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ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS

POR EL CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA

Análisis cuantitativo y cualitativo de muestra representativa (2012-2014)1

Gineth Lorena Rico Ayala2

Universidad Católica de Colombia

Resumen

La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial no ha sido una

discusión pacífica y fácilmente establecida en el país, ha tenido que atravesar

numerosas fronteras teóricas para poder llegar a lo que actualmente se conoce

como procedencia excepcional, a partir de ese avance se analizaron algunos

pronunciamientos de la Corte Constitucional, y se realizó una investigación sobre

la evolución de esta figura, específicamente en la Sección Tercera del Consejo

de Estado, delimitado al periodo 2012 - 2014, para tal fin, se construyó un

estudio cuantitativo y cualitativo, que evidenció los casos en los cuales fue

procedente la protección de derechos fundamentales en sede tutela, y los

defectos en los cuales incurrió la mencionada Sección.

Palabras claves:

Acción de tutela, providencia judicial, derecho constitucional, derechos

fundamentales, procedencia excepcional.

1 Artículo de investigación realizado como requisito de grado para obtener el título de Abogada de la

Universidad Católica de Colombia, dirigido por el Dr. Jhon Fisher Muñoz Camacho.

2 Egresada de la facultad de derecho de la Universidad Católica de Colombia, eximida de exámenes preparatorios por excelente desempeño académico y disciplinario, postulada a grado de honor. Actualmente es Auxiliar Judicial Ad Honorem, en la Presidencia del Consejo de Estado.

2

Sumario

Introducción. 1. Avance jurisprudencial de la acción de tutela contra providencia

judicial. 1.1. Causales de improcedencia y de negación. 1.1.1 Requisitos

generales de procedencia. 1.1.2. Requisitos específicos de procedencia. 2.

Análisis cuantitativo de la acción de tutela contra providencias judiciales

proferidas por el Consejo de Estado Sección Tercera. 3. Estudio de casos en los

cuales ha sido procedente el amparo en sede tutela. Conclusiones. Anexos.

Abstract

The admissibility of a case against a sentencing statement has not been a

peaceful discussion nor it has been easily established in this country. It has had

to cross many theoretical borders in order to achieve what is nowadays known as

admission by exception. From this advance, many pronouncements of sentence

made by the constitutional court have been subject of analysis, and even an

investigation about the evolution of this figure in the Section Three of the Council

of State, in the period between 2012-2014. To accomplish that, a quantitive and

quality study was made, in which was evident that the cases of protection of

fundamental rights proceeded, as well as the exposure of wrong doings of the

mentioned section.

Keywords

Legal action, court order, constitutional law, fundamental rights, exceptional

provenance

Introducción

3

La Carta de 1991, surgió en medio del conflicto interno, la exclusión social

y las respuestas inadecuadas del Estado ante estas realidades (Medina, 2002).

La adopción de derroteros jurídicos que dirigieran el actuar del Estado,

permitieron la implementación de garantías fundamentales, que buscaban

acercar a la nación al cumplimiento de los fines definidos en la nueva

Constitución Política. El constituyente primario y la asamblea constitucional,

reemplazaron el modelo constitucional anacrónico, que propició el estancamiento

en el provincionalismo jurídico, atado a las prácticas de un país clerical y rural

(Quinche, 2007).

El repertorio de garantías y libertades consagradas en la carta de 1991,

(Carvajal, 2002), conllevaron al reconocimiento y protección de los derechos

fundamentales, colectivos, políticos, económicos, sociales y culturales,

evolucionando de una constitución en la cual se desbordaban los límites del

Estado y se dejaban los derechos de los individuos en un segundo plano –

constitución semántica-, a una constitución en la cual se pretendía volver

realidad lo establecido en ella –constitución normativa-, esta nueva concepción,

permitió entender los derechos como verdaderos beneficios exigibles

imperativamente, y no como simples facultades o posibilidades. Fue así como el

constituyente de 1991, amplió el listado de mecanismos de protección (Quinche,

2007), estableciendo las siguientes acciones: de tutela, de cumplimiento,

popular, de grupo, la acción de excepción de inconstitucionalidad, entre otras.

Según Quinche (2010), junto a la acción de inconstitucionalidad, la de tutela

es la acción más importante del sistema colombiano y la de mayor influencia, el

establecimiento de este mecanismo de protección ha permitido por más de veinte

años acudir ante las autoridades judiciales y reclamar la protección efectiva de

los derechos fundamentales.

4

Desde la adopción de la Constitución de 1991, la procedencia de la acción de

tutela contra las actuaciones de los jueces plasmadas en providencias judiciales,

ha sido objeto de diversas discusiones doctrinarias y jurisprudenciales,

(Dejusticia, 2006), (Ortiz, L. J. M. 2009). Constituye esta problemática el punto de

partida de este trabajo, que abordará en primera medida la evolución de esta

figura y las causales o requisitos generales y específicos de procedencia,

dirigiéndose así al objetivo principal, el cual es, permitir un acercamiento a la

realidad jurídica de la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado,

particularmente durante el periodo 2012 a 2014.

Lo anterior, considerando que la Sala Plena del Consejo de Estado ha

unificado la jurisprudencia en el sentido de: i) admitir la procedencia excepcional

de la acción de tutela contra providencia judicial cuando la misma vulnera

derechos fundamentales3 (31 de julio de 2012), y ii) aceptar que la acción de

tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales proferidas por el

Consejo de Estado4 (5 de Agosto de 2014), con sustento en el artículo 86 de la

Constitución Política, que permite que tal mecanismo pueda ser ejercido contra

cualquier autoridad pública.

Por último, se evidencia el resultado del proceso investigativo realizado, el

cual comprende, un análisis cuantitativo del desarrollo que han tenido las

acciones de tutela interpuestas contra las providencias judiciales proferidas por la

Sección Tercera del Consejo de Estado, conociendo así el tipo de decisión,

ampara, niega, improcedente, falta de legitimación en la causa, rechazo,

desistimiento y retiro, quienes han sido los Consejeros Ponentes, la cantidad de

providencias que se han radicado por año, y el estado en el cual se encuentran

los procesos objeto de análisis, en trámite, con registro de proyecto, con fallo y

3 C.E1, 31 Jul.2012, e11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), María Elizabeth García González. 4 C.E4, 05 Ago.2014, e11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

5

terminación del proceso. Del mismo modo, se analizaron los defectos jurídicos en

los cuales ha incurrido la Sección Tercera del Consejo de Estado, que han

llevado al amparo de los derechos fundamentales en sede de tutela. En

consecuencia éste artículo se estructurará de la siguiente forma, el primer

capítulo abordará el avance jurisprudencial de la acción de tutela contra

providencia judicial y las principales causales de improcedencia y negación. El

segundo capítulo estará conformado por el análisis -cuantitativo y cualitativo- de

la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por la Sección

Tercera del Consejo de Estado en el periodo objeto de estudio.

