observatorio del programa presidencial de derechos...

Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2010

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humano y DIH

IInnffoorrmmee AAnnuuaall ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss yy DDeerreecchhoo IInntteerrnnaacciioonnaall HHuummaanniittaarriioo 22001100

Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República

Angelino Garzón

Vicepresidente de la República

Hernán Jaime Ulloa Venegas Director Programa Presidencial de

Derechos Humanos y DIH

Tomás Concha Sanz Coordinador Área de Políticas Programa Presidencial de

Francisco José Reyes Torres Coordinador del Observatorio del Programa Presidencial de

David Armando Bacca Campillo Viviana Bolívar Bautista María Antonia Cárdenas Velásquez

María Cristina Durán Hernández Lency Maribel Morales Tobar

Luis Fernando Ramírez Cardona María Catalina Rocha Buitrago Juan David Salas Riaño

Diana Ximena Téllez Delgado Investigadores

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Luis Gabriel Salas Salazar

Elaboración de cartografía temática Observatorio del Programa Presidencial de

OObbsseerrvvaattoorriioo ddeell PPrrooggrraammaa PPrreessiiddeenncciiaall ddee DDeerreecchhooss HHuummaannooss yy DDIIHH

Rafael Blanco Coordinador

Área Internacional Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Gissela Arias

Ana Milena González Área Internacional

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Lina María Castro Torres Luisa Fernanda Quimbayo Patiño

Área de comunicaciones Viviana Bolívar Bautista

Supervisión editorial Observatorio

del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Fotografía Cortesía

Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal Agencia Presidencial para la Acción Social Banco de imágenes del Programa Presidencial de DH y DIH

Distribución gratuita está permitida la reproducción total o parcial del texto, citando la fuente. http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx

Observatorio@presidencia.gov.co Calle 7 No.6-54

Publicación electrónica

Agosto de 2011 Bogotá, Colombia

INDICE

Presentación…………………………………………………………………… 5

1. Reconocimientos internacionales…………………………………………………….7

2. La Política de Derechos Humanos…………………………………………………… 12

3. La coyuntura actual de los derechos humanos

y el Derecho Internacional Humanitario………………………………………………………………………………………20

4. Las grandes tendencias del 2009 al 2010……………………………………….23

5. Homicidios…………………………………………………………………………………………28

6. Masacre……………………………………………………………………………………………..40

7. Situación de Derechos Humanos

de grupos vulnerables ……………………………………………………………………..50

8. Secuestros…………………………………………………………………………………………112

9. Desplazamiento forzado……………………………………………………………………119

10. Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos

improvisados …………………………………………………………………………………….129

11. Informes del Sistema de Alertas Tempranas – SAT……………………….145

12. Sistema de protección de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas…………………………………………………………………….153

13. Desmovilizaciones individuales……………………………………………………….158

Recomendaciones……………………………………………………………..165

Presentación

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –DIH-, pone a consideración de los funcionarios y funcionarias del Gobierno y del Estado colombiano de todos los niveles, de los

investigadores e investigadoras de centros académicos, de las organizaciones internacionales, de las personas integrantes de organizaciones gubernamentales y

de los movimientos sociales, así como de la opinión pública nacional e internacional, el Informe Anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario, correspondiente al año 2010. Este informe cumple con el propósito del Observatorio de brindar, como lo viene

haciendo desde el año 2003, un panorama sobre el comportamiento de las variables más importantes referidas a derechos humanos en Colombia, que

permita establecer tendencias, detectar y constatar los avances y alertar sobre los aumentos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia, que sirvan como insumo para la definición

de las políticas públicas gubernamentales y estatales para garantizar el mayor respeto y disfrute de dichos derechos.

La estructura del informe y la metodología para su la lectura

El documento que se entrega a la opinión pública nacional e internacional recoge un análisis comparativo de la situación de los DH en Colombia del 2009 al 2010 en

7 campos o áreas temáticas fundamentales con 16 bases de información sobre violaciones a la integridad y a la dignidad personal, es decir, a derechos civiles individuales. Los campos o áreas son: Homicidios, Masacres, Homicidios a grupos

o poblaciones vulnerables: autoridades locales (alcaldes, exalcaldes y concejales) periodistas, indígenas, docentes y sindicalistas, líderes sociales y comunitarios,

integrantes del clero católicos, funcionarios judiciales, secuestros, desplazamientos forzados, minas antipersonal y desmovilizados.

Dichos campos temáticos son tratados en sus respectivos apartados o capítulos en sendos textos analíticos con un suficiente apoyo estadístico, de gráficos y de

cartografía temática que contribuyen a la compresión espacial de los fenómenos. En los análisis, se buscó trascender más allá de los comentarios a las cifras, procurando siempre hacer hipótesis hasta donde lo permitiera la coincidencia de

uno o más fenómenos concomitantes y extraer conclusiones. El acervo estadístico de las bases es presentado globalmente y luego desagregado por unidades

territoriales: departamentos y en casos especiales, por municipios o por regiones supramunicipales. En la medida de la disponibilidad de los datos se incluyeron desagregaciones de las cifras por sexo, por edad, por grupos étnicos y por

actividades sociales de las poblaciones.

El procesamiento estadístico no es complejo, lo cual facilita la lectura del informe al público no especializado. Se incluyen tablas con datos absolutos de cada año,

con porcentajes de variación de un año al otro y en ciertos casos, dónde se

conocen con detalle los universos de las poblaciones, se procesan tasas de

homicidio, de inmenso valor para las comparaciones relativas y proporcionales. Se procuró que cada capítulo iniciara con un gráfico de barras en perspectiva

tridimensional, lo suficientemente claro y diciente de las variaciones del tema o campo de un año al otro y que finalizará con una pequeña síntesis de las conclusiones más importantes.

Adicionalmente a los apartados o capítulos que corresponden a los temas en los

cuales el Observatorio mantiene registros y bases estadísticas, se incluyen los siguientes apartados: un seguimiento a la situación evaluada por el Sistema de

Alertas Temprana –SAT- (de la Defensoría del Pueblo), que genera alertas tempranas que son enviadas al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas- CIAT-, que finalmente las emite. Además se incluye el informe de avance del

Examen Periódico Universal- EPU- del Sistema de Naciones Unidas.

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, invita al público en general, al especializado y muy especialmente a las personas responsables de tomar decisiones políticas, a leer y estudiar este informe. Con

gusto aceptaremos las críticas y observaciones juiciosas que sirvan para mejorar su trabajo y hacer cada día del Observatorio un centro dedicado, tal como reza su

nombre, a observar mejor la realidad de los derechos humanos en Colombia, es decir, mirando cada vez con mayor amplitud y con mayor profundidad.

Volver al índice

1. Reconocimientos internacionales

Organismos internacionales han reconocido avances y progresos de Colombia en

muchos aspectos de los Derechos Humanos y del DIH, entre ellos se destacan: 1.1 Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados

Americanos OEA MAPP/OEA.

En su Décimo Quinto Informe Trimestral, del 28 de Abril de 2010, se señalan los siguientes apartes:…En relación con el tema de la impunidad, la Comisión: “ha

podido constatar y acompañar los esfuerzos institucionales y la voluntad tanto de los fiscales como de los Magistrados de las Altas Cortes para avanzar en ese sentido y lograr que no haya impunidad1”.

En igual sentido, a propósito de los logros alcanzados con la aplicación de la Ley

de Justicia y Paz, la Misión de la OEA declaró: …”es claro que gracias a los esfuerzos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la

Justicia y la Paz, y a la participación de los postulados, a través de las Versiones Libres y las audiencias judiciales, se ha conocido el paradero de un importante

número de personas desaparecidas. Hasta el mes de octubre de 2010, con base en información suministrada en su mayoría por postulados la Fiscalía ha exhumado 2.989 fosas en distintas zonas del país, en las que se han encontrado

3.625 cadáveres2. Esto constituye un paso enorme, no sólo en cuanto al derecho a

1 El 29 de Junio fue emitida la Primera sentencia de Justicia y Paz, Mampuján (apelada). El 29 de

Junio de 2010. Después de cinco años de Justicia y Paz, se dictó la primera sentencia contra dos jefes del paramilitarismo, „Diego Vecino‟ y „Juancho Dique‟, por crímenes contra la comunidad de Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar. Los ex jefes paramilitares alias 'Diego Vecino' y alias „Juancho Dique‟ fueron condenados por el Tribunal Superior de Bogotá a penas ordinarias de 39 y 38 años respectivamente por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000. Sin embargo los dos desmovilizados, por estar cobijados

por la ley de Justicia y Paz tendrán una pena alternativa de ocho años. El Tribunal encontró culpables a „Diego Vecino‟ y a „Juancho Dique‟ de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento, secuestro, hurto, porte ilegal de armas y uso de prendas de las FF.AA. La reparación individual se basó en las condenas a Colombia de la Corte Interamericana de DDHH. Por homicidio, los paramilitares tendrán que pagar 240 millones por familias víctimas, con un máximo de

40 millones de pesos por víctimas sobrevivientes. Por desplazamiento, cada familia deberá recibir 120 millones de pesos, es decir 17 millones por cada desplazado. El Tribunal también otorgó una

indemnización por los secuestrados de 30 millones de pesos. El grupo de víctimas serán objeto de un proceso de reparación individual que además de indemnización económica, incluye medidas de atención y recuperación psicosocial y de recuperación del proyecto de vida, dentro del propósito de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La decisión fue apelada. Las víctimas, habían pedido un promedio de 645 millones de pesos por cada familia. http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2527--la-primera-condena-de-justicia-y-paz 2 Informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Información consolidada a 31

de Octubre de 2010. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011.

La verdad, sino también, al derecho de reparación integral, pues la exhumación y

entrega de cuerpos es, en sí mismo, un acto reparador para las víctimas”3.

De igual forma, con las Versiones Libres se ha logrado conocer 44.376 homicidios; 9.431 casos de desplazamiento forzado; 4.030 casos de desaparición forzada; 2.144 casos de reclutamiento ilícito; 1.768 de extorsión y 1.417 masacres4.

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y

Reconciliación –CNRR- ha venido presentando una serie de informes sobre casos emblemáticos de la violencia reciente en Colombia. A septiembre de 2010, se han

presentado seis, “Trujillo: Una tragedia que no cesa”5, “La masacre de El Salado: Esa Guerra no era Nuestra”6, “La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la mira”, “Bojayá: la guerra sin límites”7, “La Rochela: memorias de un crimen contra

la justicia”8 y “La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe (1960-2010)”. Estas investigaciones documentan el

testimonio de las víctimas y las comunidades, así como el impacto de la violencia en dichas regiones9.

1.2 Amnistía internacional

Señaló en su informe del 26 de marzo de 2010: “Amnistía Internacional considera positivas, tras el escándalo que siguió a los homicidios de Soacha en 2008, las iniciativas adoptadas por el Gobierno para abordar el problema que viene de largo

de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Esas

3 Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 4 Informe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Información consolidada a 30

de septiembre de 2010. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 5 Ver Marco de la Semana por la Primera Memoria. Bogotá: septiembre de 2008. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 6 El 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión. Tras la masacre, se produjo el éxodo de toda la población, y El Salado se convirtió en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy, han retornado 730 de las 7.000 personas que lo habitaban. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 7 El 2 de mayo de 2002, aproximadamente 80 civiles murieron (entre ellos, 48 menores), luego de que guerrilleros de las FARC lanzaran un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, en el casco

urbano del municipio de Bojayá (Chocó), en donde presuntamente, se resguardaban miembros de las autodefensas. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 8 Ocurrió el 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander. El informe se presentó públicamente en septiembre de 2010. Tomado del Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso

de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011. 9 Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (mapp/oea). 15 de abril de 2011.

iniciativas han contribuido a la reducción de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de seguridad en 2009…”10.

1.3 Relatoría de la ONU para los DH en Colombia

El Relator Especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y Arbitrarias informó que: “[a] partir del 2007, el Gobierno ha tomado medidas

importantes para parar y responder a estos homicidios. Entre ellas hay medidas disciplinarias, una mayor cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja

–CICR- y la -Organización de las Naciones Unidas- ONU11-, la incorporación de asesores jurídicos operacionales para asesorar acerca de operaciones militares específicas, una mayor supervisión de los pagos efectuados a informantes, el

nombramiento de la Comisión provisional Especial Suárez, el nombramiento de inspectores delegados a divisiones del Ejército, la exigencia de que las bajas en

combate sean investigadas primero por la Policía judicial12, la modificación de los criterios para premios13, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía”14.

“Estas medidas alentadoras demuestran el esfuerzo de buena fe que despliega el Gobierno para hacer frente a los homicidios del pasado y para prevenir que

sucedan en el futuro”15, así como también su rechazo a la comisión de las mismas.

10 La situación de los Derechos Humanos en Colombia: declaración escrita de Amnistía Internacional

al 13º periodo de sesiones del consejo de DDHH de la ONU (1-26 de marzo de 2010) 11 Directiva 010 de junio de 2007; el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Directiva 010; entre

otras medidas esta Directiva crea un Comité de seguimiento a estas denuncias con invitación a OACNUDH y CICR con los objetivos de hacer seguimiento a denuncias sobre casos de presuntos homicidios en persona protegida con el propósito de: i) Dar todo el apoyo necesario a las investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar. ii) Realizar un diagnóstico de los factores que inciden en la eventual ocurrencia de este tipo de hechos. iii) Fortalecer los controles y hacer

recomendaciones para llevar a Acuerdo de Comandantes. iv) Reunirse periódicamente con los organismos internacionales interesados en la problemática, para recibir y evaluar la información que puedan proveer. 12 Inspección de la escena de los hechos por parte de autoridades de policía judicial. Directiva 19: En 2007 el Ministerio de Defensa expidió la Directiva 19 que busca garantizar la práctica de las primeras diligencias investigativas por parte de la policía judicial cuando hay muertes en combate. Ésta

ordena a todos los comandantes de las Unidades Militares agotar todos los recursos disponibles para que cuando se presenten hechos que revistan las características de homicidios presuntamente atribuidos a agentes del Estado, la inspección de la escena de los hechos sea realizada por los órganos permanentes de policía judicial. República de Colombia Ministerio de Defensa Nacional. Protegiendo Derechos. Acciones y resultados de la Fuerza Pública en la protección de los DDHH,

2002 – 2008. Pág. 15 13 Nuevos criterios para otorgar medallas - Directiva 142 de 2008: A partir de esta Directiva las

desmovilizaciones y las capturas de integrantes de los grupos armados ilegales o delincuenciales se incorporaron como criterios fundamentales para el otorgamiento de la medalla al valor y de la medalla de orden público. [privilegia las desmovilizaciones y las capturas sobre las bajas. República de Colombia Ministerio de Defensa Nacional. Protegiendo Derechos. Acciones y resultados de la Fuerza Pública en la protección de los DDHH, 2002 – 2008. Pág. 15 14 Ver. Consideraciones del Estado Colombiano frente al informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias. Párrafo 17. 15 Comunicado de Prensa. Declaración del Philip Alston, Relator Especial de Naciones Unidas para ejecuciones Extrajudiciales Sumarias y arbitrarias.19 de Junio de 2009. Visita del 8 al 18 de Junio de 2009. Disponible en: http://www.nacionesunidas.org.co

1.4 El Departamento de Estado de Estados Unidos

En el informe del Departamento de Estado de EEUU, producido en el 2010, se

afirma que: “El Gobierno hizo avances demostrables en mejorar el ambiente de los derechos

humanos. La administración de Santos consolidó la relación del Gobierno con la comunidad de los derechos humanos, expresando públicamente la ayuda para los

defensores de los derechos humanos y convocándolos al diálogo. Además, las nuevas políticas puestas en ejecución por la administración de Santos aceleran la

devolución de la tierra a las familias desplazadas y se avanza en una Ley sobre tierras y víctimas para prever la restitución de la tierra y reparaciones de las víctimas'. Las ejecuciones extrajudiciales continuaron declinando, y varios oficiales

militares fueron condenados por abusos de los derechos humanos.”

En el informe más reciente de la MAPP/OEA, el Decimo Quinto Informe Trimestral, del día 15 de Abril del 2011 se dice lo siguiente:

“La Secretaría General desea destacar que, luego de seis años de presencia de la MAPP/OEA en Colombia, la realidad del país se ha transformado de manera

positiva y valora los esfuerzos adelantados por el Gobierno, la institucionalidad y la sociedad colombiana en la materialización de este propósito. El Proceso de Paz con las autodefensas y luego con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) ha

permitido la creación de espacios de pacificación en el país, lo que ha impactado de manera directa la vida de las comunidades más afectadas por la violencia.”

Igualmente el informe dice que:

“Se celebra la decisión que tomó el Gobierno, mediante el Decreto 2374 del 1° de julio de 2010, de crear la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes

Criminales y se valora la presentación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del actual Gobierno. En la coyuntura presente urge la aplicación efectiva del Decreto 1737 del 19 de mayo de 2010, que establece un nuevo

programa de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, con carácter preventivo.”

En otro aparte del informe se anota que:

“A partir de la creación de un marco inédito y avanzado en materia de justicia transicional, con la aprobación de la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de

Justicia y Paz”, se han alcanzado objetivos importantes para Colombia. Hoy las víctimas se han convertido en los actores centrales del Proceso de Paz. Esto no hubiera sido posible sin el proceso de desmovilización, la posterior implementación

de esta Ley y el esfuerzo conjunto de la sociedad civil, las organizaciones de víctimas, las instituciones encargadas de su atención y de los postulados que

participan activamente en el proceso. Sin embargo, es urgente que el Gobierno y las instituciones del Estado, conjunta y articuladamente, tomen una serie de

decisiones políticas y procedimentales para garantizar la seguridad jurídica, sostenibilidad y viabilidad del proceso.”

Finalmente, el documento hace la siguiente afirmación:

“Se destaca que una de las banderas del Gobierno del Presidente Juan Manual Santos ha sido la presentación de un proyecto de Ley de víctimas en donde se

pretende crear una política de Estado de ´asistencia, atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales

de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario´. Adicionalmente, dentro de este proyecto se incluiría un capítulo especial en materia de restitución de tierras... Adicionalmente, el Gobierno ha expresado la

voluntad de desarrollar una política integral de Derechos Humanos concertada con la sociedad civil con énfasis en las organizaciones locales comunitarias y

acompañamiento de la comunidad internacional. Por su parte, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene el reto de transferir de manera ordenada y eficiente los procesos en reconciliación, memoria y reparación

que han desarrollado, garantizando un mejor seguimiento y recomendaciones a la política pública en materia de reconciliación y reparación.”16

Volver al índice

16 Décimo Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA). 15 de abril de 2011. Pág 16.

2. La Política de Derechos Humanos

El 7 de Agosto de 2010, cuando asumió la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos, envió al país dos mensajes claros; el primero, reconoció los logros y

avances de su antecesor Álvaro Uribe Vélez con la Política de la Seguridad Democrática, en los dos períodos consecutivos en los que gobernó al país; el segundo, consideraba que había llegado la hora de un cambio de énfasis y por lo

tanto, le propuso a la Nación la política de la Prosperidad Democrática, diseñada para dar un cambio en las condiciones económicas de los colombianos sin perder

de vista la confianza y credibilidad ganadas durante el Gobierno anterior.

El presidente Santos no sólo remarcó el cambio de énfasis sino que, desde su mismo discurso de posesión, anunció estilos de relación política y de Gobierno, diferentes a los de su antecesor. En ese sentido convocó a las diferentes fuerzas

políticas, incluyendo a las que habían estado en la oposición, los ochos años anteriores, a constituir un Gobierno de Unidad Nacional, llamando a: “dejar atrás

confrontaciones estériles, pendencias desprovistas de contenido, y superar los odios sin sentido entre ciudadanos de una misma Nación”; lo que a su vez: “implica convocar las mejores inteligencias y las mejores voluntades para

construir entre todos un mejor país.17”

Para el presidente Juan Manuel Santos, la Prosperidad Democrática tiene como propósito la generación de riqueza, gracias a una mayor productividad y a una mayor provisión de empleo: “Y en esto quiero ser enfático: la prioridad, la

obsesión de mi Gobierno, será la generación de prosperidad social a través de la creación de trabajo18”.

A la par de la prosperidad, la seguridad sigue siendo un propósito superior del actual Gobierno, por eso se han redoblado los esfuerzos para mitigar los efectos

de la violencia que aún padecen los colombianos… “En medio de la voluntad y el tesón de más de 45 millones de buenos colombianos, subsiste, sin embargo, una

ínfima minoría que persiste en el terrorismo y el narcotráfico, en obstruir nuestro camino hacia la prosperidad. A todas las organizaciones legales las defenderemos y a las ilegales las seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel… No

descansaremos hasta que impere plenamente el Estado de derecho en todos y cada uno de los corregimientos de nuestra patria”19.

Sin embargo, en el Gobierno del presidente Santos, las puertas del diálogo se mantienen abiertas a aquellos grupos delincuenciales que quieran deponer las

armas, pero deben cumplir con hechos ciertos y verdadera voluntad de paz “Yo aspiro, durante mi Gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación

entre los colombianos… Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el

17 Discurso del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, el día de su posesión, 7 de agosto de 2010. 18 Discurso del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, el día de su posesión, 7 de

agosto de 2010. 19 Discurso del señor Presidente de la República Juan Manuel Santos, el día de su posesión, 7 de agosto de 2010.

pasado: La puerta del diálogo no está cerrada con llave. A los grupos armados ilegales que invocan razones políticas y hoy hablan otra vez de diálogo y

negociación, les digo que mi Gobierno estará abierto a cualquier conversación que busque la erradicación de la violencia, y la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y justa. Eso sí –insisto– sobre premisas inalterables: la

renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación… Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan

cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos,

seguiremos enfrentando a todos los violentos, sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance”20.

En materia de Derechos Humanos el giro del actual Gobierno se evidencia en estos hechos:

Primero, el Presidente ha dejado bien claro que en su Gobierno prevalecerá un estilo diferente en relación con las críticas o las observaciones a su política de

derechos humanos. El Gobierno defenderá sus puntos de vista pero no incurrirá en descalificaciones, ni en estigmatizaciones contra las organizaciones defensoras de

derechos humanos, tanto a nivel nacional e internacional. Las discrepancias y los desacuerdos que se presenten, serán siempre tratados dentro de los límites del respeto. El Gobierno valorará las críticas y los reparos fundamentados de sectores

que piensen diferente y se comprometerá, indefectiblemente, a garantizar la seguridad y la protección a los defensores de los derechos humanos.

Para el Programa Presidencia de Derechos Humanos y DIH es muy importante construir relaciones de cooperación y de diálogo franco con las organizaciones

defensoras de derechos humanos, con los centros investigadores sobre la situación de los derechos humanos y en general, con las organizaciones sociales y

políticas de la sociedad colombiana. Segundo, en el V capítulo, Consolidando Paz, del actual Plan Nacional de

Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para todos, se incluyó un apartado muy importante consagrado al tema de los derechos humanos y el Derecho

Internacional Humanitario; tal apartado responde a la denominación de “Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Justicia transicional”.

En dicho apartado se afirma expresamente: “El Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática, considera que las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones

al DIH tales como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzado, reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes, secuestros, accidentes e incidentes con minas antipersonal, vulneraciones a la integridad personal,

violencia sexual y de género, toda las formas de discriminación, ataques a la

20 Discurso del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el día de su posesión, 7 de agosto de 2010.

población civil, violencia contra grupos étnicos, restricciones a las libertades y amenazas a defensores de Derechos Humanos y líderes sociales; así como los

obstáculos para garantizar efectivamente los derechos económicos, sociales y culturales, en los componentes de disponibilidad, calidad, aceptabilidad,

accesibilidad y adaptabilidad, constituyen especial preocupación que lo instan a avanzar con decisión en el diseño e implementación de la Política Nacional Integral de DH y DIH… Asimismo, en el marco de sus obligaciones de respeto y garantía de

los Derechos Humanos, reafirma que la dignidad humana es el centro de las acciones y políticas del Estado en los diferentes sectores; por tanto se reconoce a

los seres humanos como sujetos de derechos y agentes del desarrollo garantizando la participación ciudadana sin discriminación alguna, mediante un

diálogo constructivo y democrático, respetuoso del disenso y de las diferencias. De esta forma, la lucha contra la pobreza para lograr condiciones de vida digna; la seguridad democrática y ciudadana para la paz; el fortalecimiento de la justicia

para la libertad; y el desarrollo sostenible a partir de las locomotoras del desarrollo: vivienda, infraestructura para el transporte y las comunicaciones,

minero-energética, agropecuaria y de la innovación; se sustentarán en este enfoque de derechos y en un enfoque diferencial”21.

Tercero, a instancias del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el Programa Presidencia de Derechos Humanos y DIH tendrá una preocupación por

los derechos desde una perspectiva integral, no sólo en cuanto a su consagración mediante garantías constitucionales y legales – dotaciones o bienes jurídicos- como en cuanto a su exigibilidad, disfrute y realización práctica – dotaciones o

bienes efectivos. Para el Vicepresidente y para el Programa Presidencial de Derechos Humanos son tan importantes y fundamentales los derechos civiles –

centrados esencialmente en la integridad personal y en las libertades individuales- como los derechos políticos -centrados en los procesos de participación y las libertades colectivas- y los derechos sociales, económicos y culturales -centrados

en las condiciones materiales y culturales para la realización digna de la vida individual y colectiva.

En ese sentido, han sido muy reveladoras las declaraciones del Vicepresidente en relación con la defensa de derechos humanos como: el derecho a la asociación y

organización de sectores sociales y gremiales, tal el caso de las organizaciones sindicales: “Yo creo que se necesita en nuestro país una política conjunta de

defensa del sindicalismo como institución de la democracia, que nos permita avanzar en el sentido de que no pueda ser despedido un trabajador por crear un sindicato, de la misma manera que no puede ser perseguido un empresario por

crear una empresa; que nos permita entender que las organizaciones sindicales, como las empresariales, son instituciones fundamentales en la democracia, porque

no puede existir una democracia sin sindicatos y sin organizaciones empresariales; y que además nos permita defender y promover una política de diálogo social, de entendimientos y acuerdos, y que se respete ese diálogo social”.

21 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Bases para el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014. Prosperidad para todos. Juan Manuel Santos. Bogotá –Colombia. Pág 414

“La crítica contra el Gobierno que haga un dirigente sindical, o un defensor de los derechos humanos, o una organización social y política, no le puede dar derecho a

ningún servidor público o a un alto funcionario del Gobierno a satanizar o descalificar o calumniar a organizaciones sindicales o de derechos humanos. Puede que la crítica sea exagerada, pero diferenciemos claramente los grupos

armados ilegales de las organizaciones sociales y políticas, y de la sociedad civil, que pueden ser muy críticas, a veces duras con el Gobierno de turno, pero que no

tienen nada que ver con actividades por fuera de ley”. 22

“…En Colombia no hay sino dos posibilidades: o nos la jugamos toda por la democracia, que implica una política de defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y libertades sindicales y ambientales, y el

derecho de la población a vivir en paz. Y la otra posibilidad es volvernos más tolerantes, más pasivos con la criminalidad organizada. No hay punto medio”.23

“Por eso reitero: exíjanos más. No acepten que un servidor público con responsabilidad en cualquiera de los tres poderes del Estado, tenga como pretexto

el temor para no actuar. Eso se le puede entender a un humilde ciudadano de la sociedad civil, pero no a un alto representante del poder ejecutivo, judicial o

legislativo. Para eso nos han elegido: para luchar por erradicar en nuestro país una práctica que termina afectando la institucionalidad del Estado, cual es que muchos servidores públicos, so pretexto de combatir grupos armados ilegales,

terminaban haciendo actividades propias de estos grupos. La ilegalidad, la violencia, el terrorismo y el narcotráfico se combaten con la Constitución Política

en la mano, y desarrollando una política integral de respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos laborales”.24

Cuarto, dado el conflicto que la sociedad colombiana ha padecido por décadas y teniendo en cuenta las desmovilización de grupos de las autodefensas y de

muchos combatiente de las organizaciones guerrilleras como las Farc y el ELN, el país tiene que abordar seriamente el proceso de establecer una justicia transicional que le permita adelantar los procesos de verdad, justicia y reparación

a las víctimas, sin la cual, la reconciliación no será posible. Por ello, el actual Gobierno se compromete a impulsar la Ley de Víctimas y de Devolución de

Tierras, como una vía para ir avanzando en la reparación del daño infringido a todas las víctimas del conflicto armado colombiano: “Los invito a que nos ayuden a lograr que el Congreso de la República apruebe la ley de reparación a las

víctimas y restitución de tierras. El Gobierno está empeñado en que se apruebe esta ley, como una manera de saldar una deuda social del Estado con las víctimas

de la violencia. Por muchos años fuimos más generosos y tolerantes con los

22 Intervención del señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en el Seminario Internacional Sobre Derechos Humanos y Sindicalismo, organizado por el PNUD Colombia el 24 y 25

de Noviembre de 2010 en Bogotá D.C. 23 Ibid. 24 Ibid.

victimarios que con las víctimas. Sería fatal, no para el Gobierno, sino para la

sociedad y el Estado, que el Congreso no llegara a aprobar ese proyecto de ley”25

2.1 Elementos de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

La política de derechos humanos estará constituida por los siguientes componentes, tal como se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo, del cual se

presentan algunos apartes textuales:

Sistema Nacional de DH y DIH “El Gobierno Nacional creará el Sistema Nacional de DH y DIH, integrado por las

entidades del Estado del orden nacional y territorial con competencia en dicha materia; y por los principios, criterios orientadores, políticas, planes, programas,

proyectos, procesos, procedimientos, mecanismos de coordinación nación-territorio, sistema de información y mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. Este sistema permitirá diseñar, complementar y consolidar las

políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial”.

- Política Nacional Integral de DH y DIH “La Política Nacional Integral de DH y DIH promoverá el respeto y garantía de los

Derechos Humanos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado colombiano con visión regional, bajo los principios de goce efectivo de derechos y enfoque

diferencial y los criterios de racionalidad e integralidad; y se constituirá, entre otros, por los siguientes componentes: i) Plan Nacional de Acción de DH y DIH; ii) Prevención de violaciones a los DH e infracciones al DIH; iii) Educación y cultura

en DH iv) Protección; v) Política Integral de DH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional vi) Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad; vii) Escenario

internacional viii) Igualdad y no discriminación - Enfoque diferencial”.

- Prevención de violaciones a los DH e infracciones al DIH

“El Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática, considera que la prevención

de violaciones a los DH e infracciones al DIH, como obligación integral a cargo del Estado, es una de las estrategias centrales de la Política Nacional Integral de DH y DIH, por lo cual, su implementación y cumplimiento será responsabilidad tanto de

las autoridades civiles del orden nacional y territorial como de la Fuerza Pública, con el apoyo y seguimiento del Ministerio Público y las organizaciones de la

sociedad civil… La prevención se concibe como el conjunto de estrategias dirigidas a evitar la ocurrencia de violaciones a DH e infracciones al DIH, desactivar las amenazas y/o mitigar los efectos generados por su ocurrencia y a brindar

garantías de no repetición”.

25 Intervención del señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en el Seminario Internacional Sobre Derechos Humanos y Sindicalismo, organizado por el PNUD Colombia el 24 y 25 de Noviembre de 2010 en Bogotá D.C.

Educación y Cultura en Derechos Humanos

“El Gobierno Nacional entiende que la situación del país no se transforma si la sociedad en su conjunto y las instituciones del Estado no se apropian de los Derechos Humanos como una práctica cotidiana. Por tal motivo, se busca construir

una política de promoción de una cultura en Derechos Humanos que tenga como base principal el respeto a la dignidad humana, la libertad, la solidaridad, la

igualdad y no discriminación, así como el impulso a la cultura de la legalidad y la transparencia de todos los servidores públicos”.

Protección

“La Política Nacional Integral de DH y DIH, tendrá como propósito fortalecer, desarrollar y armonizar los planes, programas y proyectos de protección de

personas, grupos y comunidades que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida, libertad, integridad o seguridad personal”.

Política Integral de DH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional

“Se integrará la Política Integral de DH y DIH del Ministerio de Defensa Nacional a la Política Nacional Integral de DH y DIH. En este sentido, se continuará con el

desarrollo e implementación de los objetivos propuestos en cada una de las líneas de acción: Instrucción, disciplina, defensa, atención y cooperación, y de las

estrategias de la Política Integral de DH y DIH, reiterando así la política de cero tolerancia a violaciones de DH e infracciones al DIH como parte integral del esfuerzo de la Fuerza Pública por brindar seguridad a los colombianos en el marco

del Estado social de derecho, de acuerdo con las prioridades de la Política Nacional de DH y DIH. Adicionalmente se establecerá el Plan de Acción de esta Política y los

indicadores para su seguimiento, que permitan establecer el impacto”.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

“El Gobierno Nacional consolidará la Política de Lucha contra la impunidad en el

orden nacional y territorial y fortalecerá los mecanismos de garantía al acceso a la justicia, con el objetivo de lograr la eficiencia en la investigación y judicialización de las violaciones a los DH e infracciones al DIH”.

Escenario internacional

“El Gobierno Nacional continuará con el cumplimiento y seguimiento de los compromisos internacionales en materia de DH y DIH, y seguirá con la disposición

a la observancia por parte de las instancias internacionales en materia de DH y DIH dentro del marco de la autonomía y soberanía del Estado. Igualmente se

gestionará la cooperación internacional en materia de DH y DIH en concordancia con la estrategia nacional de cooperación”.

Igualdad y No Discriminación

“El Gobierno Nacional entiende que es una necesidad para el país desarrollar el

derecho a la igualdad y no discriminación. Por tal motivo adoptará y promoverá, de forma participativa, las medidas necesarias para contribuir a eliminar prácticas discriminatorias en las diferentes esferas de la sociedad y del Estado; promoverá

prácticas sociales que respeten, reconozcan y valoren la diversidad; y garantizará el desarrollo y cumplimiento de políticas y mecanismos tendientes a superar la

desigualdad material y formal que afecta a los sujetos y grupos poblacionales históricamente discriminados por motivos de etnia, sexo, identidad de género y

orientación sexual, edad, discapacidad, condición social y económica. Impulsará el cumplimiento de las Sentencias Constitucionales sobre los derechos de estos grupos… Asimismo el Gobierno Nacional, en concordancia con lo planteado en

otros acápites del Plan Nacional de Desarrollo, impulsará políticas encaminadas a garantizar el desarrollo de los derechos laborales y sindicales, así como políticas

específicas relacionadas con la población joven”.

- La Justicia Transicional

“Un Buen Gobierno para la Prosperidad Democrática genera condiciones

sostenibles para la promoción de los Derechos Humanos, lo que implica, entre otras, la reparación integral de los derechos vulnerados con ocasión de las graves violaciones cometidas en contra de la sociedad civil, la generación de condiciones

propicias para promover iniciativas de paz y la búsqueda de la reconciliación nacional. Los esfuerzos gubernamentales no deben limitarse al sometimiento a la

justicia de los infractores de la ley, sino que han de traducirse en una acción de Estado coherente e integral que comprenda un marco normativo que oriente y articule su accionar, y un marco institucional que responda de manera oportuna y

eficaz a los retos de la atención, protección y reparación integral a víctimas.

La apuesta por reconocer las graves violaciones a los Derechos Humanos y por dignificar a las víctimas, implica el diseño y la implementación de una serie de mecanismos dentro del marco de los principios y valores que construyan y

orienten el accionar estatal, con el fin de resolver los problemas derivados de un periodo prolongado de violencia, a fin de que los responsables rindan cuentas de

sus actos, se sirva la justicia y así lograr la reconciliación. Garantizar el goce efectivo de los derechos vulnerados implica el diseño de

herramientas múltiples y variadas en su naturaleza. En efecto, la reparación integral comprende medidas individuales y colectivas de restitución,

indemnización, rehabilitación física y mental, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos violentos. Dichas medidas deben comprometer el accionar de un entramado de instituciones del Estado, de la sociedad civil y del sector

privado que orientadas y coordinadas, hagan efectivo y eficaz el accionar hacia una reconciliación duradera y estable.

Adicionalmente, todo esfuerzo por allanar el camino hacia la reconciliación nacional, debe garantizar la no repetición de las graves violaciones de los

Derechos Humanos, facilitando la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley con la creación de oportunidades para aquellos que quieren abandonar la violencia como estilo de vida; lo anterior, en

consonancia con los lineamientos descritos en la Política de Desmovilización, Desarme y Reintegración de los miembros de Grupos Armados Organizados al

margen de la ley.

Desarrollo normativo

“En este sentido, el reto está en la formulación de una política coordinada para

aunar esfuerzos en dentro de un marco normativo que permita superar el legado de graves violaciones a los Derechos Humanos, y generar condiciones de

convivencia, a través del diseño e implementación de mecanismos que garanticen la reparación integral de los derechos vulnerados y que faciliten la transición pacífica hacia un sociedad en proceso de reconciliación.

Dichos mecanismos han de ser coherentes con los esfuerzos realizados a través de

las leyes 387 y 418 de 1997 (con sus prórrogas y modificaciones), y la Ley 975 de 2005; las acciones implementadas en el marco de la acción integral contra minas antipersonal; la Política de consolidación de los mecanismos de búsqueda e

identificación de personas desaparecidas en Colombia; y las políticas de restitución de tierras, vivienda y generación de ingresos a víctimas, que se vienen diseñando

e implementando bajo el liderazgo del Gobierno Nacional”.

Fortalecimiento institucional

“En desarrollo del principio constitucional de colaboración armónica entre las

ramas del poder público para la consecución de los fines del Estado, se han desarrollado esfuerzos que permiten el fortalecimiento institucional en el país para cumplir con la obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos

vulnerados. Para señalar algunos, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, las Salas de Justicia y Paz en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial;

los Procuradores Judiciales destacados para intervenir en los procesos surgidos de la aplicación de la Ley 975 de 2005; la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes y los

Comités Técnicos Especializados que las apoyan; el Fondo para la Reparación de

las Víctima; el Comité de Coordinación Interinstitucional de que trata el artículo 21 del Decreto 3391 de 2006; el Comité de Reparaciones Administrativas; y la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, son

expresión del esfuerzo realizado”.

Volver al índice

3. La coyuntura actual de los derechos humanos y el Derecho

Internacional Humanitario

En el 2011 el país enfrenta varias situaciones coyunturales que merecen una especial atención de las políticas del Gobierno Nacional en la senda de ahondar y consolidar los progresos en el campo de los DH y el DIH.

En octubre del 2011 se realizarán las elecciones para renovar las

autoridades municipales y departamentales en todo el país. Al entrar en plena campaña electoral, hay signos preocupantes de deterioro de la

seguridad de candidatos y candidatas a las corporaciones públicas y a los cargos ejecutivos municipales y departamentales.

La interferencia de las organizaciones delincuenciales, conocidas como las bandas criminales, -Bacrim-, al proceso electoral es factibles mediante la

extorsión, el asesinato, la corrupción, las alianzas con sectores políticos-y es probables que cuenten con la connivencia de algunos funcionarios públicos- en la medida que tratarán de influir en la campaña y en los

resultados, para adquirir o mantener influencias para proteger sus actividades criminales y para controlar y captar recursos públicos en forma

ilegal. Las agrupaciones guerrilleras Farc y ELN, pese a los golpes militares

recibidos, también buscan incidir en la campaña electoral en algunas regiones del país mediante amenazas, extorsiones, secuestros, toma de

poblaciones y asesinatos. Por las razones anteriores, el escenario de las elecciones municipales y

departamentales, debe ser particularmente protegido de las amenazas a los DH y al DIH, anulando todo peligro, toda presión y toda violencia contra los

candidatos, las candidatas, los movimientos políticos y el electorado en general. Es tarea del Estado y del Gobierno, en particular, prevenir y contrarrestar toda limitación al derecho político de la participación electoral.

La aprobación de la Ley de Víctimas, cuya pieza central es la restitución de

las tierras usurpadas a lo largo del conflicto, así como la reparación de los daños ocasionados a las víctimas, coloca en el centro de la actual coyuntura, la urgencia de proteger a las víctimas sobrevivientes para que

puedan recibir las reparación debidas de acuerdo a ley y que se dé un paso más en la dirección de lograr la verdad, la justicia y la reparación en

Colombia. Se hace urgente tomar medidas para que las víctimas puedan alcanzar la

restitución de las tierras que les fueron despojadas, protegiéndolas de los grupos interesados en conservar lo usurpado y que intentarán amenazar y

aterrorizar a las víctimas para que no puedan reclamar lo que les fue arrebatado.

Al Estado y al Gobierno, en particular, les corresponde hacer todo lo posible para que a la menor brevedad se establezca la verdad de lo sucedido en los

casos de homicidios en personas protegidas, mal llamados “falsos positivos” y se puedan determinar los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que hayan perpetrado tan execrables violaciones a los DH e

infracciones al DIH, para proceder a castigar de manera ejemplar a los culpables. Ello exige, sin mengua del debido proceso y de los derechos de

los implicados, rodear con garantías la marcha de los procesos judiciales con total independencia, exentos de toda presión u amenaza, viniere de

donde viniere.

Igualmente, al Estado y al Gobierno les corresponde hacer todo lo posible

para que pronto se establezca la verdad de lo sucedido en el caso de las interceptaciones y seguimientos ilegales, conocidos como las “chuzadas del

DAS”, aclarando los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que hayan perpetrado delitos y violados los DH de sus víctimas: magistrados, periodistas, dirigentes políticos. Los funcionarios y servidores

públicos que sean hallados responsables deberán recibir los castigos correspondientes. En el mismo sentido que en el punto anterior, es

imperioso garantizar el libre proceder de la justicia y de sus organismos e instancias competentes.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha formulado seis directrices políticas para enfrentar las Bacrim en la actual coyuntura. “Se trata del D6, un

plan que desde seis líneas buscará ganarle la batalla a estas nuevas bandas criminales. Además se buscará crear una fuerza de tarea que trabaje exclusivamente contra ellas. Desarticular, desmantelar, denegar, disuadir,

direccionar y difundir son las seis directrices que conforman la D6, que será una tarea no solo de la Policía sino de acción conjunta de todas las Fuerzas Militares.

La idea es que cada componente del plan funcione así: Desarticular: romper organización y parar funcionamiento. Desmantelar: acción integral con la población para frenar acción de penetración.

Disuadir: prevenir acciones de las Bacrim con tácticas operacionales y judiciales. Denegar: lograr una acción integral con la población para frenar la acción de

penetración en la comunidad. Direccionar: implementación de estrategia por todos los responsables, evaluar. Difusión: colaboración ciudadana y rendición de cuentas”26

Entre las medidas de esta estrategia, denominada D-6, está quitarle a la Policía la

primacía en el tema de la persecución de las bandas, para pasar a una responsabilidad compartida con las Fuerzas Militares, el DAS y la Fiscalía. Asimismo, la propuesta plantea la creación de Fuerzas de Tarea Conjunta contra

las Bacrim, unidades especiales con puesto de mando en zonas específicas y

26 REVISTA SEMANA. D6, la estrategia nacional contra las Bacrim. Lunes 7 Febrero 2011 Disponible en: http://www.semana.com/nacion/d6-estrategia-nacional-contra-bacrim/151477-3.aspx

unidades operativas que tendrían la misión de apoyar las operaciones ofensivas

sobre las áreas y corredores estratégicos de movilidad. Estas unidades estarían conformadas por hombres de todas las fuerzas, con experiencia en

reconocimiento, francotiradores, armas de acompañamiento, explosivos y demoliciones. Las Fuerzas de Tarea Conjunta funcionarían igual a las que se crearon en el marco de la lucha contra las Farc y que han permitido la

consolidación de la presencia de la Fuerza Públicas en los antiguos santuarios de la guerrilla.

