del Valle) y Claudia Mosque-ra (IDCARÁN-CES-FCH, Universidad Nacional) de Colombia; funcionarias-os del gobierno nacional representados por Oscar Gamboa Zúñiga, John Asprilla, Carmen Vásquez, Cesar García y María Isabel Mena (Programa Presidencial para la For-mulación de Estrategias y acciones para el Desa-rrollo Integral de la Población Afrocolombiana Negra Palenquera Raizal) y Elvira Machado y Lina Salamanca (Dirección de Censos y Demografía); y representantes de agencias, Martha Chaverra (Programa Afro Indígena USAID-ACDIVOCA). El Instituto Republicano Internacional –represen-tado por Gabriela Serrano, Carlos Muñoz y Juan Quejada- hace parte de la Mesa y ejerce la labor de secretaría técnica. Otras personas, represen-tantes de instituciones del Estado, han asistido de manera reciente a la Mesa: Alexandra Córdoba y Carmen Liliana González (Dirección de Asuntos de Comunidades Negras– Ministerio de Interior), Lucia Calderón (Ministerio de Cultura), Jaime Pérez Gómez (III Censo Nacional Agropecuario) y Fabio Ruíz García (DANE).

¿En dónde se encuentran las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras?

Estudios especializados indican que la pobla-ción afrocolombiana se concentra sobre todo

en las áreas metropolitanas, pequeñas ciudades y cabeceras menores del país (Viáfara, Vivas, Urrea y Castro, 2009). Sin embargo, existe un importante sector de ésta población que vive en áreas rurales. Fernando Urrea (2010) estima que en éstas áreas se localiza el 27.2% de la población afrocolombia-na.

El asentamiento de la población afrocolombiana en áreas rurales se remonta a épocas coloniales cuando personas africanas esclavizadas fueron

étnico-racial negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en las estadísticas naciona-les y en particular en los censos nacionales. La estrategia vincula a instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil y académicos y académicas.

traídas, a lo que hoy se conoce como Colombia, para trabajar en diferentes empresas propias de la conquista y colonización. Los procesos de manu-misión facilitaron la presencia de muchas-os ex-esclavizados –as en zonas rurales y urbanas que se asentaron en poblados o comunidades en los que se produjeron formas culturales específicas de apropiación y uso de sus territorios.

En la región del Pacífico y del Caribe se han pre-sentado demandas históricas por el manejo y titu-lación del territorio por parte de estos grupos. En la región del Pacífico, en la época contemporánea, una de las primeras demandas por el uso del te-rritorio –bosques, áreas de manglares y recursos mineros– se remonta a 1987, protagonizada por las comunidades negras campesinas asentadas en el Río Atrato (Murillo, 2011:6).

La Constitución Política de 1991 abrió la posibi-lidad de reconocimiento de la tenencia histórica del territorio a favor de las “comunidades negras”. La Ley 70 de 1993 permitió garantizar la posesión de tierras de comunidades negras y reconoció el asentamiento ancestral de ese grupo étnico en la Cuenca del Pacífico y en otras zonas del país con

“condiciones similares”.

La titulación de territorios colectivos de comuni-dades negras hasta ahora se ha concentrado en la Cuenca del Pacífico. Ésta dinámica se debe a los importantes procesos de movilización de la so-ciedad civil y de las comunidades negras. Según Murillo (Murillo 2011: 5) la titulación también se facilitó en esta zona porque muchos de los territo-rios ocupados por las comunidades negras tenían el carácter de “baldíos” y/o de “reserva forestal” y ello implicaba menos presiones de grandes pro-pietarios y empresas extractivas.

Territorios colectivos y an-cestrales de comunidades

negras

Los resguardos y los territorios colectivos de comunidades negras son dos modalidades

de tenencia colectiva en Colombia. Ambas fi-guras ocupan el 32.67% del territorio nacional y se encuentran en todo el país con excepción de Atlántico, Cundinamarca, Quindío y San Andrés. No obstante, los territorios colectivos se ven redu-cidos por varios condicionantes como la superpo-sición con zonas de reserva forestal y/o áreas de parques nacionales naturales; este traslape cons-tituye cerca del 23.89% de los territorios colecti-vos asignados (González, 2011).


