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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3789/2016 QUEJOSA Y RECURRENTE: **********
MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS SECRETARIO ALFREDO VILLEDA AYALA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al
VISTOS Y RESULTANDO:
PRIMERO. Datos del juicio natural necesarios para la
resolución del presente asunto.
Empresa actora ********** por conducto de su apoderado general
**********.
Demandadas 1. Secretario de la Reforma Agraria.
2. Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad
Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria entre
otras.
3. Director General Adjunto de Regularización de la
Propiedad Rural,
4. Subdirector de Terrenos Nacionales.
5. Delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (antes Secretaría de la
Reforma Agraria) en el Estado de Baja California
Sur,
6. Director en Jefe del Registro Agrario Nacional,
7. Delegado del Registro Agrario Nacional en el
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Estado de Baja California Sur,
8. Director del Registro Público de la Propiedad del
municipio de la Paz, Baja California Sur.
9. Director de Catastro del municipio de la Paz, Baja
California Sur.
10. **********.
11. Sucesión intestamentaria a bienes de **********,
12. **********.
13. **********.
14. **********
Prestaciones
demandadas en
el juicio agrario
“1. La nulidad de los acuerdos y resoluciones
emitidos por el entonces Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización, actualmente
Secretaría de la Reforma Agraria, dentro del
expediente número **********, que dieron origen al
título de propiedad número **********, del Lote
Individual de Colonia denominado ‘**********’,
expedido el veintitrés de noviembre de mil
novecientos sesenta y cuatro, a favor de **********,
ya que con la expedición del referido título de
colonia se afectó al predio denominado ‘**********’
en una extensión superficial de ********** metros
cuadrados aproximadamente, siendo que este
inmueble ya había salido del dominio de la Nación
por título legalmente expedido a favor la señora
**********, el nueve marzo de mil ochocientos
sesenta y uno, careciendo, por tanto, dicha
Secretaría de facultades para enajenar la referida
superficie, por haber salido con anterioridad del
dominio de la Nación.
2. La nulidad del oficio número ********** del
expediente ********** de fecha veinte de enero de
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mil novecientos cincuenta y ocho mediante el
cual se ordena, por conducto del Vocal Ejecutivo
Zona Norte de la Comisión Nacional de
Colonización, al entonces Delegado de
Colonización en el Territorio de Baja California,
deslindar un terreno con una superficie de 500-00-
00 hectáreas, del Lote Individual de Colonia
denominado ‘**********’, ubicado en el municipio de
La Paz, Baja California Sur.
3. La nulidad de los trabajos técnicos
topográficos de medición y deslinde elaborados
por personal adscrito a la entonces Delegación el
dos de abril de mil novecientos cincuenta y ocho,
del Lote Individual de Colonia, denominado
‘**********’, Municipio de La Paz, Baja California
Sur, en virtud de que indebidamente modificaron
el rumbo de la línea que se forma uniendo los
puntos conocidos como ********** a **********, por el
rumbo **********, afectando el inmueble conocido
como ‘**********’ hoy propiedad de mi
representada. Dichos puntos conocidos como
********** y **********, son puntos físicos o
materiales existentes e inamovibles.
4. La nulidad del acta levantada con motivo y
derivada de los trabajos antes citados de esa
misma fecha, que se llevaron a cabo por el
deslindador ING. **********, del lote de colonia
denominado ‘**********’, con los cuales de forma
indebida se afectó una superficie aproximada de
********** metros cuadrados aproximadamente del
predio denominado ‘**********’, predio que se
encuentra inmerso dentro del terreno que salió
del dominio de la nación por título legalmente
expedido por el presidente Benito Juárez en fecha
nueve de marzo de mil ochocientos sesenta y
uno, a favor de **********.”
Órgano
jurisdiccional
Tribunal Unitario Agrario del Distrito 48, con sede en
la Ciudad de la Paz, Estado de Baja California Sur.
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del
conocimiento
Expediente
agrario
**********.
Sentencia 12 mayo 2014.
