2018-2024 - indicador politico · abren cuando las elecciones anuncian el desembarco de los...

D I R E C TO R : C A R L O S R A M Í R E Z S E G U N DA É P O C A N o . 2 0 $ 1 0 , 0 0M AY O , 2 0 1 8indicadorpolitico.mx

Carlos Ramírez

2018-2024 Cómo llegó y cómo seguirá

neoliberalismo salinista

Nuevo libro de Carlos Ramírez:La silla endiabladaa la venta en:

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Carlos RamírezLa silla endiablada

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Carlos Ramírez

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Revista Mexicana La Crisis es una publicación editada por el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, S.A. de C.V. Editor responsable:

Carlos Javier Ramírez Hernández. Reserva de derechos de Autor: 04-2016-071312561600-102. Demás registros en trámite. Todos los artículos son de

responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06700, México D.F.

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Editorial

Índice

El neoliberalismo seguiráA pesar de que López Obrador quiere derrotar al neoliberalismo con su populismo priísta, lo único que se tiene claro de la

elección del primero de julio es que ninguno de los tres principales contendiente tiene una iniciativa de reorganización del mo-delo de desarrollo neoliberal que implantó el grupo Salinas desde el Plan Global de Desarrollo de 1980.

En este sentido, la posibilidad del relevo de López Obrador es de carácter personal, porque su política económica y modelo de desarrollo se ajustarán a la condicionalidad del FMI y a la doctrina neoliberal salinista. El populismo de López Obrador se ajusta a un discurso popular y a programas asistencialistas de dinero regalado.

El modelo neoliberal tiene el objetivo de mantener la inflación baja como ancla fundamental, y ésta controlada por tres vías: PIB bajo, control salarial y reducción del gasto público y social. Lo demás es populismo verbal: lucha contra la corrupción, am-nistía a criminales y programas de dinero regalado.

El costo del neoliberalismo ha sido la desigualdad social: el 1% de las familias más pobres tiene apenas el 1.7% del ingreso, en tanto que el 1% de las familias ricas acaparara el 37% del ingreso. En este escenario se inscribe el saldo del último estudio de Coneval: el 78% de los mexicanos vive con uno o cinco rezagos sociales y sólo el 22 vive sin restricciones.

Mientras no se cambie el modelo de desarrollo neoliberal, México seguirá siendo una nación con enormes rezagos sociales y desigualdades entre pocos ricos y muchos pobres. Ninguno de los cinco candidatos ha presentado un nuevo modelo económico. Así que continuará otro sexenio la misma realidad de pobreza mexicana.

3La CrisisMayo, 2018

Con AMLO, Anaya o Meade

Otro sexenio de neoliberaoismo salinista

Por Carlos Ramírez

1.- El pensamiento neoliberal

En la reunión del candidato presidencial Miguel de la Ma-drid con dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión, en mayo de 1982, el líder sindical Fidel Velázquez apareció muy serio, lejano, como ausente, particular-mente austero. Días antes, los asesores de la CTM —economis-tas, abogados, sociólogos— participaron por primera vez en una reunión con el candidato presidencial priista organizada por el IEPES, dirigido por Salinas, organismo que ha prescindido de la participación obrera en las reuniones en que se perfila el programa del próximo gobierno.

4 La Crisis Mayo, 2018

Los funcionarios del IEPES acudían preferentemente a especialistas en los temas de las juntas o a funcionarios del gobierno actual. Fueron relevantes dos ocasiones: una, cuando acudieron a los economistas del sexenio echeverrista que han mantenido un diálogo crítico con el go-bierno y la otra cuando la CTM hizo propuestas al candidato.

La política del IEPES de Salinas, al respecto, parecía ser eclécti-ca. Era común ver en reuniones a banqueros y empresarios hablando sobre lo que deberá ser el próximo gobierno. Asimismo, destacaba el criterio de enfrentar posiciones para disminuir ciertas posturas críti-cas. Una vez puso a Francisco Gil Díaz —conocido como el jefe de los Chicago Boys mexicanos—, director de Política Fiscal de Hacienda, para contrarrestar las propuestas de una reforma fiscal a fondo que hizo Samuel del Villar, quien después sería cardenista. Otra ocasión el IEPES organizó una reunión en la que participó Daniel Murayama, economista de confianza de la CTM, pero colocó como comenta-rista a Pedro Aspe, director de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), conocido como nuestra Universidad de Chicago por la presencia frecuente, como conferenciante estrella, de Arnold Harberg, socio de Milton Friedman en asesorías conjuntas en América Latina. En Puebla, una reunión sobre financiamiento del desarrollo del IEPES fue abierta por un representante del Banco del Atlántico y clausurado por un enviado de Bancomer.

A la CTM no se tomó en cuenta en la campaña de De la Madrid, y menos al Congreso del Trabajo. La reunión del viernes 21 de mayo de 1982 fue tirante en su preparación. El IEPES les dio solamente una hora con el candidato, aunque la CTM se tomó tres. Cuando Sa-linas de Gortari pidió las ponencias por adelantado, Fidel Velázquez se negó a hacerlo. La clase política del IEPES y del PRI había tomado muy pocas recomendaciones de la CTM y del CT para la elaboración de documentos básicos. El Plan Básico del PRI tuvo su origen en el Plan Global de Desarrollo, antes que en las proposiciones de los sectores del partido.

La participación en la campaña de los trabajadores afiliados al PRI ha sido mínima. Aunque algunos pronunciamientos del candidato y de su equipo han coincidido con planteamientos obreros, se observa un vació en el enfoque social y político de los programas. Para el IEPES, el aspecto central del próximo gobierno se encuentra en la participa-ción del Estado en la economía; los trabajadores van más allá: darle a esa participación estatal acciones concretas: nacionalizaciones, medidas coherentes. Durante los últimos años ensalzó la voluntad obrerista del gobierno, pero en la crisis se les sacrificó de nuevo.

Quienes se encargaron de diseñar planes, programas y reuniones del candidato presidencial priísta eran los jóvenes del IEPES, casi to-dos formados en la burocracia financiera estatal, en instituciones edu-cativas privadas y en el ejercicio intelectual solitario. Los planificado-res del gobierno delamadridista serían, al final, los nuevos científicos neoporfiristas, aquéllos que se colocaban por encima de la sociedad y sus compromisos populares para señalar rumbos, salidas, planes, posibilidades. Para ellos, el gobierno funcionaba al margen de los compromisos con la sociedad civil y con las mayorías trabajadoras. De ahí que sus pronunciamientos ofrecieran enfoques de cierto tono popular, pero dados en un vacío social y político. Economicismo, mecanicismo, sobrevivencia, fueron los pilares de sus teorías: podían prometer cambios, pero en las crisis no vacilaban en sacrificar intere-ses mayoritarios.

Este grupo de funcionarios salinistas cobijados por el candidato De la Madrid eran conocidos también como los tecnólatras, o adora-dores de la técnica.

Así lo recogió la columna de Carlos Ramírez en la revista Proceso

el 12 de julio de 1982, después de las elecciones ganadas por De la Madrid:

El resultado de las elecciones presidenciales del 4 de julio co-loca al país en el umbral de una nueva composición interna de la estructura del Estado. Se avecinan nuevos tiempos y nuevas realidades, otros aires soplan en la nación cuando los técnicos lo-graron, finalmente, suplantar a los políticos, otras perspectivas se abren cuando las elecciones anuncian el desembarco de los “tec-nólatras” en la política, cuando surge una nueva generación de funcionarios del Estado.

Bajo la bandera de programas, proyectos, planes y análisis sub-yace una aureola ganada a contrapelo acerca del nuevo papel que puede jugar la técnica en la política. De esa síntesis surgen los tec-nólatras. El replanteamiento de estas tesis implica, de origen, un cambio en la correlación de fuerzas del sistema político mexicano: ante el desgaste, ineficacia, corrupción, vulnerabilidad, olvido de compromisos, crisis ideológica y componendas del poder político, las nuevas ideas de la técnica se ofrecen como viables, posibles.

El desembarco de los tecnólatras viene precedido de indica-dores importantes en su gestión como funcionarios del Estado y como funcionarios en campaña. Como los primeros, diseñaron el Plan Global de Desarrollo 1980-82, cuya esencia era subordinar al país y a las clases a un conjunto de variables económicas, a me-tas cuantitativas, en medio de un discurso conciliador, mesurado, objetivo, equilibrista, con un Estado por encima del bien y del mal. En cambio, en campaña presidencial su lenguaje se tornó crí-tico, amnésico, incipientemente realista, cuestionador de una rea-lidad que ellos mismos se encargaron de provocar con sus planes.

Como funcionarios de Estado y como técnicos en campaña política, los tecnólatras han señalado en los últimos meses inclina-ciones que podrían cambiar la función del Estado, al convertir una realidad histórica de rectoría y unos compromisos populares en una función conciliadora. Eso ocurrió cuando diseñaron el PGD. O cuando, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, en vísperas del destape, desdeñaban las demandas de cambio social del Congreso del Trabajo, porque “tienen una orientación que podría dañar el equilibrio del sistema de economía mixta”. (Eva-luación de planes y propuestas, a cargo de Bernardo Sepúlveda.)

O cuando el director del IEPES habló de devolverle a la so-ciedad civil lo que el Estado no puede ni debe asumir —la de-recha estuvo de plácemes—, obligando al propio De la Madrid a reiterar la rectoría económica del Estado y a negar cualquier desnacionalización.

O cuando el IEPES y el PRI soslayaron la participación del sector obrero en el diseño de programas, planes básicos y de go-bierno para el sexenio 1982-86.

O cuando el PRI convirtió una campaña política en una campaña de publicidad y propaganda para vender un producto comercial.

O cuando los mecanismos de consulta popular se convirtie-ron en embudos y tamices que sólo dejaban pasar aquello que justificaba teorías y tendencias de los jóvenes tecnólatras.

Los planes de la nueva generación de funcionarios está en marcha. No son tecnócratas, sino tecnólatras: saben que la polí-tica es importante, pero prefieren el uso de instrumentales, varia-bles y formularios de la técnica. Son, en suma, los nuevos gerentes del Estado que sustituyen compromisos sociales con posibilidades económicas, que suplantan demandas con contraofertas, que con-sideran al Estado como conciliador nacional, que, en fin, confun-den el poder político con el poder adquisitivo porque consideran


que la correlación se asume por la capacidad económica, por el poder económico de las clases sociales.

Y en diciembre, la izquierda comunista en la Cámara de Diputa-dos, que arribó como producto de la reforma política de 1978, cum-plía su tarea de confrontar las tesis economicistas de los hombres del gobierno. Carlos Ramírez, en su columna en Proceso el 20 de diciem-bre de 1982, recogió el saldo de la primera comparecencia de Carlos Salinas como flamante secretario de Programación y Presupuesto. La columna se tituló “Los E.T.”, por la película de Steven Spielberg en-tonces de moda:

Rolando Cordera (diputado de la izquierda) lo dijo con hu-mor: los nuevos funcionarios del área económica del gobierno parecían unos extraterrestres que habían aterrizado de emergen-cia en el planeta Tierra y se habían encontrado con un país en ruinas. Aunque Jesús Silva Herzog, Carlos Salinas de Gortari y Ramón Aguirre Velázquez ofrecieron en sus comparecencias cier-tos elementos de continuidad en la política económica durante el periodo de crisis que une a los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, en el fondo rompieron amarras y deslinda-ron responsabilidades.

Por entre las rendijas de justificaciones con cierto tono de sen-sibilidad social en el discurso, los nuevos estabilizadores no deja-ron de ser vehementes y honestos en la defensa de sus políticas, criterios y teorías. Así, el estructuralismo de los neomonetaristas habla de modificaciones económicas en términos de eficiencia y eficacia, en tanto que las mayorías urgen cambios sociales y polí-ticos que trastoquen el mecanismo de concepción y aplicación de un modelo intrínsecamente injusto.

Jesús Silva Herzog actuó, en momentos, como el ultraprogre-sista del gabinete. Justificó ciertas decisiones del gobierno de López Portillo y llegó a calificar la nacionalización de la banca como una “conquista popular”. No quiso atacar o cuestionar las pérdidas del “populismo financiero”. Sin embargo, al final, su extraterrenalidad quedó explícita en el manejo de argumentos que subordinan el cos-to social a los resultados financieros de la recuperación.

Carlos Salinas de Gortari fue el más apasionado. Con un dies-tro manejo de cifras, datos y planes, el funcionario buscó desac-tivar las acusaciones contra el carácter antipopular del paquete económico. Quiso desviar la atención señalando la devastación social de un programa ortodoxo, cuando en realidad lo que hizo fue trazar el país que dejará la austeridad que hoy se aplica.

En ambas comparecencias, el realismo económico emitió un tufo a tecnocracia, a tecnoeficiencia. Para analizar los efectos del programa de reordenación del desorden —prioridad esencial del nuevo gobierno, acudieron a estudios y análisis económicos. Sin embargo, el tratamiento de shock comienza a manifestar conse-cuencias sociales aún inconmensurables. Pero a fuerza de repetir conceptos, los axiomas de los tecnócratas adquirieron la categoría de realismo, por más que los propios diputados priístas no se mos-traron convencidos –desde ópticas diferentes pero válidas– de que realmente se este pulsando el impacto social de la recesión en un país que acrecienta su rezago de justicia.

En términos políticos, las comparecencias fueron un diálo-go de sordos. Si bien esta costumbre ha sido tradicional, en mo-mentos en que se imponen medidas drásticas de ajuste conviene atender llamadas de atención. La semana pasada los funcionarios fueron a defender con pasión un programa económico que no es susceptible de modificaciones ni está a discusión. Y no las habrá a pesar de cuestionamientos de los partidos, de las dudas de los

propios priístas y de las alarmas y oposiciones del sector clave del PRI, el obrero.

En rigor, las preocupaciones sociales no son prioridad para los E.T. que manejan el área financiera del gobierno. Por lo pronto, la propia sociedad jala el cordón de la alarma social: en la Dele-gación Gustavo A. Madero, a finales del sexenio pasado, las pocas inversiones oficiales iban a atender las necesidades mínimas de las ciudades perdidas y los cinturones de miseria. Ante la protesta de los habitantes de las colonias residenciales por el descuido de sus servicios indispensables, la justificación gubernamental fue en el sentido de atender lo urgente de los marginados para evitar que se desbordaran sobre los sectores de alto poder adquisitivo. Los quejosos optaron por acudir a la cooperación para atender sus propias demandas.

Y si eso ocurrió antes de la nueva política económica, la aus-teridad actual sacrifica el gasto de bienestar popular en aras del equilibrio financiero. En estos casos no queda más que preparar-nos para la emergencia social que tenemos enfrente.

Salinas y su grupo ya definían, tempranamente, su perfil de ideo-logía económica neoliberal. Así se publicó en Proceso el 10 de enero de 1983, caracterizando lo que sería el perfil político de la política económica de Salinas:

Los estrategas de la política económica empezaron a fruncir un poco el ceño porque las cosas no están saliendo según lo planeado. En lo referente a la política de precios, el mercado de consumo liberalizado debió haberse comportado con menos anarquía. Sin embargo, en los primeros días de enero se observa que el gobierno no tiene todo el control sobre los acontecimientos, pero sigue a la espera de que la oferta y la demanda se ajusten automáticamente.

