a mecate corto

SEMANARIONo. 214 | 04 Noviembre 2011 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

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Reformas no garantizan castigo a policías criminales

» Según abogado Wilfredo Méndez

Obligados por la presión inter-nacional y la indignación de la ciudadanía, el Congreso

Nacional, en sus ya acostumbrados madrugones, realizó reformas a la actual Ley Orgánica de la Policía.

Con la supuesta intención de darle un nuevo rostro a la in-stitución policial se aprobó una estructura denominada “Dire-cción de Investigación y Eva-luación de la Carrera Policial”.

Los diputados han asegurado que las reformas son un paso firme a la depuración de la Policía, para devolver la con-fianza a la población, que no soporta los incontrolables índi-ces de violencia e inseguridad.

Con las nuevas reformas se elimina la Dirección de Asun-tos Internos, y se da paso a la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la

Carrera Policial, un organismo descon-centrado de la Secretaria de Seguri-dad, que según los diputados gozará de independencia y su presupuesto será de aproximadamente 30 millones

de lempiras.

La nueva instancia estará bajo el man-do de un director y uno adjunto, que serán seleccionados por el Ejecutivo de una nómina de cinco candidatos propuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) mediante audiencias públicas.

Las funciones que se han asignado a la dirección es la investigación de deli-tos y faltas cometidos por miembros de la policía, sin perjuicio de las atribu-ciones del Ministerio Público.

Además de vigilar de manera perma-nente la conducta de los policías en el desempeño de sus funciones.

El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, el abogado Wilfredo Méndez asegura que las reformas son un or-denamiento jurídico para tomar ciertas acciones, que den la oportunidad de castigar a policías que estén involucra-dos en actividades irregulares.

“Creo que las reformas aprobadas por el Congreso pueden ayudar a controlar el accionar de los policías.

El que se puede intervenir sus cuentas bancarias y que se desligue la direc-ción de asuntos internos es un avance, pero no debemos olvidar que es ne-cesario castigar a los policías que ac-tualmente están involucrados en actos ilícitos”.

“El reto que plantea es hacer uso de esas reformas y exigir a las autori-dades el castigo para los policías que asesinaron a los dos jóvenes universi-tarios el pasado 21 de octubre, pero en general aquellos uniformados que estén acusados de actos que vayan en contra de las leyes”, añade Méndez.

Según estas reformas aprobadas reci-entemente por los diputados, la nueva Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial estará facultada para investigar el patrimonio de los agentes y oficiales de la Policía.

Y estas investigaciones se harán a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.

La reforma ordena el despido de cu-alquier agente u oficial, sin responsab-ilidad para el Estado, cuando incurra en faltas graves como embriaguez habitual, cuando no pase las “pruebas de evaluación de confianza” (detector de mentiras) y cuando se confirme “el uso de drogas, a excepción de los fár-macos cuando hayan sido prescritos por médico calificado”.

Se entiende como pruebas de evalu-ación de confianza las toxicológicas, psicométricas, pruebas de polígrafo, estudios socioeconómicos o patrimo-niales y cualquier otro que se estime útil, pertinente y proporcional para el cumplimiento de sus funciones.

En caso de que el resultado de la evaluación practicada establezca que la persona evaluada no cumple con los requisitos legales y la conducta apro-piada para el correcto desempeño de su cargo, la Dirección librará el corre-spondiente oficio al Inspector General de la Policía, el cual tiene el carácter de vinculante para que este proceda a la cancelación inmediata del acuerdo de nombramiento del funcionario poli-

cial, sin responsabilidad alguna para el Estado”.

Otro dato que apunta la reforma del Congreso es la obligatoriedad del Min-istro de Seguridad de convocar cada tres meses al Consejo Nacional de Se-guridad Interior, Conasin, de no hacer-lo incurrirá en responsabilidad penal y podrá ser acusado por incumplimiento de los deberes de los funcionarios.

Además de ratificar que el Conasin está representado por varias orga-nizaciones y está facultado para dictar políticas de seguridad pero los minis-tros no le han dado la importancia.

A prisión policíA por cri-men de universitArios

El asesinato de dos universitarios, en-tre ellos el hijo de la actual rectora de la universidad pública, sigue desenma-rañando la corrupción e ilegalidad que existe en los cuerpos policiales.

Hace algunas horas se conoció que los juzgados dictaron prisión preventiva a los cuatro agentes acusados por estos crímenes.

