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N° 2365

Fuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional

ALCANCE DIGITAL N° 105 (a la Gaceta N°

233 publicado la tarde del martes 1° – 12- 15)

PODER EJECUTIVO

N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS “CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS DESALOJOS (CAID) Y DEL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DESALOJOS CONSIDERADOS COMO DE

VULNERABILIDAD SOCIAL”

N°39340-H-COMEX PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN COMIECO-COSEFIN N° 01-2015 DE FECHA DE 25 DE JUNIO DE 2015 Y SU ANEXO: “MECANISMO PARA EL REEMBOLSO DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN PAGADOS SOBRE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA UNIÓN EUROPEA AL AMPARO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN Y QUE POSTERIORMENTE SON EXPORTADAS A OTRA REPÚBLICA DE LA PARTE CENTROAMERICANA” Y “FORMULARIO E INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA SOLICITUD DE REEMBOLSO DE LOS DAI PAGADOS SPBRE MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE LA UNIÓN EUROPEA AL AMPARO DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN Y QUE POSTERIORMENTE SON EXPORTADAS A OTRA REPÚBLICA DE LA PARTE CENTROAMERICANA”

ALCANCE N° 105 (no tiene link)

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

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Gaceta N° 234 de Miércoles 02-12-15

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ALCANCE DIGITAL N° 106

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

N° 39316-S REGLAMENTO PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS Y BIOSÓLIDOS

N° 39317-S OFICIALIZACIÓN DE LA “NORMA NACIONAL DE USO DE LAS GRÁFICAS ANTROPOMÉTRICAS PARA LA VALORACIÓN NUTRICIONAL DE 0 -19 AÑOS”

N° 39318-S REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, PRESTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD

REGLAMENTOS

BANCO POPULAR REGLAMENTO DE COMITÉS Y COMISIONES DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL Y SUBSIDIARIAS

CAJA COSTARRINCESE DEL SEGURO SOCIAL REGLAMENTO DE RIESGOS EXCLUIDOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL REFORMA A LOS ARTICULOS 40º, 10º, 16º, 32º, 33º, 73º DEL REGLAMENTO DEL SEGURO DE SALUD

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MUNICIPALIDAD DE VÁZQUEZ DE CORONADO REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS MUNICIPALES A ESTUDIANTES DEL CANTÓN DE VÁZQUEZ DE CORONADO

MUNICIPALIDAD DE MORA REGLAMENTO PARA NORMAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE DISTRITO, IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE Y EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS

MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO REGLAMENTO A LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO. LEY 9047

MUNICIPALIDAD DEL GUARCO POLÍTICA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR LAORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDADDE GÉNERO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA CONSULTA PÚBLICA PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DEL COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL, LA FISCALIZACIÓN Y LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

MUNICIPALIDAD DE LIMON CONCEJO MUNICIPAL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN

COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE COSTA RICA REGLAMENTO DE ELECCIONES INTERNAS DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE COSTA RICA

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ALCANCE NÚMERO 106 (VER PDF)

PODER EJECUTIVO

DECRETOS

REGLAMENTOS

NOTIFICACIONES

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LA GACETA

GACETA CON FIRMA DIGITAL (ctrl+clic)

PODER LEGISLATIVO

NO SE PUBLICAN LEYES, DECRETOS LEGISLATIVOS NI PROYECTOS DE LEY

PODER EJECUTIVO

Nº 100-MEIC-2015 DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO EL EVENTO DENOMINADO “II CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE, LOS SANTOS 2016”

PODER EJECUTIVO

ACUERDOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

DOCUMENTOS VARIOS

HACIENDA. DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. Que de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 174 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, adicionado por el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, Nº 9069 de 10 de setiembre de 2012, se concede a las entidades representativas de intereses de carácter general, corporativo o de intereses difusos, un plazo de diez días hábiles

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contados a partir de la primera publicación del presente aviso, con el objeto de que expongan su parecer respecto del proyecto de resolución denominado “Resolución sobre Tratamiento Tributario de los Ingresos Provenientes de Espectáculos Públicos”. Las observaciones sobre la Resolución en referencia, deberán expresarse por escrito y dirigirlas a la Dirección de Inteligencia Tributaria de la Dirección General de Tributación, sita en San José, Barrio Escalante, Edificio Esquíes, 300 metros al este de la Iglesia Santa Teresita, calles 31 y 33, avenida 9, o en formato digital en la siguiente dirección electrónica: notificaintelige@hacienda.go.cr Para los efectos indicados, el citado Proyecto de Resolución se encuentra disponible en el sitio web http://dgt.hacienda.go.cr, en la sección “Propuesta en Consulta Pública”, opción “Proyectos Reglamentarios Tributarios”.—San José, a las 13:00 horas del 04 de noviembre de 2015

DOCUMENTOS VARIOS

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

RESOLUCIONES

EDICTOS

AVISOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

REGLAMENTOS

BANCO DE COSTA RICA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO DE TARIFAS Y CONDICIONES PARA LOS SERVICIOS DEL BANCO DE COSTA RICA:

Junta Directiva de Fondos de Inversión Sociedad Anónima REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S. A.

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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES

MUNICIPALIDAD DE UPALA REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, DEDICADA A LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL DEL CANTÓN DE UPALA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

REGLAMENTOS

BANCO DE COSTA RICA

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

AVISOS

MUNICIPALIDADES

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS BALANCE DE SITUACIÓN COMBINADO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE COLONES)

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

RÉGIMEN MUNICIPAL

RÉGIMEN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

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AVISOS

COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 54-2016 VIERNES, 22 DE ENERO DEL 2016 HOTEL CROWNE PLAZA SAN JOSÉ COROBICÍ Primera convocatoria 6:30 p.m. (mitad más uno de los colegiados activos), segunda convocatoria 7:00 p.m. (miembros presentes).

1. Comprobación del quórum. 2. Himno Nacional. 3. Aprobación del Orden del Día. 4. Lectura y aprobación del Acta Anterior de Sesión Ordinaria de Asamblea General Nº 53-2015. 5. Informes:

5.1 Informe de la Presidencia. 5.2 Informe Depto. Educación Continua. 5.3 Informe de la Dirección Ejecutiva. 5.4 Informe de la Fiscalía Ejecutiva. 5.5 Informe de Tesorería.

5.5.1 Análisis y liquidación del Presupuesto febrero 2015-diciembre 2015. 5.5.2 Análisis y aprobación del Presupuesto febrero 2016-enero 2017.

6. Informe de Auditoría. 7. Ratificación del Resultado de Elecciones del viernes, 15 de enero del 2016. 8. Juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva. 9. Nombramientos y Juramentación de Cargos de Asamblea General.

10. Asuntos Varios.

AVISOS

CONVOCATORIAS

AVISOS

NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES

GOBERNACIÓN Y POLICÍA

HACIENDA

JUSTICIA Y PAZ

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

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BOLETÍN JUDICIAL

BOLETÍN CON FIRMA DIGITAL (ctrl+clic)

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR Nº 177-2015 ASUNTO: Reiteración de la circular Nº 198-2013 “Procedimiento para la Grabación de las Audiencias Orales y Actos de Investigación”.

CIRCULAR Nº 178-2015 ASUNTO: Deber de las Jefaturas de respetar los horarios y roles de trabajo en los despachos judiciales de turno extraordinario.

CIRCULAR Nº 179-2015 ASUNTO: Obligación de las coordinaciones de los despachos judiciales de ejercer una adecuada y constante supervisión sobre el cobro de las horas extraordinarias.

CIRCULAR Nº 180-2015 ASUNTO: Adición a la circular Nº 130-15, sobre la “Competencia territorial de los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía de Mora y Puriscal”.

CIRCULAR Nº 181-2015 ASUNTO: Actualización de la Tabla de Plazos de Conservación en materia de Faltas y Contravenciones.

CIRCULAR Nº 182-2015 ASUNTO: Actualización de la Tabla de Plazos de Conservación en Materia Agraria.

CIRCULAR Nº 183-2015 ASUNTO: Adición a la circular Nº 169-14 “Aprobación y control de las vacaciones solicitadas por las servidoras y servidores judiciales”.

CIRCULAR Nº 185-2015 ASUNTO: “Reglamento de Adquisiciones Electrónicas del Poder Judicial”.

CIRCULAR Nº 186-2015 ASUNTO: Plazo de Conservación para los expedientes disciplinarios de la Jurisdicción Notarial.

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CIRCULAR Nº 187-2015

ASUNTO: Tabla de Plazos de Conservación de la Oficina de Defensa de la Víctima del Delito del Ministerio Público.

CIRCULAR Nº 189-2015 ASUNTO: Procedimiento para la asignación de perfiles y claves de acceso al personal asignado de los despachos judiciales que utilizan el Sistema Automatizado de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ).

AVISO Nº 012-2015 El Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nº 13 del Reglamento de Reconocimientos Otorgados por el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena en la sesión Nº 3-06 del 27 de febrero del 2006, invita a las personas servidoras, ex servidoras judiciales, usuarias y público en general, a nominar candidatas o candidatos, o quienes consideren que tengan idoneidad, para el otorgamiento de los siguientes reconocimientos:

a) “Fernando Coto Albán”. b) “Ulises Odio Santos”. c) “Luis Paulino Mora Mora”. d) “Miguel Blanco Quirós”.

SALA CONSTITUCIONAL

ASUNTO: Acción de inconstitucionalidad.

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA

HACE SABER:

PRIMERA PUBLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dentro de la acción de

inconstitucionalidad número 15-015096-0007-CO que promueve Caja Costarricense de Seguro Social, se ha

dictado la resolución que literalmente dice: “Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las

nueve horas y veintiséis minutos del seis de noviembre del dos mil quince. Se da curso a la acción de

inconstitucionalidad interpuesta por Gilbert Alfaro Morales, mayor, divorciado, abogado, portador de la cédula

de identidad número 2-0416-0818, en su condición de Director Jurídico con rango de Subgerente de la Caja

Costarricense de Seguro Social, ostentando las facultades de apoderado general judicial sin límite de suma, para

que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo número 36042-S “Normas de Acreditación de la

Discapacidad para el Acceso a Programas Selectivos y de Salud”, del 10 de mayo del 2010, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta número 118 del 18 de junio del 2010, por estimarlo contrario a los artículos 11, 73,

177, 188 y 189 de la Constitución Política. Se confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la

República y al Ministerio de Salud. La norma se impugna en cuanto indalga una serie de obligaciones a la Caja

Costarricense de Seguro Social (CCSS) que no corresponden a la institución conforme al artículo 73 de la

Constitución Política y al artículo 1 de su Ley Constitutiva; de una manera contraria a la autonomía institucional.

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Cambia, continúa, la finalidad de los fondos y reservas de la seguridad social, lo cual genera una desviación de

los mismos y con graves inconsistencias técnicas para su implementación. Manifiesta que la calificación de la

invalidez es un proceso propio de la Dirección de Calificación de la Invalidez, la cual se constituye en la única

dependencia a nivel institucional que emite criterios técnicos médicos de invalidez y discapacidad, en los

trámites de pensión por invalidez de los regímenes administrados por la institución. Indica que mediante la

Dirección de Calificación de la Invalidez, se da cumplimiento a los fines propios de la seguridad social, que le

fueron encomendados, siendo que de acuerdo a ellos no resulta su competencia dar atención de discapacidad

bajo los parámetros y condiciones que establece el Decreto impugnado. Aprecia una violación a las

disposiciones de los artículos 73, 188 y 189 de la Constitución Política y al artículo 1 de su Ley Constitutiva al

haberse promulgado la norma impugnada con intromisión de aspectos organizativos institucionales de la CCSS.

Indica que, en virtud de la autonomía de gobierno y administración otorgada a la CCSS por la Constitución

Política -artículo 73-, ningún órgano o ente externo puede intervenir en la esfera dejada por el constituyente a

favor de la CCSS, lo que significa que sólo ésta puede regular lo relativo a la administración y el gobierno de los

seguros sociales que le corresponden. Agrega que el Decreto impugnado -artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y

19- imponen a la CCSS una serie de tareas y funciones que rozan con su autonomía de gobierno y

administración de los seguros sociales y le llevan a desviar fondos de la seguridad social. Insiste en que el Poder

Ejecutivo excedió sus competencias con la promulgación del Decreto impugnado, siendo que, aún y cuando la

acreditación de discapacidad para el acceso a los beneficios sociales constituye una iniciativa propia de la

competencias estatales, ya que la forma dispuesta por el Decreto impugnado invade las competencias de

gobierno y administración de los seguros sociales, violentando el principio de autonomía de la CCSS. Precisa

que a la CCSS no le corresponde acreditar si una persona con algún grado de discapacidad debe ser beneficiaria

de un bono de la vivienda, puesto laboral o incluso un lugar o espacio en un estacionamiento. Manifiesta que hay

una violación al artículo 73 de la Constitución Política, al establecer el Decreto impugnado el uso de fondos

públicos institucionales en materia que no es de competencia de la CCSS, además de endilgarse una serie de

funciones y servicios que deberá ofrecer, sin financiamiento, e incluso a personas que no cuentan con

aseguramiento ante la seguridad, con cargo al seguro de salud. Estima que el contenido del Decreto impugnado

permite que sujetos privados no asegurados obtengan valuación, control y registro en materia de discapacidad, lo

cual pueden utilizar para fines privados (empleo en sector privado) o solicitudes sociales públicas o privadas

(becas-bonos y otros beneficios) con cargo al seguro de salud, patrimonio al que de manera contrario al artículo

73 constitucional. El perjuicio para la CCSS, continúa, ha sido determinado a través de criterio profesional

especializado en las ciencias actuariales -DAE-0536-2014 de la Dirección Actuarial y Económica-, tomando en

consideración el texto íntegro del Decreto impugnado -especialmente los artículos ya mencionados- que impone

a la CCSS la responsabilidad de implementar el proceso de evaluación, sin definir las rentas para ello, lo que en

la especie obliga a destinar recursos de la seguridad social a fines distintos de los que fundamentaron la creación

de la CCSS. Esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la Ley de la Jurisdicción

Constitucional en sus artículos 73 a 79. La legitimación del accionante proviene del expediente número 15-

006914-1027-CA, que es proceso de conocimiento contencioso administrativo interpuesto por la Caja

Costarricense de Seguro Social en contra del Estado; en el que por resolución de las 13:53 horas del 08 de

setiembre de 2015 se declaró admisible. Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín

Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la

aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del

caso. Este aviso sólo afecta los procesos judiciales pendientes en los cuales se discuta la aplicación de lo

impugnado y se advierte que lo único que no puede hacerse en dichos procesos, es dictar sentencia o bien, el

acto en que haya de aplicarse lo cuestionado en el sentido en que lo ha sido. Igualmente, lo único que la acción

suspende en vía administrativa es el dictado de la resolución final en los procedimientos tendentes a agotar esa

vía, que son los que se inician con y a partir del recurso de alzada o de reposición interpuestos contra el acto

final, salvo, claro está, que se trate de normas que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la

suspensión opera inmediatamente. Dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del citado

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aviso, podrán apersonarse quienes figuren como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta

acción, en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo, a fin de coadyuvar

en cuanto a su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los motivos de inconstitucionalidad en

relación con el asunto que les interese. Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la

Ley de Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala (resoluciones 0536-91,

0537-91, 0554-91 y 0881-91) esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general, si no únicamente

su aplicación en los casos y condiciones señaladas. Notifíquese./Fernando Cruz Castro, Presidente a. í.”