Mientras tanto, los aprendices de políticos no dejan de pre-ocuparse por las protestas sociales, la angustia de las mayorías de mexicanos que ven que todo cuesta más caro y ellos ganan prácticamente lo mismo. De ahí que, muy a su pesar, los E.T. de la economía apliquen sus teorías monetaristas pero sin dejar de realizar ciertos actos de fe populares. De ahí también que el país comience a advertir un “populismo monetarista” en aquellos programas que buscan reconciliar lo irreconciliable: liberalismo económico y compromiso social.

Las contradicciones son obvias: el programa inmediato de reordenación, los criterios generales de política económica, la po-lítica de precios, la desnacionalización del 34% de la banca y el capítulo económico en la Constitución aceleran aquello que pre-tenden corregir: a cambio de sacrificios en niveles de vida, salarios, empleo, inflación, bienestar y expectativas, se prometen paraísos al salir del túnel. La idea no es nueva. En los treinta, Keynes des-calificó la estrategia del futuro promisorio, a cambio del presente de sacrificios. Es, además, una contradicción en la propia teoría monetarista, pues para corregir deficiencias destruye las incipien-tes relaciones de justicia económica. “A la larga todos muertos”, escribió Keynes.

Lo que más preocupa a la sociedad es la inflación. Frente al desorden en los precios, un problema real, tangible, que afecta a la mayoría de los mexicanos —el 75% de ellos gana el salario mínimo, menos de eso, o no tiene ningún ingreso—, el gobierno opta por el liberalismo y las declaraciones oficiales se dan sólo para sumir en el discurso lo que niegan en la realidad: la defensa efec-tiva de la economía popular. El 30 de diciembre se anunció el fin del control de precios. Al día siguiente se informó de un programa tripartita de protección a la economía popular. El 2 de enero se


denunció la escalada de la carestía. El 3 se detectó un aumento generalizado de caso 100% en los precios. El 4 el mercado era anárquico y abusivo.

La Secretaría de Comercio apareció hasta el 5 de enero, para anunciar clausuras de tiendas que violaran precios de los 300 ar-tículos controlados. Pero en los demás la inflación fue una fiesta. Ese mismo día la CTM denunció que los empresarios violaron el acuerdo y la carestía era insostenible y grosera. El 6 de enero como regalo de Reyes, la Secom surgió para controlar precios, pero luego que éstos subieron. Un diario tituló la noticia con cer-teza: “Después de las alzas, los controles”.

Por lo demás, las preocupaciones sociales del gobierno no cristalizan en la realidad. En diciembre, las promesas de justicia y equidad apenas pudieron cumplirse en parte, pero no porque el gobierno hubiera querido ser congruente: la verdadera subver-sión y protesta de la diputación obrera priísta echó abajo parte de la política fiscal y del aumento general de impuestos, aunque no pudo detener el impacto de otros en los precios finales de los productos.

Hacia comienzos de enero y de cara al comportamiento real del mercado, los monetaristas ven que las cosas no salen como las previeron. De acuerdo con los cálculos en el papel, la carestía no debió ser tan violenta ni tan abrupta y menos aún tan pronun-ciada. Pero ante la ausencia de otras medidas en su recetario mo-netarista, no les queda más que esperar que el mercado se ajuste automáticamente. Y para que no digan, el discurso social tenderá a equilibrar los ánimos de aquellos que se ven sacrificados por una política antipopular. Pese a ello, quisquillosos como son, los nuevos estabilizadores siguen rechazando el calificativo de “popu-lismo monetarista” para su política.

El perfil neoliberal fue explicado en un reportaje de Carlos Ramí-rez en Proceso, el 27 de diciembre de 1982:

Primero fueron las dudas, luego las certezas:De la mano de un programa de estabilización económica, del

brazo de una austeridad antipopular e injusta, aliado a un con-venio con el Fondo Monetario Internacional que lo avala en el exterior y armado de un diagnóstico apocalíptico que justifica cualquier medida, el país se encuentra embarcado en una contra-rrevolución monetarista que busca solucionar la crisis sin atender los altos costos sociales.

Si todo sale como está planeado, la nación encontrará en 1985 un camino desbrozado de baches: no más tropiezos con la misma piedra. Los que sobrevivan lo atestiguarán. El paraíso de la esta-bilidad económica está a la vuelta de la esquina, aunque haya que pagar caro el precio.

Con el instrumental que reduce la crisis a una serie de varia-bles y estadísticas que se pueden controlar, confundiendo cau-sas con orígenes, justificando en el discurso compromisos que se rompen a golpes de decisiones antisociales y buscando modificar la estructura del país más a favor del mercado y menos a favor del Estado, la política económica se enmarca en un decálogo de reor-denación que significa, en su intención última, una sublevación monetarista contra ideas y prácticas estatistas que son —dicen los nuevos monetaristas— la culpa de todos los males.

Todos los caminos llevan a Friedman: las primeras decisiones del gobierno del presidente Miguel de la Madrid cumplen, con puntualidad y exactitud, el manifiesto monetarista. Los cargos de conciencia social, los impactos en los sectores pobres, las decla-raciones de fe populistas son, de todos modos, el diseño de un

monetarismo a la mexicana. Arnold Harberger —socio de Milton Friedman para América Latina— habla ya del “monetarismo hí-brido”: aquel que acepta la existencia de un Estado fuerte, asimila los problemas de ideologías, no soslaya algunos compromisos so-ciales mínimos, pero estas fatalidades no modifican en nada los objetivos del monetarismo clásico.

Después de una crisis en evolución durante más de un año y medio, el nuevo gobierno propone salidas que se identifican rápi-damente: controlar la inflación, disminuir los números rojos en la contabilidad en el exterior —balanza de pagos— y circunscribir la acción del Estado a sus posibilidades reales de financiamiento. Al final, la economía relucirá estabilizada, aunque el precio que haya pagado la sociedad resulte oneroso.

Por lo demás, el decálogo anticrisis no es nuevo. De hecho se reproduce en 1982-84 lo que se llevó a la práctica –sin resultados positivos, ni siquiera en las estadísticas– en 1977-78. A media-dos de 1978 se tenían las primeras evidencias del programa que sacaría al país de los problemas de agosto de 1976: disminución del gasto público, reorientación de inversiones pública y privada, fomento a la inversión privada, combate a la inflación –el villano de la crisis–, equilibrio en la balanza de pagos, disminución en los créditos externos, congelación de salarios, liquidación de pa-raestatales, reorganización del aparato gubernamental, liberación y aumentos de precios, carta con el FMI.

Era, también por aquel entonces, el lenguaje del realismo, hoy redivivo con mayor crudeza. Lo de antes se receta hoy, pero en mayores dosis. Así, a ritmos de crisis y desajustes en cadena, el monetarismo se vuelve la medicina drástica y única contra la crisis, aun por encima de compromisos sociales y populares. Fren-te a una crisis económica que es ya crisis social, el diagnóstico caracteriza a la crisis como de desequilibrio interno (inflación), desequilibrio externo (balanza de pagos) y exceso de estatismo.

Y contra ellos apunta sus baterías el nuevo gobierno.El aterrizaje del monetarismo en la política económica respon-

de a la formación de los nuevos funcionarios del área (ver recuadro). Aunque se niegue en público, aunque se rechace con insistencia, las medidas del gobierno reproducen los supuestos del manifiesto mo-netarista. Basta comparar las decisiones recientes del gobierno con el decálogo friedmaniano para articular intenciones; basta cotejar ese parentesco con las ideas que desde 1936 a la fecha —de Key-nes a la búsqueda contemporánea de soluciones que no despojen a la economía de sus compromisos sociales— han desmontado la verdadera intención del monetarismo: volver a las sociedades a los tiempos del mercado libre, del dejar hacer, dejar pasar.

La contrarrevolución monetarista está en marcha. Lo inevita-ble de la crisis y lo doloroso de las soluciones conforman la jus-tificación:

INFLACIONMonetarismo.– Se genera por causas monetarias. Controlan-

do la moneda se disminuye la inflación: bajar circulante, detener la demanda, confiar en los ajustes automáticos del mercado para encontrar el nivel de precios. La intervención del Estado causa más problemas que soluciones. Aumentar el gasto público acelera la inflación y provoca desempleo. Disminuyendo el déficit fiscal y el circulante se controla la inflación. Hay una “mano invisible” que controla el mercado, que lo regula sin intervención estatal. Toda oferta crea su propia demanda y su estabilidad en precios. Que el circulante crezca en porcentaje igual al crecimiento de la economía.


Antimonetarismo.– No es el circulante lo que provoca inflación sino la baja en la tasa de utilidad. El origen del aumento de los precios se encuentra en la lucha de clases por la apropia-ción de la riqueza. Bajar los salarios no garantiza un aumento en el consumo; al contrario, mo-dular la demanda disminuye el consumo y se crea recesión como medida drástica para abatir precios. Antes que disminuir la demanda hay que aumentar la oferta a través de inversiones estatales.

Programa del presidente De la Madrid.– Contener la demanda para no presionar precios a la alza. Bajar el circulante, deprimir el salario real para hacer atractiva la inversión y la amplia-ción de la oferta. Apoyar la oferta y modular la demanda. Disminuir el control de precios para que éstos se ajusten automáticamente en el mercado libre. Absorber la liquidez —retirar dinero de la circulación— vía tasas de interés y papeles gubernamentales. Hacer atractiva la utilidad para promover la inversión, disminuir el gasto público, pues se considera inflacionario, se gastará lo que se tiene y no lo que no se tiene.

AHORRO-INVERSIONMonetarismo.– Incrementar las tasas de interés para promo-

ver el ahorro. El ahorro es inversión. Usar la “tasa natural de des-empleo” y los precios altos como estímulo para la inversión. Toda abstinencia en el consumo es ahorro que luego se convierte en inversión, de manera automática. La función de la banca central es estimular el ahorro y la inversión con base en reglas automáticas y no discrecionales.

Antimonetaristas.– El ahorro no es inversión automática. Es más, la tasa de interés no estimula la inversión. No se necesita el ahorro de las clases ricas, porque es inversión que no se hace. En ocasiones, el ahorro y las tasas de interés desestimulan la inver-sión. En un mercado libre, un aumento en el ingreso de la socie-dad puede originar más ahorro sin que se plantee un aumento automático en la inversión. Se llega al momento en que el ahorro sube pero la tasa de interés no estimula inversión productiva. Así, la tasa de interés causa problemas y si es demasiado alta frena in-versiones y no alienta la ocupación.

Programa DLM.– Aumentar la tasa de interés para estimular el ahorro. Disminuir el gasto público para generar ahorro público. Usar el crédito para estimular la inversión.

ESTADOMonetarismo.– El Estado Leviatán es el culpable de todos los

males. Su intervención en la economía debe reducirse a su capa-cidad para financiar sanamente sus gastos, sin crear demasiado circulante y sin acrecentar la carga fiscal. No debe crear empleo ni usar las políticas fiscal ni monetaria para crear ocupación. Su gasto debe ser equilibrado. El mercado resolverá por sí mismo sus con-tradicciones. Su función debe ser proteger la libertad, hacer cum-plir los contratos privados y fomentar los mercados competitivos.

Antimonetaristas.– La inversión del Estado estimula la pro-ducción al ampliar la demanda colectiva, además de crear em-pleos. Su función es socializar las inversiones. La intervención del Estado en los treinta abrió salidas a la gran depresión y “sebó la

bomba” de una crisis de enormes dimensiones. Su papel es econó-mico y social, impide y frena la explotación, regula los mercados e interviene para que el dejar hacer, dejar pasar no tenga costos sociales.

Programa DLM.– Disminuir el gasto público. Presupuestar lo que puede cubrirse con ingresos propios y sanos, sin crear circulante, sin aumentar impuestos directos al capital y sí al con-sumo y sin aumentar la deuda externa pública. Se propone la rectoría pero definida por la corriente monetarista dentro del gobierno. Así, la rectoría responderá a lineamientos económicos, no sociales. Se sanearían paraestatales, a costo de aumentar los precios y de impactos bruscos en la economía popular. Despido de burócratas, pues los empleos los debe dar el sector privado. Disminución del gasto corriente —sueldos, salarios, adminis-tración—. Que el Estado no cree demanda ficticia, apresurada, inflacionaria.

EMPLEOMonetaristas.– El empleo es consecuencia de la actividad eco-

nómica, no objetivo central. La “tasa natural de desempleo” alien-ta la inversión y crea trabajo. El desempleo se debe a salarios altos. Bajos salarios estimulan la creación de empleos.

Antimonetaristas.– La insuficiencia en la demanda colectiva es lo que propicia la baja oferta, la baja inversión y el bajo nivel de creación de empleos. El nivel de ocupación y el ingreso global están determinados por el nivel de inversiones y la propensión a consumir. El desempleo es indicador de la distribución inequita-tiva de la riqueza. Con ahorro alto e inversiones bajas, el Estado debe provocar deliberadamente el crecimiento de las inversiones y la creación de empleos.

Programa DLM.– Se protegerá sólo el empleo productivo. Hay que corregir los desequilibrios internos en la economía para estimular la creación de empleos. No hay suficiente ahorro para financiar inversiones, por lo que no existe empleo amplio. La


“tasa natural de desempleo” alentará las inversiones. Deteniendo el salario real se facilita y abarata la inversión. Se aumentará el desempleo para permitir una competencia que estimule los bajos costos de la inversión. La tasa de interés y el ahorro promoverían la ocupación.

FISCOMonetaristas.– La política fiscal no debe buscar que el Estado

aumente sus ingresos para ampliar gastos. La función de los im-puestos no es redistribuir la riqueza sino financiar los gastos indis-pensables del gobierno. Más impuestos indirectos (al consumo) y menos al capital, pues de lo contrario se deprime la inversión.

Antimonetaristas.– El fisco tiene varios objetivos: ampliar los ingresos del Estado, estimular la inversión, redistribuir el ingreso y atenuar los impactos de la crisis en los sectores sociales más des-protegidos.

Programa DLM.– La reforma fiscal quedó en mayores im-puestos al consumo y pocos impuestos al capital. No se globalizan ingresos. Se incrementan los impuestos indirectos, crece el IVA. El 44% del ingreso fiscal del gobierno es por IVA y el 31% por impuesto sobre la renta (ISR). De 1982 a 1983 el IVA crece en 204% y el ISR apenas el 36%. En 1982, el IVA era el 62% del ISR. En 1983 el ISR es apenas del 71% del IVA. Los consumido-res cargarán con el saneamiento fiscal del gobierno. Al no tocar la renta, se estimula la inversión.

BALANZA DE PAGOSMonetaristas.– El desequilibrio en cuenta corriente de balanza

de pagos es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno mone-tario. Modulando la parte monetaria, el desequilibrio se corregirá automáticamente. Se debe buscar, en consecuencia, la estabiliza-ción de la balanza de pagos y a partir de ello ir adecuando todos los renglones de egresos e ingresos que inciden en los resultados. Si el déficit se provoca por desequilibrio comercial, hay que au-mentar exportaciones y disminuir importaciones. Si hay ausencia de ingreso de divisas, hay que abrir la inversión extranjera.

Antimonetaristas.– Los números rojos en la contabilidad na-cional con el exterior son reflejo de desajustes estructurales en la economía.

Programa DLM.– Limitar el déficit de balanza de pagos a una determinada cantidad y de ahí para atrás hay que corregir cada renglón que propicia presiones. Más exportaciones, menos im-portaciones, mayor inversión extranjera, incorporación del país a la competencia del comercio internacional.