Sentido de la
resolución
Resultaron procedentes y fundadas las
excepciones de actos consentidos, prescripción de
la acción y cosa juzgada hechas valer por las
demandadas.
Las acciones de nulidad, de reconocimientos de
linderos, y cancelación de inscripciones ejercitadas
por la actora resultaron improcedentes, por lo que
se absolvió a los demandados de las pretensiones
seguidas en su contra.
SEGUNDO. Datos del recurso de revisión para la
resolución del presente asunto.
Empresa
recurrente
********** por conducto de su apoderada general
**********.
Órgano
jurisdiccional
del
conocimiento
Tribunal Superior Agrario.
Expediente
agrario
**********.
Sentencia 26 marzo 2015.
Sentido de la
resolución
Se confirma la sentencia recurrida.
TERCERO. Datos de la demanda de amparo directo
necesarios para la resolución del presente asunto.
Quejosa ********** por conducto de su
apoderada general **********.
Fecha de presentación 11 mayo 2015.
Autoridad responsable Tribunal Superior Agrario.
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Fecha de la sentencia
reclamada
26 marzo 2016.
Terceros interesados Los demandados en el juicio natural.
Tribunal Colegiado Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto
Circuito.
Admisión 2 junio 2015.
Juicio de amparo **********.
Norma general tildada de
inconstitucional.
Artículo 1159 del Código Civil Federal,
que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 1,159.- Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento.”
CUARTO. Datos de la sentencia del Tribunal
Colegiado del conocimiento dictada en el amparo directo.
Sesión 2 septiembre 2015.
Sentido de la resolución Declina competencia al Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito en turno.
Órgano que asume
competencia
Decimosexto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer
Circuito.
Número de expediente **********.
Fecha de sesión 2 mayo 2016.
Sentido de la resolución Niega amparo.
Orden de notificación Por lista.
QUINTO. Trámite del recurso de revisión ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recurrente ********** por conducto de su apoderada
general **********.
Fecha de presentación 3 junio 2016.
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del recurso
Lugar de presentación Oficialía de Partes del Decimosexto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito.
Admisión y turno 1 julio 2016.
Número del toca 3789/2016.
Motivo de admisión En la demanda de amparo se planteó la
inconstitucionalidad del artículo 1159 del
Código Civil Federal.
Turno Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
Radicación en Sala 26 agosto 2016.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para
conocer y resolver el presente recurso de revisión, de
conformidad con las siguientes disposiciones:
Artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece los
requisitos de procedencia del recurso de revisión en
amparo directo;
Artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, que establece la facultad del
Pleno de este Alto Tribunal para remitir para su resolución
los asuntos de su competencia a las Salas a través de
acuerdos generales;
Artículo 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación; que establece la facultad de la
Sala para conocer de los demás asuntos que establezcan
las leyes; y,
Puntos Primero y Tercero en relación con el Punto
Segundo, fracción III, del Acuerdo General 5/2013,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno
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de mayo de dos mil trece; los que establecen la
posibilidad de que las Salas conozcan de los amparos
directos en revisión que no requieran la intervención del
Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. El recurso de
revisión se presentó oportunamente conforme lo siguiente:
a) La sentencia se ordenó notificar por lista el diecinueve de
mayo de dos mil dieciséis;
b) Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es
decir el viernes veinte de mayo de dos mil dieciséis;
c) El plazo de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86
de la Ley de Amparo, transcurrió del lunes veintitrés de
mayo al viernes tres de junio de dos mil dieciséis;
d) Con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo;
y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, deben descontarse el sábado veintiocho y
domingo veintinueve de mayo de dos mil dieciséis.
e) Si el escrito de agravios se presentó el trece de junio de
dos mil dieciséis, su presentación resulta extemporánea.
Sin embargo en el caso se advierte que en la demanda se
planteó la inconstitucionalidad del artículo 1159 del Código Civil
Federal, por lo que el Tribunal Colegiado del conocimiento
debió notificar personalmente la sentencia que aquí se reclama
en cumplimiento con la jurisprudencia de esta Segunda Sala
número 2a./J. 78/2016 (10a.) de rubro: “AMPARO DIRECTO.