Los agentes Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colin-dres, Gabriel Donatilo Mancía Hernán-dez y Wilson Roberto Córdova están acusados por el Ministerio Público de los delitos de asesinato, abuso de autoridad y robo agravado. El juez en-cargado del caso, resolvió dictar so-breseimiento provisional por el cargo de robo agravado.

Las reformas a la ley de policía incluyen nuevas medidas de investigación interna en este ente de seguridad.

Los agentes Martín Orlando

Ortez Pavón, José Manfredo

Fúnez Colindres, Gabriel Donatilo

Mancía Her-nández y Wilson Roberto Córdova están acusados

por el Ministerio Público de los

delitos de asesi-nato, abuso de

autoridad y robo agravado.

Wilfredo Méndez, CIPRODEH.


Semanario No. 214 | 04 Noviembre 2011 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

El chivo expiatorio

Un muerto y dos heridos en Bajo Aguán» Por conflicto de tierras

No es exagerado decir que en estos días el país se ha

centrado en el asesinato inmisericorde de dos jó-venes universitarios por la policía nacional. A nivel me-diático ha sido una noticia muy rentable pues todos los diarios y cadenas de televisión, no solamente se han hecho eco de la misma sino que día a día van pro-fundizando en el tema y, a modo de telenovela, van haciendo entregas sobre los nuevos descubrimientos y pormenores que se van descubriendo. Ciertamen-te nos alegramos por ello “para que los hechos no se repitan”, como decía la Co-misión de la Verdad.

Pero hay otra dimensión que queremos resaltar pues el acontecimiento se está convirtiendo en el “chivo expiatorio” de nues-tra realidad social. Las ciencias sociales nos dicen que hay dos meca-nismos que utilizan las so-ciedades para resolver sus conflictos: el mecanismo del “chivo expiatorio” y el mecanismo de la “mimesis o imitación”. En las comuni-dades primitivas al culpable de una crisis se lo “sacri-ficaba” dándole muerte; de la misma manera en nuestra sociedad contem-poránea se intentará elimi-nar a quien se le ve como culpable. El mecanismo de

la mímesis nos dice que la raíz de todos los conflictos está en la competición, la ri-validad entre las personas, países y culturas; para ello se recurre a la violencia si fuera necesario. Lo del “chivo expiatorio” tiene su origen en el ritual que celebraba el Pueblo de Israel: consistía en ele-gir dos chivos, uno de los cuales se sacrificaba como ofrenda a Yahvéh; y el otro era al que se le imputaban todos los pecados y abomi-naciones del pueblo israe-lita. Cargaba con todas las culpas y se lo entregaba al demonio Azazel: era perse-guido entre gritos, insultos, pedradas y abandonado

en mitad del desierto. Por extensión, la expresión ser el chivo expiatorio adqui-rió entre nosotros el valor de hacer caer una culpa colectiva sobre alguien en particular, aun cuando no siempre éste haya sido el responsable de tal falta. La grave situación crea-da por la “crisis policial” ha desatado todo tipo de debates y propuestas de solución. Es cierto que todos los sectores que no se identifican ni con el go-bierno ni con los sectores militares o policiales han hecho una critica dura pi-diendo que se sometan a la ley y no estén al margen o por encima de la misma. A

nivel mediático se va impo-niendo una salida del tipo de la “víctima sacrificial”: es un quiste maligno a extirpar para que la sociedad pueda sobrevivir, recuperar la paz social, el orden y acabar con la violencia. Sin embargo, el conflicto es más serio y profundo que encontrar un “chivo ex-piatorio”. Pues a modo de espejo nos está señalando las características de esa sociedad que entre todos hemos ido construyendo: violenta, preñada de im-punidad, desigual, con un gran déficit jurídico e insti-tucional, encubridora, inse-gura, con grupos de poder que no se sienten obliga-

dos a una “rendición de cuentas” y una ciudadanía pasiva y poco participativa. A fin de cuentas, de nada nos serviría buscar un “chi-vo expiatorio” sobre el cual hacer recaer la culpa si no hacemos nada por cambiar esa sociedad y esas cúpu-las de efectos tan pernicio-sos. Dependerá de si una mayoría de los sectores sociales aprovecha estos momentos de crisis para hacer unos planteamien-tos alternativos donde, en contraposición a una remi-litarización de la sociedad, la ley, la constitución y los derechos humanos sean respetados por todos.