Por lo demás, otras decisiones involucran la orientación monetaris-ta: desnacionalizar la banca, funcionamiento empresarial —eficiencia y eficacia— del sistema financiero, liberalización del tipo de cambio y regulación automática del mercado vía oferta y demanda de dólares. En rigor, colocan a la sociedad, a sus aspiraciones de equidad, a sus demandas de justicia, justo debajo de la estabilidad de una economía.

No obstante, las contradicciones saltan a la vista. Si se quiere combatir la inflación por el lado de la demanda, las altas tasas de interés la estimulan además de que crean recesión. Ingresamos en una etapa de recesión con precios altos (estanflación).

El aumento en precios y el alza en impuestos desestimulan el consumo y éste reduce la demanda y ésta frena la inversión y ésta acelera el desempleo y éste no genera demanda. El círculo vicioso tendrá que romperse, necesariamente con la intervención del Estado.

En su tiempo, la señora Joan Robinson se refirió a los objetivos monetaristas: “Si solamente establecieran el libre comercio, restaura-ran el patrón oro, mantuvieran equilibrado el presupuesto y dejaran que el libre juego de las fuerzas del mercado estableciera el equilibrio, todo sería para lo mejor, en el mejor de los mundos posibles”.

En el fondo, el pensamiento monetarista está experimentan-do en México un modelo de desarrollo que aspira a corregir los desequilibrios externos e internos, a costa de una modificación en el consenso económico y social del país. Así, el estructuralismo de los monetaristas se fundamenta en una contrarrevolución eco-nómica que despojará al Estado de su papel social y político y lo dejará en un ente económico sano, en medio de una sociedad con injusta distribución de la riqueza.

Con Salinas había llegado al gobierno una nueva camada de eco-nomistas. Ya no eran de la UNAM, donde Salinas había estudiado, sino que provenían del nuevo centro productor del pensamiento eco-nómico oficial: el ITAM, fundado por empresarios para educar a sus profesionistas, y de su escuela de economía, cuyo director Pedro Aspe ya era uno de los principales colaboradores de Salinas. La revelación la hizo Carlos Ramírez en Proceso el 27 de diciembre de 1982:

De los rincones y los suburbios del Estado, los monetaristas mexicanos comienzan a salir a la luz pública y empiezan a to-mar las riendas de la política económica con la convicción de que ahora sí el país finalmente resolverá sus grandes problemas. El programa de ajuste, que busca la estabilidad sin desarrollo, que carga el peso de la recuperación en los sectores mayoritarios más desprotegidos y que no tiene sensibilidad social y política para prorratear costos, tiene en ellos a sus ideólogos y a sus apasionados defensores.

Ahora sí hay salidas, dicen afilando sus tesis y teorías, al tiem-po que se acomodan en oficinas públicas de alto nivel. La toma de posesión de los principales niveles del gobierno tiene contentos a los monetaristas. Es, de hecho, la primera generación de econo-mistas educados en el extranjero, en las universidades donde la economía se queda en la clásica y llega a Milton Friedman, pero sin pasar por John Maynard Keynes o el estructuralismo latino-americano. Este grupo accede al poder y lo copa, expulsando a otros economistas con ideas estatistas, keynesianas y simplemente más abiertas.

A esta generación la unen varios hechos: su visión de los pro-blemas económicos, su aprendizaje como alumnos aventajados de Friedman, sus estudios en otras escuelas de ideas similares. Pero sobre todo, el hilo conductor es el Instituto Tecnológico Autóno-mo de México (ITAM), nuestra doméstica Escuela de Chicago, a la que llega con frecuencia —como su propia casa—v Arnold Harberger, socio de Friedman para América Latina e invitado con insistencia por el ITAM o por Guillermo Prieto Fortún, subsecre-tario de Hacienda ratificado.

El acceso de los monetaristas parece no dejar un espacio sin ocupar. Tienen amigos, conocidos, compañeros a quien seguir. Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presu-puesto, fue un apreciado maestro en el ITAM. Su pensamiento brillante y rígido es recordado por coincidir con las ideas gene-rales del monetarismo.

Otros funcionarios no pasan por el ITAM pero sí partici-pan de las ideas de la economía clásica, aquellas que se saltaron a Keynes y revivieron con Friedman. En el mismo nivel, Horacio García Aguilar, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, viene del grupo del antiguo Banco de México, cuando esta insti-


tución era el instrumento de los banqueros privados para sabotear la política económica y orientarla hacia lo que beneficiara a los financieros particulares. En las reuniones, encabezando el FIRA —organismo de apoyo al campo vinculado al Banco Mundial—, García Aguilar cuantificaba la viabilidad de los proyectos en fun-ción de los subsidios. Si los había, el proyecto no funcionaba.

Las mismas ideas, los mismos enfoques, articulan a otros fun-cionarios. Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda, vio la puer-ta de salida a la crisis en un repliegue del Estado, por encima de los compromisos sociales del gobierno. Inclusive, en abril se calificó su primer programa anticrisis —que después fue radicalizando— como monetarista, ortodoxo, un verdadero tratamiento de shock, más tibio que el que se aplica en la actualidad. En términos reales, aquél no causó sino estragos en la población mayoritaria que gana del salario mínimo hacia abajo, aunque después ese programa de shock se lavó y se entregó en diciembre más drástico.

Lo mismo Héctor Hernández Cervantes, secretario de Co-mercio, que Francisco Labastida Ochoa, secretario de Patrimonio, ambos coinciden en usar el instrumental monetarista. El primero insiste en aplicar las teorías de Friedman para resolver el déficit en la balanza de pagos abriendo el país a la inversión extranjera indiscriminada e incorporando a México al GATT.

En ese mismo primer nivel, caso especial es Miguel Mancera Aguayo, director del Banco de México. De inclinación moneta-rista abierta, militante, combativa, se opuso a cualquier decisión del Estado para resolver la especulación con divisas, aún a costa de que la economía perdiera el control. Fue soslayado en septiembre para que se asumieran decisiones de fondo que corrigieran lo que él no pudo controlar en el periodo marzo-agosto. Sin embargo, fue reinstalado en diciembre para desmontar los decretos del VI Informe y para convertir, nuevamente, al Banco de México en la cueva más importante del monetarismo gubernamental.

Copado el primer nivel, los demás fueron ocupándose por seguidores de esa corriente. Y los nuevos estabilizadores llegan a tomar el control de la política económica después de muchos trabajos, ataques y humillaciones. Y lo ejercerán sin miedo, con ganas. Un hecho destaca. Para cerrar el círculo, los monetaristas desactivaron la posible oposición de la Cámara de Diputados. Manuel Cavazos Lerma, exalumno de Friedman, monetarista que desea olvidarse de su militancia en la economía clásica y ortodoxa, y maestro destacado del ITAM, es presidente de la Comisión de Hacienda de los diputados. Formado en la escuela financiera del Banco de México, en su época brillante como instrumento auxi-liar en la aplicación del desarrollo estabilizador, Cavazos Lerma fue un militante convencido del monetarismo. Después, sobre todo cuando se incorporó a la política desde la precandidatura de Miguel de la Madrid, exorcizó su pasado de “Chicago boy”. Queda, no obstante, el testimonio de su ensayo publicado en el libro Cincuenta años de Banca Central, en 1976:

Tras de justificar la aportación brillante del desarrollo estabi-lizador a la economía mexicana, Cavazos Lerma dice: “se ha ob-servado que a `mayor disciplina monetaria’ (que confirma la tesis friedmaniana de que los males económicos son en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario, por lo que recomienda controlar el circulante y se evitarán crisis) corresponde una mayor contribución de la política monetaria al logro de los principales objetivos de una política económica que propicie la mejor dis-tribución del ingreso, el dinámico crecimiento económico y la generación de ahorros y empleos a través de la preservación, en el mayor grado posible, del poder adquisitivo interno y externo

de la moneda”.Dice además que aunque hay duda acerca de la experiencia

en este sentido, “los hechos siempre se han encargado de demoler hipótesis inaplicables a nuestro país”, rechazando cualquier bús-queda de caminos distintos del monetarismo.

Por lo demás, los monetaristas comienzan a tener responsabi-lidades mayores en concepción, diseño y aplicación de la política económica. La lista abarca nombres conocidos y se completa con-forme se hacen nombramientos en los diferentes niveles del área financiera y hacendaria de la administración pública:

Alfredo Phillips Olmedo, viene del grupo Banco de México y hoy es director del Banco Nacional de Comercio Exterior. Menos radical que los otros, su monetarismo, no obstante, es intelectual, meditado, abierto.

Gustavo Petricioli, ahora director de Nacional Financiera, se vincula a los monetaristas en los últimos años, sobre todo como presidente de la Comisión Bancaria.

Ernesto Fernández Hurtado fue director del Banco de México en el sexenio de Luis Echeverría. Hombre mesurado, elegante, conservador, Fernández Hurtado no tuvo el rubor de dejar el sec-tor oficial y pasarse al privado. Fue director del nacionalizado ban-co BCH, al que contribuyó a transformar en banca mixta. Como coordinador del libro sobre el cincuentenario del BM, Fernández Hurtado escribió un ensayo largo en el que externó sus conviccio-nes monetaristas. Dice en una parte:

“Para elevar con rapidez necesaria sus índices de vida, lo cual sólo es posible mediante el mantenimiento de altos niveles de in-versión productiva y de empleo, los países en desarrollo deben adecuar constantemente sus políticas de regulación monetaria y fiscal como lo manda el manifiesto monetarista a la necesidad de inducir una mayor generación y captación interna de ahorros públicos y privados”. Aquí son prioridad los mecanismos mone-tarios, subordinando objetivos de justicia y equidad a resultados monetarios.

Francisco Gil Díaz, exalumno de Friedman, vuelve por sus fueros. Después de varios años en una dirección menor de Ha-cienda, pasa a encargarse de los estudios económicos del Banco de México. Su función será elaborar análisis que contribuyan a la toma de decisiones en materia monetaria. Partidario de menos Estado y más mercado libre, Gil Díaz ha dejado pocos testimo-nios escritos de su pensamiento. Sin embargo, sus alumnos en el ITAM lo recuerdan por su convicción monetarista. En un ensayo publicado en el libro citado sobre el Banco de México, Gil Díaz escribe un artículo en el que define sus ideas con dureza:

“Se dice que la política monetaria debe fomentar el empleo, redistribuir el ingreso, estabilizar los precios, controlar el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y mantener bajas las tasas de interés para fomentar la producción”. Para él, no es así: “parece ser que la política monetaria es más efectiva y logra mejor el sinnúmero de objetivos que se le señalen mientras mejor se evita que sus efectos sean desestabilizadores (como los objetivos de empleo, ingreso, precios y balanza de pagos). Es decir, el aspec-to positivo de la política monetaria está en evitar que sus efectos sean negativos, no en tratar de instrumentar con ella toda una serie de metas económicas. El principio de escasez en economía indica que cuando los objetivos son independientes entre sí, un instrumento debe asignarse a un sólo objetivo”. Así, la política monetaria debería funcionar para regular la moneda, sólo eso.

Su conclusión es interesante: “este trabajo (titulado Política monetaria y fiscal) más bien sugiere que hay que programar un


crecimiento relativamente armónico de las cantidades monetarias y fiscales alrededor de la tendencia de crecimiento de la econo-mía”. Tal vez esto justifique la política actual de modular el circu-lante monetario al ritmo de la economía y de desactivar cualquier reforma fiscal que desaliente la inversión”.

Otros nombres se agregan a la lista:Enrique Creel de la Barra, con intereses familiares en varios

bancos privados, pasa a hacerse cargo de Banobras.Rogelio Morán, director financiero del Canal 13, es recordado

en el ITAM como un combativo monetarista contra el keynesia-nismo estatista.

Julio Rodolfo Moctezuma, director de Somex, accedió tarde al monetarismo. Sin embargo, en su corta estancia en la Secretaría de Hacienda –de diciembre de 1976 a noviembre de 1977– ins-trumentó las ideas estabilizadoras del Fondo Monetario Interna-cional en la política económica nacional. Su inflexibilidad lo llevó a chocar con Carlos Tello.

Mario Ramón Beteta, hoy director de Petróleos Mexicanos, pasa de la banca mixta a la empresa paraestatal número uno del país. Su función en Somex fue la de un banquero privado, lanzan-do a Somex de lleno a la especulación de 1982 que dio al traste con el peso. Asimismo, al nacionalizarse la banca, los investiga-dores gubernamentales encontraron una pista interesante en la propiedad de Beteta de parte del Banco Continental. Después de la nacionalización, Beteta propuso la banca mixta como salida y fue partidario del regreso de las acciones a los empresarios.

Francisco Suárez, del grupo Banco de México, es subsecretario de Hacienda. Su pertenencia al selecto equipo de financieros del BM lo ubica como participante activo de los monetaristas que coparon desde los sesenta ese organismo.

Luis Bravo Aguilera, ahora subsecretario de Comercio Exte-rior, forma parte de los grupos que practican el conservadurismo económico. Pertenece al grupo de Héctor Hernández y siempre ha sido partidario de que México ingrese en el GATT.

Rogelio Montemayor, maestro distinguido del ITAM, es sub-secretario de Programación.

Marcela González Salas, oficial mayor de la SPP, es maestra y egresada del ITAM y de la línea dura del monetarismo.

Pedro Aspe, hoy coordinador de los Servicios Generales de Geografía, Estadística e Informática de la SPP, fue director de Economía del ITAM. De un monetarismo flexible, se enorgullece de haber hecho su tesis de doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachussets y de haberla escrito junto con un miembro del Partido Comunista Italiano.

Jesús Reyes Heroles González, egresado del ITAM, también asistió al Tecnológico de Massachussets. De inclinación flexible, su tesis fue asesorada por Francisco Gil Díaz y obtuvo un premio de economía. Hoy es director de Planeación Hacendaria de la SHCP.

Gilberto Escobedo, subdirector de Somex, viene del grupo de Hacienda que incorporó Julio Rodolfo Moctezuma, pero identi-ficado por su inclinación monetarista.

Manuel Suárez Mier, exalumno de Friedman, hoy ocupa la subdirección de Estudios de Pemex.

Abel Garrido, del grupo de Héctor Hernández, fue brazo de-recho del negociador que quiso emboletar al país en el GATT. Fue ratificado en la Dirección de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Comercio.

Agustín López Mungía fue exsubdirector general del viejo Banco de México, cuando éste servía a los intereses de los ban-

queros. Hoy es oficial mayor de la Secom.La lista se extiende en la medida en que unos llaman a otros de

sus mismas ideas. Destaca el hecho de que se busca un gobierno monolítico, unívoco, sin que tengan acceso a él quienes no com-partan ideas, reflexiones, proposiciones.

El círculo se completa con la incorporación de empresarios al gobierno. Destaca el regreso de Manuel Sosa de la Vega a la direc-ción de Mexicana de Aviación, de donde salió cuando el gobierno anterior adquirió la empresa por estar en peligro de quiebra. Con el respaldo del gobierno y como burócrata de alto nivel, Sosa de la Vega, próspero empresario, no tendrá preocupaciones por el volumen de pasivo en dólares que pudo haber aniquilado a la institución.

Francisco Cano Escalante, que de la Concanaco pasó al go-bierno hace 12 años, vuelve a un puesto importante: subsecretario de Abasto, donde pondrá en práctica la experiencia que adquirió como líder de los comerciantes allá por los conflictivos años del sexenio de Echeverría.

