95 propuestas para chile

Grupo Res Publica Chile

Dante Contreras Guajardo Cristin del Campo Simonetti, Sj Vicente Espinoza Espinoza Alejandro Ferreiro Yazigi Nicols Figueroa Gonzlez juan Andrs Fontaine TalaveraFrancisco Gallego Yez Eugenio Guzmn Astete jorge Quiroz Castro Andrea Repetto Lisboa Klaus Schmidt-Hebbel DunkerAndrea Tokman Ramos

95 propuestas para un Chile mejorGrupo Res Publica Chile www.95propuestas.clPrimera edicin: mayo de 2013ISBN: 978-956-9326-00-4Edicin: Andrea Palet y Pilar de AguirreDiseo: FelicidadImpresin: Quadgraphics

Grupo Res Publica Chile

ndice

Resumen ejecutivo / 14

Quines somos y cmo trabajamos / 20

Introduccin / 32

A. Sistema poltico, regiones y Estado

1. Tres reformas de fondo para revitalizar el sistema poltico chileno Alejandro Ferreiro y Eugenio Guzmn / 54

2. Chile descentralizado: ms desarrollo, ms democracia Alejandro Ferreiro / 70

3. Modernizacin del Estado: una agenda necesaria Alejandro Ferreiro / 82

B. Desarrollo econmico, mercados y medio ambiente

4. Superando la trampa del ingreso medio: cmo crecer ms Juan Andrs Fontaine, Jorge Quiroz y Klaus Schmidt-Hebbel / 98

5. Un nuevo trato para la energa Jorge Quiroz y Andrea Tokman / 122

6. Ms competencia y proteccin efectiva de los consumidores Nicols Figueroa y Andrea Repetto / 136

7. Una reforma tributaria para la eficiencia y la equidad Jorge Quiroz y Klaus Schmidt-Hebbel / 146

8. Compromiso ciudadano con un entorno sustentable y limpio Vicente Espinoza y Klaus Schmidt-Hebbel / 154

9. En busca de la eficiencia y la efectividad en el transporte urbano Francisco Gallego y Juan Pablo Montero / 178

C. Desarrollo social y desigualdad

10. Ms y mejor empleo para combatir la pobreza y la desigualdad Dante Contreras, Vicente Espinoza, Andrea Repetto y Andrea Tokman / 196

11. Todos ganan: reforma a la regulacin laboral Dante Contreras y Andrea Repetto / 216

12. Impuestos a la renta: una reforma progresiva y eficiente Dante Contreras y Andrea Repetto / 228

13. La desigualdad ms all del ingreso: voz, dignidad y capital social Vicente Espinoza y Eugenio Guzmn / 236

14. La madre de todas las batallas: asegurar el acceso a una educacin de calidad integral Dante Contreras y Francisco Gallego / 252

15. Un sistema de salud para el siglo XXI Alejandro Ferreiro y Nicols Figueroa / 276

16. Vivienda social integrada a la ciudad Cristin del Campo, SJ y Andrea Tokman / 292

D. Delincuencia y drogas

17. Delincuencia: la principal preocupacin de los chilenos Eugenio Guzmn y Klaus Schmidt-Hebbel / 312

18. Reconociendo la derrota en la guerra contra las drogas: hacia la legalizacin Eugenio Guzmn y Klaus Schmidt-Hebbel / 328

1. Transitar hacia un rgimen de gobierno parlamentario.

2. Financiamiento pblico de los partidos polticos a cambio de estndares de transparencia, democracia interna y representatividad.

3.Dos alternativas para modificar el binominal: eleccin por mayora simple en distritos uninominales o una mezcla con algunos distritos uninominales y otros con eleccin a partir del resultado nacional por partido o lista.

4. Comisin Asesora Especial para la Descentralizacin Regional.

5. Eleccin democrtica de todas las autoridades del gobierno regional desde octubre de 2016.

6. Agencia de Evaluacin de Polticas Pblicas: autnoma y con un gobierno corporativo de excelencia.

7. Nuevo trato laboral para los funcionarios pblicos: rgimen de contratacin nico, negociacin colectiva y huelga reglada, y una Academia de Servicio Civil.

8. Directiva colegiada para agencias reguladoras y otras entidades pblicas importantes.

9.Regular la gestin documental del Estado para su accesibilidad y preservacin.

10. Reformar el sistema de ahorro previsional obligatorio: aumento gradual de la tasa de cotizacin, de las edades de jubilacin y de los topes mximos imponibles.

11. Perfeccionar la poltica fiscal mediante un ajuste a la regla de balance cclicamente ajustado (ms austera y contracclica), un Consejo Fiscal autnomo y mayor transparencia y rendicin de cuentas.

12. Nueva poltica de inmigracin: puertas abiertas para trabajadores calificados e inmigracin controlada de trabajadores no calificados.

13. Perfeccionamiento de la institucionalidad de evaluacin social de proyectos de inversin: autonoma, mayor transparencia y rendicin de cuentas, y mbito de accin ampliado a todos los proyectos de inversin pblica.

14. Sistema de inversin pblica en infraestructura y concesiones mejorado: mecanismos complementarios de financiamiento pblico y ms flexibles de recaudacin.

15. Remover barreras y mejorar regulaciones para atraer ms inversin privada, incluyendo un menor impuesto adicional a utilidades remesadas de nueva inversin extranjera no minera.

16. Impulsar el emprendimiento: simplificacin de trmites, nueva ley de quiebras y fomento a la formalizacin.

Las 95 propuestas

17. Derribar barreras especficas que entorpecen la libre competencia en sectores como la cadena logstica, el mercado de capitales, los notarios y conservadores de bienes races, el mercado farmacutico y el sector elctrico; abrir (a travs de licitaciones competitivas) el acceso a propiedades y derechos fiscales.

18. Potenciar la innovacin por la va de aumentar la inversin en investigacin y desarrollo, estimular la conexin con el exterior, apoyar la creacin de negocios innovadores y fomentar la economa digital y de servicios.

19. Nueva institucionalidad para la innovacin y la competitividad: sistema de innovacin en un solo Ministerio, Comisin de Competitividad y transformacin del Sistema de Empresas Pblicas en holding de las empresas del Estado, con constitucin de empresas pblicas en sociedades annimas, y un 33% de ellas en manos privadas.

20. Potenciar el sector de los recursos naturales renovables: mejores prcticas institucionales, reforzamiento de los derechos de propiedad y apoyo a la adopcin de nuevas tecnologas.

21. Transformar al gas natural en la tecnologa de expansin con un Estado activo en diplomacia, regulacin y fomento.

22. El carbn como alternativa inframarginal: intervencin del Estado en la identificacin de sitios para desarrollo termoelctrico, estudios de factibilidad y aprobaciones ambientales, para licitar al sector privado captando las rentas y devolvindolas a los usuarios.

23. Impulsar la generacin de energas renovables no convencionales (ERNC) mediante licitaciones de bloques de energa con un seguro de precio.

24. Compensacin equivalente al 1% de la inversin en beneficio de la comunidad y/o regin de todos los proyectos sometidos a evaluacin de impacto ambiental.

25. Declarar de modo inequvoco el carcter estratgico de la gran hidroelectricidad del sur coinvirtiendo en la lnea de transmisin.

26.Negociar acuerdos de integracin energtica mutuamente beneficiosos con nuestros vecinos, una vez reducida la fragilidad actual de nuestro sistema.

27.Sanciones realmente disuasivas para los atentados a la libre competencia: multas mayores y sanciones penales.

28.Transparentar y uniformar los criterios de la Fiscala Nacional Econmica frente a fusiones.

29. Licitaciones competitivas para el acceso a recursos naturales u otros de propiedad del Estado.

30. Incorporar la educacin para el consumo en el currculo escolar.

31. Sistema de recopilacin y difusin de informacin sobre productos y servicios, con financiamiento pblico y levantamiento de informacin a cargo de privados a travs de licitaciones.

32. Cumplimiento ms efectivo de la ley del consumidor: SERNAC como ventanilla nica de reclamos y con facultades de investigacin, y mecanismo de fijacin de multas para los juicios colectivos que disuada las conductas ilcitas sin incentivar el comportamiento oportunista.

33. Cautelar la efectiva proteccin de los datos personales adoptando las mejores prcticas internacionales.

34. Reformar el sistema tributario con un sistema puro de base consumo para el impuesto a las personas, adems de otras siete medidas.

35. Fomentar el reciclaje con un sistema de impuestos especficos a la produccin de bienes y de crditos transables al reciclaje.

36. Contribuir a modificar los hbitos de separacin de la basura y los desechos en su origen y extender los Puntos Limpios mediante fondos concursables.

37. Crear una Direccin Nacional de Parques Urbanos que administre un nuevo fondo para la compra de terrenos y la construccin de parques urbanos en comunas de baja densidad de reas verdes por habitante.

38. Implementar un conjunto coherente de desincentivos a la contaminacin y de incentivos a la promocin de limpieza del entorno fsico.

39. Restringir la publicidad y la sealtica vial: un programa de planes piloto en reas acotadas.

40. Elaborar y usar material pedaggico que fomente las iniciativas relativas al entorno sustentable y limpio en la enseanza bsica y media.

41. Crear una unidad especializada del Estado como contraparte pblica en materia de voluntariado.

42. Crear un Servicio Juvenil Voluntario dirigido a jvenes entre 18 y 30 aos.

43. Promulgar una ley nica de incentivos tributarios a las donaciones privadas.

44. Crear el concepto de zona saturada de transporte, para disponer de recursos y medidas excepcionales para mitigar o prevenir problemas asociados al transporte.

45. Usar ms los instrumentos de precios en la regulacin del transporte privado: tarificacin vial, aumento de impuestos a los combustibles, permisos de circulacin en relacin con los efectos externos de los vehculos, incentivos para vehculos nuevos y uso activo de polticas de precios en estacionamientos.

46. Mejorar la eficiencia de la restriccin vehicular: aplicacin diferenciada y espordica.

47. Crear un Consejo del Transporte Pblico autnomo, que tenga el rol de informar y evaluar las polticas pblicas del sector y sea contraparte de las autoridades encargadas de disear e implementar las polticas de transporte.

48. Promover el uso de la bicicleta a travs de un paquete de polticas que incluya, entre otros, incentivos a su compra y uso, provisin de estacionamientos y una mayor seguridad en ciclovas.

49. Simplificar el pilar asistencial del sistema de transferencias monetarias, con un subsidio asistencial nico que se retire gradualmente en funcin de la vulnerabilidad del beneficiario.