LA SENTENCIA RELATIVA DEBE NOTIFICARSE
PERSONALMENTE SI EN LA DEMANDA SE PLANTEÓ LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNA NORMA GENERAL
O SE PROPUSO LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE
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ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EL TRIBUNAL
COLEGIADO DE CIRCUITO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO
U OMITIÓ HACERLO.”
Es así que al omitir la notificación personal a la quejosa el
cómputo del plazo para interponer este recurso de revisión no
debe realizarse tomando en cuenta la notificación por lista, por
lo debe presumirse que su presentación es oportuna, pues
incluso el Tribunal Colegiado del conocimiento no emitió el auto
mediante el cual tuviera por ejecutoriada la sentencia que aquí
se recurre.
Por otra parte, el recurso de revisión se promovió por
persona legitimada para ello, toda vez que el pliego de agravios
lo firmó ********** apoderada general de la empresa quejosa en el
juicio de amparo **********, personalidad que le fue reconocida
por auto de seis de octubre de dos mil quince, en el que el
Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento así lo
consideró, por lo que se cumple con el requisito previsto por los
artículos 5o, fracción I, y 6o, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Antecedentes.
3 enero 2012 **********, apoderado General de **********, hoy
empresa quejosa, promovió la nulidad de:
Los acuerdos y resoluciones emitidos por el
entonces Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización, actualmente Secretaría de la Reforma
Agraria en el expediente **********, los que dieron
origen al título de propiedad ********** que afectó al
predio “**********” en la extensión superficial de
********** metros cuadrados aproximadamente.
La nulidad del oficio número ********** del
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expediente ********** de fecha 20 de enero de 1958
mediante el cual se ordenó deslindar un terreno con
una superficie de 500-00-00 hectáreas, del lote
individual de colonia denominado “**********”,
ubicado en el municipio de La Paz, Baja California
Sur.
La nulidad de los trabajos técnicos topográficos de
medición y deslinde elaborados por personal
adscrito a la entonces Delegación el 2 de abril de
1958, del Lote Individual de Colonia, denominado
“**********”, Municipio de La Paz, Baja California
Sur, en virtud de que indebidamente modificaron el
rumbo de la línea que se forma uniendo los puntos
conocidos como ********** a **********, por el rumbo
**********, afectando el inmueble conocido como
“**********” hoy propiedad de mi representada.
La nulidad del acta levantada con motivo y derivada
de los trabajos antes citados.
12 mayo 2014 El Tribunal Unitario Agrario del conocimiento resolvió
entre otras consideraciones y en lo que al caso
interesa lo siguiente:
El acta de los trabajos de medición y deslinde de
los predios “**********” y “**********” que originó el
conflicto agrario data del 2 de abril de 1958;
Han transcurrido más de 54 años y por ello fueron
consentidos los trabajos de medición y deslinde de
los predios “**********” y “**********”, tanto por el
causante, ********** como por la hoy quejosa
causahabiente, **********;
El causante de la hoy quejosa **********, impugnó el
acta de medición y deslinde de los predios
“**********” y “**********”, de 2 de abril de 1958, a
través del juicio de amparo indirecto número
**********;
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El Juzgado Segundo de Distrito de Baja California
Sur, quien conoció del juicio lo sobreseyó el 1 de
octubre de 2007 porque dicha empresa consintió el
acto reclamado;
Del recurso de revisión tocó conocer al Tribunal
Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, (amparo en
revisión **********) quien el 3 de octubre de 2008
confirmó el sobreseimiento.