San José, 6 de noviembre del 2015.

****************

Para los efectos de los artículos 88 párrafo segundo y 90 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 15-005324-0007-CO

promovida por Consultécnica S. A., Yeli Marcela Arguedas Chaves contra el artículo 217 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, se ha dictado el voto número 2015-017791 de las doce horas y cero

minutos del once de noviembre del dos mil quince, que literalmente dice:

“Se declara con lugar la acción. Se anula por inconstitucional el artículo 217 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo Nº 33411 de 27 de septiembre de 2006. Para evitar graves

dislocaciones de la seguridad, la justicia y la paz social, esta declaratoria de inconstitucionalidad tiene

efectos prospectivos a partir de la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial, de manera que

se aplicará únicamente a los procedimientos en trámite y a aquellos suspendidos que no hayan sido

resueltos por acto final; consecuentemente no será aplicable a los procedimientos administrativos ya

fenecidos por acto final, ni a los que se encuentren en la fase recursiva, salvo el asunto previo en el que se

aplicará lo ahora dispuesto en este pronunciamiento, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de

buena fe así como de las situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, caducidad o sentencia con

autoridad de cosa juzgada material. Los Magistrados Cruz Castro, Hernández López y Pacheco Salazar

salvan el voto y declaran sin lugar la acción. Comuníquese a la Procuradora General de la República, la

accionante, las partes del asunto previo y al Poder Ejecutivo. Publíquense los avisos e íntegramente el voto

en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese.”

Se hace saber que la anulación, inconstitucionalidad o eliminación indicada, rige a partir del momento que se

indica en la parte dispositiva del voto.

San José, 11 de noviembre del 2015.

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ

RES. Nº 2015-001241.—Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.—San José, a las once horas

treinta y un minutos del veintiocho de enero de dos mil quince.—(Exp. Nº 12-016277-0007-CO).

Acción de inconstitucionalidad promovida por Edgardo Campos Espinoza, mayor, casado una vez, abogado,

vecino de San Pablo de Heredia, cédula de identidad número 4-141-686, en su calidad de apoderado

generalísimo de la sociedad Edificio Chirripó de San Pablo Sociedad Anónima; cédula de persona jurídica

número 3101412923, en contra de la ley número 9024 denominada “Impuesto a las personas jurídicas”

Resultando: 1º—Por escrito recibido en la secretaría de la sala el 30 de noviembre del 2012, el accionante plantea proceso

para que se declare inconstitucional la ley Nº 9024 denominada “Impuesto a las personas jurídicas”, lo anterior,

por entender que viola una serie de derechos y principios de la Constitución Política, en primer lugar señala que

infringe el principio de seguridad jurídica en vista del tratamiento dado en el proyecto y luego en la ley al tributo

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puesto que si se analiza con detalle el planteamiento inicial del poder ejecutivo, al parecer se trata de un

impuesto, en tanto que no media una actividad pública en el hecho generador y la finalidad perseguida es la de

aumentar los ingresos para contrarrestar el balance entre egresos e ingresos del fisco y controlar la creación

indiscriminada de sociedades. Sin embargo la estructura del hecho generador hace pensar que al final se creó

una tasa; ello a la luz de la experiencia de otros países, en donde este tipo de cobros a sociedades se traduce en

una especie de honorario por el costo que representa para el registro oficial existente la mera existencia de las

mismas. al estudiar la ley, se observa que el hecho generador es la simple inscripción de una persona jurídica en

el Registro Público, lo que implica una actividad estatal; además, se concede la fiscalización y cobro del tributo

por el Registro Nacional y se le otorga el papel de administración tributaria; se concede también una parte de los

recursos recaudados; se instruye para que el registro no emita documentos de las sociedades mientras estén en

mora, cancelar la presentación de gestiones de esa sociedad y se le da iniciativa para iniciar la disolución de

sociedades luego de varios años de mora, lo anterior, en su criterio, corresponde a la prestación de un servicio

público individualizado para el contribuyente que cumpla con el requisito de estar inscrito de modo que se

configura más como una tasa que como un impuesto, a pesar del concepto que usa la ley, para el accionante, esto

resulta trascendente porque podría implicar una doble imposición pues cuando fue inscrita la sociedad se

cancelaron los derechos de registro que, en calidad de tasa, son cobrados como contraprestación para que se

inscriba la sociedad, pero además se cobra por la emisión de cada certificación emitida, siempre bajo el concepto

de pago de una tasa para recibir el servicio; entonces, si ya existe una tasa por servicios de constitución y

existencia de ciertas personas jurídicas resulta que crear otra sería una doble imposición al cobrarse por el

mismo servicio; la tesis anterior se ve fortalecida, en su criterio, por el hecho que en la tarifa de la ley no se tomó

en cuenta la capacidad contributiva, este tema fue, incluso, objeto de atención durante el expediente legislativo,

como se aprecia de las comparecencias de algunos funcionarios, allí se deja, claramente, establecido que el

tributo ideado era una especia de licencia, es decir un costo por tener la sociedad inscrita y no un tributo a la

actividad económica sino al hecho de su existencia, situación que es así entendida por la sala constitucional en

sus votos Nos. 12611-2011 y 5532-2012, en donde se afirma que el impuesto es el costo por la existencia misma

de la sociedad. Concluye señalando que si los legisladores crearon una tasa denominándola, erróneamente, un

impuesto, esto es un asunto que viola el derecho de la constitución, pues ambas figuras tienen naturaleza jurídica

distinta y consideraciones diferentes sobre la capacidad económica, en el segundo punto de su reclamo señala el

accionante que existe una violación al procedimiento legislativo que hace que la ley deba ser anulada; se afirma

que las modificaciones al texto de la ley fueron excesivas y no se le dio publicidad al texto del proyecto que, al

final, se votó, detalla que en el caso existieron dos textos sustitutivos, el primero se dio el 10 de agosto del 2010

y se publicó, pero fue objeto de cambios importantes que no fueron publicados. entre tales cambios se enlistan:

el artículo 1 fue modificado al incluirse las sucursales de una sociedad extranjera o su representante; el artículo 3

modificó, sustancialmente la tarifa del impuesto al realizar una diferenciación entre sociedades activas e

inactivas; el artículo 5 fue también objeto de serios cambios al introducirse la prohibición al Registro Nacional

de emitir certificaciones de personería y la obligación de cancelar presentaciones al diario del registro en caso de

morosidad; el numeral 6 creó una nueva disposición no incluida en los proyectos anteriores que incorpora una

sanción de naturaleza registral al ordenar la disolución de la sociedad en caso de mora por tres períodos

consecutivos y crea figuras de hipoteca legal preferentes; también se varió, sustancialmente, pero, sin

publicación, el tema de la administración, fiscalización y cobro del tributo que, originalmente, correspondía a la

Dirección General de Tributación Directa pero fue variado para darle esa competencia al ministerio de justicia y

paz; además se introdujeron exenciones que no estaban en el proyecto publicado, específicamente, la del artículo

8; también el recurso de los destinos recaudados se modificó pues se indicó en el proyecto que hasta un 5 por

ciento sería destinado para las gestiones de administración, recaudación, fiscalización y gestión y el resto para el

presupuesto de seguridad pública, sin embargo la versión final de la ley en su artículo 11 define un 5 por ciento

del importe para el ministerio de justicia y en específico para apoyar el financiamiento de adaptación social y el

resto para el ministerio de seguridad; se recoge en el texto final el principio de caja única que no estaba en el

proyecto publicado; en ejercicio del derecho de enmienda se introdujo un artículo de infracciones y sanciones

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(artículo 12) y la necesidad que el ministerio de seguridad rinda un informe a la comisión del control del ingreso

y gasto sobre la utilización de los recursos y se modificó el artículo 129 del código notarial. se agrega,

igualmente, que la ley contiene cuatro transitorios que no estaban en el proyecto publicado: el transitorio

segundo que permite la disolución en tres meses sin pago de tributo); el transitorio tercero que dispone un listado

de sociedades para que el interesado sepa de cuáles es representante legal; el transitorio IV sobre el tema de

renuncia de directores y el transitorio V que permite el traslado de bienes inscritos de sociedades inactivas sin el

pago de impuestos de traspaso, timbres y derechos registrales dentro de los seis meses luego de la vigencia de la

ley. Apunta el accionante que todo lo anterior se originó en la cantidad de mociones que provocaron que, al final

de cuentas, al plenario legislativo llegara un texto muy diferente del originalmente enviado por el poder

ejecutivo, pero, también, muy diferente del enviado a publicar por la misma comisión de hacendarios, señala que

la sala constitucional en la sentencia Nº 4621-2012 explicó la importancia de la publicidad en materia tributaria

y la necesidad que, al darse cambios sustanciales, se haga del conocimiento público tal circunstancia por el tipo

de obligaciones generales que se originan, lo cual no ocurrió en este caso. se indica además que -de acuerdo al

criterio de la sala- la determinación de la calidad de las modificaciones se comprueba analizando el objeto del

proyecto tal y como se define en la exposición de motivos y en este caso se habla de la equidad, progresividad y

suficiencia recaudatoria del sistema impositivo para invertir en el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los

ciudadanos; no obstante, el resultado de ese proyecto fue la creación de un impuesto regresivo tal y como lo

señala el propio departamento de servicios técnicos; en este punto se agrega, además, que el proyecto no fue

consultado a las municipalidades del país, según lo ordena la Constitución Política, aun cuando se introdujo en el

transitorio V al permitirse el traspaso a lo largo de seis meses luego de la entrada en vigencia de la Ley, de

Bienes Inmuebles sin el pago del timbre municipal, como tercer aspecto planteado, el accionante reclama, en

concreto, la lesión al principio constitucional de la capacidad contributiva o económica y la igualdad tributaria,

pues señala que a pesar de lo que ya dijo la sala en este punto, la verdad es que el concepto que toda sociedad

tiene fines lucrativos y los socios buscan desarrollar actividades comerciales no puede aceptarse como

absolutamente cierto y la propia administración tributaria reconoce la existencia de sociedades mercantiles

activas e inactivas e, incluso, la propia ley discutida diferencia una tarifa según esta última condición, si bien el

impuesto se planteó como progresivo y, por ende, ligado a la capacidad tributaria, el establecimiento de una

tarifa fija solamente distinguiendo entre actividad e inactividad, demuestra que la capacidad contributiva no se

ha tomado en cuenta y más aun, al exonerar a algunas empresas por pequeñas y productivas se recoge una

equidad que no es real y, en este mismo sentido, al no distinguirse entre las distintas manifestaciones de riqueza

se lesiona la igualdad constitucional, la cuarta infracción se refiere a una violación al principio de

proporcionalidad y razonabilidad en la tarifa impuesta por el numeral 3 de la ley, pues no guardan relación con

otros sistemas nacionales. Se aduce que el monto establecido es manifiestamente arbitrario si se le compara con

algunos casos similares en otros países y en particular en los Estados Unidos además resulta que tenderá a subir

cada vez que suba el salario base tomado como referencia y puede apreciarse una gran discrepancia entre los

estudios y proyectos pues en ninguno se aprecia justificación, el quinto reclamo se dirige contra los artículos 5 y

6 de la ley al no cumplirse con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la formulación de

sanciones, se apunta que se trata de sanciones adicionales a las establecidas en el Código de Normas y

Procedimientos Tributarios y se dice que se utiliza un concepto indefinido al indicar que las sanciones serán

procedentes “en caso de incumplimiento con las obligaciones establecidas en esta ley” sin determinarse a cuáles

se refiere cuando lo correcto hubiera sido citar en concreto la falta de pago, en el artículo 5 se manda a sancionar

con la no emisión de certificaciones y la cancelación de la presentación de documentos inscribibles y no poder

contratar con el estado; a ello se suma el artículo 6 que sanciona con la disolución y cancelación de la

inscripción a las entidades sociales con tres períodos de pago incumplidos y la imposición de una hipoteca legal

y prenda preferente sobre el patrimonio, algunas de tales sanciones pueden provocar un caos jurídico como sería

la desaparición de personas jurídicas con obligaciones pendientes, o bien, la imposibilidad de disponer del

patrimonio por no contarse con la certificación de personería que afectaría el tráfico usual de bienes del

marcado, el sexto reclamo plantea la infracción al principio de seguridad jurídica al gravarse una sociedad desde