1. AVANCE JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA

PROVIDENCIA JUDICIAL

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial,

no ha sido una discusión pacifica, incluso, conllevó al nacimiento del denominado

“choque de trenes” (Marino, C. B., & Jaramillo, J. F.,2005), siendo esta una de

las formas de evidenciar las dificultades que ha traído la adopción de esta nueva

postura jurisprudencial al interior de cada una de las altas cortes. Quizás la

principal razón de desacuerdo sea la presunta vulneración al principio de

separación funcional de las jurisdicciones, la cual se vería afectada con la visión

integradora constitucional, en virtud de la cual todos los jueces, deben aplicar

la Constitución, especialmente en materia de protección de los derechos

fundamentales, permitiendo éste planteamiento la convergencia de todas las

jurisdicciones en la jurisdicción constitucional (Ortiz, L. J. M. 2009). Este

precepto constituye una afirmación de la existencia de un Estado social de

Derecho, que busca extenderse e imponerse en todos los espacios,

especialmente en aquellos en los cuales se pretende proteger el valor de la

justicia. Es por ello que el derecho constitucional debe ser transversal, a pesar de

las discusiones o diferencias que frente a esta tesis puedan tener los diversos

estamentos políticos, sociales y culturales, ya que no resulta aceptable dejar de

6

lado los valores, principios, directrices, derechos y deberes plasmados en la

Constitución Política, la cual no fue creada para favorecer fines particulares sino

para lograr el interés general.

Las discusiones sobre la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial surgieron de forma concomitante a la expedición de la Carta

de 1991, la cual estableció cuatro formas en las cuales se incurría en una vía de

hecho a saber: defecto sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, esta tesis

se mantuvo hasta el año 2003. (Henao, C. J. L. 2015).

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional reiteró a través de

varias sentencias de unificación la mencionada doctrina, por ejemplo en las

sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, en el año 2003 con la sentencia T-441, se redefinió el

concepto de vía de hecho por el de causales genéricas de

procedibilidad, procurando dejar de lado dicho concepto, tratando de

minimizar sus efectos lingüísticos que daba a entender que el juez

actuaba por fuera de la legalidad, que el juez adoptaba decisiones

arbitrarias y caprichosas, que el juez en presencia de una vía de hecho

estaba cometiendo un delito. (Henao, C. J. L., pág. 84, 2015).

Finalmente, la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, aceptó de

manera excepcionalísima la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, siempre y cuando, se vulneren de forma protuberante

derechos fundamentales, (Henao, C. J. L., pág. 84, 2015). El establecimiento de

esta postura es una manifestación de la existencia de un Estado constitucional

de derecho, consciente de la vulneración de derechos fundamentales por parte

7

de los jueces, quienes al igual que otras autoridades públicas, no están exentos

de cometer errores, circunstancia que de acuerdo a lo establecido en el artículo

86 de la Carta de 1991, permite la intervención del juez constitucional, con los

límites establecidos en la norma en mención.

Una vez analizada la postura de la Corte Constitucional, resulta necesario

conocer lo discutido al interior del Consejo de Estado. La Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, realizó un recuento de las posturas de cada una de

las secciones y en fallo de 31 de julio de 2012,5 unificó la diversidad de criterios

sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por

cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas

disímiles sobre el tema, por ello se estableció que por tratarse de un mecanismo

residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, su

procedencia debía estar sujeta a lo establecido en el artículo 86 de la

Constitución Política. En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, en fallo del 5 de agosto de 2014, admitió la procedencia

excepcional de la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por

el Consejo de Estado como órgano de cierre6.

1.1. Causales de improcedencia y de negación de la acción de tutela contra

providencia judicial

El establecimiento de unos requisitos o causales de procedencia, resultaban

indiscutiblemente necesarios para evitar el uso desmedido de esta figura, que

conllevaría al desconocimiento de principios constitucionales y afectaría el valor

de la seguridad jurídica. (Ortiz, L. J. M, pág. 18, 2007). Estas directrices

establecen parámetros de igualdad, que permiten valorar, en cada uno de los

casos de forma equitativa, la procedencia del amparo constitucional. Como se

5 C.E1, 31 Jul.2012, e11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), María Elizabeth García González. 6 C.E4, 05 Ago.2014, e11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

8

mencionó en párrafos preliminares, los jueces habían asumido posturas diversas,

que podrían provocar la vulneración de derechos fundamentales -por ejemplo el

derecho a la igualdad-. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional,

estableció:

Unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la

acción de tutela contra providencia judicial, sin distinguir cuáles dan origen

a que se conceda o se niegue el amparo -procedencia sustantiva- y cuáles

impiden efectivamente adentrarse al fondo del asunto -procedencia

adjetiva-, sin embargo el estudio de cada uno de los requisitos permitió

establecer cuando se debía declarar improcedente y cuando negar el

amparo solicitado7.

Es válido afirmar que es deber del juez, analizar los presupuestos derivados

del artículo 86 de la Constitución Política, del Decreto 2591 de 1991 y la

jurisprudencia para determinar la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial en cada uno de los casos en los cuales sea procedente su

estudio.

1.1.1. Requisitos generales de procedencia:

En ese contexto se tendrán como requisitos generales de procedencia los

siguientes: (Marino, C. B, 2006)

1.1.2. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia

constitucional: lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a

estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia

constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir

a otras jurisdicciones. La Sección primera del Consejo de Estado ha

7 C.E5, 21 Ago.2014, e11001-03-15-000-2014-01544-00(AC), Alberto Yepes Barreiro, entre otras.

9

considerado que este postulado “resulta totalmente irrelevante e

inoportuno como requisito de procedibilidad… por tratarse de un elemento

cuyo examen se justifica al momento de determinar si un fallo debe ser

seleccionado para revisión por la Corte Constitucional”.8

1.1.3. Que se cumpla el requisito de subsidiariedad: es decir, que se hayan

agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al

alcance de la persona afectada, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces

para la protección del derecho que se dice vulnerado, salvo que, el actor invoque

y demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, hecho que haría

procedente la tutela como mecanismo transitorio. Estableció la Corte

Constitucional que el cumplimiento de este requisito permite que el juez

constitucional no usurpe competencias que corresponden a distintas autoridades

judiciales por disposición legal.9

1.1.4. Que se cumpla el requisito de la inmediatez: es decir, que la tutela se

hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho

que originó la vulneración10. Respecto a este requisito, la Sala Plena del Consejo

de Estado en sentencia de 5 de agosto de 201411 adoptó el término de 6 meses,

como el apropiado para el ejercicio de la acción de tutela dirigida contra

providencia judicial.

1.1.5 Cuando se trate de una irregularidad procesal, es necesario que esta

tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que

afecta los derechos fundamentales de la parte actora.12

8 C.E1, 31 Jul. 2014, e11001-03-15-000-2013-00068-00(AC), Guillermo Vargas Ayala 9 C.E4, 10 Dic. 2014, e11001-03-15-000-2014-01155-01(AC), Jorge Octavio Ramírez Ramírez 10 C.E4, 23 Feb, 2012, e11001-03-15-000-2011-01668-00(AC), William Giraldo Giraldo, entre otras. 11C.E4, 5 Ago, 2014, e11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Jorge Octavio Ramírez Ramírez 12 C.E4, 21 May, 2014, e11001-03-15-000-2014-00227-00(AC), Martha Teresa Briceño De Valencia

10

1.1.6 Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos

que generaron la vulneración como los derechos que considera fueron

vulnerados, adicional a ello, es necesario que se haya invocado tal vulneración

en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

1.1.7. Que no se trate de sentencias de tutela: para ello la Corporación debe

hacer un riguroso proceso de selección.