Además de la reducción de los territorios colecti-vos por traslapes, existen restricciones ambienta-les al uso de sus suelos y recursos por parte de los grupos étnicos. El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2011 muestra que del total de los territorios colectivos el 58.7% es utilizado en bos-ques, el 37.2% en actividades agrícolas y el 22% en pastos. (PNUD-INDH, 2011: 162).

Los Territorios Colectivos de Comunidades Ne-gras-TCCN, es decir, aquellos que tienen un título expedido por el Estado que reconoce su posesión, representan aproximadamente el 4.46% del te-rritorio del país. Las 5.215.977 hectáreas adjudi-cadas benefician a cerca de 63.440 familias que se agrupan en 172 consejos comunitarios10 . Los TCCN se encuentran localizados, de acuerdo con el orden de concentración de títulos colectivos, en seis departamentos: Chocó, Nariño, Cauca, Va-lle del Cauca, Antioquia y Risaralda.

La región del Pacífico es la que más concentra territorios de titulación colectiva, sin embargo, es importante anotar que en esta misma región también existen territorios clasificados como de

“gran propiedad privada”11 . En la región, cerca del “9% de los propietarios tienen el 82.4% del total de hectáreas” (González, 2011:54) lo cual significa que el 30% del territorio del Pacífico es ocupado por grandes unidades ganaderas, palmiculturas y bananeras (Urrea, 2010: 19).

Los TCCN tienen una estructura física particular caracterizada por la fragilidad de sus ecosistemas frente a lógicas extractivistas. Según Urrea (2010), cerca del 55% de estos territorios corresponde a bosques; se estima que sólo el 37.2% es apto para actividades agrícolas y el 7.5% está dedicado a pastos. Estos datos indicarían que la composición física de los TCCN tiene reducidas opciones para

“el desarrollo de actividades productivas, más allá de las tradicionales asociadas al aprovechamien-to forestal de bosque, la minería artesanal de oro y platino, las actividades de pesca fluvial y maríti-ma, la recolección de cangrejo y conchas de mar y caza (Urrea 2010 43).

La extensión y uso de los TCCN también se en-cuentra condicionada por otras figuras de admi-nistración del territorio nacional y de extracción intensiva de recursos. Pastor Murillo (2011) esti-ma que: el 72.4% de los TCCN se ubica al interior 10 De acuerdo con la Resolución Número 0121 de 30 de enero de 2012 del Minis-terio del Interior “por la cual se convoca a los representantes legales de los Consejos Comunitarios de Comunidades negras y los representantes de los raizales de San An-drés, Providencia y Santa Catalina, a Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones.11 En el análisis de la dinámica de la tenencia de la tierra en Colombia un equipo de especialistas encuentra que en “el panorama de la gran propiedad se observa que su importancia socioeconómica es mayor en la MRR Caribe donde se registra la mayor concentración; le sigue la MRR Central y entre las dos suman el 60,4% del total del área en gran propiedad” (González, 2011: 61).

de reservas forestales, compartiendo un área de 3.765.115 hectáreas; 249 bloques exploratorios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se cru-zan con 155 títulos colectivos de comunidades negras, equivalentes a 4.606.931 hectáreas; y 150 concesiones mineras se localizan dentro de 155 tí-tulos colectivos, equivalente a 228.428 hectáreas.

Por tanto, las posibilidades de desarrollo de ac-tividades productivas (i.e. agrícolas) está restrin-gida por el porcentaje en bosques que ocupa su territorio, el traslape con zonas de reserva y parques naturales y la concesión de actividades extractivas a gran escala. Esas condiciones deben ser consideradas en los sistemas de información agropecuaria y rural con miras a valorar en térmi-nos reales el uso y productividad de los territorios colectivos y de ocupación ancestral de comunida-des negras.

Ruralidad

La Ley 70 de 1993 establece que los TCCN tienen una función social a la que “[…] le es inherente

una función ecológica” (Acción Social, 2010: 42). Ello indica que el uso de los TCCN tiene que ver con una función productiva y también un papel relevante en términos de ecología de territorios frágiles, como es el caso de la Cuenca del Pacífi-co colombiano y otros territorios habitados de manera ancestral por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (p.e. el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

Los territorios colectivos y ancestrales de comuni-dades negras si bien son calificados como “ecosis-temas frágiles”, le generan ventajas competitivas al país. La mayoría de los territorios alberga im-portantes cuerpos de agua y tiene una alta biodi-versidad representada en animales y plantas. Asi-mismo existen zonas que poseen un significativo potencial turístico. Camilo González (2011) con-sidera que gracias a la concentración de recursos naturales renovables en zonas habitadas por co-munidades negras, “la producción de agua, bos-ques, protección de cuencas, captación y fijación de carbono, son algunos de los beneficios que ge-neran estas formas de propiedad colectiva de la tierra, y que favorecen no sólo a sus poblaciones sino al país en su conjunto” (González, 2011: 76).

