apelante: ***(reconvencionista)....
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“2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MARÍA
PINO SUÁREZ”
TOCA CIVIL: /2013-II.-COMPULSAS DEL EXPEDIENTE: /2012,
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO
NECESARIO Y ACCIÓN RECONVENCIONAL. - - - - - - - - - - - - -
- - -
APELANTE: ***(RECONVENCIONISTA).
MAGISTRADA PONENTE:***.
SEGUNDA SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL
ESTADO; VILLAHERMOSA, TABASCO, **** DOS MIL TRECE.
Vistos, para resolver los autos del toca civil **/2013-II, relativo al
recurso de apelación interpuesto por la demandada y reconvencionista, quien
se inconformó con el punto segundo, incisos d), g) y h), respecto de las
pruebas admitidas al actor y con los incisos b), d), e), f), g), k) y m), respecto de
las pruebas desechadas a la demandada en el auto de veintinueve de octubre
de dos mil doce, dictado por la Jueza **** Familiar de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el expediente ***/2012 relativo al Juicio
Ordinario Civil de DIVORCIO NECESARIO Y ACCIÓN RECONVENCIONAL, el
primero promovido por ***y el segundo promovido por ***, quién a su vez es
parte demandada en contra del actor, y;
R E S U L T A N D O:
1o.- La jueza del conocimiento el veintinueve de octubre de dos
mil doce, dictó auto, que en su punto segundo incisos d), g) y h), respecto de
las pruebas admitidas al actor y con los incisos b), d), e), f), g), k) y m),
respecto de las pruebas desechadas a la demandada, textualmente transcritos
a la letra dicen: “…JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO,
MEXICO. VEINTINUEVE DE OCTUBRE DOS MIL DOCE.-VISTOS: El escrito
de cuenta, se acuerda: SEGUNDO. -Con fundamento en los artículos 237,
243, 245 y 246 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se admiten a las partes las pruebas siguientes: De la parte actora ***: d)
DOCUMENTALES consistentes en: las detalladas en el punto primero del
auto de fecha diecisiete de febrero del dos mil doce, y las ofrecidas en su
escrito de cuenta consistente en (25) fotografías original, mismas que se
admiten en términos de los artículos 267 y 268 del Código Procesal Civil
invocado.- g) REPRODUCCION DE VIDEO Y FOTOGRAFIA. Al efecto es de
decírsele al oferente de la prueba que para el desahogo de las citadas
probanzas, deberá de proporcionar los medios necesarios para la
reproducción del video y memoria (USB) que ofrece como prueba
apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrá perdido ese derecho y
desistido de dicha probanza.- h) LA PERICIAL en criminalista a cargo de
MIGUEL ANGEL TORRES CARRERA, respecto de las video grabaciones
exhibidas por el hoy actora reconvenido en dispositivo de
almacenamiento (USB), para los efectos de que extraiga fotografías y
analice las voces, e identifique a las personas que aparecen en ese video,
por lo que hágasele del conocimiento tal designación a la citada perito
por medio del actor, para que dentro del término de tres días contados a
partir del día siguiente en que le sea notificado el presente proveído,
manifieste por escrito la aceptación y protesta del cargo conferido,
haciéndole del conocimiento que en el mismo escrito deberá exhibir copia
fotostática de la cedula profesional que la acredite como perito en la
materia. De igual forma córrase traslado a la demandada ciudadana ***,
con el escrito que se provee, para que dentro del término de tres días
contados a partir del día siguiente en que le sea notificado el presente
proveído, designe perito de su parte; apercibido que en caso de no
hacerlo se le tendrá por perdido el derecho para hacerlo, desahogándose
la prueba con un solo perito, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 90, 118, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 y 282 del Código de
Procedimientos vigente en el Estado.-De la parte demandada NAYIVE
MOYER FERNÁNDEZ: b) DECLARACIÓN DE
PARTE. A cargo de la parte actora ***, la cual se declara desierta, toda vez
que no comparece la declarante, sirve de apoyo a lo anterior los
numerales 259, 262 y 296 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.-d) LA PERICIAL EN PISCOLOGIA. Misma que ofrece las
personas de ***, ***y ***de apellidos***, al efecto es de decirle si bien es
verdad este la ofrece para acreditar el estado psicológico de las partes,
mas de lo que dispone el artículo 276 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el estado, que uno de los requisitos de ofrecimiento de
la prueba pericial es que se hará la designación de perito que le
corresponda, así como precisar con toda claridad los puntos concretos
que deberá resolver los puntos, y de la lectura minuciosa que se hace al
ofrecimiento de dicha pericial, se observa que no menciona perito alguno
ya que si bien es verdad este manifiesta que a los que solicita sean
examinados de esta prueba sea a través del personal del DIF, cierto
también lo es que esta es una institución que en determinado momento
podría en su caso llevar a efecto pruebas que esta autoridad en su
momento lo solicite y que sean solicitada para esclarecer el animo del
juzgador para que en su momento este dicte una sentencia justa y
apegada a derecho, mas no así a través de algunas de las partes en litigio
solicite su colaboración, ya que de acuerdo a lo que dispone el numeral
240 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el estado, dispone
que las partes tienen la carga de probar las preposiciones de hecho en
que funden sus acciones y excepciones, así como los hechos sobre los
que el adversario tenga a su favor una presunción legal y en estricto
apego a lo que dispone el numeral 276 del ordenamiento procesal antes
invocado, que uno de los requisitos de ofrecimiento de la prueba pericial
es que se hará la designación de perito que le corresponda,
entendiéndose así que es una obligación directa del oferente de la prueba
presentar al perito de su parte y no a través de la representación social
que pretende; por lo que tomando en cuenta lo que dispone el artículo
488 del ordenamiento legal antes invocado que en todos los asuntos del
orden familiar los jueces y tribunales estarán obligados a suplir la
deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho; así como
también lo que dispone el artículo 489 fracción II del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el estado, que dispone que en los
juicios del orden familiar, el principio preclusivo, en cuanto signifique un
obstáculo para el logro de la verdad, no tendrá aplicación; por lo que en
consecuencia requiérase al oferente de la prueba para los efectos de que
dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que
sea legalmente notificado del presente proveído, para los efectos de que
nombre perito de su parte, apercibido que en caso de no hacerlo, se le
tendrá por perdido ese derecho y no se admitirá dicha prueba.-
e)PERICIAL EN GENETICA MOLECULAR. Al efecto es de decírsele que tal
probanza se desecha de plano por ser notoriamente improcedente ya que
el juicio que hoy nos ocupa es única y exclusivamente es para disolver el
vínculo matrimonial, en caso de ser procedente las causales invocada por
las partes, y la presente prueba la ofrece para demostrar el parentesco del
hoy demandado reconvencionista con tercera persona, además es de
hacerle del conocimiento a la parte demandada que los juicios de
paternidad y fijación no son acumulables con otros procedimientos, de
conformidad con lo que establece el numeral 3 fracción IV y 514 fracción I
ambos del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, por lo
que deberá de promover en la vía y forma correspondiente.-f) INFORME.
Respecto del informe que solicita en el punto XII de su escrito de
contestación de demanda y reconvención capitulo de pruebas, dígasele
que estos se desechan por ser notoriamente improcedente de
conformidad con lo que establece los numerales 3 fracción IV y 239 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, toda vez que de
admitirse tal probanza el resultado que se obtendría en nada beneficiaría
el proceso que hoy nos ocupa, toda vez que la naturaleza del presente
asunto y por la cual promovió, es para que la autoridad judicial determine
la disolución o no del vinculo matrimonial, mas no así el hoy actor recibió
o no vales de gasolina, y si la finalidad es alcazo de demostrar la
propiedad del vínculo esta quedó demostrada con el escrito inicial de
demanda, al detallarla el promovente como bienes de la sociedad
conyugal, sirviendo de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial
PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA
MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR. La doctrina
establece que son hechos jurídicos: 1. Todo lo que represente una
actividad humana; 2. Los fenómenos de la naturaleza; 3. Cualquier cosa u
objeto material (haya o no intervenido el hombre en su creación); 4. Los
seres vivos y 5. Los estados psíquicos o somáticos del hombre;
circunstancias que, al dejar huella de su existencia en el mundo material,
son susceptible de demostrarse. Por su parte, las pruebas son los
instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso
pretenden evidenciar la existencia de los
hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones
según sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio probatorio no
se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución,
sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse
en el juicio.
Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que por el solo hecho que a
una probanza le asistiera pleno valor probatorio, ello llevará al juzgador
del análisis de su contenido para determinar si la misma tiene relación
con los hechos respectivos, situación que sería contraria a la naturaleza y
finalidad procesal de las pruebas. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 166/2007.
Televisa, S.A. de C.V. y otras. 6 DE JULIO DE 2007. unanimidad de votos,
con salvedad en cuanto a las consideraciones referidas a la prueba
pericial, por parte del Magistrado Neófito López Ramos. Ponente: Víctor
Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González
Bárcena.- g) INFORME. Respecto del informe que solicita en el punto XIII
de su escrito de contestación de demanda y reconvención capítulo de
pruebas, dígasele que estos se desechan por ser notoriamente
improcedente de conformidad con lo que establece los numerales 3
fracción IV y 239 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, toda vez que de admitirse tal probanza el resultado que se
obtendría en nada beneficiaria el proceso que hoy nos ocupa, ya que el
ciudadano ***, resulta no ser parte en el presente expediente, sirviendo de
apoyo el siguiente criterio jurisprudencial PRUEBAS. PARA DETERMINAR
SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN QUE REFLEJAN
LOS HECHOS A DEMOSTRAR. La doctrina establece que son hechos
jurídicos: 1. Todo lo que represente una actividad humana; 2. Los
fenómenos de la naturaleza; 3. Cualquier cosa u objeto material (haya o
no intervenido el hombre en su creación); 4. Los seres vivos y 5. Los
estados psíquicos o somáticos del hombre; circunstancias que, al dejar
huella de su existencia en el mundo material, son susceptible de
demostrarse. Por su parte, las pruebas son los instrumentos a través de
los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de
los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o
excepciones según sea el caso. En este orden, la idoneidad de un medio
probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de
constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden
demostrarse en el juicio. Considerar lo opuesto llevaría al extremo de que
por el solo hecho que a una probanza le asistiera pleno valor probatorio,
ello llevará al juzgador del análisis de su contenido para determinar si la
misma tiene relación con los hechos respectivos, situación que sería
contraria a la naturaleza y finalidad procesal de las pruebas. TERCER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 166/2007. Televisa, S.A. de C.V. y otras. 6 DE JULIO DE
2007. unanimidad de votos, con salvedad en cuanto a las consideraciones
referidas a la prueba pericial, por parte del Magistrado Neófito López
Ramos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador
Andrés González Barcena.- k) EL INFORME. Respecto al informe que
solicita del REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL ESTADO, y al SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE
TUXPAN VERACRUZ, respecto de los ciudadanos *** y YOLANDA SOSA
GARCÍA, y al efecto es de decirle que no ha lugar a acordar favorable su
petición y que la misma se desecha de plano por ser notoriamente
improcedente de conformidad con lo que establece el numeral 3 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, ya que
estos no son parte en el presente procedimiento.- m) TESTIMONIAL a
cargo de ***Dígasele que esta se desecha de plano por ser notoriamente
improcedente de conformidad con lo que establece el numeral 3 fracción
IV del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, sirviendo
de apoyo el siguiente criterio Jurisprudencial: PRUEBA PERICIAL
PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE
GUARDA Y CUSTODIA Y PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. SU
ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE
REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO.- Conforme a la jurisprudencia sustentada por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro.
“PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL
JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y
DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE PREPARACIÓN Y
POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO”, publicada con el número 1a./J. 182/2005. en la página 478
del Tomo XXIII de enero de 2006 de la Nueva Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, la admisión y orden de desahogo
de la prueba testimonial a cargo de los menores sobre hechos materia de
divorcio necesario de sus padres puede causar daños a la salud
psicológica de aquellos porque tendrán que declarar sobre cuestiones
como violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas, etcétera,
por lo que
una prueba de esta clase debe considerarse como un acto de imposible
reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo
indirecto. Ese mismo criterio es aplicable tratándose de los casos en los
que se admita el desahogo de la prueba pericial psicológica respecto de
menores en juicios
de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad, a participar de la
misma naturaleza que aquélla, pues se puede causar al menor un daño a
su salud psicológica, la cual se encuentra protegida por el artículo 4° de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la
Convención sobre los derechos del Niño, signada por el Estado mexicano
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991,
cuya protección es obligación del Estado en todos los actos que realice
respecto de los menores, esto es así, merced a que es posible que los
menores sean sometidos por los peritos en psicología a un interrogatorio
sobre cuestiones como violencia intrafamiliar, maltrato, amenazas,
etcétera; por lo que el posible perjuicio sufrido al desahogar la prueba de
mérito no podría desaparecer ni restituírseles. PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión
31/2010. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo
Octavio García Ramos. Secretario: Arturo Ortegón Garza. Nota: Sobre el
tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 115/2010, en la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…” (Fojas 119
frente y vuelta a la 123 frente y vuelta de las compulsas del expediente
231/2012).
2o.- Inconforme con el punto segundo, incisos d), g) y h),
respecto de las pruebas admitidas al actor y con los incisos b), d), e), f), g), k) y
m), respecto de las pruebas desechadas a la demandada del auto anterior, la
demandada y reconvencionista interpuso recurso de apelación el cual se
admitió en efecto devolutivo, formándose el toca en que se actúa y habiéndose
efectuado los trámites legales correspondientes, en su oportunidad se citó a las
partes para oír la resolución que hoy se pronuncia, y;
C O N S I D E R A N D O
I.-Esta autoridad es competente para conocer del presente
recurso de apelación, de conformidad con lo establecido por los artículos 350,
351 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el
Estado de Tabasco; 25 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Tabasco.
II.- En este punto se omite la inserción integral de los agravios
que hace valer la ciudadana ***, en virtud de que se hace innecesario, ya que
consta a fojas de la dos a la dieciséis del toca que nos ocupa, de acuerdo al
principio de economía procesal y de la simplificación de la sentencia de
conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 9 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el
Estado de Tabasco, además de que no existe en la ley de la materia
disposición alguna que obligue a este Ad quem a realizar su transcripción.
En apoyo de lo anterior se invoca por analogía el siguiente criterio
jurisprudencial visible en la Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de
1998 Tesis: VI.2º. J/129 Página: 599, bajo el rubro: CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS1.
III.- Antes de entrar al estudio de los agravios planteados por la
inconforme, se hace necesario citar lo preceptuado por los artículos 1º y 133
Constitucionales, los cuales dicen:
1 “...No. Registro: 196,477 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998 Tesis: VI.2º. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca...”.
Articulo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozaran de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas
amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los estados unidos mexicanos. los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, por este
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
Articulo 133. Esta Constitución, las leyes del congreso de la
unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la republica,
con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los
jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en
las constituciones o leyes de los Estados.
De igual modo, se hace aplicable a este asunto, la tesis aislada,
consultable en la 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de
2012, Tomo 3; Pág. 2918; Registro: 200 0126, bajo el rubro: PRINCIPIO PRO
PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO
FUNDAMENTAL APLICABLE2.
Así mismo, es importante citar los compromisos internacionales en los
que nuestro País es parte, siendo estos la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belém do Pará) destacando de estas los siguientes artículos:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Artículo 2 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la
mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:
2 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3; Pág. 2918 ; Registro: 200 0126.
PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios de favorabilidad del individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el Texto Constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Amparo directo 28/2010. Demos, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto
de discriminación;
d) Abstenerse de incurrir en todo acto de práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e
instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) (Suscrita en el XXIV Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, Belém do Pará,
Brasil, Junio 6-10 1994).
