anÁlisis jurÍdico de la interpretaciÓn que realizan las
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La planeación como principio de la actividad contractual
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INTERPRETACIÓN QUE REALIZAN LAS ALTAS
CORTES SOBRE LA FIGURA DE LA NULIDAD PROCESAL CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Presentado por:
JHON FREDY BLANCO RINCÓN
CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR SALCEDO
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL
CÚCUTA, COLOMBIA
2021
La planeación como principio de la actividad contractual
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INTERPRETACIÓN QUE REALIZAN LAS ALTAS
CORTES SOBRE LA FIGURA DE LA NULIDAD PROCESAL CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Presentado por:
JHON FREDY BLANCO RINCÓN
CARLOS ANDRÉS VILLAMIZAR SALCEDO
Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de
Especialista en Derecho Procesal.
Asesor disciplinar
Dr. SAMIR ALBERTO BONET
Asesor metodológico
Dr. DIEGO ARMANDO YÁÑEZ MEZA
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIA POLÍTICA Y SOCIALES
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL
CÚCUTA, COLOMBIA
2021
La planeación como principio de la actividad contractual
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INTERPRETACIÓN QUE REALIZAN LAS ALTAS
CORTES SOBRE LA FIGURA DE LA NULIDAD PROCESAL CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Jhon Fredy Blanco Rincón1
Carlos Andrés Villamizar Salcedo2
Resumen
Las nulidades procesales en Colombia tienen regulación directa en el Código General del
Proceso. A pesar de que el Congreso de la República tiene reconocidas potestades
regulatorias para determinar que vicios procesales son saneables y cuáles no, la Corte
Constitucional a través de su jurisprudencia le ha impuesto limites conforme a los principios
de la proporcionalidad y el principio de instrumentalidad de las formas y del procedimiento.
Bajo estos principios se estudiará como cambió la interpretación de los incisos 6 y 8 del
artículo 121 de la Ley 1564, 2012 en razón a la distorsión material que le imponía a los
principios de celeridad, economía y eficacia. En ese orden de ideas, en primera medida se
examinó el sentido y alcance del artículo 121 respecto a la nulidad procesal consagrada en el
Código General del Proceso, tanto la Corte Constitucional, como la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia; en segundo lugar, se identificaron los fundamentos bajo los cuales la
Corte Constitucional declaró inexequible la expresión de “pleno derecho” contenida en el
inciso 6º del artículo 121 del Código General del Proceso respecto de la nulidad procesal; y,
en tercer lugar, se determinó cómo debe ser entendida y aplicada la figura de la sanción de
nulidad que trata el artículo 121 del CGP por parte de los Jueces y Magistrados, a fin de que
no se vean vulneradas las garantías fundamentales de acceso a la justicia.
Palabras claves: Nulidades, vicios procesales saneables, plazo razonable, pérdida de
competencia, competencia funcional, competencia por jurisdicción.
1 Abogado. Estudiante de la Especialización en Procesal – Universidad Libre Seccional Cúcuta, 2019-2020.
E-mail. [email protected] 2 Abogado. Estudiante de la Especialización en Derecho Procesal – Universidad Libre Seccional Cúcuta, 2019-
2020. E-mail. [email protected]
1
Abstract
Procedural nullities in Colombia are directly regulated in the General Process Code.
Despite the fact that the Congress of the Republic has recognized regulatory powers to
determine which procedural defects are remediable and which are not, the Constitutional
Court through its jurisprudence has imposed limits on it in accordance with the principles of
proportionality and the principle of instrumentality of the laws. forms and procedure. Under
these principles, it will be studied how the interpretation of sections 6 and 8 of article 121 of
Law 1564, 2012 changed due to the material distortion that it imposed on the principles of
speed, economy and efficiency. In this vein, firstly, the meaning and scope of article 121
regarding the procedural nullity enshrined in the General Code of Procedure, both the
Constitutional Court and the Civil Chamber of the Supreme Court of Justice, was examined;
secondly, the grounds were identified on which the Constitutional Court declared
unenforceable the expression of "full right" contained in subsection 6 of article 121 of the
General Code of Procedure, regarding procedural nullity; and, thirdly, it was determined how
the figure of the nullity sanction referred to in article 121 of the CGP should be understood
and applied by the Judges and Magistrates, so that the fundamental guarantees of access are
not violated to justice.
Keywords: Nullities, sanitable procedural defects, reasonable time, loss of
competence, functional competence, competence by jurisdiction.