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el momento en que se presenta la escritura, con lo que se contrarían disposiciones legales concretas sobre

materia registral; se afirma que en una correcta técnica jurídica una sociedad no existe como persona jurídica

mientras el documento presentado para su nacimiento no se encuentre inscrito, o lo que es igual hasta que tenga

su inscripción y su cédula jurídica, lo anterior tiene sentido porque son múltiples las vicisitudes que puede tener

una escritura de constitución de sociedad con lo que queda claro que muchas veces la inscripción no sigue a la

presentación al diario del Registro Público, así, si por alguna razón la sociedad no puede inscribirse y el tributo

ya se canceló, se causarán situaciones de incerteza y de injusticia tributaria que no es posible aceptar, es claro

que definir el hecho generador desde que la escritura se presenta produce una inseguridad jurídica pues se estaría

estableciendo un impuesto con un sujeto pasivo inexistente, por ello pide la declaración de inconstitucionalidad

de la frase respectiva del artículo 2 de la ley, el sétimo reclamo apunta a la inconstitucionalidad del artículo 4 in

fine de la ley en cuanto establece un régimen diferenciado de responsabilidad solidaria del representante legal en

el pago de este tributo, ello en contra del principio de inocencia y defensa, así como de los principios de

proporcionalidad y razonabilidad, se indica que, justamente, el régimen patrimonial de las sociedades es

autónomo y separado del de cada socio o representante; para el establecimiento de responsabilidad de

representantes de sociedades el sistema tributario establece un sistema muy distinto del contenido en esta ley y

se afirma que la responsabilidad subsidiaria es siempre la regla excepto que la ley establezca la solidaridad, con

la ley impugnada la administración puede, indistintamente, cobrar la obligación a cualquiera de los obligados, lo

cual, en su criterio, lesiona el principio de proporcionalidad y razonabilidad de la ley, por cuanto, esa solidaridad

es la excepción y no la regla, e incluso, no se aplica para otros tributos más trascendentes como el impuesto de

ventas o de renta, lo anterior resulta ser desproporcionado e irrazonable pues el representante solo ha actuado

por cuenta de su representada en el manejo de los aspectos sociales, en el octavo reclamo se afirma la violación

del principio de seguridad jurídica al utilizarse el concepto de autoridad tributaria de forma diferente en el

artículo 3 y en el artículo 8 de la ley discutida, en particular, señala que el Código de Normas y Procedimientos

Tributarios, ley Nº 4755 y sus reformas establece la posibilidad que haya otras administraciones tributarias que

no sean la Dirección General de Tributación Directa sin embargo, en el artículo 3 al definir la diferencia entre

sociedades activas e inactivas se habla solo de “ante la autoridad tributaria”, con lo cual, se crea un cúmulo de

situaciones dudosas que no deben cargarse sobre los administrados, lo curioso es que en el artículo 8 menciona,

para el caso de las exenciones de pago, a la dirección general de la tributación directa, el noveno y último

reclamo se plantea para reclamar la infracción al principio de igualdad y equidad, y los principios de

proporcionalidad y razonabilidad de los tributos, por cuanto, en criterio del accionante el tributo tiene efectos

confiscatorios, en el tanto, no se admite el rebajo del impuesto sobre la renta; sobre el punto indica que no se

encuentra ningún motivo para que no se deduzca el cobro de este impuesto del pago del impuesto sobre la renta,

ya que, este último contiene un largo listado de gastos deducibles y en el inciso c) se menciona a los impuestos y

tasas que afecten los bienes, servicios y negociaciones del giro habitual de la empresa, por ello, se señala que no

hay ninguna razón de peso para defender la no deductibilidad del tributo que se ha creado, con lo que se lesiona

la igualdad y equidad en la contribución de las cargas públicas, lo mismo que no es proporcional ni razonable en

su formulación.

2º—A la acción se le dio curso mediante resolución de las 14:38 horas de 15 de febrero del 2013 y se concedió

audiencia por 15 días a la Procuraduría General de la República y al Ministro de Justicia y Paz.

3º—La señora, Ana Lorena Brenes Esquivel, casada, abogada, vecina de Curridabat, cédula de identidad Nº 4-

127-782, en su condición de Procuradora General de la República rindió su informe y señaló que, al analizar la

ley, se observa que el articulado define los sujetos y el hecho generador del tributo y también los restantes

elementos esenciales del impuesto y, además, se recogen sanciones administrativas para los contribuyentes que

no hubieren cancelado el impuesto, por su parte, el artículo 7 debe analizarse en relación con el artículo 9 del

impuesto sobre la renta en cuanto se dispone que el impuesto a las personas jurídicas no es deducible para la

determinación del impuesto sobre la renta. Se afirma que los argumentos son confusos, por cuanto, reclama la

infracción de los principios de capacidad económica y seguridad, pero cabe indicar que el legislador creó,

claramente, un impuesto bien definido en sus elementos esenciales. se define el hecho generador y su devengo y

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en el artículo 3 se establece la tarifa, mientras que el artículo 9 y el 11, ambos en relación con el 1º definen,

claramente, el sujeto del impuesto, en criterio de la Procuraduría es verdad que existen actos registrales

relacionados con el hecho imponible del tributo, pero ellos no son esenciales para su estructuración pues el

hecho generador, como elemento esencial, no corresponde a la prestación de un servicio público

individualizado; así las cosas, no hay infracción de la seguridad jurídica y tampoco confusión entre una tasa y un

impuesto, en cuanto al reclamo del accionante relacionado con la tramitación del proyecto de ley, señala la

Procuraduría que su argumento se resume en afirmar que violentaron los principios de publicidad e igualdad, el

democrático y el derecho enmienda, pero, a juicio de la representante del estado, no hay infracción de ninguno

de ellos pues del estudio del expediente legislativo se concluye que es verdad que se aprobaron dos textos

sustitutivos del proyecto original, sin embargo, al analizar el articulado de ambos proyectos se advierte que no se

dieron cambios esenciales que pudieran convertir el proyecto en algo diferente como lo ha determinado la sala,

pues no existen mociones ajenas a la materia que se pretendía regular en el proyecto original. incluso, el hecho

que se hayan presentado una gran cantidad de mociones no es argumento suficiente para solicitar la

inconstitucionalidad de la ley pues tales cambios no implicaron cambios sustanciales al proyecto original, en

cuanto a la publicidad, ese principio se salvaguarda cuando las modificaciones que se introducen no son

sustanciales o esenciales respecto del proyecto original, tal y como resulta ser el caso de las mociones

presentadas que no afectaron elementos o temas claves del tributo que se pretendía crear, tampoco existe en este

aspecto del procedimiento legislativo una violación del artículo 190 de la Constitución Política, pues la asamblea

no estaba obligada a otorgar audiencia toda vez que el impuesto del timbre municipal, del cual se exonera por un

plazo de seis meses a ciertas operaciones de registro, no fue creado por iniciativa municipal sino por una ley de

carácter nacional -el Código Municipal- es decir, estamos en presencia de un tributo cuyo contenido económico

es asignado por el legislador a las municipalidades y, aparte de ello, debe tenerse en cuenta que la exención es

por un período determinado y vencido el mismo se restablece el pago de timbre en todas las operaciones

gravadas, por ello, la Asamblea Legislativa no estaba obligada a dar audiencia a las municipalidades y no hay

infracción al artículo 190 constitucional, en lo que toca a la supuesta infracción a los principios de capacidad

económica, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, se señala, que el artículo 3 no violenta el principio de

igualdad tributaria por cuanto la diferenciación entre sociedades, partiendo de si realizan o no actividades

mercantiles no crea un trato discriminatorio o irrazonable porque se aplica a sujetos que están en diferente

situación. al respecto, se aprecia que el impuesto se estableció a cargo de todas las sociedades mercantiles pero

al fijar la tarifa se crea una tarifa diferenciada partiendo de si las empresas indicadas se encuentran activas o

inactivas, lo cual obviamente les favorece, en el tanto, la obligación sería menor para algunas, respecto del

monto normal fijado del impuesto. tampoco la tarifa lesiona la razonabilidad y proporcionalidad pues la tarifa de

50% y 25% por del salario base mensual para las inactivas no resulta desproporcionado o irracional; sobre la

inconstitucionalidad de los artículos 5 y 6, señala la Procuraduría que no se puede ignorar que la noción de

sanción es un concepto general de derecho ligado a una conducta que se aparta de los parámetros normativos

establecidos por el ordenamiento y que acarrea un mal a una persona por su culpa o negligencia, en el ámbito

administrativo, sanción es la medida adoptada por la administración que importa la privación de un bien o de un

derecho consecuencia de una conducta ilegal por parte del administrado. la potestad sancionadora tributaria es

una expresión más del poder represivo de la administración, en el caso que se analiza, el artículo 5 no solo

establece sanciones de tipo pecuniario, sino, además, sanciones de no hacer por parte del Registro Nacional

como es el caso de la no inscripción ni emisión de certificaciones, por su parte, el artículo 6 establece la sanción

de disolución de las sociedades mercantiles y también la constitución de hipoteca legal preferente sobre

inmuebles y prenda preferente si se trata de bienes muebles. Las sanciones deben adecuarse a los mismos

principios que inspiran los tributos y, por ello, debe existir una adecuación entre el ilícito tributario y la sanción

que se impone, es decir debe ser racional y proporcional, pero sin dejar de lado la finalidad ejemplarizante para

la cual fue creada, así las cosas al revisar el impuesto y verificar que cumple con las normas de justicia tributaria

material y constatar que se dispone que puede aplicarse el régimen tributario de sanciones cuales son el pago de

multas recargos e intereses sobre el monto dejado de pagar, se constata que no se ha afectado la capacidad

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económica del sujeto pasivo ni hay, por tanto, violación de la razonabilidad y proporcionalidad, no es cierto que

las sanciones que se recogen respecto del Registro Nacional provoque un caos jurídico pues lo cierto es que se

trata de un deber formal de cuyo cumplimiento el sujeto pasivo es el único responsable, en cuanto al reclamo

sobre la infracción a la seguridad jurídica por el establecimiento del hecho generador desde que la escritura de

constitución de sociedad se presenta al registro, indica la Procuraduría que debe entenderse de conformidad con

el artículo 2 de la ley, es decir, se establecen dos momentos en que puede surgir el pago del tributo, siendo el que

se reclama el segundo, es decir, cuando las escrituras de sociedades se presenten a su proceso de inscripción, lo

que se busca es, simplemente, establecer criterios de pago y no fijar criterios jurídicos sobre si existe o no

jurídicamente la sociedad, sino que, solamente, se quiere determinar a partir de qué momento corre el impuesto

y cómo ha de pagarse por las sociedades en proceso de inscripción. aduce la Procuraduría que el tema del

impuesto pagado en casos que no se concluya la inscripción no es una cuestión de constitucionalidad sino de

legalidad de aplicación de las normas por parte de los tribunales competentes, en cuanto a la violación a la

seguridad jurídica por la diferencia en la definición de autoridad tributaria en varios artículos de la ley, lo cierto

es que las normas son claras y precisas y definen, claramente, los órganos competentes para ciertas actividades

descritas también de manera clara, en otro reclamo, el accionante alega infracción de varias reglas y principios

constitucionales al establecerse un régimen de responsabilidad solidaria del representante legal en el pago del

tributo que es distinto del general que rige en nuestro ordenamiento, sin embargo, señala la Procuraduría que aun

cuando no se dan argumentos jurídicos para justificar las supuestas infracciones, no hay lesión alguna a los

principios señalados, finalmente, se aborda el reclamo sobre la imposibilidad legal de deducir este impuesto

como gasto a efectos del cálculo del pago del impuesto sobre la renta, al respecto, señala el órgano asesor que el

impuesto sobre la renta lo que busca gravar son las utilidades generadas con cierta actividad por parte de

personas y empresas y en los artículos 8 y 9 se establecen los gastos que pueden ser deducidos y cuales no, en

concreto el artículo 9 recoge una lista de impuestos que no son deducibles y el legislador -como en este caso- ha

venido ampliando esa lista con otros impuestos. al analizar el reclamo del accionante en este punto, dice la

procuradora, que sereclama lesión a la prohibición de doble imposición, pero lo cierto es que confunde objeto y

fuente del tributo, pues el impuesto sobre la renta grava las utilidades o ingresos mientras que el impuesto

reclamado grava la mera existencia de sociedades según conste en el Registro Público, por ello, se afirma que no

hay lesión a los principios constitucionales, incluido el de igualdad porque al observar la estructura de los artículos

se observa que la no deductibilidad del impuesto opera para todos los sujetos que estén en las mismas

circunstancias sin que exista ningún razonamiento para entender que hay un trato diferente en relación con la

capacidad contributiva que pudiera obligar a un trato diferenciado a algunos sujetos, por todo lo anterior solicita

declarar sin lugar la acción.