Artículo 1 Para los efectos de esta Convención, debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2 Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica: que tenga lugar dentro de la familia
o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que
el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y
que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; que tenga
lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que
comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de
trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud
o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, dondequiera que ocurra.
Artículo 4 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades
consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:
el derecho a que se respete su vida;
el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
el derecho a la libertad y a la seguridad personales;
el derecho a no ser sometida a torturas;
el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se
proteja a su familia;
el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;
el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos;
el derecho a libertad de asociación;
Igualmente es necesario citar lo preceptuado por los artículos 243, 245,
246, 487, 488 y 508 del Código de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado
de Tabasco, los cuales dicen:
“...ARTICULO 243.- Medios de prueba. Las partes tendrán
libertad para ofrecer como medios de prueba todos aquellos instrumentos
que estimen conducentes para la demostración de los hechos en que
funden sus acciones y excepciones, siempre y cuando sean adecuados
para producir convicción en el juzgador.
En forma enunciativa, serán admisibles los siguientes
medios de prueba:
I. Confesión;
II. Declaración de las partes;
III. Documentos públicos y privados;
IV. Dictámenes periciales;
V. Inspección judicial;
VI. Testimonios;
VII. Fotografías, copias fotostáticas, registros
dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o vídeo, cualquier
otro tipo de reproducción y, en general, todos aquellos elementos
aportados por la ciencia y la tecnología, y
VIII. Informes de autoridades... “
“... ARTICULO 245.- Requisitos del ofrecimiento. Las pruebas
deberán ser ofrecidas en relación con los hechos que se pretendan
demostrar, de los escritos con los que se fija el debate. Si no se hace
esta relación en forma precisa, serán desechadas. En el ofrecimiento de
pruebas deberá, además, observarse lo siguiente:
I. El ofrecimiento se hará cumpliendo con los requisitos
que este Código señala en forma especial para cada medio de prueba, y
II. Los documentos y pruebas que se acompañen con los
escritos que fijan el debate, serán tomados en cuenta aunque las partes
no los ofrezcan dentro del periodo probatorio.
Las pruebas se recibirán siempre con citación de la parte
contraria y de acuerdo con las reglas que para cada una de ellas se
establecen en los capítulos siguientes...”
“...ARTICULO 246.- Admisión y desechamiento de pruebas.
Al día siguiente de que termine el período de ofrecimiento de pruebas, el
secretario deberá dar cuenta con los escritos de ofrecimiento al juzgador,
quien dictará resolución en la que determine las pruebas que se admitan
o se desechen. Cuando sea excesivo el número de testigos ofrecidos, el
juzgador prevendrá al oferente para que lo reduzca al que estime
prudente. No se admitirán pruebas ofrecidas en forma extemporánea o en
contravención a las reglas establecidas en este Código, ni pruebas que
sean contrarias al derecho o al respeto y la dignidad de la persona o que
se refieran a hechos no discutidos, imposibles o notoriamente
inverosímiles.
El auto que admita o deseche pruebas será apelable en el
efecto devolutivo, cuando fuere apelable la sentencia definitiva. En los
demás casos procederá el recurso de reconsideración...”
“...ARTICULO 487.- Orden público. Todos los asuntos
inherentes a la familia se considerarán de orden público, por constituir la
base de la integración de la sociedad. Por tanto, en todos los asuntos que
trata este Título deberán tener intervención el Ministerio Público y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia....”
“...ARTICULO 488.- Suplencia de la deficiencia. En todos los
asuntos del orden familiar los jueces y tribunales estarán obligados a
suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de hecho y de
derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones
legales relativas a alimentos, el juzgador deberá exhortar a los
interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias
mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por
terminado el procedimiento...”
“…ARTICULO 508.- Facultades del juzgador. En los juicios
de divorcio necesario, la sentencia resolverá de oficio lo relativo al
cuidado de los hijos, patria potestad, división de los bienes comunes,
alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las partes no lo hayan
pedido.
Para ello, desde la iniciación del procedimiento el juzgador
deberá recabar de oficio los medios de prueba que sean pertinentes para
decidir sobre tales cuestiones. …”
De la interpretación sistemática de los preceptos legales antes
citados, se obtiene que las partes tendrán libertad para ofrecer como medios de
prueba todos aquellos instrumentos que estimen conducentes para la
demostración de los hechos en que funden sus acciones y excepciones,
siempre y cuando sean adecuados para producir convicción en el juzgador, de
las cuales serán admisibles, la Confesión; la Declaración de las partes; los
documentos públicos y privados; los Dictámenes periciales; la Inspección
judicial; Los Testimonios, Fotografías, copias fotostáticas, registros
dactiloscópicos, grabaciones en disco, casete, cinta o vídeo, cualquier otro tipo
de reproducción y, en general, todos aquellos elementos aportados por la
ciencia y la tecnología, y
los Informes de autoridades, las cuales deberán ser ofrecidas en relación con
los hechos que se pretendan demostrar, en caso contrario serán desechadas, y
cumpliendo con los requisitos que este Código señala para cada medio de
prueba, que las pruebas confesión judicial y de declaración de partes, podrán
ofrecerse desde los escritos de demanda y contestación a la demanda y hasta
diez días antes de la audiencia de pruebas, que no se admitirán pruebas
ofrecidas en forma extemporánea o en contravención a las reglas establecidas
en este Código, que todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán
de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad, y se
rigen conforme a las reglas de que para la investigación de la verdad, el
juzgador podrá ordenar cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes, que
el principio preclusivo, en cuanto signifique un obstáculo para el logro de la
verdad, no tendrá aplicación y la admisión de hechos y el allanamiento no
vinculan al Juzgador y que En los juicios de divorcio necesario, la sentencia
resolverá de oficio lo relativo al cuidado de los hijos, patria potestad, división de
los bienes comunes, alimentos de los cónyuges y de los hijos, aunque las
partes no lo hayan pedido, para lo cual deberá recabar de oficio los medios de
prueba que sean pertinentes para decidir sobre tales cuestiones.
IV.- Señalado lo anterior, y del análisis del agravio expuesto por
la apelante y a la revisión de las constancias procesales que integran el
principal, este Cuerpo Colegiado estima que los mismos resultan FUNDADOS
unos e INFUNDADOS otros, por las consideraciones siguientes:
Primero que nada, es necesario citar, que de los motivos de
agravios que hace valer la apelante, respecto de las pruebas ofrecidas y
admitidas a la parte actora de la acción principal ***, solo se analizarán los
relativos a las documentales consistentes en veinticinco fotografías a colores y
la reproducción de video contenidos en una unidad de memoria conocidas
comúnmente como “USB”, en razón de que los señalamientos hechos en torno
a la prueba criminalística, que también fue ofrecida por el demandante, con el
fin de que el experto designado en autos, extrajera de la citada unidad de
almacenamiento de datos, fotografías y elaborara un análisis de sonido para
identificar las voces que ahí se escuchan e identificar a las personas a las que
pertenecen, cuya admisión fue detallada en el inciso h) del auto recurrido, no
fueron admitidos, en razón de que por auto de dos de enero de dos mil trece,
consultable a foja ciento veintiséis y ciento veintisiete del toca en que se actúa,
se tuvo por perdido el derecho de aceptar y protestar el cargo de perito al
especialista designado, por no haberlo hecho dentro del plazo de ley, lo que
trajo como consecuencia que al oferente se le tuviera por desistido del
desahogo de la misma, lo que a su vez condujo a este Tribunal a declarar
como inadmisible el recurso interpuesto, por considerar que a nada práctico
conduciría analizar la legalidad de la admisión del mencionado medio
probatorio, conforme a lo señalamientos expresados, si la misma fue
desechada o desestimada por causas imputables al propio interesado, tal y
como se desprende de la parte in fine del punto cuarto del proveído de
veintiuno de febrero del año en curso, dictado en los autos del cuadernillo de
compulsas que integran el toca en estudio.