Adicionalmente, se reforzará el trabajo de inteligencia para evitar que las bandas

criminales intervengan en los procesos electorales y se creará un plan específico de contrainteligencia para detectar y evitar que los delincuentes se filtren en las filas de la Fuerza Pública.

3.1 La conferencia nacional de derechos humanos

Por iniciativa del Vicepresidente de la República y después, como resultado de acuerdos entre el Gobierno, instituciones del Estado, amplios sectores de la

sociedad civil y con el acompañamiento de la comunidad internacional, se suscribió en noviembre de 2010 la convocatoria para la realización de la

CONFERENCIA NACIONAL EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Los propósitos básicos de la Conferencia tienen que ver con la definición de una agenda común y con la creación del centro u oficina de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contará con la participación del Gobierno Nacional, de otras entidades del Estado, de la Sociedad Civil y el

acompañamiento de la Comunidad Internacional. El proceso de movilización y preparación de la conferencia se desarrollará

mediante la realización de encuentros y foros departamentales, en cuya organización y realización tendrá importantes responsabilidades el Programa

Presidencial de Derechos Humanos y DIH. A finales del 2012 se realizará el evento de la Conferencia Nacional.

El trabajo conjunto se desarrollará alrededor de los siguientes temas:

1. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 2. Justicia y Reparación 3. La lucha contra la impunidad, la corrupción y por la pronta justicia

4. La promoción de una cultura de paz y el desarme de la palabra 5. La promoción de una política de Estado en derechos humanos

Volver al índice

4. Las Grandes Tendencias del 2009 al 2010

A manera de anticipo se señalan a continuación, en forma sintética, las tendencias más importantes, positivas y negativas, en relación con la evolución de los DH y el DIH en Colombia.

4.1 Tendencias Positivas

Respecto al año anterior, el 2010 mostró mejorías en los siguientes casos:

Homicidios

Se redujo en un 2% el número de homicidios en el país, pasando de 15.817 a 15.459 casos, con una disminución de la tasa de homicidios por 100 mil

habitantes de 35.17 a 33.97 hpch.

Homicidios a poblaciones vulnerables

-Alcaldes y exalcaldes: se redujo en un 25% de los casos pasando de 4 a 3

homicidios en todo el país. -Concejales: se redujo en un 20%, pasando de 10 a 8 homicidios de concejales.

-Indígenas: se redujo en un 29.9% al pasar de 107 a 75 indígenas asesinados.

-Clero Católico y agentes de Pastoral Social: se redujo en un 40% pasado de 5 a 3 integrantes del clero católico asesinados.

Violaciones contra la labor periodística

Respecto de las violaciones contra los derechos de los periodistas, en el ejercicio de su profesión, distintas al asesinato, tales como amenazas, trato inhumano o

degradante, obstrucciones a su labor, secuestro, arresto o detención ilegal, exilio, herido en cubrimiento, se contabilizó una disminución del 21% pasando de 157

casos a 124 casos.

Desplazamiento forzado

El desplazamiento forzado se redujo en Colombia en un 46.85% al pasar de

165.541 personas a 87.990 personas.

Minas antipersonal

Disminuyó en un 39.18% el número de eventos por minas antipersonal variando

de 1.891 a 1.150. En cuanto a las víctimas de dichos eventos también se registró una importante reducción de un 30% disminuyendo de 745 a 525 personas

afectadas. Las cifras de personas heridas y personas muertas muestran una

mejoría al bajar el número de casos, pasando de 623 a 470 personas heridas, y en cuanto a personas muertas, las cifras variaron de 122 a 55, respectivamente

del año 2009 al 2010.

Desminado humanitario

En cuanto al desminado humanitario se registró un notable incremento, del 46%,

en la superficie despojada de dichos artefactos pasando de 170.218,18 m2 en 2009 a 249.038,94 m2 en 2010. Vale la pena resaltar que de esa área desminada

en 2010, el Gobierno colombiano desminó 29.524,64m2 que aún quedaban sin retirar en los alrededores de 35 bases militares de la Fuerza Pública, cumpliendo así el compromiso adquirido por el país, según los términos de la Convención de

Ottawa, contra minas antipersonal. Los restantes 219.514,3m2 fueron desminados en comunidades.

4.2 Avances en los últimos Años

El Gobierno de Colombia es consciente de que en el campo de los derechos humanos y el DIH hay todavía un gran trabajo pendiente ya que se viene de una

situación muy compleja, dada la naturaleza del conflicto armado colombiano y su imbricación con múltiples formas de violencia política y común. Es consciente que, como se reseña en el apartado anterior, hay campos y áreas en las cuales se

registran notables progresos en el año 2010 en comparación con el año inmediatamente anterior y que, en algunos casos, esos avances corresponden a

tendencias de más larga duración. Obviamente, mira con mayor atención y preocupación, sin eludir responsabilidades u ocultar las cifras, las situaciones y los aspectos en los cuales los datos muestran un deterioro de los DH y el DIH, en

comparación con el año anterior. El Gobierno se compromete en ahondar sus esfuerzos y generar políticas públicas para detener y contrarrestar el deterioro en

los DH y el DIH, así como alertar a los responsables en los diferentes niveles de la administración pública, para que actúen de inmediato en pro de la causa de los DH y el DIH.

Entre las tendencias a largo plazo que señalan una significativa mejoría merecen

destacarse:

Homicidios

Una clara y sostenida tendencia descendente que pasó de 28.775 víctimas en el

año 2002 a 15.459 víctimas en el 2010, para una reducción del 46.27% en el período de ocho años.

Secuestros

Fuerte descenso, pasando de 2.852 víctimas en el año 2002 a tan sólo 282 en el 2010, para una disminución del 90.11%.

Desplazamiento

Reducción del número de personas desplazadas pasando de 465.195 personas en el año 2002, a 87.990 personas en el 2010, para una disminución de más del 81.08%.

Homicidios a docentes sindicalizados, docentes no sindicalizados y

sindicalistas de otros sectores.

Con algunas oscilaciones, prevalece en general una tendencia a la reducción de homicidios pasando de 196 en el año 2002 a 48 en el año 2010. Es decir, una disminución de 75.51%

Homicidios a alcaldes

Significativa disminución de muertes violentas, pasando de 12 casos en el 2002 a 1 caso en el 2010, la tendencia a la baja fue sostenida hasta el año 2005 y de ahí

en adelante, hasta el 2007 la tendencia se estabilizó con un caso por año y a partir de ese año no se registró ningún homicidio hasta el 2010. Es decir, una

disminución de 91.66% desde el 2002.

Homicidios a concejales

El número de concejales víctimas de homicidios bajó de 77 en el 2002 a 8 en el

2010, la tendencia mostró una curva descendente hasta el 2004 con 18 casos, en el 2005 la curva subió a 26 casos y de ahí en adelante, la tendencia descendente se ha mantenido constante hasta el 2010. Para una disminución de 89.61% en el

período 2002 a 2010.

Homicidio a periodistas Sostenida disminución, de 10 casos en el 2002 a 1 caso en el 2010. Es decir, una

reducción del 10%.

Homicidios a indígenas La tendencia de homicidios indígenas entre 2002 y 2010 es descendente pasando

de 197 casos en el primer año a 75 en el último. Sin embargo, es importante señalar que la curva fue claramente descendente desde el 2003 (171 casos) hasta

el 2007 (40 víctimas), año a partir del cual empieza a ascender con 119 hechos y finalmente, presenta en el 2010 una nueva disminución con la cifra ya señalada. Para una reducción del 61.93% en todo el período 2002 a 2010.

4.3 Tendencias Negativas

Respecto al año anterior, el 2010, mostró deterioro en los siguientes casos:

Homicidio a docentes sindicalizados, docentes no sindicalizados y

sindicalistas de otros sectores

Se pasó de 32 víctimas en el 2009 a 48 víctimas el 2010, es decir, un incremento del 50%. Diferenciado por sectores de análisis se tienen las siguientes cifras detalladas:

Docentes no sindicalizados se incrementó en un 175%, pasando de 4 homicidios

en el 2009 a 11 homicidios en el 2010.

Docentes sindicalizados se incrementó un 40%, contabilizándose 15 casos en el 2009 y 21 casos en el 2010.

Sindicalistas de otros sectores: el aumento fue del 23.08%, pasando de 13 homicidios en el 2009 a 16 homicidios en el 2010.

Homicidios de líderes sociales y comunitarios

El incremento entre el 2009 y el 2010 fue de 28.57%, pasando de 42 homicidios en el año 2009 a 54 en el 2010. Entre ese grupo de persona muertas vale la pena

señalar el caso de integrantes de juntas de acción comunal –JAC- que fueron víctimas de 15 homicidios en el 2009 y en el año 2010, la cifra llegó a 24, para un incremento de un año al otro del 60%.

Homicidios de funcionarios judiciales

El homicidio de funcionarios judiciales pasó de 0 casos en el año 2009 a 3 casos en el año 2010.

Masacres

Las masacres se miden en dos dimensiones casos y número de víctimas.

En la primera dimensión, el número de masacres se incrementó de 29 en el 2009 a 39 en el 2010, para un aumento del 34.48%.

En cuanto al número de víctimas la variación fue del 24.49% al pasar de 147 en el 2009 a 183 en el 2010.

Amenazas a alcaldes en ejercicio

Sobre un universo de 1.122 alcaldes y alcaldesas en ejercicio se registró un incremento de las situaciones en las que se reciben amenazas, de 156 casos en el

2009 a 183 casos en el 2010, para un aumento del 17.31% en el número de casos. En relación con el universo de alcaldías del país, se pasó de un 13.90% de

alcaldes y alcaldesas bajo amenaza en el 2009 a un 16,31%, del total nacional, en el 2010.

Secuestros

Los casos de secuestro se incrementaron un 32.39% pasando de 213 en el año 2009 a 282 en el año 2010.

Volver al índice

5. Homicidios27

Gráfico No 1

Homicidios a nivel nacional 2009 – 2010

15.817 15.459

10.000

12.000

14.000

16.000

2009 2010

Total homicidios

Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Según la Policía Nacional, durante el año 2010 se registraron 15.459 homicidios, que comparados con el número de estos eventos cometidos en 2009 evidencian

una reducción del 2%. Esto mantiene la tendencia descendente que se ha venido presentando desde 2002, cuando se registró el pico más alto de toda la década con 28.775 homicidios, lo que representó una disminución del 46% entre 2002 y

201028.

De los 15.459 homicidios registrados por la Policía Nacional en 2010, el 74% (11.400) ocurrieron en zona urbana y el 26% (4.059) en rural. Por otra parte, se puede establecer que los móviles del homicidio, según la Policía Nacional, en un

45.6% (7.046) fueron por sicariato, el 37.6% (5.818) por otras riñas, el 7.4% (1.150) resultado de la confrontación armada y el restante 9.4% (1.445) se

27 La fuente oficial sobre el tema es la Policía Nacional, entidad que lleva un registro diario de los homicidios comunes (definidos como toda muerte que fuere causada por cualquier tipo de arma, a excepción de aquellos que fueren cometidos en accidentes de tránsito), que incluyen las muertes asociadas con el desarrollo de la confrontación armada (muertes en combate fruto de

enfrentamientos entre miembros de la Fuerza Pública y subversivos o integrantes de las autodefensas, homicidios selectivos cometidos por miembros de los grupos armados ilegales,

enfrentamientos entre agrupaciones ilegales, muertes por terrorismo y minas antipersonal), las vinculadas con la delincuencia organizada (combates contra integrantes de bandas delincuenciales y bandas criminales y homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato) y otro tipo de muertes que no se asocian a ninguna modalidad en particular, como las riñas, la violencia intrafamiliar, la manipulación indebida de armas y las asociadas con el atraco. Finalmente, es importante aclarar que en este registro, también están incluidas las víctimas de masacres, es decir de aquellos eventos donde fueron asesinadas cuatro o más personas en un mismo lugar y en las mismas circunstancias. 28 Vale la pena señalar que el descenso más pronunciado en el número de homicidios se produjo en el periodo 2003 - 2006 con una reducción de 25% entre los dos años, mientras que la disminución en el cuatrienio posterior- 2007 – 2010- alcanzó apenas el 10%.

derivaron de otros móviles29. En cuanto al tipo de arma utilizada se puede establecer que el 81% de las víctimas (12.539) fueron asesinados con arma de

fuego, en el 15% (2.352) por arma blanca y en el 4% (568) por otro tipo de arma.

Tabla No 1

Homicidios por departamento a nivel nacional 2009 – 2010

Departamento 2009 2010 Variacion %

Vichada 10 27 170%

Archipiélago de San Andrés 9 22 144%

Amazonas 6 10 67%

Caquetá 265 349 32%

La Guajira 212 253 19%

Putumayo 186 208 12%

Atlántico 512 567 11%

Córdoba 510 562 10%

Cesar 252 254 1%

Cauca 575 577 0%

Bogotá D.C. 1.327 1.327 0%

Valle del Cauca 2.997 2.977 -1%

Antioquia 2.846 2.798 -2%

Nariño 647 636 -2%

Meta 438 430 -2%

Quindío 241 235 -2%

Caldas 390 377 -3%

Bolívar 372 358 -4%

Cundinamarca 369 353 -4%

Magdalena 321 307 -4%

Casanare 75 71 -5%

Huila 371 347 -6%

Norte de Santander 528 489 -7%

Arauca 244 219 -10%

Tolima 439 377 -14%

Guaviare 116 99 -15%

Risaralda 579 487 -16%

Chocó 142 118 -17%

Boyacá 150 118 -21%

Santander 498 377 -24%

Sucre 184 129 -30%

Guainía 3 1 -67%

Vaupés 3 0 -100%Total 15.817 15.459 -2% Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Es posible hacer un primer nivel de análisis con base en las cifras absolutas a efectos de ver el mayor volumen de homicidios geográficamente distribuidos en los diferentes departamentos del país, por lo que se observa lo siguiente: los

departamentos que registraron en 2010 las cifras más elevadas de homicidios en términos absolutos fueron, Valle del Cauca (2.977), Antioquia (2.798) y en tercer

29 En otros móviles se incluyen los derivados de atracos y los que no se pudieron establecer.

lugar la capital colombiana, Bogotá D.C. (1.327). En las zonas metropolitanas

como el Distrito Capital y en aquellas que componen los mayores centros urbanos de Colombia, se encuentran los municipios que registran las cifras más elevadas

de homicidio: en el departamento de Valle del Cauca su capital Cali presentó 1.609 asesinatos y en los municipios circunvecinos como Palmira se registraron 245 homicidios y en Tulúa 142; de la misma manera, en Antioquia, en Medellín se

presentaron 1.408 homicidios y en los municipios parte de la zona metropolitana como Itagüí se registraron 249 y en Bello 88.

Otros departamentos en los que se registran cifras altas de homicidios, son por

una parte departamentos que cuentan con salida al mar como: Atlántico (567), Córdoba (562), Nariño (636) y Cauca (577); de otra parte, aparecen los departamentos que se ubican en la frontera con Venezuela, como es el caso de

Norte de Santander (489), La Guajira (253), Arauca (219) y en la frontera con Ecuador como Putumayo (208).

Panorámica de Silvia - Cauca Banco de imágenes del Programa Presidencial de DH y DIH

Tabla No 2

Tasa de homicidio por departamento 2009 – 2010 Departamento 2009 2010 Variación %

Vichada 16,13 42,41 163%

Archipiélago de San Andrés 12,37 30,01 142%

Amazonas 8,43 13,89 65%

Cundinamarca 59,95 77,95 30%

La Guajira 26,80 30,90 15%

Putumayo 57,64 63,79 11%

Atlántico 22,41 24,50 9%

Córdoba 32,73 35,51 8%

Cauca 43,96 43,75 0%

Cesar 26,42 26,28 -1%

Bogotá, D.C. 18,28 18,02 -1%

Valle del Cauca 69,09 67,92 -2%

Nariño 39,95 38,79 -3%

Antioquia 47,52 46,13 -3%

Quindio 44,09 42,76 -3%

Caldas 39,94 38,53 -4%

Meta 51,34 49,38 -4%

Bolívar 19,00 18,08 -5%

Magdalena 26,96 25,55 -5%

Cundinamarca 15,14 14,25 -6%

Casanare 23,47 21,81 -7%

Huila 34,71 32,03 -8%

Norte de Santander 41,03 37,68 -8%

Arauca 99,79 88,47 -11%

Tolima 31,74 27,17 -14%

Guaviare 113,96 95,83 -16%

Risaralda 62,96 52,64 -16%

Chocó 30,11 24,78 -18%

Boyacá 11,85 9,31 -21%

Santander 24,90 18,75 -25%

Sucre 22,92 15,91 -31%

Guainía 7,96 2,61 -67%

Vaupés 7,30 0,00 -100%

Nacional 35,17 33,97 -3% Fuente: Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Un segundo nivel de análisis, mucho más útil y revelador, es el que se desprende

de considerar las cifras en términos relativos, lo que permite hacer comparaciones más significativas, para ello se utiliza el cálculo de las tasas de homicidios, en este

caso, la que relaciona el número de homicidios con la población total de la circunscripción territorial, sea departamento o municipio, que se expresa como: homicidios por cien mil habitantes=hpch.

De acuerdo con este criterio se observó que la variación porcentual que muestra

los cambios más críticos se registraron en departamentos como Vichada, que pasó de una tasa de 16,17 hpch a 42,41 hpch, variando el 163%; el Archipiélago de San Andrés que subió de 12,37 hpch a 30 hpch, variando el 142%; Amazonas que

pasó de 8,43, hpch a 13,89 registrando una variación del 65% y Caquetá que

pasó de 59,95 a 77,95, variando el 30%.

Tabla No 3 Municipios según nivel de tasas de homicidio

2009 – 2010 2009 2010 Variación %

Total municipios donde no se registraron

homicidios286 292 2%

Municipios con tasa de homicidos inferior a la

nacional778 829 7%

Municipios con tasa superior a la nacional 344 293 -15%

Municipios con tasa de homicidios superior en

más del doble a la Nacional115 108 -6%

Total de Municipios 1.122 1.122 Fuente: Policía Nacional

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

En general, la tasa de homicidios nacional en 2010 fue de 33.97 hpch, mientras en

2009 había sido de 35.17 hpch, lo que significa una variación de –2% entre estos dos años, pero como lo muestra la tabla No 3, con cifras muy similares entre sí.

Los cinco (5) municipios que registraron las tasas más elevadas a nivel nacional fueron La Apartada en el departamento de Córdoba con 302.38 hpch, El Dovio en

el Valle del Cauca con 233.39 hpch, Puerto Rondón con 231.18 hpch en Arauca, Vistahermosa con 210.48 hpch en el Meta y La Montañita en el Caquetá con

188.24 hpch. Estos cinco municipios pertenecen a su vez a regiones que muestran en general

una situación crítica en materia de tasas de homicidios como: 1) la Región Sur Pacífica, siendo afectados los municipios ubicados en el costado occidental del

sistema montañoso de los Andes, en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño; 2) la Región Suroriental, departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, 3) la Región Nororiental en la que se encuentran los

departamentos frontera con Venezuela como Arauca, Norte de Santander, Cesar y La Guajira; 4) La Región Noroccidental en la cual se incluyen los municipios

limítrofes entre los departamentos de Antioquia (subregión Bajo Cauca) y Córdoba (subregión San Jorge); 5) La Región del Eje Cafetero, compuesta por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío 30.

30 Ver Mapa No 1

Fuente de datos: Policía Nacional Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

En la Región Sur Pacífica (1), los municipios que presentaron las tasas de

homicidios más elevadas fueron: Barbacoas (159.45 hpch), Tumaco (124.58 hpch), Leiva (85.70 hpch) y Policarpa (78.59 hpch) en el departamento de Nariño;

Suárez (142.85 hpch), Piamonte (139.18 hpch), Argelia (33.3. hpch), Caloto (125.95 hpch), Puerto Tejada (115.73 hpch) y Corinto (106.82 hpch) en el Cauca; El Dovio (233.39 hpch), Argelia (137.30 hpch), Toro (130.30 hpch) y Roldanillo

(124.58 hpch) en el Valle del Cauca.

En términos absolutos, de los 4.190 homicidios ocurridos en esta región, los móviles en su mayoría estuvieron asociados a otras riñas (43.7%), sicariato

Tasas de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia en el año 2010

Mapa No 1

(39.7%), acciones guerrilleras (1.6%), combates entre grupos ilegales y la Fuerza

Pública (2.4%) y el 12.6% son derivados de otros móviles.

En esta región hacen presencia diferentes grupos armados ilegales que financian sus estructuras por medio del narcotráfico tales como las guerrillas de las Farc (Nariño, Cauca y Valle del Cauca) y el ELN (Nariño y Cauca)31. Según la Policía

Nacional en los tres (3) departamentos del sur occidente colombiano, también se encuentran bandas criminales como Los Rastrojos (Nariño, Cauca y Valle), Los

Machos (norte del Valle) y Los Urabeños (Nariño). Esto hace que la lucha por el control de los corredores que conectan la Cordillera Occidental con el océano

Pacífico, se incremente entre los grupos armados que tienen incidencia en esta región, de allí a que acciones de estos grupos incidan en el aumento de los homicidios en los departamentos ya nombrados.

En la Región Suroriental (2), los municipios con las tasas de homicidios más

elevadas por departamento fueron San Miguel (183.17 hpch), Puerto Caicedo (146.21 hpch) y Puerto Asís (106.10 hpch) en el Putumayo; La Montañita (188.24 hpch), Cartagena del Chaira (135.74 hpch), Morelia (133.94 hpch), Curillo

(122.81 hpch) y San Vicente del Caguán (122.39 hpch) en el departamento de Caquetá; Calamar (177.15 hpch), Miraflores (148.01 hpch) y San José del

Guaviare (99.52 hpch) en el Guaviare; Vistahermosa (2010.48 hpch), Mesetas (145.75 hpch), Uribe (126.02 hpch) y Puerto Gaitán (100.18 hpch) en el Meta.

En términos absolutos, de los 1.086 homicidios ocurridos en la región, los móviles estuvieron relacionados en su mayoría con el sicariato (47.5%) principalmente en

los departamentos de Putumayo y Meta; también estuvieron vinculados con la confrontación armada (32%) en especial en los departamentos de Caquetá y Guaviare; asimismo, tuvieron relación con riñas en el 14.5% y con otros móviles

en el 6% restante de los casos.

En el suroriente colombiano hacen presencia grupos armados ilegales como las Farc con el bloque Oriental (Meta y Guaviare) y con el bloque Sur (Putumayo y Caquetá), además de bandas criminales como Los Rastrojos (Putumayo) y el

Ejército revolucionario popular antisubversivo de Colombia –Erpac- (Guaviare y Meta).

En la Región Nororiental (3) los municipios con las tasas más elevadas por departamento fueron: Dibulla (66.31 hpch), Fonseca (62.81 hpch) y Maicao

(57.08 hpch) en el departamento de La Guajira; El Paso (63.97 hpch), Agustín Codazzi (43.77 hpch) y Tamalameque (42.89 hpch) en el Cesar; Convención

(146.92 hpch), El Tarra (110.79 hpch) y Tibú (81.59 hpch) en Norte de Santander; finalmente, en el departamento de Arauca 4 de sus 7 municipios superaron en más del doble la tasa nacional, estos municipios en orden

descendente son Puerto Rondón (231.18 hpch), Tame (151.36 hpch), Saravena (137.37 hpch) y Arauquita (127.99 hpch).

31 Información extraída de los reportes de resultados operacionales de las Fuerzas Militares consignados en los Boletines diarios del Coic.

Analizando los móviles de los homicidios en esta región, en términos absolutos, de 1.215 homicidios ocurridos en total, el 73.5% fueron por sicariato principalmente

en los departamentos de La Guajira y Cesar, lo que puede estar asociado a las acciones de bandas criminales con incidencia en la zona; el 12% fueron derivados de la confrontación armada, especialmente en los municipios de Tibú y El Tarra en

el departamento de Norte de Santander y en el departamento de Arauca en los municipios de Saravena y Puerto Rondón, en estos municipios según la Policía hay

una alta responsabilidad de la guerrilla, principalmente de las Farc, quienes al parecer mantienen una confrontación con la guerrilla del ELN en Arauca;

finalmente, el 8.5% se produjeron en medio de riñas y el restante 6% por otros móviles.

Según la Policía Nacional, en los departamentos frontera con Venezuela hacen presencia las bandas criminales denominadas Los Rastrojos (Norte de Santander),

Los Urabeños (Cesar) y Alta Guajira (La Guajira). Además, también hacen presencia las guerrillas de las Farc (La Guajira, Norte de Santander y Arauca) y el ELN (Norte de Santander y Arauca).

La Región Noroccidental (4) ubicada entre los departamentos de Antioquia y

Córdoba, está compuesta por los municipios de la subregión antioqueña denominada como Bajo Cauca y de la subregión cordobesa del río San Jorge. Los municipios que presentan las tasas de homicidios más elevadas fueron Caucasia

(128.91 hpch) y Cáceres (69.61 hpch) en el Bajo Cauca antioqueño y La Apartada (302.38 hpch), Buenavista (187.57 hpch) y Montelíbano (100,60 hpch) en la

subregión del río San Jorge (Córdoba). En términos absolutos, de los 403 homicidios ocurridos en los municipios que

componen las dos subregiones, el 63% fueron por sicariato, el 31% por confrontación armada y el 6% restante respondieron a otros móviles. En esta

región hacen presencia principalmente bandas criminales como Los Paisas y Los Urabeños, aunque la Policía también reporta presencia de Los Rastrojos; igualmente, hacen presencia, hacia el occidente de Córdoba, en los municipios de

Tierralta y Valencia, las Farc y en limites de Antioquia y Bolívar (Magdalena Medio) la guerrilla del ELN. Es importante resaltar que en esta región según las evidencias

reportadas por la Defensoría del Pueblo32 y en la información que se consigna en la Bitácora de Prensa del Observatorio del PPDH y DIH, se viene librando una pugna entre las Bacrim de Los Urabeños y Los Paisas.

La quinta (5) región analizada debido a sus altas tasas de homicidios, es el Eje

Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Los municipios que presentaron las tasas de homicidios más elevadas en el departamento de Caldas fueron Viterbo (141.43 hpch), Palestina (122.76 hpch) y

Chinchina (95.26 hpch); en Risaralda, Santuario (90.00 hpch), La Virginia (85.29 hpch) y La Celia (80.67 hpch); Finalmente, en Quindío, Montenegro (115.79

hpch), Buenavista (101.39 hpch) y Quimbaya (72.42 hpch).

32 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de riesgo 001 de 2011.

En términos absolutos, de los 1.099 homicidios ocurridos en los municipios que

componen el Eje Cafetero, éstos representan el 7.1% del total nacional; de los cuales, el 53% tuvieron como móvil el sicariato, el 38% otras riñas y el 9%

restante, respondieron a otros móviles. En esta región actúan diferentes grupos de delincuencia asociados a redes de tráfico ilegal de narcóticos, principalmente en el corredor vial que conecta el departamento del Valle del Cauca con las tres

ciudades principales del Eje cafetero (Armenia, Pereira y Manizales), la banda criminal denominada “La Cordillera” es la más reconocida con incidencia

principalmente la zona metropolitana, que conforman la ciudad de Pereira y el municipio de Dosquebradas; además, en el costado oriental de los tres

departamentos, sobre la Cordillera Central colombiana, la guerrilla de las Farc utilizan un corredor que conecta al departamento del Tolima con el sur de Antioquia.

Finalmente, en el aspecto espacial, el siguiente mapa muestra la relación entre

cultivos de coca (2009) y las tasas de homicidio (2010). Con excepción de los departamentos de la región central de Colombia (Valle y el Eje Cafetero) y Arauca en costado nororiental; los municipios mayormente afectados por altas tasas de

homicidio (igual o superior al promedio de la tasa de homicidios nacional de 2010) coinciden con altas concentraciones de cultivos de coca. En esta lógica, resultan

seriamente afectados en las tasas de homicidios municipios en la confluencia de los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare, así como Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Putumayo y Nariño y que a su vez se relacionan con mayores

concentraciones de coca.

Un aspecto importante en la relación entre cultivos de coca y tasas de homicidios, es que sobre aquellas regiones en donde hay alta concentración de coca (Putumayo, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba y la

confluencia del Meta, Guaviare y Caquetá), la tasa de homicidios se incrementa en particular en uno o más municipios de éstas regiones, que se configuran como

centros poblados de alta importancia funcional y administrativa para la región y estratégicamente importante en la comercialización de la droga como centro de negocio de la hoja de coca, de la pasta base y/o de la cocaína; es el caso del

municipio de Tumaco en la región Pacífica Nariñense; de Guapi en el Pacífico caucano; de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y San Miguel en el

Medio y Bajo Putumayo; de Caucasia y Montelíbano en Antioquia y Córdoba; de San José de Guaviare, Calamar, San Vicente del Caguán, Vistahermosa y Mapiripán en la confluencia de los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

Fuente de datos: Policía Nacional y DAS Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

Ahora bien, al desagregar los homicidios cometidos a nivel nacional por sexo de la víctima, encontramos que mientras en el año 2009 se registraron 1.261 víctimas

mujeres, en 2010 disminuyeron los índices en un 3% al registrar 1.229 homicidios. Igualmente, en 2009 se registraron 14.551 víctimas hombres presentando una disminución del 2% para 2010 (14.228), adicionalmente en 2009

se registraron 5 víctimas sin establecer su sexo y finalmente 2 en 2010.

En términos absolutos, los departamentos en donde se presentaron más víctimas mujeres fueron Valle del Cauca con el 17.4% (214), Antioquia con el 16.7% (205) y Bogotá D.C. con el 10% (126); de la misma manera, se registraron

Tasas de homicidios en Colombia en el año 2010

Mapa 2

Cultivos de coca (2009) y su relación espacial con las

víctimas mujeres en el 30.2% (341) de los municipios del país, siendo Cali (88),

Medellín (82), Palmira (24), Villavicencio (23), Caucasia (19), Cúcuta (18) y Tumaco (18), los municipios donde se registraron más muertes violentas de

mujeres. Además, el 27.4% (336) se presentaron en zona rural y el 72.6% (893) en urbana. El móvil asociado al homicidio de las 1.229 víctimas mujeres en un 37.8% fue el de sicariato, el 38.7% otras riñas, el 6.2% derivado de la

confrontación armada y el restante 17.3% por otros móviles. En un 71.2% fue utilizada arma de fuego, en el 21.4% arma blanca y en el restante 7.4% otras

armas.

Desagregando los homicidios por rango de edad se encontró que mientras en el año 2009 se habían presentado 935 víctimas menores de edad, para 2010 aumentaron en 8% al registrarse 1009 muertes de menores de edad.

Los departamentos que registraron más muertes de menores fueron con el 23.6%

(238) Valle del Cauca, con el 19.6% (198) Antioquia, con el 9.7% (96) Bogotá D.C. y con el 4.8% (49) Cauca; de la misma manera, se registraron víctimas menores en el 20% (225) de los municipios del país siendo Cali (173), Medellín

(110), Itagüi (24), Tumaco (21), Bucaramanga (18) y Manizales (17) los municipios con más muertes violentas de menores. Además, el 19% (191) se

presentó en zona rural y el 81% (818) en urbana. El móvil asociado en las 1.009 víctimas menores de edad en un 47.5% fueron otras riñas, el 33.7% fue sicariato, el 4.9% derivado de la confrontación armada y el restante 13.9% por otros

móviles. En un 76.1% utilizaron arma de fuego; en un 19.6% arma blanca y en el restante 4.3% otro tipo de armas.

Según lo analizado se puede concluir que si bien en 2010 se redujeron en 2% los homicidios en comparación con 2009, esta dinámica se inserta en una tendencia

descendente que desde 2007 es cada vez menos pronunciada.

Además, no es posible atribuir a la intensidad de la confrontación todos los casos de homicidios que se presentan en el país, es decir, a las acciones de grupos armados ilegales como las guerrillas y a las bajas que se registran en los

combates entre éstos y la Fuerza Pública33. Dado lo anterior, se puede suponer que algunas de las modalidades como el sicariato se relacionan con acciones de

grupos ilegales como la delincuencia organizada. Se observa igualmente, que el contexto de los homicidios reúne características

especiales, que pueden ayudar a la identificación del mismo, tales como: que la mayoría de estos son resultado de la utilización de armas de fuego, lo que refleja

un problema con el porte y tráfico ilegal de armas34; y que en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, algunos de los homicidios ocurren en zonas donde se presume que existe comercio ilegal, prostitución, consumo de drogas y de

33 Según los datos presentados por la Policía Nacional, sólo el 7.4% de los homicidios son resultado de la confrontación. 34 El 81% de los homicidios son resultado de la utilización de armas de fuego.

alcohol, de allí a que los homicidios derivados de otras riñas ocupen el segundo renglón, después de sicariato, en los móviles del homicidio para 2010.

Lo anterior no determina que el móvil denominado por la Policía como otras riñas sea sólo producto de una violencia impulsiva, sino que éste puede tener relación

con acciones de grupos de delincuencia que pretenden manejar redes de microtráfico en las ciudades, que a su vez mantienen una estrecha relación con

otros fenómenos evidentes en zonas rurales como presencia de cultivos ilícitos, laboratorios de droga y rutas de salida del comercio ilegal (drogas, armas, entre

otros) lo que puede incidir en los altos índices de homicidios en zonas intermedias, que comunican la despensa ilegal con sus centros de negocio. Por lo que potencia las disputas entre grupos armados ilegales por el control de territorios donde

existe tráfico y microtráfico de comercio ilegal.

Vale la pena indicar para finalizar, que las reducciones en las cifras de homicidios se han dado únicamente en los móviles relacionados con la confrontación armada, mientras que hubo un aumento en otros móviles como riñas y sicariato. Lo

anterior no sólo se relaciona con un posible aumento en estos móviles, sino con mayor desagregación a partir de 2005 en la información suministrada por la

fuente, pues se pasa de más de 16 mil homicidios con móvil sin establecer a cero (0), lo que puede explicar el notorio aumento de móviles como riñas y sicariato.

Probablemente existe una incidencia en las cifras de homicidios de actores como la delincuencia organizada, quienes desde tiempo atrás han utilizado la modalidad

del sicariato como método de amedrentamiento o para solucionar las pugnas que se producen entre las diferentes organizaciones criminales. Sin embargo, esto no da suficiente claridad sobre la responsabilidad de los eventos de homicidios.

Volver al índice

6. Masacres35

Gráfico No 2

Casos y víctimas de masacres 2009 – 2010

Casos Víctimas

2009 2010

Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Fecha actualización: 31 de diciembre de 2010

Según información de la Policía Nacional, en 2010 se registraron a nivel nacional 39 casos de masacres que dejaron 183 víctimas. Comparando las cifras entre

2009 y 2010 se observa que en cuanto a los casos de masacres se registró un aumento del 34%, mientras en relación a las víctimas, estas aumentan el 24% entre los dos años. Es importante señalar que el año 2010 se ubica en el quinto

lugar con los índices más elevados en esta materia durante la primera década del siglo XXI. Los cuatros años que presentaron cifras mayores que el 2010 en cuanto

a casos fueron 2002 (115), 2003 (94), 2004 (46) y 2005 (48). Según la información disponible36, se pudo determinar que en 2010, el 56.2%

(22) de los casos de masacres fueron en zona rural, cuatro (4) de éstos en zonas de carretera; de otro lado, el 43.8% (17) se presentaron en zona urbana, siete (7)

de los cuales se perpetraron en áreas públicas. Si bien no se pudieron determinar los responsables en el 59% (23) de los casos, del restante 41% (16) se identifican como presuntos autores, a las bandas criminales en 6 casos, la delincuencia

común en 4 casos, a las guerrillas en 5 casos y un caso por parte de particulares.

En el análisis espacial, se estableció que los casos de masacres ocurrieron en 16 de los 32 departamentos que junto con el Distrito Capital componen el territorio nacional. De esos 16, el 69.2% (27) del total de los casos de masacres, se

35 Se denominan como masacres a aquellos eventos donde fueron asesinadas cuatro o más personas en un mismo lugar y en las mismas circunstancias. 36 La fuente oficial para el evento de masacres es la Policía Nacional, sin embargo, para este análisis se complementó con información cualitativa extraída de la Bitácora de Prensa del Observatorio del PPDH y DIH y de los boletines diarios del DAS.

concentraron en Antioquia con el 25.6% (10), Córdoba con el 18% (7), Nariño con el 10.2%(4), Arauca con el 7.7% (3) y Valle del Cauca con el mismo porcentaje de

Arauca.

Tabla No 4

Casos y víctimas de masacres por departamento

2009 – 2010

2009 2010 2009 2010

Antioquia 11 10 -9% 47 50 6%

Arauca 1 3 200% 4 13 225%

Atlántico 0 1 100% 0 4 100%

Bogotá, D.C. 1 1 0% 4 4 0%

Boyacá 1 0 -100% 5 0 -100%

Caldas 0 1 100% 0 4 100%

Caquetá 0 1 100% 0 4 100%

Cauca 2 1 -50% 11 8 -27%

Cesar 0 2 100% 0 8 100%

Córdoba 0 7 100% 0 35 100%

Guaviare 0 1 100% 0 4 100%

La Guajira 0 1 100% 0 4 100%

Nariño 8 4 -50% 51 18 -65%

Norte de Santander 1 0 -100% 6 0 -100%

Putumayo 0 1 100% 0 5 100%

Quindio 0 1 100% 0 4 100%

Santander 0 1 100% 0 4 100%

Sucre 1 0 -100% 4 0 -100%

Valle del Cauca 3 3 0% 15 14 -7%

Total 29 39 34% 147 183 24%

Variación %DepartamentoCasos Víctimas

Variacion %

Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fecha actualización: 31 de diciembre de 2010

De la misma manera, en 6 de los 1.122 municipios del país se concentró el 33.3% (13) de los casos de masacres registrados (39): Medellín (Antioquia) con 3 casos

que dejaron 13 víctimas, seguido por Caucasia (Antioquia) con 2 casos que dejaron 10 víctimas, Montelíbano (Córdoba) 2 casos con 10 víctimas en total, Arauquita (Arauca) 2 casos con 9 víctimas en total, Cali (Valle del Cauca) 2 casos

con 9 víctimas en total y Tumaco (Nariño) con 2 casos en donde resultaron 9 víctimas.

Siguiendo la metodología utilizada para el análisis de los homicidios selectivos en

este informe, se puede señalar que en 2010 los homicidios colectivos se concentraron en tres regiones: 1) Noroccidental, departamentos de Antioquia y Córdoba; 2) Suroccidental, departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño; y

3) Nororiental, departamentos de Arauca, Cesar y La Guajira.37

37 La selección de estas regiones se define por características que permiten asociar a diferentes departamentos, que tienen índices altos de homicidios colectivos (masacres), tales como: ubicación espacial, presencia de grupos armados ilegales y dinámicas de comercio ilegal.

Víctimas por masacres en Colombia, 2009- 2010

Fuente de datos: Policía Nacional Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

En la región Noroccidental (1), se presentó el 43.5% (17) de los casos de masacres ocurridos en el país durante el 2010, los cuales dejaron el 46.5% (85) de las víctimas.

Por un lado, en el área metropolitana del Valle de Aburrá en el departamento de

Antioquia38 ocurrieron cinco (5) masacres, las cuales dejaron 25 víctimas. En Medellín, el primer caso se presentó el 30 de julio de 2010, según el DAS, seis

sujetos que se movilizaban en taxi ingresaron a una casa del barrio La Candelaria y asesinaron a 4 hombres, 2 de los cuales eran menores de edad y dejaron herido

a otro39. Se presume que la masacre estuvo asociada a disputas entre combos

38 El área metropolitana del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia, está compuesta por la

capital departamental (Medellín) y por los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. 39 Boletín diario del DAS No 214, Pág. 5.

Mapa 3 Mapa 4 2009 2010

delincuenciales que hacen presencia en la comuna 10. Tres días después, el 2 de agosto en la Comuna 5 de la capital antioqueña, desconocidos asesinaron a 4

hombres, uno de los cuales era comerciante y los otros tres, trabajadores de la construcción40. Igualmente, el 19 de septiembre presuntos miembros del combo Los Machacos asesinaron a 3 hombres y 2 mujeres, además de dejar heridas a

otras 8 personas que se encontraba en el parque Pilsen del barrio Miramar en la Comuna 6 de esta ciudad.

Según información de diferentes fuentes, estas masacres están relacionadas con

la delincuencia organizada, dichas fuentes afirman que desde la desmovilización de las autodefensas, proceso que terminó en 2006, existe un reacomodamiento de diferentes estructuras que no sólo se nutren de antiguos miembros de los bloques

Cacique Nutibara y Héroes de Granada pertenecientes a las antiguas AUC, sino que utilizan los mismos métodos para consolidar su poder en el territorio.

Otra de las evidencias indica que la penetración de bandas criminales como Los Urabeños o Los Rastrojos y la disputa entre ellos por territorios importantes

alrededor de la zona metropolitana, se ve reflejada en la comisión de delitos tales como masacres, en municipios aledaños a la capital antioqueña. Casos que

reafirman esta hipótesis son el ocurrido en el municipio de Cisneros, donde en un establecimiento público del barrio La Cristalina, presuntos miembros de Los Rastrojos asesinaron a 4 hombres, incluyendo 2 menores de edad y dejaron

heridas a otras 3 personas; en el municipio de Uramita, en la vía que comunica con el municipio de Peque, presuntos miembros de las Farc asesinaron a 7

personas que pertenecían supuestamente a una banda criminal; y en el municipio de Guarne, el 4 de septiembre en la vereda Piedras Blancas, fueron asesinados por desconocidos 3 hombres y una niña de 9 años.

Estos municipios se ubican en zonas intermedias que comunican la capital de

Antioquia con subregiones como Urabá, salida al mar de este departamento y el Bajo Cauca, donde históricamente ha existido presencia de grupos armados asociados al narcotráfico y que junto con la subregión de San Jorge, en el

departamento de Córdoba, configuran una zona que presenta altas tasa de homicidios.

En estas dos últimas subregiones (Bajo Cauca y San Jorge) que limitan entre sí, ocurrieron 6 casos de masacres los cuales dejaron 33 víctimas. Por un lado, en la

subregión del Bajo Cauca en el departamento de Antioquia ocurrieron dos (2) de estos casos, ambos en el municipio de Caucasia; el primero, el 26 de marzo,

presuntos miembros de una banda criminal, con incidencia en la zona, asesinaron a 4 campesinos en el corregimiento El Palomar; el segundo, sucedió el 27 de mayo en la hacienda Villa Eugenia, donde fueron atacados por una banda criminal

un grupo de personas, resultando muertos 6 hombres.

40 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. Bitácora Semanal de Prensa. Semana del 28 de julio al 3 de agosto de 2010. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx

Tabla No 5

Casos y víctimas de masacres en la región Noroccidental

Casos Víctimas

Caldas 1 4

Caucasia 2 10

Cisneros 1 4

Envigado 1 8

Guarne 1 4

Medellín 3 13

Uramita 1 7

Buenavista 1 6

Ciénaga de Oro 1 4

Lorica 1 4

Montelíbano 2 10

Montería 1 4

Puerto Libertador 1 7

Córdoba

Total Córdoba

Total Antioquia

Departamento Municipio2010

Antioquia

Los otros cuatro (4) casos ocurrieron en la subregión de San Jorge en el departamento de Córdoba. Estos casos están relacionados con la disputa territorial entre las Águilas Negras o Urabeños y Los Paisas en alianza con Los Rastrojos, lo

que según la Defensoría del Pueblo,”…se ha materializado hasta la fecha en amenazas y homicidios selectivos (y colectivos), los cuales se han incrementado

de manera alarmante en comparación con los años anteriores”.41 Es así como Las Águilas Negras o Urabeños cometieron, según la Policía Nacional, dos (2) masacres en el municipio de Montelíbano (Córdoba) que dejaron 10 víctimas, de

las cuales 2 eran menores de edad.