4º—El señor Fernando Ferraro Castro, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de

identidad Nº 1-730-386, en su calidad de Ministro de Justicia y Paz contesta la audiencia concedida y manifiesta

que concuerda con la legitimación ofrecida para plantear esta acción y en cuanto al fondo, señala que el actor

confunde en primer término el hecho que las sociedades estén inscritas y entiende que dicha inscripción es el

hecho generador, pero la ley resulta clara -tal y como lo ha señalado la propia sala- en exponer que lo gravado

son las personas jurídicas estructuradas como sociedades mercantiles, dice el ministro que no puede existir

confusión alguna respecto que se trata de un impuesto porque el hecho generador se produce con independencia

de cualquier actividad estatal relativa al sujeto pasivo y, menos aún, alguna acción del Registro Nacional. es

relevante, según el ministro, indicar que la definición de personas jurídicas, entendida como sujeto de derecho,

apunta a su existencia como institución y no como individuo, y se crea por la voluntad de varias personas físicas

con el fin de cumplir un objetivo social específico, esas personas jurídicas tienen por ley un proceso de

inscripción que realiza el Registro Nacional y que para dicho trámite deben cancelarse derechos, timbres etc.,

pero ello no tiene relación y es, totalmente, ajeno al impuesto que sobre estos sujetos de derecho pesa y que se

fija por la simple condición de persona jurídica, tampoco se infringe la seguridad jurídica puesto que, más bien,

la ley es producto cuidadoso de la regulación de un cobro y contó con la participación de una serie de

instituciones relacionadas con el tema; considera que no existe infracción al procedimiento legislativo, pues las

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supuestas diferencias entre los borradores son el producto del ejercicio de la enmienda legislativa que es un

ejercicio básico de la asamblea para mejorar los proyectos de ley. de esa forma, al presentar el proyecto se

marcaron, claramente, los ejes temáticos de la iniciativa, a saber: 1) equidad, progresividad y suficiencia

recaudatoria; 2) potestades legales para combatir el fraude y garantizar el respeto de los derechos y garantías del

contribuyente; 3) efectividad y transparencia en la asignación y ejecución presupuestaria, en cuanto a la

infracción al artículo 190 de la constitución por falta de consulta a las municipalidades se señala que, más bien,

se produce un beneficio para las personas jurídicas que fueron constituidas para fines diferentes para los que el

legislador estableció en el código de comercio, en lo que se refiere a la capacidad contributiva o económica y la

igualdad, los argumentos se encuentran carentes de fundamento doctrinario y jurisprudencial pues se parte de la

base que se trata de una tasa y no un impuesto; llama la atención el ministro sobre las argumentaciones en

relación con las justificaciones para validar la existencia de bienes dentro de sociedades mercantiles e indica que

ello confirma la corrección de lo actuado por el gobierno al tratar de evitar la evasión fiscal, se aborda,

seguidamente, la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa del impuesto y se indica que, contrario a lo que se

afirma, la tarifa no es imposible de pagar partiendo del hecho que las personas jurídicas tienen fines de lucro y

para los casos de sociedades inactivas es apropiada la medida de reducirlo a la mitad, no es de recibo el análisis

comparado que hace el accionante al pretender relacionar el monto del impuesto a las personas jurídicas frente a

una tasa que se cobra en los estados unidos. la comparación es totalmente distante de nuestra realidad pues se

trata de un sistema tributario muy diferente y con otras condiciones de aplicación y de producción, en lo que

respecta a las sanciones, los argumentos del accionante son estrictamente subjetivos, pero sin demostrar con

ellos la violación o incumplimiento de los principios mencionados, el siguiente alegato se relaciona con la

disposición de gravar a las sociedades desde la presentación de la escritura al Registro Público y entiende el

ministerio que la ley respetó el principio de seguridad jurídica en materia tributaria, pues reguló,

cuidadosamente, la aplicación del impuesto a partir de la existencia de la persona jurídica, sea porque -como es

obvio- su presentación en el registro se da para su inscripción, en lo que toca a las violaciones constitucionales

por la existencia de un régimen de responsabilidad solidaria de los representantes distinto del establecido en

general, se señala que la responsabilidad de terceros es la excepción y no la regla, pues lo que se pretende es que

sea la persona jurídica la que pague y además la solidaridad fue establecida por ley tal y como se exige, en

cuanto al siguiente extremo, se reclama la inseguridad jurídica en el uso del concepto de autoridad tributaria

dentro de la ley, pero no lleva razón el accionante porque la única autoridad tributaria existente por mandato

constitucional es el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributación Directa, debe

observarse que la ley otorga al Registro Nacional la administración del impuesto, no obstante ello no implica

desconocimiento que la autoridad tributaria por excelencia es el Ministerio de Hacienda, finalmente, en cuanto al

punto de la doble imposición y la confiscación por no haberse permitido deducir el impuesto a las personas

jurídicas del impuesto sobre la renta, considera el ministerio que el argumento es reiterativo pues ya se dejó

claro que no se grava a la persona jurídica por su actividad, sino por el hecho de ostentar esa condición per se y

no se refiere a su inscripción ni a la actividad que despliega, cabe observar que si bien el artículo 8 de la Ley del

Impuesto Sobre la Renta establece como gastos deducibles los impuestos y tasas que afecten a los bienes,

servicios y negociaciones del giro habitual de la empresa, es necesario señalar que, tal y como se ha indicado, el

hecho generador del impuesto que nos ocupa es la existencia de la persona jurídica con independencia de su

actividad y sus bienes.

5º—Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la ley de la jurisdicción constitucional

fueron publicados en los Nos. 44, 45 y 46 del Boletín Judicial, de los días 4, 5 y 6 de marzo de 2013.

6º—Allan Garro Navarro, mayor, casado, abogado, vecino de Cartago, cédula Nº 1-881-839 se presenta como

coadyuvante y señala que la potestad de crear tributos es indiscutiblemente una potestad estatal pero deben

respetarse los límites y principios constitucionales de la tributación, incluidos los de legalidad o reserva de ley,

igualdad, isonomía, generalidad y no confiscación, en el caso concreto lo primero que debe señalarse es que las

tarifas no indican cuál fue el parámetro utilizado para fijar ese monto para verificar que el mismo sea razonable

y proporcionado, se agrega que el tributo creado no se encomienda al Ministerio de Hacienda sino al de justicia

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y, además, se fija un destino específico irrespetando el principio de caja única del estado aparte que no se sabe si

es un impuesto o una tasa. también se reclama afectación del principio de propiedad y no confiscación en tanto

la ley dispone la disolución en vez de establecer el cobro, amén que se incurre en un grave error al imponerse

una hipoteca legal sobre bienes pero no es sobre ellos que recae el impuesto sino sobre la sociedad, lo anterior

resulta una medida arbitraria y se afecta los derechos de terceros y el acceso a la justicia, pues la normativa

impugnada recoge la regla que no se emitirán certificaciones de personería de las sociedades como si fuese una

sanción para la sociedad, cuando, en realidad, es una sanción a terceros y afecta el derecho a la información

registral, tal como el caso de una persona que necesite iniciar un cobro judicial contra la sociedad o una

demanda, caso en el que se le exige demostrar la representación de la sociedad para lo cual se requiere aportar la

personería, adicionalmente, el artículo 4 agrega que los representantes serán solidariamente responsables caso

que no existe en ninguna otra parte del ordenamiento jurídico, con lo cual se crea una obligación odiosa y

violatoria de la igualdad ante la ley, también se observa que el transitorio IV de la ley establece la posibilidad

que los representantes renuncien en cierto plazo con lo que muchas sociedades quedan acéfalas siendo que se

perjudica los terceros que puedan tener contratos créditos contingencias y potenciales reclamos.

7º—Por escrito de 14 de enero del 2015, los Magistrados, Jinesta Lobo, Salazar Alvarado y Hernández López,

plantearon gestión para inhibirse del conocimiento de esta acción de inconstitucionalidad, por entender que les

cubren causales legales para ello. 8.-mediante resolución de la presidencia de la sala constitucional de las 13:24

horas de 27 de enero del 2015, se rechazó la gestión de inhibitoria planteada por la Magistrada, Hernández

López y los Magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado y se les declaró habilitados para su conocimiento.

9º—Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la ley de la jurisdicción constitucional, con base

en la potestad que otorga a la sala el numeral 9 IBIDEM, al estimar suficientemente fundada esta resolución en

principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este tribunal.

10.—En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,

Considerando: I.—Cuestión previa. como parte del trámite de este proceso de inconstitucionalidad, los magistrados Jinesta

Lobo, Salazar Alvarado y Hernández López; solicitaron su separación del conocimiento del mismo por

considerar que les asiste motivo. la presidencia de la sala, por su parte, en resolución de las 13:24 horas de 27 de

enero del 2015, rechazó la gestión y los habilitó para intervenir en la decisión de esta acción.

II.—Sobre la admisibilidad. para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad de esta acción de

inconstitucionalidad debe analizarse, en primer término, cuál es el asunto base sobre el cual se sustenta, pues

dicha determinación servirá para decidir si los reclamos planteados cumplen con las exigencias del artículo 75,

párrafo primero, de la ley de la jurisdicción constitucional, el accionante indica que el asunto base es el trámite

de ocurso registral planteado por la sociedad “Edificio Chirripó de San Pablo Sociedad Anónima”, dirigido a

obtener la inscripción de una escritura pública que testimonia el otorgamiento de un poder generalísimo sin

límite de suma para actuar en nombre de la precitada empresa. Se indica que ese instrumento público notarial fue

presentado al Registro Nacional para su debida tramitación y ocupó el asiento Nº 257331 del tomo Nº 2012, del

diario, pero la inscripción fue denegada y el asiento del diario cancelado por los funcionarios del registro, lo

anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la ley Nº 9024 denominada “impuesto a las

personas jurídicas” e identificada, en adelante, como la ley Nº 9024 o la ley impugnada contra esa decisión el

recurrente reclamó ante el director del Registro de Personas Jurídicas quien confirmó lo actuado por sus

subalternos, de manera que -por apelación del interesado- el asunto ha sido puesto en conocimiento del tribunal

registral administrativo, el cual debe resolver sobre la petitoria del interesado, la cual él mismo describe así:

“que se declare con lugar el presente recurso de alzada y se ordene al registro de origen la inscripción del

documento correspondiente. también solicito expresar resolución sobre los argumentos de inconstitucionalidad

esbozados.” así pues, ese procedimiento ocursal para lograr la inscripción de la escritura pública, -en la que se

otorga un poder generalísimo para actuar en nombre de la sociedad “Edificio Chirripó de San Pablo Sociedad

Anónima”- debe ser el marco para contrastar los reclamos de constitucionalidad incluidos en esta acción y

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verificar si ellos cumplen con la condición de ser medio razonable para amparar el derecho o interés que se

estima lesionado, se trata, en otras palabras, de confirmar si esta acción -que ha sido presentada al amparo del

párrafo primero del artículo 75 de la ley de la jurisdicción constitucional- cumple con su carácter incidental y se

configura como un medio idóneo para la defensa de los derechos e intereses de la parte dentro del asunto base, el

resultado de esa verificación es mixto como se expone de seguido.

III.—Sobre la admisibilidad continúa. En efecto, este tribunal observa que algunas de las disposiciones

cuestionadas resultan irrelevantes para lo que se discute en el asunto base -cancelación de documentos por

encontrarse la sociedad de interés en estado de morosidad en pago del impuesto a las personas jurídicas-, por lo

que la acción debe rechazarse de plano respecto de ellas. tal es el caso -en primer término- del reclamo contra la

disposición contenida en el artículo 2 de la ley Nº 9024 que dispone que el hecho generador del impuesto

respecto de las sociedades no inscritas pero en proceso de inscripción, surge a partir de la presentación de la

escritura de constitución, el motivo para rechazar este tema radica en que dicha disposición no tiene aplicación

alguna en este caso, porque la sociedad involucrada en el asunto base no es una sociedad en proceso de

inscripción, sino una que ya estaba inscrita desde antes que se promulgara la ley, por lo que no le son aplicables

las disposiciones referidas a sociedades recién constituidas y, apenas, en proceso de inscripción. ocurre lo mismo

con el reclamo contra los artículos 3 y 8 de los que se reclama contra la parte relacionada con la determinación

de la autoridad tributaria y que -según el accionante- infringen la seguridad jurídica al emplear conceptos

diferentes de autoridad tributaria, en este caso, el rechazo procede, por cuanto, el asunto base tiene connotación

registral y cualquier decisión de la sala en el tema de la autoridad tributaria no resulta de aplicación en el

procedimiento ocursal que gira alrededor de normas distinta a éstas. procede, igualmente, el rechazo de plano del

reclamo contra el artículo 4, párrafo in fine, de la ley impugnada, en el que se dispone un régimen de

responsabilidad solidaria entre la sociedad y sus representantes para el pago del impuesto establecido en la ley

Nº 9024, por cuanto -como se indicó en los puntos anteriores- el procedimiento ocursal que sirve de asunto base

es ajeno a cualquier finalidad dirigida a determinar responsabilidad alguna del representante en ningún ámbito y,

menos aún, se refiere a cuestiones relacionadas con quién debe hacerse cargo del pago del impuesto.

similarmente, también cabe el rechazo del reclamo planteado en contra del artículo 6 de la ley Nº 9024 que

dispone la disolución y cancelación de la inscripción de las sociedades sujetas al impuesto y que no lo cancelen

durante tres períodos consecutivos y que regula, además, una hipoteca legal preferente para el efectivo cobro del

adeudo, el ocurso en cuestión no tiene relación con la sanción prevista en el artículo 6 de la ley, de tal modo, las

disposiciones que contiene este artículo 6 no resultan medio razonable para defender el derecho que reclama el

accionante que su escritura pública sea inscrita por el Registro Nacional. debe rechazarse, también, el reclamo

por inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley que se impugna por no permitir la deducción del monto del

impuesto establecido en la ley Nº 9024, al momento de calcular el impuesto sobre la renta, ya que, cualquier

decisión que tome la sala respecto de ese aspecto no tendría ningún efecto útil dentro del asunto base, porque en

él no se deciden cuestiones relacionadas con la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta, de modo

que dentro del citado ocurso no está en discusión la aplicación del señalado artículo 7 de la ley cuestionada, en la

misma situación se encuentra el reclamo por violación del artículo 190 constitucional al omitirse consultar a las

municipalidades del país el texto del transitorio V que dispuso una exoneración del impuesto municipal para los

traspasos de bienes que hicieran las sociedades mercantiles durante un plazo determinado en la propia ley. la

acción debe rechazarse de plano en este aspecto, pues tal cuestión no tiene relevancia alguna en el asunto base,

de modo que aun cuando la sala pudiera encontrar una afectación a la obligación constitucional de consulta

contenida en el artículo 190 de la Constitución Política, tal decisión no incidiría en absoluto en el procedimiento

ocursal que sirve de base a esta acción porque no se daría una anulación de la ley en general, sino, solamente, la

desaparición del citado transitorio V que contiene la exoneración cuya consulta se echa de menos, en resumen,

en todos los puntos recién señalados observa la sala la ausencia del requisito legalmente establecido en el

artículo 75 de la ley de la jurisdicción constitucional, en el sentido que el reclamo de inconstitucionalidad sea

medio razonable para la defensa del derecho o interés que se considera lesionado, de manera que, con

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fundamento en tales consideraciones, la acción debe rechazarse de plano respecto de todos los puntos

supraindicados.