Precisado lo anterior, se declara infundado por una parte el
señalamiento de la apelante, en el sentido de que no debieron serle admitidas
al actor ***, las pruebas consistente en veinticinco fotografías a colores, la
reproducción de video y fotografía contenidos en una unidad de memoria
conocidas comúnmente como “USB”, las cuales fueron detalladas en los
incisos d) y g) del punto segundo del auto de veintinueve de octubre de dos mil
doce, por considerar que no tienen relación con los hechos que conforman la
litis, y porque son contrarias al derecho, al respeto y su dignidad como mujer, y
alentan al morbo al pretender reproducir imágenes de actos íntimos, toda vez
que si bien es verdad que parte del material probatorio descrito, no se
encuentra vinculado a los hechos que conforman la causal de divorcio invocada
por el actor, esto es a la causal IX del artículo 272 del Código Civil en vigor,
que indica que será motivo de divorcio necesario, “La separación de los
cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que haya
originado la separación. En este caso el divorcio podrá ser demandado
por cualquiera de los cónyuges; pero si quien lo reclama es el que se
separó, deberá acreditar haber cumplido con sus obligaciones
alimentarias; pues de la revisión efectuada al escrito inicial de demanda del
actor, visible a fojas de la treinta y dos a la treinta y siete del toca, en particular
al capítulo de hechos en que se sustenta la acción ejercitada, se desprende
que el promovente indicó como hecho sustancial de la misma: “…Que en el
año de 1998, contrajo matrimonio civil con la demandada, que procrearon
tres hijos menores de edad, que su domicilio conyugal lo establecieron en
la calle Camelia, lote 26, manzana 15 del fraccionamiento Blancas
Mariposas de esta Ciudad capital, que a partir del ocho de julio de dos
mil diez, se encuentra separado del domicilio conyugal, y se fue a
vivir a casa de sus padres, ubicado en la calle Barcazas 215 del
fraccionamiento José Colomo de la colonia Atasta de esta Ciudad…”.
Cierto es, que el oferente no relacionó las pruebas descritas con
los hechos de su demanda, sino con los que esgrimió a modo de defensas y
excepciones respecto de la contestación de demanda que hizo la ciudadana
***, y de la acción de divorcio necesario basada en las causales I y XIX que
contempla el artículo 272 del Código Civil en vigor, que en vía de reconvención
planteó la incoada en su contra, pues así se advierte del escrito visible a foja de
la setenta y nueve a la noventa y nueve de las compulsas del toca en estudio,
en el que el actor ***, plasmó a lo largo de dicho escrito, y en lo que resulta
indispensable para éste punto, que la actora reconvencista, gusta de consumir
bebidas embriagantes, en compañía de otras personas, y de sostener
relaciones de carácter íntimo con personas del sexo masculino, a la vez que
también ha desplegado conductas que dañan la integridad física, psicológica y
moral de sus menores hijos, a quienes les ha provocado lesiones físicas y
malos tratos, circunstancias, que permiten afirmar que parte de las pruebas
referidas si cumplen con la condición que señala el numeral 245 del Código de
Proceder de la materia, esto es, que si está relacionada con los hechos que se
pretenden demostrar, de los escritos que fijan el debate, y se hace ésta
afirmación, pues al analizar este Tribunal de alzada, con la debida prudencia,
discreción y objetividad, el contenido visual del material probatorio aludido, el
cual dicho sea de paso, no está integrado a las constancias del toca, pero fue
adjuntado al mismo por separado, en un sobre cerrado, que contiene treinta y
seis impresiones fotográficas a colores, adheridas en hojas blancas tamaño
carta y oficio, y una memoria ó USB, en color azul con partes en color negro,
de la marca Datatraveler, se concluye, que los hechos que en ellas se
reproducen, son los que describe el oferente en el escrito en cuestión, y por
tanto, es inconcuso, que las pruebas aludidas, si guardan relación con los
hechos a demostrar, y son conducentes para corroborar los argumentos del
oferente.
Aunado a lo anterior, es de destacar que en los juicios de divorcio
necesario, la necesidad probatoria, no solo se constriñe a la comprobación de
los elementos de la causal que se invoque, sino la de abordar y pronunciarse
sobre otros aspectos que se encuentran vinculados de manera directa a la
existencia ó extinción del matrimonio, ya que así lo ordena el numeral 508 del
Código de Procedimientos Civiles en vigor, que establece como parte de las
obligaciones de los juzgadores, resolver de oficio lo relativo al cuidado de los
hijos, patria potestad, división de los bienes comunes, alimentos de los
cónyuges y de los hijos, por lo que en ese tenor, las pruebas descritas, aun
cuando no estuvieran relacionadas con los hechos de la litis planteada por los
litigantes, serían admisibles, porque si bien no se vinculan de manera
inmediata a la causal o causales invocadas o a las defensas opuestas, al
contener hechos relativos a la conducta de uno de los cónyuges, pueden ser
útiles, para resolver otras cuestiones que no son materia de la controversia de
fondo, pero que necesariamente deben ser abordadas por el juzgador, y en la
especie, es evidente que el resolutor al momento de estudiar en sentencia
definitiva, los elementos de las acciones sometidas a debate, deberá resolver
otras cuestiones, como la relativa a la situación de los hijos, en atención a lo
dispuesto por el referido numeral 508, lo cual solo podrá verificar si tiene a la
vista el material probatorio apto y suficiente que le permita decidir con justicia lo
tocante a ésta circunstancia, y en ese sentido, las pruebas descritas, a juicio de
este Tribunal y sin prejuzgar sobre su eficacia probatoria, resultan de interés y
trascendencia para el fallo, dado que otorgan por el momento y por si solas, un
indicio del comportamiento de uno de los litigantes, que las hace admisibles, y
útiles al proceso, ya que es precisamente la conducta de los padres hacia los
hijos de forma directa ó indirecta, (entre otros elementos) lo que le permitirá al
resolutor, decidir lo que sea mas favorable para estos, ya que pueden
constituir, un elemento más de prueba para ello, que permitirá en la medida de
lo posible, el dictado de una sentencia definitiva justa y apegada a derecho.
Ahora bien la parte fundada del argumento que se analiza, estriba
en que del referido material probatorio, no todo es admisible, pues como bien lo
sostiene la recurrente, las fotografías y videos que reproducen actos de
carácter sexual, en los que participa la demandada reconvencista, violentan el
respeto y la dignidad de su persona, pues se pone a la vista de terceros,
incluyendo la autoridad, actos de su vida privada e íntima, que se quiera o no,
genera el interés y curiosidad malsana por enterarse de situaciones, que más
allá de ser ciertas o no, pueden ser catalogadas como obscenas o inmorales, y
se pierde el respeto a uno de los derechos fundamentales del ser humano,
contenidos en nuestra Carta Magna, en el párrafo primero del artículo 16, como
de gozar de una vida privada e intima, que se distingue por decidir lo que una
persona desea compartir con aquellos que elige, y que también está
reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que
nos vinculan, como la Declaración Universal de los Humanos (artículo 12),
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 17), la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos
(artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16), al
interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado
que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las
personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones
con los demás o solas, así pues, y al margen de la condición de género, la idea
de privacidad en nuestro contexto cultural, se refiere a que las personas tienen
derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede
reservado de la invasión y la mirada de los demás, esto es el de mantener
fuera del conocimiento de los demás, incluido el círculo de la familia, ciertas
manifestaciones de su existencia (conducta, datos, información, objetos), en un
sentido amplio, la protección constitucional de la vida privada implica poder
conducir parte de la vida de una persona, protegida de la mirada e injerencias
de los demás, que a su vez guarda conexión con pretensiones más concretas
como las del derecho de impedir la divulgación de ciertos hechos, más aun
cuando son de carácter íntimo.