“Así mismo, Los Paisas han perpetrado masacres como la ocurrida el pasado 18 de julio de 2010, en la vereda Colonia 72 del corregimiento Villa Fátima, en donde al parecer miembros de Los Paisas asesinaron a seis (6) personas,

dentro de las cuales se encontraba un niño de 14 años de edad. Los familiares de un grupo de las víctimas, quienes se tuvieron que desplazar

forzadamente para salvaguardar su vida por temor a recibir represalias por parte de los grupos armados ilegales, le manifestaron a la Defensoría del

Pueblo que sus parientes no tenían relación con ninguno de los grupos armados ilegales que se disputaban el territorio y que nunca habían recibido amenazas de muerte”42.

A lo anterior habría que agregarle que debido a la penetración de Los Urabeños a

estas subregiones, esta banda criminal ha entrado en conflicto por zonas de control de la guerrilla de las Farc. Esta situación se observa con la masacre

41 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de riesgo 009 de 2010. Pág. 2. El texto en paréntesis subrayado fue agregado por el Observatorio de Derechos Humanos 42 Ibíd.

ocurrida en el municipio de Puerto Libertador, donde en medio de este enfrentamiento, presuntamente miembros del frente 58 de las Farc asesinaron a 7

personas acusadas de pertenecer a Los Urabeños, de las cuales tres (3) eran menores de edad43.

Para finalizar el análisis de la región Noroccidental, se encuentran, por un lado la capital del departamento de Córdoba, Montería, donde ocurrió una masacre el 4

de abril en el barrio Colina Real, dejando muertos al desmovilizado del bloque Mineros de las AUC, Manuel Ramos y a otros tres hombres, incluyendo un menor

de edad; de otro, están los municipios ubicados en la subregión cordobesa de Sinú, como Lorica, donde desconocidos dispararon contra un establecimiento público resultando muertos 4 hombres y como Cienaga de Oro, donde fueron

asesinados tres miembros de una familia, incluyendo una pareja de esposos y un menor de edad, además de un trabajador de la finca La Sorpresa.

La región número dos (2) se ubica al Suroccidente del país, compuesta por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Allí, se registró el 20.5% (8)

de los casos de masacres, los cuales dejaron el 22% (40) de las víctimas a nivel nacional.

Tabla No 6

Casos y víctimas de masacres en la región Suroccidental

Casos Víctimas

Cauca Suárez 1 8

Barbacoas 1 4

El Charco 1 5

San Andres de Tumaco 2 9

Buenaventura 1 5

Cali 2 9

2010Departamento Municipio

Nariño

Total Nariño

Valle del Cauca

Total Valle del Cauca

Total Cauca

De los cuatro (4) casos que sucedieron en el departamento de Nariño, dos se

presentaron en el municipio de Tumaco; el primero ocurrió el 13 de enero de 2010 en zona rural del municipio, allí fueron asesinadas 5 personas de las cuales 2 eran

mujeres; el segundo, ocurrió el 10 de noviembre en el corregimiento de Llorente, donde fue asesinada una mujer y tres de sus hijos, 2 de ellos menores de edad.

Otro de los casos sucedió en el municipio El Charco, cuando “presuntos miembros de bandas criminales asesinaron a 5 personas, entre las que se encontraba el

exconcejal del municipio, David Enríquez Tello y sus 2 hermanos. Según las

43 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. Bitácora Semanal de Prensa. Semana del 17 al 23 de marzo de 2010. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx

autoridades, las víctimas fueron sacadas de sus casas a las 6:00 de la mañana, a

las 7:00 se reportó su desaparición y aproximadamente a las 8:00 de la mañana, los familiares recibieron una llamada vía celular en la que les indicaban el sitio

donde quedaron los cuerpos sin vida”44. La cuarta masacre de este departamento durante 2010, ocurrió en el municipio de

Barbacoas, “En el sitio conocido como El Barro, zona rural del municipio de Barbacoas (Nariño), los cuerpos de 4 indígenas aparecieron tirados en la vía con

varios impactos de bala en sus cuerpos. Los fallecidos eran miembros de la comunidad Awá.”45.

Si bien, en tres de los hechos no se identificaron a los responsables las pocas evidencias apuntan a que las masacres están asociadas a la dinámica de violencia

en Nariño, como a continuación se ampliará.

Entendiendo las masacres como un método utilizado por los grupos armados ilegales para amedrentar a la población y consolidarse en un territorio, desde finales del año 2009, la dinámica de violencia en el departamento de Nariño se

modificó como resultado de un supuesto pacto de no agresión firmado entre las guerrillas del ELN y las Farc. A lo anterior habría que agregar la presencia de

bandas criminales, las cuales pretenden la consolidación y expansión territorial en el departamento, como Los Rastrojos, según la Defensoría del Pueblo, esta banda criminal “…se extienden a labores de control territorial y poblacional, de restricción

a la circulación de la población, al confinamiento de las comunidades, y a la aplicación de justicia privada a través del desplazamiento forzado y, los homicidios

selectivos y ejemplarizantes”46. Lo anterior produjo que en zonas rurales del departamento de Nariño, se presente

una disputa armada por el control territorial y poblacional entre Los Rastrojos y la guerrilla de las Farc; lo mismo acontece en zonas urbanas como en las cabeceras

municipales de Barbacoas y El Charco, donde igualmente hacen presencia Los Rastrojos y milicianos de las Farc; además, esto se intensifica con la presencia de grupos delincuenciales que contratan sus servicios al mejor postor.

En el departamento de Cauca por su parte, se registró el asesinato de 8 hombres,

el caso al parecer fue perpetrado por miembros de las Farc, quienes creyeron que estas personas eran miembros de bandas criminales, las cuales pretenden incursionar en zonas con incidencia de esta guerrilla, según el DAS “en el

corregimiento El Hato, vereda Santa Marta, tres terroristas que se identificaron como guerrilleros, realizaron una masacre contra un grupo de mineros extractores

44 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. Bitácora Semanal de Prensa. Semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2010. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx 45 OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH. Bitácora

Semanal de Prensa. Semana del 3 al 9 de noviembre de 2010. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx 46 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de Seguimiento 008 de 2010. Pág. 3

de oro procedentes de Zaragoza (Buenaventura), luego de señalarlos como infiltrados de las Autodefensas”47.

Finalmente, en el departamento de Valle del Cauca se registraron tres casos de masacres, dos de los cuales ocurrieron en la capital departamental. El 22 de

agosto en el barrio Realengo de la ciudad de Cali, resultaron muertos 4 hombres y una menor de edad; según la Policía, el hecho se dio en medio de una

riña en el lugar donde se celebraba un cumpleaños. El otro hecho ocurrió el 8 de diciembre, cuando sicarios dispararon contra personas que se encontraban en una

vía pública de la ciudad, resultando muertos 4 hombres, uno de los cuales era miembro de la Policía. Aunque estos casos parecen ser aislados, la Policía Nacional argumenta que la ciudad de Cali se ha visto afectada por acciones de sicarios a

sueldo contratados por bandas de delincuencia que pretenden controlar el tráfico y microtráfico de narcóticos establecido en la ciudad, lo que incide en la gran

cantidad de homicidios con móviles de sicariato48. El tercer caso ocurrió en el municipio costero de Buenaventura, según la Policía

Nacional, desconocidos activaron un artefacto explosivo en zona urbana del municipio, resultando muertos un miembro de la Policía, una mujer y otros tres

hombres. Según la Defensoría del Pueblo esta conducta es típica en acciones de la guerrilla, como es el caso del frente 30 de las Farc, quienes hacen presencia en la zona urbana del municipio, como lo expresan en una nota de seguimiento emitida

por la entidad en diciembre de 2010, “Si bien la Fuerza Pública anuncia el debilitamiento de las Farc en la zona urbana, existe un temor generalizado de que

las Farc mediante actos de terror e intimidación pretendan recuperar los corredores de movilidad que articulan el distrito con las diferentes cuencas de los ríos”49. Con esto, la Defensoría pretende argumentar la violencia ejercida por la

lucha entre delincuencia organizada como Los Rastrojos y las Farc. Violencia que se evidencia por medio de atentados terroristas entre otras acciones de los grupos

armados ilegales en este municipio.

La tercera región más afectada por casos de masacres en el país es la Nororiental

(3), conformada por departamentos que limitan con la República de Venezuela como Arauca, Cesar y La Guajira. En esta región ocurrieron el 15.4% (6) de los

casos a nivel nacional, lo cuales dejaron el 13.6% (25) de las víctimas. El departamento de Arauca registró en 2010 un total de 3 eventos que dejaron 13

víctimas. Dos de los hechos ocurrieron el mismo día, primero de julio, en el municipio de Arauquita; en el primero fueron asesinados 4 campesinos en zona

rural del municipio y en el segundo, murieron cinco hombres, tres de los cuales eran menores de edad y quienes al parecer pertenecían a grupos armados que hacen presencia en el departamento.

47 Boletín diario del DAS No 099, Pág. 6. 48 Periódico EL TIEMPO. “En 2010 hubo 7.200 muertes por sicarios” Sección Justicia. Edición 25 de

enero de 2011. Disponible en: www.eltiempo.com. Consultado por última vez: 15/02/2011 49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de Seguimiento No 027-10. Pág. 5

Tabla No 7

Casos y víctimas de masacres en la región Nororiental

Casos Víctimas

Arauquita 2 9

Saravena 1 4

La Paz 1 4

Valledupar 1 4

La Guajira Maicao 1 4

Total Arauca

Total La Guajira

Total Cesar

Departamento Municipio2010

Arauca

Fuente: Policía Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fecha actualización: 31 de diciembre de 2010 En diferentes ocasiones, se ha advertido sobre el riesgo en que se encuentra el

municipio de Arauquita50 debido a la presencia y disputa territorial entre el frente Domingo Laín del ELN y el frente 10 de las Farc, que se hacen evidentes por medio de acciones como amenazas y homicidios selectivos; además, ambos

grupos ilegales realizan reclutamientos forzados de menores de edad entre los habitantes de la zona. Esto puede conllevar a que sectores vulnerables como

campesinos y menores de edad se encuentren en el foco de la violencia en esta región.

En relación a lo anterior, por la pugna entre esas dos guerrillas también se ven afectados otros municipios de Arauca. En medio de la presencia territorial que

tienen estos grupos ilegales en el municipio de Saravena, el pasado 6 de noviembre miembros del ELN, instalaron un retén ilegal, asesinando a cuatro

hombres. En el departamento de Cesar por su parte, ocurrieron en 2010 dos masacres, la

primera en Valledupar, el 6 de mayo, sicarios asesinaron a tres hombres y una mujer; la segunda, en el municipio de La Paz, en la vía que conduce de éste

municipio a Valledupar, fueron asesinadas dos mujeres, madre e hija, que se dedicaban a actividades comerciales, junto con dos escoltas que las acompañaban.

Por último, en el departamento de La Guajira, en el municipio de Maicao, fueron

asesinadas dos mujeres, una de las cuales era menor de edad y dos hombres entre los cuales se encontraba, supuestamente, un miembro de las bandas criminales que tienen presencia en el departamento.

Para finalizar este capítulo sobre los homicidios colectivos o masacres, quedan

elementos importantes para rescatar como conclusiones. En primer lugar, en cuanto a los casos de masacres, se identificó que de los 39 ocurridos a nivel nacional, en 7 resultaron muertos miembros de un mismo grupo familiar, en 7

resultaron muertos miembros de la delincuencia o de los grupos armados ilegales,

50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de Seguimiento No 022-10. Pág. 5

en 2 casos fueron asesinados miembros de la Policía Nacional, en un caso resultó muerto el exconcejal del municipio de El Charco, Fabio Enríquez Tello, y en un

caso resultaron muertos 4 miembros de la comunidad indígena Awa. Se observó igualmente, que en el 43.5% (17) de los 39 casos de masacres, fueron

asesinadas 26 mujeres, de las cuales 7 eran menores de edad y una estaba en estado de embarazo.

Desagregándolas por rango de edad, se identificó que el 66% (121) de las

víctimas eran menores de 35 años, y de ellas 27 eran menores de 18 años. Esto puede relacionarse con el reclutamiento forzado que los grupos armados ilegales realizan en departamentos como Antioquia, Córdoba y Arauca, muchos de los

cuales ingresan a las filas de estos grupos con la promesa de mejores ingresos económicos y que finalmente se ven involucrados en las disputas territoriales de

éstos. Si a lo anterior se suma que el 51% de los casos tienen como móvil el sicariato y

que la mayoría de casos de masacres ocurren en medio de un escenario de confrontación entre grupos armados ilegales que quieren expandir su incidencia en

el país, como las bandas criminales denominadas Los Rastrojos y Los Urabeños, podemos advertir como conclusión final que el homicidio colectivo, dado su carácter indiscriminado, no obedece a acciones sistemáticas en contra de un grupo

vulnerable, sino que está articulado, como se describe en varios de los capítulos de este informe, al espacio geográfico, el comercio ilegal y a la presencia de

grupos armados organizados.

Volver al índice

7. Situación de derechos humanos de grupos vulnerables51

7.1 Autoridades locales

Fuente de datos: Federación Nacional de Concejales - Fenacon y Federación Nacional de Municipios - Fedemunicipios

Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

51 El Observatorio de DH y DIH del Programa Presidencial de DH y DIH realiza un monitoreo

permanente y juicioso de las violaciones a los derechos humanos de los siguientes sectores vulnerables: alcaldes y ex alcaldes, concejales, periodistas, indígenas, sindicalistas, docentes, líderes sociales y comunitarios, operadores judiciales y religiosos. Se considera como grupos vulnerables a aquellas personas que, sea por su edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, circunstancias políticas o culturales o en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. PÉREZ CONTRERAS, MARÍA DE MONSERRAT.”Aproximación a un estudio sobre

vulnerabilidad y violencia familiar”. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Instituto de investigaciones jurídicas. Universidad Autónoma de México. Nueva serie año XXXVIII. Número 113. Mayo –agosto de 2005.

Homicidios de autoridades locales en los municipios de Colombia

2009- 2010

Mapa 5 Mapa 6 2009 2010

El grupo vulnerable de autoridades locales52, al ser responsable de la toma de

decisiones gubernamentales en el nivel municipal, es constantemente afectado por las acciones delictivas de los grupos armados ilegales, tales como bandas criminales y guerrillas, puesto que dichos grupos al margen de la ley, con su

accionar delictivo, desestabilizan y obstaculizan los procesos de toma de decisiones políticas y la estabilidad de la seguridad de la sociedad en los territorios

donde hacen presencia.

Gráfico No 3

Homicidios de Alcaldes y Exalcaldes 2009 – 2010

Fuente: Federación Nacional de Municipios - Fedemunicipios Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Si se comparan las cifras de homicidios de alcaldes y ex-alcaldes de los años 2009

y 2010, se observa que hubo una disminución en la cantidad de víctimas para este último año, lo que significa una variación negativa del 25%. Sin embargo, es

importante mencionar que las cifras correspondientes a 2009 y 2010 son solamente de homicidios perpetrados a exalcaldes, por consiguiente, se percibe una situación favorable para los alcaldes en ejercicio de sus funciones.

En cuanto a los exalcaldes, como lo detallan las cifras expuestas a continuación,

pese a que el número de homicidios lleva una tendencia a la baja, si se coteja con años anteriores, no cabe duda de que son los afectados, y esto se debe en parte al hecho de que tan pronto terminan sus funciones como mandatarios locales,

vuelven a ser ciudadanos del común en su mayoría desprovistos de un esquema de protección personal, y por ello afrontan automáticamente una situación de

mayor vulnerabilidad, debido a que como alcaldes en ejercicio debieron tomar ciertas decisiones y enfrentarse ya sea directa o indirectamente a la delincuencia.

52 Para el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, se consideran Autoridades Locales los Alcaldes, Ex –alcaldes y Concejales. Sin embargo el Observatorio se encuentra en proceso de gestión para ampliar esta categoría y abarcar gobernadores y diputados.

Tabla No 8

Homicidios de ex-alcaldes por departamento y municipio 2009 – 2010

Departamento Municipio 2009 2010 Variación %

Olaya 1 0 -100%

Yondó 1 0 -100%

Antioquia Total 2 0 -100%

Bolívar Magangué 0 1 100%

Florencia 0 1 100%

Puerto Rico 1 0 -100%

Caquetá Total 1 1 0%

Córdoba San Antero 1 0 -100%

Putumayo Mocoa 0 1 100%

4 4 0%Total

Antioquia

Caquetá

Fuente: Federación Nacional de Municipios - Fedemunicipios Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Los 3 homicidios perpetrados en contra de exalcaldes en el año 2010 tuvieron

lugar en 3 departamentos, en Bolívar, Caquetá y Putumayo. En cuanto al exalcalde asesinado en Bolívar, José María Acosta Marriaga, éste se

había desempeñado como alcalde del municipio de Santa Bárbara de Pinto (Magdalena) para el período 2001 - 2004 y residía en Magangué. El exalcalde fue

ultimado por un sujeto que pertenece a la banda criminal Los Urabeños, quien posteriormente fue capturado por las autoridades.

El exalcalde muerto en zona rural de Florencia (Caquetá), Omar Varón Gómez, se había desempeñado como alcalde del municipio de El Doncello de ese mismo

departamento, en el período 2001 – 2004, y fue ultimado por miembros de la delincuencia común con el fin de hurtarle el dinero que había recaudado producto de un bazar.

Por último, el exalcalde asesinado en Mocoa (Putumayo), Wilson Artunduaga

Castañeda, se había desempeñado como mandatario en el municipio de Piamonte (Cauca), para el periodo 2001 – 2004. Durante su período de gobierno tuvo problemas de seguridad debido a amenazas, razón por la cual despachó durante

varios meses desde el municipio de Popayán.

En lo que atañe al número de amenazas en contra de alcaldes en ejercicio de sus funciones, en los años 2009 y 2010, se observa una variación porcentual del 17%, lo cual corresponde a un aumento de 27 casos en el número de amenazas para el

año 2010.

Tabla No 9

Amenazas de alcaldes en ejercicio por departamento y porcentaje 2009 y 201053

DepartamentoNúmero de

Alcaldes2009 2010

Variación %

2009 - 2010

% Alcaldes

amenazados en

% Alcaldes

amenazados en

Guaviare 4 3 4 33% 75,00% 100,00%

Caquetá 16 8 13 63% 50,00% 81,25%

Putumayo 13 5 8 60% 38,46% 61,54%

Arauca 7 1 4 300% 14,29% 57,14%

Huila 37 15 17 13% 40,54% 45,95%

Quindío 12 6 4 -33% 50,00% 33,33%

Tolima 47 15 15 0% 31,91% 31,91%

Meta 29 3 8 167% 10,34% 27,59%

Nariño 64 15 17 13% 23,44% 26,56%

N/S 40 9 10 11% 22,50% 25,00%

Córdoba 30 3 7 133% 10,00% 23,33%

Casanare 19 1 4 300% 5,26% 21,05%

Cauca 41 12 7 -42% 29,27% 17,07%

Magdalena 30 2 5 150% 6,67% 16,67%

Valle del Cauca 42 3 7 133% 7,14% 16,67%

Chocó 31 8 5 -38% 25,81% 16,13%

Bolívar 46 11 6 -45% 23,91% 13,04%

Cesar 25 5 3 -40% 20,00% 12,00%

Guainía 9 1 1 0% 11,11% 11,11%

Antioquia 125 6 13 117% 4,80% 10,40%

Cundinamarca 116 5 11 120% 4,31% 9,48%

Atlántico 23 0 2 100% 0,00% 8,70%

Caldas 27 6 2 -67% 22,22% 7,41%

Risaralda 14 1 1 0% 7,14% 7,14%

La Guajira 15 0 1 100% 0,00% 6,67%

Santander 87 2 4 100% 2,30% 4,60%

Sucre 26 5 1 -80% 19,23% 3,85%

Boyacá 123 5 3 -40% 4,07% 2,44%

Amazonas 11 0 0 0% 0,00% 0,00%

Bogotá D.C 1 0 0 0% 0,00% 0,00%Archipiélago de

San Andres,

Providencia y

Santa Catalina 2 0 0 0% 0,00% 0,00%

Vaupés 6 0 0 0% 0,00% 0,00%

Vichada 4 0 0 0% 0,00% 0,00%

Total 1.122 156 183 17% 13,90% 16,31% Fuente: Federación Nacional de Municipios - Fedemunicipios Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Las cifras más altas de amenazas a alcaldes para 2010 se ubican en los

departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Nariño y Tolima. También se destaca que sólo 8 departamentos de los 27 señalados registran una variación negativa en

el número de amenazas, estos departamentos son: Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Quindío y Sucre. Por otra parte, los departamentos de Amazonas, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés y

Vichada, y la ciudad de Bogotá D.C, no registraron amenazas en contra de alcaldes en el año 2010, ni tampoco en el año anterior 2009.

53 Para la fuente oficial, la Federación Nacional de Municipios, cada amenaza aquí registrada corresponde a un alcalde en ejercicio amenazado.

En términos porcentuales, la tabla anterior indica que en 2010, el 16.31% del

total de alcaldes en el país recibieron amenazas, lo cual supera la cifra porcentual del año 2009 que fue de 13.90%. Con base en este análisis, llama la atención que

15 departamentos de los 32 que tiene Colombia, es decir, casi la mitad, superan el promedio nacional.

Este mismo análisis de acuerdo al número de municipios por departamento, presenta también datos muy dicientes, por ejemplo, en 2010 el 100% de los

alcaldes en Guaviare recibieron amenazas, en Caquetá el 81.25%, en Putumayo el 61.54%, en Arauca el 57.14% y en Huila el porcentaje de alcaldes amenazados

fue del 45.95%. Estas cifras de amenazas se pueden explicar con base en el crecimiento que han

tenido las bandas criminales al servicio del narcotráfico y a la presencia de los grupos armados al margen de la ley, principalmente de las Farc, los cuales se

disputan la influencia en territorios en distintos departamentos del país, debido a que son zonas estratégicas para llevar a cabo sus actividades de cultivo, procesamiento y comercialización de drogas ilícitas; así mismo para realizar

extorsiones a la población.

Por ejemplo, en el departamento de Antioquia durante este año, se ha sufrido el proceso de expansión territorial de las bandas criminales denominadas Águilas Negras y Los Urabeños, además del accionar de los distintos frentes de las Farc,

los cuales se disputan el tránsito de las drogas ilícitas hacía Panamá, a través de la Costa Pacífica en el departamento del Chocó54.

Por otro lado, el departamento del Caquetá también ha experimentado una expansión de la banda criminal las Águilas Negras y se disputa con las Farc los

espacios territoriales para las actividades de cultivo, procesamiento y comercialización de drogas ilícitas.55 De igual manera, en lo concerniente al

departamento de Nariño, la banda criminal Los Rastrojos junto con las Farc, son los grupos ilegales con mayor incidencia armada debido a que luchan por el control de las bocanas de los ríos que desembocan a la Costa Pacífica nariñense56.

Esta misma dinámica se evidencia también en los departamentos de Córdoba,

Valle del Cauca, Meta, entre otros. Por consiguiente, este comportamiento y accionar de los grupos armados al margen de la ley, ponen en riesgo la vida y la integridad de los habitantes de estos departamentos y en igual o mayor medida la

vida e integridad de los alcaldes, ya que éstos por constitución son los encargados de la seguridad dentro del entorno local57, además que obstaculizan de gran

manera las actividades de gerencia y gestión pública.

54 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 015-10 del 20 de septiembre de 2010 e Informe de Riesgo No. 016-10 del 29 de septiembre de 2010. 55 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 005-10 del 05 de abril de 2010 e Informe de Riesgo No. 019-10 del 16 de agosto de 2010. 56 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT .Nota de Seguimiento No. 020-10 del 24 de agosto de 2010 y Nota de Seguimiento No. 021-10 del 30 de agosto de 2010. 57 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 315.

Si se cotejan las cifras de homicidios con las de amenazas, se muestra que de los 7 departamentos en donde más se registraron amenazas para los años 2009 y

2010, en sólo 2 de estos se presentaron homicidios, es decir, en Antioquia y Caquetá. Por lo tanto, es pertinente decir que no coincide el número de amenazas con el número de homicidios, debido a que los amenazados que aquí se reportan,

con base en la fuente oficial (Federación Nacional de Municipios), son alcaldes en ejercicio y los asesinados son ex-alcaldes. En ese orden de ideas, se puede decir

que en términos generales, en donde se presentaron amenazas es donde menos se presentaron homicidios.

Gráfico No 4

Homicidios de Concejales 2009 – 2010

Fuente: Federación Nacional de Concejales - Fenacon Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

En lo que atañe a concejales, para el año 2010 hubo una disminución del 20% en

el número de homicidios con respecto al año anterior, en 2009 se cometieron 10 y para 2010 disminuyó a 8, los cuales ocurrieron en 6 departamentos diferentes.

En Antioquia, asesinaron en Medellín al concejal del municipio de Tarazá, Libardo Antonio Sequeda Anaya, quien había recibido amenazas meses antes, por lo cual

se encontraba laborando desde la capital antioqueña.

En Boyacá, fueron asesinados 2 concejales, Luís Eduardo Velandia Pico, quien era concejal de El Cocuy y fue ultimado en este mismo municipio y Daniel Horacio Forero, concejal del municipio de Albania (Santander), asesinado en el municipio

de Chiquinquirá, y quien había recibido amenazas en su contra.

En el departamento del Chocó, asesinaron en El Cantón del San Pablo a Inocencio Rengifo Martínez, concejal de este mismo municipio; en Córdoba, fue asesinado en el municipio de San Antero, Joaquín Fidel Arroyo Burgos, concejal del municipio

de Coveñas (Sucre).

2009 2010

En el departamento del Tolima, también fueron asesinados 2 concejales, en el

municipio de Ibagué murió Henry Ramírez Daza, quien era concejal del municipio de Ambalema y había recibido amenazas en su contra, y Deiler Andrade,

asesinado en Planadas y quien era concejal de este mismo municipio. El concejal fue asesinado por individuos que se identificaron como miembros de la columna Héroes de Marquetalia de las Farc.

Y por último, en el departamento de Valle del Cauca, asesinaron en Trujillo a

Norberto García Quiceno, quien era concejal de este mismo municipio.

Tabla No 10

Homicidios de concejales por departamento y municipio en 2009 y 2010

Departamento Municipio 2009 2010 Variación %

Antioquia Medellín 0 1 100%

Atlántico Barranquilla 1 0 -100%

Chiquinquirá 0 1 100%

El Cocuy 0 1 100%

0 2 100%

Casanare Sácama 1 0 -100%

Chocó El Cantón del San 0 1 100%

San Antero 0 1 100%

Tierralta 1 0 -100%

1 1 0%

Huila Hobo 1 0 -100%

Magdalena El Banco 1 0 -100%

Meta El Castillo 1 0 -100%

Nariño San Pablo 1 0 -100%

Santander Bucaramanga 1 0 -100%

Ibagué 0 1 100%

Planadas 0 1 100%

Prado 1 0 -100%

1 2 100%

Trujillo 0 1 100%

Tuluá 1 0 -100%

1 1 0%

10 8 -20%

Córdoba

Córdoba Total

Boyacá

Boyacá Total

Tolima

Tolima Total

Valle del Cauca

Valle del Cauca Total

Fuente: Federación Nacional de Concejales - Fenacon Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Tabla No 11

Amenazas de concejales en ejercicio por departamento en 201058

Fuente: Federación Nacional de Concejales - Fenacon 59 Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Según la tabla anterior, el número de amenazas confirmadas con la fuente oficial respecto a los concejales es de 295; además, algo bastante interesante de estas cifras es que de los 15 departamentos afectados, 4 de ellos reportan el 77% del

total de las amenazas, estos son: Caquetá, Cauca, Nariño y Tolima. De estos 4 departamentos, Cauca es el más amenazado y por ende en donde los concejales

se encuentran en el nivel de riesgo más alto, debido a que se presentaron 106 amenazas en este año, lo que equivale a un 36% del total.

Por otro lado, si bien Cauca es el departamento en donde más se han amenazado concejales en ejercicio, es oportuno recordar que 2009 y 2010 no se presentaron

homicidios de este grupo de autoridades locales en este departamento.

En los departamentos en los cuales los concejales han sido más amenazados durante el 2010, la dinámica delincuencial impartida por cuenta de las Farc y las bandas criminales es bastante compleja; por ejemplo, Nariño, Cauca, Caquetá y

Tolima son departamentos que están interconectados; estos dos primeros son completamente limítrofes, Cauca por el occidente y Nariño por el oriente, y ambos

58 Para la fuente oficial, la Federación Nacional de Concejos, cada amenaza aquí registrada corresponde a un concejal en ejercicio amenazado. 59 La fuente oficial, la Federación Nacional de Concejos, sólo reportó amenazas contra concejales para el año 2010, por lo tanto el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH no dispuso de datos en este rubro correspondientes al año 2009.

Departamento 2010

Cauca 106

Caquetá 45

Nariño 43

Tolima 33

Huila 18

Putumayo 17

Chocó 11

Guaviare 10

Valle del Cauca 4

Antioquia 2

Cundinamarca 2

Arauca 1

Boyacá 1

Magdalena 1

Meta 1

Total 295

tienen costas hacia el Océano Pacífico; y Caquetá que limita al occidente con el

sur del departamento de Cauca.

El Tolima, que limita al sur con el norte del Huila, tiene a este último como conector con los departamentos de Caquetá y Cauca. Con base en lo anterior, es evidente que el panorama de amenazas concerniente a concejales es un reflejo de

la dinámica delincuencial de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, como Los Rastrojos, Los Urabeños, Los Paisas, Las Águilas Negras, entre otras,

que actúan principalmente en las cabeceras municipales de los citados departamentos, y la guerrilla de las Farc y el ELN, que operan en las áreas rurales

principalmente; porque como se señaló en párrafos anteriores, Caquetá es zona utilizada por la delincuencia e insurgencia para el cultivo y procesamiento de drogas ilícitas, y como este departamento limita con Cauca, a través de éste se da

el acceso hacía la Costa Pacífica, bien sea por Nariño o por el mismo Cauca, para llevar a cabo las actividades de comercialización de las drogas ilícitas60.

Al hacer el ejercicio de comparar las cifras de amenazas con homicidios, se evidencia que de los 7 departamentos en donde más se registraron amenazas

para el año 2010, sólo en el Tolima se presentó un homicidio. Por esta razón, es pertinente reiterar, que en el caso de los concejales, en donde más se presentaron

amenazas es donde menos homicidios se registraron. En conclusión, esta coyuntura del crecimiento de las bandas criminales, sumada al

problema que también representan los grupos guerrilleros, y al hecho que dichos grupos al margen de la ley se disputan la influencia en territorios estratégicos y

buscan evadir las acciones de las autoridades, pone evidentemente en peligro no sólo la vida de los concejales y de los alcaldes y exalcaldes, sino también el normal funcionamiento de la gobernabilidad, de los procesos de gestión, de las

actividades comerciales lícitas y de la seguridad, es decir, amenaza la estabilidad política, económica y social de gran parte de los departamentos en Colombia.

El hecho de que el 16.31% de los alcaldes en el país hayan recibido amenazas en 2010 y que casi la mitad de estas cifras en términos departamentales estén por

encima del promedio nacional, es sin lugar a dudas un dato alarmante. En este mismo sentido, es imperativo una mayor protección a los exalcaldes, ya que tan

pronto terminan sus funciones como mandatarios locales, su vulnerabilidad es mucho mayor dado que su protección se reduce drásticamente, y aunque ya no sean alcaldes en ejercicio, se debe tener en cuenta que en su momento pudieron

haber tomado ciertas decisiones o enfrentado grupos al margen de la ley en nombre del bienestar de la sociedad que representaban, y por eso podrían ser

blanco de vulneraciones a sus derechos fundamentales.

60 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Riesgo No. 017-10, del 01 de octubre de 2010.

7.2 Periodistas

Las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia están, por la misma característica de su labor, expuestas al flagelo de la violencia, el accionar delictivo de los grupos armados al margen de la ley y de la corrupción

representada por algunas personas que ostentan cargos públicos en el país, que claramente atentan contra aquellos que tienen la labor de dar a conocer y/o

divulgar la realidad del país en todas sus dimensiones.

Gráfico No 5

Homicidios de Periodistas 2009 - 2010

Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa – Flip Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Durante 2009 y 2010 se presentaron 2 homicidios de periodistas, uno en cada año61. Durante el 2009, el homicidio se presentó en el municipio de Patía (Cauca),

allí fue asesinado José Everardo Aguilar, periodista y cronista de Radio Súper y Bolívar Estéreo.

Para el año 2010, el homicidio ocurrió en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, perpetrado en contra de Clodomiro Castilla Ospino,

periodista de la emisora La Voz de Montería y director y propietario de la revista El Pulso del Tiempo. Castilla Ospino, quien había recibido amenazas en su contra,

era un polémico periodista debido a sus fuertes críticas realizadas a personajes de la vida pública en el departamento de Córdoba.

61 Durante el año 2010 se reportaron 2 homicidios de periodistas; sin embargo, el Observatorio del

Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH sólo reportó uno, debido a que el otro periodista era un líder indígena, este crimen se ingresó en el capítulo de este informe que trata sobre el particular.

2009 2010

Con base en lo anterior, no es pertinente decir que la cifra es favorable, porque

sólo en el caso de la inexistencia de homicidios se podría afirmar esto; no obstante, teniendo en cuenta los últimos 10 años, no se debe desconocer que la

tendencia ha sido a la baja, ya que a comienzos de la década, en el año 2000, la cifra era de 8 homicidios y para el 2001 era de 9, llegando a 10 en el 2002.

Por otra parte, algo importante que se debe aclarar, es que de acuerdo con la fuente primaria de información, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y

DIH, considera como homicidio de periodista, la violación del derecho a la vida que se ejecuta con la intención de restringir, limitar o eliminar el derecho a la libertad

de prensa; es decir, si una persona es asesinada y además es periodista, no se toma como asesinato dentro de la base de datos de este grupo vulnerable, hasta que se demuestre que el homicidio fue motivado por haber ejercido la labor

periodística62.

Tabla No 12

Violaciones contra personas dedicadas a la labor periodística 2009 y 201063

Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa - Flip Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

62 El concepto que maneja el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH ha sido consensuado con la fuente primaria de información de este grupo vulnerable, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). 63 Por violaciones a la labor periodística, sacando los homicidios, se entienden los siguientes eventos:

secuestros, amenazas, arresto o detención ilegal, exilio, herido en cubrimiento, obstrucción al trabajo periodístico, trato inhumano o degradante, atentado contra infraestructura y asesinato durante cubrimiento.

Tipo de Violación 2009 2010 Variación %

Amenaza 74 49 -34%Trato inhumano o

degradante 30 35 17%Obstrucción al trabajo

periodístico 42 32 -24%Exilio 4 3 -25%

Atentado contra

infraestructura 0 3 100%Secuestro 3 1 -67%Asesinato 1 1 0%

Arresto o detención ilegal 2 0 -100%Herido en cubrimiento 1 0 100%

Asesinato durante

cubrimiento 0 0 100%Total 157 124 -21%

Como lo señala la tabla, las violaciones más recurrentes en contra de la actividad periodística en Colombia son: las amenazas, el trato inhumano o degradante y la

obstrucción al trabajo periodístico, siendo la primera la más frecuente; y aunque las cifras tienen una tendencia a la baja, el número de violaciones en contra de esta actividad, en especial las amenazas, son aún considerables y manifiestan la

dificultad de realizar esta importante labor en el país. Sin embargo, se debe resaltar que para el año 2010 hubo una disminución de las violaciones de un 21%,

con respecto al año anterior 2009.

Tabla No 13

Violaciones a la labor periodística por departamento 2009 y 2010

Departamento 2009 2010 Variación %

Guanía 0 33 100%

Bogotá D.C 39 23 -41%

Valle del Cauca 22 8 -64%

Nariño 6 6 0%

Arauca 3 5 67%

Córdoba 6 5 -17%

Santander 6 5 -17%

Antioquia 7 4 -43%

Bolívar 2 4 100%

Atlántico 13 3 -77%

Caldas 7 3 -57%

Huila 7 3 -57%

Sucre 3 3 0%

Cauca 3 1 -67%

Cesar 5 2 -60%

Meta 2 2 0%

Norte de Santander 5 2 -60%

Risaralda 0 2 100%

Tolima 7 2 -71%

Boyacá 2 1 -50%

Caquetá 1 1 0%

Chocó 0 1 100%

Guaviare 0 1 100%

Magdalena 4 1 -75%

Putumayo 0 1 100%

Quindío 0 1 100%

Amazonas 1 0 -100%

Guajira 2 0 -100%

Total 157 124 -21% Fuente: Fundación para la Libertad de Prensa –Flip-

Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización Febrero 15 de 2011.

Para el año 2010, los departamentos con más violaciones en contra de la actividad

periodística fueron: Guainía, Valle del Cauca y Nariño, además de la ciudad de Bogotá D.C., dichos territorios registraron el 56% del total de las violaciones en el

país. Por lo tanto, es importante precisar que la violencia generada por las bandas

criminales y los grupos guerrilleros en los departamentos señalados en la gráfica,

afectan el derecho a la libertad de prensa, porque no es conveniente que las acciones delictivas de estos grupos al margen de la ley salgan a la luz pública.

Un grupo importante de periodistas en Colombia han optado por la autocensura para no ser objetos de amenazas u homicidios por parte de los grupos armados al

margen de la ley y/o particulares y en algunos casos funcionarios públicos que ejercen sus funciones indebidamente realizando actos de corrupción. Por

consiguiente, esto significa que existen muchos actos delictivos y de corrupción que no salen ni saldrán a la luz pública; y lo más alarmante es que esta práctica

cada vez toma más fuerza, y en muchas ocasiones se convierte, por la misma coyuntura del país, en la manera de sobrevivir para aquellos que viven de la labor de informar y comunicar a través de la prensa.64

A manera de conclusión, se debe decir que es bastante complejo ejercer la labor

periodística en Colombia, debido a que existen riesgos que proporciona la dinámica de la violencia en el país, la cual es generada por los grupos al margen de la ley, tales como las bandas criminales y las guerrillas, y algunos funcionarios

públicos que cometen actos de corrupción y abusos de autoridad obstruyendo la labor periodística y su capacidad de crítica. Y aunque los números de violaciones a

la labor periodística presentan una tendencia a la baja, la práctica de la autocensura seguirá encubriendo muchos actos delictivos y de corrupción, por lo tanto, aunque se tengan cifras de violaciones a esta actividad tenderán siempre a

ser aproximaciones.

7.3 Indígenas

En cuanto a los homicidios en contra de las y los miembros de comunidades

indígenas65, cuando se compara el total de asesinatos en los dos últimos años se evidencia una disminución de 30%, al registrarse 107 homicidios en 2009 y 75 en

2010. Dichas víctimas pertenecían a 18 de las 84 etnias que existen a nivel nacional66, de las cuales 16 fueron afectadas en 2010, concentrándose el 68% del total anual en 4 comunidades: la Nasa con 18 víctimas (24%), la Senú con 14

registros (19%), la Awá con 12 hechos (16%) y la Wayuu con 7 indígenas asesinados (9%).

64 GUERRERO, ARTURO. Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) – País Lejano y Silenciado, “Autocensura y prácticas periodísticas en el periodismo regional”. Octubre de 2010. 65 Dentro de esta cifra, se incluyen la totalidad de indígenas asesinados sin hacer distinción entre los homicidios selectivos y los múltiples o masacres, que se tipifican como “un homicidio intencional de cuatro o más personas”. En: Observatorio de Derechos Humanos y DIH. Glosario de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Bogotá. 2000, Pág. 16-17. 66Según el Departamento Nacional de Planeación: “En el país existen cerca de 84 etnias o pueblos indígenas que cuentan con una población de 1.378.884 personas, (Fuente: Dane, Censo 2005) los

cuales representan el 3,3% del total nacional”. En: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/Grupos%C3%89tnicos/tabid/273/Default.aspx

Gráfico No 6

Homicidio de indígenas 2009 - 2010

2009 2010

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

Al comparar los dos años, llama la atención que las comunidades Nasa, Senú y Awá también estuvieron dentro de las tres etnias más afectadas durante 2009, a pesar de que el orden de afectación en aquel momento era diferente, pues tan

sólo la etnia Awá representaba para ese año el 56% del total de víctimas indígenas a nivel nacional con 60 homicidios.

De esta manera, se puede deducir que estas tres comunidades concentran en los dos períodos estudiados, la mayoría de los homicidios cometidos contra los

indígenas (87 víctimas en 2009 que representan el 81% nacional y 44 muertes en 2010 que corresponden al 59% del total anual), como resultado de las acciones

cometidas por grupos armados al margen de la ley en los departamentos de Cauca, Córdoba y Nariño principalmente. A su vez, se debe resaltar que si bien la

etnia Wayuu estuvo en 2009 por debajo de la comunidad Embera Chamí ocupando el quinto lugar a nivel nacional con 4 homicidios, este grupo étnico ha presentado a nivel histórico un número constante de víctimas, que lo ha ubicado año tras año

dentro los 10 grupos indígenas más afectados a nivel nacional en la última década.

En este sentido, los mayores aumentos y las más importantes disminuciones se presentaron entre las comunidades referidas. Es así como los y las indígenas Senú

presentaron un ascenso de 133% entre los dos años considerados, al presentar 6 homicidios en 2009 y 14 en 2010, y a su vez, la etnia Wayuu registró un

incremento de 75% con 4 víctimas en 2009 y 7 en 2010. A su vez, las etnias Pasto, Sikuani, U´wa, Guambiano, Pijao, Wounaan y Yuko presentaron también aumentos: mientras en los tres primeros casos, se pasó de ningún homicidio en

2009 a 2 en 2010, los cuatro grupos restantes no habían registrado víctimas en 2009 para posteriormente presentar 1 asesinato cada uno respectivamente, lo que

representa un aumento de 100% para estas siete etnias. Por otra parte, los

Embera Katío, Embera y Kamkuamo presentaron 2 víctimas en los primeros casos y 1 homicidio en la tercera etnia tanto en 2009 como en 2010, lo que no

implicó variación porcentual alguna. Finalmente, debe resaltarse que aunque las comunidades Nasa y Awá fueron dos

de las más afectadas en 2010, presentaron sin embargo, una disminución en sus víctimas de 14% y 80% respectivamente con relación al año anterior, al pasar de

21 homicidios a 18 en el primer caso y de 60 a 12 en el segundo. Adicionalmente, las y los Embera Chamí presentaron un descenso de 60% con 5 muertes violentas

en 2009 y 2 víctimas fatales para 2010, mientras que en las etnias Hitnu- Makaguaje y Tule el declive fue del 100%, al presentar 1 muerte en 2009 y no registrar homicidios en su comunidad en 2010.