Cuando no se verifique el cumplimiento de los requisitos mencionados, se

declarará improcedente la solicitud de amparo y por lo tanto no se analizará de

fondo el asunto.

1.2.0. Requisitos específicos de procedencia:

De igual forma, se estableció como requisito especifico de procedencia, la

obligación de demostrar que la decisión juzgada incurrió en uno de los siguientes

defectos o vicios:

1.2.1. Defecto orgánico: se presenta cuando el funcionario judicial que profirió

la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia.13

1.2.2 .Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó

completamente al margen del procedimiento establecido.14

1.2.3. Defecto fáctico: surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.15

13 C.E1, 17 Jul, 2014, e11001-03-15-000-2013-02104-00(AC), Marco Antonio Velilla Moreno 14 C.E4, 19 Ene,2015, e11001-03-15-000-2014-02097-00(AC), Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez 15 C.E4, 05 Mar,2015, e11001-03-15-000-2014-01120-01(AC), Martha Teresa Briceño De Valencia. C.C. T-025, 2001.

11

1.2.4 .Defecto material o sustantivo: casos en los que se decide con base en

normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera

contradicción entre los fundamentos y la decisión.16

1.2.5. Error inducido: se presenta cuando el juez o el tribunal fue víctima de

un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una

decisión que afecta derechos fundamentales.17

1.2.6. Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de las autoridades

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

decisiones.18

1.2.7. Desconocimiento del precedente: según la Corte Constitucional, en

estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental

vulnerado.19

1.2.8. Violación directa de la Constitución: procede cuando la decisión judicial

supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se

está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas

que afectan derechos fundamentales.20

En caso de presentarse uno o más de estos defectos o vicios, procederá, el

estudio de fondo de la pretensión de amparo. Lo anterior, bajo salvedad de que

la acción de tutela no es una tercera instancia que pueda ser interpuesta, por

ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que

son propias del juez natural.

16 C.E4, 29 Ene,2015, e11001-03-15-000-2014-01515-00(AC), Jorge Octavio Ramírez Ramírez 17 C.E4, 19 Mar,2015, e11001-03-15-000-2014-02466-00(AC), Martha Teresa Briceño De Valencia 18 C.E1, 02 May,2013, e11001-03-15-000-2013-00509-00(AC),Guillermo Vargas Ayala 19 C.E5, 20 Nov,2014, e11001-03-15-000-2014-02706-00(AC), Alberto Yepes Barreiro 20 C.E1, 31 Jul, 2014, e11001-03-15-000-2014-00861-00(AC), María Claudia Rojas Lasso

12

2. Análisis cuantitativo de la acción de tutela contra providencias judiciales

proferidas por el Consejo de Estado Sección Tercera

A continuación se apreciarán las cifras obtenidas del estudio realizado sobre

las acciones de tutela interpuestas en contra de las providencias judiciales

proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, delimitado al periodo

2012 - 2014, el rango temporal escogido se fundamenta en el cambio

jurisprudencial que ocurrió al interior del Consejo de Estado, al proferirse la

sentencia de unificación del 31 de Julio de 201221 en la cual se admitió la

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando

se vulneren derechos fundamentales.

Para el estudio de jurisprudencia se tomó como referencia los procesos del

Software de Gestión Siglo XXI, en los cuales, el demandado fue el Consejo de

Estado - Sección Tercera, dentro del rango temporal antes mencionado.

La búsqueda arrojó seiscientos setenta y nueve (679) registros. Estos se

categorizaron de acuerdo a las siguientes variables: estado del proceso (en

trámite, con registro de proyecto, con fallo y terminación del proceso), año de

radicación del proceso de tutela, tipo de decisión (ampara, niega, improcedente,

falta de legitimación en la causa, rechazo, desistimiento, retiro), procesos

asignados a cada uno de los consejeros, despachos en los cuales fue

procedente el amparo, y los defectos en los cuales se incurrió.

Se evidenció en este estudio que la cantidad de sentencias que son

amparadas en sede tutela es mínima (14), en relación con la producción de fallos

21 C.E1, 31 Jul.2012, e11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), María Elizabeth García González

13

en los cuales se estudiaron las providencias proferidas por la Sección Tercera

del Consejo de Estado. (623).

2.1. Estado del proceso

Del total de las providencias revisadas (679), se evidenció que seiscientas

veinte y tres (623) tienen fallo, ocho (8) registran proyecto, dieciséis (16) dieron

por terminado el proceso, por rechazo, desistimiento, o declaratoria de falta de

legitimación y treinta y dos (32) están en trámite. (Ver gráfica 1).

Gráfica 1

0

100

200

300

400

500

600

700

FALLO REGISTRO PROYECTO

TERMINACIÓN DEL PROCESO

TRÁMITE

Total 623 8 16 32

2.2. Tipo de decisión

Respecto a las providencias que tienen fallo (623), se halló que catorce (14) de

ellas amparan y ordenan dejar sin efectos la providencia judicial cuestionada o

un aparte de la misma, trescientas nueve (309) fueron improcedentes y

trescientas (300) fueron negadas. (Ver gráfica 2).

14

Gráfica 2

0

50

100

150

200

250

300

350

AMPARA IMPROCEDENTE NIEGA

Total 14 309 300

Tipo de decisión

2.3. Procesos radicados por año

Teniendo en cuenta el año de radicación, el estudio arrojó que en el año 2012

fueron radicadas ciento cuarenta y cinco (145), en el año 2013, doscientas

setenta y cuatro (274) y en el año 2014, doscientas sesenta (260), disminuyendo

las solicitudes de amparo en el año 2014 de forma mínima, en comparación con

el aumento presentado del año 2012 al 2013. (Ver gráfica 3).

Gráfica 3

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014

Total 145 274 260

Estado del proceso

2.4. Tipo de decisión relación por año

15

Analizando el tipo de decisión y el año de radicación se demuestra que el año en

cual se radicaron las providencias que llevaron al mayor número de amparo,

ocho (8) fue en el año 2013, las providencias que llevaron al mayor número de

improcedentes, ciento cuarenta y uno (141) fue en el año 2014 y las providencias

que llevaron al mayor número de niega, ciento setenta y uno (171) en el año

2013. (Ver gráfica 4).

Gráfica 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014


Total 1 8 5 86 82 141 48 171 81

Tipo de decisión relación por año

2.5. Consejero ponente

Estudiando las acciones de tutela asignadas a cada uno de los Consejeros, se

demostró que la Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, fue quien más

procesos tuvo a su cargo (115). (Ver gráfica 5).