Bajo estas consideraciones, este Tribunal, estima que del material
probatorio del que se duele la apelante, no deben admitirse las que lleven
como fin la comprobación y reproducción de actos íntimos de tipo sexual, en la
que haya participado la recurrente con tercera persona, pues son pruebas que
sin duda afectan su dignidad, ya que producen un impacto psicológico, social y
anímico en su persona, y despiertan el interés malicioso de terceros, máxime
cuando la infidelidad por parte de la demandada, no fue invocada como causal
de divorcio por el actor, quien como ya se dijo, basó su pretensión en la causal
IX del artículo 272 del Código Civil en vigor, en cuyos elementos no está el de
demostrar este tipo de circunstancias, es decir, no corresponden a los hechos
debatidos en sustancia, y si bien se relacionan con parte de las defensas que
éste opuso en replica a lo contestado por la apelante en su demanda de
reconvención, no menos cierto es que son pruebas que no son admisibles por
disposición de ley, pues el articulo 246 del Código adjetivo civil, señala en lo
que importa, “…No se admitirán pruebas ofrecidas en forma extemporánea
o en contravención a las reglas que sean contrarias al derecho o al
respeto y la dignidad de la persona o que se refieren a hechos no
discutidos…”, luego entonces, es claro que las reproducciones fotográficas y
de video que ofrece el actor, para demostrar hechos de tipo sexual, no se
ajusta a lo dispuesto por el numeral en cita, y contraviene lo señalado en los
compromisos internacionales mencionados en el párrafo anterior, cuyo objeto
es eliminar, prevenir y sancionar toda forma de discriminación hacia la mujer, y
por tanto, deben ser desechadas de plano, conservándose únicamente
aquellas imágenes que sean ajenas a estos, dado que pueden ser útiles para
resolver otras cuestiones vinculadas al ejercicio de la acción de divorcio
necesario, lo que conduce a este Tribunal a modificar los incisos d) y g) del
punto segundo del auto de admisión de pruebas, en el apartado
correspondiente a las pruebas ofrecidas por el actor reconvenido, para
especificar la parte de las fotografías y videos que si deben ser admitidos.
Ilustra lo anterior, la tesis aislada, visible en la Novena Época.
Registro: 169700. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. XXVII, Mayo de 2008. Materia(s): Constitucional.
Tesis: 2a. LXIII/2008. Página: 229, bajo el rubro: DERECHO A LA
PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS3.
Del mismo modo, resulta fundado el señalamiento hecho por la
apelante, respecto de que no debió desecharse la prueba de declaración de
partes que ofreció, pues a pesar de que en el escrito de expresión de agravios
la recurrente, omitió expresar los motivos de inconformidad en contra de ésta
probanza, al realizar este ad quem, una revisión oficiosa del acto recurrido en
particular, en atención a la suplencia de la deficiencia que señalan los artículos
361 y 488 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, que en su conjunto
establecen, que el Tribunal de alzada, se encuentra facultado y obligado para
que en los asuntos del orden familiar, como el que nos ocupa, se supla la
deficiencia de los agravios o la falta de ellos, y en ese sentido, basta que se
indique o precise el acto de autoridad que causa perjuicio, para que se proceda
al análisis de las constancias procesales que integran el principal, para
determinar si dicho proceder del juzgador, se encuentra o no ajustado a
derecho y en base a ello decidir el sentido que deba imperar en el mismo, así
pues, es de afirmar, que en efecto, es incorrecto lo determinado por el a quo,
respecto a la prueba referida, ya que al verificar este Tribunal, el contenido
literal del inciso b) del punto segundo del auto de veintinueve de octubre de dos
mil doce, se advierte con claridad que lo proveído no corresponde a la admisión
y preparación de la prueba ofrecida, sino a su desahogo, pues al referir la
resolutora que ésta se declaraba desierta, por no haber comparecido la
3 Novena Época. Registro: 169700. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Mayo de 2008. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXIII/2008. Página: 229. DERECHO A LA PRIVACIDAD O INTIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Dicho numeral establece, en general, la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado, de lo que deriva la inviolabilidad del domicilio, cuya finalidad primordial es el respeto a un ámbito de la vida privada personal y familiar que debe quedar excluido del conocimiento ajeno y de las intromisiones de los demás, con la limitante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para las autoridades. En un sentido amplio, la referida garantía puede extenderse a una protección que va más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que se desenvuelve normalmente la privacidad o la intimidad, de lo cual deriva el reconocimiento en el artículo 16, primer párrafo, constitucional, de un derecho a la intimidad o vida privada de los gobernados que abarca las intromisiones o molestias que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de la vida. Amparo en revisión 134/2008. Marco Antonio Pérez Escalera. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.
declarante, deja la impresión de que la prueba fue admitida con anterioridad,
cuando precisamente en el auto recurrido fue en el que se admitieron y
desecharon las pruebas ofrecidas por las partes, por ende lo que debió
asentarse en el citado inciso, es si la prueba se admitía o no y las causas
legales de la misma.
En tal razón, y al advertir que la mencionada prueba de
declaración de partes ofrecida por la apelante a cargo del actor ***, fue ofrecida
para probar todos los hechos del escrito de contestación y de la demanda de
reconvención planteada por la apelante, y su ofrecimiento se hizo dentro del
plazo de ley, es evidente que cumple para su admisión, con una de las
exigencias que señalan los numerales 245 y 259 del Código de Proceder de la
materia, por lo que en reparación del daño causado a la apelante, este Tribunal
determina modificar el inciso b) del punto segundo del auto de admisión de
pruebas, en especial del apartado que se refiere a las pruebas ofrecidas por la
parte demandada, para que se proceda a la admisión de la prueba en cuestión,
con el debido apercibimiento de ley, quedando a reserva del Juzgado de
origen, la fijación de la fecha y hora para su desahogo, conforme lo permita la
agenda de labores que para tal fin se llevan en los Juzgados.
Por otra parte también es fundado el señalamiento de la apelante,
respecto que la prueba pericial en materia de psicología, que ofreció respecto a
ella y sus menores hijos ***, ***y ***, de apellidos ***, no fue acordada en los
términos en que fue ofrecida, pues no obstante que al igual que en la prueba
de declaración de parte que ofreció, omite precisar las causas por las que
sostiene tal señalamiento, este Tribunal en base a la suplencia de la deficiencia
de agravios que señalan los numerales 361 y 488 del ordenamiento legal citado
en el párrafo anterior, advierte que la citada prueba no fue proveída en los
términos en que fue anunciada, pues el Juzgador en el inciso d) del punto
segundo del auto apelado, en el que se refiere a la misma, señaló que ésta
probanza se ofreció respecto de ***, ***y *** de apellidos ***, lo cual es
incorrecto, porque del escrito de contestación a la demanda y reconvención
que obra visible a fojas de la cuarenta y uno a la sesenta y dos del cuadernillo
de compulsas que conforman el toca en estudio, precisamente del capítulo de
pruebas, en su punto X, se tiene que la mencionada prueba, la ofreció la
demandada reconvencista en los términos antes citados, esto es, en torno a
ella y sus tres menores hijos, por lo que es evidente que la Juzgadora erró, al
incluir en la prueba en cuestión al actor ***, y excluir a los menores *** y ***de
apellidos ***, cuando la oferente indicó de manera clara y precisa el nombre de
las personas en las que debería practicarse la valoración psicológica ofrecida,
por lo que en reparación de este agravio, este Cuerpo Colegiado, considera
necesario modificar el inciso aludido, del apartado que se refiere a las pruebas
ofrecidas por la parte demandada, para que se indique que la citada probanza,
deberá efectuarse sobre la oferente ***y sus menores hijos ***, ***y ***, de
apellidos ***.