Ricardo García Sainz, hoy en el IMSS, viene de formación empresarial. De la IP saltó al sector público y llegó a ser un fugaz secretario de Programación y Presupuesto.

Arsenio Farell Cubillas, hoy secretario del Trabajo, fue direc-tor del Centro Patronal de Guadalajara. Sus primeros pronun-ciamientos en estas semanas han sido para detener las peticiones obreras de aumentos salariales, frente a una inflación agobiante.

José Campillo Sainz repite en el Infonavit. Allá a finales de los sesenta fue líder de la Concamín. Con Echeverría fue secretario de Industria y Comercio.

Guillermo Prieto Fortún, empresario del ramo automotriz, pasó en el sexenio anterior a la Subsecretaría de Ingresos. Ahí sigue.

Héctor Vázquez Tercero, hoy director de Controles a la Im-portación de Productos Manufacturados, es un prominente eco-nomista del sector privado.

Víctor García Lizama, que ha sido miembro distinguido de la iniciativa privada, es también funcionario público desde hace pocos años. En el gobierno actual fue designado coordinador del Fideicomiso Liquidador de Instituciones de Crédito.

Alfredo Luengas, exbanquero privado que fue nacionalizado el 1o. de septiembre, es hoy presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros.

Visto en su conjunto, la coherencia y la uniformidad de pen-samiento del equipo económico del gobierno actual inclina la balanza hacia un lado, sin más contrapeso que la flexibilidad de algunos funcionarios pero nunca la contraposición de ideas, la confrontación de puntos de vista. Sin diques ni desviaciones de ninguna naturaleza, el camino del país no tiene veredas de regreso. Es, en rigor, un equipo de uno para todos y todos para uno.

2.- La disputa por la nación entre economistas

El arribo de los economistas de Salinas al área de decisiones de po-lítica económica del gobierno representó una verdadera disputa por la nación entre dos posiciones: la popular-sindical en declinación por el deterioro político e ideológico de Fidel Velázquez y el sindicalismo priísta y la neoliberal de De la Madrid y Salinas. El FMI, el Estado, la crisis, el sacrificio social y las opciones al desarrollo fueron los temas.

La lucha la había decidido el FMI con sus exigencias a cambio de créditos. El pensamiento económico conservador del FMI, que


determinaría las políticas del gobierno de 1975 al 2000, fue revelada el 23 de octubre de 1978 en un análisis publicado por Carlos Ramírez en la revista Proceso. En aquellos días, el FMI era un organismo casi desconocido en México:

En la reunión del Fondo Monetario Internacional, de sep-tiembre de este año de 1978, México aceptó que ese organismo internacional ejerza “una firme supervisión” de la política cambia-ria del peso y se comprometió a “realizar regularmente” consultas con técnicos fondistas para “una revisión detallada” de su política económica y financiera nacional.

Estas consultas, revela un informe especial del FMI, las debe-rán hacer todos los países miembros del Fondo como “una obli-gación” anual. La enmienda reciente a los estatutos de voluntarias en obligatorias.

Los compromisos de México con el FMI son amplios y pro-fundos. Así han sido desde hace pocos años, dice David Colme-nares Páramo, segundo lugar del Premio 1978 “Juan F. Noyola”, del Colegio Nacional de Economistas.

En su trabajo La economía mexicana y el FMI dice, al hablar sobre la vigente carta de intención de México con ese organismo:

“Los primeros resultados de la operación del programa de es-tabilización monetarista implementada bajo las directrices teóri-cas del FMI, son onerosos para la sociedad mexicana y lesivos para la soberanía nacional”.

El premio fue otorgado por el siguiente jurado; David Ibarra Muñoz, secretario de Hacienda; Ricardo García Sainz, secreta-rio de Programación; Jorge de la Vega, secretario de Comercio; José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio; Carlos Tello, ex secretario de Programación; los directores de Economía de la UNAM y del IPN, y Armando Labra Manjarrez, diputado y pre-sidente del CNE.

El libro de Colmenares Páramo y los informes del FMI, del 25 de septiembre de 1978, revelan los compromisos recientes de Mé-xico con el Fondo. Los lineamientos de ese organismo son traza-dos por los países que aportaran más cuotas y reciben mayor por-centaje de votos; Estados Unidos (19.97 por ciento), Inglaterra (6.97), Alemania Federal (5.15), Francia (4.59) y Japón (3.98), todos ellos dependientes de la “diplomacia política del dólar”.

La dependencia de la economía mexicana hacia las políticas del FMI se acentúa en 1976, cuando el gobierno echeverrista fir-ma una carta de intención de tres años (aún en vigor). El Fondo impuso condiciones que se cumplieron y siguen vigentes:

Devaluación monetaria, algunos impuestos a las exportacio-nes, suspensión de reembolso de impuestos, control de salarios, eliminación de los controles a la importación, ajuste de precios, medidas monetarias y fiscales combinadas con un estricto control de gastos públicos, dice Colmenares.

En septiembre de 1978 el Fondo explicó sus nuevas condicio-nes a los países miembros:

“Con el fin de asistir al FMI en su tarea de garantizar que estas obligaciones (respecto a políticas de cambio) se cumplan y ejercer una firme supervisión de las políticas cambiarias, los países miembros deben realizar consultas con el Fondo, regularmente, en principio anualmente, conforme al artículo IV”.

“Estas consultas constituyen una oportunidad para efectuar una revisión detallada de la situación económica y financiera, así como de las políticas de los países miembros, tanto desde el punto de vista nacional como internacional.”

El mecanismo de consulta es el siguiente: comienzan con un informe preparado en el FMI con base en la información regular-

mente recibida del país miembro o solicitada especialmente por esa institución. En el país supervisado se revisa el informe y se competan los datos a fin de constituir una base para las discusio-nes sobre asuntos de política. Estas discusiones tienen lugar en el país miembro, entre un equipo de funcionarios del Fondo y representantes del banco central y de los ministerios nacionales interesados.

Explica el informe del FMI el propósito de la supervisión; mantener regímenes de cambio ordenados, estimular un creci-miento económico ordenado, evitar perturbaciones erráticas en la economía.

Pero para Colmenares Páramo las intenciones del FMI van más lejos:

— privatizar la economía.— debilitar el papel del Estado en la economía.— carga sobre los trabajadores el costo y el ajuste de la crisis.Agrega:“Cuando algún país solicita la ayuda del FMI, esta institución

plantea una serie de medidas de política económica a través de las misiones que envía periódicamente a cada país. Esta son: deva-luación monetaria, liquidación de empresas estatales, reducción de gasto público, de la burocracia y de gastos de seguridad social, reducción de la intervención del Estado en la economía y conge-lamiento de salarios sin diminuir las utilidades.”

Estas recomendaciones, argumenta, fueron parte medular de la política económica de México en 1977. ¿Los resultados? 1978 transcurre entre los efectos de la política fondista:

— Desempleo, austeridad, recesión, descenso de la inver-sión, disminución de la participación del Estado en la eco-nomía, más inflación, problemas de balanza de pagos, lesión de la soberanía nacional,. pauperización de clases populares, concentración del ingreso, caída del salario real, disminución del nivel de vida y de la atención social y represión.

OTROS COMPROMISOS CON EL FMIEl informe del FMI destaca los requisitos que se deben llenar

para tener acceso a los créditos en sus distintas etapas. De ahí se desprende que el Fondo no prestará dólares si antes no se cumplen condiciones como las siguientes; programa que represente esfuer-zos razonables por superar problemas de balanza de pagos.

También exige: programa que justifique sustancialmente los esfuerzos del país miembro para superar problemas de balanza de pagos.

Para tener acceso al servicio financiero ampliado del FMI es necesario presentar un programa a mediano plazo hasta tres años, destinado a superar desajustes estructurales de balanza de pagos; declaración detallada de las políticas y medidas para el primer y subsiguiente períodos de doce meses.

¿Por qué el FMI?Responde Colmenares Páramo:“Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos

subordinaron el desarrollo de América Latina al logro de otros fines, como son la lucha contra el comunismo y la expansión de las empresas transnacionales norteamericanas, aprovechando su influencia en agencias regionales o instituciones financieras in-ternacionales. Así surgen el FMI, y el Banco Mundial, en 1944, como producto del diálogo EU-Inglaterra, donde se impusieron los intereses norteamericanos”.

En materia financiera, agrega, estamos en medio de pugnas de los grandes centros capitalistas y “cargamos sobre los hombros


de nuestras clases populares el costo de la crisis de los consorcios internacionales, los cuales a través del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y el FMI penetran masivamente en las economías nacionales de los países pobres”.

— ¿Qué representan los cambios en la estructura del FMI?— Las discusiones internacionales y las reformas al Convenio

del Fondo no han hecho más que vitaminar a la institución en sus funcionas de punta de lanza del capitalismo financiero. El FMI continuará “sugiriendo” y supervisando la adopción de programas de estabilización en países necesitados de recursos para salir del bache económico.

Explica el efecto de las imposiciones del FMI en México: “Los remedios recetados por el FMI y surtidos por sus vergonzantes esbirros nacionales incrustados en lugares claves de la administra-ción pública terminarán por envenenar al enfermo mordido por una víbora de cascabel hasta lograr su muerte”.

Y se pregunta: ¿cómo es posible mayor soberanía nacional estando nuestra economía vigilada por las misiones técnicas del FMI y cómo es posible mayor y mejor participación política con el fortalecimiento de las burocracias sindicales que se encargan de reprimir las demandas salariales de sus representados?

Como única salida, Colmenares Páramo plantea la elabora-ción de un proyecto nacional que “considere la participación de las clases populares en su elaboración y en el reparto de sus benefi-cios y cuyos ejes sean el nivel del empleo y el bienestar colectivo”.

Indica: “la redefinición o creación del proyecto popular, na-cional y democrático no es un problema técnico como dice el FMI, sino político y social”. Se requiere, pues, un Estado.

Este pensamiento del FMI estaba en el fondo —y en la superficie— de las políticas económicas de De la Madrid-Salinas. Lo que estaba en disputa era el sentido y contenido del proyecto nacional de desarrollo y de sus alianzas con sectores populares o empresariales. Así lo narró, en su momento, un reportaje de Carlos Ramírez en Proceso el 12 de abril de 1982, el año del colapso, con el presidente López Portillo agobiado por la crisis, y De la Madrid y Salinas a punto de tomar el poder:

— El proyecto nacional histórico, en retroceso ante el empresarial.— Los patrones, dueños ya del poder económico, construyen su país.

Ante el repliegue de iniciativas del Estado, la confusión ideo-lógica de la clase política y la falta de decisión gubernamental en épocas de crisis como la actual, los empresarios ocupan espacios y llenan vacíos políticos y económicos. Los empresarios tienen el poder económico, pero quieren el país. Hay, para lograrlo, un verdadero, coherente y articulado proyecto empresarial que desea imponerse, para sustituir al proyecto nacional histórico.

En 1976 probaron su fuerza. De 1977 a 1981, los empresarios pasaron su prueba de fuego, además de lograr buenos avances. En 1982 hacen prácticamente lo que desean: empeñan y desempe-ñan palabras, chocan contra el Estado, incumplen compromisos, sacrifican a trabajadores, exigen cada vez mayores apoyos sin dar nada a cambio, convencen con sus interpretaciones parciales de los problemas, logran medidas a su favor. Pero quieren más: por un lado, dominar al Estado y plegarlo a sus necesidades e interpre-taciones; por otro, imponer a la sociedad su visión del país.

Los enfrentamientos empresariales con el Estado no son gra-tuitos. Tampoco sus negativas a cumplir compromisos o palabras dadas. No quieren asaltar el poder político... por ahora. Sin em-bargo, a golpes de crisis y de enfrentamientos con el Estado y la clase política aspiran a aplicar su proyecto del país. Son partida-rios, eso sí, de una guerra de posiciones, de una conquista paula-

tina del poder político. Han ganado, por lo pronto, dos puntos: colocar a empresarios en el aparato estatal implantar como verdad a ciegas —en el Estado y parte de la sociedad— la interpretación empresarial de problemas y soluciones nacionales.

De las ideas, de los principios, del deber ser moral, han pasa-do, de hecho, al protagonismo, a la ofensiva, a la obligatoriedad social de la ideología empresarial.

Hay un proyecto empresarial, existe, se ofrece como alternati-vo al proyecto nacional, dicen los investigadores Salvador Corde-ro, del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México; Rafael Santín, de Sociología de la Universidad Autónoma Me-tropolitana de Azcapotzalco, y Ricardo Tirado, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Los tres —especialistas en temas empresariales— entregaron a Proceso el fruto de su investi-gación sobre el proyecto empresarial, realizada a partir de docu-mentos oficiales de la cúpula de la iniciativa privada, declaraciones y posiciones en conflictos con el Estado.

El problema es grave, sobre todo en momentos de crisis y enfrentamientos. El proyecto empresarial gana lo que necesaria-mente pierde el proyecto nacional. Y el proyecto nacional pierde posibilidades en la medida en que la clase política no puede satis-facer las demandas sociales y económicas de las mayorías: empleo, mínimos de bienestar, salud, vivienda, poder adquisitivo, recrea-ción, productos básicos.

La duda no cabe, dicen: el proyecto empresarial, fundamen-tado en la más conservadora doctrina social de la Iglesia y enca-bezado por la Coparmex, la Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial y la Concanaco, vive frecuentes choques con el pro-yecto nacional derivado de la Revolución Mexicana. Y los cho-ques son frontales, verdaderas pulsaciones de fuerza, son directos; a veces son sordos, en ocasiones abiertos —como ahora, acerca del arbitrio del Estado en cuestiones salariales—, pero siempre frente a frente.

Lo peor de todo, señalan en su estudio, es que el proyecto empresarial no se circunscribe a la cuestión económica, sino que abarca proposiciones sociales a través del manejo de los medios de comunicación social y de la educación. Quieren todo. Su proyec-to es, así, un proyecto de nación.

“Es necesario reconocer que estamos ante un proceso de maduración del pensamiento empresarial. De este proceso es-tán conscientes, cada vez más, las cúpulas empresariales, lo que permite ir afinando sus posiciones y respuestas a la problemática nacional actual”, señalan los investigadores.

El proyecto empresarial existe, dicen. “Esto lo queremos su-brayar en virtud de las consecuencias políticas que tiene aceptar o no la presencia de un proyecto de los empresarios. Aceptarlo significa identificarlo y estar prevenidos. Significa reconocer que hay nuevos elementos en la realidad social del país que han he-cho que emerjan nuevos proyectos para el desarrollo de México, que pueden convertirse en alternativos, debido a que el proyecto del grupo en el poder ha ido perdiendo representatividad en la medida en que no han sido satisfechas las necesidades básicas e inmediatas de la mayoría de la población, sobre todo en las últi-mas dos décadas”.

UNA SOCIEDAD OCCIDENTAL Y CRISTIANAPara los investigadores Cordero, Santín y Tirado, los empresa-

rios buscan articular a México a las corrientes sociales de América Latina, ahí donde es fundamental el carácter occidental y cristiano de un país. Para ello acuden a dos criterios: por un lado, un siste-


ma de valores determinado; por otro, una supuesta obligatoriedad del Estado y clases a esos conceptos. Olvidan evoluciones histó-ricas y desean que sus ideas morales, económicas y políticas sean las que prevalezcan.