Gráfica 5

16

63

48

61

7

1

1

1

113

105

53

1

1

115

6

1

76

10

16

ALBERTO YEPES BARREIRO

ALBERTO YEPES BARREIRO (E )

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ (E)

CONJUEZ CUARTA

CONJUEZ PLENA

GUILLERMO VARGAS AYALA

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ

LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E)

MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

MAURICIO TORRES CUERVO

SANDRA LISSET IBARRA VELEZ

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

SUSANA BUITRAGO VALENCIA (E)

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

2.6. Despachos demandados en los cuales fue procedente el amparo

En relación con las providencias que fueron amparadas en sede de tutela, se

aclara que las providencias cuestionadas correspondían a los siguientes

despachos: Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, tres (3), Dr. Enrique Gil Botero,

una (1), Dr. Hernán Andrade Rincón, tres (3), Dr. Hernán Andrade Rincón (E)

una (1), Dr. Jaime Orlando Santofomio Gamboa tres (3) y Dra. Olga Melida Valle

17

de la Oz, dos (2) (Ver gráfica 6). -Será objeto de estudio en el siguiente capítulo

los defectos por los cuales las decisiones fueron revocadas en sede de tutela-.

Gráfica 6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO

BARRERA

ENRIQUE GIL BOTERO

HERNAN ANDRADE

RINCON

HERNAN ANDRADE RINCON(E)


JAIME ORLANDO

SANTOFIMIO

GAMBOA

OLGA MELIDA

VALLE DE LA

OZ

AMPARA

Total 3 1 3 1 1 3 2

Despachos demandados en los cuales fue procedente el amparo

2.7.Decisiones de cada uno de los ponentes

Sobre las decisiones tomadas por cada uno de los Consejeros -Ampara,

niega, improcedente- (Ver gráficas 7 – 18)

El doctor Alberto Yepes Barreiro conoció de ciento seis procesos (106) y sus

decisiones fueron las siguientes: dos (2) ampara, veintinueve (29) improcedentes

y veintiocho (28) niega.

18

Gráfica 7


ALBERTO YEPES BARREIRO

2

29 28

El doctor Alberto Yepes Barreiro como ponente encargado profirió cuarenta

seis (46) fallos y sus decisiones fueron las siguientes: una (1) ampara, catorce

(14) improcedentes y treinta y uno (31) niega.

Gráfica 8

19

0

10

20

30

40


ALBERTO YEPES BARREIRO (E )

1

14

31

ALBERTO YEPES BARREIRO (E ) AMPARA

ALBERTO YEPES BARREIRO (E ) IMPROCEDENTE

ALBERTO YEPES BARREIRO (E ) NIEGA

La doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez profirió cuarenta seis (46)

fallos y sus decisiones fueron las siguientes: una (1) ampara, treinta y siete (37)

improcedentes y nueve (9) niega.

Gráfica 9


CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRIGUEZ

1

37

9

20

La doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez como ponente encargada

profirió siete (7) fallos en los cuales su decisión fue negar el amparo solicitado.

El doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas profirió ciento seis (106) fallos y

sus decisiones fueron las siguientes: dos (2) ampara, cincuenta y tres (53)

improcedentes y cincuenta y uno (51) niega.

Gráfica 10

El doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez profirió ciento cinco (105) fallos y

sus decisiones fueron las siguientes: dos (3) ampara, dieciséis (16)

improcedentes y ochenta y seis (86) niega.

Gráfica 11

21


JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ

316

86

La doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez profirió cuarenta y nueve (49)

fallos y sus decisiones fueron las siguientes: una (1) ampara, veintitrés (23)

improcedentes y veinticinco (25) niega.

Gráfica 12

22

El doctor Marco Antonio Velilla Moreno como ponente encargado profirió un

(1) fallo en el cual su decisión fue declarar improcedente el amparo solicitado.

La doctora Maria Elizabeth Garcia Gonzalez profirió un (1) fallo en el cual su

decisión fue declarar improcedente el amparo solicitado.

La doctora Martha Teresa Briceño profirió ciento cuatro (104) fallos y sus

decisiones fueron las siguientes: dos (2) ampara, cincuenta y cuatro (54)

improcedentes y cuarenta y ocho (48) niega.

Gráfica 13


MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

2

5448

El doctor Mauricio Torres Cuervo profirió cuatro (4) fallos y sus decisiones

fueron las siguientes: tres (3) improcedentes y una (1) niega.

Gráfica 14

23

IMPROCEDENTE NIEGA

MAURICIO TORRES CUERVO

3

1

La doctora Sandra Lisset Ibarra Velez profirió un (1) fallo en el cual su

decisión fue declarar improcedente el amparo solicitado.

La doctora Susana Buitrago Valencia profirió sesenta y ocho (68) fallos y sus

decisiones fueron las siguientes: dos (2) ampara, cincuenta y nueve (59)

improcedentes y siete (7) niega.

Gráfica 15

0

10

20

30

40

50

60


SUSANA BUITRAGO VALENCIA

2

59

7

24

La doctora Susana Buitrago Valencia como ponente encargada profirió diez

(10) fallos y sus decisiones fueron las siguientes: seis (6) improcedentes y cuatro

(4) niega.

Gráfica 16

IMPROCEDENTE NIEGA

SUSANA BUITRAGO VALENCIA (E)

6

4

El doctor William Giraldo Giraldo profirió catorce (14) fallos y sus decisiones

fueron las siguiente: doce (12) improcedentes y dos (2) niega.

Gráfica 17

25

IMPROCEDENTE NIEGA

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

12

2

2.8. Defectos en los cuales incurrió el Consejo de Estado Sección Tercera

Respecto las catorce (14) providencias en las cuales fue procedente el

amparo en sede tutela, se debe precisar que incurrieron en los siguientes

defectos: una (1) en defecto fáctico, cinco (5) en defecto procedimental, cuatro

(3) en defecto sustantivo, cuatro (4) en desconocimiento del precedente judicial y

una (1) en defecto sustantivo y defecto fáctico. En ese orden de ideas es válido

concluir que fue predominante el defecto procedimental.

Tabla 1

DEFECTO INCURRIDO Total

Defecto Fáctico 1

Defecto Procedimental 5

Defecto Sustantivo 3

Defecto Sustantivo y Defecto Fáctico 1

Desconocimiento del precedente 4

Total general 14

26

Gráfica 18

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

CARLOS ALBERTO

ZAMBRAN

O BARRERA

ENRIQUE GIL

BOTERO

HERNAN ANDRADE

RINCON



JAIME ORLANDO SANTOFIM

IO GAMBOA

OLGA MELIDA

VALLE DE

LA OZ

AMPARA

Total 3 1 3 1 1 3 2

Defectos en los cuales incurrió el Consejo de Estado Sección Tercera

3. Estudio de casos en los cuales ha sido procedente el amparo en sede

tutela

Para realizar el análisis de los casos en los cuales se han amparado derechos

fundamentales en sede de tutela y se ha ordenado dejar sin efectos una

providencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se

enunciará brevemente una síntesis de cada caso, los defectos en los que se

incurrió y los derechos fundamentales vulnerados.

3.1. Caso número 1

3.1.1. Acercamiento a la síntesis del caso:22 la Fundación Instituto de

Inmunología de Colombia –FIDIC- instauró acción de tutela por considerar

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,

a la honra y el buen nombre y de acceso a la administración de justicia,

con motivo de la decisión proferida en acción popular, el 26 de noviembre

22 C.E4, 12 Dic. 2014, e11001-03-15-000-2014-00723-00(AC), Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

27

de 2013, en virtud de la cual se resolvió, entre otras: proteger y amparar

los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales b y c) del

artículo 4 de la ley 472 de 1998. Proteger de manera autónoma y directa,

los derechos colectivos de los animales silvestres, en el caso concreto de

la especie de primates Aotus vociferans.