2
INTRODUCCIÓN
En Colombia, el 12 de julio de 2012 fue expedida la Ley 1564 más conocida como Código
General del Proceso con la que se “regula la actividad procesal en materia civil, comercial,
de familia y agraria. Aplicable a los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, las
actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones
jurisdiccionales, que no estén regulados expresamente en otras leyes” (Ley 1564, 2012, art
2).
Dicho Código en su artículo 121 regula lo concerniente al término de duración del
proceso, y el inciso 6 del mismo artículo estableció que “será nula de pleno derecho la
actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva
providencia”, lo cual ha generado una controversia jurídica especialmente entre la Corte
Constitucional y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Haciendo referencia a la nulidad procesal se afirma que:
Las nulidades procesales se encuentran regladas, como su nombre lo indica en la norma
procesal, que para el caso del presente estudio se trata del Código General del Proceso artículos
132 al 138, el cual consagra los momentos en los que se presentan actuaciones con vocación
de nulidad y aquellas que, aunque sean convalidadas no pueden ser saneadas dentro del
proceso, y, se encuentran reseñadas conceptualmente en los artículos 1741 y siguientes del
código civil (Gómez Cruz, 2016, pp. 11-17).
A su vez la Corte Constitucional también ha indicado sobre las nulidades procesales lo
siguiente:
Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el
debido proceso y que, por su gravedad, el legislador – y excepcionalmente el constituyente- les
ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su
declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el
derecho constitucional al debido proceso (Sentencia T-125, 2010).
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La investigación se fundamenta en el artículo 121 del Código General del Proceso que
establece lo relacionado a la duración del proceso pero que en su inciso 6 establece que “será
nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia
para emitir la respectiva providencia”, lo cual ha generado un choque de instancia entre el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, que ha sido
resumido así: “a nivel de aplicación de las normas, existe un enfrentamiento suscitado por el
tratamiento de la nulidad prevista en el artículo 121 del C. G. del P., en punto de sus efectos”
(Bonilla García, 2019, p. 507).
Es así como se plantea este tema que resulta por demás cuestionado dentro de los
despachos judiciales en Colombia. El plazo razonable que instauró el Código General del
Proceso a través del artículo 121 imprimió en primera instancia el comportamiento fiel de la
institucionalidad judicial a los principios de celeridad, economía y eficacia. Desde el amplio
margen regulatorio que se reconoce al Congreso de la República este estimó que un plazo
razonable para dictar sentencia es de un año a partir del auto admisorio de la demanda. No
obstante, dicho término que resulta loable al ideal jurisdiccional trae consigo en la práctica
serios efectos tanto para la congestión judicial como en la calificación funcional de las
autoridades judiciales.
Por esta razón, el presente trabajo se adentra desde la jurisprudencia en los principios
de proporcionalidad y el principio de instrumentalidad de las formas y del procedimiento a
fin de analizar la legitimidad constitucional de estos preceptos normativos. Este trabajo es
importante porque la sentencia hito de la Corte Constitucional sobre este tema data de menos
de un año, lo que indudablemente permite exponer unas sub reglas jurídicas prácticamente
nuevas sin que se distorsione el plazo razonable.
La materialización del objeto de este trabajo permitirá entender la verdadera expresión
de la nulidad contenida en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso, pero
además, permitirá comprender que aspectos procesales son saneables cuando sucede la
pérdida de competencia por la materialización de un tiempo superior al plazo razonable.
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Finalmente, este trabajo investigativo de revisión bibliográfica se concentra en como
se deben aplicar las sub reglas jurídicas contenidas en la Sentencia C-443, 2019 emanada de
la Corte Constitucional a fin de que sobre este tema exista la mayor claridad posible y así
saber su real proyección.
Problema de Investigación
Expuesto lo anterior, la pregunta problema a cuya respuesta se circunscribirá el presente
artículo de investigación se sintetiza en lo siguiente ¿Jurídicamente cómo ha sido interpretada
por parte de las Altas Cortes, la figura de la nulidad procesal consagrada en el artículo 121
del Código General del Proceso?
Metodología
Este artículo es de tipo cualitativo, por cuanto este tipo de estudios “se hayan enfocados
plenamente hacia las áreas de las ciencias sociales, es decir, hacia aquellos fenómenos u
objetos de estudio que se desencadenan en la misma realidad” (Toro Jaramillo & Parra
Ramírez, 2006, p.23), en ese sentido este se abordará desde los conceptos y de la información
documental recopilada referente al tema y con la que se dio solución al problema de
investigación y los objetivos planteados.