Hay una verdadera lucha para imponer este proyecto. Es más: los empresarios han llegado a usar tácticas de la izquierda, sobre todo las de Gramsci, para conquistar ámbitos de presencia en una guerra de posiciones. Hay, además, rutas críticas: primero, defi-nición del proyecto; segundo, presentación en sociedad; tercero, confrontación con el del Estado; cuarto, imposición de sus crite-rios en etapas críticas; quinto, conquista de la sociedad civil.

De acuerdo con las investigaciones de los sociólogos, los em-presarios mexicanos son arbitrarios en el origen de sus ideas. Usan parte del discurso religioso de los papas —de León XIII a Paulo VI—, pero no con precisión. Han soslayado ciertos principios de la Iglesia que han evolucionado, sobre todo desde Juan XXIII, en los cuales se reconocen “desequilibrios injustos en la sociedad y en las relaciones laborales” y en aquellos pronunciamientos que han introducido cambios importantes en cuanto a la función de la misma sociedad.

Pero para sus intereses, los empresarios han acudido a todo. “Es posible que la estrecha vinculación entre los sectores empre-sariales y las organizaciones religiosas nos explique, en parte, la enorme difusión y utilización concreta que han hecho los grupos empresariales de algunos acontecimientos religiosos como fueron la visita a México del Papa Juan Pablo II y la celebración del 450 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe”.

El proyecto del sector privado abarca mucho: decisión de par-ticipar en política, reto al populismo, crítica al régimen de Eche-verría, complacencia por la derrota del reformismo del sexenio pasado, insistencia en acabar con los subsidios, apoyo al ingreso de México en el GATT. A esto se añade “la clara y definida con-ciencia de modificar los valores de la sociedad mexicana, mediante el control de los medios masivos de comunicación y su participa-ción activa en el sistema educativo, incluyendo muy recientemen-te la presión y crítica a la política exterior del gobierno de López Portillo hacia Centroamérica y específicamente hacia Nicaragua”.

Pero el proyecto va más allá que lo anterior. Es una precisa y bien armada proposición para redefinir el papel del país y de sus habitantes. Una semblanza de ese proyecto es presentada por los investigadores, donde los empresarios señalan nuevas funciones:

Estado.- Limitación de su actividad económica y promoción de la participación privada. El Estado estará limitado, en lo eco-nómico, al interés de los particulares. Su participación en la eco-nomía será limitada y transitoria. Cualquier abuso del Estado en lo referente a la libre iniciativa de los particulares generará descon-fianza e inseguridad en los inversionistas. Su papel es complemen-tario en la creación de la riqueza, pero apoyando con infraestruc-tura económica, política, jurídica y administrativa. Es, en suma, la cancelación de toda intervención estatal de carácter nacional y popular. Su función es aceptada en sectores no cubiertos por la iniciativa privada y los servicios públicos básicos.

Gasto Público.- Hay un convencimiento casi general de que el gasto público es origen de la inflación. Ahí es donde ha triunfado el propósito empresarial de imponer interpretaciones. De ahí que, bajo el pretexto de lucha contra la inflación, se pida disminución en el gasto público, sobre todo aquel de tipo social o de subsidio al consumo, pues inhiben al empresario. Rechazan el encaje le-gal, así como a cualquier régimen fiscal que afecte los intereses privados.

Política fiscal.— Para los empresarios, el papel del fisco es es-timulativo de la inversión privada. Aunque su criterio teórico es que el fisco debe redistribuir la riqueza, en la práctica no conceden mucho espacio de acción al fisco.

Mercado.- A la usanza del liberalismo económico, el proyecto empresarial pugna por un mercado libre de influencias estatales. El control de precios ha de ser estrictamente transitorio, ya que desalienta la inversión y provoca el estancamiento económico. Esto significa que la satisfacción de las necesidades sociales de bienes y servicios está sujeta en el proyecto empresarial a la li-beralización del mercado donde operarán sin control alguno sus leyes generales y las de la ganancia. Este criterio es pieza clave del proyecto y en la visión global del empresario sobre la economía. La participación del Estado en el mercado inhibe la actividad pro-ductiva de los particulares, además de que limita la libertad y pro-picia la competencia desigual. El Estado debe vigilar el mercado pero no intervenir. Debe existir la libre competencia.

Productividad.- Es importante en el proyecto empresarial el aumentar constantemente la productividad. Todo debe enfocarse al aumento de la productividad. De ahí que deba fortalecerse el sistema productivo, a fin de aumentar la producción vía produc-tividad. Para complementar lo anterior, el proyecto empresarial propone el mantenimiento del diferencial salario-productividad, mediante topes salariales. El salario remunerador es efecto del au-mento en la productividad. Detrás de esta idea se encuentra el hecho de que en la carrera precios-salarios, el nivel de ganancia es el factor decisivo. Dependen de él la capitalización, resultado de la productividad y el salario.

Educación.- En 1981, el Consejo Coordinador Empresarial presentó formalmente, ante la Secretaría de Educación Públi-ca, un proyecto educativo para expandir la educación privada en todos los niveles. Se busca desplazar del primer lugar, en lo cuantitativo y lo cualitativo, a la educación pública. El objetivo es modificar los contenidos y las prácticas educativas del sistema público, ajustándolo a la visión empresarial y crear las bases para desarrollar un sistema de educación privada mediante cambios en la legislación y en la adopción de apoyos fiscales al sector privado. Este punto del proyecto empresarial gira en torno de dos aspectos: apoyarse en recursos económicos estatales; y orientar la educación al cumplimiento de las necesidades del capital, en lugar de las necesidades de las mayorías.

Medios masivos de comunicación.- El proyecto empresarial buscar perpetuar el control casi exclusivo de los medios. Para los empresarios, los medios de comunicación son instrumentos de difusión cultural, informativa e ideológica más poderosos. Recha-zan, en consecuencia, cualquier intervención estatal. El ideario del CCE señala la preservación de la propiedad privada de los medios. El Estado sólo debe garantizar la libertad que señala la Constitución. Por su parte, la Coparmex propone la utilización de la comunicación para “enaltecer y dignificar el concepto, razón de ser y necesidad de la libre empresa”.

Este es el proyecto empresarial. Por lo conquistado a la fecha, no es propiamente un proyecto en ciernes sino en marcha. Ha logrado más de lo previsto. Su última victoria ha sido lograr un consenso acerca de que el origen de la inflación es el gasto público. Ante la ofensiva empresarial, existe un evidente retroceso en el proyecto nacional en los últimos seis años. La alianza Estado em-presarios jugó a favor de una ampliación del espacio del proyecto empresarial. La guerra de posiciones ya no es secreta si no abierta.


3.- El asalto a la razón.

El asalto al Estado por los neoliberales había comenzado en 1979. Carlos Ramírez reveló en Proceso, el 17 de septiembre de 1979, que trabajaba en el gobierno mexicano el socio de Milton Friedman para asesorías neoliberales a gobiernos dictatoriales de América Latina, los dos autores del llamado “genocidio económico”:

El economista estadunidense Arnold Harberger, quien estruc-turó con Milton Friedman el programa económico de la Junta Militar de Chile en 1973-1976, se encuentra en México como asesor de funcionarios de política fiscal de la Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público. Este es su segundo viaje con los mismos motivos en los últimos tres años.

Como acostumbra, Harberger no presta asesorías oficiales sino personales. Así lo hizo en Chile varias veces: de 1973 a 1975 estuvo cinco veces en Santiago y actuó como consejero de los se-guidores de la teoría monetarista que aplicaron el “tratamiento de shock”, que fue calificado como “genocidio económico”.

El campo de acción en México del economista estadunidense es la Dirección General de Política Fiscal de Hacienda, cuyo ti-tular es Francisco Gil Díaz, exalumno de Milton Friedman en la Universidad de Chicago. También se ha reunido con los Chicago Boy’s mexicanos, cuya lista fue publicada en Proceso número 72 (20 de marzo de 1978).

El economista belga André Gunder Frank, también exalumno de Friedman y de Harberger y que posteriormente dio un giro teórico de 180 grados y se convirtió en el principal impugnador del monetarismo, envió en agosto de 1974 una carta abierta a Friedman y a Harberger, a raíz de su viaje de asesoramiento a la Junta Militar Chilena. En ella les decía que el “programa de Chi-le”, de los golpistas, habían sido planeado desde la década de los cincuenta, en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, “en el cual ustedes prepararon a los Chicago Boy’s, que hoy son los inspiradores y ejecutores de la política económica” de los militares.

Gunder Frank escribió posteriormente una posdata y a me-diados de 1976 envió su famosa segunda carta abierta, en la que acusaba a los dos economistas estadunidenses de aplicar en Chile la política del “genocidio económico”, que condenaba al hambre y al desempleo a millones de chilenos y que servían fundamental-mente a los intereses del gran capital local y trasnacional.

En los primeros años de la década de los setenta el Fondo Monetario Internacional hizo suyas las tesis del monetarismo y las impuso a muchos países: Inglaterra, Italia, Portugal, Perú, Argen-tina, Jamaica, Chile, Israel, México, y otros. El propósito central de esa corriente es privatizar la economía, disminuir la interven-ción del Estado en la economía, reducir los ingresos fiscales al posponer cualquier intento de reforma fiscal que afecte el capital y cargar sobre los trabajadores los efectos de la crisis.

Friedman y Harberger tuvieron especial interés en Chile des-pués del golpe militar de 1973. Varias veces estuvieron en Santia-go para asesorar a los economistas de la junta, principalmente al superministro de Economía, Cauás. Hicieron muchas declaracio-nes públicas en apoyo del programa económico de los militares. Recibieron también muchas críticas por los efectos “genocidas” de sus consejos; los cuestionaron organismos de la Organización de las Naciones Unidas, estudiantes de economía de la misma Universidad de Chicago, el Congreso de Estados Unidos, varios gobiernos de Europa, y el New York Times, el Business Week, entre otros. Inclusive, los criticaron el partido fascista Patria y Libertad

y el expresidente de la Sociedad Chilena de Fomento Fabril.

PRIVATIZACION DE LA ECONOMIAEn su segunda carta, Gunder Frank (revista Comercio Exterior,

volumen 26, número 12, diciembre de 1976) explicaba como la política económica monetarista, conducía a un “genocidio econó-mico”: liberación de precios (reducción drástica) del salario real, aliento al mercado “libre” de capitales, inflación desenfrenada, desplazamiento del ingreso y de la riqueza desde el trabajo hacia el capital y desde los pequeños capitales hacia los grandes.

Respecto al Estado, dice que el monetarismo propicia la venta de empresas estatales “a precios ridículos”. Asimismo, señala que esa corriente “instituye un programa intensivo de contrarreforma agraria” que regresa latifundios expropiados o entrega la tierra a “nuevos propietarios capitalistas”. Explica que en Chile la junta militar regresó dos millones de hectáreas expropiadas por los go-biernos de Frei y de Allende.

Se refiere también a la política económica hacia el exterior del “friedmanismo”. “Se reducen aranceles y otras restricciones a la importación, se otorga toda clase de privilegios al capital extranje-ro”. Se “reajusta la balanza de pagos reduciendo la importación de bienes necesarios para satisfacer las necesidades de consumo esen-ciales de la población, al tiempo que se exportan manufacturas e incluso alimentos que el bajo poder adquisitivo de los consumi-dores le impide comprar y que los productores no pueden colocar en el mercado interno”.

Agrega Gunder Frank que la aplicación del programa mone-tarista implica la reestructuración de la producción y el cambio del destino de la inversión para “lograr un estímulo aún mayor a las exportaciones no tradicionales de alimentos, materias primas y artículos manufacturados a expensas de los consumidores”.

La aplicación de este plan, en Chile, fue desastrosa. El New York Times dijo en marzo de 1976 que “Chile es la prueba áci-da de la economía de Friedman, pero la crisis empeora”. Gunder Frank dice al respecto:

“Estas crecientes críticas son la expresión de las consecuencias que tiene la política económica de la Junta Militar y la Escuela de Chicago, aunque debemos admitir que a estos críticos no les preocupa tanto sus efectos sobre el pueblo de Chile como los que tienen para el capital empresarial, chileno y extranjero, que ellos representan.”

Indica que las críticas se acentuaron a raíz de la llegada de Friedman a Chile en marzo de 1975, “acompañado por Arnold Harberger, que hacía su tercer viaje”. En esa ocasión ambos rece-taron un “tratamiento de shock”, que a partir de abril de 1975 fue “aplicado por el superministro de economía Cauás”.

Según la lista de los Chicago Boy’s mexicanos, las áreas es-tratégicas de política económica están casi en sus manos. Hay monetaristas en el Banco de México, Hacienda, Comercio y asesoría presidencial. Los informes del Banco de México insisten en señalar como prioridades la lucha contra la inflación y como instrumentos a las medidas monetarias. La reforma fiscal ha sido pospuesta indefinidamente.

El 20 de marzo de 1978, Carlos Ramírez publicó en Proceso la pri-mera lista de economistas neoliberales mexicanos. La lista causó estra-gos en el gobierno de López Portillo porque representaba el relevo de los nacionalistas. La lista era elocuente, y muchos de ellos terminaron trabajando en el gobierno de Salinas:

Con destacados monetaristas en puestos de influencia sobre


renglones de la política económica nacional, el Fondo Monetario Internacional (FMI), no ha utilizado realmente muchas presiones sobre el gobierno mexicano para imponerle un modelo de desa-rrollo estabilizador y recesionista que se orienta en rigor hacia la privatización del país.

Porque aquéllos están donde estratégicamente deben estar para aplicar sus concepciones de teoría económica.

Por ejemplo: para la liberación de precios una de las priori-dades del monetarismo obsesivamente antiinflacionario, el licen-ciado Leopoldo Solís, de la Universidad de Yale —segunda en la escala de la teoría de Friedman–— estructuró en su calidad de subsecretario de Planeación Comercial el decreto que entró en operación el 1º. de febrero y que golpeó directamente la capaci-dad adquisitiva de la mayoría de los consumidores. Hoy Solís es subdirector del Banco de México.

En política fiscal, donde esa corriente niega con fervor cual-quier reforma impositiva que afecte al capital puesto que, según ellos, de él depende la salida de la crisis, se encuentra el licenciado Francisco Gil Díaz, exalumno del premio nobel Milton Friedman en la Universidad de Chicago y conocido como el líder de los “Chicago Boys” mexicanos.

Este economista fue director de Estudios Económico-Ha-cendarios de Hacienda durante la devaluación del peso —en sus trabajos de investigación descansó parte de esa decisión de agosto de 1976— y ahora es director de Política Fiscal de la misma de-pendencia. Oficialmente se anuncia que tampoco este año se rea-lizará la reforma fiscal integral —que José López Portillo prometió como candidato presidencial.

Están, también, en el Banco de México: Carlos Bazdresch Parada, subdirector; Alfredo Phillips Olmedo, subdirector; Luis Sánchez Lugo, subdirector; Manuel Cavazos, también exalumno de Friedman y con estudios en la Escuela de Chicago, asesor del subgerente Ariel Buira; Jesús Alejandro Cervantes, jefe de la Ofi-cina de Economía Internacional; Guillermo Ortiz, jefe del área de investigaciones económicas.

En Hacienda hay otros: Javier Gala Palacios; Gilberto Escobedo, director de Planeación Hacendaria; Alfredo del Mazo, director de Deuda Pública.

En la Secretaría de Comercio están Marín Maidón, jefe de Estudios Econó-micos y quien fue llevado por Leopoldo Solís; y Luis Bravo.