50. Fortalecer el pilar pro-empleo del sistema de transferencias con un rediseo de los subsidios al ingreso laboral, lo que incluye una expansin del actual bono al trabajo de la mujer, aumentando su cobertura y sin lmite de permanencia.

51. Reformar el sistema de capacitacin, ms recursos y cambios profundos en las modalidades de capacitacin y los mecanismos de aseguramiento de la calidad y de pertinencia de las competencias enseadas.

52. Integrar el sistema pblico de intermediacin laboral al nuevo sistema reformado de capacitacin.

53. Crear una oferta graduada de servicios de capacitacin segn las necesidades de cada beneficiario, con una oficina especial para los trabajadores ms rezagados.

54. Actualizar el concepto de empresa para evitar la prctica del multi RUT.

55. Nuevos mecanismos para constitucin de sindicatos y afiliacin: mayor formalidad para su constitucin, exigencias de informar a nuevos trabajadores, afiliacin automtica inicial y permanencia con solicitud explcita.

56. Modernizar la Direccin del Trabajo mediante la creacin de agencias con dedicacin exclusiva para cada funcin: fiscalizacin, interpretacin de la ley, solucin alternativa de conflictos y certificacin de buenas prcticas.

57. Jornadas laborales y gratificaciones negociadas con mayor flexibilidad entre trabajadores y empresa.

58. Potenciar la negociacin colectiva como instrumento principal de dilogo para mejorar la productividad y las condiciones laborales: ampliacin de su cobertura, mayor transparencia e informacin en el proceso de negociacin, limitacin de la contratacin de reemplazantes en caso de huelga y mediacin obligatoria o buenos oficios al cabo del quinto da.

59. Sustitucin de indemnizaciones por aos de servicio por un sistema de indemnizacin a todo evento, para contratos temporales e indefinidos y financiado con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual.

60. Avanzar hacia un financiamiento solidario de las salas cuna, reconociendo que hombres y mujeres trabajadores requieren de estos servicios.

61. Reformar el sistema tributario cambiando el pago de impuestos de los dueos de empresas en base a las utilidades devengadas, unificando el impuesto para empresas pequeas y sustituyendo los diversos tratos preferenciales al ahorro por una poltica general que deje exento su retorno normal.

62. Crear un fondo para financiar iniciativas de comunicacin participativa que combinan procedimientos de consulta y deliberacin con periodismo investigativo y advocacy.

63. Grupo de trabajo de empresarios, trabajadores, organizaciones de responsabilidad social y gobierno que siente las bases para una verdadera red de empresas socialmente responsables.

64. Crear un fondo nacional de microcrdito, operado por instituciones privadas sin fines de lucro que comprometan recursos de gestin y con frmulas de postulacin colectiva.

65. Ampliar el foco educativo en las habilidades cognitivas para incluir las habilidades socioafectivas.

66. Crear una nueva institucionalidad con rango ministerial responsable del desarrollo temprano y la educacin preescolar, y dar facultades a las instituciones pertinentes (Agencia y Superintendencia).

67. Aumentar significativamente la subvencin escolar, ajustar el diseo de la subvencin escolar preferencial y crear una nueva subvencin especial para educacin con caractersticas pblicas.

68. Perfeccionar el proyecto de ley de carrera docente incorporando a docentes de preescolar, medicin y desarrollo de habilidades socioafectivas y reconocimiento al desempeo de docentes que ensean en contextos vulnerables.

69. Mejorar la gestin de la educacin escolar de propiedad pblica: desmunicipalizacin y creacin de unidades administrativas especiales por zonas geogrficas y un gobierno corporativo del ms alto nivel.

70. Introducir requisitos especiales de aseguramiento de la calidad para la educacin media tcnico-profesional, considerando explcitamente el resultado en el mercado laboral de sus egresados.

71. Aumentar la calidad y flexibilidad del sistema de educacin superior: revisar el sistema de acceso, distinguir entre tipos de instituciones para efectos de la acreditacin, permitir y estimular la movilidad entre instituciones, fomentar la generacin de capital social e integracin, y potenciar la descentralizacin incentivando que becados de posgrado trabajen en regiones.

72. Proveer ms y mejor informacin para los estudiantes y sus familias, as como orientacin personalizada para los estudiantes ms vulnerables y una mejor regulacin de la informacin en el caso de la educacin superior.

73. Fortalecer el Fonasa para que se transforme en un comprador inteligente de prestaciones pblicas y privadas, con un gobierno corporativo de excelencia.

74. Establecer un seguro de salud pblico y universal con seguros privados voluntarios.

75. Aumentar la capacidad resolutiva y la integracin del sistema de atencin primaria.

76. Colaboracin entre el Estado y la comunidad para el cuidado de los adultos mayores, privilegiando la participacin activa y entrenada de voluntarios y familiares.

77. Invertir intensiva y multisectorialmente en barrios vulnerables, demoliendo viviendas irrecuperables, mejorando las recuperables e interviniendo el territorio para aumentar la seguridad y calidad barrial.

78. Lograr una mayor integracin residencial de las ciudades: incentivos para los desarrolladores inmobiliarios, poltica de arriendo y mejor gestin del suelo pblico.

79. Mejorar la gestin del Fondo Solidario de Eleccin de Vivienda, fomentando la participacin de las familias y facilitando la postulacin y la evaluacin de los proyectos tcnicos.

80. Crear una nueva institucionalidad para los barrios, con capacidad real de coordinacin interministerial, para llevar a cabo proyectos integrales de alto impacto.

81. Potenciar la participacin comunitaria en las intervenciones sociales, utilizando la figura de Mesas Barriales como mecanismo de coordinacin entre la comunidad y los municipios.

82. Desarrollar una poltica general de mejor coordinacin y mayor transparencia para el funcionamiento de las principales instituciones relacionadas con el combate a la delincuencia: Ministerio Pblico, Carabineros de Chile, Polica de Investigaciones, Gendarmera de Chile, Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, Servicio Nacional para la Prevencin y Rehabilitacin del Consumo de Drogas y Alcohol e Instituto Mdico Legal.

83. Revisar y mejorar la labor preventiva de Carabineros: evaluacin y rediseo de su despliegue territorial, redefinicin de sus funciones para poner mayor nfasis en actividades de prevencin, esquema de incentivos individuales adecuados en la carrera funcionaria, y ampliacin y consolidacin del STAD.

84. Incorporar medidas de prevencin de la delincuencia a travs de un mejor diseo urbano.

85. Comprometer la participacin ciudadana en la prevencin del delito expandiendo y mejorando el Fondo Nacional de Seguridad Pblica y el programa Barrio en Paz.

86.Promulgar un nuevo Cdigo Penal para Chile, basado en 14 cambios especficos.

87. Reformar el sistema procesal penal y el Cdigo Procesal Penal para mejorar significativamente la eficacia de las policas, el Ministerio Pblico y el Poder Judicial en la investigacin y persecucin de delitos, basado en 11 medidas especficas.

88. Potenciar el rol del Ministerio Pblico como actor relevante en la reduccin de la delincuencia, mejorando fundamentalmente su coordinacin con las policas, y revisando los sistemas de evaluacin.

89. Crear Servicios de Antelacin de Juicios que recopilen antecedentes sobre la probabilidad de fuga y reincidencia de los imputados, para mejorar la toma de decisiones de los jueces respecto de medidas cautelares.

90. Revisar el rol de Gendarmera en rehabilitacin, expandiendo significativamente su oferta de programas de rehabilitacin y evaluando a travs de programas piloto iniciativas nuevas como las prisiones-industria.

91. Revisar gradualmente los actuales contratos de concesiones de crceles y de provisin de servicios de rehabilitacin, a la vez que se exploran alternativas de contratos con incentivos de pagos segn niveles de reincidencia de los exconvictos.

92. Crear programas y fondos de apoyo y asesoramiento de las familias de delincuentes, que incluyan diagnsticos neuropsiquitricos y socioeconmicos.

93. Establecer un programa de subsidios transitorios al empleo de excarcelados, condicional a una certificacin de buen comportamiento en la crcel y de haber participado en programas de rehabilitacin, capacitacin y/o trabajo en la crcel.

94. De aqu a dos aos, formular una estrategia nacional de legalizacin y regulacin de drogas, incluyendo la revisin de tratados internacionales y una legalizacin en el corto plazo de un conjunto limitado de drogas como la marihuana, sujetas a un marco de regulacin y tributacin similar al del tabaco y el alcohol.

95. En un plazo de tres a diez aos, legalizar todas las drogas tras una revisin multilateral de los tratados internacionales, sometindolas a una estricta regulacin y tributacin acorde con evidencia cientfica sobre los daos, e implementar polticas de educacin y salud pblica de prevencin del consumo y tratamiento de drogadictos.

14 95 propuestas para un Chile mejor

Nuestro pas ha avanzado mucho en las ltimas d-cadas. Esos avances ofrecen lecciones y, en muchas materias, son justa causa de orgullo nacional. Pero nada de eso brinda razones para anestesiar el sentido de urgencia por ir ms all. Los logros obtenidos en el pasado pero especialmente las reas que no pre-sentan logros en el Chile actual renuevan los desa-fos e imponen exigencias aun mayores. Por ello, los chilenos debemos acelerar la marcha y afinar nues-tros sentidos para comprender mejor las compleji-dades de una sociedad que, junto con los progresos que exhibe, se muestra ms exigente, expresa nue-vas aspiraciones y revela retrasos, desigualdades, contradicciones y motivos para la perplejidad.

El objetivo del Grupo Res Publica Chile es aportar a pensar en nuestro pas, identificar esas brechas y falencias a la luz de un diagnstico tcnico y polti-co, y sobre todo presentar propuestas de reformas y cambios para un Chile mejor. Nuestra pretensin es enriquecer la discusin pblica necesaria para impul-sar las reformas que el pas requiere para ser ms desarrollado integralmente, socialmente ms inclusi-vo, polticamente ms estable y representativo, y con habitantes y comunidades ms felices. Este libro es el resultado de nuestro proceso de reflexin y plantea 95 propuestas relacionadas con nuestra realidad po-ltica, econmica y social.

Sistema poltico, regiones y Estado

En la primera seccin, dedicada al sistema poltico, se propone transitar hacia un sistema parlamentario que concilie mayor gobernabilidad y representatividad, con incentivos que favorezcan la bsqueda de acuer-dos y la responsabilidad de los partidos polticos.