Un campesino muerto y dos he-ridos fue el saldo que dejó una balacera contra un grupo de labriegos quienes se conducían a limpiar el cementerio del se-ctor El Despertar, en Trujillo Colón.

La persona muerta es Catalino López de 58 años de edad y resultaron heridos Luis Lemus y Nilda Nataren, todos miembros del grupo campesino El Des-pertar, margen izquierda del río Aguán.

Según sobrevivientes, los campesinos se conducían en un camioncito luego de limpiar el cementerio en ocasión del día de difuntos, y fueron ataca-dos sin razón por los guardias de seguridad del empresario-palmero, René Morales. “Entrábamos a la comunidad en un camión pequeño, cuando guardias de seguridad que se conducían en dos vehículos,

uno grande y otro pequeño, nos detuvieron e inmediatamente, sin mediar palabra, dispararon contra nosotros, nos lanzamos del vehículo y echamos a correr en diferentes direcciones para ponernos a salvo” relató uno de los sobrevivientes.

Catalino López no pudo escapar y, como él, otros dos de sus compañeros sufrieron heridas de bala. José Luis Lemus (35 años) fue conducido en estado de gravedad al hospital Atlán-tida de La Ceiba; a Nilda Fúnez Nataren (18 años) una bala le fracturó uno de sus brazos y ar-rancó parte de la piel de uno de sus pechos.

Inmediatamente de la agresión armada los guardias de segu-ridad se retiraron a las planta-ciones de René Morales y, de acuerdo a las versiones de di-rigentes campesinos, el ejército y la policía integrada a la oper-ación Xatruch II, se movilizaron

para esas plantaciones para acompañar a los guardias de seguridad, olvidando su obli-gación de proceder a la captura de los hechores y socorrer a las víctimas.

Los convenios entre campesinos y terratenientes, aún mediando el Estado, no garantizan la no violación de derechos humanos. Desde diciembre del 2009 hasta la fecha han asesinado más de 45 campesinos, todos estos ca-sos están en total impunidad.

¿A qué costo?

?

Aún con la operación Xatruch II en el Bajo Aguán, más campesinos han sido asesinados.

Catalino López de 58 años de edad y Luis Lemus y Nil-da Nataren, todos miembros del gru-po campesino El Despertar, sufrie-ron el atentado.



Un día en la maquila

Suena el despertador, el re-loj marca las 5 de la mañana, se levanta y “a la carrera” a

alistarse. Se baña, despierta a su pequeña y deja todo listo antes de ir a tomar el bus que la llevará a la maqui-la. Esa es la rutina de miles de obreras de la maquila, que a pesar de la pre-cariedad laboral, necesitan un empleo para sobrevivir.

A veces camina para ahorrarse los 8 lempiras y va pensando en su casa, su hija, su esposo, porque sabe que todo el día no puede tenerlos más en la mente.

Doña Edelsa, recuerda como si fuera ayer cuando, hace 26 años, de su aldea en el sur del país, se vino “al norte” a buscar trabajo en la maquila.

Se presentó y eran más de cien perso-nas aspirando por el trabajo, comenzó el examen físico, la revisaron desnuda y pasó la prueba.

“Cuando uno nunca ha trabajado se lleva sorpresas” asegura doña Edelsa. Un día en la maquila es agitado, al lle-gar a la empresa rápido a buscar sus materiales y a empezar a trabajar.

¿Cuánto es la meta de hoy? 500 piezas en una hora, en algo tan minucioso como hacer los ojales de las camisas. A olvidarse de todo y a trabajar, perder lo menos tiempo posible porque en la maquila “el tiempo es oro”.

Por muchos años doña Edelsa no tomaba agua para no ir al baño varias veces al día, no descansaba para no atrasarse, dio todo lo que pudo y más, ahora se le duermen los dedos y sufre de una enfermedad que no le permite trabajar ya.

“El trabajo de la maquila es difícil porque hay un horario, lo primero que no debe faltar es el reloj. Hoy en día son muchas las docenas que piden, para un promedio de un cien es difícil alcanzar” afirma doña Edelsa.

El ruido de las máquinas, la luz incan-descente, el tamo que les entra por las fosas nasales, todo eso tiene repercu-siones.

Doña Edelsa aconseja a su hija de 17 años que estudie para que pueda tener un trabajo digno y no repita la historia de su madre.

AvAnces y retrocesos

Gladys Hernández del Equipo de Moni-toreo Independiente de Honduras, EMIH, asegura que lo que más les afecta a las obreras de las maquilas son los salarios bajos, ni mínimos ni dignos, en una situación económica deplorable.