Igualmente es fundado el argumento de la apelante, en el
sentido de que la prueba de informes que ofreció a cargo de la Paraestatal
Petróleos Mexicanos, para que indicara en esencia, si al ciudadano ***, se le
descontaba de su salario el crédito hipotecario 54262, y número de cuenta
9984, respecto de la casa 216 de la calle camelia, del fraccionamiento Blancas
Mariposas, de esta ciudad, a partir de que fecha, se le dejó de realizar dicho
descuento, si se le continúa proporcionando el pago de gasolina, de la unidad
automotriz, Grandis, color blanco, marca Mitsubishi, modelo 2007, con placas
de circulación *** del Estado de Tabasco, de no ser así, desde cuando, y los
motivos del mismo, o bien si dicho beneficio se le realiza a una unidad distinta,
si debió ser admitida, pues no obstante que tampoco precisa las razones de su
postura, este Tribunal en suplencia de la deficiencia de agravios, ya invocada
con anterioridad, advierte de la revisión efectuada al inciso f) del punto segundo
del auto de admisión de pruebas, en el apartado que corresponde a las
pruebas de la parte demandada reconvencista, se advierte que contrario a lo
señalado por la Juzgadora de origen, dicha probanza, no solo guarda relación
con los hechos que la oferente expuso en su escrito de contestación a la
demanda y de reconvención, sino que es conducente no solo para corroborar
sus argumentos, sino para el objeto del proceso, tomando en cuenta que la
causal de divorcio en la que se basa la apelante para ejercitar la acción
correspondiente, es la que contiene la causal XIX del artículo 272 del Código
Civil en vigor, que textualmente dice, será motivo de divorcio necesario, cuando
existan indicios suficientes de violencia familiar contra algunos de los
cónyuges, o los hijos de ambos o de alguno de ellos, lo que obliga a la
demandante aportar cualquier elemento de prueba encaminado a justificar tal
circunstancia, y si se considera también, que el artículo 403 bis del mismo
ordenamiento legal, describe de forma precisa y detallada los actos u
omisiones del que se compone el concepto general de violencia familiar, dentro
de los que destaca la fracción IV, que define a la violencia económica, como
toda acción u omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la
victima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el
ingresos de sus percepciones económicas, por lo que en ese sentido, y al
advertir que lo pretendido por la oferente con dicha prueba, es demostrar que el
actor reconvenido, ha dejado de recibir el beneficio de gasolina que la referida
empresa otorga a sus empleados, respecto del vehiculo descrito, y que según
la apelante, está a su disposición y también que ha dejado de cubrir los pagos
del crédito mediante el cual se adquirió la casa en la que habita en compañía
de sus menores hijos, con el notorio fin de causarle un perjuicio económico a la
demandante, al tener que cubrir el gasto de consumo de combustible de dicho
vehiculo y de correr el riesgo de que sea desalojada de la vivienda por falta de
pago, actos que sin duda y sin prejuzgar sobre su veracidad, se colocan dentro
del concepto de violencia familiar en su aspecto económico y por ende hacen
pertinente la prueba.
Lo anterior es así, pues es innegable que todo acto de presión ejercida
por el cónyuge masculino, directa ó indirectamente y sin prejuzgar sobre su
veracidad, debe ser objeto de prueba no solo por ser una carga procesal de la
demandada o de manera oficiosa por el resolutor, sino porque esto constituye
una protección a sus derechos fundamentales como mujer, el cual no solo tiene
como origen nuestra carta Magna, sino diversos instrumentos y compromisos
internacionales como La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (Belém do Pará); en los que nuestro País, ha participado con el objeto
de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, considerando como base de
ello, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reafirma el
principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede
invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración,
ponderando además, que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y a la mujer la
igualdad en el goce de todos sus derechos al amparo y determinación de las
convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados para favorecer la igualdad de
derechos entre el hombre y la mujer, de ahí que la observancia a tales
compromisos, por encima de las normas secundarias, no solo es una cuestión
de jerarquía de la ley, sino de importancia social, al considerar como elementos
relevantes de estudio, y en un plano de igualdad de géneros, los derechos que
le asisten a la demandada ***, no solo en su condición de ser humano, sino en
especial de ser mujer, tales como el de probar y de que se le admitan todas las
pruebas que se consideren conducentes para la demostración de actos que
violenten en su contra y de sus menores hijos, el ámbito familiar al que
pertenece, razón por la que es necesario que en aras de una impartición de
justicia apegada a los lineamientos internacionales, se le admitan los medios
probatorios descritos.
Por lo que en ese sentido, y dado que los hechos que se pretenden
demostrar con la prueba referida, son hechos que integran la litis, y
susceptibles de ser probados, conforme a la carga probatoria que establece el
numeral 240 del Código de Proceder de la materia, y además que al ser el
objeto de las pruebas demostrar los hechos controvertidos por las partes en los
escritos que fijan el debate, es claro que la Juzgadora de origen, debió en
razón de ello, admitir la prueba en cuestión, ya que se encuentra ajustada a
derecho, máxime que como ya se dijo, es un medio de prueba conducente no
solo para probar los señalamientos de la oferente, sino que también es
pertinente con el proceso, por lo tanto y en resarcimiento al daño causado a la
recurrente, este Cuerpo Colegiado, determina modificar el referido inciso f) del
punto segundo del auto de admisión de pruebas, del apartado que corresponde
a las pruebas de la parte demandada reconvencista, para proceder a la
admisión y preparación del informe peticionado.
En lo que no le asiste la razón, es en lo referente al
desechamiento de la prueba pericial en materia genética, que ofreció con la
finalidad de demostrar que el actor, procreó una hija fuera de matrimonio, ya
que contrario a lo que sostiene este Tribunal, avala la decisión de la Juzgadora,
de desechar la misma, no por las razones que expuso, sino porque la misma
resulta impertinente u ociosa, tomando en cuenta y sin prejuzgar sobre la
eficacia demostrativa que pudieran adquirir las pruebas rendidas en autos, al
momento de dictar sentencia definitiva, el hecho de infidelidad imputado al
reconvenido, y que sin duda integra parte de los hechos de la litis, dado que
una de las causales de divorcio invocadas por la apelante, es la que se
describe en la fracción I del artículo 272 del Código Civil en vigor, consistente
en el adulterio del cónyuge demandado, fue reconocido por éste en el escrito
en el que dio réplica a la contestación y demanda de reconvención de la
recurrente, visible a foja de la setenta y nueve a la noventa y nueve del
cuadernillo de compulsas del toca, precisamente en el punto 8 de la
contestación a la reconvención, en el que admitió expresamente y en lo que
interesa, “…Es cierto que el suscrito procree a la menor ***, con la señora
***…”; y por tanto, es claro que no existe controversia alguna sobre este punto,
que amerite la necesidad de la citada probanza, máxime que la propia
apelante, (según lo sostuvo en su escrito de contrademanda), tuvo
conocimiento de lo anterior, al tener en sus manos el acta de nacimiento de la
menor citada, la cual se considera útil y suficiente para corroborar lo anterior,
considerando lo imposible que resulta justificar en juicio el acto propio de la
relación intima por parte de uno de los cónyuges con tercera persona, tan es
así, que ésta dificultad ha conducido a nuestro máximo órgano de
interpretación de Leyes, a emitir tesis en los que sostiene el criterio de que la
causal de divorcio sustentada en el adulterio, puede ser demostrada con
pruebas indirectas que revelen el comportamiento impropio de la pareja con
persona distinta a su esposo o esposa, así pues, el acta de nacimiento de un
hijo reconocido por uno de los consortes con tercera persona, es idónea para
tales fines, ya que la procreación biológica de un ser humano, es producto en la
mayor de las veces, de una relación de carácter sexual, lo que demuestra de
modo indirecto el acto de infidelidad reclamado.