Partidos que se transforman gracias a las exigencias impuestas por un nuevo financiamiento estatal de sus actividades regulares, a cambio de buenas prcticas y estndares de transparencia, gobierno interno, re-presentatividad, presencia regional y prioridad de la reflexin programtica y de la formacin de equipos. Asimismo se propone un sistema electoral que opti-mice el equilibrio entre mayor proporcionalidad y go-bernabilidad, y entre la legitimidad de la representa-cin y la que resulta de la eficacia. Para ello tenemos dos alternativas: un sistema de pluralidad en que se elija a los parlamentarios por simple mayora en dis-tritos uninominales, y un sistema mixto en que una fraccin, comnmente la mitad, de los parlamentarios se elija en distritos uninominales y el resto a partir del resultado obtenido (porcentaje) en el nivel nacional por cada partido o lista. En ese escenario, cada elec-tor contara con dos papeletas de votacin.

Tambin se propone que Chile se comprometa con una descentralizacin efectiva, propiciada por la elec-cin de las autoridades regionales. Sin esta, el com-promiso pierde credibilidad y se reduce a una forma de gestin desconcentrada pero todava dependiente del nivel central, desechando las ganancias de mayor desarrollo econmico regional, eficiencia relativa en gestin y mayor legitimidad poltica. La eleccin de autoridades (en 2016) desencadenara este proceso, lo hara irreversible y demandara reformas administra-tivas y fiscales que permitieran una gestin autnoma y efectiva en cumplimiento del mandato popular.

La ltima propuesta relativa al sistema poltico es re-tomar la agenda de modernizacin del Estado, dando prioridad a tres reas esenciales. Primero, se reco-mienda la creacin de una Agencia de Calidad de las Polticas Pblicas, autnoma del gobierno, que mida

Resumen ejecutivo

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el impacto de las polticas y los programas que im-pulsa el Estado, y contraste los objetivos propuestos con la evidencia de los resultados, con una metodo-loga objetiva y rigurosa. Igualmente importante es la modernizacin de las relaciones laborales en el Estado, para lo que se propone reformar el rgimen de contrata para incluir los beneficios que el Cdigo del Trabajo ofrece a los trabajadores del sector pri-vado (seguro de desempleo, indemnizaciones y re-gulaciones propias del derecho laboral colectivo), y adecuar la norma a la realidad observada, sincerando y regulando la negociacin colectiva y la huelga, con-templando, en ciertos casos, el arbitraje obligatorio. En tercer lugar se propone reformar el gobierno cor-porativo de las entidades reguladoras, estableciendo direcciones colegiadas, autnomas del gobierno y con atribuciones reforzadas. Un tpico adicional, en el que se observan graves rezagos, es el de la gestin documental del Estado, que requiere de una regula-cin que comprenda los formatos impresos y digi-tales, y que se oriente a partir de los conceptos de accesibilidad y preservacin.

Desarrollo econmico, mercados y medio ambiente

La segunda seccin del libro agrupa las propuestas que buscan un crecimiento econmico ms elevado y sustentable mediante reformas para el desarrollo econmico, con mercados ms eficientes y consumi-dores ms satisfechos, y movilizando el compromiso ciudadano con un medio ambiente ms sustentable. En crecimiento se proponen medidas complemen-tarias para incrementar la tasa de crecimiento del PIB, incluyendo reformas para crecer por la va de la transpiracin (mayor ahorro, inversin y trabajo) y de la inspiracin (ganancias de productividad). Se

proponen reformas al sistema de ahorro previsional obligatorio, la regla de balance estructural y la ins-titucionalidad fiscal, con el objetivo de aumentar el ahorro privado y pblico. En inversin, se plantea mo-dificar la institucionalidad de evaluacin de los pro-yectos de inversin pblica, la introduccin de meca-nismos flexibles para la inversin en infraestructura, e incentivos tributarios y simplificacin de reglas para la inversin privada. Por ltimo, en productividad, hay propuestas para fomentar el emprendimiento, derri-bar barreras de entrada en mercados especficos y potenciar la innovacin, incluyendo la creacin de un comit o agencia que vele por la productividad y la competitividad.

Lograr un crecimiento elevado depende tambin de asegurar un suministro energtico suficiente y a pre-cios competitivos, lo que se encuentra bajo amenaza como resultado de paralizaciones, cancelaciones y retrasos significativos en nuevas inversiones en gene-racin. Este escenario no solo redunda en elevados costos de energa; tambin efectos ambientales ms adversos que los que se observaran si la inversin fuese mayor, debido al uso continuado de energas ms contaminantes. Los desafos energticos son de tal envergadura, y el atraso de las inversiones de tal magnitud, que se precisa de acciones urgentes, por lo que se propone que el Estado asuma un rol tran-sitorio para apurar una nueva configuracin de mer-cado en que la tecnologa de expansin sea el gas natural, en oposicin al carbn. Esta opcin concilia de mejor modo las necesidades energticas y las de-mandas ambientales, y se beneficia de los recientes desarrollos del shale gas. Adems se recomienda una suerte de ordenamiento territorial para el desarro-llo termoelctrico, donde el Estado capta la renta y la devuelve a los usuarios, de modo que el carbn


se convierta en la opcin inframarginal del sistema. Una tercera propuesta es el desarrollo paulatino del potencial elico y solar, introduciendo un nuevo ins-trumento de poltica: las licitaciones de seguros de precio. La ltima propuesta en energa consiste en declarar de modo inequvoco el carcter estratgi-co de la gran hidroelectricidad del sur, con el sector pblico como coinversionista en la lnea de transmi-sin. Estas ideas se deben considerar en su conjunto como una propuesta de nuevo trato en polticas de energa, que por su naturaleza diversa busca expl-citamente un equilibrio entre las aspiraciones y de-mandas ambientales, por un lado, y las necesidades propias del desarrollo y ciertos estndares mnimos de eficiencia, por otro.

El crecimiento econmico tambin depende del buen funcionamiento de los mercados, con una competen-cia fuerte y una efectiva proteccin de los derechos de los consumidores. Por esa razn se propone au-mentar las penas para las infracciones a la libre com-petencia y transparentar de mejor manera los criterios y formas de actuar de las autoridades en la materia. Se recomienda tambin realizar licitaciones competi-tivas para asignar derechos sobre recursos naturales o que son propiedad del Estado, para evitar la asig-nacin por derechos adquiridos o simplemente por decisiones arbitrarias. Las propuestas de proteccin de los consumidores abarcan cuatro reas: educa-cin para el consumo, generacin de informacin in-dependiente y de calidad, cumplimiento efectivo de los derechos del consumidor y proteccin de datos personales.

En esta seccin se presenta tambin una primera propuesta de reforma tributaria. Esta plantea cambios que mejoran la eficiencia del sistema al perfeccionar la integracin de los impuestos a las rentas de prime-ra y segunda categora; reemplazar los regmenes es-peciales del impuesto a la renta de las empresas por una exencin nica y universal; y cambiar la base del impuesto a la renta de las personas desde el ingreso al consumo, con deduccin (limitada) de los gastos de salud y educacin de la base del impuesto a las personas. Asimismo se propone una ley nica de do-naciones, aumento de los impuestos especficos al tabaco, el alcohol y los combustibles, y la abolicin

de los aranceles. Para contribuir a la equidad hori-zontal y/o vertical del sistema impositivo se propone mejorar el tratamiento tributario simtrico otorgado a los ingresos del trabajo dependiente e independiente, incrementar la tasa marginal mxima del impuesto a los bienes races y extender la fiscalizacin del SII en tres dimensiones especficas: las transferencias de activos reales y financieros inter vivos, las transferen-cias de participaciones en sociedades personales y de inversin inter vivos, y los gastos personales impu-tados a sociedades personales y de inversin.

El desarrollo econmico tampoco puede soslayar la sustentabilidad y limpieza del entorno fsico. Un me-dio ambiente sustentable y limpio constituye un bien pblico, por lo que su cuidado requiere del compro-miso de la sociedad entera. En forma selectiva, se identifican reas desatendidas por las polticas pbli-cas y por los ciudadanos, pero susceptibles de inter-venciones. Se plantea una idea novedosa para desa-rrollar el reciclaje de residuos de bienes y materiales de desecho, basada en un sistema de impuestos especficos a la produccin y de crditos transables al reciclaje, y complementada con incentivos para el desarrollo de hbitos de separacin de la basura y los desechos en su origen, y de extensin de los lugares de acopio (puntos verdes). Se propone tam-bin expandir las reas verdes urbanas con criterios de equidad socioeconmica y regional a travs de una nueva institucionalidad nacional que administre un fondo nacional de desarrollo de reas verdes ur-banas. Por ltimo, para fortalecer el compromiso de los ciudadanos con el entorno, reforzando tambin el capital social y la integracin, se recomienda la provi-sin de una contraparte pblica para el voluntariado privado, el desarrollo de un Servicio Juvenil Voluntario y la adopcin de una ley nica de donaciones priva-das con beneficios tributarios.

El ltimo captulo de esta seccin aborda la realidad del transporte urbano pblico y privado en Chile. Para elevar su eficiencia y efectividad se propone avanzar en tres dimensiones complementarias: aumentar los costos para los usuarios de transporte privado, au-mentar la calidad y eficiencia del transporte pblico, y fomentar el uso de la bicicleta. Para lo primero se propone un paquete de instrumentos (tarificacin vial,

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aumentos de impuestos a los combustibles, cargos di-ferenciados en permisos de circulacin e inscripciones y restricciones vehiculares diferenciadas por tipos de automviles o situaciones especficas de contamina-cin). Por su parte, la mejora del transporte pblico pasa por reformas institucionales y por inversiones que se deberan financiar con un uso eficiente del subsi-dio del Transantiago y el subsidio espejo en regiones. Las propuestas se sostienen en buena medida en dos propuestas institucionales ms generales: la creacin del concepto de zona de transporte saturada y la con-formacin de un Consejo del Transporte Pblico que ayude a la implementacin y evaluacin de polticas.

Desarrollo social y desigualdad

La tercera seccin del libro contiene propuestas para avanzar hacia un Chile ms justo y equitativo. Se quiere potenciar la accin del Estado para reducir las desigualdades y proteger a las familias del riesgo de caer en la pobreza, pero de una forma que promueva a la vez la productividad y la eficiencia econmica. La propuesta pone el nfasis de las transferencias del Estado en aquellas que suplementan los ingresos la-borales, especialmente de los jvenes y las mujeres, aumentando fuertemente los recursos y la cobertura de estos programas. Ello debe ser complementado con el rediseo del sistema pblico de capacitacin y de intermediacin laboral, para que facilite la bsque-da de empleo y eleve la productividad de trabajado-res y empleadores, y por esta va se llegue al aumento de las remuneraciones.