El presente artículo también es el resultado de una investigación documental, en el que
se hizo un amplio análisis de la información escrita (normatividad y jurisprudencia) sobre un
tema de estudio específico (la nulidad procesal – artículo 121 del Código General del
Proceso), a la cual se le dio lectura y se analizó con apoyo de la hermenéutica jurídica que es
la disciplina que permite o facilita la “interpretación de la norma jurídica” (Hernández
Manrique, 2019, p. 45).
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Plan de redacción
El plan de redacción del problema jurídico planteado, es el siguiente: (i) Examinar el sentido
y alcance del artículo 121 respecto a la nulidad procesal consagrada en el Código General
del Proceso, tanto la Corte Constitucional como la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia;
(ii) Identificar los fundamentos bajo los cuales la Corte Constitucional declaró inexequible
la expresión de “pleno derecho” contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código General
del Proceso respecto de la nulidad procesal; (iii) Determinar cómo debe ser entendida y
aplicada la figura de la sanción de nulidad de que trata el artículo 121 del CGP por parte de
los Jueces y Magistrados a fin de que no se vean vulneradas las garantías fundamentales de
acceso a la justicia (iv) con lo cual se tendrán las bases para concluir.
1. Sentido y alcance del artículo 121 respecto a la nulidad procesal consagrada en el
Código General del Proceso tanto la Corte Constitucional como la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia.
El Código General del Proceso en el artículo 133 estipula de manera taxativa las causales de
nulidad procesal que inclusive son aplicadas por remisión en la acción constitucional de tutela.
En efecto, las nulidades determinadas en la Ley 1564, 2012 son restrictivas por lo que es
ilegitimo alegar otras circunstancias que no se inscriban dentro del artículo ya mencionado.
Lo anterior, tiene como finalidad evitar cualquier banalidad procesal que dilate el proceso de
manera injustificada logrando blindar al proceso de eficacia porque mitiga aquellas acciones
irrelevantes frente a la sustancialidad de los derechos involucrados en el proceso.
Así las cosas, la primera nulidad que dicta el Código General del Proceso es “cuando
el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia” (Ley
1564, 2012, art 133). Para la procedencia de esta nulidad se requiere que sucedan varias
actuaciones concomitantes: lo primero es que se declare la falta de jurisdicción y competencia
y que a pesar de este pronunciamiento el juez incompetente decida seguir actuando dentro del
proceso. Indudablemente, esto se concibe como una situación muy extraordinaria, pues
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materializar esta nulidad por parte de un juez podría conllevar una sanción disciplinaria o
inclusive penal.
Ahora bien, sostiene el artículo 138 del Código General del Proceso que lo actuado
hasta antes de la declaratoria de la falta de competencia o jurisdicción conservará su validez
con excepción de la sentencia puesto que esta se deberá invalidar. Declarada la falta de
competencia o jurisdicción, el juez deberá remitir de manera inmediata al juez competente.
Obsérvese que esta es la única nulidad que mantiene la validez de lo actuado y solo reprocha
la legalidad procesal de las acciones adelantadas con posterioridad por parte del juez
incompetente (Ley 1564, 2012).
Inexorablemente, esta nulidad exalta el juez natural como elemento esencial del debido
proceso, cualidad procesal que se demanda desde la revolución francesa. Al respecto la Corte
Constitucional estudió el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso en razón
a la legitimidad que les da la normativa a las actuaciones anteriores a la declaratoria de la
nulidad.
Corolario de lo anterior, la Corte Constitucional determinó bajo los principios de
eficiencia y eficacia de la administración de justicia lo siguiente
En estos términos, al no ser medidas que vulneren el derecho al juez natural, sino que
propenden, en realidad, para hacer efectivo el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva,
al tiempo que le dan prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal y concretizan los
principios constitucionales de la función jurisdiccional de celeridad y economía, los apartes
demandados de las normas bajo control, son constitucionales (Sentencia C-537, 2016).
Por tanto, existe consenso jurisprudencial frente a la determinación del legislador de
otorgar plena validez a lo actuado hasta antes de la declaratoria. No obstante, cabe apreciar
un asunto relevante frente a esta nulidad y es que otorgar validez a todo lo actuado puede
conllevar otra nulidad, específicamente, si se escucharon los alegatos de conclusión. En ese
sentido, se recuerda lo establecido en el Código General del Proceso que al respecto dice:
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“cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación” (Ley 1564, 2012, art 133, num 7).