De lo que se sigue, que la prueba pericial en materia genética,
ofrecida por la recurrente, es innecesaria porque se tiene al alcance un medio
de prueba de mayor relevancia jurídica, como es el acta de nacimiento del hijo
que unos de los cónyuges procreó con tercera persona, el cual dicho sea de
paso, puede ser allegado a los autos en cualquier momento del proceso, en el
caso de que no haya sido integrada oportunamente, conforme a las reglas
generales que establece el articulo 489 del Código de Procedimientos Civiles
en vigor, además que en el supuesto de que dicha prueba se admitiera en los
términos en los que fue ofrecida, es decir, en realizar un estudio sobre material
genético obtenido del actor ***y de la menor ***, se violentarían de manera
importante e irreparable, los derechos fundamentales de terceros, que nada
tienen que ver con lo que se discute en juicio, sobre todo tratándose de
menores de edad, para quienes existe una mayor protección de sus derechos,
y en especial sobre asuntos en los que no está en discusión ni se ven
afectados sus derechos particulares, pues el interés superior del menor,
protegido por la Constitución Federal, y en las convenciones y compromisos
internacionales adoptados por nuestro país, como la Convención sobre los
Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de enero de 1991); y en la Ley para la Protección de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debe respetarse cuando los
derechos del menor del que se trata, es motivo de controversia, pero no
cuando lo que ventila es ajeno a sus intereses, como sucede en la especie, y
en todo caso y en observancia a tal interés superior, no debe inmiscuírsele, ni
causársele la más mínima molestia, si no forma parte del juicio, ni se ve
afectado por el mismo, razones por las que se avala, el desechamiento
decretado por la Juzgadora de origen, de la prueba en materia genética.
De igual manera tampoco le asiste la razón a la recurrente,
cuando afirma que debió admitirse la prueba testimonial que ofreció a cargo de
su menor hijo *** ***, en razón de que no obstante que omite las razones de
ello, y que tampoco la Juzgadora expuso los argumentos que motivaron su
determinación, este ad quem, en suplencia de la deficiencia de agravios,
advierte que si bien la a quo, no señaló las causas o razones del porque no se
admitió la prueba en cuestión, pues solo indicó que la misma era notoriamente
improcedente conforme a lo dispuesto por el numeral 3 fracción IV del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, y se apoyó en los criterios jurisprudenciales
que llevan por rubro: “PRUEBA PERICIAL PSICOLOGICA A CARGO DE LOS
MENOPRES HIJOS EN EL JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA Y PERDIDA
DE LA PATRIA POTESTAD. SU ADMISION Y DESAHOGO CONSTITUYE
UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION Y POR TANTO, EN SU CONTRA
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO” y “PRUEBA
TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE
DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISION Y DESAHOGO
CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION Y POR TANTO EN
SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO”, también lo
es que al haber citado tales criterios, en particular el segundo de ellos, puede
entenderse las razones de su proceder, pues al analizar el contenido del
criterio aludido, se llega a la conclusión de que el desechamiento de la prueba,
no obedece a cuestiones de orden procesal, sino a circunstancias relacionadas
de manera directa con el menor, evitando que éste no se vea involucrado en el
asunto que enfrenta a sus padres, y pueda traerle un daño irreparable a su
salud mental, máxime si lo que se pretende es que éste exponga situaciones
relacionadas con violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas,
etcétera, aunado a que la salud psicológica de los menores es un derecho
protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, signada por el
Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
enero de 1991, por lo tanto, es inconcuso que ese derecho constituye una
garantía individual y un derecho sustantivo cuya protección es obligación del
Estado en todos los actos que realice respecto de los menores; de ahí que
cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental, como el de
fungir como testigo de uno de sus padres, debe evitarse a toda costa, aun
cuando su dicho resulte indispensable y procedente conforme a lo dispuesto
por el párrafo tercero del numeral 291 del Código de Proceder de la materia,
pues en estos casos, lo que debe prevalecer es lo que ordena la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, en el que
obliga a la autoridad judicial a la observancia y cumplimiento estricto de los
derechos humanos establecidos en convenios y tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte, en cumplimiento al principio de jerarquía de
la ley, mediante el cual se debe atender en primer orden lo que establece la ley
fundamental, y el principio pro persona, que explica que la elección de la norma
para substanciar un determinado asunto, será aplicable -en materia de
derechos humanos-, aquella que represente una mayor protección para la
persona o que implique una menor restricción, y en la especie, es claro que lo
dispuesto por el articulo 291 del Código de Proceder de la materia, contraviene
el contenido de los citados compromisos internacionales, al contemplar la
posibilidad de que los menores de edad, sean involucrados en un proceso
judicial, que pudiera traerles consecuencias a su salud, de ahí que, se
comparta el desechamiento de la prueba testimonial referida.
Así mismo, tampoco le asiste la razón a la apelante, cuando alega
que las pruebas de informes que ofreció, para que la empresa Petróleos
Mexicanos informara los ingresos económicos que por concepto de pensión
jubilatoria y demás prestaciones económicas y en especie que percibe el
trabajador ***, los tipos de créditos a que tiene derecho, si cuenta con crédito
de vivienda, el nombre de las personas a las que tiene dada de altas en el
servicio médico, que le provee la citada empresa; para que la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, informara si
los señores *** y ***, separada o conjuntamente tiene algún o algunos predios
rústicos ó urbanos, inscritos a sus nombres y por ultimo para que el Servicio de
Administración Tributaria de Tuxpan, Veracruz, informara los datos de registro
federal de contribuyentes de las citadas personas, debieron ser admitidas,
mismas que fueron desechadas en los incisos g) y k) del punto segundo del
auto recurrido, del apartado correspondiente a las pruebas ofrecidas por la
parte demandada, en razón de que a pesar de tampoco indica las causas por
las que sostiene su argumento, de la revisión efectuada por este Cuerpo
Colegiado a los escritos que conforman la litis, tanto de la acción principal
como la planteada en vía de reconvención, en observancia a la suplencia de la
deficiencia de agravios que indican los numerales 361 y 488 del Código de
Proceder de la materia, se concluye que si bien dichas probanzas guardan
relación con los hechos aducidos por la oferente, y que además la actora, tiene
el ineludible deber de probar las proposiciones de hechos en los que basa sus
pretensiones, conforme a la carga procesal que le impone el numeral 240 del
mismo ordenamiento legal, también lo es, que la admisión de tales probanzas a
nada practico conducen, aún cuando fueren admitidas, tomando en cuenta que
en efecto se trata de información de personas ajenas a la controversia, que en
nada coadyuva al mejor cercioramiento de los hechos que conforman la litis,
los cuales se constriñen a la verificación de las circunstancias que dan origen,
en especial a las causales de divorcio invocada por las partes en sus
respectivos escritos de demanda y reconvención.
Y en ese tenor, de nada sirve al proceso justificar los
planteamientos que pretende la oferente con las pruebas de informes aludidos,
pues aun cuando los vincule a los hechos que adujo para sustentar la causal
de divorcio de violencia familiar que hizo valer en contra del actor, cierto es que
estas cuestiones no son conducentes ni contribuyen a la comprobación de la
misma, ya que de la lectura al contenido de la fracción XIX del artículo 272 del
Código Sustantivo Civil, se desprende que los actos de violencia que deben
invocarse para la procedencia de ésta causal, deben ser atribuibles al cónyuge
demandado y el hecho de que los padres de este, es decir, los ciudadanos *** y
***, cuenten con ingresos económicos y bienes inmuebles y estén dados de
alta como contribuyentes, no resulta de utilidad al proceso, por ser
circunstancias que nada tienen que ver con los hechos sustanciales del
proceso, ni con los cuestiones inherentes a la disolución del matrimonio, que el
Juzgador debe abordar de manera oficiosa, en caso de que cualquiera de las
acciones planteadas resulte procedente, por ende, ni benefician ni afectan los
derechos de la oferente, que se admitan tales probanzas, por lo que tal y como
lo determinó la juzgadora, estas son manifiestamente impertinentes con el
objeto del proceso, y por ende se considera correcto su desechamiento, en
términos de lo que dispone la fracción IV del articulo 3 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.
Congruente con lo anterior y ante lo FUNDADO de unos e
INFUNDADOS de otros de los agravios esgrimido por ***, se MODIFICA el
punto Segundo del auto apelado, dejando intocados los demás que lo integran.
Por lo expuesto y de conformidad con el artículo 351 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor, es de resolver y se:
R E S U E L V E :
Primero.- Esta Sala resultó competente para conocer y resolver
el presente recurso de apelación.