Ahora los trabajadores y trabajado-ras están buscando estrategias y se atreven a denunciar, los tratos han mejorado pero no las condiciones ni el salario.

Pero vamos retrocediendo, porque día a día los empresarios y el gobierno implementan leyes, por ejemplo, es un golpe cuando dan un salario dife-renciado en 5 municipios, en el sur del país les están pagando menos que aquí por el mismo trabajo, y además cuando nos han puesto el empleo tem-poral significa perder todos los dere-chos” afirmó Hernández. “Como el salario que no les ajusta para cubrir sus necesidades, tienen que du-plicar su jornada de trabajo, aparte

se dedican a otros negocios, unas venden producto por catálogo, otras hacen comida para vender y las com-pañeras de la fábrica se la compran.

Allí también están ampliando su es-fuerzo de trabajo, más el trabajo de la casa que antes de salir tienen que hacerlo, y al regresar también” agregó.

El EMIH realiza sondeos fuera de las maquilas y cuando hay violaciones, de-nuncian ante las marcas con las que estén trabajando en ese momento, para que vengan al país a hacer una auditoría, pero según Hernández cuesta porque hay marcas que niegan lo que está pasando.

Además después del golpe de Estado, varias maquilas se fueron del país y muchas personas quedaron desem-pleadas, según Hernández las obreras y obreros tienen más miedo a hablar.

lA mAquilA en HondurAs

La maquila se viene observando en la escena nacional desde hace más de tres décadas, de manera oficial en 1976, con la promulgación de la “Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés”, según consta en los archivos del diario gubernamental La Gaceta.

Desde ese momento, se observó el flo-recimiento de la maquila, que vio con-solidado su potencial con la emisión de los decretos número 37-87 de abril de 1987, que constituyó la “Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para la Exportación”.

Este beneficio se extendió a los mu-nicipios de Amapala, Tela, Choloma, Omoa y La Ceiba, puntos que propi-ciaron el despegue definitivo de la in-dustria maquiladora en Honduras.

Con la inauguración de ZIP Choloma en 1990, la maquila subió como la espu-ma, surgieron nuevos parques, llega-ron nuevos inversionistas, Choloma se convirtió en la Meca de las compañías maquiladoras.

Súbitamente, su población creció, ofi-cinas bancarias abrieron sus puertas, los negocios de restaurantes, hostel-erías, cafeterías y gasolineras surgier-on en ambos lados de la carretera que conduce a Puerto Cortés.

Para 1998, aparece en el Diario Ofi-cial La Gaceta, un decreto de ley que extiende los beneficios de las “zonas libres” a todo el territorio nacional.

Actualmente, la maquila es una indu-stria en expansión, hacia los cuatro puntos cardinales del país se puede ver su huella, para las autoridades una huella que deja ganancias al país por las exportaciones, pero para la po-blación que a diario se sumerge en la pobreza, es más una herida que sólo deja cicatrices.

Para las maquilas, la introducción de mercancías está exenta del pago de impuestos arancelarios, cargos, recar-gos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás im-puestos y gravámenes que tengan rel-ación con las operaciones aduaneras de importación y exportación.

Las ventas y producciones que se efectúen dentro de la Zona Libre y los inmuebles y establecimientos de la misma, quedan exentas del pago de impuestos y contribuciones munici-pales, estos beneficios más la mano de obra barata, alimentan cada día el monstruo capitalista.

¿A qué costo?

?

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La industria maquiladora no es nada nueva en Honduras. En 35 años se ha consolidado en 169 maquilas textiles, 71 de comercio, 13 de componentes electrónicos, entre otras. Con el objetivo de explotar todo recurso

para reportar ganancias y generar empleos, los parques industriales son ejemplo de precariedad laboral.

Las largas jornadas de trabajo aumentan las enfermedades en las obreras de maquila.

“Yo hago ruedo de manga, esa operación es mal pagada y no me alcanza; yo alquilo, pago agua y luz. La meta que me piden son 5 mil piezas pero el doble porque son dos mangas y es una operación minuciosa, si abren antes me meto antes para ganar un poco más”

Opiniones

“Yo trabajo desde el 2001 y siento que todas mis fuerzas las he dejado allí, me siento ya bien cansada con dolores de espalda, voy al Seguro y dicen que no tengo nada y en la en-fermería ni pastillas hay. Las mascarillas que nos dan no son de buena calidad, el tamo siempre lo absorbe uno, cuan-do me limpio la nariz lo noto”.