Las comunidades negras, afrocolombianas, rai-zales y palenqueras tienen visiones y prácticas sobre el territorio que se distinguen del resto de pobladores rurales y urbanos mestizos. Esas visiones culturales son reivindicadas por los mo-vimientos y organizaciones sociales de las comu-nidades cuyas demandas enfatizan en la relación


étnica, territorial y ambiental (PNUD-INDH, 2011) como determinante en el manejo del espacio que ocupan. Para estos movimientos el territorio se convierte en “[...] el lugar donde se hace posible la construcción de un proyecto político y social para Comunidades Negras; es el espacio donde se materializa su desarrollo, se llevan a cabo pro-cesos de intercambio y de cooperación entre las mismas Comunidades y otras distintas” (Grueso, 2000 citada por Acción Social, 2010: 140).

La ruralidad de los territorios colectivos y ances-trales de comunidades negras debe interpretarse entonces desde nociones relacionadas con su di-versidad étnica y cultural. Entre estas nociones se encuentra la “apropiación colectiva”, las “prácticas tradicionales de producción” y la relación fluida entre zonas rurales y urbanas gracias a prácticas constantes de migración.

La “apropiación colectiva” enmarcada en el domi-nio de los consejos comunitarios12 tiene que ver con el manejo autónomo de los territorios (tie-rras y recursos naturales) y su uso dinámico. Para Urrea (2010) las comunidades negras dan un uso dual a los territorios colectivos es gracias a la in-termediación que ejerce la figura de los consejos comunitarios.

El consejo comunitario es el organismo máximo de manejo del territorio conformado por las personas elegidas entre las familias de comunidades negras campesinas que viven en dicho territorio a través de la asamblea. Esta particularidad es importante por-que significa que existe una dualidad entre el uso pri-vado del territorio y la propiedad colectiva inaliena-ble (Urrea, 2010: 11, el texto que aparece subrayado no hace parte del original).

Este tipo de apropiación incluye subsistemas de propiedad familiar dentro de los territorios co-lectivos y ancestrales de comunidades negras. La mayoría de tierras de TCCN y de ocupación an-cestral se distribuye en parcelas o fincas que se relacionan entre sí mediante “vínculos sociales, económicos y culturales que permiten a pobla-dores de un río poseer cultivos en la vega de otros, así como establecer relaciones entre las familias y transitar por bocanas y quebradas”13 (PPTPPD, 2005:37). Este tipo de vínculos recreados en la forma particular de apropiación del territorio por parte de las comunidades negras, reproduce re-laciones productivas internas, con comunidades vecinas a los consejos comunitarios y con centros

12 El Decreto 1745 de 1993, reglamentario del Capítulo III de la Ley 70 de 1993 es-tablece que “Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucio-nales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad […]” (art. 3).13 De esta manera se usa el territorio en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Patía Grande sus Brazos y la Ensenada-ACAPA

urbanos medianos del nivel nacional o de otros países cuando se trata de territorios colectivos y de ocupación ancestral ubicados en zonas de frontera.

Las “prácticas tradicionales de producción” de las comunidades negras tienen varias caracteristicas. A continuación enuncio tres de ellas:

• Explotación del territorio de forma co-lectiva que se basa en prácticas asociativas de producción existentes en el Caribe y en el Pacífico. Según el ICANH este tipo de explotación implica un acompañamiento de parientes y allegados en torno al trabajo que realiza una persona o una familia. En ese sentido la migración permite evi-denciar las dinámicas socio-económicas regiona-les de las comunidades afrodescendientes y sus posibles estrategias de integración entre econo-mías locales desde el punto de vista productivo y cultural (ICANH, s.f.).