Segundo.- Resultaron FUNDADO unos e INFUNDADOS otros de
los agravios vertidos por la apelante ***.
Tercero.- Se MODIFICAN los incisos d) y g) del punto segundo
del auto de admisión de pruebas de veintinueve de octubre de dos mil doce, del
apartado correspondiente a las pruebas de la parte actora reconvenida, y los
b), d) y f) del mismo punto pero del apartado que corresponde a las pruebas de
la parte demandada reconvencista, pronunciado por la Jueza Tercera de lo
Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en
los autos del expediente ***/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil de Divorcio
Necesario y Acción Reconvencional de Divorcio, el primero promovido por ***y
el segundo por ***, quien a su vez es parte demandada en contra del actor,
para quedar como sigue:
“...SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 237, 243, 245
y 246 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se
admiten a las partes las pruebas siguientes:
De la parte actora ***:
d) Documentales, consistentes en veinticinco fotografías a
colores y en formato original, de las cuales se excluyen y desechan
aquellas imágenes que reproducen actos de carácter sexual, en los que
aparentemente participa la demandada reconvencista, ya que violentan
uno de los derechos fundamentales del ser humano, contenidos en
nuestra Carta Magna, en el párrafo primero del artículo 16, como el de
gozar de una vida privada e intima, que al margen de la condición de
género, debe prevalecer, por tratarse de un derecho elemental el de gozar
de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la
invasión y la mirada de los demás, esto es el de mantener fuera del
conocimiento de los demás, incluido el círculo de la familia, ciertas
manifestaciones de su existencia (conducta, datos, información, objetos),
máxime cuando la causal de divorcio invocada por el actor, es la causal IX
del artículo 272 del Código Civil en vigor, en cuyos elementos no está el
de demostrar este tipo de circunstancias, por lo que es de concluir que
tales fijaciones no corresponden a los hechos debatidos en sustancia, y
si bien se relacionan con parte de las defensas que éste opuso en replica
a lo contestado por la apelante en su demanda de reconvención, no
menos cierto es que no son admisibles por disposición de ley, pues el
artículo 246 del Código Adjetivo Civil, señala en lo que importa, “…No se
admitirán pruebas ofrecidas en forma extemporánea o en contravención a
las reglas que sean contrarias al derecho o al respeto y la dignidad de la
persona o que se refieren a hechos no discutidos…”, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el referido articulo 246, 267 y 268 del
citado Cuerpo de leyes.
g) Reproducción de Video y Fotografía, de las cuales se
excluyen y desechan aquellas imágenes que reproducen actos de
carácter sexual, en los que aparentemente participa la demandada
reconvencista, ya que violentan uno de los derechos fundamentales del
ser humano, contenidos en nuestra Carta Magna, en el párrafo primero
del artículo 16, como el de gozar de una vida privada e intima, que al
margen de la condición de género, debe prevalecer, por tratarse de un
derecho elemental el de gozar de un ámbito de proyección de su
existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás,
esto es el de mantener fuera del conocimiento de los demás, incluido el
círculo de la familia, ciertas manifestaciones de su existencia (conducta,
datos, información, objetos), máxime cuando la causal de divorcio
invocada por el actor, es la causal IX del artículo 272 del Código Civil en
vigor, en cuyos elementos no está el de demostrar este tipo de
circunstancias, por lo que es de concluir que tales fijaciones no
corresponden a los hechos debatidos en sustancia, y si bien se
relacionan con parte de las defensas que éste opuso en replica a lo
contestado por la apelante en su demanda de reconvención, no menos
cierto es que no son admisibles por disposición de ley, pues el articulo
246 del Código adjetivo civil, señala en lo que importa, “…No se admitirán
pruebas ofrecidas en forma extemporánea o en contravención a las reglas
que sean contrarias al derecho o al respeto y la dignidad de la persona o
que se refieren a hechos no discutidos…”, por lo que es de decirle al
oferente que para el desahogo de la citada probanza, deberá proporcionar
los medios necesarios para la reproducción del video y memoria USB,
apercibido que en caso de no hacerlo, se le tendrá por perdido ese
derecho y desistido de dicha probanza, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el referido artículo 246, 267 y 268 del citado Cuerpo de
leyes.
De la parte demandada ***:
b) La Declaración de Parte a cargo de la actor reconvenido
***, a quien se cita para que de manera personal comparezca a éste
Juzgado en la fecha y hora que se señale conforme a la agenda que para
tales fines se lleva, a declarar sobre los interrogatorios que en el acto de
la diligencia le formule la oferente de la prueba, apercibiéndose al
oferente que en caso de no presentarse el día de la audiencia, será
declarada DESIERTA dicha probanza, de conformidad con los numerales
262 y 296 párrafo tercero del Código de Proceder en la materia en
vigor; Así mismo, y tomando en cuenta lo dispuesto por la fracción II del
artículo 261 del mismo ordenamiento legal, se apercibe al declarante para
que en caso de no comparecer sin justa causa al desahogo de la prueba
en cuestión, se hará acreedor a una multa equivalente al importe de
CINCUENTA DIAS de salario mínimo vigente en el Estado, de
conformidad con el artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles en vigor.
d).- La pericial en Psicología, misma que se ofrece respecto de la
oferente ***y sus menores hijos ***, ***y ***, de apellidos ***.
f) El Informe, que deberá rendir el Departamento Jurídico de
la Paraestatal Petróleos Mexicanos, para que señale a ésta autoridad, si al
ciudadano ***, con número de ficha 658863, quien se desempeña como
gestor Administrativo del activo Samaria-Sitio Grande, se le descontaba
de su salario el crédito hipotecario 54262, y número de cuenta 9984,
respecto de la casa 216 de la calle camelia, del fraccionamiento Blancas
Mariposas, de esta ciudad, de ser así, a partir de que fecha, se le dejó de
realizar dicho descuento, asimismo, si se le continúa proporcionando el
pago de gasolina, de la unidad automotriz, Grandis, color blanco, marca
Mitsubishi, modelo 2007, con placas de circulación *** del Estado de
Tabasco, de no ser así, indique desde cuando se le dejó de realizar dicho
pago y los motivos que dieron origen al mismo, y finalmente si dicho
beneficio de gasolina se le realiza a una unidad distinta a la descrita, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto por los numerales 245 fracción
I, 246 y 263 del Código de Proceder de la materia, ya que guarda relación
con los hechos que la oferente expuso en su escrito de contestación a la
demanda y de reconvención, además de ser conducente para corroborar
sus argumentos, y pertinente con el objeto del proceso, el cual deberá ser
proporcionado dentro del plazo de DIEZ días hábiles, contados a partir del
día siguiente en que reciba el oficio a remitir, advertido que de no ser así,
se aplicara en su contra una multa de CINCUENTA DIAS de salario
mínimo vigente en el Estado, de conformidad con el artículo 129 fracción
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, quedando a cargo del
oferente de la prueba el trámite del oficio referido...”
Cuarto.- Quedan intocados los demás puntos del auto apelado.
Quinto.- Notifíquese personalmente a las partes esta resolución,
hecho que sea, remítase únicamente copia certificada de la misma por tratarse
de compulsas. Cúmplase.
Esta resolución se destaca como relevante debido a que
para abordar los motivos de inconformidad expresados por la parte
apelante, respecto a la violación a su derecho a la intimidad como
mujer, al admitirse dentro del proceso judicial, pruebas que
violentan su dignidad, y que no guardan vinculación con la causal
de divorcio invocada, no solo se citaron como fundamento legal
algunas disposiciones del Código procesal civil en vigor, e
instrumentos internacionales como La Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); además de
la Convención de los Derechos de los Niños, ésta última sirvió
como sustento legal para negar el desahogo de pruebas respecto de
la paternidad de una menor de edad, no solo porque es ajena a la
cuestión debatida, sino porque ello podría traerle perjuicio a sus
derechos fundamentales.