IV.—Objeto de la impugnación. Dicho lo anterior, persisten en este proceso cuestiones que sí ameritan ser

conocidas y resueltas por el fondo, tales planteamientos se refieren, en concreto, a los artículos 1, 3 y 5 de la ley

Nº 9024, los numerales objeto de análisis, indican lo siguiente:

“Artículo 1º—Creación

Establécese un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, así como a toda sucursal de una sociedad

extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren

inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro Nacional.

Artículo 3º—Tarifa

Anualmente se pagará una tarifa como se indica:

Sociedades mercantiles, sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de

responsabilidad limitada, que se encuentren activas ante la autoridad tributaria, pagarán un importe

equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la ley n.

º 7337, de 5 de mayo de 1993.

Sociedades mercantiles, sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de

responsabilidad limitada que no realicen actividades comerciales y se encuentren inactivas ante la

autoridad tributaria, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario

base mensual, según el artículo 2 de la ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993.

Artículo 5º—Sanciones y multas

En caso de incumplimiento con las obligaciones establecidas en esta ley serán aplicables las disposiciones

contenidas en el título III de la ley Nº 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de

mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni inscribir ningún documento a

favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago para estos efectos, los

funcionarios encargados de la inscripción de documentos estarán en la obligación de consultar la base de

datos que levantará al efecto el Registro Nacional, debiendo cancelarle la presentación a los documentos de

los morosos igualmente, los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no podrán contratar

con el estado o cualquier institución pública autónoma y semiautónoma.

El Registro Nacional creará una base de datos consultable por medios electrónicos para que el público

pueda verificar si los contribuyentes se encuentran al día. serán aplicables a las sociedades mercantiles y

empresas individuales de responsabilidad limitada, en su condición de contribuyentes de este tributo, las

disposiciones del artículo 122 de la ley Nº 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de

mayo de 1971, y sus reformas.”

V.—La publicidad en el procedimiento legislativo y, particularmente, tratándose de materia tributaria. a

efecto de examinar el agravio apuntado por el accionante respecto a un supuesto vicio esencial en el

procedimiento legislativo, concretamente, a una infracción al principio de publicidad, dado que el proyecto,

finalmente, aprobado como ley de la república, tuvo modificaciones excesivas durante el trámite legislativo, que

no fueron debidamente publicitadas; conviene, en primer término, hace referencia, en términos generales, al

principio de publicidad en el procedimiento legislativo; sobre el particular, este tribunal ha mantenido una sólida

línea jurisprudencial en el sentido que un elemento esencial del estado constitucional de derecho en el

procedimiento de formación de las leyes, es, precisamente, el de publicidad, lo anterior, en el tanto, procura

garantizar un amplio debate que facilite el contacto con la opinión pública en general y, en particular, con

quienes pudieran tener interés, por razón de sus actividades, en conocer y hasta participar en la deliberación del

asunto o, inclusive, la posibilidad de escuchar a entes públicos interesados en el contenido de determinado

proyecto de ley. Esta sala ha señalado que la publicidad de los procedimientos parlamentarios resulta esencial

debido al carácter representativo de la comunidad nacional que ostenta la Asamblea Legislativa, siendo que, la

soberanía reside en el pueblo y los diputados solamente son sus representantes, según lo dispone el artículo 105

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de la Constitución Política (ver sentencias de este tribunal Nos. 15760-2008 de las 14:30 horas de 22 de octubre

del 2008 y 13570-2014 de las 11:45 horas de 14 de agosto del 2014). Adicionalmente, este tribunal ha venido

señalando que el principio de publicidad rige, con particular intensidad, tratándose de la materia tributaria, a

través de la cual, se le imponen a las personas obligaciones o cargas económicas, en ese sentido, tal y como lo

apunta el accionante, en el sub lite resultan de obligada aplicación las líneas jurisprudenciales de este tribunal en

la resolución Nº 04621-2012 de las 16:00 horas de 10 de abril del 2012, dictada al evacuarse las consultas de

constitucionalidad acumuladas respecto a la aprobación del proyecto de ley denominado “ley de solidaridad

tributaria”, que se tramitó en el expediente legislativo Nº 18.261, en dicha consulta de constitucionalidad este

tribunal, con redacción del magistrado ponente, consideró lo siguiente:

“(…) el principio de publicidad en el trámite legislativo resulta de significativa y especial relevancia

tratándose de la materia tributaria, habida cuenta que debe existir una absoluta transparencia de todas

las modificaciones que sufra un proyecto sobre la materia, dado el carácter general de la potestad

tributaria y del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas públicas. Es así como cualquier

modificación sustancial de un proyecto de ley de tal naturaleza debe estar sometida a una intensa y

escrupulosa publicidad” (…) “La publicidad en materia tributaria tiene mayor importancia por la

generalidad e igualdad que debe existir en materia de imposición de las cargas impositivas (…)” (Lo

destacado no corresponde al original)

En dicho pronunciamiento se reitera, precisamente, la línea jurisprudencial de este tribunal constitucional sobre

el necesario respeto del principio de publicidad que debe darse a los proyectos de ley, así como, también, se

concretan los elementos que la sala debe verificar al analizar los reclamos de este tipo, en particular, se afirma la

necesidad de elevar el nivel de exigencia de la publicidad en los casos de materia tributaria, en razón del

“…carácter general de la potestad tributaria y del principio de igualdad en el sostenimiento de las cargas

públicas” y se confirma la idea señalando que “la publicidad en materia tributaria tiene mayor importancia por la

generalidad e igualdad que debe existir en materia de imposición de las cargas impositivas…” y que

“…cualquier modificación sustancial de un proyecto de ley de tal naturaleza -tributaria- debe estar sometida a

una intensa y escrupulosa publicidad”. se acentúa así el hecho que la publicidad responde al primordial objetivo

de asegurar el correcto ejercicio de la potestad tributaria, esto, en particular relación con la generalidad y la

igualdad que debe existir en la imposición de las cargas impositivas, cabe agregar que en el citado antecedente,

la sala declaró una infracción al principio de publicidad recién descrito porque: “la sumatoria -de la gran

cantidad de mociones de fondo presentadas- (…) produce un cambio sustancial del tal entidad y magnitud que,

por tratarse de la materia tributaria, exige una publicidad acentuada y calificada” la cual no se dio. a la luz de

tales principios, se estructura la obligación de verificar, en el caso concreto, si se produjeron cambios y

modificaciones al texto que sean de una “entidad” o una “magnitud” “sustancial”, que su falta de publicidad,

haya afectado la regularidad del procedimiento legislativo.

VI.—Agravios señalados por el accionante. El accionante reclama la existencia de vicios en el procedimiento

legislativo para la formación de ley Nº 9024 y afirma, en concreto, la infracción de los principios de conexidad y

publicidad con motivo de la modificación realizada por los diputados a algunas de las normas del proyecto

originalmente publicado, señala que tal proyecto de ley fue presentado en el año 2006 y que, a lo largo de su

tramitación, sufrió una gran cantidad de modificaciones que se plasmaron en dos textos sustitutivos, el primero

de los cuales se mandó a publicar pero no así el segundo, sobre el cual se funda el texto final. acusa que este

último resultó diferente de lo que se había discutido y publicado, originalmente, por lo que, en su criterio, se

configura una lesión al principio de publicidad, el accionante plantea una serie de agravios atribuidos a varios

numerales de la ley Nº 9024. no obstante, tal y como se delimitó en el objeto de esta acción de

inconstitucionalidad, este tribunal se limitará a pronunciarse respecto a los vicios relacionados con los artículos

1, 3 y 5 de la ley Nº 9024 que fueron los, formalmente, admitidos. conviene aclarar que la mayoría de este

tribunal descarta la infracción al principio de conexidad por la elemental razón de que lo propuesto vía texto

sustitutivo y mociones sí guarda la conexidad con lo originalmente proyectado, el actor enumeró los vicios de la

siguiente manera:

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Que “el artículo 1 fue modificado en la ley al incluirse a las sucursales de una sociedad extranjera o su

representante lo que está presente a lo largo del articulado”

Que “el artículo 3 de la ley modificó sustancialmente la tarifa del impuesto al realizar una diferenciación

entre sociedades activas e inactivas tributariamente”

Que “el artículo 5 también fue objeto de una seria reforma al introducirse la prohibición del Registro

Nacional de emitir certificaciones de personería y de cancelar presentaciones al diario del registro en caso

de morosidad con el impuesto”.

VII.—Análisis concreto de la infracción al principio de publicidad en el procedimiento legislativo.como se

señaló, el accionante reclama una lesión al principio de publicidad en la tramitación del proyecto, pues se dice

que el texto final es producto de la discusión sobre un segundo texto sustitutivo que nunca se publicitó, en

criterio de la mayoría de este tribunal, conforme a una cuidadosa comparación entre el primer texto sustitutivo

aprobado el 10 de agosto del 2010, el segundo texto sustitutivo aprobado el 30 de noviembre del 2010 -que no

fue publicado- y el texto final aprobado, sí se introdujeron modificaciones esenciales que, de seguido, se

proceden a analizar:

El artículo 1º, que definió el sujeto pasivo del impuesto, fue aprobado en un primer texto sustitutivo y

publicitado de la siguiente manera:

“Artículo 1º—Creación.

Establécese un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles y empresas individuales de

responsabilidad limitada que se encuentren inscritas, o que en adelante se inscriban en el Registro

Nacional”.

No obstante, en el segundo texto sustitutivo aprobado se amplió el sujeto pasivo del impuesto, al contemplar,

adicionalmente, a “toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante”. tal extensión del sujeto pasivo

nunca fue publicada, por lo que, en criterio de la mayoría de este tribunal, dicha situación, sin duda alguna,

lesionó el principio de publicidad del procedimiento legislativo, pues se trataba de un cambio sustancial respecto

a los sujetos obligados al pago de un tributo y, por lo tanto, dicha modificación debía ser puesta en conocimiento

de los interesados, omitiéndose, por lo tanto, cumplir con la transparencia constitucionalmente impuesta para

este tipo de proyectos de ley.

Respecto al artículo 3 se verificó que en el primer texto sustitutivo, aprobado el 10 de agosto del 2010 y

publicado en el diario oficial en el mismo mes, se contempló la tarifa del impuesto de la siguiente manera:

“Artículo 3º—Tarifa del impuesto.

Anualmente se pagará un importe de trescientos dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos

de américa (US $300) o su equivalente en colones, a título de este impuesto”.

No obstante, el texto final, modificado mediante el trámite de mociones vía artículo 137 del reglamento de la

Asamblea Legislativa, quedó aprobado de la siguiente manera:

Artículo 3º—Tarifa

Anualmente se pagará una tarifa como se indica:

Sociedades mercantiles, sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales

de responsabilidad limitada, que se encuentren activas ante la autoridad tributaria, pagarán un

importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual, según el artículo 2

de la ley n. º 7337, de 5 de mayo de 1993.

Sociedades mercantiles, sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales

de responsabilidad limitada que no realicen actividades comerciales y se encuentren inactivas ante

la autoridad tributaria, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un

salario base mensual, según el artículo 2 de la ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993.

Como se deduce de la comparación en cuestión es posible acreditar que se varió la tarifa del tributo o impuesto,

puesto que, originalmente, se propuso que fuera de 300 dólares o su equivalente en colones, siendo que, en el

texto posterior no publicado, se propuso otra fórmula completamente diferente, distinguiendo entre sociedades

activas e inactivas, introduciendo, además, una fórmula ajustable, respectivamente, de un 50% o un 25% de un

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salario base mensual, en criterio de la mayoría de este tribunal dicha modificación fue sustancial y la omisión de

realizar una nueva publicación del proyecto de ley, a fin de garantizar la publicidad del texto, así como, procurar

la participación ciudadana e institucional, violentó un aspecto esencial en el procedimiento parlamentario.

Respecto del artículo 5, relativo a las sanciones previstas para los contribuyentes morosos en el pago del

impuesto, se acreditó que el texto original, debidamente publicado, disponía lo siguiente:

“Artículo 5º—Sanciones. En materia de sanciones, serán aplicables a este impuesto las disposiciones

contenidas en el titulo tercero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ley Nº 4755 del 3

de mayo del 1971 y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.

El Registro Nacional no podrá inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este

impuesto que no se encuentren al día en su pago, para estos efectos, los funcionarios encargados de la

inscripción de documentos estarán en la obligación de consultar la base de datos que levantará la

autoridad tributaria. igualmente, los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos, no

podrán contratar con el estado o cualquier institución pública y la caja costarricense del seguro social o

los bancos del sistema bancario nacional se encontrarán imposibilitados para tramitar cualquier

solicitud o gestión que aquellos le presenten.”

Mientras que, el texto final, modificado tanto en el texto sustitutivo de 30 de noviembre del 2010 -no

publicitado- y vía mociones, se aprobó de la siguiente manera:

“Artículo 5º—Sanciones y multas

En caso de incumplimiento con las obligaciones establecidas en esta ley serán aplicables las

disposiciones contenidas en el título III de la ley Nº 4755, Código de Normas y Procedimientos

Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su

artículo 88.

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni inscribir ningún

documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. Para

estos efectos, los funcionarios encargados de la inscripción de documentos estarán en la obligación de

consultar la base de datos que levantará al efecto el Registro Nacional, debiendo cancelarle la

presentación a los documentos de los morosos, igualmente, los contribuyentes de este impuesto que se

encuentren morosos no podrán contratar con el estado o cualquier institución pública autónoma y

semiautónoma.

El Registro Nacional creará una base de datos consultable por medios electrónicos para que el público

pueda verificar si los contribuyentes se encuentran al día.

Serán aplicables a las sociedades mercantiles y empresas individuales de responsabilidad limitada, en

su condición de contribuyentes de este tributo, las disposiciones del artículo 122 de la ley Nº 4755,

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. (Lo destacado

es propio).