Rafael Izquierdo, por cuyas manos pasan todas las decisiones presidenciales de tipo económico, planteó, durante la campaña presidencial, en reuniones del IEPES, la “realidad del desarrollo econó-mico” como punto de partida y el “eficien-tismo” como política económica.

El FMI adoptó para sí, desde la reu-nión de Breeton Woods que reordenó el sistema económico internacional al fi-nalizar la Segunda Guerra, los llamados programas de estabilización que se enfren-taron al keynesianismo que se instaló en occidente a raíz del crack de 1929 en los Estados Unidos.

Este enfoque económico fue adoptado y proyectado teóricamente por el adusto

profesor Milton Friedman, de la Universidad de Chicago; desde entonces se le conoce como “política friedmaniana”. A este respec-to dijo Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económi-cas de la UNAM:

“Tal sinónimo se utiliza en honor del premio Nobel de eco-nomía, quien sin poseer la originalidad de haberla estructurado, se ha dado a la tarea de `acondicionar’ los planes de estabilización —por excelencia arma antiinflacionaria del FMI— y ponerlos al uso y beneficio de un capitalismo en crisis”.

Recordó que no todo marcha bien para ese profesor nortea-mericano, incluso dentro de su propio plantel, porque “el 75 por ciento de los alumnos de la Escuela de Chicago están en contra de las teorías de su maestro”.

Para Maritano el centro del monetarismo está en la siguiente afirmación: “el dinero lo hace todo”. Y para David Colmenares Páramo, en su estudio publicado en El economista mexicano de enero-febrero de 1978, los objetivos del programa de estabiliza-ción del binomio Friedman-FMI se resumen en tres aspectos:

Privatizar la economía.Reducir el gasto público.Congelar los salarios y disminuir inversiones productivas.¿Qué resultados se han obtenido de la aplicación de esta teo-

ría? Maritano afirmó que “hubo efectos desastrosos en los paí-ses en que se aplicó. En Italia generó inflación, el segundo lugar europeo, y desempleo. En Chile y en Argentina generó miseria, despidos. En Israel también creó problemas”.

En México los efectos son enumerados por Colmenares Pára-mo: disminución del gasto público, reorientación de la inversión pública y privada hacia sectores estratégicos, fomento a la inversión privada, congelamiento de salarios, liquidación de empresas paraes-tatales, reorganización del aparato estatal, liberación de precios.

En todo momento salta la lucha contra la inflación como con-dición previa a la salida de la crisis económica. Y esta obsesión surge en quienes como funcionarios aplican sus conocimientos teóricos e influyen en definiciones de política económica.


Porque ellos no esconden su formación teórico-ideológico. Así se lo dijo Elizer Tijerina al principal monetarista mexicano, Francisco Gil Díaz, durante una mesa redonda en 1974 en el Co-legio Nacional de Economistas.

Después de que Gil Díaz sostuvo que los monopolios y las concentraciones generan economías externas y que el “villano” de la inflación es el sector público o el Ejecutivo Federal, Tijerina le respondió directo: “en estos dos casos concretos me parecen claras las implicaciones reaccionarias”.

Ahí mismo Tijerino le dijo a Gil Díaz:“Nos parece ingenuo refugiarse en ideologías del laissez-faire,

ya muy superadas incluso en los Estados Unidos, para sostener tajantemente que cualquier control de precios es ineficaz (esto lo había señalado el hoy director de Política Fiscal)”.

Como funcionarios del Banco de México, Gil Díaz y Ma-nuel Cavazos participaron en la edición oficial del libro 50 años de banca central que abrió una nota del entonces director de esa institución, Ernesto Fernández Hurtado, hoy responsable de un banco privado.

En las conclusiones, Cavazos señaló la identificación entre monetarismo, “realismo económico” y pragmatismo:

“A pesar de que la experiencia acumulada hasta ahora, pare-ce existir la duda acerca de este principio fundamental (el de la “disciplina monetaria” como objetivo de política económica). Sin embargo, los hechos siempre se han encargado de demoler hipó-tesis inaplicables a nuestro país. Esta circunstancia, procreadora del sano pragmatismo que ha caracterizado a la política monetaria mexicana, ha facilitado la corrección oportuna de los pasos enca-minados por sendas extraviadas”.

La participación de Leopoldo Solís en el Banco de México se revela en el informe anual de 1977. Al explicar el BM la actividad financiera, dice que la evolución favorable de la economía se de-bió a la aplicación de medidas monetarias y crediticias y a la lucha contra la inflación. Un párrafo afirma:

“La eficacia de estas medidas dependió de la firme postura an-tiinflacionaria que adoptó la política fiscal, así como de la estrecha coordinación que hubo entre políticas de salarios y precios con la fiscal y la monetaria-crediticia”.

Aunque la Universidad de Chicago como institución no re-presenta en si misma el monetarismo, se ha identificado como escuela o tendencia económica. Pero, también, esa teoría se ve fuertemente aceptada en otros centros de estudio como la Univer-sidad de Yale o como la London University.

Aquí en México tiene dos planteles claves: el Instituto Tecno-lógico Autónomo –de donde es director de Economía Gil Díaz– y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de donde cada año salen importantes flujos de pasantes o titulados hacia Chicago o Yale. Sin embargo, también de la Facultad de Economía de la UNAM o de la Escuela Superior de Economía del IPN salen monetaristas.

Muchos de esos egresados que encuentran en Friedman a su maestro y guía están en el sector público como investigadores, o funcionarios de nivel medio. Aparentemente identificados con los propósitos del Estado mexicano, aplican en ciertas decisiones su forma de entender la economía.

El pensamiento neoliberal ya no saldría del gobierno mexicano. El 23 de marzo de 1981, Carlos Ramírez analizó en Proceso cómo se había dado una correspondencia entre los economistas neoliberales con las decisiones de política económica:

Exalumnos de Milton Friedman, ex asistentes a la Escuela de Chicago, y ex becarios en la Universidad de Stanford —se-millero este último de la masa académica conservadora del pre-sidente norteamericano Ronald Reagan—, son los responsables en la Secretaría de Hacienda de diseñar la política de ingresos del gobierno.

Es como poner la Iglesia en manos de Lutero o el arbitraje de un partido del América en manos de Televisa; o como mentar la soga en la casa del ahorcado o creer en la política de derechos humanos de James Carter. Es eso y más: es dejar un instrumento de justicia y equidad en manos de quienes sólo lo conciben como una técnica para darle ingresos al gobierno federal.

Un empresario próspero es el subsecretario de Ingresos de Hacienda, Guillermo Prieto Fortún, dueño de las empresas au-tomotrices “Guillermo Prieto” y hasta hace poco representante en México de la Chrysler; Francisco Gil Díaz, es director general de Política de Ingresos, ex alumno de Friedman, y líder de los Chicago Boys mexicanos e hijo de Juan Gil Preciado; son los be-carios, asesores y funcionarios del área de ingresos de Hacienda, provenientes de Chicago, Stanford y el Instituto Tecnológico Au-tónomo de México, sede de monetaristas y fuente de especialistas para Hacienda.

Y no es gratuito que justamente ahí se den definiciones y tesis fiscales de carácter oficial. Y que sea también ahí donde asesores y conferenciantes provengan de terrenos académicos detectables. El de mayor autoridad ha sido asesor golondrino de Hacienda: Arnold Harberger, quien con Milton Friedman diseñó la política económica de la Junta Militar que derrocó a Salvador Allende en 1973.

En varias ocasiones ha estado Harberger en México para dar pláticas formales a funcionarios del área de ingresos de Hacienda. Proceso tiene en su poder la copia de una transcripción de una plática de Harberger, en la que abordó distintas formas de allegar dinero al gobierno sin molestar a la iniciativa privada, sin tocar las riquezas ni ingresos, y sí, en cambio, cargando todo el peso en los asalariados, en el consumo básico y en la contracción de la activi-dad del Estado. La presentación de Harberger fue de Guillermo Prieto Fortún y el agradecimiento final fue de Francisco Gil Díaz.

Algunas de las opiniones de Harberger –que modelaron los criterios de los funcionarios asistentes– fueron éstas:

— “El salario mínimo ya ha sido implantado en la política económica de muchos países. Sería un suicidio del gobierno el derogarlo. Pero una cosa si se puede hacer: a medida que pasa el tiempo y con la inflación, ya que el salario mínimo está por encima de lo que nosotros llamamos el salario equilibrio, ir con aumentos más reducidos en ese salario mínimo, hasta que termine siendo más realista, que refleje las fuerzas del mercado”.

— Respecto a las leyes sociales —traba al empleo en el sector afectado—, Herberger pide que se aten a los sueldos y salarios y no a las necesidades sociales, “pues es casi la única manera de prevenir un aumento demagógico de los beneficios del sistema, que costaría mucho y que sacaría grandes recursos de toda la economía”.

— Respecto a la progresividad del impuesto a los ingresos que gravan la riqueza, dice Harberger que “la idea debe ser buscar una solución justa, según el sentimiento del pueblo en general en un momento determinado y no pensar que uno va a ir, mediante el mecanismo tributario, rectificando la distribución del ingreso como tal”.

— Cualquier impuesto reduce el ingreso disponible de los habitantes de un país permitiendo menor consumo y ahorro pri-


vado. En un sentido muy general, los impuestos reducen la inver-sión privada.

— En las ciencias de las finanzas públicas modernas... los científicos están casi unánimemente en temas como los impuestos al consumo, en lugar de impuestos al ingreso, ideas que todavía no han llegado a la realidad pero que están llegando.

— El IVA, tal como se ha diseñado en Europa y América del Sur, es fundamentalmente un impuesto al consumo.

–Ustedes están pensando que el impuesto al consumo grava al pobre y el impuesto al ingreso grava al rico, pero no es así.

— Una de las cosas que más llama la atención en los sistemas fiscales de los países en vías de desarrollo, es que con frecuencia el sistema impositivo reduce la demanda de mano de obra.

— Acepto teóricamente la validez de la idea de dar créditos fiscales o subsidios a mayor empleo, pero me inclino más hacia la eliminación o la reducción de las otras distorsiones en el sistema, tales como los salarios mínimos que están por encima de lo que nosotros lamamos salario de equilibrio y tratar paulatinamente de ir aproximando (a la baja) esos salarios mínimos a un salario de equilibrio.

— Considerar que una de las metas, objetivos y propósitos de la política tributaria sea la rectificación de la distribución del ingreso es un enfoque errado desde un principio. La política tri-butaria ni puede influir mucho en la distribución del ingreso y quien realmente intenta en serio efectuar importantes cambios en la distribución del ingreso mediante la política tributaria, proba-blemente va a fracasar, y si no fracasa va a arruinar la economía de todas maneras.

— Si se quiere utilizar la política fiscal para ayudar a promover la estabilidad en la economía, la manera de hacerlo es por el lado de los gastos. En casi todos los países con problemas inflacionarios en los cuales he trabajado, el problema principal ha sido el gasto público, y en donde han controlado el gasto público han podido controlar su inflación.

— Los sistemas impositivos actuales no son favorables a la formación de capital, y es deseable estimular la formación de capi-tal... Hay que favorecer la acumulación de capital, entre otras co-sas porque favorece una mejor retribución a las fuerzas de trabajo.

— En un país como México, el resultado de gravar los ingre-sos de capital no resulta en que sus propietarios estén pagando más, porque tal como ocurre en Panamá, los mexicanos tienen la oportunidad de invertir en mercados de capital extranjeros. Y no tengo la menor duda de que hay bastantes mexicanos que tienen su cuenta en la Bolsa de Nueva York, en Canadá, en Europa... ya que es muy difícil en un país como México poder controlar los ingresos provenientes del exterior.

— El efecto de gravar más el capital en México se traduce en que más capital se va afuera o menos va a venir del exterior, y el resultado será que en México habrá menos capital por trabajador.

— Respecto a utilidades excedentes y luego de rechazar cual-quier carga fiscal en ellas, Harberger señala: “considero preferible subir la tasa general del impuesto a la renta de las personas físicas y personas jurídicas, en lugar de tener un impuesto sobre utilidades extraordinarias”.

— Cuando la especulación es benéfica socialmente, el benefi-cio es mayor que la ganancia de este valor. Cuando la especulación daña a la sociedad, generalmente el daño a la sociedad es menor que la pérdida del especulador, entonces el especulador pierde más de lo que la sociedad pierde.

4.- Derrota de los economistas nacionalistas

La gran victoria de Salinas no fue el Tratado de Comercio Libre de 1993, sino la toma del control de todas las áreas de la política econó-mica del gobierno. De 1978 a 1981 ocurrió el copamiento de oficinas que tenían que ver con el diseño de las políticas económicas. Pero el funcionamiento del sistema político priísta permitía la existencia de economistas progresistas en algunas —cada vez menos— áreas del gobierno. Con habilidad, Salinas creó un grupo de choque de econo-mistas neoliberales para ir arrinconando a los economistas nacionalis-tas. La confrontación final ocurrió en mayo de 1981, durante la ce-lebración del congreso del Colegio Nacional de Economistas (CNE). El Colegio era el refugio de los nacionalistas. Había sido rescatado en 1976 por Armando Labra Manjarrez, un priísta progresista hijo de un ex gobernador del Estado de México. Labra creó un grupo de análisis para criticar las decisiones neoliberales.

En 1981, Salinas tomó por asalto el CNE. Y lo hizo con violencia política. Los progresistas habían titulado su congreso con el concepto de proyecto nacional, a fin de crear conciencia de que la sucesión presidencial que se decidiría en septiembre de ese año tenía un con-texto decisivo. De la Madrid, ya con el Plan Global redefiniendo la estrategia de desarrollo, atacó con Salinas el tema: no podía permitir que se hablara de dos proyectos nacionales. A De la Madrid le urgía mantener la tesis de que el PGD era la continuidad del proyecto na-cional, aunque en realidad era diferente.

En el congreso de Guadalajara estalló la guerra de enfoques eco-nómicos. Pero Salinas acudió a reventar la reunión, no a debatir. Ata-có a los economistas progresistas y la cosa estuvo a punto de llegar a los golpes. Carlos Ramírez y Francisco Gómez Maza, reporteros de Proceso, recogieron

El 26 de octubre de 1981, ya con De la Madrid como candidato

presidencial y Salinas como jefe de redacción del programa de go-bierno, Carlos Ramírez publicó en Proceso, con el reportero Gómez Maza,un análisis de cómo el gobierno había aplastado la indepen-dencia de pensamiento crítico del Colegio Nacional de Economistas:

En tiempos de sucesión presidencial y épocas de definiciones y de enfrentamiento de enfoques, teorías y proposiciones, el IV Congreso de Economistas reavivó pugnas y choques intraguber-namentales y por la definición del proyecto nacional y por el re-planteamiento de la política económica estatal.

En una verdadera guerra de posiciones, economistas de diferen-tes tendencias dentro del aparato gubernamental, se enfrentaron en Guadalajara bajo el lema de “hacia un proyecto nacional”. Ante la ausencia del presidente José López Portillo —desaire que disminu-yó el contenido crítico de las ponencias y reorientó las proposicio-nes de los participantes—, el Congreso colocó frente a frente a un proyecto que fue definido como nacionalista, democrático, popular e independiente y el Plan Global de Desarrollo, que otros especia-listas esgrimieron como el proyecto aplicable de nación.