Operó la prescripción negativa de la acción de la
hoy quejosa para demandar en la vía agraria la
nulidad de los trabajos de medición y deslinde de
los predios “**********” y “**********”;
Lo anterior de conformidad con el artículo 1159 del
supletorio Código Civil Federal, que en correlación
con el artículo 1 del Código Federal de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria,
porque el primero de los preceptos establece un
plazo máximo de 10 años, contados a partir de que
pudo hacerse exigible el derecho, para poder
demandar válidamente el cumplimiento de una
obligación;
Por ende resultaron procedentes y fundadas las
excepciones de actos consentidos, prescripción de
la acción y cosa juzgada hechas valer por las
demandadas;
Resultaron improcedentes las acciones de
nulidad, de reconocimientos de linderos, y
cancelación de inscripciones ejercitadas por la
actora, por lo que se absolvió a los demandados de
las pretensiones seguidas en su contra.
26 marzo
2015
Inconforme con la sentencia anterior la quejosa
promovió recurso de revisión el que fue resuelto por el
Tribunal Superior Agrario quien confirmó la sentencia
recurrida.
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11 mayo 2015 En contra de la determinación anterior la parte quejosa
promovió juicio de amparo directo en el que planteó la
inconstitucionalidad del artículo 1159 del Código Civil
Federal porque:
Permite privar de la propiedad a las personas sin
que previamente se siga un juicio en el que se
cumplan con las formalidades del procedimiento.
La norma no prevé que tratándose de derechos
reales la prescripción adquisitiva debe ser
declarada judicialmente.
2 septiembre
2015
El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió negar
el amparo a la quejosa y omitió abordar en forma
expresa el problema de inconstitucionalidad de leyes
planteado en la demanda.
13 junio 2016 La quejosa inconforme con la resolución anterior
promovió recurso de revisión.
CUARTO. Agravios. La parte quejosa entre otros
argumentos sostuvo lo siguiente:
El Tribunal Colegido del conocimiento omitió realizar el
estudio de la inconstitucionalidad del artículo 1159 del
Código Civil Federal a pesar de que su planteamiento fue
realizado en el concepto de violación décimo primero de
la demanda de amparo.
El artículo 1159 del Código Civil Federal de aplicación
supletoria en materia agraria es inconstitucional porque es
contrario al artículo 14 constitucional pues al aplicarlo se
pierde el derecho de propiedad y en el caso sin juicio o
reconvención de por medio.
La forma en que el Tribunal Agrario implemento tal
precepto es contrario a los artículos 14 y 27 segundo
párrafo, de la Constitución Federal, toda vez que sin
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existir una reconvención en el juicio agrario determinó la
extinción del derecho de propiedad arguyendo una
prescripción negativa con base en una supuesta
excepción, sin dar la oportunidad de ser oído y vencido en
juicio, pues determinó que se extinguió el derecho de
impugnar la nulidad de ciertos acuerdos mediante los
cuales se invade su propiedad, argumento que tampoco
motivó.
La aplicación del precepto impugnado es inaplicable al
caso debido a que no hace referencia a un derecho real
como el de la propiedad sino a la extinción de un derecho
personal o de crédito y en el caso se pretende la nulidad
de acuerdos ilegales emitidos por autoridades y estos son
imprescriptibles.
El Tribunal Colegiado de manera incorrecta no funda y
motiva su resolución de conformidad con los artículos 14,
15 y 16 constitucionales, pues incurre en la falta de
exhaustividad en el análisis de todos los conceptos de
violación como ocurrió al pronunciarse respecto de los
conceptos décimo, décimo primero y décimo octavo,
además se basa en transcripciones de la resolución
agraria tergiversando su contenido y no atiende a lo
solicitado en la demanda de amparo.
De tal forma que ni el Tribunal Agrario responsable ni el
Tribunal de amparo le han dado razones fundadas y
motivadas para considerar que se actualiza cosa juzgada
y actos consentidos en el juicio agrario a raíz de lo
resuelto en el juicio de amparo indirecto **********, dado
que fue un juicio diverso al que plantea.
El Tribunal Colegiado del conocimiento vuelve a aplicar el
artículo 1159 del Código Civil Federal al pronunciarse
respecto de los conceptos de violación décimo, décimo
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primero y décimo octavo pero no señala porque es
aplicable, pues sólo trata cuestiones relativas al derecho
de las obligaciones.