• “Racionalidadmicroeconómica”que“pri-vilegia la cooperación con redistribución de ex-cedentes y desestimula la acumulación privada (aversión a la riqueza)” (Urrea, 2010:8). Este tipo de racionalidad , según estudios adelandados por Urrea (2010) permite la reproducción de las uni-dades domésticas de las comunidades negras y la satisfacción de necesidades de las redes familia-res y de parentesco que conviven en los territorios rurales y urbanos.

• Los“sistemasagrícolas adaptativos” soninnovaciones culturales de las comunidades ne-gras para el uso de sus territorios colectivos y de ocupación ancestral. Son sistemas “adaptativos” porque tienen una “[…] estrecha relación con la oferta ambiental, su compatibilidad en su uso con los ecosistemas y por ser el resultado de un largo proceso histórico de conocimiento y convivencia con el bosque húmedo tropical” (Urrea, 2010:94). Al estar definidos desde la lógica de la “racionali-dad microeconómica”, los sistemas usan las redes de solidaridad, desestimulan la acumulación, se orientan a garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades y se sustentan en los saberes y prácticas generadas por la división sexual del tra-bajo. Además, se trata de sistemas fundamenta-dos en las funciones, procesos y servicios que, en términos generales, buscan el aprovechamiento sostenible de los recursos en beneficio de los eco-sistemas de los territorios colectivos y de ocupa-ción ancestral de las comunidades negras, afro-colombianas, raizales y palenqueras.

Los sistemas agrícolas adaptativos están ligados a “espacios de uso entendidos como las unidades claramente diferenciadas para las comunidades desde el punto de vista cultural, social y econó-


mico” y a los “ámbitos territoriales” que “[…] ini-cialmente se puede distinguir como domésticos, que comprenden el área de vivienda y sus alre-dedores; el ámbito de los cultivos; el ámbito de la montaña, del manglar y del río” (PPTPPD, 2005: 60). Estos sistemas productivos tienen una con-figuración y jerarquía particular que se basa en las potencialidades agroecológicas en donde se practican. Por ejemplo, para el consejo comuni-tario ACAPA el orden de relevancia de las activi-dades agrícolas adaptativas es: agricultura, pes-ca, minería artesanal, aprovechamiento forestal y actividades complementarias (cría de especies, elaboración de artesanías y servicios relacionados con el turismo).

Respecto del uso agrícola del territorio colectivo Urrea (2010) establece un conjunto actividades productivas de las comunidades negras, afroco-lombianas, raizales y palenqueras. En primer lugar los territorios se utilizan con productos agrícolas, bosques y pastos cuya potencialidad está dada por los “sistemas agrícolas adaptativos” así como por la prestación de “servicios ambientales y los recursos energéticos y el entramado social que constituyen los numerosos asentamientos de las comunidades afrocolombianas […]”14(Urrea, 2010:64). En segundo lugar el territorio se usa en la “minería artesanal” que corresponde a “explota-ciones de pequeña escala, la cual se complemen-ta con la combinación de actividades manuales y mecanizadas […]” (Urrea, 2010:57). En tercer lugar, en los TCCN y en los territorios de ocupación an-cestral tienen lugar “otro tipo de actividades” rela-cionadas con la ganadería vacuna, y de especies menores (cerdos y aves) y la extracción forestal de maderables y no maderables.

Cualquier iniciativa de realización de censos ru-rales decenales o sistemas anuales de encuestas, que son la base para la toma de decisiones sobre políticas públicas para el desarrollo rural, debe considerar elementos de la ruralidad -evidente en las prácticas tradicionales de producción- y visi-bilizar el trabajo colectivo, asociado y por género que las sustenta. La ponderación de este tipo de actividades se podría llevar a cabo, según propo-ne Urrea (2010) con la construcción de varias ti-pologías del territorio. En primer lugar, tipologías que clasifiquen los territorios colectivos de acuer-do con sus actividades productivas. En segundo lugar, tipologías que establezcan las formas de organización económica. En tercer lugar, tipolo-gías que permitan establecer los “componentes sociopolíticos” de las demandas y procesos orga-nizativos de los afrodescendientes dentro y fuera del Pacífico.

14 P.e. La existencia de rastrojos indica, entre otros datos, buenas prácticas ecológi-cas en territorios con suelos frágiles como los de bosque húmedo tropical.