Tabla No 14

Homicidio de indígenas por etnia

2009 -2010 Etnia 2009 2010 Variación %

Senú 6 14 133%

Guambiano 0 1 100%

Pasto 0 2 100%

Pijao 0 1 100%

Sikuani 0 2 100%

U´Wa 0 2 100%

Wounaan 0 1 100%

Yuko 0 1 100%

Wayuu 4 7 75%

Sin establecer 5 8 60%

Embera 1 1 0%

Embera Katío 2 2 0%

Kankuamo 1 1 0%

Nasa 21 18 -14%

Embera Chamí 5 2 -60%

Awa 60 12 -80%

Hitnu - Makaguaje 1 0 -100%

Tule 1 0 -100%

Total 107 75 -30% Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

Como se anotó anteriormente, en 2010 la etnia más afectada fue la Nasa o Paez67, comunidad que ha sido objeto de múltiples y constantes atentados y amenazas en

contra de sus comuneros, pues aunque presentó una disminución del 14% al comparar los dos años, reportó un total de 21 víctimas fatales para 2009 y 18

homicidios en 2010. En este sentido, uno de los aspectos que puede ayudar a explicar la ocurrencia de dichas violaciones a sus derechos humanos es su ubicación geográfica, pues aunque se encuentran habitando todo el territorio

67 Cabe anotar que los dos nombres mencionados se utilizan indistintamente y son considerados

sinónimos. Para profundizar sobre esta etnia consultar: PACHÓN, XIMENA. Los Nasa o la gente Paez. Geografía Humana de Colombia Tomo IV, Volumen II. Bogotá, 1996. En: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geohum2/nasa1.htm

caucano, su cuna se encuentra en el norte de dicho departamento, región donde se ubican los municipios de Caloto, Suárez y Toribío, lugares donde fueron

perpetrados la mayoría de asesinatos en el último año (4 en el primer caso y 3 en cada uno de los siguientes).

Esta región, símbolo de resistencia y de lucha popular desde la época colonial por parte de movimientos campesinos, afrodescendientes e indígenas, es escenario de

una situación crítica de violencia, debido a la defensa de los corredores naturales que permiten interconectar los departamentos del Meta, Caquetá, Huila, Tolima y

Valle del Cauca con este departamento por parte de la guerrilla de las Farc, que desde los años ochenta han visto a la región como un objetivo primordial de consolidación y en la que actualmente pretenden mantener su influencia con

acciones armadas, ante los operativos tendientes a la consolidación del territorio por parte de las Fuerzas Militares. En medio de este conflicto, la defensa de la

neutralidad y la autonomía por parte de esta comunidad indígena, ha significado para esta guerrilla un claro desafío a sus intereses, lo que ha desencadenado una serie de acciones que atentan contra la supervivencia personal y colectiva de los

pobladores de los resguardos indígenas68.

Por otra parte, la situación de la etnia Senú presentó el incremento porcentual más alto de todas las comunidades indígenas en 2010 (133%), al pasar de 6 personas asesinadas en 2009 a 14 homicidios en 2010. El hecho de que 11 de las

víctimas en el último año se adscribieran al municipio de La Apartada en Córdoba, demuestra la grave situación de vulnerabilidad de esta comunidad frente a la

dinámica de la zona donde se ubica el resguardo de Tierra Santa. En efecto, este territorio hace parte de la región del Alto San Jorge, de gran valor

geoestratégico por tener corredores que integran los departamentos de Antioquia, Córdoba y la Costa Atlántica a través del Nudo de Paramillo69 y la cuenca del río

San Jorge70, donde La Apartada es punto obligado para el ingreso y salida desde y hacia el departamento de Córdoba y la comunicación con otros corregimientos y veredas del departamento de Antioquia (Caucasia, Tarazá y Cáceres). Por todo lo

anterior, la zona es de gran interés para los grupos armados ilegales autodenominados Los Paisas, Los Rastrojos y Las Águilas Negras o Los Urabeños,

quienes en la disputa del control territorial y social han puesto en riesgo a la población civil y especialmente a la comunidad Senú, con acciones como homicidios, amenazas, modificación de la forma de vida de sus miembros y por

ende el desplazamiento forzado de la comunidad71.

68 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de riesgo 001 de 2010. 69 Del cual hacen parte los municipios de Montelíbano (situado entre la Serranía de San Jerónimo y el costado oriental del río San Jorge y el valle del río Cauca) y Puerto Libertador (ubicado en las estribaciones de la Serranía de Ayapel), que integran junto a otros municipios el Parque Nacional del Paramillo, en la región del sur de Córdoba. En: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe de Riesgo No.

006-06, del 9 de febrero de 2006. 70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 003 de 2008. 71 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 012 de 2010 y 001 de 2011.

Adicionalmente debe resaltarse la problemática de la etnia Awá ubicada en el

departamento de Nariño, que registra una situación crítica desde 2006 a raíz de la masacre de cinco de sus miembros. Esta situación se recrudeció en 2007, cuando

dicha comunidad fue declarada objetivo militar por parte de las agrupaciones ilegales por negarse al reclutamiento forzado de sus integrantes72, lo que devino en homicidios selectivos perpetrados por las Farc, por considerar a las víctimas

informantes del Ejército. En 2009, este grupo indígena continuó siendo víctima de constantes violaciones a sus derechos, específicamente, a través de la comisión de

4 masacres y asesinatos selectivos que cuentan un total de 60 víctimas en este año. Aunque la situación para esta comunidad presenta una disminución

porcentual de 80% con 12 víctimas para 2010, la situación aún es preocupante, pues se presentó una masacre con 4 víctimas en noviembre de este año en el municipio de Barbacoas.

Es importante indicar que estos municipios se encuentran ubicados en las regiones

del Litoral Pacífico, en la frontera con Ecuador73 y el piedemonte Pacífico nariñense, zonas que hacen parte de uno de los corredores estratégicos que se origina en el departamento de Putumayo y atraviesa Nariño, utilizados por los

grupos armados al margen de la ley (Farc, ELN, bandas emergentes tales como la Organización Nueva Generación y Los Rastrojos, así como otras estructuras

armadas al servicio del narcotráfico) para la comercialización de alcaloides. El caso de los y las Awá demuestra la instrumentalización de las masacres y de los homicidios selectivos por parte de los grupos armados al margen de la ley, como

una manera de asegurar a través del temor, la lealtad de esta comunidad indígena, tras la aparición de estos grupos que amenazan el dominio territorial de

la guerrilla en la región. En último término, los indígenas pertenecientes a la etnia Wayúu se vieron

seriamente afectados, con un aumento del 75% en las víctimas entre 2009 (4) y 2010 (7); el escenario actual encuentra sus antecedentes desde 2006, con la

aparición de bandas criminales que buscaron retomar el control de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en municipios estratégicos de La Guajira donde esa etnia tenía sus asentamientos, en los cuales existían puertos naturales utilizados

para el contrabando, el tráfico de armas y drogas, el hurto y la comercialización de gasolina74. Este contexto produjo en los años subsiguientes, un desplazamiento

masivo de integrantes de la comunidad hacia tierras venezolanas, formando un grupo étnico cada vez más consolidado en tierras fronterizas75.

72 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 004 de 2007. 73 Respecto de la situación fronteriza del departamento, organismos internacionales estiman que sólo en 2008, por lo menos 250.000 colombianos fueron desplazados por la violencia hacia el territorio ecuatoriano y que la cifra continúa en ascenso. En: ACNUR. Revista Migraciones Forzadas No. 32. Junio de 2009. 74 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 052 de 2004. 75 EL TIEMPO. “Acnur pide a Colombia que proteja a los indígenas que son víctimas de ataques”. Bogotá, enero 2008.

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Cortesía: Acción Social

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

Cortesía: Agencia Presidencial para la Acción Social Actualmente, los grupos armados ilegales presentes en la zona (Grupo armado ilegal de la Alta Guajira -sucesor del Frente Contrainsurgencia Wayúu-FCW, Los

Paisas, Las Aguilas Negras o Autodefensas Unidas Combatientes de la Alta Guajira y la Banda de Urabá o Los Urabeños), han manipulado los conflictos intraétnicos

que tienen lugar entre familias Wayúu rivales, apoyando a una u otra familia con el fin de capitalizar dicho apoyo en beneficio de sus correspondientes proyectos

armados y económicos ilegales, lo que ha producido de un lado, que el panorama de sus acciones se mimeticen en la forma de vida y el código de honor propio de esta comunidad, y del otro, situaciones de desplazamiento forzado, control social,

reclutamiento de niños y niñas y establecimiento de miembros de los grupos armados ilegales en lugares inmediatos a las rancherías76.

Finalmente, no se puede concluir el análisis étnico sin indicar que dentro de los homicidios de este último año, se presentaron víctimas que eran autoridades

ancestrales o políticas dentro de la comunidad, lo que implica un claro atentado al respeto de la autonomía indígena y sus formas de autorregulación; las etnias más

afectadas en este sentido fueron la Sikuani, la Senú, la Nasa y la Pasto, en las cuales se reportaron gobernadores víctimas de las tres primeras etnias en Tame (Arauca), Montelíbano (Córdoba) y los municipios de Piamonte y Caloto en Cauca,

mientras que se registró el asesinato de un Taita77 en el resguardo de Guachucal, municipio del mismo nombre, en el departamento de Nariño.

76 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 007 de 2010. 77 Autoridad religiosa y moral.

Homicidio de indígenas por etnia

Fuente de datos: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Fuente base cartográfica: IGAC

Ahora bien, el panorama antes descrito de las etnias vulneradas por la violencia se confirma al observar el número de víctimas por departamentos, pues para 2010 es

evidente la difícil situación que se registra en cuatro regiones, las cuales concentran el 78% de los homicidios cometidos en contra de miembros de

comunidades indígenas a nivel nacional. La primera de estas regiones es Cauca, donde se concentró el 29% de los homicidios anuales (22 casos), principalmente en los municipios de Toribío (4), Suárez y Caloto (3 en cada uno); en segundo

lugar esta Córdoba, con una representación del 21% sobre el total nacional, registrado en su mayoría en la región de La Apartada, donde ocurrieron 11 de los

16 asesinatos reportados para este departamento; en Nariño, que registró el 19% de indígenas asesinados en Colombia para el año pasado, en hechos ocurridos

Mapa 7 2010

sobretodo en Barbacoas (que concentró 8 de las 14 víctimas registradas en esta región) y finalmente La Guajira con una representación nacional del 9% (7

muertes), con víctimas ubicadas especialmente en los municipios de Manaure y Riohacha (2 homicidios en cada municipio).

Tabla No 15 Homicidio de indígenas por departamento

2009 -2010 Departamento 2009 2010 Total

Arauca 1 5 400%

Córdoba 5 16 220%

Cesar 1 3 200%

Caldas 0 3 100%

Chocó 0 1 100%

Meta 0 1 100%

Tolima 0 1 100%

La Guajira 4 7 75%

Cauca 21 22 5%

Sucre 1 1 0%

Nariño 60 14 -77%

Antioquia 6 1 -83%

Putumayo 1 0 -100%

Risaralda 5 0 -100%

Total 107 75 -30% Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

A reglón seguido, Arauca, Caldas y Cesar representan un 15% adicional del universo de víctimas indígenas a nivel nacional, siendo los municipios más afectados: Saravena y Tame en el caso de Arauca con 2 casos cada uno, Riosucio

en el departamento de Caldas con 3 víctimas y Valledupar en la región del César con 2 homicidios en su capital; mención especial merecen además los

departamentos de Antioquia, Chocó, Meta, Sucre y Tolima que reportaron 1 indígena asesinado en su territorio.

En este sentido, los aumentos más preocupantes entre 2009 y 2010 se presentaron en Arauca y Córdoba, donde los homicidios de indígenas ascendieron

en 400% y 220% respectivamente, al pasar de 1 a 5 víctimas en el primer caso y de 5 a 16 asesinatos en el segundo departamento; por su parte, Cesar y La Guajira, que presentaron 1 y 4 víctimas para 2009, para 2010 registraron 3 y 7

asesinatos, lo que significa un aumento de 200% y 75% respectivamente. Adicionalmente Chocó, Meta, Tolima y Caldas que no habían presentado

homicidios para 2009, reportan un aumento del 100%, al registrar para 2010 una víctima en los tres primeros departamentos y 3 en el último.

Cabe anotar que las disminuciones más importantes con respecto a 2009 se registraron en Antioquia y Nariño con 83% y 77% cada uno, al pasar de 6 a 1

víctima en el primer departamento y de 60 a 14 en la segunda región. Por su parte, los departamentos de Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca, después de

haber registrado 1 homicidio en 2009, no presentaron ningún asesinato para

Adicionalmente, para poder completar el análisis geográfico es necesario observar el contexto de los homicidios de indígenas a nivel municipal; al respecto, el número total de víctimas registradas entre 2009 y 2010 se presentaron en 54

municipios, que se mantienen constantes respecto del promedio de afectación nacional, pues mientras que para 2009 fueron afectados 35 municipios, para 2010

son vulnerados un total de 36.

Al ubicarse en los números absolutos de homicidios de indígenas, se obtiene que en estos dos años, Cauca, Nariño y Córdoba nuevamente son los departamentos con mayor nivel de víctimas en sus municipios: La primera región presenta uno de

los niveles más altos para 2009 en el municipio de Suárez con 4 víctimas, el cual mantiene en 2010 con 3 asesinatos, lo cual lo posiciona en el quinto lugar a nivel

nacional, mientras que Toribío ocupa el tercer lugar a nivel nacional en 2010 con 4 víctimas fatales.

Sobre Nariño, que posee tres municipios entre los cinco primeros lugares a nivel nacional, deben analizarse dos tipos de dinámicas: la primera, donde dos

municipios (San Andrés de Tumaco y Barbacoas) ocupan los primeros lugares tanto en 2009 como en 2010, con 21 y 4 homicidios para el caso de San Andrés de Tumaco y 28 y 8 muertes para el caso de Barbacoas (que además ocupa el

primer lugar a nivel nacional tanto en los dos años considerados como en el consolidado total); la segunda, presentada en el municipio de Santacruz, que no

registró víctimas en 2010, pero en 2009 reportó 10 casos dentro de su circunscripción territorial, lo cual lo catapultó al cuarto lugar a nivel nacional en el consolidado general.

A su vez, la tendencia de este último municipio nariñense es similar a la

presentada para La Apartada en el departamento de Córdoba, que a pesar de no presentar víctimas en 2009, para 2010 deja un total de 11 asesinatos en contra de miembros de comunidades indígenas, cifra que lo posiciona en el tercer lugar

del total de homicidios nacionales y que incluye prácticamente por si sólo a todo su departamento en los topes nacionales para el período considerado.

Finalmente, debe anotarse que con respecto a la autoría de los homicidios analizados, durante 2009 las Farc fueron responsables de 19 (18%) de las 107

víctimas, las bandas criminales de 13 (12%), el ELN de 2 (2%) y otros autores de 16 (15%), mientras que en 57 casos se desconoció el autor (53%); para 2010, del

total de los 75 homicidios de indígenas, hay 9 atribuidas a las Farc (12%) y 8 a otros autores (11%), mientras que en 58 casos (77%) se desconoce el autor.

7.3.1 Desplazamiento forzado

Tabla No 16 Desplazamiento forzado de comunidades indígenas

2009 -2010

Desplazamiento forzado 2009 2010 Total

Expulsión de indígenas 6.466 3.798 -41%

Expulsión nacional 165.541 87.990 -47%

Recepción de indígenas 6.938 4.167 -40%

Recepción nacional 181.348 97.839 -46% Fuente: Acción Social – Sipod Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema Sipod. Última actualización 31 de enero de 2011.

Según datos aportados por el Sistema de Información de Población Desplazada

(Sipod) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en 2010 se presentó un descenso de 41% en las cifras de indígenas víctimas de desplazamiento forzado en el país con respecto al año anterior, al

registrarse 3.798 personas en 2010 frente a 6.466 en 2009, para un total de 10.264 indígenas víctimas en estos dos años, que representan el 4% del total de

la población desplazada a nivel nacional en dicho período (253.531 registros). Al realizar un análisis a nivel departamental, se observa que fueron cinco los

departamentos que reportaron el mayor nivel de expulsión de indígenas, concentrando el 61% de la totalidad de los desplazados de comunidades indígenas

con 6.282 personas de las 10.264 víctimas totales. Éstos fueron en su orden: Nariño con 2.702 registros, Cauca con 1.187 víctimas, Putumayo con 1.092 indígenas desplazados, Chocó con 692 eventos y Antioquia con 609 reportes. De

los anteriores, cabe resaltar que Nariño y Cauca también ocuparon los primeros lugares en la temática de homicidios de miembros de comunidades indígenas con

74 y 43 asesinatos respectivamente. Dicho sondeo coincide con un análisis de tipo municipal, pues éste arroja que los

cuatro primeros lugares a nivel de expulsión de población indígena pertenecen al departamento de Nariño: San Andrés de Tumaco con 1.080 personas, Barbacoas

con 398 víctimas, Olaya Herrera con 351 expulsados de sus lugares de origen y Samaniego con 341 registros, eventos que constituyen el 21% del total de miembros de comunidades indígenas en situación de desplazamiento forzado, con

un total de 2.170 reportes en estos 4 municipios.

Es importante destacar además, que entre 2009 y 2010 se presentaron disminuciones superiores al 10% en 27 departamentos de la totalidad del país y en 10 de ellos se registraron descensos superiores al 70%: Atlántico, Boyacá y

Cundinamarca con 100% cada uno, Risaralda (96%), La Guajira (87%), Cesar (81%), Valle del Cauca (76%), Arauca y Amazonas con una reducción de 71% en

cada uno y finalmente Sucre con un descenso de 70%. Sin embargo 5 regiones, incluida la capital nacional, presentaron aumentos, siendo el más elevado el de Casanare con 133%, seguido por el Distrito Capital (52%), y los departamentos

de Córdoba (36%), Caquetá (33%) y Meta (3%).

Adicionalmente en materia de recepción de comunidades indígenas, es de resaltar

que al comparar el año 2009 con el 2010 se encuentra una disminución de 40% al pasar de 6.938 a 4.167 víctimas, cifras que sumadas arrojan un total de 11.105

indígenas, que constituye el 4% del total de la población en situación de recepción a nivel nacional (279.187 registros).

Sin embargo, debe resaltarse que la recepción de población indígena registró dentro de los cinco lugares con mayores cifras en esta temática a la capital

nacional (7% del total nacional con 773 personas), las capitales departamentales (caso de Inírida en Guainía y Popayán en el Cauca que ostentan a nivel nacional el

6% y 4% respectivamente con 691 y 444 indígenas) o las cabeceras urbanas más cercanas a sus resguardos (situación de San Andrés de Tumaco en Nariño y Puerto Asís en Putumayo con 912 y 477 indígenas recibidos que implican el 8% y

4% nacional respectivamente). Esta situación, aunque coherente con la tendencia nacional, expone una problemática delicada para estas colectividades, teniendo en

cuenta que el 78% de esta población habita en el área rural78 y dichos procesos migratorios hacia las grandes ciudades dan origen a una nueva realidad de marginalidad indígena, situación generalizada a lo largo de toda América Latina79.

Finalmente, se anota que de los 3.798 registros de personas expulsadas en 2010,

543 lo hicieron mediante desplazamientos masivos, lo cual representa una disminución de 43% con respecto a 2009, cuando 971 indígenas se movilizaron forzosamente bajo este tipo de desplazamiento. Esta forma colectiva de éxodo,

representó cifras similares desde el punto de vista porcentual, pues en 2009 implicó el 15% del total nacional y en 2010 el 14% del total de expulsiones de

comunidades indígenas en el país. Siguiendo el mismo patrón que las dinámicas individuales de expulsión y recepción, para 2010 el 64% de esta modalidad se concentró en el departamento de Nariño (347 personas), así como un 18% se

presentó en Córdoba (99 registros), 11% en Caquetá (61 indígenas) y 6% en Meta (32 víctimas), que sumados representan el 99% del total de

desplazamientos masivos de comunidades indígenas a nivel nacional. 7.3.2 Otras vulneraciones

Además de lo anteriormente señalado, según las denuncias de las organizaciones

indígenas y ONG tanto nacionales como internacionales de las que hace seguimiento el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, las comunidades indígenas en 2010 padecieron otro tipo de vulneraciones.

Entre estas se encuentra el incremento en casos de reclutamiento forzado de

menores indígenas Sikuani y Guayabero en el departamento de Guaviare, la

78 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP. En: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/DesarrolloTerritorial/OrdenamientoyDesarrolloTerritorial/Grupos%C3%89tnicos/tabid/273/Default.aspx 79 CHASE SMITH Y BENGOA citados por J. AYLWIN. Derechos humanos y derechos indígenas en América del Sur. Antecedentes, movimientos y desafíos. En J. Zalaquett (ed). Agenda de DD.HH. para América Latina. Santiago. 2003, Pág. 3.

existencia de hechos que involucran desaparición forzada de indígenas Awá en Barbacoas (Nariño), así como el confinamiento en el municipio de Bajo Baudó

(Chocó) de 14 indígenas Embera del resguardo Purricha (11 de ellos menores de edad), por parte de la banda criminal Los Rastrojos en momentos en que se dirigían a ejercer el derecho al voto; además se tuvo conocimiento de la retención

por todo un fin de semana del resguardo Tule Makilakuntiwala, por parte de miembros de la guerrilla de las Farc en el municipio de Ungüía del mismo

departamento.

En este mismo sentido, se debe hacer hincapié en el hallazgo del cuerpo sin vida de una comunera Nasa encontrada con evidentes muestras de agresión sexual en Caloto (Cauca), la violación del principio humanitario de no intervención de la

población civil en el conflicto, vivido por indígenas Awá, Nasa y Embera Katío en los departamentos de Nariño, Cauca y Chocó, así como el secuestro y posterior

liberación de la gobernadora del resguardo de Mallama en Nariño. Paralelamente, se debe hace énfasis en las continuas amenazas de las que han

sido objeto tres grupos: Por un lado, las organizaciones y líderes que defienden los derechos de los indígenas, tales como los exconsejeros del Consejo Regional

Indígena de Cauca –CRIC- en Cajibío (Cauca), la hermana del líder Embera Katío Kimi Pernía en Tierralta (Córdoba) y los familiares de las víctimas Emberá chamí de la masacre de La Herradura en Caldas; en segundo lugar, las autoridades

políticas, policivas y religiosas entre las que se encuentran las autoridades del Pueblo Misak, las y los gobernadores del cabildo Cerro Tijeras, los resguardos

Agua Negra, Frontino y Chimborazo en Cauca, el gobernador y la guardia mayor de los Senú del municipio La apartada y Planeta Rica en Córdoba; y finalmente, las intimidaciones de las que han sido objeto comunidades indígenas enteras,

tales como las de Santander de Quilichao y el Cabildo indígena de los Totoroes en Totoró municipios ubicados en el norte del Cauca, así como la comunidad Embera

Katío residente en la capital nacional.

Tabla No 17 Víctimas indígenas por MAP/MUSE

2009 -2010

Indígenas 2009 2010 Total

Herido 22 7 -68%

Muerto 15 0 -100%

Total 37 7 -81% Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de Diciembre de 2010

Finalmente, se debe resaltar que según el Programa Presidencial de Acción

Integral contra Minas Antipersonal –Ppaicma-, se presentaron en este período un total de 44 accidentes por minas antipersonal, donde se vieron afectados

miembros de comunidades indígenas; dichas cifras presentaron una reducción de 81% en los dos años considerados, al pasar de 37 eventos en 2009 a 7 en 2010. De estas 44 víctimas, presentadas en su totalidad en un entorno rural y de

condición civil, el 66% fueron heridos (29) y un 34% fueron víctimas fatales (15),

presentándose una disminución tanto en las víctimas heridas como fatales de 68% y 100% respectivamente, al presentarse 22 heridos y 15 indígenas muertos en

2009 y registrar 7 víctimas heridas y ningún hombre o mujer afectada por estos artefactos en 2010.

En esta problemática, tal y como se ha visto a lo largo del análisis, el departamento de Nariño aparece de nuevo como el principal epicentro de estos

eventos ocurridos en contra de la población indígena, con 10 víctimas registradas en su territorio (22%), seguido por La Guajira con 8 registros (18%), Guaviare

con 7 reportes (16%) y Cauca con 6 afectados (14%). Estos departamentos conforman el 70% del total de víctimas indígenas por estos artefactos a nivel nacional con 31 eventos reportados.

Para finalizar, como conclusión general de este acápite, se puede afirmar que la

tendencia actual de la confrontación armada en Colombia está marcada por disputas para el dominio sobre corredores y territorios estratégicos para la siembra, producción, venta y comercialización de sustancias ilícitas, así como de

consolidación de zonas de retaguardia entre los grupos insurgentes y las bandas criminales, que más que una lucha ideológica, sostienen confrontaciones de tipo

económico por la búsqueda del control del narcotráfico. En este complejo panorama se encuentran inmersas las regiones de asentamiento

indígena en Colombia, ubicados en su mayoría en los ecosistemas de bosque de niebla andino y de selva húmeda, los cuales ofrecen requerimientos ambientales

propicios para la siembra de amapola y coca y que se constituyen como zonas geoestratégicas para la siembra, el transporte y/o la comercialización de dichas sustancias.

Es por ello que se puede afirmar, que la alta vulnerabilidad de estas comunidades

reside en la estrecha relación de las etnias con sus territorios y la nueva colonización que sobre estos quieren ejercer los diferentes grupos armados ilegales, los cuales se han valido para lograr sus propósitos, de la violencia

ejercida mediante la coacción, el amedrentamiento, la amenaza contra sus organizaciones comunitarias, el asesinato de sus líderes y la masacre de los

integrantes de las diferentes comunidades a lo largo del territorio nacional.

Homicidio de indígenas por departamento y municipio 2009-2010

Fuente de datos: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

7.4 Docentes no sindicalizados, docentes sindicalizados y sindicalistas de otros sectores

Desde el 2000, el Ministerio de la Protección Social y el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH hacen seguimiento y monitoreo a las violaciones de los

derechos humanos de los y las docentes y sindicalistas en Colombia, a través de la actualización permanente de información sobre homicidios de tres sectores

vulnerables: sindicalistas de otros sectores, docentes sindicalizados y docentes no sindicalizados.

El primer grupo está conformado por hombres y mujeres pertenecientes a sindicatos con registro sindical en el Ministerio de la Protección Social, de sectores

laborales diferentes al magisterial; por su parte, los docentes sindicalizados son aquellas personas que se desempeñan como docentes y se encuentran afiliadas a un sindicato reconocido por el Ministerio de la Protección Social; y finalmente, el

tercer grupo incluye a las y los docentes, no afiliados (a) a ningún sindicato, que hacen parte del servicio educativo estatal y desarrollan labores académicas directa

Mapa 8 Mapa 9 2010 2009

y personalmente con los y las alumnas de los establecimientos educativos en su

proceso de enseñanza y aprendizaje80.

Gráfico No 7 Homicidios de docentes no sindicalizados, docentes sindicalizados y

sindicalistas de otros sectores

2009 - 2010

Docente no sindicalizado Docente sindicalizado Sindicalista de otros

sectores

2009 2010

Fuente: Ministerio de la Protección Social Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 21 de febrero de 2011

El seguimiento diferenciado de los tres grupos indicados permite observar que tanto en 2009 como en 2010 estos sectores continuaron siendo víctimas de

homicidios en Colombia. En el último año fueron asesinadas 48 personas, es decir, 50% más que en 2009 cuando fueron registradas 32 víctimas.

El 44% (21) de las víctimas de 2010 fueron docentes sindicalizados, el 33% (16) fueron sindicalistas de otros sectores y el 23% (11) fueron maestros y maestras

no sindicalizadas. Durante el año 2009, se habían presentado 32 homicidios, 15 en contra de maestros sindicalizados, 13 en contra sindicalistas de otros sectores y 4 en contra de maestros no sindicalizados.

De acuerdo con lo anterior, los asesinatos de docentes sindicalizados y no

sindicalizados mostraron los incrementos más significativos entre los dos años, ya que los primeros se elevaron en un 40% y los segundos subieron en 175%. No obstante, en términos absolutos, los sindicalistas de otros sectores y aquellos

sindicalistas pertenecientes al sector del magisterio fueron los que más homicidios reportaron. En cualquiera de los casos, los asesinatos contra estos sectores se han

convertido en mecanismos que conducen al debilitamiento, neutralización y desarticulación de las labores educativas, sindicales y comunitarias y con ellas, a

80 Artículo 5. Decreto 1278 de Junio 19 de 2002

la vulneración de los derechos a la vida, a la educación, a la libertad de reunión y asociación y a la libertad profesional.

A continuación, se presenta un análisis de la situación de cada uno de los tres grupos vulnerables indicados. Se expone un análisis según el sexo de las víctimas,

la ubicación geográfica de los homicidios y un acercamiento a los escenarios que tienden a generar condiciones de vulnerabilidad tanto para las víctimas como para

su entorno social. No obstante, las hipótesis aquí esbozadas no pretenden desconocer las dinámicas sociales, laborales y comunitarias que tienen una larga

tradición en cada región y sector laboral; se trata de elaborar aproximaciones a las lógicas y posibles dinámicas de la situación que viven estos grupos en el momento actual.

De acuerdo con información del Ministerio de la Protección Social y el Observatorio

del Programa Presidencial de DH y DIH, el 81% (17) de las víctimas pertenecientes al sector sindical magisterial eran hombres, mientras que el 19% (4) eran mujeres; por su parte, el 91% (10) de los y las educadoras (o) no

sindicalizados fallecidos eran hombres y el 9% (1) mujeres. De otro lado, el 100% (16) de las personas que pertenecían a sindicatos de otros sectores fueron

hombres. Cabe señalar que las mujeres tienen una participación bastante activa en el sector

educativo colombiano, en el cual se constituyen como el grupo mayoritario en la labor educativa; de allí se deriva que sea en el sector magisterial y no en otros,

donde su derecho a la vida se ha visto más afectado. No obstante, se debe mencionar también que el activismo femenino en el sindicalismo colombiano tiene una larga tradición como fuerza de renovación y cambio, que ha permitido generar

espacios que han contribuido al mejoramiento de asuntos específicos de las mujeres y de otros campos del mundo laboral. Como señalan representativas

líderes sindicales femeninas, estos espacios no han sido fáciles de construir y alcanzar, puesto que se han encontrado con obstáculos para acceder a cargos de dirigencia sindical y discriminaciones relacionadas con la maternidad, los

comportamientos patriarcales dentro de los sindicatos y la sobrecarga que implican las actividades sindicales para sus vidas cotidianas81.

Ahora bien, como se indicó en párrafos anteriores, en 2010 fueron cometidos 21 homicidios de docentes sindicalizados, que se distribuyeron en 10 de los 32

departamentos del territorio nacional, que son: Antioquia (4), Córdoba (4), Cauca (3), Arauca (2), Magdalena (2), Valle del Cauca (2), Amazonas (1), Caldas (1),

Nariño (1) y Norte de Santander (1); sin embargo, la situación fue especialmente delicada para los maestros de los sindicatos Adida de Antioquia, Ademacor de Córdoba y Asoinca de Cauca, que concentraron el 52% (11) de los casos de 2010.

En Antioquia, los homicidios de maestros y maestras afiliadas a Adida aumentaron

de forma notoria al pasar de 1 en 2009 a 4 en 2010, lo que indica una inversión

81 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Liderazgo femenino en el sindicalismo, la mirada de sus protagonistas. Disponible en: www.ens.org. Tomado: 02/11/2011.

en la tendencia descendente que se vio entre 2002 y 2009, cuando se pasó de 22

víctimas a 1, en ese periodo. Como consecuencia, de nuevo en 2010 la Asociación de Institutores de Antioquia fue no sólo el sindicato más afectado del

departamento sino también del país, como ocurrió durante el periodo 2002-2009 cuando fueron asesinados 54 de sus afiliados.

Los asesinatos en 2010 fueron cometidos en Medellín, Sabaneta, Puerto Berrío y Yarumal, con un educador sindicalizado muerto en cada uno. En Medellín y

Sabaneta, las víctimas murieron por impactos con armas de fuego pero se desconocen los móviles que conllevaron a los homicidios. En cambio, en Puerto

Berrío y Yarumal es posible que los homicidios ocurrieran en el marco de las dinámicas de la confrontación armada que tienen lugar en los mismos sitios.

Homicidios de docentes sindicalizados 2010

Fuente de datos: Ministerio de la Protección Social Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

Mapa 10 2010

En Puerto Berrío fue asesinado un docente quién, según las autoridades, había denunciado ser víctima de amenazas y extorsiones por parte de las bandas

criminales que se encuentran en la región82 y que han venido utilizando el mismo modus operandi en la zona costanera de Córdoba para intimidar a las organizaciones sociales y obtener recursos económicos de diferentes sectores

sociales. Allí, los comerciantes, profesores, funcionarios públicos y ganaderos han sido víctimas de amenazas, extorsiones y homicidios selectivos realizados en el

marco de las disputas entre Los Rastrojos y Los Urabeños, por el corredor que comunica a Norte de Santander con Córdoba, pasando por el sur del Cesar, el sur

de Bolívar, el norte de Antioquia y la parte media del San Jorge en Córdoba hasta llegar a su zona costanera83. En este sentido, se ve el modo en que en los municipios de la región del Magdalena Medio santandereano se han replicado

progresivamente las dinámicas de violencia de los municipios cordobeses.

Por otra parte, en el municipio de Yarumal, presuntos guerrilleros del frente 36 de las Farc, asesinaron al rector de la Institución Educativa Ochalí del mismo corregimiento y a un estudiante menor de edad, al ser tildados de presuntos

colaboradores del Ejército. Este municipio ha sido centro de diferentes acciones armadas de las Farc, que intentan detener la avanzada del Ejército, atemorizando

a la población, resquebrajando los tejidos sociales comunitarios y atentando contra instalaciones de la Fuerza Pública.

Por otro lado, en el departamento de Córdoba, la situación de los maestros sindicalizados afiliados a Ademacor no mostró modificaciones con respecto a

2009, ya que en cada uno de los dos años fueron cometidos 4 asesinatos. No obstante, si se presentó una variación en los municipios afectados con excepción de Montelíbano, en donde tanto en 2009 como en 2010 fue asesinado

un docente en cada municipio; en efecto, mientras que en el primer año los casos se presentaron en Lorica, Moñitos y San Andrés de Sotavento, en el segundo, los

homicidios fueron perpetrados en Tuchín, Montería y Sahagún. De estos casos, es importante llamar la atención sobre la situación del municipio

de Montelíbano donde las agrupaciones criminales están haciendo exigencias extorsivas, amenazas y atentados a los docentes de la región. Algunos ejemplos

de la dinámica que han desarrollado las bandas criminales en el municipio se hicieron visibles en el corregimiento Los Córdobas, jurisdicción del mismo municipio, en el cual por amenazas de bandas criminales, 12 de los docentes que

laboraban en el lugar tuvieron que salir desplazados de la vereda, asilándose en la Secretaria de Educación Departamental, lo que afectó el año lectivo de los

estudiantes84. Posteriormente, en el corregimiento San Francisco del Rayo del

82 Periódico EL COLOMBIANO. “Puerto Berrío, triste por crimen del profe Rojo”. Edición: 15/03/2010.Disponible en: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/puerto_berrio_triste_por_crimen_del_profe_rojo/puerto_berrio_triste_por_crimen_del_profe_rojo.asp . Tomado: 10/03/2011 83 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 011 de 2010. 84“ADEMACOR RECHAZA Y CONDENA LOS RECIENTES ASESINATOS DE DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Martes 30 de Noviembre de 2010. Disponible en: http://www.ei-ie-

mismo municipio, presuntos miembros de Las Águilas Negras asesinaron con arma

de fuego a 6 personas. Entre las víctimas se encontraban un menor de edad y el profesor de esta población, afiliado a Ademacor.

Según autoridades de la región, en los últimos años los maestros del departamento han venido recibiendo amenazas de muerte a través de panfletos y

llamadas telefónicas, al parecer por parte de las bandas criminales y de grupos de delincuencia organizada que actúan en barrios marginales. De igual forma, los

docentes han sido víctimas de extorsiones en las que se les obliga a pagar un monto de dinero a cambio de no ser objeto de agresiones físicas85.

Por otra parte, en el departamento de Cauca, en los dos años considerados se presentó un aumento de 1 a 3 víctimas pertenecientes a Asoinca. Durante 2009

fue asesinado un docente en la capital departamental y posteriormente, en 2010, los hechos tuvieron lugar en los municipios de Caloto, Santander de Quilichao y en

Timbío, respectivamente. De igual forma, es importante anotar que aunque en 2010 los homicidios de

docentes sindicalizados aumentaron, hubo algunos departamentos en que los asesinatos disminuyeron, como en Risaralda que pasó de 2 víctimas en 2009 a

ninguna en 2010, y en Chocó y en Bolívar en donde se presentó un homicidio durante el año 2009 y ninguno en 2010.

Con respecto a la situación en 2010 de los docentes no sindicalizados, se puede mencionar que aunque fueron las personas menos afectadas en términos

absolutos con respecto a los docentes sindicalizados y sindicalistas de otros sectores, fueron el grupo que mostró el aumento más preocupante en el número de casos con respecto al 2009, al pasar de 4 a 11 en 2010.

Los focos de violencia contra estos maestros a nivel nacional coincidieron con los 2

departamentos con mayor concentración de homicidios de maestros sindicalizados, y con uno de los departamentos más afectados por los asesinatos de sindicalistas de otros sectores. Estos departamentos fueron Córdoba con 3

docentes no sindicalizados asesinados, Antioquia con 2 y Valle del Cauca con 2, respectivamente. En Córdoba, los homicidios tuvieron lugar en los municipios de

San Antero (1), San Bernardo del Viento (1) y en Tierralta (1); en Antioquia fueron cometidos en Medellín (1) e Itagüí (1) y en el Valle del Cauca se presentaron 2 en la capital departamental. Otros departamentos en los que fueron

asesinados educadores no sindicalizados fueron Risaralda, Cesar, Cauca, Caquetá con una víctima en cada uno. Y en el Distrito Capital de Bogotá con una víctima

también.

al.org/index.php?option=com_content&view=article&id=309:ademacor-rechaza-y-condena-asesinatos-de-docentes&catid=65:colombia&Itemid=27 85 Periódico EL TIEMPO. “Aumentan amenazas contra docentes en Córdoba, este año van 35”. En: http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/aumentan-amenazas-contra-docentes-en-cordoba-este-ano-van-35_5439728-1. Tomado el 15/06/2010.

Homicidios de docentes no sindicalizados 2010

Fuente de datos: Ministerio de la Protección Social Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que la afectación a educadoras y

educadores, sean sindicalizados o no sindicalizados, se concentra en unas zonas específicas de la geografía nacional, específicamente, en los departamentos

de Córdoba y Antioquia. En ellos, las y los docentes se han convertido en uno de los grupos poblacionales perjudicados por el control social que tratan de imponer las bandas criminales y las Farc, en medio de sus disputas armadas por el control

poblacional y territorial de los corredores que comunican la zona costera de Córdoba con Norte de Santander.

En este contexto, tanto las bandas criminales (Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas) como las Farc, utilizan diferentes modalidades violentas de intimidación,

tales como los homicidios, las amenazas y las extorsiones, para fragmentar y debilitar las formar de organización comunitaria que se oponen a la presencia de

Mapa 11 2010

actores armados en la región y rechazan la violencia sexual y el reclutamiento

forzado de niños, niñas y jóvenes, entre otros.

Estos hechos, además de ser violaciones a los derechos humanos de los educadores, también constituyen barreras al efectivo ejercicio del derecho a la educación y ubican a la población estudiantil en situación de riesgo. En este

sentido, los ataques a colegios, universidades, maestros, académicos y otros miembros de la comunidad docente no sólo son ataques contra la población civil y

su infraestructura, pues también son ataques a los derechos a la educación, a la buena calidad de la educación, a la libertad académica, al desarrollo y a la

democracia86.

Niños Caucanos Cortesía: Agencia Presidencial para la Acción Social

De otro lado, los 16 homicidios de sindicalistas de otros sectores cometidos en 2010 se presentaron en 11 de los 33 departamentos del país, lo que indica que los

casos se distribuyeron en un mayor número de entidades territoriales que los de docentes sindicalizados, a pesar de que estos últimos fueron el grupo más afectado a nivel nacional con 21 víctimas fatales87. Dentro de los departamentos

afectados, llama la atención la situación en Bolívar (3 víctimas), Magdalena (3 víctimas) y Valle del Cauca (2 víctimas), donde además de concentrarse el 50%

de los casos, se produjeron los aumentos más notorios con respecto a 2009 a nivel nacional.

86 UNESCO. Education under attack – 2010. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO. 2010. Pp. 66 87 En este sentido, mientras que en ese año se presentaron 2,1 homicidios de docentes sindicalizados en promedio por departamento, el promedio para los asesinatos de sindicalistas de otros sectores fue de 1,4 homicidios por departamento.

Homicidios de sindicalistas de otros sectores 2010

Fuente: Ministerio de la Protección Social Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

En el departamento de Bolívar los homicidios mostraron un incremento de 200% al pasar de una víctima en 2009, en el municipio de Magangué, a 3 en 2010 en

Cartagena. Las personas muertas en el último año se encontraban afiliadas al sindicato de taxistas Sintracontaxcar y aunque se desconoce el motivo de los asesinatos, es importante tener en cuenta las protestas realizadas por miembros

del gremio sobre las extorsiones, hurtos y amenazas de las que fueron víctimas, especialmente, en los barrios San Francisco, La María, La Candelaria, Olaya

Herrera y Nelson Mandela de Cartagena, por parte de delincuentes comunes y organizados88. El caso del taxista Montemiranda Rodríguez, asesinado en

88 RCN RADIO. “Taxistas en Cartagena protestan por asesinatos, extorsiones y atracos a los conductores”. Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/locales/23-04-10/taxistas-en-cartagena-protestan-por-asesinatos-extorsiones-y-atracos-los-c. Tomado: 02/03/2011

Mapa 12 2010

diciembre de 2010 por dos jóvenes armados, confirma la situación de riesgo que

viven los taxistas por casos de hurto89.

En Magdalena, los homicidios de sindicalistas de otros sectores también mostraron un alza, al subir de cero en 2009 a 3 en 2010. Dos de los crímenes tuvieron lugar en Santa Marta. El primero fue cometido contra un trabajador de la mina

Pribbernow de la empresa Drummond Ltd, afiliado a Sintraminenergética, quién apareció muerto con heridas de arma de fuego en el sitio conocido como Puerto

Mosquito de la ciudad de Santa Marta90; el segundo caso dejó como resultado la muerte de un sindicalista perteneciente a Sintraelecol. De otro lado, el tercer

homicidio se presentó en el municipio Pueblo Viejo, específicamente, en la finca Palo Alto de propiedad de la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa & Cía, contra un trabajador afiliado a Sintrainagro. Según testimonios, la víctima había

participado de forma activa en las protestas laborales de diciembre de 2009, junto con otros 185 trabajadores, debido al retraso en el pago de salarios, primas,

subsidios y prestaciones sociales91. En el departamento del Valle del Cauca, los homicidios de sindicalistas subieron en

100% al pasar de 1 víctima a 2. Una de las víctimas se encontraba afiliada a Aseinpec y fue asesinada con arma de fuego en el barrio Alfonso López de Cali,

por personas que se movilizaban en motocicleta; la otra víctima pertenecía al sindicato Sinalserpub y era coordinador de la oficina de guardas de tránsito de la Secretaría de Tránsito de Jamundí. Su muerte ocurrió después de ser atacado con

arma de fuego por desconocidos en el centro comercial Las Palmas del mismo municipio.