Del análisis anterior y, particularmente de lo resaltado, se desprende que el texto sustitutivo no publicado

introdujo dos sanciones que inmovilizan cualquier sociedad, tales como la no emisión de certificaciones de

personería jurídica y la cancelación de inscripción de documentos a los morosos, en tal sentido se aprecia,

igualmente, que en el texto sustitutivo se aprobaron cuestiones esenciales del impuesto, relativas a las sanciones,

que no estaban previstas en el proyecto de ley original y que, por lo tanto, ameritaban garantizar el principio

constitucional de publicidad. como corolario del examen realizado, se concluye que los artículos 1, 3 y 5 de la

ley Nº 9124, impuesto a las personas jurídicas, son inconstitucionales a la luz de lo dispuesto en el artículo 73,

inciso c), de la ley de la jurisdicción constitucional, lo anterior, por cuanto, en la formación de la ley en cuestión

se violentaron requisitos o trámites sustanciales relativos a la publicidad del proyecto, principio que, como se ha

venido reiterando, es básico en un estado constitucional de derecho, más aún, cuando de materia tributaria se

trata, en efecto, la omisión de realizar una nueva publicación del proyecto de ley, a fin de garantizar la

publicidad del texto, así como, procurar la más amplia participación ciudadana e institucional, violentó un

aspecto esencial en el procedimiento parlamentario, cuya omisión acarrea un vicio de inconstitucionalidad sobre

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el procedimiento legislativo, por ende, por mayoría, se dispone acoger parcialmente la acción planteada y, en

consecuencia, se anulan los artículos mencionados, con las derivaciones que se señalan en parte dispositiva de

esta sentencia.

VIII.—Sobre los demás agravios. El accionante apuntó otra serie de agravios relacionados con los artículos 1 y

3 de la ley Nº 9024, tales como, infracción al principio de seguridad jurídica por una presunta confusión entre

una tasa y un impuesto, violación al principio de capacidad contributiva económica e igualdad tributaria y,

finalmente, violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad respecto a los montos de los tributos,

sin embargo, dado que, por mayoría se declara la inconstitucionalidad de los referidos numerales, al acreditarse

un vicio esencial en el procedimiento legislativo, se omite profundizar en los aspectos indicados -salvo las

razones adicionales que indican los magistrados Armijo, Jinesta y Salazar-.

IX.—Conclusión. Por unanimidad la acción planteada debe rechazarse de plano respecto a los reclamos

dirigidos contra los artículos 2, 3 en parte, 4, párrafo in fine, 6, 7 y 8 de la ley Nº 9024 denominada “impuesto a

las personas jurídicas” y sobre el reclamo por violación del artículo 190 de la Constitución Política, porque

ninguna de tales normas tiene aplicación dentro del asunto base que ha ofrecido el accionante, en cuanto al

fondo, la mayoría declara parcialmente con lugar la acción planteada y, en consecuencia, se anulan los artículos

1, 3 y 5 de la ley Nº 9024, impuesto a las personas jurídicas, por la infracción al principio de publicidad -básico

en un estado constitucional de derecho- cometida por la Asamblea Legislativa durante la tramitación del

proyecto de ley, ya que, se publicó un proyecto y luego, a través de uno sustitutivo que nunca fue publicado, se

variaron cuestiones esenciales del impuesto, relativas a los sujetos pasivos (obligados), tarifa y sanciones no

previstas originalmente, los Magistrados Cruz Castro, Castillo Víquez y Hernández López, salvan el voto y

declaran sin lugar la acción en cuanto a los citados artículos, los Magistrados Armijo, Jinesta y Salazar dan

razones adicionales.

X.—Dimensionamiento en el tiempo de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad.Ciertamente a

tenor del artículo 91, párrafo 1º, de la ley de la jurisdicción constitucional, toda declaratoria de

inconstitucionalidad, por principio, tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma

impugnada, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe (eficacia ex tunc). empero, el párrafo 2º

del mismo numeral 91 de la ley del rito constitucional habilita a este tribunal constitucional para graduar o

dimensionar en el espacio, tiempo o la materia sus efectos retroactivos, dictándose las medidas necesarias para

evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social, en materia tributaria, resulta de primordial

relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta, que

su efecto retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos

percibidos por la hacienda pública y, en la mayoría de los casos, presupuestados y ejecutados en presupuestos

públicos sucesivos, por lo anterior, se impone dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de

inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se

iniciará a partir del período fiscal 2016; de modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto

correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse

sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional.

XI.—Razones adicionales de los Magistrados Armijo Sancho, Jinesta Lobo y Salazar Alvarado. Los

Magistrados Armijo, Jinesta y Salazar dan razones adicionales, con redacción del segundo, que son las mismas

consignadas con ocasión de la consulta legislativa, evacuada mediante el voto Nº 12.611-2011 de las 14:30 horas

de 21 de setiembre del 2011, en el sentido que el proyecto legislativo Nº 16.306 “ley de impuesto a las personas

jurídicas” es inconstitucional, por cuanto, el impuesto cuestionado violenta la capacidad contributiva, ya que, se

impone una única tarifa para todas las sociedades, sin tomar en cuenta sus utilidades o ganancias y, en general,

asimetrías:

Principio de la capacidad contributiva o económica. Dentro de los principios de orden material de la denominada justicia tributaria, figura el de la capacidad

contributiva o económica de los contribuyentes, se trata de un principio general del derecho tributario

constitucional de carácter normativo y que como tal debe orientar la actuación de los operadores jurídicos

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y, en particular, del legislador ordinario al ejercer su potestad tributaria (artículo 121, inciso 13 de la

Constitución Política). ciertamente, este principio general no se encuentra expresamente establecido en la

Constitución Política, sin embargo, se encuentra razonablemente implícito en la carta magna, pudiendo ser

inducido a partir de una serie de preceptos, valores y de otros principios, también, de jerarquía

constitucional, en efecto, a partir de los numerales 18 y 33, que establecen el principio de la igualdad en el

sostenimiento de las cargas públicas, 42, al consagrar la interdicción de los tributos confiscatorios, 45, al

contemplar el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, 74, al establecer los principios de la

justicia social y de la solidaridad, así como de principios, expresamente, desarrollados por este tribunal

como el de interdicción de la arbitrariedad (voto Nº 11155-2007 de las 14:49 horas de 1º de agosto de

2007), resulta posible extraer el principio constitucional material de la capacidad contributiva, no debe

perderse de perspectiva que unos de los valores constitucionales sobre los que se asienta la constitución y,

que por consiguiente, son un límite franco de los poderes constituidos, lo son la justicia y la equidad, los

que deben ser respetados, también, por el legislador ordinario al momento de crear los tributos, conforme

al principio de la capacidad contributiva, los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, deben

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo a su efectiva y real capacidad económica, la

que, por razones obvias, no siempre resulta igual. la capacidad contributiva es la aptitud singular que tiene

cada contribuyente de concurrir de manera efectiva en el sostenimiento de los gastos públicos, el principio

constitucional de la capacidad contributiva, limita la libertad de conformación o configuración legislativa

o, lo que es lo mismo, se erige en un valladar sustancial de la discrecionalidad legislativa cuando ejerce la

potestad tributaria y al definir o identificar los diversos elementos subjetivos y objetivos de un tributo

determinado (v. gr. sujeto pasivo, hecho imponible, base de cálculo y alícuota o tarifa), todo en aras de

evitar una distribución injusta de las cargas fiscales, por consiguiente, aquel impuesto que soslaya el

principio de la capacidad contributiva o económica de los contribuyentes deviene, necesariamente, en

inconstitucional por contrariarlo. este tribunal constitucional, en sentencias precedentes, ha reconocido la

relevancia del principio de la capacidad contributiva en el ejercicio de la potestad tributaria, así en el voto

Nº 5652-97 de las 16:03 horas de 16 de setiembre de 1997, se estimó lo siguiente:

“como se dijo, la llamada a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, debe, por ello, hacerse

efectiva de conformidad a la “capacidad contributiva o económica”, mediante un sistema tributario

justo, que, para resultar tal, debe estar informado por el principio de igualdad, la capacidad

económica, es la magnitud sobre la que se determina la cuantía de los pagos públicos, magnitud que

toma en cuenta los niveles mínimos de renta que los sujetos han de disponer para su subsistencia y la

cuantía de las rentas sometidas a imposición. con arreglo a dicho principio -el de la capacidad

económica-, el tributo debe ser adecuado a la capacidad del sujeto obligado al pago, y esto determina

la justicia del tributo, de allí que los titulares de una capacidad económica mayor contribuyan en

mayor cuantía que los que están situados a un nivel inferior (…)”.

Ulteriormente, en el voto Nº 2657-2001 de 4 de abril de 2001, consideró lo siguiente

“(…) lo fundamentalmente legítimo es que las personas paguen impuestos en proporción a sus

posibilidades económicas, en otras palabras, uno de los cánones del régimen constitucional tributario

es justamente, que cada uno contribuya para los gastos públicos de acuerdo con su capacidad

contributiva o económica”

Impuesto a las personas jurídicas y principio de la capacidad contributiva. como se ha indicado en el

considerando anterior, el legislador ordinario, al ejercer su potestad tributaria, que no es libérrima o

irrestricta, siendo que, por el contrario, tiene límites constitucionales de carácter sustancial como el

principio de la capacidad contributiva, debe tomar en consideración la aptitud o capacidad económica

efectiva y real de cada persona - física o jurídica-- o sus posibilidades patrimoniales y económicas

específicas para contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos, de lo contrario, se podría gravar

una riqueza inexistente o que el legislador presume existente, sin oportunidad o posibilidad alguna para los

eventuales sujetos pasivos de acreditar lo contrario. cuando el legislador establece una capacidad

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contributiva general y abstracta referida a “sujetos-tipo” -las “personas jurídicas”- se quebranta, de manera

evidente y manifiesta, el principio constitucional de la capacidad contributiva. debe tomarse en

consideración que ningún interés o razón superior de orden fiscal, puede quebrantar la capacidad

contributiva específica de los sujetos pasivos para concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas, por

más loable o apremiante que sea el fin del tributo o impuesto que se propone crear el legislador -en el caso

concreto, la recaudación para financiar los programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia-

, lo anterior equivale a señalar que las urgencias presupuestarias de los poderes públicos no pueden

lesionar el principio constitucional de la capacidad contributiva que tiene asidero en el sistema tributario

justo y equitativo concebido, también, por el constituyente de manera razonablemente implícita, el artículo

1º de la ley dispone lo siguiente:

“Establécese un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, así como a toda sucursal extranjera

o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o

que en adelante se inscriban en el Registro Nacional”

Por su parte, el artículo 2º, al identificar el hecho imponible, preceptúa lo siguiente:

“El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o

su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas en el

Registro Nacional ocurre el 1º de enero de cada año.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su

representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se inscriban en el futuro será su

presentación al Registro Nacional.

(…)”

El impuesto no identifica o grava una manifestación de riqueza específica, puesto que, no depende de los

ingresos o renta (utilidades o ganancias), egresos o patrimonio de las personas jurídicas, sino, únicamente, de la

circunstancia de encontrarse inscritas en el Registro Nacional o que en el futuro lo estén, sean estas activas o

inactivas, hecho que, per se, no es revelador de una riqueza determinada y disponible efectivamente que sea

susceptible de tributación. al no gravarse una manifestación de riqueza e imponerse un impuesto único, variando

únicamente, la tarifa o alícuota según se trate de personas jurídicas activas o inactivas se quebranta,

flagrantemente, el principio de la capacidad contributiva, por cuanto, se presume la existencia de una riqueza

que no ha sido objetivamente verificada y que no necesariamente puede existir de manera real y efectiva; la sola

circunstancia de conformar una persona jurídica y de inscribirla en el Registro Nacional, no pone de manifiesto

una riqueza susceptible de ser gravada, por cuanto, puede suceder que no cuenten con ningún ingreso o ganancia

y que los gastos de constitución, inscripción y funcionamiento superen cualquier utilidad, de acuerdo con el

principio constitucional de la capacidad contributiva, es responsabilidad del legislador ordinario identificar la

fuente de riqueza susceptible de ser gravada y de adaptarla a la capacidad de tributación de cada persona -

subjetiva u objetiva- la circunstancia de estar sometidas las personas jurídicas al principio de la capacidad

contributiva objetiva y no subjetiva -que opera para las personas física-, no releva al legislador ordinario de

verificar cuál es la riqueza disponible, neta y susceptible de tributación de tales personas morales, el vicio de

inconstitucionalidad indicado no queda subsanado siquiera con la consideración de que la tarifa del impuesto

resulta muy baja, conclusión que, para ser cierta, debe tomar en cuenta la capacidad contributiva objetiva y neta

de cada eventual sujeto pasivo, de otra parte, no se puede comparar, razonablemente, la aplicación del principio

de la capacidad contributiva en los impuestos indirectos (v. gr. de ventas o selectivo de consumo), a uno que

tiene una naturaleza, claramente, directa, donde la exigencia de respetar y actuar el principio de la capacidad

contributiva resulta, particularmente, acentuada y acusada. nótese, adicionalmente, que el gravamen tributario no

distingue entre personas jurídicas con utilidades o ingresos grandes, medios, escasos o inexistentes, lo que, al

propio tiempo, contraría el principio constitucional de la igualdad tributaria.

Por tanto, Por unanimidad, se rechaza de plano la acción planteada en cuanto se dirige contra los artículos 2, 3 en parte, 4,

in fine, 6, 7 y 8 de la citada ley 9024, así como por la infracción del artículo 190 de la Constitución Política, por

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mayoría, se declara parcialmente con lugar la acción planteada y en consecuencia se anulan los artículos 1, 3 y 5

de la ley de impuesto a las personas jurídicas número 9024 del 23 de diciembre del 2011. Esta sentencia tiene

efectos declarativos, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, sin embargo, de conformidad con lo

dispuesto por el artículo 91 de la ley de la jurisdicción constitucional, se dimensionan los efectos de este

pronunciamiento para que inicien a partir del período fiscal correspondiente al año 2016. Comuníquese este

pronunciamiento a los poderes legislativo y ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el diario oficial La

Gaceta, y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese, los Magistrados Cruz Castro, Castillo

Víquez y Hernández López, salvan el voto y declaran sin lugar la acción en cuanto a los citados artículos 1, 3 y 5

de la ley de impuesto a las personas jurídicas número 9024, de 23 de diciembre del 2011, los Magistrados

Armijo, Jinesta y Salazar dan razones adicionales. / Gilbert Armijo S., Presidente. / Ernesto Jinesta L./ Fernando

Cruz C. / Fernando Castillo V. / Paul Rueda L. / Nancy Hernández L. / Luis Fdo. Salazar A.