Ante un resurgimiento de la crisis que, tiene hoy un alto costo social y político y ante el alud de “petropesos” que otorga autono-mía financiera al Estado, economistas de uno y otro bando discu-tieron acerca del contenido del proyecto nacional: o se vuelve a la historia y a los compromisos sociales no cumplidos o se coloca a la modernización y a la técnica por encima de demandas de justicia y equidad.

La ausencia presidencial desconcertó a los participantes. Poco refractario a la crítica de especialistas y funcionarios a la vez, el


presidente López Portillo había reclamado a los economistas en el Tercer Congreso Nacional de 1979, y les pidió menos críticas y más proposiciones concretas. Este año, sin su presencia, hubo menos crítica y una proposición.

En sus conclusiones, el Congreso propuso un proyecto na-cional que interprete “los sentimientos de la nación”: libertad, soberanía, justicia, progreso, democracia y bienestar común. Asi-mismo, los participantes presentaron, a partir de una “profunda y permanente actualización del programa histórico de la Revolu-ción Mexicana”, el perfil del proyecto nacional:

“Tiene un carácter nacionalista, toda vez que se orienta a garantizar la defensa de los recursos de la nación para beneficio del pueblo de México; contribuye a consolidar el ejercicio de la soberanía de la nación y conduce a la mayor autodeterminación económica. Es popular y nacional en la medida que atiende las necesidades básicas e inmediatas de la mayoría de la población.”

Hay, reconocieron, otro proyecto nacional surgido también en el seno del propio gobierno. Al respecto dijeron: “el proyecto (del cuarto congreso) en sus componentes nacionalista, democrático y popular, no sólo es viable sino imperativo. Es necesario plantearlo ante los elevados costos sociales y la seducción pragmática de otros proyectos —elaborados con premeditado simplismo— que no son ni nacionales, ni democráticos, ni populares; que implícita o explícitamente rechazan la validez y vigencia histórica de la Revo-lución Mexicana y de la Constitución como principio y fuente del proyecto nacional al que aspira la mayoría del pueblo mexicano”.

Estas dos posiciones se encontraron de frente en el Cuarto Congreso de Economistas. Hubo contrariedades, contradiccio-nes, discusiones agrias, divisiones, acusaciones, miedos, virajes, pasos atrás. Hubo también definiciones precisas: por un lado, los dos proyectos proponen objetivos más o menos similares. Sin em-bargo, el diagnóstico de la crisis y las puertas de salida plantearon las similitudes y las diferencias.

Algunos economistas del Colegio atenuaron el sentido de su crítica, aunque no dejaron de señalar que la política económica de los últimos cuatro años ha resuelto los problemas para el sector privado, aunque las clases trabajadoras continúen sufriendo, en crisis y desajustes sucesivos, el costo de la recuperación.

Para otros, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, director de Política Económica de la Secretaría de Programación y Presupuesto, las altas cifras de crecimiento económico califi-can la vigencia de la política económica actual y el Plan Global de Desarrollo conforma el pro-yecto nacional del país para los próximos años. Este enfoque sería retomado días después por el propio secretario Miguel de la Madrid Hur-tado, al señalar concretamente que el proyecto nacional es el Plan Global de Desarrollo.

Frente a situaciones particulares y especí-ficas del país, las posiciones apuntaron a in-fluir en el diseño y aplicación de la política económica. Lo que se debatió fue el papel del Estado ante su solidez económica por el flujo de petropesos y en medio de un sistema eco-nómico que ha acelerado la marginación de grupos sociales y ha soslayado alianzas funda-mentales con las clases trabajadoras.

El debate interno entre las distintas posi-ciones exhibió divisiones y apresuramientos,

que se advertían desde la preparación misma del congreso. Se-manas antes de la reunión de Guadalajara, dos secretarios de es-tado —Jorge de la Vega, de Comercio, y José Andrés Oteyza, de Patrimonio y Fomento Industrial— advirtieron, en comidas con el Comité Ejecutivo del Colegio, que no existían elementos para proponer un nuevo proyecto de país y que el proyecto nacional estaba contenido en la Constitución. Este criterio sería integrado a las conclusiones, aunque el diagnóstico de la realidad nacional no dejó de señalar olvidos, políticas antipopulares y ausencia de decisiones que atendieran los problemas de las clases trabajadoras.

En este contexto, el economista Rolando Cordera —investi-gador de la UNAM y coautor con Carlos Tello del libro La dis-puta por la nación— dijo que el proyecto nacional popular im-plica la reestructuración interna del sistema estatal y la hegemonía efectiva y ejercida de los trabajadores. Expresó también que pasó el tiempo del festinamiento y el optimismo fáciles y agregó que proyectos como el SAM y el Programa de Energía deben ser más completos y permanentes. De no ser así —advirtió— el proyecto nacional nunca irá más allá de la “guerrilla burocrática” y se con-vertirá “en una mera pantalla demagógica”.

Por su parte, Armando Labra Manjarrez, expresidente del Co-legio, dijo que el país afronta tres alternativas históricas: continuar en el empeño de configurar un sistema capitalista dependiente, acomodando pragmáticamente el quehacer político; acelerar el proceso de acumulación capitalista, propiciando la concentración monopólica y la internacionalización económica, o actualizar el proyecto nacional, democrático e independiente e impulsar un proceso de desarrollo con beneficio social.

El proyecto esbozado por esta corriente busca restituir al Es-tado el papel de aliado con las clases trabajadoras y no con los intereses económicos privados, a efecto de utilizar la fortaleza fi-nanciera derivada del petróleo para responder a los olvidos y com-promisos sociales soslayados en la etapa reciente de la crisis. En la discusión de esta proposición hubo desacuerdos y frustraciones, aunque se coincidió en lo fundamental.

Frente a este panorama, Salinas de Gortari habló de optimis-mos, y se refirió a las “críticas de burócratas”, refiriéndose a los que son funcionarios y despliegan simultáneamente una actitud crítica


ante la realidad nacional. En una parábola ferrocarrilera, el funcio-nario de Programación y Presupuesto dijo que la posición de los economistas críticos es similar a la de los pasajeros de un tren que van en los asientos de atrás y quisieran sentarse hasta adelante.

La posición crítica del Colegio Nacional de Economistas fren-te a la realidad de país ha sido incómoda. En su primer Congreso Nacional, en tiempos de Echeverría, tuvieron un enfrentamiento directo con el entonces Presidente. Con López Portillo han sido, en síntesis, cinco los puntos de fricción: cuando se divulgaron los compromisos y dependencias de la política económica con el Fondo Monetario Internacional; cuando se pidió una definición nacionalista y popular de la política energética; cuando se opu-sieron los economistas al ingreso de México en el GATT; cuando se bombardearon las insuficiencias y contradicciones de la Ley de Fomento Agropecuario y cuando se propusieron nuevas modali-dades en el diseño de la política económica.

No obstante las diferencias de criterio y las críticas, las relacio-nes entre los economistas impugnadores y el Presidente no habían registrado un desaire como la ausencia de López Portillo en el Congreso de Guadalajara. En el fondo, según se advirtió en el contenido de las proposiciones esgrimidas por los economistas, persiste la intención de otorgarle a la política económica estatal un conjunto de contenidos y propósitos más claros y específicos y una serie de nuevas definiciones y compromisos que reorienten la actividad de un Estado económicamente fuerte.

Al final, los distintos enfoques buscaron rescatar criterios y opiniones presidenciales, a efecto de que los distintos proyectos no perdieran su posibilidad de aplicación. A los economistas colegia-dos esto les significó críticas y divisiones, aunque las conclusiones recogieron el diagnóstico —apoyado en cifras, datos y documen-tos— de un país que sigue viviendo en crisis, pese al optimismo y triunfalismo del otro sector de economistas que reivindicó los logros del actual gobierno y del Plan Global de Desarrollo.

El manotazo estaba dado. El CNE había sido finalmente some-tido. Una nota de Carlos Ramírez en Proceso recogió, en octubre de 1982, el final político del Colegio de Economistas como centro del pensamiento crítico en economía. De la Madrir era presidente electo y Salinas el encargado de su política económica. La disidencia de los economistas progresistas había terminado:

Después de un año de ostracismo, el Colegio Nacional de Economistas apenas sacó la cabeza. Aprovechando el ambiente político que creó la nacionalización de la banca y el control de cambios, ese organismo se lanzó, sin rubor alguno, a alabar las decisiones del 1º de septiembre y a apoyar al presidente López Portillo. Pero esa actitud fue parcial.

Detrás de sí, la actual directiva del CNE, dirigida por Antonio Gazol Sánchez, tenía un período de oscuridad, como le llamó pú-blicamente el economista Guillermo Velasco. Durante los últimos meses el Colegio se negó a señalar abiertamente su posición y sos-layó compromisos en sus desplegados. Antes del 1º de septiembre, Gazol Sánchez censuró varios documentos internos, reprimió las peticiones de economistas para analizar sin censuras la política económica y marginó a los sectores progresistas que deseaban convertir al CNE en un interlocutor y en un representante de los intereses de las mayorías.

Después de la devaluación del 17 de febrero, el Colegio pu-blicó un documento que se conoció como el “yo pecador”. En el texto declaraba que todos eran culpables de la fuga de capita-les, incluyendo las dos terceras partes de los mexicanos que no

tienen acceso a los dólares. Asimismo, Gazol Sánchez rechazó la propuesta de un grupo de economistas que le pedía analizar la política económica nacional y señalar los errores cometidos por las autoridades financieras.

Meses después, cuando el secretario de Hacienda había anun-ciado los programas de austeridad tipo Fondo Monetario Interna-cional, el Colegio sacó otro desplegado, pero con las características anteriores. Rechazó un borrador que calificaba de monetaristas las medidas oficiales y aprobó otro que llamaba a la cordura y censu-raba las presiones de Estados Unidos.

Antes del VI Informe de Gobierno, los economistas definieron su posición. Un grupo de ellos propuso incorporar a un boletín del Colegio las propuestas del sector obrero, sobre todo aquellas referentes al control de precios y a la petición de nacionalización de la banca y el control de cambios. El presidente del organismo, Gazol Sánchez, dijo que eran peticiones absurdas que no podían siquiera incorporarse a los postulados de los economistas.

Después de los anuncios del 1º. de septiembre, el CNE inau-guró una serie de reuniones para analizar la política económica y difundió públicamente su apoyo incondicional al Presidente de la República por las decisiones tomadas en su VI Informe. En esas Reuniones se abrieron las posibilidades para que el Colegio estableciera su posición ante la reforma económica, pero los temas fueron orientados a examinar lo positivo de los decretos y el pa-triotismo del Presidente.

Pasada la euforia, el Colegio volvió a callar.

5.- Salinas, ¿abogado o economista?

A pesar de toda la propaganda a su favor, Salinas ha sido un eco-nomista fallido. Cuenta la leyenda urbana que en el Banco de México lo trataban como abogado porque dudaban de sus credenciales técni-cas. Francisco Gil Díaz, un competente economista neoliberal, consi-derado el jefe de los Chicago boys mexicanos, ex director de Economía del ITAM y jefe de estudios económicos del Banxico, se cruzaba con Salinas en las reuniones de comisiones mixtas y le decía: “quiubo mi abogado”. Gil habría de tragarse sus palabras: en 1989 fue designado por el presidente Salinas como subsecretario de Ingresos de Hacienda. Pero en los tiempos de 1978-1981, Salinas fungía como secretario técnico del gabinete económico. Y ahí fue recordado siempre por sus equivocaciones económicas.

El 5 de julio de 1982, Carlos Ramírez publicaría en Proceso otra evaluación crítica contra al PGD. La gran propuesta de política de desarrollo de Salinas había fracasado, aunque para esa fecha De la Madrid iba rumbo a las elecciones y Salinas seguía como su econo-mista principal:

Presentado como camino hacia un México más justo, el Plan Global de Desarrollo se desinfló un año y dos meses después de su aprobación. Los 22 puntos del Plan aspiraban a modificar las relaciones que permitían la injusticia, con vistas a retomar la ruta del crecimiento sostenido, el empleo y el combate a la inflación. El arma sería el petróleo. Una divisa fue reiteradamente señalada: transformar el crecimiento económico en desarrollo social. Dos años después que salió de la circulación, la esencia del PGD se revive como programa de gobierno del próximo Presidente de la República, con las mismas deficiencias y sin asimilar las experien-cias que condujeron al fracaso económico de 1982. Se ofrece, hoy, un cambio de ruta, de rumbo, de estilo, pero no de modelo de desarrollo, cuya estructura propicia y acrecienta la sociedad des-


igual. La relación se establece: el autor del PGD como secretario de Programación y Presupuesto y el candidato presidencial del PRI son la misma persona: Miguel de la Madrid Hurtado, que ca-peó la primera etapa de la crisis del país, pues fue postulado en los umbrales del desajuste devaluatorio. Los planes se emparentan, en deseos, aspiraciones, proyectos, mientras la realidad económi-ca se impone al país en sus partes más sensibles y vulnerables, que —por coincidencia— son aquellas que ninguna de las dos propuestas modifica radicalmente: financiamiento para el desa-rrollo, inflación, política financiera y estilo de crecimiento, cuyos efectos en la crisis golpean indiscriminadamente a las mayorías nacionales. En la crisis, el PGD fue hecho a un lado sin ambages. En la crisis, el Plan de Gobierno de De la Madrid se ofrece como solución mágica para una cadena de problemas que arrastra la economía mexicana desde hace varios decenios. Lo malo del asun-to es que en 1980 se presenta como salida aquella puerta que no funcionó en 1980-81.

Los 22 puntos del Plan Global de Desarrollo son los siguientes:1.- Fortalecer al Estado, para satisfacer las necesidades de la

sociedad.2.- Modernizar los sectores de la economía y de la sociedad.3.- Generar empleo: 2.2 millones de empleos, en ambiente

digno y de justicia, entre 1980 y 1982.4.- Consolidar la recuperación económica, logrando, por lo me-

nos, un crecimiento del PIB de 8% durante los próximos tres años.5.- Reorientar la estructura productiva hacia la generación de

bienes básicos y a la creación de una industria nacional de bienes de capital.

6.- Racionalizar el consumo y estimular la inversión.7.- Desarrollar el sector agropecuario para que se eleve el nivel

de vida de los campesinos y se satisfagan las necesidades de ali-mentación de la población.

8.- Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano.9.- Fomentar el gasto prioritario y reforzar la empresa pública,

eliminando los subsidios excesivos.10.- Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo

económico y social, canalizando los recursos que de él se obtengan a las prioridades de la política de desarrollo.

11.- Estimular la política de productividad y una adecuada distribución de sus beneficios entre los trabajadores del campo y de la ciudad y a la sociedad en su conjunto.

12.- Destinar mayores recursos para la provisión de mínimos de bienestar, particularmente para la población marginada, urba-na y rural.

13.- Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la re-ducción en el crecimiento de la población y racionalizar la distri-bución territorial.

14.- Obtener una mejoría en el nivel de vida de la población, mediante un incremento sustancial en el consumo a través del empleo productivo.

15.- Ampliar y mejorar la educación básica para niños y adultos.

16.- Vincular la educación terminal —media y superior— con las necesidades de trabajadores capacitados, técnicos medios y profesionales, que requiere el sistema nacional de producción.

17.- Impulsar la capacitación y la organización social para el trabajo.

18.- Desconcentrar, concentrando, la actividad económica y los asentamientos humanos en un nuevo esquema regional, con énfasis en costas y fronteras.