En ese sentido, cabría preguntarse si los alegatos de conclusión que sucedieron antes
de la declaratoria de falta de competencia o jurisdicción mantienen plena validez en razón al
numeral 7 del artículo 133 del Código General del Proceso. Al no ser un asunto objeto de este
trabajo de investigación se dejará este cuestionamiento con el fin de motivar el espíritu crítico.
Retomando el tema que compete, consagra el inciso segundo del artículo 138 del
Código General del Proceso que la nulidad enmarcada en el numeral 1 del artículo 133 de esta
misma disposición normativa solo comprenderá la actuación administrativa posterior.
Empero, dice el apartado final del inciso segundo del artículo 138 del Código General del
Proceso que: “sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su
validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se
mantendrán las medidas cautelares practicadas” (Ley 1564, 2012).
Sin hesitación alguna refiere el inciso segundo del artículo 138 del Código General del
Proceso que las pruebas practicadas después de la declaratoria de la falta de jurisdicción o
competencia tendrán absoluta validez y eficacia. Lo que se convierte en una excepción de la
nulidad estipulada en el numeral 1 del artículo 133 del Código General del Proceso.
Al respecto se ha señalado que: “el principio de celeridad toma un papel fundamental
dentro del ordenamiento como un mecanismo garantista frente a los procedimientos…”
(Algarín Ruiz, 2019, p. 3). Aunado a lo anterior, la prueba decretada y practicada después de
la declaratoria de jurisdicción o competencia se presume que cumplió con los preceptos de
contradicción y defensa, esenciales en el escenario probatorio.
Lo visto hasta aquí demuestra que las reglas sobre las nulidades contempladas en el
Código General del Proceso son diversas ya que no basta dirigirse al artículo 133 de dicha
disposición normativa sino que es menester realizar un análisis integro de la misma para
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comprender su alcance dentro del ordenamiento jurídico. Prueba de lo anterior, es la
incidencia directa que tiene el artículo 121 de la Ley 1564, 2012 establece
Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso
superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la
notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada
o ejecutada (Ley 1564, 2012, art 121).
La consecuencia de lo anterior, es que el juez inicialmente competente perdería la
facultada para seguir conociendo del proceso, esto con el fin de imprimir en la justicia
celeridad y eficacia como bien se ha dicho. Indudablemente, esto involucra al numeral 1 del
artículo 133 que establece la nulidad en lo decidido con posterioridad a la declaratoria de
falta de competencia o jurisdicción.
Respecto a lo últimamente señalado cabe agregar que el inciso 6 del artículo 121 del
Código General del Proceso consagra que “será nula de pleno derecho la actuación posterior
que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia”. Sin
embargo, el término “de pleno derecho” ha generado una posición vehemente y coherente
entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinario. Lo anterior, porque la Corte
Constitucional determinó:
Declarar la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del
artículo 121 del código general del proceso, y la exequibilidad condicionada del resto de este
inciso, en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la
sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del código
general del proceso (Sentencia C-443, 2019).
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado lo siguiente: “…proferida
una sentencia por fuera del término de duración de la instancia, no es en principio razonable
retrotraer lo actuado por la aplicación de una pauta que justamente busca la obtención de la
decisión de mérito…” (CSJ SC, 5 jul. 2007, rad 1989-09134-01). Y es que la disposición 121
del Código General del Proceso se puede convertir en un mecanismo que contradiga su propia
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teleología, pues basta imaginar el escenario donde pasado más de un año desde que se admitió
la demanda y a punto de emitir sentencia se decrete la falta de competencia imponiendo más
demoras al proceso y contraviniendo la celeridad deseada por la normativa.
El escenario descrito es posible y afecta de manera indudable los elementos que le
quiso implementar la Ley 1564, 2012 al proceso judicial. Es por ello, que las nulidades
establecidas en el Código General del Proceso resultan ser tan importantes pero a la vez tan
delicadas en un sistema judicial como el colombiano.
Sobre lo anterior, se ha expresado que
No obstante, en su aplicación se había venido presentando interpretaciones diferentes que
dejaban nuevamente en el limbo jurídico a las personas, como antes de su expedición, y gracias
a la jurisprudencia de las Altas Cortes, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
así como a los principios de la Constitución Política de Colombia, se unificó el criterio,
ratificando la esencia de la ley (Cortés Lozada & Pérez Abril, 2018, p. 71).