De igual forma, se debe mencionar que, aunque los asesinatos de sindicalistas de otros sectores tendieron al alza en 2010, también hubo disminuciones

significativas en otros departamentos tales como Santander, en donde los casos se redujeron en un 67% (de 3 a 1 víctima), así como en Córdoba donde bajaron

de 2 en 2009 a ninguno en 2010, y en Tolima, Arauca, Cesar, Córdoba y Risaralda, donde no se conoció ningún caso en 2010, a diferencia de 2009 cuando fue asesinado un sindicalista en cada uno de los departamentos.

Para finalizar el análisis de la dinámica de los homicidios de trabajadores

sindicalizados, se puede anotar que los sindicatos más afectados en 2010 fueron Ademacor con 4 trabajadores muertos, Adida con 4, Aseinpec con 3, Sintracontaxcar con 3 víctimas, y Asoinca, Edumag y Sutev con dos afiliados

muertos de cada uno. En ellos se concentró el 54% del total nacional de los casos.

89 EL UNIVERSAL. “Asesinos de taxista ya están en la cárcel” Edición: 17/12/2010. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/asesinos-de-taxista-ya-est%C3%A1n-en-la-c%C3%A1rcel. Tomado: 02/03/2011 90 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES. “Rechazamos el vil asesinato del compañero William Tafur trabajador de la Drummond”. 8 de Noviembre de 2010. Disponible en: www.colectivodeabogados.org. Tomado el 24/05/2011 91 EL TIEMPO.COM “Denuncian asesinato de afiliado a Sintrainagro en Magdalena”. Edición: 21/05/2010. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7719900. Tomado: 08/03/2011

De todos estos sindicatos, sólo Aseinpec reportó asesinatos de sus integrantes en más de un departamento (Cauca, Putumayo y Valle del Cauca).

Tabla No 18

Homicidios de docentes sindicalizados y sindicalistas de otros sectores

por sindicato 2009-2010 Sindicato 2009 2010 Variación %

ADEMACOR 4 4 0%

ADIDA 0 4 100%

ASEINPEC 4 3 -25%

SINTRACONTAXCAR 0 3 100%

ASOINCA 1 2 100%

EDUMAG 0 2 100%

Sin establecer 2 2 0%

SUTEV 1 2 100%

ASEDAR 3 1 -67%

ASINORT 1 1 0%

ASOCIACIÓN SINDICAL DE

ARENEROS Y BALASTEROS

DEL QUINDÍO

ASONAL JUDICIAL 1 1 0%

ASTRACATOL 0 1 100%

EDUCAL 0 1 100%

SIMANA 0 1 100%

SINALSERPUB 0 1 100%

SINTRAELECOL 0 1 100%

SINTRAEMPAQUES 0 1 100%

SINTRAGRIM 0 1 100%

SINTRAINAGRO 0 1 100%

SINTRAMINENERGETICA 0 1 100%

SUDEA 0 1 100%

USO 1 1 0%

ANTHOC 2 0 -100%

FENSUAGRO 1 0 -100%

SER 2 0 -100%

SINALTRAINAL 1 0 -100%

SINTRAGRITOL 1 0 -100%

SINTRENAL 1 0 -100%

SUDEB 1 0 -100%

UMACH 1 0 -100%

Total general 28 37 32% Fuente: Ministerio de la Protección Social Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 21 de febrero de 2011

Se puede anotar que del total de homicidios de los 3 grupos vulnerables

cometidos en 2010, se desconoce a los responsables de 43; 2 fueron cometidos por la delincuencia organizada y bandas criminales; 2 fueron perpetrados por las

Farc y los 2 restantes fueron autoría del ELN y la delincuencia común.

Tabla No 19

Homicidios de docentes no sindicalizados, docentes sindicalizados y

sindicalistas de otros sectores 2009 – 2010

Grupo afectado Departamento 2009 2010 Variación %

Antioquia 0 2 100%

Bogotá, D.C. 0 1 100%

Caquetá 0 1 100%

Cauca 1 1 0%

Cesar 0 1 100%

Córdoba 1 3 200%

Risaralda 2 0 -100%

Valle del Cauca 0 2 100%

Total Docente no sindicalizado 4 11 175%

Amazonas 0 1 100%

Antioquia 1 4 300%

Arauca 3 2 -33%

Bolívar 1 0 -100%

Caldas 0 1 100%

Cauca 1 3 200%

Chocó 1 0 -100%

Córdoba 4 4 0%

Magdalena 0 2 100%

Nariño 0 1 100%

Norte de Santander 1 1 0%

Risaralda 2 0 -100%

Total Docente sindicalizado 15 21 40%

Antioquia 1 1 0%

Arauca 1 0 -100%

Bolívar 1 3 200%

Cauca 0 1 100%

Cesar 1 0 -100%

Córdoba 2 0 -100%

Magdalena 0 3 100%

Meta 0 1 100%

Putumayo 0 1 100%

Quindio 0 1 100%

Risaralda 1 0 -100%

Santander 3 1 -67%

Tolima 1 1 0%

Total Sindicalista de otros sectores 13 16 23%

Total general 32 48 50%

Docente no

sindicalizado

Docente sindicalizado

Sindicalista de otros

sectores

Fuente: Ministerio de la Protección Social Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 21 de febrero de 2011

Por último, es importante señalar que además de los casos antes mencionados, el

Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH tuvo conocimiento de los homicidios de miembros y líderes de organizaciones campesinas, específicamente, de los asesinatos de 2 personas afiliadas a Fedeagromisbol de Bolívar y de 2

campesinos de ACA en Arauca92. De igual forma, se conoció el caso de la desaparición forzada de un docente sindicalizado afiliado al sindicato Adida de

Antioquia. En resumen, es posible anotar que a lo largo de 2010, el sector sindical –docentes

sindicalizados y sindicalistas de otros sectores – fue el más afectado de los tres sectores vulnerables analizados al registrar 37 víctimas, no obstante, el sector

magisterial presentó el aumento más notorio con respecto a 2009, ya que los asesinatos de docentes sindicalizados, hombres y mujeres, se elevaron en un 40%

entre los dos años, mientras que aquellos cometidos contra docentes no sindicalizados subieron en 175%.

El aumento de los homicidios de sindicalistas de otros sectores se concentró en los departamentos de Bolívar y Magdalena, mientras que el incremento de los casos

contra docentes tanto sindicalizados como no sindicalizados fue más pronunciado en los departamentos de Antioquia, donde fueron asesinados 4 docentes sindicalizados y 3 no sindicalizados, y Córdoba, donde murieron 4 maestros

afiliados y 2 no afiliados.

La situación de los docentes sindicalizados y no sindicalizados confirma la hipótesis de que la afectación del magisterio se concentra en unas zonas específicas a lo largo de toda la geografía nacional. En estos departamentos, el magisterio, al

igual que lo que acontece con otras organizaciones sociales y comunitarias, se ha convertido en uno de los grupos poblacionales perjudicados por las disputas que

libran las bandas criminales por el control de cultivos ilícitos y de los corredores que comunican la zona costera de Córdoba con Norte de Santander. En este contexto, tanto las bandas criminales (Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas)

como las Farc, los han amenazado por liderar iniciativas comunitarias encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a través

de acciones y campañas en rechazo a la violencia sexual y al reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, el liderazgo social y comunitario y por ser señalados por parte de uno u otro grupo armado ilegal como colaboradores del

bando contrario.

Estos hechos además de ser violaciones a los derechos humanos de los educadores, también constituyen barreras al efectivo ejercicio del derecho a la educación y ubican a la población estudiantil en situación de riesgo, cuando por el

contrario deberían estar siempre en espacios seguros y protegidos. En este sentido, los ataques a colegios, universidades, maestros, académicos y otros

miembros de la comunidad docente no sólo son ataques contra población civil y su infraestructura; sino que son también ataques a los derechos a la educación, a la

92 Los 4 casos mencionados fueron incluidos en la base de datos sobre homicidios de líderes sociales

y comunitarios en Colombia, que en la actualidad está construyendo el Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH; también fueron incluidos en el presente informe en el capítulo sobre esa temática.

buena calidad de la educación, a la libertad académica, al desarrollo y a la

democracia93.

7.5 Líderes sociales y comunitarios94

Debido a su función mediadora y de visibilización de problemáticas vividas por

grupos sociales específicos, ante diversas instituciones tanto públicas como privadas y ante la sociedad en general, muchos líderes y lideresas ya sean

comunales o cívicos, de organizaciones de víctimas o veedores ciudadanos presentan una vulnerabilidad elevada, que se ha expresado con el incremento de

homicidios contra personas dedicadas a esta actividad en los últimos años. Por todo lo anterior, el Observatorio de Derechos Humanos y DIH decidió a partir

de este año publicar las cifras que posee sobre el particular, como una manera de exponer la situación de este grupo, aunque cabe señalar que los datos aquí

contenidos están aún en un proceso constante de revisión, verificación y depuración. Este capítulo cubrirá en primer lugar un análisis de tipo geográfico que indicará los departamentos y municipios más afectados por el homicidio de los

y las integrantes de esta población, para luego enfocarse en el estudio de los tipos de liderazgo más afectados, con las diferentes dinámicas territoriales que ellos

conllevan. Para iniciar, debe anunciarse que durante el período analizado se registraron 96

homicidios contra este grupo vulnerable, con 42 asesinatos en 2009 y 54 hechos en 2010, lo que implicó un aumento de 29% en ese margen de tiempo. Los

homicidios se concentraron en 19 de los 32 departamentos del país, de los cuales 6 presentaron disminuciones y 13 incrementos en el número de víctimas en el último año.

93 UNESCO. Education under attack – 2010. United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization-UNESCO. 2010. Pp. 66 94 Son considerados en este acápite como líderes sociales y comunitarios a 5 subgrupos: 1. Líderes

de organizaciones sociales: Dirigentes de una organización que funciona con el propósito de lograr ciertas metas y objetivos relacionados con el bienestar ya sea social, económico, político o cultural de quienes la componen; 2. Líderes comunitarios: Personas reconocidas por la sociedad debido a su capacidad de liderazgo, conocimientos, experiencia y/o activismo por causas que tengan como objetivo el desarrollo o la defensa de una comunidad en particular; 3. Miembros de Juntas de acción comunal: Personas que desempeñan algún cargo en dicho organismo (Secretario, presidente, tesorero); 4. Veedores ciudadanos: Personas que como representantes de un grupo de ciudadanos,

ejercen labores de vigilancia sobre el proceso de la gestión pública, frente a las autoridades; y 5. Jueces de paz: Particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la ley.

Gráfico No 8

Homicidio de líderes sociales y comunitarios 2009-2010

2009 2010

* Cifras en constante proceso de verificación. Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

Los aumentos más preocupantes en estos dos años se presentaron en Arauca, Meta y Antioquia, donde los homicidios de hombres y mujeres con posiciones de liderazgo en sus comunidades, ascendieron en 300% para los dos primeros casos

y 80% para el último departamento, al pasar de 2 a 8 víctimas en el primer territorio, de 1 a 4 hechos en el segundo departamento y de 5 a 9 registros en la

tercera región. Por su parte, las disminuciones más importantes se registraron en los departamentos de Magdalena, Santander y Córdoba con 100%, 80% y 67% respectivamente, al pasar de 3 a 1 registros en el primer caso, de 5 a 1 hechos en

la segunda región y de 6 a 2 víctimas en el último territorio.

Paralelamente, los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Valle del Cauca y Meta presentaron los niveles más elevados de víctimas en 2010, tanto en cifras absolutas como en representación porcentual, al constituir el 57% del total

nacional de homicidios de este grupo para dicho año. Tal y como se expondrá a continuación, en general, el factor dinamizador de la violencia que genera

estrategias de asesinatos selectivos como los cometidos en contra de esta población, ha sido entre otras causas, el contexto impuesto por el narcotráfico y las disputas entre diferentes actores armados que buscan controlar regiones de

gran importancia para sus intereses financieros y geoestratégicos; así como las denuncias que estas personas pronuncian dentro y fuera de su comunidad que

afectan de una manera u otra ciertos intereses socioeconómicos. En este escenario, el departamento de Antioquia ocupa el primer lugar nacional en

materia de líderes y lideresas víctimas de homicidios, con un total de 9 hechos registrados para 2010, lo cual hace evidente la difícil situación que se presenta

para esta población en gran parte del territorio antioqueño, pues esta cifra en vez

de concentrarse en una región determinada, presenta un contexto de

dispersión en varios municipios tales como Apartadó, Caucasia, Itaguí, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, Tarazá y Turbo con un homicidio en cada uno, así

como en la capital departamental con 2 casos.

Tabla No 20 Homicidio de líderes y lideresas por departamento

2009 – 2010 Departamento 2009 2010 Variación %

Arauca 2 8 300%

Meta 1 4 300%

Putumayo 1 3 200%

Cauca 1 2 100%

Cesar 0 1 100%

La Guajira 0 2 100%

Sucre 0 2 100%

Tolima 0 1 100%

Antioquia 5 9 80%

Huila 2 3 50%

Caquetá 1 1 0%

Bolívar 7 6 -14%

Chocó 2 1 -50%

Risaralda 2 1 -50%

Córdoba 6 2 -67%

Santander 5 1 -80%

Magdalena 3 0 -100%

Total 42 54 29% * Cifras en constante proceso de verificación. Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

Debe tomarse en cuenta que en Antioquia, dicho fenómeno de espiral de violencia contra líderes y lideresas, se exhibe principalmente en las regiones del Bajo

Cauca95 y el Urabá antioqueño96, zonas donde se ha presentado por un lado, la reconfiguración territorial de bandas criminales (Las Águilas Negras, Los Paisas,

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en El Urabá y en el caso del Bajo Cauca además de los anteriores, Los Rastrojos y La banda de Sebastián) y del otro, el accionar armado de las Farc ( frentes 5 y 58 en el Urabá y 4, 18 y 36 en el Bajo

Cauca) en disputa por el control de los corredores estratégicos para el transporte de armas, tropas e insumos para la producción de cocaína y otros insumos

ilegales. Adicionalmente, también debe anotarse que Medellín presenta un escenario

violento caracterizado por la pugna entre facciones rivales denominadas bandas (las de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano y Erick Vargas, alias Sebastián) y

95 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 016 de 2009. 96 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 003 de 2009 e IR de inminencia No. 20 de 2009.

además la presencia de grupos armados ilegales post desmovilización de las AUC autodenominados Oficina de Envigado, Las Águilas Negras, Los Paisas, Los

Rastrojos, que disputan el control territorial y que buscan cooptar los combos que existen en las diferentes comunas de la ciudad, produciendo que al menos 11 de las 16 comunas presenten incremento de la violencia, la criminalidad y el

desplazamiento intraurbano97.

A su vez, la situación para este grupo en Arauca es igual de crítica al anterior

departamento, pues los dos presentan los mayores incrementos en los años considerados. Sin embargo, cabe anotar que el territorio araucano reportó un total

de 8 homicidios de líderes y lideresas en el año pasado, 5 de los cuales tuvieron ocurrencia en Tame y 3 en el municipio de Saravena, lo cual hace evidente una situación especial de vulnerabilidad de las y los líderes sociales y comunitarios en

estos dos municipios en particular y que las cifras a pesar de ser similares al departamento antioqueño, sean críticas, debido a la menor extensión territorial,

municipal y por ende poblacional, del territorio araucano. Esta región es escenario de la disputa territorial y poblacional iniciada en 2005

entre las Farc y el ELN, por los municipios del piedemonte y el posicionamiento y control militar de la frontera. Actualmente, aunque los grupos guerrilleros han

adelantado diálogos para cesar las hostilidades, aún se perciben diferencias entre los frentes 10 y 45 de las Farc y el frente Domingo Laín Sáenz del ELN, por lo que persisten las amenazas y atentados contra la vida de los servidores públicos,

líderes y lideresas sociales y comunitarios, representantes de organizaciones de población en situación de desplazamiento y menores de edad, todos acusados de

apoyar al contrincante y que han dejado por ende, un alto número de víctimas de la población civil98.

En lo que respecta a Bolívar, aunque el número de mujeres y hombres líderes asesinados disminuyó en un 14% entre 2009 y 2010, el departamento ocupa el

tercer lugar a nivel nacional en el último año con 6 homicidios en contra de este grupo, 2 de los cuales ocurrieron en el municipio de Montecristo, 1 en la región de San Juan Nepomuceno y 3 en la capital departamental.

Los municipios señalados como escenarios de dichos homicidios, pertenecen a

zonas en donde la confrontación armada se ha desarrollado durante varias décadas: por un lado, San Juan Nepomuceno pertenece a la zona de Montes de María, donde se presenta la disputa de los grupos armados ilegales con el fin de

manejar los corredores de tráfico de armas y drogas ilícitas y la movilidad de sus integrantes para acceder rápidamente al mar a través del Golfo de Morrosquillo y

hacia el río Magdalena99; de otro lado, Montecristo está ubicado en la región del

97 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 016 de 2010. 98 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de seguimiento No 024 de 2010, tercera al Informe de riesgo No. 020 de 2008. Sobre los municipios afectados en particular consultar: Nota de

seguimiento No. 007 de 2010, del Informe de Riesgo No. 007 de 2009 y Nota de seguimiento No. 014 de 2010, del Informe de Riesgo No. 018 de 2009. 99 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 019 de 2006.

sur, zona de colonización tardía ocupada por campesinos de varias regiones

dedicados a la explotación minera, que ante la informalidad en la explotación y propiedad de los predios, ha sido un territorio aprovechado por los grupos

armados para favorecer sus intereses económicos100.

Además la ciudad de Cartagena por su estatus de capital, Distrito Turístico y centro urbano costero, ha llamado la atención de grupos tales como Los

Gaitanistas o Los Urabeños, Los Paisas, Las Águilas Negras y Los Rastrojos, quienes en el marco de su proyecto de expansión a las zonas urbanas con el fin de proteger y monopolizar las rutas de tráfico de alcaloides, así como mantener las

formas sociales de dominio económico a través del sistema de “paga diario”, se han convertido en un riesgo permanente para la población civil que habita en

estos territorios y especialmente contra las personas y organizaciones que realizan actividades de defensa de los derechos humanos y que no han podido subordinar a sus intereses y propósitos101.

Por otra parte, el departamento de Valle del Cauca ha sido uno de los

departamentos donde el número de víctimas asociadas con su labor de liderazgo en la comunidad ha sido relativamente constante, pues en 2009 presentó 3 víctimas y en 2010 4 asesinatos, lo que además de mostrar un aumento de 33%,

lo sitúa como una región donde se evidencia el intento por eliminar cualquier forma de organización; estos hechos se presentaron en los municipios de Tuluá

(2), Buenaventura y Guadalajara de Buga (1 en cada territorio).

Las dinámicas violentas de estos municipios tienen como eje central el narcotráfico y las disputas entre diferentes actores armados (Farc, Los Rastrojos, Las Águilas Negras) que buscan controlar regiones de gran importancia para sus

intereses financieros y geoestratégicos. Por un lado, Buenaventura es la mayor cabecera municipal junto a Medellín de desplazamiento intraurbano a nivel

nacional, donde grupos ilegales se dividieron la ciudad por zonas102; Tuluá a su vez, es territorio de células de milicianos de las Farc buscando repeler las operaciones militares de la Brigada Móvil No. 20 del Ejército103, así como de

disputa entre facciones de Los Rastrojos por el micro tráfico e incluso de Los Urabeños traídos por personas cercanas a Don Diego104, mientras que Guadalajara

de Buga está inmersa en la respuesta de los grupos armados ilegales a la ofensiva militar del Ejército Nacional, que ha desplegado unidades militares a las zonas de alta montaña de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca105.

100 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No.042 de 2006 y 015 de 2007. 101 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de seguimiento No 003 de 2010 del Informe de Riesgo No. 001 de 2009. 102 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de seguimiento No 027 de 2010 del Informe de Riesgo No. 032 de 2008. 103 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Informe de Riesgo No. 002 de 2010 y Nota de seguimiento No 028 de 2010 del mismo informe. 104 Periódico EL PAÍS. “Una guerra entre 'Rastrojos' estaría detrás de los asesinatos en Tuluá”. Cali,

Edición febrero 16 de 2011. 105 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de seguimiento No 028 de 2010 del Informe de Riesgo No. 002 de 2010.

Para concluir los departamentos señalados como críticos en esta temática, debe anotarse que Meta presentó junto a Antioquia y Arauca uno de los mayores

aumentos entre 2009 y 2010 (300%), al presentar 1 asesinato de una líder social en el primer año y cuadriplicar su cifra en el año siguiente, con 2 eventos ocurridos en el municipio de La Macarena y los dos restantes en Guamal y

Vistahermosa.

Debe recordarse que La Macarena ha sido escenario de acciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, unidad de elite conformada con el fin de perseguir al

mando central de las Farc en la zona, lo que ha provocado la intensidad en el replegamiento y la ofensiva por parte de este grupo subversivo106; en paralelo, las dinámicas vividas en los otros territorios, tienen que ver con la disputa de los

diversos frentes de las Farc con estructuras criminales denominadas Erpac, que aunque sufrieron un duro revés en diciembre de 2010 con la muerte de Pedro

Oliveiro, alias Cuchillo107, su desaparición definitiva es poco probable, pues se tiene conocimiento oficial del mantenimiento de una amplia influencia en circuitos relacionados con el narcotráfico en Guaviare, Vichada y este departamento. En

este sentido, las dinámicas relacionadas con el asesinato de líderes y lideresas, pueden estar relacionadas con la acusación por parte de los grupos armados

ilegales de ser colaboradores de uno u otro bando o de la labor de estas personas de llamar la atención sobre las dinámicas violentas e ilegales que se ejercen en las zonas de influencia de estas estructuras.

Adicionalmente, debe anotarse que entre 2009 y 2010, el número de homicidios

de personas vinculadas a una labor de liderazgo, se presentó en 64 de los 1.122 municipios registrados a nivel nacional, los cuales presentan una variación sustancial respecto del promedio de afectación, pues mientras que en 2009 los

asesinatos se reportaron en 29 municipios, para 2010 los crímenes se ubicaron en 41 de las circunscripciones territoriales municipales.

Desde el punto de vista municipal, nuevamente Antioquia, Arauca y Bolívar son los departamentos con mayores cifras de homicidios de líderes sociales y

comunitarios. La primera región presenta en su capital departamental 6 víctimas (4 en 2009 y 2 en 2010) que posicionan a Medellín como la zona con el

mayor número de registros en estos dos años; por su parte Arauca, es el único departamento con dos municipios dentro de los cinco primeros lugares nacionales en 2010 con 5 muertes violentas en Tame y 3 en Saravena; finalmente

Cartagena, es la única entidad municipal que se mantiene en el tercer lugar tanto en 2009 como en 2010, con 3 homicidios en contra de este grupo en cada año,

cifras constantes que hace que se mantengan las alertas respecto de la dinámica de atentados contra la organización social en la capital bolivarense.

106 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de seguimiento No 016 de 2010 del Informe de

Riesgo No. 032 de 2007. 107 Periódico EL PAÍS. “Caracho y Vaca Fiada serían los sucesores de Cuchillo”. Cali, Edición: Diciembre 30 de 2010.

Tabla No 21

Homicidio de líderes y lideresas por grupo afectado

2009 – 2010 Sub-grupo afectado 2009 2010 Variación %

Juez de paz 0 1 100%

Miembro de Junta de acción comunal 15 24 60%

Lider comunitario 8 10 25%

Líder de organizaciones sociales 18 19 6%

Veedor ciudadano 1 0 -100%

Total 42 54 29% * Cifras en constante proceso de verificación. Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

Ahora bien, si se analiza la situación desde las diversas maneras en que estos hombres y mujeres ejercieron su liderazgo dentro de su comunidad u

organización, se denota que en la mayoría de las labores se presentaron aumentos en el número de homicidios entre 2009 y 2010, con excepción de las veedurías ciudadanas que no presentaron hechos para 2010, pero registraron una

víctima en 2009 en el municipio de San Pelayo (Córdoba), donde fue asesinado por sicarios un veedor dedicado a denunciar los casos de corrupción presentados

en la región, labor por la cual había recibido constantes amenazas y un atentado contra su vida en los meses anteriores a su deceso.

Con respecto a los aumentos porcentuales, se encuentra el asesinato para 2010 de un juez de paz dedicado a su labor desde hacía cinco años en la capital de

Risaralda, perteneciente a un gremio que no había sufrido homicidios de sus miembros en 2009. Adicionalmente, llama la atención que las labores de liderazgo comunitario, organización social y acción comunal fueron las más afectadas

durante los dos años analizados, con cifras que indican que su nivel de vulnerabilidad va en aumento al presentar incrementos notables.

Es así como las y los miembros de las juntas de acción comunal presentaron un aumento del 60% en los dos años considerados, al presentar 15 registros en 2009

y 24 en 2010; por su parte, las lideresas y los líderes comunitarios registraron un ascenso de 25% con 8 víctimas en 2009 y 10 en 2010. Por último, se resalta la

situación de hombres y mujeres líderes de organizaciones sociales asesinados, con un aumento de 6% en el número de víctimas de 2009 (18) a 2010 (19), lo cual muestra una constante victimización sobre este tipo de movilización.

De lo anterior, puede entenderse como estas tres formas de activismo social

concentran en los dos períodos estudiados, la mayoría de los homicidios cometidos contra los y las líderes sociales y comunitarios (41 víctimas en 2009 y 53 registros en 2010 que corresponden al 98% nacional en los dos años).

Tal y como se analizará a continuación, las causas de los homicidios perpetrados

contra la labor de estos tres subgrupos, varían dependiendo de circunstancias y factores tan diversos como las actividades realizadas por los mismos, como

resultado de las acciones cometidas por estructuras ilegales interesadas en acabar con los intentos de organización, así sean incipientes, en torno a la reivindicación

de derechos por parte de diversas colectividades.

Para empezar entonces, debe anotarse que las y los miembros de juntas de acción

comunal presentaron los mayores índices tanto absolutos como porcentuales en los dos últimos años, con un total de 39 homicidios y un aumento para 2010 en

casi 10 víctimas, al presentar 15 asesinatos en el primer año y 24 en el segundo. Esta tendencia crítica se mantiene desde 2004, con un nivel de homicidios

superior a las 10 muertes anuales y con topes en 2006, 2007 y 2010 con cifras por encima de las 20 víctimas por año.

Esta organización de base, creada desde 1.958 a través de la Ley 19 del mismo año, fue implementada para funcionar en las micro-organizaciones o adscripciones

territoriales más básicas a nivel rural o urbano tales como barrios, comunas, distritos, veredas y corregimientos, con el fin de ser la expresión auténtica de la ciudadanía de base y de arraigo popular, en la búsqueda de la solución de los

problemas que afrontaban dichas comunidades día a día, con una clara tendencia en defensa de lo social y una orientación política poco homogénea108.

Dicha labor de incidencia por parte de sus miembros y estructuras, en asuntos públicos administrativos tales como planes de desarrollo locales y proyectos

regionales que se mantiene hasta la actualidad, ha sido seriamente afectada para 2009 en los departamentos de Santander con 3 homicidios y para las regiones de

Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca con 4 asesinatos en el primer departamento y 3 en los 2 subsiguientes. Tal y como se observa en el mapa anterior, la totalidad de las víctimas fatales fueron reportadas en su totalidad en comunas urbanas con

altos índices de necesidades básicas insatisfechas o en circunscripciones territoriales rurales con evidentes falencias en el desarrollo e intervención estatal

permanente, lo que revela un atentado claro en contra de estas formas de participación democrática.

108 LLANO CARO, JHON JAIRO. El movimiento comunal en Colombia. Antioquia. 2006. Pág. 19.

Homicidio de miembros de juntas de acción comunal

2009 – 2010

En segundo lugar, los registros señalan a la promoción de formas de organización social, como la segunda labor más afectada, con un total de 37 víctimas durante

el período (18 y 19 homicidios en los dos años considerados); dichos hechos, que para 2003 arrojaban un asesinato anual, sufren un ascenso a partir de 2004,

provocando una tendencia de homicidios cercana a las 10 víctimas, que se catapulta a partir de 2008 por encima de los 15 homicidios y que se ha mantenido constante en los años posteriores.

Mapa 13

Homicidio de líderes y lideresas de organizaciones sociales 2009 – 2010

La dinámica expuesta sugiere tal y como se exhibe en el mapa, la relación de los hechos con la labor de activismo y la acción de denuncia ejercida por hombres y mujeres tanto víctimas del desplazamiento forzado o familiares de desaparecidos

o asesinados a manos de los grupos armados ilegales en el marco de la exigencia de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como aquellos que han

promovido procesos para apartar a sus comunidades de medios de subsistencia ilegal (tales como las familias guardabosques, laboratorios de paz, familias en acción) o que simplemente han buscado la unidad, la legalización y la organización

de sus colectivos en torno a sus modos de supervivencia (como los directivos de cooperativas o asociaciones de mineros, pescadores o agricultores); todas estas

acciones han motivado persecuciones en su contra por parte de diversas estructuras armadas, buscando acallar o invisibilizar sus justas demandas, debido al alto perfil que ejercen ante sus grupos y ante instancias nacionales e

internacionales.

Mapa 14

Esta situación es particularmente visible en los departamentos de Córdoba y Valle

del Cauca (territorios que ocupan el segundo lugar de víctimas dedicadas a esta labor en 2009 con 3 hechos cada uno), así como en las regiones de Arauca y

Bolívar (que al igual que los dos anteriores ocupan el segundo lugar en 2010 con igual número de homicidios en cada región) y especialmente en Antioquia, que es el departamento que ocupa el primer lugar en los dos años con 3 asesinatos en

2009 y 5 víctimas fatales en 2010109.

Puerto de Buenaventura – Valle del Cauca Banco de imágenes Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Por último, el grupo de hombres y mujeres que lideran los más diversos tipos de procesos en beneficio de sus comunidades, presentan un total de 18 víctimas

entre 2009 (8) y 2010 (10). Cabe anotar que este tipo de labor es la única de las aquí consideradas, con registros constantes por encima de los 20 homicidios entre

2003 y 2006 (período en el que se presentó el mayor tope anual de todos los subgrupos en 2005 con un total de 34 asesinatos), para luego disminuir a 10 víctimas fatales o más a partir de 2007. Esta fluctuación evidencia que el número

de homicidios ocurridos en 2009 por debajo de la media fue la excepción a nivel histórico y no la regla.

109 Sobre el departamento en particular, debe anotarse que tan sólo en la región del Urabá, existen

“registros de 1.800 familias afectadas por el despojo, que buscan la restitución de 25.000 hectáreas”. En: REVISTA SEMANA. Tierra de sangre. 25 de septiembre de 2010.

Homicidio de personas que ejercían liderazgo comunitario 2009 – 2010

En este tipo de trabajo a diferencia de las otras categorías, las acciones

desarrolladas por la víctima son en su mayoría de tipo individual, pues más que buscar la congregación de personas, pretenden llamar la atención de su comunidad o de las instancias competentes sobre las deficiencias en su lugar de

trabajo o residencia, o bien denunciar y desarrollar procesos de resistencia a la presencia de individuos que ejecutan acciones ilegales a nivel local.

En esta medida, como se observa en el mapa, llama la atención la masiva ocurrencia de estos hechos en el departamento de Bolívar para 2009 con 4

asesinatos y los homicidios ocurridos en Arauca y Norte de Santander con 2 víctimas cada uno en 2010, lo que hace que estos departamentos tengan los

niveles más críticos en los años considerados y por ende, que se prendan las alarmas en sus territorios, respecto de la protección al ejercicio del derecho de

participación e involucramiento en los diversos procesos sociales que le competen a las y los ciudadanos.

Mapa 15

Tabla No 22

Homicidio de líderes y lideresas por sexo

2009 – 2010 Sexo 2009 2010 Variación %

Femenino 3 9 200%

Masculino 39 45 15%

Total 42 54 29% * Cifras en constante proceso de verificación. Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema IDH. Última fecha de actualización febrero 15 de 2011.

A nivel transversal, debe resaltarse que la tendencia al aumento en la cifras

evaluadas a lo largo de este análisis poblacional, permanece al dividir las víctimas por sexo, pues las muertes violentas del sexo masculino presentaron un aumento

del 15% al pasar de 39 a 45 homicidios entre 2009 y 2010, mientras que las mujeres líderes presentaron un aumento del 200% al presentar 3 asesinadas en

2009 y 9 víctimas fatales en 2010. Las mujeres víctimas en estos dos años desempeñaban esencialmente labores

comunitarias, de organización social o bien pertenecían a las juntas de acción comunal; en este sentido, para 2009 el total anual de 3 víctimas promovían la

organización social en Los Córdobas (Córdoba), Granada (Meta) y Buenaventura en el Valle del Cauca, mientras que para 2010, de las 9 mujeres asesinadas, 5 ejercían dicho activismo en San Juan de Urabá (Antioquia), Tame (Arauca), la

Macarena (Meta) y en las capitales de Bolívar y Santander; a su vez, para este mismo año, 2 mujeres fueron asesinadas en Acandí (Chocó) y en Cúcuta (Norte de

Santander) ejerciendo su liderazgo comunitario, mientras 2 más se reportaron como víctimas fatales en Saravena (Arauca) y Tierralta (Córdoba), cuando pertenecían a juntas de acción comunal de sus veredas y corregimientos.

Dichos índices son objeto de preocupación tal y como lo advierte la Corte

Constitucional en su Auto 092 de 2008, donde identifica dentro de los diez (10) riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, a los derivados de la pertenencia de las mujeres a organizaciones sociales, comunitarias o políticas o

de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado110, pues el asesinato de una mujer líder, además

de constituir una seria amenaza contra los procesos de organización, implica una pérdida social incalculable, debido a los costos culturales y sociales que tiene que asumir como mujer para desempeñar un rol dirigente en su comunidad, tanto al

interior de su núcleo familiar y de las personas que defienden sus mismas reivindicaciones, como al exterior de su grupo social, debido a las barreras

educativas que tiene que superar por su género y de la invisibilización de la voz femenina y su conocimiento empírico frente al entorno social latinoamericano.

110 CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092 de 2008. Protección de los derechos fundamentales de las

mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. MP: Manuel José Cepeda Espinoza. Bogotá, 14 de abril de 2008.

Por lo anterior, estos hechos contra las mujeres toman particular relevancia, pues además que pueden relacionarse con las labores y fines propios del liderazgo

ejercido, son también acontecimientos inmersos en una estrategia de amedrentamiento por parte de los responsables, que toman los estereotipos machistas vigentes como una forma de imponer o justificar sus acciones, intención

que se denota en las descripciones de los sucesos dados por las fuentes encontradas, donde se anota que varias de estas mujeres habían sido

previamente amenazadas con expresiones que llamaban al retorno a su rol como mujer de hogar y que el liderazgo era relacionado por los actores irregulares a

personas sin oficio inmiscuidas en asuntos que no son de su resorte o a actividades de prostitución111.

Finalmente, debe anotarse que en 2009 las Farc fueron responsables en la comisión de 4 homicidios de líderes sociales y comunitarios (10%) del total de las

42 víctimas anuales, así como las bandas criminales de 2 (5%) y otros autores de 1 (2%), mientras que en 35 casos se desconoció el autor (83%); para 2010, las cargas se mantienen, pues del total de 54 hechos relacionados con este grupo

específico para dicho año, hay 3 atribuidos a las Farc (6%), 2 a bandas criminales (4%), 1 a otros autores (2%), mientras que en 48 casos (89%) se desconoce el

responsable. Para concluir este acápite, se llama la atención sobre los datos disponibles, pues

exponen un fenómeno en donde la persecución y el asesinato de los diversos tipos de líderes y lideresas sociales y comunitarios posee un estrecho vínculo entre, por

una parte, la concentración de actores armados en ciertas áreas o regiones y por otra, la existencia de grandes extensiones territoriales en disputa por el desarrollo de macro-proyectos de gran envergadura o por políticas de restitución de

tierras, lo mismo que con el cultivo, procesamiento, rutas de exportación y tráfico tanto de insumos ilícitos como de sustancias ilegales.

Es así, como la ocupación territorial por parte de dichas estructuras, ha significado el establecimiento del clima de tensión y zozobra en la población civil residente en

zonas rurales, comunas urbanas o pequeños poblados y más específicamente, acciones de violencia en contra de sus dirigentes o personas más representativas,

situación en la que han cobrado vigencia la estigmatización, amenaza y persecución de toda persona que opine o manifieste alguna actitud frente a las temáticas presentadas, sus consecuencias, sus actores o simplemente a la

problemática en general.

Adicionalmente, se debe llamar la atención al notable incremento de homicidios de líderes de organizaciones surgidas frente al debate social que se originó en torno a los derechos de las víctimas en el marco de la ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz,

especialmente en torno a la restitución de tierras a personas despojadas por la

111 Sobre el particular, revisar el análisis del riesgo relacionado con la “persecución por las

estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas implementadas por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional”. En CORTE CONSTITUCIONAL, Auto 092 de 2008. Pág. 41. Ibídem.

fuerza de ellas, tema que tomó mayor impulso desde 2008 con la vigencia del

decreto 1290 del mismo año, por el cual se repara por vía administrativa a las víctimas de la confrontación armada. El que los derechos a la verdad, la justicia y

la reparación fueran puestos en la escena pública, permitieron que las víctimas dejaran su silencio después de décadas y asumieran el liderazgo de organizaciones que buscaban las reivindicaciones de sus derechos y el de sus

comunidades, por lo que muchos de los autores de los hechos en su contra estén interesados en re-victimizar y silenciar a este tipo de víctimas, razón de más para

desarrollar mecanismos urgentes de protección y prevención frente a este tipo de acciones.

Para concluir, no debe perderse de vista que los asesinatos de este grupo vulnerable constituyen un claro atentado contra la cohesión y organización social y

ante todo, el derecho de todo ser humano a la resistencia social y la búsqueda de mejores condiciones para su grupo societario inmediato, por lo que requiere de

medidas urgentes para su defensa y protección efectiva. En este sentido, el asesinato de líderes y lideresas sociales (además de violentar el derecho a la vida humana), va más allá del hecho individualmente considerado y produce un fuerte

rompimiento de la autonomía comunitaria, instando al grupo a la autocensura y a limitar o eliminar sus actividades de reivindicación, lo cual produce una

degradación inmediata y permanente de la situación de derechos humanos del colectivo, llegando a producir en muchos de los casos el desplazamiento forzado de la población y la ruptura, a veces definitiva, del intento de lograr una sociedad

articulada y solidaria en defensa de sus derechos.

Plaza de mercado Costa Atlántica Banco de imágenes Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Homicidio de líderes sociales y comunitarios en los municipios de Colombia

2009- 2010

Mapa 16 Mapa 17 2010 20 0 9

7.6 Miembros del clero católico y agentes de la Pastoral Social

Gráfico No 9

Homicidios de miembros del clero católico

2009-2010

2009 2010

Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de diciembre de 2010

El Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH ha

incluido dentro de los grupos vulnerables a los que hace seguimiento, a los miembros del clero católico. En Colombia, según estadísticas de la Conferencia

Episcopal en 2010, el 78% de la población colombiana ha sido registrada como católica bajo el sacramento del bautismo, independientemente de que se profese esta creencia en el transcurso de la vida. Por otra parte, se estima que

en el país, el 22% adicional pertenece a otras confesiones religiosas, incluyendo además a los ateos. En este informe sólo se reportarán violaciones

a los derechos humanos de los miembros del clero católico112, debido a que el Observatorio, no ha encontrado registros o datos consolidados que reúnan la

información sobre violaciones a los derechos humanos de otras agrupaciones religiosas. En la actualidad sólo se cuenta con la información registrada por la Conferencia Episcopal de Colombia113.

Históricamente, la iglesia Católica ha tenido una participación activa dentro de

los asuntos políticos y sociales del país. Vale la pena recordar, la investigación sobre la violencia en Colombia publicada y dirigida en los años sesenta por Monseñor Germán Guzmán, con una participación activa del, entonces,

112 Tanto secular como regular. 113 Por lo tanto, se incluye dentro dicho grupo vulnerable a los Obispos, Presbíteros y Diáconos reconocidos por la Conferencia Episcopal de Colombia. Así mismo como a las novicias y monjas de iglesia católica.

sacerdote Camilo Torres. Se debe destacar además su papel de mediadora entre el Gobierno y las organizaciones armadas ilegales, en los distintos

procesos de paz, desde la época del Gobierno de Belisario Betancur. Podría recordarse su rol en la Asamblea Nacional Constituyente y en la formulación

de la Constitución de 1991, así como su participación como mediadora ante la agudización del conflicto armado y las negociaciones de paz con algunas guerrillas. Podría rememorarse además, el papel que cumplió en los años

noventa el Padre García Herreros como garante para buscar la paz con narcotraficantes, en especial con Pablo Escobar114.

Actualmente, el papel de la iglesia Católica se manifiesta, no sólo en la orientación espiritual de sus fieles, sino también en actividades de atención

comunitaria a través de sus sedes de Pastoral Social, especialmente en materia de atención a población afectada por el desplazamiento forzado, el

reclutamiento de menores y apoyo a las personas desmovilizadas, entre otros. En este sentido, la iglesia Católica es un actor importante para las comunidades menos favorecidas del país, y sus representantes se han

desempeñado como intermediarios y líderes sociales dentro de las mismas; probablemente por ello, sus miembros han sido objeto de diferentes

violaciones a sus derechos a través de amenazas contra su vida, homicidios y secuestros, entre otros.

Según información de la Conferencia Episcopal de Colombia, entre 1984 y 2010 fueron asesinados 74 sacerdotes, 8 religiosas, 3 seminaristas, 1 obispo y

1 arzobispo. Adicional a esto, 5 obispos fueron secuestrados durante los últimos 10 años. Los clérigos católicos, asumen un papel de liderazgo, debido a su participación comunitaria en la intermediación de la resolución de conflictos,

circunstancia que a veces los convierte en objetivos por parte de grupos armados ilegales.

El papel de la iglesia Católica, según Monseñor Juan Vicente Córdoba,

Secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia “es el de recuperar el diálogo entre las partes, sin protagonismos pero sí como mediador”115. Sin embargo, los actores al margen de la ley, tales como las guerrillas, las bandas

criminales y los narcotraficantes, suelen amenazar de manera constante a los miembros del clero cuando se constituyen en un obstáculo para sus actividades

delictivas, por ejemplo, cuando realizan denuncias o alertan a las autoridades sobre las continúas violaciones a los derechos humanos de la población, cuando ocurren despojos de tierra, cuando se perpetran masacres,

desplazamientos forzados y otras acciones delictivas como captación ilegal de dinero y tráfico de narcóticos y de armas. El Presidente de la Conferencia

114 Diario El PAIS. “Esperando a Pablo Escobar” Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/ESCOBAR_GAVIRIA/_PABLO/GAVIRIA/_CESAR/COLOMBIA/Esperando/Pablo/Escobar/. Bogotá - 01/06/1991. 115 Diario EL PAÍS. La corrupción nos está matando. Disponible en http: http://m.eltiempo.com/justicia/la-corrupcion-nos-esta-matando-iglesia-catolica/8853968/1/home

Episcopal de Colombia, Monseñor Rubén Salazar Gómez, afirma que: “la presión de las bandas criminales ha provocado el destierro de varios párrocos, los cuales han tenido que salir del país116”.