Situación de los territorios colectivos y ancestrales de

comunidades negras

El Estado colombiano está próximo a alcanzar la meta de titulación colectiva de 5.6 millones de

hectáreas para comunidades negras planteada en 1996. Sin embargo, existen varias amenazas a la garantía del disfrute de los territorios colectivos titulados, así como de los territorios de ocupación ancestral -que aun no cuentan con el reconoci-miento formal del Estado y que se concentran sobre todo en la región del Caribe y de los valles internadinos-. Por otra parte, existe un estan-camiento del proceso de titulación que afecta a las comunidades negras sin territorios colectivos. Según hallazgos de Urrea el proceso de entrega de nuevos títulos colectivos para comunidades negras se ha estancado desde 2005 fecha que coincide con implementación de políticas para “el sector agropecuario y manejo de tierras a favor de los empresarios agroindustriales y grandes terra-tenientes, tendencia que se hace más manifiesta en la segunda administración del presidente Uri-be Vélez” (Urrea, 2010:28).

Las comunidades negras se ven limitadas en el ejercicio del derecho al territorio colectivo por va-rias situaciones asociadas a la dinámica del conflic-to armado y las presiones por la inserción de estas tierras en los mercados extractivos intensivos de gran escala. Para González (2011) las comunida-des negras no tienen garantizado el derecho a la tierra o de ocupación ancestral porque sus terri-torios están seriamente afectados por la violencia, el despojo y el desplazamiento. Por ejemplo, en la zona rural de Buenaventura –municipio con el mayor número de títulos colectivos de comunida-des negras en todo el país- se presentaron masa-cres, homicidios selectivos, desapariciones forza-das, desplazamientos y amenazas que buscaban lograr el control militar y social de los territorios a favor de “diversos proyectos mineros, agrícolas y de extracción maderera, liderados por diversas empresas privadas, así como por el gobierno local o nacional, y que se oponen a la visión de desa-rrollo y productividad propia de las comunidades afrocolombianas” (CCJ, 2009:43).

Los territorios colectivos y de ocupación ancestral de las comunidades negras, afrocolombianas, rai-zales y palenqueras se encuentran también bajo presión de la “lógica extractivista” (Urrea, 2010) ejercida por el Estado y empresarios privados de industrias relacionadas con: minería, hidrocar-buros, biocombustibles, obras de infraestructura, entre otros grandes proyectos. Es el caso de la pal-ma aceitera, megacultivo que ocupa aproximada-


mente 60 mil hectáreas que se localizan en TCCN de Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño) y Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). Murillo (2011) plantea que muchos de estos cultivos han vulnerado el dere-cho a la propiedad y uso de los territorios habita-dos por comunidades negras.

En un estudio específico Viáfara, Vivas, Urrea y Castro (2009) plantean que los departamentos más violentos y que, a su vez, tienen población afrocolombiana son: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por otra parte, de acuer-do con informes especializados se estima que los municipios más afectados por el abandono de tierras corresponden a los departamentos de: An-tioquia, Putumayo, Caquetá, Bolívar, Nariño, Meta, Cauca, Tolima, Córdoba, Chocó, Cesar, Guaviare, Magdalena, Arauca, Sucre y Norte Santander 15. Este registro comparado con los departamentos en los que se concentran los TCCN arroja coinci-dencias en: Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó.

Considerar la dimensión del conflicto armado y la presión de empresas privadas en el diseño de instrumentos para la recolección de información rural es clave para la formulación y puesta en mar-cha de acciones de reparación y para la garantía de la protección de los territorios titulados y los de ocupación ancestral. Existen correlaciones “[…] entre las dinámicas de desplazamiento forzado y las solicitudes de ampliación, constitución o titu-lación de territorios colectivos que sugieren una violencia delibrada para el vaciamiento de estos territorios y malograr así su consolidación legal” (González, 2011: 96). Las propuestas de genera-ción, procesamiento, análisis y difusión de infor-mación sobre la propiedad rural deben plantear como componente central el tipo y la dimensión de la afectación del conflicto armado y de las pre-siones económicas que pesan sobre los territorios colectivos titulados y de ocupación ancestral por parte de las comunidades negras.