3.1.2. Defectos en los cuales se incurrió

Defecto sustantivo y defecto fáctico

Se concluye que, con la decisión censurada que revocó los permisos

concedidos a la FIDIC por la autoridad competente, Corpoamazonía, se

vulneraron los derechos fundamentales del debido proceso administrativo

y a la investigación científica, por cuanto, la competencia para tal fin radica

en la jurisdicción contencioso administrativa mediante las acciones

pertinentes o mediante la revocatoria o sanción a la FIDIC por parte de

Corpoamazonía. Que por otra parte, la revocatoria de los permisos

concedidos a la FIDIC, con el argumento de la defensa de los derechos de

los animales, desconoció la incidencia de la investigación llevada a cabo

sobre la salud y la vida de la población nacional e internacional, en un alto

porcentaje infantil, afectada en gran proporción por la enfermedad de la

malaria. Asimismo, en la sentencia censurada, se desconoció el

preámbulo de la Constitución Política de Colombia, que asegura a la

población el conocimiento que se adquiere a través de la investigación por

parte de los ciudadanos que estimen, en ejercicio del libre desarrollo de la

personalidad, dedicar sus esfuerzos en mejorar, en este caso concreto, la

salud y las condiciones de vida de la población, en la mayoría de los

casos en condiciones de vulnerabilidad23.

23 23 C.E4, 12 Dic. 2014, e11001-03-15-000-2014-00723-00(AC), Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

28

Conclusión: La providencia de la Subsección C de la Sección Tercera del

Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la

investigación científica de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia –

FIDIC-, al incurrir en defecto fáctico y sustantivo.

3.2. Caso número 2

3.2.1 Acercamiento a la síntesis del caso:24 la Constructora CONCONCRETO

S.A. instauró acción de tutela en contra de la sentencia del 13 de junio de

2013, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia. Señaló que la

providencia incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de la ley,

por cuanto se concluyó que la nulidad del contrato, se presentaba por

violación de la Ley 80 de 1993, pero no se tuvo en cuenta que el proceso

de selección del contratista y el contrato mismo se regían por el Decreto

Ley 222 de 1983. Además, indicó que la autoridad judicial demandada

desconoció que la nulidad del contrato sólo procede cuando hay violación

al régimen legal o constitucional y cuando la prohibición es expresa. Que

la vulneración del principio de planeación no está prevista como causal de

nulidad absoluta del contrato estatal.

3.2.2 Defectos en los cuales se incurrió

Defecto sustantivo por interpretación errónea: la violación del principio de

planeación, no es una causal autónoma o directa de nulidad del contrato y,

tampoco encaja en la configuración de un verdadero caso de objeto ilícito. La

sentencia objeto de tutela abordó con inexactitud el entendimiento de la nulidad

absoluta del contrato por objeto ilícito y, por ende, incurrió en defecto sustantivo,

24 C.E4, 21 Ago. 2014, e11001-03-15-000-2013-01919-00(AC), Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

29

por interpretación errónea, defecto que se configura cuando el precepto que se

aplica es el que regula el asunto por resolver, pero el juzgador lo entiende

equivocadamente, y así, erróneamente comprendido, lo aplica. La Sala considera

que hay interpretación errónea del principio de planeación cuando se dice que su

inobservancia es, indefectiblemente, causal de nulidad absoluta del contrato, por

objeto ilícito.

Conclusión: la sentencia del 13 de junio de 2013, proferida por el Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defecto sustantivo por

interpretación errónea, bajo el entendido de que el desconocimiento del principio

de planeación no genera nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. En

consecuencia, vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de

justicia, en la modalidad de tutela judicial efectiva.

3.3. Caso número 3

3.3.1. Acercamiento a la síntesis del caso:25 el actor presentó acción de tutela

contra la sentencia del 18 de julio de 2012, por considerar vulnerados los

derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al

debido proceso por incurrir en defecto fáctico, dado que en la misma, no

se dio valor probatorio a los documentos aportados al proceso de

reparación directa que acreditaron la calidad de copropietarios de los

locales 1, 3 y del sótano del edificio Mogador. El proceso de reparación

directa se promovió contra el INVIAS y el Municipio de Armenia para que

estos fueran declarados patrimonialmente responsables de la irregular

demolición de los inmuebles relacionados y que, en consecuencia, fueran

condenados al pago de los perjuicios morales y materiales en la

modalidad de daño emergente y lucro cesante. Los bienes fueron

25 C.E4, 23 Sep. 2013, e11001-03-15-000-2012-01942-00(AC), Martha Teresa Briceño de Valencia.

30

demolidos previo concepto del Inspector Quinto de Policía de Armenia,

con motivo de los daños provocados por el terremoto del año 1999.


Defecto fáctico: el fallo censurado no dio valor probatorio a la Escritura

Pública 5158 y los certificados de matrícula inmobiliaria. Estos se tuvieron

aportados en copia simple pese a que se habían allegado originales.

La providencia reprochada pasó por alto la circunstancia de que una parte de

la Escritura Pública 5158 de la Notaría Tercera de Armenia del 29 de septiembre

de 1992 fue aportada al proceso de reparación directa en copia auténtica. Si

bien, la Sala no desconoce que, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C., la

carga probatoria correspondía a los demandantes, es cierto que el fallo

reprochado no reparó en lo que aquí se destaca, esto es, que un fragmento de

dicha escritura sí obra en copia auténtica; por el contrario, sin consideración

alguna, el fallo afirmó que la escritura fue aportada en “copia simple”. La falta de

valoración probatoria de la Escritura Pública 5158 del 29 de septiembre de 1992

no obedeció a un criterio de razonabilidad, pues omitió una circunstancia

manifiesta y relevante en punto de determinar si la escritura podía tener valor

probatorio. Al anterior argumento se aúna que la sentencia censurada sí dio valor

probatorio a la Escritura Pública 907 del 23 de febrero de 1989 de la Notaría

Tercera de Armenia. Como el fallo censurado no dio valor probatorio a algunos

medios cognitivos trascendentales para el proceso de reparación directa,

entiéndase la Escritura Pública 5158 y los certificados de matrícula inmobiliaria,

omisión que se encuentra por fuera de los parámetros de razonabilidad,

necesariamente se debe concluir que la sentencia reprochada incurrió en

defecto fáctico.

31

Conclusión: la sentencia del 18 de julio de 2012, que dictó la Sección Tercera -

Subsección C del Consejo de Estado, vulneró el derecho al debido proceso de

los actores por incurrir en defecto fáctico por omisión en la valoración probatoria

de los medios allegados que acreditan la propiedad de los inmuebles demolidos.

3.4. Caso número 4:

3.4.1. Acercamiento a la síntesis del caso:26 se interpuso acción de tutela

contra la providencia del 29 de mayo de 2013, proferida por la Sección

Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por considerar

vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y

de acceso a la administración de justicia, por cuanto no se tuvieron en

cuenta las reglas previstas para tramitar el recurso de apelación

interpuesto contra la sentencia del 25 de junio de 2004, dictada por el

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. La sentencia cuestionada se

limitó a confirmar la providencia de primera instancia, sin adentrarse en el

estudio del fondo del asunto, con fundamento en que la sustentación del

recurso de apelación fue extemporánea, pese a que se presentó en los

tres días siguientes de haberse notificado el auto que admitió la apelación.