Acerca de los homicidios ocurridos entre los años 2009 y 2010, la Conferencia

Episcopal de Colombia, señala que en el primer año en mención, se presentaron 5 asesinatos a miembros de la iglesia Católica, lo que señala una reducción del 40% comparado con el segundo año (2010), cuando se

presentaron 3 homicidios. Sin embargo, es difícil conocer si estos casos han estado directamente relacionados con su desempeño como líderes dentro de la

comunidad, mientras que, en el caso de las amenazas contra los religiosos, si se hace más evidente con su rol, gracias a los testimonios y denuncias entregados por miembros del clero a la Conferencia Episcopal, donde señalan

los riesgos que les acarrea intervenir como mediadores en conflictos y en apoyo a reclamaciones sociales y comunitarias.

Tabla No 23

Homicidios a miembros del clero católico por departamento a nivel

nacional 2009 - 2010 Departamento 2009 2010 Variación

Antioquia 2 1 -50%

Caldas 0 1 100%

Cundinamarca 0 1 100%

Meta 1 0 -100%

Vichada 2 0 -100%

Total 5 3 -40% Fuente: Comunicaciones, Conferencia Episcopal de Colombia Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema de información IDH, última actualización 31 de Diciembre 2010

Los 5 asesinatos ocurridos en 2009, se presentaron en los siguientes departamentos: 2 en Antioquia, 2 en Vichada y 1 en el Meta. En Medellín, el 22 de febrero de 2009, el padre Juan Gonzalo Aristizábal Isaza, capellán de

varios hoteles de Medellín y párroco de San Juan Apóstol en barrio El Poblado, fue asesinado en circunstancias que son motivo de investigación por la Policía

y la Fiscalía. Su cadáver apareció en una vía cercana a la Universidad de Antioquia, en el norte de Medellín. El cuerpo del religioso de 58 años fue descubierto dentro de un automóvil de su propiedad a la altura de la Avenida

Regional.

En el mes de marzo, en el municipio de La Primavera (Vichada), los religiosos redentoristas, Gabriel Fernando Montoya Tamayo y Jesús Ariel Jiménez, fueron asesinados en hechos registrados en el sector de La Pascua, en el internado

indígena de los Misioneros Redentoristas.

116 Periódico EL TIEMPO. “Las condiciones ya se dialogaron y ya se concertaron”, señala Monseñor Córdoba sobre liberaciones. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6806148. 19 de diciembre de 2009

En Villavicencio (Meta), el sacerdote Oscar Danilo Cardozo Ossa, párroco de San Luis María de Monfort, fue asesinado el 27 de septiembre. El último caso

de 2009 se presentó en diciembre, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), fue asesinado el sacerdote Emiro de Jesús Jaramillo Cárdenas. El cadáver del

padre, de 73 años de edad, y Director del Archivo Diocesano y rector de la Capilla La Humildad, fue hallado por una persona en su apartamento. El cuerpo tenía heridas de arma blanca.

En 2010, aunque los homicidios se redujeron de 5 a 3 comparado con 2009, la

violencia contra los miembros de la iglesia Católica se acrecentó en el número de amenazas, y con ella, el traslado de obispos, sacerdotes y diáconos hacia otras poblaciones, e incluso exilios del país.

Los homicidios durante 2010 se presentaron en Manizales (Caldas), Soacha

(Cundinamarca) y Turbo (Antioquia). El sacerdote Carlos González, Rector del Instituto San Rafael de Manizales, murió luego de tres días de haber sido atacado con arma blanca por dos jóvenes en un supuesto asalto. El padre, de

47 años de edad, falleció en una clínica mientras que los agresores se entregaron voluntariamente y se encuentran detenidos117.

Posteriormente, el 24 de marzo de 2010 fue hallado el cuerpo del sacerdote Román de Jesús Zapata, en la casa cural del corregimiento Currulao, de Turbo

(Antioquia). El último caso tuvo lugar en el mes de agosto de 2010, cuando el padre Herminio Calero Alomía, perteneciente a la diócesis de Soacha

(Cundinamarca), murió luego de recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía en hechos confusos118.

De otro lado, los religiosos en Colombia también son objeto de amenazas contra la vida por parte de terceros que pretenden silenciar sus denuncias o

estropear su trabajo con la comunidad. En 2009 los párrocos de Mitú, (Vaupés), Granada (Meta) y Medellín (Antioquia) recibieron amenazas contra

sus vidas y las de sus familias. El 9 de diciembre de 2009, el Arzobispo de Medellín, Alberto Giraldo Jaramillo, denunció que por amenazas debió salir de la Jurisdicción, su Obispo Auxiliar, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid. El

prelado explicó que con apariencia de un regalo de navidad, llegó a la curia arquidiocesana de Medellín, una amenaza contra la vida de monseñor Ochoa.

Agregó que “el contenido amenazante del texto y los demás elementos del paquete hicieron comprender que la amenaza era seria y representaba peligro para la vida del obispo auxiliar”.119 El Obispo trabajaba con la comuna 13 de

Medellín y con población desplazada.

117 Diario LA PATRIA. “El San Rafael llora por su Rector”. Edición Mayo 08 de 2010. 118 Periódico EL PAÍS. “Sacerdote asesinado en Soacha era de Buenaventura”. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/sacerdote-asesinado-en-soacha-era-buenaventura. Agosto 20, 2010. 119 CARACOL NOTICIAS. “A un lugar secreto trasladan a Monseñor Ochoa”. Disponible en: www.caracoltv.com/noticias

En 2010, en el mismo municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), el Obispo, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, debió abandonar temporalmente su Jurisdicción, debido a amenazas en su contra y luego de la explosión de una

bomba que afectó, el 10 de junio, las instalaciones de la Curia Episcopal. Vale la pena recordar que en el 2009 en ese mismo municipio ocurrió el homicidio

de otro sacerdote. El 22 de abril de 2010, mediante un comunicado, la Diócesis de Tumaco, pone

en conocimiento las amenazas de que ha sido objeto nuevamente la Pastoral Social de la Diócesis de este municipio. “Las amenazas están fechadas el 10 de

abril del 2010 y firmadas por el actor armado autodenominado Grupo Armado Los Rastrojos – Comandos Urbanos, quienes los declaran como objetivo militar permanente y les dan un ultimátum”, afirma el comunicado diocesano” 120. El 27 de abril de 2010, el Centro de Investigación y Educación Popular-

Programa por la Paz (CINEP/PPP), manifestó que en diversos lugares de Bogotá, aparecieron grafitis amenazantes en contra del sacerdote jesuita e investigador del CINEP/PPP, Javier Giraldo. “En los grafitis se expresan

amenazas de muerte contra Giraldo, quien ha denunciado violaciones a los DH de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, falsos positivos y rutas del

narcotráfico.

Finalmente, desde el año 2007, con el propósito de proteger la vida y la integridad de sacerdotes y religiosos de la iglesia Católica, la Policía Nacional, bajo la Dirección de Protección y Servicios Especiales, ha implementado un

programa de seguridad para el clero católico denominado el Plan Padrino; el cual, bajo estudios de niveles de riesgo, evalúa la manera de prevenir

situaciones donde la seguridad e integridad de los protegidos se encuentre amenazada o sea vulnerable, de acuerdo a ello se diseñaron esquemas de protección. Sin embargo, la Policía Nacional pretende generar una cultura de

auto protección con el ánimo de minimizar los riesgos y reducir a cero tanto el número de amenazas como el de homicidios. En la actualidad, la Policía

Nacional brinda protección a 1 Cardenal; al Nuncio Apostólico; 5 Arzobispos; 12 Obispos; 2 Sacerdotes y 1 Canciller (cargo dentro del organigrama de la Conferencia Episcopal).

7.7 Funcionarios Judiciales

Desde los años noventa, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, viene analizando la situación de derechos humanos

de los funcionarios judiciales, ya que sus obligaciones como administradores de justicia y encargados de velar por la aplicación de las leyes dentro de una

sociedad, los ubica en algunos casos en situaciones de vulnerabilidad.

120 PORTAL CHOCÓ. “47 Organizaciones del Chocó rechazan amenazas”. Disponible en: http://www.choco.org/index.php?name=News&startrow=21. Martes, 25 Mayo, 2010

Dentro de la categoría de funcionarios judiciales se incluyen aquellos que en calidad de jueces y juezas, magistrados y magistradas están encargados, entre

otros, de juzgar, condenar y fallar. Por tanto se convierten en la parte visible de la justicia. Sus decisiones están supeditadas a la Declaración Universal de

los Derechos Humanos, a la Constitución y a la Ley. “La misión de la Administración de Justicia es garantizar la efectividad de los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en la Constitución y la Ley,

dentro del marco del estado social y democrático de derecho, consolidando la soberanía del estado y la de sus instituciones de justicia”121.

En Colombia en el año 2009, desempeñaron sus funciones 4.304 magistrados, magistradas, jueces y juezas que ejercieron sus funciones en más de 1.200

municipios del territorio nacional; además en ese mismo año, el país contó con 1.257 jueces y juezas de paz122. Entre los años 2009 y 2010 los homicidios a esta población se redujeron en comparación con años críticos como los noventa o como en la época de los

llamados jueces sin rostro. Según la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial, se tiene información que en la mayoría de los homicidios perpetrados contra

los funcionarios de la rama judicial en el periodo 2009 – 2010, estos fueron ejecutados por causas personales y no por razones relacionadas directamente con su oficio. En relación a ello, se podría decir que en 2010 se incrementó en

un 100% (3 casos), las muertes violentas de jueces, respecto a 2009, donde no se presentó ningún caso. A pesar de lo anterior, no se puede desconocer

que estos funcionarios están encargados de velar por el cumplimiento de las leyes, en un marco de imparcialidad y neutralidad, lo que los ubica en condiciones de riesgo en la medida en que alguna de las partes quede

inconforme con la sentencia dictada. Por ello, en ocasiones se presentan atentados contra su vida y la de sus familiares; además son víctimas de

amenazas y secuestros, todo esto con el propósito de incidir en el fallo final o como represalia por el ya impartido.

Los casos presentados en 2010 se describen a continuación: El 1 de marzo de 2010 en Bogotá D.C., desconocidos que se movilizaban en

motocicleta asesinaron con arma de fuego al juez José Fernando Patiño. Según versiones del periódico El Tiempo:”el juez de Fusagasugá con sede en Soacha,

adelantaba procesos judiciales que llevaba de narcotráfico, guerrilla y autodefensas en Cundinamarca”123. Sin embargo, meses después el Consejo

Superior de la Judicatura, afirmó que según investigaciones, este caso se

121 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. “Plan Sectorial de Desarrollo 2007-2010”. Noviembre de 2006. 122 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. “Informe al Congreso Consejo Superior de la Judicatura. Plan de formación de la Rama Judicial” Disponible en: www.ejrlb.net 123 Periódico EL TIEMPO. “En Chapinero asesinaron al Juez de Fusagasugá Jose Fernando Patiño” Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7321927

presentó por asuntos personales y no con relación a su oficio. No se habían reportado amenazas en su contra.

El caso siguiente se presentó en Medellín (Antioquia), el 22 de abril de 2010. La víctima fue Diego Fernando Escobar Múnera, juez octavo penal municipal de

Medellín con función de control de garantías. Por el hecho fue capturado el autor material pero se desconoce el autor intelectual.

El último caso sucedió el 4 de septiembre de 2010 en Cúcuta (Norte de Santander), desconocidos ingresaron a la vivienda del juez segundo promiscuo

del municipio de Villa del Rosario, Pedro Elías Ballesteros Rojas, causándole la muerte con arma de fuego de manera inmediata. En declaraciones al periódico El Colombiano, el Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, comandante de la

Policía Metropolitana de Cúcuta, afirmo que: “pudo tratarse de un atraco, el cual se habría frustrado con la muerte de Ballesteros Rojas”124. La víctima no

había reportado amenazas.

Tabla No 24

Homicidios por municipio de funcionarios judiciales a nivel Nacional 2009-2010

Departamento 2009 2010 %

Bogotá 0 1 100%

Medellín 0 1 100%

Villa del Rosario (Norte de

Santander) 0 1 100%

Total 0 3 100% Fuente: Oficina de seguridad. Consejo Superior de la Judicatura Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema de Información IDH, última actualización 31 de Diciembre de 2010

En cuanto a las solicitudes de traslados de los funcionarios judiciales por amenazas a su vida e integridad personal, éstas se redujeron en un 54%

comparando 2009 y 2010. Las solicitudes de protección de jueces y juezas, magistrados y magistradas a la oficina de seguridad del Consejo Superior de la

Judicatura, alcanzaron un total de 350 solicitudes en ambos años (212 solicitudes en 2009 y 138 en 2010); mientras que para los jueces de paz se solicitaron 4 medidas de protección en 2009 y 2 para el año 2010.

124 Periódico EL COLOMBIANO. “Sicarios asesinaron a juez en Cúcuta”. En http//: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/sicarios_asesinaron_un_juez_en_cucuta/sicarios_asesinaron_un_juez_en_cucuta.asp

Gráfico No 10

Solicitudes de protección individual a Funcionarios

Judiciales a nivel nacional 2009 - 2010

2009 2010

Magistrados y Magistradas, Jueces y Juezas Juecez de Paz

Fuente: Oficina de seguridad. Consejo Superior de la Judicatura Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Última fecha de actualización 31 de Diciembre de 2010

Según el Coronel Carlos Eduardo Devia, Director del Departamento de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se están evaluando las solicitudes de medidas de protección y de traslados. Estas

acciones probablemente han incidido en la disminución de los homicidios de los funcionarios judiciales en 0,7% (30) de la totalidad de los funcionarios

judiciales existentes en Colombia en el año 2010. Volver al índice

8. Secuestros

Gráfico No 11

Secuestros por tipo de delito

2009-2010

Fuente: Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad personal - Ministerio de Defensa Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema de información IDH, última actualización 31 de diciembre de 2010

Según información proveniente de la Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad Personal del Ministerio de Defensa Nacional, en 2010 los secuestros

presentaron un aumento de 32% con respecto a 2009, al pasar de 213 a 282, rompiendo con la tendencia descendente que se venía presentando desde 2001

a nivel nacional. De los 282 plagios que se registraron durante 2010, 188 (67%)

correspondieron a secuestros extorsivos125 y 94 a secuestros simples126 (33%). Del total de los plagios extorsivos 186 tuvieron finalidad económica y 2

política. Tanto en 2009 como en 2010 los plagios con fines extorsivos superaron a los simples, y representaron el 75% y el 67% del número total de estos delitos durante los años respectivos. Vale la pena destacar que en 2007

125 El secuestro extorsivo se define como aquel en el cual se retiene a una persona con el

propósito de exigir cuantías de dinero o ejercer presión por su posición en la actividad pública o política y crear temor a cambio de la libertad. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DH Y DIH. Dinámica espacial del secuestro en Colombia. Bogotá, 2009. Pág. 7. En: http://www.derechoshumanos.gov.co/comunicados/2009/secuestro/Secuestro.pdf 126 El secuestro simple, es aquel en el que no median intereses, ni ventajas, ni utilidades de carácter económico y político; éstos por lo general son propiciados por desacuerdos familiares internos y violaciones de custodia de menores. Es necesario aclarar que Fondelibertad incluye también como secuestro simple aquellos casos cometidos por los grupos armados ilegales en el marco de la confrontación armada, pero que por motivos diferentes culminan en la liberación inmediata de la persona que fue secuestrada. Lo anterior suele ocurrir en el caso de los retenes ilegales o cuando se plagia selectivamente. Ibíd.

2009 2010

Secuestro Extorsivo Secuestro Simple

y 2008 el número de secuestros simples fue superior a los extorsivos evidenciando, en 2010, un cambio en la finalidad de dichos delitos.

La distribución de las víctimas según su actividad u ocupación indica que los grupos más afectados fueron los comerciantes (18%), los ganaderos (11%),

los agricultores (10%), los estudiantes (5%) y los ingenieros (5%). Dicha distribución va de la mano con la tendencia del aumento de los plagios con carácter extorsivo ya que la actividad o posición de los grupos antes

mencionados, los convirtió en población susceptible de ser secuestrada con fines económicos.

En cuanto a los autores de los secuestros en 2010, la delincuencia común se ubicó como el principal grupo responsable con 162 plagios (57% del total

nacional), 26 más que en el año anterior, cuando secuestraron a 136 personas. Esta variación representa un aumento del 19% entre los dos años. Cabe

destacar que el 64% de los casos de 2010 fueron extorsivos y el 36% de carácter simple.

Las Farc fueron el segundo grupo con mayor cantidad de secuestros en 2010 con 64 plagios, 23% del total nacional, 73% extorsivos y 27% simples.

Asimismo, aumentaron su accionar en 23% con respecto a 2009 cuando fueron responsables de 44 secuestros. En este mismo sentido, al comparar 2009 y 2010, la guerrilla del ELN fue el grupo que reportó el mayor aumento en el

número de plagios cometidos, al alcanzar un incremento de 119% pasando de 16 a 35 víctimas en los años respectivos. Durante 2010, el 54% fueron

extorsivos y el 46% de tipo simple. Finalmente, 21 personas fueron secuestradas por bandas criminales durante 2010, el 90% de los casos fueron de tipo extorsivo y el 10% simple. Además, se registró un aumento de 24%

respecto al año anterior cuando 17 personas fueron plagiadas por estos grupos.

Con respecto a la situación actual de las víctimas, durante 2010 fueron

rescatadas 100 personas, lo que equivale a un incremento de 11% con respecto a 2009 cuando fueron rescatadas 90; en este último año también aumentó el número de víctimas liberadas, al pasar de 66 a 99. De otro lado, el

número de víctimas liberadas por presión127 subió de 28 a 34; de manera disímil, el número de personas fugadas disminuyó, pasando de 11 a 5.

También se debe mencionar que en cuanto a las personas muertas en cautiverio se presentó una tendencia al alza, al pasar de 6 a 12. Finalmente, cabe anotar que al finalizar el año 2010, 32 personas permanecían en

cautiverio, es decir un 167% más que en 2009, cuando 12 víctimas continuaban retenidas128.

127 Las liberaciones por presión se dan como resultado de la acción ofensiva de las unidades de la Fuerza Pública. 128 La información sobre la situación actual de las víctimas es verificada constantemente por la Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad Personal; por esta razón puede presentar variaciones en informes futuros.

La distribución por sexo de los secuestros mostró que de los 282 plagios

perpetrados en 2010, el 80% (225) tuvo como víctimas a hombres, mientras que el 20% restante (57) fue cometido contra mujeres. Al comparar las cifras

de secuestros de 2009 y 2010, se observa que el número de hombres plagiados en el último año aumentó en 35%, al pasar de 167 a 225; en el caso

de las mujeres, el número de secuestradas se incrementó en 24% al pasar de 46 a 57. En 2010 la mayoría de secuestros de mujeres se concentraron en los departamentos de Valle del Cauca con 9 víctimas, Antioquia, Arauca y Norte de

Santander con 5 en cada uno y Magdalena y Nariño con 4, respectivamente.

Durante 2010, 49 menores de edad fueron secuestrados en Colombia, 17% del

total de plagios en todo el país. De 2009 a 2010 se presentó un incremento de 96% en el número de menores víctimas de este delito al pasar de 25 en el

primer año a 49 en el segundo. A nivel departamental, vale la pena destacar la situación de Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Bogotá y Casanare donde se presentaron el mayor número de secuestros a menores de edad durante el

periodo analizado. Antioquia registró 8 plagios, Valle del Cauca 7, Caldas reportó 6, Bogotá y Casanare reportaron 4.

Los secuestros cometidos en 2010 se distribuyeron en 29 de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital, aunque los diez más afectados

fueron: Arauca (36), Valle del Cauca (33), Antioquia (28), Cauca (27), Nariño (17), Bogotá (13), Casanare (12), Norte de Santander (12), Cesar (10) y

Putumayo (10). Como se mencionó anteriormente, Arauca fue el departamento más afectado

por este delito y reportó un aumento de 350% al pasar de 8 secuestros en 2009 a 36 en 2010. El 56% de estos casos fueron de tipo simple y el 44%

extorsivos. En este departamento los municipios más afectados fueron Arauquita y Saravena, con 12 y 9 casos respectivamente, seguidos por Arauca y Tame con 7 casos y Fortul con 1. La guerrilla del ELN y las Farc se

configuraron como los principales responsables con 19 y 13 secuestros respectivamente, a la delincuencia común se le adjudicó la responsabilidad

sobre 4 plagios.

Tabla No 25 Secuestros por departamento a nivel nacional

2009-2010 Departamento 2009 2010 Variación %

Arauca 8 36 350%

Magdalena 3 8 167%

Valle 14 33 136%

Antioquia 12 28 133%

Caldas 4 8 100%

Sucre 1 2 100%

Bolivar 0 1 100%

Cauca 15 27 80%

Santander 5 9 80%

La Guajira 4 6 50%

Cordoba 2 3 50%

Cesar 7 10 43%

Casanare 9 12 33%

Norte Santander 10 12 20%

Caqueta 8 8 0%

Choco 7 7 0%

Huila 7 7 0%

Risaralda 4 4 0%

Guaviare 2 2 0%

Putumayo 11 10 -9%

Nariño 22 17 -23%

Tolima 8 6 -25%

Boyaca 4 3 -25%

Bogota D.C. 18 13 -28%

Meta 15 5 -67%

Atlantico 6 1 -83%

Quindío 1 0 -100%

Vaupes 1 0 -100%

Total 213 282 32% Fuente: Dirección Operativa para la Defensa y la Libertad personal - Ministerio de Defensa Nacional Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derecho Humanos y DIH Datos extraídos del sistema de información IDH, última actualización 31 de diciembre de 2010

La presencia de las Farc y del ELN en este departamento, y su pretensión por controlar territorial, poblacional, militar, económica y políticamente esta zona, han marcado la tendencia al alza de los secuestros en esta entidad territorial.

De acuerdo con la información que posee la Defensoría Regional del Pueblo, la mayoría de los secuestros se han producido en los municipios de frontera y

tienen como fin, en el caso del secuestro con finalidad política, ejercer presión sobre los partidos y movimientos políticos y sobre las administraciones locales. En el caso del secuestro con finalidad económica el propósito es exigir el pago

de una suma de dinero o de una contribución monetaria para fortalecer las finanzas de los grupos irregulares y es cometido muchas veces como

retaliación por el no pago de cuotas extorsivas129.

129 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, Sistema SAT. Nota de Seguimiento N° 024-10 al Informe de Riesgo N° 020-08 A.I. del 17 de Noviembre de 2010

A 31 de diciembre de 2010, en el departamento de Arauca, 27 de las 36 víctimas fueron liberadas por sus captores, 2 fueron rescatadas y 3 liberadas por presión de la Fuerza Pública, 3 lograron fugarse, y 1 resultó muerta en

cautiverio, lo que indica que el 97% de esas personas ya se encuentran en libertad.

Valle del Cauca se estableció como el segundo departamento más afectado a nivel nacional con 33 víctimas por este delito en 2010. Se evidenció un

incremento del 136% al compararlo con 2009 cuando el número de víctimas reportadas fueron 14. El 76% de los secuestros fueron de tipo extorsivo y el

24% restante simples. En cuanto a los responsables de estos delitos, la delincuencia común cometió el 79% de éstos, las Farc el 15% y las bandas criminales el 6%.

En tres municipios se concentraron el 82% de los secuestros en Valle del

Cauca; Cali (55%), La Cumbre (15%) y Buenaventura (12%). A éstos, les siguieron Tuluá (6%), Candelaria (3%), Roldanillo (3%), San Pedro (3%) y Yumbo (3%). A diferencia de la dinámica que se presentó en el departamento

de Arauca, en Valle del Cauca la delincuencia común fue la principal responsable de estos plagios con 26 de los 33 casos que se dieron en el

departamento y con claros fines económicos. Por este motivo, los responsables retuvieron principalmente a comerciantes (33%) y a menores de edad (21%), exigiendo elevadas cantidades de dinero por su liberación.

El aumento de los secuestros en el departamento de Valle del Cauca podría

explicarse a partir de las posibles alianzas entre la delincuencia común, bandas criminales al servicio del narcotráfico y la guerrilla de las Farc. En Cali, miembros del Gaula de la Policía Nacional explican que los delincuentes se

alían con las Farc quienes tienen mayor experiencia en cuanto al manejo de los secuestros, y se pueden encargar del traslado de las personas a zonas de difícil

acceso o del cobro de los rescates, entonces negocian con el grupo armado ilegal a los secuestrados para que éste se encargue de ellos130.

La situación actual de las víctimas del departamento de Valle del Cauca muestra que 27 de las 33 víctimas fueron rescatadas por la Fuerza Pública, 2

fueron liberadas por sus captores, 2 murieron en cautiverio y 2 aún permanecen cautivos. Por lo tanto, el 88% de esas personas ya se encuentran

en libertad. Antioquia es el tercer departamento con mayor concentración de secuestros,

con 28 casos; 75% de ellos extorsivos y 15% simples. Dicha entidad territorial registró un aumento de 133% comparado con 2009 cuando se registraron 12

plagios. En esta entidad territorial los 28 secuestros se distribuyeron en 20

130 CORRALES, ADRIANA. “Preocupa rebrote del secuestro en el Valle del Cauca en el 2010”. En: Periódico EL PAÍS. Octubre de 2010. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/preocupa-rebrote-del-secuestro-en-valle-del-cauca-en-2010.

municipios del departamento. Medellín agrupó el 29% de éstos con 8 plagios, 6 de los cuales fueron extorsivos y 2 simples. La delincuencia común fue

responsable de 7 y las Farc de 1.

La delincuencia común se configuró como la principal responsable con 20 secuestros, seguida de las Farc con 5 y las bandas criminales con 3. El hecho de que delincuentes comunes sean los principales responsables de los plagios

en el departamento, se podría explicar a partir de que las acciones violentas de los grupos armados ilegales organizados que delinquen en este territorio, como

las organizaciones criminales de la Oficina de Envigado y Los Paisas, se hacen a través de bandas y redes de delincuencia común131.

Al finalizar 2010, ninguna de las personas secuestradas durante este año se encuentran privadas de la libertad ya que 9 personas fueron liberadas por sus

captores, 12 rescatadas, 4 liberadas por presión de la Fuerza Pública y 3 murieron en cautiverio.

Seguido de Antioquia se ubica el departamento de Cauca con 27 secuestros en

2010, 12 más que el año anterior cuando se dieron 15 plagios y se dio un aumento de 80%. En cuanto a la finalidad de estos delitos, en el departamento

de Cauca el 52% fueron extorsivos y el 48% simples. La delincuencia común cometió 18 plagios, seguida de las Farc con 7, el ELN y las bandas criminales perpetraron 1. En 2010, 13 municipios del departamento se vieron afectados

por este delito, sin embargo, sobresale la situación de Santander de Quilichao el cual, con 8 plagios, concentró el 30% de dichos secuestros, El Tambo y

Popayán con 3, concentraron el 11% cada uno. En el departamento de Cauca, a 31 de diciembre del año analizado en el

informe, 12 de las 27 víctimas fueron liberadas por sus captores, 3 fueron rescatadas y 7 liberadas por presión de la Fuerza Pública. Sin embargo, al

finalizar 2010, 5 personas continuaban privadas de la libertad. Durante 2009, Nariño fue el departamento donde se presentó la mayor

cantidad de secuestros en el país con 22 casos; sin embargo, en 2010 presentó una reducción de 23% al registrar 17 delitos. A pesar del descenso

registrado en esta entidad territorial, Nariño se ubicó como el quinto departamento con mayor concentración de secuestros en el país por encima de Bogotá D.C., Casanare, Norte de Santander, Cesar y Putumayo.

En Nariño, el 71% de los casos fueron secuestros extorsivos y el 29% simples.

El principal grupo responsable fue la delincuencia común con 13 delitos, seguida de las Farc y de las bandas criminales con 2 cada uno. La distribución municipal del secuestro reportó a 9 municipios afectados; Pasto y San Andrés

de Tumaco con 3, Francisco Pizarro, Ipiales, Mallama, Túquerres con 2;

131 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. (SAT). Informe de Riesgo N° 016-10 A.I. del 29 de septiembre de 2010.

Barbacoas, El Charco y Pupiales con 1. Según la Nota de Seguimiento N° 008 de 2010 correspondiente al Informe de Riesgo N° 029 de 2007, emitida el 30 de abril de 2010 por la Defensoría del Pueblo, expone que la disputa armada

entre integrantes de las Farc, el ELN, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, hace que la población civil se convierta en objeto de secuestros, extorsiones y otros

ataques como homicidios, masacres, actos de violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres adultas, retenes ilegales, reclutamiento forzado, desplazamientos, accidentes y muertes por minas antipersonal, lo que impide

que se de una eliminación total de esta práctica.

Al finalizar 2010, de las 17 personas plagiadas en este departamento, 4 fueron liberadas por sus captores, 7 fueron rescatadas, 3 liberadas por presión de la Fuerza Pública y 3 permanecen secuestradas.

En 2010 se dio un quiebre en la tendencia a la baja del número de secuestros

que se venía presentado en el país desde 2001 al registrarse un aumento de 32% respecto a 2009. Es importante señalar que en este último año se hicieron visibles algunas variaciones significativas en los tipos de delito ya que

los secuestros extorsivos se convirtieron en los más recurrentes.

Además se evidenció un incremento de los plagios cometidos por la delincuencia común. Es posible explicar este fenómeno a partir de una probable articulación entre la delincuencia común con bandas criminales al

servicio del narcotráfico, y otras organizaciones armadas ilegales como las Farc y el ELN. En la medida en que los secuestros son reportados como cometidos

por la delincuencia común, se presentan dos posibles situaciones favorables para los grupos ilegales; la primera es que no aparecen como directos responsables y segundo dificulta el trabajo de inteligencia de la Fuerza Pública

para enfrentar este delito.

Volver al índice

9. Desplazamiento forzado132

Según datos del Sistema de Información de Población Desplazada (Sipod) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en

2010 se reportaron 87.990 personas desplazadas, cifra que al compararse con los registros de 2009 (165.541 víctimas), reporta una disminución del 47%.

Gráfico No 12

Desplazamiento forzado (por expulsión) a nivel nacional 2009 – 2010

165.541

87.990

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010

Fuente: Sipod – Acción Social. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema Sipod. Última fecha de actualización Enero 31 de 2011

Del total de las víctimas registradas, 41.879 (48%) personas eran hombres y

46.111 (52%) eran mujeres, lo que indica que el desplazamiento forzado continúo siendo una de las variables que afecta en mayor proporción a las

mujeres133. Al analizar la información según el rango de edad se tiene que para 2010, de

las 87.990 víctimas, 43.549 eran mayores de edad (el 49%), mientras que, 43.653 eran menores (el 50%). Del 1% de las víctimas (788 casos) no se pudo

establecer el rango de edad. Lo anterior reviste especial importancia en la medida en que las mujeres y los

niños gozan de una protección especial, tanto en el ámbito nacional como en el

132 Este análisis se hizo con base en las cifras suministradas por Acción Social actualizadas al 31 de diciembre de 2010. Debe resaltarse, que el Sistema Sipod es de tipo dinámico, lo que implica variaciones constantes entre un mes y otro en los registros. Dichas variaciones fluctuaron con mayor intensidad desde 2009, debido al proceso de cambio de operador que ejecuta los

procesos de incorporación de las declaraciones al sistema. Por esta razón, las cifras consideradas en este análisis al ser de tipo preliminar podrían presentar cambios en los próximos meses. 133 Según las cifras del Sipod, el desplazamiento forzado ha venido afectando en mayor proporción a la población femenina desde el 2005, año en el que la cifra para este grupo vulnerable representó el 51% de la totalidad de las víctimas (272.520 registros). A partir de 2006 la proporción de la población femenina afectada se incrementó a 52% y se mantuvo en la misma proporción hasta 2010.

internacional, por lo que se constituye en una obligación para el Estado colombiano y para los grupos armados ilegales velar por el cumplimiento de sus derechos134. Es por esto que varias organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales han resaltado la situación de vulnerabilidad de dichos sectores poblaciones los cuales sufren con mayor intensidad las consecuencias

del conflicto armado, y para el caso de las mujeres, de múltiples discriminaciones, entre éstas, por su sexo y por su pertenencia a un grupo étnico o racial135.

De otro lado, al observar el desplazamiento forzado según la variación

porcentual en el número víctimas reportadas a nivel departamental, se destaca que en todos los departamentos del país, incluida la capital, se registraron descensos superiores al 24%, sobresaliendo lugares como Boyacá (con una

variación negativa del 88%), Risaralda (-87%), Bogotá (-84%), Cesar (-83%), Cundinamarca (-82%), Caldas (-80%), Sucre (-77%) y La Guajira (-73%), los

cuales presentaron disminuciones por encima del 70% en el número de desplazados durante 2010.

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Cortesía: Agencia Presidencial para la Acción Social

134 CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS. Resolución 1325 de 2000. Resolución 1325

de 2000. Que entre otras “…Alienta al Secretario General a que ejecute su plan de acción estratégico (A/49/587) en el que se pide un aumento de la participación de la mujer en los niveles de adopción de decisiones en la solución de conflictos y los procesos de paz”. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf 135 MESA DE MUJER Y CONFLICTO ARMADO. IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia. En: http://www.mujeryconflictoarmado.org/informes/IX%20informe%20Mesa.pdf. Pág. 100.

Dinámica espacial de desplazamiento en Colombia (expulsión) 2009-2010

Fuente de datos: Sipod- Acción Social Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

Paralelamente se debe mencionar que en términos absolutos los departamentos de Antioquia (con 16.884 registros), Nariño (con 13.928 víctimas), Caquetá (con 7.546 desplazados), Cauca (con 7.136 personas

expulsadas), Tolima (con 5.601 registros) y Córdoba (con 5.128 personas) fueron en su orden los lugares de donde salieron el mayor número de personas

desplazadas en 2010, concentrando el 64% de la totalidad de la población expulsada. Durante 2009 dichos departamentos también encabezaron la lista de los mayores expulsores, aunque en distinto orden.

En Antioquia, a pesar de que los registros de personas desplazadas decrecieron en un 25% (al pasar de 22.460 víctimas a 16.884), las cifras absolutas

muestran que la situación del departamento continuó siendo preocupante ubicándose en el primer lugar a nivel nacional en materia de desplazamiento

forzado. Los municipios más afectados fueron Medellín, Caucasia, Ituango y Nechí, con 4.678, 1.739, 1.469 y 1.035 en cada uno respectivamente, que a su vez representaron el 53% de la expulsión departamental.

Mapa 18 Mapa 19 2010 20 0 9

Tabla No 26 Desplazamiento forzado (por expulsión) a nivel nacional

2009 - 2010

Departamento 2009 2010Variación %

2009 - 2010

general

ANTIOQUIA 22.460 16.884 -25% 39.344

NARIÑO 25.508 13.928 -45% 39.436

CAQUETÁ 11.061 7.546 -32% 18.607

CAUCA 12.833 7.136 -44% 19.969

TOLIMA 11.827 5.601 -53% 17.428

CÓRDOBA 7.879 5.128 -35% 13.007

PUTUMAYO 7.340 4.265 -42% 11.605

VALLE DEL

CAUCA 7.719 4.190 -46% 11.909

HUILA 7.532 3.598 -52% 11.130

META 6.225 3.050 -51% 9.275

ARAUCA 4.996 3.040 -39% 8.036

CHOCÓ 6.428 2.751 -57% 9.179

BOLÍVAR 4.978 1.887 -62% 6.865

GUAVIARE 3.076 1.521 -51% 4.597

NORTE DE

SANTANDER 4.144 1.448 -65% 5.592

SANTANDER 2.976 1.232 -59% 4.208

MAGDALENA 3.042 1.107 -64% 4.149

LA GUAJIRA 2.913 778 -73% 3.691

CESAR 3.036 524 -83% 3.560

VICHADA 813 344 -58% 1.157

SUCRE 1.389 317 -77% 1.706

CUNDINAMARCA 1.619 284 -82% 1.903

CASANARE 703 240 -66% 943

CALDAS 1.190 237 -80% 1.427

QUINDIO 691 231 -67% 922

ATLÁNTICO 338 144 -57% 482

GUAINÍA 375 142 -62% 517

BOGOTÁ, D.C. 699 115 -84% 814

VAUPÉS 224 99 -56% 323

BOYACÁ 774 93 -88% 867

RISARALDA 668 90 -87% 758

AMAZONAS 79 28 -65% 107

Total general 165.541 87.990 -47% 253.531 Fuente: Sipod – Acción Social Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema Sipod. Última fecha de actualización Enero 31 de 2011

En este punto es importante destacar la situación de la capital antioqueña en la medida en que, así como es el lugar de donde salen expulsadas la mayoría de

las víctimas del departamento, también reporta cifras desfavorables en materia de género y niñez. En este sentido, de la totalidad de la población desplazada de la ciudad (4.678 registros), 2.530 víctimas eran mujeres y 2.271 personas

eran menores de edad, ocupando el segundo lugar a nivel nacional donde dichos sectores poblacionales son objeto de mayor vulneración de sus

derechos por parte de los actores en conflicto. La dinámica de la violencia en Medellín se podría asociar con la confrontación

armada entre las facciones de la Oficina de Envigado, comandadas por Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y por Erick Vargas, alias Sebastián por el

control de las actividades del narcotráfico, así como, de las rentas que se obtienen a través del cobro de extorsiones a sectores productivos de la

economía. Asimismo, en medio de dichas disputas la población civil también ha sido objeto de amenazas por parte de dichos grupos, que buscan persuadir a

los habitantes de que brinden apoyo a una u otra estructura, lo que a su vez ha generado el desplazamiento de tipo intraurbano, de las personas que son amenazadas en los barrios.

En este sentido, del total de los eventos de expulsión que registró Medellín

durante 2010 (4.678), 3.437 (79%) personas se desplazaron bajo la modalidad de desplazamiento intraurbano136. Adicionalmente, la capital antioqueña fue la ciudad que a nivel nacional registró la cifra más elevada en

este tipo de desplazamiento en 2010, al concentrar el 79% de los eventos de desplazamiento intraurbano registrados en Colombia durante ese año (4.370).

Con respecto a Nariño se debe mencionar que, a pesar que el departamento ocupó el segundo lugar entre los mayores expulsores a nivel nacional con

13.928 víctimas, éste reporta una disminución del 45% con respecto a 2009, cuando se desplazaron 25.508 personas a nivel departamental.

Tumaco, con 6.369 personas desplazadas fue el lugar de donde salieron la mayoría de las víctimas del departamento, concentrando el 46% de los

desplazados. Cabe señalar que el número de víctimas reportadas en este municipio fue superior a las de Medellín, por lo que se constituye en el lugar

que encabeza la lista entre los mayores expulsores a nivel nacional. De igual forma, fue el municipio con el mayor número de mujeres (con 3.444 registros) y de menores de edad (con 3.409 víctimas) desplazados a nivel nacional.

Por otro lado en Nariño, los municipios de Roberto Payán y Olaya Herrera con

1.184 y 1.120 víctimas también se ubicaron entre los 10 primeros lugares de donde las personas se desplazan a nivel nacional, ocupando el séptimo y el

octavo puesto respectivamente. La situación de la zona se podría relacionar con la dinámica de la confrontación

armada que se registra en la región del Litoral Pacífico, en donde las Farc y Los Rastrojos se disputan por el control de los corredores de movilidad y tráfico de

estupefacientes, así como por los cultivos ilícitos.

136 La jurisprudencia en la que se enmarca el desplazamiento intraurbano es la sentencia T-268 de 2003 de la Honorable Corte Constitucional –HCC, en la que se pronuncia del concepto argumentando que “el desplazamiento, lejos de estructurarse con unos indicadores y parámetros

rígidos, debe moldearse a las muy disímiles circunstancias en que una u otra persona se desplaza dentro del país. La Alcaldía de Medellín retoma parte de la sentencia de la HCC y define el desplazamiento forzado intraurbano como “el traslado obligado dentro de las fronteras del municipio de Medellín, de personas, familias y/o comunidades por acciones de coacción o intimidación por parte de actores ilegales dentro de un contexto de violencia generalizada, conflicto armado o violaciones masivas y reiteradas del derecho internacional humanitario, según el art. 1 de la Ley 387 de 1997.

Según el Sistema Integrado de Monitorea de Cultivos Ilícitos (SIMCI) para 2009 San Andrés de Tumaco encabezó la lista entre los lugares con el mayor número de hectáreas cultivadas de coca a nivel nacional con 4.681

hectáreas137, situación que viene reportándose desde 2008, año en el que también se ubicó en el primer lugar con el mayor número de cultivos ilícitos

con 5.865 hectáreas, lo que incrementa los escenarios de riesgo para la población de dicho municipio.

En Caquetá, las cifras de desplazamiento forzado registraron una caída del 32% al pasar de 11.061 registros en 2009 a 7.546; no obstante, en términos

absolutos se ubicó en el tercer lugar entre los expulsores a nivel nacional, siendo San Vicente del Caguán con 1.067 víctimas el lugar de donde salieron la mayoría de las personas del departamento.

En esta zona la situación se podría relacionar con las acciones delictivas de

Farc que buscan mantener influencia sobre el territorio, en la medida en que este se constituye en un punto geoestratégico dotado de corredores de acceso, como el de Balsillas, que comunica al departamento con Huila, y el corredor del

Caguán. De igual forma, los ríos Caquetá, Apaporis y Orteguaza son corredores fluviales importantes de gran utilidad para la comercialización de la coca, el

transporte de pertrechos y la movilidad de los grupos irregulares138. Por otro lado en Cauca, el número de víctimas disminuyó en un 44% (al pasar

de 12.833 personas desplazadas a 7.136), sin embargo, sus registros lo ubicaron en el cuarto lugar a nivel nacional, donde El Tambo reportó el mayor

número de desplazados con 1.064 registros, concentrando el 15% de las víctimas a nivel departamental.

La situación del desplazamiento forzado en el departamento se podría vincular con la presencia de los grupos guerrilleros ELN y Farc, a través de los frentes

Milton Hernández y Lucho Quintero, en el caso del primero, y del frente octavo en el segundo139. Estos grupos buscan controlar los corredores de movilidad

que convergen en el departamento y que conectan con la Amazonía, el Océano Pacífico, el Ecuador y el Valle del Cauca140, así como los cultivos ilícitos de la zona que según el SIMCI para 2009 se incrementaron en un 13%, al pasar de

5.422 hectáreas en 2008 a 6.144 hectáreas en 2009141.

137 SIMCI. Colombia Monitoreo de Cultivos de coca 2009. Disponible en: http://www.bieSIMCI.org/Documentos/archivos/UNODC%20SIMCI%20Censo%20Cultivos%20de%20Coca%202009.pdf. Pág. 12 138 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DH Y DIH. Informe

anual de Derechos Humanos. Bogotá, 2009. Pág. 40. Disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Indicadores/obs_indicadores_dic2009_100528.pdf. 139 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Nota de Seguimiento N° 011-10 al Informe de Riesgo N° 015-05a.I. del 18 de mayo de 2010. Pág. 7-8 140 Op. Cit. Informe anual de Derecho Humanos 2009. Pág.40 141 Op. Cit. Colombia Monitoreo de Cultivos de coca 2009. Pág. 14

En Tolima, las víctimas de desplazamiento disminuyeron en un 53% al pasar de 11.827 a 5.601, no obstante, el departamento se ubicó en el quinto lugar

entre los expulsores del país. Los municipios de Ibagué, Planadas, Chaparral, Rioblanco y Rovira con 755, 615, 592, 534 y 513 víctimas en cada uno

respectivamente fueron los lugares de donde se desplazaron la mayoría de las personas. Aquí es importante resaltar que, el desplazamiento forzado en Tolima se presenta de forma dispersa, razón por la cual se observa que son

varios los municipios los que se ven afectados por esta problemática y aunque no exista un lugar que concentre visiblemente el problema, el desplazamiento

cobra relevancia entre los temas que debe atender el departamento. La situación en Tolima podría ser el resultado de la reciente concentración de

la cúpula del Secretariado de las Farc y de su comandante Alfonso Cano en la zona, dado el éxito de la estrategia militar en el oriente del país, que obligó a

los integrantes de dicha estructura a replegarse hacia el occidente. Por esta razón se advierte un incremento en los escenarios de riesgo que enfrenta la población civil del departamento142.