Propuestas para la crea-ción de información esta-dística

En términos estadísticos Colombia carece de información actualizada sobre el sector rural

del país y ello dificulta la toma de decisiones per-tinentes con la realidad de los colectivos que ha-bitan estas zonas. En el último INDH se establece que no existe información sistemática y consis-tente sobre la participación de los campesinos en la producción agropecuaria; la información dis-ponible para la clasificación de los productores es 15 Ver INDH-PNUD 2011, Urrea 2010, CCJ 2009, García y Jaramillo 2008, Domín-guez, et. al 2002.

imprecisa y la clasificación de productos (campe-sinos o capitalistas) es insatisfactoria. En ese mis-mo sentido otros estudios (González, 2011) con-sideran que la formación y actualización catastral del país se encuentra rezagada.

El INDH recomienda la recolección y acceso uni-versal a la información confiable, actualizada y dinámica sobre las zonas rurales desagregada por sexo, grupo poblacional y sector (PNUD-INDH, 2011 143). El actual gobierno, propone conformar un sistema integral de información estadística y geográfica del sector rural para el desarrollo agro-pecuario y rural. La estrategia consiste en alimen-tar el sistema integral de información con censos rurales decenales, una muestra rural y un sistema anual de encuestas inter-censales. Si bien la pro-puesta tal y como está planteada hasta ahora no establece procesos de recolección diferenciados para captar las particularidades de la ruralidad de las comunidades negras, afrocolombianas, rai-zales y palenqueras en el documento del PND se promete “ […] la conformación de un grupo de trabajo que se encargará de elaborar el proyecto y la definición de las diferentes etapas (precensal, censal y poscensal) […] estas etapas se realizarán en forma específica para los grupos étnicos, las cuales requieren un tratamiento especial y son simultáneas para el censo general”(PND 2010-2014: 371).

En ese sentido, y de acuerdo con las obligaciones consagradas en la legislación internacional, el Es-tado debe reconocer los sistemas productivos de los pueblos indígenas y tribales16. Por tanto, se convierte en un reto para el gobierno nacional la incorporación, en los censos y encuestas rurales, de ítems relacionados, por ejemplo, con la utiliza-ción extensiva del territorio, el uso colectivo, tem-poral de las tierras y sus recursos, las actividades productivas considerando el género, las prácticas ecológicas de rotación y los descansos de las tie-rras, entre otros elementos relacionados con la ruralidad de las comunidades negras, afrocolom-bianas, raizales y palenqueras.

La FAO (2007) plantea que los censos rurales, y en particular, los censos agropecuarios pretenden recoger datos de manera directa en las explota-ciones agrícolas y en el ámbito comunitario. Por tanto, es pertinente que dicha caracterización considere la diversidad de formas de uso agríco-la del suelo. En la ronda de censos del 2000 sólo Honduras, Perú y Colombia faltaron al compromi-so de recolección de este tipo de estadísticas. Sin embargo, Colombia es el país más rezagado de la región en materia de censos agropecuarios pues-to que el último censo de este tipo se realizó hace más de cuarenta años.

16 Ver: CIDH, 2010 numeral 73, p.31)


Reflexiones finales y pro-puestas

Lo rural se define como una “complejidad de relaciones” y desde esa consideración, según

el PNUD, es importante reconocer nuevas activi-dades productivas como aquellas relacionadas con servicios turísticos, servicios ambientales y la manufactura artesanal, entre otras (PNUD-INDH, 2011 27). Por tanto, las discusiones contemporá-neas sobre la idea de desarrollo rural indican la relevancia de descentrarse de las propuestas aso-ciadas a la explotación agrícola a gran escala.

La idea ampliada de lo rural invita a considerar la diversidad material, espiritual y cultural del uso y apropiación de los territorios por parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. En últimas, se trata de reconocer la conexión entre el territorio y la cultura como re-lación fundamental para la supervivencia física y cultural de esas comunidades.

Sería fundamental, por ejemplo, considerar “los productos étnicos” (Viáfara, Vivas, Urrea y Castro 2009) derivados del trabajo artesanal y agríco-la, la extracción forestal, pesquera y la minería artesanal sostenible, la prestación de servicios ambientales y las industrias culturales (música, danza, fabricación de instrumentos, restaurantes, festivales, producción de alimentos procesados, etc.) que se dan en los TCCN, los territorios de ocu-pación ancestral y en zonas que se articulan con éstas economías.

Los TCCN constituyen una forma jurídica que debe ser amparada en todas las acciones e inter-venciones de la sociedad y el Estado. Los TCCN se encuentran, por ley, fuera del mercado de tierras pero esta condición no los determina como zo-nas ociosas o baldías. En el presente documento muestro que los territorios colectivos titulados y aquellos de ocupación ancestral son altamente productivos en términos ambientales, económi-cos, sociales y culturales y ello beneficia no sólo a las comunidades negras, afrocolombianas, raiza-les y palenqueras que los habitan sino que apor-tan al desarrollo de todo el país.