En todo caso, es un tema que tanto los operadores jurídicos como los abogados
litigantes deben profundizar con el fin de cumplir el ideal planteado por el legislador desde la
expedición de la Ley 1564, 2012.
2. Fundamentos bajo los cuales la Corte Constitucional declaró inexequible la
expresión “de pleno derecho” contenida en el inciso 6 del artículo 121 del Código
General del Proceso, respecto de la nulidad procesal
Primeramente, el Congreso de la República tiene amplias potestades regulatorias frente al
procedimiento judicial lo cual ha sido avalado a través de la jurisprudencia por parte de la
Corte Constitucional. Por ejemplo, en materia de nulidades el legislativo tiene potestades
amplias como para determinar cuáles irregularidades afectan de manera sustancial el debido
proceso y cuales son subsanables. Es así como el Congreso de la República determinó en el
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Código General del Proceso que la falta de jurisdicción o competencia no acarrea de manera
automática la invalidez de las actuaciones procesales.
Sobre las nulidades procesales se ha expresado que estas “deben explicarse desde el
punto de vista exógeno al rito o la mera formalidad de la norma que las consagra, deben
estudiarse las nulidades desde el punto de vista de su teleología, mas no del mero requisito
formal” (Gómez Cruz, 2016, p. 62).
De acuerdo a lo anterior, la expresión normativa contenida inicialmente en el inciso 6
del artículo 121 del Código General del Proceso donde se expresaba que las actuaciones
realizadas por fuera del término de un año para dictar sentencia eran nulas de pleno derecho
imposibilitaba recuperar o sanear cualquier vicio a pesar de que el juez perdía su competencia
por situaciones exógenas al criterio de funcionalidad. Mandato normativo que a su vez
impedía que las mismas partes de manera conjunta y concertada solicitaran su convalidación.
De este modo, se podría observar sin duda alguna que el mismo legislador contempló
una disposición que contradice la teleología del Código General del Proceso, es decir, la
celeridad que deben tener las actuaciones jurisdiccionales en su generalidad. Se recuerda que
si bien el margen de potestad regulatorio es amplio la misma debe ceñirse a unos criterios
como lo es el principio de instrumentalidad de las formas y del procedimiento.
Pero ¿qué significa el término “opera de pleno derecho”? Pues, en pocas palabras que
la actuación surtida después de un año del auto admisorio de la demanda y sin emitirse
sentencia será nula y contra dicha nulidad no procede ninguna prueba que la desvirtúe. Un
aspecto normativo decantado por el legislador que resulta cuestionable desde su lectura
superficial.
A modo de ilustración, una vez trasladado el expediente al juez de turno por falta de
competencia ante el vencimiento del plazo este último tiene seis meses para dictar sentencia,
es decir, un plazo menor que el inicialmente indicado por la disposición normativa y además
este último no perdería la competencia fenecido el término en mención.
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Ahondado en estos aspectos generales se pasará a estudiar en los siguientes párrafos los
argumentos de la Sentencia C-443, 2019 de la Corte Constitucional que término declarando
la inexequibilidad de dicho término. Ante todo, el problema jurídico que se planteó el
máximo tribunal de lo contencioso administrativo es:
…si la nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas por el juez que pierde la
competencia por el vencimiento de los plazos para la conclusión de los litigios… amenaza los
principios constitucionales en función de los cuales se estructura la función jurisdiccional, y en
particular, el derecho a una resolución oportuna de las controversias judiciales (Sentencia C-
443, 2019).
Así las cosas, sea lo primero indicar que en el presente medio de control abstracto la
Corte Constitucional reconoce la potestad regulatoria amplia que tiene el Congreso de la
República para fijar los lineamientos de los procesos judicial. No obstante, dicho
reconocimiento constitucional no es absoluto, por lo que se deben identificar los efectos
directos o indirectos desde “…un análisis prospectivo que se debe desarrollar en tres frentes
específicos: en los procesos judiciales, en los despachos, corporaciones o unidades
jurisdiccionales que adelantan dichos trámites, y en el sistema judicial, considerado
globalmente” (Sentencia C-443, 2019).