Las reglas que ordenan las relaciones laborales tam-bin son determinantes de los niveles de productividad y los salarios. En esa lnea, se propone una reforma in-tegral del Cdigo Laboral que pone nfasis en la nego-ciacin colectiva, ampliando las materias de negocia-cin, acrecentando tanto las capacidades de las partes para negociar las condiciones laborales al interior de la empresa como su inters por dialogar. Junto con ello se proponen reformas a la definicin de empresa para efectos laborales y a los procesos de constitucin y afi-liacin sindical (con una propuesta a medio camino en-tre la afiliacin automtica y la voluntaria). Las mejoras en productividad y la viabilidad poltica de esta reforma

laboral descansan en el conjunto de propuestas y no en cada una de ellas por separado, pues es el paquete de medidas el que agrega valor a la sociedad proporcio-nando un mayor espacio de negociacin, ms adapta-bilidad y mejores beneficios para todos.

La segunda propuesta de reforma tributaria en este libro parte de la base de que la desigualdad de in-gresos en Chile se explica fundamentalmente por la parte alta de la distribucin; as, se plantea una refor-ma del sistema tributario para hacerlo ms progresivo por la va de gravar las utilidades devengadas antes que distribuidas, unificar la tributacin a la pequea empresa y dejar exento del pago de impuestos el re-torno normal de los ahorros. Aunque se espera que esta mayor progresividad reduzca la concentracin de los ingresos, la propuesta no solo se sustenta en razones de equidad social, sino tambin en su efi-ciencia econmica. En efecto, los cambios propues-tos suponen un tratamiento tributario ms igual para personas de similar condicin y una ampliacin de la base tributaria, todo lo cual tendr efectos positivos sobre la asignacin de los recursos.

Pero el concepto de desigualdad va ms all de la distribucin de ingresos. Por eso es necesario po-ner en la discusin elementos como la desigualdad, la dignidad y el capital social, muchas veces ausen-tes en la creacin y desarrollo de polticas pblicas. Reconociendo la importancia de estas dimensiones para las polticas pblicas, se desarrollan tres reas de propuestas, una en el mbito de la responsabili-dad social empresarial, otra en temas de comunica-cin participativa de inters pblico y la tercera en el mbito del microcrdito.

Los tres captulos finales de esta seccin de poltica social abordan temas sectoriales: educacin, salud, y vivienda y barrio. En educacin se propone una serie de acciones para ampliar el foco e incluir los aspectos socioafectivos en el aprendizaje. Para el ciclo formativo inicial se recomiendan reformas ins-titucionales, incrementos de recursos y polticas de formacin de profesores. En la educacin escolar se contempla elevar el monto de la subvencin, incluir una nueva subvencin pblica, un esquema de me-jora en la asignacin de la Subvencin Escolar Prefe-


rencial y cambios en la institucionalidad pblica, favo-reciendo la descentralizacin pero agregando valor en la gestin. Respecto de la educacin superior, se re-comienda elevar los estndares de acreditacin reco-nociendo que existirn instituciones dedicadas solo a impartir docencia. Tambin se busca mayor flexibilidad y movilidad de estudiantes entre instituciones, y me-canismos para que los establecimientos que reciben recursos pblicos favorezcan el ingreso de alumnos vulnerables y que hayan tenido menos oportunidades educacionales.

En salud, el foco est en fortalecer la prevencin y acelerar la transicin de la oferta de prestaciones a las demandas que surgen del nuevo perfil epidemiolgico, buscando potenciar las intervenciones preventivas y curativas ms costoefectivas. Lo primero es reforzar Fonasa, el que, con un mandato legal claro, mejor go-bierno corporativo y pleno ejercicio de su funcin de compra inteligente, sera un aporte fundamental a la costoefectividad. Luego, frente al jaque judicial en que est el sistema de precios de las Isapres, que pone en riesgo su viabilidad en el largo plazo, se plantea transi-tar hacia un seguro estatal universal nico, con seguros complementarios privados y voluntarios. Una tercera propuesta busca mejorar la resolutividad e integracin del sistema de atencin primaria municipal al resto del sistema. Por ltimo, se presentan modelos de atencin o acompaamiento geritrico basados en la capaci-tacin de voluntarios y su trabajo coordinado con los centros de salud familiar.

El ltimo captulo de esta seccin ofrece soluciones al grave problema de desintegracin socioespacial de las grandes ciudades chilenas. El lugar donde se nace o se vive establece el acceso a bienes pblicos fundamentales como la seguridad, la educacin o la salud, y a las oportunidades de empleo, factores que determinan en gran medida las posibilidades de pro-greso econmico. Peor aun, el lugar donde se nace y se vive afecta las expectativas con las cuales las familias enfrentan los desafos y oportunidades, ce-rrando un crculo vicioso difcil de quebrar. Para rom-per esta situacin, se propone un conjunto de polticas

pblicas con un enfoque territorial y urbanstico. Para las viviendas existentes, se propone una intervencin multisectorial de alta intensidad para transformar los barrios aislados, peligrosos y con mala infraestructura en lugares atractivos mediante el rediseo de los en-tornos barriales (conectividad, accesibilidad, espacios pblicos, equipamientos y servicios) y el mejoramiento de la calidad de las viviendas. Para las viviendas so-ciales nuevas, se enuncia una serie de medidas para integrar a esas familias vulnerables en barrios bien ubi-cados y conectados, que incluyen incentivos para los desarrolladores inmobiliarios y receptores de subsidio, gestin de suelo, proyectos integrados y una poltica de arriendo subsidiado. Por ltimo se aborda el desafo pendiente de la erradicacin de campamentos, la ne-cesidad de una nueva autoridad con tareas y atribucio-nes relativas a la planificacin urbana y una propuesta para potenciar la participacin de la comunidad en las intervenciones sociales.

Delincuencia y drogas

La cuarta y ltima seccin del libro aborda las po-lticas de delincuencia y de drogas. En materia de delincuencia, el tema pblico que ms preocupa a los chilenos, se proponen reformas en cuatro reas que son complementarias: reformas institucionales transversales, polticas preventivas, polticas de per-secucin penal y polticas de rehabilitacin de con-denados. En primer lugar, se requiere una poltica de coordinacin y transparencia para el funcionamiento de las instituciones pblicas responsables de las polticas de delincuencia. En materia de prevencin, se analizan revisiones y mejoras a la labor preventi-va de Carabineros, la incorporacin de medidas de prevencin de la delincuencia en el diseo urbano y la profundizacin de la participacin ciudadana en la prevencin del delito. Para mejorar las polticas de persecucin penal, se presentan lineamientos para un nuevo Cdigo Penal, algunas propuestas de re-forma al Cdigo Procesal Penal, reformas para la Fiscala Nacional y la creacin de Servicios de Ante-lacin de Juicios. Finalmente, en materia de rehabi-

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litacin y reinsercin, se plantea una revisin del rol de Gendarmera, la evaluacin de nuevos esquemas para las crceles concesionadas (incluyendo prisio-nes-industria y contratos con incentivos para reducir reincidencia), la creacin de programas y fondos de apoyo dirigidos a los entornos familiares de los delin-cuentes, y la introduccin de un subsidio transitorio al empleo de exconvictos para fomentar su insercin en el mercado del trabajo.

Por ltimo, se propone una reforma radical de la polti-ca de drogas. Partiendo del reconocimiento de que la guerra contra las drogas ilegales se ha perdido en todo el mundo y de que muchos de los problemas asocia-dos a las drogas tienen ms que ver con la prohibicin que con el consumo per se, se propone una revisin drstica de la poltica actual de prohibicin y represin del consumo, produccin y comercio de las drogas ac-tualmente ilegales. Las propuestas involucran cambios que pueden adoptarse unilateralmente, incluyendo la formulacin de una estrategia nacional de legalizacin y regulacin para el largo plazo y la legalizacin en el corto plazo de un conjunto limitado de drogas, bajo condiciones restrictivas. Una vez implementada la pri-mera fase, se propone, en un perodo de 3-10 aos y en coordinacin internacional, una revisin radical de los tratados internacionales sobre drogas que permita a los pases legalizar todas las drogas actualmente ile-gales, sujetas a una regulacin y un control estricto de su produccin, comercio y consumo.

El tiempo apremia. El pas debe hacerse cargo de las demandas polticas, sociales y econmicas ahora. No todas tendrn soluciones en el corto plazo, pero la hoja de ruta de una poltica virtuosa no puede sos-layar el tratamiento sistemtico, urgente y secuencial de reformas en muchos de los planos que este libro aborda. Eludir los cambios y apostar a la inercia nos alejar del camino virtuoso. Creemos, pues, que re-sulta impostergable proponer, debatir y poner en mar-cha ms temprano que tarde el conjunto de reformas que hagan de Chile un pas ms justo y desarrollado, aun sabiendo que la siembra de hoy no rendir todos sus frutos en el corto plazo.


Quines somos y cmo trabajamos

A fines de 2011, Andrnico Luksic Craig propuso a Klaus Schmidt-Hebbel conformar un grupo de trabajo para pensar en un Chile mejor y elaborar propuestas de reforma en un amplio campo de polticas pblicas. As naci el Grupo Res Publica Chile (GRPC), el que, con el apoyo econmico personal del empresario y la coordinacin de Schmidt-Hebbel, ha trabajado con to-tal independencia de quien ha provisto el financiamien-to, quien conocer las propuestas del grupo junto con el pblico general, en el momento de su lanzamiento.

El objetivo del Grupo Res Publica Chile es pensar en nuestro pas, identificar sus mayores desafos y fa-lencias a la luz de un diagnstico tcnico y poltico y, fundamentalmente, realizar propuestas de reformas y cambios que aporten a un Chile mejor. Este libro es el resultado de nuestro proceso de reflexin y plantea 95 propuestas relacionadas con nuestra realidad poltica, econmica y social. Nuestra pretensin es que este conjunto de ideas enriquezca la discusin pblica ne-cesaria para impulsar las reformas que el pas requiere para ser ms desarrollado integralmente, socialmente ms inclusivo, polticamente ms estable y participa-tivo, y con habitantes y comunidades ms felices. El Grupo Res Publica Chile espera favorecer acuerdos amplios que permitan conducir al pas por ese camino.

Con ese propsito, el Grupo Res Publica Chile ha con-vocado a un conjunto transversal de profesionales de diversas posturas polticas y especialidades tcnicas. El Grupo no puede reflejar el amplio espectro de opiniones

y perspectivas de todos los chilenos, pero tiene distintas visiones sobre la apreciacin tcnica, valrica y poltica de los retos de Chile, de sus prioridades y del modo de abordarlos. Esta diversidad ha aportado a la riqueza del anlisis y de la discusin, y se refleja en la elaboracin de las 95 propuestas que se presentan en este volumen. Aunque las responsabilidades por las propuestas son individuales, estas se fueron enriqueciendo a lo largo de quince meses de reuniones plenarias semanales del Grupo Res Publica Chile. La idea fue explcitamente re-coger las crticas, las sugerencias y las colaboraciones activas de los dems integrantes; por lo tanto, si bien las propuestas representan la visin de los autores de cada captulo, en lo posible intentan reflejar el aporte colectivo.