De manera puntual considero que el III Censo Agropecuario Nacional debe incluir un módulo particular aplicado sobre los TCCN y los territo-rios de ocupación ancestral de comunidades ne-gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Los ítems que deberían considerarse son:

• Desarrolloproductivo.El focoestaríaenmedir las particularidades de los sistemas produc-tivos en las regiones en donde se concentran las

comunidades negras y la población afrocolom-biana. Enfatiza en: 1) la diversidad productiva a baja escala: agricultura, cría de especies menores, extracción forestal, pesca, caza, recolección y mi-nería artesanal. 2) los conocimientos y prácticas que convergen en el territorio: cultivos tradicio-nales, semillas, etc. 3) la “producción agrícola” re-presentada por los policultivos adaptativos y los procesos de comercialización a diferentes esca-las. 4) expansión de industrias: maderera, agroin-dustria, hidrocarburos, etc. 5) productos étnicos: producción artesanal, prestación de servicios ambientales, extracción de recursos e industrias culturales. 6) sistemas agroalimentarios: sistemas de producción propios, intercambios y manejo respetuoso de ecosistemas.

• Tierras. Es fundamental considerar cues-tiones que indaguen por: la utilización de tierras; rotación y descanso de tierras; calidad del suelo en donde se ubican los territorios colectivos titu-lados y de uso ancestral; conflictos dentro del te-rritorio. Asimismo, considero pertinente adoptar la recomendación del PNUD, relacionada con la construcción de un

índice de localización agrícola [que] pondera la importancia relativa de cada sector de actividad o producto con su importancia relativa nacional o re-gional. Permite: (a) apreciar las condiciones de vulne-rabilidad económica de las subregiones con mayor participación de población afrocolombiana, en espe-cial la región del Pacífico; y (b) obtener un panorama comparado de la estructura productiva del Pacífico con regiones por fuera del Chocó biogeográfico que tienen consejos comunitarios. (PNUD-INDH, 2011 nota al pie: 162).

• Sociodemografía. Sería importante me-dir: calidad de vida (acceso y calidad de los ser-vicios públicos, vivienda, composición del hogar), educación (analfabetismo, asistencia social), sa-lud (tipo de régimen, mortalidad, morbilidad) y trabajo (ingresos familiares, tipo de trabajo do-méstico, familiar, asociativo, colectivo, comunita-rio). La consideración de estas temáticas facilitaría la toma de decisiones sobre la institucionalidad estatal que se precisa en los TCCN para facilitar su articulación con propuestas de desarrollo rural equitativas e incluyentes. En ese sentido es cen-tral la articulación del censo nacional agropecua-rio con el censo nacional de población y las en-cuestas inter-censales.Los censos de población contribuyen con estadís-ticas sobre la población en términos de distribu-ción geográfica y características específicas como sexo, edad, pertenencia étnico-racial, estado civil, fertilidad, educación y actividad económica. El cruce de censos y encuestas construiría las esta-dísticas sobre el sector rural, para establecer el tipo y grado de vulnerabilidad económica, social,


ambiental o por conflicto armado que afecta a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y ello facilitaría la puesta en marcha de acciones para intervenir la situación de vulne-ración de estos pobladores rurales.Asimismo, sería interesante que informaciones adicionales, inter y post-censo de carácter cua-litativo y/o estudios de casos, sean recolectadas con base en particularidades regionales. Estas estrategias permitirían ponderar las característi-cas culturales y ambientales de los TCCN y de los territorios ocupados de forma ancestral por las comunidades negras. Ya existen experiencias que proporcionan importante información para la toma de decisiones en las entidades territoriales que albergan consejos comunitarios. Es el caso del consejo comunitario ACAPA que mediante la metodología de zonificación ambiental y cultural recolectó información básica para los procesos de ordenamiento territorial municipal.