“A los inspectores les importa más una máquina, si se arrui-na llaman inmediatamente al mecánico, en cambio si uno se enferma ni permiso le dan, si uno se muere encima de la máquina, solo lo quitan y ya”.

Gladyas Hernández, EMIH.



Institutos públicos a punto de colapsar

Personal docente, administra-tivo y estudiantes del Instituto José Trinidad Reyes de San Pe-dro Sula, salieron a las calles para recolectar 500 mil lempi-ras para subsanar necesidades inmediatas en la institución para comenzar el 2012 en instala-ciones con buenas condiciones pedagógicas.

La iniciativa surgió ante la irre-sponsabilidad del gobierno de cumplir a tiempo con los desem-bolsos de la matrícula gratis.

El desfase que hay en la insti-tución suma unos dos millones de lempiras, asegura el profesor José Antonio Carballo, director del JTR.

Esta institución atiende a casi seis mil alumnos procedentes de los diferentes barrios y colo-nias de la capital industrial. “La actividad continuará porque la siguiente meta es equipa-miento de laboratorios, creación de una fundación educativa y atender necesidades de creci-miento físico” aseguró el direc-tor del JTR.

intAe eXiGe reemBolso

La crisis también llegó al Insti-tuto Tecnológico de Adminis-tración de Empresas, IN TAE, donde alumnos, maestros y per-sonal administrativo, exigieron mediante una marcha por las calles de San Pedro Sula esta

semana, al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el desembolso para continuar la construcción de di-cho centro educativo.

Los trabajos que iniciaron desde el 2003, fueron abandonados desde octubre del 2008 y el go-bierno no ha sido responsable en hacer efectivo los pagos a la empresa constructora.

Según José Antonio Alas, direc-tor del INTAE hacen falta unos 50 millones de lempiras para culminar los trabajos.

La situación que enfrentan es-tos institutos solo es una mues-tra de la precariedad que existe en los centros educativos del país, donde evidentemente la educación no es tema de agen-da para los gobiernos. El direc-tor del INTAE aseguró que en la mayoría de casos los colegios públicos subsisten con apoyo de instituciones donantes.

» Por irresponsabilidad del gobierno

Los estudiantes han tenido que salir a las calles para que se les escuchen sus exigencias.

» Advierte la Asociación de Jueces por la Democracia

“Consejo de la judicatura no debe ser politizado”

La Asociación de Jueces por la Democ-racia, AJD, instó a

los Diputados y Diputadas del Congreso Nacional en Hondu-ras, para que aprueben la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, lo que sería un paso fundamental para la “real separación de las fun-ciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ” según lo dio a conocer Rubenia Galeano, presidenta de la AJD.

La AJD estableció la necesidad de que la CSJ “no tenga en el fu-turo ninguna intervención en el nombramiento de ascensos de los jueces, ni en la imposición de sanciones o separación de jueces o magistrados”.

Para eso, los jueces puntual-izaron en que el Consejo de la Judicatura debe estar integrado mayoritariamente por jueces y juezas con participación activa

de las asociaciones judiciales, descartando totalmente que el Presidente de la CSJ, Jorge Ri-vera Avilés, sea quien presida este Consejo.

También expresaron que se debe excluir de participar en el Consejo de la Judicatura aquellos entes gremiales o in-stitucionales que sean parte de la dinámica político- partidaria del país.

Proponen que además de los jueces, se convoque a las organizaciones de derechos humanos y el Consejo Superior Universitario para que nominen candidatos para futuros conse-jeros.

Tal y como está planteado el proyecto en estos momentos, el Consejo estaría encabezado por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un rep-resentante del Colegio de Abo-

gados de Honduras, dos repre-sentantes de las asociaciones de jueces y un miembro de la Asociación de Empleados del Poder Judicial.

La Asociación de Jueces por la Democracia, se pronunció en contra de las negociaciones que actualmente desarrollan los Partidos Nacional y Liberal, por apoderarse de este órgano administrativo.

Señalan que “estas maniobras político- partidarias por contro-lar el Consejo de la Judicatura, provocarán mayor politización en el Poder Judicial y como consecuencia, en lugar de fortalecer el poder de Estado, lo que se producirá es mayor politización y agudización de la crisis institucional en la admin-istración de la Justicia.