QUINTO. Requisitos generales de procedencia del
recurso de revisión. De conformidad con los artículos 107,
fracción IX, de la Constitución General de la República y 81,
fracción II, de la Ley de Amparo, así como con los Puntos
Primero y Segundo del Acuerdo General 9/2015 del Tribunal
Pleno, la procedencia del recurso de revisión en amparo directo
está condicionada a la satisfacción de los siguientes supuestos:
a) Que en la sentencia recurrida se haya decidido sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma
general, o establecido la interpretación directa de un
precepto constitucional o de los derechos humanos
establecidos en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, o bien si en dichas
sentencias se omitió el estudio de las cuestiones antes
mencionadas, cuando se hubieren planteado en la
demanda de amparo; y,
b) Que el problema de constitucionalidad referido en el inciso
anterior entrañe la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia.
El citado Acuerdo General 9/2015, en el Punto Segundo
establece que se entenderá que la resolución de un amparo
directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y
trascendencia, cuando habiéndose surtido los requisitos del
inciso a) del Punto primero, se advierta que aquélla dará lugar a
un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden
jurídico nacional.
También se considerará que la resolución de un amparo
directo en revisión permite fijar un criterio de importancia y
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trascendencia, cuando lo decidido en la sentencia recurrida
pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con
alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse
resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su
aplicación.
Por tanto, deberá concluirse que no se surten los
requisitos de importancia y trascendencia, entre otros
supuestos, cuando los agravios expresados sean ineficaces,
inoperantes, inatendibles o insuficientes.
Así pues, el Acuerdo General 9/2015 actualmente vigente
adopta una postura más deferente respecto del margen de
apreciación de este Alto Tribunal para determinar cuándo un
asunto es importante y trascendente y, por tanto, está dotado
de amplias facultades para hacer una valoración discrecional de
los méritos de cada asunto conforme su prudente arbitrio,
seleccionando únicamente casos relevantes, no sólo porque
satisfagan los requisitos mencionados, sino porque al
resolverlos se generarán criterios que preserven el orden
constitucional del país.
Es decir, en vez de privilegiar el análisis de los agravios
en la revisión; permite a esta Suprema Corte valorar de manera
discrecional si, a su juicio, la resolución de un determinado
asunto puede: 1) dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de
relevancia para el orden jurídico nacional; o 2) lo decidido en la
sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un
criterio sostenido por este Alto Tribunal en relación con alguna
cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en
contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
Esto tiene como finalidad la de fortalecer el carácter de
órgano límite de este Tribunal Constitucional, pero sin que esto
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entorpezca sus labores cotidianas. Es por este motivo que la
aceptación de un recurso de revisión está sujeta a las dos
condiciones enumeradas, que son de apreciación discrecional y
subjetiva por parte de este Alto Tribunal, respecto de cuándo un
criterio puede llegar a impactar de forma relevante al orden
jurídico nacional o de cuándo algún criterio jurisprudencial sobre
un tema de constitucionalidad puede contravenirse.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia
2a./J. 128/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización,
rubro y texto son:
“Época: Décima Época Registro: 2010016 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 128/2015 (10a.) Página: 344
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS
PARA SU PROCEDENCIA. Por regla general, las
sentencias dictadas por los Tribunales
Colegiados de Circuito en amparo directo son
definitivas y sólo de manera extraordinaria,
pueden impugnarse mediante el recurso de
revisión previsto en los artículos 107, fracción
IX, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de
Amparo, conforme a los cuales, una vez
actualizados los presupuestos procesales
(competencia, legitimación, oportunidad del
recurso -en su caso-, entre otros), procede el
mencionado medio de defensa siempre que: 1)
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en la sentencia de amparo directo combatida se