3.4.2. Defectos en los cuales se incurrió

Defecto procedimental: el recurso de apelación presentado por los

demandantes se tramitó irregularmente. Sin embargo, debe precisarse que la

irregularidad no se presenta porque se hubiese contado indebidamente el

término para sustentar la apelación, como lo alegaron los demandantes, sino

porque no se les concedió el término para sustentar el recurso. El expediente

pasó al despacho y, en lugar de enmendar la imprecisión de la secretaría, el

magistrado sustanciador admitió el recurso, a pesar de que debió correr

26 C.E4, 15 May.2014, e11001-03-15-000-2013-02294-00(AC), Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

32

traslado al recurrente para que lo sustentara, conforme lo prevé el artículo 212

del Decreto 01 de 1984. En el caso concreto, es evidente que la irregularidad

procesal se configuró con el auto que admitió la apelación, a pesar de que no

se había sustentado. Es decir, que el error proviene del juez que no examinó

debidamente el recurso de apelación para determinar el trámite a seguir. La

Sala considera que el hecho de que los demandantes no hubiesen impugnado

el auto que admitió la apelación, no desvirtúa la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

en que incurrió la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.

Ante una situación como la que se analiza, la Sección Tercera, Subsección

“A”, tenía dos opciones para decidir de fondo el recurso de apelación. La

primera, dejar sin efectos las actuaciones realizadas desde el auto que admitió

el recurso de apelación y rehacer el trámite para permitir que la parte

recurrente lo sustentara. Y, la segunda, -más conveniente en este caso por

razones de economía procesal-, tener como válida la sustentación del recurso

que presentaron los demandantes, así se hubiere presentado en una etapa

procesal distinta. La solución menos deseable era la de abstenerse de decidir

de fondo el recurso de apelación, pues, como se dijo, esa decisión desconoce

el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes.

Conclusión: la providencia del 29 de mayo de 2013, proferida por la Sección

Tercera, Subsección A del Consejo de Estado vulnero los derechos

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al

incurrir en defecto procedimental.


33

3.5.1. Acercamiento a la síntesis del caso:27 el actor pretende que se deje sin

valor ni efectos jurídicos la providencia del 12 de agosto de 2013,

proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, por

medio de la cual se modificó la sentencia del 16 de diciembre de 2003,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar,

se declaró de oficio la caducidad de la acción de reparación directa

interpuesta en contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

(DIAN).

3.5.2. Defectos en los cuales se incurrió:

Defecto material o sustantivo:

Habida cuenta de que el procedimiento de aprehensión de

mercancías se regula por una normativa especial, las disposiciones del

C.C.A. solo tienen una aplicación supletiva, es esto es, solo resultan

aplicables a falta de regulación en la normativa especial. Por lo anterior,

no resulta procedente que la autoridad judicial demandada determinara la

ejecutoria de la Resolución No. 658-0010 del 3 de junio de 1998 y, como

consecuencia de ello, declarara de oficio la caducidad de la acción de

reparación directa incoada por el accionante, con fundamento en la

normas generales del C.C.A. (vigente para ese momento), ya que, se

reitera, existía una norma especial - Decreto 1800 de 1994 - que

determinaba que el referido acto administrativo adquiría firmeza de una

manera diferente a la general, es decir, dentro del mes siguiente a la

notificación del acto administrativo, no dentro los cinco días siguientes, tal

y como se consideró en la providencia objeto de la presente acción de

tutela.

27 C.E4, 3 Abr.2014, e11001-03-15-000-2013-02835-00(AC), Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

34

Conclusión: se incurrió en defecto sustantivo bajo el entendido de que la

autoridad judicial demandada, para resolver el problema jurídico puesto a su

consideración, empleó una norma no aplicable al caso concreto, esto es, el

Código Contencioso Administrativo - artículo 51 -, cuando existía norma especial

- artículo 1 del Decreto 1800 de 1994 - y, como consecuencia de ello, declaró la

excepción de caducidad de la acción. Lo que conlleva a la vulneración del

derecho fundamental al debido proceso.


3.6.1. Acercamiento a la síntesis del caso:28 la actora instauró acción de tutela

contra la providencia del 14 de agosto de 2013, proferida por el Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la cual se revocó

la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declaró probada de

oficio la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, en el

proceso interpuesto contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -

Ejército Nacional. Considera que la providencia en cuestión vulneró sus

derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido

proceso y de acceso a la administración de justicia.


Defecto procedimental:

El término de caducidad de la demanda de reparación directa iniciada por

la parte actora y sus familiares en contra del Ejército Nacional debe

empezar a contarse desde el día siguiente a la ocurrencia de los hechos -

abril 8 de 2002 -, razón por la que, en principio, el término para presentar

la demanda sería hasta el día 9 de abril de 2004, tal y como lo adujo la

autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada. No obstante lo

28 C.E4, 21 Ago.2014, e11001-03-15-000-2014-00544-00(AC), Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

35

anterior, encuentra la Sala que los días 8 y 9 de abril del año 2004 fueron

jueves y viernes santos, los cuales corresponden a días festivos, en los

términos del artículo 1 de la Ley 51 de 1983. Adicionalmente, se tiene que

los días 10 y 11 de ese mismo mes y año fueron sábado y domingo,

respectivamente. En este sentido la sala consideró que la demanda de

reparación directa podía presentarse hasta el primer día hábil siguiente al

vencimiento del término de caducidad de la acción; es decir, hasta el 12

de abril del 2004, momento en el que efectivamente presentó la demanda.

En conclusión , y según de los artículos 136 del Código Contencioso

Administrativo y 62 del Código de Régimen Político y Municipal, se puede

establecer la existencia de un defecto procedimental en la actuación de la

autoridad judicial demandada, pues esta declaró de oficio la excepción de

caducidad de la acción, sin fundamento para esto.

Conclusión: la providencia del 14 de agosto de 2013, incurrió en defecto

procedimental por conteo erróneo del término de caducidad de la acción de

reparación directa, con ausencia en la aplicación de los artículos 136 del Código

Contencioso Administrativo y 62 del Código de Régimen Político y Municipal. Lo

que conllevó a la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia.


3.7.1. Acercamiento a la síntesis del caso:29 la Empresa Aguas Nacionales

EPM E.S.P. interpuso acción de tutela contra los autos del 26 de

noviembre de 2013 y 29 de enero de 2014 del Consejo de Estado,

Sección Tercera - Subsección “C”, por considerar vulnerados los derechos

fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración

de justicia, debido a que no se tramitó el grado jurisdiccional de consulta,

29.C.E4, 20 Nov.2014, e11001-03-15-000-2014-00585-00(AC), Jorge Octavio Ramírez Ramírez

36

dentro de la acción de reparación directa promovida por el señor Wilber

Leibin Castillo Borja y otro. Según el tutelante, la decisión incurre en

defecto sustantivo al aplicar indebidamente el artículo 184 del Código

Contencioso Administrativo (norma aplicable al caso), puesto que la

norma no condiciona el trámite jurisdiccional de consulta a que no se

hayan presentado apelaciones que fueran declaradas desiertas.