Finalmente en Córdoba, donde las víctimas de desplazamiento se redujeron en

un 35% (al pasar de 7.879 registros a 5.128), los municipios de Montelíbano y Tierralta con 1.086 y 1.032 personas en cada uno, fueron los lugares de donde salieron la mayoría de los desplazados que registró el departamento.

La dinámica de la zona estaría asociada a la presencia de bandas criminales al

servicio del narcotráfico denominadas Las Águilas Negras143 o Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos, estas dos últimas asociadas y en disputa con la primera por el control del territorio y los cultivos ilícitos144, que para 2009

alcanzaron las 2.782 hectáreas, aportando el 4% de la producción total de coca en el país145.

Por otro lado, es importante resaltar la situación de algunos municipios que, a

pesar de que sus departamentos no se ubiquen entre los primeros lugares de expulsión del país, sus cifras hacen que la problemática recobre importancia. En esta medida al hacer un análisis a nivel municipal se obtiene que

Buenaventura (Valle), Tame (Arauca) y Puerto Asís (Putumayo) sobresalgan entre los lugares con un número elevado de víctimas de desplazamiento

forzado.

142 Op. Cit . Informe anual de Derecho Humanos 2009. Pág. 40 143 Con respecto a dicha estructura es importante aclarar que las Águilas Negras se excluyen de la lista de las bandas criminales reconocidas por la Policía Nacional, en la medida en que, no son

consideradas como una organización articulada, por lo que frecuentemente es una expresión que se usa para hacer referencia a agrupaciones como los Urabeños o el Erpac o como un término que usan agrupaciones delincuenciales para atemorizar a la población. 144 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT .Informe de Riesgo N° 001-11 del 04 de febrero de 2010. 145 Diario EL ESPECTADOR. “El eterno retorno por las tierras” En:http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-250560-el-eterno-retorno-tierras. Febrero 12 de 2010.

Es así como Buenaventura (Valle del Cauca) con 2.118 víctimas se ubica en el tercer lugar a nivel nacional entre los municipios de donde salieron la mayoría de las personas en calidad de desplazadas, después de Tumaco y Medellín. Por

su parte Tame (Arauca) con 1.301 eventos ocupó el sexto puesto y Puerto Asís (Putumayo) con 1.108 registros el noveno.

La dinámica de Buenaventura y Puerto Asís coincide en la medida en que en ambos municipios, los grupos armados ilegales se disputan tanto los

corredores de movilidad y de transporte de estupefacientes, como el control sobre los cultivos ilícitos.

En este sentido, en el primero, el frente 30 de las Farc y las bandas criminales, denominadas Las Águilas Negras y Los Rastrojos, se disputan la franja

fronteriza entre el río Calima y el río San Juan por el valor geoestratégico que esta zona representa, ya que es un corredor de movilidad que comunica con la

región del medio San Juan chocoano, la Cordillera Occidental y el cañón de las Garrapatas, además por la utilización del territorio para la producción y procesamiento de derivados cocaineros.146

En el segundo municipio, el frente 48 de las Farc y Los Rastrojos se disputan el

control territorial y poblacional, lo cual hace que las acciones de violencia contra la población civil se constituya en el mecanismo a través del cual obstaculizan el apoyo tanto a una como a otra estructura, así como a la Fuerza

Pública147.

En Tame (Arauca), la situación de violencia continúa asociándose a los enfrentamientos entre las Farc y el ELN, a pesar que las orientaciones emitidas por sus respectivas comandancias nacionales se dirijan a establecer un cese de

hostilidades entre sus estructuras.148

Ahora bien, al estudiar el tipo de desplazamiento se obtiene que del total de las víctimas registradas durante 2010 a nivel nacional, 82.240 personas (el

93%) se desplazaron de forma individual, mientras que, 5.750 (el 7%) lo hicieron masivamente.

146 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Nota de seguimiento N° 027-10 al Informe de Riesgo N° 032-08. del 13 de diciembre de 2010. Pág. 3 147 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Sistema SAT. Informe de Riesgo Nº 008-10 del 10 de junio de 2010. Pág. 3 148 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Nota de Seguimiento N° 007-10 al informe de riesgo N° 007-09 del 13 de abril de 2010. Pág. 4

Tabla No 27 Desplazamiento forzado (por expulsión) a nivel nacional por tipo

2009 - 2010 Tipo de desplazamiento 2009 2010 Total general

Individual 155.039 82.240 237.279

Masivo 10.502 5.750 16.252

Total general 165.541 87.990 253.531 Fuente: Sipod – Acción Social. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema Sipod. Última fecha de actualización Enero 31 de 2011.

Antioquia y Nariño con 2.582 y 1.831 registros fueron los departamentos que

reportaron la mayoría de los eventos de desplazamiento masivo, siendo los municipios de Ituango (con 1.229 víctimas) y Nechí (con 716 víctimas) los

lugares que presentaron el mayor número de este tipo de desplazamiento en Antioquia, mientras que en Nariño fueron los municipios de Roberto Payán (con 710 personas), Olaya Herrera (con 347 registros) y Santa Bárbara (con 309

víctimas), de donde salieron las personas masivamente.

De otro lado, en materia de recepción, se evidenció una disminución del 46% al pasar de 181.348 registros en 2009 a 97.839 eventos en 2010. Asimismo, se debe anotar que en la mayoría de los departamentos incluida la capital del

país se reportaron disminuciones en el número de personas que llegaron en calidad de desplazadas, no obstante, de esta tendencia se apartó el

Archipiélago de San Andrés y Providencia, donde a diferencia del resto del país, se registró un incremento en el número de víctimas que llegaron al departamento como desplazadas al pasar de un caso en 2009 a 5.

Gráfico No 13

Desplazamiento Forzado (recepción) a nivel nacional

2009 – 2010

181.348

97.839

50.000

100.000

150.000

200.000

2009 2010

Fuente: Sipod – Acción Social Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del Sistema Sipod. Última fecha de actualización Enero 31 de 2011

Debe anotarse también que Antioquia, Bogotá y Nariño con 17.819, 12.164 y 10.273 registros en cada uno respectivamente se constituyeron en las entidades territoriales de mayor acogida de población desplazada,

concentrando el 41% del total de la población recibida en 2010.

Con respecto al primero, se debe decir que la mayoría de las personas desplazadas del departamento de Antioquia, llegaron a Medellín (10.433) víctimas, esto se debe a que por ser capital departamental posee una mejor

infraestructura institucional para la atención, así como que los desplazados prefieren llegar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades económicas, que

son menos factibles en otros municipios. Por su parte en Nariño, fueron Tumaco (con 4.721 personas) y Pasto (con

1.665 registros) los municipios receptores de la población desplazada.

De otro lado, al comparar los departamentos expulsores con los receptores se observa que, Antioquia y Nariño coinciden en ser los lugares de donde las personas salen o llegan, lo que evidencia la complejidad del seguimiento de

dicha temática ya que el desplazamiento forzado se puede presentar tanto de un municipio a otro dentro del mismo departamento, como dentro del mismo

municipio de una vereda o corregimiento a otro. De manera general, se puede decir que el desplazamiento forzado continúa

siendo uno de los temas sobre las cuales el Estado debe enfocar sus esfuerzos institucionales, en la medida en que, a partir de la sentencia T-025 de 2004149

surge la obligación clara, expresa y exigible de atender a las víctimas del conflicto y repararlas integralmente, a través de políticas que contemplen enfoques diferenciales dada la diversidad de la población que ha sufrido

vulneración de sus derechos.

En este sentido, el proyecto de la Ley de Víctimas ofrece la posibilidad de abrir espacios de discusión que enfaticen sobre la importancia de tratar el

desplazamiento forzado y las consecuencias sobre las víctimas, entre éstas, el despojo de sus tierras, la apropiación irregular de las mismas por parte de actores armados y de terceros, el desarraigo social y cultural, así como la

supervivencia de las minorías étnicas y culturales. De esta manera, se muestra el interés del Estado colombiano de responder con las obligaciones derivadas

tanto de la Constitución como de la ley, como de los convenios y tratados internacionales sobre Derechos Humanos y DIH.

Volver al índice

149 La Honorable Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional en materia de los derechos de las personas desplazadas.

10. Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados 150

10.1 Eventos por MAP/ MUSE/AEI

Gráfico No 14

Eventos por MAP/ MUSE /AEI

2009 – 2010

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de Marzo de 2011

El 3 de diciembre de 2010, los Estados Parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal otorgaron a Colombia una prórroga de diez

años al plazo inicialmente previsto en el artículo 5 de la citada Convención (marzo de 2011), en relación con la identificación y limpieza de todas las áreas minadas en el territorio nacional. Colombia había presentado la solicitud de

prórroga el 31 de marzo de 2010, bajo el argumento de que el uso sistemático de estas armas por parte de los grupos armados al margen de la ley dificulta

notablemente las labores del Estado colombiano para completar sus obligaciones.

Asimismo, en 2010, Colombia finalizó las labores de limpieza de las 35 bases militares que fueron protegidas con minas antipersonal, previa la suscripción

de la Convención de Ottawa. Este hecho constituye un avance destacado en el cumplimiento de las obligaciones previstas en ese instrumento internacional.

Sin embargo, el hecho de que los grupos armados ilegales continúen recurriendo al uso de estos artefactos explosivos obstaculiza la identificación

150 La situación de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en el país se mide en términos de eventos y víctimas, de acuerdo con la información suministrada por el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal (PPAICMA). De acuerdo con el PPAICMA, un evento es una denominación genérica que corresponde tanto a accidentes como a incidentes por causa de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

de las zonas sospechosas y la destrucción de las minas sembradas por estos grupos.151

Precisamente, durante 2010, se registraron en el país 1.150 eventos por minas antipersonal, 39% (741) menos que los ocurridos en 2009, año en el cual

sucedieron 1.891 eventos por estos artefactos explosivos. De este total de eventos en el 2010, 802 correspondieron a incidentes y 348 a accidentes por MAP/MUSE/AEI, en 2009 los accidentes registrados fueron 483 y los incidentes

1.408.

Tabla No 28 Eventos discriminados por accidentes e incidentes por MAP/ MUSE/AEI

2009 – 2010

2009 2010 2009 2010

ANTIOQUIA 112 87 199 260 128 388

ARAUCA 36 18 54 80 40 120

ATLANTICO 0 0 0 0 1 1

BOGOTA DC 2 0 2 12 10 22

BOLIVAR 8 6 14 30 11 41

BOYACA 0 0 0 13 8 21

CALDAS 2 0 2 10 1 11

CAQUETA 56 36 92 155 87 242

CASANARE 1 4 5 12 3 15

CAUCA 16 13 29 20 39 59

CESAR 1 0 1 17 7 24

CHOCO 1 2 3 7 1 8

CORDOBA 15 28 43 28 21 49

CUNDINAMARCA 2 0 2 13 15 28

GUAVIARE 23 10 33 27 21 48

HUILA 13 15 28 47 37 84

LA GUAJIRA 5 0 5 4 4 8

MAGDALENA 0 0 0 1 1 2

META 60 29 89 387 183 570

NARIÑO 43 32 75 42 25 67

NORTE DE

SANTANDER

42 28 70 70 41 111

PUTUMAYO 9 9 18 63 41 104

QUINDIO 0 0 0 7 2 9

RISARALDA 0 0 0 4 0 4

SANTANDER 1 2 3 12 1 13

TOLIMA 16 13 29 47 37 84

VALLE DEL

14 13 27 37 27 64

VAUPES 5 2 7 1 7 8

VICHADA 0 1 1 2 3 5

Total general 483 348 831 1408 802 2210

Accidente Total

Accidente

IncidenteDepartamento Total

Incidente

151 EL TIEMPO. Colombia recibió prórroga de diez años para desminar su territorio, Bogotá, Colombia, dic. 2010. citado 15 de feb. 2011]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8510923.html.

Tal como lo demuestra el siguiente gráfico, tanto los incidentes como los accidentes por MAP, MUSE y AEI disminuyeron entre 2009 y 2010152. Con

respecto a los primeros, éstos registraron una baja del 43%, al pasar de 1.408 en 2009 a 802 en 2010. Del mismo modo, el número de accidentes mostró una

baja del 27% al pasar de 483 en 2009 a 348 en 2010.

Gráfico No 15 Accidentes e incidentes por MAP/ MUSE /AEI

2009 – 2010

En lo atinente a la distribución departamental de los incidentes en 2010, éstos se concentraron en Meta, Antioquia, y Caquetá, departamentos que

centralizaron el 50% (398) del total de incidentes registrados a nivel nacional. En Meta, ocurrieron 183 (23%) del total de incidentes; Antioquia registró 128

(16%) y Caquetá 87 (11%). A nivel municipal, seis municipios concentraron el 23.31% del total de

incidentes presentados en 2010; ocupando el primer lugar la municipalidad de Uribe (Meta) con 51 incidentes (6.36%), seguido por Vistahermosa (Meta) con

39 registros (4.86%), Ituango (Antioquia) con 38 (4.74%), Arauquita (Arauca) con 22 (2.74), La Macarena (Meta) con 19 (2.37%) y Puerto Asís (Putumayo) con 18 (2.24%) incidentes. Dichas cifras coinciden con la distribución

geográfica de los incidentes por MAP y MUSE, por departamento lo cual señala

152 De acuerdo con el Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal, un accidente se entiende como un “acontecimiento indeseado por causado por minas antipersonal o municiones sin explotar que causa daño físico y/o psicológico a una o más personas”. Por incidente se entiende “un acontecimiento relacionado con minas antipersonal o municiones sin explotar, que puede aumentar hasta un accidente o que tiene el potencial para conducir a un accidente”.

a Meta y Antioquia como principales focos de incidentes ocasionados por estos artefactos.

De otro lado, en 22 departamentos se registraron disminuciones en el número de incidentes al comparar 2009 – 2010, los descensos más significativos se

presentaron en los departamentos de Risaralda, Santander, Caldas, Chocó, Casanare, y Bolívar. En el primero, la reducción en el número de incidentes fue de 100%, al pasar de 4 incidentes en 2009 a 0 en 2010. De igual forma, en

Santander se presentó un descenso de 92% al pasar de 12 a 1 incidente; Caldas presentó una baja del 90%, al pasar de 10 a 1; Chocó de 7 a 1, es

decir una baja del 83%; de igual forma, Casanare registró un descenso del 83%, al pasar de 12 a 3. Quindío presentó una reducción de 71% al presentar en 2009 (7) incidentes y en 2010 (2); en último lugar, Bolívar registró una

reducción del 79%, al pasar de 30 a 11 incidentes.

Gran parte de los incidentes ocurridos durante el año 2010 fueron operaciones de desminado militar153, (762), lo que representa un 95% del total para 2010 (802), les siguen las incautaciones con 35 (4%), las sospechas de campo

minado154 con 3 (0,4%) y las áreas peligrosas155 con 2 (0,2%).

En lo pertinente a las operaciones de desminado humanitario, durante 2010 un total de 29.524,64 m2 de terreno con artefactos explosivos fueron barridos alrededor de bases militares, mientras que 219.514,3 m2 fueron barridos en

comunidades. En el primer caso, un total de 388 minas antipersonal y 27 municiones sin explotar fueron destruidas; mientras que en el segundo, 131

artefactos explosivos improvisados y 23 municiones sin explotar fueron destruidos en el terreno. Cabe resaltar que las acciones de desminado humanitario en zonas como el oriente antioqueño han posibilitado el retorno de

alrededor de 1.599 personas y se ha garantizado el derecho a la libre movilidad de estas familias.156

153 De acuerdo con el Ppaicma, desminado militar es la destrucción de artefactos explosivos improvisados que en Colombia son usados ilegalmente como minas antipersonal, la cual se realiza dentro de las operaciones militares con el propósito de brindar movilidad a las tropas, lo

cual implica la gran posibilidad de que no se destruyan todos los artefactos que se hallen en el camino de las Fuerzas Militares o áreas minadas. 154 Área de terreno en donde se presume la existencia o presencia de Map o Muse, con cambios en la vegetación como montículos de tierra que no había observado antes o hundimiento de la tierra, cambios anormales en la vegetación como hierba nueva o retoños, árboles caídos o quemados, presencia de animales heridos o muertos, áreas de combate donde existen cráteres

por explosiones, munición sin explotar, envoltorios de munición o minas parcialmente visibles. 155 Áreas peligrosas: Área que no se encuentre en uso productivo debido a que se sospecha de la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. 156 Periódico EL COLOMBIANO “Antioquia piloto en desminado” Medellín, Colombia. Nov. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/antioquia_piloto_en_desminado/antioquia_piloto_en_desminado.asp?CodSeccion=211.

Gráfico No 16 Situación de desminado humanitario

2009 - 2010

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2009 2010

Área Barrida (m2)

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

En cuanto a los accidentes por MAP y MUSE, durante 2010 se registraron 348

accidentes, los cuales dejaron un saldo de 525 víctimas civiles y militares mientras que en 2009 acaecieron 483 accidentes que produjeron 745 víctimas, lo que evidencia una disminución del 28% en el número de accidentes y 30%

en el número de víctimas.

Igualmente, al observar la situación departamental durante 2010, se tiene que en 19 de los 32 departamentos del país ocurrieron accidentes por MAP y Muse, lo que equivale al 59% de los departamentos. Antioquia, Caquetá, Nariño,

Meta y Córdoba, concentraron el 61% del total de accidentes. En el primero ocurrieron 87 (25%), en el segundo acaecieron 36 (10%), en Nariño tuvieron

lugar 32 (9%) de los accidentes, en Meta, ocurrieron 29 (8%), mientras que en Córdoba se registraron 28 (8%). Entretanto, los municipios más afectados por los accidentes ocasionados por MAP y MUSE fueron Tarazá (Antioquia) con

27, Ituango (Antioquia) con 16, Puerto Libertador (Córdoba) con 16 y Montañita (Caquetá) con 15.

Se puede inferir entonces que la instalación de minas antipersonal en zonas específicas del territorio nacional por parte de los grupos armados al margen

de la ley busca contrarrestar la iniciativa de la Fuerza Pública, puesto que las operaciones militares se intensificaron en algunas zonas como Meta, Guaviare,

Arauca, Nariño, Cauca y Tolima. En efecto, la siembra de minas antipersonal constituye un medio económico y efectivo para neutralizar el avance de las tropas y proteger campamentos o bases, corredores y puntos estratégicos para

los grupos armados al margen de la ley. Es por ello, que se observa una clara relación entre los eventos por MAP, AEI y MUSE y la localización zonas de

retaguardia y corredores estratégicos de tráfico de armas y drogas.

Finalmente, cabe resaltar que de los 1.150 eventos por MAP, AEI y MUSE ocurridos durante 2010, en 591 (80,9%) casos se reconoce a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc - como presunto autor

responsable de dichos hechos; por otro lado, 144 (12,52%) registros le fueron atribuidos a desconocidos; 64 (5,57%) fueron responsabilidad del Ejército de

Liberación Nacional –ELN-; 16 (1,39%) de otras guerrillas; y 3 (0,26%) de narcotraficantes. No obstante, es importante señalar que al igual que las Farc, las nuevas bandas emergentes asociadas al narcotráfico han venido

sembrando minas antipersonal en aras de proteger áreas y caminos que conducen a cultivos ilícitos y laboratorios para el procesamiento de narcóticos.

Una práctica cada vez más evidente es la siembra de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales como mecanismo para disuadir los esfuerzos de los erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito, hecho que

se ve ejemplificado en el incremento de erradicadores manuales víctimas de estos artefactos explosivos durante 2009 y 2010.

Eventos por minas antipersonal (2009-2010) y cultivos de coca en

Colombia 2009

Fuente de datos Ppaicma y SIMCI Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

Mapa 20 Mapa 21 20 0 9 2010

En lo pertinente al uso de estos artefactos por parte de las Farc, cabe mencionar que de acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Minas

Terrestres y Municiones en Racimo157, publicado por la Campaña Internacional contra Minas (ICBL por sus siglas en inglés), las Farc es el grupo armado ilegal

que probablemente más emplea minas antipersonal a nivel mundial. De hecho, a finales de 2008, en un correo electrónico que fue interceptado por inteligencia militar, el comandante de las Farc, Alfonso Cano, señaló que “los

campos minados son la mejor manera de detener el avance de las operaciones militares”. En las palabras de Cano “ya conocemos que es el único factor que

los detiene e intimida”, por lo que solicita aumentar los cursos de explosivistas y ejecutar cuanto antes atentados que infundan terror y que eviten un ambiente de derrota progresiva de las Farc”.158 Asimismo, en abril de 2010 el

Ejército Nacional informó que dos ex combatientes de la guerrilla de las Farc habían proporcionado información de sus actividades en la construcción y

colocación de minas.159 Dichos propósitos se vieron materializados en varios hechos. El primero de

estos se presentó en abril de 2010, en la inspección de Guayabal, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando tropas de las

Fuerzas Militares descubrieron una nueva estrategia por parte de la columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc. La estrategia quedó al descubierto cuando tropas del Comando Operativo No. 5 hallaron y destruyeron de manera

controlada, tres minas antipersonales, una de las cuales, contaba con dos sistemas de activación, las cuales eran por telemando y por presión. Según los

uniformados, el objetivo de las Farc es incrementar su poder de precisión al momento de estallar, agregando dos sistemas de activación160. El primer sistema sería activado cuando la víctima pisara el artefacto explosivo (presión)

y el segundo sería manipulado por el victimario cuando observara la presencia de la tropa cerca al artefacto (telemando).161

Asimismo, el 23 de mayo de 2010 en la vereda Vallejuelito del municipio de El

Carmen de Viboral (Antioquia), miembros de la Policía Nacional a través de la Sijin y la unidad antinarcóticos, hallaron e incautaron 1.053 minas antipersonal pertenecientes al frente 9 de las Farc162. En segundo lugar, el 7 de junio en la

157 MONITOR DE MINAS TERRESTRES Y MUNICIONES EN RACIMO, Colombia 2010. p. 17. 158 ARRÁZOLA, MARIA DEL ROSARIO Y LAVERDE, JUAN DAVID. “La nueva estrategia de „Cano‟”. En: Periódico El Espectador. Bogotá, Colombia, sept. 2008. citado 15 de feb. 2011. Disponible

en: http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso-nueva-estrategia-de-cano.En Vicepresidencia de la República. Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la violencia y los derechos humanos. Bogotá- Colombia Julio de 20101. Pág 125 159 EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. “Testimonios Fugados”. [Bogotá, Colombia], feb.

y abr. 2010. [citado 15 de feb. 2011]. Disponible en: [www.ejercito.mil.co]. 160 DIARIO DEL HUILA. “Descubren nuevas estrategias en minas antipersonas”, Neiva, Colombia, abr. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: www.diariodelhuila.com. 161 Ibíd. 162 Periódico EL COLOMBIANO. “Policía halló más de mil minas antipersonal en El Carmen de Viboral” [Medellín, Colombia], may. 2010. [citado 15 de feb. 2011]. Disponible en: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/policia_hallo_mas_de_mil_minas_antipers

vereda Palmeras, zona rural de Vistahermosa (Meta) soldados del Batallón de

Contraguerrillas No. 84 del Ejército Nacional hallaron y destruyeron 775 minas antipersonal que pertenecían al frente Isaías Pardo de las Farc163. En octubre

de 2010, se conoció que miembros de la Policía Nacional hallaron e incautaron 650 minas antipersonal pertenecientes a las Farc en San Luis (Antioquia). Adicionalmente, el 6 de noviembre, detectives del DAS hallaron 2.500 minas

antipersonal al interior de una caleta de los frente 51 y 25 de las Farc, en el municipio de Cabrera (Cundinamarca). Posteriormente, en el mes de

diciembre, personal de DAS halló una caleta, la cual contenía 1.500 minas antipersonal pertenecientes al frente 9 de las Farc.

Asimismo, llama la atención como este fenómeno trascendió fronteras durante este año. El 2 de julio de 2010, el ministro de Seguridad Pública de Panamá,

dijo a la prensa que el 24 de junio habían sido encontradas minas antipersonal en la frontera con Colombia, y que dos policías del Servicio Nacional de Fronteras (Senafron) que se encontraban en el lugar resultaron heridos por la

explosión de una de ellas. Las autoridades panameñas les atribuyeron el hecho a narcotraficantes que operan en la zona fronteriza de ese país con

Colombia.164

10.2 Víctimas civiles y militares Gráfico No 17

Víctimas civiles y militares por MAP/AEI/MUSE 2009 – 2010

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de Marzo de 2010

onal_en_el_carmen_de_viboral/policia_hallo_mas_de_mil_minas_antipersonal_en_el_carmen_de_viboral.asp]. 163 Periódico EL TIEMPO. “Descubren caleta de las Farc con 775 minas antipersonal en Vista Hermosa, Meta”. Bogotá, Colombia, jun. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: [http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7742641]. 164 Periódico EL ESPECTADOR. “Heridos dos policías panameños en campo minado en frontera con Colombia”. Bogotá, Colombia, jun. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-210301-heridos-dos-policias-panamenos-campo-minado-frontera-colombia.

En lo pertinente a las víctimas de estos artefactos explosivos, éstas presentaron un descenso del 30%, al pasar de 745 en 2009 a 525 en 2010.

Vale la pena mencionar que en 2010, 358 (68%) de las víctimas de accidentes fueron militares, mientras que 167 (32%) fueron civiles; lo que indica que al

igual que en 2009, cuando se registraron 443 víctimas militares y 302 víctimas civiles, la mayoría de las víctimas de estos artefactos fueron miembros de la Fuerza Pública. Dichas cifras confirman la tendencia histórica que desde 2002

ubica a los militares como los principales afectados por accidentes por MAP/AEI y MUSE.

De la misma manera, cabe subrayar que durante 2009 y 2010, la mayor proporción de víctimas por MAP y MUSE resultaron heridas en 84% (623) en el

primer año y en 63% (470) en el segundo. En cuanto a víctimas fatales de estos artefactos explosivos, éstas fueron 122 (16%) en 2009 y 55 (7%) en

2010. Gráfico No 18

Víctimas civiles y militares (heridos y fallecidos)

por MAP/AEI/MUSE 2009 – 2010

En 2010, el 60% del total de víctimas por MAP y MUSE se concentraron en 5 departamentos: Antioquia (22%) con 116 víctimas, Caquetá (12%) con 62

víctimas, Norte de Santander (9%) con 47, Nariño (8%) con 44, seguido de Meta (8%) con 42 víctimas. A nivel municipal, Tarazá (Antioquia), presentó en este mismo año, 31 víctimas (6%), seguido de Ituango (Antioquia), con el

(4%) 23 víctimas; Tame (Arauca) con 21 víctimas, Puerto Libertador (Córdoba), 20 víctimas y Montañita (Caquetá), con 18. El alto porcentaje de

víctimas en Antioquia, Caquetá, Arauca y Nariño es preocupante, puesto que desde 1990 estos departamentos son aquellos que registran el mayor número de víctimas por MAP, MUSE y AEI. Adicionalmente, 19 de los 32 departamentos

registraron víctimas tanto civiles como militares.

En último lugar, vale la pena resaltar los descensos en el número de víctimas en los departamentos de La Guajira (100%), Guaviare (82%), Meta (66%), Arauca (62%), Vaupés (60%) y Norte de Santander (54%).

Por otra parte, llama la atención el incremento considerable en el número de

víctimas en los departamentos de Chocó, Casanare, Vichada, Bolívar, Huila y Córdoba entre 2009 y 2010; en el caso de Chocó y Casanare se registraron incrementos de 500% pasando de 1 a 6 víctimas respectivamente. Vichada

pasó de 0 a 1, evidenciándose un alza del 100%; Bolívar registró un incremento del 50% al pasar de 12 a 18 víctimas; Huila pasó de 13 a 19

víctimas, lo que significó un incremento del 46% y en Córdoba se incrementaron las víctimas de 22 a 37, es decir un aumento del 68%. Lo anterior parece estar directamente relacionado con el aumento en la actividad

armada de los grupos armados ilegales, tales como las Farc y las nuevas bandas emergentes al servicio del narcotráfico.

Tabla No 29

Víctimas civiles y militares por MAP/AEI/MUSE 2009 – 2010

2009 2010 2009 2010

ANTIOQUIA 67 53 120 109 63 172 176 116

ARAUCA 32 11 43 29 22 51 61 33

BOGOTA DC 1 0 1 1 0 1 2 0

BOLIVAR 3 16 19 9 2 11 12 18

CALDAS 2 0 2 0 0 0 2 0

CAQUETA 25 25 50 49 37 86 74 62

CASANARE 0 1 1 1 5 6 1 6

CAUCA 21 7 28 7 18 25 28 25

CESAR 1 0 1 0 0 0 1 0

CHOCO 1 0 1 0 6 6 1 6

CORDOBA 9 7 16 13 30 43 22 37

CUNDINAMARCA 0 0 0 2 0 2 2 0

GUAVIARE 18 1 19 32 13 45 50 14

HUILA 1 1 2 12 18 30 13 19

LA GUAJIRA 6 0 6 1 0 1 7 0

META 35 5 40 48 37 85 83 42

NARIÑO 45 19 64 37 25 62 82 44

NORTE DE

SANTANDER 24 8 32 46 39 85 70 47

PUTUMAYO 2 2 4 8 11 19 10 13

SANTANDER 1 1 2 0 1 1 1 2

TOLIMA 1 1 2 23 17 40 24 18

VALLE DEL

CAUCA 4 9 13 13 11 24 17 20

VAUPES 3 0 3 3 2 5 6 2

VICHADA 0 0 0 0 1 1 0 1

Total general 302 167 469 443 358 801 745 525

Víctimas

Civil Total

MilitaresTotal

Militares

Departamento Total

Viíctimas

Víctimas civiles y militares (2009-2010) por el uso de minas antipersonal en Colombia

Víctimas civiles Víctimas Militares

Fuente de datos Ppaicma Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Fuente base cartográfica: IGAC

Mapa 22 Mapa 23

Mapa 24 Mapa 25 2010 2010

20 0 9 20 0 9

Del mismo modo, al observar las cifras de víctimas civiles, llama la atención que del total de registros de éstas personas, un 25% (32) fueron erradicadores manuales de coca empleados por el Programa Contra Cultivos Ilícitos, lo que

los convierte en el grupo de civiles más vulnerable a los accidentes por minas. Específicamente, los grupos armados ilegales han optado por la siembra

sistemática de minas fabricadas por ellos mismos debajo de la raíz de la planta, de manera que exploten en el momento en que los erradicadores arrancan la planta.165

Estos altos índices de víctimas entre grupos de erradicadores manuales de

coca en zonas como el Nudo de Paramillo en la Cordillera Occidental, las reservas forestales en el departamento de Norte de Santander y las estribaciones de la Cordillera de los Andes en el noroeste de Arauca indican

riegos adicionales166. Prueba de ello fueron los hechos ocurridos el 28 de noviembre de 2010, en el municipio de Leyva, al norte de Nariño, cuando tres

campesinos de una cuadrilla de erradicadores manuales de hoja de coca perdieron la vida tras ser atacados con explosivos y armas largas por miembros de los frentes 29 y 60 de las Farc167.

En lo referente al rango de edad de las víctimas, durante 2010, el 96% de las

víctimas de MAP, AEI y MUSE fueron mayores de edad (502) y el 4% (23) eran menores de edad. De las víctimas mayores de edad, el 89% (447), resultaron heridas y el 11% (55) fallecieron.

Al respecto, es pertinente mencionar que una de las mayores dificultades que

enfrentan los menores de edad afectados por MAP/AEI y MUSE es que cada año hay que cambiarles sus prótesis pues su etapa de crecimiento continua.168 Adicional a esto, los niños cuyas lesiones resultan en extremidades amputadas

necesitan una rehabilitación más complicada y cirugía correctiva para el cambio de los tocones. En muchos casos, los niños sobrevivientes tienen que

abandonar su educación antes de tiempo debido al período de recuperación necesario y a la carga financiera en las familias. Además, el conocimiento

insuficiente de las cuestiones de discapacidad entre los profesores y los compañeros puede llevar a la discriminación, el aislamiento y la imposibilidad de participar en ciertas actividades. Este es un factor de desmotivación para

los niños sobrevivientes a permanecer en la escuela. Como resultado, las tasas de educación de los niños sobrevivientes son más bajas, mientras que la

165 Portal LA SILLA VACÍA “La erradicación manual, sin ambiente para continuar”. Bogotá, Colombia, dic. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: [http://www.lasillavacia.com/historia/la-erradicacion-manual-sin-ambiente-para-continuar-20311]. 166 MONITOR DE MINAS TERRESTRES Y MUNICIONES DE RACIMO, Colombia 2010. P. 23. 167 Periódico EL ESPECTADOR “La erradicación manual: ¿un trabajo para civiles?”. Bogotá, Colombia, dic. 2010. citado 15 de feb. 2011. Disponible en: [http://www.elespectador.com/articulo-239079-erradicacion-manual-un-trabajo-civiles]. 168 Periódico EL TIEMPO. Reparación, primero para afectados por minas antipersonal, menores en la guerra y mujeres víctimas. Bogotá, Colombia, mayo. 2009. citado 15 de feb. 2011. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5207627.

deserción escolar es más frecuente, algo que se traduce en disminución de las perspectivas de empleo más adelante169.

Erradicación de cultivos de coca y víctimas civiles por el uso de minas

antipersonal (2010) en Colombia

Fuente de datos: Ppaicma – Policía Nacional Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Fuente base cartográfica: IGAC

169 IMPACT OF MINES/ERW ON CHILDREN. Fact Sheet November 2010, International Campaign to Ban Landmines. Noviembre 2010.

Mapa 26 2010

Gráfico No 19

Víctimas civiles por MAP/AEI/MUSE por sexo 2009 – 2010

Fuente: Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal

Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 31 de Marzo de 2010

En lo pertinente al sexo de las víctimas, el análisis se concentra en el caso de

las víctimas civiles, puesto que las víctimas militares son exclusivamente hombres. Lo primero que sobresale es una reducción en el número de víctimas

civiles entre 2009 y 2010. Al diferenciar las cifras según el sexo, en el 2010, 16 de las víctimas, fueron mujeres, ninguna de ellas fatal; lo cual es una mejoría respecto a 2009, cuando de las 26 víctimas civiles femeninas,

murieron 6 de ellas. En lo que respecta al estado de las víctimas civiles mujeres en 2010, vale la pena señalar que el 100% de ellas habitaban en

zonas rurales. Esto obedece en gran medida a que en países como Colombia, algunas de las actividades que típicamente desempeñan las mujeres en dichas zonas, las exponen a un alto riesgo de accidente por MAP/AEI y MUSE tales

como recoger alimentos, ir a buscar agua, llevar a los niños y niñas a la escuela, así como preparar y llevar comida a los peones.170

Del total de las 167 víctimas civiles en el 2010, 151 fueron hombres de los cuales 145 resultaron heridos y 6 muertos. La cifra de 2010 es mucho menor

que la del 2009, cuando el número de las víctimas civiles masculinas fue de 276, 49 de ellos fatales y 227 heridos. Respecto a las mujeres, en 2010 se

presentaron 16 mujeres heridas y ninguna víctima fatal; contrario a 2009, cuando 20 mujeres quedaron heridas y 6 fueron víctimas fatales. Las cifras señalan que la población civil masculina es más vulnerable.

170 THE IMPACT OF ANTI-PERSONNEL MINES AND EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR ON WOMEN VICTIMS IN COLOMBIA. Geneva Call, Colombian Campaign to Ban Landmines & Gender Mine Action. P.13, citado el 15 de febrero de 2011. Disponible en: http://www.scbl-gender.ch/fileadmin/Articles/Colombia_Women_Victims.pdf.

Este documento no pretende hacer una aproximación al nivel de afectación de las mujeres frente al de los hombres; lo que se considera necesario es resaltar

que ellas pueden llegar a enfrentar obstáculos mayores en su proceso de rehabilitación física y psíquica.

Dichas dificultades pueden ir desde la estigmatización por su accidente hasta la victimización o pérdida de un hijo o hija, o bien de su pareja, en el mismo

accidente. Además, algunas víctimas sufren el impacto que las secuelas tienen sobre la percepción de su propia estética, por ser mujeres y por el valor

atribuido a la apariencia física de las mismas en el entorno colombiano.171 Dichas consecuencias físicas afectan también emocionalmente a las víctimas,

recordándoles el momento del accidente, haciéndolas sentir inútiles o incompletas.172 Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las

mujeres víctimas habita en zonas rurales. En este sentido, tanto las mujeres como las niñas víctimas ven muchas veces afectada su función reproductiva como resultado del accidente. Esto genera una afectación mayor si se tiene en

cuenta la connotación significativa que tiene la función reproductiva en el mundo rural, situación que afecta el desarrollo físico y emocional de ellas173. En

varios casos, las mujeres tienen que enfrentar el abandono por parte de los esposos/compañeros o simplemente sus perspectivas de conseguir pareja en el futuro se reduce significativamente.

En conclusión, es importante destacar que la situación en materia de eventos

por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones abandonadas sin explotar en el país registró una baja del 39%, al pasar de 1.891 eventos en 2009 a 1.150 eventos en 2010.

Es pertinente señalar que el horizonte de las operaciones de desminado

humanitario es alentador. A partir de junio de 2010, el Batallón de desminado humanitario se constituye de 9 brigadas, cada unas con 24 desminadores, para

un total de 216 y 6 caninos rastreadores y detectores de metales en todo el país. En la actualidad se cuenta con nuevas tecnologías que pueden llegar a hacer esta labor más ágil, rápida y menos riesgosa. Ejemplo de ello, es la

llegada al país de dos máquinas barreminas que permiten remover el suelo hasta una profundidad de 20 centímetros, destruyendo cualquier mina

antipersonal que se encuentre sembrada en el lugar. Por otro lado, en el mes de diciembre de 2010, el Congreso de la República

aprobó, en el marco de la extensión a la Ley 418 de 1997, un artículo que autoriza a organizaciones civiles a adelantar operaciones de desminado

humanitario en el territorio nacional. Esta medida ciertamente permitirá

171 Ibid P. 5. 172 Ibid P. 7. 173 Entrevista con ÁLVARO JIMÉNEZ MILLÁN, Coordinador Nacional. Campaña Colombiana Contra Minas.17 de Febrero de 2011.

ampliar la capacidad nacional para responder a esta problemática compleja y creciente.

Finalmente, es sensato recordar que la utilización indiscriminada de estos artefactos por parte de los grupos armados al margen de la ley constituye un

riesgo latente para muchas comunidades en la medida en que éstas son usualmente sembradas en áreas de habitación y tránsito de la población civil y por ende no discriminan entre combatientes y población civil. En este sentido,

estas armas pueden llegar a trastornar la cotidianidad de las comunidades, no sólo al restringir derechos fundamentales como la vida, la libertad de

movimiento y las condiciones del desarrollo económico de sus habitantes, sino también al limitar las capacidades físicas y mentales de sus víctimas tanto a corto como a largo plazo. Igualmente, la acción de los grupos armados ilegales

y específicamente la presencia de estos artefactos explosivos en zona rurales tienen el potencial de generar desplazamientos de la población, de manera que

las zonas minadas son ocupadas por nuevos grupos poblacionales, generando un nuevo ciclo de accidentes por minas.

Desminado Humanitario de las Fuerzas Militares – Vereda el salado Carmen de Bolívar Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonal

Volver al índice

11. Informes del Sistema de Alertas Tempranas - SAT174

Gráfico No 20 Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento (SAT)

2009 - 2010

Informes de Riesgo Notas de Seguimiento

2009 2010

Fuente: SAT – Defensoría del Pueblo Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Durante 2010 se emitieron 21 informes de riesgo y 30 notas de seguimiento,

presentándose una disminución del 32% con respecto a los informes de riesgo –IR- y del 14% con respecto a las notas de seguimiento de 2009.

Por otra parte, en 2010 de los 21 informes de riesgo, 4 fueron declarados alertas tempranas –AT-175 (19%), y otros 6 fueron informes de inminencia176

174 Los informes emitidos por el SAT son de dos tipos: los informes de riesgo (IR) y las notas de seguimiento (NS); los primeros son documentos donde se identifican y priorizan escenarios críticos de riesgo conforme a la valoración de indicadores de gravedad y probabilidad de

amenazas y violaciones a los derechos fundamentales de la población civil, en el marco del conflicto armado. Este documento tiene como objetivo que las autoridades adopten medidas de carácter urgente enfocadas a la disuasión y control del riesgo, y medidas de prevención, protección y atención humanitaria. Por su parte, los segundos constituyen documentos que actualizan el riesgo advertido en el Informe de Riesgo y sigue los mismos parámetros de éste, revisando la vigencia de las principales variables del mismo, así como el impacto de las medidas adoptadas para su superación, precisando y ampliando las recomendaciones pertinentes para la

prevención del riesgo. Ambos productos son analizados por las instituciones que integran el Ciat, quienes deciden - siempre y cuando el informe o nota reúna las características estructurales y

coyunturales necesarias - si debe ser emitida como alerta temprana, lo que demandaría la implementación de acciones inmediatas a nivel estatal y regional. 175 Le corresponde al CIAT decidir sobre la emisión de las alertas tempranas, las cuales se conciben como el mecanismo para coordinar las acciones que las autoridades nacionales,

regionales o locales deben adoptar para evitar, controlar o mitigar el riesgo advertido en los IR y NS de la Defensoría del Pueblo y para brindar la protección necesaria a las comunidades en situaciones de riesgo. Definición propia, elaborada a partir de elementos encontrados en http://www.defensoria.org.co/red/?_item=110202&_secc=11&ts=2&hs=1102m 176 Se trata de documentos que hacen énfasis en la estrategia de disuasión de la amenaza en el marco de la prevención como mecanismo expedito de protección, en donde la respuesta efectiva del Estado recae en medidas de Fuerza Pública, acciones de las autoridades civiles regionales y

(28%), mientras que, de las 30 notas de seguimiento, 16 fueron declaradas como AT.

Según los datos reportados por la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en los informes de riesgo –IR- emitidos durante

2010, se presentaron amenazas de riesgo en 12 de los 32 departamentos de Colombia, incluyendo la capital del país, siendo Chocó con 5 informes, Cauca, Córdoba y Putumayo con 3 cada uno, los departamentos que presentaron la

mayoría de los reportes al concentrar el 67% de los IR registrados a nivel nacional.

Tabla No 30

Informes de Riesgo (SAT)

A nivel nacional 2009 - 2010 Departamento 2009 2010 Total general

CHOCÓ 4 5 9

CAUCA 0 3 3

PUTUMAYO 1 3 4

CÓRDOBA 4 2 6

ANTIOQUIA 4 1 5

BOGOTA D.C. 0 1 1

CORDOBA 0 1 1

LA GUAJIRA 2 1 3

MAGDALENA 2 1 3

META 1 1 2VALLE DEL

CAUCA 1 1 2

VICHADA 0 1 1

ARAUCA 2 0 2

ATLANTICO 1 0 1

BOLIVAR 2 0 2

CALDAS 0 0 0

CESAR 1 0 1

CUNDINAMARCA 0 0 0

HUILA 1 0 1

NARIÑO 1 0 1NORTE DE

SANTANDER 1 0 1

QUINDIO 1 0 1

RISARALDA 0 0 0

SANTANDER 1 0 1

SUCRE 1 0 1

Total general 31 21 52 Fuente: SAT – Defensoría del Pueblo Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

locales y del Ministerio del Interior. Las recomendaciones se centran en la disuasión y en la

atención humanitaria de emergencia. Este informe, una vez revisado por el Delegado es remitido directamente por el SAT de la Defensoría del Pueblo a las instancias o autoridades competentes, por ejemplo, a la Personería, a Acción Social del Territorio, a la Fuerza Pública y a las Alcaldías y Gobernación del territorio focalizado en la advertencia. Por tratarse de amenazas con alta posibilidad de ocurrencia, que requieren una atención prioritaria, estos documentos son emitidos directamente por quien tiene las funciones de Delegado, sin mayores trámites que puedan retrasar la urgente advertencia.