En las distintas etapas del proyecto particip tambin algo ms de medio centenar de tcnicos, polticos, le-gisladores, funcionarios de gobierno y acadmicos del ms alto nivel, a quienes agradecemos profundamente su colaboracin. Sus nombres se listan en la seccin que sigue. De manera especial agradecemos a Fer-nando Flores su contribucin a la discusin y anlisis de propuestas y diagnsticos, y a Rodrigo Terr por su colaboracin en la gestin del proyecto. Agradecemos tambin a Mara de los ngeles Ferrer por su colabora-cin y asesora en temas logsticos del proyecto.

El proceso de elaboracin de las 95 propuestas comenz a fines de 2011 con un diagnstico general de los desafos de Chile, para lo cual tanto los miembros de GRPC como destacados invitados presentaron sus visiones. Luego se

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seleccionaron dieciocho temas para trabajar, que corres-ponden a los captulos de este libro, estructurado en torno a cuatro grandes reas temticas. Se trata de un conjunto extenso pero aun as acotado de temas, y necesariamente implic excluir ciertas materias que tambin deben enca-rarse para hacer de Chile un pas mejor. En la introduccin presentamos las omisiones temticas ms importantes.

El siguiente paso fue elegir a los autores de cada tema, quienes presentaran sus avances al grupo en cuatro oportunidades. En la primera se expusieron los ante-cedentes y se identificaron los desafos, en la segunda se analizaron en profundidad los desafos planteados, en la tercera se examinaron las propuestas prelimi-nares, y en la ltima se revisaron las propuestas fina-les. En estas rondas de intensa discusin colectiva se agregaron y desecharon muchas propuestas, mien-tras que las que se mantuvieron fueron enriquecidas por el anlisis crtico de los integrantes del grupo.

Durante la tercera y cuarta rondas de presentaciones invitamos tambin a un conjunto seleccionado de ex-pertos para discutir las propuestas preliminares. Com-plementariamente, desde el comienzo del trabajo se contrataron documentos de apoyo para los distintos tpicos a expertos de renombrada trayectoria en cada rea. Con todo lo anterior los autores redactaron sus captulos, los que como se dijo recibieron colaboracio-nes, comentarios, sugerencias y objeciones de todos los integrantes del grupo, hasta llegar a las versiones finales que se publican en este libro.

De pie de izquierda a derecha: Jorge Quiroz, Vicente Espinoza, Eugenio Guzmn, Klaus Schmidt-Hebbel, Cristin del Campo, SJ, Andrea Repetto y Juan Andrs Fontaine.Sentados de izquierda a derecha: Andrea Tokman, Nicols Figueroa, Francisco Gallego y Alejandro Ferreiro.Ausente: Dante Contreras


Integrantes de GRPC

Dante Contreras GuajardoIngeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economa de la Universidad de California en Los ngeles (UCLA). Es profesor titular y director del Departamento de Economa de la Universidad de Chile. Fue director ejecutivo del Banco Mundial, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro de comi-siones asesoras presidenciales en materia de educacin, y de trabajo y equidad.

Cristin del Campo Simonetti, SJSacerdote jesuita, ingeniero comercial y bachiller en Teologa de la Universidad Ca-tlica de Chile, MBA y Sacred Theology Licenciate del Boston College. Es capelln y presidente del directorio de la Fundacin Techo para Chile, fundador y miembro del directorio de la Fundacin Trascender, miembro del directorio de la Universidad Alberto Hurtado y de la Comisin Asesora Presidencial de Expertos para la Actuali-zacin de la Lnea de la Pobreza y de la Pobreza Extrema.

Vicente Espinoza EspinozaSocilogo de la Universidad Catlica de Chile y PhD en Sociologa de la Universidad de Toronto. Es profesor de la Universidad de Santiago e investigador senior de su Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). Entre sus publicaciones ms destacadas se encuentran Para una historia de los pobres de la ciudad, Redes sociales: Enfoques y aplicaciones, y Militantes jvenes en partidos polticos. Estudio de una elite emergente.

Alejandro Ferreiro YazigiAbogado de la Universidad de Chile y Master of Arts de la Universidad de Notre Dame en estudios relacionados con la paz mundial y la resolucin de conflictos. Es presidente del Consejo para la Transparencia, y director de sociedades annimas y fundaciones. Fue ministro de Economa, superintendente de Isapres, superinten-dente de Electricidad y Combustibles, superintendente de Administradoras de Fon-dos de Pensiones, superintendente de Valores y Seguros, presidente de la Comi-sin Clasificadora de Riesgo y miembro de la Comisin Resolutiva Antimonopolios. Adems, fue integrante del Consorcio para la Reforma del Estado, miembro de la Comisin Asesora Presidencial para la Reforma Previsional, secretario ejecutivo de la Comisin Nacional de tica Pblica y asesor del Ministerio Secretara General de la Presidencia.

Nicols Figueroa GonzlezIngeniero civil matemtico de la Universidad de Chile y PhD en Economa de la Universidad de Minnesota. Es profesor asistente del Instituto de Economa de la Universidad Catlica de Chile.

Juan Andrs Fontaine TalaveraIngeniero comercial y licenciado en Economa de la Universidad Catlica de Chile. Posee un mster y estudios de doctorado de la Universidad de Chicago. Es con-sejero de Libertad y Desarrollo, asesor econmico de varias empresas a travs de Fontaine Consultores S.A., director de sociedades annimas y profesor asociado de la Universidad Catlica de Chile. Fue ministro de Economa, economista jefe del Banco Central de Chile en la dcada de 1980 y asesor econmico de varios candi-datos a la Presidencia de Chile.

Osvaldo Larraaga Jimnez fue integrante del Grupo Res Publica Chile desde sus inicios y hasta marzo de 2013. GRPC agradece su valiosa contribucin al trabajo y a las propuestas elaboradas por el grupo.

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Francisco Gallego YezIngeniero comercial de la Universidad Catlica de Chile y PhD en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es profesor asociado del Instituto de Economa, director e investigador afiliado del EH-ClioLab de la Universidad Catlica de Chile, y director cientfico e investigador afiliado de la oficina de Amrica Latina y el Caribe del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL).

Eugenio Guzmn AsteteLicenciado en Sociologa de la Universidad de Chile y Master of Science en So-ciologa de la London School of Economics and Political Science. Es decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, presidente y socio fundador de la Sociedad Chilena de Polticas Pblicas, miembro del Crculo de Innovacin de ICARE, miembro del directorio y socio fundador de la Fundacin Ciencia y Evo-lucin, consejero de Libertad y Desarrollo y miembro del Consejo Asesor de Chile Transparente. Integr las comisiones asesoras presidenciales sobre tica y Probi-dad Pblica, y para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Adems fue miembro de la Comisin de Modernizacin del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Jorge Quiroz CastroIngeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economa de Duke Uni-versity. Es el socio principal de Quiroz & Asociados, y director de sociedades an-nimas. Ha asesorado a numerosas compaas en temas de negociacin, arbitraje y litigios econmicos. Form parte de la Comisin Asesora para el Desarrollo Elctrico (CADE).

Andrea Repetto LisboaIngeniera comercial de la Universidad Catlica de Chile y PhD en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es acadmica de la Escuela de Go-bierno y directora del Centro de Polticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibez, directora electa de la Asociacin Latinoamericana de Economa (LACEA) y miembro del Standing Committee del Captulo Latinoamericano de la Econometric Society. Ha sido parte del Panel de Expertos del Ingreso tico Familiar e integrante de las comisiones asesoras presidenciales sobre Reforma Previsional, Trabajo y Equidad, y Actualizacin de la Lnea de la Pobreza y de la Pobreza Extrema.

Klaus Schmidt-Hebbel DunkerIngeniero comercial de la Universidad Catlica de Chile y PhD en Economa del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es profesor titular del Instituto de Eco-noma de la Universidad Catlica de Chile, profesor asociado de la Universidad de Chile, presidente del Comit Financiero Asesor de los Fondos Soberanos de Chile del ministro de Hacienda, consultor internacional y director de sociedades annimas. Fue economista jefe y director del Departamento Econmico de la OCDE, gerente de investigacin econmica del Banco Central de Chile y economista principal del Departamento de Investigacin del Banco Mundial.

Andrea Tokman RamosIngeniera comercial de la Universidad Catlica de Chile y PhD en Economa de la Universidad de California en Berkeley. Fue economista senior de la gerencia de investigacin econmica y asesora del presidente del Banco Central de Chile, miem-bro titular de la Comisin Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distor-siones en el Precio de las Mercaderas Importadas, integrante de la Comisin Mujer, Trabajo y Maternidad, e investigadora de Cieplan y del Instituto de Polticas Pblicas Expansiva-Universidad Diego Portales.


Equipo del Grupo Res Publica Chile

Klaus Schmidt-Hebbel DunkerCoordinador general

Andrea Tokman RamosDirectora ejecutiva

Rodrigo Carril Mac DonaldIngeniero comercial y Magster en Economa de la Universidad Catlica de Chile. Investigador de GRPC entre diciembre de 2011 y mayo de 2013.

Antonio Martner SotaLicenciado en Economa de la Universidad Carlos III de Madrid y Magster en Economa de la Barcelona Graduate School of Economics. Investigador de GRPC entre octubre de 2012 y mayo de 2013. Trabaj como economista y portafolio manager en el Departamento Agencia Fiscal del Banco Central de Chile.

Carolina Salazar EscobedoIngeniera civil industrial de la Universidad de Chile. Investigadora de GRPC entre noviembre de 2011 y septiembre de 2012, hoy es parte del equipo de estudios de Fundacin Chile. Se desempe como investigadora en la Universidad Diego Portales y como gestora de investigacin en el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniera.

De izquierda a derecha: Rodrigo Carril Mac Donald, Klaus Schmidt-Hebbel Dunker, Andrea Tokman Ramos, Antonio Martner Sota.