decida sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de una norma general, o se
establezca la interpretación directa de un
precepto constitucional o de los derechos
humanos reconocidos en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano
sea parte, o bien, si en dichas sentencias se
omite el estudio de las cuestiones referidas,
cuando se hubieren planteado en la demanda de
amparo; y 2) el problema de constitucionalidad
entrañe la fijación de un criterio de importancia y
trascendencia. Ahora bien, con el fin de
armonizar la normativa de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación con los preceptos citados,
el Pleno emitió el Acuerdo General 9/2015 (*),
que regula la procedencia del recurso de
revisión interpuesto contra sentencias de
amparo directo, el cual, en vez de privilegiar el
análisis de los agravios en la revisión, permite al
Alto Tribunal hacer una valoración discrecional
de los méritos de cada recurso, para determinar
si a su juicio el asunto reúne los requisitos de
importancia y trascendencia, para lo cual, su
punto segundo señala que la resolución de un
amparo directo en revisión permite fijar un
criterio de importancia y trascendencia cuando:
(i) pueda dar lugar a un pronunciamiento
novedoso o de relevancia para el orden jurídico
nacional; o (ii) lo decidido en la sentencia
recurrida pueda implicar el desconocimiento de
un criterio sostenido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación relacionado con alguna
cuestión propiamente constitucional, por
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haberse resuelto contra ese criterio o se hubiere
omitido aplicarlo.”
A continuación se examina si en la especie se satisfacen
los requisitos a que se refiere el presente considerando.
SEXTO. Existencia de una cuestión de
constitucionalidad. En su demanda de amparo la parte
quejosa actora en el juicio agrario de origen, planteó la
inconstitucionalidad del artículo 1159 del Código Civil Federal,
porque en su concepto es contrario a la garantía de audiencia
que tutela el artículo 14 de la Constitución Federal.
Es así que existe una cuestión de constitucionalidad, con
lo que se satisface la primera condición para la procedencia del
recurso.
SÉPTIMO. Importancia y trascendencia. El presente
asunto en principio reviste estas características, porque no
existen precedentes sobre la constitucionalidad del artículo
1159 del Código Civil Federal.
OCTAVO. Estudio. La parte quejosa y actora en el juicio
agrario, afirmó que el artículo 1159 del Código Civil Federal era
inconstitucional por lo siguiente:
“DÉCIMO PRIMERO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.
Este concepto se hace valer por la aplicación
inconstitucional del artículo 1159, del Código
Civil Federal, que realiza la autoridad
responsable.
En efecto, el artículo 1159, del Código Civil
Federal, textualmente indica:
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‘Artículo.’ (Se transcribe).
Sin embargo, la autoridad responsable si bien no
expone las causas, motivos o razones para
considerar que dicho artículo es aplicable al
presente caso, dado que el mismo se refiere a la
extinción de obligaciones como sería el caso de
una deuda o de un pagaré, lo que corresponde a
un derecho personal y no real como el que nos
ocupa que implica una propiedad o la posesión
de un terreno.
En el caso que nos ocupa dicho artículo es
inconstitucional e inaplicable, toda vez que
atenta en contra de los principios de respeto a la
propiedad privada contenido en el artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que en lo que nos interesa señala:
‘Artículo 14.’ (Se transcribe).
Luego, la responsable, al aplicar en forma
supletoria el citado artículo 1159 del Código Civil
Federal, sin haber mediado juicio alguno,
mediante la vía de excepción, pretende despojar
a mi representada de la superficie materia de la
litis.
Es bien sabido que la propiedad es un derecho
real, que se extingue por medio de la figura de la
prescripción negativa o extintiva, cuando su
contraparte ejerce la acción de prescripción
adquisitiva, siempre y cuando reúna los
elementos para ello.
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Si alguien, en determinado juicio, opone la
excepción de prescripción refiriéndose a un
inmueble, es claro que deberá acreditar que ese
alguien ya ejercitó la acción de prescripción y
que se declaró procedente su acción.
Si la excepción sólo se opone bajo el argumento
de que por el sólo hecho de transcurrir el tiempo
sin haber ejercido una acción, es indudable que
ello es improcedente, porque previamente debió
ejercitarse la prescripción del inmueble.