En este punto, es importante exaltar el enfoque que le da la Corte al examen de
constitucionalidad, pues, este control comprende dos tipos de cuestionamientos; el primero
comprende la finalidad de la norma desde la posición del órgano creador (Congreso de la
República) y el segundo, que contrasta sus efectos en el plano material. Entonces, toma la
Corte Constitución una posición plenamente material, es decir, revisar los verdaderos efectos
de la norma en el proceso judicial. En consecuencia, declarar la nulidad plena en derecho las
actuaciones posteriores del juez que perdió la competencia han implicado de manera adversa
otros principios y derechos constitucionales.
Indudablemente, la exaltación de los principios de celeridad y economía que buscaba
el inciso 6 del artículo 121 del Código General del Proceso colocan en sacrificio el
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iusfundamental, como lo sostiene la Corte Constitucional en la Sentencia C-443, 2019. Y es
que cabe destacar que una de las innovaciones del Código General del Proceso es brindar a
la ciudadanía una jurisdicción eficaz: “…los cambios que se generaron en las actuaciones
judiciales fundamentales, para darle vida a un proceso, han generado prontitud y diligencia
respecto de algunas providencias” (González Lizarazo, 2018, p. 31).
No obstante, la Corte Constitucional en la Sentencia C-443, 2019 determina de manera
tajante que la operativa en pleno derecho contemplada en el inciso 6 del artículo 121 del
Código General del Proceso es inconstitucional bajo la siguiente ratio decidendi:
A juicio de la Sala, la medida legislativa es incompatible con la Carta Política, ya que, primero,
no solo no contribuye eficazmente a la materialización del derecho a una justicia oportuna, sino
que constituye un obstáculo para la consecución de este objetivo, y, segundo, porque la norma
comporta una disminución de las garantías asociadas al derecho al debido proceso y al derecho
a una justicia material, al compelir a los jueces resolver los trámites a su cargo dentro de los
plazos legales, incluso si ello implica cercenar los derechos de las partes o afectar el
desenvolvimiento natural de los mismos, y al dar lugar al traslado de las controversias a
operadores de justicia que carecen de las condiciones y de los elementos de juicio para adoptar
una decisión apropiada (Sentencia C-443, 2019).
Es incuestionable que este extracto jurisprudencial tiene importantes elementos que
interesa al objeto de la presente investigación. La primero, es que el inciso 6 del artículo 121
realmente no contribuye con los principios de celeridad, eficacia y economía; por el
contrario, se opone de manera considerable con el propósito de una resolución judicial dentro
de un plazo razonable. En consecuencia, esta nulidad se aparta de manera tajante de la
teleología de la Ley 1564, 2012.
Otro criterio que abordó la Corte Constitucional sobre esta nulidad es que el efecto de
la normativa en discusión no es la simplificación del proceso judicial sino por el contrario su
complejidad en la realidad. Y para demostrar que a través de la operatividad de dicha nulidad
el proceso se dilataba la Corte acudió a cuatro factores para su ejemplificación.
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El primer factor es que la operación automática de la nulidad de pleno derecho implica
en la realidad un nuevo debate sobre la validez de las decisiones adoptadas por el juez que
ha perdido la competencia. Lo anterior, a pesar que le ha dado el trámite judicial
correspondiente para poder fallar el asunto. En ese sentido, se discuten las decisiones
tomadas a posteriori por alguna de las partes, incluso cuando estas ya han sido resueltas por
el superior jerárquico, pues, como lo resalta la Corte Constitucional es comúnmente utilizada
la acción de tutela para reprochar dichas decisiones (Sentencia C-443, 2019).
Una vez agotada la etapa donde se coloca en entredicho la falta de competencia del
juzgador por tardar más de un año desde el auto admisorio de la demanda para dictar
sentencia se debe reasignar al operador jurídico para que asuma el conocimiento del caso. A
este funcionario le tocará realizar nuevamente las actuaciones declaradas nulas, a pesar de
que tiene la misma competencia funcional que su predecesor. Supuesto fáctico que resulta
más complejo si ya se habían practicado pruebas periciales con todo el respeto del catálogo
del debido proceso.
Finalmente, destaca la Corte Constitucional que la aplicación absoluta del inciso 6 del
artículo 121 del Código General del Proceso conlleva la reasignación y duplicación de
actuaciones y decisiones. Además, el precepto demandado no contempla la figura de la
pérdida automática de la competencia para los casos que han sido reasignados, es probable
que estos no tengan un trato preferencial, y que por tanto, no sean fallados oportunamente
(Sentencia C-443, 2019).