Otro cuello de botella en la aprobación de la Ley, está en

quien tendrá la facultad de nombrar al inspector general de tribunales, atribución que se quiere adjudicar el Con-greso Nacional y que según el proyecto de Ley sería facultad del Consejo de la Judicatura.

La Asociación de Jueces por la Democracia presentó un proyecto de Ley para el consejo de la judicatura hace unos años.

Según José Antonio Alas, director del

INTAE hacen falta unos 50 millones de

lempiras para culminar los

trabajos.

Tal y como está planteado el pro-

yecto en estos momentos, el

Consejo estaría encabezado por el Presidente de la

Corte Suprema de Justicia, un repre-sentante del Cole-gio de Abogados

de Honduras, dos representantes de las asociaciones de jueces y un miem-bro de la Asocia-

ción de Empleados del Poder Judicial.



Washington - Organizaciones defensoras de los derechos hu-manos anunciaron ayer jueves un nuevo impulso a sus esfuer-zos porque el ex presidente de facto de Honduras Roberto Mi-cheletti sea juzgado en Estados Unidos por “graves violaciones de derechos humanos” tras el golpe de Estado de 2009 en el país centroamericano.

El Centro de Derechos Constitu-cionales (CCR) había presentado en junio una acción civil ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas contra Micheletti en nom-bre de los padres de Isis Obed Murillo, un joven que murió de un disparo de efectivos del Ejér-cito hondureño en julio de 2009 durante una manifestación en contra del golpe que derrocó a Manuel Zelaya e instauró a Micheletti como presidente de facto.

La demanda fue presentada bajo el Estatuto de Reclamación

por Agravios Contra Extranjeros (ATS, por sus siglas en inglés), y en ella se detallan “ejecuciones extrajudiciales, crímenes contra la humanidad de asesinato y persecución, muerte por negli-gencia y otras graves violacio-nes de derechos humanos que ocurrieron en Honduras bajo la autoridad y/o la dirección de Mi-cheletti”, según el CCR.

El ex presidente de facto por su parte solicitó al tribunal que desestimara el caso, frente a lo cual, el CCR presentó la víspera nueva documentación que ase-gura refuerza su demanda.

Según dijo el centro hoy en un comunicado, estos documentos “ofrecen amplia documentación sobre la cultura de impunidad que previene una investig-ación justa e imparcial de estos crímenes en Honduras y que hoy en día permite que estas violaciones de derechos huma-nos continúen bajo el régimen

del presidente Porfirio Lobo”.

Entre otros, los abogados pre-sentaron una “declaración ex-perta” de Human Rights Watch (HRW).

En este documento se afirma que hay dos “obstáculos clave” que enfrentan los fiscales para llevar a los responsables de abusos ante la justicia hondure-

ña: la “falta de cooperación” de las fuerzas de seguridad y la “independencia comprometida” del propio poder judicial.“Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe no han en-contrado justicia en el sistema judicial hondureño”, dijo el di-rector para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al distribuir también hoy la docu-

mentación proporcionada por su organización para apoyar el caso contra Micheletti.

“Esta declaración experta se presentó como parte de un es-fuerzo por obtener un recurso efectivo para la familia de Isis Obed Murillo, una de las tantas víctimas de abusos graves co-metidos tras el golpe”, agregó.Por su parte, la abogada del CCR Pamela Spees subrayó que la demanda interpuesta en Texas probablemente constituya una de las “únicas” vías para “com-batir la impunidad” que a juicio de estas organizaciones sigue vigente en Honduras.

“Isis fue la primera víctima de lo que se ha convertido en un ataque sistemático y generaliza-do contra la disidencia que con-tinúa hoy en día”, declaró Spees. “El hecho de que el gobierno de Honduras haya rechazado explícitamente cualquier es-fuerzo para responsabilizar a

Micheletti por la muerte de Mu-rillo, efectivamente limpiando el nombre del líder del golpe, sin ningún tipo de investigación se-ria, destaca la importancia de esta demanda como una de las únicas avenidas para combatir la impunidad que ha plagado a Honduras desde el golpe”, agregó.

Además de la declaración exper-ta de HRW, el CCR presentó una declaración del fiscal general de Honduras en la que se afirma que el gobierno de Tegucigalpa “no responsabiliza a Micheletti por la muerte de Murillo”.

Según el CCR, esta declaración “refuerza las afirmaciones que la familia Murillo ha hecho con respecto a la necesidad de traer el caso a Estados Unidos, dada la cultura de impunidad con la que los líderes del golpe han y continúan actuando”.