19.- Controlar y reducir el ritmo de inflación.20.- Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financia-

miento del desarrollo.21.- Establecer una vinculación eficiente con el exterior, que

estime la modernización y la eficiencia del aparato productivo.22.- Ampliar la concertación de acciones entre los sectores pú-

blico, social y privado, en el marco de la Alianza para la Producción.Los 22 puntos del programa de gobierno de De la Madrid son:1.- Reorientación del sistema productivo: salarios, empleos

y productos básicos. Ahondar el proceso de industrialización en cuatro pivotes: bienes de capital, bienes de consumo básico, in-dustrias de transformación de recursos naturales e industrias de exportación.

2.- Acceso de la población a la satisfacción de las necesidades indispensables de alimentación, salud, educación y vivienda. Ele-var la calidad de la vida.

3.- Igualdad de oportunidades para hombres, mujeres, niños y ancianos. Protección de la justicia a grupos más débiles.

4.- Aumentar el ahorro para inversiones productivas. Refor-zar estructura tributaria, precios y tarifas del sector público y más productividad. Habrá más deuda, pero con cuidado. Ahorro pri-vado modificando patrones de consumo.

5.- Política de fomento a un vigoroso crecimiento de las ex-portaciones no petroleras. Racionalización de importaciones. Protección del mercado interno. Protección arancelaria. Plan para Desarrollo de la Frontera Norte.

6.- Favorecimiento a demanda y producción de productos nacionales.

7.- El campo lo haremos más productivo y más justo, con una estrategia de desarrollo integral.

8.- Modernización del comercio. Sistema nacional de abasto.9.- Solución a problema de almacenamiento de productos

agropecuarios. Fin del sistema de ventas por abonos.10.- Fortalecimiento del transporte. Revitalizar el sistema fe-

rroviario, puertos, marina mercante, transporte multimodal.11.- Promoción de empleos productivos, permanentes y con

salario remunerador.12.- Crecimiento racional de la economía.13.- Política ecológica. Protección de recursos naturales.14.- Lucha contra la inflación. La inflación es injusta porque

golpea a los más débiles. Rechazo a políticas simplistas y de cho-que que generan desempleo pero no resuelven inflación. Distribu-ción de costos sociales de lucha contra inflación. Fortalecimiento de la oferta y adecuación de la demanda para que guarde el peso correspondiente con el crecimiento de la oferta.

15.- Planeación democrática, como método de gobierno.16.- Inducir la renovación moral de la sociedad. Combate a la

corrupción. Fin de abusos en la prestación de justicia.17.- Respeto a la alianza con campesinos, obreros y clases me-

dias populares. Gobierno para todos los mexicanos.18.- Ajuste de todos los actos a los principios del nacionalismo

revolucionario. Defender soberanía, fortalecer la independencia económica.

19.- Democratización integral de la sociedad. Participación popular en el gobierno.

20.- Descentralización de la vida nacional. Beneficio a todos los mexicanos.

21.- Apoyo del gobierno en la consulta popular.22.- Buscar, como esencia del gobierno, una sociedad más

igualitaria.


A Salinas siempre le han fallado los cálculos. Indicador Político publicó en El Financiero, el 22 de noviembre de 1990, un análisis para demostrar que Carlos Salinas era sinónimo de inflación porque no sabía manejar las variables económicas. Y no era una revisión menor: Salinas era ya presidente de la república:

El punto clave de las comparecencias de los secretarios de Ha-cienda y de Programación en la Cámara de Diputados se reduce a un tema: la inflación. Y aquí hay un dato que aparece muy claro: Carlos Salinas de Gortari ha sido un economista eminentemente inflacionario, es decir, que su gestión en la administración pública ha estado siempre vinculada a las fases ascendentes de la inflación.

Estos son algunos datos de todo lo que los diputados querían saber pero temían preguntar:

1.- Hasta 1979, la inflación en México no había rebasado la barrera psicológica de 20 por ciento anual. En 1980 se pone en marcha el Plan Global de Desarrollo 1980-82 de Miguel de la Madrid, redactado por su entonces director de Política Económi-ca y Social, Carlos Salinas de Gortari. Las metas eran planificar al país para evitar brincos inflacionarios. Sin embargo, en los años del PGD la inflación se desbordó: 29.8 por ciento en 1980; 28.7 por ciento en 1981 y 98.7 por ciento en 1982. El PGD no evitó la crisis pero sí lanzó la candidatura presidencial de De la Madrid.

2.- El gobierno delamadridista se comprometió a controlar la inflación; en su sexenio fue de 86.7 por ciento, contra 12.8 por ciento de echeverrismo y 35.7 por ciento del lopezportillismo. La más baja de 51.7 por ciento en 1988 y la más alta llegó a 159.2 por ciento en 1987. La meta era llevar la inflación a 12 por ciento en 1988. No pudo.

3.- Los múltiples planes antiinflacionarios de De la Madrid fueron diseñados por su secretario de Programación y Presupues-to: Salinas de Gortari. Y fueron muchos: dos planes nacionales de desarrollo, seis criterios generales de política económica y cuatro programas económicos: el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que funcionó en Diciembre de 1982 a junio de 1985; el MiniPIRE de julio de 1985 a junio de 1986; El pro-grama de Aliento y Crecimiento de julio de 1986 a noviembre de 1987; y el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), de diciembre de 1987 a noviembre de 1988.

4.- Las fases de control de la inflación en el sexenio pasado se dieron cuando, por razones de coyuntura, la política económica

estuvo en las manos de otros funcionarios y no del secretario de Programación. Por ejemplo, la inflación bajó de 98.9 por ciento en 1982 a 59.2 por ciento en 1984 cuando la economía la ma-nejó el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, para cumplir con los férreos compromisos amarrados con el Fondo Monetario Internacional por la crisis de la deuda.

5.- La base inflacionaria de 1985, 1986 y 1987 se dio cuando Salinas de Gortari regresó la economía a la SPP después de la renegociación de la deuda de 1984. La inflación subió a 63.7 por ciento en 1985; 105.7 por ciento en 1986 y 159.2 por ciento en 1987, años clave en los que se decidió la sucesión presidencial de 1988.

6.- En esta etapa, el gobierno delamadridista desbordó el gas-to, al grado de provocar conflictos graves entre los equipos de la SHCP y de la SPP. El problema clave fue el alto déficit presupues-tal que estaba en manos de la SPP. Ello llevó a quejas del FMI y a la aplicación, en una etapa de emergencia, del MiniPIRE.

7.- De poco sirvió. Al contrario, llevó a la agudización entre las estrategias de Hacienda y de Programación. La primera busca-ba bajar el gasto y controlar la inflación y la segunda optó por pri-vilegiar el gasto. La pugna llevó a la crisis de gabinete presidencial de abril de 1986, que se decidió con la salida de Silva Herzog. El punto de ruptura fue la renegociación de la deuda en función de un programa deflacionario de ajuste (JSH) o de uno de repunte económico (CSG).

8.- A la renuncia de Silva Herzog, el control de la política eco-nómica fue retomado por la SPP y no lo volvió a soltar. El nuevo secretario de Hacienda, Gustavo Petricioli, operó como una espe-cie de subsecretario de Programación y Presupuesto encargado de los ingresos. Para renegociar la deuda con el criterio de crecer para pagar se diseñó el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC).

9.- Con el PAC la inflación se disparó en 1986 y 1987 a cifras arriba de la barrera sicológica de 100 por ciento y el crecimiento económico fue demasiado escaso; -3.8 por ciento en 1986 y ape-nas 1.5 por ciento en 1987. Ello quiere decir que el PAC fracasó como programa económico, aunque valió como programa polí-tico, con el agravante de que propició el desorden en las finanzas públicas, bajó la responsabilidad de la SPP: el déficit fue de 16.0 por ciento en 1986 y 16.1 por ciento en 1987, incluso mayor que el 14.1 por ciento de 1981 y cerca del 17.7 por ciento de 1982.

10.- Con una inflación de 159.2 por ciento en 1987, la campaña presi-dencial le dio el manejo de la econo-mía a otro secretario de Programación, Pedro Aspe Armella, un economista deflacionario, quien diseño el PSE y el PECE. Con ambos, Aspe Armella bajó la inflación como secretario de Pro-gramación a 51.7 por ciento en 1988 y como secretario de Hacienda a 20.9 por ciento en 1989, porque había que bajar la inflación para renegociar la deuda.

11.- Sin embargo una vez que se renegoció la deuda en febrero de 1990 el control de la política económica pasó otra vez a manos del presidente Salinas de Gortari y de la SPP. Y la inflación regresó. Subió de 20.9 por ciento en 1989 a 30.0 por ciento en 1990. La


causa se localizó en la toma de decisiones por encima del Pacto.12.- Para 1991 la economía volverá a manos de Aspe Armella

porque hay que disminuir la inflación con miras al Acuerdo de Libre Comercio. Entonces la meta de inflación se baja 14.0 por ciento. Ello será posible sólo si el control total de la estrategia queda en manos del secretario de Hacienda. Si el secretario de Programación o Los Pinos no sueltan todos los hilos, la inflación en 1990 será mucho mayor a la esperada.

Y el 15 de mayo de 1996, ya Salinas fuera del poder, Indicador Político haría una evaluación del incumplimiento de las metas eco-nómicas de Salinas en el largo periodo de 1980 (del PGD) al final de su sexenio en 1994:

Cuando Miguel de la Madrid presentó su Plan Global de De-sarrollo 1980-1982, el punto dudoso y criticado fue el de las metas macroeconómicas. Eran muy optimistas en sus alcances:

— El optimismo es una estrategia de desarrollo —dijo De la Madrid—, inaugurando la fase del optimismo neoliberal.

Dieciséis años después, el secretario de Comercio, Herminio Blanco, presentó su Programa Nacional de Política Industrial y Co-mercio Exterior (Pronapice) y revalidó el optimismo como estra-tegia de desarrollo. Sin embargo, el saldo del ciclo neoliberal del salinismo —Carlos Salinas redactó el PGD de De la Madrid e im-puso a Blanco como secretario zedillista de Comercio— ha sido el de las metas optimistas, pero el de los resultados macroeconómicos pesimistas.

El ciclo salinista de dominación de la política económica tiene cuatro etapas:

1.- El PGD 1980-1982 de De la Madrid que Salinas redactó como director de política económica y social de la Secretaría de Programación y Presupuesto, auxiliado por Joseph Marie Córdoba Montoya y Rogelio Montemayor. El PGD se propuso dos metas fundamentales: una tasa promedio de crecimiento económico anual de 8 por ciento y una creación de 2.2 millones de empleos en el trienio. El resultado fue menor: el PIB promedio anual en el trienio fue de 5.6 por ciento y se crearon menos de 1.5 millones de nuevos empleos.

2.- El Plan Nacional de Desarrollo 1983-88, que Salinas redactó como secretario de Programación y Presupuesto. En la redacción de ese documento participó Joseph Marie como director de política económica y social de la SPP, cargo que le heredó Salinas. Las metas prometidas del PND fueron de una tasa promedio de crecimiento económico de 5 a 6 por ciento anual. El resultado final fue especta-cularmente decepcionante: el sexenio de De la Madrid, donde Sali-nas manejó la política económica, fue de crecimiento cero. Es decir, la tasa promedio anual del PIB fue de 0 por ciento.

3.- El Plan Nacional de Desarrollo 1989-94 que Salinas super-visó como presidente de la República, que redactó Ernesto Zedillo como secretario de Programación y Presupuesto y que vigiló Joseph Marie como jefe de la Oficina de la presidencia salinista y como ideólogo del salinismo. Las metas de este PND se fijaron en dos etapas, comenzar el sexenio con un PIB de 3 por ciento y terminar-lo con un PIB anual de 6 por ciento. El saldo fue menor: una tasa promedio de crecimiento económico de 3.2 por ciento promedio anual, con una caída de 0.4 por ciento en 1993.

4.- El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que quién sabe quién lo redactó porque no había secretario de Programación y la Secretaría de Hacienda se dedicó a paliar el colapso posdevaluatorio derivado del error de diciembre de 1994. El PND de Zedillo no se fijó metas cuantitativas concretas, pero la semana pasada el secre-

tario de Comercio anunció, al explicar los objetivos del Pronapice, que la meta de los cuatro últimos años del sexenio zedillista será de 5 por ciento del PIB. Si acaso se cumple esa meta, entonces el pro-medio anual del PIB en el sexenio zedillista será de apenas 1.9 por ciento, por el tropiezo de 1995 y el saldo escaso de 1996.

En este largo ciclo neoliberal salinista 1980-1996, la tasa pro-medio anual del PIB se movió en tres escenarios: de 2.7 por ciento promedio anual en el periodo 1980-1994 (antes de la catástrofe de 1995), de 1.6 por ciento anual incluyendo el hoyo recesivo de 1995, y de 1.7 anual si se cumple la meta de 3 por ciento fijada para este 1996. Salvo los años de 1980 y 1981 en que la economía creció más de 8 por ciento anual, desde 1982 a la fecha la economía tuvo un techo de 4.4 por ciento como crecimiento máximo en 1990 y cua-tro tropiezos de crecimiento negativo, incluyendo el -10 por ciento de 1995.

El saldo del PIB en el periodo 1980-1995 tiene que cruzarse con un indicador que el propio Herminio Blanco volvió a circular la semana pasada: las metas de creación de empleos en el sector for-mal de la economía, es decir: empleos permanentes, bien pagados y con cobertura social. Cada año se incorporan por primera vez a la fuerza de trabajo un millón de mexicanos. Para crear ese millón de nuevos empleos anuales, la economía debe crecer —según cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo— 6.7 por ciento cada año.

A partir de estas cifras, los resultados del crecimiento de la eco-nomía en el ciclo salinista 1980-1995 han sido menores a las necesi-dades. La eficacia de una economía se mide por cuando menos tres indicadores: si proporciona bienestar social, si genera los empleos necesarios y si logra mantener baja la inflación. Los tres indicadores deben ser simultáneos. En 1980-96 no se han cumplido: o se crece o se controla la inflación, o se crean empleos o se baja la inflación, o se da bienestar o hay crecimiento económico. En el ciclo salinista el crecimiento promedio de la economía ha sido apenas entre una cuarta o una quinta parte del necesario para generar los nuevos empleos.

Las conclusiones son las siguientes:1.- Como técnicos, los economistas salinistas tienen mala pun-

tería: nunca han acertado. La realidad los reprobó.2.- El modelo neoliberal del salinismo tiene límites estructura-

les: no ha podido conciliar crecimiento, con bienestar e inflación baja.

3.- El saldo de la economía salinista 1980-1996 se resume en una palabra: fracaso. El salinismo metió al país en una antisocial reestructuración y ésta no sirvió de nada.

4.- Las metas macroeconómicas de los planes de desarrollo del ciclo salinista no reflejan la realidad de la economía sino que ma-nipulan las expectativas de la sociedad: el optimismo, diría De la Madrid, como estrategia de desarrollo. Se ha tratado de la política económica de la zanahoria.

5.- Los verdaderos objetivos del ciclo salinista son ideológicos: implantar el neoliberalismo y derrotar la política económica del de-sarrollo social.

El Pronapice lo acaba de reconfirmar: la zanahoria del PIB y los empleos para que no haya protestas por la política de desarro-llo industrial teleciana y pronorteamericana que ha desarticulado el modelo mexicano de desarrollo social. Las justificaciones vendrán después.

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@carlosramirezh

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