En ese orden de ideas, los planteamientos facticos que arguye la propia Corte
Constitucional en la Sentencia C-443, 2019 revela el enfoque práctico en materia de
constitucionalidad que le dio al caso. Y es que, en efecto sin la declaratoria de inexequibilidad
del término de “pleno derecho” se fuera corrido con el peligro de congestionar
considerablemente la jurisdicción ordinaria.
En conclusión, la Corte Constitucional en la Sentencia C-443, 2019 fue contundente en
señala que la falta de competencia contemplada en el inciso 6 del artículo 121 del Código
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General del Proceso no operaba de pleno derecho. Además, estableció que las parte debían
solicitarlo y que para ello se tiene como plazo máximo antes de la sentencia. Finalmente,
determinó que las etapas son subsanables y que mantener la disposición como la contempló
inicialmente el legislativo implicaría una mayor congestión en los estrados judiciales.
3. Entendimiento y aplicación de la figura de la sanción de nulidad de que trata el
artículo 121 del CGP por parte de los Jueces y Magistrados a fin de que no se vean
vulneradas las garantías fundamentales de acceso a la justicia
La Sentencia C-443, 2019 que resulta ser un hito jurisprudencial frente al Código General
del Proceso también se encargó de estudiar la constitucionalidad del inciso 8 del artículo 121
de la Ley 1564, 2012. Lo anterior, porque el accionante consideraba que el contenido de esta
disposición promovía la responsabilidad objetiva del funcionario judicial desconociendo los
diferentes factores exógenos y endógenos que obstaculizan cumplir con el plazo del artículo
121.
Y es que la intención del legislador con la expedición del Código General del Proceso
fue agilizar los procesos judiciales, como es señalado:
La duración razonable del proceso es un derecho fundamental de todo ciudadano, que el
legislador del Código General del Proceso, a través de todo su cuerpo normativo, ha querido
garantizar. Normatividad que tiene fundamento en principios internacionales, constitucionales,
legales y jurisprudenciales para lograr el cumplimiento de los pilares de la administración de
justicia (Sacipa Lozano, 2017, p. 15).
En ese sentido, proferir una decisión por fuera del plazo razonable que se supone debe
garantizar los despachos judiciales constituye una afrenta quizás al derecho fundamental más
importante que tiene toda persona, es decir, el acceso a la justicia. Y es que el acceso a la
administración de justicia es el único que posibilita materializar los otros derechos
fundamentales que consagró el constituyente. Por eso, el legislador estableció como criterio
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calificable del desempeñó de los funcionarios judiciales el haber acaecido el vencimiento que
trata el artículo 121 de la Ley 1564, 2012.
Al respecto, el Acuerdo PSAA14-10281, 2014 indicó que los factores de calificación
frente a la función judicial son las publicaciones, la organización de trabajo, el rendimiento,
la calidad y la eficiencia. Frente a lo dictado el artículo 121 del Código General del Proceso
dice dicho acuerdo lo siguiente:
El total de la suma de los diferentes factores deberá restar un (1) punto, por cada uno de los
casos en que se presente el fenómeno de la pérdida de competencia por vencimiento del término
para resolver los procesos, dentro del período de calificación. Para estos efectos bastará la
comunicación que debe remitir a la respectiva Sala Administrativa el juez o magistrado que
pierde la competencia, o la que igualmente debe enviar el funcionario que recibe el proceso
(Acuerdo PSAA14-10281, 2014).
Conforme a lo dictado por este reglamento, cada vez que se declaré la pérdida de
competencia durante el periodo de evaluación, más allá de la causa que haya generado el
retardo se deberá restar un punto del total obtenido. Además, es dable aclarar que una
calificación insatisfactoria de 0 a 59 es justa causal para determinar el retiro del servicio y a
la vez la perdida de calificación dentro del escalafón de carrera.
Por otra parte, el Acuerdo PSAA16-106518, 2016 frente al efecto de la pérdida de
competencia dicta:
La proporción que corresponda luego de dividir lo que resulte de multiplicar el número de
procesos con pérdida de competencia por la calificación del factor eficiencia o rendimiento
dividido por la cantidad de egresos efectivos del período, cuando no sea responsabilidad del
funcionario evaluado (…) lo anterior, se aplicará cuando el índice de evaluación parcial
efectiva sea inferior al 70% de los ingresos del período objeto de calificación (Acuerdo
PSAA16-106518, 2016).