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Invitados y colaboradores

Nombre Profesin / CargoLetra por tipo de

colaboracin

Juan Domingo Acosta Abogado, socio de Acosta y Ca. A, E

Claudio AgostiniEconomista, acadmico de la Universidad Adolfo Ibez

E

Rodrigo Aldoney Abogado asociado de Puga Ortiz A, E

Pablo AllardArquitecto urbanista, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo

E

Claudia AllendeEconomista del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)

Y

Patricio ArocaEconomista, acadmico de la Universidad Catlica del Norte

E

Raimundo AtalEconomista, acadmico de la Universidad Catlica de Chile

E

Paula BedregalMdico, acadmica de la Universidad Catlica de Chile

A

Isabel BrainSociloga, estudiante de Mster en Administracin Pblica (MPA) en la Universidad de Harvard

A

Florencia BurgosPeriodista, directora de comunicacin e innovacin de Fundacin PROhumana

E

Rmulo Chumacero Economista, acadmico de la Universidad de Chile I

Enrique CorreaFilsofo, consultor, presidente del directorio de Imaginaccin

I

Rafael de la Cruz Economista, representante del BID en Colombia E

Cristbal de la MazaIngeniero, jefe del Departamento de Estudios del Ministerio de Medio Ambiente

E

Sergio del Campo Ingeniero comercial, subsecretario de Energa E

Francisco del Ro Abogado, asesor legislativo en materias laborales A

Rodrigo EchecoparVicepresidente de la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica 2012

I

Sebastin EdwardsEconomista, acadmico de la Universidad de California, Los Angeles (UCLA)

I

Camilo Escalona Senador PS por la Regin de Los Lagos E

Autor de estudio de trasfondo encargado por GRPCExperto consultadoInvitado a exponer en reunin plenariaAyudante de estudio de trasfondo

AEIY



colaboracinEduardo Escalona Abogado de Philippi, Yrarrzaval, Pulido y Brunner A

Mauricio FabryVeterinario, director del Parque Metropolitano de Santiago

E

Ronald Fischer Economista, acadmico de la Universidad de Chile E

Vinko FodicAbogado, jefe de la Divisin de Prevencin y Gestin Territorial de la Subsecretara de Prevencin del Delito

E

Rodrigo Fuentes Economista, acadmico de la Universidad Catlica A

Pablo GonzlezEconomista, coordinador Informe de Desarrollo Humano del PNUD

I

Carol GrahamEconomista, investigadora de la Brookings Institution

I

Pedro Gell Socilogo, equipo rea de Desarrollo Humano del PNUD

I

Rafael GuilisastiLicenciado en Historia, vicepresidente de la Via Concha y Toro

E

Rodrigo HarrisonEconomista, acadmico de la Universidad Catlica de Chile

E

Camilo HerreraIngeniero comercial, director ejecutivo de la Fundacin Caserta

E

Paulina Henoch Economista, investigadora de Libertad y Desarrollo E

Marcela HuepeEstudiante de doctorado en Economa en la Universidad Catlica de Chile

A

Andrs Iacobelli Ingeniero, gerente de Proes S.A. E

Augusto Iglesias Economista, subsecretario de Previsin Social E

Manuel Inostroza Mdico, acadmico de la Universidad Andrs Bello A

Ricardo Irarrzabal Abogado, subsecretario de Medio Ambiente E

Francisco Irarrzaval Ingeniero, subsecretario de Vivienda y Urbanismo E

Ricardo KatzIngeniero, director gerente de Gestin Ambiental Consultores (GAC)

E

Francisco Klapp Economista, investigador de Libertad y Desarrollo A

Luis Felipe LagosEconomista, director del programa econmico de Libertad y Desarrollo

A

Vctor Lagos Gerente de reas silvestres protegidas de CONAF E

Hernn Larran Abogado, senador UDI por la VII Regin Sur E

Rodrigo Lazo Abogado, director ejecutivo de Fiscala Privada E

Cristbal LiraIngeniero comercial, subsecretario de Prevencin del Delito

E

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colaboracin

Norman LoayzaEconomista principal del Departamento de Investigacin del Banco Mundial

A

Juan Pablo LunaCientista poltico, acadmico de la Universidad Catlica de Chile

A

Rodrigo MrquezSocilogo, equipo rea de desarrollo Humano del PNUD

I

Luis Antonio Masferrer Abogado, director nacional de Gendarmera de Chile E

Jean Pierre Matus Abogado, acadmico de la Universidad de Chile A, E

Gordon McCordEconomista, director de poltica econmica del Center on Globalization and Sustainable Development

I

Marcelo MenaIngeniero, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrs Bello

E

Roberto Mndez Ingeniero comercial, director de Adimark GfK I

Catalina MertzEconomista, gerente de innovacin y desarrollo de la Fundacin Paz Ciudadana

A, E

Juan Pablo MonteroEconomista, acadmico de la Universidad Catlica de Chile

A

Pedro MonttProfesor, integrante del Consejo Nacional de Educacin

A

Pa MoraSociloga, coordinadora de ProUrbana del Centro de Polticas Pblicas UC

E

Carolina MuozResponsable del programa de voluntarios de CONAF

E

Ulises NancuanteAbogado, acadmico de la Universidad Andrs Bello

A

Nicole Nehme Abogada, socia de FerradaNehme E

Fernando Nilo Fundador y gerente general de Recycla Chile E

Roberto Peralta Abogado de Comunidad de Organizaciones Solidarias E

Patricia Prez Abogada, ministra de Justicia E

Julio PobleteArquitecto urbanista, presidente de Fundacin Mi Parque

E

Ivn Poduje Arquitecto urbanista, socio de Atisba A, E

Jos Roa Abogado, acadmico de la Universidad de Chile A

Jorge Rodrguez Economista, investigador de Cieplan E

Paulina Saball Directora de Servicio Pas E

Jeffrey SachsEconomista, profesor y director del Earth Institute de la Universidad de Columbia

I



colaboracin

Sandra SeplvedaTrabajadora social, directora nacional del rea social de proyectos de Techo Chile

E

Claudia SerranoSociloga, directora ejecutiva de RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

E

Felipe SymmesIngeniero comercial y mster en estudios de desarrollo. Consultor

Y

Soledad TeixidEducadora, presidenta ejecutiva de Fundacin PROhumana

E

Noam TitelmanPresidente de la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica 2012

I

Mnica TitzeIngeniera, asesora de la subsecretara de Previsin Social

E

Marcelo Tokman Economista, director de empresas E

Ignacio ToroIngeniero, director ejecutivo del Servicio de Evaluacin Ambiental (SEA)

E

Jaime TorrealbaContador auditor, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE)

E

Victoria UrangaPeriodista, coordinadora de la seccin de gestin del conocimiento de UNESCO

E

Mario Valdivia Economista, director de Podcaster S.A. A

Javiera VsquezEconomista, investigadora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile

Y

Andrs VelascoEconomista, precandidato a la Presidencia de la Repblica

I

Enrique VergaraAbogado, ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

E

Heinrich von BaerMdico veterinario, acadmico de la Universidad de La Frontera

A, E

Jeannette von WolfersdorffIngeniera comercial, directora de Fundacin Contexto Ciudadano

E

Ignacio WalkerAbogado y cientista poltico, senador DC por la V Regin Cordillera

I

Mara Anglica ZegersAbogada, directora del programa Ms por Chile del Ministerio de Desarrollo

E


Introduccin*

Pensar en cmo mejorar las oportunidades, la equidad y el crecimiento para el Chile del futuro es una obliga-cin. La experiencia internacional demuestra que las polticas pblicas y las instituciones son causas prin-cipales del bienestar de las naciones. Identificar fallas, precisar diagnsticos y proponer alternativas viables y eficientes es imprescindible para el buen gobierno. La inercia no basta. Las respuestas eficaces de ayer casi nunca sirven para el hoy ni el maana. La agenda de las prioridades de poltica es tan dinmica como la sociedad a la que pretende servir. Por eso, es imperioso renovar la reflexin y actualizar los diagnsticos y propuestas.

Enfrentamos la elaboracin de este libro bajo la in-fluencia de tres consideraciones, que son solo apa-rentemente contradictorias. Primero, reconocemos la importancia del esfuerzo orientado a proponer polti-cas para dar respuesta a las necesidades prioritarias de Chile. Advertimos, en segundo trmino, las limita-ciones que para este empeo nacen, tanto de nues-tros propios enfoques disciplinarios y falencias como de la complejidad y el dinamismo de las sociedades modernas. Finalmente, reconocemos que la pondera-cin de prioridades y la valoracin de las propuestas de polticas pblicas responden tanto a consideracio-nes tcnicas como a posiciones valricas y polticas.

Reconocer estas limitaciones y complejidades ines-capables conduce a buscar el equilibrio entre la pre-tensin tecnocrtica segn la cual bastara la razn experta para iluminar los caminos de la poltica y la viabilidad poltica. Pero tan lejos estamos de ofrecer recetas definitivas como de soslayar la importancia de aportar al debate con propuestas especficas que me-joren la realidad poltica, econmica y social de Chile.

Somos conscientes de lo mucho que ha avanzado nuestro pas en las ltimas dcadas. Esos avances ofrecen lecciones y, en muchas reas, son justa cau-sa de orgullo nacional. Pero esa no es razn para anestesiar el sentido de urgencia de ir ms all. Cada logro obtenido en el pasado pero especialmente sus limitaciones renueva los desafos e impone exigen-cias aun mayores. Por ello, los chilenos debemos acelerar la marcha y, paralelamente, afinar nuestros sentidos para comprender mejor las complejidades de una sociedad que, junto con los progresos exhibidos, se muestra ms exigente, expresa nuevas aspiracio-nes y revela retrasos, desigualdades, contradicciones y no poco motivo, incluso, para la perplejidad. Algunas dimensiones de este nuevo Chile se abordan en la siguiente seccin.

Pesan ms las luces o las sombras en el diagnstico de la realidad nacional? La respuesta a esa pregunta no est exenta de las mismas valoraciones o prefe-rencias que suelen explicar las diversas opciones de poltica. Aun cuando los xitos del pasado y los desa-fos del futuro suscitasen consensos en cuanto a su identificacin y cuantificacin, recibirn ponderaciones variables segn las preferencias y los valores del ob-servador. Conscientes de la imposibilidad de escapar del carcter controversial de todo diagnstico, en la seccin Luces y sombras del Chile actual revisamos indicadores objetivos y las comparaciones internacio-nales disponibles. Por cierto, las brechas y reas ms dbiles que resultan de dicho anlisis son, tambin, el foco de la mayora de nuestras propuestas.

Habiendo dado cuenta de los principales logros y muy significativos retos para cerrar las brechas que difi-

* A diferencia del resto de los captulos, esta introduccin no est firmada y refleja el mejor esfuerzo por consensuar una mirada compartida del desafo abordado en este libro. Dante Contreras no particip en los trabajos conducentes a su elaboracin.