• Perspectiva de género.De acuerdo conel INDH, existen tres tipos de discriminación que sufren las mujeres en Colombia: la tradicional pro-ducto del sistema patriarcal, la que genera vivir en el campo y la que tiene que ver con el efecto des-proporcionado del conflicto armado (PNUD-INDH, 2011 36). Estas discriminaciones corresponden a la deuda rural, la deuda de género y a las violen-cias en contra de las mujeres. Por tanto el III Censo Nacional Agropecuario debe dar cuenta de la bre-cha de género en el campo. Es importante medir: la división sexual del trabajo; trabajo doméstico como trabajo productivo; género de la titularidad de los predios (poseedoras, propietarias, ocupan-tes, tenedoras) y la extensión de tierra que poseen las mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.

• LosConsejosComunitariosen losTCCNy en los territorios de ocupación ancestral o no titulados son los tenedores de la propiedad co-lectiva y responsables de la administración de los recursos que se encuentran en los territorios. Es fundamental visibilizarlos en términos de la fun-ción que ejercen en la “gobernabilidad interna” re-ferida “a las dinámicas de legitimidad, control del territorio y gestión permanente, manejo de dife-rencias de intereses entre las familias que residen en el territorio colectivo” (Urrea, 2010: 74). Asimismo, se debe medir la gobernabilidad ex-terna que alude al reconocimiento institucional local y nacional, acceso a fuentes de financiación, existencia de agentes externos con intereses di-ferentes y capacidad de negociación con ellos si es necesario” (Urrea, 2010: 74). Esta gobernabili-dad tiene que ver con: los agentes institucionales del Estado y los programas de inversión social y con las entidades públicas nacionales y locales; actores privados (actores empresariales); y pobla-

ciones indígenas (Urrea, 2010: 80). Es importante caracterizar las funciones de los consejos comu-nitarios en términos de uso y conservación de los territorios colectivos y de sus recursos.

• Ocupación ancestral. Remite a las diná-micas de ocupación, usos históricos del suelo; origen de la tenencia de la tierra (colonización, derechos heredados o títulos de familia); desarro-llo de prácticas rituales o de sanación, territorios sagrados o de “respeto”; toponimia de la zona en el lenguaje de la comunidad, entre otras cuestio-nes.

• Afectacióndel territorioporel conflictoarmado. El territorio hace parte de los derechos colectivos de las comunidades negras y de la po-blación afrocolombiana de acuerdo con el bCon-venio 169/OIT. El derecho a la tierra ha sido afec-tado por la dinámica del conflicto que aun vive el país. El actual gobierno adelanta procesos de restitución de tierras, por ello es fundamental que el censo aporte a esa labor caracterizando la afec-tación de los territorios colectivos titulados y de ocupación ancestral (Auto 005/2009).

Con base en la idea de protección y reconoci-miento de esas formas particulares de apropia-ción y uso productivo de los territorios, se podría establecer como medida estadística, entre otras posibles, las Unidades Productivas Étnicas (UPE). Esta figuras permitirían, al igual que las UAF-E, considerar de manera específica “[…] las formas de producción, distribución, apropiación, uso y concepción del territorio que son determinantes para la existencia de pueblos indígenas y afroco-lombianos” (González, 2011:89). Las UPE darían cuenta de la función social y ecológica de los te-rritorios colectivos . Asimismo visibilizarían en los sistemas estadísticos nacionales el aporte que le hacen los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras al desarrollo rural del país.

En resumen, una parte importante del territorio nacional es ocupado por territorios colectivos titulados y de ocupación ancestral de comunida-des negras, afrocolombianas, raizales y palenque-ras. Esa modalidad de ocupación ha garantizado la pervivencia cultural de esas comunidades y el desarrollo rural del país, a pesar de la condición de aislamiento en la que el Estado colombiano ha mantenido a sus pobladores. Una importante acción de reconocimiento y valoración del uso y apropiación histórica de esos territorios corres-ponde a la creación de un sistema de estadísticas demográficas y de actividades productivas que permita la visibilidad estadística de esos terri-torios colectivos. Éste debe ir más allá de la cla-sificación étnico–racial de la población vía auto-


reconocimiento, en el módulo de caracterización sociodemográfica.

Por último, es importante que el III Censo Nacio-nal Agropecuario acondicione su diseño concep-tual y metodológico a la diferencia étnico-racial para no correr el riesgo de pasar por alto saberes y usos productivos que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras le dan a los territorios rurales, y que, a su vez, configuran una parte importante de la diferencia étnica y cul-tural reconocida y protegida constitucionalmente por el Estado colombiano.

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