16
Desde la perspectiva del Acuerdo PSAA16-106518, 2016 el criterio de calificación por
la pérdida que trata el artículo 121 del Código General del Proceso hace parte integra del
factor de eficiencia o rendimiento. Ahora bien, es importante destacar que esto será criterio
de evaluación siempre que la tardanza no sea responsabilidad del funcionario evaluado. En
ese sentido, en el segundo escenario la pérdida de competencia no implica por sí solo la
pérdida del puntaje. Desde ese escenario, es indudable que el Acuerdo PSAA16-106518,
2016 resulta ser más loable y ajustado a la Carta Magna.
Para la Corte Constitucional en la Sentencia C-443, 2019 establece una pérdida
automática de la calificación por incurrir en lo establecido en el artículo 121 del Código
General del Proceso constituye una vulneración flagrante de la Constitución Política de 1991.
Primero, porque aceptar ello es exaltar la responsabilidad objetiva dentro del ordenamiento
jurídico colombiano, la cual está proscrita. Por otra parte, genera una disfuncionalidad en los
procesos judiciales y en el ejercicio de la función jurisdiccional como tal.
Sobre las reales consecuencias del inciso 8 del artículo 121 del Código General del
Proceso dice la Corte Constitucional:
…cuando estas condiciones no están dadas en la realidad, una regla que imponga una
descalificación en la evaluación de desempeño del funcionario judicial por el solo vencimiento
del plazo legal, en lugar de promover la celeridad en los procesos judiciales, se convierte en
una herramienta de intimidación que, por esta misma razón, provoca toda suerte de
disfuncionalidades en el ejercicio de la función jurisdiccional, entre ellos, el uso indiscriminado
e injustificado de las figuras de la suspensión y de la interrupción de los plazos, la dilación en
los procesos de admisión y notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento
de pago, o el ejercicio abusivo de los poderes de correctivos, de ordenación e instrucción, e
incluso fallos apresurados y poco reflexivos, inconsistentes con la naturaleza de las decisiones
judiciales (Sentencia C-443, 2019).
En conclusión, el establecimiento de lo dictado por el inciso 8 del artículo 121 del
Código General del Proceso implica de manera evidente el desconocimiento de los principios
que orientan el poder y la función judicial. Además, a todas luces desde la literalidad de la
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norma se configuran los aspectos de la responsabilidad objetiva que en Colombia se
encuentran proscrito. Es por todo esto, que la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad de dicho inciso bajo el entendido de que el vencimiento del plazo no
implica de manera automática una evaluación desfavorable en el desempeño judicial del
funcionario.
18
CONCLUSIONES
Como primera conclusión es evidente que la nulidad contemplada en el inciso 6 del artículo
121 del Código General del Proceso disminuía los principios de eficiencia, eficacia,
economía y celeridad que reconoce la normativa en mención. Si bien el propósito del inciso
6 del artículo 121 era reforzar estos principios en la realidad terminaba ralentizando el
proceso ordinario. Por tanto, la nulidad estudiada en este trabajo quebrantaba la teleología
propia de la ley y ahondaba en los problemas de una justicia lenta.
Por otra parte, es evidente que la decisión de la Corte Constitucional sobre la nulidad
en estudio fue una medida para sanear un problema jurisdiccional que estaba creciendo ante
las estrategias de defensas jurídicas utilizadas. Ahora bien, desde el ámbito del análisis
jurídico fueron suficiente los argumentos que esbozó la máxima corporación judicial sobre
la inconveniencia normativa con los presupuestos constitucionales.
Así las cosas, destaca la Corte Constitucional que la aplicación absoluta del inciso 6
del artículo 121 del Código General del Proceso conlleva la reasignación y duplicación de
actuaciones y decisiones. Además, el precepto demandado no contempla la figura de la
pérdida automática de la competencia para los casos que han sido reasignados, es probable
que estos no tengan un trato preferencial, y que por tanto, no sean fallados oportunamente.
Además, la consecuencia de la declaratoria de nulidad estipulada en el inciso 6º del
artículo 121 de la Ley 1564, 2012 tenía consecuencias sancionatorias que exaltaban la
responsabilidad objetiva dentro del Estado Social de Derecho. Lo anterior implicaba una
trasgresión al artículo 29 de la Constitución Política, 1991 ya que soslayaba los elementos de
culpabilidad que debe contraer todo uso del ius puniendi.
Finalmente, era necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional pues si bien
la Rama Judicial trató de disminuir el efecto consagrado en la normativa mediante acuerdos,
estos eran insuficientes para evitar sanciones injustas.
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