Defecto procedimental: la providencia cuestionada del Consejo de Estado

por sí misma no vulnera los derechos fundamentales del actor. El alcance de la

tutela se asimila a la declaratoria de una nulidad procesal.

En el caso objeto de estudio se declaró desierto el recurso de apelación,

como consecuencia de la inasistencia a la audiencia de conciliación

realizada el 12 de agosto de 2012, por parte del apoderado de Aguas

Nacionales EPM. S.A. E.S.P., entidad que presentó el recurso de alzada,

sin considerar que la conducta que generó la sanción (la no

comparecencia), carecía de fundamento legal para esa fecha, en virtud de

la derogatoria expresa del artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, luego del 2

de julio de 2012, fecha en que entró a regir la Ley 1437 de 2011. Como

consecuencia de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Chocó, debió

conceder el recurso de apelación, por cuanto, como se expuso

anteriormente, bastaba con la interposición oportuna del recurso de

apelación, para que se desatara el trámite de la segunda instancia.

Conclusión: los autos del 26 de noviembre de 2013 y 29 de enero de 2014

del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección “C”, vulneraron el derecho

fundamental al debido proceso, al incurrir en defecto procedimental.

37


3.8.1. Acercamiento a la síntesis del caso:30 se interpuso acción de tutela

contra las providencias del 19 de marzo de 2013 y del 9 de octubre de

2013, Tribunal Administrativo de Boyacá y Sección Tercera, Subsección

“A” del Consejo de Estado, respectivamente, por considerar vulnerado el

derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, con las

decisiones que declararon el desistimiento tácito de la demanda y el

archivo del proceso. El actor señaló que el Tribunal incurrió en una vía de

hecho, porque la secretaría omitió agregar al expediente el memorial en el

que se acreditaba el pago de los gastos de notificación, con lo cual se

entendía sufragado tal requisito, y se hubiese continuado el trámite del

proceso, pues, el mismo se allegó antes de que estuviera ejecutoriado el

auto del 19 de marzo de 2013 que declaró el desistimiento.


Irregularidad procesal: se encontró, conforme lo adujo el actor y de acuerdo

a las pruebas allegadas, que el 30 de mayo de 2013 se adjuntó el memorial en el

que se allegó copia del recibo de consignación de gastos judiciales por valor de

$13.000 a favor del Convenio: 11412 Depósitos Judiciales Tribu. Ref1: 2011285.

Ese documento solo fue anexado al expediente hasta el 18 de noviembre

de 2013, cuando regresó del Consejo de Estado luego de que se

resolviera el recurso de apelación presentado por el actor contra el auto

que declaró el desistimiento tácito de la demanda. Permaneció en la

secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá aproximadamente 5

meses y medio sin que se le hubiera dado el trámite correspondiente, que,

30 C.E4, 21 May.2014, e11001-03-15-000-2014-00227-00(AC), Martha Teresa Briceño de Valencia.

38

de haberse allegado oportunamente, hubiera sido valorado por la

Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para resolver

el recurso de apelación correspondiente. Esa omisión refleja la existencia

de un error judicial cometido por la Secretaría del Tribunal Administrativo

de Boyacá, que no puede atribuirse a los despachos que profirieron las

decisiones judiciales que declararon el desistimiento tácito, pero que fue

determinante en el resultado del proceso, toda vez que la declaratoria del

desistimiento tácito se produjo por una falla que no es imputable al actor,

quien cumplió la carga procesal que le fue impuesta y pese a ello se le

negó el acceso a la administración de justicia. Queda claro que el actor

cumplió con la carga procesal antes de que quedara ejecutoriada la

providencia -que entendió desistida la demanda-, era del caso tenerla en

cuenta para decidir y que la Sección Tercera de esta Corporación, al

resolver el recurso de apelación, no tenía conocimiento de que los gastos

del proceso ya habían sido consignados.

Conclusión: en primer lugar se debe precisar que, la providencia cuestionada

por sí misma no vulnera los derechos fundamentales del actor y el alcance de la

tutela se asimila a la declaratoria de una nulidad procesal, en consecuencia

procede el amparo del derecho fundamental de acceso a la administración de

justicia, porque la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en

una irregularidad procesal determinante en el resultado del proceso de

reparación directa instaurado por el actor contra la Nación -Rama Judicial-

Consejo Superior de la Judicatura.

3.9. Casos número 9, 10, 11 y 12

39

De los casos objeto de estudio, se encontró que cuatro31 son similares en

cuanto a la síntesis del caso y los defectos incurridos. En resumen, se puede

afirmar que en los mencionados casos, se allegaron al proceso pruebas en copia

simple y no les fue otorgado valor probatorio, en ese orden de ideas se

analizarán de forma conjunta.

3.9.1. Defectos incurridos:

Desconocimiento del precedente judicial: respecto la valoración de

documentos aportados en copia simple, la Sección Tercera del Consejo de

Estado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013 consideró, “la

valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en

consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos

procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido” 32.

Conclusiones

La Asamblea Nacional Constituye de 1991, creó una carta de navegación

que pretendía conducir al país al cumplimiento de sus fines; los planteamientos

teóricos, las opiniones y las esperanzas aducidas por las diversas esferas

políticas, económicas, sociales y culturales, fueron tenidas en cuenta para abrir

las puertas a la transformación del país. Sin embargo, el establecimiento y la

concreción de lo determinado allí, no se ha llevado a cabo de forma pronta y

eficaz -como se esperaba- por el contrario ha tenido que atravesar multiplicidad

de complicaciones, una muestra clara de ello es la procedencia excepcional de la

acción de tutela contra providencia judicial, la cual no fue aceptada de manera

concurrente a la expedición de la carta de 1991, sino que fue evaluada y

31 C.E5, 03 Abr. 2014, e11001-03-15-000-2013-00718-01(AC), Susana Buitrago Valencia. C.E5, 24 Abr. 2014, e11001-03-15-000-2013-01971-01(AC), Susana Buitrago Valencia. C.E5, 19 Jun. 2014, e11001-03-

15-000-2013-02843-01(AC), Alberto Yepes Barreiro. C.E5, 22 Sep. 2014, e11001-03-15-000-2013-02772-01(AC), Alberto Yepes Barreiro (E). 32C.E, 28 Ago.2013, e05001-23-31-000-1996-00659-01, Enrique Gil Botero

40

analizada por aproximadamente catorce años, hasta llegar al momento en el cual

la Corte Constitucional estableció su procedencia excepcional, sin embargo

surge la inquietud de los rastros de injusticia que puedo haber dejado este

avance jurisprudencial tardío. Sobre ello, este artículo ha proyectado diversas

posturas jurisprudenciales y doctrinarias, las cuales se dirigieron a aceptar la

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial,

estableciendo así unas causales genéricas de procedibilidad, las cuales al ser

incumplidas conllevan a la declaratoria de improcedencia de la acción y en el

mismo sentido, se establecieron unas causales específicas de procedencia, las

cuales consisten en demostrar la existencia de un defecto en la providencia

cuestionada.