Fuente: dpa

El CCR impulsa juicio contra Roberto Micheletti por violación de DDHH » En Estados Unidos

La familia de Isis Obed sigue en busca de justicia.

» Familiares de migrantes

Responsabilizan al Estado Mexicano y gobiernos Centroaméricanos por crimen en Tamaulipas

Decenas de mujeres y hombres de Hon-duras, Guatemala,

El Salvador y Nicaragua or-ganizaron una caravana que partió este lunes hacia la frontera entr4e Guatemala y México, el objetivo que llevan es recorrer nueve Estados mexicanos para exigir al Esta-do Mexicano se castigue con todo el peso de la Ley a los asesinos de los 72 migrantes asesinados en la hacienda de San Fernando en agosto del año 2010.

“La caravana ha estado recorriendo los Estados de Tabasco, Veracruz, Tamau-lipas y ayer llegamos a Coa-huila. Estuvimos en el lugar donde asesinaron a 72 her-manos migrantes, les hici-mos un altar en el marco de

la celebración del día de los muertos” manifestó Rubén Figueroa activista de los derechos humanos de los mi-grantes.

Este trayecto es sumamente peligroso por la presencia del crimen organizado, infiltrados que pretenden asaltar, y se-cuestrar personas. También hay tráfico de personas y drogas, ejemplo de esto han sido los miles de asesinatos y secuestros en la frontera hacia los Estados Unidos, agregó Figueroa.

La caravana ha responsabili-zado al Estado Mexicano de este crimen en contra de es-tas personas que buscaban llegar a Estados Unidos y a los gobiernos centroamerica-nos para conseguir un traba-

jo que les permitiera ayudar a sus familiares.

Hasta el momento, la cara-vana ha platicado con las autoridades de los lugares por donde hemos pasado para exigir se investiguen los asesinatos de migrantes y que se busque un método eficaz para buscar a las per-sonas desaparecidas en la ruta del migrante.

Hoy viernes 4 de noviembre, la caravana se encuentra en el Estado de Coahuila, Méxi-co, en este lugar presentará en las plazas públicas fotos de los migrantes desapareci-dos, harán marchas, dialoga-rán con el secretario de go-bierno de ese Estado y con organizaciones que apoyan a los migrantes.

La caravana de madres en busca de sus hijos migrantes arrancó el lunes 31 de octubre.



» En Vitoria Gasteiz, España

Abogan por una comunicación alternativa que privilegie la libertad de expresión

En una fría ciudad Vito-ria - Gasteiz en el país Vasco se desarrolló

entre el jueves y el viernes el II foro de medios de comunicación alternativos Betty Cariño por la Comunicación alternativa, la Libertad de expresión y la Inmi-gración,

El foro se celebró en el Audi-torio del Museo Artium de Vi-toria Gasteiz con presencia de periodistas de América Latina, entre ellos Honduras, Argentina y Chile, de Europa participaron España y País Vasco, Suiza, In-glaterra y Bélgica.

El evento contó con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooper-ación para el Desarrollo.

“Este foro y al mismo tiempo debate está dedicado a Beatriz Cariño por ser una luchadora social mejicana, asesinada el 26 de abril de 2010 en San Juan Copala-Oaxacaque.

Se pretende dar a conocer la re-alidad de Latinoamérica en cu-

anto al uso de la comunicación alternativa potenciando un de-bate crítico frente a los medios masivos de comunicación” dijo Mario Humberto Calixto, miem-bro del Colectivo de refugiados y refugiadas de Colombia llama-do colectivo Bachué que junto a la organización Ocsi montaron el evento.

Al foro también asistió la presi-denta de la Asociación mundial de radios comunitarias, AMARC, María Pía Mata, hizo énfasis en que la libertad de expresión es un derecho de todos los ciu-dadanos y ciudadanas del mun-do y no solo de los dueños de los medios y de los periodistas.

“Es un derecho que atañe a las personas, a los ciudadanos, sin distinciones, y nosotros aboga-mos por el derecho a la plena libertad de expresión” expresó Pía Mata.

Se desarrollaron varios colo-quios. Dos de ellos estuvo dedi-cado el ejercicio del derecho a la información y la libertad de

expresión en América Latina y el terrorismo mediático y las políti-cas de poder junto a sus efectos en la operación de las radios co-munitarias y alternativas.

En este espacio se analizaron las políticas agresivas de los centros de poder y sus multina-cionales de la información.