Un derecho ciertamente puede perderse por no
ejercerlo, pero en ese caso estamos ante la
figura de la preclusión, y al caso no le aplica ya
el derecho a defender la propiedad de un
inmueble, no prescribe dado que
constitucionalmente nadie puede perder su
propiedad o posesiones, sino es mediante un
juicio seguido en el que se cumplan las
formalidades de ley.
Aplicar la prescripción en vía de excepción, es
decir, sin haber mediado un juicio con
anterioridad al planteamiento de la
excepcionante, es claro que dicha aplicación va
en contra del tenor del artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por tanto, es inconstitucional e inaplicable el
artículo 1159, del Código Civil Federal que hace
la responsable.
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Aunado al hecho de no establecer las causas
motivos o razones, por las cuales el Tribunal
Superior Agrario, considera que se extinguió la
obligación (no dice a cuál se refiere) y la acción
para pedir el cumplimiento de los derechos de
propiedad de mi representada, es indiscutible
que con ello se violan las garantías
constitucionales.
No hay que olvidar también que mi representada
fue quien ejercitó la acción del juicio natural que
nos ocupa, y jamás ha perdido la propiedad ni la
posesión del inmueble materia de la litis.”
Al respecto el Tribunal Colegiado del conocimiento
sostuvo lo siguiente:
“Son infundados el décimo, decimoprimer y
décimo octavo conceptos de violación porque,
contrario a lo expresado, el Tribunal Superior
Agrario sí analizó y desestimó los argumentos
expresados en el séptimo agravio del recurso de
revisión y lo relativo a la excepción de
prescripción de la acción.
(…)
De lo que se desprende que el Tribunal Superior
Agrario sí analizó y desestimó los argumentos
con apoyo en los cuales la quejosa manifestó
que era ilegal que el Tribunal Unitario Agrario
hubiera considerado que se había actualizado la
excepción de prescripción, en términos de lo
establecido en el numeral 1159 del Código Civil
Federal, y el Tribunal Superior Agrario precisó
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los motivos por los cuales consideró que sí era
aplicable el numeral 1159 del Código Civil
Federal; esto es, porque dicho precepto era de
aplicación supletoria, y preveía que fuera de los
casos de excepción era necesario que
transcurriera un lapso de diez años, contados a
partir de que una obligación podía extinguirse,
para que se extinguiera el derecho de solicitar su
cumplimiento y, en el caso, como lo había
indicado el Tribunal Unitario Agrario, al haber
transcurrido más de cincuenta y cuatro años
desde que se realizaron los trabajos de medición
y deslinde del predio ********** así como los
relativos al predio **********, consignados en el
Acta de Medición y Deslinde de dos de abril de
mil novecientos cincuenta y ocho, con base en
lo dispuesto en el artículo 1159 del supletorio
Código Civil Federal, se había extinguido el
derecho de la quejosa para pedir el
cumplimiento de sus derechos de propiedad,
que manifestó que habían sido afectados con los
referidos trabajos de medición y deslinde,
aunado a que éstos fueron consentidos por su
causante original, dentro del juicio de amparo
**********, en el que se determinó que la demanda
de amparo resultó improcedente por ser
extemporánea y haber sido consentidos los
actos reclamados.
Y la quejosa no desvirtúa las referidas
consideraciones del Tribunal Superior Agrario,
esto es, que el numeral 1159 del Código Civil
Federal era de aplicación supletoria en tanto que
habían transcurrido más de diez años para que
la quejosa ejerciera su derecho de acción en
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contra de los actos que consideró que afectan
su propiedad; consideraciones que al no ser
desvirtuadas deben continuar rigiendo el sentido
de la sentencia.”