Voto salvado de los Magistrados Cruz Castro, Castillo Víquez y Hernández López Los suscritos disentimos de la mayoría específicamente en lo que corresponde al examen de la

constitucionalidad de los artículos 1, 3 y 5 de la ley de impuesto a las personas jurídicas número 9024 del 23 de

diciembre del 2011, y declaramos sin lugar esta acción de inconstitucionalidad, por entender que lo actuado en

este caso no excede el ámbito de flexibilidad que cabe reconocerle al procedimiento legislativo y porque

tampoco se dan las infracciones a los derechos fundamentales que se plantearon, las razones que fundamentan

nuestra posición son las siguientes.

I.—Reclamo por infracción a los principios de conexidad y publicidad que regulan el procedimiento

legislativo.-el accionante reclama la existencia de vicios en el procedimiento legislativo para la formación de ley

9024 y afirma en concreto la infracción de los principios de conexidad y publicidad con motivo de la

modificación realizada por los diputados a algunas de las normas del proyecto originalmente publicado, señala

que tal proyecto de ley original fue presentado en el año dos mil seis y que a lo largo de su tramitación sufrió

una gran cantidad de modificaciones que lesionan el principio de conexidad. también reclama que las

modificaciones se plasmaron en dos textos sustitutivos, el primero de los cuales se mandó a publicar pero no así

el segundo, sobre el cual se funda el texto final, de manera que éste último resultó diferente de lo que se había

discutido y publicado originalmente por lo que se configura una lesión al principio de publicidad, -al respecto, el

accionante plantea los siguientes reclamos concretos que se transcriben aquí ordenados según aparición en la

versión final del articulado de la ley:

a) “el artículo 1 fue modificado en la ley al incluirse a las sucursales de una sociedad extranjera o su

representante lo que está presente a lo largo del articulado”

b) “el artículo 3 de la ley modificó sustancialmente la tarifa del impuesto al realizar una diferenciación entre

sociedades activas e inactivas tributariamente”

c) “el artículo 5 también fue objeto de una seria reforma al introducirse la prohibición del Registro Nacional

de emitir certificaciones de personería y de cancelar presentaciones al diario del registro en caso de

morosidad con el impuesto”

d) “el artículo 6 de la ley.(que)…creó una disposición no visible en las iniciativas anteriores incorporando

una sanción de naturaleza registral al ordenar la disolución de la sociedad en caso de mora por tres

períodos consecutivos, así como al crear la figura de la hipoteca y prenda legales preferentes”

e) “la iniciativa no tenía previsión alguna sobre exenciones pero la ley introdujo la misma en su artículo 8”;

f) “en cuanto al destino de los recursos recaudados el proyecto señala (artículo 8) que hasta un 5% se

destinará a los gastos de administración, recaudación, fiscalización y gestión y el resto al presupuesto del

ministerio de seguridad pública, pero la ley, en su numeral 11 define un 5% del destino del importe

recaudado para el ministerio de justicia y para apoyar el financiamiento de la dirección general de

adaptación social, manteniéndose el 95% para el ministerio de seguridad”

g) “en el texto propuesto publicado se definía que la administración fiscalización y cobro del tributo le

correspondería a la dirección general de tributación (artículo 7) pero en la ley esos fue sustancialmente

variado al otorgarle esa competencia al ministerio de justicia y paz (artículo 9)”

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h) “la ley recoge en su artículo 10 el principio de caja única siendo que todos los dineros recaudados se

deberán trasladar a la Tesorería Nacional, eso no estaba en el texto publicado”

i) (..) los legisladores introdujeron un artículo de infracción y sanciones (para servidores públicos) (artículo

12), la necesidad de que el ministerio de seguridad rinda un informe a la comisión permanente especial

para el control del ingreso y del gasto público de la Asamblea Legislativa sobre la utilización de los

recursos; también se modificó el artículo 129 del código notarial (artículo 14)

j) “la ley contiene cuatro transitorios que no estaban en el proyecto publicado: el transitorio segundo

(disolución dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la ley sin pago del tributo; tercero (listado

de sociedades mercantiles para que el interesado verifique en cuál es representante legal), el transitorio IV

sobre la previsión de renuncia de directores y un transitorio V que posibilita el traslado de bienes inscritos

de sociedades inactivas sin el pago de impuesto de traspaso, timbre y derechos registrales dentro de los

seis meses luego de la vigencia de la ley.”

De esas actuaciones se señala primeramente que afectan el principio de conexidad, sobre el cual este tribunal ha

tenido oportunidad de expresarse para señalar que impone un deber al parlamento de respetar los objetivos y

alcances del proyecto de ley original, según puedan desprenderse tanto de la exposición de motivos como del

propio contenido del proyecto, todo ello con el fin de asegurar la efectiva vigencia de las reglas de iniciativa

parlamentaria de rango constitucional que rigen en nuestro país.-consecuentemente, cualquier reclamo

relacionado el principio de conexidad exige la comprobación de que el texto final del proyecto (o de la ley como

en este caso) ha evadido -en todo o en parte-la voluntad del constituyente respecto de la iniciativa parlamentaria.

tal infracción no depende entonces de la magnitud cuantitativa del ejercicio del derecho de enmienda por sí

mismo, como tampoco del simple cambio en la manera específica de regular los temas en el proyecto, sino que

más bien debe atenderse a la existencia de un incuestionable alejamiento de los objetivos, de la temática y del

ámbito jurídico dentro del cual se quiere incidir con la iniciativa de ley, en el caso en estudio se observa que la

ley 9024 se origina como un proyecto de ley de iniciativa del poder ejecutivo y como parte de un grupo de

acciones gubernamentales que buscaban a mejorar las condiciones generales de la hacienda pública, el cual se

componía de nueve proyectos agrupados en tres ejes temáticos bajo el título de “programa de fortalecimiento de

la hacienda pública”. dentro de tal marco que surge el proyecto de “impuesto a las personas jurídicas” en cuya

motivación concreta encontramos siguiente extracto:

“una de las medidas que se ha considerado oportuna dentro de ese conjunto de acciones legales que está

proponiendo el poder ejecutivo tendientes a coadyuvar en la mejora y depuramiento de la estructura

tributaria para conseguir un esquema justo y solidario es la creación de un impuesto anual (…) sobre las

personas jurídicas inscritas o que se inscriban en el Registro Público…este impuesto además de proveer

recursos frescos para solventar la situación de las finanzas públicas permite controlar la creación

indiscriminada de sociedades, muchas veces con fines puramente evasores o elusivos.” documento

firmado digitalm (evntee pror: copia certificada del expediente legislativo, páginas 1 al 16).

Seguidamente, en la misma exposición de motivos se describe cuáles serían las líneas generales del impuesto y

en particular se señala que el impuesto es de carácter anual, se devenga a inicio del período y debe pagarse en

enero en los formularios que defina la administración tributaria.-se menciona la regla de que el hecho generador

se origina para sociedades en proceso de su constitución y el notario actuará de agente receptor.-en materia de

sanciones se señala que se aplicará el régimen establecido en el título ill de la ley Nº 4755, Código de Normas y

Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas y se señala expresamente que se incluye la

regla de que el registro no inscribirá documentos a quienes no hayan cancelado el impuesto. de aquella forma

fue planteado en su momento el objetivo de este proyecto de ley y al confrontarlo ahora con la versión final de

los textos que el recurrente denuncia como faltos de conexidad, se comprueba que no existe cambio alguno que

resulte ajeno a la temática que el ejecutivo sometió a la Asamblea Legislativa o que pueda señalarse como

extraño o inconexo frente a esas líneas principales establecidas y menos aún puede afirmarse que busque un fin

diferente del planteado por el órgano proponente, en concreto, las modificaciones que se dieron ya sea en los

elementos del impuesto (puntos: a), b) y e); en las consecuencias registrales respecto de la morosidad (puntos: c)

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y d); en la administración del tributo y disposiciones relacionadas con la recaudación (puntos: f), g), h), e) y el i);

así como en los temas de derecho transitorio (punto j) todas ellas forman parte de la finalidad y objetivos que

buscaba el proyecto a saber, el establecimiento de un impuesto a las personas jurídicas y las condiciones

necesarias y útiles para lograr su puesta en funcionamiento efectivo y una apropiada recaudación.- Por lo

anterior entonces, la acción debe declararse sin lugar respecto de la supuesta infracción al principio de conexidad

en el procedimiento legislativo.

II.—Se reclama también una lesión al principio de publicidad en la tramitación del proyecto pues se dice que el

texto final es producto de la discusión sobre un segundo texto sustitutivo que no se publicó.-respecto de este

tema, el antecedente directo y de obligada referencia es -efectivamente-el que cita el accionante y plasmado en

la sentencia 2012-004621 de las dieciséis horas del dieciséis de abril de dos mil doce, allí se indicó en lo que

interesa:

“… Ahora bien, en cuanto al resto de mociones, resulta menester señalar que el principio de publicidad

en el trámite legislativo resulta de significativa y especial relevancia tratándose de la materia tributaria,

habida cuenta que debe existir una absoluta transparencia de todas las modificaciones que sufra un

proyecto sobre la materia, dado el carácter general de la potestad tributaria y del principio de igualdad en

el sostenimiento de las cargas públicas. es así como cualquier modificación sustancial de un proyecto de

ley de tal naturaleza debe estar sometida a una intensa y escrupulosa publicidad. (…) en la presente

consulta, es evidente que el abundante número de mociones de fondo aprobadas, en su conjunto,

produjeron un cambio sustancial del proyecto original, empezando por la modificación y reducción de las

tarifas de algunos de los impuestos para ciertos sujetos, bienes y servicios, así como el establecimiento de

exoneraciones o exenciones a distintos sujetos de derecho público y privado y actividades, la introducción

de algunos beneficios fiscales, el establecimiento de regímenes transitorios especiales, etc. tales mociones

de fondo, ciertamente, versan sobre la materia regulada por el proyecto original y debidamente publicado,

pero, su sumatoria, produce una cambio sustancial del tal entidad y magnitud que, por tratarse de la

materia tributaria, exige una publicidad acentuada y calificada, habida cuenta que los ciudadanos tienen

derecho a saber y conocer las razones por las cuales determinados sectores, grupos, sujetos, actividades,

bienes y servicios son exonerados, sometidos a una tarifa reducida o diferenciada o a un régimen de

beneficios fiscales o exenciones o a uno transitorio diferente, de manera diversa al resto de los

contribuyentes, la publicidad en materia tributaria tiene mayor importancia por la generalidad e igualdad

que debe existir en materia de imposición de las cargas impositivas. Nótese que ha sido un hecho público y

notorio, exento de prueba, que la expectativa recaudatoria contenida en el proyecto original, fue,

sustancialmente, reducida con las mociones de fondo aprobadas, según se desprende de la revisión integral de

los doscientos catorce tomos del expediente legislativo y del oficio del presidente de la Asamblea Legislativa

Nº PAL-1612-2012 de 10 de abril del 2012, recibido por este tribunal el 10 de abril pasado, tales mociones de

fondo no fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, específicamente, sobre este punto en el oficio

citado, el presidente de la Asamblea Legislativa manifestó lo siguiente:

“Respecto de la solicitud que se hace en la cédula de notificación del 9 de abril del 2012 de las 16:50

horas respecto del expediente Nº 12-003518-0007-CO, consulta legislativa facultativa interpuesta por

señores Adonay Enríquez Guevara y otros, respondemos lo siguiente tal y como nos lo certifica el Lic.

Marcos William Quesada Bermúdez, en el oficio SD-98-11-12 del 9 de abril del año presente y que

adjuntamos, del proyecto Nº 18.261 ley de solidaridad tributaria, sólo se registra en el trámite la

publicación de su texto base, o texto inicial del mismo en La Gaceta, 187, alcance 70 del 29 de setiembre

del 2011.ningún otro texto actualizado fue publicado ya que, ni la comisión respectiva tomó ningún

acuerdo para solicitárselo al directorio legislativo, ni lo hizo así la presidencia de la comisión

propiamente, por otra parte las mociones de orden en el plenario legislativo tendientes a aprobar su

publicación, fueron sistemáticamente rechazadas por la mayoría de los señores y señoras diputadas, por

todo lo cual no se llevó a cabo dicha publicación”. Consecuentemente, de la lectura del contenido de las

mociones de fondo aprobadas en la comisión especial, este tribunal constitucional estima, por unanimidad,

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que hubo un vicio esencial del procedimiento legislativo de carácter evidente y manifiesto que quebrantó

los principios de publicidad y de igualdad al omitirse su publicación, dado que, en conjunto, provocaron

una modificación sustancial del texto original.”