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cultan nuestra senda hacia un desarrollo integral, cons-tatamos que el pas se encuentra hoy en un equilibrio poltico y socioeconmico frgil. Por eso, en la seccin Riesgos y retos de Chile de esta introduccin dibuja-mos los posibles escenarios para el futuro, incluyendo el gran desafo de convertirnos en un pas ms desa-rrollado integralmente, socialmente ms inclusivo, polti-camente ms estable y participativo, y con habitantes y comunidades ms felices. Pues bien, este desafo con-siste en concordar polticamente, disear e implementar reformas profundas y cambios en las polticas pblicas que generen un crculo virtuoso en lo poltico, econmi-co y social, cuyo resultado sea transitar por un camino de crecimiento e igualdad en los aos que vienen.

El tiempo apremia. El pas debe hacerse cargo de las demandas polticas, econmicas y sociales ahora. No ser posible aproximarse a todos los temas con igual intensidad ni en los mismos plazos, pero la hoja de ruta de una poltica virtuosa no puede soslayar el tratamiento sistemtico, urgente y secuencial de refor-mas en muchos de los planos que este libro aborda. Creemos, pues, que resulta impostergable proponer, debatir y poner en marcha, ms temprano que tarde, reformas que hagan de Chile un pas ms justo y ms desarrollado, aun sabiendo que la siembra de hoy rendir frutos en el corto, mediano y largo plazo.

Cerramos esta introduccin exponiendo el contenido de este libro, 95 propuestas que se estructuran en die-ciocho captulos temticos. Grupo Res Publica Chile espera con estas propuestas aportar especficamente al debate y avanzar en la adopcin de reformas que nos permitan lograr un Chile mejor.

Paradojas y perplejidades No caben recetas simples para sociedades comple-jas. Pensar en propuestas de polticas pblicas para Chile demanda el reconocimiento humilde de las ml-tiples paradojas, inequidades, tensiones e incertidum-bres que dificultan el proceso en un doble plano. Pri-mero, porque el dinamismo social hace ms lquidas y complejas las preferencias y la conformacin de la agenda pblica. En segundo trmino, porque las pro-puestas de poltica, casi en cualquier rea, enfrentan dificultades mayores no solo para concitar acuerdos tcnicos y polticos en su diseo, sino tambin para vencer resistencias de grupos de presin de diversa ndole en la fase de implementacin. Los mltiples grupos que inciden en el debate pblico representan intereses particulares que no siempre coinciden con el bien comn. La capacidad de veto parece crecer ms que la de comprometer acuerdos y concretar avances. Por ello, toda propuesta de reforma, por muy slida y meritoria que parezca en el papel, deber superar grandes dificultades en el camino hacia su puesta en marcha. Una buena razn, entre muchas, para relevar

la importancia de renovar la poltica y sus instituciones reside, precisamente, en la necesidad de hacer preva-lecer el bien comn por sobre los intereses particula-res. Partidos e instituciones slidos resisten mejor el riesgo de captura o colonizacin por intereses particu-lares. Y esa solidez es resultado de su legitimidad. Por ello es preciso reconocer la esencialidad de mejorar la poltica para que de ella surjan las soluciones que Chile requiere. Instituciones ms representativas no solo son ms eficaces, sino que estn en mejor condicin para leer y procesar las nuevas expectativas sociales y, de esa manera, reforzar su legitimidad mediante su capa-cidad de responder al Chile de hoy.

Nuestro pas parece tambin frtil en paradojas, las que hacen aun ms compleja la tarea de gobernar. Algunas de esas paradojas son inherentes a nuestra insercin en un mundo globalizado y en cambio per-manente, donde la dilucin de fronteras, distancias y certezas combina vrtigo e incertidumbre en dosis que desafan la capacidad de respuesta de las institu-ciones pblicas y ponen en evidencia las limitaciones del Estado-nacin para responder a desafos globa-les, tales como el cambio climtico, el narcotrfico y las crisis financieras internacionales. Otras, sin em-bargo, parecen ser ms propias de la sociedad chile-na. Por cierto, el catlogo mismo de las paradojas y perplejidades que exhibe el Chile de hoy admite con-troversias. Con todo, de una mirada atenta al Chile ac-tual surge una serie de tendencias y fenmenos que marcan la compleja fisonoma de nuestra sociedad.

Modernidad y rezagoLa sociedad chilena refleja las tensiones de una so-ciedad crecientemente expuesta e integrada al mundo globalizado, con una estructura social que, pese a las mejoras recientes en movilidad social especialmente en las cohortes poblacionales ms jvenes an tie-ne mucho por avanzar para igualar oportunidades. El lado moderno de la sociedad se vincula cada vez ms a los mercados y costumbres internacionales, lo que abre puertas y oportunidades inimaginables tiempo atrs, mientras persisten grupos cuyas oportunidades no mejoran a similar ritmo y que, por ello, tienden a ver la globalizacin como un proceso ajeno, cuando no amenazante. La participacin promisoria en las oportunidades de la globalizacin depende del cono-cimiento. El manejo de idiomas, el uso de tecnologas y la productividad son la expresin de aptitudes y des-trezas que solo algunos poseen. Mejorar la distribu-cin del conocimiento equivale a ampliar a todos las posibilidades de insertarse en un mundo interconec-tado, y de participar de los flujos internacionales de comunicaciones, cultura, oportunidades y comercio.

Globalizacin y mundos localesLos ciudadanos de Chile y del mundo especialmente los jvenes se integran velozmente a un mundo in-


terconectado, con lo que viven una aparente paradoja entre su globalizacin y su pertenencia a mundos locales. Llamamos mundos locales al conjunto de prcticas comunes a un grupo de personas que re-flejan una determinada visin. La constelacin de los mundos locales en que vivimos profesin, familia, poltica, religin, nacionalidad, localidad geogrfica o social, etnicidad, movimientos nacionales, grupos in-ternacionales, redes sociales globales definen a los individuos que somos.

Nos constituimos como los individuos que somos cuando desempeamos junto con otros una constela-cin de roles sociales en los que producimos, adems de nuestras habilidades y competencias, gustos, ne-cesidades y anhelos. En estos mundos locales confi-guramos nuestras ofertas como la capacidad recono-cida por otros de producir valor en un sentido amplio. Es en ellos donde construimos nuestra identidad.

Al entender la pertenencia a distintos y cambiantes mundos locales de esta forma, la aparente paradoja se resuelve pero no necesariamente se desvanece la tensin entre lo nacional y lo global, ya que se reconoce que la globalizacin permite, a travs de la tecnologa, participar en nuevos mundos locales com-partidos globalmente. Sin embargo, subsiste la per-plejidad ante el intensivo proceso de cambio de nues-tros antiguos mundos locales domsticos por nuevos mundos locales globales.

Desarrollo y estados de nimo Las mejoras sustantivas en el bienestar material de la gran mayora de los chilenos, y el elogiado desem-peo macroeconmico del pas, contrastan con una sensacin de malestar determinada por estados de nimo negativos, resentimiento y altos grados de des-confianza hacia las instituciones, lo que podra con-vertirse en un peligroso lastre para el devenir nacio-nal. Dichos estados de nimo, cuyo origen, cuanta y proyeccin merecen un anlisis especial que escapa a nuestras capacidades, no parece compatible con la cohesin social que se necesita para asumir grandes empresas colectivas.

El camino al desarrollo se dificulta si el temple anmico de una sociedad impide dialogar desde la confianza mutua y comprometer acuerdos desde la empata. Sin ello, el mrito o rigor tcnico del libreto de polticas p-blicas ser insuficiente. Desde luego, la aplicacin o continuidad de las polticas depende de la capacidad de alcanzar consensos fundamentales. El temple an-mico virtuoso de una sociedad en buena parte nace de su capacidad de conjugar el nosotros con ms frecuencia y optimismo. Sin un sentido colectivo de pertenencia y misin compartida, el camino del dilo-go, del compromiso y de la perseverancia en ciertas polticas bsicas se hace cuesta arriba.

En Chile desconfiamos del otro y de las instituciones. El prjimo despierta sospechas y temor. En los ltimos aos todas las instituciones del pas han disminuido su valoracin social, sin que tal deterioro en la opinin se pueda explicar por bajas en su desempeo. Es cier-to que la desconfianza en las instituciones es un fe-nmeno global, y especialmente marcado en Amrica Latina. Con todo, en Chile destaca y sorprende la poca valoracin que concitan las mismas instituciones que han contribuido al desarrollo econmico y social, que supera con creces el promedio regional. Parece haber, por tanto, una brecha tan amplia como intrigante entre la valoracin y confianza que suscitan las instituciones y el desempeo de estas a la luz de nuestro pasado, y de las comparaciones internacionales.

Cundo y por qu se erosion la confianza entre no-sotros? Desconfiar del otro es propio de los chilenos o es un hbito que adquirimos en algn momento de nuestra historia? Desconocemos la respuesta a estas interrogantes, pero aventuramos que una parte im-portante de la desconfianza se origina en las fuertes desigualdades que fracturan nuestra sociedad. Sentir al pas como un nosotros parece una lejana ilusin cuando el destino de muchos chilenos depende ms de su cuna que de su esfuerzo. Es cierto que la des-confianza en Chile va ms all de las diferencias socia-les y contamina tambin las relaciones interpersonales al interior de un mismo segmento socioeconmico. Sin embargo, no parece justo negar la existencia de un nexo profundo entre desconfianza, resentimiento y fal-ta de cohesin, por un lado, y la desigualdad de oportu-nidades y nivel de vida que se advierte entre nosotros.

Felicidad individual y malestar socialLa misma sociedad que colectivamente exhibe su ma-lestar y desconfianza hacia las instituciones se mues-tra bastante ms optimista en el plano individual. Al ser encuestados acerca de su propia vida personal y familiar, los chilenos registran en promedio niveles de satisfaccin elevados. Si bien los niveles de feli-cidad y optimismo varan en funcin del ingreso y la localizacin geogrfica, no parece posible explicar el desencanto general a partir de las opiniones que los chilenos tienen de sus propias vidas.

Una paradoja fundamental de Chile es, pues, la coe-xistencia de una marcada satisfaccin con la propia vida y su dimensin familiar, junto a un malestar que trasunta desconfianza en la capacidad de las institu-ciones de responder a las aspiraciones de una socie-dad ms exigente. Esta brecha entre la valoracin de la propia experiencia y el juicio, mucho ms crtico, sobre lo otro, el sistema y las instituciones, es casi una constante en Chile. As se observa, por ejemplo, al comparar las opiniones de los chilenos sobre su experiencia al recibir atencin de salud, y la mucho peor evaluacin que suscitan los sistemas Fonasa e

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Isapres. Cul es la realidad? Por qu esa predis-posicin a cuestionar las estructuras incluso cuando otorgan prestaciones y una calidad de vida conside-radas satisfactorias? Como sea, ese estado de nimo marcadamente crtico sobre lo colectivo representa una barrera sicolgica para que el esfuerzo esencial-mente colectivo por resolver los temas comunes que en eso consisten la poltica y sus instituciones des-pierte mayor adhesin y confianza entre los chilenos.