La empresa recurrente en su decimoprimer concepto de
violación planteó la inconstitucionalidad del artículo 1159 del
Código Civil Federal, el cual calificó como contrario a la garantía
de audiencia que tutela el artículo 14 de la Constitución Federal,
porque permite la prescripción negativa del ejercicio de una
acción no obstante que, tratándose de derechos reales como en
la especie acontece, se requiere de un juicio seguido ante la
autoridad competente en el que se cumplan las formalidades
del procedimiento, y pese a existir tal argumento, el Tribunal
Colegiado del conocimiento fue totalmente omiso en examinar
el problema de inconstitucionalidad de leyes propuesto en la
demanda de amparo.
Es fundado el anterior agravio, ya que tal como lo explica
la empresa quejosa, el órgano de amparo soslayó por completo
el argumento formulado contra el artículo 1159 del Código Civil
Federal, limitándose el Tribunal Colegiado a examinar y concluir
que fue correcta su aplicación, pero obviando el breve pero
existente razonamiento contra dicho precepto legal.
En estas condiciones, y dada la omisión detectada en la
sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 93, fracción
V, de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala procede al estudio
del problema planteado.
NOVENO. Estudio de los conceptos de violación
omitidos. El artículo 1159 del Código Civil Federal establece lo
siguiente:
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“ARTICULO 1,159. Fuera de los casos de
excepción, se necesita el lapso de diez años,
contado desde que una obligación pudo
exigirse, para que se extinga el derecho de pedir
su cumplimiento.”
Ahora bien, tal como se anticipó, la empresa quejosa
sostiene que esta disposición es contraria a la garantía de
audiencia que tutela el artículo 14 de la Constitución Federal,
porque permite la prescripción negativa del ejercicio de una
acción no obstante que, tratándose de derechos reales como en
la especie acontece, se requiere de un juicio seguido ante la
autoridad competente en el que se cumplan las formalidades
del procedimiento.
Es infundado el anterior argumento ya que la prescripción
negativa o pérdida de un derecho por no ejercerse
oportunamente, no impide a quien está en aptitud de intentar la
acción deducir sus pretensiones en juicio durante el lapso que
en cada caso marque la ley, en este caso dentro del plazo de
diez años, lo cual tiene el evidente propósito de salvaguardar la
seguridad jurídica para que los actos jurídicos respectivos no
queden indefinidamente a merced de cualquier impugnación,
con lo cual se evita la incertidumbre que propiciaría que
permanentemente los posibles afectados tuvieran que enfrentar
demandas de todo tipo respecto de actos realizados en
cualquier tiempo.
La empresa recurrente complementa su concepto de
violación al señalar que la norma no prevé que, tratándose de
derechos reales, la prescripción adquisitiva debe ser declarada
judicialmente, afirmación de la quejosa que si bien es correcta,
en la especie no requería ser aclarada o incorporada por el
precepto controvertido, ya que la prescripción negativa que
prevé se refiere a obligaciones personales, de manera que no
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cabe exigir que quien se beneficia de este tipo de prescripción
obtenga una declaración judicial en tal sentido, pues sería
absurdo que las personas en todos los actos jurídicos que
intervienen tuvieran que pedir a los tribunales que les den
firmeza a éstos cada vez que venza un plazo para poder ser
impugnados
Además, al adoptarla supletoriamente esta regla general
la legislación agraria, se colma la laguna existente en ella para
saber cuál es el lapso máximo para demandar la nulidad de los
actos de las autoridades en esa materia, evitando con ello la
zozobra y el desorden jurídico que habría si la totalidad de las
decisiones de esa naturaleza pudieran cuestionarse a
perpetuidad.
Finalmente, son inatendibles los restantes agravios por
referirse a cuestiones de mera legalidad ajenas por completo al
único motivo por el cual se admitió el presente recurso de
revisión, consistente en analizar la inconstitucionalidad del
precepto cuestionado, pero de ningún modo su posible indebida
aplicación.
Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de
violación analizados, procede confirma la sentencia recurrida en
la materia de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación, y negar el amparo a la empresa quejosa.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la
sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege
a **********, contra el acto y la autoridad que se precisó en el
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resultado Tercero de la presente ejecutoria.
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