Además se analizó el grave daño que provocan en el tema de la migración la mala forma de informar por parte de los periodistas y los medios de co-municación. “Fíjate, los medios de comunicación tratan aquí en España a los refugiados, a los exiliados y a los migrantes

por razones económica de la misma manera, los tratan como delincuentes, no hay un trato humano y encima les impiden expresarse por estos medios ya que no los visibilizan y cuando lo hacen provocan más daños” expresó Rafael Cuestas de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, URCM.

Uno de los objetivos del foro era analizar la realidad y condi-ciones de inseguridad, censura, violaciones a los derechos hu-manos y otros actos en contra de los periodistas, medios, in-formadores, escritores, analis-tas, comunicadores, en muchas partes del mundo.

En las exposiciones participaron comunicadores de América Latina y Europa.

Mario Humberto Calixto, miembro del Colectivo Bachué y María Pía Mata, presidenta de AMARC, en la apertura del foro en Vitoria – Gasteiz.

» Familiares de jóvenes asesinados en Agua Blanca Sur

Exigen castigo para policías implicados

Con mucha impotencia, don Merlyn Bonilla recuerda el día en que su hijo Narcy Neguib Bonilla Barahona, junto a Guill-ermo Nahúm Murillo y Neftalí Galeano se fueron a pasear al balneario llamado “Los Dos Encuentros”, ubicado en Agua Blanca Sur, Según investiga-ciones hechas por los mismos familiares, los jóvenes fueron sacados del balneario y asesi-nados por cuatro policías, entre ellos la agente, Glenis Georgina Rosales, quien en febrero de este año, era la en-cargada de la posta policial de Agua Blanca Sur.

Sus familiares buscaron a sus hijos desesperadamente por todas las postas policiales, en todos los lugares públicos pero no encontraron nada. Después de dos días, en-contraron los cuerpos de los jóvenes tirados en los mator-rales. “Varias personas vieron como los policías manipulaban los cuerpos de los muchachos y como los escondían en el monte”.

Desde ese día han buscado respuesta de las autoridades, ¿por qué los asesinaron?, las súplicas de los padres, madres, hermanos y de toda la familia han llegado a todas las instancias estatales, pero todos se hacen de “oídos sor-dos”.

“Cuando se hizo el levanta-miento de los cuerpos, una mujer levantó uno de los cas-quillos de fusil galil y cuando fuimos a la posta, ella ya no tenía el casquillo. Tenemos evidencias que fueron policías los autores de este crimen, pero nos hemos enfrentado a una muralla de impunidad, aunque en las autopsias que-

da evidencia que en uno de los cuerpos se encontraron cas-quillos de arma de uso policial. Los policías no han estado ni un minuto presos, los dejaron libres. La agente Rosales está la posta policial del sector de Guaymas y otro agente en la colonia 2 de marzo, les dan protección en vez de ponerlos a la orden de los tribunales”, dijo Merlyn Bonilla, padre del joven Narcy.

Bonilla agrega que las autori-dades no le toman importan-cia a este caso, porque los fa-miliares de las víctimas son de escasos recursos. “Eso indica que no somos iguales ante la ley, están bien marcadas las clases sociales en este país y para los pobres no hay volun-tad de investigar, no hay justi-cia, ni siquiera nos escuchan cuando pedimos respuestas a las autoridades. Sin embargo, vemos que casos como el asesinato del hijo de la rec-tora de la universidad y de otro joven universitario, que sí le están dando importancia las autoridades, pero tampoco se ha hecho justicia”, recalcó el padre del joven asesinado.

A pesar de tanta impunidad, don Merlyn Bonilla afirma que seguirá luchando porque se castigue a los policías asesinos y si no encuentra justicia en Honduras, buscará a nivel internacional, pues no se le puede seguir arrebatan-do la vida a tanta gente en este país.

Narcy Negui Bonilla, tenía 20 años de edad, se había graduado de perito mercantil, Guillermo Nahún Murillo re-cién había venido de Estados Unidos y Neptalí Galeano era estudiante de computación.

Los agentes de policía Glenis Georgina Ro-

sales Martínez, Santos Evencio Corea y Ma-rio Corea, son tres de los cuatro policías que asesinaron en febrero de este año a tres jó-

venes en Agua Blanca Sur, hay pruebas y sus familiares exigen se les castigue por el crimen.

Narcy Neguib Bonilla Ba-rahona, joven asesinado.



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