Las instituciones y la crisis de la poltica y de la representacinEn muchas dimensiones, las instituciones pblicas chilenas concitan evaluaciones positivas en las com-paraciones internacionales. La estabilidad poltica y el manejo econmico son, en general, apreciados positivamente por el mundo. Chile es considerado un pas serio y confiable. La visin que el mundo tiene de Chile es mejor que la que los chilenos tenemos de nosotros y de nuestras instituciones. Y aunque bue-na parte de la crtica institucional puede explicarse por esa predisposicin aparentemente idiosincrtica a cuestionar al otro y a lo colectivo, no podemos cerrar los ojos a sntomas preocupantes de fatiga ins-titucional. La poltica no puede funcionar bien por mu-cho tiempo arrastrando desconfianzas y valoraciones tan negativas de los ciudadanos hacia las personas e instituciones que nos representan. La desafeccin ciudadana, expresada en la abstencin electoral y la baja identificacin con partidos y coaliciones, contras-ta con la situacin, aparentemente saludable, de mu-chas instituciones pblicas chilenas.

Pocos creen en los partidos: menos del 7% simpatiza con alguno. Los parlamentarios y el Congreso se hun-den en pauprrimos niveles de aprobacin que nada bueno presagian. Tras la apariencia de un sistema de partidos estable y de elevada continuidad en los resul-tados electorales de las coaliciones y colectividades polticas, crece el desarraigo social de las entidades que deben representarnos. Por de pronto, el mismo sistema electoral, llamado a reflejar las mayoras socia-les en mayoras polticas, ha recibido cuestionamientos permanentes que contribuyen a minar la legitimidad de los representantes populares en el Parlamento.

En un pas que cada cuarenta aos se ha visto reme-cido por crisis polticas de magnitud, sera inexcusa-ble desdear las preocupantes seales de descrdito de nuestras instituciones polticas. Por lo mismo, eva-luar reformas de fondo para reforzar la calidad de la poltica parece prioritario.

La emergencia de la calle, las redes sociales y la judicializacinNo puede extraar, por tanto, que el descrdito de las instituciones coincida con la emergencia de formas alter-nativas de incidir en la toma de decisiones pblicas. En

los ltimos aos hemos visto el renacer de movimientos sociales asociados a demandas de estudiantes, grupos tnicos, movimientos regionales y opositores a grandes proyectos de generacin elctrica. Tales manifestacio-nes constituyen, en sus versiones pacficas, el ejercicio legtimo de un derecho, y sobre todo revelan la bsque-da de caminos alternativos a los institucionales que ms de una vez se mostraron ms eficaces.

En los casos de Barrancones, Freirina y Aysn, en-tre otros, se evidenci el poder de la calle. Pero los movimientos sociales no siempre tienen la razn. Por populares que sean las demandas de los grupos de presin, constituyen poderes fcticos que muchas veces reflejan sus propios intereses ms que los del pas y propician atajos institucionales riesgosos. All siempre prevalecer el ms fuerte y vociferante, pero rara vez los ms dbiles o necesitados.

El lobby, por su parte, mucho menos abierto y explci-to que las manifestaciones pblicas, se revela tambin como una modalidad anmala de buscar influir en las decisiones pblicas, de manera que, por definicin, favorece a los ms poderosos y rara vez coincide con el bien comn. Ms aun, muchas veces la legitimidad de las manifestaciones se funda en la necesidad de contrarrestar la opaca influencia del lobby.

Una expresin formalmente distinta, pero conceptual-mente similar, de la incapacidad institucional de cana-lizar y procesar controversias e intereses contrapuestos es la creciente judicializacin de temas esencialmente tcnicos o polticos. La decisin acerca de si una plan-ta de generacin elctrica se puede realizar depende menos de la calificacin de los organismos tcnicos especializados sobre su sujecin a las normas legales ambientales, que de lo que resuelvan los jueces en el marco de un recurso de proteccin que, por diseo, ofre-ce escaso margen para un anlisis detallado de las com-plejas materias involucradas. Una irrupcin jurisdiccional similar se ha observado en el caso de los congelamien-tos judiciales de los aumentos de precios de los planes de salud de las Isapres. La mirada de un juez, circuns-crita a un caso concreto, contrasta con la visin global que caracteriza a la poltica y a la visin tcnica de los expertos. Por ello, casi siempre ser inconveniente que la poltica ambiental, energtica o de salud previsional termine, en los hechos, configurndose por la agrega-cin de mltiples sentencias individuales.

Es cierto que estos modos alternativos de hacer po-ltica se manifiestan con distinta intensidad en casi toda sociedad moderna. Sin embargo, no se puede soslayar el riesgo que reviste derivar a la calle, a los lobbistas o a los jueces lo que las instancias tcnicas o las instituciones polticas debiesen resolver. Ms que resignarnos a una suerte de abdicacin de las funciones propias de la poltica, nos convoca impulsar


la recuperacin de sus competencias, de su legitimi-dad y su prestigio, pues son necesarios para ejercer-las con autoridad social.

Desequilibrio entre derechos y deberesEn el contexto de las manifestaciones y del empode-ramiento de ciertos grupos se advierte un desequili-brio riesgoso e insostenible en el tiempo: la creciente conciencia del ejercicio de los derechos y la muy insu-ficiente aceptacin de los deberes.

La sumisin de carcter, si alguna vez existi, ha ido quedando atrs a gran velocidad en Chile, lo que es sano y necesario por varios motivos. Desde luego, solo ciudadanos conscientes de sus derechos se ma-nifiestan en favor de sus intereses particulares o del bien comn, con lo que contribuyen a que la demo-cracia sea ms vital y ciudadana. Solo consumidores diligentes, conscientes de sus derechos y capaces de votar con los pies tienen la aptitud para disciplinar la oferta de bienes y servicios y forzar, en competencia vibrante, la bsqueda permanente de las mejores rela-ciones de precio y calidad. Clientes exigentes propician mercados eficientes, del mismo modo que usuarios y ciudadanos exigentes de servicios pblicos impulsan la transparencia y la modernizacin del Estado.

Sin embargo, la demanda por derechos no siempre se acompaa de una simtrica aceptacin de los debe-res cvicos. La crtica a la poltica se combina con una creciente abstencin electoral. En las manifestaciones de estudiantes y de movimientos regionales participan minoras violentistas y destructoras de bienes pblicos y privados, cuya actuacin no siempre es repudiada por las mayoras que se manifiestan pacficamente o por la ciudadana en general. La defensa del medio ambiente, enarbolada crecientemente como razn para oponerse a grandes proyectos industriales, no ha logrado permear cambios significativos en conductas individuales o colectivas en lo relativo al compromiso con el reciclaje y la reduccin de la basura. Otros debe-res sociales como el voluntariado, el cuidado de los es-pacios comunes, las donaciones y diversas formas de construccin de capital social se mueven a paso ms lento que la exigencia de los derechos propios.

No parece sustentable una sociedad que exige dere-chos y elude deberes. Ello plantea un reto mayor para las polticas pblicas y para la cultura de Chile: cmo fortalecer el civismo y cultivar el ejercicio de nuestras obligaciones cvicas en escuelas, trabajos, estadios y espacios pblicos.

Desarrollo econmico sin mejora en la productividadChile ha crecido cerca del 6% durante los ltimos tres aos, y los salarios reales y el empleo han aumentado significativamente en este perodo. Hoy el desempleo

est en niveles histricamente bajos y la inflacin est controlada. Con un PIB proyectado por el FMI en US$ 19.500 por habitante (a paridad de poder de compra) para 2013, Chile est en un umbral importante en su camino hacia el desarrollo.

Sin embargo, el crecimiento econmico agregado con-trasta con el estancamiento aparente de la productivi-dad total de los factores de produccin (PTF). Aunque la PTF es un concepto difcil de medir, y las estimacio-nes preliminares para el ao 2012 muestran indicios de mejora, las cifras disponibles para los ltimos quince aos reflejan que nuestro crecimiento se ha basado fundamentalmente en transpiracin (un creciente uso de capital y trabajo) y muy poco en inspiracin (un au-mento en la productividad). Tambin parece paradjico el contraste entre los reconocidos avances en polticas y resultados macroeconmicos (en los cuales Chile est en la frontera de la mejor prctica internacional) y la gran heterogeneidad en polticas y resultados micro-econmicos y sectoriales, donde convive una abierta integracin en mercados internacionales con fallas en competencia de mercados internos y debilidades pro-fundas en innovacin y emprendimiento.

Se han ofrecido algunas explicaciones para esta pa-radoja dual; por ejemplo, la baja calidad de la educa-cin y de la capacitacin e intermediacin laboral, el alto costo de la energa, la creciente especializacin productiva en materias primas y ciertas trabas al em-prendimiento y la innovacin. Como sea, incrementar sostenidamente la productividad de nuestra fuerza de trabajo y la competitividad de nuestra economa es esencial para sostener el camino al desarrollo y a una mayor equidad.

Estado y mercadoEn Chile, como en otros pases, el Estado y los mer-cados se complementan, pero tambin entran en con-flicto. Est en su naturaleza, y es necesario tanto para la democracia como para la eficiencia econmica. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el regulador estatal vela por la competencia o la transparencia de un mercado especfico, para lo cual impone obligaciones o prohi-biciones a las empresas. Pero, como veamos arriba, una parte de los conflictos, aparentes o reales, entre privados y el bien pblico se dirime muy ineficiente-mente en las cortes o en las calles.

Cuando falla el mercado, quin falla finalmente? En rigor, cada falla del mercado que no se corrige ade-cuadamente es, tambin, una falla del Estado regu-lador. Y cada vez que nos abstenemos de reforzar el funcionamiento riguroso, transparente y eficaz del Estado, abrimos paso a nuevas fallas del mercado y al cuestionamiento social de la empresa y de la capa-cidad regulatoria del Estado. Un buen mercado nece-sita un buen Estado. Por eso, resulta paradojal que

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algunos crean que el desarrollo del mercado requiere un Estado ms bien dbil o ausente. Por cierto, la in-tervencin estatal deber cumplir siempre exigencias de pertinencia y costoefectividad, pero un mercado mal regulado es anticipo cierto de crisis costosas y, muchas veces, de reacciones regulatorias excesivas. Frente al dilema apar

95 propuestas para chile

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