En el recién citado pronunciamiento se recoge lo que ha sido una línea jurisprudencial de este tribunal

constitucional respecto del necesario respeto del principio de publicidad que debe darse a los proyectos de ley,

así como también se concretan los elementos que la sala debe verificar al analizar los reclamos de este tipo.-en

particular, se afirma la necesidad de elevar el nivel de exigencia de la publicidad en los casos de materia

tributaria, en razón del “…carácter general de la potestad tributaria y del principio de igualdad en el

sostenimiento de las cargas públicas” y se confirma la idea señalando que: “la publicidad en materia tributaria

tiene mayor importancia por la generalidad e igualdad que debe existir en materia de imposición de las cargas

impositivas…” y que “…cualquier modificación sustancial de un proyecto de ley de tal naturaleza (la naturaleza

tributaria) debe estar sometida a una intensa y escrupulosa publicidad”, se acentúa así el hecho que la publicidad

responde al primordial objetivo de asegurar el correcto ejercicio de la potestad tributaria, ello en particular

relación con la generalidad y la igualdad que debe existir en la imposición de las cargas impositivas.-cabe

agregar que en el citado antecedente, la sala declaró una infracción al principio de publicidad recién descrito

porque: “la sumatoria (de la gran cantidad de mociones de fondo presentadas)… produce una cambio sustancial

del tal entidad y magnitud que, por tratarse de la materia tributaria, exige una publicidad acentuada y calificada”

la cual no se dio. bajo estas claras guías se estructura la obligación de este tribunal para verificar ahora en este

caso si -tal y como se prescribe en la sentencia citada-se ha omitido la publicación de cambios y modificaciones

al texto que sean una “entidad” o una “magnitud” “sustancial”, sea en cuanto al contenido o por la cantidad de

cambios hechos.-en dicho sentido, al realizar la comparación y análisis entre los textos del proyecto que fueron

oportunamente publicados en las gacetas del nueve de agosto de dos mil seis (publicación del proyecto

originalmente presentado y dos de setiembre del año dos mil diez (publicación de texto sustitutivo) por una parte

y el texto finalmente aprobado por otra y se observa que los cambios reclamados se reducen a diez y se

concretaron de la siguiente forma:

-el artículo 1 fue modificado para incluir dentro los sujetos pasivos del impuesto a las sucursales de las

sociedades extranjeras o sus representantes, sin embargo observa la sala que el texto original del proyecto

originalmente publicado ya contenía la creación de un impuesto “a todas las personas jurídicas que se

encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro Público” (ver certificación del expediente

legislativo, página quince) lo cual hace entender a la sala que no existió una alteración esencial a la igualdad y

generalidad tributarias, así como tampoco ausencia de transparencia o claridad frente a grupos concretos de

ciudadanos, puesto que el proyecto se planteó siempre como una norma amplia destinada a gravar la existencia

de personas jurídicas para luego ir demarcando con mayor precisión las distintas denominaciones y

configuraciones jurídicas por parte de los diputados.

-en lo que toca a los artículos 3 y 8, cabe señalar que el primero fue variado en relación con la tarifa del

impuesto y tal modificación consistió en dejar de lado la opción de un monto fijo y único de trescientos dólares

estadounidenses (equivalente aproximadamente a ciento cincuenta mil colones) para todos los sujetos del

impuesto, y adoptar un tarifa ligada proporcionalmente al salario base, en los términos establecidos en la ley

número 7331 cuyo monto fue estimado por la sala para el año 2011 en aproximadamente 158.000 mil colones

(ver sentencia número 2011-12611 citada en el considerando IV de esta resolución); además, se acordó una

disminución de esa tarifa a la mitad para gravar las llamadas sociedades inactivas, es decir que no realicen

actividades comerciales, por su parte, en el artículo 8 se reguló una exención del impuesto para las micro y

pequeñas empresas que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, lo anterior en

concordancia con las ideas expuestas en la exposición de motivos publicada y en la que se dejó claramente

establecida la intención tanto de allegar fondos al erario público como atacar el problema de la creación de

sociedades con fines evasivos las diferentes figuras de la sociedades mercantiles, de modo que una decisión

como la que se analiza de eximir a las micro y pequeña empresas que produzcan efectivamente no puede

considerarse intempestiva, extraña y menos aún alejada del alcance del proyecto original que fue publicado, en

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resumen, los anteriores cambios no constituyen -desde nuestra perspectiva una modificación sustancial del

proyecto ni en esencia ni en magnitud, pues, se inscriben dentro de un aceptable margen de modificación que

quedó asumido junto la publicación del proyecto original y la del texto sustitutivo, en tanto que no resulta

plausible asumir que todas y cada uno de las modificaciones que se valoren respecto del quantum de la tarifa de

un tributo al seno de la Asamblea Legislativa deba publicarse, pues ello sería condenar al sistema a la

paralización y a negar la esencia misma de la dinámica parlamentaria.

-respecto de los artículos 5 y 6, cabe señalar que las diferencias con los textos originalmente publicados no se

relacionan con temas de generalidad e igualdad en los tributos sino más bien con la regulación de consecuencias

jurídicas de la morosidad. -en concreto, luego de la publicación se incluyó el impedimento para el registro de

emitir certificaciones de personería de las sociedades morosas, mientras que la orden de no inscripción de

documentos quedó igual pero se le agregó el deber del Registro Nacional de cancelar la presentación de dichos

documentos de las sociedades morosas; adicionalmente, para la morosidad por tres años consecutivos se dispuso

como consecuencia jurídica la disolución de la sociedad morosa.-para esta sala los anteriores aspectos, aparte de

no abordar cuestiones relacionadas directamente con los elementos del tributo y de no tocar directamente temas

de justicia tributaria, tampoco presentan -en su contenido-una novedad sustancial ni involucran disposiciones

sorpresivas y alejadas de los objetivos y finalidades del proyecto tal cual fueron expresados en la publicación del

proyecto, de manera que tampoco cabe decir aquí que se haya lesionado el principio de publicidad tal y como

recién se definió.

-en cuanto a los artículos 7, 10, 11 y 12 y 14 en todos ellos se regulan aspectos relacionados solamente con la

administración del tributo que se crea, a saber: se varió la autoridad administradora (artículo 7); se estipulan

reglas para el manejo presupuestario de los ingresos que genere el tributo, incluyendo la obligación de que

respetar el principio de caja única (artículo 10); se hace una modificación en el 5 por ciento que se había

asignado al ministerio de justicia, pues en ese mismo porcentaje se incluye la posibilidad de apoyar el trabajo de

la dirección general de adaptación social (artículo 11); se establece un sistema de multas para los funcionarios

competentes que no cumplan con los deberes asignados en la ley (artículo 12); y se otorgan competencias a los

notarios para las disoluciones de sociedades cuando exista unanimidad (artículo 14). respecto de estos temas -tal

y como puede verse-no tocan cuestiones de generalidad e igualdad tributaria u otros que afecten de manera

directa las situaciones jurídicas de los ciudadanos, -al contrario, se trata en general de cambios realizados en el

proyecto y que versan sobre cuestiones no sustanciales desde el punto de vista de las personas sometidas al

tributo y que -adicionalmente-variaron en una magnitud escasa los contenidos publicados en su momento por la

Asamblea Legislativa.

-finalmente, la situación es similar respecto de los transitorios que señala el recurrente que se agregaron al

proyecto luego de su publicación y en los que -en resumen-no se tocan los elementos del tributo ni se dispone en

relación con los principios de justicia tributaria sino que -al ser derecho transitorio-se regulan situaciones en las

que podrían verse afectadas las personas que tienen relación con las sociedades mercantiles, pero sin que tales

disposiciones lleguen a modificar de forma sustancial el diseño del impuesto que se describió en las

publicaciones.

Por todo lo anterior, se estima que no existe infracción al principio de publicidad pues aun cuando se dieron

cambios luego de la publicación del primer texto sustitutivo, lo cierto es que tales modificaciones no afectaron

sustancialmente lo planteado por el proyecto de modo que no existe sorpresa ni opacidad en el ejercicio de la

competencia legislativa por la Asamblea Legislativa.

Es importante señalar que el principio de publicidad de los actos del parlamento, no se satisface únicamente con

la publicación de los cambios al texto de discusión, sino también através de la publicidad permanente y acceso

público que tienen las sesiones de discusión en comisión y en el plenario legislativo, por lo que como se indicó,

no puede alegarse opacidad en el ejercicio de la competencia legislativa.

Por las anteriores consideraciones estimamos que no se da la violación al procedimiento parlamentario en sus

principios de conexidad y publicidad.

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III.—Razones adicionales del Magistrado Castillo Víquez, en relación con la supuesta infracción al

principio de publicidad en el procedimiento legislativo. -Además de las razones que se dan en la acción para

llegar a la conclusión de que no hay vicios de procedimiento en relación con la no publicación del texto

sustitutivo, considero que el reglamento de la Asamblea Legislativa sólo exige la publicación del proyecto de

ley, no de las mociones o textos sustitutivos que se aprueban en las diversas instancias parlamentarias (véanse

los artículos 115 al 117, 121 y 130 del reglamento de la Asamblea Legislativa). más aún, sólo se publican los

dictámenes del proyecto de ley si la comisión dictaminadora así lo acuerda (véanse los artículos 83 y 131 del

reglamento de la Asamblea Legislativa), lo que confirma que, salvo que así lo autorice una norma expresa del

estatuto parlamentario, la aprobación de mociones ni de textos sustitutivos deben de publicarse en el diario

oficial La Gaceta, una razón adicional para seguir dentro de esta línea argumentativa es que, vistas las cosas

desde otro prisma, resulta ociosa la publicación de los textos sustitutivos que se aprueban en el seno de los

órganos parlamentarios, por la elemental razón de que ello sólo tendría sentido cuando se introduzcan conceptos

o regulaciones novedosas en éstos, acción que prohíbe el derecho de la constitución -por violación al principio

de conexidad-, o cuando así lo acuerde el órgano parlamentario con un fin específico o necesario para el trabajo

parlamentario, por otra parte, la sala ha admitido que no siempre, la falta de publicación, en un determinado

momento procesal, constituye un vicio invalidante del procedimiento legislativo, al respecto indicó: “la sala no

estima que esta circunstancia lesione el principio de publicidad, típico del procedimiento legislativo: este

principio, en primer lugar, no se satisface por un acto único, como, por ejemplo, la publicación de la

proposición, sino que se realiza en las diferentes fases del procedimiento, y en la propia publicidad a que están

sometidos los trabajos de los órganos legislativos, además, observa el tribunal que ya admitida la proposición

(en el caso sobre el que versa esta opinión), y rendido el dictamen de la comisión a que se refiere el inciso 3) del

artículo 195, éste se publicó, como se estilaba, por consiguiente, arriba la sala a la conclusión de que la falta de

publicación de la proposición de reforma constitucional de que aquí se trata, no configura un vicio que invalide

el procedimiento”. (Véase el voto Nº 11560-2001).

A mayor abundamiento, hay que tener presente que el principio de publicidad en el procedimiento parlamentario

no se agota en la publicación del proyecto de ley, sino que va mucho más allá, toda vez que la Asamblea

Legislativa, como órgano plural y democrático, en todas sus etapas, se encuentra sometida a él. acorde con lo

anterior, la Constitución Política, en su numeral 117, señala que las sesiones de la Asamblea Legislativa son

públicas, salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerden que sean secretas por

votación no menor de dos tercios de los diputados presentes. esta publicidad del trabajo parlamentario no sólo

está referido al derecho que tienen los habitantes de la república de asistir a las barras de la Asamblea

Legislativa, las cuales sólo pueden ser despejadas por el presidente de la Asamblea Legislativa cuando por sus

signos de aprobación o de improbación -gritos, silbidos, golpes o cualquier otra demostración desordenada-se

interrumpa la labor de la asamblea (véase el artículo 27, inciso 12 del reglamento de la Asamblea Legislativa) -

igual ocurre en el caso de las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, donde sus presidentes

también cuentan con esta atribución (véase el artículo 56, inciso j del reglamento de la Asamblea Legislativa)-,

sino también al derecho que tienen los medios de comunicación colectiva de informar sobre el trabajo

parlamentario por diversos canales -radio, televisión, internet, prensa escrita, etc.-; e, incluso, el interés de los

partidos políticos con representación parlamentaria y los (as) diputados (as) a que sus intervenciones -orales,

escritas o de otra índole-se difundan por todos los medios, con lo que se cumple un doble propósito, por una

parte, con el control ciudadano sobre la actividad que despliega los miembros del parlamento, crucial en todo

sistema democrático, y con la rendición de cuentas, en este caso de forma inmediata, de los diputados a la

ciudadanía, por el otro, así las cosas, el acto de publicación del proyecto de ley es una de tantas manifestaciones

que tiene el principio de publicidad en el procedimiento parlamentario.

Por otra parte, al exigirse la publicación de los textos sustitutivos se atenta contra una de las características

esenciales del derecho parlamentario: su ductibilidad o flexibilidad, lo que incide negativamente en el trabajo

parlamentario y, en algunos casos, puede llegar a abortar los acuerdos políticos que se concertan e, incluso, va en

contra de la finalidad del derecho parlamentario. como es bien sabido, la finalidad de este derecho es permitirle al

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parlamento ejercer sus atribuciones (legislativa, autonormativa, el control político, integrativa, jurisdiccional y

administrativa), en especial: ser el cauce a través del cual la Asamblea Legislativa adopta en forma oportuna,

democrática y soberana y en estricto apego del principio de pluralismo político, las decisiones políticas

fundamentales, las que se traduce en los actos parlamentarios finales, sean éstos un decreto legislativo o un acuerdo

legislativo. no debe perderse de vista que, por la dinámica parlamentaria, los acuerdos políticos en el seno de

parlamento gozan de una constante precariedad hasta tanto no se materialicen, no sólo porque hay un momento

oportuno y específico para su concretización, sino a causa de la permanente tensión en que se encuentran los

actores políticos debido a la gran cantidad de variables políticas que manejan en un mismo momento, lo que

significa que, entre más prolongando sea el tiempo para concretizar el acuerdo político, mayores son las

posibilidades de que se rompa. de ahí la necesidad de su ejecución oportuna y, en algunos casos inmediata, ya que

la realidad política varía constantemente y puede dar al traste con lo pactado, por tal motivo, cuando se le obliga a

la Asamblea Legislativa, so pretexto de observar el principio de publicidad en el procedimiento parlamentario, la

publicación de los textos sustitutivos o mociones en el diario oficial La Gaceta,, lo que implica un atraso

importante en la adopción de la decisión política dado el tiempo que se demora para ello, se atenta contra la

naturaleza misma del órgano parlamentario y su dinámica, contra una de las características y finalidad del derecho

parlamentario, todo lo cual resulta un despropósito en un órgano esencialmente político -hay quienes sostienen que

el funcionamiento de la cámara es un reflejo de la continuación de la contienda electoral en un plano diferente-,

como es la Asamblea Legislativa, por las razones señaladas declaramos sin lugar la acción. - /Nancy Hernández L.,

Magistrada/ Fernando Cruz C., Magistrado / Fernando Castillo V., Magistrado/.

San José, 11 de noviembre del 2015.