Tomando lo anterior como punto de partida, se realizó una investigación

motivada por la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 31 de Julio de

2012 , en la cual se admitió de manera excepcional la procedencia de la acción

de tutela contra providencia judicial, cuando se vulneren derechos fundamentales

-conforme a las reglas establecidas por la Corte Constitucional- este cambio,

como es apenas notable generó al interior de la Corporación la necesidad de

establecer posturas, que permitieran evitar el uso excesivo de esta acción.

Considerando lo anterior, se realizó un estudio de las acciones de tutela

interpuestas contra las providencias judiciales proferidas por el Consejo de

Estado - Sección Tercera, en el periodo 2012 a 2014. Debe decirse que de la

información obtenida y de lo evidenciado en el breve estudio estadístico, se

puede interpretar que de las seiscientas setenta y nueve (679) acciones de tutela

interpuestas contra providencias judiciales de la sección tercera, únicamente en

catorce (14) de ellas fue procedente la protección de derechos fundamentales en

sede de tutela, esta cifra refleja que al interior de la corporación las fallas

judiciales no son exorbitantes, a pesar de existir dificultades para materializar el

valor de la justicia, no se esta tan lejos de ello como podría pensarse, igualmente

tal y como se sospechó al aceptar la procedencia excepcional de la figura en

41

mención, se presentaron trescientas nueve (309), demandas de tutela en las

cuales se declaró su improcedencia y respecto las providencias que fueron

negadas, se resalta que fueron trescientas (300).

En relación con los casos en los cuales fue procedente el amparo, se debe

decir que se incurrió de manera prevalente en defecto procedimental y en

desconocimiento del precedente jurisprudencial al desatender la sentencia de

unificación que permitió otorgarle valor probatorio a las copias simples allegadas

al proceso.

De lo estudiado se puede afirmar que un porcentaje elevado de acciones de

tutela contra providencia judicial se presentan con la intención de reabrir el

debate propio del proceso ordinario, es decir, se pretende convertir la acción de

tutela en una tercera instancia judicial, situación que lleva a realizar un estudio

estricto de cada una de las solicitudes, para evitar la vulneración de los principios

constitucionales de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Como conclusión final, es pertinente recordar que el derecho debe estar al

servicio y protección de la dignidad del ser humano, y no debe convertirse de

ninguna manera en obstáculo, por el contrario, debe brindar herramientas que

permitan a los individuos entender la forma en la cual pueden acceder a la

administración de justicia y obtener la protección de sus derechos

fundamentales. Existen dificultades al interior de cada una de las altas cortes que

no permiten la materialización efectiva de la Constitución Política, sin embargo,

no deben desestimarse los esfuerzos que se han realizado con la única finalidad

de avanzar y establecer en Colombia un verdadero Estado Social de Derecho.

42

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carvajal, J. (2002). La justicia, el derecho y el conflicto social en

Colombia. El otro derecho, (28).

2. De justicia, (2006) Tutela contra sentencias: documentos para el

debate.

3. Henao, C. J. L. (2015). La acción de tutela contra providencias judiciales

y el debido proceso. Estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional

colombiana. Diálogos de Derecho y Política, (15).

4. Marino, C. B. (2003). Acción De Tutela Contra Providencias Judiciales

En El Ordenamiento Jurídico Colombiano (1).

5. Marino, C. B., & Jaramillo, J. F. (2005). El conflicto de las altas Cortes

colombianas en torno a la tutela contra sentencias. Foro Constitucional

Iberoamericano, (12), 2006.

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constitucional colombiano. Consejo Superior de la Judicatura, Escuela Judicial

"Rodrigo Lara Bonilla".

7. Medina, D. E. L. (2002). Interpretación constitucional. Consejo Superior

de la Judicatura, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

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de muestra representativa.

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de la Carta de 1991 y sus Reformas. Universidad del Rosario.

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Elizabeth García González.

15. C.E4, 23 Sep. 2013, e11001-03-15-000-2012-01942-00(AC), Martha

Teresa Briceño de Valencia.

16. C.E4, 3 Abr. 2014, e11001-03-15-000-2013-02835-00(AC), Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.

17. C.E5, 03 Abr. 2014, e11001-03-15-000-2013-00718-01(AC), Susana

Buitrago Valencia.

44

18. C.E5, 24 Abr. 2014, e11001-03-15-000-2013-01971-01(AC), Susana

Buitrago Valencia.

19. C.E4, 15 May. 2014, e11001-03-15-000-2013-02294-00(AC), Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas.

20. C.E4, 21 May, 2014, e11001-03-15-000-2014-00227-00(AC), Martha

Teresa Briceño De Valencia

21. C.E5, 19 Jun. 2014, e11001-03-15-000-2013-02843-01(AC), Alberto

Yepes Barreiro.

22. C.E1, 17 Jul, 2014, e11001-03-15-000-2013-02104-00(AC), Marco

Antonio Velilla Moreno

23. C.E1, 31 Jul. 2014, e11001-03-15-000-2013-00068-00(AC), Guillermo

Vargas Ayala

24. C.E4, 05 Ago. 2014, e11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), Jorge

Octavio Ramírez Ramírez

25. C.E4, 21 Ago. 2014, e11001-03-15-000-2013-01919-00(AC), Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas.

26. C.E4, 21 Ago. 2014, e11001-03-15-000-2014-00544-00(AC), Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.

27. C.E5, 21 Ago. 2014, e11001-03-15-000-2014-01544-00(AC), Alberto

Yepes Barreiro

45

28. C.E5, 22 Sep. 2014, e11001-03-15-000-2013-02772-01(AC), Alberto

Yepes Barreiro (E).

29. C.E4, 20 Nov. 2014, e11001-03-15-000-2014-00585-00(AC), Jorge


30. C.E4, 10 Dic. 2014, e11001-03-15-000-2014-01155-01(AC), Jorge


31. C.E4, 12 Dic. 2014, e11001-03-15-000-2014-00723-00(AC), Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez

32. C.E4, 19 Ene, 2015, e11001-03-15-000-2014-02097-00(AC), Carmen

Teresa Ortiz de Rodríguez

REFERENCIAS NORMAS JURÍDICAS

33. Colombia. Decreto Ley 222 de 2 de febrero de 1983. Por el cual se

expiden normas sobre contratos de la nación y sus entidades descentralizadas y

se dictan otras disposiciones.

34. Colombia. Ley 51 de 6 de Diciembre de 1983. Por la cual se traslada

el descanso remunerado de algunos días festivos.

35. Colombia. Constitución Política de 1991.

36. Colombia. Decreto 2591 de 19 de Noviembre de 1991. Por el cual se

reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.

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37. Colombia. Ley 80 de 28 de Octubre de 1993. Por la cual se expide el

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

38. Colombia. Ley 472 de 5 de Agosto de 1998. Por la cual se desarrolla

el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio

de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

39. Colombia. Ley 1395 de 12 de Julio de 2010. Por la cual se adoptan

medidas en materia de descongestión judicial.

40. Colombia. Ley 1437 de 18 de Enero de 2011. Por la cual se expide el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Nombre: Gineth Lorena Rico Ayala

C.C. 1.018.459.248 de Bogotá

Código: 2106559

Teléfono: 4520129 – 3103232133

Correo electrónico: [email protected]

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