Con respecto a Chocó es importante señalar que de los 5 informes de riesgo que emitió el SAT, tres fueron informes de inminencia, los cuales advirtieron

sobre la grave situación de vulnerabilidad de la población de los municipios de Itsmina, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Unguía. Asimismo, los

municipios de Bojayá, Medio Atrato y Sipí también fueron objeto de atención en otros informes de riesgo dado el nivel de amenazas observado.

En Chocó, la población afrocolombiana se constituye en el grupo mayoritariamente afectado por las acciones violentas de las estructuras

armadas que hacen presencia en la zona, no obstante, en Unguía los indígenas del pueblo Tule o Cuna del resguardo Arquía y el pueblo Embera del resguardo Eyaquera, se constituyen en las víctimas de la confrontación armada que se

desarrolla en el municipio.

Los escenarios de riesgo en el departamento están asociados principalmente al accionar de los grupos conformados con posterioridad a los procesos de desmovilización denominados Los Rastrojos y Las Águilas Negras, así como a

la presencia de las Farc a través de los frentes 30 y 57. Dichas estructuras se encuentran en disputa por el control de los corredores de movilidad que ofrece

el río San Juan, que comunica las regiones del San Juan y Baudó, y que permiten el tráfico de estupefacientes y armas, el abastecimiento de las estructuras armadas, el movimiento de combatientes y el transporte de

insumos químicos para el procesamiento de droga.

Asimismo y en el caso específico del municipio de Unguía, los factores de vulnerabilidad se generan por la incursión de las Farc al territorio en busca de refugio ante la persecución del Ejército Nacional. Se tiene conocimiento que la

guerrilla ha incrementado la siembra de minas antipersonal y de artefactos explosivos improvisados para contener la avanzada del Ejército y custodiar los

campamentos que instalan de manera transitoria e ilegal en la zona fronteriza con la República de Panamá, hecho que a su vez ha generado el confinamiento

de integrantes de la comunidad Embera y Tule puesto que la situación descrita les impide transitar tanto hacia la frontera con Panamá como hacia la cabecera municipal de Unguía.

En Cauca, de los tres informes emitidos por la Defensoría del Pueblo, dos

obtuvieron alerta temprana. Los municipios de Caloto, Guapi, Timbiquí, López de Micay y Patía fueron los lugares donde se reportaron graves amenazas a los derechos de la población civil que habita en el departamento.

En esta zona los escenarios de riesgo están asociados a diferentes factores,

entre éstos, la presencia del frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc en Caloto, quienes en el marco de la confrontación armada han preparado emboscadas, atentados y hostigamientos contra unidades e instalaciones de la

Fuerza Pública, han implementado la siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados y han efectuado ataques indiscriminados

mediante el lanzamiento de artefactos explosivos tipo “tatucos”, que han

ocasionado daños a viviendas y equipamientos comunitarios emplazados en la cabecera municipal177. Asimismo, como estrategia de contención de la ofensiva militar, las Farc han recrudecido las regulaciones y los mecanismos de coacción

contra la comunidad urbana y rural de Caloto como también contra el liderazgo comunitario, porque consideran que la población ha contribuido con la ofensiva

militar, estigmatizándola de informantes de las tropas. De otro lado, la dinámica de los municipios de la parte noroccidental del

departamento estaría relacionada con la disputa por el control territorial y social entre los frentes 29, 30 y 60, en alianza con el ELN, contra miembros de

la delincuencia organizada denominados Los Rastrojos o Las Águilas Negras, los cuales hacen mayor presencia en la parte suroccidental del departamento.

El interés que dichas estructuras tienen sobre el territorio se deriva de los cultivos ilícitos que tiene el departamento, los cuales según el Sistema

Integrado de Monitorea de Cultivos Ilícitos (SIMCI) para 2009 se incrementaron en un 13% al pasar de 5.422 hectáreas en 2008 a 6.144 hectáreas en 2009. De igual forma, y siguiendo a la misma fuente, Timbiquí

con 1.699 hectáreas de coca se ubicó en el octavo lugar entre los municipios con la mayor área cultivada y de mayor producción de cocaína178.

Los anteriores factores hacen factible la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH contra la población civil que se

encuentra en medio de los intereses de grupos ilegales.

Por otro lado, en Córdoba de los tres informes emitidos por el SAT dos fueron informes de inminencia relacionados con la situación de Buenavista y La Apartada, mientras que el otro describió los escenarios de riesgo de la

población de los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento.

Los factores de riesgo en la zona se generan por la disputa por el control

territorial y social entre bandas criminales al servicio del narcotráfico, entre éstas Las Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos. Las razones de disputa se deben al valor geoestratégico de dichos municipios que integran la región del

Alto San Jorge y la zona costera de Córdoba, ofrecen corredores de movilidad que permiten la comunicación, con la región del Bajo Cauca a través de la

Troncal de occidente y salida hacia el mar Caribe, lo que facilita el tráfico y la comercialización de estupefacientes desde el centro del departamento hacia la zona costera y de ésta hacía Centroamérica y otros países.

177 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Informe de Riesgo No. 001 – 10 del 08 de febrero de 2010 Pág. 9 178 En: Colombia Monitoreo de Cultivos de coca 2009. http://www.bieSIMCI.org/Documentos/archivos/UNODC%20SIMCI%20Censo%20Cultivos%20de%20Coca%202009.pdf Pág. 12 - 14

En el municipio de La Apartada se tiene conocimiento de la situación especial de riesgo de los miembros de la comunidad indígena Zenú del resguardo Tierra

Santa. En este sentido, “concretamente las Águilas Negras están impidiendo a los miembros del Cabildo Indígena que lleven a cabo sus actividades cotidianas

para el mantenimiento de su pueblo, tanto en la zona urbana como rural, a través de la restricción a la libre movilidad en las fincas en las que trabajaban y les han impedido pescar. Esto está ocasionando una grave crisis de alimentos

y un gran temor en toda la comunidad, y representa una clara violación a los derechos del pueblo indígena Zenú”179.

Finalmente en Putumayo, de los tres informes de riesgo elaborados por el SAT, dos fueron declarados como alerta temprana y uno fue un informe de

inminencia. Los municipios de Puerto Asís, Orito y San Miguel se constituyeron en los lugares objeto de atención por parte de la Defensoría del Pueblo, dado

los escenarios de riesgo generados por la presencia de actores armados, entre ellos Los Rastrojos y el frente 48 de las Farc.

Dichos grupos se asientan en esta zona con el objetivo de aprovechar las ventajas geoestratégicas que encuentran en éstos municipios. En el caso de

San Miguel, la cercanía con la Provincia ecuatoriana de Sucumbíos y especialmente con su capital Lago Agrio, se constituye en un importante escenario que atrae el interés económico y militar de los grupos armados

ilegales, dado que las condiciones de la frontera facilita la adquisición de materiales bélicos, comestibles, pertrechos y mercancías para el uso de los

combatientes y milicianos, a precios bajos, eludiendo los controles de las autoridades ecuatorianas.

Asimismo, la zona cuenta con importantes corredores de movilidad por donde circulan los miembros de los grupos ilegales y se comercializa estupefacientes.

De otro lado, el hecho de que la principal explotación petrolífera del sur de Colombia se encuentre en Orito (Putumayo), aviva el interés de los grupos

ilegales por captar rentas de dichas actividades a través del cobro de extorsiones y secuestro de empleados.

Ahora bien, además de los informes de riesgo –IR-, el SAT observa la evolución del mismo, emitiendo en caso de que sea necesario, una nota de

seguimiento –NS-. Al realizar el estudio de las NS durante 2010, se tiene que, en 14 de los 32 departamentos de Colombia se emitieron dichos informes.

En este sentido se debe resaltar que de las 30 NS, una reportó la permanencia del riesgo identificado desde 2004, 2 estuvieron ligadas a factores de

vulnerabilidad registrados desde 2005 y otras a eventos denunciados en 2006, 4 a hechos referenciados en 2007, 8 ligadas al 2008, 11 hicieron referencia a

179 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Informe de Riesgo No. 011-10, de inminencia, del 08 de agosto de 2010

riesgos identificados en 2009 y 1 estuvo asociada a riesgos que se habían reportado en 2010.

Tabla No 31

Notas de Seguimiento (SAT) A nivel nacional 2009 - 2010

DEPARTAMENTO 2009 2010

general

CAUCA 6 5 11

ARAUCA 3 4 7

NARIÑO 2 3 5

VALLE DEL CAUCA 1 3 4

CAQUETÁ 2 2 4

CESAR 0 2 2

CÓRDOBA 1 2 3

LA GUAJIRA 1 2 3

META 2 2 4

ATLANTICO 1 1 2

BOLIVAR 1 1 2

CHOCÓ 0 1 1

GUAVIARE 1 1 2

MAGDALENA 0 1 1

CALDAS 1 0 1

CUNDINAMARCA 0 0 0

DISTRITO CAPITAL 1 0 1

HUILA 2 0 2NORTE DE

SANTANDER 4 0 4

PUTUMAYO 1 0 1

SANTANDER 3 0 3

TOLIMA 2 0 2

Total general 35 30 65 Fuente: SAT – Defensoría del Pueblo Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Los lugares en donde se registraron el mayor número de notas de seguimiento fueron en su orden Cauca (5), Arauca (4), Nariño (3) y Valle del Cauca (3).

En Cauca, de las cinco notas de seguimiento reportadas, tres declararon la alerta temprana, para los municipios de Corinto, Jambaló, Toribio, Silvia,

Caldono, Argelia y El Tambo. Asimismo, se observó la permanencia del riesgo en Balboa y Piamonte.

La dinámica de los municipios del oriente del departamento está relacionada con el accionar del frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas de las Farc,

quienes con el objetivo de obstaculizar las labores de la Fuerza Pública (que hacen presencia a través del Batallón Agustín Codazzi adscrito a la Tercera

Brigada, el Batallón de Infantería José Hilario López y Batallón de Pichincha, pertenecientes a la Brigada XXIX) han recurrido a estrategias de guerra de guerrillas mediante el fortalecimiento de las milicias urbanas y rurales,

responsables de efectuar labores de inteligencia, reclutamientos y hostigamientos contra las tropas del Ejército Nacional.

De igual forma, la guerrilla ha desarrollado ataques y hostigamientos contra las cabeceras urbanas de los municipios por considerarlos núcleos de

concentración de la dirigencia política que promovió la política de Seguridad Democrática y como mecanismo de distensión para desviar las acciones de la

Fuerza Pública en las zonas rurales.180 Por su parte, en el occidente del departamento los escenarios de riesgo

estarían dados por el accionar de los frentes 29, 30 y 60 de las Farc, en alianza con el frente Milton Hernández del ELN, que disputan los corredores y las

zonas de cultivos ilícitos con la banda criminal denominada Los Rastrojos, que incursionaron en el departamento a finales de 2009.181

En Arauca, de las 4 NS reportadas, 3 fueron declaradas en alerta temprana, las cuales afectaron a los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena y

Tame. Los factores de riesgo en el departamento se encuentran asociados a la

continuidad de los enfrentamientos entre los frentes 10 y 45 de las Farc y el frente Domingo Laín Sáenz del ELN, a pesar de los acercamientos entre el

Secretariado de las Farc y el Comando Central del ELN para cesar las hostilidades entre ellos182.

Dicha disputa se debe a las ventajas geoestratégicas del departamento de Arauca, al ser zona de frontera con Venezuela, así como por los recursos

provenientes de la explotación de hidrocarburos. En Nariño, todas las NS emitidas por el SAT fueron declaradas en alertas

tempranas, los municipios de Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Iscuandé, Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara,

Los Andes, La Llanada, Samaniego y Santacruz, se constituyeron en los lugares que registraron especiales escenarios de vulnerabilidad para la

población civil. En esta medida, se tiene que los factores que generaron el riesgo están

relacionados con la disputa por el control territorial entre las Farc (que hacen presencia a través de los frentes 8 y 29 que a su vez también tiene influencia

en el suroccidente del Cauca) y el ELN contra Los Rastrojos, dada la importancia estratégica de la zona conformada por los municipios que se encuentran sobre la Cordillera Occidental que comunican con el departamento

180 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. SAT. Nota de Seguimiento No. 010-10 Octava Nota al Informe de Riesgo No. 037-04 A.I. Emitida el 13 de Mayo de 2010. 181 Defensoría del Pueblo. Nota de Seguimiento No. 011-10 Séptima Nota al Informe de Riesgo No. 015-05 A.I. Emitida El 18 de Mayo de 2010. 182 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Nota de Seguimiento No. 024-10 Tercera Al Informe de Riesgo No. 020–08 A.I. Emitida el 17 de Noviembre de 2010.

del Cauca y la región del Litoral Pacífico que facilita la salida al mar y que permite la movilidad y el tráfico de estupefacientes.

Asimismo, en el departamento también existe gran cantidad de zonas de cultivo de coca las cuales según el SIMCI ascendieron a 16.428 hectáreas para

2009, lo que ubicó a Nariño en el lugar con mayor presencia de cultivos ilícitos en el país.

Finalmente en Valle del Cauca de las tres NS reportadas por el SAT una recibió alerta temprana la cual advirtió sobre la grave situación del municipio de

Buenaventura. La principal amenaza para la población en este lugar está dada por la presencia

y disputa territorial entre los grupos armados ilegales –Los Rastrojos, Las Águilas Negras, y las Farc- no sólo por el valor geoestratégico que esta zona

representa ya que es un corredor de movilidad que comunica con la región del medio San Juan chocoano, la Cordillera Occidental y el cañón de las Garrapatas, sino por la utilización del territorio para la producción y

procesamiento de derivados cocaineros.183

Como se pudo observar durante 2010, los escenarios de riesgo fueron generados mayoritariamente por los grupos de delincuencia organizada que se conformaron con posterioridad a los procesos de desmovilización. En esa

medida, las zonas que registraron amenazas para la población civil se caracterizaron por la presencia de cultivos ilícitos, por constituirse en

corredores de movilidad y tráfico de drogas, así como por poseer recursos de explotación minera, circunstancias que constituyen un escenario propicio para las disputas armadas entre las diferentes organizaciones criminales y

guerrilleras que aún intentan mantener vigencia en el territorio, a pesar de los golpes recibidos por parte de la Fuerza Pública.

Volver al índice

183 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Nota de Seguimiento No. 027-10. Segunda al Informe de Riesgo No. 032-08. Emitida El 13 de Diciembre de 2010

12. Sistema de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Durante el año 2010, Colombia mantuvo una participación activa ante el

Sistema de las Naciones Unidas y continuó con su política de apertura al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

En cumplimiento de las obligaciones convencionales de Colombia, a principios de mayo de 2010 Colombia sustentó el V Informe al Comité de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales; en julio sustentó el VI Informe al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y el 4 de julio de 2010 fueron sustentados los informes sobre la aplicación en Colombia de los Protocolos

Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fueron previamente presentados en 2008.

Durante este mismo año, Colombia realizó un juicioso seguimiento de las recomendaciones y observaciones formuladas por el Comité Contra la Tortura

luego de la sustentación que hizo Colombia de su IV Informe sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura. Como resultado de éste trabajo,

Colombia presentó en noviembre de 2010 un informe de seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité.

De otro lado, en 2010 se inició el proceso de preparación de los informes relativos a la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño y

sus dos protocolos facultativos sobre la Participación de los niños en los conflictos armados y sobre venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que Colombia deberá presentar al

Comité a mediados de 2011.

Asimismo, se inició el proceso de elaboración de los informes al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y al Comité de protección de

los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, los cuales deberán ser presentados durante el año 2011.

Finalmente, del 1º al 12 de febrero de 2010, Colombia recibió la visita de señora Gay J. McDougall, Experta Independiente en cuestiones de Minorías; y

del 5 al 9 de julio, la visita de Delegados del Foro Permanente Indígena de las Naciones Unidas.

Examen periódico universal

En el año 2009, el Estado colombiano inició decididamente su preparación para la presentación del Examen Periódico Universal (EPU). Dicho trabajo se inició con la convicción de que este mecanismo constituye una herramienta

adecuada para avanzar en el mejoramiento de la situación y el reconocimiento de los derechos humanos en todo el territorio nacional. El proceso de

preparación y presentación del Examen, así como el seguimiento de las

recomendaciones aceptadas y compromisos voluntarios asumidos ha sido una experiencia en la que el Estado ha buscado fortalecer su institucionalidad en materia de derechos humanos y sobre todo ha generado una cultura

permanente de rendición de cuentas en los avances que se han logrado, al tiempo que ha permitido identificar algunas de las principales dificultades que

se enfrentan a la hora de garantizar plenamente y sin discriminación los derechos humanos de todos los colombianos.

Es conveniente recordar que en la etapa de preparación del EPU, Colombia conformó un Comité Interinstitucional, integrado por el Programa Presidencial

de Derechos Humanos y DIH y las Direcciones de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores. Este equipo de trabajo consultó ampliamente a entidades estatales y a la sociedad civil;

asimismo elaboró el borrador preliminar del informe y además proporcionó los insumos requeridos para el diálogo interactivo.

Durante el diálogo interactivo en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos, 43 delegaciones de diferentes países intervinieron con preguntas y

recomendaciones. En total fueron recibidas 75 recomendaciones, de las cuales Colombia aceptó 65, no aceptó 8, difirió 2, explicando en un anexo las razones

que la motivaron a ello. Durante este diálogo, Colombia asumió 69 compromisos voluntarios y respondió por escrito 69 preguntas. Todas las recomendaciones y compromisos voluntarios han sido organizadas en 7

capítulos184 y como resultado hay un total de 133 compromisos a los cuales se les hace permanente seguimiento.

El Grupo Permanente de Trabajo del EPU estableció un mecanismo de seguimiento a los compromisos voluntarios y a las recomendaciones

aceptadas. Este mecanismo produce informes de avances en el cumplimiento de cada una de ellas, cada cuatro meses. Durante el año 2010, fueron

presentados y publicados el tercer y cuarto informe de seguimiento: el primero de ellos en junio y el segundo en septiembre.

Durante el proceso de seguimiento, para Colombia ha sido importante fortalecer el intercambio de información con las entidades, de tal manera que

se logre concientizarlas de la importancia de cumplir cabalmente con cada uno de los compromisos y las recomendaciones aceptadas y que los avances

logrados en este sentido se vean fielmente representados en los informes. Con este objeto, durante el mes de abril de 2010, se realizó un taller de seguimiento a las recomendaciones y compromisos voluntarios adquiridos por

Colombia en el EPU, que contó con la participación de 21185 entidades del nivel

184 Cooperación Internacional, Plan Nacional de Acción, Derechos Civiles y Políticos, Justicia y lucha contra la impunidad, Derechos económicos sociales y culturales y Poblaciones vulnerables y Justicia. 185 Las entidades asistentes fueron: Agencia Presidencial para la Cooperación y la Acción Social, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Consejería

nacional. El resultado fue bastante positivo, pues en un trabajo interinstitucional se logró identificar las principales dificultades y retos en el

mecanismo de seguimiento del EPU. De esta manera, cada informe de seguimiento incorpora cambios metodológicos como una manera de hacer

frente a las dificultades que se presentan, y constituye en si mismo un proceso de constante autoevaluación y mejora. Si bien aún persisten dificultades, es manifiesta la voluntad de avanzar en la consolidación del EPU como un

mecanismo nacional adecuado y propicio para la consagración de los derechos humanos como un verdadero proceso de autorreflexión, de identificación de

dificultades, propósitos y lineamientos consagrados como un plan de acción en materia de derechos humanos para el fortalecimiento de la capacidad interinstitucional,, y abierto al escrutinio nacional e internacional. A la fecha,

Colombia ya ha logrado cumplir varios de los compromisos voluntarios asumidos y de las recomendaciones aceptadas. Por ejemplo, se ha destruido

33 de los 26 campos minados a los que se comprometió voluntariamente el Estado. De otro lado, se logró llegar a 90 puntos de telemedicina para los sitios remotos en el país. Asimismo, fue unificado el Plan Obligatorio de Salud para

los niños de todos los estratos sociales como primer paso para cumplir con la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional que ordena unificar los

beneficios para niños y niñas, adultos mayores y ciudadanos en general. También fueron concertados los indicadores de goce efectivo de derechos para la población en situación de desplazamiento.

12.1 Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Solicitudes de Información, Medidas Cautelares y Medidas Provisionales

1. Talleres

Durante el 2010, el Estado de Colombia inició un proceso, liderado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH y la Dirección de Derechos

Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, tendiente a fortalecer el diálogo interinstitucional, entre el nivel nacional y el nivel local, en aras de atender efectivamente los procesos de implementación, impulso y seguimiento

a los compromisos estatales en la atención de las medidas cautelares y provisionales proferidas por los órganos del Sistema Interamericano de

Derechos Humanos a favor de individuos y colectivos en riesgo.

Presidencial para la Equidad de la Mujer, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del

Pueblo, Departamento Nacional de Planeación, Federación Colombiana de Municipios, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Programa para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH y Registraduría Nacional del Estado Civil. La única entidad que no asistió fue el Ministerio de Protección Social.

Con este objetivo, se llevaron a cabo 3 talleres en las siguientes ciudades:

Medellín: 25 de junio

Barranquilla: 28 de julio Popayán: 2 de diciembre.

2. Reuniones de seguimiento y concertación

En el proceso de seguimiento y concertación de las medidas cautelares y provisionales con respecto del Estado de Colombia, se llevaron a cabo 124

reuniones con beneficiarios y peticionarios.

3. Audiencias ante la comisión interamericana de derechos humanos

El Estado de Colombia participó en las Audiencias Públicas y Reuniones de

Trabajo sobre Medidas Cautelares, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los Períodos Ordinarios de Sesiones 138 y 140, celebrados en los meses de marzo y octubre, respectivamente, en la

ciudad de Washington, Estados Unidos.

4. Audiencias ante la corte interamericana de derechos humanos El Estado de Colombia participó en las Audiencias sobre Medidas Provisionales,

convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de los Períodos ordinarios de Sesiones LXXXVI y LXXXVII, celebrados en los

meses de enero y mayo, respectivamente, en su sede en San José de Costa Rica.

Peticiones y casos

En el marco de los procesos de Solución Amistosa y de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado colombiano dio

cumplimiento a las siguientes obligaciones:

En el marco del Proceso de Solución Amistosa Sucesos Violentos de

Trujillo, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en beneficio de mejorar las condiciones de habitabilidad de las 36 viviendas nuevas que

se construyen en el municipio, autorizó el desembolso de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000) para que fueran adicionados al proyecto.

En cumplimiento de lo ordenado por la sentencia en el caso Masacre de

Mapiripán se realizó una convocatoria pública por medio de los diarios La República y Llano 7 días, así como también en las páginas Web de varias entidades del Estado, con el fin de avanzar en la identificación de las

víctimas a reparar.

Publicación en el Diario Oficial de los apartes ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia Manuel Cepeda del

26 de mayo de 2010.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en el caso 19 Comerciantes, se realizó la contratación para la construcción del monumento en homenaje a las víctimas.

Publicación en el Diario Oficial de los apartes ordenados por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos de la sentencia de Germán Escué. Temática

Se realizó la preparación de lo relativo a las audiencias temáticas ante la

CIDH, las cuales se refirieron -entre otros- a los siguientes temas: derechos de los pueblos indígenas; situación general de derechos humanos en Colombia; aplicación de la jurisdicción militar en caso de

violaciones de derechos humanos en Colombia, y situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia.

Se dio respuesta a los cuestionarios temáticos formulados por la CIDH,

como en el caso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la

penalización de la dosis personal.

Se preparó el informe con las observaciones correspondientes al proyecto de informe general que remitió la Comisión interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la

República de Colombia en el 2009.

Volver al índice

13. Desmovilizaciones individuales

Gráfico No 21 Desmovilizaciones individuales 2009 - 2010

2009 2010

Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD- del Ministerio de Defensa Nacional Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

De acuerdo con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD- del Ministerio de Defensa Nacional, en el año 2010 se presentaron 2.381

desmovilizaciones individuales de miembros de grupos armados al margen de la ley; estas deserciones representaron el 10% menos que en el año 2009,

cuando se registraron 2.638 casos. De las 2.381 desmovilizaciones individuales del 2010, el 84% (2.009 desmovilizados) pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-, el 15% (359) al Ejército de Liberación

Nacional –ELN- y el 1% (13) formaban parte del Ejército Popular de Liberación-EPL-, Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP- y del Ejército Revolucionario

Guevarista –ERG-. Como se observa en la tabla No 32, los departamentos donde aumentaron las

deserciones fueron Amazonas (200%), Norte de Santander (95%), Vichada (80%) y Córdoba (75%). Al contrario, los departamentos donde se

presentaron los mayores descensos fueron Atlántico (-79%), Quindío (-66%), Vaupés (-64%) y Guainía (-60%)

Las unidades territoriales donde se presentaron el mayor número de desmovilizaciones en 2010 en términos absolutos, fueron Cundinamarca y

Meta lugares donde dejaron las armas 472 y 244 personas, respectivamente; le siguieron Caquetá con 214, Antioquia con 200 y Nariño con 133, de estos

hechos. El porcentaje de desmovilización de estos cinco departamentos representa el 53% del conjunto nacional.

Tabla No 32 Cuadro por departamentos

Comparativo 2009 – 2010 DEPARTAMENTO

2009 2010 Variación %

Amazonas 1 3 200%

Antioquia 270 200 -26%

Arauca 81 33 -59%

Atlantico 28 6 -79%

Bolivar 24 37 54%

Boyacá 138 101 -27%

Caldas 40 32 -20%

Caquetá 188 214 14%

Casanare 54 35 -35%

Cauca 128 90 -30%

Cesar 20 34 70%

Chocó 70 30 -57%

Chocó y/o

(Panama)1 0%

Cordoba 16 28 75%

Cundinamarca 382 472 24%

Guainía 10 4 -60%

Guaviare 66 102 55%

Huila 122 102 -16%

La Guajira 21 11 -48%

Magdalena 14 8 -43%

Meta 225 244 8%

Nariño 116 133 15%

Norte de

Santander22 43 95%

Putumayo 62 79 27%

Quindio 29 10 -66%

Risaralda 42 31 -26%

Santander 61 28 -54%

Sucre 9 10 11%

Tolima 118 122 3%

Vaupés 11 4 -64%

Vichada 5 9 80%

Total general 2638 2381 -10% Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD- del Ministerio de Defensa Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH El color naranja indica señala casillas con incrementos importantes y el color verde, descensos importantes.

Las 472 desmovilizaciones en el departamento de Cundinamarca en 2010 se produjeron en Bogotá con 447 (94.7%), Girardot con 10 (2.12%), Nilo con 6

(1.27%), Fusagasugá con 3 (0.64%), Facatativá y Guayabetal con 2 (0.42% cada uno) y Medina y Silvania con 1(0.21%) en cada población. De las desmovilizaciones en el departamento 448 correspondieron a las Farc, 23 al

ELN y 1 a las disidencias.

Se debe anotar que 2 de las desmovilizaciones en Cundinamarca fueron de 2 milicianos que llevaban 25 y 24 años en las filas guerrilleras, uno en el bloque Oriental de las Farc y el otro en el bloque Sur, de la misma agrupación

armada. Asimismo se han entregado combatientes que llevaban entre 1 y 23 años al servicio de los grupos armados al margen de la ley.

Al revisar las bases de datos del GAHD, se encuentra que al departamento de Cundinamarca llegan combatientes con intensión de desmovilizarse de distintas

partes del país, esto se puede deber a la necesidad de buscar seguridad al momento de la entrega y al deseo de romper toda clase de vínculo con la

organización guerrillera, que como es bien sabido castiga con pena de muerte la deserción.

En el caso del Meta, una parte de las desmovilizaciones se estarían presentando por el desarrollo de operaciones militares como Sodoma en la

Serranía de la Macarena (Meta) en la cual cayó el jefe de las Farc alias Jorge Briceño, el mono Jojoy186 en el mes de septiembre de 2010. La otra operación de importancia fue la Némesis en zona rural de San Vicente del

Caguán (Caquetá) en la cual el objetivo era la captura de alias Fabián Ramírez y que se presentó en noviembre de 2010.187

En 2009 las mayores desmovilizaciones se produjeron en Cundinamarca (382); Antioquía (270); Valle del Cauca (265); Meta (225) y Caquetá (188). Los

departamentos en los cuales igualmente se registras altas desmovilizaciones en el año 2010 fueron Cundinamarca (472), Meta (244) y Caquetá (214). De

éstos tres, Cundinamarca es el que más ha recibido desmovilizados, sumando un total de 853 en los dos años.

A nivel municipal, los cinco lugares donde se entregaron en mayor cantidad las personas que abandonaron las armas en 2010, fueron Bogotá con 447

(19%) entregas y en Villavicencio 95 (4%). A estas dos unidades territoriales les siguen Florencia (Caquetá) con 90 entregas (4%); Cali (Valle del Cauca)

con 83 (3%) y Neiva (Huila) con 66 excombatientes (3%). “El caso de Bogotá permite inferir que en alguna medida lo que ocurre en Meta se extiende a la capital de país, ya que buena parte de las personas que abandonaron las

armas, provenían de estructuras que hacen presencia en departamentos como Meta, Caquetá, Putumayo y Guaviare”188.

186 FUEZASMILITARRES.ORG. http://seccionquinta.blogspot.com/2010/09/operacion-sodoma-

cae-el-mono-jojoy.html 187 CARACOL NOTICIAS. “Sigue la “Operación Némesis” en busca de alias “Fabián Ramírez””En: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1388864 188 Op.Cit. Informe anual de Derechos Humanos. Bogotá, 2009. Vicepresidencia de la República, disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Indicadores/obs_indicadores_dic2008_090330.pdf

Porcentualmente las ciudades citadas tuvieron las siguientes variaciones entre los dos años: tanto en Bogotá como en Villavicencio las cifras de

desmovilizados se incrementaron en un 30%, al pasar de 343 personas en 2009 a 447 en 2010, en la primera y al pasar de 73 a 95 registros en la

segunda. Por su parte, en Cali, en Florencia y en Neiva las cifras decrecieron en un 45%, en un 24% y en un 7% al pasar de 152 a 83 entregas en la primera, de 118 a 90 registros en la segunda y de 71 a 66 desmovilizaciones

en la última.

Con respecto a los bloques y frentes más afectados por las desmovilizaciones, cabe mencionar que los bloques Sur y Oriental de las Farc, mantuvieron el mayor número de desmovilizados con 619 y 600 personas respectivamente

en 2010.

Tabla No 33 Desmovilizados individuales por grupo 2010

AGRUPACION BLOQUE TOTAL

Disidencias

Frente de guerra

suroccidental

Darío de Jesús Ramírez

Castro

Frente de guerra Oriental 45

Frente de guerra

Occidental

Frente de guerra

Nororiental

Frente de guerra Central 24

Frente de guerra norte 18

Total Eln 359

Sur 619

Oriental 600

Occidental 245

Noroccidental 227

Central 211

Caribe 59

Magdalena Medio 48

Total Farc 2009

Total general 2381

agrupaciones

Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD- del Ministerio de Defensa Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

Por frentes, los más afectados durante el 2010 fueron el 15, el 32, el 48 y el 49 del bloque Sur, que según el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado –GAHD- se encuentran en los departamentos de Cundinamarca,

Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Putumayo. De igual forma, el frente 51 del bloque Oriental que mantiene presencia en Cundinamarca, Tolima y Huila se

ubicó entre los más afectados por las 600 deserciones que registró.

Por otra parte, del total de los 359 casos de entregas voluntarias del ELN, 158 pertenecían al frente de Guerra Suroccidental que hace presencia en Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, con los frentes Comuneros del Sur, Guerreros del

Sindagua y José María Becerra.

De acuerdo con algunos expertos como León Valencia, la región del Tolima Huila, Caquetá y Putumayo se ha convertido en el nuevo teatro de operaciones

de las Farc y se reconoce en ella la presencia de algunos de sus líderes: “Porque el Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Tolima y Valle hacen parte del nuevo escenario de la guerra en Colombia. Hubo una derrota de las Farc en la

Cordillera Oriental y ahora Alfonso Cano y sus alfiles se han desplazado a esta región del país. Uno ve cómo Alfonso Cano, principal comandante de la

guerrilla, y Pablo Catatumbo montaron un nuevo escenario de guerra y ahora es el Comando Conjunto de Occidente montado sobre la Cordillera Central como la parte más fuerte de la subversión”189.

A propósito de la afirmación del León Valencia, es bueno recordar que en el

origen de guerrillas liberales y comunistas, a comienzos de la década de los años 50 del siglo pasado, algunas operaban en el eje de la Cordillera Central entre Huila y Tolima, así como en el sur del Tolima, donde años después, se

estableció el enclave de Marquetalia, sitio en el cual, en mayo de 1964, el Ejército Nacional desarrolló, teniendo como base el batallón Caicedo en

Chaparral, la operación Laso190, que incidió en la conformación formal de las Farc.

Al revisar el número de combates ocurridos en los departamentos donde se han presentado el mayor porcentaje de desmovilizaciones se encuentra que los

contactos armados se han incrementado en el Caquetá donde pasaron de 29 a 61; en el Huila pasaron de 7 a 22; en Meta de 59 a 70; en Putumayo se sostuvieron entre 13 y 11 y en Tolima descendieron de 33 a 22191.

Al contrastar estas cifras se puede deducir que los combates pueden ser

factores desencadenante de las desmovilizaciones o al menos inciden en la toma de esta decisión. Si se mira por departamento Caquetá tuvo 214 desmovilizaciones frente a 61 combates en 2010; Cundinamarca 417

desmovilizaciones frente a 4 combates; Huila 102 entregas frente a 22 combates; Meta 244 entregas frente a 70 combates; Putumayo 79

desmovilizaciones frente a 13 enfrentamientos y Tolima 122 entregas frente a 22 contacto armados. Se debe resaltar que en este caso todas las entregas superan los 100 eventos en el año, salvo el caso se Putumayo. Adicionalmente,

189 Periódico LA NACIÓN. “Al Huila le espera un prolongado conflicto”. Entrevista con León Valencia. Septiembre 21 de 2010. En: http://www.lanacion.com.co/2010/09/21/%E2%80%9Cal-huila-le-espera-un-prolongado-conflicto%E2%80%9D/ 190 Latin American Security Operation. 191 Las cifras de combates utilizadas en este informe se extrajeron de los Boletines diarios del Das.

en el caso de Cundinamarca se debe señalar que apenas con 4 combates, se registra la cifra más alta de desmovilización 472, lo cual permite suponer que,

independientemente de la intensidad de dichos combates, probablemente confluyen otras causas para tan alta desmovilización, incluso, suponer que

muchas de ellas se originaron en otros lugares pero los desmovilizados llegaron a reportarse en el departamento.

Los desmovilizados señalan como razón en los dos años reseñados, para tomar la decisión de reintegrarse a la sociedad, los malos tratos, el deseo de cambiar

de vida, la falta de la familia y la presión de los operativos militares. Llama la atención que en su argumentación, no sea el acoso militar, la primera causa, aún cuando efectivamente tiene un lugar preponderante.

Tablas No 34 y 35

Motivo entrega 2009 Motivo entrega 2010

Fuente: Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado – GAHD- del Ministerio de Defensa Nacional Procesado: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH

De los 2.381 desmovilizados 2.140 (90%) son mayores de edad y 241 (10%) menores. La porción más representativa de mayores de edad desmovilizados le corresponde a las Farc de la cual salieron 1.816 combatientes, le siguen el ELN

con 312 y los otros grupos al margen de la ley con 12. De acuerdo con la Bitácora Semanal de Prensa del Observatorio del Programa Presidencial de DH

y DIH, muchos de los mayores de edad que se entregan voluntariamente a las autoridades ingresaron a las filas cuando eran menores de edad; en los

MOTIVO DE ENTREGA TOTAL

Malos tratos 785

Cambio de vida 549

Falta de la familia 239

Presion operativos militares 225

Decreto 1059-2008 213

Amenazas de muerte X mismo

grupo94

Rehusar encuadrillamiento 71

Enfermedad 53

Mala alimentacion 46

Incumplimiento promesas

economicas42

Cambio de vida 14

Desacuerdos ideologicos 13

Perdida de ideologia 10

capturado(a) 7

Cuñas radio y tv-Pahd 4

Desmoralizacion lucha armada 4

Orientacion otro desmovilizado 4

Problemas internos organización 3

Cambio de vida (Comunidad ind.

Caimito-R/da) 1

Cansado de la guerra 1

Incumplimiento promesas

economicas 1

Total general 2.381

MOTIVO DE ENTREGA Total

Cambio de vida 780

Malos tratos 779

Presion operativos militares 503

Cuñas radio-tv-Pahd 80

Decreto 1059-08 69

falta de la familia 59

Cambio de vida - comunidad

indígena nasa

Amenazas de Muerte X mismo

Incumplimiento promesas 8

Enfermedad 6

Mala alimentacion 5

Falta de pago 2

Cambio de vida - comunidad

indigena bacati

Malos tratos - comunidad

indigena chagado

Malos tratos aborto 1

Muerte de un familiar 1

Total general 2.638

reportes de la Bitácora se conocen testimonios de ex guerrilleros que engrosaron las filas guerrilleras desde los 13 años de edad.192

En cuanto al sexo de los desmovilizados, el 75% (1.796) es masculino, mientras que el 25% (585) es femenino. Del total de los 2.009 combatientes

en las filas de las Farc que entregaron las armas, 492 eran mujeres, es decir, el 24%; de los 359 desmovilizados del ELN, 89 pertenecían al género femenino, es decir el 25%. Finalmente, en las disidencias, la participación de

las mujeres es mayor puesto que de 13 delincuentes, 4 eran mujeres, es decir, el 31%.

Volver al índice

192 Un ejemplo de ello es el caso que reporta el Diario El País, donde informa que “ En la vereda Sartenejo del municipio de Garzón (Huila), un guerrillero, de 15 años de edad, perteneciente al frente Joselo Lozada de las Farc, se entregó de manera voluntaria ante tropas del Ejército Nacional. Según las autoridades, el indígena fue obligado a ingresar las Farc cuando tenía 13 años de edad. Información reportada el 30 de junio de 2010.

Recomendaciones

El Informe 2010 muestra con claridad los aspectos donde ha mejorado la situación de los derechos humanos en Colombia, donde la situación no mejora

y donde la situación se deteriora. Es deber del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, poner de relieve, llamar la atención y señalar los casos en los cuales la situación de los derechos humanos requiere

decisiones, acciones prontas y eficientes, del Estado y del Gobierno.

Aparte de lo ya señalado en el Informe, en relación con las tasas de homicidios, es importante destacar los lugares donde dichas tasas son muy altas:

Departamentos

Caquetá pasó de 59,95 a 77,95 hpch, es una de las tasas de homicidios más alta del país y se incrementó en el 2010, un 30%, en relación con el 2009.

Vichada pasó de 16,13 a 42,41 hpch, registrando el incremento más alto en las

tasas al aumentar 163% en relación con el 2009; este incremento extraordinario, es suficiente evidencia de una grave crisis en Vichada del derecho a la vida.

Putumayo pasó de 57,64 a 63,79 hpch, el incremento de la tasa entre el 2009

y el 2010 fue del 11 %. En Córdoba la tasa de homicidios pasó de 32,73 a 35,51 con un incremento del

El Departamento de San Andrés y Providencia presenta una situación particularmente crítica que amerita una política de atención urgente. La tasa

de homicidios pasó de 12,37 hpch en el 2009 al 30,01 hpch en el 2010, con un incremento de 142% en la tasa de homicidios en apenas un año, el segundo incremento más grave del país.

En otros departamentos, aunque las tasas de homicidios bajaron en relación

con el 2009, siguen siendo tasas muy altas, lo cual debe obligar al Estado y al Gobierno Nacional a realizar acciones urgentes: Guaviare tuvo una tasa del 95,83 hcph la más alta del país en el 2010, Arauca, tuvo en el 2010 una tasa

del 88,47 hcph, la segunda más alta del país, Valle registró una tasa de 67,92, hcph bastante alta para tratarse de uno de los departamentos más

desarrollados y poblados del país. Municipios

Los diez municipios con las tasas más altas de homicidios en el 2010, fueron

en su orden: La Apartada (Córdoba) con 302,38 hpch; El Dovio (Valle) con

233,39 hpch; Puerto Rondón (Arauca) con 231,18 hcph; Vistahermosa (Meta) con 210,48 hpch; La Montañita ( Caquetá) con 188,24 hcph; San Miguel (Putumayo) con 183,17 hpch; Barbacoas (Nariño) con 159,45 hpch;

Convención (Norte de Santander) con 146,92 hpch; Puerto Caicedo (Putumayo) con 145,21 hpch y Suarez (Cauca) con 142,85 hpch.

Dos poblaciones o grupos vulnerables ameritan una atención y una protección especial:

Población indígena

Aunque las cifras en el 2010 muestran una mejoría, al disminuir el número de homicidios totales de indígenas, es imperioso señalar que la situación es muy

grave para los casos de cuatro comunidades: Awa, Nasa, Senú y Wayúu.

El homicidio de Awa pasó de 10 personas en el 2008, a 14 en el 2009 y a 60 en el 2010. El de los Nasa pasó de 9 en el 2008 a 14 en el 2009 y a 21 en el 2010. Los Senú sufrieron 3 homicidios en el año 2009 y 18 en el 2010. En el

caso de los Wayúu, la situación pasó de 4 homicidios en el 2009 a 7 en el 2010.

Autoridades locales

Aunque la situación de homicidios de alcaldes y exalcaldes mejoró del 2009 al 2010, es muy probable que en el año 2011 a medida que se desarrolla la

campaña electoral y se acerque en octubre la fecha de las elecciones municipales y departamentales, haya un incremento de los riesgos, las amenazas y los homicidios.

Volver al índice

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humano y DIH

observatorio del programa presidencial de derechos...

Documents

municipios con presencia del pueblo kamsÁ...

la mujer y su incesante búsqueda del reconocimiento de...

diagnÓstico siona 2 -...

observatorio del programa presidencial de...

panorama actual de valle del cauca - derechos...

vicepresidencia de la república de colombia publicación...

diagnóstico departamental bolívar - consejería...

presentación de powerpoint - consejería presidencial...

observatorio de derechos humanos de la …...2 observatorio...

programa presidencial de derechos...

diagnóstico de la situación del pueblo indígena chimila...

panorama actual de nariÑo - consejería presidencial para...

observatorio del programa presidencial de derechos ·...

observatorio de derechos humanos no. 1

vicepresidencia de la republica agosto 2006 guía...

observatorio de los derechos humanos de las mujeres

diagnóstico de la situación de los municipios habitados...

introducciÓn - consejería presidencial para...

presentación de powerpoint - consejería presidencial para...

diagnóstico de la situación de los municipios...